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DS. Senado, Pleno, núm. 84, de 06/11/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 41

celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de inversiones para Cataluña.

(Núm. exp. 671/000097)

Autor: GPCIU

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para evitar el abuso sexual infantil y juvenil en el deporte.

(Núm. exp. 662/000110)

Autor: GPP

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a solicitar a la Comisión Europea la pertinente autorización para poder aplicar la exención prevista en el artículo 17 de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, a la fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

(Núm. exp. 662/000108)

Autor: GPCIU

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que las entidades de ámbito territorial inferior al municipal puedan acogerse a los planes de pago a proveedores con los mismos derechos y obligaciones que los municipios.

(Núm. exp. 662/000109)

Autor: GPS




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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

9. OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

9.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS

9.1.1. Elección de cuatro miembros del Observatorio de la vida militar.

(Núm. exp. 729/000005)

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1.Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000049)

10.1.2. Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

Comisión: Cultura

(Núm. exp. 620/000005)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de inversiones para Cataluña.

(Núm. exp. 671/000097)

Autor: GPCIU

7489

El señor presidente informa de que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, autor de la moción, ha presentado una enmienda de modificación cuyo texto se entiende queda incorporado al texto original de la moción.

La señora Candini i Puig defiende la moción, con la enmienda incorporada.

El señor Ortiz Pérez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Martí Jufresa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor López García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Candini i Puig expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor López García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 2.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para evitar el abuso sexual infantil y juvenil en el deporte.

(Núm. exp. 662/000110)

Autor: GPP

7502

La señora Elorriaga Pisarik defiende la moción.

La señora Almiñana Riqué defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Álvarez Villazán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Elorriaga Pisarik expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Elorriaga Pisarik por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 232; en contra, 2.




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7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a solicitar a la Comisión Europea la pertinente autorización para poder aplicar la exención prevista en el artículo 17 de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, a la fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

(Núm. exp. 662/000108)

Autor: GPCIU

7514

El señor Bel Accensi defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, 1.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que las entidades de ámbito territorial inferior al municipal puedan acogerse a los planes de pago a proveedores con los mismos derechos y obligaciones que los municipios.

(Núm. exp. 662/000109)

Autor: GPS

7523

El señor Belloch Julbe defiende la moción.

La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Belloch Julbe expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Belloch Julbe, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 88; en contra, 150; abstenciones, 4.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

7536

El señor presidente informa de que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Salanueva Murguialday defiende la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE PARA TRAMITAR EN DISTINTO ORDEN AL QUE FIGURA EN DICHO ORDEN DEL DÍA LA ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

7546

(Núm. exp. 550/000023)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara una alteración del orden del día, en virtud de la cual se procederá, tras la votación del punto 8.1.1., a la elección de cuatro miembros del Observatorio de la vida militar

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. (Votación.)

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

7546

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 8; en contra, 231; abstenciones, 6.

9. OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

9.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS

9.1.1. Elección de cuatro miembros del Observatorio de la vida militar.

(Núm. exp. 729/000005)

7547

Tras informar el señor presidente a la Cámara de la composición del Observatorio de la vida militar, de la propuesta de candidatos y del informe de la Comisión de Nombramientos, se procede a la votación por papeletas, cuyo procedimiento es explicado también por el señor presidente.

Doña María Angustias Caracuel Raya obtiene 229 votos; don Miguel Requena i Díaz de Revenga, 229; don Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, 229, y don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río, 229. Se computan 7 votos en blanco y 1 nulo.

Habiendo alcanzado los cuatro candidatos la mayoría absoluta de la Cámara, quedan elegidos miembros del Observatorio de la vida militar.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

7548

(Núm. exp. 621/000049)

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.




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El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Asimismo, da por defendido el veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las Heras Muelas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pintado Barganoj, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 88; en contra, 153.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 1 a 21, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 22 a 25, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y este senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 106 a 113 y 115 a 120, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).




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El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 26 a 46, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 47 a 78, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 125 a 145, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 79 a 105 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas121 y 122 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pintado Barbanoj.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

7591

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

10.1.2. Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

Comisión: Cultura

7596

(Núm. exp. 620/000005)

La señora Ongil Cores, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cazalis Eiguren defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bagué Roura defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Lanzarote Sastre, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 151; abstenciones, 77.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 151; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 25; en contra, 151; abstenciones, 65.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 32; en contra, 151; abstenciones, 58.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 151; abstenciones, 57.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 5, 11, 12 y 17 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 13 a 16, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 52 a 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 29 a 35, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 22 a 28, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 43 a 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Abad Benedicto defiende las enmiendas 36 a 42, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Eza Goyeneche e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Lanzarote Sastre, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hacen uso de la palabra, por el artículo 88 del Reglamento, el señor Quintero Castañeda, el señor Cleries i Gonzàlez, la señora Capella i Farré y el señor Martín Rodríguez.

Se procede a la votación.

7635

Se rechazan todas las enmiendas presentadas.

Se aprueba la proposición de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.

Se levanta la sesión a las veintidós horas y diez minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES PARA CATALUÑA.

(Núm. exp. 671/000097)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.2.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, autor de la moción, ha presentado una enmienda de modificación cuyo texto se entiende que queda incorporado al texto original de la moción. Además, se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, con la enmienda incorporada, tiene la palabra la senadora Candini por tiempo de cinco minutos.

La señora CANDINI I PUIG: Bon dia, president; bon dia, senadors i senadores, que no n’hi ha massa; espero que no hi hagi cap fotografia.

En la defensa de la moció conseqüència d’interpel·lació voldríem exposar una vegada més la necessitat i el perquè d’aquesta interpel·lació. Una vegada més volem constatar que aquest pressupostos no s’adiuen a uns pressupostos que siguin prioritaris per al conjunt de l’Estat espanyol, partint de la base que prioritari és tot allò que en invertir-hi té més rendiment i més retorn des d’un de vista tant social com econòmic. Quan nosaltres constatem que els pressupostos tenen un descens del 25% a Catalunya respecte el 2013, mentre que al conjunt de l’Estat és el 8%, aquests 17 punts ens semblen absolutament injustos, desproporcionats i, a més a més, aliè a poder fer uns pressupostos que siguin capaços de ser un estímul de la dinamització econòmica. Si, a més a més, veiem que el descens acumulat dels darrers tres anys és del 63%, mentre que el promig del conjunt de l’Estat espanyol és del 42%, una vegada més hem de constatar que no són ni assenyats ni oportunistes des d’un punt de vista de la capacitat de dinamització de les oportunitats econòmiques. Massa sovint hem de recordar que es prenen les decisions a partir de criteris d’allò que nosaltres anomenem la centralització. El professor Germà Bel estableix molt clarament la diferència entre centralització i centralitat. Intentaré explicar-ho de la millor manera que sàpiga.

La centralització és aquella presa de decisions que un pot prendre des del seu despatx, i que totes les oportunitats han de passar necessàriament per aquell despatx, entenent despatx com a nucli de poder. En canvi, la centralitat en la presa de decisions és ser capaços de fer la presa de decisions, tenint en compte per on passen les raons econòmiques, per on passen les raons socials, per on passen les raons d’oportunitat, i que sigui allà on es posi més accent, en les oportunitats econòmiques. La diferència entre centralització i centralitat és evident. La primera és una visió molt més administrativa, que al nostre parer correspon més a criteris del segle XIX i el segle XX que no pas a criteris del segle XXI, on les oportunitats són multioportunitats, i la capacitat de dinamisme ve donada per moltíssimes interaccions de territoris, d’economies i d’agents socials diferents.

És cert que la ministra Pastor, d’ençà que és al Govern, i vull ser justa en aquest sentit, no genera falses expectatives i no enganya. Però per a mi peca també, com altres ministres, d’aquesta visió excessivament centralitzadora. No s’entén de cap de les maneres que en un període d’austeritat, en què les administracions es veuen abocades a fer plans d’austeritat —en el cas de Catalunya s’han de retallar i ajustar 8000 milions d’euros—, ens trobem que al conjunt global de l’Estat espanyol es faci una previsió d’inversió en els propers anys per a 24 autovies on el trànsit i l’IMD de cada dia és inferior a 10 000, quan els assessors econòmics del ministeri de Foment —i d’altres, però també del ministeri de Foment— reclamen que no es facin inversions per a carreteres




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on el trànsit no sigui superior a 30 000. Els 5000 milions d’euros en els propers anys per a aquestes 24 autovies defineixen molt clarament aquests despropòsits. Es tracta que tothom estigui connectat; efectivament. Es tracta que tothom tingui una cohesió territorial; efectivament. Es tracta que tothom pugui anar d’una punta a l’altra; efectivament.

La nostra reflexió va en el sentit que fem la inversió en aquelles grans infraestructures que representen una gran despesa global tenint els informes claríssims que el retorn social i el retorn econòmic són els que toquen. Una vegada més, vull insistir que, pel que fa a Catalunya, hi ha retards històrics en les inversions. Hi ha unes 48 obres que porten un promig de 18 anys de retard. N’hi ha de 24, de 22, altres de 12, d’11... Ens sembla que això no pot ser, de cap de les maneres. Cal reclamar novament tots els deutes de la disposició addicional tercera, que són compromisos que crec recordar —i acabo, senyor president— que la mateixa ministra Pastor a la primera visita va reconèixer. Ens sembla que si hem de creure la paraula, també s’ha de complir amb els fets.

En tot cas, pel que fa a les esmenes presentades pels diferents partits, acceptem l’esmena del Partit Socialista Obrer Espanyol, acceptem l’esmena de l’Entesa i rebutgem la del Partit Popular, entre altres coses, perquè el que diu bàsicament és «vaya, vaya, desde luego» i res més; i òbviament la interpel·lació i la moció comporten fer un pas més endavant.

Gràcies.

Buenos días, presidente; buenos días, senadoras y senadores, aunque no hay muchos; espero que no nos hagan ninguna foto ahora.

En la defensa de la moción consecuencia de interpelación querría exponer, una vez más, la necesidad del porqué de esta moción consecuencia de interpelación. Una vez más, lo que queremos constatar es que estos presupuestos creemos sinceramente que no se corresponden con unos presupuestos que sean prioritarios para el conjunto del Estado español, partiendo de la base de que prioritario es aquello que al invertir tiene más rendimiento y más retorno tanto desde un punto de vista social como económico. Cuando nosotros constatamos que los presupuestos tienen un descenso del 25% en Cataluña respecto a 2013 mientras que en el conjunto del Estado es del 8%, estos 17 puntos de diferencia nos parecen absolutamente injustos, desproporcionados y, además, ajenos completamente para poder hacer unos presupuestos que puedan ser un estímulo para la dinamización económica. Y, si además vemos que el descenso acumulado de los últimos tres años es de un 63% menos, mientras que el promedio del conjunto del Estado español es del 42%, una vez más tenemos que constatar que no son ni razonables ni oportunos, desde un punto de vista de la capacidad de la dinamización de las oportunidades económicas. Demasiado a menudo tenemos que recordar que se toman las decisiones a partir de criterios de lo que nosotros llamamos la centralización. El profesor Germà Bel diferencia muy claramente entre centralización y centralidad. Intentaré explicarlo de la mejor manera que sepa.

La centralización es aquella toma de decisiones que uno cree que puede tomar desde su despacho y todas las oportunidades tienen que pasar necesariamente por ese despacho, entendiendo como despacho un núcleo de poder; mientras que la centralidad en la toma de decisiones es hacer que seamos capaces de tomar las decisiones que pasan por las razones económicas, las razones sociales, las razones de oportunidad, y que sea allí donde se ponga más el acento. La diferencia entre centralización y centralidad es evidente, es una visión mucho más administrativa; a nuestro entender, es una visión que corresponde más a criterios de los siglos XIX o XX que a criterios del siglo XXI, donde las oportunidades son multioportunidades y la capacidad de dinamismo viene dada por muchísimas interacciones de territorios, de economías y de agentes sociales distintos.

Es cierto que la ministra Pastor, desde que está en el Gobierno —y quiero ser justa en ese sentido— es una ministra que no genera falsas expectativas y no engaña. Pero para mí peca también, como otros ministros, de esta visión excesivamente centralizadora. No se entiende, de ningún modo, que en un período de austeridad, en un período en el que las administraciones se ven abocadas a hacer planes de austeridad —en el caso de Cataluña 8000 millones de euros que hay que recortar, que hay que ajustar—, nos encontremos con que en el conjunto global del Estado español se haga una previsión de inversión en los próximos años de 24 autovías, en cada una de las cuales el tráfico IMD es inferior a 10 000, cuando según los asesores económicos del Ministerio de Fomento —y también de otros— reclaman que, en todo caso, no se hagan inversiones para




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aquellas carreteras cuyo tráfico no sea superior a 30 000. Los 5000 millones de euros para los próximos años para estas 24 autovías definen claramente estos despropósitos. Se trata de que todo el mundo esté conectado, efectivamente, se trata de que todo el mundo tenga esa cohesión territorial; efectivamente, se trata de que todo el mundo pueda ir de una punta a la otra.

Efectivamente, nuestra reflexión, en todo caso, va en el sentido de que, por favor, para aquellas grandes infraestructuras que representan un gran gasto global hagamos la inversión cuando tengamos informes clarísimos de que el retorno social y el retorno económico es el que corresponde. Por eso, una vez más quiero insistir en que en lo que se refiere a Cataluña respecto a la inversión y los retrasos históricos hay un promedio de unas 48 obras que llevan una media de unos 18 años de retraso —es un promedio, las hay de 24, 22, 12, 11 años—, y nos parece que eso no puede ser de ninguna de las formas. Por eso quiero reclamar una vez más todas las deudas de la disposición adicional tercera, que son compromisos. Y quiero recordar además —acabo señor presidente— que la ministra Pastor así lo reconoció en una visita, de modo que, si hay que creer en la palabra, también hay que cumplir con los hechos.

En cualquier caso, en cuanto a las enmiendas presentadas por los otros grupos, aceptamos la del Grupo Socialista y la enmienda de Entesa, pero rechazamos la del Grupo Popular, entre otras cosas porque lo que dice, básicamente, es: vaya, vaya, desde luego, y nada más, y, obviamente, la interpelación y la moción comportan dar un paso adelante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular en el Senado tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

La señora Candini ya se ha manifestado sobre la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario, pero mi obligación es tratar de convencerla, como es lógico, porque, aunque coincido en que su misión es procurar el bienestar y que se aumenten las inversiones para Cataluña, usted tiene que comprender que mi grupo parlamentario tiene que pensar también en el resto del territorio de España. Por lo tanto, lo que es bueno para Cataluña también es bueno para España, pero lo que es bueno para otras comunidades también es bueno para España.

Lo que pretende su moción es aumentar en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 el porcentaje de inversión del Estado para Cataluña. Siempre se refiere usted al producto interior bruto y al incremento de la inversión para diversos proyectos en su comunidad autónoma. No voy a repetir aquí la información cumplida que dio la ministra de Fomento como consecuencia de la interpelación pero, si me permite, le recomiendo que lea con calma la sección 17, que corresponde al Ministerio de Fomento, y podrá comprobar que Cataluña, a pesar de la situación económica que estamos viviendo y de atender también al resto del territorio español, no sale tan mal parada en el anexo de inversiones reales; como es lógico, todo es mejorable, senadora Candini.

En todo caso —y permítame que le dé mi opinión—, su planteamiento tiene que ser sometido a la decisión del Congreso de los Diputados y del Senado en el debate y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que, como ha declarado la sentencia del Tribunal Constitucional, solo a esta ley estatal corresponde fijar los aumentos de inversión de cada ejercicio, no solo para su comunidad sino para el conjunto de España.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución que mejora su propuesta, porque entiendo que su moción se puede fraccionar en enmiendas para su debate y votación en la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que me imagino que su señoría, conociéndola como la conozco, las va a plantear en ese debate.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, president.

Bon dia, senadors i senadores.




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Efectivament, el nostre grup ha presentat una esmena, que de fet és doble. Proposa dos canvis en el redactat. Al punt 1, proposa afegir «entre d’altres» al llistat d’obres que s’hi formula. Per què fem aquesta proposta de canvi? Per dos motius. Primer, perquè entenem que aquest llistat d’obres no esgota ni de bon tros els crèdits necessaris que s’haurien d’haver consignat als Pressupostos Generals de l’Estat per donar compliment a aquesta disposició addicional tercera, que són de 871 milions més dels que hi figuren.

Senyor Ortiz, jo sí que poso en qüestió les xifres de la ministra. La ministra ens diu que hi ha 1.400 milions a disposició d’inversions a Catalunya. No és veritat, i ella ho sap perfectament. Hi ha 1.400 milions al pressupost del ministeri de Foment per a inversions i despesa corrent i transferències, que no és el mateix. I en el conjunt dels Pressupostos de l’Estat, per a inversions a Catalunya, en despesa d’inversions territorialitzada, hi ha 900 milions d’euros. Aquesta és la realitat del pressupost. El que passa és jo sí que crec que la ministra —a diferència del que deia la senyora Candini— intenta confondre i enganyar. Com que les xifres no són presentables amb relació a l’any passat, canvia el criteri i pretén fer-nos creure que s’arriba fins aquesta xifra dels 1.400 milions.

Per tant, falten 871 milions d’euros per consignar, per complir aquest acord, i les obres que es podrien fer serien moltes més. Per a nosaltres, algunes d’importants, que no estan consignades, com per exemple l’Eix Pirenaic; l’Estació de La Sagrera; els programes d’habitatge; les inversions destinades a habitatge amb remodelació de barris, en particular a l’àrea metropolitana de Barcelona, i altres obres relacionades amb el patrimoni històric i artístic, com per exemple les muralles de la ciutat de Tarragona.

Per això fem aquesta primera part de la nostra proposta d’esmena, per afegir aquesta idea de «entre d’altres» al punt 1. Però també fem una esmena per precisar que els diners que es deuen a Catalunya no són només en virtut de la disposició addicional tercera, sinó, sobretot i fonamentalment, als acords signats entre el Govern d’Espanya i el Govern de Catalunya, que són plenament vigents. L’Estatut de Catalunya, del 2006, que malgrat molts existeix i és plenament vigent, definia una comissió mixta per tractar aquesta qüestió. Aquesta comissió mixta es va reunir. Aquesta comissió mixta va acordar una fórmula concreta, que és la que en aquests moments ens va basar la nostra defensa d’aquesta manca de crèdit i d’aquest incompliment en els pressupostos del 2014, com ja ho vam fer amb els del 2012 i el 2013.

Per tant, no és veritat. Hi ha uns acords signats que s’han de respectar. Hi ha una fórmula vigent que descriu perfectament com s’arriba a aquestes partides i com es van desglossant pressupost rere pressupost. I això és el que els governs del Partit Socialista van complir en tots i cadascun dels Pressupostos Generals de l’Estat després de l’aprovació de l’Estatut i de l’acord d’aquesta comissió mixta. Que quedi clar, doncs, que vostès incompleixen, i no a l’empara de cap sentència del Tribunal Constitucional, que el que diu és que no és obligatori, però no diu que no es pugui fer, ni diu que no s’hagi de fer, ni que no es derivi del text de l’Estatut. Per tant, que quedi clar que hi ha una decisió unilateral d’incompliment de l’Estatut, però sobretot dels acords entre els Governs; acords que no han estat denunciats, acords que no han estat canviats. Per això, senyories, el seu incompliment encara és més flagrant i encara té unes connotacions polítiques més fortes que no pas una simple interpretació diferenciada d’un text legislatiu. Espero, per tant —la senyora Candini ja ho avançat i li ho agraeixo—, que s’acceptin aquestes esmenes, que entenem que complementen i precisen una moció que subscrivim plenament.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señoras y señores senadores.

Efectivamente, nuestro grupo ha presentado una enmienda, que, de hecho, es doble, proponiendo dos cambios en la redacción. En el primer punto propone «entre otras» al listado de obras que se formula. ¿Por qué hacemos esta propuesta de cambio? Por dos motivos. Primero porque entendemos que este listado de obras no agota ni de lejos los créditos necesarios que habría que haber consignado en los Presupuestos Generales del Estado para dar cumplimiento a esta disposición adicional tercera, que son 871 millones más de lo que figuran.

Señor Ortiz, yo sí que pongo en cuestión las cifras de la ministra. La ministra nos dice que hay 1400 millones a disposición para inversiones en Cataluña. No es cierto y ella lo sabe




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perfectamente. Hay 1400 millones en el presupuesto del Ministerio de Fomento para inversiones, gasto corriente y transferencias, que no es lo mismo. Pero en el conjunto de los presupuestos del Estado para inversiones en Cataluña, en gastos de inversión territorializada, hay 900 millones de euros. Esa es la realidad del presupuesto, lo que pasa es que yo sí creo que la ministra, a diferencia de lo que decía la señora Candini, intenta confundir y engañar, puesto que las cifras no son presentables con relación al año pasado; la ministra cambia el criterio y pretende hacernos creer que se llega hasta esa cifra de 1400 millones.

Por lo tanto, faltan 871 millones de euros por consignar, para cumplir este acuerdo y, por lo tanto, las obras que se podrían hacer serían muchas más. Para nosotros algunas de las importantes, que no están consignadas, son, por ejemplo, el eje pirenaico, la estación de la Sagrera, los programas de vivienda, las inversiones destinadas a vivienda en promoción de barrios, sobre todo en el Área metropolitana de Barcelona y otras obras relacionadas con el patrimonio histórico y artístico como, por ejemplo, las murallas de la ciudad de Tarragona.

Por eso, esta primera parte de nuestra enmienda pretende añadir esta idea de «entre otras» en ese punto. Pero también presentamos la enmienda para añadir y precisar que el dinero que se debe a Cataluña no es solo en virtud de la disposición adicional tercera, sino sobre todo y fundamentalmente a los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña que son plenamente vigentes. El Estatuto de Cataluña, el Estatuto de 2006, que a pesar de muchos existe y está plenamente vigente, definía una comisión mixta para tratar esta cuestión. Esa comisión mixta se reunió y acordó una fórmula concreta, que es en la que basamos en estos momentos nuestra defensa de esta falta de crédito y de incumplimiento en los presupuesto de 2014, como ya lo hicimos en los de 2012 y 2013.

Hay, por lo tanto, unos acuerdos firmados que hay que respetar. Hay una fórmula vigente que describe perfectamente cómo se llega a esas partidas y cómo se van desglosando presupuesto tras presupuesto. Y eso es lo que los Gobiernos socialistas cumplieron. Eso es lo que los Gobiernos del Partido Socialista cumplieron en todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado después de la aprobación del estatuto y del acuerdo de esa comisión mixta. Que quede claro, por tanto, que ustedes incumplen y no al amparo de ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que lo que dice es que no es obligatorio, pero no dice que no se pueda hacer, no dice que no haya que hacerlo, no dice que no se derive del texto del estatuto. Que quede claro, por consiguiente, que hay una decisión unilateral de incumplimiento del estatuto, pero sobre todo de los acuerdos entre los Gobiernos, acuerdos a los que no se ha renunciado, acuerdos que no han sido modificados y, por eso, señorías, su incumplimiento aún es más flagrante y tiene unas connotaciones políticas más fuertes que las de una simple interpretación diferenciada de un texto legislativo. Espero, por lo tanto —la señora Candini lo ha adelantado y se lo agradezco— que se acepten estas enmiendas que complementan y precisan una moción que subscribimos plenamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta moción del Grupo Catalán Convergència i Unió, con la que coincidimos básicamente. Agradezco a la señora Candini que haya expresado que va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El Gobierno del Partido Popular lleva dos, y este es el tercero, ejercicios presupuestarios haciendo caso omiso del cumplimiento de las obligaciones que diferentes leyes orgánicas, que son los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas, establecen en relación con el volumen de inversiones que debía ser contemplado en ese proyecto de Presupuestos Generales del Estado, lo que no se hizo en el 2012, no se hizo en el 2013 y que el proyecto en debate en el Congreso de los Diputados en este momento tampoco contiene.

Nosotros hemos presentado, como lo hicimos en anteriores ejercicios presupuestarios, enmiendas para que Cataluña, por el incumplimiento de la disposición adicional tercera, para que Andalucía, por el incumplimiento también de la adicional tercera, Aragón, de la adicional sexta,




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Castilla-La Mancha, Extremadura, por el incumplimiento de la adicional primera, y Baleares, por la disposición transitoria novena, tuviesen acogida dentro de los Presupuestos Generales del Estado. No sé que va a ocurrir en el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero si hacemos el pronóstico en función de cómo fue los años 2012 y 2013 con enmiendas similares, el pronóstico probablemente será que no se acepte ninguna de ellas. Las vamos a volver a reiterar en el Senado. No sé si hoy tendremos fortuna, pero a la vista de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sostiene al Gobierno, parece que la moción acabará siendo rechazada.

Creo que hay un planteamiento erróneo por parte del Gobierno, que además ha dado versiones contradictorias. He escuchado al ministro de Hacienda, al señor Montoro, decir cosas diferentes —esta mañana también se han dicho aquí— invocando una sentencia del Tribunal Constitucional, la que tiene el fundamento jurídico 138 en relación con el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, diciendo que no está obligado al final el Gobierno a contemplar en los presupuestos esas inversiones.

Nosotros no estamos hablando aquí de un debate de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de una parte de la ley, estamos hablando de un compromiso político, fraguado en las Cámaras, compromiso que al final tiene ese carácter de ley orgánica, que es lo que corresponde a un estatuto de autonomía. Por tanto, los pactos, los acuerdos, los puntos de encuentro con las mayorías políticas oportunas son para que se respeten y creemos que no contribuye en nada a favorecer la relación leal entre los diferentes niveles de la Administración el que de forma sistemática se haga caso omiso de esos compromisos políticos sustanciados en las diferentes leyes.

Es verdad que el presupuesto contiene globalmente un volumen de inversiones bastante escaso. El ministro de Hacienda también ha dado como justificación para incumplir lo contenido en los diferentes estatutos de autonomía el argumento de que había pocos recursos, argumento contradictorio con el anterior que se invocaba de la inconstitucionalidad del estatuto de autonomía en ese apartado señalado por el Tribunal Constitucional. Pero no se trata de eso, no se trata al final de que haya pocos recursos, sino de cómo se distribuyen en el conjunto del Estado. Evidentemente, tendremos ocasión de discutirlo en el debate parlamentario de totalidad del presupuesto. Podía haber más recursos en el presupuesto del Estado para inversiones si se hubiesen hecho de manera menos torpe algunas de las cosas que ha hecho este Gobierno, como meter a la economía en un círculo vicioso, que al final ha llevado —por una pretendida consolidación fiscal a un ritmo indigerible para la economía española, impuesto por Bruselas y aceptado por el Gobierno— a una mayor depresión de la economía, generando mayor desempleo, generando menos ingresos para el conjunto de las administraciones públicas y, por tanto, teniendo también menos recursos para las inversiones.

Lo que creemos es que el fortalecimiento del Estado no se puede hacer desoyendo los compromisos, las obligaciones, las leyes —en este caso leyes orgánicas— aprobadas en las Cámaras. En consecuencia, el Gobierno, en este caso ya no el Gobierno, sino el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, tiene la ocasión —puede tenerla— de, aceptando esta moción que presenta CiU y las enmiendas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

…de otros grupos, ir fortaleciendo precisamente el Estado, y el Estado no solo es la Administración General del Estado, es el conjunto de administraciones. Las comunidades autónomas tienen un papel muy relevante en la prestación de servicios públicos básicos y necesitan ese respeto de la Administración General del Estado y del Gobierno de España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

A pesar de lo que ha avanzado en su primera intervención, tiene la palabra la senadora Candini para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.

Tal i com he manifestat, accepto les esmenes de l’Entesa i del Partit Socialista i rebutjo la del Partit Popular.




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Gracias, presidente.

Tal como he manifestado, acepto las enmiendas de Entesa y del Grupo Socialista y rechazo la del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Listo. Bai, egun on. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on, jaun/andreok.

Bi ideia, besterik ez. CiUk aurkezten digun mozio honekin gure taldea erabat identifikatzen da, askotan, guk geuk hemen, ganbara honetan, aipatu izan dugulako hemen helarazten zaiguna, hau da, gobernuak hitzez hartzen dituela konpromezuak, baina ondoren aurreikusten dituen aurrekontuetan ez dituela behar adina inbertsio finkatzen. Horrela, zenbait proiektu kajoietan geratzen dira, beste hainbesteren martxan jartzea moteldu egiten da, eta beste batzuk, martxan daudenak, geldiarazi egin behar izaten ditu.

Egia da, atzo bertan, eta ganbara honetan, zenbait erkidego ezberdinen ikuspuntutik entzun bagenu ere ez zeudela ados, edo ez gaudela ados gobernuak bere aurrekontuetan finkatu dituen inbertsioetarako kopuruekin, hau da, bakoitzak bere erkidegorako gehiago, edo gaizki tratatua sentitzen dela edo gehiago beharko zuela, aurrekoan, eta Candini senatariak interpelazioa ministrari helarazi zionean, horrek zioen, bada, ea nola erantzungo geniokeen zenbait erkidegok inbertsio gutxiago izango zituztenean. Gure ustetan hori ez da gure eginkizuna. Hori, azken finean, gobernuaren eginkizuna da, eta gobernuari dagokio finkatutako helburuei erantzuteko eman beharreko erabakiak hartzea, edota irizpide batzuei edota egoera zehatz baten aurrean, hau da, gaur egun pasatzen ari garen krisi garai honi erantzuna emateko eman behar diren erabakiak, edo hartu behar diren erabakiak berari dagokio erabakiak hartzea, berriz diot, eta ez guri.

Beraz, bi ideia horiekin, gure baiezko bozka emango diogu CiUk aurkeztutako mozioari. Eskerrik asko.

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Voy a transmitir solo dos ideas. Nuestro grupo se siente totalmente identificado con la moción presentada por CiU, porque muchas veces hemos mencionado en esta Cámara lo que se nos ha transmitido hoy aquí, es decir, que el Gobierno adopta unos compromisos en los presupuestos y luego no los fija en las inversiones; muchos proyectos se quedan en los cajones, otros se ponen en marcha muy despacio, de forma muy lenta, y otros se tienen que paralizar.

Ayer escuchamos, desde varios puntos de vista, que muchas autonomías no estaban conformes con las cantidades acordadas para las inversiones, y la senadora Candini le preguntó a la ministra cómo respondería cuando muchas comunidades autónomas tuvieran menos inversiones. Es cierto, repito, que le compete al Gobierno responder a las cifras fijadas y tomar las decisiones correspondientes, siguiendo ciertos criterios para afrontar esta época de crisis en la que estamos viviendo. Y es el Gobierno el que debe tomar las decisiones que le corresponden y no lo ha hecho.

Por lo tanto, con esas dos ideas, vamos a votar a favor de la moción presentada por CiU.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, president.

Ara citaré les paraules del president Rajoy i del ministre Montoro ahir mateix. El president Rajoy va dir: «Yo quiero que sea locomotora de la pujanza económica de España». I el ministre Montoro va dir: «La política territorial del Gobierno es acrecentar y reforzar el Estado de las autonomías».

Doncs bé, senadors i senadores, com és possible —si ahir es van dir aquestes paraules literals per part del president del Govern i el ministre d’Economia, que tenen a veure amb el paper que ha




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de jugar Catalunya en el desenvolupament econòmic del conjunt d’Espanya i en la idea que té el Govern sobre la política territorial—, com és possible que avui no es voti a favor d’aquesta moció? Com és possible que s’insisteixi en incomplir la disposició addicional tercera de l’Estatut i, com he dit abans, els acords entre governs, que seria el que precisament reforça l’Estat de les autonomies. Complir els acords entre els governs autonòmics i el Govern de l’Estat representaria, amb aquestes inversions, l’aposta per Catalunya com la locomotora de la puixança econòmica d’Espanya. Què n’hem de deduir, doncs, senyories del Partit Popular? Que vostès no s’ho creuen. Que tot això és pur cinisme. Perquè les Comunitats Autònomes són efectivament Estat; nosaltres també ho creiem. Però no una part subsidiària de l’Estat i absolutament supeditada al Govern central, sinó una part igual, amb un poder públic emanat també de la Constitució i de la sobirania del poble espanyol. Perquè els catalans i catalanes, i els ciutadans de qualsevol de les 17 Comunitats Autònomes d’Espanya també som el poble espanyol, i quan votem al Parlament de Catalunya també hi dipositem la nostra sobirania.

Per tant, el respecte als acords, a les disposicions dels parlaments autonòmics i als acords entre governs és el que realment fonamenta el model d’Estat que tenim. Però en realitat, el que estem percebent avui en el debat d’aquesta moció —i segurament ho confirmarem al debat dels Pressupostos Generals de l’Estat, és que el Partit Popular no es creu en absolut les paraules que acaba de dir; que aquestes declaracions són pura façana. I és que la història d’Espanya, i la història de la relació entre Catalunya i Espanya, no ens permet malauradament gaire optimisme al respecte. Perquè el Partit Popular sempre ha arribat tard i malament a l’autogovern i a la concepció descentralitzada de l’Estat; tard i malament al títol vuitè de la Constitució; tard i malament a la primera generació d’estatuts post-constitucionals; tard i malament a la segona generació d’estatuts; tard i molt malament amb recollida de firmes —i això sí que no és defensar l’Estat de les autonomies i no és lleialtat institucional— en contra de l’Estatut de Catalunya per tot Espanya; recurs al Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya, la mare de tots els problemes que vivim actualment. I, evidentment, arribaran tard i malament a la reforma federal de la Constitució, que arribarà.

Senadors i senadores, senyories, el progrés social i el progrés territorial, i l’autogovern dels pobles d’Espanya, van junts. La història d’aquest país ho ha demostrat. Quan governa l’esquerra el progrés d’Espanya i el progrés territorial avancen i es consoliden. I afortunadament, malgrat les seves contrareformes, mai no va tan enrere com per no poder donar un nou pas endavant. Els socialistes sí creiem en l’Estat descentralitzat, avantsala del federalisme al que arribarà Espanya. Creiem en la lleialtat institucional, creiem en complir els acords i compromisos entre governs i parlaments. Per això votarem a favor d’aquesta moció, que va en aquesta direcció, i per això estic segur que tard o d’hora vostès mateixos, que ara reneguen d’aquesta manera de fer, hi acabaran arribant.

Moltes gràcies.

Gracias de nuevo, presidente.

Voy a citar las palabras del presidente Rajoy y del ministro Montoro de ayer mismo. El presidente Rajoy dijo: Yo quiero que Cataluña sea locomotora de la pujanza económica de España. Y el ministro Montoro dijo: La política territorial del Gobierno es acrecentar y reforzar el Estado de las Autonomías.

Pues bien, senadores y senadoras, ¿cómo es posible, si ayer se dijeron estas palabras literales por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Economía, que tienen que ver con el papel que tiene que desempeñar Cataluña en el desarrollo económico del conjunto de España y en la idea que tiene el Gobierno sobre la política territorial, cómo es posible que hoy no se vote a favor de esta moción? ¿Cómo es posible que se insista en incumplir la disposición adicional tercera del estatuto y, como he dicho antes, los acuerdos entre Gobiernos, que es lo que precisamente refuerza el Estado de las Autonomías: cumplir los acuerdos entre los Gobiernos autonómicos y el Gobierno del Estado, además de lo que representarían estas inversiones de apuesta por Cataluña como locomotora de la pujanza económica de España?

Por lo tanto, ¿qué podemos deducir, señorías del Partido Popular? Que ustedes no se lo creen. Que todo esto es puro cinismo. Porque las comunidades autónomas, efectivamente, son Estado. Nosotros también lo creemos. Pero no una parte subsidiaria, absolutamente supeditada del Estado al Gobierno central, sino una parte igual, con un poder público que emana también de




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la Constitución y de la soberanía del pueblo español. Porque los catalanes y catalanas, así como los ciudadanos de cualesquiera de las diecisiete comunidades autónomas de España, también son el pueblo español. Y cuando votamos en el Parlamento de Cataluña también depositamos nuestra soberanía en este Parlamento.

Por lo tanto, el respeto a los acuerdos, a las disposiciones, a los acuerdos entre Parlamentos autonómicos y entre Gobiernos, es lo que realmente fundamenta el modelo de Estado que tenemos. Sin embargo, en realidad, lo que vemos, lo que estamos percibiendo aquí hoy en el debate de esta moción —algo que seguramente confirmaremos en el debate de los Presupuestos Generales del Estado— es que el Partido Popular no se cree en absoluto las palabras que acaba de decir, que estas declaraciones son pura fachada. Y es que la historia de España, la historia de la relación entre Cataluña y España, lamentablemente, no nos permite demasiado optimismo al respecto. Porque el Partido Popular siempre ha llegado tarde y mal al autogobierno y a la concepción descentralizada del Estado. Tarde y mal al Título VIII de la Constitución. Tarde y mal a la primera generación de estatutos posconstitucionales. Tarde y mal a la segunda generación de estatutos. Tarde y muy mal en recogida de firmas, y eso sí que es no defender el Estado de las Autonomías ni lealtad institucional, recogida de firmas en contra del Estatuto de Cataluña por toda España. Recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, la madre de todos los problemas que tenemos actualmente. Y, evidentemente, van a llegar tarde y mal a la reforma federal de la Constitución.

Senadores y senadoras, señorías, el progreso social y territorial, el autogobierno de los pueblos de España, van juntos. La historia de este país lo ha demostrado. Cuando gobierna la izquierda el progreso de España y el progreso territorial avanzan, se consolidan, y, afortunadamente, a pesar de sus contrarreformas, nunca va tan atrás como para que no podamos dar otro paso adelante. Los socialistas sí creemos en el Estado descentralizado, antesala del federalismo, que llegará a España. Creemos en la lealtad institucional, en cumplir los acuerdos y compromisos entre Gobiernos y Parlamentos. Por eso, vamos a votar a favor de esta moción, que va en esa dirección. Estoy seguro de que antes o después, más tarde o más temprano, ustedes mismos que ahora reniegan de esta forma de hacer, acabarán también llegando a ella.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Vull fer algunes reflexions respecte de les diferents intervencions. Senador Ruiz, moltes vegades vostès tenen tendència, quan defensen les seves posicions respecte al tema de les infraestructures i d’altres, a dir que nosaltres volem una cosa però que vostès també ho volen per al conjunt de l’Estat espanyol. Fins aquí hi estem d’acord. Miri si hi estem d’acord que nosaltres, a nivell de solidaritat, aportem moltíssim. El que reclamem és que aquesta solidaritat sigui racional a l’hora de fer les inversions. I reclamem per una inversió de 5000 milions d’euros en els propers anys per a 24 autovies, per cadascuna de les quals no passen ni 10 000 cotxes, quan els assessors d’economia del propi ministeri de Foment diuen que òbviament això no té cap mena de retorn econòmic ni social.

El que estem dient és això, i no redueixi el missatge venint a dir que nosaltres aquí som els insolidaris i que tot ho volem per a nosaltres. Sé que vostè no ho creu, però ho pot semblar. Per tant, que quedi ben clar. I tant que volem la prosperitat del conjunt de l’Estat espanyol, i de totes les regions d’Europa. De totes, però òbviament també de la nostra. Pensi que hi ha trams a Catalunya per on passen molt més de 45 000 cotxes al dia i que en els últims vuit anys només s’hi ha fet un quilòmetre i mig. Estem parlant d’aquesta racionalitat, que té a veure amb la centralitat i la centralització.

Senador Martí, si repassa la meva intervenció amb la ministra, veurà que també vaig parlar del tema de la despesa corrent. Però s’ha de tenir molta gosadia de venir-me a dir que jo, d’alguna manera, l’hi perdono a la ministra Pastor, i que vostè té una visió diferent. Certament, a la ministra Pastor ja li vaig dir que confonia i que estava canviant les cartes i posant el que era despesa corrent com si fos inversió. Potser li vaig dir el número dels capítols i no sé corresponia als capítols




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que eren, però l’hi vaig dir. Ara, recordo una cap de llista del Partit Socialista de Catalunya que va parlar dels 5000 milions de les millores per a Rodalies, i no cal que li digui com va quedar. I era un període, com a mínim, amb tot el Govern socialista. Al meu parer, doncs, la manera de poder fer-nos creïbles tots plegats és fer tots l’autocrítica que ens correspongui. Però aquesta amnèsia territorial i aquesta amnèsia temporal que quan arriben els meus són els perfectes i els altres estan equivocats, i exactament el mateix a l’altra banda, amb aquesta pràctica diària del «i tu més», això cansa molt, i sobretot cansa el ciutadà.

Pel que fa al tema del debat al Congrés, evidentment, però l’avantsala, que són els papers i aquestes prioritzacions, ja marquen una mica quin és el model de l’Estat. I participo plenament del que ha comentat el senador del Partit Socialista. Certament, vostès moltes vegades es posen a la boca l’Estat, i Espanya, però l’Estat és també el conjunt de les Comunitats Autònomes. Ahir el senador Saura feia referència a un article que jo també havia llegit, del catedràtic de Dret Constitucional Joan Subirats, on parlava del multinivell de les governances a nivell general. Però és que vostès mateixos no s’acaben de creure el multinivell de les governances del conjunt de l’Estat. Perquè si s’acabessin de creure aquest multinivell de les governances, que vol dir les Comunitats Autònomes, de ben segur que donarien més instruments. Perquè en raó de les competències que tenen i en raó de les oportunitats del territori, de ben segur que seria el conjunt de l’Estat que aniria millor. És aquesta visió —tornem-hi— de la centralització, perquè la visió de l’oportunitat sempre passa per un despatx tancat, amb unes parets molt dobles, d’on no és veu la visió global de les enormes oportunitats que hi ha.

En el cas de Catalunya, evidentment, hi ha moltes infraestructures amb retard. I si nosaltres en aquesta moció n’hem posat unes concretes és perquè entenem que en el context actual no podem fer la carta als Reis. No vol dir que no ens ho mereixem, perquè hi ha molts retards de molts anys, però som pragmàtics; i de tot allò hem fet una llista d’allò que és extraordinàriament urgent. I què vol dir extraordinàriament urgent? Vol dir, per exemple, que Rodalies de Barcelona —que ara sembla ser que la ministra Pastor diu que es tornarà a reunir amb el conseller Vila— tenen un retard de molts anys el manteniment, senador Martí, que està ocasionant unes infraestructures absolutament lamentables que, dia rere dia, comporten incidents i accidents, i hem d’intentar evitar que pugui passar res greu.

Gracias, señor presidente.

Quiero hacer algunas reflexiones respecto a las distintas intervenciones. Senador Ortiz, ustedes tienen tendencia muchas veces cuando defienden sus posiciones respecto al tema de las infraestructuras y a otros, a decir: cuando nosotros queremos una cosa, la queremos también para el conjunto del Estado español. Hasta ahí estamos de acuerdo. Fíjese si estamos de acuerdo que nosotros, en cuanto a solidaridad, aportamos muchísimo. Lo que reclamamos es que esa solidaridad sea racional a la hora de hacer las inversiones. Y, en todo caso, lo que reclamamos es que no se efectúen inversiones como la de 5000 millones de euros en los próximos años para 24 autovías, cada una de las cuales no tiene un tráfico ni de 10 000 vehículos y cuando, según dicen los asesores de economía del propio Ministerio de Fomento, obviamente, eso no tiene ningún tipo de retorno económico y social. Eso es lo que decimos.

Por lo tanto, no reduzcan el mensaje y vengan a decir que aquí somos los insolidarios, que todo lo queremos para nosotros. Sé que usted no lo cree, pero puede parecerlo. Quiero que quede bien claro. ¡Y tanto que queremos la prosperidad del conjunto español! ¡Y de todas las regiones de Europa! Pero, obviamente, también de la nuestra. Piense que hay tramos en Cataluña por los que pasan muchos más de 45 000 coches al día y que en los últimos ocho años solo se ha hecho un kilómetro y medio. Por lo tanto, estamos hablando de esa racionalidad, que es lo que tiene que ver con la centralidad y la centralización que he comentado antes.

Senador Martí, si usted repasa mi intervención con la ministra, recordará que también comenté el tema del gasto corriente. Pero hay que tener mucha osadía para decirme que yo de una forma u otra perdono a la ministra Pastor y que usted tiene una visión distinta. A la ministra Pastor yo le dije que lo confundía y que estaba cambiando las cartas y poniendo lo que era gasto corriente como si fuera inversión; yo también le dije eso, aunque quizá era para otro capítulo, ahora no recuerdo cuál, pero se lo dije. Recuerdo que la cabeza de lista del Partido Socialista para Cataluña habló de los 5000 millones para la mejora de Cercanías en Cataluña y no hace falta que le diga




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cómo quedé. Como mínimo, había algo ahí con el Gobierno del Partido Socialista. A mi entender, creo que la forma de que todos seamos creíbles es hacernos la autocrítica que nos corresponda, pero esta amnesia territorial y esta amnesia temporal de que los míos son perfectos y los otros son los que se equivocan y exactamente lo mismo al contrario —práctica que cada día es mayor—, cansa mucho a los ciudadanos.

En cuanto al debate en el Congreso, evidentemente, pero la antesala, que son los papeles y las prioridades, ya está marcando cuál es el modelo del Estado. Y participo plenamente de lo que ha comentado el senador del Grupo Socialista. Ciertamente, a ustedes muchas veces se les llena la boca de Estado, España, etcétera, pero el Estado es también el conjunto de las comunidades autónomas. Ayer, el senador Saura hizo referencia a un artículo que yo también había leído del catedrático de Derecho Constitucional, Joan Subirats, en el que hablaba del multinivel de las gobernanzas a nivel general. Pero es que ustedes mismos no se acaban creyendo el multinivel de las gobernanzas del conjunto del Estado, porque si se creyesen el multinivel de las gobernanzas, que quiere decir las comunidades autónomas, desde luego darían más instrumentos porque, en razón de las competencias que tienen y en razón de las oportunidades del territorio, seguro que el país y el Estado irían mejor. Por lo tanto, ahí está otra vez más esta visión de la centralización, porque la visión de la oportunidad siempre pasa por un despacho cerrado, con unas paredes muy gruesas que no dejan ven la visión global de las enormes oportunidades que hay.

En cuanto a las infraestructuras, en Cataluña muchas llevan un gran retraso. Si nosotros en esta moción hemos citado unas concretas es porque entendemos que en el contexto actual no podemos hacer la carta a los reyes. Eso no quiere decir que no nos lo merezcamos, porque hay retrasos de muchos años, pero somos pragmáticos y hemos hecho una lista de lo que creemos que es extraordinariamente urgente. ¿Qué quiere decir extraordinariamente urgente? Quiere decir, por ejemplo, que en Cercanías de Barcelona —y ahora parece que la ministra Pastor se va a volver a reunir con el consejero Vila— el retraso en el mantenimiento de muchos años, senador Martí, está ocasionando que haya unas infraestructuras absolutamente lamentables que día tras día comportan incidentes y accidentes, y debemos intentar evitar que pase algo grave.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Com a última reflexió, respecte de la senadora del Partit Nacionalista Basc —i finalitzo—, té molta raó quan diu que una cosa és el que posa al paper i una altra cosa és el grau d’execució. Perquè, a més a més, a la llista de despropòsits cal incorporar-hi allò que no arriba a ser, i s’ha de posar a la llista que el nivell d’execució és molt inferior al que hauria de ser. Una dada: en els últims set anys el percentatge d’execució és del 62%.

I ara ja acabo. Una vegada més, nosaltres paguem el 22% dels impostos, rebem el 9% de les inversions i ens tocarà fer el 29,5% de les retallades. És evident que els números no quadren.

Gràcies.

Como última reflexión, a la senadora del Partido Nacionalista Vasco quiero decirle que ciertamente tiene mucha razón cuando afirma que una cosa es lo que pone en el papel y otra el grado de ejecución. Además, en la lista de despropósitos hay que acabar incorporando lo que no llega y lo que no es y decir que el nivel de ejecución es muy inferior al que debería ser. Y les voy a dar un dato. En los últimos siete años el porcentaje de ejecución ha sido del 62%.

Ya acabo. Una vez más nosotros pagamos el 22% de los impuestos, recibimos el 9% de las inversiones y nos va a tocar hacer el 29,5% de los recortes. Es evidente que los números no cuadran.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias de nuevo, señor presidente.

Haré alguna reflexión complementaria a las que en el turno de defensa de la enmienda hemos hecho acerca de la desconsideración del Gobierno y del Partido Popular sobre las comunidades autónomas. El incumplimiento de los estatutos, a los que antes nos hemos referido, es una muestra más que evidente y, desde luego, políticamente inaceptable. Pero no solo queda ahí el




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tema. Me van a permitir que haga en esta Cámara de representación territorial, y siendo senador por Jaén, una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, algunas otras consideraciones que también denotan cuál es la posición del Gobierno y del Partido Popular respecto a las comunidades autónomas.

El desigual reparto en términos de esfuerzo que se les pide a las comunidades autónomas para la reducción del déficit creo que es otro de los elementos que denotan claramente un acercamiento absolutamente paternalista y desigual respecto a lo que debían ser esfuerzos compartidos, aunque es verdad que en un momento complicado de la economía en España. El objetivo de déficit para el año próximo del conjunto de las administraciones es el 5,8%, el 4,8% se lo queda la Administración General del Estado y el 1% las comunidades autónomas, una proporción de uno a cinco, teniendo las comunidades autónomas la obligación de responder a lo que constituye en buena medida, aparte del pilar de las pensiones, el Estado social, representado por la salud, la educación y la atención a las personas dependientes o las políticas sociales. Por lo tanto, un acercamiento claramente desigual que creemos que debía haber tenido otro nivel de reparto.

Se plantea la demanda de la corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, pero está la literatura y luego los hechos. Por ejemplo, Andalucía —antes lo hicieron Extremadura y Canarias— se planteó la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios. El Gobierno de Aznar lo recurrió cuando lo hizo Extremadura, y cuando hubo sentencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno de Rajoy y el señor Montoro salen al encuentro para hacer un cortocircuito y evitar que esa escasa capacidad para poder tener algunos recursos fiscales acabe quedando en el vacío. La conclusión, al final, es esa, vaciar la capacidad que pueden tener las comunidades autónomas, aunque sea escasa. Acaban creando un impuesto con un gravamen cero para los depósitos bancarios. Otro gesto de absoluta falta de respeto y consideración a las comunidades autónomas.

Se habla —en Andalucía tenemos otro ejemplo— de un mayor nivel de eficiencia en el gasto. Se ha planteado una subasta de medicamentos con el fin de hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos básicos ligados al sistema sanitario sin tener que recortar y sin tener que hacer cosas como la impresentable pretensión del Gobierno y de la ministra del ramo de que enfermos con patologías graves tengan que acabar pagando y haciéndose corresponsables del gasto en medicamentos caros para tratar enfermedades como el cáncer u otro tipo de patologías sanitarias.

Nos parece que en esa dirección no se avanza porque a Andalucía se le está mermando una capacidad de ahorro, y por tanto de mayor eficiencia a la hora de aplicar los recursos, de en torno a 300 millones de euros. Tercera demanda ante el Tribunal Constitucional para evitar que eso suceda. ¿Qué intereses se defienden? ¿Estamos defendiendo realmente la capacidad que cada uno de los niveles de Gobierno tiene en el conjunto del Estado para hacer una mejor prestación de los servicios públicos o se pretende ir a otro sitio? Yo creo que hay poca certeza de que el Gobierno tenga precisamente como principal objetivo no aprovechar la coartada que representa esta crisis para ir depauperando progresivamente la capacidad de reacción de las comunidades autónomas a la hora de dar una respuesta eficaz a la encomienda que tiene en razón de su competencia y hacerlo de forma eficaz. Seguramente será la creación de condiciones objetivas para hacer inevitable eso a lo que le tienen tanto apego y tanto entusiasmo, que es la privatización. El señor Lamela y el señor Güemes, que empezaron un camino, a pesar de haber sido condecorados por la Comunidad de Madrid, parece que no tienen en los tribunales la misma consideración sobre las cosas que han hecho en esta etapa de Gobierno privatizando servicios públicos básicos, en este caso sanitarios. Ese no es el camino. La crisis no puede servir de coartada para depauperar el Estado social. Hay que afrontarla, pero hay que hacerlo respetando sin ninguna duda el papel de las comunidades autónomas.

Procuren contribuir a generar un espacio de confianza, procuren fortalecer el Estado, fortalecimiento del Estado que pasa por respetar el papel de las comunidades autónomas en el conjunto del Estado.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.




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El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En el debate de la interpelación, la ministra de Fomento lo expresó y dio detallada cuenta de las medidas en materia de inversiones en Cataluña tanto en materia de ferrocarriles, acceso ferroviario a los puertos, corredor mediterráneo, que puede favorecer —eso es evidente— a la empresa Seat Volkswagen y al puerto de Tarragona, además del de Barcelona, las obras de duplicación de Vandellòs, en Tarragona, convenio y otras actuaciones en la red de Cercanías. Como decía antes, no voy a repetir la información dada por la ministra en la interpelación que le formuló la senadora Candini.

No hay que olvidar la inversión en los aeropuertos de Cataluña, destinados a remodelaciones de áreas comerciales, obras en campos de vuelo en el aeropuerto de Reus, actuaciones en Girona-Costa Brava, apoyo al aeropuerto de Sabadell y el centro de control de Gavá.

Quiero resaltar que el aeropuerto de Barcelona-Prat ha batido el récord histórico de pasajeros, cosa de la que mi grupo parlamentario se congratula, y el ministerio de Fomento, senadora Candini, seguirá mejorando y modernizando sus instalaciones. Tampoco quiero olvidar la inversión prevista para los puertos de Barcelona y de Tarragona.

No puede, por tanto, tenerse en cuenta como único criterio del PIB toda vez que se dejaría de considerar efectos económicos coadyuvantes de las infraestructuras, como pueden ser los efectos de red y del mallado. Más aún, cualquier administración debe procurar que las infraestructuras de transporte conecten entre sí los núcleos más activos, conexiones que muchas veces han de hacerse atravesando territorios menos favorecidos económicamente, sin que esto suponga que no se beneficien de estas inversiones los núcleos más activos.

Quisiera también referirme a la intervención de los distintos portavoces.

Estoy de acuerdo con la senadora Candini en que las infraestructuras tienen que tener un retorno social y económico, eso es evidente, tanto en Cataluña como en cualquier territorio del resto del Estado español. Y también entiendo que usted considere extraordinariamente necesaria la ejecución de ciertos proyectos, pero yo le tengo que decir que el ministerio de Fomento tiene sus criterios y tendrá que aplicarlos, les guste o no. Como es lógico, yo sé que está en desacuerdo en muchas cosas, aunque otras también le gustarán. Pero también quiero recordar —y usted ha hecho referencia— que cuando gobernaba el Partido Socialista teníamos los mismos problemas que podemos tener ahora. Por lo tanto, nuestra obligación es solucionarlos.

El señor Martí Jufresa se ha referido más que nada a la falta de cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña. Respecto a las deudas de Cataluña a que se refiere esta disposición, permítame que le recuerde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en el que señala que un estatuto de autonomía no puede obligar a la Administración General del Estado a realizar una determinada política de inversiones y, por tanto, no es exigible la aplicación de esta disposición. Además, el Constitucional ha establecido un modo de interpretar el acuerdo político, al que usted ha hecho referencia, y, en este sentido, para que todos los acuerdos políticos puedan ser exigibles deben formalizarse en los correspondientes instrumentos jurídicos como, por ejemplo, los convenios. De esta forma, sí que estaría justificada su exigencia.

Respecto a la intervención del señor López García, del Grupo Socialista, creo que a veces la amnesia que sufren ustedes es galopante. Usted ha venido aquí a hacer su mitin político. Aprovechando que la Ley de Costas afecta a Guadalajara, usted ha venido a hablar aquí de todo menos de lo que plantea la moción de la senadora Candini; es decir, estamos hablando de infraestructuras de Cataluña y usted, como es lógico, ha aprovechado la ocasión, como decía, para atacar al Gobierno. ¿Pero usted no recuerda que hubo un Plan de infraestructuras y transporte llamado PEIT, elaborado por el Gobierno socialista, que antes de cumplirse no hubo tiempo ni de renovarlo? Por lo tanto, cuando se critica a un Gobierno es necesario también echar la vista atrás.

Cuando ustedes gobernaban, nosotros y muchos grupos parlamentarios planteamos enmiendas tanto en relación con Cataluña como con el resto del territorio español, y la callada por respuesta fue siempre la misma.

Por lo tanto, senador López García, considero que es bueno que antes de subir a la tribuna se realice un examen de conciencia y se critique también lo que habían hecho ustedes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario de la Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EVITAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y JUVENIL EN EL DEPORTE.

(Núm. exp. 662/000110)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Elorriaga, por tiempo de quince minutos.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días. Comparezco ante ustedes en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una moción que pretende y tiene como objetivo prioritario evitar el abuso sexual infantil y juvenil en el deporte. Ese es el motivo que nos mueve a presentar esta moción, cuya prioridad, insisto en ello, es defender a nuestros menores y a nuestros jóvenes.

Presentamos una vez más una moción de este tipo porque nos parece que es importante hablar en esta Cámara sobre un tema que, desgraciadamente, está muy de actualidad en este momento en nuestro país, un tema que consideramos grave y que debe merecer nuestra atención. Y digo presentamos una vez más porque el Grupo Parlamentario Popular ha considerado situar la problemática del abuso sexual contra los menores, que nos concierne a todos sin ninguna duda y a toda la sociedad en general, entre nuestras prioridades de trabajo.

No es casual que hace tan solo ocho meses mi compañero, el senador Alarcó, defendió otra moción en la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas en relación con los abusos sexuales infantiles y la pederastia, moción que tuvo buena acogida entre todos los grupos que componen el abanico parlamentario de esta Cámara. Planteaba el senador Alarcó entonces que desde el punto de vista político resulta necesario paliar un drama social importantísimo que hará que nuestro país sea mucho mejor, no en vano los niños de hoy serán los hombres del mañana. Señorías, me uno a esta cita.

Señores senadores, la moción que hoy presentamos tiene un carácter más específico, es verdad, ya que se refiere en concreto al ámbito deportivo. El acoso sexual en el deporte tiene características únicas debido a la relación de poder que se establece entre los entrenadores y los deportistas, y por otro lado a la necesaria atención que se presta al cuerpo de las personas que practican deporte. Es evidente que los miembros del entorno del atleta que ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, lo que no quiere decir que no haya otro tipo de problemas también entre los grupos de iguales. Si tuviésemos que elegir una actividad deportiva en concreto no sería posible, porque este es un problema que, como estamos viendo últimamente, se produce en cualquier deporte y a cualquier nivel, incluido el deporte de élite. Y las consecuencias en las víctimas, que al final es lo que nos preocupa, son graves y negativas tanto para su salud física como psíquica. No solo apartan a muchas personas del deporte, sino que dan lugar a




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reducción de rendimiento, marginación, ansiedad o depresión y, por tanto, en muchas ocasiones conducen a situaciones muy extremas.

Señorías, desde distintos organismos e instituciones se ha levantado la voz de alarma, no somos nosotros los primeros que hablamos de este tema. El propio COI ha aprobado una declaración de consenso en la que conmina a las organizaciones deportivas a desarrollar políticas de prevención e intervención. Los medios de comunicación también han colaborado difundiendo información al respecto. Recientemente y por desgracia hemos podido leer noticias sobre abusos en el fútbol, en el boxeo, en la gimnasia y en el yoga. Son las que recuerdo como más recientes, pero desgraciadamente llevamos ya tiempo con noticias de este tipo.

También las víctimas han levantado su voz con coraje y valentía con un lema muy claro: cada abuso que evitamos son muchas vidas que salvamos. Quiero que quede bien claro en esta Cámara que nuestro planteamiento en ningún caso va ni contra el mundo del deporte en sí, ni contra la práctica deportiva, ni contra ninguna de las facetas de la actividad física, todo lo contrario. En el Grupo Parlamentario Popular defendemos el deporte, la práctica deportiva en todos sus sentidos, niveles y categorías. Reconocemos, porque es incuestionable, los grandes beneficios que la actividad física proporciona tanto al individuo como a la sociedad. Los valores del deporte son claros y evidentes. No tendría yo hoy tiempo suficiente en esta exposición para dedicarme a enumerarlos. En lo que afecta a las personas, su situación física y psíquica mejora de una manera clara. Se previene el envejecimiento, pero también a nivel grupal supone una transmisión de valores; pienso en la responsabilidad, en la confianza en los otros, en la disciplina, el respeto, etcétera. Por tanto, quiero que quede bien clara la influencia del deporte en las esferas de la educación, la economía, la salud pública, la cultura, en la construcción de una identidad nacional, y así podría seguir enumerando beneficios, pero, insisto, no tendría tiempo para desarrollar ni siquiera en síntesis las bondades que nos ofrece el deporte.

Lo que pretendo, por tanto, es centrarme en una circunstancia muy concreta y muy adversa dentro del mundo del deporte, una circunstancia que entre todos debemos tratar de erradicar. Y soy consciente también de que en este camino no vamos solos; afortunadamente, no vamos solos. El pasado mes de junio se celebró un seminario en el Consejo Superior de Deportes sobre Prevención del Abuso Sexual Infantil en el Deporte en el que participaron ponentes de reconocido prestigio, tanto españoles como de otros países europeos, que manifestaron su preocupación. El éxito del encuentro fue evidente, tanto en participación como en el nivel de los participantes, y además colaboraron personas de distintas áreas relacionadas con el deporte e, insisto, solo la afluencia de público demostró el interés que hoy existe en nuestra sociedad por este tema.

Dicho esto, dejando bien clara la importancia que para nosotros tiene el deporte y sabiendo que hablo de temas puntuales, no podemos cerrar los ojos ante una evidencia y hacer como que no pasa nada porque esa no es la solución; la inquietud existe en la sociedad y esa inquietud debe ser atendida.

Sabemos que presentamos una moción que implica a muchos organismos de la Administración, a varios ministerios, es una temática de carácter muy transversal. Sabemos que afecta a las comunidades autónomas y sabemos, insisto, que no partimos de cero en ninguno de los agentes implicados en esta materia. La sensibilidad por el problema existe sin duda, y somos conscientes también de la trascendencia de un tema que, repito, genera unos daños irreversibles en las víctimas.

Por tanto, señorías, ¿qué pretendemos conseguir con esta moción? Pretendemos trabajar desde todos los ámbitos: social, educativo, jurídico, deportivo…, es decir, desde todos los ámbitos sectoriales que pueden afectar a un tema como este, desde todos los departamentos de la Administración que se puedan ver involucrados, y hemos consultado con los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Educación y Deporte, Justicia, Interior; es decir, hemos tratado de preparar un trabajo que tenga un carácter transversal, insisto, desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista de la coordinación de los distintos ámbitos de la Administración. Somos muy conscientes también del importante papel que en este campo van a desempeñar los tres niveles de la Administración porque este es un tema que afecta muy directamente tanto a comunidades autónomas como a municipios.

Por tanto, intentamos conseguir esa coordinación, conseguir esa implicación, analizar experiencias que han sido consideradas buenas prácticas en otros países; en este sentido, tanto Alemania como Inglaterra están a la cabeza en este trabajo.




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Queremos trabajar también en la sensibilización social y del mundo del deporte; insistir en la necesidad de crear medidas de prevención; elaborar protocolos de detección y actuar ante las situaciones de sospecha o certeza. Es decir, se puede resumir muy claramente: queremos sensibilizar, queremos prevenir y queremos actuar en aquellas circunstancias en las que el daño ya se ha producido.

En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está ya trabajando, concretamente en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deporte. A partir de este trabajo está previsto extrapolar hacia todos los agentes del sistema deportivo.

La actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad queda reflejada en el recientemente aprobado II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Y en cuanto al Ministerio del Interior, también le recuerdo que el pasado mes de abril se aprobó en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Interior, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la elaboración de un Plan de prevención de la violencia contra los menores, cuyos acuerdos serán tenidos en cuenta. Por último, quiero volver a mencionar la moción recientemente aprobada en el Senado, en el mes de abril, que defendió, insisto, mi compañero el senador Alarcó.

Creo que queda clara la intención política de esta moción, que queda claro lo que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular presentándola, y considero que entre todos debemos defender un nuevo paradigma en el ámbito de defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia que consiga un cambio de actitudes y prácticas en nuestra sociedad, y proteger muy especialmente a los grupos más vulnerables entre nuestros niños y jóvenes, que suelen ser desgraciadamente los elegidos prioritariamente por los acosadores.

Señorías, estamos ante un tema de gran importancia y calado. Y por ese motivo, porque considero que es una causa justa, solicito desde esta tribuna el apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Elorriaga.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Les nostres esmenes senzillament incorporaven en una d’elles el fet de que les Federacions participessin activament en l’elaboració d’un codi ètic i sobre tot per treballar en programes de detecció i l’altre esmena reflectia el que nosaltres considerem més important en aquest tema, que es establir programes que detectin i donin eines perquè els professionals puguin prevenir també tots els abusos que es donin dins l’entorn esportiu.

Res més, gràcies.

Una de nuestras enmiendas incorpora sencillamente que las federaciones participen activamente en la elaboración de un código ético, sobre todo para trabajar en programas de detección. Y la otra enmienda refleja lo que nosotros consideramos más importante en este tema, que es establecer programas que detecten y den herramientas para que los profesionales puedan prevenir también todos los abusos que se den en el entorno deportivo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, tanto el acoso como el abuso sexual son vulneraciones de los derechos humanos que, se produzcan donde se produzcan, tienen una gran importancia y es algo que tenemos que intentar evitar. Son vulneraciones de los derechos humanos que dañan la salud, por lo que adquieren mayor relevancia cuando se producen en el ámbito deportivo, dado que todos entendemos que el deporte es un instrumento de mejora de la salud y de desarrollo personal y social.

Al igual que ocurre con el dopaje, hay que reconocer, en primer lugar, que estas prácticas, totalmente condenables, son realizadas por una minoría que daña la imagen y el buen hacer de




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la inmensa mayoría de los deportistas, entrenadores y personas relacionadas con el deporte. Por eso, porque no todos cometen esos delitos, sino solamente una minoría, es preciso actuar con prudencia en estos casos a la hora de juzgar esas situaciones, pero también con firmeza, aplicando la ley con todo rigor y apartando de la práctica deportiva a quienes sean declarados culpables de ellos. Tampoco son de recibo las críticas de quienes dicen que aireando o denunciando estas prácticas lo que se hace es perjudicar al deporte. Y es intolerable que las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por que el deporte se realice en unas condiciones óptimas no actúen con la mayor contundencia para erradicar estos casos. Por tanto, me interesa dejar claro que estamos hablando de una minoría de casos que no deben perjudicar a la inmensa mayoría, que cumple con sus responsabilidades: entrenadores, monitores y responsables de organizaciones deportivas.

Además, en el caso del acoso y abuso sexuales, que estamos hoy tratando, no estamos hablando solo de un tema deportivo, estamos también hablando de casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a menores, por lo que todos, no solo las organizaciones deportivas, tenemos que asumir la responsabilidad de identificar y evitar el acoso y el abuso sexuales y desarrollar los mecanismo necesarios para identificar y erradicar esas prácticas, garantizando la dignidad, el respeto y la seguridad en el deporte. Estamos hablando de la violación de los derechos individuales de las personas. Estamos hablando de prácticas que nos hemos comprometido a impedir en España firmando convenios internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Carta Europea del Deporte. Y estamos hablando de prácticas contrarias a nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la integridad física y moral de todas las personas.

En el Partido Socialista, en las dos últimas legislaturas tuvimos entre nuestras prioridades en materia deportiva la apuesta por el juego limpio y el respeto a las reglas, y fruto de ello fue la aprobación, con un gran consenso, de la Ley 19/2007, contra la violencia, la intolerancia y la xenofobia en el deporte, en la que se amplia el concepto de violencia hacia nuevos espacios, como manifestaciones de intolerancia y falta de respeto a la diferencia. E hicimos efectivos los aspectos de dicha ley mediante su correspondiente desarrollo reglamentario.

