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DS. Senado, Pleno, núm. 73, de 10/07/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 36 (extraordinaria)

celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad Madrid-Jaén y la conexión del Puerto de Algeciras.

(Núm. exp. 671/000081)

Autor: GPS

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el sector cultural y a la promoción del establecimiento de un único tipo reducido a nivel europeo.

(Núm. exp. 671/000082)

Autor: GPEPC

6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014.

(Núm. exp. 702/000003)

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la redacción y aprobación del Plan Marítimo Nacional.

(Núm. exp. 662/000093)

Autor: GPP

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos turísticos.

(Núm. exp. 662/000094)

Autor: GPP




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7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por las inundaciones producidas en el valle de Arán y Alto Pirineo Catalán y Oscense y las tormentas de granizo en diversas comarcas de la provincia de Lleida.

(Núm. exp. 662/000095)

Autor: GPCIU

7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la defensa del sector naval español ante las instituciones de la Unión Europea.

(Núm. exp. 662/000096)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000087)

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

(Núm. exp. 621/000041)

9.1.2. Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

(Núm. exp. 621/000042)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad Madrid-Jaén y la conexión del Puerto de Algeciras.

(Núm. exp. 671/000081)

Autor: GPS

6331

El señor Martín Rodríguez defiende la moción.

El señor Fernández de Moya Romero defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Martín Rodríguez expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los señores López García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 5.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la aplicación del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el sector cultural y a la promoción del establecimiento de un único tipo reducido a nivel europeo.

(Núm. exp. 671/000082)

Autor: GPEPC

6341

El señor Martí Jufresa defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ongil Cores.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Ongil Cores, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 100; en contra, 151.

6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014.

(Núm. exp. 702/000003)

6352




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El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta el acuerdo.

En turno a favor interviene el señor Utrera Mora.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vázquez García.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Capella i Farré, el señor Iglesias Fernández y la señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el acuerdo por el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en contra, 99.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la redacción y aprobación del Plan Marítimo Nacional.

(Núm. exp. 662/000093)

Autor: GPP

6373

El señor Mateu Istúriz defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Mateu Istúriz expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por el siguiente resultado: presentes, 252, votos emitidos, 250; a favor, 171; en contra, 74, abstenciones, 5.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos turísticos. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000094)

Autor: GPP

6389

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas presentadas.

El señor Almodóbar Barceló defiende la propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Almodóbar Barceló, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.




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7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por las inundaciones producidas en el valle de Arán y Alto Pirineo Catalán y Oscense y las tormentas de granizo en diversas comarcas de la provincia de Lleida.

(Núm. exp. 662/000095)

Autor: GPCIU

6400

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas presentadas, excepto la del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

La señora Rivero Segalàs defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández anuncia la retirada de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos turísticos.

(Núm. exp. 662/000094)

Autor: GPP

6417

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la defensa del sector naval español ante las instituciones de la Unión Europea.

(Núm. exp. 662/000096)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

6417

El señor presidente informa de que, según lo acordado en la Junta de Portavoces, el debate de esta moción consistirá en un único turno de portavoces de los grupos parlamentarios de cinco minutos.

En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga Osoro, Martínez Oblanca e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Losada de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000087)

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El señor Mariscal Cifuentes hace uso de la palabra.

Se autoriza el acuerdo por el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 241; en contra, 3; abstenciones, 4.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

6426

(Núm. exp. 621/000041)

La señora Sánchez-Camacho Pérez, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentado inicialmente por esta senadora.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris Jarque.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 por el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 3; en contra, 156; abstenciones, 89.

Comienza el debate del articulado.

El señor presidente informa de la presentación de dos propuestas de modificación, la primera sobre la base de la enmienda número 279, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y la segunda sobre la base de la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 214, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas números 40 a 49, de este senador, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números 1 a 39, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Iglesias Fernández y dicho senador.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números 121 a 151, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 152 a 209, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 210 a 248, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas números 249 a 274 y 276 a 333, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.