No veo necesario insistir en los datos que se destacan en la exposición de motivos de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, ni tampoco en si es más grande o menor la alarma social que puede generar este tipo de hechos. Lo que sí me gustaría resaltar es que hay que actuar contundentemente, primero, con la prevención de este tipo de prácticas y, por supuesto, con la detención rápida y con la erradicación mediante su persecución legal y judicial.

Estamos de acuerdo con las medidas que plantea la moción del Grupo Popular y estamos de acuerdo también con lo que ha planteado el Grupo de la Entesa. Sin embargo, creemos que estas medidas podrían resultar insuficientes si no se integran en una estrategia de lucha contra el abuso infantil en el deporte en el que participen activamente tanto jueces como magistrados, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por eso nuestra enmienda va en este sentido. Creemos que eso se dice quizá de forma general en la moción del Grupo Parlamentario Popular, pero queremos que se especifique exactamente que la colaboración que puede realizarse a través de todas las entidades que he mencionado, mediante la coordinación del Consejo Superior de Deportes, se debe especificar y dejarlo bien claro en la moción. Esa es la razón de nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Tiene la palabra la senadora Elorriaga para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.

Acepto la enmienda sobre el número 4, de la Entesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Elorriaga.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.




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La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

La moción que hoy nos trae el Grupo Popular sin duda se centra en la violencia sexual en el deporte. Pero la violencia sexual en los distintos ámbitos, incluido el deportivo, tiene sus raíces en la desigualdad, en un sistema de relaciones jerarquizado que utiliza la violencia sexual como un mecanismo de control más. Por ello, para avanzar en la eliminación de esta violencia entendemos que es necesario que se trabaje de una forma integral, yendo a la eliminación de las causas.

Entendiendo que es un problema —y así lo vemos— en el que hay que actuar, nos genera dudas el cómo llevarlo a cabo. Consideramos que hay que hacerlo con cautela, ya que el riesgo de crear una alarma social está presente. Es un tema complejo y, al igual que el de la violencia de género en todo su ámbito, muchas veces la invisibilidad que conlleva añade un plus a la hora de abordarlo con una gran responsabilidad.

El conocimiento de la realidad existente en este campo es muy importante para poder así generar entornos deportivos más seguros y alentar a la concepción de modelos de buenas prácticas, con el fin de proteger el bienestar de los niños y los jóvenes atletas. Y es que en este caso concreto del deporte, en el caso de de los niños y jóvenes atletas, que son los que nos preocupan, entendemos que necesario generar instrumentos concretos, como pueden ser protocolos, para sensibilizar sobre esta cuestión, saber identificar las situaciones de acoso —saber cuáles son— y establecer procedimientos de actuaciones en caso de que estas se produzcan.

Los tres puntos que se plantean en la moción lógicamente son aceptables, pero nos parecen amplios y necesitados de una mayor concreción, de acciones que se lleven a cabo en el futuro; y esperamos que se concreten y que con ellas estemos de acuerdo. En este sentido, debo decir que la Comunidad Autónoma del País Vasco, Emakunde, y en colaboración con la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, está elaborando un protocolo, que se espera tener en marcha en diciembre de este año, para hacer frente al acoso sexual en el ámbito deportivo. No obstante, acciones positivas como los protocolos ayudan, pero a nuestro entender solo son eficaces si se suman a las necesarias intervenciones integrales de incorporar la igualdad entre las personas en la escuela, en los medios de comunicación y en todas las estructuras administrativas o que dependan de la Administración que planifican, gestionan, ejecutan y evalúan políticas en el ámbito deportivo.

Por tanto, será en el paso posterior a las tres intenciones que son los tres puntos de la moción, en ese segundo plano, de nivel de concreción de las acciones, donde mejor podremos valorar si estas se llevan a cabo con ejemplos como el que yo he citado, que nosotros estamos poniendo en marcha. Entendemos que tiene que hacerse de manera conjunta y con respeto a todos los ámbitos competenciales donde deberán realizarse, pero, repito, creemos que es un asunto que no deja de ser importante, como ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que hay que abordar y al que hay que dar una respuesta, pero también hay que tener un poco de cautela por la alarma social que pudiera generar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Gracias presidente.

Senyories, aquest és un dels temes que cal tractar amb molt de compte. és un tema important, que no s’ha de banalitzar, ni tampoc s’ha d’exagerar. I algunes de les dades que dona la moció són realment alarmants. Ho són, perquè són unes xifres altíssimes, tenint en compte la quantitat de nens i nenes que fan esport al nostre país.

Quan un tracta temes tant delicats com aquests, dels que s’ha d’anar en compte de no alarmar a la població i al mateix temps se li ha de donar tota la importància que requereix, per la importància la gravetat dels fets, hem de vigilar, sobre tot en el llenguatge que parlem i amb les dades que donem a la població. Hem de ser conscients que en el nostre país, com he dit, hi ha més de tres milions i mig de nens i nenes federats fent esports d’elit, o federats i quantitat d’altres nens que ni tant sols estan federats i fan esport. Per tant, les xifres que dóna la moció són altíssimes en quant a abusos sexuals. A més, crec que val la pena considerar que per nosaltres el més important amb un d’aquests temes quan salta a les notícies, quan de sobte la societat és conscient del que passa,




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el què hem de fer és donar eines als professionals perquè puguin detectar i prevenir sempre que es pugui, aquests abusos quan s’estiguin produint. Però no podem oblidar en cap moment els milers de professionals que entrenen, que treballen cada dia, que ajuden a guanyar, que acompanyen quan perden, que il·lusionen, que transmeten valors com el treball d’equip, l’esforç, el saber estar, el ajudar a un company, i que cada dia han de treballar amb aquests nens i nenes. Aquests professionals en cap moment es poden sentir incòmodes o agredits per un debat parlamentari que el que ha de fer és intentar treballar de la manera més tranquil·la possible perquè això succeeixi el menys possible. I són ells, segurament aquests professionals que fan bé cada dia la seva feina, els que estaran agraïts de que els puguem donar eines per evitar, i perquè puguin aprendre a detectar a aquells nens que pateixen abusos, o si algú del seu equip els està fent.

Per tot això, l’Entesa votarà a favor d’aquesta moció, tot i que considera que tant el redactat com el tema no són oportuns i molt menys són temes que s’hagin de portar a debat parlamentari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señorías, este es uno de esos temas que tenemos que tratar con mucho cuidado, un tema importante que no se debe banalizar ni tampoco exagerar, y algunos de los datos que se dan en la moción realmente son alarmantes porque se trata de cifras altísimas teniendo en cuenta la cantidad de niños y niñas que hacen deporte en nuestro país.

Cuando uno trata temas tan delicados como este debe tener cuidado de no alarmar a la población y al mismo tiempo dar toda la importancia que requiere por la trascendencia y la gravedad de los hechos. Sobre todo tenemos que vigilar el lenguaje y los datos que damos a la población. Tenemos que ser conscientes de que en nuestro país hay más de tres millones y medio de niños y niñas federados haciendo deporte de élite o que tan solo están federados y practican deporte. Por tanto, las cifras de abusos sexuales que se dan en la moción son altísimas. Cuando uno de estos temas salta a los telediarios, cuando la sociedad es consciente de lo que pasa, lo que tenemos que hacer es dar herramientas a los profesionales para que puedan detectar y prevenir, siempre que se pueda, esos abusos cuando se produzcan. Pero no podemos olvidar en ningún momento a los miles de profesionales que entrenan, que trabajan cada día, que ayudan a ganar, que acompañan cuando pierden, que ilusionan, que transmiten valores, como el trabajo de equipo, el esfuerzo, el saber estar, el ayudar a un compañero, y que cada día tienen que trabajar con esos niños y niñas. Esos profesionales en ningún momento se pueden sentir incómodos o agredidos por un debate parlamentario, que lo que debe hacer es intentar trabajar de la manera más tranquila para que eso ocurra lo menos posible; y esos profesionales, que cada día realizan bien su trabajo, seguramente agradecerán que podamos darles herramientas para evitar esos casos y para que aprendan a detectar a aquellos niños que sufren abusos o si alguien de su equipo los está cometiendo.

Por eso, Entesa votará a favor de esta moción, aunque considera que tanto el redactado como el tema no son oportunos en absoluto, y mucho menos temas que deban llevarse a debate parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gràcies, senyor president, senyories.

Començaré com a portaveu d’esports de Convergència i Unió posicionant el meu Grup davant d’aquesta moció. Votarem a favor. Votarem a favor perquè no es pugui dir que no estem en contra de la lluita, en contra de l’assetjament i els abusos sexuals com van fer en altres mocions, per exemple el Sr. Alarcón, que s’ha esmentat que també van votar a favor de la moció i en contra d’aquesta lacra existent a la societat.

Dit això, he de dir que quan la moció va arribar a les meves mans em va sorprendre, i em va sorprendre de tal manera que la vaig haver de llegir tres vegades, perquè no em creia bé el que llegia. Em va semblar que era una moció alarmista. Ho ha dit molt bé la portaveu de l’Entesa, la Sra. Mònica Almiñana, també n’ha fet esment la portaveu del Partit Nacionalista Basc, i jo mateix pensava que aquesta moció era extemporània, no calia. Si fa por, va haver una moció presentada pel Sr. Alarcó, que era genèrica, que parlava de tota la societat, que parlava de la lluita contra això




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que parla aquesta moció, però de tots els sectors. Aquesta moció senyala un sector i jo, perdoni’m que el ho hi digui, em vull convertir en un defensor de la neteja, de la transparència, del bon funcionament de l’esport. No és veritat que en l’esport hagi abusos sexuals, hagi assetjament. No és veritat. Casos puntuals, sí, clar. I tant, però també hi ha en altres sectors socials. Farem mocions per dir que es reguli l’accés i els viatges dels ciutadans al metro? Farem mocions per regular les cues en els llocs on els espectacles públics perquè hi ha també la gent que pot tocar-se i pot haver abusos? Em sembla exagerada, una moció que jo crec que està fora de lloc.

La votarem a favor perquè la portaveu del Partit Popular ha dit: «Proteger a nuestros menores», menores deportistas, clar. Pero protegerlos de què? Missatge als pares, que estiguin tranquils. No hi ha una pràctica habitual d’abusos i assetjament sexual en l’esport. Llegint la moció es diu textualment que «entre un 5% de los niños y un 10% de las niñas que practican entrenamientos deportivos padecen abusos sexuales. Y entre el 15% y el 30% sufre diversos acosos como por ejemplo tocamientos». Que això consti per escrit, a mi em preocupa i m’entristeix. S’ha dit: «això pot crear alarma social». No és veritat. No és veritat. Que hi ha algun abús, que hi ha algun assetjament al món de l’esport? Sí. I des de Convergència i Unió ho rebutgem i demanem que la llei caigui implacable sobre aquestes persones que tenen aquesta malaltia i que fan aquesta lacra social. Però fer una moció monogràfica per proteger a nuestros menores deportistas de un tema que está de actualidad en nuestro país, no es cierto. No está de actualidad en nuestro país. Hi ha hagut algun cas, ha tingut molt de resó, lògicament mediàtic, però saben quants esportistes federats hi ha a Espanya? 3.498.849. És veritat que el 30% puguin ser objecte de tocaments? És veritat que els esportistes federats estan envoltats d’aquest problema? No és veritat. Per tant, la meva ha de ser una proclama que l’esport és net, és transparent i que no existeix aquest problema. Casos puntuals? Sí. A l’esport i, malauradament, a la societat en general. He dit xifres, que deixi’m que vagi més enllà de la moció, d’aquests tres milions i mig: 2.777.082 homes, 721.762 dones. Quasi el 80% homes, el 20% denes. Això sí que dóna per a una moció, per potenciar l’esport femení, assignatura pendent que té aquest país.

Mirin, hi ha més de 62 000 clubs a Espanya, farcits d’entrenadors, de monitors, de fisioterapeutes, etcètera, que avui alguns m’han trucat per saber si quedarà constància escrita que el 30% dels esportistes són objecte de tocaments, etcètera? No. No ha de quedar aquesta constància. Ha de quedar un rebuig. Hem de protegir l’esportista? Sí, igual que qualsevol ciutadà. Hem de donar el suport a que la llei caigui implacable amb els assetjadors i abusadors sexuals? Sí, igual que a tota la societat. Però no donem aquesta sensació perquè avui faríem un flac favor a l’esport en general. L’esport és una pràctica plena de valors positius i només petites minories, ho ha dit el portaveu socialista, és una minoria i no són veritat les dades que posa a la moció, una minoria és la que a vegades és aquell arbre que ens tapa el bosc.

Permeti’m que faci més coses, aquesta moció, una vegada més, és una moció que apart que pot crear una alarma social, fa una altra cosa, que és que segueix no sent respectuosa amb la realitat política d’aquest país, l’Estat de les Autonomies. Em deia la portaveu del Partit Popular quan jo li he presentat una esmena que inclogui «que conste de común acuerdo con las Autonomías. Em diu: «No, ya pondremos agentes sociales». Home, agentes sociales, ho és tothom. És que la Generalitat, el Govern de Catalunya, el Govern d’Euskadi, el Govern de qualsevol autonomia és un simple agente social? És un govern i no consta en el redactat. Volíem que aquesta esmena se’ns aprovés, però no ha pogut ser. No és veritat que el agente social sigui també un govern autonòmic. Per tant, Catalunya té competències exclusives, Euskadi, etcètera. Aquests són els que hauran de portar a terme aquesta decisió de blindatge. A Catalunya ja hi ha un protocol, ja funciona a altres autonomies-

Veig que em queden dos minuts i escaig, i aprofitant aquella dita que diu que «el Pisuerga pasa por Valladolid», deixi’m que parli d’un altre assetjament. En aquest cas no sexual, però és una assetjament important: el que estan rebent els clubs i entitats esportives amb les inspeccions de treball i amb les inspeccions que estan rebent darrerament. A Catalunya hi ha una gran preocupació de què l’esport català pot quedar tocat de mort per aquestes inspeccions laborals, per aquestes inspeccions que tots i cadascú dels club catalans estan rebent, que curiosament es fan bàsicament a Catalunya, molt poc a la resta de l’Estat.

Senyors del Partit Popular, jo els hi demano que aprofitin la seva majoria absoluta per fer veure al Govern que han de parar aquestes inspeccions. Que si durant 35 anys l’esport ha funcionat




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d’una manera, ara no té cap sentit aquest assetjament fiscal, aquesta pressió per fer cotitzar, per fer sancionar, per fer que clubs amateurs, clubs humils que fa molts anys que lluiten per poder donar potència a l’esport, en aquest cas a mi em correspon parlar de l’esport català, avui pot estar tocat de mort si aquest abús, aquest assetjament, aquesta pressió fiscal que té el govern espanyol amb els clubs i entitats esportives, bàsicament a Catalunya, no acaben.

Per tant, quina és la meva petició senyories del Partit Popular? Ajudi’ns a fer entendre al Govern de l’Estat que hem de parar aquestes inspeccions i que s’ha de seguir com durant 35 anys s’ha fet en l’esport. Que els voluntaris puguin fer voluntariat al món de l’esport i que no tinguin que deixar de col·laborar amb els clubs, que això és la mort de l’espot. L’esport té nivell, té elit, gràcies a milers i milers de persones que d’alguna manera solidària, voluntariosa ajuden i que a vegades només cobren una mica per la gasolina, per poder desplaçar-se del seu poble al club del poble veí, etcètera.

Acabo dient que votarem a favor. Cal blindar l’esport en contra dels abusos i l’assetjament. No hi ha pràctica generalitzada d’abús i de violència sexual al voltant de l’esport. Reconeixement als monitors, entrenadors, fisioterapeutes, etcètera, que han fet de la seva pràctica una pràctica neta i realment positiva. Tranquil·litzar els pares i mares que tenen fills que practiquen esport. No tinguin por, l’esport està net i està controlat. I en aquests casos puntuals, que caigui tot el pes de la llei per aquells abusadors i assetjadors.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente, señorías.

Empezaré, como portavoz de Deportes de Convergència i Unió, posicionando a mi grupo ante esta moción. Votaremos a favor para que no se pueda decir que no estamos en contra del asedio y los abusos sexuales, como hemos hecho en otras mociones, por ejemplo, la del señor Alarcó; también se votó a favor de la moción y en contra de esta lacra que existe en la sociedad.

Dicho esto, cuando la moción llegó a mis manos me sorprendió de tal manera, que tuve que leerla tres veces porque no me creía bien lo que estaba leyendo. Me pareció que era una moción alarmista; lo ha dicho muy bien la portavoz de Entesa, doña Mónica Almiñana, y también lo ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Y yo mismo pensaba que esta moción era extemporánea, que no era necesaria. Hace poco el señor Alarcó presentaba una moción que era genérica, que hablaba de toda la sociedad, y hablaba de la lucha contra esto, de lo que habla esta moción, pero en todos los sectores. Esta moción señala a un sector, y yo —perdonen que lo diga— quiero convertirme en un defensor de la limpieza, de la transparencia, del buen funcionamiento del deporte. No es cierto que en el deporte existan abusos sexuales y asedio. Hay casos puntuales, claro, pero también los hay en otros sectores sociales. ¿Haremos mociones para decir que se regulen el acceso y los viajes de los ciudadanos en el metro? ¿Haremos una moción para regular las colas en los espectáculos públicos? Porque ahí la gente también puede tocarse y puede haber abusos. Me parece una moción exagerada, una moción que está fuera de lugar.

Votaremos a favor, porque la portavoz del Grupo Popular ha dicho: hay que proteger a nuestros menores —menores deportistas, claro—, pero protegerlos ¿de qué? Hay que dar un mensaje a los padres para que estén tranquilos: no hay una práctica habitual de abusos y asedio sexual en el deporte. En la moción se dice textualmente que entre un 5% de los niños y un 10% de las niñas que practican entrenamientos deportivos padecen abusos sexuales, y entre el 15 y el 30% sufren diversos acosos como, por ejemplo, tocamientos. Que eso conste por escrito me preocupa y me entristece. Se ha dicho que esto puede crear una alarma social. No es cierto. ¿Que existe algún abuso? Algunos hay en el mundo del deporte, sí, y en Convergència i Unió lo rechazamos y pedimos que la ley caiga implacable sobre las personas que tienen esta enfermedad y provocan esta lacra social. Pero presentar una moción monográfica para proteger a nuestros menores deportistas de un tema que está de actualidad en nuestro país… No es cierto, señora portavoz, no está de actualidad en nuestro país. Ha habido algún caso que, lógicamente, ha tenido mucha resonancia mediática, pero ¿saben cuántos deportistas federados hay en España? Hay 3 498 949. ¿Es cierto que el 30% puede ser objeto de tocamientos? ¿Es cierto que los deportistas federados están rodeados por ese problema? No lo es. Por tanto, tengo que hacer la proclama de que el deporte es limpio, transparente y que en él no existe ese problema; casos puntuales, sí, pero en el deporte y, por desgracia, en la sociedad en general. He dado unas cifras, y déjenme que vaya un




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poco más allá. De esos tres millones y medio, 2 777 082 son hombres y 721 762 son mujeres, casi un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Eso sí que da para una moción para potenciar el deporte femenino, una asignatura pendiente que tiene este país.

Hay más de 62 000 clubes en España, llenos de entrenadores, monitores, terapeutas, etcétera. Y hoy algunos me han llamado preocupados. ¿Es que va a quedar constancia escrita de que el 30% de los deportistas son objeto de tocamientos? No, no tiene que quedar esa constancia; tiene que reflejarse un rechazo. ¿Tenemos que proteger a los deportistas? Sí, al igual que a cualquier ciudadano. Tenemos que apoyar que la ley caiga implacable sobre los asediadores y abusadores sexuales, sí, como en toda sociedad. Pero no demos esta sensación, porque hoy le haríamos un flaco favor al deporte en general. El deporte es una práctica llena de valores positivos, y solo se trata de pequeñas minorías —lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista—. No son ciertos los datos que se indican la moción. Es una minoría, un árbol que nos tapa el bosque.

Y permítanme que me refiera a otra cuestión. Esta moción, aparte de que puede crear una gran alarma social, hace otra cosa: sigue no siendo respetuosa con la realidad política de este país, el Estado de las Autonomías. Cuando le he presentado una enmienda a la portavoz del Grupo Popular, le he dicho: que conste que hay que poner de común acuerdo con las autonomías, y me ha contestado: n o, ya ponemos agentes sociales, agentes sociales lo son todos. Pero ¿es que la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de Euskadi o el Gobierno de cualquier autonomía es un simple agente social? Es un Gobierno, y no consta en el redactado. Queríamos que se aprobase esta enmienda in voce, pero no ha podido ser. Pero no es verdad que el agente social sea también un Gobierno autonómico. Cataluña tiene competencias exclusivas, como Euskadi, y son las que tienen que llevar a cabo esta decisión de blindaje. En Cataluña ya existe un protocolo y funciona también en otras autonomías.

Creo que me quedan dos minutos. Y, como dice el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, permítanme que hable de otro asedio, en este caso no sexual, pero que es importante: el que están recibiendo últimamente los clubes y entidades deportivas con las inspecciones de trabajo. En Cataluña hay una gran preocupación, porque el deporte catalán puede resultar tocado de muerte por estas inspecciones laborales, por estas inspecciones que todos y cada uno de los clubes catalanes están recibiendo. Curiosamente, se hace básicamente en Cataluña y muy poco en el resto del Estado.

Señores del PP, les pido que aprovechen su mayoría absoluta para hacerle ver al Gobierno que ha de detener estas inspecciones. Durante treinta y cinco años el deporte ha funcionado de una determinada manera, y ahora no tiene ningún sentido este asedio fiscal, esta presión para hacer cotizar, para sancionar a clubes amateurs, clubes humildes que hace muchos años que están luchando para potenciar el deporte. En este caso me corresponde hablar del deporte catalán, que hoy puede quedar tocado de muerte si este abuso, este asedio, esta presión fiscal que tiene el Gobierno español con los clubes y entidades deportivas básicamente en Cataluña no acaba.

Por tanto, ¿cuál es mi petición, señorías del Grupo Popular? Ayuden a hacer comprender al Gobierno del Estado que hay que detener estas inspecciones y que se ha de seguir como se ha hecho durante treinta y cinco años con el deporte, de modo que los voluntarios puedan hacer voluntariado en el mundo del deporte y no tengan que dejar de colaborar con los clubes, porque eso sería la muerte del deporte. El deporte tiene nivel, tiene élite gracias a miles y miles de personas que de manera solidaria y voluntariosa ayudan, a veces cobrando solo un poquito por la gasolina para poder desplazarse desde su pueblo al club del pueblo vecino, etcétera.

Acabo diciendo que votaremos a favor. Hay que blindar el deporte en contra de los abusos y del asedio sexual, pero no hay una práctica generalizada de abusos y violencia sexual alrededor del deporte. También hay que tener un reconocimiento para los monitores, entrenadores, fisioterapeutas, etcétera, que han hecho de su práctica una práctica limpia y realmente positiva. Y tranquilidad para los padres y madres que tienen hijos que practican deporte: no tengáis miedo, el deporte es limpio y está controlado; y en esos casos puntuales, que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos abusadores y asediadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.




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El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero dejar bien claro que, efectivamente, son pocos los casos que se producen, pero realmente espeluznantes; y quizás no conozcamos todos. No podemos hablar solamente del acoso sexual en el deporte —lógicamente el acoso sexual es un problema social muy grave—, pero es verdad que las historias de acoso y abuso sexuales en los ámbitos deportivos, de los que nos vamos enterando poco a poco, salen a la luz después de transcurrido mucho tiempo porque parece ser que en nuestro país todavía son un tema tabú. Se habla muy poco de estos casos y se habla siempre de ellos de forma muy solapada.

Por tanto, dándole la razón al señor Maldonado en que no podemos extender o generalizar este problema porque hay muchos entrenadores, muchos monitores y muchas personas voluntarias que están manteniendo el deporte base con una gran dignidad y merecen nuestro apoyo, vuelvo a insistir en que es necesario ser lo más contundentes posible. Y ustedes, señores senadores del Grupo Popular, que tienen ahora la mayoría por la que están manteniendo a este Gobierno, tienen también mucha más capacidad que nosotros para hacer que el Gobierno tome las medidas más contundentes que se pueda, sin criticar si se han tomado o no hasta ahora. Yo estoy convencido de que se están haciendo, pero que se hagan muchas más para evitar este gran problema.

Es curioso que sean exdeportistas y los entrenadores cuando dejan de ejercer su función los que denuncien el encubrimiento de abusos y vejaciones que se producen en el entorno deportivo. Suelen señalar que el ambiente de familiaridad en los vestuarios, los viajes, la convivencia o las concentraciones son factores que pueden fomentar esas situaciones de acoso y abuso sexual en el deporte. Pero, como decía antes, es cierto que se denuncian muy pocas veces porque los autores suelen ser miembros del entorno del deportista que están en una posición de poder y autoridad sobre él, máxime si nos referimos a niños y adolescentes, que le manipulan y le engañan; y muy pocas veces suelen ser los otros, los propios compañeros.

Es preocupante también, y me gusta señalarlo aquí, que en la mayoría de los casos sean personas del sexo masculino quienes cometen esos delitos. Pero, como dicen responsables en esta materia, no podemos decir que el abuso y el acoso sexual en el deporte respondan solo a motivos de sexo; ni a motivos de sexo ni de edad ni de raza ni de orientación sexual, aunque de todo puede haber. Realmente es un fenómeno generalizado que afecta a todo el mundo. Y lo preocupante es que sean esas personas mayores, esos adultos que están en el entorno de los niños y los jóvenes, quienes realicen estas prácticas totalmente condenables.

La exposición de motivos de la moción del Grupo Popular dice que un niño o un joven no dispone de la fuerza moral y el valor para enfrentarse a su entrenador o entrenadora, y esa es una gran realidad, por lo que creemos fundamental que las personas adultas involucradas en el mundo del deporte sean sensibles y estén alertas para que no se produzca en su entorno estos casos que estamos denunciando.

Hay numerosas estrategias de prevención que recomiendan los expertos en las que se incluyen la elaboración de códigos de buenas prácticas, la educación y la formación, por supuesto, mecanismos de apoyo y denuncia y sistemas de control. Pero también hay que decir que las organizaciones deportivas —que pueden ser las más afectadas a la hora de elaborar estas estrategias— tienen también que tener mucha prudencia —como decía en mi primera intervención— para que no se produzcan o se generalicen acusaciones sin fundamento, que también han tenido lugar. Estamos de acuerdo en que todas las organizaciones deportivas desarrollen políticas y procedimientos para prevenir el acoso y el abuso sexual, pero con prudencia y con rigor, para evitar estos casos de acusaciones falsas que podrían darse.

Tenemos que evitar sobre todo que sea tabú hablar de este problema, tenemos que evitar que sea un problema hablar de ello e investigarlo. Parece ser que el Comité Olímpico Internacional, basándose en encuestas de carácter anónimo, destaca cómo no coinciden los datos que dan deportistas y entrenadores cuando hay que identificarse. Quizá sea un auténtico problema el que nadie se atreva a hablar de ello.

Ha habido numerosos casos en los últimos tiempos que nos han escandalizado a todos —no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo—. Por centrarnos en nuestro país: no puedo por menos que mencionar dos de los casos que últimamente se han producido y que nos han escandalizado a todo el país: el del karateca Torres Baena, que conmocionó a todo el deporte




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español, o la denuncia de un grupo de mujeres —que fueron las mejores gimnastas españolas a finales de los setenta— al entrenador de aquella época, Jesús Carballo, que le acusaron de abuso y acoso sexual. Como decía anteriormente, los casos se remontan ya a hace unos treinta años. A pesar de que la Policía da toda credibilidad a la denuncia, los delitos han prescrito. ¿Por qué lo denuncian tan tarde? También habría que analizarlo y animarles a que se atrevan y a que no sea así.

Por eso —y termino, señorías—, nos gustaría insistir en que hubiera sido bueno que el Grupo Popular aceptase nuestra enmienda, en la que pedíamos que se concretase que el Consejo Superior de Deportes suscriba un protocolo de colaboración con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General del Poder Judicial de cara a la especialización de agentes encargados de la detección y de la sanción del abuso deportivo infantil, del que, como digo, son pocos casos pero son muy graves.

Señorías, el día 19 de este mes se va a celebrar el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra el Niño, en el que va a terminar una campaña que llevan realizando durante diecinueve días previos, con la que quieren fomentar el activismo para evitar que se produzcan estos casos que tanto dañan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para lo que tenemos que hacer todo lo indecible, para prevenirlo y erradicarlo.

Anuncio que vamos a votar a favor de la moción a pesar de que no se haya admitido nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidente.

Señorías de todos los grupos, mi agradecimiento por la participación en esta moción con tanto interés, con tanto rigor y tratando de poner sobre la mesa todos aquellos aspectos que a todos nos preocupan.

Coincido con ustedes en que estamos ante un asunto muy delicado: muy delicado por la importancia de los hechos; muy delicado porque muchos niños practican deportes, algo absolutamente incuestionable; muy delicado porque, efectivamente, muchos padres y madres pueden sentir preocupación. Pero más me preocuparía a mí que todos estos padres y madres no supieran que las personas que los representan no se ocupan de temas que están en la calle, que están en la prensa y, nos guste o no, nos preocupan a todos.

Por supuesto que no es una práctica generalizada. Creo que en mi exposición inicial he dejado bien claro lo que opina el Grupo Parlamentario Popular sobre el deporte. Hablé de los beneficios para el individuo, de los beneficios para la sociedad, de los beneficios para la salud, de la importancia en la educación, en la creación de una identidad como país. En fin, creo que no se nos puede cuestionar que estemos haciendo ningún ataque ni contra el deporte, ni contra los deportistas, ni contra los entradores, ni contra los fisioterapeutas, ni contra todas aquellas personas que, con gran dedicación, con gran voluntad y con gran cariño, trabajan todos los días para nuestros menores, para que el día de mañana sean hombres y mujeres de provecho, para que conozcan valores que son necesarios en nuestra sociedad como son la responsabilidad, el respeto al prójimo, el trabajo en equipo y todas esas cosas que no voy a repetir porque ya las he anunciado.

El tema, señorías, es que se está produciendo una vulneración de los derechos humanos. El tema, señorías, es que nuestra obligación es velar por el bien superior del menor. El tema es que somos responsables de proteger a nuestros menores. Y el tema es que, efectivamente, hay abuso infantil en el deporte. Y esto no es algo que diga el Partido Popular, sino que lo dicen los datos, lo plantean en este momento las universidades, el propio COI lo está diciendo, muchos países de nuestro entorno están dedicando a este tema un gran trabajo, con rigor e intensidad. Por tanto, no voy a discutir, obviamente, sobre si la alarma social es mucha, es poca o es regular, pero sí está claro que últimamente ha habido casos muy sangrantes y que este es un tema que era necesario debatir.

Coincido con la representante del Grupo Vasco en que hay que trabajar por la igualdad. ¡Claro que hay que trabajar por la igualdad! De ahí viene el problema y de ahí vienen estas consecuencias. Esto es algo sobre lo que el Grupo Parlamentario Popular insistimos permanentemente, dando prioridad a trabajar por la igualdad. Hay que trabajar, sin duda, de una manera integral —también




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lo he dicho en mi exposición inicial— porque, al final, a lo que hay que ir es a eliminar las causas. Claro que sí, estamos absolutamente de acuerdo. Pero es que hay un problema: la dificultad está en identificar las situaciones de acoso porque, señorías, normalmente el que es acosado tiene miedo de decirlo, y ahí está el problema.

Claro que los datos no siempre son rigurosos. Nos tenemos que guiar por los que en este caso ha dado una universidad concreta, que es de donde proceden los que ustedes ven, pero tengan en cuenta que en toda situación humana puede haber variaciones. Insisto, el menor tiene mucha dificultad a la hora de acusar a alguien que es su entrenador y del que depende en muchas ocasiones su éxito en el futuro, y con el que puede tener un problema si dice algo que lo aparte del deporte, que no es lo que pretende el chico o la chica que tiene interés en ser un deportista. Por tanto, es imprescindible que se trabaje de una forma integral, como aquí se ha dicho.

También me ha alegrado oír que ya hay comunidades autónomas —y pienso en el País Vasco— en las que se está haciendo ya un trabajo. Cataluña también está haciendo un trabajo en este sentido porque tiene ya dos universidades trabajando en esta cuestión.

Le quiero decir a la representante de Entesa que comparto que lo que haya que hacer es dar herramientas a los profesionales para detectar. ¡Claro que es necesario detectar! Ese es el motivo por el que he aceptado la enmienda que usted nos plantea. No olvidamos, por supuesto, a los trabajadores, a los profesionales que trabajan y lo hacen de una manera seria, rigurosa y a favor de nuestro niños y jóvenes, pero sí hay una cosa que es absolutamente verdad, y es que hay que blindar el deporte contra los abusos, señorías, nos guste o no.

Entiendo que el senador Maldonado no considere que esto es una práctica habitual. Lo comparto, señor Maldonado, y lo he dicho en mi intervención inicial. Nadie está hablando aquí de que en el deporte hay una práctica habitual de acoso hacia nuestros jóvenes. No le discuto eso, pero sí le digo que este es un tema que generalmente no se denuncia y además, que cuando ya ha afectado a una persona, este problema es irreversible. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta.

Señorías, señor Maldonado, insisto en que no rechazamos en ningún momento al mundo del deporte —y siento ser reiterativa porque creo que se ha llevado el debate a un terreno que no es el correcto—, insisto en que estamos defendiendo a los menores y en que queremos blindar al deporte de una serie de circunstancias que le están afectando muy seriamente. Las últimas noticias han demostrado que son reales —ha habido condenas y, por tanto, se han producido. No estamos inventando nada.

Así pues, partiendo de la base de que este tema afecta a nuestra sociedad, que es un tema que vulnera los derechos humanos, que es un tema en el que hay que actuar con contundencia, insisto en que debemos trabajar en la manera que he expuesto en mi intervención anterior: hay que analizar, hay que prevenir, hay que detectar y hay que actuar de forma contundente cuando ya el mal se ha producido.

Insisto en defender un nuevo paradigma en el ámbito de defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que consiga —lo he dicho antes— un cambio de actitudes y prácticas en nuestra sociedad.

Quiero que quede bien claro que esta moción tiene como único objetivo proteger especialmente a los menores y, dentro de los menores, a los grupos más vulnerables, que son los que más han padecido estas situaciones de acoso.

Nada más, señorías.

Muchas gracias por su atención y por su manifestación de voto.

Muy buenos días a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Elorriaga.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que supone la adición de un punto cuarto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 232; en contra, 2.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos.)

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLICITAR A LA COMISIÓN EUROPEA LA PERTINENTE AUTORIZACIÓN PARA PODER APLICAR LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA DIRECTIVA 2003/96/CE, DE 27 DE OCTUBRE, A LA FABRICACIÓN DE PASTA PAPELERA, PAPEL Y CARTÓN.

(Núm. exp. 662/000108)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió el senador Bel por tiempo de quince minutos. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyores i senyors senadors, no els explicaré ara quina és la conjuntura econòmica actual —una conjuntura complicada, marcada per una forta recessió—. I més enllà dels debats de si ha finalitzat o no ha finalitzat aquesta recessió, tots podem coincidir que el diagnòstic és clar. Que aquesta recessió no hagi estat molt més profunda, o que s’iniciï —encara que sigui de forma molt suau— una recuperació de l’economia espanyola, té un punt fonamental, que és el sector exportador. El sector exportador té en aquests moments un paper de suplir una baixa demanda interna en termes generals.

Tampoc no cal que els expliqui que per exportar el que és absolutament necessari i bàsic és que les nostres empreses siguin competitives, als mercats internacionals i en comparació amb altres empreses dels mateixos sectors a altres països, i especialment als països de la Unió Europea. I tampoc no els he d’explicar que per tal que les empreses siguin competitives hi ha diferents factors que són fonamentals. Un que podríem esmentar és òbviament la productivitat de les nostres empreses, la productivitat de les empreses de l’Estat espanyol. Però també coincidiran amb mi que un altre factor fonamental, bàsic i imprescindible és la seva estructura de costos. I sobre aquesta estructura de costos el sistema fiscal també té una incidència especial. Si les nostres empreses estan sotmeses a una fiscalitat molt més elevada que empreses dels mateixos sectors d’altres països, i aquesta fiscalitat —entre cometes si volen— l’exporten a l’hora d’exportar els productes, segur que els fa molt menys competitives.

Doncs bé, en aquesta línia s’emmarca aquesta moció que els presento en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió el dia d’avui. I a la vegada té uns antecedents, i quins són els antecedents d’aquesta moció? L’antecedent d’aquesta moció és una llei que vam veure fa molt poques setmanes, concretament fa dos plens, en aquesta Cambra. És una llei per la qual s’establien determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adoptaven altres mesures tributàries i financeres. Concretament, l’article 6 d’aquesta llei que esmento feia una modificació important en la bona direcció de l’article 64.5è de la llei 38/1992, la Llei d’Impostos Especials. Aquesta modificació de l’article 64 —que parla de les exempcions de l’impost sobre l’electricitat— consistia a aplicar una bonificació —o pràcticament una exempció— a determinats sectors industrials intensius en la utilització de l’energia elèctrica en la seva producció.

La finalitat en aquell moment —que sorgia per iniciativa del Govern de l’Estat de la nació— era fomentar la competitivitat d’aquests sectors. I com ja vam exposar en aquell moment, nosaltres enteníem que anava en la bona direcció. L’única matisació a efectuar, i per la qual en aquell moment nosaltres vam presentar una esmena, era que hi havia un sector també important en l’estructura econòmica de l’Estat espanyol, que és el sector de la indústria paperera, que en quedava exclòs. És un sector que també és intensiu en la utilització de l’energia elèctrica, i aquesta energia té un pes important en la seva estructura de costos.

En aquell moment vam presentar una esmena, i cal dir que vam trobar bona voluntat per part del Partit Popular per intentar acceptar-la. Malgrat que vam fer una transaccional, no era suficient




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per poder dotar el sector paperer de l’exempció necessària d’aquest impost amb la finalitat única de fer-lo més competitiu en els mercats internacionals. Perquè és veritat que un dels objectius de l’economia espanyola en aquest moments ha de ser la consolidació fiscal. Però aquesta consolidació fiscal mai no pot provocar una falta de competitivitat en els mercats internacionals de les nostres empreses, perquè aleshores generarem una major recessió o una dificultat per a la recuperació econòmica.

Com deia, en aquell moment, malgrat la voluntat del Grup del Partit Popular —i també, segons em consta, la voluntat del Govern de l’Estat—, no es va poder aprovar una moció perquè s’entenia —s’entén— que prèviament cal demanar autorització a la Comissió per a l’aplicació d’algunes exempcions que preveu també la Directiva comunitària. De fet, l’article 17 de la Directiva 2003/96, de 27 d’octubre, per la qual es reestructura el règim comunitari de la imposició sobre els productes energètics i de l’electricitat, permet aquesta exempció, i també la seva aplicació a sectors intensius en la utilització de l’energia elèctrica en la seva producció. Però s’ha de sol·licitar una autorització.

I nosaltres entenem que el sector de la indústria paperera és bàsic en aquests moments —com deia— en l’àmbit de l’economia espanyola, i requereix d’aquesta exempció. De fet, la indústria paperera ha tingut un èxit exportador considerable al llarg dels últims anys. L’any 2012 aquesta indústria va exportar 3 milions de tones de paper, el que representa el 70% més que fa deu anys. Alhora, va exportar també 1,2 milions de tones de cel·lulosa —un 50% més del que exportava fa deu anys—. En aquests últims, anys la taxa d’exportació de tot el sector s’ha incrementat un 12% en cel·lulosa i un 15% en paper, i ha permès que la crisi que ha afectat tota l’economia espanyola pugui passar vorejant aquest sector.

En aquests moments, l’Estat espanyol és el sisè productor de paper de tota la Unió Europea —darrere d’Alemanya, Finlàndia, Suècia, Itàlia i França—; i a la vegada és el cinquè productor de cel·lulosa, de pasta de paper —darrere també de països com Suècia, Finlàndia, Alemanya i Portugal.

A l’Estat espanyol, aquest sector té 82 plantes industrials, que en aquests moments estan generant 18 000 llocs de treball directes i 90 000 llocs de treball indirectes. És veritat que aquestes 82 plantes es concentren essencialment a Catalunya, a l’Aragó i al País Basc, però hi ha plantes arreu de l’Estat espanyol.

Com deia, aquesta capacitat d’incrementar la producció perquè es col·locava una part important de la seva producció als mercats internacionals s’ha anat registrant fins l’any 2010. El 2011 aquestes empreses van començar a ser menys competitives, i efectivament, el 2012 s’ha estabilitzat la producció.

Hem de fer esforços per tal que la producció d’aquest sector pugui competir als mercats internacionals.

I vostès em poden preguntar: realment aquesta exempció que estem aprovant que se sol·liciti a la Comissió Europea tindrà un efecte sobre la indústria? Jo els he de contestar que sí. Perquè un dels motius pels quals les empreses són més competitives és la seva estructura de costos. Actualment, a la indústria paperera, en aquestes 82 plantes, evidentment hi ha diferències, però en totes elles entre el 10% i el 20% de la seva estructura de costos depèn fonamentalment del consum d’energia elèctrica i, per tant, també depèn de la fiscalitat que grava aquest consum.

No és raonable que en aquests moments aquest sector estigui suportant una fiscalitat que supera en vuit vegades la recomanada per la Directiva. No és normal que aquest sector estigui suportant una fiscalitat molt superior a la que estan suportant els sectors corresponents als països competidors —Alemanya, Finlàndia, Itàlia, Portugal o França—. Hem de resoldre aquesta situació, i crec que un primer pas bàsic i fonamental és que, entre tots i amb el màxim consens possible d’aquesta Cambra, es pugui aprovar aquesta moció, a l’efecte que el Govern iniciï el camí necessari perquè posteriorment es produeixi una modificació legislativa a l’article 64 de la Llei d’Impostos Especials. Per això és bàsic que se sol·liciti a la Comissió l’aplicació de l’exempció de l’article 17 que preveu la mateixa Directiva comunitària.

No voldria acabar la defensa d’aquesta moció sense fer justícia al Grup del Partit Popular, perquè vam acordar a la tramitació de la llei anterior —que abans he esmentat— la transacció d’una esmena i, a la vegada, el suport d’una moció posterior en la línia de la que avui presentem. No solament espero que el Partit Popular compleixi —i estic segur que serà així— amb el seu suport, sinó que també ens ha cedit la moció per poder accelerar en el temps aquesta aprovació,




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perquè, com he dit, això requerirà una autorització de la Comissió Europea i després una posterior modificació legislativa a la llei espanyola, i mentre es va dilatant aquesta aprovació, la nostra indústria paperera deixa de ser competitiva.

Per tant, vull agrair la predisposició, segons em consta, de la majoria dels grups en aquesta línia, i segurament no els ho agrairà només el Grup de Convergència i Unió, sinó que també els ho agrairan aquestes 82 plantes industrials, aquests 18 000 llocs de treball directes i aquests 90 000 llocs de treball indirectes, que esperem que en un futur puguin ser encara més, i que es pugui recuperar aquesta taxa de creixement del sector que s’ha produït al llarg dels últims anys i que s’havia estancat els darrers tres anys.

Per part meva, res més. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señoras y señores senadores, no les voy a explicar ahora cuál es la coyuntura económica actual —una coyuntura complicada, marcada por una fuerte recesión—. Más allá de los debates sobre si ha finalizado o no esta recesión, todos podemos coincidir en que el diagnóstico es claro. Que esta recesión no haya sido mucho más profunda o que se inicie —aunque sea de forma muy suave— una recuperación de la economía española tiene un punto fundamental, y este punto fundamental es el sector exportador. El sector exportador tiene en este momento el papel de suplir la baja demanda interna en términos generales.

Tampoco hace falta que les cuente que para exportar es absolutamente necesario, básico que nuestras empresas sean competitivas: competitivas en los mercados internacionales, competitivas en comparación con otras empresas de los mismos sectores de otros países, especialmente de los países de la Unión Europea. Tampoco tengo que contarles que para que las empresas sean competitivas existen distintos factores que son fundamentales. Uno que podemos mencionar es, obviamente, la productividad de nuestras empresas, la productividad de las empresas del Estado español. Pero también coincidirán conmigo en que otro factor fundamental, básico e imprescindible es su estructura de costes, y sobre esta estructura de costes, el sistema fiscal también tiene una incidencia especial: si nuestras empresas están sometidas a una fiscalidad mucho más elevada que las empresas de los mismos sectores de otros países y esa fiscalidad —dicho si quieren entre comillas— la exportan cuando sus productos, seguro que todavía son mucho menos competitivas.

Pues bien, en esta línea se enmarca la moción que les presento hoy en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se enmarca ahí. Pero a la vez tiene unos antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de esta moción? Los antecedentes de esta moción los encontramos en una ley que vimos hace muy pocas semanas en esta Cámara, concretamente hace dos Plenos, ley en la que se establecían determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y financieras. Concretamente el artículo 6 de esta ley que menciono hacía una modificación importante en la buena dirección, en la buena línea del artículo 64. 5º, de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. Esta modificación del artículo 64 —que habla de las exenciones sobre el impuesto de la electricidad— se enmarcaba en aplicar una bonificación —o prácticamente una exención— a determinados sectores industriales intensivos en la utilización de energía eléctrica en su producción.

La finalidad en aquel momento —que surgía por iniciativa del Gobierno del Estado de la nación— era fomentar la competitividad de estos sectores y la verdad —ya lo expusimos en su momento— es que nosotros entendíamos que iba en la buena dirección. El único matiz a efectuar, y por el que en aquel momento nosotros presentamos una enmienda, era que había un sector también importante en la estructura económica del Estado español que es el sector de la industria papelera y que quedaba excluido. Es un sector también intensivo en la utilización de energía eléctrica y esta energía tiene un peso importante en su estructura de costes.

En aquel momento presentamos una enmienda y debo decir que encontramos buena voluntad por parte del Partido Popular para intentar aceptarla, y a pesar de que se hizo una transaccional, no era suficiente para poder dotar a este sector papelero de la exención necesaria de este impuesto, con la finalidad única de hacerlo más competitivo en los mercados internacionales. Porque es verdad que uno de los objetivos de la economía española en estos momentos tiene que ser la consolidación fiscal, pero esta consolidación fiscal nunca puede provocar una falta de




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competitividad en los mercados internacionales de nuestras empresas, porque entonces sí que generaríamos una mayor recesión o una dificultad para la recuperación económica.

Como decía, en aquel momento, a pesar de la voluntad del grupo del Partido Popular —y también me consta la voluntad directamente del Gobierno del Estado— no se pudo aprobar una moción porque se entendía —se entiende— que previamente había que pedir autorización a la Comisión para la aplicación de algunas exenciones, lo cual prevé también la directiva comunitaria. De hecho, el artículo 17 de la Directiva 2003/96, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de la imposición sobre los productos energéticos y de electricidad, permite esa exención y también su aplicación a sectores intensivos en la utilización de energía eléctrica en su producción. Pero hay que solicitar una autorización.

Nosotros entendemos que el sector de la industria papelera es básico en estos momentos —como decía— en el ámbito de la economía española y requiere de esa exención. De hecho, la industria papelera ha tenido un éxito exportador considerable a lo largo de los últimos años. En el año 2012 esta industria exportó 3 millones de toneladas de papel, lo que representa un 70% más que hace diez años, y, al mismo tiempo, 1,2 millones de toneladas de celulosa —un 50% más de lo que exportaba hace diez años—. En estos últimos años la tasa de exportación de todo el sector se ha incrementado un 12% en celulosa y un 15% en papel, lo que le ha permitido que la crisis que ha afectado a toda la economía española pueda pasar bordeando, rodeando a este sector.

En estos momentos, el Estado español es el sexto productor de papel de toda la Unión Europea —detrás de Alemania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia— y, a la vez, es el quinto productor de celulosa, de pasta de papel —detrás también de países como Suecia, Finlandia, Alemania y Portugal.

Este sector, en el Estado español, tiene 82 plantas industriales, que en estos momentos están generando 18 000 puestos de trabajo directos y 90 000 puestos de trabajo indirectos. Es cierto que estas 82 plantas se concentran esencialmente en Cataluña, en Aragón y en el País Vasco, pero existen por todo el Estado español.

Como decía, esta capacidad de incrementar la producción —porque una parte importante se colocaba en los mercados internacionales— se ha ido registrando hasta el año 2010. En 2011, estas empresas empezaron a ser menos competitivas, y, efectivamente, en 2012 se ha estabilizado la producción.

Tenemos que hacer un esfuerzo para que la producción de este sector pueda competir, como decía, en los mercados internacionales.

Ustedes me pueden preguntar: ¿La solicitud de esta exención a la Comisión Europea que estamos aprobando tendrá realmente un efecto sobre la industria? Yo tengo que contestarles que sí. Sí porque, como les decía, uno de los motivos por los que las empresas son más competitivas es su estructura de costes. Actualmente, en la industria papelera, en estas 82 plantas, evidentemente hay diferencias, pero en todas ellas, entre el 10% y 20% de su estructura de costes depende fundamentalmente del consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, también de la fiscalidad que grava ese consumo.

No es razonable que, en estos momentos, este sector esté soportando una fiscalidad que supera en ocho veces la recomendada por la directiva. No es normal que este sector esté soportando una fiscalidad muy superior a la que están aguantando los sectores correspondientes en los países competidores —Alemania, Finlandia, Italia, Portugal, Francia—. Tenemos que resolver esta situación, y yo creo que un primer paso, básico y fundamental, es que entre todos, y con el máximo consenso posible de esta Cámara, se pueda aprobar esta moción a los efectos de que el Gobierno inicie el camino necesario para que se produzca posteriormente una modificación legislativa en el artículo 64 de la Ley de Impuestos Especiales. Para eso es básico que se solicite a la Comisión la aplicación de la exención del artículo 17, que prevé la misma Directiva comunitaria.

No querría acabar la defensa de esta moción sin hacer justicia al grupo del Partido Popular, porque acordamos la tramitación de la ley anterior —que antes he mencionado—, la transacción de una enmienda y, al mismo tiempo, el apoyo a una moción posterior en la línea de la que hoy presentamos. El Partido Popular no solo espero que cumpla —y estoy seguro de que será así— su apoyo, también nos ha cedido la moción, para poder acelerar en el tiempo esta aprobación, porque, como he dicho, esto precisará de una autorización de la Comisión Europea y luego de una




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posterior modificación legislativa en la ley española, y mientras se va dilatando esta aprobación, realmente nuestra industria papelera deja de ser competitiva.

Por lo tanto, quiero agradecer la predisposición, según me consta, de la mayoría de los grupos hacia esta línea. Seguramente no solo se lo agradezca el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino también esas 82 plantas industriales, los 18 000 puestos de trabajo directos y los 90 000 indirectos, que esperamos que en el futuro puedan ser aun más, y que la tasa de crecimiento del sector a lo largo de los últimos diez años, estancada durante los tres últimos, se pueda recuperar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra. (Pausa.)

No hay turno en contra.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor presidente, intervengo desde el escaño para decir que en reiterados debates en esta Cámara hemos reflexionado sobre la relevancia de los costes energéticos y su repercusión en la productividad. No discuto que esos costes energéticos tengan especial repercusión en la industria de fabricación de pasta papelera, pero esa es una realidad compartida por otros sectores industriales. En mi comunidad autónoma, que contamos con una papelera de la antigua empresa pública ENCE, igualmente hay asentadas industrias dedicadas a la siderurgia, a la producción de zinc y de aluminio, todas ellas con elevados costes energéticos por utilizar la energía eléctrica como factor determinante de su producción. En consecuencia, todas ellas podrían aspirar a un tratamiento similar al que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para el sector del papel y del cartón.

Por lo tanto, consideramos que sería necesario un planteamiento más global —motivo por el cual nos vamos a abstener en esta propuesta— que diera respuesta a las necesidades de todos estos sectores industriales.

Una segunda consideración. El planteamiento más generalizado que se extiende a todas aquellas industrias que consumen energía eléctrica como un elemento fundamental de su producción debería ir acompañado de la exigencia de contraprestaciones, algo que tampoco se plantea en esta moción. En muchos casos, estamos hablando de multinacionales que mantienen como espada de Damocles la amenaza de deslocalización si, entre otras cuestiones, no se da respuesta a esta demanda de rebaja de los costes energéticos y también de los costes salariales.

En consecuencia, si se opta, desde una política industrial de la que carece este Gobierno, por afrontar de forma seria y rigurosa la solución a estas demandas para mejorar la competitividad de estos sectores industriales, dicha medida debiera ir acompañada de la exigencia de contraprestaciones que supongan compromisos de estabilidad en el empleo y permanencia en la actual ubicación de las industrias, planteando sanciones para el caso de que se produzca un incumplimiento de estos condicionantes.

Señorías, no tendríamos ningún inconveniente en respaldar una moción en la que se recogieran todas estas cuestiones. Me planteé la posibilidad de enmendarla introduciendo estos términos, pero reconozco que enmiendas de estas características supondrían un cambio sustancial y, por respeto al grupo proponente, prefiero mantenerme en la abstención y, desde luego, expresar nuestro compromiso de respaldar una moción que proponga una visión más general del problema de los costes energéticos en los sectores industriales españoles.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño para anunciar nuestro voto favorable a la moción presentada por el senador Bel. Suscribo todas y cada una de sus palabras, dichas con tanta elocuencia que no hace falta responder.




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Consideramos que el sector papelero, como bien ha mencionado, es un sector importante para la economía vasca, un sector intensivo en el uso de la energía eléctrica que cuenta con un nivel alto de internacionalización. Por lo tanto, consideramos que la solicitud de exención será un elemento clave de mejora de su competitividad.

Lamento profundamente que las apreciaciones del senador Iglesias no hayan sido incorporadas, pues nos habría gustado incluir ese tipo de consideraciones. De todos modos quiero dejar constancia de que mi grupo parlamentario en el debate original sobre el proyecto de ley por el que se regulan estos nuevos impuestos ya votó en contra. Nos gustaría que estos impuestos, que son opcionales para los Estados miembros, no hubiesen sido incorporados a la normativa fiscal española, pero no es el caso. Entendemos, además, que es de justicia que el sector de fabricación de la pasta de papel y el sector papelero en general cuenten con condiciones que permitan mejorar su competitividad.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, també des de l’escó vull anunciar el vot favorable del nostre grup a la moció presentada pel Grup de Convergència i Unió i defensada pel senador Bel. Compartim l’argumentari. Tot allò que sigui abundar en les mesures per facilitar la competitivitat de les nostres empreses tindrà evidentment el suport del nostre grup. Estem davant d’un tipus d’indústries que, entre altres coses, són consumidores importants d’energia, i per tant s’ajusten plenament al que preveu la Directiva 2003/96 de la Unió Europea, amb aquest tipus d’exempcions, sempre que es comuniqui prèviament i es demani l’autorització a la Comissió Europea.

El nostre grup també va participar al debat del projecte de llei al que al·ludia el senyor Bel, la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, i a l’esmena transaccional que va permetre avançar en aquesta direcció, i que recollia que les activitats que quedaven recollides a la subsecció 21, als apartats 11 i 12 del codi NACE de la Unió Europea, a part de les que s’al·ludien directament, d’alguna manera també havien de quedar exemptes d’aquest impost harmonitzat.

En definitiva, com ha dit el senador Bel, es tracta de ser competitius i estar com a mínim al mateix nivell que altres indústries del mateix sector a la resta de països de la Unió Europea. Per tant, crec que avui estem fent un pas positiu que mereix el suport del nostre grup i de la resta de grups parlamentaris.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, también desde el escaño quiero anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y defendida por el senador Bel. Compartimos el argumentario. Todo lo que sea abundar en las medidas para facilitar la competitividad de nuestras empresas tendrá, evidentemente, el apoyo de nuestro grupo. Estamos ante un tipo de industrias que, entre otras cosas, son consumidoras importantes de energía y, por tanto, se ajustan plenamente a lo que prevé la Directiva 2003/96 de la Unión Europea, que precisamente prevé ese tipo de exenciones siempre que se comunique previamente y se pida autorización a la Comisión Europea.

Nuestro grupo también participó en el debate del proyecto de ley, a que aludía el señor Bel, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y asimismo en la enmienda transaccional que permitió avanzar en esa dirección y que recogía que las actividades que quedaban plasmadas —aparte de aquellas a las que se aludía directamente— en la subsección 21, apartados 11 y 12 del código NACE del Reglamento de la Unión Europea, deberían quedar exentas de algún modo de este impuesto armonizado.

En definitiva, como ha dicho el senador Bel, se trata de ser competitivos y de estar, como mínimo, al mismo nivel que otras industrias del sector en el resto de países de la Unión Europea.




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Por tanto, creo que hoy estamos dando un paso positivo que merece el apoyo de nuestro grupo y del resto de grupos parlamentarios.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Vull agrair a tots els grups que ja han anunciat el seu vot favorable, fins i tot l’abstenció que anunciava el senador Iglesias; però amb alguna matisació, si m’ho permet, senador Iglesias.

He dit que hi havia uns antecedents, que es fixaven en una modificació de l’article 64 de la Llei d’Impostos Especials que es va fer a l’última Llei de Mesures de Fiscalitat Ambiental. En aquell moment ja s’establien unes exempcions, amb una bonificació d’un 85%, per a alguns dels sectors que vostè ha esmentat. Precisament, li recordo que era per a sectors de reducció química i processos electrolítics, processos mineralògics, processos metal·lúrgics... No m’estendré en la definició. L’únic que fem ara és el que no es va fer en aquell moment. Alguns d’aquests sectors que vostè ha esmentat ja van ser bonificats o dotats d’exempció en una anterior modificació legislativa. El que preteníem ara era adaptar aquest sector, que també és, al nostre parer, intensiu en la utilització d’energia elèctrica, i era l’únic intensiu en la utilització d’energia elèctrica que quedava fora d’aquest bon tracte fiscal, a l’efecte de fer-lo competitiu.

I vull fer una segona matisació quant a la possibilitat que aquestes indústries fossin indústries multinacionals i que fossin grans indústries. Crec que tampoc no hem de diferenciar molt a l’hora de ser exigents en determinades contraprestacions si les indústries són multinacionals o no ho són. Li puc explicar les que nosaltres tenim més a prop, les que tenim a Catalunya i algunes compartides amb l’Aragó. Són indústries de capital català, de capital espanyol; són totes elles indústries d’origen familiar, i són indústries que difícilment es deslocalitzaran. És veritat que algunes d’aquestes indústries estan invertint en altres països, especialment europeus, però cal tenir en compte que són indústries de capital espanyol, de capital català, i per tant, són indústries que estan molt aferrades al nostre teixit productiu, i no seran aquestes les indústries que marxaran d’un dia per l’altre. En tot cas, que no tinguin la capacitat, donat el seu origen, de marxar a altres països i abandonar les actuals ubicacions no vol dir que les haguem de maltractar fiscalment i no haguem de fer tot el possible per poder fer-les més competitives. Ja no insistiré més en els arguments; ha quedat clar.

Torno a agrair la predisposició del Grup Popular. Malgrat això, i de comptar amb el suport del Partit Popular, sí que demanaria als serveis de la Cambra, senyor president, que rectifiquin el títol que han assignat a la moció, perquè parlen —com em deia un senador del Partit Popular— de la fabricació de la pasta «peperera». Tot i comptar amb el suport del Partit Popular, la pasta que aquí pretenem fer més competitiva és la pasta paperera, i no la «peperera».

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Quiero agradecer a todos los grupos que han anunciado su voto favorable, incluso la abstención que anunciaba el senador Iglesias, pero con algún matiz, si me lo permite el señor senador.

He dicho que había unos antecedentes que se fijaban en una modificación del artículo 64 de la Ley de impuestos especiales que se hizo en la última Ley de medidas de fiscalidad ambiental. En aquel momento ya se establecía una bonificación en un 85% para algunos de esos sectores que usted ha citado. Le recuerdo que eran precisamente para sectores de reducción química y procesos electrolíticos, mineralógicos, metalúrgicos y otros. Por tanto, lo único que hacemos ahora es lo que no se hizo en aquel momento. Algunos de esos sectores que usted ha mencionado ya fueron bonificados o dotados de exención en una anterior modificación legislativa, y lo que pretendíamos ahora es adaptar este sector que a nuestro entender también es intensivo en el uso de energía eléctrica y que era el único que quedaba fuera de ese buen trato fiscal a efectos de hacerlo competitivo.

Quiero hacer un segundo matiz en relación con la posibilidad de que estas industrias fueran multinacionales y grandes industrias. Creo que tampoco hay que diferenciar mucho a la hora de ser




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exigentes en determinadas contraprestaciones sobre si las industrias son multinacionales o no, pero yo puedo hablarle de las que nosotros tenemos más próximas, de las que tenemos en Cataluña y algunas compartidas con Aragón.Son industrias de capital catalán, de capital español, todas ellas de origen familiar que difícilmente se van a deslocalizar. Es cierto que algunas están invirtiendo en otros países, especialmente europeos, pero hay que tener en cuenta, repito, que son industrias de capital español, de capital catalán, muy arraigadas en nuestro tejido productivo y, por tanto, no van a irse de un día para otro. En cualquier caso, que no tengan capacidad, dado su origen, de irse a otros países y abandonar sus actuales ubicaciones no quiere decir que haya que maltratarlas fiscalmente y que no haya que hacer todo lo posible para que puedan ser más competitivas, pero no voy a insistir más en los argumentos porque considero que ha quedado claro.

Vuelvo a agradecer la predisposición del Grupo Parlamentario Popular pero, a pesar de contar con su apoyo, quisiera pedir a los servicios de la Cámara y al presidente que rectificaran el título que se le ha dado a la moción en el panel electrónico porque dice: fabricación de pasta «pepelera», y a pesar de que cuesta, con el apoyo del Partido Popular la pasta que pretendemos hacer más competitiva es la pasta papelera y no la «pepelera».

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta moción, que ya les adelanto que será favorable, porque entendemos que viene a enmendar un problema que se produjo durante la tramitación del proyecto de ley al que nos hemos referido varias veces y que también han mencionado los senadores Bel e Iglesias.

En aquel momento mi grupo presentó una enmienda en la que proponíamos incluir en la modificación del artículo 64 a las empresas que fabrican pasta, efectivamente, papelera, y papel y cartón porque forman parte de una industria que, como también ha definido el señor Bel y por tanto no voy a abundar en ello, cumple toda una serie de características. Prácticamente el 18% de su estructura de costes deriva de la energía, son fuertemente exportadoras y, por tanto, merecían que se hubieran tenido en cuenta estos aspectos cuando debatimos aquella ley.

Les tengo que confesar que para mí es un arcano la tramitación de esta moción. No entiendo cómo después de presentarse una enmienda hace un mes en la tramitación de un proyecto de ley, y que entonces se rechazó, ahora se presenta una moción que dice que sí, a pesar de que estemos de acuerdo en que sí. Y tampoco entiendo por qué si el Gobierno está de acuerdo en pedir permiso a Europa para hacer esto, necesita una moción del Senado para que le diga que por favor pida permiso a Europa. Esto, repito, forma parte de estos arcanos parlamentarios que uno nunca llega a entender: de repente se presenta una moción que se rechaza porque se dice que ya se está haciendo y después tienen que pedirle a un grupo, que no es el suyo, que presente una moción para que les diga que lo hagan. Pero renuncio a entenderlo, no consigo entender las formas, y ya lo he hablado con el senador Bel y con mi compañero el senador Vázquez. En cualquier caso sí es cierto que esta es una buena decisión y, por lo tanto, nosotros la vamos a apoyar.

Nos gustaría ir un poquitín más allá. Nosotros entendemos, y esto es algo que no se ha dicho, que esta industria del sector papelero tiene, además, otra característica, y es que en los últimos años está apostando por la cogeneración, por usar otras fuentes de energía, y una por las que apuesta es la biomasa. Y aquí nosotros, añadiendo que estamos muy contentos de que esto se vaya a tramitar y favorablemente, queremos animar al Gobierno y al grupo que le da soporte, a que tengan también en cuenta este tipo de detalles en la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico, porque ir en contra o en el camino inverso de apoyar las energías renovables y de apoyar la biomasa, también es hacerle daño a este tipo de industrias. Esta industria cada vez está utilizando más la biomasa y está especialmente dotada para ello, porque los propios residuos de su proceso de fabricación sirven como fuente de energía, y el hecho de legislar en contra de las energías renovables, que es lo que está haciendo el Partido Popular, es malo para estas empresas. Lo digo para que no tengamos que vernos dentro de algunos meses apoyando una moción de algún grupo parlamentario, porque aquello que se dijo en la Ley del Sector Eléctrico y que iba en contra de la biomasa afecta a la industria del papel.




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Por lo tanto, les animamos a seguir por el camino de mejorar la competitividad de nuestras empresas con este tipo de medidas, no solamente con el descenso de salarios. Y votaremos a favor de esta moción que nos parece adecuada, como ya nos parecía adecuada la enmienda que presentamos hace un mes al proyecto de ley que hemos citado un par de veces.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Granados.

El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente para anunciar el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular a la moción que presenta Convergència i Unió por medio del senador Bel. En primer lugar, porque nosotros, señoría, tenemos la sana costumbre de cumplir con nuestros compromisos. Y es verdad que habíamos llegado a un compromiso con ustedes durante el debate de la Ley sobre fiscalidad medioambiental, con el objetivo de llegar al resultado que todos queremos, que es ni más ni menos que se produzca esta exención en el impuesto sobre la electricidad a la industria papelera. Sí quiero decir que en aquel momento, por contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no se pudo hacer porque de acuerdo con la directiva y también con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este tipo de cuestiones se tienen que someter a la consulta de la Comisión, a menos que uno se quiera exponer a que con posterioridad se abra algún proceso sancionador por considerarse, como se considera, ayuda de Estado. Y ese proceso sancionador va en detrimento de la industria, en detrimento de la imagen de España y, en consecuencia, por seguridad de todos, por seguridad jurídica fundamentalmente, es bueno que se tramite a través de este procedimiento.

En segundo lugar, también existe el compromiso, como usted manifestaba, de empujar, porque esta declaración no pasa de ser una mera declaración si se queda ahí parada y, mientras tanto, esa competitividad a la que todos los grupos parlamentarios nos hemos referido se seguiría perdiendo.

Quiero también manifestar que no solo es por el compromiso que tenemos con ustedes, sino porque creemos que es de justicia que así sea. Se ha repetido aquí de manera reiterada que esta es una industria fundamental desde el punto de vista estratégico para la economía española. Es un sector, además, que ha acometido una reconversión muy importante, que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su estructura de costes, que durante la crisis también ha hecho un esfuerzo de exportación extraordinario —usted ha dado las cifras, señor Bel—, aproximadamente el 50% de las ventas son en el exterior, y que han hecho un esfuerzo de mantenimiento de los puestos de trabajo: 100 000 personas entre puestos directos e indirectos están trabajando en este sector. Por lo tanto, parece conveniente y justo el que hagamos esta petición, esta consulta y la posterior modificación.

Este es, además, un sector que, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se basa fundamentalmente en la cogeneración, pero es una cogeneración de autoconsumo, y a esto no le afecta para nada aquello a lo que se refería su señoría. Al autoconsumo en cogeneración, en cualquier caso, no le afectará la Ley del Sector Eléctrico; afectará a aquellos que vendan los excedentes de electricidad en el mercado de la energía, a los que evidentemente se les aplicarán aquellas condiciones que permitan que el consumidor español en su conjunto también pague unos costes de la electricidad que sean razonables.

Solo quiero hacer un par de matizaciones a lo que ha dicho el señor Iglesias, una ya la ha hecho el señor Bel en cuanto a que hay otras industrias que están en esta situación. Hay tres grandes sectores que ya están dentro de las exenciones a las que nos estamos refiriendo: el siderometalúrgico, el minero y el químico. Lo de la deslocalización, señoría, no sé en qué sentido lo dice. No se trata de que se dé una exención a la empresa o al sector y después se vaya a trabajar a Alemania con la empresa porque entonces la exención la ha perdido. En todo caso, la deslocalización sería de una región a otra porque se trata de un impuesto nacional y, por lo tanto, esa cuestión está salvada.

Yo le pediría al señor Iglesias, apelando a su generosidad, que reconsidere ese voto de abstención. Estamos pidiendo una exención no para multinacionales, sino para 100 000 trabajadores y los que puedan venir en el futuro, con el objetivo de que nuestras empresas papeleras sean más competitivas y no se vean afectadas por una cuestión meramente fiscal.




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Nuestro voto va a ser afirmativo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Granados.

Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPAL PUEDAN ACOGERSE A LOS PLANES DE PAGO A PROVEEDORES CON LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LOS MUNICIPIOS.

(Núm. exp. 662/000109)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción, se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch, por un tiempo de quince minutos.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que plantea el Grupo Parlamentario Socialista no es un tema menor, aunque se refiera a las entidades locales menores. Para nosotros, es un asunto de primer orden puesto que afecta a 3725 entidades locales en toda España. Desde el punto de vista del contenido, la moción es importante porque permite acudir a los planes de pago a proveedores, pero también lo es desde un punto de vista más de fondo. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista piensa es que del conjunto del proyecto de ley que ahora está en marcha parece deducirse un designio político para favorecer la disolución de las entidades locales menores. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

¿Por qué decimos eso? En primer lugar, porque en el artículo 3.2 desaparece la letra a), que era la referida precisamente a entidades locales menores, mientras que las otras dos referencias que contiene la ley van en el mismo sentido: por un lado, la posibilidad, ampliada en un plazo de tres meses a un año, de que solo sobrevivirán si rinden cuentas satisfactoriamente y, por otro, el precepto que prevé la posibilidad también de disolución, en el supuesto de que el ayuntamiento matriz entre en un plan de ajuste. (Rumores.)

En definitiva, mi grupo considera que se han utilizado argumentos de escasa cuantía; por un lado, se ha alegado, en ocasiones, que podía no haber garantías de retorno de esos préstamos, cuando es evidente que los puede haber perfectamente a través de los ayuntamientos matrices o de las diputaciones provinciales. (Rumores.)

Ese argumento… Señor presidente, creo que se oye mal.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, lleva toda la razón. Ruego silencio en el hemiciclo.

EL SEÑOR BELLOCH JULBE: Muchas gracias.

Les decía que ese argumento no parece serio ni significativo, pero tampoco de tipo económico. Por otro lado, a estas alturas todos sabemos que las administraciones locales no somos el




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problema de la deuda pública; al revés, somos el 4,1% frente al 18,1% de las comunidades autónomas o frente al 76,2% de la Administración General del Estado. Hoy, nadie puede afirmar seriamente que el problema de la deuda de las administraciones públicas es de las administraciones locales. Pues bien, de parecida manera podemos afirmar que sería absurdo decir que las entidades locales menores sean el problema de la deuda de las administraciones locales porque no es cierto, supone exclusivamente el 0,5% de la deuda municipal. En definitiva, el problema en términos económicos sería el 0,5% del 4,1%. Evidentemente, eso equivale a decir que no es verdad tal problema.

La realidad de las entidades locales menores es sumamente compleja, como saben ustedes. Comprende desde núcleos pequeños y dispersos —sobre todo en el norte de España, aunque hay de todo— hasta entidades que tienen mucha importancia en términos de número de habitantes, mucho más que muchos municipios que sí que tienen esa plena independencia.

Por tanto, a través de este proceso, tenemos que tener en cuenta que hay entidades locales menores, por ejemplo, Torrenueva —cuyo alcalde, por cierto, está aquí, y le doy la bienvenida—, que tiene 3000 habitantes, o Trabajo del Camino, en León, que tiene más de 20 000 habitantes, y ambas son entidades locales menores.

Es evidente que si desaparecen, si se pretende su disolución, se van a producir graves problemas; por un lado, convertir a los habitantes de esas entidades locales en ciudadanos de segunda división y, en segundo lugar, puede fomentar una tendencia centrífuga; es decir, una tendencia a que si corren riesgo como entidad local menor pretendan iniciar los procesos para convertirse en verdaderos municipios —proceso que ya se ha iniciado en algunos casos—. Y me parece evidente que este tipo de procesos pueden generar el resultado paradójico de que al final del proceso haya más municipios, cuando lo que se pretendía era reducir su número, y sobre todo fuertes tensiones entre las administraciones y entre los propios vecinos y vecinas.

Señorías, presidente, me parece evidente que las entidades locales menores están entroncadas en la tradición local española desde el año 1870, y desde entonces han cumplido funciones, yo creo que bien realizadas, de descentralización y de aproximación a los ciudadanos en la prestación de servicios públicos tan importantes como los que actualmente tienen atribuidos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de cifras importantísimas. Las entidades locales menores, muchas de ellas en propiedad comunal, tienen 3,5 millones de hectáreas. Por lo tanto, hay intereses serios, reales, detrás de este trato discriminatorio e injusto contra las entidades locales menores.

Por eso me atrevo a solicitarles con toda claridad a todos ustedes que aprueben esta moción, que no pretende otra cosa que el que les sea de aplicación también a las entidades locales menores la posibilidad de aplicar planes de pago a proveedores con los mismos derechos y obligaciones que el resto de las entidades locales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Belloch.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular quiere defender la enmienda de sustitución que ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

En la enmienda planteamos instar al Gobierno a seguir poniendo en marcha todas medidas necesarias para erradicar la morosidad en todo el sector público mejorando la confianza en todas las administraciones públicas como base imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española; como digo en todo el sector público, incluyendo entidades públicas, entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

¿Y por qué presentamos esta enmienda, señorías? Presentamos esta enmienda porque de eso estamos hablando. Cuando hablamos de pago a proveedores estamos hablando de combatir y de erradicar la morosidad, porque estamos hablando de asegurar que todas las facturas se paguen en tiempo y forma, y porque con ese objeto es con el que se creó y se diseñó el mecanismo de pago a proveedores: la reducción de la morosidad en las administraciones públicas como elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía, porque es absolutamente necesario para reducir las necesidades de financiación de nuestras empresas y porque es un




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elemento esencial en la confianza. Por eso, el compromiso con la erradicación de la morosidad en todo el sector público que planteamos en nuestra enmienda ha existido desde el minuto cero y está en el origen de toda esa cadena de medidas que puso desde el principio en marcha el Gobierno; medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las entidades locales como también de las comunidades autónomas y, en definitiva, de todas las administraciones territoriales.

No podemos olvidar cuál es el punto de partida de ese mecanismo de pago a proveedores cuando se plantea una iniciativa en relación con ese mecanismo. Y por eso quiero hacer una breve referencia a ese origen o a ese contexto en el que el Gobierno diseña, plantea y aprueba el mecanismo de pago a proveedores. Y es esa situación que había en diciembre de 2011, muy especialmente conocida por los alcaldes, senador y alcalde Belloch; y es que, como ya nos decían en esta Cámara el 10 de marzo de 2010 desde la federación de municipios, el problema de los ayuntamientos, también el problema de las entidades menores, —decían ellos— no es ya hacer inversiones, no es disponer de un PlanE, es mantener las puertas abiertas y poder pagar la luz y la calefacción. El problema de los ayuntamientos, senador Belloch, es que estaban acumulando deuda y en muchos casos poniendo en serio riesgo la capacidad de financiación de los municipios y la capacidad de prestar los servicios públicos más fundamentales para los vecinos. Como los ayuntamientos tenían problemas para pagar, los empresarios, las pymes, los autónomos tenían problemas para cobrar; porque, si los ayuntamientos no pagaban, estaban poniendo en serio peligro la viabilidad y la sostenibilidad económica de muchas empresas, de muchos proveedores y poniendo en problemas a muchos pequeños empresarios y emprendedores de este país.

Por eso, para dotar de liquidez a los ayuntamientos, para asegurar la prestación de los servicios públicos, pero también para frenar la destrucción masiva de empleo, que no es más que la punta del iceberg de la destrucción del tejido productivo, se puso en marcha ese procedimiento, porque era esa morosidad la que hacía que pymes y autónomos, en esa situación de crisis y de grave restricción al crédito, tuvieran que soportar en gran medida la caída de los ingresos de las administraciones, y estaban pagando una buena parte del déficit de las administraciones, de todas las administraciones: de la Administración del Estado en mayor medida, pero también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

En este contexto surge y se aprobó el plan de pago a los proveedores, señorías, y tampoco se pueden olvidar todos los instrumentos, todos los decretos que han dado lugar a este plan. Me puede preguntar por qué no incluir a las entidades locales. Sencillamente, porque el mecanismo de financiación cuenta en última instancia con la garantía de la participación en los tributos del Estado, y usted lo sabe. En el artículo 17 del Decreto 8/2013 se dice que la garantía para el pago de las obligaciones de esas operaciones de endeudamiento, para la financiación de los pagos a proveedores, es siempre la participación en tributos del Estado; participación en tributos del Estado de la que las entidades locales de ámbito inferior al municipio están expresamente excluidas, de acuerdo con el artículo 156.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, senador Belloch.

Por tanto, ¿por qué no se han incluido las entidades locales menores? Sencillamente porque el único límite lo impone la ley y porque en este momento no podemos proponer, como hace su moción, un incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales. Por eso, nuestra enmienda, aunque permítanme que les diga que está en el ánimo del Partido Popular —lo ha estado siempre en las sucesivas fases del mecanismo de pago a proveedores— ir ampliando tanto el ámbito subjetivo como el ámbito objetivo de aplicación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Permítanme que les diga que siempre ha estado en el ánimo del Gobierno esa ampliación, y así lo expresaba el propio ministro, quien decía que con esta última fase, la tercera fase, la del Decreto 8/2013, se pretende saldar la deuda comercial acumulada por entidades locales y comunidades autónomas. Realmente, el ánimo es llegar a la cobertura de absolutamente todas las entidades públicas. Pero, como he señalado, por esa imposibilidad expresa, porque las entidades locales están excluidas de la participación en los tributos del Estado, es por lo que no se han incluido en esas sucesivas ampliaciones.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no la enmienda.

El señor BELLOCH JULBE: Señoría, si realmente es un problema legal, cambien la ley. Están acostumbrados a hacerlo, lo han hecho constantemente a lo largo de esta legislatura. (Aplausos.) Pero no es verdad, es un argumento menor. Es evidente que se puede garantizar la devolución de los préstamos sin ningún problema, simplemente dirigiéndose al ayuntamiento matriz y ordenándole que retenga las cantidades que correspondan a esos préstamos. Se acabó, no es muy complicado, y sin reforma legal alguna.

Por lo tanto, obviamente, no vamos a aceptar esa enmienda, que no es una enmienda, es, en realidad, una moción diferente que ni siquiera menciona a las entidades locales menores, lo cual, sinceramente, nos parece un escándalo. Está bien que hagan caso del ministro de Economía y Hacienda, pero que además pretendan engañar una vez más a las entidades locales menores es francamente inaceptable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Belloch.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso de la palabra? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on senatari jaun-andreok.

Me parece oportuno defender a las entidades locales menores. Evidentemente usted defiende a todas las entidades locales, pero probablemente las menores, de las que en Euskadi no tenemos mucha experiencia, sean las más huérfanas de todo el sistema y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo añadido.

Usted ha hecho referencia a la nueva ley que entra mañana en esta Cámara, y ahí todavía nos queda procedimiento para poder trabajar. Por lo tanto, pensé que usted se refería más concretamente a los reales decretos 4/2012, de 24 de febrero, en el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para el pago a proveedores, y el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores en los que, evidentemente, sucede lo que usted ha comentado. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la presidencia.)

La disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 7/2012 dice que, como consecuencia de las especialidades del régimen foral, el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, no será de aplicación a las entidades locales del País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, me cuesta mucho dar mi opinión en cuanto a adoptar las medidas necesarias para que entidades de ámbito territorial inferior al municipal puedan acogerse a los planes de pago a proveedores.

Dicho esto, sí estoy de acuerdo con usted en que lo que hay que perseguir, exigir y conseguir es la suficiencia financiera de todas las entidades locales que estén trabajando y que tengan representatividad de los ciudadanos, sean menores, mayores o mediopensionistas. Los concejos probablemente son las únicas entidades locales menores que hay que en el territorio histórico de Álava, pero llamar entidad menor a un municipio, como usted ha comentado, de 3000 habitantes o de 20 000 la verdad es que suena un poco a chiste, y se da el efecto paradójico que usted dice, que también se va a recoger probablemente en la ley, y es que al final vamos a acabar teniendo más municipios de los que se supone que se querían evitar, por lo tanto, tampoco tengo mucho interés en que se elimine ningún municipio.

Estamos de acuerdo con todo, pero pese a ello nos cuesta votar que sí. Por lo tanto, nos vamos a abstener, estando de acuerdo —vuelvo a repetir— con el fondo de la cuestión.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.




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La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, senyora presidenta. Bon dia senyories.

En primer lloc, cal tenir clar el que estableix l’article 3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. Defineix quines entitats integren el mapa local de l’Estat: el municipi, la província, les illes, les entitats d’àmbit inferior al municipi, comarques o agrupacions de municipis, àrees Metropolitanes i mancomunitats. I el problema que planteja la moció que s’ha presentat i que estem debatent és l’exclusió de les entitats locals menors del mecanisme de pagaments a proveïdors. L’objectiu que persegueix el mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors és liquidar el deute comercial que tenen les administracions públiques, com a primer pas per establir com a eines de control del deute comercial, la factura electrònica i el registre comptable.

Cal tenir present les paraules del Ministre Montoro, que va utilitzar per presentar el primer Pla de pagament a proveïdors en aquesta Cambra: deia que «un país seriós és el que compleix amb els objectius de dèficit públic. Que un país seriós és aquell en el que les administracions públiques compleixen amb el seu deute comercial, amb els proveïdors. I que per tant, s’ha de contribuir a demostrar que som un país que compleix.» Paraules estretes del Diari de Sessions. Tenint en compte que les entitats locals que estableix l’ordenament jurídic anomenades anteriorment formen part d’aquesta l’Administració pública que ha de complir per a ser un país seriós, cal que tinguem present dues dades importants, que ja s’han mencionat anteriorment:

Oficialment, a banda dels 8117 municipis existents, cal tenir present les 3723 entitats locals menors. I en segon lloc, segons les dades del ministeri d’Hisenda, el deute viu de les entitats locals menors, mancomunitats etc... a 31 de desembre de 2012 era de 206 milions d’euros. Segons aquestes dades i la interpretació que fa el propi ministeri, les entitats locals menors, a l’hora de computar el deute viu de les Entitats Locals, s’inclouen en el seu conjunt i el deute d’aquestes computa amb el total. Per tant, és obvi que els mecanismes que s’estableixin per tal de reduir a «0» el deute comercial de les administracions públiques, contemplin a les entitats locals menors com a part de l’àmbit d’aplicació en el mecanisme de pagament a proveïdors.

Per poder tenir una visió clara del que significa deixar de banda a aquestes Entitats Locals Menors no podem obviar la realitat, i com a tall d’exemple, trobem a la província de Lleó, la província que més Entitats Locals Menors té, el percentatge de recursos que gestionen és el més gran de tota la província en quant a Entitats Locals, com ha dit el senador Belloch, Trobajo del Camino, també Lleó, té 20.000 habitants. És una de les Entitats Locals Menors més grans del país però que no està inclosa dins del Pla de pagament a proveïdors. En canvi hi ha municipis molt més petits que sí que si poden acollir.

El patrimoni que acumulen aquestes Entitats Locals solament a la província de Lleó es calcula en uns 2.000 milions d’euros (segons la Federació de Juntes Veïnals) Si veritablement l’objectiu que es persegueix segons el ministre Montoro és tenir una administració pública sense deute com a mostra d’un país del que tothom es pugui fiar, cal que s’incloguin a les mesures per arribar a aquest objectiu a tota entitat reconeguda com a administració pública en el nostre ordenament jurídic. Sense excloure’n cap. Només cal rectificar.

Creiem que els més de 200 milions d’euros de deute viu és una quantitat prou important com per ser coherent amb l’objectiu establert i les mesures posades en pràctica. Perquè no obstant, ens preocupa el futur d’aquestes Entitats Locals Menors, vist el text de la Llei de racionalització i estabilitat de l’administració local. Potser el fet de no incloure-les ja està fet expressament. Quan entri en vigor la reforma de la Llei, la majoria desapareixeran com a tals en el mapa local. Per tant, aprofito l’avinentesa per manifestar el rebuig a la Llei.

Aquestes Entitats Locals Menors són la mostra clara de democràcia en la seva essència més pura. Per tant la seva eliminació és un atemptat contra la democràcia, emparat per la llei. Els agradi o no, aquestes Entitats Locals són patrimoni immaterial i el màxim element identitari per a milers de persones. Són el seu símbol de pertinença a un territori i elements que configuren a l’Estat una empremta de la seva diversitat i singularitat. I com deia anteriorment, és la màxima expressió de la democràcia directa, que ha sobreviscut a moltes etapes històriques: feudalisme, guerres, absolutisme, dictadures... i ara, en plena democràcia no sobreviuran al President Rajoy i al Partit Popular.

Aquestes Entitats Locals Menors també formen part de l’Estat arreu del territori. Excloure-les com a tals del conjunt de l’Administració Pública és crear un greuge i un problema on no existia. Sumant es fa país, l’exclusió el debilita. Rectifiquin i votin a favor de la moció, i permetin la inclusió




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d’aquestes Entitats Locals Menors en el mecanisme de pagaments a proveïdors, adaptant les mesures per tal que aquestes Entitats puguin garantir el retorn dels diners prestats. Sols cal voluntat d’adaptar la norma, un altre cosa és que no es vulgui fer.

L’Entesa donarà el seu vot favorable a la moció.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, hay que tener claro lo que establece el artículo 3 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local que define qué entidades integran el mapa local del Estado: el municipio, la provincia, las islas, las entidades de ámbito inferior al municipio, comarcas o agrupaciones de municipios, áreas metropolitanas y mancomunidades. El problema que plantea la moción que se ha presentado y que estamos debatiendo es la exclusión de las entidades locales menores del mecanismo del pago a proveedores. El objetivo que persigue el mecanismo de financiación para el pago de proveedores es liquidar la deuda comercial que tienen las administraciones públicas como primer paso para establecer como herramientas de control de la deuda comercial la factura electrónica y el registro contable.

Hay que tener presente las palabras del ministro Montoro cuando presentó el primer plan de pago a proveedores en esta Cámara. Decía que un país serio es el que cumple con los objetivos de déficit público, que un país serio es aquel en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial con los proveedores y que, por tanto, se ha de contribuir a demostrar que somos un país que cumple; palabras extraídas del Diario de Sesiones. Como las entidades locales que establece el ordenamiento jurídico nombradas anteriormente forman parte de esta Administración pública que ha de cumplir para ser un país serio, debemos tener presentes dos datos importantes que ya se han mencionado anteriormente; oficialmente, aparte de los 8117 municipios existentes, hay que tener presentes las 3723 entidades locales menores y, en segundo lugar, según los datos del Ministerio de Hacienda, la deuda viva de las entidades locales menores, mancomunidades, etcétera, a 31 de diciembre de 2012, era de 206 millones de euros. Según estos datos y la interpretación que hace el propio ministerio, las entidades locales menores, cuando han de computar la deuda viva de las entidades locales, se incluyen en su conjunto y la deuda de estas computa en el total. Por tanto, es obvio que los mecanismos que se establecen para reducir a cero la deuda comercial de las administraciones públicas contemplan a las entidades locales menores como parte del ámbito de aplicación en el mecanismo de pago a proveedores.

Para poder tener una visión clara de lo que significa dejar de lado a estas entidades locales menores, no podemos obviar la realidad y como ejemplo encontramos que en la provincia de León, la provincia que más entidades locales menores tiene, el porcentaje de recursos que se gestiona es el más grande de toda la provincia en cuanto a entidades locales. Como ha dicho antes el senador Belloch, Trobajo del Camino, también en León, tiene 20 000 habitantes y es una de las entidades locales menores más grandes del país, pero no está incluida en el plan de pago a proveedores. En cambio, hay municipios mucho más pequeños que sí pueden acogerse.

El patrimonio que acumulan estas entidades locales solo en la provincia de León se calcula en más de 2000 millones de euros, según la Federación de Juntas Vecinales. Si el objetivo que se persigue, según el ministro Montoro, es tener una Administración pública sin deudas como muestra de un país en el que todos puedan confiar, hay que incluir en las medidas para llegar a este objetivo a toda entidad reconocida como Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico, sin excluir ninguna. Solo hay que rectificar.

Creemos que los más de 200 millones de euros de deuda viva es una cantidad lo suficientemente importante como para tomar medidas y ser coherente con el objetivo establecido y las medidas llevadas a la práctica. No obstante, nos preocupa el futuro de estas entidades locales menores visto el texto de la ley de racionalización y estabilidad de la Administración local. Quizás el no incluirlas se ha hecho adrede, porque cuando entre en vigor la reforma de la ley, la mayoría desaparecerán como tales en el mapa local. Por consiguiente, aprovecho la circunstancia para manifestar nuestro rechazo a esta ley.

Estas entidades locales menores son la muestra clara de la democracia en su esencia más pura. Por tanto, su eliminación es un atentado contra la democracia, amparado por la ley. Les guste o no, estas entidades locales son patrimonio inmaterial y el máximo elemento identitario




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para muchísimas personas, son su símbolo de pertenencia a un territorio y elementos que configuran en el Estado una huella de su diversidad y seguridad. Y, como decía anteriormente, es la máxima expresión de la democracia directa, que ha sobrevivido a muchas etapas históricas —feudalismo, guerras, absolutismo, dictaduras— y ahora, en plena democracia, no sobrevivirán al presidente Rajoy y al Partido Popular.

Estas entidades locales menores también forman parte del Estado en todo el territorio, excluirlas como tales del conjunto de la Administración pública es crear un agravio y un problema donde no existía. Sumando se hace país; la exclusión lo debilita. Rectifiquen y voten a favor de la moción y permitan la inclusión de estas entidades locales menores en el mecanismo de pagos a proveedores, adoptando las medidas para que estas entidades puedan garantizar el retorno del dinero prestado. Solo es necesaria una voluntad para adaptar la norma, otra cosa es que no se quiera hacer.

Entesa dará su apoyo a esta moción.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies.

Senadors, jes Entitats Locals Menors les anomenades a Catalunya Entitats Municipals descentralitzades, són un tipus d’Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, per tant una Autonomia a l’interior d’un municipi.

La Constitució de 1978 ja reconeix el principi d’autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985 de 2 d’abril, que regula les bases del Règim Local, declara en el seu article 1er que totes les Entitats Locals gestionaran en autonomia el seus interessos propis i en el seu article 3.2 confirma que gaudeixen també de la condició d’entitats locals, aquelles entitats d’àmbit territorial inferior al municipi instituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb l’article 45 d’aquesta llei. A aquests efectes, les Entitats Locals Menors de Catalunya, les Entitats municipals descentralitzades, estan reconegudes i regulades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i a tots els efectes són reconegudes com a Govern Local. Si tenim en compte aquest marc legal i les paraules del prop ministre Montoro el 17 de juliol, quan presentava aquest nou Pla de Proveïdors al Congrés, en les que deia textualment: «entendemos que debemos promover el instrumento financiero que nos lleve a que en pocos meses todas las Administraciones Públicas de España», afegeix «todas, con independencia de su tamaño o de su posición financiera concreta, estén pagando a los proveedores a treinta días».

Els deia doncs, si tenim en compte el marc legal i les paraules, la voluntat expressa que manifesta el ministre de que totes les Administracions hi siguin incloses, contrasta,o ens sorprèn, no trobar-les dins l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest segon Pla de Proveïdors, ja no van entrar en el primer, i sí que és cert que hi hagut una voluntat per part del Govern d’ampliar aquest àmbit subjectiu, i és cert que en el cas de Catalunya els Consells Comarcals, que són una Administració municipal, també s’hi han pogut incloure, però no hi són les Entitats Menors Descentralitzades a Catalunya.

Si em diuen que això té molta importància pel pes, per el gruix de les factures, que en el fet de Catalunya poden presentar aquestes Entitats municipals, jo els diria, doncs poder no és un gruix molt important, poder no estem parlant d’això. Però aquí hi hem d’afegir un contingut important, tenint en compte que el món municipalista està sobre la taula i està patint un judici a tots els efectes. Les Entitats Municipals Descentralitzades formen part del municipalisme i gestionen diverses realitats. És cert, en el cas de Catalunya, com a tot arreu, que hi ha Entitats Municipals Descentralitzades com en la zona de la que jo vinc, l’entitat d’Arestui, que té menys de 20 habitants, però també és cert que en la zona de les Terres de l’Ebre hi ha l’entitat municipal descentralitzada de Jesús, que té 4000 habitants, per tant, més habitants que gairebé el 85% o 90% dels municipis de l’Estat.

Els deia que aquestes Entitats no es poden tenir en compte amb una òptica purament financera, perquè amb l’excusa de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, quedar-nos només en aquí. Jo penso que cal tenir un coneixement important del territori i de què fan aquestes Administracions a tots els efectes en els territoris. Penso que el cohesionen i estan gestionant realitats diferents. Això és absolutament important quan parlem del món rural. Si tenim en compte que aquestes Entitats municipalistes vigilen els béns d’us públic i els béns comunals,




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que encara n’hi ha. Conservem i administren el seu patrimoni, incloent també la gestió del bosc. Regulen l’aprofitament d’aquests bens comunals, s’encarreguen de temes d’enllumenat, neteja, però també d’activitats culturals i esportives, és a dir, aquestes Entitats municipalistes descentralitzades, en el cas de Catalunya, Entitats Locals Menors, estan produint oportunitats en els territoris, que d’altre manera no es produïen.

Quan em parla el Partit Popular d’aquesta voluntat d’incloure-les, això contrasta moltíssim amb el fet que en aquesta nova llei que està a punt d’arribar, ens trobem, per una banda, que no estan relacionades quan parla de les Entitats Locals, estan excloses d’aquesta relació de subjectes, i a més, més endavant, els treu la seva personalitat jurídica. A més a més, per acabar de rissar el ris, si anem a una disposició addicional, no recordo ara quina és, però en una de les seves disposicions addicionals parla de que les que ja estan en aquest moment constituïdes conservaran encara la seva entitat jurídica.

Per tant estem intentant muntar un marc municipalista, crec que des del coneixement del món municipalista, amb tots els respectes al senyor Montoro, penso que és perfectament capaç de, financerament quadrar el món municipal, però no es tracta d’això. Això no dóna respostes reals. Abundant en la Llei que ha d’entrar, aquest Grup Parlamentari, per activa i per passiva, i fa dos dies en l’informe del CORA que es va debatre en la Comissió del Constitucional, penso que ja varem fer un posicionament clar respecte d’aquesta nova llei de Governs Locals, que el què fa és recentralitzar, envair competències, i sobre tot, i penso que això no ens ho podem permetre ningú, està vulnerant l’autonomia local. Afegint aquest degoteig d’amenaces cap el món municipalista, que en les zones rurals fa aquesta feina de cohesió social, aquesta feina d’equilibri territorial, aquesta feina que no la podria fer ningú més des de la distància.

També aprofito l’avinentesa per dir que no sols les Entitats municipalistes estan en el punt del huracà, no fa tant temps, el propi ministre anunciava que serien abolides. Ara no les aboleixen, però les maten d’inanició. El mateix passa amb els municipis petits. Hi vull aprofitar perquè a nivell territorial el problema és el mateix: municipis de menys de 20 000 habitants, ja en el moment que li plantejava la pregunta al senyor Montoro, li deia: expliqui’m senyor Montoro, en una zona com la meva, una zona rural, de muntanya, amb 15 municipis, amb 121 nuclis de població, amb una dispersió de població, si aquestes atribucions que tenen els municipis, amb l’excusa d’aquest paràmetre del preu estàndard, que després ha passat a dir-se el coste efectivo, perquè efectivament aquest cost estàndard també va estar qüestionat per el propi Consell d’Estat, amb aquesta excusa enviem les competències a les Diputacions, que d’altre banda, cal recordar que les Diputacions, en els seus òrgans constituents, no són de direcció electa, per tant, perdonin, però estem matant l’exercici més directa i el vincle més directa que hi ha entre el poble i el polític. Per tant, que em diguin com podran atendre en el meu cas, per exemple, en el Pirineu de Lleida, com podem atendre les necessitats dels ciutadans si aquestes competències les ha d’assumir la Diputació de Lleida. És que físicament és impossible, no poden atendre les realitats d’un territori tant dispers i poblacionalment tant dispers.

Per tant, jo penso que, efectivament hi ha una amenaça contra el municipalisme, entenc que no és un problema de mala fe, però penso que ens perdem amb aquests paràmetres, únicament financers, que s’han de tenir en compte, per suposat, però que no poden ser els únics que es tinguin en compte per endreçar el món municipal.

Afegir que si això, a més a més de les amenaces que comporta, no va acompanyat d’una llei de finançament clara, tampoc no ens aporta cap solució.

Jo els diré que a Catalunya finalment el municipalisme l’entenem des de l’asimetria, la descentralització i la proximitat. Ja els avanço que estem disposats a parlar de tot, però no volem un model que sigui anacrònic, centralista, uniformador, que estigui al servei d’uns quants i que estigui allunyat dels ciutadans. És fonamental perquè els territoris i els ciutadans tinguin condicions i tinguin oportunitats.

Moltes gràcies

Gracias.

Senadores, las entidades locales menores, las llamadas en Cataluña entidades municipales descentralizadas, son un tipo de entidades de ámbito territorial inferior al municipio y, por tanto, una autonomía en el interior de este.




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La Constitución de 1978 ya reconoce el principio de autonomía local y el de descentralización. La Ley 7/1985, de 2 de abril, que regula las bases del régimen local, declara en su artículo 1º que todas las entidades locales gestionarán con autonomía sus intereses propios y en su artículo 3.2 confirma que gozan también de la condición de entidades locales aquellas entidades de ámbito territorial inferior a municipios instituidas o reconocidas por las comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 45 de esta ley. A estos efectos, las entidades locales menores de Cataluña, las entidades municipales descentralizadas, están reconocidas y reguladas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y a todos los efectos son reconocidas como Gobierno local. Tenemos que tener en cuenta este marco legal y las palabras del propio ministro Montoro, el 17 de julio, cuando presentaba este nuevo plan de proveedores en el Congreso, que decía textualmente: Entendemos que debemos promover el instrumento financiero que nos lleve a que en pocos meses todas las administraciones públicas de España —añade, todas—, con independencia de su tamaño o de su posición financiera concreta, estén pagando a los proveedores a treinta días.

Les decía, pues, que si tenemos en cuenta el marco legal y la voluntad expresa que manifiesta el ministro de que todas las administraciones estén incluidas, nos sorprende no encontrarlas en el ámbito de aplicación subjetiva de este segundo plan de proveedores. Ya han entrado en el primero y es cierto que ha habido una voluntad por parte del Gobierno de ampliar este ámbito subjetivo, y es cierto que en el caso de Cataluña los consejos comarcales, que es una Administración municipal, han podido incluirse, pero no están las entidades menores descentralizadas en Cataluña.

Si me dicen que esto tiene mucha importancia por el grueso de las facturas que en el caso de Cataluña pueden presentar estas entidades municipales, les diría que quizá no es un grueso muy importante, quizá no estamos hablando de eso, pero aquí tenemos que añadir un contenido importante teniendo en cuenta que el mundo municipalista está encima de la mesa y está sufriendo un juicio a todos los efectos. Las entidades municipales descentralizadas forman parte del municipalismo y gestionan diversas realidades. Es cierto que en el caso de Cataluña, como en todas partes, hay entidades municipales descentralizadas, como la zona de donde yo vengo, la entidad de Arestui, que tiene menos de 20 habitantes, pero también es cierto que en la zona de las tierras del Ebro está la entidad municipal descentralizada de Jesús que tiene 4000 habitantes. Por tanto, más habitantes que casi el 85 o el 90% de los municipios del Estado.

Les decía que estas entidades no se pueden tener en cuenta con una óptica puramente financiera, es decir, con la excusa de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y quedarnos solo ahí. Creo que hay que tener un conocimiento importante del territorio y de qué hacen estas administraciones a todos los efectos en los territorios. Creo que lo cohesionan y están gestionando realidades diferentes. Esto es absolutamente importante cuando hablamos del mundo rural, si tenemos en cuenta que estas entidades municipalistas vigilan los bienes de uso público y los comunales que todavía existen, conservan y administran su patrimonio, incluyendo también la gestión del bosque, regulan el aprovechamiento de estos bienes comunales, se encargan del alumbrado, de la limpieza y también de actividades culturales y deportivas. Estas entidades municipalistas, descentralizadas en el caso de Cataluña, entidades locales menores, están produciendo oportunidades en los territorios que de otra manera no se producirían.

El Partido Popular habla de esta voluntad de incluirlas, pero esto contrasta mucho con el hecho de que en esta nueva ley que está a punto de llegar las entidades locales están excluidas de esta relación de sujetos, y más adelante, les quita su personalidad jurídica. Además, para acabar de rizar el rizo, si vamos a una disposición adicional —no recuerdo ahora cuál es—, habla de que las que ya están en este momento constituidas conservarán todavía su entidad jurídica.

Por tanto, estamos intentando montar un marco municipalista, y desde el conocimiento del mundo municipalista, con todos los respetos al señor Montoro, tengo que decir que es perfectamente capaz de cuadrar financieramente el mundo municipal. Pero no se trata de eso, eso no da respuestas reales. Abundando en la ley que ha de entrar, este grupo parlamentario lo ha manifestado, por activa y por pasiva y hace dos días en el informe de la CORA que se debatió en la Comisión Constitucional nos posicionamos claramente respecto a esta nueva ley de gobiernos locales, que lo que hace es recentralizar, invadir competencias y, sobre todo, algo que creo que nadie se puede permitir, está vulnerando la autonomía local y aumentando este goteo de amenazas hacia el mundo municipalista que en las zonas rurales hace este trabajo de cohesión social, de equilibrio territorial, que no podría hacer nadie más desde la distancia.




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Aprovecho la ocasión para decir que no solo las entidades municipalistas están en el ojo del huracán —no hace tanto tiempo el propio ministro anunciaba que se abolirían, ahora no lo hacen, pero las matan de inanición—, lo mismo pasa con los municipios pequeños y, a nivel territorial, el problema es el mismo. Respecto a los municipios de menos de 20 000 habitantes, en el momento en que le planteaba la pregunta al señor Montoro, le pedí que me explicara cómo se puede actuar en una zona como la mía, rural, de montaña, con quince municipios, con ciento veintiún núcleos de población y con dispersión de población, si estas competencias que tienen los municipios, con la excusa del parámetro de precio estándar —que después ha pasado a llamarse coste efectivo, pues, efectivamente, había sido cuestionado el precio estándar por el propio Consejo de Estado— son atribuidas a las diputaciones. Por otro lado, tenemos que recordar que las diputaciones en sus órganos constituyentes no son de dirección electa. Por consiguiente, perdonen, pero estamos matando el ejercicio y el vínculo más directo que existe entre el pueblo y el político. Así que díganme cómo podremos atender, por ejemplo, en mi caso, en el Pirineo de Lérida, las necesidades de los ciudadanos si estas competencias tiene que asumirlas la Diputación de Lérida. Físicamente es imposible. No pueden atender las realidades de un territorio poblacionalmente tan disperso.

En definitiva, creo que hay una amenaza al municipalismo. Entiendo que no es un problema de mala fe, pero creo que estos parámetros, exclusivamente financieros, que, por supuesto, deben tenerse en cuenta, no pueden ser los únicos a la hora de ordenar el mundo municipal.

He de añadir que si esto, además de las amenazas que conlleva, no viene acompañado de una ley de financiación clara, tampoco nos aporta ninguna solución.

Finalmente, les diré que en Cataluña entendemos el municipalismo desde la asimetría, la descentralización y la proximidad, y les avanzo que estamos dispuestos a hablar de todo. Sin embargo, no queremos un modelo que sea anacrónico, centralista, uniformador, al servicio de unos cuantos y alejado de los ciudadanos. Es fundamental para que los territorios y los ciudadanos tengan condiciones y oportunidades.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, presidenta.

Señorías, seguramente esta legislatura se recordará por muchas cosas. Desde mi punto de vista, también se recordará por la verdadera imaginación que derrocha la mayoría que apoya el Gobierno a la hora de dar nombre a las cosas, o mejor, a las leyes. Es verdaderamente paradójico que a una ley que cercena gravemente la autonomía municipal, como acaba de decir el representante de Convergència i Unió, se le llame de modernización y sostenibilidad de la Administración local.

La verdad es que cuando se habla de sostenibilidad dan ganas de echarse a correr; lo único que falta es precisar quiénes van a ser las víctimas o qué derechos sociales básicos van a ser afectados por esa sostenibilidad. Y lo mismo ocurre en el terreno de los eufemismos; por ejemplo: la economía se está recuperando. Eso se refiere a algunos datos macro, es verdad: la célebre prima de riesgo, la Bolsa, la mayor salud financiera de las entidades bancarias. ero no es verdad en todos los terrenos macro: no en la deuda; a final de año vamos a llegar a un billón de euros de deuda, de modo que, en dos años, se habrá logrado incrementar la deuda lo que a Rodríguez Zapatero le costó cuatro años; este es un dato macro que no ha mejorado. Por no hablar de la economía real, la del día a día: la del puesto de trabajo, la del salario bajo, la de los contratos basura, la de la disminución de los derechos sociales; de eso no se habla.

Por eso, cuando oímos hablar de municipalismo, también nos da miedo saber qué se entiende por municipalismo en el ámbito del Partido Popular; y no es una intuición, sino que se basa en comprobados antecedentes. La verdad es que siempre pensamos en cuál será el agujero siguiente que van a querer introducir en el tejido local; y lo son, sin duda, las entidades locales menores a las que nos referimos. Estamos hablando, como he comentado en mi primera intervención, de un volumen de negocio —voy a emplear este término— altísimo; solamente en León, les corresponde a los concejos bienes patrimoniales por encima de los 2000 millones de euros. ¿Por qué se persigue a las entidades locales menores? Es una pregunta que, aparentemente, no tiene una respuesta fácil. El 20 de octubre pasado se reunieron en León agrupaciones de entidades locales




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menores procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Álava. Leyeron un comunicado, que desde luego nuestro grupo hace propio, que decía, entre otras cosas, que la disolución de las entidades locales menores se podía llegar a convertir en un expolio de propiedad pública de una magnitud considerable. Y la verdad es que nos parece razonable ese punto de vista. No se entiende lo que está haciendo el Partido Popular con las entidades locales menores, como no sea establecer un mecanismo por el que muchas de ellas se vean obligadas a ser absorbidas por el municipio matriz; y posteriormente, al municipio matriz, que no tiene personal adecuado para muchas de las funciones propias de las entidades locales menores, tendrá una salida muy clara: la privatización de sus servicios. En definitiva, es algo semejante a lo que se hace en esa ley respecto a todos los municipios menores de 20 000 habitantes. Es legítimo sospechar que esa es la finalidad, mientras no se dé una explicación mínimamente satisfactoria, y no se está dando. En definitiva, ¿por qué no van a cuidar de la propiedad comunal los propietarios? ¿Dónde está escrito que es más sensato que lo haga una administración? Además, hay muchísimos proyectos que, sin la colaboración directa de los ciudadanos, simplemente no se podrían poner en marcha; por ejemplo, los procesos de colonización.

En definitiva, señorías, con toda claridad me atrevo a pedirles el voto favorable. ¿Por qué? Porque lo exige la justicia; porque lo exige el no discriminar. Fíjense en que no solo discriminan a las entidades locales menores respecto del resto de entidades locales, sino que también discriminan a los proveedores de las entidades locales menores respecto de los proveedores del resto de entidades locales. Esta actitud no tiene significado —y lo he tratado de explicar en la primera parte de nuestra intervención— desde el punto de vista económico, porque tampoco se plantea ningún problema de retorno de las cantidades prestadas. Sinceramente, siendo estas las condiciones, ¿por qué intentan acabar con esa institución?

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, me dicen: ¿qué tiene que ver la enmienda con la moción? Tiene que ver todo, senador Belloch, tiene que ver todo. Yo me pregunto dónde estaban ustedes cuando, para acabar con la morosidad, para acabar con la destrucción del tejido productivo y para acabar con la destrucción de empleo, se le pidió al anterior Gobierno docenas de veces que aprobara medidas en ese sentido; cuando le decíamos que en este país las administraciones, todas las administraciones, tenían que pagar las facturas, y para eso había que dotarla de los instrumentos adecuados. Entonces callaron ustedes; y también los alcaldes del Partido Socialista callaron, mientras apilaban montones de facturas en los cajones. (Aplausos.) Callaron ustedes, mientras dejaban de pagar a cientos de miles de proveedores de este país. Yo me pregunto dónde estaban ustedes, porque fue el Partido Popular el que puso en marcha ese mecanismo. (Protestas.—Rumores.)

Y usted dice que qué tiene que ver. Pues tiene mucho que ver. Tiene que ver con que se han pagado en este país cerca de 6 millones de facturas a 116 000 proveedores de las entidades locales, solo de las entidades locales; 2 millones de facturas de las entidades locales, casi 6 millones en total. Tiene mucho que ver acabar con la morosidad, senador Belloch. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A ustedes les preocupa poco; les preocupó poco dejar las facturas y venirse a destinos más soleados dejando todo sin pagar allí donde habían gobernado. Muchos de ustedes tienen responsabilidades de gobierno en ayuntamientos y en comunidades autónomas, donde han dejado que la morosidad acabe con negocios de autónomos y con pequeñas y medianas empresas, señorías. (Aplausos.—Protestas.—Rumores.) Tiene mucho que ver ese mecanismo de pago a proveedores con datos que no son eufemismos, como el dato que conocíamos ayer de que por primera vez haya bajado el paro interanual en este país. O con ese otro dato de los planes de ajuste en 2700 ayuntamientos, que ha tenido un papel clave para que los ayuntamientos hayan acabado cumpliendo de forma sobrada el objetivo de déficit. Ustedes hablan; pero ampliar el mecanismo de pago a proveedores también lo hizo el Partido Popular. Desde febrero, desde el primer momento, si algo se planteó el Gobierno del Partido Popular fue precisamente ampliar el plan de pago a proveedores.




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Me pregunto dónde estaban ustedes, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica 1/2012 y amplía ya ese mecanismo a la gestión de servicios públicos y a la de los conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; porque ustedes se abstuvieron, no votaron a favor. (Aplausos.) Me pregunto dónde estaban ustedes cuando, en febrero de 2013, en el marco de las medidas de apoyo al emprendedor, se amplía el mecanismo de pago a proveedores a las entidades que habían quedado fuera de la primera fase, a las mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y de Navarra; porque ustedes se desmarcan de nuevo. O cuando se amplía, también en febrero de 2013, a los municipios y comunidades autónomas que se habían acogido a la primera fase pero que tenían deudas en otro tipo de contratos —en concesiones administraciones, en encomiendas de gestión o en convenios—; porque ustedes se desmarcan. Y así hasta la tercera fase del pago a proveedores, cuya ampliación ha propuesto también el Gobierno del Partido Popular. Una ampliación en el ámbito subjetivo y en el objetivo, de manera que, por primera vez —por primera vez—, van a poder incluirse también las obligaciones de pago adquiridas por las universidades públicas de las comunidades autónomas, también las obligaciones derivadas de indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia judicial, y algo muy importante, señorías: las transferencias de las comunidades autónomas a entidades locales para que puedan acabar de pagar los pagos pendientes al tercer sector; los pagos en relación con servicios sociales, servicios a dependientes, a personas necesitadas y a mayores. ¡Eso sí que es verdaderamente importante! Y es fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, senador Belloch, y fruto de la convicción.

Hoy hablan ustedes de ampliar medidas a las entidades menores. Me pregunto dónde estaban ustedes cuando tocaba esto y cuándo se han preocupado por las entidades locales menores. ¿Se han preocupado ustedes, en ocho largos años de gobierno, de modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que participaran en los tributos del Estado? Pues no, señorías. ¿Se preocuparon ustedes cuando, en el primer mes de gobierno, el señor Montoro puso en marcha un mecanismo como el pago a proveedores, que ustedes habían sido incapaces de articular, y vieron que estas entidades se quedaban fuera, como se quedaban fuera todas las que ha ido incorporando el Partido Popular? ¿Se preocuparon ustedes? No. ¿Se preocuparon ustedes en febrero de 2013, cuando se aprobó la segunda fase del pago a proveedores? Tampoco. Pero lo más llamativo, señorías, lo más llamativo, es que el 17 de julio de 2013 se aprueba la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores; y la señora Aguilar, ponente en el Congreso de la convalidación del real decreto ley correspondiente, no dice una sola palabra ni menciona en absoluto a las entidades locales menores; ni se acuerda de ellas. A lo mejor es que, como calificó el pago a proveedores de mecanismo perverso, no lo consideraba conveniente para ellas, o quería que estuvieran ajenas a él. Porque, esa es otra: las contradicciones que ustedes mantienen, que no saben si el pago a proveedores es bueno, malo o mediopensionista. Esa es otra. (Aplausos.—Rumores.)

Nosotros creemos que es necesario pagar las facturas; que el mecanismo de pago a proveedores es uno de los instrumentos más importantes que se han adoptado para sentar las bases del crecimiento y del empleo en este país; para frenar la destrucción masiva de empleo, como se está frenando, y para saldar la deuda comercial que se había acumulado en entidades locales y en comunidades autónomas. Se está erradicando la morosidad y se está evitando la destrucción de muchos puestos de trabajo. Pero a ustedes no les hemos encontrado nunca en estos asuntos. Ustedes se acordaron de las entidades menores cuando se manifestaron en el mes de agosto; y se han vuelto a olvidar de ellas, no participando en el debate de la reforma local a la hora de aprobar propuestas como la que nosotros hemos presentado en la Mesa y en el Congreso, o en el debate de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Señora portavoz de Convergència i Unió, se refería usted a modificaciones que se están produciendo en la prestación de servicios en los municipios. También para eso el pago a proveedores es fundamental. Si hay algo fundamental para garantizar los servicios públicos, senadora, es asegurar que los servicios no solo se presten, sino que también se pagan, ahora y en el futuro. Decía usted también que estamos potenciando el papel de las diputaciones; hoy no se debate esa ley, lo expresarán mucho mejor los portavoces correspondientes en su momento, pero sí: estamos potenciando el papel de las diputaciones. Yo también soy de una provincia con una tremenda dispersión geográfica. Soy senadora por Soria, una provincia y una comunidad autónoma, la de Castilla y León, donde hay una tremenda dispersión geográfica, con muchísimos




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municipios con una población inferior a 5000 habitantes, incluso inferior a 1000 habitantes, en muchos casos. Aquí es importantísima la colaboración de la diputación, y son importantísimas las enmiendas que ha promovido el Partido Popular en el Congreso, en el sentido de que las diputaciones garanticen servicios como el tratamiento de residuos a los municipios menores de 5000 habitantes o la prevención y extinción de incendios para todos los municipios menores de 20 000 habitantes, o el mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5000 habitantes. Fíjese en qué importante es el papel de las diputaciones, señoría. Por cierto, diputaciones que, por lo menos hasta hace escasos meses, el Partido Socialista quería fulminar, lo recordamos todos: las quería fulminar. Son diputaciones que llevan años desarrollando un papel importantísimo a la hora de garantizar la prestación de servicios públicos para los vecinos; es el caso de la Diputación de Soria y el de las diputaciones de muchas otras provincias, estoy segura. Esa es la mejor forma de coordinar la prestación de servicios y de coordinar la asunción de competencias. (Rumores.)

Senador Belloch —estoy segura de que me está escuchando, aunque parece que no me esté atendiendo—, se han aprobado en el Congreso enmiendas importantes que van a evitar la disolución… (Rumores.) Sí, se ha aprobado una enmienda importante en relación con un tema que usted mencionaba —creo que lo sabe—, para que, colaborando con la FEMP, las entidades de ámbito inferior al municipio puedan presentar sus cuentas en un año, y no en tres meses, como se proponía. Fruto del diálogo y del debate —por cierto, diálogo y debate que ustedes abandonaron hace más de seis meses, junto con Izquierda Unida—, hemos trabajado también por las entidades locales menores en cuestiones como las medidas del Real Decreto Ley 8/2013, medidas de liquidez específicas dirigidas a esos más de 500 ayuntamientos que puedan seguir teniendo problemas y medidas dirigidas a la participación de tributos del Estado.

Termino, señorías. Tengo la impresión de que siempre van con el paso cambiado. Usted calificaba el pago a proveedores de un instrumento esencial, mientras el señor Zarrías, en el Congreso, hablaba de mecanismo caro, injusto y perjudicial.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Diez segundos, presidente.

En marzo de 2012 nos decía usted que esta legislatura empezaba muy bien para el municipalismo: cumpliendo demandas históricas de los ayuntamientos y también de las entidades menores españolas. Sin embargo, el señor Zarrías decía ese mismo mes que Montoro era el ministro que destruía el mundo local. Esa es la claridad de criterio del Partido Socialista; probablemente, ahí esté el problema.

El Partido Popular está apoyando a los ayuntamientos y también a las entidades de ámbito inferior al municipio con medidas muy claras que se recogen en las leyes y en las normas...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y, desde luego, en eso vamos a seguir trabajando.

Gracias, presidente. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 88; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2012, DE 22 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

(Núm. exp. 622/000010)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra por espacio de diez minutos la senadora Salanueva. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.)

Señorías, por favor, guarden silencio.

Gracias.

Cuando quiera, senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señorías, queremos explicar por qué Unión del Pueblo Navarro ha presentado esta proposición de ley. Consideramos esta iniciativa, y así quiero que lo entiendan todas sus señorías, como una aportación, pequeña —algún líder considera que se queda corta—, somos conscientes de ello. Pero es una aportación a un debate candente y actual; una oportunidad de debate, y no solo de las cuestiones que formulamos en la proposición de ley; quiero que lo vean con una mentalidad amplia, que no se circunscriba solo a las peticiones concretas que hacemos, sino también a otras muchas cuestiones relacionadas que consideramos conveniente abordar en estos momentos de descrédito de la clase política. La propuesta de UPN no consiste únicamente en establecer un numerus clausus de decisiones a tomar en relación con la financiación de los partidos políticos y su transparencia. De momento, lo que les pedimos es que faciliten el debate, que tomen en consideración la proposición y así podamos, entre todos, perfeccionarla y mejorarla en los trámites siguientes.

Lo dijimos en su momento: UPN está en contra de que las donaciones y condonaciones de deuda de los partidos políticos, aunque se hayan limitado en su cuantía, sean aceptables en estos momentos en que hay que dar ejemplo a la ciudadanía a la que representamos. Siguen siendo una puerta abierta a la corrupción; cada vez más, por cierto, y, a pesar de las limitaciones legales, cada vez más generalizadas. (Rumores.) No hay más que leer los titulares de prensa; aquí lo tienen, señorías, no me invento nada: estos titulares de prensa son solo de hace una semana, la del 21 al 28 de octubre. Y conste que no quiero acusar a nadie, proponemos un debate constructivo: «La contabilidad del PSOE ocultó deudas de 29 millones que la banca le perdonó». «Una ONG afín al PSOE simuló dietas para financiarse». «El fiscal concluye que el PP balear se financió ilegalmente con comisiones». «UGT cobraba comisiones de las empresas con las que gastaba el dinero de la Junta». «La caja B…» En definitiva, señorías, esta es la realidad con que nos encontramos y con la que tenemos que enfrentarnos a los ciudadanos todos los días.

El sistema no ha funcionado, y nuestro comportamiento, con carácter general, tampoco. Las condonaciones de deuda aumentan para todos los partidos, a excepción de UPN. Pero no venimos a sacar pecho, sino a proponer un debate constructivo. La BBK, la Caixa, Santander, AERC, Partido Socialista, CiU, Izquierda Unida… Es legal, ha sido legal; pero no se trata de la legalidad del debate, sino de la ética de los procedimientos. El Banco de España, señorías, calcula que los bancos han condonado deuda a los partidos políticos de manera habitual desde la transición, y solo tengo el dato hasta 2004, por más de 300 millones de euros. ¡Imagínense hasta la actualidad, y con las noticias que hemos ido conociendo! Las cifras son auténticamente escandalosas. El Banco de España dispone de esos datos, aunque no ha querido hacerlos públicos.




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Nos negamos a esto, señorías, y creemos que la nuestra puede ser una opinión general. Debemos hacer borrón y cuenta nueva, aprender de los errores y adoptar soluciones; nos lo exigen los ciudadanos. Creemos que no está bien que los partidos políticos puedan negociar sus créditos con los bancos en condiciones más ventajosas que cualquier ciudadano en el tráfico mercantil ordinario. ¿O acaso piensan algunos de ustedes que a una familia, a un ciudadano que tiene su hipoteca, le van a perdonar su deuda con la entidad financiera, sin contraprestación alguna? Evidentemente, no; un partido político puede serle útil a los intereses de la entidad, pero un ciudadano particular no. Cerremos esa puerta a la corrupción, aunque se haya limitado cuantitativamente; cerremos la puerta de manera definitiva.

Señorías, un dato interesante. El hecho de la negociación ventajosa de créditos de los partidos políticos en un solo año puede suponer un beneficio superior a los 18 millones de euros. La deuda de los partidos políticos está en niveles preocupantes, otro dato también para la reflexión: cercana a los 220 millones de euros, y el tipo medio efectivo de interés que se paga por esos créditos es del 0,4%; ustedes me dirán si estamos en similar situación que cualquier ciudadano de a pie. Con esto sería suficiente, no hacen falta más explicaciones, y supongo que todas sus señorías estarán a favor de que tomemos cartas en el asunto.

El Partido Popular lo ha reclamado públicamente: el señor Monago, presidente de Extremadura, y el señor Núñez Feijoo han pedido la prohibición total de las donaciones para evitar riesgos. El Partido Socialista, mediante la nueva presidenta de Andalucía, reclamaba en septiembre un pacto de regeneración democrática, quería prohibir las donaciones privadas a través de una iniciativa legislativa que se trasladase al Congreso de los Diputados. Pues ya está aquí la iniciativa legislativa, señores del Partido Socialista; a la próxima conferencia que celebrarán este fin de semana la llaman conectar, quieren conectar con los ciudadanos, y es loable esa pretensión, ese objetivo: pues esta es una forma de conectar con la ciudadanía.

Queremos huir de la política que a veces se practica del «y tu, más», de la herencia recibida. Creemos que es momento de superar ya esos debates, que no construyen ni fortalecen nuestro sistema democrático. Demos un paso al frente, todos juntos. Corrijamos el déficit del sistema, para que el sistema funcione y perdure. La Constitución española sigue ofreciéndonos un marco amplio en el que desarrollar nuestra democracia, y a los partidos políticos les otorga un papel fundamental, cuya regulación ubica ni más ni menos que en el artículo 6 del Título Preliminar, donde los señala como instrumento esencial de participación democrática en nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de libertades, y como instrumento para canalizar la opinión ciudadana. Tenemos que dar respuesta a lo que la Constitución estableció para el sistema de partidos, no debemos ponerlo en riesgo.

Hay muchas otras cuestiones relacionadas con este aspecto que debiéramos reformar, y no nos negamos. No está explicitado en el texto, pero pensamos que las donaciones deben estar prohibidas en su totalidad, ni siquiera con el límite de 50 000 o 100 000 euros. Y no solo para evitar trampas como las que ya se han producido —sabemos que en algunos casos se han ido troceando las donaciones para cumplir el requisito legal de los 100 000 euros—, sino por el concepto en sí. No por la cuantía, poca o mucha: por el concepto en sí. Las donaciones de los partidos políticos ascienden a ocho o nueve millones de euros anuales. Deben prohibirse las donaciones de bienes inmuebles o en especie, que en la actualidad no tienen límite alguno, y que por coherencia deberían desaparecer. Deben prohibirse las condonaciones de deuda por los bancos, porque ese perdón nunca es gratis. Debe regularse más y mejor la financiación de las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos, que hoy por hoy son poco transparentes y con mecanismos de control poco efectivos, porque pueden recibir donaciones ilimitadas, y, a la vista de las noticias que se están recibiendo, pensamos que es necesario.

A pesar de que el presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia en el Congreso afirmó que se van a poner al día en cuanto a los informes, y nos parece bien, hay que abordar con urgencia una cuestión: es escandaloso que un informe del Tribunal de Cuentas se haga público cinco años después del ejercicio que está fiscalizando, incluso cuando se ha cumplido el plazo de prescripción estipulado en cuatro años. ¿Qué garantías nos va a ofrecer un informe, qué seguridad al ciudadano, y qué medidas podrá adoptar frente a los partidos políticos, cuando realiza el informe transcurrido el plazo de prescripción? En cuanto a la conformación del Tribunal de Cuentas, la extracción política no siempre es mala, pero en cuestiones como esta debería tener un carácter




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más independiente. Por supuesto, se han establecido mecanismos interesantes que avanzan y profundizan en lo que los ciudadanos nos exigen, como la publicación de las cuentas en las páginas web de los partidos. Pero ¿qué sentido tiene? ¿No les parece que no deja de ser otro brindis al sol? Porque la ley solo obliga a publicarlas una vez supervisadas por el Tribunal de Cuentas, y este, como he dicho, hasta ahora lo hace con un retraso de cinco años, aunque ahora haya dicho que se va a poner al día.

¿Debe ser ilimitado el endeudamiento de los partidos? Estamos hablando de déficit todos los días, las instituciones se aprietan el cinturón para cumplir los objetivos de déficit, y debemos reflexionar sobre la financiación de los partidos y el límite, o no, del endeudamiento.

Solo son ideas, señorías, pero creemos que tenemos una oportunidad para hacerlo ahora, y la brindamos con humildad para que la trabajemos entre todos. Hay voces que la reclaman en todos los partidos políticos, no es cuestión de culpabilizar a nadie: yo lo hice mejor, yo lo hice peor; la ética en estos casos está muy por encima de la legalidad. Sabemos que se trata de un tema sensible y que es necesario hacer las cosas con un consenso básico.

En la financiación de los partidos, como en otras cuestiones de políticas de Estado, hasta hace pocos años, hasta 2007 posiblemente, se han respetado los consensos básicos entre los grandes partidos que van a tener la responsabilidad de gobernar España, pero también entre otros que no somos grandes pero que también formamos parte de España. Y queremos ofrecer y dar la posibilidad de buscar esos consensos para que el Partido Socialista y el Partido Popular se entiendan en un asunto de Estado como es la financiación de los partidos, y en otras cuestiones. Haremos lo que sea necesario para intentarlo.

Por tanto, enmarco nuestra iniciativa —y voy terminando, señor presidente— sin buscar culpables; buscando soluciones. Es obligado, señorías, superar la legalidad con la ética y que nos pongamos de acuerdo en desarrollar normas básicas de nuestro sistema democrático. Espero contar con el apoyo unánime de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: No veo motivos, no veo excusas, no veo razones para el no. Sería una pena no aprovechar esta oportunidad que humildemente Unión del Pueblo Navarro ha planteado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

¿Turno a favor? (Pausa.)

No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Intervendré desde el escaño, si me lo permite, señor presidente.

No hay ninguna duda de que es necesario dar un paso más en la regulación de la financiación de los partidos políticos, después de haber avanzado en la elaboración de la ley actualmente vigente y haber logrado un consenso político muy amplio en esta materia. Lo que ocurre es que la propuesta que se nos plantea, que es positiva en sus contenidos, sin embargo tiene carencias en el sentido de que no afronta esa reforma global del conjunto de la ley.

Entendemos que la financiación de los partidos políticos para ser plenamente transparente, para tener garantías absolutas de ausencia de corruptelas, tiene que ser una financiación pública; pública y suficiente, lo que no ha ocurrido en los últimos años como consecuencia de los ajustes, que también se han extendido a las fuerzas políticas. Avancemos, por tanto, en un modelo de financiación pública con amplio consenso que permita excluir cualquier alternativa de financiación privada. Y lo digo desde una formación política que no cuenta con otra financiación privada que la que los propios militantes, fundamentalmente los cargos públicos, hacemos cada mes a costa de una parte de la remuneración que percibimos por ostentar esas representaciones públicas.




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De todas maneras, compartiendo la idea general, yo también quiero ser absolutamente transparente con la Cámara y afirmar que los graves problemas de corrupción en torno a la financiación privada no han sido fruto del marco normativo, sino del incumplimiento del marco normativo. Quienes han acudido a esos mecanismos no lo han hecho porque la legislación actual —insisto, perfeccionable y sobre la que cabe establecer más rigor y nuevos controles— haya abierto espitas para esos mecanismos irregulares de financiación, sino porque abierta y claramente se ha vulnerado la ley. Y cuando alguien tiene voluntad de vulnerar la ley, puede vulnerar esta o la que sea fruto de una reforma legislativa, lo cual, desde luego, no es disculpa para no afrontar esa reforma legislativa.

Decía que compartimos los contenidos, la prohibición de donaciones privadas y el establecimiento, como lógico acompañamiento, de un marco de financiación pública. Compartimos la prohibición de condonación de deuda por parte de las entidades de crédito, pero no solo de las entidades de crédito sino de cualquier acreedor. Un partido puede encomendar la construcción, o la modificación, reforma y rehabilitación de su sede. Si el promotor inmobiliario, o el constructor, le condona el coste de esa obra, también estaremos incurriendo en un mecanismo de financiación de los partidos. Por lo tanto, no solo de las entidades financieras, sino de cualquier acreedor frente a ese partido político. Y compartimos que se extienda a las fundaciones la prohibición de recibir esa financiación privada siempre y cuando también haya mecanismos públicos de financiación de esas fundaciones.

A partir de este marco de carácter amplio, los proponentes nos van a encontrar y van a contar con el apoyo de nuestros votos para sacar adelante planteamientos que respondan a la filosofía y a los contenidos que hay en la proposición de ley, pero también a otros contenidos que son necesarios para afrontar, con un marco temporal amplio y con un consenso importante, la definición de las formas de financiación de las fuerzas políticas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros probablemente estemos de acuerdo con muchas de las apreciaciones de la senadora Salanueva, apreciaciones con buena voluntad y con un buen objetivo, pero también queremos dejar claro respecto a lo que ha mostrado, es decir, una lista de la última semana con una serie de ilícitos penales, que, tal como se decía anteriormente, esos ilícitos no se van a solucionar con la ley actualmente vigente, ni con la que se está planteando en estos momentos, ni con ninguna ley. ¿Por qué? Porque además de que los partidos políticos deben ser coherentes con el marco normativo vigente, también tienen que mostrar una serie de actitudes que muchas veces están superando el propio marco normativo. Con lo cual, de esa manera tampoco lo solucionamos.

Es cierto que estos temas, como ha dicho la senadora Salanueva, son muy delicados, y por eso necesitan acuerdos muy amplios y debates serenos, y —tal y como ha dicho el representante de Izquierda Unida— exigen una reflexión sobre el propio modelo de financiación, porque debemos ser conscientes de que en los últimos años también ha habido un recorte a los partidos políticos en el ámbito de las ayudas públicas de más del 50%. Todos tenemos claro que los partidos políticos son necesarios e imprescindibles de cara al funcionamiento democrático, pero si estamos cuestionando una cantidad importante en la financiación pública, y además, por otra vía también estamos cortando la financiación privada, nos vemos abocados a preguntarnos qué modelo de partidos políticos queremos y, sobre todo, a aquellos partidos políticos pequeños que están en la oposición y que no disponen de los recursos humanos, económicos y técnicos que muchas veces aporta estar en algún gobierno. Por ello merece la pena llegar a acuerdos amplios y serenos y trabajar desde el inicio para que esos acuerdos se produzcan. Y voy a poner como ejemplo la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de Reforma de la Ley Orgánica de la Ley 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de partidos políticos, que justamente el año pasado se debatió en esta misma Cámara y dio como resultado que de 218 votos emitidos, 215 fuesen a favor y únicamente 3 en contra, y eso quiere decir algo. Es probable que, por desgracia, hoy no obtengamos unas mayorías como las que acabo de describir, lo que no favorece en nada a lo que la senadora Salanueva nos estaba transmitiendo de trasladar a la opinión pública una imagen clara de financiación de los partidos políticos y, sobre todo, unitaria en su modelo, en su manera, en sus tiempos, en sus recursos, etcétera.




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Por ello nos vamos a posicionar en contra de que esta proposición de ley salga adelante, pero lanzo un guante al decir que no nos oponemos a mejorar el sistema democrático ni la financiación ni el sistema de partidos políticos. Debemos intentar en este debate conseguir el acuerdo y la reflexión para dotarnos de recursos necesarios y suficientes, no para nosotros, para los partidos políticos, sino para lo que los partidos políticos representamos, que es a una pluralidad. Hay que buscar y recoger lo que piensa la sociedad para darle respuesta con los recursos que en su momento vayamos a necesitar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

En este debate ya se han producido intervenciones muy interesantes para situar la cuestión, yo intentaré hacerlo de la forma más breve posible y sumándome a la afirmación de la senadora Salanueva de que abordamos un asunto de máxima actualidad, absolutamente trascendente y, a la vez, como también se ha dicho, muy delicado y que requiere transparencia y debate. No podemos obviarlo; la situación social que estamos viviendo lo demanda, y es cierto que en este momento hay casos evidentes en los que los titulares de la prensa han fijado reiteradamente su atención. Pero también se ha dicho, y yo lo constato, que cuando uno está dispuesto a saltarse las leyes, por más complejas que sean, finalmente, se las acaba saltando. En todo caso, la imagen no es buena y, por tanto, hay que abordar esta cuestión desde la responsabilidad de los que tenemos representación pública, desde las instituciones, para que podamos hacerlo con la limpieza y la transparencia que en el fondo y en la forma requiere la actividad política. Porque, en definitiva, lo que nos estamos jugando es que esta actividad que tiene que ser, por principio, noble y de servicio público, resulte creíble, absolutamente fundamental y el eje principal de una democracia, como lo son los partidos políticos, porque, en definitiva, no existe democracia sin partidos.

Dicho esto, también quiero afirmar que debemos hacerlo con sentido común. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco lo ha dicho. Es cierto que hay una larga lista de titulares de periódicos en los que, fundamentalmente, desde una parte ideológica de nuestro amplio abanico, se ha pretendido dar una imagen negativa y maniquea de los partidos políticos y conseguir un descrédito generalizado de la actividad política, que me parece absolutamente repugnante, porque considero que es totalmente necesario acotar y limitar los casos concretos existentes. Debemos abordarlos, pero tampoco hay que criminalizar de una forma generalizada la actividad política y desprestigiarla por que alguien piense que puede sacar tajada debilitando muy gravemente a la democracia. Lo digo porque hay que contextualizar el debate, y me parece fundamental que lo abordemos con cierta calma y con una visión amplia sobre dónde y de qué forma afectan estos problemas al desarrollo de nuestra democracia.

Por tanto, reitero: debate sí, transparencia también; máximo control, máxima exigencia y a la vez que tengamos presente que esta no es una cuestión que pueda abordarse de cualquier forma, que ha de abordarse con el máximo rigor y la debida seriedad, porque es una cuestión que se presta a la demagogia. Evidentemente, en una materia como esta no podemos actuar por principios que no estén estrictamente vinculados a la credibilidad de nuestro sistema y de nuestra democracia. Y lo digo con todo el respeto a la iniciativa que ustedes han presentado, que me parece loable y, efectivamente, debemos debatirla, y ahora me referiré a ella. En todo caso, mis palabras y mis afirmaciones quieren situar el contexto general en el que se enmarca este debate.

Nosotros somos favorables a debatir sobre un marco jurídico que ayude a la regeneración democrática; nos parece absolutamente esencial que en este momento en que estamos viviendo una crisis, que finalmente se ha convertido también en una crisis política, seamos capaces de regenerar nuestra democracia, de concebir organizaciones políticas que sean más permeables, más democráticas y que tengan más autocontrol sobre ellas mismas, y que existan mecanismos en la sociedad para garantizar la transparencia que estamos reclamando.