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Los señores Varela Sánchez y Alique López defienden las enmiendas números 50 a 120, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero Bañón.

En turno de portavoces intervienen el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y las señoras Romero Bañón y Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 40 y 45, del señor Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 216; abstenciones 11.

Se rechaza la enmienda número 48, del señor Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 226; abstenciones 5.

Se rechaza la enmienda número 46, del señor Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 148; abstenciones 72.

Se rechazan las enmiendas números 41 a 44, del señor Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 216; abstenciones 5.

Se rechazan las enmiendas números 47 y 49, del señor Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 216.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 157; abstenciones 75.

Se rechazan las enmiendas números 8 y 9, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones 11.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 25, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones 64.

Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 69.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 79.

Se rechazan las enmiendas números 36 y 39, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 3, 4 y 31, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 11.




Página 6325


Se rechazan las enmiendas números 10, 17, 22, 32 y 38, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 217; abstenciones, 16.

Se rechazan las enmiendas números 6, 20 y 37, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 217; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 11 y 34, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 12 y 33, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 69; en contra, 163; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 7, 15, 16, 24 y 29, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 14, 23, 26 a 28, 30 y 35, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 152.

Se rechazan las enmiendas números 121, 123, 125, 127, 128 y 145, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 217; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 124, 135 a 138, 142 y 147, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 139 y 148, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 148; abstenciones, 84.

Se rechazan las enmiendas números 122, 126, 146, 150 y 151, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 149; abstenciones, 72.

Se rechazan las enmiendas números 129 a 134 y 143, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 140 y 141, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 21; en contra, 215.

Se rechazan las enmiendas números 144 y 149, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 149.




Página 6326


Se rechazan las enmiendas números 207, 208 y 209, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

Se rechazan las enmiendas números 163 y 164, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 70; en contra, 155; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 152, 161, 162, 165, 166, 167, 169, 179, 184, 186, 187 y 196, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 154; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 158, 159, 200 y 202, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 178 y 203 a 205, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 206, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 165; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 170, 180, 188, 190, 191, 193, 197, 198 y 199, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 182, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 16.

Se rechaza la enmienda número 201, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 153 a 157, 160, 171, 172 y 194, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 168, 173 a 177, 181, 185, 189, 192 y 195, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

Se rechaza la enmienda número 183, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 163; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 210, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 157; abstenciones, 75.

Se rechazan las enmiendas números 217 y 219, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra, 219; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 221, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 165; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 227, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 228; abstenciones, 5.




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Se rechaza la enmienda número 242, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 164; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 222 y 243, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 163.

Se rechazan las enmiendas números 211 y 234, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes 237; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 64.

Se rechazan las enmiendas números 223, 232, 235 a 237, 239 y 244, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

Se rechazan las enmiendas números 212, 213 y 240, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 73, en contra, 153; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 218, 220, 226, 231, 241 y 247, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 216, 224, 225, 233 y 238, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

Se rechaza la enmienda número 230, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 152; abstenciones, 79.

Se rechazan las enmiendas números 245 y 248, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 153; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 228, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 4; en contra, 216; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 215, 229 y 246, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 216; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 249, 250, 260 a 264, 266 a 270, 278 a 280, 282, 287, 289, 293, 295, 296, 326, 327, 329 y 330, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 152; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 272, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 273, 274, 290, 297, 305, 314, 317, 318 y 322, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 285, 299 y 324, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 15; en contra, 147; abstenciones, 74.




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Se rechazan las enmiendas números 251, 291, 292, 298, 302, 303, 304, 311, 316, 321, 323, 332 y 333, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones, 72.

Se rechaza la enmienda número 271, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 252 a 259, 265, 276, 277, 284, 300, 301, 306 a 310, 312, 313, 315, 319, 320 y 331, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 11; en contra, 220; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 281 y 286, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 220; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 294, 325 y 328, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 288, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 283, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes 238; votos emitidos, 236; a favor, 78; en contra, 152; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 61 y 62, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 56, 57, 108, 112 y 116, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 82, 88, 113, 114 y 115, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 161; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 50, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 77 a 80, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 102, 109 a 111 y 120, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 15.