Esto nos lleva al debate sobre el modelo de partidos políticos que queremos tener para garantizar nuestra democracia y para dar respuesta a la pluralidad de nuestra ciudadanía. Debate que me parece absolutamente esencial. Esto nos lleva a una convicción: que no podemos seguir




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haciendo bricolaje sobre la Ley de 2007 o la Ley de 2012, y que seguramente hemos de reformular más en profundidad esta cuestión. No es únicamente ir haciendo retoques sobre las leyes existentes sino que se necesita un debate mucho más profundo sobre la materia. Ustedes han planteado algunas materias en las que podemos estar de acuerdo, y es un debate que se podría abordar, pero nos preocupa el cómo y la base de este debate; lo ha explicado también el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, y es que tenemos unas leyes aprobadas con un consenso muy importante y nos parece peligroso abordarlo sin consensos y sin un debate previo lo suficientemente amplio para garantizar esta reforma en profundidad.

Ciertamente, a nosotros su propuesta nos parece insuficiente, aunque esto no tendría que ser motivo para un voto en contra, pero nos gustaría hablar del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de la prescripción de los delitos, de la falta de un sistema sancionador. Pero, insisto, el problema para nosotros al manifestar nuestro voto contrario a la toma en consideración no es exactamente la insuficiencia de la propuesta que ustedes plantean, sino el hecho de que vamos abordar la cuestión sin una base amplia de consenso, que nos parece absolutamente fundamental y necesario. Queremos, desde esta tribuna, lanzar el guante para que el conjunto de las fuerzas políticas de este país, en esta Cámara y en el Congreso, podamos abordar una cuestión que nos parece esencial para garantizar el futuro de nuestra convivencia y de nuestra democracia.

Nuestra sociedad ha evolucionado, y nuestros partidos tienen que evolucionar con ella, y su financiación es efectivamente un problema, pero no el único y, por tanto, creemos que debemos establecer, con una mirada amplia pero también contundente, un marco de diálogo para abordar esta cuestión desde la responsabilidad, y nosotros estaremos allí para hacerlo.

Y quiero acabar, señor presidente, recordando a Willy Brandt y diciendo que necesitamos hacerlo desde el sentido de la propia responsabilidad y muy especialmente desde la responsabilidad común, porque lo que necesitamos en este momento es precisamente mucha más democracia, y no menos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

No dudo de la buena intención de la propuesta de la senadora Salanueva y su grupo. No lo dudo, pero sinceramente le digo que creo que se equivocan; se equivocan en la forma y se equivocan en el fondo, y voy a intentar razonar mi posicionamiento.

Como pueden intuir, nuestro grupo va a votar en contra de esta iniciativa. De hecho, nunca hemos creído que sea acertado intentar legislar a golpe de titular de periódico. Seguramente esa es una mala técnica legislativa. Nos equivocaríamos si legisláramos en función de los titulares de los medios de comunicación, porque seguramente entonces dejaríamos la potestad legislativa en manos de dichos medios.

Creo que también nos equivocamos cuando intentamos resolver problemas puntuales que puedan afectar a una u otra formación, a todas nuestras formaciones políticas, intentando cambiar la legislación que ha sido modificada hace apenas un año con un amplio consenso, como recordaba el portavoz del Grupo Vasco. Hace un año hicimos una reforma cuyo resultado en la votación ha sido antes expuesto. ¿Modificamos o reformamos los dos aspectos que ustedes pretenden ahora modificar? Sí y de forma importante. Si ustedes recuerdan, respecto de los artículos 4 y 5 de la ya modificada Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, hay cambios sustanciales en los dos aspectos que ustedes proponen.

En cuanto a las donaciones, se limitan muchísimo más aquellas que pueden recibir los partidos políticos, se limitan también las donaciones a las fundaciones adscritas a estos partidos políticos —no se prohíben pero sí se limitan—. Aquellas que superen los 50 000 euros o sean referentes a bienes inmuebles se deberán notificar al Tribunal de Cuentas —hasta ahora esto no pasaba—; toda refinanciación que efectúe cualquier partido político —artículo 5— también debe comunicarse y notificarse al Tribunal de Cuentas, y las condonaciones por parte de entidades financieras a partidos políticos nunca pueden superar los 100 000 euros anuales. Y todo eso lo aprobamos no hace ni un año con una amplia mayoría. Cuando una formación política se quiere desmarcar de esta amplia mayoría apenas un año después y sin poder evaluar la bondad de esta modificación




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legislativa, sinceramente creo que se equivoca, sea cual sea la circunstancia personal o política de esta formación, porque entonces no contribuimos a que la ciudadanía tenga mayor credibilidad sobre las formaciones políticas; seguramente estamos desacreditando más todavía esta credibilidad.

Señoría, si hay que prohibir todas las donaciones, habrá que buscar una solución a la financiación global. No basta con que no haya condonaciones ni donaciones. Nuestra formación política podría estar de acuerdo, pero podría estar de acuerdo si se estableciera un nuevo marco de financiación de todos los partidos políticos. Pero no solo con esta medida, que ciertamente es muy populista, que ciertamente cuenta con una amplia mayoría. Si usted hace una encuesta en la calle, el 90% de las personas le van a decir que les parece bien. Si pregunta si les parece bien que se supriman todas las subvenciones de todos los partidos políticos del presupuesto público también un 90% le dirá que le parece bien. Sinceramente, con esta iniciativa, siendo bien intencionada en su inicio, nos perjudicamos absolutamente todos. Por tanto, nuestra formación no la va a apoyar.

Voy a hacer algunas reflexiones más en cuanto a la financiación de los partidos políticos. Algún portavoz ha dicho que el problema no está tanto en la legislación concreta, sino en el incumplimiento de la legislación, en la falta de transparencia. La Ley sobre Financiación de los partidos políticos fue aprobada en 2007. Les propongo un ejercicio, seguramente complicado porque es laborioso. Repasen todos los escándalos de financiación de todas las formaciones políticas desde 2007 hasta 2013; repasen todos los titulares de prensa, todos, y díganme cuáles son imputables a un problema de la legislación y cuáles a un incumplimiento de la legislación. Ya les avanzo que más del 90%, y largo, es un problema de incumplimiento de la legislación. Con su propuesta no se garantiza que si se prohíben las donaciones a las formaciones políticas estas no se continúen produciendo. El problema es el cumplimiento de la legislación. Se lo constato yo y se lo puede constatar cualquier miembro de esta Cámara que forme parte de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Allí estamos recibiendo los informes del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de las diferentes formaciones políticas y de las diferentes campañas electorales a las que todos concurrimos, y podemos detectar dónde se encuentran los problemas. El problema no es la donación, el problema será, en todo caso, la falta de transparencia; el problema será que no se ha cumplido con lo que establece la legislación respecto de los datos de esta donación, que se ha incumplido, y si debe ingresarse en una cuenta específica o no, etcétera.

¿Cuál es, por tanto, la posición de nuestro grupo? ¿Debemos mejorar la financiación de los partidos políticos? Seguro. ¿La tenemos que hacer más transparente? Seguro. Pero de forma consensuada, toda la Cámara no hace un año hemos hecho una modificación profunda de la Ley de financiación de los partidos políticos. Si ha habido consenso, yo pediría que analicemos cómo funciona esta modificación profunda, analicemos cómo funcionan el artículo 4 y el artículo 5 que hacen referencia a los dos temas que plantea la proposición de ley, y si de aquí a un tiempo razonable constatamos que no ha funcionado, intentemos buscar un consenso amplio para ganar credibilidad de cara a la sociedad. Si no, señorías, seguramente nos equivocaríamos.

Un último mensaje. Si todos somos capaces de cumplir con la legislación de financiación de los partidos políticos, la que sea, seguramente ganaremos muchísima credibilidad ante toda la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz Molina.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, hablar de financiación de partidos políticos siempre ha conllevado exponerse y más ahora, en las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, a la tentación de la levedad en los argumentos o exponerse a la luz de la templanza y la razón, que es otra forma de exponerse, a veces la que más peligro conlleva en nuestro país.

Señorías, la financiación de los partidos políticos en España fue regulada inicialmente en el año 1987. Veinte años después de aquella regulación se acordó una nueva modificación en el año 2007 con los siguientes argumentos que extraigo de la exposición de motivos de la




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ley: «Actualmente hay un amplio sentir», se decía, «entre la sociedad y la opinión pública ciudadana que también se extiende a los partidos políticos sobre la necesidad de abordar una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos que dote de mayor transparencia y control». La ley aprobada en 1987 no garantiza de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de su actividad económica. Hay que posibilitar los máximos niveles de transparencia y publicidad y regular mecanismos de control que impidan desviaciones. Esto ya lo contenía la ley del año 1987.

Señorías, recientemente se ha hecho referencia, en concreto, en el mes de octubre del año 2012, es decir, hace prácticamente un año, no llega todavía a un año, a que se produce una nueva modificación de la ley, regulando la financiación en los siguientes términos, entre otros: se prohíbe que los partidos políticos acepten donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas y esta prohibición se extiende a empresas pertenecientes al mismo grupo, a empresas participadas mayoritariamente por aquellas y a sus fundaciones; se impide a los partidos aceptar cualquier donación procedente de fundaciones privadas, asociaciones o entidades que reciban subvenciones de las administraciones públicas. Se acuerda todo esto además de proceder a una reducción del 20% de la financiación que se venía percibiendo antes de la crisis económica. Al día de hoy, como ha sido referido por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, la reducción alcanza prácticamente el 50%. Igualmente, respecto de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

Señoras y señores senadores, ¿por qué traigo a colación y por qué recuerdo todo lo que acabo de decir? Porque, a nuestro juicio, deberíamos estar de acuerdo en que cada vez que en España hemos abordado la financiación de los partidos políticos el legislador en sus diferentes épocas ha dejado nítidamente manifiesta, por una parte, su preocupación respecto de la percepción que los ciudadanos tienen de este hecho y, por otra, su afán de perfeccionar el marco legal al respecto, siendo este cada vez más exigente y restrictivo, asumiendo, además, como pilar básico de la financiación de los partidos, el principio de publicidad, transparencia y control.

Otro aspecto importante del camino que hemos recorrido y que no debemos olvidar, y a nuestro juicio sustancial, lo constituye el hecho de que esta ley en su origen, como en las posteriores modificaciones, observa una constante: siempre se ha visto acompañada de un amplio consenso. La última, en 2012, se ha hecho referencia al respaldo que recibió en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, más de 300 parlamentarios votaron a favor; consenso justificado y necesario, porque todo lo que tiene que ver con los partidos y la representación política desde que fue aprobada la Constitución de 1978 se considera consustancial a nuestro sistema político; en cierto modo, forma parte de lo que entendemos como bloque constitucional, forma parte del consenso constituyente que inspira nuestra convivencia democrática. Así ha sido considerado siempre, así lo consideramos y así debe seguir siendo considerado.

Estimamos, por tanto, que la unilateralidad no es el camino adecuado. Compartimos la necesidad de impulsar la reforma de esta ley, pero no debemos buscar atajos que no conducen más que a la frustración. Por eso sugerimos a los autores de esta iniciativa que renuncien a ella, y compartiendo que es necesaria, la ofrezcan al resto de los grupos parlamentarios como impulso de un proceso que conduzca a la modificación consensuada de la ley en vigor.

Impulsemos la modificación consensuada de la Ley sobre financiación de los partidos políticos, reconociendo además, a los efectos de evitar tentaciones no deseadas, que desde la perspectiva legislativa hemos sido cada vez más exigentes. Reconozcamos esto, y reconozcamos también que, a pesar de todo, nos encontramos en el momento más crítico al respecto desde que se aprobara la Constitución de 1978. Efectivamente, a la tragedia que para millones de familias españolas supone la crisis económica, se ha sumado la quiebra moral que representan episodios variados de corrupción en la esfera pública, y más específicamente el mayor escándalo de nuestra historia reciente por financiación irregular del partido que gobierna, en este caso el Partido Popular.

Señorías, quiero dejar muy claro en nombre de mi grupo, y así ha de constar en el Diario de Sesiones, que los socialistas consideramos necesario endurecer la ley que regula la financiación de los partidos. Así lo vamos a acordar en la conferencia política que celebraremos el próximo fin de semana. Vamos a proponer prohibir todas las donaciones privadas de empresas y entidades mercantiles a los partidos políticos, y de particulares vinculados a empresas que mantengan contratos con las administraciones públicas. Vamos a proponer la obligatoriedad para todas las organizaciones políticas de publicar en la web sus presupuestos, la lista de donantes y de




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organizaciones subcontratadas. Además, queremos que se establezca que quienes compatibilicen un cargo con una responsabilidad en un partido político no puedan percibir sobresueldo alguno por el desempeño de esta última actividad. También vamos a proponer la apertura de las listas electorales para que los ciudadanos puedan señalar preferencias personales respecto de los candidatos y candidatas. Esto último tiene que ver, y mucho, con el recto proceder de la representación política. Cuanto más poder tenga el ciudadano, con más cuidado se conducirá su representante. Acordaremos estas propuestas, entre otras, y las ofreceremos para que sean adoptadas con el más amplio consenso posible.

Señorías, la reforma de la Ley sobre financiación de los partidos políticos tenemos que llevarla a cabo con el mayor consenso posible y cuanto antes mejor para evitar que se generen espacios de opacidad e impunidad. Pero al tiempo que digo esto, permítanme también decir que no debemos engañarnos —y aquí se han hecho ya, creo que con acierto, algunas referencias— ni conducir a nadie al engaño, aunque sea de manera involuntaria. Señoras y señores senadores, el pilar sobre el que emerge el grave problema de la financiación irregular no es básicamente de naturaleza jurídica. Tenemos que perfeccionar la ley, pero la mejor ley del mundo que fuéramos capaces de hacer no resolverá el problema porque este es básicamente de orden ético y moral.

Concluyo, señor presidente. Señorías, reformemos la Ley sobre financiación de los partidos políticos, hagamos una ley más exigente, hagámoslo en el marco del más amplio consenso que sea posible y cuanto antes mejor, pero no olvidemos que las leyes no lo pueden todo. La ley puede condicionar el comportamiento, pero la actitud de cada cual, que es lo que determina en última instancia el comportamiento de cada uno, tiene mucho más que ver con la ética y la moral que con ninguna norma legal por perfecta que esta sea.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz Molina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

En primer lugar, a los senadores de Unión del Pueblo Navarro quiero agradecerles la presentación de la proposición de ley, que ha sido un acierto, como han podido escuchar a todos los portavoces. Y, además, que lo hayan hecho en el Senado, porque ponen en valor esta Cámara, preocupada también en materia de transparencia. En esto, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular estamos en el mismo barco, porque su proposición de ley ha sido reiteradamente admitida en muchas cuestiones por lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que, precisamente, ha lanzado a todos los grupos parlamentarios en reiteradas ocasiones el deseo de conseguir un amplio acuerdo en materia de corrupción. En esta Cámara, concretamente, también lo ha hecho, respondiendo a preguntas parlamentarias. Asimismo, el Gobierno, atendiendo a un informe de su vicepresidenta, aprobó el 20 de septiembre el Plan de Regeneración Democrática, que incluye cuarenta medidas que afectaban a diez leyes.

No vamos a poder votar a favor su proposición de ley, aun sintiendo y compartiendo muchas cuestiones de las que aborda, por varios motivos de fondo y uno de forma. El de forma es que emplean una técnica legislativa inadecuada. Ustedes plantean aquí la reforma de la Ley Orgánica 5/2012, que, a su vez, reforma la Ley Orgánica 8/2007, que es la de financiación de los partidos políticos. No se puede reformar, o es una técnica legislativa inadecuada, una ley que es parcial en sí misma, que no tiene un sustrato per se, porque la Ley de financiación de los partidos políticos es la Ley 8/2007, con lo cual, no se puede estar en una reforma de la Ley Orgánica 8/2007 que no tiene sentido, puesto que la Ley de financiación de partidos políticos es la 8/2007. Esto en cuanto a la cuestión de forma.

Respecto a la cuestión de fondo, como ustedes ponen de manifiesto en su proposición de ley, en la Ley Orgánica 5/2012 se ajustan subvenciones, se prohíben las donaciones, se evita que las fundaciones privadas sirvan de instrumento de financiación a los partidos políticos y también se prohíben, como han puesto de manifiesto los distintos portavoces, las donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas de más de 100 000 euros.

Por eso, señorías, el camino está abierto, y tenemos que alcanzar esa amplia mayoría, tal y como ha puesto de manifiesto el senador Bildarratz. De los 218 votos que se emitieron con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2012, 215 fueron positivos, a favor de esa ley —entre otros,




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los 3 suyos— y 3 en contra. Creemos que eso, junto con el Plan de Regeneración Democrática aprobado, cierra un círculo importante en aras de alcanzar ese acuerdo superior que, habiendo oído a los portavoces, no creo que sea difícil lograr.

En concreto, respecto al artículo 1 de su proposición de ley, quieren modificar el artículo primero de la Ley Orgánica 5/2012, cambiando la denominación. Hablan de que tampoco podrán hacerlo las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente. ¿Y si no están vinculadas? ¿Y si se encuentran separadas precisamente por una organización interna? Entonces, como ha puesto de manifiesto el senador Bel, estaríamos ante un incumplimiento de la legislación. Sería muy fácil sustraerse al cumplimiento de la ley. Creemos que ahora mismo queda mucho más protegido en la actual redacción del artículo 1, letras c y d.

En el artículo 2 de su proposición de ley pretenden modificar el artículo segundo cambiando la dicción, al afirmar que no se permitirá condonación total o parcial de la deuda. Aquí sí que estamos combatiendo el que es uno de los grandes logros de nuestro Código civil, que, en buena medida, es copia del Código napoleónico, el principio espiritualista que rige la libertad contractual de las partes. Ustedes pretenden que personas físicas o jurídicas no puedan contratar dentro del marco genérico que les concede el Código civil, máxime cuando vamos a una justicia restaurativa en la que se está premiando la mediación, tanto civil como penal, y así viene recogido, en su caso, para el Código procesal penal. Si admitiéramos esta facultad, estaríamos yendo en contra de la declaración de la voluntad de las personas. Privarles de forma absoluta que no puedan llegar a un acuerdo de condonación, creemos que es estar fuera de los límites jurídicos del Derecho civil. Esa limitación absoluta, por concepto, como también se ha puesto de manifiesto, no podemos admitirla. No se puede suprimir esa negación de voluntad de las personas físicas o jurídicas. Los únicos límites —generales a la contratación— son aquellos que tiene que establecer el artículo 1255 del Código civil: que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Fuera de ellos, a las personas se les debe dejar la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo.

En cuanto a su artículo 3, pretenden suprimir el artículo tercero, que prevé que los partidos políticos puedan recibir directa o indirectamente donaciones anónimas o de personas físicas o jurídicas. ¿Les parece mal que se recoja esa prohibición de recibir directa o indirectamente donaciones? ¿Por qué quieren suprimirla si está absolutamente recogido? Creemos que queda mucho más protegido con la dicción actual que con la que ustedes proponen. Si está todo absolutamente declarado, ¿qué miedo hay? Eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos, declararlo todo. ¿No les parece que eso sí es lograr la máxima transparencia?

En el artículo 4, por coherencia, se solicita que se suprima del texto una determinada frase pero, por coherencia también y por lo que les he dicho, la respuesta es la misma. Ustedes por coherencia solicitan la supresión y nosotros por coherencia, porque no se puede ir en contra de ese principio espiritualista, tampoco podemos admitirlo.

En el artículo 5 plantean suprimir del artículo séptimo de la Ley Orgánica 5/2012 el epígrafe uno, letra a), en concreto la frase: «…que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en los artículos 5 y 7 de la presente ley…» Creemos que hoy está mucho más protegido precisamente en esas letras c) y d) del artículo primero, al regularse expresamente la prohibición de la recepción directa o indirecta de donaciones de empresas o fundaciones privadas que tuvieran contrato vigente o recibieran subvenciones de las Administraciones públicas. Creemos que está dicho muy claramente y que no se puede decir de una manera mejor para evitar no caer en esa transparencia por todos deseada.

En el artículo 6 solicitan suprimir la disposición adicional séptima, apartados tres y seis. Y estos apartados, precisamente, prevén dos cuestiones que creo que pueden ayudar también a los partidos políticos a realizar un ejercicio de transparencia muy importante. En el apartado tres se recoge que no se puedan conceder donaciones superiores a 120 000 euros y que, en todo caso, tengan que formalizarse en documento público, que un notario esté presente en esa donación. ¿Les parece poca transparencia, cuando precisamente ese carácter público le hace tener un conocimiento frente a terceros? No puede haber más transparencia que esa. Y en el apartado seis se prevé que las fundaciones y asociaciones están obligadas a informar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de todas las donaciones y aportaciones recibidas. ¿No es eso un ejercicio de total transparencia, esa obligación que tienen las fundaciones y asociaciones de comentar y notificar al Ministerio de Hacienda todas las donaciones y rentas que reciben?




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En definitiva, señorías, el Plan de Regeneración Democrática abre un campo muy importante para el consenso. El presidente del Gobierno lo ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones y eso es lo que se pretende: tener un punto de partida, el inicio de un diálogo político importante. Como ha sido puesto de manifiesto por todos los portavoces, eso es lo que se pretende, que nos sumemos todas las fuerzas políticas en aras de conseguir esa máxima transparencia de los partidos políticos.

Esa ha sido la voluntad del Gobierno, esa es la voluntad del presidente del Gobierno y la propuesta que parte del Grupo Parlamentario Popular es la necesidad de que ese diálogo se amplíe. Siendo su propuesta buena y válida, es una iniciativa de parte. Ya se ha visto que todos estamos de acuerdo en que se tiene que mejorar, pero no pasa de ser una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro que, siendo conforme con el espíritu de esta Cámara, será un punto más que habrá que admitir y aceptar en esa negociación que tendremos que tener para alcanzar el acuerdo máximo en materia de transparencia.

Por eso, pese a coincidir en buena medida con el contenido de su proposición de ley y en aras precisamente de lo que ha sido reclamado aquí por los distintos portavoces parlamentarios, en aras de lograr ese mayor consenso, no podemos votar a favor de la proposición de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE PARA TRAMITAR EN DISTINTO ORDEN AL QUE FIGURA EN DICHO ORDEN DEL DÍA LA ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR.

(Núm. exp. 550/000023)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto, voy a someter a todos ustedes, y de acuerdo con los portavoces de los grupos, una alteración del orden del día que debe ser aprobada por el Plenario en función del artículo 71.4 del Reglamento del Senado.

La modificación sería: después de la votación de esta toma en consideración, proceder al punto número 7 del orden del día, que es la elección de los miembros del Observatorio de la Vida Militar; inmediatamente después entraríamos ya en el debate del primer proyecto de ley. Saben ustedes que este proyecto de ley tiene siete vetos, es decir, entraríamos en el debate de los vetos sin interrupción, sin parar el Plenario, pero en todo caso estos vetos no serían votados antes de las 4 de la tarde, como hacemos normalmente.

Por lo tanto, yo solicito al Plenario la autorización para la modificación del orden del día. ¿La puedo obtener por asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2012, DE 22 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (VOTACIÓN.)

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 8; en contra, 231; abstenciones, 6.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Abran las puertas.

9. OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

9.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS

9.1.1. ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR.

(Núm. exp. 729/000005)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día tal y como acabamos de aprobar.

Señorías, el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que el Observatorio de la Vida Militar estará compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento se efectuará por mayoría absoluta con el apoyo de al menos tres grupos parlamentarios en cada Cámara y por un período de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el artículo 184.2 del Reglamento del Senado, los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista y Catalán en el Senado Convergència i Unió presentaron la siguiente propuesta de candidatos: doña María Angustias Caracuel Raya, don Miguel Requena y Díaz de Revenga, don Lorenzo Martín—Retortillo Baquer y don Juan Carlos Muñoz— Delgado y Díaz del Río. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor.

Paso a continuación a informar sobre el informe de la Comisión. El día 5 de noviembre de 2013 la Comisión de Nombramientos se reunió para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para cubrir los cuatro puestos. Una vez efectuadas las comparecencias, en la sesión indicada la Comisión acordó, según lo previsto en el artículo 185.6 del Reglamento del Senado, informar sobre la plena idoneidad de los cuatro candidatos mencionados para acceder a los cargos que procede elegir por la Cámara.

¿Alguno de los portavoces de los grupos quiere intervenir? (Denegaciones.)

Vamos a proceder a la votación.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de comenzar la votación que, como saben ustedes se hará por papeletas y por llamamiento, les recuerdo a sus señorías lo siguiente: Cada senador podrá incluir en cada papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. Serán nulos los votos emitidos en papeletas que contengan nombres no incluidos en la propuesta de la Comisión de Nombramientos. Serán válidos los votos emitidos en papeletas que contengan un número inferior de nombres al número de puestos a cubrir, incluso aquellas que tachen los nombres, o el nombre, de candidatos. Los votos en blanco podrán expresarse sin poner ningún nombre en la papeleta o tachando todos los que estuvieren escritos en la misma.

Según lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la elección de los candidatos propuestos requerirá la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

En forma previa se ha sorteado el nombre del senador por el que ha de empezar la votación y la votación va a comenzar por la senadora Iparragirre.

Para realizar ordenadamente la votación, ruego a sus señorías que se acerquen a votar por la parte izquierda de la tribuna de oradores, que faciliten su nombre a los letrados, que depositen sus papeletas en la urna y salgan por la parte derecha de la tribuna.

Comienza la votación.

Ruego al secretario primero que empiece a dar lectura al llamamiento.




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Por los señores secretario primero, Conde Vázquez; secretario segundo, Rabanera Rivaco; secretaria tercera, Alborch Bataller, y secretario cuarto, Plana Farran, se procede al llamamiento de las señoras y los señores senadores a partir de la citada.

Terminado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿algún senador o senadora no ha sido llamado o no ha votado? (Pausa.)

Muy bien, pues vamos a proceder al escrutinio.

Abran las puertas.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, terminado el escrutinio, el resultado es el siguiente: a favor de doña María Angustias Caracuel Raya, 229; a favor de don Miguel Requena y Díaz de Revenga, 229; a favor de don Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, 229; y a favor de don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río, 229. Además, hay siete votos en blanco y uno nulo.

Por tanto, habiendo alcanzado los cuatro candidatos mencionados la mayoría absoluta de la Cámara que exige el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, quedan elegidos miembros del Observatorio de la Vida Militar.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000049)

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para presentar el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal les informo de que el proyecto de ley que se presenta tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 18 de octubre, fecha también de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por el procedimiento de urgencia y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 22 de octubre. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

A este proyecto de ley se han presentado siete propuestas de veto y ciento cuarenta y cinco enmiendas. De estas últimas, veinticinco han sido de distintos senadores del Grupo Mixto; quince, del Grupo Parlamentario Vasco; cincuenta y tres, del Grupo de la Entesa; veintiuna, del Grupo Catalán Convergència i Unió; veintisiete, del Grupo Socialista; y cuatro, del Grupo Popular.

El pasado día 30 la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera. Por el Grupo Popular, don Juan Antonio de las Heras y don Angel Pintado; por el Grupo Socialista, don Joan Lerma y don Juan María Vázquez; por el Grupo Catalán Convergència i Unió, el señor Bel Accensi; por el Grupo de la Entesa, el señor Montilla Aguilera; y por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Martínez Muñoz.

Dicha ponencia elevó a la comisión informe, en el que introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Popular y la enmienda 114, del Grupo Vasco, coincidente con la enmienda 123, del Grupo Popular, una vez rectificado el error material. La comisión se reunió a continuación para dictaminar y, tras rechazar las propuestas de veto, emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el mantenimiento de los vetos y enmiendas el señor Iglesias Fernández y la señora Capella i Ferré, del Grupo Mixto; los señores




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Guillot Miravet, Saura Laporta, la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo de la Entesa; y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, el Grupo de la Entesa, el Grupo Convergència i Unió y el Grupo Socialista.

Muchas gracias; señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Buenas tardes a las escasas señorías que están en el Pleno, en este para nosotros importante debate sobre un proyecto de ley que nos llega del Congreso de los Diputados, que nos llega desde el Gobierno, y que viene a certificar de nuevo una determinada manera de entender la política por parte del Gobierno del Partido Popular, de entender el Gobierno y de entender el poder.

Todo comenzó cuando el señor Rodríguez Zapatero tuvo la ocurrencia de modificar la Constitución Española, de modificar el artículo 135 con la aquiescencia y el apoyo del Partido Popular. Desde entonces todo ha ido a peor, y desde esa reforma del artículo 135, perpetrada por el bipartidismo en nuestro país y a espaldas del pueblo, ha venido una serie de legislación de la cual la Ley de Estabilidad Presupuestaria es quizás la más importante y de la cual se deriva asimismo esta ley de creación de la Autoridad Independiente, que ni va a tener autoridad ni va a poder ser independiente, señorías.

Habla esta entidad de convertir la política económica por parte de la Administración pública, por parte de la Administración del Estado, en un objeto de fe, no en un objeto de carácter científico, donde se van desarrollando dogmas y donde además vamos a elegir a un consejo de hombres y mujeres que van a supervisar el cumplimiento de esos dogmas de fe. Esos dogmas de fe que el neoliberalismo nos ha impuesto y que se han asumido de forma acrítica por parte de este Gobierno, que nos dicen que hay que contener el déficit y que la prioridad absoluta, por encima de todas las cosas, es el pago de la deuda; por encima de que haya un sanitario más, de que haya un docente más, de que haya una persona más en los servicios públicos o en los servicios de atención. Todas esas cosas están por debajo, en orden de prioridad, del pago de la deuda; y todo eso para poder seguir destinando dinero público al salvamento de las entidades financieras de nuestro país, todo eso encaminado a seguir machacando al pueblo trabajador y a que se sigan tomando medidas que van en contra absolutamente de los intereses del pueblo.

Porque, claro, se nos ocurre crear esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal; no se nos ocurre crear autoridades independientes de responsabilidad social que, por ejemplo, llamen la atención a un Gobierno como el nuestro, que tiene seis millones de parados en su haber, o una autoridad independiente de responsabilidad electoral, un grupo de hombres y mujeres, por ejemplo, que nos digan que el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones se está cumpliendo o incumpliendo; si existiera tendría muchísimo trabajo con el Partido Popular y con el Gobierno del Partido Popular. Si de verdad se pudieran cumplir los programas, esa autoridad independiente de responsabilidad fiscal estaría tremendamente orgullosa y contenta y seguramente aplaudiría el cierre de Canal Nou, por ejemplo. Porque todo esto va encaminado hacia lo mismo, y es no poder garantizar los derechos sociales, imponer como dogma la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal por encima de poder aumentar los ingresos que permitan la garantía de la prestación de los servicios públicos, por encima de la atención de los derechos sociales de los hombres y mujeres del pueblo trabajador de nuestro país.

Creemos que esta autoridad independiente convierte en policial a un órgano que no debería existir en absoluto. Para poder supervisar la política ya está la ciudadanía, y para poder supervisar la política económica desde luego está el Gobierno y están estas Cámaras, el Senado y el Congreso. A ellos también es a los que vamos a pedir que dependan estas entidades, pero lo desarrollaremos posteriormente, cuando hablemos de las enmiendas parciales. Por todo ello, aun reconociendo que este órgano está en la línea de coherencia de la política que se ha puesto en marcha desde noviembre y desde la reforma de la Constitución Española hasta nuestros días, es también coherente por parte de nuestro grupo el rechazo de esa manera de constitucionalizar la




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ideología, que es en lo que al final deriva una visión totalitaria de la economía y de la política. Solo faltaba poner un policía para la atención y la supervisión de estas cosas, que llame la atención a las administraciones públicas con independientes de reconocido prestigio. Y cada vez que escucho eso me echo a temblar, porque independientes de reconocido prestigio les han dicho cómo tienen que reformar o cómo se tienen que cargar y privatizar el sistema público de pensiones; independientes de reconocido prestigio son los que les han dicho qué reforma laboral había que hacer para precarizar y abaratar los costes salariales en nuestro país; e independientes de reconocido prestigio son los que les andan justificando que se puedan desperdiciar 36 000 millones de euros del dinero de todos los españoles para poder salvar entidades financieras que lo han hecho mal, porque independientes de reconocido prestigio les han dicho que eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, lo de la independencia y lo del prestigio, viniendo de ustedes no tiene absolutamente ninguna credibilidad.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, senadores y senadoras, presentes y ausentes.

Esquerra Republicana presenta un veto al Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal porque no compartimos ni la forma ni el fondo del proyecto de ley. Y veo que en este desencuentro, habitual entre Esquerra Republicana y el Partido Popular, no estamos solos, están la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición. A este proyecto de ley se han presentado siete vetos. Da que pensar. Debería darles que pensar. Deberían reflexionar, porque es evidente que la mayoría no compartimos ni en parte ni en poco ni en nada el proyecto de ley; basta leer los vetos presentados y las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios que sí las han presentado. No es una novedad, ya lo saben: de nuevo reitero esta voluntad de presentar vetos, que no enmiendas, habida cuenta del escaso, poco o ningún resultado que produce presentar enmiendas cuando ustedes ostentan esta mayoría tan absoluta. Y les anticipo y anuncio que Esquerra Republicana votará favorablemente los distintos vetos presentados por los diferentes grupos parlamentarios. Y con alguno de ellos compartimos el cien por cien de su argumentación.

Con este proyecto de ley ustedes culminan el proceso iniciado con la última reforma constitucional. Antes aludía a esta reforma constitucional el representante de Izquierda Unida, el señor Mariscal, una reforma —conviene no olvidarlo— hecha por el procedimiento de lectura única y de urgencia, yo diría que con nocturnidad y alevosía, en quince días; una absoluta burla a la democracia y a la ciudadanía, que solo pretendía contentar —eso es lo que buscaba— a los mercados y a la señora Merkel. Y ya que lo hacían, y puestos a ello, eliminar —eso siempre les viene bien— cualquier rastro de autonomía financiera de las comunidades autónomas, un paso más para hacerlas desaparecer. Ayer mismo el ministro Montoro aludió al estado fallido de las autonomías por eso tan manido por ustedes, utilizado tanto por ustedes: que el despilfarro y el déficit es culpa de las administraciones de las comunidades autónomas y de la Administración local. Debería darles vergüenza. Debería avergonzarles, pero no solo no se avergüenzan sino que sacan pecho y se vanaglorian de ello y presentan este proyecto de ley.

La creación de su autoridad independiente de responsabilidad fiscal supone la defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las comunidades autónomas, sustrayendo el ámbito de decisión política de estas y depositándolo en un órgano cuyos miembros son nombrados a dedo por el Gobierno del Estado, de manera que entiendo que deberían —en Esquerra Republicana así se lo planteamos— cambiarle el nombre a la ley y llamarla de autoridad dependiente, más acorde con el contenido de su proyecto de ley. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal que se prevé no es en realidad tal autoridad independiente; pese —como decía— a su supuesta independencia, no lo es ni orgánica ni funcional, no es más que un nuevo organismo a merced del Gobierno de turno, en este caso el que sustenta el Partido Popular. Basta leer los artículos referidos al sistema de elección de los miembros, del presidente, su presupuesto o la dependencia propia del Ministerio de Hacienda, entre otras características que denotan esta dependencia. Como decía, tanto su presidente como los directores de división serán nombrados por el Consejo de Ministros, y pese a pretender supuestamente la creación de esa autoridad




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independiente, con este proyecto de ley el Gobierno se ha reservado la facultad de nombrar a sus miembros sin mediar y lo sustraen del control de las Cortes Generales.

Ustedes son especialistas en este tema, en hacer desaparecer los sistemas de control, el sistema de pesos y contrapesos que favorece la calidad democrática de nuestras instituciones o que debería favorecer, garantizar la calidad democrática de las instituciones y con ello de la democracia, de nuestra democracia. Y prueba de ello han sido las sucesivas reformas iniciadas y aprobadas por ustedes: la elección del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y un largo etcétera. Pero no solo eso, con este proyecto de ley dicen ustedes que pretenden desarrollar una mejor gobernanza económica mediante el control y la disciplina presupuestaria sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. En otras palabras: afectando gravemente a las políticas sociales. En palabras más claras, y para que todo el mundo nos entienda: se preocupan por los dineros —los dineros de unos pocos— y se preocupan por los mercados; y se preocupan muy poco, por no decir nada, de las personas.

La disciplina presupuestaria que tiene por objetivo garantizar la autoridad que ustedes hoy crearán y, por tanto, aprobarán, ya está repercutiendo en la atención a las personas y especialmente a las más necesitadas. Además, la falta de recursos públicos que supone dicha disciplina presupuestaria sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público, más aún cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis. Asimismo, la creación de una autoridad que tenga como objetivo el control de dichos límites supone la culminación de dicha aniquilación.

En definitiva, ustedes a lo suyo, que es centralizar, homogeneizar, privatizar y recortar, las mismas políticas, con o sin autoridad de responsabilidad fiscal, solo que ahora buscan la manera de justificarlo, de disfrazarlo.

Por estos motivos, Esquerra Republicana ha presentado un veto al proyecto de ley que estamos debatiendo y solicita el voto favorable a dicho veto.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet y del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es el corolario de la reforma de la Constitución en su artículo 135, reforma perpetrada con el acuerdo exclusivo del PSOE y el Partido Popular. Aquella reforma constitucional —ya lo dijimos en su momento— tuvo, a mi entender, dos efectos negativos: en primer lugar, la ruptura del consenso constitucional anunciado por dos de las fuerzas que jugaron un papel fundamental en la elaboración de la Constitución con la que recuperábamos la democracia, los nacionalistas catalanes y los partidos herederos del Partido Comunista de España y del PSUC, Izquierda Unida e Iniciativa. Y en segundo lugar, la institucionalización de la ideología neoliberal en nuestra Constitución. El deber de pagar la deuda prevalece como valor superior a los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro Estado como un Estado democrático y social de derecho. Una reforma constitucional que invadía la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

El PSOE no solo perdía las elecciones, sino que, lamentablemente, participaba de unas políticas que ayer ya se anunciaban como erróneas y hoy se ven como fallidas.

Fruto de esta reforma constitucional se aprobó, ya con el Partido Popular en el Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A este marco legislativo hay que añadir todas las imposiciones que se derivan del proceso de cumplimiento del procedimiento del déficit excesivo y las del memorando firmado para la instrumentación de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema bancario de España. En ellas se recoge la puesta en marcha de una autoridad fiscal independiente. Hoy se nos propone aprobar la creación de esta autoridad, que velará por el cumplimiento de unos criterios estrictos de consolidación fiscal, cuestionados y demostradamente fracasados.




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Señorías, nadie desde la política responsable puede desentenderse del déficit y la deuda; lo hemos reiterado en todos los debates realizados sobre esta cuestión. Lo que nunca hemos compartido el senador Saura y yo es la imposición de unos plazos y unos límites de contención del déficit, el incumplido del 3% del PIB para 2013; por cierto, nunca nadie ha justificado por qué el límite se fijaba en el 3% y no en el 2% o en el 4% y por qué el plazo era para el 2013. La realidad y las ampliaciones de plazos y porcentajes realizados por Bruselas demuestran la arbitrariedad de esta propuesta.

Podríamos discutir sobre cómo se estima el déficit estructural; podemos discutir sobre los criterios para definir los umbrales de la sostenibilidad del nivel de endeudamiento, pero quiero insistir en que nadie ha puesto en duda la necesidad de atajar el déficit y disminuir la deuda pública. Lo que ustedes no han querido compartir es que era y es necesario disponer de recursos económicos para relanzar la economía y crear empleo, crecimiento económico que, al fin y al cabo, es la única garantía para generar los ingresos necesarios que nos quiten de este déficit y permitan reducir nuestro nivel de endeudamiento. La propuesta era sencilla: alargar los plazos. Para hacerla viable era preciso coaligarnos con los países del sur europeo para exigir a Bruselas racionalidad a cambio de compromisos y seriedad. Ustedes optaron por un insensato sálvese quien pueda. Los resultados están a la vista.

Las políticas del Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis se pueden resumir en recortes del Estado del bienestar para reducir el déficit y devaluación interna para ganar competitividad. Como devaluación interna se entiende las rebajas de los costes laborales producidos por las reducciones salariales y el despido libre. Ahora —ayer el presidente Rajoy y el ministro Montoro lo reiteraron tantas veces como pudieron— argumentan a su favor que el crecimiento de un exiguo 0,1% de nuestro PIB el pasado trimestre y los datos de incremento de casi 55 000 afiliados a la Seguridad Social permiten hablar de la salida de la crisis. No es cierto. Con más de un 25% de paro, caída del consumo y ausencia de créditos a empresas y familias no hay salida posible de la crisis. Pero es cierto que pronto o tarde saldremos de ella. Todo toca fondo. Y cuando empiecen a verse rayos de luz en esta oscura noche que representa la peor crisis sufrida por nuestro país, podremos ir viendo con mayor claridad cuál es el escenario después de la batalla, el modelo de sociedad que emerge de su gestión de la crisis. ¿Y qué veremos? Que los costes de la crisis no se repartieron equitativamente; los soportaron fundamentalmente la clase trabajadora y las capas medias. Una España más pobre. Una sociedad más precarizada. Altos niveles de pobreza severa y crónica. Un Estado del bienestar desmantelado y privatizado. Un mercado de trabajo desregulado, con la consiguiente laminación de derechos laborales y sindicales. Una generación de jóvenes perdida. Y mucha desafección. En resumen, una España más pobre, injusta y desigual.

Hoy nos proponen la creación de esta autoridad independiente que tiene como principal misión fiscalizar las políticas públicas para adecuarlas y estrecharlas a los límites que marca la consolidación fiscal. No estamos de acuerdo ni con esta propuesta, ni con el recorrido del que se vanagloria este Gobierno, el de haber sido pioneros en la reforma constitucional que consagró la consolidación fiscal, ni en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No queremos que los poderes públicos se vean atados de pies y manos sobre la disponibilidad del gasto público, que solo debe funcionar a criterio y responsabilidad de ellos, elegidos democráticamente por el pueblo, y mucho menos en una eurozona que pese a compartir moneda no dispone de una Hacienda propia ni de un banco central que pueda actuar más allá del control de la inflación ni de instituciones legitimadas democráticamente.

Ni estamos de acuerdo con la propuesta ni creemos que el proyecto de ley garantice por sí mismo los instrumentos que permitan que esta autoridad sea realmente independiente. Si siempre es difícil, cuando no imposible, hablar de independencia en relación con la economía, la experiencia acumulada con este Gobierno me permite afirmar, vistos los recientes casos y la última elección de presidente del Tribunal Constitucional de un militante del PP, que ustedes dispondrán de esta figura según sus intereses. Una autoridad que dependerá directamente del ministro de Hacienda y que será financiada por tasas que pagarán las administraciones que son objeto de su supervisión.

El senador Saura y yo creemos que hay que desandar el camino tomado. Proponemos una reforma del artículo 135 de la Constitución a su redactado original, y garantizar con ello la preeminencia del artículo 1.1, el que define a España como un Estado social y democrático de derecho, por encima de cualquier otra consideración.




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Consideramos que no hay una justa salida de la crisis que conlleve el desmantelamiento del Estado del bienestar y el recorte de los derechos sociales. Y por todo ello pedimos su apoyo para este veto.

Gracias, señorías. Gràcies, senyora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6 de la señora Almiñana Riqué, señor Boya Alós, señor Bruguera Batalla, señor Martí Jufresa, señor Montilla Aguilera, señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

¿Alguien va a defender el veto o se da por defendido?

El señor GUILLOT MIRAVET: Lo doy por defendido.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Intervendré brevemente porque tampoco quiero repetir los argumentos a los que han hecho referencia ya mis compañeros y que en buena medida comparto.

El veto que presenta mi grupo parlamentario está basado fundamentalmente en un argumento; las enmiendas, en cambio, van a desgranar cuestiones de carácter más técnico y más concretas en lo que se refiere al articulado. Pero el veto es general y lo es al conjunto del proyecto de ley, por una razón fundamental, y es que en este texto prevalecen siempre los conceptos o principios vinculados a la cuestión de la estabilidad, al control de la estabilidad presupuestaria y al control del déficit, al margen del sistema competencial vigente. Por tanto, hay una motivación de carácter competencial. Y no solamente en lo que afecta a Euskadi, o a la comunidad autónoma de Navarra, sino también a las comunidades autónomas de régimen común.

Durante la tramitación en el Congreso de este proyecto de ley lo dijo claramente el señor Montoro. El ahorro es la única fuente de derecho que él reconoce. Pues desde aquí hay que decirle que no al señor Montoro; decir algo así por parte de un ministro en una tribuna pública no es de recibo, porque lo que hace es ignorar el vigente ordenamiento jurídico. Somete al Estado de las Autonomías a un constante ejercicio uniformizante, recentralizador y paternalista, lo que tampoco es de recibo. Se olvidan, proyecto de ley tras proyecto de ley, de forma sistemática, de que en el Estado español coexisten cinco Haciendas, las tres Haciendas vascas: la de Guipuzcoa, Álava y Vizcaya, junto con la de Navarra, más la Hacienda central. Olvidan que además del convenio navarro y del concierto económico vasco existen una serie de órganos con competencia plena en materia fiscal y presupuestaria, lo que para nada se refleja en todo el texto del proyecto de ley. Y así, a lo largo de todo el texto y de todas las leyes que se han venido presentando sistemáticamente en el ámbito de la Hacienda. Ignoran, por tanto, su existencia, ignoran las funciones de estos órganos, ignoran sus competencias, e ignoran también la obligatoriedad legal, jurídica, de tratar determinadas cuestiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la comisión mixta del concierto y en el órgano equivalente de la Comunidad Foral de Navarra.

Esta apropiación indebida por parte de la nueva autoridad independiente de responsabilidad fiscal de competencias que le son ajenas, son las que han llevado a mi grupo a presentar un veto al proyecto de ley y pedir su devolución al Gobierno. Luego, más adelante, durante el debate de las enmiendas, desgranaré, como ya he dicho, cuáles son aquellos puntos que a nuestro juicio vulneran el citado régimen competencial de las comunidades autónomas, concretamente de las comunidades autónomas vasca y navarra.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Antes de pasar al siguiente veto, dado que acaba de incorporarse el senador Montilla, le doy la palabra para que presente el veto número 6. (Rumores.) Como ha sido cuestión de dos minutos, creo que el senador tiene también derecho a presentar su veto. Vamos con tiempo suficiente para presentar los vetos.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, pocos proyectos de ley han concitado tanto rechazo como el texto que hoy nos ocupa, el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y es verdad que por razones no necesariamente coincidentes; mientras que algunos consideran innecesario, perjudicial o atentatorio a nuestra soberanía el mencionado organismo que crea y regula el proyecto de ley, otros discrepamos del modelo que se nos propone.

Los senadores que suscribimos el presente veto coincidimos en la necesidad y utilidad de esta figura. Ya la directiva 2011/85 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, impone a estos la obligación de contar con instituciones fiscales que realicen un examen efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales basado en análisis fiables e independientes, realizados por órganos con autonomía funcional y orgánica respecto de las autoridades presupuestarias nacionales.

A España, en concreto, el Consejo Europeo le recomendó específicamente establecer una institución independiente que provea de análisis, asesoramiento y monitoreo de la política fiscal. Con estas características también fue incluido como requerimiento de la Comisión Europea en el Memorándum de entendimiento sobre la condicionalidad de la política del sector financiero, de julio de 2012. Y así fue recomendado también por la OCDE a principios del año 2013.

Todas estas recomendaciones incluyen unos requisitos mínimos exigibles de independencia, de autonomía funcional, de capacidad y competencia técnica, de consenso político, de recursos suficientes para el desempeño de sus funciones y de acceso total a la información a este organismo encargado del seguimiento, del cumplimiento de las leyes fiscales de un Estado, como es el de España.

Nuestro país no es pionero en la regulación de esta figura, otros países la han creado. Nuestros vecinos portugueses han sido de los últimos en hacerlo. En nuestro caso, además, su creación es consecuencia lógica de la reforma constitucional del artículo 135.5 de la Constitución y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera —esta última, como ustedes saben, nosotros no la suscribimos.

En este sentido hemos de analizar el proyecto de ley que se nos propone en el debate de hoy.

¿Cumple él mismo y la autoridad que crea esos requisitos mínimos a los que hacía referencia? Desde nuestro punto de vista, no, absolutamente no. La autoridad que este proyecto prefigura no es creíble ni en su autoridad ni en su independencia. Solo basta hacer un repaso y ver cómo recibieron el anteproyecto algunos medios de comunicación, algunos opinantes y también algunos organismos como Fedea. Hablaban de una autoridad sin autoridad, de un mayordomo para Montoro, de una solemne chapuza —porque no es independiente.

Señorías, nosotros presentamos este veto porque discrepamos del modelo que se nos propone por diferentes razones. Primero, porque no creemos que sea creíble la independencia de una autoridad reguladora adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: será un organismo nombrado por el ministerio el que tendrá acceso a la información y el que el propio ministerio acabe decidiendo. Segundo, porque funcionará y se organizará de acuerdo con un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y, por tanto, tendrá una nula capacidad de autoorganización. Tercero, porque su autonomía financiera y presupuestaria es nula al estar financiado además por tasas que habrán de pagar en muchos casos los que podríamos denominar clientes o damnificados —las administraciones territoriales en muchos casos—, que no solo verán cómo se les tira de las orejas, sino que además tendrán que pagar la factura. Cuarto, porque su propia configuración es difícilmente creíble, por eso estamos convencidos de que no podrá cumplir satisfactoriamente los teóricos fines para los que se crea.

He dicho al principio que nuestra objeción no es a la existencia del organismo que se crea ni al organismo que regula el proyecto de ley, sino al modelo que se nos propone. Nosotros apostamos por un modelo que tenga en primer lugar un carácter colegiado. No creemos en un órgano presidencialista como el que prefigura el proyecto de ley. En segundo lugar, porque creemos que ha de tener acceso a toda la información —sin los controles, tutelas e indicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—. En tercer lugar, porque pensamos que, con la adscripción a las Cortes Generales, el modelo que se nos propone no garantiza la independencia. Además nosotros planteamos que el organismo pueda tener la posibilidad de que ambas Cámaras




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le puedan encargar estudios, similar funcionamiento al de algunas oficinas presupuestarias como la del Congreso de Estados Unidos. En cuarto lugar, porque apostamos por un organismo con capacidad de autoorganización, que ha de tener competencia para aprobar su propio estatuto orgánico. En quinto lugar, porque apostamos por un modelo que pueda garantizar la disponibilidad de medios económicos y humanos para el desarrollo de su función. En sexto lugar, porque pensamos que un organismo como el que se nos propone, con el tipo de nombramiento de sus miembros, no garantiza su independencia —de ahí que propongamos que los nombramientos por el Consejo de Ministros se puedan efectuar siempre que cuenten con el aval de las tres quintas partes del Congreso—. Y en séptimo lugar, porque pensamos que un modelo como el que nosotros proponemos ha de tener la posibilidad de emitir informes reglados, como se recoge en las enmiendas 65 y 66 de nuestro grupo parlamentario que tendremos ocasión de defender.

El actual proyecto de ley no recoge ninguno de estos requisitos a los que he hecho mención, lo cual motiva el presente veto. Porque, señorías, este ha de ser un organismo que tenga credibilidad —credibilidad interna, en nuestro país; creíble para las instituciones, para la opinión pública; creíble para la sociedad; es obvio—, pero ha de ser un organismo con credibilidad internacional —creíble para los organismos internacionales, para los mercados—. Ha de ser un organismo con autoridad y reconocimiento, y si tiene un sesgo partidario, si no es realmente independiente, si su autoridad profesional es discutible y discutida, este organismo no acabará de cumplir sus funciones. Le servirá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de ariete contra las administraciones que considere díscolas, pero no cumplirá sus funciones.

Nuevamente ustedes desaprovechan la ocasión con la creación de esta Autoridad Independiente de Regulación Fiscal de apostar por el rigor, por la profesionalidad. Como ustedes saben, a este respecto la OCDE señala especialmente la necesidad de que este tipo de institución nazca del consenso de las diferentes fuerzas políticas —así lo dicen expresamente, del consenso— y no de la mayoría exclusiva de un grupo. Y en esto, en el no consenso, son ustedes especialistas. Un ejemplo claro ha sido el demorar la propuesta de regulación y forzar el procedimiento de urgencia, amparándose en que no cumplimos los plazos dados por Europa. Así se reduce, como ustedes saben sobradamente, la capacidad de enmienda del legislador. El Gobierno ha tenido tiempo suficiente para presentar y, lo que es más importante, para intentar consensuar con las restantes fuerzas políticas el contenido de la norma, pero como viene siendo habitual en las propuestas legislativas del Gobierno del Partido Popular, no ha sido así. Y la consecuencia es que en su trámite en el Congreso registró seis enmiendas a la totalidad y en el trámite en esta Cámara siete.

Nos tememos que siga la deriva que ya marcó de alguna manera la reforma de Radiotelevisión Española o la más reciente, la del Consejo Nacional de los Mercados y de la Competencia, siendo un instrumento más al servicio del Gobierno para controlar todavía más al resto de las administraciones, violentando su autonomía. Eso es lo que nos tememos, que sea un instrumento más al servicio de la Administración Central para laminar y condicionar la autonomía constitucionalmente reconocida a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

Como ven ustedes, discrepamos del modelo, y es que su modelo es coherente con unos objetivos que no figuran en la Memoria del proyecto de ley pero que subyacen en todas sus iniciativas legislativas: una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sí, pero precisamente no es esta la que creemos que en estos momentos necesite nuestro país. De ahí justamente la presentación de nuestro veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado un veto por diferentes motivos que les voy a exponer a continuación, pero quisiera hacerle una sugerencia previa al grupo mayoritario de esta Cámara —incluso en estos momentos continúa siendo el grupo mayoritario, bueno, creo que ya se han quedado en minoría. (Risas.)




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Se está hablando estos días de reforma constitucional. Yo creo que sí que tienen que hacer una reforma constitucional —la hicieron para modificar el artículo 135 y aquí estamos—, deberían hacer una reforma constitucional del título III, de las Cortes, concretamente del capítulo relativo a la elaboración de las leyes, para crear una nueva modalidad legislativa, la LOE, que es la ley orgánica exprés, especialidad que durante estos últimos meses se constata —el trámite habitual de la ley orgánica o la ley casi está desapareciendo y todas las tramitan por urgencia—. Yo entiendo la urgencia en una situación, la entiendo al principio de la legislatura, que pudieran entender que había muchos aspectos pendientes de reformar, pero cuando ya estamos prácticamente a la mitad de la legislatura, que casi todos los proyectos legislativos que llegan a esta Cámara sean por urgencia limita la capacidad de trabajo de la misma Cámara.

Dicho esto, ¿por qué presentamos veto? Exactamente por los mismos motivos que lo hicimos en el Congreso de los Diputados —y durante la última semana hemos añadido uno adicional, que también les voy a poner de manifiesto.

Presentamos veto porque estamos regulando mediante una ley orgánica una autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Vaya por delante que mi grupo comparte la necesidad de poder disponer de una autoridad fiscal realmente independiente, similar a la que existe en otros países —también en el marco de la Unión Europea— y de las características que se pueden exigir o recomendar por diferentes organismos internacionales. Ahora bien, una vez leemos todo el texto del articulado propuesto, llegamos a algunas conclusiones. Primero, que no es autoridad; segundo, que no es independiente; y tercero, que no llega a todos los niveles de la Administración. ¿Y por qué no es autoridad? Porque a esta figura, prácticamente unipersonal, no se la dota de autoridad. ¿Qué puede hacer de acuerdo con la regulación? Puede emitir informes, puede emitir opiniones, pero ni puede sancionar ni puede aplicar ninguna otra medida coercitiva. En todo caso, quien lo acabará aplicando será el Gobierno, que, en principio, pretende controlar. Puede opinar y puede informar, pero no tiene autoridad. No es autoridad. Puede opinar y puede informar, pero no tiene autoridad.

Segundo, ¿es independiente? Pues depende de quién. ¿Es independiente de las entidades locales? Sí. ¿Es independiente de las comunidades autónomas? Sí. ¿Es independiente del Gobierno del Estado de la nación? No. No, y se lo voy a razonar: Artículo 24, que regula la figura del presidente. (Ya he apuntado que esta es una autoridad muy personalista, prácticamente es un órgano unipersonal.) ¿Quién nombra al presidente? El Consejo de Ministros, artículo 24.2. ¿A propuesta de quién? Del señor Montoro; del ministro de Hacienda, en estos momentos, el señor Montoro. ¿Motivos del cese? Artículo 24.6, entre otros, letra f): por incumplimiento grave de las obligaciones. ¿Quién determina el incumplimiento grave de las obligaciones? Acuerdo del Gobierno. ¿A propuesta de? A propuesta de un expediente instruido por el ministro de Hacienda. Por tanto, nombra el Gobierno a propuesta del ministro de Hacienda; quien determina que no cumple sus obligaciones es el Gobierno en un expediente instruido por el ministro de Hacienda. De entrada, hasta aquí, mucha independencia no se visualiza.

¿Pero esta autoridad estará organizada con unas divisiones? Está organizada con unas divisiones y cada una tiene un director. ¿Quién nombra a este director? A este director le nombra el Consejo de Ministros. ¿Pero es a propuesta del presidente? Sí, es a propuesta del presidente, nombrado a su vez por el Consejo de Ministros. ¿Quién nombra a todos los directores de división? El Consejo de Ministros. Continuamos sin ver la independencia.

Yo les propongo un cambio de título, simplemente añadir: la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal respecto a comunidades autónomas y entidades locales, porque respecto a las comunidades autónomas y entidades locales sí que es independiente, pero no respecto del Gobierno del Estado. De hecho, lo que están creando ustedes mediante una ley orgánica —dando la sensación de crear un gran estatuto— no es más que un simple negociado del Ministerio de Hacienda, un simple negociado de este ministerio que va a realizar las funciones de policía malo, una entidad aparentemente independiente —que va a ser la justificación del Gobierno— que ponga el dedo en la llaga y explicite que tal comunidad autónoma, ayuntamiento o diputación no está cumpliendo con la Ley de estabilidad y sostenibilidad financiera, y que, por lo tanto, señores del Gobierno, tendrán ustedes que sancionar. Usted no quiere sancionar, pero se lo dice un independiente, un independiente que no es independiente sino dependiente porque lo acaba de nombrar usted.




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Señorías, en este momento de simplificación administrativa, cuando se está intentando reducir diferentes organismos, podrían haber evitado crearlo así porque ni es independiente ni es autoridad. Quien acabará ejerciendo la autoridad será el Gobierno. Ya puede, si se han dotado del marco normativo para hacerlo. No les hace falta la autoridad fiscal independiente tal y como la están regulando. Por tanto, los damnificados, una vez más, son las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

He dicho que durante los últimos días hemos añadido un motivo adicional a la presentación del veto. Ustedes han inventado otra modalidad que hasta ahora, durante mi breve plazo de casi dos años en esta Cámara, todavía no había descubierto como es la contra enmienda. Me he traído los textos para podérselos leer literalmente. Ustedes pactan con nosotros en el Congreso de los Diputados dos enmiendas que transaccionamos y nos admiten una, tal y como aparece en la página web. Yo me he leído la intervención de mi compañero Antoni Picó en la que reconoce que, aunque no era suficiente, se había avanzado porque se modificaba el artículo 5 —concretamente en sus puntos 1 y 3— esencialmente en principio para dar a las comunidades autónomas mayor capacidad de defensa y para solicitar informes a esta Autoridad Fiscal Independiente.

Señorías, retiro formalmente en esta tribuna las palabras de mi compañero Antoni Picó. ¿Qué han hecho? Sustituyen en el Senado la enmienda transaccional relativa al punto 3 del artículo 5 e incorporan una enmienda nueva del Partido Popular. ¿Cuál es la enmienda que incorporan? El mismo texto íntegro, idéntico al que entró en el Congreso de los Diputados; el mismo texto que habíamos enmendado mutuamente lo vuelven a restablecer. Alguien habrá reñido a alguien en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo? Evitar aquellos titulares que decían: Las comunidades autónomas también podrán solicitar informes a la autoridad independiente. No, la autoridad ni es autoridad ni es independiente y las comunidades autónomas ya no podrán solicitar informes. Durante una semana y media han tenido la expectativa de poder solicitar informes, pero ahora ya se ha terminado. La contra enmienda.

Asimismo se produce otra contra enmienda, la relativa al punto 1 del artículo 5. En la enmienda —creo que con suficiente criterio— se establecía que, en todos los casos, cuando se emitía un informe u opinión que afectase a una comunidad autónoma o entidad local, con carácter previo a la emisión definitiva se tenía que someter obligatoriamente a audiencia de la comunidad autónoma, la corporación local afectada o la entidad durante quince días. Sin embargo, han presentado una contra enmienda sibilina: en lugar de que, con carácter previo, la propuesta de informe se someta a la audiencia de la Administración o entidad destinataria —es decir, siempre la obligación de someterse—, lo sustituyen. ¿Qué dice la contra enmienda: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ella misma, podrá trasladar una propuesta de informe para que en el plazo que determine, y siempre dentro de los plazos totalmente previstos, la Administración o entidad pueda indicar errores, ambigüedades o imprecisiones. Es decir, ahora sustituyen del carácter obligatorio a trasladar con carácter previo a la comunidad autónoma o entidad local afectada el informe para que pudiera presentar sus alegaciones o sus enmiendas, y dicen: podrá. ¿Y quién lo decide? La misma autoridad fiscal independiente. En eso sí que es independiente, es independiente para decidir si va a trasladar el informe a alguna entidad local o a alguna comunidad autónoma con carácter previo. Eso es feo, se lo digo sinceramente, es feo. Imagínese —no va a ser así— que solo se dé traslado a las corporaciones locales, a las entidades locales o a las comunidades autónomas de un color político, y que ese sea el mismo color del Gobierno que ha nombrado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Le digo sinceramente que lo que están regulando no es homologable en el marco de la Unión Europea. Ustedes sabían que el Gobierno había adquirido unos compromisos, con lo cual lo más probable es que si alguien se estudia con detenimiento esta regulación que están ustedes efectuando en estos momentos, en Europa les digan que habrán cumplido sobre el papel, pero que se lo podrían haber ahorrado. Podrían haberle dicho al ministro de Hacienda que algunos de los funcionarios de la Casa le hagan ese papel, pero para esto no hace falta una ley orgánica.

Estos son, por tanto, los motivos por los que hemos presentado un veto. Obviamente desde la perspectiva de que era difícil que este veto prosperara —simplemente por la experiencia acumulada—, hemos presentado también una serie de enmiendas que defenderemos posteriormente.

Muchas gracias.




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Con mucha brevedad —como requiere el ambiente— y también con mucha contundencia quiero decir que esta es una ley que seguramente resume todos los males que nos han llevado a situaciones de desconcierto en determinadas comunidades autónomas y especialmente en la relación de Cataluña dentro del conjunto de España.

Esta ley resume algo de la filosofía de la derecha española en lo referido a la autonomía de las comunidades autónomas, y es que, francamente, muchos siguen pensando que las comunidades autónomas están tuteladas por la Administración General del Estado —lo cual no tiene nada que ver con el espíritu constitucional— y, en consecuencia, lo que plantean siempre es esa tutela, que en esta ocasión da la impresión de que debe tener unos requisitos formales. Y la formalidad se hace utilizando una ley orgánica en determinados artículos —no en todos, obviamente, porque es una cosa excesiva para lo que quieren conseguir—. Por tanto, lo que se plantea fundamentalmente es una cuestión formal para permitir hacer lo que el Partido Popular piensa que dice la Constitución: que el Gobierno de España tiene la tutela sobre todas las administraciones. Pero no es así. Las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que eran competencias del Estado, han pasado a ser competencias de las comunidades, al mismo nivel que las que tenía el Estado, y, por tanto, no tuteladas por la Administración. Esa es la situación que nos lleva a esta cuestión y después a muchos problemas. A ustedes les lleva a una serie de problemas, porque cuando hacen esa autoridad independiente, que saben que tiene que ser una cosa formal para permitir meter mano —como diría el ministro— a las comunidades autónomas en sus excesos, fundamentalmente cometen el error de no hacer la autoridad independiente realidad.

Pero no es que lo diga yo, o lo hayan dicho todos los que han intervenido antes y lo han vetado, es que lo dice la propia Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes hubieran leído la Memoria que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado, se habrían dado cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo respecto a la independencia está denunciado ya. Por ejemplo, han dicho algo que ustedes han tenido que enmendar porque les parecía sencillo: que tres años era insuficiente y tenían que ser seis. Consecuentemente, se lo han aceptado porque era fácil, porque tenían que prorrogar tres años más. Evidentemente, el tiempo era insuficiente, y todos nosotros habíamos presentado una enmienda, pero no nos han hecho ni caso, han tenido que hacer caso al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea. Pero también tenían que haber hecho caso a la Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional cuando cuestionan la adscripción al Ministerio de Hacienda. Esto evidencia que no es una comisión independiente. Para eso ya tenían ustedes otros muchos organismos que podían hacer la misma función —que de hecho la hacen— y no duplicarían el gasto de la Administración. El Consejo de Estado dice cosas muy sugerentes: por ejemplo, que podían haber atribuido la responsabilidad al Tribunal de Cuentas o al Consejo Económico y Social, o incluso a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Todos ellos podrían haber hecho los informes exactamente igual y probablemente con mayor independencia que el sistema que ustedes han elegido.

Es que lo dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el propio Consejo de Estado. ¿Qué más hace falta para que ustedes lo cambien? Además, aunque todos esos organismos no lo dijeran, hay una recomendación fundamental del informe de la OCDE —que ha citado el señor Montilla anteriormente— que dice con toda claridad que es fundamental que estos organismos cuenten con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y lo dice con una visión general, no con una visión de un Estado compuesto, como el nuestro, que supone una mayor gravedad. Si ustedes quieren comprometer a las comunidades autónomas y a la Administración central en una vía presupuestaria correcta y de control del gasto y de la deuda, fundamentalmente tienen que comprometer a los que van a gastar, no darles el dictat, no hacerles pensar de nuevo que son ustedes los tutelantes del resto de las administraciones, porque eso no es verdad y no se puede sostener.

Por tanto, la realidad es que en esta ley el consenso es lo fundamental. Mucho más que el contenido de la ley, lo fundamental es el consenso para que pueda tener credibilidad y comprometer a las demás administraciones. La vía coercitiva no les va a funcionar porque no tienen competencias




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para ello; aunque se las atribuya, es una cuestión de muy dudosa constitucionalidad. La concepción que ustedes tienen de la Constitución choca frontalmente con el texto y con el espíritu de la Constitución elaborada y aprobada en el año 1978 y les crea a ustedes y a todos los ciudadanos españoles los problemas que ahora tenemos: por incomprensión de un texto al que ustedes llegaron tarde y ahora no saben interpretar. Esa es la realidad que estamos padeciendo.

Insisto, lo más importante de esta ley es el consenso, así como, por ejemplo, también el consenso que tienen que conseguir ustedes con las demás administraciones en lo que concierne a las reformas tributarias. ¡Qué bien podría funcionar una agencia tributaria si estuviera compuesta no solo por la Administración central sino por todas las administraciones que tienen funciones de recaudación y de inspección! Ese es el elemento clave de las reformas que tenemos que hacer: comprometer a todos los interlocutores en los compromisos políticos y económicos que queremos conseguir.

Por tanto, esta es una ley fallida en el texto porque no garantiza la independencia, que no les da más utilidad que servir de coartada al ministro para controlar a las demás administraciones, en lugar de ayudar realmente a comprobar si las cuentas públicas son sostenibles y si podemos controlar la deuda o no. Por cierto, que si emitiera ahora un informe, seguro que la deuda no sería sostenible, porque ustedes dicen que lo van pagando todo, pero lo que van haciendo es asumir la deuda privada haciéndola pública y aumentando extraordinariamente la deuda que no se puede controlar. Esto es lo que diría seguramente el informe del un órgano como este, si le dejaran, claro, si llegara a ser independiente, que no lo sería.

En definitiva, quiero decir que les ha cuestionado el texto la Comisión Europea, el Fondo Monetario. Les ha cuestionado el texto el Consejo de Estado, lo han cuestionado las comunidades autónomas y, lo que es más importante, se lo están cuestionando todas las fuerzas políticas actualmente. Lo único que cabe hacer con este texto para que tenga credibilidad real es que ustedes retiren el proyecto. Esto es lo que nosotros vamos a intentar con esta votación y después con las enmiendas, si podemos cambiar la falta de credibilidad de un instrumento que puede ser muy positivo para el futuro de España y que ustedes van a estropear.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. (Pausa.)

Tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias.

Señora presidenta, escasas señorías que nos acompañan en el debate de este Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, antes de entrar en el contenido íntegro de los vetos, porque una cosa son los vetos presentados y otra lo que en esta tribuna se ha puesto de manifiesto, voy a hacer una serie de puntualizaciones. En primer lugar, como algún portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha dado un tirón de orejas quejándose de que la sala está vacía y que no se les escucha, creo que los dos senadores del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana no están presentes en la sala y ahora se lo recrimino yo a ellos porque no están cuando vamos a debatir un veto que ellos han presentado.

Senador Bel, la parte que incorpora al veto está incluida a su vez en enmiendas y contraenmiendas, y no se preocupe que mi compañero, el senador Pintado, les dará cumplida cuenta.

Senador Lerma, en primer lugar, hay dos o tres cuestiones que me sorprenden, porque parece que usted ignora que venimos de donde venimos y que heredamos la situación económica que heredamos. En segundo lugar, dice que no sabemos interpretar la Constitución Española. O sea, aquí el único que tiene la patente de turco para interpretar la Constitución Española es el Grupo Parlamentario Socialista. Pues mire usted, no.

Entro ya en el debate formal de los vetos presentados a este Proyecto de Ley Orgánica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y como suele ocurrir en un proyecto de ley importante, y este, a pesar de que la sala esté vacía, lo es, la política vuelve a sus orígenes y coinciden básicamente en lo fundamental aquellos grupos políticos que tienen una misma base ideológica. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que fueran muchos los siete vetos presentados,




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pero prácticamente son tres. Son tres aspectos que afectan fundamentalmente al contenido básico de este Proyecto de Ley Orgánica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En primer lugar, aquellos que ponen en tela de juicio la constitucionalidad del artículo 135 de la Constitución Española; aquellos que entienden no solamente eso sino que también se vulnera posiblemente la autonomía financiera de las comunidades autónomas; y finalmente, en lo que prácticamente coinciden todos —algunos en los vetos, otros en lo que acaban de decir cuando han subido a la tribuna pública, y otros de forma automática— es en poner en tela de juicio la independencia de este órgano de control fiscal.

En ese primer grupo de vetos estarían aquellos grupos parlamentarios que no quieren saber nada de la modificación del artículo 135, que incluso pactamos; que no quieren saber ni conocer nada de algo parecido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y que controle la estabilidad presupuestaria, la evolución del déficit, de la deuda; que mucho menos hable de que haya un techo de gasto para que las administraciones públicas no tengamos que gastar más de lo que debemos. Y en ese grupo enmarcaría el veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de los senadores de Izquierda Unida, Iglesias y Mariscal; el número 3, de parte del Grupo Parlamentario de la Entesa, concretamente de la parte de Iniciativa per Catalunya Verds, de los senadores Guillot y Saura, alguno de ellos está aquí. De hecho, el veto número 3 de la Entesa, de los senadores Guillot y Saura, al menos el presentado en el Registro Oficial de esta Cámara, es idéntico, salvo un punto y aparte en el párrafo 8, al veto presentado por los senadores Mariscal e Iglesias, y también parte del veto de esa familia, que también la ha definido algún miembro de esta Cámara, de ideología comunista, que es la parte de la Esquerra Republicana de Catalunya de la senadora Capella. Pero miren ustedes, en su conjunto —que tampoco está—, si no hubiera sido por la reforma del artículo 135.5 de la Constitución y la consiguiente aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los efectos económicos y sociales sobre el Estado del bienestar hubieran sido devastadores. Hace apenas dos años todo el mundo, incluso sus señorías, se hablaba en esta Cámara y en todos los foros de la posible intervención de España con una prima de riesgo por las nubes —hoy más de 400 puntos por debajo de la de entonces— y sin ningún margen de credibilidad financiera; no éramos un país fiable, no nos fiaban, y para financiar los servicios públicos hacen falta recursos.

Los objetivos de esta Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal son exactamente consecuentes con la aprobación, en el mes de abril del año pasado, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir, controlar y reducir el abultado déficit, deuda y gasto ya que, después de ocho años de políticas expansivas de gasto público, se gastaba en todo y para todo, y estas políticas que fueron propiciadas por el anterior Gobierno del señor Zapatero y del señor Rubalcaba y alentadas por alguno de los miembros que han presentado este veto han sido las que han puesto en peligro la sostenibilidad misma del Estado del bienestar, la credibilidad de España como nación, su financiación y, lo que es más grave, su futuro.

Todas las políticas sociales y las no sociales, todas las políticas comportan gasto, y a falta de una máquina de fabricar billetes a trote y moche, que ya no la tenemos, o de devaluar la moneda, todo gasto necesita una parte de crédito presupuestario inicialmente y su financiación. Porque, señorías, lo de las facturas en el cajón pasó a mejor vida y algunos olvidan que venimos de donde venimos, de más de seiscientas mil facturas en los cajones de alguna administración o de alguna comunidad autónoma; esperemos que lo de las facturas en los cajones pase a mejor vida.

Para conseguir financiación lo primero y necesario es ser creíbles, y lamentablemente no lo fuimos como país, no éramos de fiar y el anterior Gobierno, evidentemente, fue el principal responsable.

La mejor garantía que puede ofrecer un Estado, en este caso España, para consolidar el crecimiento económico y garantizar el desarrollo del Estado del bienestar, que nos preocupa a todos, es precisamente hacer todo lo contrario a lo que antes se hacía y que es en esto último en lo que insisten los grupos parlamentarios que han presentado los vetos 1, 2 y 3: gastar y seguir gastando sin tino ni medida cuando lo necesario es presentar unas cuentas públicas estables y sostenibles.

La misión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no es potenciar, como dicen en su veto, el crecimiento económico y la generación de empleo, esta no es la misión de




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esta autoridad, sino garantizar que todas las administraciones públicas contribuyan a la reducción del déficit, la deuda y el gasto. Con esa reducción y con esos parámetros, que hoy empiezan a ser una realidad, hemos conseguido por primera vez, desde el año 2007, que el PIB crezca poco, pero crece, una décima en el último trimestre, y es un cambio de tendencia, espero que no solamente significativo o puntual y que apunta a la salida de la crisis.

Nos financiamos a intereses impensables hace un año. España, por primera vez desde 2007 también, ha bajado la tasa de desempleo interanual. Nos hemos convertido en un mercado prioritario para los inversores internacionales, nuestras exportaciones crecen a un buen ritmo, ritmo imparable, y con el esfuerzo de todos, de comunidades autónomas, de ayuntamientos y del propio Estado, hemos conseguido embridar el déficit y la deuda que atenazaba a este país.

No es tanto, señora Capella, la sumisión y la obediencia a los dictados de la Unión y a la supervisión de los mercados financieros como la pertenencia a la Unión Europea de la que formamos parte irrenunciable de forma voluntaria, y que ha aportado —quiero recordar a todos ustedes, a los que cuestionan incluso el propio euro o la propia Unión Europea y sus designios y sus mercados financieros— grandes beneficios a la sociedad española, citaré programas como el Feder, el Feoga, etcétera.

Señorías, las cifras abultadas de déficit y deuda no se producen después de la crisis, como manifiestan en algunos de sus vetos, es la crisis misma, tantas veces negada por el Grupo Parlamentario Socialista como repetida en esta tribuna pública por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la que condujo a los niveles insostenibles en los que incurrió España. Y, evidentemente, la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no es la palanca de destrucción del Estado social, como manifiesta alguna de sus señorías, es más bien todo lo contrario, es uno de los mecanismos con los que se dotó a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para hacer creíbles las cuentas públicas españolas y, de paso, garantizar que no se desmantele el Estado del bienestar.

Senadora Capella, la calidad y universalidad de los servicios públicos básicos no se consiguen con recursos públicos ilimitados porque dichos recursos no tienen ese carácter, son limitados, y fíjese qué limitados los tenemos todas las administraciones que sufragarlos de otra manera, incluso, hoy en día, es financieramente insostenible. La Airef no es un organismo al servicio del Gobierno de turno, será todo lo contrario, será la garantía de que, gobierne quien gobierne, todas las administraciones públicas cumplirán con los objetivos marcados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tampoco será, señora Capella, la carta de defunción de la autonomía financiera de las comunidades autónomas pero, evidentemente, borrará del mapa las viejas costumbres de barra libre para todo, de gastar y gastar sin medida y luego dejar las facturas en el cajón para que las paguen otros.

La realidad de España es heterogénea —y se lo digo porque es un término que emplean muchos de los grupos parlamentarios—, pero bajo ese manto de heterogeneidad no cabe más que una realidad, y es el tratamiento homogéneo de la realidad fiscal que plantea otra ley orgánica, la de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Y ahora, con esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se establecen cuatro principios básicos: rigor presupuestario, control del déficit, control de la deuda y límite al techo de gasto.

El segundo grupo de vetos, señorías, se enmarcan en aquellos grupos parlamentarios que se posicionan contra esta autoridad fiscal independiente, bajo el pretexto de una posible vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas o, como comentaba anteriormente, no se han tenido en cuenta sus especificidades históricas o competencias específicas, como le gusta decir al senador Bel. Ahí podríamos enmarcar el veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco; el número 7, de CiU; y parte también del veto número 2, de la senadora Capella, que parece ser que está en todas las salsas, no solamente en la de los que vienen del comunismo sino también en la de los nacionalistas más recónditos.

El senador Bel pretende la creación de una nueva ley, la ley exprés, ¿pero usted no se ha dado cuenta de la urgencia que tienen las cuentas públicas españolas y el dislate de endeudamiento, de facturas sin pagar que hay por todos y cada uno de los rincones de España? ¿Todavía no es usted consciente viviendo en la comunidad autónoma en la que vive? Imagino que sí. Es muy urgente tratar de aprobar, en esta senda de reformas, todas las leyes posibles para poner a este país donde realmente se merece.




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La cuestión de fondo, señorías, no es tanto la supuesta violación o defunción de la autonomía financiera —utilizo otra frase de la senadora Capella— como el control riguroso e independiente de las finanzas públicas, con concierto o sin concierto, senadora Martínez; con competencias específicas o sin ellas, senador Bel; con régimen foral o sin el; con realidades heterogéneas u homogéneas, etcétera. En este barco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera estamos todos, y lo dije en la comisión y lo repito ahora: o remamos todos juntos en un único sentido para salir de la crisis que nos atenaza o juntos nos veremos abocados al fracaso más estrepitoso.

La autonomía financiera de las comunidades autónomas no se vulnera por la simple creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal ni por el desarrollo de sus competencias y obligaciones de fiscalización. Señorías, será más bien todo lo contrario; el desarrollo, muchas veces erróneo, de esa mala entendida autonomía financiera ha conducido a muchas de las comunidades autónomas de este país a una lamentable situación de dependencia financiera, por no hablar de la institucional.

No se trata, senador Bel, de castigar a las comunidades autónomas con competencias específicas y transferencias finalistas; sino que todas ellas, las homogéneas y las heterogéneas, las históricas y las menos históricas —ya que puestos a hablar de historia, qué comunidad más antigua que la propia Castilla; digo yo—, todas cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Finalmente, dejo el tercer bloque para aquellos grupos parlamentarios que han incidido en el trámite parlamentario de presentación del veto en la supuesta falta de independencia, y aunque, como siempre hace el PSOE, dice que para ellos es irrenunciable ese principio de crear esa autoridad, pero luego se rasgan las vestiduras por no sé qué mito, yo vuelvo a citar lo que establece el artículo 7 del Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional.

En relación con algunas de las cuestiones que ha planteado —creo— el senador Bel yo me pregunto: si usted ha manifestado, como ha hecho en esta sala, que no es autoridad ¿por qué le preocupa su independencia? Si no es autoridad ¿qué más da que sea independiente o no? O al revés, si es independiente ¿qué más le da que sea autoridad que no? En fin, no acabo de pillarle.

Senador Lerma, me gustaría saber qué parte, que porcentaje del consenso necesitan ustedes para que esta autoridad pueda tildarse de independiente. El senador Lerma ha dicho que las tres quintas partes del Pleno del Congreso. ¿Y por qué no las tres quintas partes de la Comisión de Hacienda del Senado? El porcentaje de democracia sería exactamente el mismo.

Pero lo curioso, además, es que en nuestro ordenamiento jurídico e institucional existen otras muchas figuras muy parecidas, con estructura y función similar desde hace muchísimos años y a las que nadie cuestiona. Pero, eso sí, el Grupo Parlamentario Socialista se rasga las vestiduras incluso antes de que se haya producido su nombramiento y empiece a funcionar. Hemos tomado como ejemplo las líneas directrices que esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene en todo el ámbito internacional. Se le ha dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada. Tendrá su propio sistema de financiación, independiente de los Presupuestos Generales, que reforzará su independencia y autonomía funcional y de paso le liberará de dependencias con otras administraciones.

En definitiva, señorías, se trata de crear un órgano de supervisión, análisis, evaluación y valoración de la información económico-financiera de todo el sector público, respetando y respaldando las competencias de otros órganos. Pero ustedes —y me dirijo a mi mano izquierda, a la bancada socialista—, en este tema, como en tantos otros, sobre todo en la actual legislatura, se sitúan de perfil: por un lado, reconocen la irrenunciabilidad de dicho órgano y, por otro lado, antes incluso —como decía— de que inicie su andadura, tratan de desprestigiarlo bajo el pretexto de la falta de consenso político.

Senador Lerma, no es que nos haya tirado de las orejas la Unión Europea o cualquier otro órgano de decisión; una cosa son las recomendaciones y otra cosa es que se cuestione la independencia; una cosa es recomendar y otra cosa es cuestionar. Y vuelvo a repetirle: senador Lerma, el consenso por sí mismo, per se no garantiza nada, ni la independencia de este organismo ni de ningún otro, ni en este ámbito de fiscalización ni en cualquier otro, y hablo, por ejemplo, del




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ámbito jurídico o jurisdiccional o técnico en los que sí hay consenso y no se garantiza por sí su independencia. Su independencia viene marcada por cinco cuestiones: en gran medida, por el marco normativo que la auspicia —este proyecto de ley orgánica—, su estatuto orgánico —pendiente de desarrollo—, su comité directivo —sus jefes de división—, el reconocido prestigio y la experiencia que debe atesorar su presidente y la comisión competente del Congreso de los Diputados que lo avale por mayoría —y eso es absolutamente democrático y otorga la independencia que tenga que otorgar—, pero, señorías del Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los que han hecho mención al tema del consenso, este también hay que buscarlo —seguramente, también ofrecerlo—, y con su actitud están dejando muy poco margen a este Gobierno y a este grupo parlamentario para poder hacerlo.

Evidentemente, como no podía ser de otra manera, señora presidenta, rechazaremos todos los vetos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Espero que no se marche, senador De las Heras. (El senador De las Heras Muela: Voy a beber agua y vuelvo.) Lo digo porque una persona que es capaz de criticar a varios senadores por no estar, va y se me larga.

No quería intervenir pero, escuchando tanto topicazo, al final, uno se motiva.

Ya he dicho en mi intervención —y lo he reiterado tantas veces como hemos discutido sobre estas cuestiones— que es una absoluta irresponsabilidad no preocuparse del déficit y de la deuda. No hay nadie aquí, comunista o no comunista, que no tenga presente este problema, pero lo que no compartimos con el Partido Popular —y, evidentemente, compartimos con la realidad— es el objetivo, el sacrosanto objetivo del 3% como déficit respecto del PIB y, además, dicho objetivo era imposible de alcanzar en 2013. España no podía ni debía llegar a esos plazos y la realidad ha demostrado que no solo no podemos sino que Bruselas también ha tenido que ir aplazando los porcentajes y los plazos para lograr la reducción del déficit.

Creo que esto es fácil de entender. No significa desresponsabilizarse del problema del déficit y la deuda sino colocar en sus justos términos cuáles son las posibilidades reales de nuestro país para reducir este déficit y devolver la deuda, una deuda que se está incrementando, y mucho, y gobernando el Partido Popular. ¿Que no estamos intervenidos? Formalmente, no, pero estamos cargados de obligaciones: las propias del incumplimiento de estos plazos y todas las que conlleva la financiación de la reforma del sistema financiero. Formalmente no estamos intervenidos, pero estamos cargados de obligaciones.

Y ahora hay toda una especie de discurso triunfalista, que creo que es peligroso, porque, además, de tanto repetirlo, al final, va a ser increíble, aquel referido a que se ha incrementado la inversión extranjera. El mismo señor Botín, el presidente del Banco Santander, decía que entra el dinero a raudales. Sí, pero es que España es más barata; hoy en día comprar empresas o participaciones en empresas españolas es más barato, sale rentable. ¿Que no se destruye empleo al ritmo del año pasado? Seguro. ¿Que ha aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social en el mes de octubre? Seguro. Pero, ¿estamos fuera de la crisis? No. (Denegaciones.) Usted lo ha dicho, usted ha dicho que estamos saliendo de la crisis. No, estaremos saliendo de la recesión; de la crisis no saldremos mientras mantengamos un porcentaje de parados tan elevado e —insisto— mientras no fluya el crédito a empresas y familias y no se incremente el consumo interno.

Para terminar, ¿estamos en esta crisis por culpa del déficit público? Creo que no, que eso es engañarse. Estamos en esta crisis porque España se apuntó a una burbuja inmobiliaria, a la economía especulativa, y esto ha conllevado que explotara todo un sistema basado en la especulación. Esto provocó una caída de ingresos que ha afectado al conjunto de administraciones.




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Quiero hacer una diferencia entre lo que es el tripartito catalán y las administraciones del Partido Popular. El tripartito tuvo una caída de ingresos y generó déficit. Pero en Cataluña lo hubieran transformado todo en escuelas y hospitales. Si ustedes van a la Comunidad Valenciana verán que allí no, que no hay ni escuelas ni hospitales. Hay otro tipo de prioridades, otro tipo de construcciones y otro tipo de orientaciones. Y si van al Ayuntamiento de Madrid verán que un ministro de su Gobierno hizo una gestión tan irresponsable de las finanzas de este ayuntamiento que hoy en España es el más endeudado en términos relativos y absolutos.

Por ello, le digo que la crisis tiene unos responsables, todos aquellos que con sus decisiones políticas permitieron esta burbuja inmobiliaria, empezando por el Gobierno del señor Aznar, todo aquel Gobierno que toleró que esto siguiera así, los Gobiernos del señor Rodríguez Zapatero y, al final, el desenlace y la gestión posterior que ustedes han hecho de la crisis.

Voy a centrarme ya en concreto en lo que afecta a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que los partidos de la oposición dudemos de su independencia es más que evidente. Solo hace falta ver lo que ustedes han hecho en otro tipo de administraciones. Si son capaces de colocar de presidente del Tribunal Constitucional a un militante del Partido Popular significado y caracterizado por sus comentarios u opiniones respecto de un tema tan delicado, tan sensible y que afecta tan directamente al Tribunal Constitucional como es toda la cuestión catalana, qué no serán capaces de hacer aquí.

Para terminar, señora presidenta, independencia y Partido Popular es un oxímoron, es un imposible, y por esto no confiamos para nada en esta propuesta que hacen.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.

He tomado algunas notas, señor De las Heras, para poder contestarle. Me había reservado algún aspecto del veto para el turno de portavoces, pero no sé si me va a llegar el tiempo. En todo caso, he visto que usted ha dedicado muchos de sus minutos del turno en contra a responder a todos aquellos vetos que ocupan el espacio comunista, pero, en cambio, a todos aquellos que hemos dicho que estamos de acuerdo con la constitución de una institución fiscal independiente, desgraciadamente, no nos ha dedicado el tiempo que se requeriría para contestar a algunos aspectos.

Empecemos por la urgencia. No se entera —me ha dicho—, senador Bel, de que es muy urgente; claro que me entero; pero le explico y le doy fechas. La directiva que insta a los diferentes Estados a crear una institución fiscal independiente, ¿sabe de qué fecha es? Del 8 de noviembre de 2011. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ¿sabe de qué fecha es? De 22 de abril de 2012. La propuesta de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ¿sabe cuándo entra en el Congreso de los Diputados por urgencia? En julio de 2013. Entre noviembre de 2011, abril de 2012 y hasta junio de 2013, ¿no había urgencia? ¿No era urgente? Claro que era urgente. Ahora es muy urgente y entonces era muy urgente. La urgencia la aplican como les interesa. Era urgente antes y es urgente ahora. Si no ha sido urgente para el Gobierno que entre una propuesta que encima no está consensuada durante un año y medio no entendemos que ahora, para ganar apenas unas semanas, tengamos que tramitarla por el procedimiento de urgencia. Por eso, les insto a reformar la Constitución y a crear la ley orgánica exprés, que es en la que se están especializando.

Otra matización. Castilla no es más antigua que Cataluña. La verdad es que yo creo que no, pero no se lo voy a discutir. A Cataluña esto no le crea ningún problema. En Cataluña lo que estamos pidiendo —lo estamos pidiendo a voces y ustedes no se quieren enterar— es que nos respeten y pueden respetar a las otras comunidades, países, naciones, lo que ustedes entiendan. El de Cataluña no es un problema de agravio con Castilla o con Andalucía. No, este no es nuestro problema; el problema es que ustedes no lo entienden y no lo quieren entender. Eso va a generar que sea de difícil solución y eso es malo para ustedes, para nosotros y para todos.

Mientras usted estaba entretenido con el espacio comunista respondiendo a sus vetos, no me ha explicado por qué me equivoco. No me ha dicho: esta institución que ahora creamos es independiente, y lo es por esto, por esto y por esto. No lo hemos escuchado. (El señor De las




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Heras Muela pronuncia palabras que no se perciben.) Me lo tendrán que volver a repetir. ¿Lo ha nombrado el Gobierno? Sí. ¿Es igual quien lo nombre? Desde nuestra perspectiva, no. ¿Lo cesa el Gobierno? Sí. ¿Es igual quién lo cese? Desde nuestra perspectiva, no. Los directores de cada una de las áreas, ¿los nombra el Gobierno? Sí. ¿Es igual quién los nombre? Desde nuestra perspectiva, no.

La autoridad. Dice: no lo pillo. Pues pille, pille. La autoridad se la reserva exclusivamente el Gobierno. La podría haber llamado institución, entidad, organismo. No, intentan configurarlo con su nombre de una forma que después no es. ¿Quién se reserva la autoridad? ¿Quién sancionará? ¿Quién aplicará el régimen sancionador de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? El Gobierno. Sí, después vamos a poder discutirlo. ¿Qué dice la ley? Que no hace falta. Ustedes quieren esta ley para ir a Europa y decir: hemos hecho la institución independiente que ustedes nos solicitaban. Por cierto, el ministro Montoro en diferentes ocasiones se había manifestado en contra de su creación. Pero bueno, rectificar es de sabios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por tanto, ¿a usted qué le preocupa, si no es autoridad que no sea independiente? Me preocupa que sale de esta Cámara una institución creada ex novo que no se corresponde con su nombre y al final simplemente es una justificación del Gobierno de turno, en este caso de su Gobierno, para intentar visualizar ante la sociedad que las incumplidoras son las comunidades autónomas, las entidades locales, y el Gobierno del Estado no va a incumplir porque podrá justificar el no seguir los informes de la denominada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Se les ha apelado al consenso. El senador de las Heras dice que el consenso tienen que buscarlo todas las partes. Es que no nos ayudan. Le vuelvo a repetir el ejemplo: consensuamos dos enmiendas en el Congreso apenas hace tres semanas. Las han «desconsensuado». Nosotros vamos a perseverar. Esta mañana les reconocía su grado de cumplimiento de los compromisos en una moción, e igual que se lo reconocía esta mañana, ahora se lo tengo que afear, porque es muy difícil lograr los consensos. Se lo afeo respecto a esta ley, no respecto a la moción. Respecto a la moción, nada que decir, al contrario, mantengo lo dicho, pero respecto a esta ley sí. Porque ustedes consensúan y transaccionan dos enmiendas que nos contraenmiendan en esta Cámara tres semanas después, y una de ellas para dejar el mismo texto que habíamos rectificado. El consenso no se busca. Ustedes no están por el consenso. Es muy difícil. De verdad que resulta muy difícil.

Y ahora rápidamente, le voy a dedicar el minuto y treinta segundos que me queda a este nuevo sistema de financiación de esta entidad independiente de carácter fiscal que ustedes se han inventado, que se corresponde un poco con la filosofía que antes les mencionaba el senador Lerma.

¿Quién debe pagar esta autoridad? Una solución fácil a esta pregunta sería que ya que esta institución nos es recomendada por una directiva europea y por unos organismos internacionales, vamos a ver qué está pasando en los otros países, vamos a ver cómo se financia y nosotros lo vamos a financiar de forma similar. Esta podría ser una solución. O como financiamos el Tribunal de Cuentas. Esta podría ser otra solución. Pero no, ustedes dicen que a las comunidades autónomas y a las entidades locales no les tienen ninguna manía. Todavía ayer el señor Montoro insistía en que las quieren apoyar, pero las que van a pagar los gastos de este negociado del Ministerio de Hacienda son las corporaciones locales, las entidades locales y las comunidades autónomas con esta nueva tasa; nueva tasa que es verdad que no tiene parangón en la legislación internacional, nueva tasa que pretenden que paguen las mismas entidades que son analizadas y que son objeto de los informes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señor presidente.

Podrían extrapolarlo al Tribunal de Cuentas. Igual es una idea. Igual a partir de ahora el Tribunal de Cuentas no se va financiar de los Presupuestos Generales del Estado sino de los diferentes organismos, partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones y organismos autónomos de la Administración del Estado sobre los cuales emite informe.

En todo caso, nosotros mantenemos nuestro veto y anunciamos que vamos a apoyar el resto de los vetos presentados.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

Una vez más nos encontramos con un proyecto de ley que viene al Senado por urgencia, sin que haya habido ningún tipo de negociación no ya con los grupos políticos de esta Cámara, sino ni siquiera con las entidades territoriales afectadas, como las comunidades autónomas o las corporaciones locales. No son ni uno ni dos, sino que los cuatro últimos proyectos de ley que han pasado por la Comisión de Hacienda vienen con esta característica.

Evidentemente, se encuentran con siete vetos y con más de ciento cuarenta y cinco enmiendas. Nuevamente una oportunidad perdida para poder haber hecho algo con mucho más consenso. Esta vez se superan en el título. Si en las últimas leyes veíamos que no tenía nada que ver el título con el contenido, esta vez nos traen algo que denominan autoridad fiscal independiente y que, como aquí se ha dicho reiteradamente, ni es autoridad ni es independiente. Cumplen un requerimiento, una recomendación, la directiva europea del memorándum de la Comisión que se firmó, pero realmente no creen en él. El Gobierno, el ministro de Hacienda, no cree en esto, no quiere que sea realmente independiente.

Podían haberse fijado en cómo funcionan este tipo de organismos en otros países. Recientemente, se han aprobado en Irlanda, en Portugal, en Italia, en Francia, o hace más tiempo, en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Holanda, incluso, la propia y prestigiosa oficina del Congreso de los Estados Unidos. Pero no. Podían haber hecho caso a las recomendaciones de la OCDE, como se ha dicho aquí también, sobre qué entienden que debe ser un órgano de este tipo. Tampoco lo han hecho.

Dada la hora que es y los que estamos aquí, quisiera llevar a cabo un ejercicio que siempre trato de hacer, quizá por haber sido durante tantos años alcalde: cómo le explico yo esto a un vecino que me pregunte qué es eso de la autoridad fiscal independiente. En un ejercicio de imaginación pura, diría que es una persona de reconocido prestigio y de confianza, evidentemente, que va a recibir una llamada del ministro en los próximos días que le va a decir: oye, quiero que seas la autoridad fiscal independiente, un órgano unipersonal. ¿Y, eso qué es? Pues algo que hemos aprobado en las Cortes, que está dentro de una directiva europea y que no tiene ningún problema. Yo lo propongo al Consejo de Ministros, pasas el trámite del Parlamento y comienzas a funcionar. La pregunta de esa persona, ciudadano o ciudadana de este país es: ¿Y qué tengo que hacer? Nada, no te preocupes. Nosotros lo tenemos ya todo estudiado. Tendrás rango de subsecretario. Menos que un secretario de Estado, pero más que un director general, lo que no está mal. Ya te buscaremos unas dependencias, más bien fuera del ministerio, que no parezca que estás ahí, además, te adscribiremos unos funcionarios; te pondremos unos directores de divisiones —llevaré la propuesta al Consejo de Ministros— y haremos un reglamento aquí en el ministerio con el cual funcionaréis en el futuro. Dependerás directamente de mí, así que no tendrás que despachar con ningún otro, con lo cual, no te preocupes. Además, iban a ser tres años, pero van a ser seis. Aunque, claro, puedo destituirte por incumplimiento, y esto es algo que debes saber. Todo esto es imaginación, pero, seguramente, esa persona dirá: bueno, pues a tus órdenes, ministro, a mandar.

Así es como se lo explicaría yo a un paisano para que se enterase de qué es esto de la autoridad fiscal independiente. Porque es exactamente lo que está reflejado en los artículos de la ley que aquí traen. Yo trato de avanzar más, al menos para intentar explicarme las causas de las cosas, el porqué. Y encuentro dos motivos. El primero es esa obsesión, casi enfermiza, del ministro Montoro por ocupar todos los espacios, por controlarlo todo, por ese uso partidista de las instituciones y del poder que tiene. Lo hemos visto antes. Recientemente, en la comisión de los mercados y la competencia, en Radiotelevisión Española, incluso, en el Tribunal Constitucional, o en la Agencia Tributaria, etcétera. Porque se ha preguntado aquí también —creo que ha sido mi compañero, el señor Lerma—, para qué quieren los instrumentos que tienen ahora en órganos como la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas o e Consejo Económico y Social, que podrían hacer los mismos informes y están ya constituidos.

La segunda causa es que el Gobierno y el ministro quieren contar con un instrumento para poder ejercer sin objeciones, al menos formales, sus políticas de ajuste a las comunidades




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autónomas y a las corporaciones locales e impedirles realizar sus propias políticas económicas. Porque aquí puede haber —y yo creo que lo hay— un intento de evitar que pueda demostrarse que hay otras políticas económicas posibles y que dan resultado. De esta forma, conseguimos impedir que eso se pueda desarrollar.

El ministerio le va a poder pedir, según esta ley, a las comunidades autónomas un informe sobre sus objetivos presupuestarios, de deuda, y demás. Será su autoridad, la del ministro, la que supervise esos informes que vienen de las comunidades autónomas. Con lo cual, ya no serán el señor ministro o el Gobierno quienes le digan a una comunidad autónoma: esto no puede ser. Será la autoridad fiscal independiente. Buena jugada.

Pero hay más. Solo podrán ser castigados por no informar adecuadamente a esta autoridad fiscal las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La Administración General del Estado no podrá ser castigada. Algo lógico, tal como está planteado. Lo que hoy crean no es otra cosa, señorías, que un instrumento directo del Gobierno para controlar e intervenir aún más las políticas económicas de los entes territoriales. Y, encima —y aquí rizan el rizo— todo esto lo van a pagar ellos con una tasa ex profeso para que los costes que tenga este nuevo instrumento al servicio del ministro de Hacienda lo paguen las comunidades autónomas. Se han superado en esta ocasión.

El propio ministro en el Congreso —allí fue y aquí no lo ha venido esta tarde— repetía siempre lo de la autonomía funcional; nunca declaró que este órgano fuera a tener realmente autonomía total. Decía, y leo: La adscripción directa al ministro refuerza su autonomía, estableciendo un cauce directo con el titular. Léanlo en el Diario de Sesiones. Hombre, eso es lo que nos preocupa, que solamente pueda darle instrucciones el ministro y que despache solo con él. Eso pone —léase el Diario de Sesiones del Congreso— y así lo dijo el señor Montoro, que eso le garantiza que solamente despache con el titular. Es una pena. Nadie, sea quien sea el español o la española que tenga esta responsabilidad, va a poder quitarse ese sambenito, ese apodo de ser el mayordomo de Montoro, como muy bien lo describía Xavier Vidal-Folch en un artículo de prensa.

Y en este debate celebrado en el Congreso nuevamente el ministro nos obsequió con ese optimismo que, por exagerado, es ridículo, en contraposición con la intervención que el señor De Guindos, ministro de Economía, hizo el otro día en la Comisión de Economía, mucho más moderado y realista. Dijo que había cosas negativas pero que eso no significaba que realmente estuviésemos saliendo de esta tremenda crisis en la que tanto tiempo llevamos. El señor Montoro repite que hemos asombrado al mundo, que dado lo bien que lo estamos haciendo somos un referente mundial. Si en algo puede dar lecciones al mundo el señor ministro de Hacienda es en el uso partidista de los mecanismos del Estado, de su control, de su falta de transparencia, de sus ingenierías financieras al amedrantar a quienes le critican, sean actores, diputados, medios de comunicación, etcétera. En eso sí le puede dar lecciones al mundo. También puede enseñar cómo se amnistía a los que más tienen y cómo se hace cargar los impuestos sobre las clases medias y las clases trabajadoras. Y podría también, si se dignase a comparecer en la Comisión de Hacienda —estamos esperando a que comparezca en esa comisión desde que se constituyó hace ya dos años—, hablar de la situación y de la coyuntura económica actual, pero no es eso.

Lo que sí pido a sus señorías —y nos debemos obligar todos— es más rigor cuando facilitamos los datos. Señor senador, usted ha dicho aquí que por primera vez desde el año 2007 sube el PIB, y no es cierto. En los años 2009 y 2011 subió el PIB. Cuando el Gobierno llegó se encontró con un PIB del 0,4% positivo, así que revise sus datos. Y ha dicho también que este Gobierno ha embridado la deuda. Por favor, no puede decir eso cuando casi vamos a llegar al cien por cien del PIB.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pintado.

El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.

Me toca intervenir en el turno de portavoces en la tramitación de este proyecto de ley. Al sancionar este proyecto de ley, lo que hacemos es cumplir con una serie de objetivos emanados de una resolución importante que salió de las Cortes Generales y que parece que esta tarde han olvidado algunos de los partidos e intervinientes de la Cámara. Quizá sería bueno que en el Partido




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Socialista se retrotrajeran al 27 de septiembre del año 2011, cuando en un acto de responsabilidad el Grupo Parlamentario Popular, en la oposición en aquel momento, acordó con ustedes la valoración y votación de la reforma constitucional que nada más y nada menos trae causa de las siguientes reformas que se han hecho en este país, como la reforma que hoy está sobre la mesa.

Llama la atención cuando ustedes hablan de consenso. El señor Lerma en su intervención inicial ha dicho que lo más importante en política es el consenso. Señor Lerma, lo más importante en política es la responsabilidad y ustedes hoy aquí están demostrando falta de cualquier atisbo de responsabilidad.

El señor Vázquez nos ha deleitado con un cuento sobre las acciones del ministro en relación con este tipo de ley, y yo le diría que este cuento me trae a la cabeza otro cuento: el de aquella alta autoridad de una comunidad autónoma que llamaba a un personaje, a un vecino que no se sabía muy bien, y le invitaba a pertenecer a un ERE. El otro le preguntaba: ¿Qué es eso de un ERE? Y le decía: Tú no te preocupes, que vas a cobrar una cantidad de dinero, pero no hace falta que te preocupes absolutamente para nada.

Yo creo, señor Vázquez, que a estos debates hace falta traer seriedad, hay que poner seriedad sobre la mesa y no traer este tipo de cuentecillos para tratar de entretenernos a los parlamentarios mientras estamos valorando y posicionándonos sobre un proyecto de ley de gran trascendencia y de gran importancia.

El señor De las Heras, responsable y ponente de mi grupo, ha demostrado y ha justificado claramente cuál era la posición respecto a los temas que preocupan a la Cámara hoy. Hay dos bloques claramente definidos: un bloque que habla sobre la inoperancia, no de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sino sobre la propia estabilidad. El señor Guillot decía: ¿Quién cuestiona esto? Léase usted los vetos, léase las enmiendas que se han presentado en esta Cámara, ya lo creo que se cuestiona, y mucho. Hay quien llega a decir en sus vetos y en sus enmiendas particulares —que posteriormente tendremos oportunidad de debatir— que este proyecto de ley supone la defunción de las políticas keynesianas, nada más y nada menos. Pero a la mesa de los españoles hoy no se sientan las teorías económicas, se sientan los problemas, y nosotros desde esta Cámara tenemos que buscar soluciones para que con esta reforma se pueda dar credibilidad a nuestro país y se pueda salir hacia delante con el tema que se están planteando.

Señor Guillot, como usted sabe y lo digo cada vez que tengo que intervenir, le tengo una especial predilección, porque yo le reconozco una coherencia en su planteamiento, aunque está en las antípodas de lo que pretendemos o lo que hacemos otros grupos en la Cámara. Usted describe un apocalipsis en función de las políticas que se están generando respecto al control de la estabilidad; por un lado nos dice que está totalmente de acuerdo con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal y, por otro lado, critica que el fruto de esto va a ser el desastre, el apocalipsis. Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, lo que sí le puedo garantizar es que con la situación a la que habíamos llegado en nuestro país realmente no teníamos financiación económica en los mercados internacionales, no teníamos posibilidades de crecimiento desde el punto de vista de la economía y de la generación de empleo.

Se debate sobre si el problema es la deuda pública o es el déficit —varios senadores han hecho alusión a este tema—. Quiero recordar que el año 2004 la deuda pública estaba en el entorno del 30% sobre el producto interior bruto; cuando el señor Zapatero abandona el Gobierno es del 90% (El señor Vázquez García: Del 69.) En definitiva, hay un salto muy importante, con un déficit público del 6,3%, que al final se fue al 9,5%. Esas han sido las formas de actuar que han tenido ustedes en su Gobierno y al final lo estamos pagando el resto de los españoles.

El señor Bel, de Convergència i Unió, dice que no está en contra de la autoridad independiente, pero que sí cuestiona su independencia. En las recomendaciones que nos hace la OCDE o el Ecofin o el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea se establecen una serie de parámetros, que no tienen absolutamente nada que ver, por cierto, con lo que ha dicho el señor Lerma, porque el señor Lerma parece que ha venido aquí a echarnos una regañina como que el Fondo Monetario Internacional había informado contrariamente a los criterios de este proyecto de ley, cosa no cierta. Son recomendaciones de instituciones internacionales tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito internacional —porque tienen este tipo de consejos fiscales tanto Estados Unidos como Canadá y en el ámbito de la Unión Europea, Portugal, Irlanda, Suecia, Reino Unido, Alemania—, de forma que cada uno de ellos —como ustedes habrán podido comprobar y por falta




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de tiempo no voy a poder entrar— ha elegido, desde el punto de vista de la independencia, una serie de normativas o de recomendaciones de la propia OCDE; es decir, que ustedes tienen adscripciones a Parlamentos, otros que los nombra el Consejo de Ministros, otros, como en el caso de Alemania, que son única y exclusivamente científicos, del ámbito de la universidad, que no tienen absolutamente nada que ver con el Gobierno ni con otro ente económico. En definitiva, hay razones de margen para creer que la independencia de este organismo no depende de su adscripción, porque yo creo que en este país nadie duda ya del Instituto Nacional de Estadística, que está adscrito, como ustedes saben, al Ministerio de Economía —lleva muchísimos años—, y la estadística juega un papel importante y fundamental en las posiciones políticas y económicas que tienen que tomar los Gobiernos.

Y, en este sentido, también hablando de la independencia, se ha cuestionado aquí el régimen de financiación de la propia entidad. Nosotros hemos elegido un régimen mixto. Es decir, no solamente será esa tasa, que será una parte importante de la financiación, sino que también habrá otras fuentes de financiación; una de ellas, los propios Presupuestos Generales del Estado y otra, donaciones, que se pueden articular en su día, para que, en definitiva, tenga suficiente capacidad en cuanto a la autonomía y no se vea afectada en cuanto a la disposición financiera.

Quiero contestar también al señor Bel, respecto a lo que ha hablado sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular y que fueron incorporadas en fase de ponencia, junto con una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, la número 114, si mal no recuerdo, sobre los plazos del presidente de la autoridad, que estamos hoy aquí debatiendo.

La enmienda relativa al apartado 1, del artículo 5, dice: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá trasladar una propuesta de informe para que en el plazo que determine, y siempre dentro de los plazos totales previstos para la emisión de los informes, la Administración o la entidad destinada puede indicar errores, ambigüedades o impresiones manifiestas. Nos parece que es una reforma que introduce el Gobierno para dar cauce de audiencia a las distintas administraciones para poder subsanar aquellos errores o aquellas interpretaciones que esa propia Administración autonómica, local, o del ámbito que sea, pueda originar a ese respecto.

En cuanto a la enmienda que usted dio quince días de vida aproximadamente, nos parece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano para poder solicitar el tipo de informes que afecten a varias comunidades autónomas. No me veo, señor Bel, en la tesitura de que usted, con responsabilidades en el Gobierno de Cataluña, pueda estar solicitando informes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre otro tipo de autonomías. Ya se ve claramente que no va a hacer eso, pero se nota claramente que cuando se solicita este tipo de información al Consejo de Política Fiscal y Financiera afecta a distintas comunidades autónomas desde el punto de vista de la coordinación que hay por encima de ellas.

Y termino, señor presidente, diciendo que, con la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo que este Gobierno pretende es responder, por un lado, a los compromisos adquiridos con nuestros socios europeos, a nuestro compromiso como país con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y estos elementos son garantía para el desarrollo de nuestras políticas sociales en una economía que comienza a recuperarse tras varios años de incertidumbre y descontrol, sin lanzar las campanas al vuelo, como alguien decía anteriormente; dispone de todos elementos necesarios para su libre, autónomo e independiente funcionamiento y está llamada a garantizar el prestigio de nuestro país con una economía seria y fuerte.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Pintado.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto, siguiendo el mismo orden en el que han sido defendidas.

Comenzamos con la votación de la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 88; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 6, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, salvo los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las propuestas de veto, iniciamos el debate de las enmiendas, empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto: las presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, 1 a 21; y las de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, 22 a 25.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Mariscal, para la defensa de las enmiendas 1 a 21. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

El Grupo Parlamentario Mixto dispone de 25 minutos, a compartir. (Continúan los rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Mariscal.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna para defender las veintiuna enmiendas que los senadores de Izquierda Unida, el señor Iglesias y yo mismo, presentamos a este proyecto de ley, cuya valoración crítica ya hemos realizado en el debate anterior. Quisiera resumir muy brevemente cuál es el espíritu de las veintinuna enmiendas —de estas buenas veintiuna enmiendas— que, si fueran aceptadas por el grupo mayoritario, no arreglarían la barrabasada que supone la creación de esta entidad independiente para controlar la política sobre la base de posiciones claramente ideológicas, pero sí ayudarían a solventar bastante las cosas malas que tiene esta ley.

En primer lugar, nuestras enmiendas proponen que este órgano no dependa del Ministerio de Hacienda, no dependa del ministro o de la ministra de Hacienda de turno, no dependa del Gobierno. Nos parece que si un órgano tiene en su título el carácter de independiente, lo suyo sería que fueran las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, el Congreso y el Senado, los que nombraran a los miembros de ese órgano. El segundo eje fundamental sobre el que están basadas nuestras enmiendas es tratar de evaluarlo. Les invito a que las lean o, al menos, a que nos digan por qué votan en contra; nos resultará muy curioso conocer la respuesta a por qué este órgano no se puede dedicar también a estudiar y a analizar las consecuencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales de la estabilidad fiscal y del austericidio que están cometiendo… (El señor Mateu Istúriz pronuncia palabras que no se perciben.) No, es que quiero oírselo a ustedes. La consecuencia es eliminarlos. (Rumores.) Sí, claro que sí que es eliminarlos, es evidente. Si no hubieran aparecido noticias estos días como el cierre de Canal Nou y si no aparecieran noticias todos los días que tienen que ver con la obligación de las administraciones pública bajo el principio de austeridad… Lo decía muy bien el portavoz del Grupo Popular anteriormente, y tiene toda la razón del mundo. Efectivamente, todo esto viene de ese golpe a la democracia que supuso la modificación del artículo 135 de la Constitución española, hecha por el Gobierno anterior con su apoyo; es coherente. Ustedes están de acuerdo con eso, nosotros no; mantenemos una línea de coherencia.

Y precisamente de esto va el tercer aspecto de nuestras enmiendas; el primero era el control de las Cámaras, el nombramiento por parte de las Cámaras —qué puede haber más democrático que esto para una entidad independiente— y el segundo, que analice también cuál es la consecuencia del principio de austeridad fiscal sobre la prestación de los servicios públicos. El tercer aspecto está en la enmienda número 12, en la que proponemos, no ya revertir la modificación radical del artículo 135 de la Constitución —fíjense ustedes, para facilitarles que la apoyen—, sino solo de su apartado número 3, que habla de la prioridad absoluta del pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa, como la prestación de servicios públicos o el pago del capítulo 1, empleados públicos de la sanidad, de la educación y de los servicios de los cuidados. Estaremos muy atentos a la votación de esta enmienda, en la que proponemos, como digo, introducir —también lo decimos en la enmienda número 18— que la prioridad no sea el pago de la deuda; una deuda que el Estado español está utilizando para salvar a la banca. El otro día decía el señor De Guindos hablaba de la disminución de la prima de riesgo; por cierto, cada vez que se diga prima de riesgo, habrá que decir que es el diferencial del bono a diez años respecto al bono alemán —alemán, ahí dejo eso—; lo digo, porque a veces se nos olvida en qué consiste. Bien, pues decía el señor De Guindos que, como consecuencia de la disminución de la prima de riesgo, nos habíamos ahorrado 5000 millones de euros. ¡Qué bien! 36 000 millones de euros es lo que ha costado, de momento, el rescate de las entidades financieras como consecuencia de la mala gestión que han hecho y de la especulación financiera. De modo que esto del pago de la deuda por encima de todo consiste en constitucionalizar un presupuesto ideológico y desarrollarlo legalmente con la creación de esta entidad.

Estas son las líneas básicas de modificación que, a través de enmiendas, proponemos los senadores de Izquierda Unida, y esperamos contar con su apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Unión del Pueblo Navarro ha presentado cuatro enmiendas a este Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Una de ellas, la número 25,




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que pedía la salvaguarda del régimen foral de Navarra, fue incorporada in extremis, y lo agradecemos, porque armoniza la aplicación de esta ley orgánica con nuestro régimen foral.

La enmienda número 24 propone una adición en la disposición adicional segunda, para lograr la uniformidad y homogeneidad de la aportación de la Comunidad Foral de Navarra a las cargas generales del Estado: pedimos una adaptación de la base imponible de la tasa, por la particularidad del régimen foral de Navarra, para que no entren o no se computen algunas partidas concretas que, si no se tienen en cuenta, no homogeneizarían nuestra participación con la de las demás comunidades autónomas.

Presentamos otras dos enmiendas menores, pero también importantes. En una proponemos incluso modificar el título de la ley orgánica y que la autoridad, en vez de llamarse Autoridad Fiscal, pase a llamarse Autoridad Presupuestaria, en congruencia con la exposición de motivos, que habla de autoridad presupuestaria y de responsabilidad presupuestaria, más que de responsabilidad fiscal. Finalmente, la otra propone —tal como ha propuesto también algún otro portavoz— que en la elección del presidente de la autoridad tengan también voz y voto las comunidades autónomas y las entidades locales. Parece lógico que esto sea así, ya que esta autoridad va a estar financiada con la tasa que pagarán las comunidades autónomas y las entidades locales, y va a tomar decisiones muy importantes en ese ámbito; qué menos que poder opinar en la elección del presidente.

Espero que puedan aceptar nuestras enmiendas. Insisto en que la número 24 es importante para nosotros, para homogeneizar el pago de la tasa de la comunidad foral con el de las demás comunidades autónomas. En el Congreso no se aceptó esta enmienda, pero les pido que lo vuelvan a considerar y que recapaciten en lo posible, para que puedan apoyarnos en este asunto.

Muchas gracias y buenas tardes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 106 a 113 y 115 a 120. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado un total de catorce enmiendas. Una de ellas decayó al transarla con el Grupo Parlamentario Popular en comisión, porque era prácticamente coincidente con otra de dicho grupo. Estas catorce enmiendas se dividen fundamentalmente en dos bloques, que parece ser se corresponden con la temática que ha inspirado los vetos de los grupos: un gran bloque de carácter competencial y otro gran bloque que hacen referencia a la supuesta independencia de este órgano único de responsabilidad fiscal.

Tengo 11,25 minutos, y los voy a aprovechar para intentar explicarle al senador De las Heras por qué no venimos aquí a hacer un ejercicio de nacionalismo recóndito, como ha dicho en su intervención; en la defensa del veto me he referido en todo momento al cumplimiento de la legalidad y del ordenamiento vigente. No estamos haciendo ningún ejercicio ideológico —al menos, no mi grupo parlamentario; no sé si todos los grupos podrán decir lo mismo—, sino que estamos pidiendo que se cumpla la ley. ¿Y qué ley pedimos que se cumpla? Para empezar, la de ustedes, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que aprobamos en 2012. La disposición final sexta de esta ley dice textualmente: En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Y el punto 2 de esta disposición final sexta dice que, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley por la que se aprueba el Concierto Económico. Y la Ley por la que se aprueba el Concierto Económico dice lo siguiente en el artículo 48: Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco —este es el texto que la Ley de estabilidad presupuestaria dice que se tiene que cumplir— se regirán por los siguientes principios. Son un total de cinco pero me voy a referir solo a dos de ellos: el principio de autonomía fiscal, lógico; segundo, respeto a la solidaridad, y el tercero, específico y más importante, de coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria. Repito: coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria. Bien, el artículo 62 de la misma Ley por la que se aprueba el Concierto Económico dice que corresponde a la Comisión Mixta del concierto económico




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las siguientes funciones: acordar las modificaciones del concierto económico, acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria —volvemos a la misma cuestión— y acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio, además de nombrar los complementos de una serie de órganos que nosotros entendemos que son importantes. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tuvo su apoyo en la modificación previa del artículo 135 de la Constitución, a la que todos ustedes han hecho referencia. Por tanto, es el cumplimiento de estas cuatro leyes que he mencionado lo que estoy pidiendo, todas ellas respetuosas con los objetivos de cumplimiento de estabilidad presupuestaria y organización financiera. Y es este Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal el que no atiende al cumplimiento de estas leyes que ustedes han votado.

Por tanto, nada de nacionalismos recónditos, nada de posiciones ideológicas; lo que aquí se está pidiendo es el cumplimiento de la ley, señor De las Heras. Un gran bloque de enmiendas tiene su base jurídica, como decía, en esta serie de principios que he relatado ahora extensamente, y también en el considerando número 17 del Reglamento 473, de 2013, que establece cuál tiene que ser el procedimiento para dar curso a la directiva europea que establece la necesidad de crear una autoridad de responsabilidad fiscal. Claro, ustedes obvian en todo el proyecto de ley que este mismo considerando y también la resolución del Parlamento Europeo y la propia directiva de la Comisión Europea lo que vienen a decir es que no tiene por qué haber una única autoridad de responsabilidad fiscal. Cuando las circunstancias fiscales o los diferentes regímenes de los Estados miembros así lo requieran, se podrá considerar la creación de más de una autoridad fiscal. Esto es lo que nosotros pedimos en nuestras enmiendas, que por lo menos haya tres, una para cada uno de los marcos de hacienda que existen: una para Navarra, una para la comunidad autónoma vasca —ya nos encargaríamos nosotros, en la Comisión Mixta del Concierto Económico, de organizar internamente la coordinación entre las haciendas vascas— y otra española, para conseguir el mismo objetivo de estabilidad presupuestaria que además viene ya impuesto por Europa. Eso es lo que estamos pidiendo, porque es la única forma en que podríamos garantizar, no ya una responsabilidad financiera única, sino la corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones públicas, que es el objetivo que busca la normativa europea.

Por último, otra serie de enmiendas hacen referencia a una cuestión que otros portavoces han mencionado ya: la supuesta independencia de esta autoridad. Una independencia que difícilmente se puede entender cuando la autoridad surge adscrita al Ministerio de Hacienda y cuando, además, su presidente lo es por designación del ministerio; lo lógico sería que fuesen las Cortes las que tuviesen algo que decir en ese sentido, también las comunidades autónomas y, por supuesto, aquellos organismos que tienen como potestad el control de la estabilidad presupuestaria en sus relativos ámbitos competenciales.

Por tanto, catorce enmiendas que afectan a la práctica totalidad de los artículos de la ley, fundamentalmente con una base competencial, no ideológica, con argumentos jurídicos más que sólidos, y que hacen referencia también a la necesidad de que este sea un órgano independiente, no solamente en lo funcional, sino también en lo orgánico, aspectos que van íntimamente unidos, como saben.

La aprobación de estas enmiendas, insisto, es la única garantía de que efectivamente este organismo cumpla con los objetivos para los que fue diseñado por las instituciones europeas, y que nosotros compartimos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas: el primero, de la 26 a la 46, y el segundo de la 47 a la 78.

A continuación, para defender el primer bloque, enmiendas 26 a 46, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Apreciado senador Pintado, estoy en contra de la consolidación fiscal, totalmente en contra. Lo que vengo diciendo en estos debates desde el minuto uno de esta legislatura es que el objetivo de España era y es poder liberar recursos para estimular la economía, y eso exigía plazos más largos y una reducción más progresiva del déficit público, que al final es lo que ha pasado. Lo comentaba




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con el senador Montilla: lo que no intenta mi grupo en el Congreso, Izquierda Plural es la caricatura de: oiga, yo le debo dinero, no le voy a pagar y, por cierto, présteme más dinero. No estamos proponiendo eso; eso es irreal. Lo que hemos propuesto en todo momento —lo he dicho en mi exposición inicial— es que, a cambio de compromisos y seriedad, se hubiera constituido la coalición de países del sur, de los países deudores, que hubiera establecido una negociación más razonable sobre los plazos y porcentajes, lo que hubiera permitido liberar recursos. Pero no fue así; con la idea de salvar el euro y de salvar a Europa. Se optó por el «sálvese quien pueda», los costes sociales que hemos pagado son altísimos, y lo más tragicómico es que, al final, Bruselas ha alargado los plazos y ha disminuido la intensidad reduciendo los porcentajes. Pero a qué costes; porque España hoy es más pobre por causa de la crisis, pero también es más desigual por efecto de sus políticas. Por eso manifestamos nuestra crítica a todo este proceso.

Como las enmiendas 26 a 46 son idénticas a las que ha defendido el senador Mariscal, ya que son las mismas enmiendas que presentamos como grupo común en el Congreso en nombre de la Izquierda Plural, no las voy a defender, sería repetirme y creo que el señor Mariscal ha presentado ya las enmiendas. Solo haré referencia a la 37, que es la propuesta de reforma de la Constitución española. Nos opusimos frontalmente a esta propuesta liderada por el Partido Socialista Obrero Español, en aquel momento en el Gobierno, de acuerdo con el Partido Popular. Con la enmienda que presentamos, no solo pedimos volver al texto original, sino que planteamos que hay un problema conceptual, de fondo. El senador Saura y yo entendemos que, por encima del concepto que describe el artículo 1.1 de la Constitución, es decir, que España es un Estado social y democrático de derecho, no hay nada: ni deuda ni déficit. No hablo de política, hablo de concepto constitucional. Por encima de la definición de España como un Estado social y democrático de derecho no puede quedar nada que la subordine. Por eso nos opusimos a la modificación del artículo 135, y por eso proponemos volver al texto inicial.

El resto de las enmiendas las doy por defendidas con la explicación del senador Mariscal.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas 47 a 78, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado treinta y dos enmiendas que constituyen de hecho un texto alternativo al propuesto por el Gobierno y también a las modificaciones realizadas por el Grupo Parlamentario Popular en el trámite parlamentario. Como les decía en mi anterior intervención en la defensa del veto a este proyecto de ley, no estamos de acuerdo ni con el título del proyecto ni con su contenido. Pero siguiendo nuestros compromisos internacionales, sí estamos de acuerdo con la necesidad de creación de un órgano con autonomía funcional y orgánica respecto de las autoridades presupuestarias nacionales, que realice un examen efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales basado en análisis fiables e independientes. Y para esto proponemos crear un órgano colegiado adscrito a las Cortes Generales, con un presidente y unos consejeros independientes elegidos por el Parlamento, con capacidad y autonomía para organizarse y elaborar su propio presupuesto, y con acceso a toda la información económica y presupuestaria de todas las administraciones públicas.

En las enmiendas 47 y 48 proponemos un nuevo título para el proyecto de ley y un nuevo preámbulo, donde explicamos el texto alternativo que suponen todas nuestras enmiendas. Quisiera destacar la enmienda 49, con la que definimos el consejo independiente de finanzas públicas como un organismo con autonomía e independencia funcional y orgánica respecto de las administraciones públicas y de carácter colegiado, frente al modelo presidencialista, que es el que nos propone el Gobierno en su proyecto. Para asegurar la independencia funcional y orgánica —enmienda 56— el consejo se adscribe a las Cortes Generales frente a la adscripción del proyecto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Poca independencia puede tener un organismo que evalúa la política que desarrolla la institución a la que está adscrito. En el colmo de esta falsa independencia de la autoridad que proclama el Gobierno, en el artículo 8.2 proponen que su estatuto orgánico sea aprobado por el Consejo de Ministros. Nuestra enmienda 57 corrige esta previsión otorgando al consejo autonomía precisamente para regular y aprobar su organización y funcionamiento interno.




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Las enmiendas 60 y 61 garantizan la financiación de los recursos económicos y humanos necesarios para el funcionamiento del consejo, para el desarrollo de sus fines, a través de las asignaciones anuales en los Presupuestos Generales del Estado, y no mediante un sistema de tasas en el que trasladan la financiación a otras administraciones públicas, especialmente a las administraciones territoriales. Las enmiendas 62, 63 y 64 aclaran que el proyecto anual de presupuestos del consejo será elaborado internamente y aprobado de forma definitiva por las Cortes Generales, no podría ser de otra manera.

Con la enmienda 51 modificamos el artículo 4.2, para asegurar que sea el propio consejo, y no el ministerio, el que decida el tipo y cantidad de información económico—financiera que puede solicitar a las distintas administraciones públicas para el desempeño efectivo de sus funciones. Mucho más razonable que la previsión del texto propuesto de que sea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas el que decida finalmente.

La enmienda 52 faculta al comité de dirección del consejo, y no a su presidente, para comunicar precisamente los incumplimientos en el deber de colaboración de los objetos obligados por esta ley.

En las enmiendas 53, 54 y 55 se incluye a las Cortes Generales como sujeto que puede solicitar informes al consejo. En virtud precisamente de impregnar de la máxima transparencia al organismo, se prevé que toda la metodología, informes y opiniones del mismo sean motivados y públicos, accesibles por web, y que las previsiones económicas estén elaboradas teniendo en cuenta la gestión de riesgos. Además, el informe anual sobre la política fiscal y memoria de actividades sería remitido a las Cortes Generales.

En las enmiendas 58 y 59 modificamos la regulación sobre el personal al servicio del consejo para que prime la experiencia y los conocimientos adecuados en materia de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público.

Quisiera destacar un grupo de enmiendas que proponen precisamente modificar la organización funcional que ha previsto también el Gobierno para el consejo. En este sentido, nuestras enmiendas números 68 a 73 configuran un órgano de carácter colegiado, frente al modelo presidencialista del texto de la norma. Consideramos que es más razonable y adecuado que esté compuesto por el presidente del consejo, un comité de dirección formado por el presidente y seis consejeros y un consejo asesor formado por seis profesionales especializados. Equilibramos las atribuciones y las funciones del presidente y del comité de dirección. Este comité aprobaría su estatuto orgánico, y a sus reuniones no podrían asistir miembros del Gobierno ni altos cargos de las administraciones públicas. Además incluimos la obligatoriedad de que las personas propuestas para los cargos de presidente y consejeros comparezcan en Cortes Generales y sean avalados por la comisión correspondiente del Congreso previamente a su nombramiento por el Consejo de Ministros. Eso sería consenso político, consenso al que hacía referencia el señor Lerma en su primera intervención defendiendo el veto del Grupo Socialista, algo de lo que adolece precisamente la propuesta del proyecto de ley al organizar la autoridad en divisiones cuyos jefes los nombra o los nombraría directamente el Gobierno a propuesta del presidente.

Con nuestra enmienda número 74 proponemos las correspondientes comparecencias parlamentarias del presidente y de los miembros del comité de dirección del consejo para evaluar el informe anual sobre la política fiscal y el programa de estabilidad.

Finalmente, como he mencionado con anterioridad, no nos parece lógico ni de lealtad institucional que la autoridad propuesta se financie con tasas por análisis y estudios que financiarán las administraciones territoriales, objeto de los mismos, de manera muy singular las comunidades autónomas.

Precisamente para esto, con la enmienda 75 suprimimos la disposición adicional segunda, en coherencia con nuestras enmiendas 60 y 61, que prevén la financiación del organismo con cargo a las correspondientes consignaciones presupuestarias anuales.

En definitiva, nuestras enmiendas constituyen un modelo alternativo al propuesto por el Gobierno, más independiente, con autonomía funcional y orgánica, colegiado en la toma de decisiones, con la búsqueda de consensos políticos para incorporar a sus miembros y con la financiación garantizada para cumplir con la importante tarea de velar para que analizar de forma efectiva la política fiscal y presupuestaria sea posible y se cumplan los objetivos de estabilidad.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 125 a 145.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, presentamos estas veinte enmiendas, que, no les engaño, si no hubiésemos sufrido indefensión, serían veintidós, porque, insisto, senador Pintado, ustedes tienen el derecho a rectificar tantas veces como quieran o como consideren conveniente, pero —no me habré explicado bien—, ustedes lo que hacen con la enmienda al artículo 5.3 es dejarlo tal y como había entrado en el Congreso. Usted dice: ¿a usted no le parece bien que quien pida los informes sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues no, y por eso presentamos una enmienda, y por eso en el Congreso pactamos una enmienda con ustedes y autorizamos que las comunidades autónomas también pudieran solicitar informes. Y ustedes en el trámite del Senado presentan una enmienda que incorporan a la ponencia, y nosotros ya no podemos presentar enmiendas solicitando que se vuelva al texto inicial. ¿Y qué están haciendo con esto? Pues evitar que las comunidades autónomas puedan solicitar informes. ¿Pueden pedir informe en algún aspecto en relación con la propia comunidad autónoma? No. ¿Pueden pedir informe en relación con alguna entidad local sobre la que tengan competencia de tutela financiera? Tampoco. ¿Quién puede pedir informe? El Gobierno. Pero no pueden pedir informe las… (Denegaciones del señor Pintado Barbanoj.) Sí, sí, senador Pintado, si quiere, después vengo, no consumo tiempo y se lo explico. Ustedes pactan en el Congreso una enmienda que en estos momentos retrotraen y dejan el texto original tal y como entró en el Congreso, y después hablan de consenso, de buena voluntad, de diálogo, etcétera. Lo que están haciendo con los artículos 5.3 y 5.1 es exactamente esto, y yo no puedo defender las enmiendas porque no las he presentado porque las admitieron en el Congreso. Esto es una nueva técnica de movimiento parlamentario: te lo admito en el Congreso, no me presentas enmiendas en el Senado, y después, en el Senado, presento yo la enmienda para volver al texto original del Congreso. Perfecto, pero no me hable de diálogo ni de consenso ni de búsqueda de colaboración para la gobernabilidad del país.

Dicho esto y que podríamos tener dos enmiendas más —que no tenemos porque en un principio las admitieron y ahora las desadmiten—, vamos a explicar el resto de enmiendas.

Las dos primeras, las números 125 y 126, tienen simplemente por objeto modificar la exposición de motivos para hacerla coherente con el resto de enmiendas presentadas.

La enmienda número 127 es una de las primeras enmiendas que tiene como objeto, desde nuestra perspectiva, garantizar la independencia de la autoridad fiscal independiente. Y ¿cómo? Ustedes dicen: cada uno escoge su modelo. Algunos escogen depender de las Cortes Generales y otros, depender del mismo Gobierno. Nosotros pensamos que si se tiene que ser independiente es mejor que dependa orgánica, funcional y presupuestariamente de las Cortes Generales y que quienes nombren sean las Cortes Generales, y en ese sentido presentamos un conjunto de enmiendas, la primera, la número 127.

Y dentro de las Cortes Generales, podrán apreciar que las enmiendas son idénticas a las que se presentaron en el Congreso y que damos un papel fundamental en este ámbito a esta Cámara, al Senado. Dado que una parte importante de las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es una tutela sobre comunidades autónomas y administraciones locales, entendemos que debe ser la Cámara territorial la que nombre y sobre la cual debe pivotar esta autoridad. No es su modelo, ya que su modelo quiere que dependa del Gobierno, y el nuestro, que dependa de las Cortes, por eso presentamos la enmienda, y dentro de las Cortes, que dependa del Senado.

La enmienda número 128, al artículo 4, también va en esa dirección.

La enmienda número 129, referente a una parte del artículo —ya hemos dicho que deberíamos tener dos enmiendas más—, es a efectos de que la memoria elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea presentada por la autoridad en esta Cámara, en el Senado.

La enmienda número 130 es al artículo 6, que es también muy significativo. Quizá alguien no le de importancia a este artículo pero es el que regula las relaciones institucionales de la autoridad




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independiente. ¿Y cómo las regula? ¿Qué establece? Dice: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, colaborará… etcétera. Dice: en colaboración con el Ministerio de Hacienda. La enmienda propone suprimir la colaboración. Quien colaborará con otras instituciones, también con el Ministerio de Hacienda, será la propia autoridad independiente, y a su vez, simplemente pedimos que informe de estas colaboraciones con instituciones del Estado español o con instituciones supraestatales en la página web, desde la misma institución.

La enmienda 131, al artículo 7, persigue adscribir dicha autoridad a las Cortes Generales.

La enmienda 132 pretende establecer que el estatuto orgánico de la propia autoridad independiente sea aprobado no por el Gobierno sino por esta Cámara, el Senado.

La enmienda 133 tiene por objeto que la financiación de esta autoridad independiente se determine directamente en los Presupuestos Generales del Estado y que, en todo caso, las tasas no se abonen —no es el sistema de financiación que nosotros entendemos—, sino que se haga directamente en los Presupuestos Generales del Estado.

En una dirección similar va la enmienda número 134, al artículo 12. Pretende que sea la propia entidad la que apruebe su propio presupuesto y que este presupuesto no dependa orgánica ni funcionalmente del Ministerio de Hacienda sino que sea aprobado por las propias Cortes Generales y se establezca un régimen muy similar al que hoy dispone el Tribunal de Cuentas: financiación directa de los Presupuestos Generales del Estado, y que sean las mismas Cortes quienes aprueben su presupuesto.

La enmienda 135 tiene por objeto que se puedan efectuar recursos ante la misma autoridad respecto a los informes. Ya hemos dicho que ustedes en una enmienda en el Senado lo retrotraían parcialmente al texto inicial, al apartado 1 del artículo 5, en relación a que no sea siempre obligatorio el trámite de audiencia en el informe respecto a la Administración actuante; y simplemente establecen que la autoridad podrá solicitarlo cuando lo crea conveniente. Es todavía más necesario admitir esta enmienda al artículo 13, y es que en algún caso se podrá emitir un informe que afecte a una Administración local, a una comunidad autónoma, al que no se le haya dado trámite previamente y que el informe tampoco admita recurso, porque el recurso no está permitido por el artículo 13. Es decir, el informe puede estar equivocado. Como antes no se ha dado la posibilidad de hacer alegaciones, no se pueden hacer alegaciones, pero después tampoco se puede interponer recurso al informe de la propia autoridad.