Se rechaza la enmienda número 76, del Grupo Parlamentario Socialista, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 147; abstenciones, 21.

Se rechazan las enmiendas números 68, 85, 93, 95, 96, 98 y 103 a 107, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 149; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 66, 71 a 74, 81, 86, 90, 94, 97, 100, 101 y 117 a 119, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 147; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 159; abstenciones, 10.

Se rechazan las enmiendas números 51 a 55, 58, 69, 70 y 99, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 12.




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Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47201 sobre la enmienda 279 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, firmada por todos los grupos, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 234; en contra, 2.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47209 sobre la base de las enmiendas números 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y 214, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, firmada por todos los grupos, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra, 2.

Se aprueban aquellas partes del proyecto enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 220; abstenciones, 15.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 153; en contra, 70; abstenciones, 16.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

9.1.2. Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

6472

(Núm. exp. 621/000042)

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Chivite Navascués defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aguirre Muñoz.

En turno de portavoces intervienen las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 139; abstenciones, 15.




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Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 4.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 14, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 39 y 40, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 54 y 58 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 86 y 92, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como las enmiendas números 59 a 72.

La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas números 73, 74 y 76 a 84, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Llinares Cuesta defiende las enmiendas números 15, 16 y 19 a 35, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pagola Sáenz.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto y Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las cero horas y quince minutos del jueves 11 de julio de 2013.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-JAÉN Y LA CONEXIÓN DEL PUERTO DE ALGECIRAS.

(Núm. exp. 671/000081)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y otra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, con su venia.

Señorías, llega a la Cámara esta moción ante la indiferencia de la señora ministra, que en la interpelación que la motiva, lejos de darnos su faz, se sirvió durante toda su atrabiliaria exposición mostrarnos esa noble parte del cuerpo donde la espalda pierde su casto nombre, afeando con ello la educación que, sin lugar a dudas, recibió de sus mayores. Espero de sus señorías mayor consideración.

Esta moción la firmamos los senadores de los territorios a los que la indiferencia del actual Gobierno ningunea. Hubiera sido de agradecer que se hubieran sumado los señores senadores de los territorios afectados, pero a ello les invito.

Señorías, comoquiera que esta moción la defenderemos dos compañeros, mi compañero Felipe, de Andalucía, y este senador, por Castilla-La Mancha, por la provincia de Ciudad Real, trataré mi territorio y dejaré a mi compañero el de Andalucía.

Como sus señorías saben, la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se proyectó como un híbrido desde el concepto de red ferroviaria integrada, combinando la utilización de tramos de nueva construcción de alta velocidad con tramos de la red convencional, de manera que se conformara un itinerario que mejorase los tiempos de recorrido entre el corredor del Mediterráneo por otro central, para potenciar el tráfico de viajeros y el internacional de mercancías.

Por otra parte, esta línea es el corredor natural de entrada a Madrid y, viceversa, de las provincias de Almería, Granada y Jaén, que convergen en Linares-Baeza, y la única comunicación con la capital del Estado para las provincias de Almería y Jaén —sumando todas estas poblaciones, cerca de tres millones de habitantes, a los que ha de garantizárseles la movilidad.

Para garantizar esa movilidad es imprescindible continuar con el proyecto ahora parado por mor de políticas, que, lejos de buscar el servicio al ciudadano o la optimización de los recursos, parecen situarse al albur del déficit en el sectarismo y la arbitrariedad.