La enmienda 136 tiene por objeto modificar el artículo 18 a los efectos de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no solo emita informes en relación con los objetivos de déficit de las comunidades autónomas sino que también deba informar sobre el objetivo de déficit de la Administración General del Estado.

La enmienda 138, al artículo 24, reincide en lo que he expresado anteriormente, en la necesidad de que el presidente de la autoridad sea nombrado por esta Cámara, por el Senado, y que el proceso de selección sea realizado por un jurado formado por expertos en el ámbito de la economía y las finanzas a fin de garantizar la máxima competencia profesional.

Entiendo que la enmienda 139 la podemos retirar porque es similar a otra que ha presentado el Grupo Popular en relación con el periodo de permanencia en el cargo de presidente. Pedíamos que no fueran tres años sino seis, según la sugerencia del Consejo de Estado, pero ustedes ya lo han incorporado. Por tanto, la podemos dar por cumplimentada y retirada.

La enmienda 140 tiene por objeto establecer que el equipo directivo sea elegido con criterios competitivos y no sea la Cámara quien lo elija; lo nombra, pero no a propuesta exclusivamente de su presidente.

La enmienda 142, a la disposición adicional primera, tiene por objetivo que las comunidades autónomas también puedan formar parte del comité técnico de cuentas nacionales. Seguramente, ustedes no lo compartirán, pero nosotros entendemos que también deberían formar parte de este comité técnico.

Las enmiendas 143 y 144 hacen referencia a la tasa, a esa tasa sobre la que ya hemos mostrado nuestra disconformidad. La primera es muy fácil, persigue suprimir la tasa. La 144 es por si no prospera la 143: en caso de no suprimirse la tasa, propone que, al calcularse esta, los gastos financieros con fondos finalistas se incorporen a la base imponible de la tasa, y a su vez, si ustedes




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insisten en establecer la tasa, que, por mera lealtad institucional, se compense a las comunidades autónomas y corporaciones locales por el importe devengado de la tasa.

Finalmente, la enmienda 145 tiene por objeto establecer que el Senado, a propuesta del presidente de la autoridad independiente, apruebe en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley, el estatuto orgánico de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Si aceptaran estas enmiendas, señorías, seguramente solventaríamos una parte importante de los aspectos expuestos en nuestro veto, sobre todo, el de la independencia y el de la financiación. Ustedes me dicen: es nuestro modelo, nosotros escogemos que dependa exclusivamente del Gobierno. Hay otros modelos, que dependa de las Cortes Generales. Estamos de acuerdo, es verdad, es su modelo, pero no es un modelo consensuado, no es un modelo que les garantice que esta ley no se vaya a modificar en los próximos ejercicios. Ya sé que me pueden decir que seguramente el Gobierno que venga también se va a sentir muy cómodo con esta legislación y no la va a modificar. Y les doy la razón, desgraciadamente les doy la razón. ¿Saben las que no se van a sentir cómodas? Las comunidades autónomas y entidades locales; no se van a sentir cómodas ni con su Gobierno ni con el Gobierno venidero, con esta ley no se van a sentir cómodas. Aunque constantemente en su discurso digan que pretenden potenciar el sistema autonómico, si están produciendo descontento en las comunidades autónomas y en las entidades locales, no les debe extrañar algunas de las posiciones que se están generando en ellas.

En todo caso, una vez más, en nombre de mi grupo parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, y del diputado que gestionó las enmiendas en el Congreso, quiero manifestarles nuestro extremado disgusto. Si no quieren admitir las enmiendas, no las admitan, están en su derecho. Pero si las admiten en el Congreso, corregirlas en el Senado nos parece de mal gusto y un ejercicio absolutamente inútil y que genera todavía más desconfianza.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 79 a 105 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 121 y 122 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Ya habrá visto usted que la deuda no era tan elevada como usted decía, era del 69% y que además estábamos creciendo, como usted recordará perfectamente. En cualquier caso, no discutimos eso. Esa es la cancioncilla de siempre, la de la herencia recibida, pero, afortunadamente, ya se van dando cuenta de que son ustedes los que están gobernando y que son ustedes los que tienen la responsabilidad. En todo caso, la responsabilidad en realidad es poca, porque cuando se viene al Congreso o al Senado a debatir, se viene fundamentalmente con la conciencia abierta de que alguien puede aportar algo interesante, y hay que tener la responsabilidad de decir que sí o que no o de modificar en un momento determinado la situación.

Todo esto que ustedes hacen es absolutamente contrario al parlamentarismo. Esta es una realidad que deteriora las instituciones muy claramente. Las deteriora, primero, porque en una ley tan importante como esta lo que tiene que hacer el ministro de Hacienda es venir aquí, dar la cara y presentar la ley, y a continuación, contestar a las cosas que les estamos diciendo, si es que tiene contestación; lo que no puede hacer es esconderse detrás de ustedes, que no tienen autoridad para decir sí o no a una cuestión que nosotros planteamos aquí. Esta es la realidad de la democracia; y la democracia en ese sentido es representación también y es que los ciudadanos vean con toda claridad que el Parlamento sirve para algo y no para provocar una pelea de sordos entre los dos. Esto carece de sentido; para esto no hace falta ni que la traigan con carácter de urgencia; para esto la aprueban ustedes por decreto ley. Esta situación no tiene sentido. Esto es lo que deteriora las instituciones y esto es lo que acaba haciendo que la gente se aleje del Parlamento como instrumento central del debate político y del sentido de la calle. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Nosotros hemos planteado una serie de enmiendas que vienen a corregir lo que no solo nosotros entendemos que es el problema de esta ley, sino lo que entienden todos los organismos




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que han opinado, lo que entienden el Consejo de Estado, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que esta ley no reúne las condiciones suficientes de independencia para generar un órgano que puede ser muy útil a la sociedad. Simultáneamente, en el propio informe que el Gobierno presenta, en la legislación comparada se ve claramente que hay una serie de órganos en muchos países europeos que no tienen nada que ver con el organismo que ustedes están creando aquí, que es el pretexto del Ministerio de Hacienda para intervenir en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. No tienen esas características, sus características fundamentales son de asesoramiento, de independencia y ver si las finanzas públicas son realmente sostenibles, y eso es lo que nos podría ayudar a nosotros si creáramos un órgano similar.

¿Cuáles son los órganos que existen y que se encarga de analizar el propio informe? Hay algunos de gran tradición, como el de los Estados Unidos, por ejemplo. Los países anglosajones, en general tienen el suyo. Australia tiene el suyo. Tiene el suyo Nueva Zelanda. Holanda tiene uno creado en el año 1945, no con las apreturas de estos problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas. Suecia lo tiene creado en 2007, sin adscripción tampoco al ministerio correspondiente. Dinamarca lo tiene creado desde el año 1962 y es una especie de Consejo Económico y Social que hace este tipo de informes, y donde están presentes la Administración, los empresarios, los sindicatos, la gente que tiene que disciplinarse, en definitiva, y que tiene que asumir la responsabilidad de la disciplina fiscal. Alemania tiene desde el año 1963 creado un órgano que no es similar, que es un órgano de asesoramiento académico, que tiene gran influencia porque su opinión es independiente. No sé si eso nos favorece o no, pero, en cualquier caso, lo cierto es que tiene una larga tradición y es escuchado por los poderes públicos.

Nosotros no, nosotros tenemos un órgano del Ministerio de Hacienda que va a decir lo que quiera él y que, simultáneamente, tendrá que disciplinar a una comunidad autónoma. Será juez y parte en decir que ha incumplido, porque lo que tenía que cumplir era lo que había dicho previamente que tenía que cumplir, como todo lo que hemos hecho últimamente. Es decir, ¿cómo se reparte el déficit entre comunidades autónomas y el Estado? Como quiere el Estado. No es verdad, lo vuelvo a decir, que la Constitución le dé la tutela de las administraciones públicas, y en particular de las comunidades autónomas, al Gobierno de España, porque los Gobiernos autonómicos son tan Gobierno del Estado como el Gobierno de la nación. Esa es una situación que está clarísima en la Constitución, y su interpretación solo nos trae y nos traerá problemas cada vez más difíciles de resolver. A esto no me va a contestar usted. Puede decirme lo que quiera, pero tiene que estar el ministro aquí para decir si comparte o no comparte ese diagnóstico, y esa relación es la que le va a perjudicar a él. Eso es lo que estamos discutiendo aquí.

¿Qué pretenden nuestras enmiendas? Nuestras enmiendas intentan crear un órgano colegiado para que quepan todas las visiones y, por tanto, un órgano que no sea unipersonal, como el que ustedes han creado, con un presidente nombrado a propuesta del ministro de Hacienda; un órgano colegiado, con un presidente y seis miembros, que permita recoger las diversas opiniones y las cualificaciones adecuadas para emitir juicios pertinentes; que elabore su propio presupuesto; que tenga capacidad para aprobar su estatuto orgánico; que tenga un personal que pueda ser funcionario o laboral y que pueda, incluso, ser de fuera de España, porque no todos los expertos están aquí, obviamente.

Además, la mayor garantía de independencia es precisamente que pueda ser nombrado no por una mayoría exclusiva del Partido Popular, como este lo va a ser, sino por una mayoría suficiente, para hacer posible su credibilidad, y su credibilidad en este caso —porque insisto en que tiene que disciplinar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos— depende de que haya una representación plural, y ustedes lo deberían saber. No solo no cuentan con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sino que tampoco cuentan con los partidos representados en estas Cortes. Y eso no puede ser. El organismo nace sin ninguna credibilidad y nosotros tratamos de solucionar esto con nuestras enmiendas, que ustedes deberían asumir porque va en beneficio del organismo, que, insisto, puede ser muy útil en el futuro si ustedes no le quitan la credibilidad que ahora le están quitando con su proceder.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Lerma.

En el turno en contra, tiene la palabra el señor Pintado.




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El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de entrar en el turno en contra de las enmiendas al articulado que han presentado los distintos grupos quisiera decir al señor Lerma, que ha desaparecido del hemiciclo durante un rato, que ha vuelto bastante caliente, a tenor de su intervención, que es para titular de periódico, lo que me parece muy bien, pero que al final no soluciona absolutamente nada. Usted acaba de hacer aquí un desprecio grande a todos los compañeros de la Cámara. Ha dicho que solo debate con el ministro; el resto de los compañeros de la Cámara, sean del grupo que sean, le sobran. Yo creo que para dar atribuciones y fortaleza a la Cámara, tenemos un sistema bicameral, señor Lerma. Ustedes harán propuestas y parece que dentro de pocos días van a intentar modificar su funcionamiento.

Usted ha estado en el Ejecutivo, ha estado dando apoyo a un Gobierno dentro de un Parlamento y ahora le toca estar en la oposición.

Dicho esto, y entrando en las cuestiones que planteaba el señor Bel sobre la modificación, debemos tener un error, porque en la publicación en el Congreso de los Diputados del 3 de julio, el texto del artículo 5.3 que sale del Congreso es el mismo que entra en el Senado el 18 de octubre del 2013, es decir, que algún error habrá en cuanto a la interpretación.

¿Que hay una variación en cuanto a la palabra realizará por podrá? Por supuesto. Lo mantengo. Pero es el mismo texto del artículo 5.3 el que sale del Congreso de los Diputados y el que entra en esta Cámara.

El señor Lerma habla de la cuestión de los organismos internacionales respecto a la regañina que ha echado al Gobierno de España. Traiga usted aquí un documento. Ha nombrado al Fondo Monetario Internacional, ha nombrado usted a la OCDE, ha nombrado usted al Ecofin. Traiga usted el documento. Son recomendaciones previas, señor Lerma. La directiva comunitaria es de 2011, y las recomendaciones de la OCDE son anteriores a la directiva comunitaria de septiembre del año 2011. No nos venga aquí a decir que todas las instituciones internacionales están pendientes de lo que hace el Gobierno de España y que están escandalizadas porque son recomendaciones.

Cuando usted habla de los distintos países parece que todos han hecho todo lo contrario a lo que ha hecho España. Le puedo decir que en algunos casos tiene usted razón, lo que demuestra que es una opción, es una alternativa a la hora de elegir. En Suecia el consejo fiscal se denomina Consejo Sueco de Política Fiscal, agencia gubernamental creada el 1 de agosto de 2007, sin adscripción a ningún departamento ministerial, cuya misión es proporcionar una evaluación independiente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.

En Dinamarca se trata de una institución fiscal independiente. El consejo tiene 26 miembros en representación de los sindicatos, los empresarios, el banco central y el Gobierno danés, siendo propuestos por dichas organizaciones y formalmente designados por el ministro de Economía. Usted no ha dicho esto sobre Dinamarca.

En el Reino Unido la oficina que crea debe entregar las proyecciones fiscales y económicas al Ministerio de Hacienda, necesarias para la toma de decisiones de gastos e impuestos, para asegurar la independencia y garantizar la transparencia en su relación con el Gobierno. Hay un memorándum de entendimiento entre esta agencia y el Gobierno del Reino Unido.

En Alemania existe el Consejo Alemán de Expertos Económicos, órgano de asesoramiento única y exclusivamente académico. Este consejo está compuesto por cinco miembros que son especialistas en el campo de la teoría y la política económica.

En Portugal su máximo órgano es el Consejo Superior, compuesto por cinco miembros designados por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Banco de Portugal y del Tribunal de Cuentas.

En Irlanda el consejo fiscal independiente se denomina Consejo Asesor Fiscal Irlandés. Fue creado en junio del 2011 por el Ministerio de Finanzas y se estableció como un organismo de derecho público independiente dentro del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Por medio de un memorándum se establecen las relaciones funcionales con el Ministerio de Finanzas.

Habla usted de Canadá, de Estados Unidos, es decir, de distintas opciones. A lo que le llevo y lo que quiero traerle al ánimo es que cuando usted habla de la falta de independencia por el sistema que ha adoptado el Gobierno español a la hora de crear la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se ve que en el ámbito ya no solamente del derecho internacional




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comparado, sino con respecto a los países de la Unión Europea, dentro de los que tenemos la obligación de cumplir la directiva a la que nos referíamos anteriormente, han elegido distintos modos, distintas formas, y por eso no se cuestiona el tema de la independencia.

Entrando en el debate de las enmiendas, como en casi todos los proyectos de ley, se pueden agrupar por distintos bloques porque hay muchas enmiendas repetidas y distintos grupos han presentado prácticamente las mismas enmiendas.

Varios grupos se refieren a la conveniencia de la adscripción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal al Congreso, al Senado, a las Cortes Generales, como una mayor garantía de independencia. Señorías, para nosotros la adscripción de la Airef al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es a efectos puramente organizativos, sin que su autonomía e independencia se vean comprometidas ya que quedan garantizadas por muchas otras disposiciones de esta ley orgánica relativas, por ejemplo, a su presidente, a su personal o a sus recursos.

Creo que cuando se analizan en derecho comparado con los países de nuestro entorno, cuestión que le acabo de plantear ahora mismo, se ven las distintas fórmulas elegidas por los países donde hasta la fecha se han ido creando este tipo de organismos.

El nombramiento del presidente de la Airef es cuestión de enmienda al proponernos que sea a través de las Cortes Generales. El sistema de nombramiento previsto con la participación, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, se considera una fórmula adecuada para garantizar la independencia y funcionamiento de la entidad. Nosotros hemos ido a un sistema mixto. Podría haber sido distinto, pero entendemos que es una buena fórmula para reforzar el papel de la independencia del presidente de la Airef.

Nos solicitaban en alguna enmienda la ampliación del plazo de mandato, de tres a seis años, cuestión que ha sido incorporada en ponencia al transaccionar una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco y con una propia de nuestro grupo.

Estamos de acuerdo con que las enmiendas que hacen referencia a la modificación de este artículo van en la misma dirección y tienen el mismo espíritu. No hemos podido aceptar otras enmiendas porque entraban en otras regulaciones que, desde nuestro punto de vista, eran muy minuciosas. En este apartado haré referencia también a la solicitud de cambio o modificación del sistema de elección de los directores de división. En el artículo 26.2 se recoge la forma de nombramiento, siendo el Consejo de Ministros el facultado para ello, a propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad, entre quienes cuenten con experiencia de, al menos, diez años en la materia de la división correspondiente.

Señorías, entiendo que estamos ante un proyecto de ley garantista, a lo que tendríamos que añadir en su conjunto que busca establecer siempre el principio de transparencia. En línea con lo anterior, proponen que la aprobación del estatuto orgánico sea por la propia Airef y no por el Consejo de Ministros, en razón de una mayor independencia. El estatuto orgánico de este nuevo ente será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe del presidente de la Airef. Entendemos que esta, junto con otras muchas disposiciones, garantiza su autonomía y la independencia a la que hacíamos referencia anteriormente.

Solicitan, además, la obligación de remitir el presupuesto de la propia autoridad independiente a las Cortes Generales en vez de al Ministerio de Hacienda. Cabe decir que la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que el presupuesto de la Airef debe serle remitido a dicho ministerio para su integración en dichos presupuestos. Les recuerdo que la Airef tendrá dos fuentes de financiación: la tasa a establecer y los Presupuestos Generales del Estado.

En la enmienda número 104 de Esquerra Republicana de Cataluña, del Grupo Parlamentario Mixto, se plantea la definición de los órganos de la Airef, introduciendo el comité de dirección y un consejo asesor. La organización de la Airef que proponemos nos parece adecuada y no se precisa de un consejo asesor adicional al comité directivo, ya que en este pueden participar expertos de reconocido prestigio si fuera necesario. En todo caso, las cuestiones organizativas concretas de la Airef deben ser establecidas en su estatuto orgánico para lograr una mayor independencia a través de una mayor capacidad de su autoorganización.




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Asimismo, en relación con las enmiendas sobre la definición del personal laboral que podrá estar al servicio de la Airef, diré que se ha realizado siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que se considera conveniente mantenerla en los términos en que actualmente está redactada.

En relación con un bloque importante de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, nos plantean esta ley como soporte para el cambio de otras. Especialmente se refieren ustedes a las modificaciones de los artículos 12, 13, 14 y 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Incluso enmiendan la entrada en vigor del artículo 135 de la Constitución. Loable su intento, cabe decir que en coherencia con su discurso sobre la sostenibilidad financiera, pero, lógicamente, se escapa del ámbito de regulación de esta ley. Como pueden entender, excede el contenido material de lo que hoy estamos analizando en este proyecto de ley.

Asimismo, se nos propone que eliminemos la prioridad que establece la ley mencionada de la obligación del pago de la deuda. Con estos mensajes y propuestas no vamos a ningún lado. Desde mi punto de vista, son mensajes cargados de irresponsabilidad. A nadie en condiciones normales, en su ámbito personal, se le ocurriría anunciar que no está dispuesto a pagar sus deudas. Creemos que las consecuencias son claras.

Haré alusión también a una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso, de UPN, en la que se propone hacer una referencia explícita al convenio navarro. Lo ha explicado su propio portavoz al decir que se transaccionó en el trámite del Congreso de los Diputados.

El resto de las enmiendas que nos presentan van a ser contestadas, porque coinciden, en relación con las de otros grupos. Alguna de sus enmiendas propone poner a disposición de la Airef información de carácter económico—financiera, de carácter social, así como la relación y resultados de las distintas políticas en función de la actividad presupuestaria. Son enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Socialista, del Grupo Catalán Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña.

La experiencia internacional de los consejos fiscales aconseja dotarles de un mandato claro y concreto. La finalidad natural de este tipo de entidades es el seguimiento de la política fiscal o presupuestaria. En este sentido, la ampliación de su objeto a los aspectos señalados no encajaría adecuadamente en su misión y podría restarle eficacia. La información económica-financiera se considera adecuada conforme al objetivo otorgado a la Airef de supervisar la política fiscal conforme a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las obligaciones de información establecidas en la ley se consideran adecuadas conforme al objetivo otorgado a la Airef de supervisar la política fiscal conforme a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y, por tanto, no se considera adecuado que se amplíe el ámbito de trabajo, ya que restaría eficacia. En definitiva, señorías, estamos hablando de una finalidad y misión específica por parte de la Airef, que es la evaluación y supervisión de la política fiscal.

Respecto a la solicitud para que la Airef analice las previsiones económicas corregidas de los efectos cíclicos, cabe decir que el objetivo del análisis de la autoridad independiente sobre las previsiones económicas es determinar el realismo e idoneidad de las previsiones utilizadas como base para el diseño de la política fiscal y presupuestaria y prevenir la existencia de sesgos en las mismas. Se considera necesario dejar a iniciativa de la propia autoridad cómo realizar ese análisis. Por otro lado, esta autoridad independiente también debe informar de los cambios en la metodología de cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos.

En relación con las atribuciones que se otorgan a la autoridad independiente, alguna enmienda solicita establecer que sea la propia entidad la que determine los datos, documentos y procedimientos de remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Banco de España y al Instituto Nacional de Estadística. Dado que las administraciones territoriales ya remiten una gran cantidad de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, parece más apropiado que sea esta quien determine los datos y documentos a suministrar, así como el procedimiento, pero siempre previo informe de la autoridad independiente para garantizar que esta tiene acceso a toda la información relevante. Por otro lado, dado que la autoridad independiente no ejerce sus funciones sobre el Instituto Nacional de Estadística ni el Banco de España, no puede obligarse a estos organismos a remitir información a la propia autoridad independiente.




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En esta misma dirección se plantea establecer el carácter preceptivo del informe, como señala el artículo 21, cada vez que se publiquen los datos trimestrales de ejecución de los informes de seguimiento de los planes económico-financieros. Dado que los mecanismos de corrección solo se activan si se detecta un riesgo de incumplimiento o un incumplimiento, no procede que el informe sobre la activación de los mismos se elabore cada vez que se publique la información trimestral sobre la ejecución presupuestaria o los informes de seguimiento de los planes económico-financieros, sino únicamente si se detecta un incumplimiento o riesgo de incumplimiento.

Sobre la obligatoriedad por parte de esta autoridad independiente de establecer una metodología a usar en la elaboración de sus informes, he de decir que la publicación de esa metodología para la elaboración de los informes, así como la decisión sobre cómo presentar las previsiones económicas, son cuestiones que competen a la propia autoridad independiente. Por otro lado, no se considera preciso que esta autoridad elabore un informe anual sobre la política fiscal, dado que ya la evalúa periódicamente en los diversos informes que elabora a lo largo del año. Por último, al dar a esos informes la máxima difusión, no es preciso especificar que la memoria anual deberá ser remitida a las Cortes.

El Grupo Parlamentario Vasco nos propone añadir en el artículo 3 una reincidencia en relación con la disposición adicional tercera. No consideramos apropiado establecer en este artículo una disposición que puede plantear dudas sobre el alcance al conjunto de las administraciones públicas; entendemos que puede introducir inseguridad jurídica.

Sobre las funciones de la Airef en relación con la comisión mixta, con la equiparación al Consejo de Política Fiscal y Financiera del régimen común, la realización de estudios por parte de las comunidades autónomas está establecida a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin perjuicio de las competencias establecidas en la comisión mixta, en el ordenamiento jurídico se considera adecuado y más pertinente mantener el criterio de que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al tiempo que sobre la solicitud de realización de estudios por parte de las comunidades autónomas está establecida a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin perjuicio de las competencias establecidas en la comisión mixta, en este ordenamiento jurídico se considera procedente que sea el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por último, nos plantean la posibilidad de habilitar la posible creación de una Airef propia en el País Vasco y en Navarra, en virtud del régimen foral. El ámbito de actuación de esta autoridad independiente se refiere al conjunto del territorio nacional. Para la eficacia del funcionamiento del ente se requiere la integración de la información y situación fiscal del conjunto de administraciones públicas. La competencia es exclusiva del Estado y dado el contenido material de sus funciones y de la normativa del Concierto hablamos de eficacia pero también de insuficiente apoyo jurídico a una propuesta de estas características.

Respecto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tienen varias enmiendas que doy por contestadas al ser similares a las planteadas por otros grupos.

Como enmiendas específicas en el Senado, nos solicitan la comparecencia del presidente de la autoridad independiente una vez al año, cuestión que ya viene recogida en el proyecto de ley: en la comisión competente del Congreso y del Senado. Sobre la obligación de que la autoridad independiente publique en su web información sobre su actividad de cooperación con otras instituciones, nos parece oportuno dejar a la propia autoridad independiente la decisión de informar y de cómo hacerlo. En cualquier caso, se especifica que todos los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal serán públicos. Asimismo, nos solicitan la eliminación de la imposibilidad de interponer recursos a los informes de la autoridad independiente, y cabe recordarles que los informes de esta autoridad no son actos administrativos recurribles.

Su enmienda 142 pide la regulación de la participación de las comunidades autónomas en el comité técnico de cuentas nacionales. En el comité técnico de cuentas nacionales participan los órganos encargados de la elaboración de las cuentas nacionales, que de cara a la normativa europea son los entes a los que se refiere esta disposición adicional, por lo que no procede que las comunidades autónomas formen parte de él. Por otro lado, una de sus funciones es definir la delimitación sectorial de las unidades del sector público, pero no valorar las implicaciones de esa limitación.

Sobre la modificación de la base imponible —a la que usted también hacía referencia en su intervención— de la tasa para excluir en el caso de las comunidades autónomas los gastos




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financiados con fondos finalistas, he de decir que lo que se ha buscado es la simplificación de la base imponible para facilitar su gestión y obtener que la tasa sea homogénea para todas las administraciones públicas.

Señorías, creo haber dado respuesta a sus enmiendas, quizá no a todas y aunque posiblemente no les convenzan los argumentos que hemos utilizado sí que tienen que estar seguros de que la creación de la nueva figura que regulamos con este proyecto de ley, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, está llamada a jugar un papel muy importante en el control de nuestra política fiscal y financiera, y que confiamos en que en poco tiempo puedan verse sus resultados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías.

El debate de los vetos y el posterior de las enmiendas han puesto de relieve dos tipos de discusiones. Por un lado, el cuestionamiento de la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en tanto que creación derivada de nuestros compromisos comunitarios de estabilidad presupuestaria, como instrumento al servicio de una política económica, presupuestaria y financiera que, dicho sea de paso, muchos consideramos que es discutible y manifiestamente mejorable. Como es un instrumento al servicio de una política no deseada no necesitamos el instrumento, vienen a decir estos argumentos.

Nosotros consideramos que la Unión Europea ha de poner más el acento en las políticas que faciliten el crecimiento y que, sin dejar de lado la necesidad de consolidación fiscal, ayuden a crear empleo, a incentivar el consumo y a facilitar el acceso al crédito, especialmente en un país como el nuestro. Solo con políticas de austeridad, solo obsesionados con la consolidación fiscal como si esta fuese el fin y no solo un medio no saldremos de la crisis, y sobre todo no saldremos sin haber pagado un alto precio por ello: una sociedad más fragmentada, más dual, más injusta, unos servicios públicos más deteriorados, un Estado del bienestar más débil y una ciudadanía más desengañada, más crítica con las instituciones, más escéptica con la política como instrumento para resolver sus problemas, más desafecta con el sistema, que dirían algunos.

Y, por otro lado, hay otro cuestionamiento a la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que no es a su existencia o a la necesidad de la misma. Ello es así porque con el desarrollo de una política económica presupuestaria y financiera diferente, con una Unión Europea que corrigiese la deriva que apuntaba antes —ojalá las elecciones europeas de 2014 sirvan para que se supere la etapa de la austeridad, de austeridad y nada más— la existencia de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal en este contexto sería igualmente necesaria. Y no solo por respetar nuestros compromisos internacionales; no solo porque hay un ordenamiento jurídico comunitario fruto del desarrollo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un pacto que ha atravesado numerosas vicisitudes, pero que culminó en 2012 con la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria; no solo por el desarrollo legislativo comunitario que representan los dos proyectos legislativos sobre gobernanza económica y supervisión presupuestaria, los denominados paquetes dos y seis; no solo porque la Directiva 2011/85/UE del Consejo, sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los marcos presupuestarios de los Estados miembros lo prescriba; no solo porque así lo prevé también el memorándum de entendimiento firmado por España sobre la condicionalidad de la política del sector financiero en julio del año pasado; no solo porque la legislación interna de la que nos hemos dotado también lo prevé; no solo por todo esto, sino porque pensamos que es necesario y conveniente dotarnos de este instrumento, porque es útil y podrá ser útil para aplicar también otra política económica.

Ahora bien, no se trata de crear un organismo más, cuando estamos, o más bien dicho, están ustedes suprimiendo algunos. El problema, por tanto, es qué tipo de autoridad creamos y de qué funciones la dotamos.




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Por lo que hace referencia a las funciones, a nosotros nos preocupan, especialmente, entre las que recoge el proyecto de ley, aquellas que pueden condicionar enormemente la capacidad de las administraciones territoriales, singularmente de las comunidades autónomas e, incluso, las asignadas al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta, además, que el mencionado proyecto de ley no prevé que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda ser receptor de los informes sobre, por ejemplo, los objetivos individuales de estabilidad y de deuda o el no prever tampoco la posibilidad de que los informes sean conocidos por la Administración afectada antes de ser publicados y que se puedan formular alegaciones a las mismas. Hay que recordar que un procedimiento similar a este que describo lo tiene incluso nuestro Tribunal de Cuentas. Ello quiere decir que las administraciones territoriales quedarán en una situación de clarísima desventaja respecto a la Administración General del Estado, no olvidemos la dependencia orgánica del mencionado organismo, a la que se ha hecho alusión en las diferentes intervenciones.

Otra anacronía de este proyecto tiene que ver con la pretensión de que su financiación sea a cargo de tasas por los servicios que prestará. No tiene ninguna lógica ni existen precedentes en otros países de financiación tan singular como la que prevé el proyecto. Aquí, la pretensión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que crea y controla el organismo, es que la factura la paguen las corporaciones locales y las comunidades autónomas.

Pero, además de estas razones, hay otras, que tienen que ver con el modelo de austeridad que el proyecto de ley crea. Aquí, como ha pasado en otras ocasiones, el título del proyecto de ley no se corresponde con su contenido. La autoridad que prefigura tendrá poca autoridad, podríamos decir, y, desde luego, carecerá de la independencia necesaria, con una dependencia orgánica no funcional, aunque sí orgánica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con un nombramiento efectuado por un Gobierno que dispone de mayoría absoluta en las Cámaras y que la utiliza sin complejo, como podemos ver, ello será indudable.

Este proyecto de ley no garantiza que el organismo pueda disponer de los mejores profesionales, de los más competentes; no garantiza su independencia, desde nuestro punto de vista. Y ello puede comportar el que carezca de autoridad en sus cometidos. Se nos ha dicho que hay países con autoridades dependientes de los Parlamentos y hay otros donde la dependencia orgánica es de la Administración General del Estado correspondiente, ciertamente. Ello es así, pero hemos de ser conscientes de que nuestro país está bajo vigilancia especial de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, la Unión Europea, por no decir de los mercados, como todos ustedes saben.

Tenemos, por tanto, una obligación de generar credibilidad adicional y la configuración de esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no la generará, será sospechosa de poco independiente y si no, al tiempo, señorías.

Primar la excelencia en la configuración del organismo, su carácter colegiado y no presidencialista, su capacidad de organización, de autoorganización, su dependencia del Legislativo y no del Ejecutivo, serían, entre otras cuestiones, unas que les ayudaría, sin ningún género de dudas, a tener, de entrada, la autoridad y la independencia que creo que el modelo que configura el proyecto de ley actual no tendrá.

Como es obvio, por todas las razones expresadas, el voto de mi grupo parlamentario será negativo al proyecto de ley que se nos propone.

Nuevamente, y va formando parte de la práctica habitual de este Gobierno, aprobarán una ley contra todos; mal asunto en un tema como este, que de entrada no tendría que comportar tales discrepancias. Pregúntense ustedes por qué aquí también se quedan solos, si es que les interesa o les preocupa. Quizá no les preocupe pero a mí, desde luego, me preocuparía.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Voy a dedicar esencialmente este turno de portavoces a dejar constancia de una realidad y a dejar claro lo que está claro. Senador Pintado, se lo he explicado y lo volveré a hacer desde la tribuna, para que conste en el Diario de Sesiones y saquemos conclusiones.




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Texto que entra en el Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, número 53-1, de 3 de julio de 2013, página 5, redactado del artículo 5.3: «La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará los estudios que el Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local o la Comisión Financiera de la Seguridad Social le soliciten.»

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 251, página 6, 18 de octubre de 2013, texto remitido por el Congreso de los Diputados, artículo 5.3: «La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará los estudios que el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local o la Comisión Financiera de la Seguridad Social le soliciten.»

La inclusión de «las Comunidades Autónomas» y «las Entidades Locales» es fruto de la transacción, en el Congreso de los Diputados, de las enmiendas números 119 y 120, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Estas enmiendas transaccionadas con su grupo son las que en este momento son reenmendadas. Ustedes pactaron una enmienda con nosotros en el Congreso de los Diputados y mediante una enmienda en el Senado, a la que ya no cabe enmienda, ustedes retrotraen el texto al original, al que entró en el Congreso de los Diputados.

No me digan que no es así —después harán todas las matizaciones que quieran— y eso afecta a los puntos 1 y 3 del artículo 5. Conclusión, y estoy leyendo algunos titulares del día siguiente al debate en el Congreso de los Diputados: Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán exigir informes de la autoridad independiente.

Pues bien, hoy ya no las pueden exigir. Las podrán pedir, y si lo cree conveniente la autoridad fiscal —dependiente del Gobierno—, las podrá emitir. Lo más grave de esto es lo que les intentaba explicar inicialmente en el debate del veto y, después, en el de las enmiendas y es que podremos hablar de diálogo, podremos hablar de acuerdo, podremos hablar de consensos, podremos hacer los esfuerzos que podamos, pero les haré una pregunta: ¿me pueden aclarar cómo va a explicar el diputado Picó o cómo va a explicar este senador en Cataluña que hay que intentar colaborar con el Gobierno del Estado, que hay que dialogar e intentar pactar?

¿Cómo lo vamos a explicar? Porque lo primero que me dirán es: Ferran, usted es tonto, ¿no se da cuenta de que pactan en un momento y a los quince días no respetan el pacto? ¿No se da cuenta de que les admiten una enmienda y hacen una contraenmienda a los quince días? ¿De qué sirve tener esta actitud dialogante? ¿De qué sirve tener esta actitud de colaboración? ¿De qué sirve ser proactivos? Esta es la pregunta que yo no sé responder a mis conciudadanos, y les pido que me den una respuesta; una respuesta que yo pueda trasladar a los ciudadanos de Cataluña, porque en estos momentos yo no sé si tengo que contestarles que sí sirve de algo o, por el contrario, tengo que contestarles que desgraciadamente no sirve de nada. Desgraciadamente, lo que habíamos conseguido para las comunidades autónomas y para las entidades locales hace quince días, hoy ya no se lo podemos explicar. Y a aquellos que dicen: no, lo que pretendemos es reforzar el papel de las comunidades autónomas, lo que pretendemos es reforzar el papel de las entidades locales, queda patente que no es así. Aquí hay dos categorías; con esta modificación del artículo 5, apartado 3, ustedes establecen dos categorías de administración en el Estado español. ¿Cuáles son? Una es el Gobierno de la nación. El Gobierno de la nación puede pedir y debe emitir informe de lo que considere oportuno. En cambio, las comunidades autónomas y las corporaciones locales lo podrán pedir, pero no es obligatoria la emisión. Y repito lo que les decía esta mañana: ¿cómo se va a explicar que solo se van a atender los informes solicitados por unas comunidades autónomas de un determinado color político y no las de otro color político? Eso es muy difícil de explicar, eso es imposible de explicar y eso da la razón a toda aquella gente que en Cataluña está diciendo que no hay voluntad de solucionar un problema; no la hay. En estos momentos le tengo que dar la razón a mi compañero el diputado Antonio Picó. Cuando me lo explicaba, yo le decía: no puede ser, te estás equivocando, mirémoslo bien. ¿Cómo pueden presentar una enmienda sobre algo que se acaba de transaccionar hace quince días para volverlo a su estado original? Le tengo que dar la razón al compañero Picó. Lo han hecho, y seguramente el clima de colaboración que se pueda establecer entre los grupos parlamentarios, esencialmente en el Congreso, no será el mismo, porque transaccionar una enmienda —ustedes y yo mismo somos testigos— cuesta mucho, cuesta muchísimo. Supone grandes esfuerzos, trabajos, horas. Si después no se respeta…, entonces no tengo nada más que comentarles.




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En relación con las enmiendas que no serán apoyadas por el Grupo Popular, no voy a entrar en detalle en algunas de ellas, pero sí que voy a hacer una reflexión a toda la Cámara también, una reflexión común: todos somos senadores, todos estamos reclamando que esta Cámara tenga un papel más determinante, que sea la Cámara de representación territorial, pero esta Cámara de representación territorial no es percibida así en la mayoría de territorios del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Tenemos una oportunidad. Estamos creando un nuevo organismo y con nuestras enmiendas estamos solicitando que sea nombrado, que deba reportar y que se fije su presupuesto en esta Cámara. Por lo tanto, si votamos en contra de que esta Cámara adquiera mayor protagonismo, no nos puede sorprender después que haya mayor desafección por parte de los ciudadanos hacia esta Cámara que respecto a otras cámaras legislativas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en mi anterior intervención, como estábamos en familia, hacía un relato de cómo explicaría yo esto de la autoridad fiscal independiente a algún paisano, y parece ser que no les gustó a los portavoces del PP, porque salieron aquí y me hablaron de los ERE. Aquí no estamos hablando de los ERE, ni de los sobres, ni de nada de eso, estamos hablando de la autoridad fiscal independiente que es como se llama. Por lo tanto, tranquilos.

Me decían que había que ser serios. ¡Hombre!, la seriedad, el rigor y la solvencia se demuestran utilizando datos reales y no datos falsos en esta Cámara y en esta tribuna. Un portavoz del PP decía que por primera vez desde 2007 crecía la economía. Repasen los datos de ese Instituto Nacional de Estadística que ustedes han dicho que es creíble. Simplemente repasen los datos. La economía creció mucho más allá del 0,1% en 2011, por ejemplo, que en ejercicios anteriores. Otro portavoz nos decía que cuando terminó el Gobierno de Zapatero, a finales de 2011, la deuda pública se situaba en el 90%. Repasen los datos, porque estaba en el 69%. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Esa es la seriedad, ese es el rigor y esa es la solvencia cuando se viene aquí a no confundir y a no dar datos falsos.

Según algunos de ustedes, parece ser que el Gobierno de Zapatero ha durado hasta anteayer y que todos los parados desde 2009 a 2011 y toda la deuda también hay que apuntársela al anterior Gobierno. Simplemente no es así, eso no es serio.

Con este tipo de leyes que son desarrollo de directivas europeas y de memorándum que el Gobierno de España ha aceptado y que por lo tanto tenemos que cumplir, nos jugamos bastante en términos de confianza, en términos de calidad democrática y en términos de seriedad ante los socios de la Unión Europea, lo que, sin lugar a dudas, nos ayudará a la recuperación y a la salida de la crisis cuanto antes.

El portavoz del PP decía que este ente, esta autoridad no tiene como misión recuperar la economía. Evidentemente que no, pero la seriedad y el rigor sí ayudan mucho a que pueda recuperarse cuanto antes la confianza de los inversores y de los socios europeos en nuestro país.

En cuanto al texto —sobre el cual se ha dicho todo—, poco más hay que añadir. Pero es que fuera de aquí, instituciones tan serias como Fedea han dicho que se trata de una solemne chapuza. John Müller decía en el diario El Mundo que se trataba de una autoridad sin autoridad. Lo del mayordomo de Montoro lo hemos repetido todos. No se trata ya de que no coincidamos los grupos de la oposición, sino de que es unánime el rechazo a cómo han planteado esta obligación de crear esa autoridad fiscal independiente. Por tanto, sería el momento de rectificar.

Hace un momento el senador Bel intentaba explicarse a sí mismo cómo se le había hecho la jugada que se le había hecho. En el Congreso le aceptaban una transaccional, pero después vienen aquí y presentan una enmienda que vuelve al texto original del Congreso. Con lo cual, te quedas como colgado de la brocha. ¿Esto qué es? Y luego encima nos piden colaboración, consenso, acuerdo y apoyo. No puede ser, hay que demostrarlo con actitudes positivas y no solamente con ese discurso de remar juntos.

¿Ustedes no analizan nunca por qué se presentan tantos vetos, por qué no cuentan con el apoyo de ningún grupo, por qué se quedan solos siempre?




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Analícenlo, piensen en un momento determinado: ¡a ver si es que vamos a estar algo equivocados! Pero no, vuelven a imponer su mayoría. Y no acuso al Grupo Popular, porque lo que ha pasado en el Congreso con esa enmienda a la que hacía referencia el señor Wert significa lo poco que les importan los grupos políticos al Grupo Popular y al Gobierno. Es simplemente eso, una llamada, y sé que donde dije digo, digo Diego, y nos cambiamos y nos quedamos tan tranquilos. Pero eso tiene sus consecuencias de cara al futuro y de cara a futuras negociaciones, como es lógico.

Aprovecha la tribuna el ministro Montoro sobre todo cuando viene aquí, y también lo hizo en el Congreso de los Diputados al presentar esta ley, para decirnos, con ese optimismo exagerado que viene utilizando en los últimos tiempos, que ya no hay problema, que ya estamos prácticamente fuera de la crisis, que eso ya se ha acabado. Pero no es verdad. Como hizo el ministro De Guindos en la comparecencia en la Comisión de Economía, hay que decir que hay signos positivos que todos reconocemos, que nos alegramos por ello y que esperamos que se consoliden, como son, por ejemplo, el comercio exterior, una mayor competitividad de nuestras empresas, una rebaja de la prima de riesgo y, por tanto, de los costes financieros de la deuda. Pero hay otros elementos que hay que analizar, como la entrada de capitales, la subida de la Bolsa… Es verdad que ha subido la Bolsa pero también ha subido en toda Europa, y el país en que más sube es en Grecia. Y lo que ha entrado ahora de capitales en España es para comprar acciones de empresa que están a un precio de ganga. Son movimientos hasta ahora especulativos que ojalá se sigan manteniendo y vayan a la inversión real en nuevos proyectos.

Sin embargo, Montoro decía el otro día en El País que la subida de la Bolsa es un indicador de que las cosas van muy bien, pero no dice que nos presentan como positivo que el IPC baje, y no dicen que sería desastroso para el pago de la deuda entrar en una deflación. ¡Cuidado con los términos si queremos ser serios como antes decíamos! Se quiere desviar el debate. El ministro Montoro, inteligentemente, quiere desviar el debate con ese optimismo exagerado y no quiere que se hable de desempleo, ni de la falta de crédito en las empresas, que es un clamor, del cierre de esas empresas, 400 000 en el año 2012, de la debilidad aún de nuestro sector financiero. Y se ha sabido estos días que 14 000 millones más van a tener que aflorar de la parte de refinanciación a la parte de morosos de impagados por parte de los seis grandes bancos, con lo cual tenemos ahí esa espada de Damocles sobre la banca todavía. Y no quiere que hablemos de cómo ha crecido la deuda, que se va a poner en el cien por cien del PIB el próximo año, ni de que el 90% de la deuda pública de lo que va de 2013 la ha comprado la banca española; en los años anteriores era la banca extranjera, pero ahora es ahí donde la banca española mete su dinero y no en el circuito de la inversión y de la creación de empleo. De todo esto no se quiere que hablemos, ni se quiere que veamos cómo se está traspasando la deuda privada, tanto de las familias como de las empresas, que está disminuyendo, hacia la deuda pública, que está engordando.

En definitiva, desvían el debate para que no se hable de ese gran fraude de promesas electorales que hizo el Partido Popular para llegar al Gobierno. No quieren que se hable de las subidas de impuestos, de los recortes en servicios básicos —educación, sanidad y servicios sociales— y no quieren que se hable del incumplimiento de la promesa electoral de nombrar a auténticos profesionales independientes al frente de los órganos reguladores como estamos viendo aquí esta tarde. Nos inundan diariamente, incluso acompañados por la gran banca, el señor Botín y compañía, diciéndonos que estamos saliendo de la crisis, pero tampoco dicen cuánto tiempo vamos a tardar en volver a la situación que teníamos antes de la llegada de esta. Ni tampoco nos dicen qué pasará con los sueldos, que han bajado, con las pensiones o con las prestaciones sociales, que también han bajado, o cuándo se recuperará la calidad de los servicios públicos recortados.

España es ejemplo y referente del ajuste, repite el señor Montoro, pero es ejemplo en empobrecimiento social y en generar desigualdades. Tenemos una España mucho más empobrecida y un país mucho más desigual. Esto es lo cierto. Y la pregunta es: pasada la crisis, ¿se equilibrará todo lo anterior? Nosotros estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer, pero también estamos convencidos de que lo tendrá que hacer una nueva mayoría progresista que gobierne en este país.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo a todas sus señorías.

Antes de concluir con este turno final de portavoces —llevamos camino de las cuatro horas de debate de un proyecto de ley importante, que es el de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal—, me gustaría puntualizar cuatro o cinco aspectos que he oído en este turno de enmiendas y turno de portavoces a algunos senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.

El senador Mariscal ha hablado de austericidio, pero hay que tener en cuenta que el austericidio viene precedido por aquella frase famosa de una película; y es que algunos Gobiernos, sobre todo los Gobiernos anteriores, decían aquello de «no vamos a escatimar en gastos» y es que nos pasamos de gastar, señor Mariscal. Y finalmente concluye con que el problema es que es una reforma ideológica hecha a medias entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No sabía yo, senadores del Grupo Parlamentario Socialista, que teníamos la misma ideología; en fin, si Izquierda Unida lo cree así.

Senador Yanguas, de Unión del Pueblo Navarro, lo principal de sus enmiendas se sustanció y se transformó en el Congreso de los Diputados, concretamente en la enmienda número 25.

Senadora Martínez, coordinación y cooperación, sí. ¿La Airef, autoridad independiente de responsabilidad fiscal, es necesaria? Absolutamente sí. ¿El cumplimiento de la ley? ¡Faltaría más! Pero pretender que este Estado se dote de tres autoridades independientes de responsabilidad fiscal, Navarra, País Vasco y la española, cuando llevamos cuatro horas de debate y no hay forma de ponernos de acuerdo ni tan siquiera en el nombre, imaginen ustedes el tema. Corresponsabilidad fiscal de todas y cada una de las administraciones públicas. Y basa una parte de su discurso en que no tiene independencia porque tiene una dependencia orgánica del ministro y pretende que esa independencia se la va a dar el ministro, las Cortes Generales y las cortes de todas las comunidades autónomas, pero le vuelvo a repetir, senadora Martínez, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el nombre, ni en si esa autoridad debería tener otro tipo de nombre, si es independiente, si es fiscal o si es presupuestaria.

Senador Guillot, manifiesta usted, como han hecho sus correligionarios de base ideológica, que no cree en la consolidación fiscal porque lo que habría que haber hecho durante este tiempo es buscar más recursos y seguir gastando para consolidar el Estado del bienestar. Y le hago una pregunta, senador Guillot: ¿me quiere decir de qué fuente manan esos recursos? Me gustaría saberlo porque los recursos son los que son y, evidentemente, son muy limitados, so pena de volver a seguir dándole a la máquina de hacer billetes, cosa que ya no podemos hacer, de emitir más deuda, de tener más déficit y de seguir gastando. Ha dicho que esto va a traer desigualdades porque con esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se va a producir una mayor desigualdad y una fractura social. Pues bien, yo creo que lo verdaderamente desigual es tratar de forma heterogénea lo que es homogéneo porque, que yo sepa, todos los que estamos en esta Cámara somos iguales ante la ley, hayamos nacido en Cataluña o en Castilla. Manifiesta también que no queda nada del Estado social y de derecho. Queda, queda mucho, y queda mucho por construir o reconstruir.

Senador Montilla, plantea usted un texto alternativo, que está bien, y sobre todo el Grupo Parlamentario Popular le agradece su esfuerzo, pero es que ahora gobernamos nosotros, nos toca gobernar a nosotros y, evidentemente, es nuestro proyecto de ley, al que ninguno de ustedes ha querido sumarse, y me parece bien. Pero ni le gusta el título ni le gusta el contenido, lo único que le gusta, como al Grupo Socialista —del cual evidentemente procede, o no, no lo sé, no sé en qué fase estarán ustedes—, es que es irrenunciable la creación de esta autoridad, pero no le asegura nada que la proporcionalidad de esta Cámara o de cualquier otra garantice su posible independencia. ¿Pues qué es lo que le garantiza su independencia? ¿El que lo elijamos a medias entre el Grupo Parlamentario Popular y una parte de la Entesa Catalana pel Progrés? ¿Por qué no la mayoría suficiente parlamentaria que tiene esta Cámara o la otra?

Senador Bel, en lo del artículo 5 lleva usted absolutamente toda la razón y no se la puedo quitar. A veces sucede lo que sucede, pero estará conmigo en que no es tan trascendente en el ámbito global de la ley. En cualquier caso, senador Bel, sabe usted que los informes de esta




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autoridad independiente no son actos administrativos y, por lo tanto, no cabe ningún tipo de recurso. El aspecto de los seis años ya está cumplido, y me agrada que siga pensando que todavía hay tiempo para seguir avanzando en el camino del protagonismo de esta Cámara, de este Senado.

Senadores Lerma y Vázquez, ambos dicen que no era tan elevada la deuda cuando ustedes dejaron el Gobierno; ¡hombre!, depende de lo que contemos. Es que ustedes dejaron 90 000 millones de euros debajo de las alfombras, es que ha habido que hacer dos planes de pago especiales para proveedores para que la gente pudiera cobrar, por ejemplo, las 660 000 facturas que en mi comunidad autónoma tenía guardadas en el cajón el señor Barreda. Dicen que es un pretexto para intervenir en las comunidades autónomas y ayuntamientos. No, señorías, es un organismo que se crea al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para regular lo que ustedes durante ocho años no han querido regular, que es el control del déficit, de la deuda y del gasto público. ¿Hay diferentes modelos de Airef? Ya lo creo que los hay, pero nosotros que gobernamos ahora hemos escogido este porque nos parece el más adecuado.

Y senador Bel, perdón, senador Lerma —no crea que tengo fijación con usted, que también—, la próxima vez que intervenga en este Pleno voy a intentar sentarme en la bancada azul para ver si así le otorgo alguna autoridad o representación, que yo no le niego. Pero en este caso, como portavoz de mi grupo parlamentario, estoy representando a 166 senadores y al Gobierno de España, aunque usted no lo crea. Sus propuestas de solución —y voy terminando— pasan desde la salida del euro a manifestar que la deuda pública es inocua, y como es inocua no hay que pagarla porque es ilegítima. Y me gustaría saber qué parte de la deuda inocua es ilegítima o qué parte ilegítima de la deuda es inocua, porque es que no hay forma de enterarse con algunos de ustedes. Ustedes no están de acuerdo con el concepto de equilibrio presupuestario estructural. Ustedes no están de acuerdo con compensar cuando vengan buenos tiempos esa mayor disciplina fiscal en momentos de recuperación económica. La importancia política de la corresponsabilidad fiscal para conservar la eficacia del déficit público y poder utilizarla en los momentos en que haga falta porque antes lo hemos ahorrado, cuestión que no sucedía hace ocho años. Es un proceso necesario porque, además, formamos parte de la Unión Europea desde hace muchísimos años y de sus fondos estructurales este país se ha beneficiado de forma importante. Con la creación de esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal damos cumplimiento sobresaliente a las exigencias europeas y nos colocamos a la vanguardia del resto de los países de nuestro entorno. Han llamado ustedes mayordomo a esta autoridad a la que, por un lado, le niegan la autoridad y, por otro, la independencia. ¡Pues entonces no sé qué es lo que les preocupa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal!

Y termino, señor presidente, con una cuestión que se ha puesto aquí de manifiesto de forma reiterada, que no quisiera dejar pasar por alto y que además está escrita en el propio veto del Grupo Parlamentario Socialista, cuando manifiesta —y cito literalmente—: La política de nombramientos del actual Gobierno dificultará la recuperación económica y dañará la credibilidad y reputación de este país. Y han hablado de algún nombramiento en el Ente Público Radiotelevisión Española, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Nada más y nada menos, queridos compañeros de bancada, como si sus nombramientos, cuando no hace tanto tiempo eran Gobierno, tuvieran credibilidad alguna. Seguramente lo digan por el amplio currículum profesional, experiencia política y propuestas de alternativa de salida de la crisis de alguno de sus exministros o exministras o de los propios sustitutos del Ente Público Radiotelevisión Española, del Tribunal Supremo o del Tribunal de Defensa de la Competencia. O tal vez lo digan, compañeros de bancada, por el nombramiento del alto Tribunal de Derechos Humanos de un magistrado español contrario a las posiciones jurídicas de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Constitucional y de la inmensa mayoría de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del presente proyecto de ley.




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Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, de los senadores Iglesias y Mariscal, enmiendas números 1, 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 153; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 234; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 18, 19 y 21.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 220; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13 a 17 y 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Yangüas, Salanueva y Eza, teniendo en cuenta que la enmienda número 25 ha sido retirada, vamos a votar la 22 y la 23.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 157; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 24.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 6; en contra, 153; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando las enmiendas números 106 y 115.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 120.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 109.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 226; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 116.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 158; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 117 a 119.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 84; en contra, 158.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 110 y 112.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 84; en contra, 158.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 107, 108, 111 y 113.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 16; en contra, 156; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 232; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 26, 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 87; en contra, 155.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 82; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 43, 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 221; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 15; en contra, 156; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 27 a 29, 32, 34, 35, 38 a 42 y 45.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 68; en contra, 159; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 71.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 80; en contra, 158; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 57, 60 y 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 62, 75 y 77.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 79; en contra, 155; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 47, 49, 55, 56, 63, 64, 65 y 76.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 72; en contra, 155; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 48, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 66 a 70, 72 a 74 y 78.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 68; en contra, 155; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas 125 a 127, y 130.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 83; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 128.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 12; en contra, 158; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 129.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 16; en contra, 157; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 137.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 223.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 138, 142 y 145.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 12; en contra, 158; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 140 y 144.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 81; en contra, 156; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 143.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 224; abstenciones, 4.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 131, 133, 134 y 141.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 83; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 132, 135 y 136.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 240; a favor, 16; en contra, 158; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 139.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 15; en contra, 159; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas números 98 y 104.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 238; a favor, 79; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 87 y 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 84; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 91 y 102.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 151; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 79, 81, 86, 92 y 103.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 72; en contra, 154; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 80, 82 a 85, 88, 89, 93 a 97, 99 a 101 y 105.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 68; en contra, 155; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 121 y 122, del Grupo Popular.




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Comienza la votación. (La señora Candini i Puig pide la palabra.) Se anula la votación.

Senadora Candini, tiene la palabra.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Tenemos dudas de si realmente se han votado las enmiendas 140 y 144, del Grupo Convergència i Unió. Tenemos la sensación de que estas dos, no.

El señor PRESIDENTE: Yo las tengo como votadas.

Senadora Candini, sí se han votado.

Bien, repetimos la votación. Vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 121 y 122, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 91; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, señorías, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 242; a favor, 216; en contra, 20; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos, a continuación, señorías, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 148; en contra, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Abran las puertas. (Aplausos.—Pausa.)

10.1.2. PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.

COMISIÓN: CULTURA

(Núm. exp. 620/000005)

El señor presidente da lectura al punto 10.1.2.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Ongil.

La señora ONGIL CORES: Gracias, presidente.

Señorías, la proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 4 de octubre de 2013, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba inicialmente el día 17 de octubre, y fue ampliado hasta el 23 de octubre de 2013.

A esta proposición de ley se presentaron cinco propuestas de veto y cincuenta y siete enmiendas, cinco de las cuales fueron posteriormente retiradas.

El día 24 de octubre la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: por el Grupo Parlamentario Popular, don Julián Lanzarote Sastre y don Sebastián Ruiz Reyes; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Enrique Abad Benedicto y don Jesús Martín




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Rodríguez; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, don Joan Baptista Bagué Roura; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, don Carlos Martí Jufresa; por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Rut Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Eza Goyeneche.

La ponencia se reunió el día 31 de octubre sin emitir informe, y ese mismo día la comisión emitió dictamen de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Quiero señalar, por último, que han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Quintero Castañeda y Zeloro Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y también los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Para terminar, presidente, quiero agradecer la labor realizada en la comisión tanto de los ponentes como del resto de los miembros de la comisión.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ongil.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Estamos ante una proposición de ley que ha sufrido profundas transformaciones en el trámite parlamentario en el Congreso. De alguna manera se ha producido un fraude de ley y un fraude político. Lo que se ha producido en ese debate, los cambios, las transformaciones que se han incluido, no son ni expresión de seriedad política ni de rigor jurídico.

El partido mayoritario en el Congreso mantuvo la carcasa de la iniciativa legislativa popular y articuló un texto vacío de contenido y lleno de confusión, jugando con conceptos y palabras para que no se notara que lo que pretendieron en su día los promotores de la ILP no tenía encaje posible en nuestro sistema jurídico; por lo tanto, la única respuesta respetuosa política y jurídicamente hubiera sido el rechazo de ese planteamiento. No es posible, como pretendía la iniciativa legislativa popular, imponer la celebración de la fiesta de los toros a aquellas comunidades autónomas que, en el ejercicio de las competencias que les son propias, han tomado la decisión de prohibirlas: Cataluña y Canarias. Tampoco es posible que ni la ley ni el Gobierno de España declaren la fiesta de los toros bien de interés cultural, de ahí que en el articulado, en ese proceso de cambio y de transformación profunda, ya no se hable de bien de interés cultural sino que se recurra a un concepto vacío de contenido y vacío de efectos jurídicos, el de patrimonio cultural español, figura atípica que tiene las mismas consecuencias jurídicas que la declaración de la tauromaquia como patrimonio espiritual fruto de la unidad de destino en lo universal. Exactamente las mismas.

Se introduce de forma forzada en el texto legal este concepto vacío exclusivamente para, formalmente, intentar cumplir las exigencias del convenio de la Unesco para la declaración de patrimonio universal inmaterial, pero ni tan siquiera con esta declaración legal, como argumentaré después, se cumple esta exigencia o este requisito del convenio de la Unesco. Y es que, además, hay tantas posibilidades de que la Unesco declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la tauromaquia como que lo haga de la caza del león por los masai como rito iniciatorio para entrar en la edad adulta. Exactamente las mismas. (Aplausos.)

El texto parte desde la exposición de motivos de argumentos falaces. Busca la legitimación en las Partidas de Alfonso X el Sabio, lo cual nos obliga a recordar los contenidos de las Partidas de Alfonso X el Sabio. Salvo la acción de jactancia —los juristas presentes en la sala lo saben—, que ha sido declarada en vigor por el Tribunal Supremo, los demás contenidos han sido superados por la historia, por la tradición y por el corpus jurídico que nos rige. Desde los poderes de los nobles a las obligaciones de los siervos, a la privación de la herencia a los hijos espurios o la impunidad del varón que mata para lavar su honor. Todo esto está en las Partidas de Alfonso X el Sabio.




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Se argumenta que la fiesta de los toros, a partir de esta referencia histórica, tiene una presencia importante y continuada en nuestra historia. Falso, falso de toda falsedad. La fiesta de los toros, tal como la conocemos hoy, tiene menos de ciento cincuenta años. Es fruto de la restauración borbónica. Consulten ustedes la fecha de construcción de la mayoría de las plazas de toros de nuestro país y verán que en los últimos tiempos han ido celebrando su centenario, nada más.

Se argumenta en la fiesta de los toros la concurrencia de valores, dice la exposición de motivos. Los valores que se argumentan son los propios de la condición humana, y por eso están en la mayoría de las actividades de los hombres. La inteligencia. Si no hay inteligencia no hay humanidad, no hay hombre. El valor. Valor, el de los mineros que el lunes bajaron al pozo en Santa Lucía de Gordón después de haber perdido a seis compañeros unos pocos días antes. (Aplausos.) Estética. Es subjetivo; la estética es puro subjetivismo. Solidaridad. La que hay en la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, las que atienden a las personas en situación de exclusión y de pobreza, las que atienden a los inmigrantes. Raciocinio para controlar la fuerza bruta. La que tiene el pastor que con dos perros maneja doscientas o trescientas ovejas en el campo todos los días.

Se juega constantemente en la confusión de los conceptos fiesta o espectáculos taurinos y tauromaquia, según interese en la argumentación y en el texto legal, para crear en torno a los festejos taurinos el concepto de tauromaquia o bien la expresión y derivación artística y cultural de estos efectos —García Lorca, Picasso, Goya— o el concepto amplio que incluye también la fiesta y los festejos de los toros. Yo no niego que la fiesta de los toros haya dado lugar a valiosísimas construcciones culturales y artísticas en nuestro país. Lorca decía, pero también Aleixandre o pintores como los que acabo de señalar. Pero obras culturales sobre hechos reprobables hay todas las que ustedes quieran.

Para mí, una de las obras cinematográficas más importantes de nuestro país y más divertida es El Verdugo, de Berlanga. Pero eso no legitima ni convierte en patrimonio cultural ni histórico el garrote vil. En ningún caso.

Se pretende que, además de esa legitimación histórica y cultural, exista una legitimación social. Igualmente falsa. Ni ahora, ni históricamente hubo esa legitimación social. No la hay ahora, cuando la mayor parte de los españoles —más del 70%— rechazan que se sufrague con fondos públicos la fiesta de los toros. Pero históricamente tampoco la hay. Como saben sus señorías, yo soy asturiano, y un asturiano que no cita a Jovellanos no es tal. Jovellanos, a finales del siglo XVIII, en torno a 1785, publicó una obra sobre los festejos y las fiestas en nuestro país y hablando de los toros decía: «La lucha de toros no ha sido jamás una diversión, ni cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas provincias no se conoció jamás; en otras se circunscribió a las capitales, y dondequiera que fueron celebrados lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el pueblo de las capitales y tal cual aldea circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el pueblo de España, apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional?» Lo que era cierto en tiempos de Jovellanos sigue siendo cierto hoy, a pesar de otros periodos históricos.

En la exposición de motivos se hace una afirmación curiosa: se trata de algo al margen de las ideologías. Sin perjuicio de que haya personas aficionadas a las fiestas de los toros con ideologías políticas divergentes, lo cierto es que el momento estelar de la fiesta de los toros en nuestro país fue el momento de la dictadura franquista. Fue cuando se promovió a través de la Televisión Española su presencia constante. Fue cuando el 1 de mayo, después de la manifestación de adhesión del sindicato vertical y antes del partido de fútbol de las siete, se retransmitía una corrida de toros. (Rumores.)

Se argumenta en este texto legal la competencia estatal para ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación de la tauromaquia como patrimonio cultural y como sector económico y productivo propio, lo cual suma argumentos —como luego diré— a la exclusión de la posibilidad de que la Unesco lo declare patrimonio cultural inmaterial. Por otra parte, si se trata de eso, de una actividad cultural como sector económico y productivo, otros muchos sectores tendrían derecho a que desde los poderes públicos, desde las administraciones y desde el legislador, se articularan leyes específicas. El encaje de bolillos es una actividad cultural, tradicional, histórica y económica. Espero ansioso el proyecto de ley del Gobierno de España declarando patrimonio cultural protegido y sector de interés productivo propio al encaje de bolillos.




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Finalmente, la pretensión de que la Unesco declare la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, primero, ha sido una provocación internacional. Se había aceptado que la fiesta de los toros era una excepción en la política general de protección de los animales frente al sufrimiento. ¿Qué necesidad había de restregar por la cara de la opinión pública internacional esta realidad, de nuevo magnificándola y haciendo que la conozca incluso quien no la conoce? Ha sido una provocación internacional que ha tenido respuesta: 103 organizaciones de bienestar animal, nacionales e internacionales, de 29 países se han manifestado en contra. Han recogido 256 600 firmas en 135 países. Ciento cuarenta científicos y académicos de 18 países se han manifestado en contra. Y no lo hubieran hecho si no se hubiera puesto en marcha el mecanismo provocador de pretender establecer un nivel de protección sobre la fiesta de los toros y, además, ampliarla al ámbito internacional, solicitando que la Unesco lo asuma.

No encaja en las definiciones del Convenio de 17 de octubre de 2003. No basta con que una ley se empeñe en declararlo patrimonio cultural, porque lo que la Unesco exige es que la sociedad lo asuma como tal. La Unesco no pide ni leyes, ni reglamentos, ni resoluciones, sino una opinión consensuada, y esa no existe en nuestro país. Por otro lado, que se destaque de forma tan notable el carácter de industria del sector es otro argumento en contra, que excluye las posibilidades de que la Unesco lo reconozca. ¿Qué tiene además en común la fiesta de los toros con los tribunales de regantes del Mediterráneo español, con el silbo gomero, con la fiesta de los patios cordobeses, con los castells o con la dieta mediterránea, que han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco?

A principios del siglo XVII era posible decir —y lo siento por las estenotipistas, luego les pasaré el texto—: Ratio vincit, traditio cessit —la razón venció, cedió la tradición—. Esta ley niega este aserto y dice lo contrario: Traditio vincit, ratio cessit.

Concluyo con el prólogo de este libro, Biografía de Jovellanos, con la presentación, en la que se citan unos versos del libro El insomnio de Jovellanos, de Luis García Montero, que me parecen plenamente aplicables —desde luego, en todo caso, es mucho más bello de lo que yo pueda decir: «Al filo de la luz, cuando amanece, busco en el mar y el mar es una espada y de mis ojos salen los barcos que han nacido de mis noches. Unos van hacia España, reino de las hogueras y las supersticiones, pasado sin futuro que duele todavía en manos del presente. El invierno es el tiempo de la meditación.» Esta ley es uno de esos barcos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra esta senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores.

Hoy, una vez más, ustedes quieren hacer realidad aquello de que «España es diferente» —Spain is different—: diferente porque se preocupa y ocupa de asuntos que no son la prioridad de la mayoría de la ciudadanía y porque esa diferencia que ustedes propugnan no es —al menos desde el punto de vista de Esquerra Republicana— ni motivo de orgullo ni de satisfacción, más bien todo lo contrario.

¿De verdad creen ustedes que declarar la tauromaquia —es decir, el ejercicio de la tortura— bien de interés cultural es una prioridad para la ciudadanía? ¿Por qué la tortura, por qué no decidieron que la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca terminase siendo la ley que pretendían, como muchos ciudadanos? ¿Acaso no es una prioridad combatir el paro? ¿Acaso no es una prioridad combatir la desigualdad? Y así un largo etcétera.

Hoy ustedes aprobarán una ley que nos aleja de Europa, que nos aleja de los países libres, cultos, ricos y limpios —como decía el poeta—. Y lo siento por aquellos españoles de buena fe que aspiran y desean que su país, España, sea libre, culto y limpio.

Déjenme que les recuerde qué tipo de tortura quieren elevar ustedes a patrimonio cultural —lo digo porque si las cosas no se explican, parece que no existen.




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Antes de salir a la plaza, se le clava la divisa para que entre en la plaza con fiereza. En el tercio de varas, el picador, que va sobre un pobre caballo asustado, introduce 40 centímetros la puya en la carne del toro, horadándola y realizando un movimiento de desgarro que le provocan intensas hemorragias. (Rumores.) Y esto el picador lo hace, como mínimo, dos veces. Seguramente en este punto algunos de ustedes ya consideran que el animal, que el toro ha alcanzado el éxtasis. Pero no, ahora vienen las banderillas —unas lanzas de madera con arpones de acero afilados, eso sí, decoradas con banderitas—. Serán clavadas en su lomo con la finalidad de humillarlo, es decir, que agache la cabeza para que el matador pueda clavarle la espada mortal. En total se le clavan seis lanzas en el lomo. Algún toro quizá ya haya caído extasiado de placer. Sea como sea, aún le queda un buen rato por pasar, porque llega el tercio de la muerte, donde el torero empuña una espada que le penetra 45 centímetros, con el objetivo de atravesar el corazón del animal, seccionando a su paso vasos sanguíneos vitales, lo que produce una hemorragia intensa masiva que no se percibe desde el exterior pero que supone una infernal agonía.