El proyecto del tramo de alta velocidad Madrid-Jaén a su paso por Castilla-La Mancha es el siguiente. La línea Madrid-Jaén aprovecharía parte de la línea AVE Madrid-Sevilla, con un enlace en Mora de Toledo, siendo la línea hasta Alcázar de San Juan de nuevo trazado de alta velocidad. En Alcázar de San Juan se situaría un intercambiador para enlazar la línea de alta velocidad con la convencional hasta Jaén.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en la siguiente situación. El tramo Alcázar de San Juan-Manzanares por ancho convencional está prácticamente finalizado. El proyecto de Mora de Toledo hasta Alcázar de San Juan está redactado y listo para licitar. Y el proyecto Manzanares-Santa Cruz de Mudela, donde termina la doble vía, está listo para licitarse una vez terminado el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares.

Señorías, mi grupo político no vive al margen de la realidad económica y es consciente de que esta necesaria infraestructura ha de ejecutarse por fases. Por eso, en esta moción se solicita




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partida económica suficiente, dentro de los márgenes presupuestarios del 2014, para avanzar en el objetivo de optimizar el dinero ya invertido, que supone más de 120 millones de euros, e impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y la justa articulación del territorio, potenciando la comunicación ferroviaria para el tránsito de viajeros así como el transporte de mercancías. De ahí que instemos a ejecutar alguna de estas dos opciones: la continuación del tramo Manzanares-Santa Cruz de Mudela —que ahorraría 40 minutos en el trayecto entre Santa Cruz de Mudela y Alcázar de San Juan—, o la ejecución del tramo Alcázar de San Juan-Mora de Toledo, incluido el intercambiador, aprovechando el existente en Albacete, que en la actualidad se está desmontando por innecesario. Con ello, se ahorraría una hora de trayecto, ya que los trenes procedentes de Jaén podrían entrar a Atocha por la alta velocidad, evitando así los retrasos a los que se ven sometidos para dar paso al tráfico de cercanías.

Señorías, por lo expuesto, creo que lo que aquí solicitamos entra dentro de la lógica y el presupuesto. Solo desde el sectarismo se entiende que la propuesta que Adif presentó el pasado 1 de abril bajo el nombre Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad haya omitido este corredor, dejándolo en el limbo, cuando el ministerio a pregunta de este senador condicionó el progreso de dicha línea al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2014, que ahora desaparece en la propuesta de Adif.

Por todo lo expuesto, señorías, doy por conocido de ustedes el axioma de que todo lo que no sea crear riqueza es repartir miseria y solicito humildemente el apoyo unánime de la Cámara a esta moción porque, partiendo de los legítimos intereses particulares de dos territorios tantas veces olvidados, estos se suman al crecimiento del resto desde la vertebración y el intercambio de viajeros y mercancías.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, a raíz de la sorprendente moción del Grupo Parlamentario Socialista —quién los ha visto y quién los ve—, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido presentar al texto estas dos enmiendas de sustitución al objeto de que esta moción pueda salir adelante en el Pleno del Senado. Después les explicaré aquello de quién los ha visto y quién los ve. (Rumores.)

En la primera enmienda que nosotros hemos presentado proponemos continuar trabajando para mejorar progresivamente la accesibilidad ferroviaria de Jaén y del resto de las capitales de Andalucía oriental, manteniendo en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 dotaciones ajustadas a las previsiones de los trabajos en el marco existente de austeridad presupuestaria. Y con la segunda enmienda se pretende seguir potenciando el puerto de Algeciras como parte del corredor mediterráneo, a través de la mejora de sus instalaciones y de la línea Antequera-Algeciras.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado permítanme que, una vez más, resalte lo que significa el compromiso del Gobierno de España con Andalucía y Castilla-La Mancha. Ustedes lo van a tener muy complicado cuando se suban de nuevo a la tribuna porque va a quedar de manifiesto —entonces sí— el sectarismo, el olvido y la indiferencia de Andalucía y de Castilla-La Mancha de Zapatero, de Rubalcaba y de Pepiño Blanco; entonces lo vamos a ver de una manera muy clara.