Los alaridos que a veces ustedes oyen al toro no son jadeos de placer —lo aclaro por si alguno de ustedes se ha confundido—. En el mejor de los casos, este será el final de su vida, pero, con frecuencia, las estocadas se deben repetir una y otra vez hasta perforar los pulmones que se encharcan, el toro se ahoga y es cuando empieza a vomitar sangre abundantemente si no lo ha hecho ya antes. Su desgracia, la del toro, es que es un animal resistente, lo que alarga su agonía, ya que en algunos casos ni así mueren y debe recurrirse a la puntilla, un cuchillo que secciona su médula espinal y deja al toro paralizado pero vivo y plenamente consciente —algunos lo están incluso cuando se les mutila cortándoles las orejas y el rabo—. ¿Les parece digna esta muerte lenta, asfixiante y sin duda dolorosa?

Los caballos tampoco corren mejor suerte. Las cornadas y golpes que reciben les provocan hemorragias internas y, en numerosas ocasiones, acaban destripados. A menudo se les vuelve a meter dentro y se les cose el abdomen para que vuelvan a salir a la arena. Su terror es tal que necesitan que les sean tapados los ojos para que no vean al toro y no intenten huir.

¿Les parece esto humano, ético, moral, educativo o artístico? Y en vez de prohibirlo —que sería lo esperable de personas avanzadas— lo enaltecen y le dan categoría de patrimonio cultural. Vergonzoso y lamentable.

Tengo la certeza de que muchos de ustedes —aunque hoy no lo expresen con su voto— piensan exactamente lo mismo. De hecho, solo el 7% de los ciudadanos españoles se consideran aficionados a las corridas y el 70% de los españoles no muestran ningún interés por esta tradición a pesar de que el Estado español invierte casi 600 millones de euros anuales en la industria taurina. ¿Qué les van a decir ahora a la mayoría de españoles no interesados en esta práctica bárbara y primitiva, autoproclamada fiesta nacional para divertimento de una minoría de un mal gusto manifiesto? Pues les tendrán que decir la verdad, que no es otra, que, además de blindar esta matanza en todo el territorio español, van a invertir los recursos públicos que sean necesarios para la recuperación de la popularidad que tenía en otros tiempos, aquellos en los que la tortura era el deporte nacional —y antes se refería a ello el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra—.

La pregunta que deberían hacerse es si los ciudadanos estarán de acuerdo en ajustarse más el cinturón para celebrar con más honores una fiesta en decadencia, que, ante Europa y la mayor parte del mundo civilizado, les presenta como una sociedad en retroceso, étnico y cultural.

No se engañen porque vean muchos turistas en los Sanfermines. Ante una corrida, una amplia mayoría de ciudadanos europeos y del mundo mira del mismo modo en que lo hacemos nosotros cuando contemplamos en los informativos televisivos con incomprensión y horror las lapidaciones, por ejemplo. Un 73% de los franceses, el 93% de los alemanes, el 81% de los belgas, el 82% de los suizos —por citar algunos ejemplos— están en contra de las corridas. Por su parte, el 89% de los británicos no iría nunca a una corrida y el 76% está en contra de su promoción turística. Lo crean o no, los toros son una mala publicidad para España puesto que la mayoría de europeos rechaza esta barbarie; es decir, que son una mala carta de presentación para la marca España.

La presente proposición de ley justifica la protección de esta salvajada por ser una tradición. No le relataré las salvajadas, los crímenes que en nombre de la tradición se han cometido. Todas las culturas han justificado y protegido en un momento u otro de su historia tradiciones crueles e inhumanas, pero la evolución de las sociedades acaba por eliminarlas. España parece ser que va




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contracorriente y en vez de evolucionar, involuciona. La violencia jamás es digna de perpetuación. Tradiciones más arraigadas que los toros desaparecieron en su momento por la sensibilidad humana. La civilización y la razón se impusieron.

En el texto también se habla de la tauromaquia —de la tortura de los toros— como una expresión artística y estética. ¿Cómo se puede equiparar una vulgar carnicería a disciplinas como la pintura, la música, la poesía o la danza? ¿Cómo se puede elevar a arte la tortura y el maltrato hasta la muerte de un animal? El arte es un proceso de creación, no de exterminio de la vida.

Se asegura también que estamos ante un sector de primera magnitud económica, cuando lo cierto es que de los toros solo viven unos pocos. Por lo tanto, es un sector que agoniza por falta de interés social y que ahora se pretende resucitar artificialmente inyectando más dinero público para beneficio de unos pocos.

Actualmente las temporadas taurinas, las escuelas, las ganaderías ya reciben importantes subvenciones municipales, autonómicas, estatales e incluso europeas. Por ejemplo, a la crianza de toros se destinan anualmente 130 millones de euros, procedentes de las subvenciones que España recibe de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Es éticamente injustificable intentar reflotar con dinero público una actividad que la mayoría de contribuyentes no apoya y que además choca frontalmente con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, del año 1977, ratificada tanto por la ONU como por la Unesco. De hecho, la propia Unesco emitió en 1980 una opinión muy contraria a la tauromaquia, a la que describía como el infortunado y banal arte de torturar y matar animales en público. Advertía entonces la Unesco que traumatiza a los niños y a los adultos sensibles, agrava el estado de los neurópatas, desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal y constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura. Ustedes utilizan también el sufrimiento animal para hacer política nacionalista —nacionalista española, por supuesto.

El texto que hoy van a aprobar nace en sus orígenes con un claro propósito: intentar por todos los medios derogar la ley que aprobó el Parlament de Catalunya el 28 de julio de 2010. Les voy recordar las palabras que el diputado Joan Tardà les dedicó en el Congreso de los Diputados: Las corridas de toros no volverán a Cataluña y ya pueden enviar si quieren a la legión entera. (Rumores.) Pretenden, por lo tanto, convertirnos en torturadores de animales, por las buenas o por las malas. Pues ya les digo que no, porque una abrumadora mayoría de la sociedad catalana cree firmemente que matar y torturar a un ser vivo en nombre de la tradición y el arte y convertirlo en divertimento público es una aberración y está en desacuerdo con los valores que deberían estar presentes en el siglo XXI.

España es un país rico en tradiciones y manifestaciones populares centenarias y, de todas ellas, tenían que escoger precisamente la que genera más división y controversia social. No es casualidad, y que nadie se engañe. ¿Es este el patrimonio cultural que ustedes desean preservar para las generaciones futuras? ¿Realmente ustedes se enorgullecen de que en el imaginario colectivo internacional se asocie el nombre de su país, España, a la imagen de un toro estocado, sangrando y sufriendo? Si me permiten, un consejo: Dedíquense a promover la cultura, pero la de verdad, la que no está manchada de sangre, y empiecen, por ejemplo, por despenalizar su consumo. Pero, cuidado, la cultura genera ciudadanos informados. Quizás eso sea precisamente lo que a ustedes no les interesa.

De todas maneras, ya saben que en el siglo XXI existen nuevos valores y nuevas maneras de mirar el mundo, el planeta, sin tener que considerar que la especie humana no es el centro de todo, sino parte de ese todo. El cambio evolutivo, la transformación de la sociedad, nos lleva a nuevas reglas de relación con nuestro entorno, animal y vegetal. Acabo con lo que decía Immanuel Kant: Puede juzgarse el corazón de un hombre por la manera en que trata a los animales, porque quien es cruel con un animal, acaba siendo cruel con los seres humanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.




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El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, hoy estamos sorprendidos de que la primera iniciativa en materia cultural de este Gobierno sea esta proposición de ley. ¡Mire que hay cuestiones culturales que regular! Me sorprende que sea esta la primera iniciativa.

Extraña también que una ILP apoyada por el Partido Popular nos llegue al Senado con un articulado, el que refleja esta proposición de ley, que poco tiene que ver con la voluntad de sus firmantes, reflejada tanto en el título como en el texto original.

Pero, señorías, hoy discutiremos sobre si la tauromaquia es cultura o tortura y, según cuál sea la respuesta, sobre qué actitud deben mantener los poderes públicos respecto al maltrato y muerte de los toros en este tipo de espectáculos. Hoy reflejaremos, cuando expongamos nuestros argumentos, cuáles son los valores que creemos deben inspirar a la sociedad española del siglo XXI; hoy hablaremos de valores morales y éticos, discutiremos fundamentalmente de valores —repito, de valores morales y éticos.

El senador Saura y yo presentamos este veto en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, partido que votó a favor de la prohibición de las corridas de toros en el Parlament de Catalunya y que se opone —y así lo ha expresado en debates y votaciones— a todo espectáculo que comporte el maltrato animal, ya sean correbous, bous capllaçats, bous embolats, etcétera. Insisto, presentamos este veto, siendo miembros de un partido que es un firme y coherente opositor a cualquier tipo de maltrato animal.

Hoy debatimos y votaremos esta proposición de ley que nace del impulso de una ILP para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. En primer lugar quiero expresar mi respeto democrático a tal iniciativa, aunque no comparta ninguno de sus objetivos.

¿Qué es lo que proponían los firmantes de la iniciativa legislativa popular? Permítanme un breve resumen. Artículo 1: afirmar que la fiesta de los toros constituye un bien cultural de carácter global, que abarca la totalidad del territorio nacional —también Cataluña—. Artículo 2: protección de la fiesta de los toros como bien de interés cultural y que será de aplicación en todo el territorio nacional —también en Cataluña—. Artículo 3: que los poderes públicos velen por la promoción y desarrollo de la llamada «Fiesta». Artículo 4: el fomento y la protección de la actividad taurina, creación de materias universitarias, acceso de menores e instar al Gobierno para avalar la declaración de las corridas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Artículo 5 —y es importante—: la protección económica de la fiesta. Y una disposición derogatoria de cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido por la presente ley: es decir, dejar sin efecto la ley del Parlament de Catalunya de prohibición de las corridas de toros.

Es evidente, si se lee este articulado, que esta ILP es la reacción a la decisión del Parlament de Catalunya de prohibir las corridas, una ILP que tiene como objetivo blindarlas y revertir la decisión del Parlamento catalán.

¿Qué nos propone el Partido Popular con la proposición de ley que hoy debatimos? Desaparece la declaración de las corridas como bien de interés cultural, desaparece la creación de materias universitarias, el acceso de menores; desaparece la protección económica de la fiesta, y, evidentemente, desaparece la disposición derogatoria.

Señorías, yo les diría a las señoras y señores impulsores de la ILP que la decisión del Parlament de Catalunya, que prohíbe las corridas de toros, según nuestro actual ordenamiento constitucional solo la puede derogar el mismo Parlament de Catalunya —no hay otra salida—. El error sobre esta cuestión es lo que ha justificado esta ILP y, sobre todo, el objetivo de intentar declarar las corridas como bien de interés cultural. Lo que no entiendo, señorías del Partido Popular, es que, con toda su sabiduría y conocimiento de los textos constitucionales, no les hayan dicho a los impulsores de esta iniciativa legislativa popular que iban mal, que erraban, para que no les hubiera pasado que hoy se encontrasen con un texto en forma de proposición de ley que poco o nada tiene que ver —más allá de la música— con la letra de la ILP.

Si entramos a valorar los contenidos de la proposición de ley, les diré que el diccionario de la Real Academia Española define por tauromaquia el arte de lidiar toros y en el preámbulo, los redactores lo amplían no solo a las corridas de toros sino también al conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro. No sé si es para incluir también al toro de la Vega de Tordesillas o, en su momento, al toro de Coria, o para afear a aquellos que, siendo contrarios a las corridas, son partidarios de los correbous. Esta homologación me motiva una primera reflexión:




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¿es que el toro de la Vega o, en su momento, el toro de Coria, el bou embolat —que es un toro al que le ponen brea en los cuernos y les prenden fuego— son manifestaciones artísticas en las que se resaltan valores profundamente humanos como la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta? ¿Ustedes creen, señorías, que tirar un toro al mar expresa todos estos valores? Porque no solo hablan de las corridas, hablan de todos los festejos populares que incorporan la figura del toro. ¿Ustedes creen que matar a lanzazos a un toro incorpora esta serie de valores? ¿Ustedes creen que prender fuego a las astas de un toro refleja esta serie de valores? Yo creo que no. No me olvido de las corridas de toros, luego me referiré a ellas.

Otra justificación de la proposición es que la tauromaquia forma parte de nuestro acervo cultural. Es cierto que el toro ha formado parte de la cultura mediterránea. Las corridas formaron parte de nuestra cultura, entendida esta como modos de vida y de costumbres. En Barcelona, en mi ciudad, llegaron a funcionar hasta tres plazas de toros: Las Arenas, La Monumental y una tercera, en la Barceloneta.

Para hablar del impacto cultural que han tenido las corridas de toros, les recomiendo leer la intervención en la pasada legislatura del que fue portavoz del PP y hoy preside esta Cámara, Pío García-Escudero. En ella encontrarán un emotivo y prolijo relato de la relación del mundo del arte con el del toro. Pero, señorías, fue —estamos hablando del pasado—. Toda referencia artística, poética, pictórica se refiere al pasado. Díganme qué poeta o qué pintor o qué músico, qué cantante glosa hoy el mundo del toro. El último creo recordar es El Fary, con lo de Torito bravo. (Risas.) Sí, sí, díganme uno. No es cachondeo, intento aproximarme a lo que es la realidad. Díganme ustedes en el presente quién glosa… (Un señor senador: Torrente.) Torrente. (Risas.) Para ustedes; calcado. (Aplausos.) A veces es mejor estar callado.

Señorías, no estamos hablando del pasado, sino del presente y del futuro. La cultura del presente, entendida como el conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico, pone en cuestión también en España, y de forma mayoritaria, cualquier maltrato gratuito de los animales, y ese maltrato animal —permítanme ser más claro— es tortura que no cultura.

Las corridas de toros han sido glosadas por poetas, escritores, pintores, sí, lo decía antes, pero en el pasado. Mal vamos, señorías, tal como indica el preámbulo, si España tiene que construir su identidad a partir de la tortura y muerte de un toro.

La senadora Capella es cierto que se ha equivocado con los 40 centímetros de la puya del picador, pero este error ni desmiente ni desautoriza todo el relato que ha hecho de cuáles son los efectos de las puyas, cuáles son los efectos de las banderillas, cuáles son los efectos de los estoques y cuáles son los efectos, en definitiva, hacia el toro —que es un animal que siente, que es un animal que sufre— de lo que pasa en una plaza de toros y en una corrida.

Señoría, yo creo que, a partir de la sensibilidad, a partir de los valores de la sociedad actual, no tiene ninguna justificación seguir avalando la tortura y muerte de un animal, aunque sea de forma reglada y con mucho arte y estética. Es más, para no engañar a nadie: ¿alguien se cree que la Unesco va a declarar las corridas de toros patrimonio inmaterial de la humanidad? Nadie; nunca. Nunca pasará, porque los valores que inspiran a la Unesco nada tienen que ver con este maltrato animal.

¿Ustedes consideran que las corridas de toros es la mejor marca de presentación de España, que las corridas de toros se pueden asociar a la marca España? Hay un informe del Instituto Juan Sebastián Elcano, dependiente Ministerio de Defensa, que dice con mucha claridad que la mala imagen de España son tres cuestiones: toros, paro y que es un país poco moderno. ¿Ustedes creen que esta marca es la que nosotros tenemos que vender, que proyectar hacia el exterior? Yo creo que no. ¿Ustedes creen en el 2013 que nosotros debemos educar a nuestros hijos respecto al cuidado y el bienestar de los animales o respecto al maltrato y el goce con este tipo de espectáculos? Contesten. ¿Ustedes creen que es razonable que Televisión Española en horarios de especial protección infantil emita una corrida de toros, con todo lo que esto representa de sufrimiento, de sangre? Yo creo, de verdad, que no.

El PP ha hecho de la defensa de las corridas de toros una incomprensible batalla ideológica. Yo no lo entiendo y creo que ningún partido conservador europeo —no solo yo, lo cual es fácil— les entenderá, porque mira que es casposo y anacrónico defender una cosa así y situarla en el centro de la batalla política, hasta el extremo de traerlo aquí como la primera proposición ley que afecta a aspectos culturales.




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Se ha hablado del apoyo social, pero no es cierto, la asistencia a acontecimientos taurinos desde 2007 a 2012 ha bajado un 54%. Tampoco es cierto que económicamente sea un sector dinámico; aguanta con las ayudas públicas. Y lo más importante para mí no es tanto este debate económico o de asistencia, para mí lo más relevante, insisto en lo que yo decía al principio, es el debate sobre los valores morales y éticos actuales que queremos impregnen nuestra sociedad.

Señorías, las sociedades van cambiando su relación con la naturaleza según los distintos contextos socioeconómicos y sociohistóricos que viven. Hoy, la ética ecológica, la sostenibilidad, la conservación, la biodiversidad y el rechazo al maltrato animal son nuevos valores que impregnan los comportamientos sociales. No está pasando solo en España. Otros países con ancestrales costumbres que comportaban maltrato animal han ido abandonando y prohibiendo estas prácticas, como Italia y el Reino Unido.

Lo trascendental, lo más importante, lo fundamental de la crítica a esta proposición son los argumentos morales o éticos. Señorías, este no es un debate de emociones o sensibilidades distintas —las que pueda tener yo o el ponente que defienda la proposición de ley—, es un debate entre el mal necesario y el mal innecesario, la moralidad o inmoralidad de infligir daño a un animal.

Me dirán que hay diferentes moralidades y éticas, sí, pero más cierto es que hay valores más extendidos, más compartidos que otros, y uno es la ética de la responsabilidad, de la responsabilidad con la vida; la ética de hoy, no la de ayer. La ética de hoy amplía nuestra responsabilidad a los seres humanos. Esto es así porque somos la única especie que puede decidir por otras. Esa es nuestra principal responsabilidad: somos la única especie que habita el Planeta que puede decidir por otras. Y, créanme, como se ha demostrado a lo largo de la historia, todo argumento ético es más sólido, más perdurable y más vinculante que los que se basan en la historia, tradiciones, costumbres, usos o modas.

La crueldad —y las corridas de toros son un espectáculo cruel— es indigna de las personas. La crueldad no es ley natural, no es propia de quien tiene la tutela sobre otros seres vivos; los deshumaniza. La moral de respeto a los animales es la misma moral de respeto a los humanos. El trato a los animales expresa y pone a prueba el trato que la sociedad se da a sí misma y el concepto que de ella misma tiene.

Tenemos el deber, la exigencia moral de ser humanos y no inhumanos con los animales; con los toros también. Es por esto que defiendo este veto en nombre del senador Saura y en el mío propio.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado una propuesta de veto, la número 5.

Para su defensa tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna; arratsalde on, senatari jauna-andreok.

El Grupo Parlamentario Vasco basa su veto en aspectos competenciales. Entendemos que esta norma, simplemente, no es necesaria, porque la materia objeto de la proposición de ley ya está regulada en el marco normativo correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los aspectos organizativos específicos de las actividades taurinas se regulan a través de normas como el Reglamento de Espectáculos Taurinos —aprobado en 2008 y modificado por el Decreto 124/2010, de 27 de abril— y en otra diversidad de decretos y órdenes, desde el registro de explotaciones ganaderas de reses de lidia y espectáculos taurinos hasta la regulación de los reconocimientos de las astas de las reses de lidia o la toma de muestras en los espectáculos taurinos. Esto en lo que se refiere a los aspectos particulares. En cuanto a los aspectos generales, estos también quedan regulados a través de la normativa autonómica de juegos y espectáculos. Asimismo, consideramos que se encuentra suficientemente regulada esta actividad en lo referente a la consideración de bien cultural, que es el objeto de esta proposición de ley.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce en su artículo 10, puntos 17, 19 y 20, las competencias exclusivas en materia de cultura, patrimonio histórico, archivos, bibliotecas y museos. Esta competencia está regulada en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco, cuyos fines principales son: el diseño de una política para la defensa, protección, difusión y fomento del patrimonio cultural vasco. La ley establece el deber de los poderes públicos




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de velar por la integridad del patrimonio cultural vasco, el reconocimiento de la acción pública de los ciudadanos para actuar en defensa de dicho patrimonio, la regulación del régimen de protección que ha de otorgarse a cada bien o grupo de bienes, y también regulaciones especiales sobre el patrimonio arqueológico, etnográfico, documental y bibliográfico.

Señor presidente, señorías, nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, el derecho que asiste a los promotores de la iniciativa legislativa popular a proponerla, sin entrar por el momento en más valoraciones al respecto. Pero entendemos que esta proposición de ley, en su versión Congreso o en su versión Senado, indiferentemente, no tiene razón de ser.

Por tanto, considerando suficiente y adecuadamente regulados tanto los aspectos organizativos y de seguridad de los espectáculos taurinos en sí mismos como todo lo relacionado con la consideración, defensa y fomento del patrimonio cultural material e inmaterial, entendemos que esta proposición de ley lo que plantea no es más que una invasión competencial que nosotros no podemos aceptar, ni como iniciativa legislativa popular, con todos los respetos, ni como iniciativa de ningún grupo de esta Cámara.

Por todo lo dicho hemos presentado nuestro veto. Esperemos que sea votado positivamente por sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la propuesta de veto número 4.

Para su defensa tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos. A criterio del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, no corresponde al Estado abordar una regulación integral de los espectáculos taurinos, de la tauromaquia, ni tampoco la declaración de las corridas de toros como patrimonio cultural en todo el territorio.

Según puede observarse, la Constitución Española no atribuye la regulación de los espectáculos taurinos al Estado. De hecho, no hace ninguna mención a los toros ni al mundo del toreo ni directa ni indirectamente. La Constitución Española tampoco fijó una regulación uniforme sobre la existencia misma de las corridas de toros. En consecuencia, y de una forma diáfana, las competencias en materia de cultura, en materia de espectáculos y en materia de protección de animales corresponden a las comunidades autónomas. Y tenemos numerosa jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional que así lo avala.

Hay varias comunidades autónomas que han aprobado sus distintos reglamentos que regulan y disciplinan el espectáculo taurino. Incluso en algunas comunidades, caso de Cataluña, sus Parlamentos han aprobado sus propias leyes en estricta aplicación de su marco de competencias y han prohibido la celebración de las corridas de toros. Y del debate que se suscitó en el Parlament de Catalunya, por ejemplo, como ya expliqué en la Comisión de Cultura, el Parlament de Catalunya concluyó que se prohibían las corridas de toros. Tan fácil y normal como aquí lo explicamos.

Por cierto, en contra de lo que manifiestan algunos portavoces, es absolutamente falso que el debate y las argumentaciones que se sostuvieron en el desarrollo a su vez del debate parlamentario en Cataluña tuvieran otro fundamento que el que sostenían los partidarios de aumentar la protección a los toros y los que defendían evitar el sufrimiento del toro en base a un hecho histórico y de respeto a las tradiciones. Como he dicho, la práctica totalidad de las competencias que tienen relación con el mundo de los toros corresponde con carácter exclusivo a las comunidades autónomas. La intención del Gobierno en el sentido de declarar las corridas como patrimonio cultural no se ajusta al marco competencial previsto en la Constitución Española. Se vulneran de forma flagrante y evidente competencias exclusivas de las comunidades autónomas. El Gobierno central no tiene, pues, las competencias que pretende atribuirle la presente proposición de ley. Ni la Constitución Española ni la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español pueden fundamentar la asignación competencial que pretende realizar esta iniciativa legislativa del Gobierno.

El Parlament de Catalunya aprobó la prohibición de las corridas de toros el 28 de julio de 2010. El origen de esta prohibición fue fruto de una iniciativa legislativa popular que reunió más del triple de las firmas necesarias para su tramitación. En consecuencia, el Parlament de Catalunya,




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después de un debate parlamentario pertinente, lo aprobó, lo que conllevó la modificación de la Ley de Protección de los Animales vigente en Cataluña, y se derogó la excepción que existía hasta entonces respecto a las corridas de toros. La prohibición tuvo efectividad a partir de enero de 2012. La aprobación de la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como patrimonio cultural en todo el territorio entrará en colisión directa y frontal con un acuerdo legal y legítimo del Parlament de Catalunya.

Los impulsores de la presente iniciativa legislativa popular reconocieron en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que lo que había motivado su iniciativa era la reacción a la prohibición aprobada por el Parlament de Catalunya. Dicho objetivo, además, también deja entreverse, tanto en la exposición de motivos de la propia iniciativa legislativa popular como en el propio articulado, en su artículo 2 ya se menciona que el objeto de la presente ley es la protección de la fiesta de los toros como patrimonio cultural y que será de aplicación en todo el territorio nacional; también en el artículo 5, al disponer que las administraciones, dentro de sus respectivas competencias, promulgarán la normativa precisa con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la ley, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en dicha ley.

La proposición de ley presentada pretende laminar y dirigir las competencias de las comunidades autónomas y que se regule el fomento y protección de los toros bajo el paraguas de una ley estatal que derogaría toda normativa que fuera contraria a la iniciativa legislativa referida. A nuestro entender, todo ello se pretende materializar a través de una interpretación errónea, parcial, sesgada y abusiva de la Ley del Patrimonio Histórico Español y también de la Constitución Española, concretamente, de su artículo 149.2

La declaración de las corridas de toros como patrimonio cultural no se puede incluir en ninguno de los supuestos específicos que recoge el apartado b) del artículo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, según el análisis jurídico al que hemos sometido el presente articulado. Por tanto, a criterio de mi grupo parlamentario, el Estado no tiene competencia alguna para realizar tal declaración. Solamente podría efectuar una declaración de patrimonio cultural en tres específicos y concretos supuestos: primero, cuando se trate de la defensa del patrimonio ante la exportación ilícita y la expoliación; segundo, cuando se trate de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado y, tercero y último supuesto, cuando se trate de bienes que formen parte del Patrimonio Nacional.

Queda claro que en la tauromaquia tampoco concurre ninguno de estos tres supuestos a los que acabo de hacer referencia; según hemos podido seguir a través del Diario de Sesiones ningún compareciente ha podido tampoco fundamentar la existencia de algunas de estas causas que podrían justificar que el Estado interviniera para efectuar tal declaración, de forma especial en el supuesto de expoliación.

No parece razonable justificar todo ello a través de una proposición de ley cuyo redactado ni tan siquiera menciona el concepto de expoliación. Por tanto, tampoco se está dando el único supuesto que habilitaría al Estado, según la Ley del Patrimonio Histórico Español, para declarar a los toros patrimonio cultural.

En relación con el referido artículo 149.2 de la Constitución Española debemos recordar que en ningún caso ese precepto puede considerarse como un cajón de sastre para vaciar de contenido las competencias exclusivas en materia de cultura que tienen atribuidas las comunidades autónomas.

Disponemos, como dije antes, de abundante y numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como es el caso de la reciente Sentencia de 7 de mayo de 2012, o bien la Sentencia 31/2010, de 30 de junio. También siguiendo el Diario de Sesiones, tampoco estamos ante una competencia del Estado por mandato de la Constitución, sino todo lo contrario; se pretende vaciar de contenido las competencias en materia de cultura que han asumido las comunidades autónomas. Más concretamente, el artículo 149.1 de la Constitución Española regula las competencias exclusivas del Estado. El artículo 149.2 contiene una competencia genérica tendente a la defensa complementaria de unos intereses culturales, pero sin afectar en ningún caso a las competencias autonómicas. Así se ha interpretado también por el Tribunal Constitucional en Sentencia 49/1984, de 5 de abril. La tauromaquia, en definitiva, no tiene cabida en el artículo 149.1, ni tampoco en el 149.2 como acabo de argumentar.




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Asimismo no parece razonable aludir a estos preceptos constitucionales de forma genérica para forzar e imponer la unidad y uniformidad cultural en todo el territorio español de tal forma que la normativa autonómica en materia de cultura se subordine a las decisiones culturales del Estado. La propia Constitución Española se refiere en su preámbulo —cita textual— a las culturas y las tradiciones de los pueblos de España, motivo por el que adopta una concepción pluralista del hecho cultural y de sus tradiciones. La concurrencia competencial en materia de cultura, propia de Estados descentralizados, pretende evitar la imposición de un modelo cultural único, uniforme u homogéneo. Tampoco parece razonable que el Estado, que en Cataluña no tiene competencias en materia de espectáculos públicos, pueda alegar de forma genérica el artículo 149.2 de la Constitución para regular o prohibir un determinado espectáculo, por mucho que se pretenda darle un rasgo cultural a la fiesta de los toros.

Ya en la exposición de motivos se dan por ciertas algunas conclusiones que para nada son pacíficas, sino más bien todo lo contrario. Así, por ejemplo, se dice que la tauromaquia es una actividad esencial que conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas como son los reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. A todas luces es jurídicamente muy discutible y resultan, como mínimo, sorprendentes dichas referencias. Apelar a derechos fundamentales resulta francamente excesivo y exagerado, según nuestro criterio como grupo parlamentario.

Es importante que remarquemos el choque que se produce contra las normativas europeas de protección de los animales y con los sentimientos de quienes se declaran abiertamente defensores de la protección de los animales. Tampoco pueden considerarse como pacíficos muchos de los medios a través de los cuales se pretende introducir el fomento de la tauromaquia como, por ejemplo, el artículo 4.4 que se refiere especialmente a facilitar el acceso de los menores a los toros. Sorprende mucho también que el artículo 5.2 letra d) compromete al Gobierno a fomentar el principio de la unidad de mercado, responsabilidad social y libertad de empresa en el ámbito de la tauromaquia en consideración a los beneficios económicos, sociales y medioambientales que esta actividad genera.

Tampoco parece muy común que se solicite la declaración de patrimonio cultural respecto a un acontecimiento que, en vez de generar consensos, divide a nuestra sociedad, particularmente en lo relativo a la protección de los animales, como es evidente en el caso que estamos tratando. No queremos entrar a discutir o debatir sobre la consideración cultural de una actividad determinada, y podríamos hacerlo con mucho fundamento. Es evidente que para muchísima gente hoy resulta más que discutible otorgar la calificación de patrimonio cultural para los toros. No podemos obviar que considerar como pacífica la aceptación del carácter cultural de los espectáculos taurinos es irreal. Así se puso de manifiesto en las distintas comparecencias en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y, también, en la Comisión de Cultura de esta Cámara, del Senado.

Desde mi grupo parlamentario no pretendemos establecer para todo el Estado la prohibición de las corridas de toros aprobada en Cataluña, sino que nos limitamos a ratificar que las competencias en materia de espectáculos, en cultura y en protección de los animales corresponden a las comunidades autónomas. También se reconoce la pluralidad cultural del Estado, sin imposiciones por parte de nadie, ni de los partidarios de la prohibición de las corridas a extenderlo a todo el Estado, ni de los partidarios de los toros a imponerlas a quienes, por cuestiones culturales o de protección de los animales, han legislado y han aprobado no permitir las corridas de toros en sus territorios. Pretendemos, eso sí, proteger a los ciudadanos respecto a las emisiones televisivas de corridas de toros en los medios de comunicación dependientes del Estado, concretamente, se específica un mandato al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que no se produzcan transmisiones de corridas de toros en horario protegido infantil en los medios públicos. También plantea, en coherencia a lo argumentado anteriormente, la conveniencia de que se proceda a desconectar territorialmente por parte de dichos medios de comunicación a aquellas comunidades autónomas que hayan prohibido las corridas de toros en sus territorios.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, la tauromaquia y los festejos taurinos constituyen una excepción en el marco de una legislación en la que prima claramente la protección a los animales. Parece imprudente y atrevido pretender extender la excepcionalidad. No podemos generalizar.




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Mi compañero el senador Josep Maldonado, de mi grupo parlamentario de CiU, siempre me recuerda que los animales deben ser amparados y protegidos de maltratos gratuitos, que resultan impropios de sociedades avanzadas y desarrolladas. Creo que es un criterio que podemos compartir de manera amplia.

La legislación europea, como les he comentado antes, claramente tiende a la protección del animal y a su bienestar. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en esa línea nos acercará más a Europa y a los criterios imperantes en la Unión Europea. Lo demás se desmarca mucho de las tendencias imperantes —voy concluyendo, señor presidente— en el mundo occidental. Una vez más, se pretende alejarnos más de Europa con el pretexto de la salvaguarda de una tradición que es polémica, que divide a la sociedad y que no avanza en la línea del respeto a los animales.

Muchas gracias, señorías, por su atención. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Muy buenas tardes.

Señor presidente, intentaré de la mejor manera poder atender, confirmar y desarrollar el voto negativo del Grupo Popular a los vetos que se han presentado a esta proposición de ley, intentaré hacerlo de la mejor manera y, siguiendo los cánones taurinos, trataré de hacerlo parando, templando y mandando.

Quiero comenzar, sin lugar a dudas, dejando claro el factor cultural de la tauromaquia. La tauromaquia desde siglos, desde años es el arte nacional, popular por excelencia, les guste a algunos o no les guste a algunos, pero contra el desarrollo de la historia podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que no podemos, seguro, es cambiarlo. Por lo tanto, uno de los referentes de la cultura popular nacional, indiscutiblemente, es la tauromaquia, y cuando hablo de tauromaquia hablo de mucho más allá de los espectáculos taurinos. Cuando hablamos de tauromaquia no nos referimos solamente a las corridas de toros o a los espectáculos taurinos populares y encierros, referente internacional en nuestro país como son los Sanfermines. Por lo tanto, la tauromaquia como cultura es base del desarrollo de la sociedad española en muchísimos otros aspectos, no solamente en el meramente cultural.

La importancia cultural de la tauromaquia se ha desarrollado, vuelvo a repetir, no durante años sino durante siglos, y aunque algunos digan que los toros tienen algo menos de 150 años —y ahora se lo explicaré al señor portavoz del Grupo Mixto—, son siglos los que llevan apostando y aportando a la cultura de la tauromaquia en España. Pero no solo la tauromaquia es defensa y desarrollo y apuesta y apoyo por la cultura, también, actualmente, la industria cultural de la tauromaquia es una apuesta y un desarrollo de una economía, como la española, que necesita a su vez del apoyo de todos aquellos sectores que sean capaces de generar empleo y riqueza en nuestro país. No está este país para dejar apartados, a un lado, sectores que desarrollan riqueza, empleo y economía, no solamente desde el punto de vista de los espectáculos, la tauromaquia desarrolla economía y empleo en este país desde el punto de vista del sector primario, ganadero y agrícola, empleos de artes y de oficios tradicionales que se siguen manteniendo gracias no solo a la tauromaquia sino al desarrollo del gran secreto y de sus grandes pilares, que son las faenas de campo, el toro en el campo. No sé si algunos de los que han presentado vetos para retirar esta propuesta han tenido la oportunidad de estar en una finca y ver las personas que trabajan alrededor de una ganadería: mayorales, vaqueros, mozos de cuadra, tractoristas, veterinarios, transportistas, piensos, guardas, coteros, etcétera; es decir, señorías, empleo. Y en una plaza de toros, no solo los toreros, los picadores y los banderilleros, sino también los monosabios, areneros, taquilleros, acomodadores, vendedores, etcétera.

En definitiva, la tauromaquia y el espectáculo de los toros es algo más que cultura en este país, donde algunos se rasgan diariamente las vestiduras y se hacen dueños solos y exclusivos de la cultura, donde la tauromaquia demuestra día a día que, además de seguir siendo cultura y una apuesta decidida por la cultura no solo de las viejas generaciones sino de las nuevas, de las generaciones jóvenes, es un gran núcleo de generación de economía, de generación de riqueza, de lo importante para España: de generación de empleo. Si ustedes quieren anular un punto más de los que pueden generar empleo en este país, háganlo. No es la primera vez que lo hacen,




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estamos acostumbrados a que algunos de los que han presentado aquí estos vetos sean especialistas en creación de paro. Vuelvo a repetir que la tauromaquia como ámbito cultural y económico está demostrado, y la tauromaquia y la fiesta de los toros y su crianza, como una apuesta decidida para la ecología.

La tauromaquia, la crianza del toro bravo, del toro de lidia español, ibérico, es el gran defensor de la dehesa ibérica, el gran patrimonio de la biodiversidad española que hace que España sea un lugar singular, apostando, creando, defendiendo y guardando la dehesa y el bosque mediterráneo. La dehesa es una fuente de respeto a la biodiversidad. La cría del toro bravo, la tauromaquia, es una apuesta a través de ese bosque mediterráneo por el respeto y por el no al cambio climático. Es una garantía para los incendios, las fincas cuidadas, elaboradas y trabajadas. La tauromaquia, la cría del toro bravo, del toro de lidia español, es una apuesta no solo por la ecología, sino por la conservación de especies tan importantes como el buitre, el águila imperial, o el lince, que tienen en las grandes dehesas de toros de lidia un gran lugar donde desarrollarse. Pero no es solo eso, la tauromaquia fija la población al medio rural. No sé si hay en su bancada algún representante de mi provincia, pero ha sido alcalde de una de los municipios —y no es de nuestro partido, es de la otra bancada— que más fuerza tienen en el mundo taurino en la ruta del toro de Cádiz. Yo, como gaditano, no podía dejar de hacer una apuesta por este desarrollo económico y social que fija la población al medio rural como es la tauromaquia y la ganadería brava. Vuelvo a repetir: crea empleo, crea ecología; es cultura y desarrolla cultura.

Se han mencionado aquí muchos aspectos, y quiero entrar a debatir directamente las intervenciones de algunos grupos. Podríamos decir que el Grupo Mixto ha dividido su argumentación en dos aspectos; uno primero sobre la protección de los animales, y otro segundo, sobre el sistema competencial; aunque las declaraciones que se han ido haciendo en la exposición de los distintos motivos —y no sé si me ha ocurrido a mí solo o le ha ocurrido a más compañeros—, por eso de: Sale el toro con un bailador, que es el torero con una pica… me sonaban más a la carta de Pamela Anderson hablando a los españoles de la fiesta nacional, que al menos yo he recibido y creo que también muchos compañeros. A nosotros no nos hace falta que nos digan cómo es la fiesta nacional porque somos unos auténticos defensores de nuestra cultura, de la cultura de nuestro país y de una fiesta popular arraigada culturalmente como es la tauromaquia.

Con respecto a la protección de los animales en aspectos señalados en el veto… (Rumores.) Señorías, no se pongan nerviosos, todavía queda faena. Con respecto a los aspectos que presentan los vetos del Grupo Mixto y otros grupos en defensa del bienestar de los animales, debo decir que la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, anula en su artículo segundo y establece expresamente que se excluye del ámbito de aplicación de dicha ley los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1999, de 4 de abril. Por lo tanto, la legislación nacional está hablando ya de que el espectáculo taurino está fuera de esas competencias y de ese control de la Ley 32/2007.

En otro orden de cosas, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 13, clarifica que las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas en particular a ritos, tradiciones culturales y patrimonio regional estarán fuera de la norma. El legislador de la Unión tendría, en cualquier caso, que reconocer la tauromaquia y el uso de los toros como una tradición cultural y como parte del patrimonio regional de algunos Estados miembros. No estamos hablando solo de España, hablamos de los vecinos de Francia y de los vecinos de Portugal, por aquello de quien quiera ver en la tauromaquia una lucha contra el centralismo. Porque la tauromaquia está muchísimo más allá de este país. Como España siempre ha sido capaz de sacar de sus fronteras sus cosas buenas, indiscutiblemente, también supo sacar la tauromaquia no solo a Francia y Portugal, sino que es una gran base del desarrollo cultural y de los espectáculos de Iberoamérica.

Decía que iba a explicar al portavoz del Grupo Mixto aquello de que la tauromaquia no tiene escasos 150 años porque las plazas de toros estén cumpliendo ahora 100 años. No sé si habrá escuchado usted alguna vez aquello de que se corrían toros en las calles. Las plazas de toros eran las plazas de los pueblos y de las ciudades. Por lo tanto, no una usted la antigüedad de la tauromaquia a los fosos taurinos, porque la antigüedad de la tauromaquia puedo decirle que es muy superior a cinco siglos.




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La razón venció, decía una frase. Estoy de acuerdo, la razón vence cuando los españoles van a tener libertad para asistir a los toros si lo creen conveniente. El hecho de que se prohíba la posibilidad de que cualquier español pueda tener acceso a un espectáculo que vuelvo a repetir que está en la base de la cultura popular creo que no significa que la razón venza; creo que vence la sinrazón. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de prohibido prohibir? Pues no deberían decirlo tanto y aplicarlo un poco más.

Señorías, en cuanto a querer presentar la tauromaquia como algo vacío de cultura, les tengo que decir que según la encuesta sobre hábitos culturales, los ciudadanos que hacen uso de espectáculos taurinos son a la vez grandes usuarios del cine, el teatro y las bibliotecas.

El representante de la Entesa dice que es una cultura antigua y se preguntaba qué representante de la cultura hoy es capaz de decir algo en favor de la tauromaquia, qué músico, qué pintor, qué escultor, qué poeta. Joaquín Sabina es defensor acérrimo de José Tomás, y no creo que haya votado al Partido Popular nunca, aunque todo se andará (Risas.—Aplausos.), Sánchez Dragó, Albert Boadella, Botero, Miquel Barceló; Pedro Almodóvar ha hecho de la tauromaquia base de sus películas, tanto Matador como Hable con ella, donde se representa la fiesta de los toros, y fuera de nuestras fronteras ha sido Globo de Oro en habla no hispana; o el premio Goya del año pasado, Blancanieves. Por lo tanto, no se preocupe usted, que hay muchos representantes de la cultura actual que siguen creyendo, como el Partido Popular, que la tauromaquia es cultura.

Y no se preocupe usted por lo que piensen de la marca España, porque tampoco creo que usted no duerma por pensar en la marca España; más bien duerme pensando en cómo quitarse de encima la marca España. Puede que a lo mejor eso le resulte más importante. (Aplausos.)

Por lo tanto, día a día, con el cambio de este país, se está viendo que, por lo que se refiere a la marca España, el Gobierno y todos los españoles estamos haciendo un esfuerzo por lograr que este país sea lo que siempre tenía que haber sido, un lugar donde las oportunidades sean para todos. Pero prohibiendo, anulando actuaciones que pueden crear empleo… (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Cultura, cultura.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor RUIZ REYES: Sí, sí, yo estoy hablando de cultura. Los que no han hablado de cultura han sido otros; yo estoy hablando de cultura.

…prohibiendo la industria cultural, que puede generar empleo, es muy difícil que la marca España vaya teniendo nombre.

Voy a decirle por qué la industria cultural taurina puede generar empleo y puede dar beneficios. Le doy un dato. En el año 2009 se recogieron por recaudación de IVA 41,5 millones, seis veces más que en los espectáculos de cine y tres veces más que en los de teatro. Con 41,5 millones este país puede financiar 175 000 becas, 13 770 plazas de educación infantil y pagar más de 130 000 pensiones no contributivas. Pero ustedes quieren seguir diciendo que no hay que apoyar a esta industria.

El sistema competencial puede ser otra de las bases importantes que han dado lugar al desarrollo de los vetos de los distintos grupos. Al respecto diré que en esta materia de cultura, sin perjuicio de lo que legisle la comunidad autónoma que haya asumido competencias exclusivas, hay que tener en cuenta el mandato de la Constitución, según el cual el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre el Estado y las comunidades autónomas. De ahí que concretamente corresponde al Estado la preservación cultural, así como lo que precise de tratamiento general o que no pueda lograrse desde otras instancias. No lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, la 49/1984, una de las que menciona Convergència i Unió en su veto. Lo dicen también la 157/1985, la 107/1987 y la 17/1991. En definitiva, es un mandato al que viene obligado el Estado de manera indubitable y no admite actuación que lo impida o dificulte por parte de las comunidades autónomas.

El propio artículo 149.2 de la Constitución impone también al Estado que el cumplimiento de su responsabilidad en el ámbito de la cultura, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las comunidades, se verifique de acuerdo con ellas, lo que implica un principio de colaboración entre administraciones titulares y concurrentes en el ámbito material compartido. La inexistencia de dicho acuerdo no puede imponer el cumplimiento por el Estado del deber del precepto




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constitucional. Por lo tanto, queda claramente justificado que las competencias del Estado en esta materia son conforme a ley y conforme a la Constitución.

La Ley de Patrimonio compete a la Administración del Estado cuando así se indique de modo expreso y resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y frente a la expoliación. Como a mí me gusta consultar bastante los diccionarios, he mirado en el diccionario de la Real Academia Española la palabra «expoliar» y dice: despojar con iniquidad. Y he buscado «iniquidad» y dice: injusticia grande. Por lo tanto, la Constitución debe preservar que los españoles tengan derecho al acceso a la cultura, a la cultura de la tauromaquia frente a las injusticias grandes, como es el expolio.

Termino, señorías, demostrando que la Constitución no puede ser hoy de una forma y mañana de otra. En la sentencia 49/1984 del Tribunal Constitucional se basa gran parte del veto referente a las competencias por parte de Convergència i Unió. Y dice literalmente en su fundamento jurídico número 6: «… la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún podríamos añadir de otras Comunidades» —puede ser la Unión Europea—, «pues allí donde vive una comunidad hay manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias dentro de lo que entendido en un sentido no necesariamente técnico-administrativo puede comprenderse dentro de fomento a la cultura. Esta es la razón a que obedece el artículo 149, 2, de la Constitución, en el que después de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia autonómica en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente.»

La competencia de calificación no puede negarse a la Administración General del Estado, sin que esto prejuzgue el alcance del ejercicio de la competencia que puedan tener determinadas comunidades autónomas. Por lo tanto, la Administración General podrá tener competencias estatales conjuntas con las comunitarias en el respeto a la legislación cultural.

Por todo esto, señorías, a algunos que hablan de la tauromaquia como algo de fieras y de bestias tengo que decirles que durante siglos la tauromaquia ha sido algo de cultura y de pueblo y que algunos que hablan de competencias no pueden mirar para otro lado. La Constitución deja claro que tiene que velar por el acceso libre de todos los ciudadanos a las actividades culturales.

Por lo tanto, señorías el voto del Grupo Popular será contrario a sus vetos, porque hemos especificado claramente que no están argumentados y, por consiguiente, seguiremos apostando por la cultura de la tauromaquia, por la ecología de la tauromaquia y por la economía de la tauromaquia. La fiesta nacional sigue haciendo cultura.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ruiz Reyes.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

Senador Iglesias, ¿van a compartir turno?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No agotaré el tiempo del que dispongo.

Señor portavoz del Grupo Popular, yo no recibí carta de la señora Pamela Anderson. Tampoco es que me sienta discriminado por ello, no forma parte de mis ensueños de juventud la señora Anderson. En todo caso, considero desafortunada la consideración que respecto de tal misiva ha realizado su señoría, esa expresión de «no van a venir a darnos lecciones desde fuera». Yo tengo, por desgracia, una afición intensa por la historia y no pude por menos de recordar —vi la imagen del No-Do— las manifestaciones de 1946, cuando la ONU condenó al franquismo, y la pancarta, que seguramente alguno de ustedes recordará, que decía aquello de «Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS.» En esa dirección iba el argumento de su señoría, fuese esa su intención o no lo fuese en ningún caso.




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En segundo lugar, yo creo que el portavoz del Grupo Popular, con habilidad dialéctica, ha intentado confundir el motivo de debate y lo que sometemos a la consideración y votación de esta Cámara a partir de la proposición de ley que hoy nos llega. Aquí no se está discutiendo la prohibición de la fiesta de los toros, entre otras razones porque quienes hemos presentado los vetos seguimos pensando que incluso una decisión de esas características supondría una invasión competencial. Solo las comunidades autónomas deben decidir, pueden decidir, si se celebra o no la fiesta de los toros.

Por lo tanto, los vetos no piden en ningún caso la prohibición de la fiesta de los toros, aunque algunos de los que los hayan defendido pudieran tener en su cabeza la conveniencia de esa prohibición. De ahí que muchos de sus argumentos, señor portavoz del Grupo Popular, no vengan al caso.

En el fondo, esta ley lo único que pretende y que logra es crear una especie de paraguas para cubrir la voluntad de determinadas administraciones de seguir sufragando con recursos públicos los festejos taurinos, y a partir de ahora aquellas administraciones que quieran hacerlo van a pretender referenciarse en esta ley como coartada política y legal frente a tal decisión para, de alguna forma, diluir su responsabilidad.

Nos hablaba el portavoz popular de libertad. Como ya le expliqué, como no se plantea la prohibición, no es de recibo —término taurino, por cierto—. Me extraña que en la argumentación no se haya utilizado una realidad que yo reconozco, y es la presencia en el lenguaje común de términos taurinos, desde «la faena de aliño» a «salir a hombros» o el término «de recibo» que acabo de utilizar sin ser consciente de ello. No es de recibo que nos haga esa referencia porque puesta en relación con lo que yo creo que es la voluntad real de la ley, la de la financiación con recursos públicos, nos encontraremos una vez más en algo que no es ajeno a los valores conservadores: que la libertad es de pago. Habrá libertad para acudir a los festejos taurinos allá donde haya administraciones públicas dispuestas a poner recursos públicos para financiarlos, y no existirá esa libertad donde no haya esas administraciones.

Y concluyo. Otro de los argumentos que utilizaba el portavoz popular era el papel de industria y generadora de empleo de la fiesta de los toros. Ni lo niego ni lo pongo en cuestión, pero le aseguro que en este momento en nuestro país hay prioridades más importantes a la hora de salvar empleo, y que si hay recursos públicos para salvar empleo, yo prefiero hoy que vayan a Fagor o a Panrico para garantizar esos puestos de trabajo que no a sufragar la fiesta de los toros.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on berriro mahaiburu jauna.

Senador Ruiz, ha entrado usted templando y mandando, y yo voy a entrar templando y voy a intentar que leyendo, a ver si lo leemos como debe ser y no solo a partes.

Antes que nada también quiero aclarar que mi grupo no va a entrar en la discusión toros sí, toros no. No es lo que nos ocupa. Toros sí, toros no, no es la discusión. En este momento la discusión es otra. Hemos explicado las razones para presentar nuestro veto, razones suficientes para, además, votar favorablemente al resto de los vetos, sobre todo porque en mayor o menor medida hacen referencia a la invasión competencial que supone el texto presentado.

Quiero reiterar nuestro respeto a los ciudadanos y ciudadanas que han respaldado con sus firmas la presentación de la iniciativa legislativa popular. Mi grupo no compartía lo recogido en la ILP. No lo compartía, lo que no obsta para respetarla debidamente. Ahora en el Senado estamos discutiendo un texto muy diferente a la propia iniciativa legislativa popular, porque aunque siga siendo la misma categoría, el texto actual es un texto del Partido Popular. No seremos nosotros quienes vayamos a reclamar nada en ese sentido. Deben ser los cientos de miles de firmantes quienes valoren si el Partido Popular, con su enmienda de modificación a la totalidad, una nueva categoría, ha respetado o no el espíritu y la letra de la ILP original. No es nuestra competencia.

De cualquier manera, tampoco podemos apoyar esta nueva versión de la proposición de ley, prácticamente por las mismas razones. Porque desde el preámbulo hasta el articulado completo, la proposición contempla una uniformidad social, cultural, tradicional, etnográfica, etnológica, o




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como quieran sus señorías definirla, que no existe, que no es tal. No lo es entre las distintas comunidades autónomas, pero muchas veces tampoco dentro de la misma comunidad autónoma.

La afirmación que se hace en el preámbulo, justificación del resto del texto, que dice: «… actualmente existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España», simplemente no es cierta. No lo es para los toros, como no lo es para la pelota vasca, para las traineras, para los bolos, para los castellets, ni para nada.

Esta es la realidad. Por lo tanto, no tiene sentido legislar desde parámetros de uniformidad sobre una actividad que no tiene esa característica, por muy respetable y respetada que sea —que lo es— y por muy simbólica que sea la tauromaquia en algunos ámbitos sociales y también, por qué no, en ámbitos políticos. Tampoco podemos olvidarnos de eso. Siendo esto así, no debe ser la política, señorías, sino la lógica, la que nos dice que cada comunidad autónoma debe poder decidir cómo y en qué sentido legisla al respecto. Simple, pero claramente.

Otro de los argumentos utilizados —su señoría, senador Ruiz, lo ha hecho— es la referencia al mandato constitucional que justifica esta nueva norma. Me voy a poner la chapela constitucionalista. Es cosa atípica que un vasco esté aquí hablando de la Constitución, pero como estamos en Cortes Generales, lo voy a hacer. Y quiero hacer unas reflexiones al respecto. Se alude en el texto, tanto en el preámbulo, como en el articulado, a los artículos 44 y 46. Ya que estamos aquí, los voy a leer, porque todos ustedes se han leído la Constitución —igual yo no, pero es curioso—. Artículo 44.1: «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.» Artículo 46: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran…» Hay que resaltar dos términos: poderes públicos y pueblos de España. Poderes públicos no es igual a Gobierno central. Senador Ruiz, Estado no es igual a Gobierno central, salvo que obviemos que el Estado español, en el que todavía tenemos que estar todos, es un Estado plurinacional, en el que las nacionalidades tienen garantizado su derecho a la autonomía. Si lo obviamos, entonces poderes públicos es igual a Gobierno. Si no, no.

El concepto de pueblos de España —nos guste más o menos, o nada— parece que tampoco va en la línea de considerar a toda la población como un solo pueblo. Por lo tanto, la alusión a estos dos artículos y su utilización como justificación para laminar las competencias de las comunidades autónomas, solo se puede entender desde ese tan evidente y tantas veces negado afán recentralizador que impregnan las iniciativas legislativas que hemos ido viendo hasta ahora en esta legislatura.

No quiero dejar de comentar la referencia al artículo 149.1, 28ª, que también ha hecho su señoría. Ya puestos, lo voy a leer también. Tenemos tiempo. Dice así: El Estado tiene competencias exclusivas sobre la «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación» —no dice nada de ilegal— «y la expoliación; museos, bibliotecas…»

A mí me genera dos dudas que espero me aclare en el siguiente turno. Esta nueva ley quiere proteger a la tauromaquia de la exportación, o sea, que solo haya toros en el Estado español, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Sudamérica ni en Centroamérica. O quiere defender a la tauromaquia de la expoliación. Yo también he mirado la RAE y voy a decir la definición completa de expoliación: «despojar con violencia o iniquidad». Y si buscamos iniquidad, como también ha hecho usted, dice: «maldad, injusticia grande» —definición de la RAE—. Sinceramente, espero que me lo vuelva a explicar, porque no creo que sea desde un punto de vista económico. No hay más que ver los programas de televisión de la tarde para darse cuenta de que no hay expoliación económica.

De cualquier manera, espero que en el turno de portavoces del Grupo Popular, nos los explique mejor, porque esta salida con la expoliación, sinceramente, hablando en román paladino, suena a cachondeíto. Yo no lo acabo de ver. Ni la exportación, ni la expoliación. Me parece bien.

En cuanto a la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad de la Unesco, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque supongo que, si esta iniciativa sigue adelante, tendremos oportunidad de hablar mucho, largo y tendido, en el futuro. Pero espero sinceramente, por el bien de todos, también por el de la tauromaquia, que no sirva solo para hacer risas, porque ya tuvimos bastante con el «relaxing cup of café con leche». (Risas.)

Señorías, esta nueva ley sobra. Dice basarse en una iniciativa legislativa popular que, en realidad, solo perseguía reinstaurar las corridas de toros en Cataluña y en Canarias, donde los




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representantes de la soberanía popular —los representantes de la soberanía popular—, quienes están llamados a regular las libertades individuales, en virtud de sus competencias, decidieron en consecuencia, nos guste o no, lo que decidieron; solo era para eso. Luego, el Partido Popular le ha dado una vuelta porque, probablemente, el texto original de la iniciativa legislativa popular no habría prosperado ni en el Congreso ni en el Senado ni ante un tribunal.

La ley no mejora en nada, en absolutamente nada, la situación actual y supone una laminación de competencias de las comunidades autónomas, sin contar lo que pase con la tramitación de la Unesco. Estas son las justificaciones de nuestro veto, señorías, y de nuestro voto positivo al resto de los vetos que se han presentado en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Vamos a repartirnos el tiempo: yo haré una breve intervención y después intervendrá el portavoz Carlos Martí.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular: ¡claro que me preocupa la marca España! y mucho; por eso intervengo. Si no me preocupara, no intervendría. Es más, no solo me preocupa, a veces me duele España, sobre todo cuando oigo intervenciones como la suya. Pero luego pienso que, afortunadamente, España es algo más que usted o ustedes. (Aplausos.)

Respecto al aspecto competencial, muy sencillo: sostengan en la proposición de ley la declaración de bien de interés cultural. No nos vengan con zarandajas: háganlo; si lo retiran, es por algo.

Lo de prohibido prohibir: si los manifestantes del 68 les oyeran, se arrepentirían de haberlo escrito. ¿Qué se ha prohibido en España respecto a la tauromaquia? El toro de Coria se prohibió. ¿Por qué? Porque es una salvajada; y progresivamente, a medida que la sociedad avance, se irán prohibiendo las demás salvajadas.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Martí, tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Intervengo brevemente para posicionar al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya en torno a los vetos presentados, no sin hacer antes dos consideraciones previas, que ya se han hecho pero que quiero subrayar.

Primera, sorprendente realmente que la primera ley en materia cultural que tramita el Gobierno en las Cámaras y que el Grupo Parlamentario Popular apoya sea esta, señorías del Partido Popular. Indica a las claras, aunque lo hemos confirmado por otros debates, cuáles son las prioridades y la importancia de la cultura para este Gobierno y para el partido que lo sustenta.

Segunda, también lo han dicho ya, pero también quiero subrayarlo: es la segunda vez que el Partido Popular desfigura una iniciativa legislativa popular; ya lo hizo con los desahucios. Acepta a trámite una iniciativa legislativa popular a sabiendas de que va a cambiarla de arriba abajo. Me parece, igual que la otra vez, una falta de respeto inmensa a la soberanía popular —esta sí—, a la soberanía del pueblo español.

Pero vayamos, señorías, al meollo de la cuestión. Como se ha dicho aquí también, y lo suscribo plenamente, esta ley es únicamente una reacción a la ley del Parlamento de Cataluña, solo se puede explicar desde esta perspectiva. Realmente ¿qué sentido tiene una ley para declarar algo, simplemente? En este caso, para declarar la tauromaquia patrimonio cultural. O una ley para iniciar un procedimiento relacionado con la declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la Unesco. ¿Qué sentido tiene una ley de estas características? ¿Acaso el flamenco, que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, tiene una ley específica? No, no la tiene. Se pretende justificar lo injustificable.




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Pues no, señorías, para declarar y regular el carácter de patrimonio cultural de la tauromaquia no hace falta, no hacía falta, ninguna ley; esta ley tiene que ver simple y llanamente con la decisión del Parlamento de Cataluña. Aunque debo confesar que todavía no sé con qué finalidad; se me va despejando la duda a medida que oigo a los portavoces del Partido Popular, pero todavía no sé con qué finalidad. No sé si se trata de aprobar una ley declarativa, retórica e inocua para salvar la cara, después de prometer lo que no se podía prometer —esto es, que las corridas de toros volverían rápidamente a Cataluña— o bien —y por esto me inclino— que esta ley es el prolegómeno de un cambio legislativo recentralizador en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, como ya nos avanzó el subsecretario del ministerio en su comparecencia ante la comisión. El tiempo dirá cuál de estas finalidades es la que realmente persiguen ustedes con esta ley; porque todo lo demás, todo lo que ha dicho el senador Ruiz —y puedo compartir muchas cosas de las que ha dicho— no necesita para nada de una ley como esta, para nada, se puede hacer igualmente; de hecho, se está haciendo igualmente y se puede continuar haciendo de la misma forma. Espero, pues, a saber cuál es el objetivo real, el fundamento de esta ley, que pretende regular la tauromaquia, que va a regular la tauromaquia como patrimonio cultural.

En cualquier caso, no se pueden invocar —también lo han dicho, pero no quiero dejar de subrayarlo— los artículos 44, 46 y 149 de la Constitución como fundamento de la regulación que propone esta ley. Y mucho menos, senador Ruiz, después de haber oído al ministro Montoro ayer invocar la idea de las competencias concurrentes. ¿O es que su partido ya no defiende la idea de una administración-una competencia? ¿Cómo puede ser que, habiendo oído la posición del ministro ayer, mantenga usted hoy totalmente lo contrario sobre la base de una sentencia de 1984? En cualquier caso —insisto, también lo han dicho ya—, las competencias en materia de cultura, de espectáculos y de defensa de los animales pertenecen a las comunidades autónomas en su carácter básico y exclusivo. ¿Quiere decir que el Gobierno de España y este Parlamento no pueden hacer nada de nada? Sí, alguna cosa pueden hacer, pero reconozcámoslo: poco; y por ley, todavía menos: algunos planes de estímulo, regulaciones genéricas, fomento de la cooperación entre comunidades autónomas, pero nada más; no pueden hacer nada más el Gobierno y este Parlamento, de acuerdo con la legislación vigente.

Por tanto, señorías, Cataluña ha regulado la tauromaquia en virtud de las atribuciones que tiene su Parlamento, que le otorga el Estatuto, y ha dicho: no a las corridas de toros, sí a los correbous. Puede parecer lo que sea, puede gustar o no, puede parecer coherente o no, pero es lo que ha dicho el Parlament de Catalunya que, en virtud de su potestad, lo ha regulado así. Por ello, para cambiarlo —como han dicho ya— solo hay dos caminos: o mayorías nuevas en el Parlamento de Cataluña o el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, señorías, votaremos no al final de todo el trámite de esta ley, porque vulnera completamente la regulación existente y las leyes existentes en cuanto a competencias, pero sobre todo porque destila una idea de España que nada tiene que ver con la que defendemos nosotros. Lo he dicho muchas veces y lo repito: otra España existe y es perfectamente posible, la España federal; a nada que vaya en dirección opuesta a esta vamos a darle apoyo. Y también por ello, votaremos a favor de los vetos que siguen esta argumentación.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Vamos a repetir inevitablemente algunos de los argumentos de los que hemos hecho uso en la intervención anterior. Estamos ante una invasión competencial flagrante y descarada como pocas. Es un intento muy forzado de legislar sobre lo que no corresponde, de acuerdo con la distribución competencial de las administraciones. Técnicamente, podríamos decir que es un ejemplo claro de sobrelegislación; es decir, legislar más allá de lo razonable y de aquello en lo que tienes competencias. Se produce claramente como reacción ante una decisión soberana legal y legítima, aprobada por el Parlament de Catalunya, también nacida —vale la pena recordarlo— de una iniciativa legislativa popular que triplicó el número de firmas necesario para su tramitación. Técnicamente, nos encontramos ante un despropósito jurídico. Cuando los servicios técnicos del




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ministerio advierten sobre la no idoneidad para definir los toros como bien de interés cultural, lo cambiamos y lo pasamos a proposición de ley para regular la tauromaquia como patrimonio cultural.

Nadie ha contrarrestado el argumento principal de mi primera intervención. Los tres ámbitos sobre los que se pretende legislar corresponden de una manera muy clara a las comunidades autónomas. Cultura, espectáculos y protección de animales son tres materias cuya competencia les corresponde de manera exclusiva a las comunidades autónomas. Parece evidente y claro que nos encontramos ante un choque de legitimidades, dos iniciativas legislativas populares; la catalana triplicó, como les decía, el número de firmas requerido y, en aplicación legal y escrupulosa de las atribuciones que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña le asignan, el Parlament la aprobó y la publicó. Todo ello avalado por numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

No hace falta acudir al diccionario de la Real Academia Española para la definición de «expoliación». Aun siendo poco precisos, querer agarrarse al concepto de expoliación para introducir una ley de patrimonio cultural para proteger la tauromaquia, realmente es imaginativo, como mínimo; porque la expoliación, en un sentido no exactamente literal, todo el mundo sabe lo que es. Atreverse a utilizar el único resquicio legal a través del que la Administración General del Estado puede legislar, en este caso, sobre la tauromaquia, es forzadísimo; no forzado, forzadísimo.

Según parece —también lo ha dicho algún portavoz—, en el mundo de la cultura no tenemos otro problema más que los toros. Dentro de pocas semanas estaremos en el ecuador de la legislatura, de esta X Legislatura, y la única iniciativa legislativa que nos trae el Gobierno del PP es la protección de la tauromaquia. Fantástico. El IVA cultural subió del 8% al 21%, ningún problema; todavía nadie ha demostrado que se haya recaudado más, por cierto, pero de momento ha hecho un daño horroroso a amplios sectores de la cultura. ¿Hablamos de la reforma de ley de mecenazgo? Sí, sí, sí, la vamos a hacer, la vamos a hacer; cada vez que comparece un secretario de Estado o un ministro, es inminente que la vamos a hacer; pero la reforma de la ley de mecenazgo, a un mes vista del ecuador de la legislatura, no tiene ni fecha. He leído —soy optimista por naturaleza y estoy esperanzado— que el gran y plenipotenciario ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha dicho que sí, que en 2014 va a haber reforma de la ley de mecenazgo. A ver si es verdad. Como parece que los responsables de cultura pintan más bien poco, a ver si es verdad que esta vez va en serio y se va a reformar en serio la ley de mecenazgo; a ver si se hace una ley de mecenazgo atrevida y que resuelva la falta de financiación pública que está sufriendo la cultura en todos sus ámbitos.

Todos somos conscientes de la gran cantidad de personas, entidades y asociaciones que buscan la protección de los animales. Por lo tanto, sin entrar en el fondo de la cuestión, como mínimo tendrán que admitir que es una cuestión que no une a la sociedad, más bien la divide; no genera grandes consensos, más bien genera divisiones.

Por otro lado, si hablamos de tradiciones, más tradicional que la caza del zorro en el Reino Unido habrá pocos ejemplos, y también ha tenido su debate, sus partidarios y sus detractores. Al final, se ha legislado y se ha prohibido. Encontrarán pocos ejemplos de algo más secular que la caza del zorro en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, que las tradiciones están muy bien, pero que el paso del tiempo hace necesario actualizarlas. Por cierto, cuando Cataluña legisla sobre protección de animales no se centra únicamente en la prohibición de los toros sino que regula muchas actividades tradicionales y locales, que quedaron prohibidas simplemente porque se maltrataba al animal. El principio básico por el que se rigió la reforma legislativa del Parlament de Catalunya fue la protección del animal, en la línea de lo que está legislando Europa; más claro no podemos decirlo.

Por lo referente a la riqueza, un amigo mío me decía: oye, si es para generar riqueza, recuperemos los circos romanos, hagamos espectáculos y vendamos entradas; a lo mejor llegan a ser interesantes desde el punto de vista turístico. En serio: tendrán que reconocer que el impacto económico real del mundo del toro es, por más imaginación que le echen, minúsculo.

Mi grupo parlamentario votará a favor de los vetos y en contra de la proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martín Rodríguez.




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El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Buenas tardes.

Para que obre en conocimiento del Diario de Sesiones, a esta altura de la tarde, sin llegar a la bandera, dos tercios de plaza, a pesar de que todo el tendido es de sombra. (Risas.)

Señor presidente, señorías, antes de entrar en el busilis de la ley que aquí nos trae, permítanme que, en nombre de mi grupo, haga tres consideraciones, una ya está hecha. La primera, que nos sorprende, cuando no ofende, que la primera ley que el Gobierno trae a esta Cámara en materia de cultura sea la referida a los toros. La segunda, sorprende, cuando no ofende, porque esta proposición de ley hace una burla a la iniciativa legislativa popular; tanto es así, que ni la nombra. Desde la Carrera de San Jerónimo a la Plaza de la Marina, al Gobierno se le ha distraído la ley; o, por decirlo en el argot taurino: lo que aquí nos trae es que el Gobierno enchiqueró en el Congreso a la ILP y no la deja salir a torear en el Senado. ¿Por qué? Y, la tercera, sorprende, cuando no ofende, que el Gobierno nos traiga a esta Cámara una proposición de ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural en un país, el nuestro, en el que, de querer, hoy seis millones de españoles no podrían ir a los toros porque les falta el pan. (Aplausos.—Rumores.)