Pero el Gobierno de España, con el presidente Rajoy, con la ministra Pastor, en el año 2012 se han invertido en Andalucía 1371 millones de euros, de los cuales 582,5 se han destinado a infraestructura ferroviaria. En el año 2012, en el presupuesto de Castilla-La Mancha, que ascendía a 594 millones de euros, se han destinado 290 millones de euros a infraestructura ferroviaria. En el año 2013, Andalucía cuenta con 1162 millones de euros, siendo para infraestructura 497 millones de euros. Y Castilla-La Mancha, su tierra —en la que usted estaba calladito y mudito con la A-32, de la que después hablaremos, y de la parálisis de Pepiño Blanco marginando a Andalucía y a Castilla-La Mancha—, cuenta con 393 millones de euros y 140 millones de euros para el ferrocarril.

El Gobierno de España también está invirtiendo en el puerto de Algeciras: 32 millones de euros en el año 2012 y 42 millones de euros en el año 2013. Se han reordenado, remodelado y renovado las infraestructuras e instalaciones del muelle de la Galera, destinado precisamente al tráfico de




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pasajeros. Y en 2012 la inversión privada en dicho puerto alcanzó la cifra de 45 millones de euros, siendo 135 millones para 2013, destacando los 100 millones de euros de Vopak, a lo que hay que sumar la ayuda global de 213 millones de euros con cargo a los fondos Feder.

Señorías, le pese a quien le pese, el Gobierno del Partido Popular fue el que sentó las bases de la línea Madrid-Jaén. Gobiernos socialistas: Felipe González, 1982-1996; Zapatero-Rubalcaba, 2004-2011. Eso suma la friolera de 21 años en el Gobierno de España. Nosotros, ocho años de Aznar y año y medio de Rajoy —nueve años y medio—. Ustedes, 21; nosotros, 9. ¿Qué hemos hecho? En marzo de 2001 se adjudicaron los proyectos de los tramos Alcázar de San Juan-Manzanares y Manzanares-Santa Cruz de Mudela. En abril de ese año se adjudicó el estudio informativo del tramo entre Santa Cruz de Mudela y Vadollano —67 kilómetros—, tramo extraordinariamente complejo a su paso por Despeñaperros. Se adjudicó la redacción del proyecto entre Vadollano y Linares en marzo de 2004, y también se adjudicó la redacción del estudio informativo del tramo Linares-Jaén. Y en marzo de 2004 se licitaron los estudios de Mora-Alcázar de San Juan. Respecto de la línea Antequera-Algeciras, en 2004 ya se habían redactado los proyectos de mejora de la infraestructura y de renovación de la vía entre Ronda y Algeciras y se había adjudicado la redacción de los proyectos de los accesos al muelle de Campamento.

Después del intervalo del Gobierno socialista: 40 000 millones de euros de deuda en el Ministerio de Fomento —6 billones 600 000 millones de pesetas—. En el caso de las líneas de alta velocidad en Andalucía había 1000 kilómetros que se habían iniciado y comprometidos cerca de 17 000 millones de euros. En la línea Madrid-Jaén, de sus 276 kilómetros, solo se habían puesto en servicio 8,8 kilómetros, correspondientes al tramo Vadollano-Linares.

Y los ajustes presupuestarios del Gobierno socialista —y termino, señor presidente— habían afectado también a todas las actuaciones de su tierra, Castilla-La Mancha. Las obras entre Alcázar de San Juan y Manzanares —104 millones de euros—, adjudicadas desde el año 2006, culminaron en el año 2010 y se tuvo que hacer un nuevo proyecto porque estaban completamente paralizadas.

Por eso, señor presidente, sometemos a la consideración del grupo proponente las enmiendas que se plantean en aras de un compromiso riguroso y serio en materia presupuestaria, no del sectarismo, del olvido y de la discriminación del Partido Socialista con Andalucía y Castilla-La Mancha en los Gobiernos de Zapatero y Rubalcaba.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president. Des de l’escó mateix.

Nosaltres únicament el que demanem és que s’incorpori un punt que digui: «impulsar la totalitat del corredor ferroviari mediterrani, des d’Algesires fins a la frontera francesa aprofitant el cofinançament de la Unió Europea».