Señorías, los toros han sido a lo largo de la historia en nuestro país una constante entre la emoción y la razón. Pero hasta la razón sabe que tiene la emoción motivos que la razón no entiende, aunque los comparta. De todos es sabido que, antropológicamente, el hombre necesitó de la barbarie para reconocerse. La metáfora nació con la quijada de un burro, y en la España del siglo XXI, por mor de esta ley, bien podría ser el asta de un toro. Pero hasta la barbarie necesita, como la última página del libro, lo que queda después de la batalla. Y es la emoción la que dota de belleza a la sinrazón, como una metáfora para la cultura. Parafraseando a Caballero Bonald, admitir la veracidad tiene ya mucho de licencia poética. (Varios señores senadores: ¡Ohhh!—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señorías, parece mentira que argumenten esta ley en la cultura y hagan una burla de las palabras de Caballero Bonald. (Aplausos.—Risas.)

Señorías, ¿cuándo la cultura demandó leyes y reglamentos para su supervivencia? Antes al contrario, la primera y la última libertad del ser humano no reside en disponer de leyes que se la reconozcan, sino en no disponer de aquellas que se la regulan. Cuando el poder legisla la libertad del individuo es para quitarle al individuo libertad. Es por esto que esta ley, además de innecesaria, no es ley. ¿Qué ley es esta que en el preámbulo que la justifica necesita más caracteres que los artículos que la proclaman? Nunca antes tuvo más sentido la alocución latina excusatio non petita, accusatio manifesta. Pretender con esta ley que todos los españoles, como si fuéramos uno, asumamos —seamos taurinos o no— que los toros son hoy, porque lo fueron ayer, el patrimonio cultural de un país, es una torpeza.

El 6 de octubre de 2010, en esta Cámara, el entonces ponente en una moción del Partido Popular que pretendía lo que hoy la mayoría parlamentaria en la ley —apelo al presidente para que me corrija si transcribo mal sus palabras—, dijo: el torero es un artista, como el pintor, el escultor, el compositor o el poeta; tiene que adaptarse inmediatamente a la materia prima, a las características del toro, improvisar, y necesita de la inspiración inmediata; ha de crear una obra de arte en veinte minutos sin posibilidad de corregir y en todo momento se está jugando la vida. (Aplausos.—Risas.—Rumores.) Señor presidente, como son sus palabras, regáleme este tiempo antes de darme el avisto. (Risas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias.

Una acción humana como las corridas de toros que inspiran estas palabras en un ser humano y las mismas, a sensu contrario, en otro como don Manuel Vicent, que ha dicho que, en esencia, el arte de torear consiste en convertir en veinte minutos a un bello animal en una albóndiga sangrante ante un público alborozado, esta yuxtaposición de pareceres puede entenderse como cultura, en tanto en cuanto asumamos que la cultura no es el conocimiento que emana de ningún trabajo de investigación —podría serlo para un determinado creador— ni a partir de la educación entendida como aprendizaje: la cultura es cada uno de nosotros. Es más, cada uno de nosotros conformamos y somos la sociedad en la que nos desenvolvemos, y las sociedades no son más o




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menos cultas porque lo diga una ley: las sociedades, en su pluralidad, son cultura sin más. Mi paisano Paco Nieva dijo: a la vida se le pone un marco y ya es teatro. No encuentro una manera más sencilla de describir la cultura; y, si estamos de acuerdo en esto, ¡claro que los toros son cultura! Pero como toda verdad histórica no todos tienen por qué compartirla.

Cuando el Partido Popular trajo aquí su moción, la perdió por 129 votos en contra, 117 a favor y 1 abstención. ¿Qué ha ocurrido en estos tres años? ¿Hay hoy más cultos en esta Cámara? No, la sociedad no ha cambiado; y, si ha cambiado, ha sido a sensu contrario de lo que pretende esta ley. Lo que ha cambiado es la aritmética de los escaños, y eso, por sí solo, no es un argumento para una ley. (Rumores.—Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Es más: esta ley no se aplicará porque no puede aplicarse, como reconoció el señor subsecretario del Ministerio de Cultura en su comparecencia ante la comisión de esta Cámara, en la que dijo que la ley de patrimonio histórico español no reconocía ni encajaba lo que esta ley pretendía. Dicho de otra manera: es esta una proposición de ley o una ley que no puede entrar en vigor porque es fiduciaria de otra ley que no existe para incorporarla a otra ley que la veta. Nunca entendí muy bien el humor del absurdo. (Aplausos.—Risas.) Nunca entendí muy bien el humor del absurdo, pero con esta propuesta de ley acabo de entender que la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la primera parte. (Aplausos.—Risas.)

Miren, seamos realistas, señorías. Una Cámara que representa a 7,5 millones de catalanes-españoles —con más legitimidad que esta, por tener transferida la materia de la que aquí se trata— decidió democráticamente y en un voto de conciencia prohibir los toros en su territorio. En otra, en Canarias, con 2,3 millones, no los recuerdan. En Galicia, con 2,7 millones, los tuvieron muy poco. En múltiples municipios han adoptado acuerdos que prohíben las corridas. Sin ir más lejos, en el municipio de Mijas, Málaga, el 26 de septiembre de este año, ustedes —el Partido Popular— presentaron y ganaron por mayoría absoluta una moción relativa al maltrato y la crueldad de los animales, referida al toro de la Vega. (Rumores.) Por lo tanto, si sumamos a volapié, 15 millones de españoles —un tercio del país—, aunque respeten los toros como cultura de otros, no la comparten. Por lo expuesto, pretender que esta ley proclame que la tauromaquia forme parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, como enuncia este proyecto de ley, viene a ser como la sátira que Quevedo dedicó al doctor don Juan Pérez de Montalbán: el doctor tú te lo pones, de Montalbán no lo eres, con que quitándote el don, vienes a quedar Juan Pérez. (Risas.)

Señorías, lo diré en argot taurino. Lo que aquí ha ocurrido es que, con la iniciativa popular, el Gobierno ha querido ver los toros desde la barrera y, en vez de saltar a la arena, atarse los machos y agarrar el toro por los cuernos, ha dado una larga cambiada haciendo una faena de aliño, y ahora viene aquí al Senado a que le echemos un capote, dándonos la vara para cambiar de tercio. (Aplausos.—Risas.) A mí grupo no le importó en el Congreso lanzarse al ruedo; hemos toreado en muchas plazas sin buscar las tablas y creciéndonos en el castigo. Tenemos mano izquierda para salir por la puerta grande. Aquí, en el Senado, como no somos nuevos en la plaza, no nos vamos a dejar caer en esta encerrona, entrando al trapo de una ley que no tiene un pase y se pone a la ILP por montera, haciendo un brindis al sol y dejándola para el arrastre; eso sí, toreando de salón con los banderilleros del Gobierno y dando la puntilla a la iniciativa popular. (Rumores.—Risas.) Puestas las cosas así, mi grupo entiende que no pocos grupos quieran devolver el toro al corral, con cinco vetos que emulan los cinco artículos de los que consta esta ley. Una vez más, al Gobierno le ha pillado el toro con el pié cambiado. Por lo menos, y en homenaje a las corridas que pretenden honrar, por aquello de seis toros, seis, podrían haber redactado seis artículos, en vez de cinco, y dejar para la disposición final el sobrero. (Risas.)

Con este cartel a esta ley no se le puede sacar el pañuelo azul. Permítanme que desde mi grupo le saquemos el verde, porque para el naranja no hay trapío y tampoco es cuestión de castigar con el rojo. (Risas.)

Pido disculpas si me he recreado en la faena. En todo caso, con sumo respeto a los españoles…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

En todo caso, con sumo respeto a los españoles que gustan de las corridas de toros, a quienes las hacen posible, a los detractores de ellas, mi grupo se va a abstener porque estamos en el vive y deja vivir, no prohibir, ni fomentar.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.—Risas.—Varios señores senadores: ¡Torero, torero!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Lanzarote.

El señor LANZAROTE SASTRE: Presidente, con su permiso.

Señorías, antes de nada, ¿qué habría pasado si en el Grupo Socialista se hubieran propuesto votar que no? (Risas.)

El Partido Popular, señorías, para dejarlo claro desde el principio, siempre ha defendido la libertad. En este caso, también la libertad de expresión cultural y artística. Y lo hace con una fuerte defensa de la expresión. Para muestra basta un botón: aquí, en el Senado, mediante la moción por la que se instaba al Gobierno a incoar expediente de declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, BIC, con carácter etnográfico, así como a iniciar gestiones para incluirla en el listado de la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que defendió don Pío García-Escudero Márquez, hoy presidente de esta Cámara, en octubre de 2010.

Asimismo, el programa electoral de nuestro partido, el Partido Popular, recogía como uno de sus objetivos lo que cito textualmente: «Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia.» Esto no lo he visto en ningún programa electoral de los muchos que he visto, ni tampoco nada que tenga que ver con los antitaurinos.

Pues bien, señorías, la tauromaquia forma parte de la cultura española global. Ya lo ha dicho mi compañero Ruiz Reyes: el patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común es signo de identidad colectiva, se pongan como se pongan, lo que justifica que su preservación corresponda y competa al Estado. Hoy en día el carácter cultural de la fiesta de los toros es indiscutible. Este aspecto cultural necesita, por tanto, de una protección especial. Se debe preservar como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas, siendo la cultura taurina denominador común de todas.

Por otra parte, la tauromaquia, señorías, no tiene color político, no se lo busquen ustedes, no lo tiene. El profesor Tierno Galván desde su cátedra de Derecho Político en la Universidad de Salamanca expresaba que los toros son el acontecimiento que más ha educado social e incluso políticamente al pueblo español, incluidos los socialistas (Rumores.), y es de notar que la estructura de la actual corrida de toros data del llamado siglo de las luces, señor Iglesias, es decir, del momento en que Europa despertaba a la Ilustración y la razón era el dios supremo. Todo esto ha permitido al dramaturgo Albert Boadella, señor Guillot, afirmar que la ceremonia taurina constituye hoy una excepción, porque esta insólita manifestación ha permanecido como el rito pagano más antiguo del mundo occidental, pero con la característica singular de que mantiene una vigencia, es decir, no se ha pervertido en folclore. El asentamiento moderno de los toros es la consecuencia de un pueblo que ha conseguido preservar el rito ancestral mediante una sabia resistencia a los embates de las modas.

Supongo que les sonará don Federico García Lorca. En una entrega de premios taurinos en su Granada natal dijo esto, tomen buena nota, señorías: «El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo.» ¡Casi nada! En esa fiesta culta se resaltan valores puramente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta, pero es que, además, la fiesta de los toros, es, señorías, un elemento constitutivo de nuestra propia y peculiar realidad social, de tal suerte que forma parte de la cultura tradicional y popular como un conjunto de manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias, pasados y presentes, de la memoria colectiva. Solo cuando la cabeza y el corazón, la inteligencia y el sentimiento se cruzan y mezclan de un modo sólido, entrañable y radical, la corrida, la faena y el pase tienen eso que podemos llamar una suerte de eternidad.




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Actualmente nadie discute el carácter nacional, histórico, cultural y patrimonial de la fiesta de los toros. Existe una aceptación jurídica y además pacífica de ese carácter cultural, histórico y tradicional de la fiesta de los toros como parte esencial del patrimonio histórico. Pero además del aspecto cultural, la fiesta taurina tiene una indudable trascendencia como patrimonio socioeconómico de España que no hay que desdeñar, porque no hay que despegarse de los temas económicos. No, señorías, y en este momento mucho menos. Fíjense ustedes. En efecto, la tauromaquia como actividad económica y empresarial de producción de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo. La fiesta de los toros constituye un mercado económico propio de producción de bienes y servicios en el que confluyen múltiples y diversos intereses y sujetos de la actividad económica, configurándose como un sector económico de primera magnitud, dicho con mayúsculas, de primera magnitud, señorías.

Eso es así en más de 1200 explotaciones ganaderas, el hábitat específico del toro bravo, la dehesa, reconocido por el propio derecho comunitario —lo que nadie ha dicho nunca— como espacio natural protegido en aras del mantenimiento de la biodiversidad, prevención de la investigación y conservación de la flora y la fauna autóctona, con más de 540 000 hectáreas en explotación, señorías, con 140 000 vacas nodrizas, con un valor de inversión en fincas ganaderas de 8000 millones de euros, con unos ingresos directos por el sector temporada de 1350 millones de euros, y 1150 millones más de ingresos indirectos, con una aportación al producto interior bruto nacional del 2,4% y una recaudación anual en concepto de IVA de más de 350 millones, y con más de 3 700 000 jornadas laborales al año y más de 200 000 empleos vinculados al toro bravo. Esto no se puede obviar, y ya sé que no gusta, pero hay que decirlo.

En definitiva, el Estado debe ordenar y fijar las directrices y criterios globales del sector taurino en su doble e inseparable aspecto de patrimonio cultural y de sector económico productivo. También ha de promover la declaración de la Unesco como patrimonio inmaterial, al que después me referiré, si me dejan sus señorías.

Esta finalidad esencial e ineludible trasciende, por su carácter general, del ámbito competencial y territorial de una y otra comunidad autónoma determinada; en efecto, en el aspecto cultural, por imperativo de la Constitución Española, y en el económico, porque corresponde al Estado en virtud de su competencia de ordenación general de la economía establecer, por tanto, directrices globales de ordenación y regulación del mercado agropecuario nacional.

No voy a detenerme en insistir que la cuestión de las competencias podrá ser opinable, pero, en definitiva, el Estado tiene competencias para regular como lo ha hecho. Baste leer solamente el preámbulo, que, como supongo sabrán ustedes, se debe a la magistral pluma jurídica del profesor Tierno Galván, en el que podemos leer: «La nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.»

Permítanme, señorías, que me detenga brevemente en matizar algunos de los comentarios que hemos podido escuchar en el debate de los vetos esta jornada.

El presentado por Izquierda Unida se basa en la afirmación de que la tauromaquia debería ser abolida como consecuencia del progreso moral de la sociedad española, y que debe distinguirse entre cultura, que supone civilización, y hábitos culturales, que no tienen por qué ser considerados como patrimonio cultural. La legislación y la actividad de las administraciones públicas en España, señor Iglesias, contradicen esta afirmación, ya que la tauromaquia ha sido reconocida como bien cultural en varias comunidades autónomas; se mantiene prácticamente estable el número de festejos taurinos en toda España, y además la asistencia a ellos es permanente; hay que recordar que más de 500 000 ciudadanos han solicitado al Congreso que se declare bien de interés cultural.

Pone usted el ejemplo del Masái Mara, del Serengueti y usted mismo se pone como gacela de Thomson, y al final se lo zampa el león, señoría. (Risas.). En definitiva, no le gustará a usted el tema de los intelectuales españoles, a los que ha aludido hace un momento, para justificar lo que siempre justifican ustedes, posiciones del franquismo más recalcitrante. ¡Qué harían ustedes sin Franco, señoría, qué sería de ustedes sin Franco!

En definitiva, solo quiero recordarle una cosa: supongo que le sonará don Rafael Alberti, un franquista redomado, seguramente, que estuvo veintiún años en el exilio; lo mandó el general al exilio, y cuando volvió no se acordaba de lo mal que lo había pasado, lo primero que dijo fue:




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Siento haber estado veintiún años sin ver una corrida de toros, y pidió apresuradamente que le indicaran dónde había una feria para irse esa misma tarde a ver los toros. Don Rafael Alberti, señoría, que no era de extrema derecha, precisamente.

Por otro lado, quiero destacar algunos errores del texto de este veto. Canarias no ha prohibido nunca los toros, simplemente por falta de afición han dejado de celebrarse, lo que demuestra que es un hecho natural que puede seguir, o no, desde la libertad individual de cada uno; no se utiliza ese espectáculo o ese arte, y no pasa nada. En los años sesenta hizo furor el arte Op art, en blanco y negro, una vanguardia del arte contemporáneo, y nadie se acuerda hoy, ni los que lo crearon, de aquel llamado arte.

La Constitución tampoco cita expresamente la tauromaquia, es verdad, porque no cita manifestaciones culturales concretas; no obstante, sí reconoce, señorías, como derecho de acceso a la cultura —que con el texto de este veto se quiere terminar—, al menos en una parte, la tauromaquia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LANZAROTE SASTRE: A la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña le diría que su argumento desde su posición de no a la tortura me parece impecable, me parece bien, pero no hablamos de eso aquí esta tarde. Porque, además, su argumento que es impecable hasta ese momento, quiebra totalmente cuando llega usted y dice: no, pero los correbous no, esos son arte. En definitiva, ahí es donde quiebra toda su pretensión.

Señor Cazalis, respecto a su veto le diré que, la verdad, no vamos a andar discutiendo del eterno problema de las competencias.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LANZAROTE SASTRE: Es el huevo o la gallina. En el turno de portavoces posterior le propondré alguna cuestión para ver si estamos de acuerdo por una vez en ese asunto.

Por lo demás, señorías, estamos encantados de apoyar esta propuesta, que trae su causa, no hay que olvidarlo, de una iniciativa legislativa popular, y que es un sector muy importante al que queremos apoyar esta tarde, que considera la tauromaquia como patrimonio cultural de la humanidad, nada más y nada menos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lanzarote.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto en el mismo orden en el que han sido defendidas.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 151; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240, votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 151; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, votos emitidos, 241; a favor, 25; en contra, 151; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 32; en contra, 151; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 151; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, señorías, entramos en el debate de las enmiendas, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas números 1 a 5 y 11 a 21. Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las números 1 a 5, 11, 12 y 17 a 21, y los senadores Quintero y Zerolo las números 13 a 16.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor presidente, intervendré brevemente desde el escaño. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Este grupo de enmiendas plantean una exposición de motivos alternativa, cambiando, lógicamente, el sentido de la ley desde su presentación, defendiendo en este nuevo preámbulo, nueva exposición de motivos, que la defensa de las tradiciones no debe primar sobre el sufrimiento de los animales y que, de un lado, la tauromaquia, tal como la define la ley, no encaja en el concepto de patrimonio cultural y material que define el convenio de la Unesco, y de otro, que el Estado carece de competencias para declarar lo que pretende en esta proposición de ley. En consecuencia, se produce una invasión de las competencias de las comunidades autónomas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor Iglesias.

Por favor, ruego silencio en el hemiciclo. No se escucha al orador.

Continúe.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En relación al articulado nuestras enmiendas proponen que las corridas de toros y otros espectáculos con muerte no puedan ser consideradas patrimonio cultural, que no puedan contar con financiación a partir de recursos públicos, que se impida el acceso de menores a las mismas, que los medios audiovisuales públicos y privados no puedan retransmitirlas en horario protegido, que igualmente no puedan formar parte de los contenidos educativos, y por último planteamos la supresión de las disposiciones finales de la proposición de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quintero para defender las enmiendas números 13 a 16.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender las enmiendas que hemos presentado, que prácticamente todas van en el mismo sentido.




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En primer lugar, quiero decir que en Canarias sí están prohibidas las corridas de toros. Voy a leerlo textualmente para aquellos que no lo saben: «Utilizar animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento está completamente prohibido.» Si las corridas de toros no aluden a esto…Perdone que le diga, pero están completamente prohibidas desde 1991. Fue la primera comunidad que en el año 1991 prohibió todo este tipo de actividades. Déjeme que le diga que fue Miguel Cabrera Pérez-Camacho, diputado del Partido Popular, quien en 1991 presentó la iniciativa y que en Canarias no existió ningún tipo de debate; la mayoría de la Cámara lo aceptó. ¿Por qué? Porque la última corrida data de hace treinta y cinco años, y de hace treinta data la última novillada en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife; habían tres tradicionalmente, quedó solo una, y la última novillada se produjo hace treinta años. Y en Canarias, el señor Cabrera PérezCamacho dijo que era una tradición que no estaba arraigada. Por ello me extraña que hoy aquí se diga que no está prohibida la corrida de toros en Canarias. Perdone que les diga, pero está completamente prohibida, igual que cualquier otro tipo de maltrato animal.

Las enmiendas van en este sentido. Por eso he apoyado todos los vetos porque, respetando evidentemente que todas aquellas comunidades —que creo que tienen la competencia para declarar patrimonio cultural— que así lo quieran, lo hagan, creo que el Estado está asumiendo competencias autonómicas, y no puede imponerlo en una comunidad autónoma en la que, como dije, no existió debate porque no existían corridas de toros cuando se aprobó la ley, y porque la mayoría de la ciudadanía canaria —por no decir la unanimidad—, no entiende las corridas de toros. Como he dicho, respetamos a aquellas comunidades autónomas que las quieran, pero no las entendemos.

Por eso presento estas enmiendas, que me gustaría que los senadores del Partido Popular entendieran, porque fue un portavoz de dicho partido el que presentó esta iniciativa en Canarias, y no hace mucho tiempo, hace dos años y medio o tres, en 2010, cuando el debate se produjo en Cataluña, el portavoz del Partido Popular volvió a decir en el Parlamento de Canarias, a una pregunta que se le formuló, que estaba completamente de acuerdo con lo que se había aprobado en Cataluña y que seguramente en menos de cien años desaparecerían en toda España las corridas de toros porque era algo natural y coherente con un país civilizado que está dentro de la Unión Europea. Estas fueron las palabras de Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que comparto completamente.

Y les voy a decir más, no solo están prohibidas, es que no se pueden ni filmar ni promocionar. Me hubiera gustado que hubiéramos incluido en el patrimonio cultural, por ejemplo, el silbo gomero, el salto del pastor, el juego del palo, los carneros en frontera, el baile del vivo de El Hierro, etcétera. Eso, a lo mejor, sí podría haber sido patrimonio cultural, y me hubiera gustado, pero no las corridas de toros, y, sobre todo, no imponérselo a una comunidad como la canaria.

Por ello, en las enmiendas que presentamos respetamos que exista en algunas comunidades, pero no podemos aceptar que se consideren patrimonio cultural de todo el Estado español las corridas de toros, porque esa imposición es negativa no solo para Canarias.

Espero que el Grupo Popular acepte estas enmiendas porque las corridas de toros no son cultura canaria, señoras y señores, lo pueden ver en los datos que les he proporcionado, que demuestran que hace treinta y cinco años que no se celebra una corrida de toros en Canarias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y la otra enmienda la hemos presentado porque se alude en el preámbulo al sector económico, que también ha influido mucho, y porque en Canarias no son económicamente rentables, pues llevar los toros desde la península a Canarias en barco es muy costoso y además llegan mareados y cuando salen a la plaza se caen solos, con lo cual ni es rentable ni es cultural. Por tanto, acepten las enmiendas que hemos presentado porque es lo mejor que pueden hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas números 52 a 57.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Simplemente intervengo para manifestar que hemos presentado seis enmiendas de supresión porque seguimos opinando que no hace falta la ley; por tanto, siendo coherentes con el veto, planteamos la supresión de todos y cada uno de los artículos.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero comprende las números 22 a 28 y el segundo, las números 29 a 35.

Senador Guillot, ¿va a defender usted todas?

El señor GUILLOT MIRAVET: El segundo bloque.

El señor PRESIDENTE: ¿Las enmiendas números 29 a 35?

El señor GUILLOT MIRAVET: Sí. Gràcies, senyor president.

Señorías, antes de defender las enmiendas, quiero decir que la historia de España, sus valores culturales, sus usos y costumbres son múltiples y han ido evolucionando a lo largo de la historia; muchos de ellos están superados, como pasará también con las corridas de toros. Les pondré un ejemplo. Hasta hace poco era uso y costumbre tirar cabras por un campanario, ahora a nadie se le pasaría por la cabeza hacer de ello patrimonio cultural.

Y, señor Lanzarote, voy a dar otro dato de Federico García Lorca y el mundo de los toros. Federico García Lorca fue fusilado por la jauría fascista junto a un maestro y dos banderilleros. También la memoria histórica participa del mundo del toreo.

El debate de hoy es un tótum revolútum, hablan de la tauromaquia como si fuera la solución a todo, pero los retos del mundo rural español no pasan por el fortalecimiento de la tauromaquia.

En segundo lugar, no es cierto que la tauromaquia aporte el 2,4% del PIB. El sector primario aporta el 2,7%, y este es un sector que económicamente depende de las ayudas públicas, y eso ya a su vez supone un fracaso como espectáculo. Les pondré otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna puja de alguna televisión privada para emitir corridas de toros? Ninguna. Así como en el mundo del futbol, que sí es un espectáculo de masas, han existido estas pujas, en el mundo del toreo no, solo la televisión pública del PP se ha dispuesto a hacerlo.

Y les voy a dar otro dato —lo decía en mi intervención inicial—: desde 2007 a 1212 ha habido una disminución del 54% en el número de festejos. Pero, insisto, el problema no es discutir sobre diferentes emociones y diferentes sensibilidades; la pregunta que hay que responder más allá de la historia, más allá de lo que cada uno considere que es cultura y lo que son los elementos identitarios comunes y no comunes, la gran pregunta es ¿Es moral o inmoral infligir daño gratuitamente a un animal? Esta es la gran pregunta. Torturar a un toro hasta matarlo, por mucho arte y estética con que esté rodeado ¿es moral o inmoral? Para nosotros, a partir de los valores del siglo XXI, de la evolución que ha habido en nuestra sociedad, esto es inmoral, no tiene ningún tipo de justificación, y así lo expresa también el desapego de gran parte de la ciudadanía respecto de ese tipo de espectáculos.

Y pasando ya a defender las enmiendas, el senador Saura y yo hemos presentado seis que se pueden resumir en: negar la consideración de patrimonio cultural español a las corridas de toros y otros espectáculos donde se produzca el maltrato y la muerte de un animal; negar la aportación del dinero público a este tipo de espectáculos, y además de impedir el acceso de menores de edad a dichos espectáculos, establecer y promover en todos los niveles de la enseñanza el fomento del respeto a los animales, excluyendo a las corridas de toros como tales de los contenidos educativos.

Termino con mi intervención, senyor president. Insisto en que la gran pregunta a la que tiene que responder esta Cámara no es sobre las percepciones históricas, culturales, patrimoniales o identitarias, no es sobre el pasado, sino, en términos de presente, si nos corresponde o no a la especie humana infligir daño gratuitamente a un animal. Creo que la respuesta es que no.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas números 22 a 28, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Voy a ser muy breve.

En coherencia con lo expuesto en mi intervención sobre el sentido del voto en el debate de vetos, las enmiendas que voy a defender en nombre de mi grupo están destinadas a que esta ley




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regule lo poco que entendemos que puede regular sin invadir competencias de las comunidades autónomas y, en particular, sin invadir las competencias del Estatuto de Cataluña vía subterfugios y puertas traseras.

Por ello hemos presentado enmiendas de supresión al artículo 2 y de modificación del artículo 3, que utilizan el concepto de patrimonio cultural con este objetivo. También hemos presentado una enmienda de supresión del punto 1 del artículo 5 y una enmienda también de supresión del punto 2 d) del artículo 5, en el que se enarbola el tan cacareado principio de la unidad de mercado, principal estandarte para la invasión de competencias por parte del Gobierno del Partido Popular.

Asimismo, hemos presentado enmiendas que suprimen la referencia a la petición de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque entendemos que no tiene ningún sentido que esta ley se refiera a esta cuestión. Es más, nos parece una contradicción con lo que he dicho antes y una vía totalmente innecesaria para conseguir, si acaso pudiera ser posible, este fin.

Y finalmente, hemos presentado una enmienda para modificar el artículo 1, donde se define a la tauromaquia, introduciendo, como también se ha dicho antes, el concepto de «pueblos de España» en sustitución de «pueblo español», tal y como figura en el artículo 46 de la Constitución, que antes se ha leído. Espero que esta enmienda sí la acepte el Grupo Parlamentario Popular, puesto que fue exactamente lo que ayer, en una tarde llena novedades, el ministro Montoro nos dijo. Nos dijo que le encantaba y era un gran y firme partidario de la riqueza cultural y de la diversidad de España.

Por tanto, estoy seguro de que aceptarán esta enmienda, porque la Constitución, en el artículo 46, dice explícitamente: los pueblos de España, y porque ayer el ministro Montoro reafirmó su compromiso con esta diversidad y esta riqueza cultural.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

El Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 43 a 51. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Seré breve.

Hemos presentado las enmiendas números 43 a 51, muchas de ellas relativas al marco competencial, por el conflicto que entendemos que se produce entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Mediante la enmienda 44, de adición, decimos que bajo ningún concepto la tauromaquia podrá conllevar explícito maltrato ni violencia contra los animales, que bajo este concepto no pueda refugiarse un maltrato explícito o violencia contra los animales.

La enmienda 45, al artículo 2, es de modificación, en el sentido de que se acota a las comunidades autónomas que así lo contemplen en su normativa, respetando, como decíamos, que cada comunidad legisle en lo relativo a la protección de los animales y las fiestas tradicionales de este tipo.

La enmienda número 46, al artículo 3, es de modificación, respetando que las comunidades autónomas que así lo declarasen pudiesen propiciar la conservación de la tauromaquia, de acuerdo con su normativa específica.

La enmienda 47, al artículo 4, de modificación, cambia el nombre de la Comisión Nacional de Asuntos por el de la Comisión de la Administración General del Estado para Asuntos Taurinos y regula también la colaboración de la Administración General del Estado con las demás administraciones públicas.

La enmienda 48 es de supresión del artículo 5.

La enmienda número 49 es relativa a una disposición adicional nueva en la que se contemplan dos aspectos importantes, a nuestro entender: la protección del horario infantil en los medios de titularidad pública, televisiones y radios, y el factor de la desconexión territorial de los medios públicos en aquellas comunidades autónomas en las que su legislación hubiese prohibido la fiesta de los toros.

La enmienda número 50 es a la disposición final primera y también es de supresión. Argumentamos que existen opiniones contradictorias sobre los toros. Antes hemos comentado que no es una cuestión que genere consenso y, desde este punto de vista, entendemos que hay




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que suprimirla porque entendemos que es contraria a la legislación europea que incorpora el respeto al bienestar de los animales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

El Grupo Socialista ha presentado las enmiendas números 36 a 42. Para su defensa, tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Muchas gracias, señor presidente.

Con cierta celeridad, antes de entrar a debatir las enmiendas, hay que empezar diciendo que estamos debatiendo la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Popular en el Congreso, que ha continuado en forma de enmiendas parciales hasta vaciar completamente el contenido de la ILP que votó en febrero. Esta iniciativa legislativa popular es un enorme despropósito, porque no estamos votando sobre lo que firmaron 590 000 personas, sino sobre la transmutación que propone el Partido Popular. Los señores del Partido Popular han auspiciado, alentado y celebrado la presentación de una iniciativa legislativa popular para la regulación de la fiesta de los toros para después pasar a una proposición de ley y convertir la tauromaquia en patrimonio cultural. Suena igual pero no tiene nada que ver y ustedes lo saben bien.

Con entusiasmo tomaron en consideración esta iniciativa, a pesar de que se les advirtió de las dificultades que tenía el texto que nos proponían, dificultades fundamentalmente de carácter competencial, pero también para acometer la regulación de una manifestación cultural que ustedes sabían que era y es controvertida, que divide la opinión de los españoles entre los taurinos y antitaurinos, aunque nosotros siempre hemos creído que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país están en posición de no fomentar y de no prohibir, tal y como ha dicho el portavoz Jesús Martín. Repito, no fomentar y no prohibir.

Por tanto, uno de los elementos, sin duda, más controvertidos de esta regulación es el competencial. De hecho, uno de los comparecientes en el Congreso, que se reconocía pro taurino, llegó a afirmar que el 99% de las competencias son de las comunidades autónomas. De ahí lógicamente el sentido de nuestra principal enmienda, la enmienda número 36, la enmienda sustantiva, de sustitución, que hace referencia a que el Gobierno respetará las normas sobre espectáculos taurinos que puedan dictar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y estatutarias y velará por el cumplimiento de la legislación sobre protección del menor y de— más normativa aplicable, especialmente las leyes sobre protección animal.

Basadas en esta enmienda hemos presentado seis enmiendas más que son, lógicamente, de supresión. Al hilo de la presentación de esta enmienda tenemos claro que es interesante ver en qué medida ha sido el Partido Popular o el señor subsecretario quien ha intentado justificar en su enmienda la Exposición de Motivos con respecto —repito— a la idea inicial. Se propone modificar la Exposición de Motivos centrando su contenido en lo que es la tauromaquia como manifestación cultural en la legislación vigente y en las competencias de cada una de las administraciones evitando mencionar particularidades o datos que no estén contrastados. Con esto conseguimos una Exposición de Motivos más sencilla y precisa que permite interpretar —decía el señor subsecretario— la filosofía de la ley.

Yo les pregunto a los señores del Partido Popular, ¿nos pueden ustedes explicar por qué ahora vienen a reconocer que los datos no están contrastados? ¿Qué hacen ustedes regulando esto hoy por hoy por ley? Insisto en que es una realidad y que muchos intentan disimular esta iniciativa, pero esta iniciativa —como ya se ha dicho anteriormente— nace como reacción a la decisión del Parlamento de Cataluña. Es una ley reactiva. La pregunta que aún no han sido capaces de responder es por qué esta ley ahora y no cuando hace años —se lo ha aclarado el senador por Canarias— se aprobó precisamente por el Parlamento una ley parecida.

Termino, señoras y señores del Partido Popular. Decía Enrique IV que París bien vale una misa, pero dudo que una corrida de toros valga la unidad de España.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Abad.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.




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El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar las intervenciones de los distintos portavoces que vuelven a ser un mero trámite o un mismo resumen o copia y pega del contenido de los vetos a esta legislación, tengo que decir que van a tener el mismo fin que los vetos.

Quiero comenzar por las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Indiscutiblemente hemos demostrado claramente y por normativa que tanto la Ley 32/2007 como el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dejan a los festejos taurinos al margen de la Ley de protección de animales. Por lo tanto, en ningún momento hay un incumplimiento de la ley.

Respecto a las enmiendas que han presentado y a lo que han dicho en sus vetos sobre extraer las corridas de toros de horarios televisivos infantiles, tengo que decir que tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda de lo que se pone en horarios televisivos infantiles antes de hablar de la ley taurina. El espectáculo taurino no es un espectáculo peligroso y que conlleve problemas de orden público. Todavía no he visto entrar a los antidisturbios en una plaza de toros para sacar a los ultras. Por desgracia, se ve mucho en otros espectáculos, en especial los deportivos.

A los miembros del Grupo Parlamentario Mixto, en especial a la señora Capella, les tengo que decir que si esta ley llega a su final y la tauromaquia es regulada como patrimonio nacional, los toros volverán a Cataluña, pero no con La Legión, sino con la legitimidad de los votos que democráticamente representan los senadores de este Pleno. (Aplausos.) No con La Legión. Algunos sin La Legión han quitado de un plumazo el derecho a muchos aficionados taurinos en Cataluña.

En cuanto a las ayudas públicas, tengo que decir que las ayudas de la PAC, en la reforma del 2014, no tienen capacidad de asumir ayudas por la actividad, sino por el desarrollo, por la producción. Ayudas específicas en la PAC para el toro bravo no existen y, además, nunca se han dado desde la PAC.

En relación con las propuestas que presentan CiU y Entesa, creo que ha quedado total y claramente debatido que la Constitución, en sus artículos 44, 46, 149.28ª, deja claras las competencias de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura de todos los españoles de forma libre; que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; igualmente, que la Administración tendrá la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación y ha quedado claro que expoliar puede ser anular de manera injusta.

Por lo tanto, le vuelvo a repetir, en relación a sus enmiendas relativas al maltrato animal, que ya hemos dejado claro que en la legislación nacional y europea está la fiesta de los toros.

Lo que venimos a tratar aquí es si la tauromaquia es o no cultura. Y es cultura con letras mayúsculas y de oro, porque ¿se imaginan ustedes aquí a los responsables del Ministerio de Fomento debatiendo sobre la PAC? ¿O a los responsables del Ministerio de Agricultura debatiendo sobre el plan de carreteras? No es normal y como no es normal, cada cosa tiene que estar en su sitio y como dice el refrán: Cada uno en su casa, y Dios en la de todos.

El Boletín Oficial del Estado, en el Real Decreto 1151/2011, dice: «Entendida la tauromaquia como una disciplina artística y un producto cultural, se entiende que las competencias del Estado en orden a su fomento y protección tienen su correcta ubicación en el Ministerio de Cultura». La Administración del Estado puede adoptar medidas destinadas a fomentar y proteger las actividades a las que se refiere dicha ley, en atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta de los toros, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas. Firmado: don Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno. ¿Ahora que me dicen ustedes? Ustedes fueron los primeros que tuvieron claro que la tauromaquia era cultura. Ha quedado clara en las distintas normativas la capacidad competencial del Estado para corregir y desarrollar la cultura taurina.

Como muestra de que la cultura de los toros es una cultura viva y presente en la sociedad española, en el pueblo español, ahí están los toreros galardonados con la medalla al mérito de las Bellas Artes, como Antonio Ordóñez, mi Curro Romero, Santiago Martín el Viti, Pepe Luis Vázquez, el Litri, Álvaro Domecq, Antoñete, Rafael de Paula, Manolo Vázquez, Ángel Luis Bienvenida, Espartaco, Paco Camino, Enrique Ponce, José María Manzanares, José Tomás, Francisco Rivera Ordóñez, Luis Esplá, Pepín Martín Vázquez y Joselito. Vean ustedes si a lo largo del tiempo la cultura ha sabido corresponderle al arte de los toros, a la tauromaquia.




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La tauromaquia es mucho más que un simple espectáculo taurino. En literatura son muchos los escritores que ensalzan la tauromaquia y que se sirven de ella como inspiración para obras: Góngora, Quevedo, Benavente, Bergamín, Lorca, Aleixandre, Borges, Cela, Machado, Alberti, Hemingway, Vargas Llosa —algún que otro premio nobel va en esa lista—. En pintura, Goya, Fortuny, Manet, Sorolla, Delacroix, Van Gogh, Picasso. En escultura, Benlliure, Picasso, Botero. Es cultura. En el cine, como decía antes, Orson Welles, los guiños constantes de Almodóvar y el premio Goya Blancanieves. Por no hablar de la música, que tiene un género propio, el pasodoble.

Indiscutiblemente, la cultura taurina, la tauromaquia, es arte. Incluso tiene un propio género periodístico, la crónica taurina. Por lo tanto, la cultura taurina, la tauromaquia como cultura, está incluida en el ADN español, les guste a algunos o no les guste.

Y miren ustedes: lo ha demostrado aquí el portavoz del Grupo Socialista. Ha hecho un final de intervención, el señor Martín, que es una mera demostración de la riqueza del léxico en favor de la cultura taurina. Creo que ha dicho todas las palabras habidas y por haber en el diccionario taurino, todo lo habido y por haber en El Cossío. Hasta El Cossío, una gran obra literaria específica de la tauromaquia.

Por lo tanto, las competencias están claras, el respeto al animal está claro, porque si alguien cuida un toro es un ganadero. Si alguien tiene una pasión por conservar una raza de siglos, una auténtica joya genética, es la cultura de la tauromaquia. En consecuencia, señorías, y con esto respondo a lo que decía el portavoz del Grupo Socialista, los toros son cultura demostrada con esta intervención que he podido hacer, y no solo cultura, sino que es un gran valor económico. La tauromaquia, la crianza de los toros, el mundo de los toros, genera actividades económicas que afianzan la ciudadanía al medio rural luchando contra el despoblamiento del medio rural, apostando por los pueblos, apostando por la actividad agraria, por un sector que tanto le ha dado a este país y por el que vamos a seguir apostando protegiéndolo y fomentándolo.

La tauromaquia, como decía en mi anterior intervención, repercute a las arcas del Estado en concepto de IVA más de 41 millones de euros, seis veces más que el cine español y tres veces más que el teatro. Ferias taurinas como la de San Isidro genera en Madrid más de 50 millones de euros de entrada a la ciudad. Las ferias taurinas de España generan casi 1000 millones de euros anuales, y ferias como las de Albacete o Santander pueden estar alrededor de los 9 millones de euros que aportan a sus municipios.

Por lo tanto, señoras y señores, la Administración general debe proteger la tauromaquia, por los criterios que hemos dado de cultura, por los criterios de valor ecológico. La dehesa es premio europeo de conservación de la biodiversidad y está muy ligada, en más de un 90%, a la generación de la actividad ganadera del toro de lidia. La tauromaquia, como referente y como apoyo a la ecología, pero, indiscutiblemente, a lo que venimos a hablar aquí. Si la tauromaquia es respeto a la ecología, si la tauromaquia es capacidad de generar industria cultural, y si, indiscutiblemente, la tauromaquia es también una muestra clara de la cultura, no tenemos más remedio que sacar adelante esta proposición de ley, que viene respaldada por más de 590 000 españoles.

Desde esta tribuna queremos ser la voz de todos aquellos que quieren libertad para acceder a la cultura y para acceder a una parte de esta, la tauromaquia. Nadie tiene la cultura en su bancada, aunque algunos se lo crean. La cultura es del pueblo. La cultura es de todos los españoles, y aunque algunos crean que ellos son los únicos que pueden saber dónde están sus límites, la cultura de este país pasa por el saber popular, por los pueblos y por lo que, año tras año, se ha ido defendiendo, casa tras casa, como cultura.

Y no lo digo yo. Permítanme que, como símil taurino, agarre una muletilla que nació en el mes de agosto en este estrado, en la que para mí ha sido la mejor intervención que he visto en esta Casa. Claro que los toros son cultura. Fin de la cita. Ángeles González Sinde, ministra de Cultura socialista. Ni por la presión, ni por las leyes, van a desaparecer las corridas de toros. Fin de la cita. Carmen Calvo, también ministra de Cultura socialista. Defiendo los toros, aunque a algunos les molesta más que a la fiesta se le llame nacional. Fin de la cita. José Bono, ex-presidente socialista del Congreso de los Diputados. Rubalcaba muestra buena disposición para que los toros pasen a Cultura. Fin de la cita. José María Benegas,diputado del Partido Socialista. Por lo tanto, señores del Grupo Socialista, no podemos apoyar sus enmiendas porque ustedes mismos no se las creen, son incongruentes, y la incongruencia se paga.




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Yo también puedo terminar con símiles taurinos, y frente a su incongruencia, les digo que se crucen, que echen la pata p’alante y que se pasen el toro de las decisiones por la barriga. Que se tiren al morrillo y que no pasen esta decisión por un simple bajonazo. Que hay que estar con la verdad y no con la punta de la muleta. Sin enseñar la verdad, el toro te encuentra. Por lo tanto, no salgan, señores del Partido Socialista, de esta medida con una simple faena de aliño. Tomen decisiones que piden muchos de sus votantes. Si no, sus votantes, desde el tendido, les pitarán y les tirarán almohadillas. (Rumores.)

No me olvido de una cita fuera de tono que hubo en la comisión relativa a que algunos no se fajaban con los mansos. Pues bien, no hay peor res que la que rehúye de la pelea y la que se refugia en tablas. Hay que dar la cara. Por lo tanto, el hecho de no dar la cara es lo que les está generando los pitos de sus propios votantes, así como que a lo mejor ese 26,8% del CIS de hoy siga cada vez más abajo y que cada vez tengan menos apoyos. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor RUIZ REYES: La faena tiene que terminar y se tiene que rematar.

Señores socialistas, no medias tintas. Tomen una decisión. Sean claros. No les digan a sus votantes, a la afición y a los que creen en la cultura de la tauromaquia que el mensaje es uno en un momento y en otro momento otro, aunque es lo habitual. No hablen de dividir el país. ¡Si ustedes se han tirado ocho años en el Gobierno creando leyes para dividir a la sociedad española! (Protestas.) Ustedes se han tirado ocho años dividiendo a la sociedad española. (Aplausos.—Rumores.)

Miren, no les creen ni sus responsables. Eneko Andueza, concejal del Partido Socialista de Eibar, dice en una carta abierta a su compañero Alfredo Pérez Rubalcaba: No podremos ser creíbles hasta que no seamos coherentes. Uno de los mayores errores que podemos cometer como personas es politizar algo tan fundamental, tan innato al ser humano como la cultura. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Este concejal del PSOE de Eibar invita al señor Pérez Rubalcaba a que se lea el magnífico ensayo de vuestro querido y recordado y respetado compañero Enrique Tierno Galván que lleva por título Los toros, acontecimiento nacional. No creo que fuera votante del Partido Popular el señor Tierno Galván. Y le dice que la fiesta de los toros no es de nadie y a su vez es de todos; no es de izquierdas ni de derechas, ni nacionalista ni centralista, es únicamente del pueblo y exclusivamente del pueblo. Termina esta carta diciéndole el representante socialista de Eibar al secretario general del Partido Socialista, por ahora: Hoy habrá muchos que nos den de lado, porque nosotros también lo hemos hecho.

Señores, tomen decisiones, suerte, valor y al toro con el pecho de frente y sin engañar ni utilizar dos mensajes según el momento. Señorías, nuestro voto no va a ser favorable porque, ante posiciones incoherentes como la del Partido Socialista, es imposible salir adelante en este país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Reyes.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Van a compartir turno, senador Iglesias? (Asentimiento.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de un debate tan largo y tan intenso, esta tarde he tenido la suerte de enterarme de dos cosas. ¿Qué es eso de los toros en Cataluña? Por fin ya sé que no va a haber corridas de toros en Cataluña. Ustedes han dicho que no y punto.

También he oído temas de más profundidad y diversidad. Yo con pocos años, cuatro, cinco, seis años, como cualquier chico nacido en cualquier pueblo de La Ribera, mi pueblo es Marcilla, salía al balcón de mi casa e incitaba a las vaquillas y veía o participaba en los encierros de la mañana, de la tarde y después de la noche. Después, ya va uno a los encierros de Pamplona, y he llevado a gente de fuera de Navarra al encierro. De hecho, invito a alguna de sus señorías, si quieren venir; al fin y al cabo el encierro dura pocos minutos, o sea que podrían verlo. He llevado




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a amigos alemanes, a mis consuegros australianos, he ido a las corridas de toros, también al apartado, y yo no era consciente de haber cometido ningún delito, ni mucho menos. Me voy tranquilo porque veo que esta tarde vamos a continuar celebrando los encierros y las corridas de toros en Navarra. He ido a la plaza de toros de Tafalla, de Tudela, de Sangüesa, de Cintruénigo, de Corella, del pueblo del alcalde que tenemos aquí, de Fitero —tengo una foto presidiendo la corrida con su padre hace mil años—, he estado en Calahorra también (Risas.—Rumores), pero no he ido a esas plazas importantes porque mi suegro me enseñaba viendo en la televisión las corridas de toros.

Y hablando de otro asunto lateral: la plaza de toros de Pamplona es una entidad privada y todo lo que se gana en las corridas va a la casa de misericordia. Aquí se ha hablado mucho de subvenciones, etcétera, pero miren ustedes cómo son las cosas.

Desde luego a mí la afición no me la ha quitado nadie en este debate, ni mucho menos. No he llevado a mis hijos al encierro de Pamplona porque su madre estaría preocupada ahora; no, no se me ocurrirá, pero es interesante ver eso. (Rumores.)

Hablamos de libertad, pues nosotros tenemos esa tradición, que alguno la ha vituperado, pero eso es un sentimiento, aunque claro que es cultural, claro que es cultura, hasta para entender y comentar. Por cierto, esos días de Sanfermines no hace falta más que leer los periódicos y ver la televisión para comprobar el caso que le hacen. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor EZA GOYENECHE: No sé si ustedes le harían algún caso, pero le hacen caso. Y eso es cultura, si no, no estaría tan reproducido en la prensa.

Por tanto, dos noticias: hagan ustedes lo que les parezca con los toros, nosotros en Navarra seguiremos y además siempre apoyaré que la tauromaquia tiene un componente cultural importante y español. Punto. Y esa es mi experiencia vital, que aporten otros la suya. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Tranquilizo al senador de UPN: aunque los vetos hubieran salido adelante, ustedes en Navarra podrían seguir celebrando corridas de toros, no se preocupe.

Brevemente haré algunas consideraciones. Yo creo que hoy he demostrado en otro punto del orden del día que no soy sectario, que escucho los argumentos y si la argumentación me convence puedo hasta cambiar el sentido de mi voto —ocurrió con la moción de Convergència i Unió que votamos por la mañana—. No es este el caso, pero sí coincido con el portavoz popular en el sentido de que la cultura nace del pueblo, por eso la cultura no la define el Boletín Oficial del Estado, y menos en un país como el nuestro en el que a lo largo de nuestra historia la mayor parte de la cultura ha sido clandestina, desde el Índice de la Inquisición. Es esa configuración de la cultura la que la hace incompatible con la pretensión, desde el Boletín Oficial del Estado, de determinar la calificación de un hecho concreto como un hecho cultural. El boletín podrá decidir qué se subvenciona y qué no se subvenciona, pero no lo que es cultura.

Segunda consideración. En democracia los votos son lo más importante, pero los votos no lo pueden todo y ustedes, señorías del Partido Popular, este argumento que yo estoy utilizando en los últimos tiempos lo manejan con bastante frecuencia, por tanto debieran compartir las consecuencias que en la argumentación que he desarrollado en la defensa del veto he trasladado en relación con lo que puede y lo que no puede. Esta Cámara puede mucho, pero no lo puede todo por más que ustedes se empeñen, lo voten y lo refleje el Boletín Oficial del Estado.

Última consideración. Insisten ustedes en la argumentación en algo que ya está en la ley y que ya apunté en la defensa del veto: la confusión entre fiesta de los toros y tauromaquia. Yo no negué en mi intervención —y ratifico una vez más— que en torno a la fiesta de los toros se han construido grandes obras culturales desde todas las perspectivas artísticas, pero añado: lo más granado de la construcción cultural a lo largo de la historia ha sido lo que tenía como origen el dolor y la muerte, pero eso no ha convertido en cultura ni el dolor ni la muerte, que todos intentamos evitar.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Por fin, por fin, nos ha aclarado el Partido Popular cuál era su objetivo: que las corridas de toros vuelvan a Cataluña. Y digo por fin porque en la comisión repitieron varias veces que nada tenía que ver con ello y el subsecretario dijo que nada más lejos de su intención. Pero al fin ha salido el argumento, el que está detrás de todos, con un razonamiento que es el siguiente: los toros son cultura, se protegen en toda España, vuelven las corridas a Cataluña.

Pues bien, señorías del Partido Popular, como ha dicho el senador Iglesias, que los toros son cultura no lo dice ni lo puede decir ni proclamar ninguna ley. Lo que es y lo que no es cultura, ninguna autoridad ni ninguna ley lo dicta, sino que surge y nace del pueblo. Las leyes pueden hablar de las obras, de los productos culturales, de los espectáculos, de los bienes, de las infraestructuras y de las políticas, pero no pueden decir nunca lo que es cultura y lo que no lo es. Y, además, lo que sí pueden hacer las leyes, que es dictaminar cuál es un patrimonio cultural a preservar o un bien de interés cultural a proteger especialmente, no lo puede decidir este Parlamento, lo deciden, según la Constitución, según los estatutos de autonomía, según nuestras leyes, los Parlamentos y los Gobiernos de las comunidades autónomas. Por tanto, todo su argumento se cae por la mitad, se parte por el medio, ni la base sólida ni la construcción es posible. Así pues, extraigan ustedes, señorías del Partido Popular, sus conclusiones y confórmense con la primera hipótesis, es decir, salvar la cara frente a los que les habían prometido lo imprometible.

Por tanto, señorías, lo que hay que hacer es acatar lo que ha decidido el Parlamento de Cataluña. Cataluña ha ejercido sus competencias. Si quieren, como dijo una vez más el ministro Montoro ayer, asentar y reafirmar el Estado de las Autonomías, respétenlo, respeten esta decisión del Parlamento de Cataluña, olviden sus fantasías recentralizadoras y dedíquense de verdad a fortalecer la cultura, devuelvan el IVA al 8% o al 10%, protejan el cine español, aumenten las partidas en los presupuestos generales de cultura y tantas y tantas cosas que se pueden hacer y que nos han prometido, como el debate de la ley de propiedad intelectual o la ley del mecenazgo. Se lo aseguro, nada de lo que ustedes han dicho, salvo que las corridas de toros vuelvan a Cataluña, va a dejar de poderse hacer si no se aprobara esta ley y, por otra parte, si se aprueba, tampoco va a pasar nada; nada va a cambiar.

Por tanto, dediquemos a partir de ahora, por favor, nuestros esfuerzos en materia cultural a las grandes políticas culturales, a los grandes cambios en materia de política cultural que necesita España. Los ciudadanos y ciudadanas se lo agradecerán muchísimo más.

Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

A modo de resumen, intentaré concentrar y enumerar cuatro argumentos.

Mi grupo parlamentario cree que la iniciativa del Grupo Popular, y en este caso del Gobierno del Partido Popular, adolece de sobrelegislación, es decir, ustedes están legislando sobre cuestiones en las que no tienen competencia alguna y, lo que es peor, lo saben.

Por una parte, tenemos todos los argumentos de los defensores de los animales y de una gran cantidad de asociaciones y entidades animalistas que piden una mayor sensibilidad hacia los toros y su protección. Es el argumento que he esgrimido antes, en el sentido de que la legislación europea va encaminada a proteger el bienestar del animal.

Por otra parte, aquello en lo que el Estado no tiene competencia forzamos imprudentemente la legislación para poder recuperar ámbitos y tradiciones que nada tienen que ver con el respeto necesario al entramado institucional.




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Otro argumento que enumeré antes. A pocas semanas de alcanzar el ecuador de la legislatura, la primera iniciativa legislativa que el Gobierno del PP lleva a las Cortes, en concreto al Senado, es una proposición de ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Mientras tanto, como dije antes, tenemos que soportar un IVA al 21%, el más alto de toda Europa y, además, tenemos embarrancada, está sin desatascar la reforma de la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo permitiría en un contexto de grave crisis económica y de falta de recursos públicos mitigar mínimamente la aportación de capital a las distintas actividades culturales.

El Gobierno del PP tiene como iniciativa legislativa una proposición de ley que choca frontalmente con la legislación autonómica y con numerosa jurisprudencia favorable al ámbito autonómico y a su legítima competencia normativa. Nosotros entendemos que cualquier jurista prudente les dirá que no pueden legislar sobre lo que no tienen competencia.

Como última reflexión les diré que en las veintidós últimas iniciativas legislativas, fuesen proyectos o proposiciones de ley, han existido conflictos de competencias. Si eso no es recentralizar, si eso no es tener una actitud avariciosa o de querer recuperar competencias que claramente no están definidas como del Estado…

Concluyo anunciando el voto contrario de mi grupo parlamentario a la proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, con su venia.

Señor portavoz del Grupo Popular, dejemos claro, para no hacernos trampas en el juego, que repetir cien veces una mentira en esta Cámara no la convierte en una verdad. Esto no es la iniciativa popular. Punto.

Señores míos, no estamos aquí debatiendo lo que 600 000 ciudadanos han traído; mi grupo respeta, y mucho, a esos 600 000 españoles que se han dirigido al Congreso con una proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural; y denuncia que el Gobierno nos haya censurado la posibilidad de debatirla en el Senado porque mi grupo, señorías, puede estar en acuerdo o en desacuerdo con esa proposición, puede humildemente enmendarla, puede apoyarla, puede rechazarla o puede abstenerse, lo que no puede hacer es ningunear a los españoles, que es lo que está haciendo el Gobierno con esta proposición de ley. (Aplausos.)

No es la primera vez que un Gobierno se dirige a la Cámara para tratar el tema de los toros. La última, salvo error de hemeroteca, tuvo lugar en 1877, cuando el marqués de San Carlos propuso a los diputados la prohibición de las corridas de toros; se rechazó la propuesta por considerarla impopular. Era la época de Lagartijo, Frascuelo y María Santísima.

Con anterioridad, los toros se han debatido entre el ser y el estar; para dejar constancia de ello, esta ley alude en su exposición a Alfonso X el Sabio y elude, sorprendentemente, que el rey sabio los prohibió.

Desde su nacimiento como espectáculo moderno, en el siglo XVIII, las corridas de toros han sufrido críticas, prohibiciones y han tenido que sortear diferentes dificultades. La nueva dinastía llegada a España con los Borbones, y en general la aristocracia afrancesada, no gustaba de sus espectáculos aunque, tres siglos después, la República Francesa les ha enmendado la plana y reconocido los toros en cuatro de sus veintisiete regiones, prohibiéndolos en el resto.

Felipe V prohibió el ejercicio de torear a sus cortesanos y Fernando VI solo consintió las corridas a cambio de que sus beneficios se destinasen a obras de caridad, hasta que Carlos III, influido por el conde de Aranda, prohibió las corridas en 1771. Posteriormente, todos los gobernantes intentaron prohibir las corridas. Carlos IV en 1805, y tras la guerra de la Independencia española, a lo largo del siglo XIX surgía con frecuencia en el Parlamento español el tema de la prohibición. El pueblo español, sin embargo, conocedor de que ciertas prohibiciones nacen indultadas, hizo caso omiso y siguió entregándose a las figuras del toreo que Goya magistralmente reconoció y recogió en su serie de grabados sobre la tauromaquia. Es, pues, esta la primera vez en la que las corridas de toros entran en el Parlamento no para ser prohibidas sino protegidas bajo la argumentación de que son cultura.




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Señorías, ateniéndome a mi primera intervención, claro que en España los toros son cultura, ¿quién lo niega? ¿Cómo dudar que los toros forman parte de la cultura española si el reino que hasta aquí nos ha traído nació con un tratado en el siglo XV teniendo como notarios a los toros de Guisando, que son fiduciarios de la cultura ibera el siglo I antes de Cristo? (Aplausos.) Es más, permítanme una licencia literaria. Cuenta la conseja popular que al marqués de Villamediana lo mataron después de lancear unos toros en la Plaza Mayor de Madrid porque en la vitola de su celada lucía el texto: Son mis amores reales. Se refería el poeta a que no fanfarroneaba con sus conquistas, pero no debió de entenderlo así algún aludido y fue el hecho de que esa misma noche fue asesinado sin que hasta hoy se sepa la mano que meció la cuna. Lo que le dio al trovador de Madrid la letra: A Cupido le han muerto detrás de un coche, ¿quién le manda a Cupido salir de noche?

Señorías, el dislate de llevar esto a la Unesco es algo que yo creo que no necesita debate en esta Cámara. ¿A quién van a llevar de embajadora con esa encomienda? ¿A Pamela Anderson que se ha dirigido a la Cámara escandalizada por la iniciativa? Por favor, ¿creen ustedes que eso ayuda a la marca España cuando cien ciudadanos de 165 países se han dirigido al Gobierno para impedir esto? ¿Eso ayuda a la marca España?

Miren, voy a terminar, porque creí que disponía de más tiempo, dejando claro que hablo del proyecto de ley que el Gobierno ha traído a esta Cámara, y lo voy a hacer recordando la biografía de Belmonte, escrita por Chaves Nogales, como ya hizo mi compañero Torres en el Congreso. Cuenta en esa biografía Belmonte que antes de salir a torear se dijo: En el miedo, la culpa es de los socialistas que no han abolido las corridas de toros como debían. (Risas.) Es el mismo Belmonte que dijo: ¡Ojo!, existe una identidad entre el amor y el arte y en ninguno de los dos cabe la voluntad.

Señorías, no se discute aquí…

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Termino.

Señorías, no se discute aquí que el vuelo de una muleta sea el verso de un poeta que quiere al cielo embeber o puede que la Maestranza sea una academia de danza o un cortijo de Jerez. No discutimos eso. Pero al decir de Juan Ramón: No la toques ya más, déjala así, que así es la rosa, porque junto al poema está la muerte, la de un hombre o la de un animal. Y es de lógica entender que parte de la sociedad española del siglo XXI no quiera proclamar a la muerte patrimonio nacional. (Varios senadores socialistas: Muy bien.—Fuertes aplausos.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Lanzarote.

El señor LANZAROTE SASTRE: Señor presidente, señorías, brevemente.

Señor Quintero, tengo un periódico de Canarias, y leo textualmente: Lorenzo Olarte Cullen, que fue presidente del Gobierno de Canarias cuando se promulgó esta ley, dice: En los medios taurinos del país desde hace varios años ha ido cobrando fuerza la inexacta idea de que las corridas de toros están prohibidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal supuesta prohibición es absolutamente inexistente por lo que, además, me he sentido más que afectado cuando más de uno ha tratado de imputarme personalmente la inexistente prohibición sin otro argumento que hace casi veinte años el Gobierno autónomo, a la sazón presidido por mí, llevó a la Cámara regional el Proyecto de Ley de Protección de Animales.

Tal ley tenía y tiene como objetivo la protección de los animales domésticos y de compañía, entre los que, como es obvio, no se encuentra el toro bravo, al cual no se hace la menor alusión en el texto legal. A partir de ahora costará mucho trabajo creer en lo que diga, señor Quintero.

Senador Iglesias, ¿había en 1364 —cuando data la primera corrida de toros, precisamente en el Archivo de la Corona de Aragón, con sede en Barcelona, a propósito de la celebración de la boda de un rey— boletines del Estado? (Rumores.) Qué erudición la suya. Me lo explica luego si no le importa, por favor. (Rumores.)




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Señora Capella, antes intentaba —aunque por falta de tiempo no pude— deshacer algún entuerto entre pelea, toro, tortura y cultura. Yo creo que usted sabe —lo que pasa es que no lo quiere decir— que el toro de lidia, el toro bravo nace, se cría y muere para eso. Sí, sí, señoría. Además, durante los cinco años de su vida útil es un animal que no vale para trabajar ni para carne. Se mantiene precisamente por la fiesta nacional. Yo entiendo que a ustedes lo de nacional no les guste tampoco, pero se cría para eso precisamente. Si no, estaríamos hablando de un animal extinguido hace tiempo que habría que ver en los museos o en el zoo.

En definitiva, señoría, quería señalarle que el toro de lidia vive los cinco años de su vida, como se decía antes, a cuerpo de rey. Como es usted republicana le puedo cambiar el ejemplo y decirle que vive a cuerpo de sindicalista andaluz de la UGT. (Aplausos.—Risas.—Rumores.)

Por otro lado, querría preguntar al representante de la Entesa, el señor Guillot, ¿por qué no vamos a poder utilizar el prohibido prohibir? Usted es el que está prohibiendo, usted es el que no puede utilizar el prohibido prohibir. A ver quién es el que está prohibiendo todo, absolutamente todo: no a las corridas de toros, no se puede rotular en castellano, no se pueden utilizar determinadas cosas. ¿Quién prohíbe? Usted es el que no tiene que utilizar el prohibido prohibir. Señoría, es feísimo eso de prohibido prohibir. No tiene sentido alguno. Además, se ponen ustedes en la categoría de censores de vía estrecha del mundo moderno. Prohíben hasta una exposición de fotografías de un diestro que ha sufrido un percance terrible en la plaza de toros; ustedes, en Cataluña, prohíben absolutamente todo. (Aplausos.)

A Convergència i Unió le diría lo mismo. Señorías, ya está bien de prohibir, porque además no tiene mucho sentido. Y en cuanto a lo que señalaba antes respecto a la prohibición de exhibir una foto del diestro Padilla, quiero decirles que eso le ha hecho más famoso. Es más —y no me lo tomen a broma—, si utilizan técnicas informáticas muy elementales comprobarán que si cogen la fotografía de Padilla y le quitan el parche es idéntico al alcalde Trías. (Risas.) Por el contrario, si le ponen un parche al alcalde Trías verán que es idéntico al diestro Padilla. La verdad es que le han hecho ustedes un flaco favor a la cultura en Cataluña. (Protestas.—Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor LANZAROTE SASTRE: A ver si la andanada del sol me deja terminar.

Lo del PSOE sí que es flipante. Resulta que un partido que hasta hace muy poco tiempo realizó un esfuerzo realmente notable, siendo ministro del Interior don Alfredo Pérez Rubalcaba, por cierto, el peor ministro del Interior de la democracia española… (Protestas.) Creo que encima es su secretario general, salvo que le hayan hecho unas primarias por la espalda esta tarde y se lo hayan llevado puesto. (Protestas.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Senador Lanzarote, vaya terminando. (Rumores.)

Guarden silencio, por favor.

El señor LANZAROTE SASTRE: Hay que recordar… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor LANZAROTE SASTRE: Ya sé que estas cosas les duelen a ustedes, porque como son el juego de la contradicción… (Protestas.—Rumores.) Pero no cabe que ahora se abstengan. (Rumores.)

Señor presidente, pido su amparo porque me es imposible continuar.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor LANZAROTE SASTRE: No cabe ahora que se abstengan o se nieguen a seguir adelante con esta decisión. (Rumores.)

Miren ustedes, esto no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de cultura, libertad y respeto, el que ustedes no tienen. (Rumores.)




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Señoría Martín, el otro día le dije que había sido usted un auténtico monosabio, que es el que ayuda al picador pero no interviene en la lidia. Hoy ha hecho usted el papel del perfecto bombero torero.

Muchas gracias. (Aplausos.—Risas.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lanzarote.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor Quintero Castañeda pide la palabra.)

¿Qué desea, senador Quintero? (Fuertes rumores.)

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. He pedido la palabra por alusiones y por el artículo 88.

Como el senador del Grupo Popular, con todos los respetos que me merece, dijo que no se podía fiar de mí, yo quiero dejar constancia —y no quiero reabrir el debate— de que yo no leo ningún artículo de prensa de un expresidente al que respeto. Con mucho gusto le enseñaré que la Ley canaria en su preámbulo, disposiciones generales, no animales domésticos, capítulo 2, donde pone lo del maltrato animal…

El señor PRESIDENTE: Senador Quintero, enséñeselo usted luego pero no me reabra el debate, por favor. Muchas gracias. (El senador Cleries i Gonzàlez pide la palabra.—Fuertes rumores.)

¿Qué desea, senador Cleries?

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, nos parece que se pueden argüir todos los argumentos del mundo, pero sin faltar ni a instituciones ni a personas. (Fuertes aplausos.) Pediríamos que se retiraran estas alusiones.

Gracias. (Fuertes aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cleries. (La señora Capella i Farré pide la palabra.)

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, intervengo en el mismo sentido que expresaba el senador Cleries. No se puede faltar ni a las personas ni a las instituciones, y entiendo que en alusión a Esquerra Republicana cuando se decía «a cuerpo de rey», usted comprenderá que por respeto a los miles de sindicalistas y de personas que están afiliadas a sindicatos es incomparable… (Fuertes aplausos.—Fuertes rumores.)…

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella, muchas gracias. (Fuertes rumores.—El senador Martín Rodríguez pide la palabra.)

Senador Martín Rodríguez, tiene la palabra. (Fuertes rumores.)

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, le agradezco la deferencia. Solamente quiero decirle a mi homólogo en el Senado que, como Forges, yo me levanto algunas tardes sintiéndome bombero torero y no me veo tan mal. Es tan ser humano como usted o como yo.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos.—Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

Cierren las puertas. (Fuertes rumores.)

Antes de proceder a la votación de las enmiendas, les anuncio que a pesar de la hora, a continuación se reunirá la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la sala Manuel Broseta. (Rumores.)

Comenzamos la votación de las enmiendas con las del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal. Votamos en primer lugar la número 1.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 5; en contra, 143; abstenciones, 73.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 2 a 5 y 17 a 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 143; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 77; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 144; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 20 y 21.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 23; en contra, 143; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo, comenzamos votando la número 13.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 14 y 15.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 220; a favor, 20; en contra, 142; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 16.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 19; en contra, 143; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 80; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 52, 53 y 55 a 57.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 141; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando la número 22.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 21; en contra, 145; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 23, 25 y 27.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 21; en contra, 145; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 24, 26 y 28.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 78; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 29.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 3; en contra, 143; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 30 a 32.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 143; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 23; en contra, 141; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 78; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 7.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas números 43 y 48.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 44.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 142; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 45 a 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 21; en contra, 143; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 49.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 28; en contra, 142; abstenciones, 50.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 50.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 77; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 51.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 142; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas números 36, 37 y 41.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 220; a favor, 78; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 38, 39, 40 y 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 7.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, señorías, en un solo acto, la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 144; en contra, 26; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda, por tanto, definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. (Aplausos.)

Se levanta la sesión. Muy buenas noches.

Eran las veintidós horas y diez minutos.


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