Per a nosaltres està clar que sempre hem defensat el corredor mediterrani sencer, des d’Algesires fins a la frontera francesa, per tot el que representa la seva potencialitat econòmica, la seva potencialitat des del punt de vista d’aquesta gran via que travessa i que pot donar prioritat i ser un centre logístic del conjunt d’Europa, i no veiem bé aquesta mena de fragmentació, de segmentació —que en part ho podem entendre des del punt de vista del qui defensa la territorialitat— però hem d’entendre que, perquè el corredor del mediterrani realment sigui un corredor que tingui aquest potencial que representa, que sigui plataforma logística del conjunt d’Europa, el que és molt important és que sigui eficaç, eficient i que, sobretot, respongui al que va aprovar la Unió Europea el 18 de desembre, que no és altra cosa que el corredor sencer.

Gràcies.

Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Lo único que nosotros pedimos es incorporar un punto que diga: «Impulsar la totalidad del corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, aprovechando la cofinanciación de la Unión Europea.»

Para nosotros está claro, siempre hemos defendido el corredor mediterráneo entero, desde Algeciras hasta la frontera francesa, por todo lo que representa en su potencialidad económica




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esta gran vía, que puede dar prioridad al centro logístico para el conjunto de Europa, y no vemos bien este tipo de fragmentación, de segmentación, que en parte podemos entender desde el punto de vista de quien defiende la territorialidad. Pero para que este corredor realmente tenga el verdadero potencial, sea una plataforma logística del conjunto de Europa, lo importante es que sea eficaz y eficiente, y ante todo, se trata de que responda a lo que la Unión Europea aprobó el 18 de diciembre, es decir, el corredor entero.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Martín Rodríguez para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Intervendré desde el escaño si me lo permite, señor presidente.

Vamos a aceptar con mucho gusto la enmienda de Convergència i Unió porque en realidad con ambas iniciativas alcanzamos el mismo objetivo. Efectivamente, la Comunidad Económica Europea ha reconocido el corredor del mediterráneo con un eje central, que es del que estamos hablando, y esto viene a sumar.

No podemos aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Popular por razones obvias, y me sorprende mucho que mi homólogo, alcalde también en Jaén, venga y utilice la Cámara para darnos un mitin a los que estamos convencidos, en vez de para defender los intereses de Andalucía.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Yo lamento profundamente que el Grupo Parlamentario Socialista interprete mis palabras como un mitin en la Cámara, porque ahora les voy a leer textualmente lo que decía el Gobierno socialista —no sé si esto forma parte del mitin del Gobierno socialista— de Zapatero y Rubalcaba. Aquí tienen las portadas que nos dedicaban a los jiennenses el 6 de septiembre de 2008: «El Gobierno trabaja a destajo para que el AVE llegue a Jaén en 2010.» Falso, mentira, engañaron a los jiennenses un año sí y otro también. Pero no fue esta la única portada que le dedicaron ustedes, los socialistas andaluces y castellano-manchegos y españoles a los jiennenses. Portada del 31 de enero de 2009 —entonces malgobernaban este país Zapatero y Rubalcaba, Rubalcaba y Zapatero—: «La alta velocidad Madrid llegará en el 2012.» Falso, mentira, engañaron los socialistas jiennenses, como siempre, a los jiennenses en el ámbito de nuestra provincia, y lo hicieron los socialistas jiennenses, los andaluces y los españoles.

Pero, mire usted, yo quiero significarle algo, porque usted ha aludido a mi condición de alcalde de Jaén. Yo creo que aquí vengo como senador, pero si usted me interpela como alcalde de Jaén, yo hablo de Jaén encantado de la vida.

El Diario de Sesiones del Senado refleja la intervención de la señora ministra de Fomento el pasado 18 de junio. En la página 5971 se cita un convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, Adif, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén en febrero de 2008. (El convenio es este, lo he rescatado de la Alcaldía de Jaén, lo tiene a su disposición.) En este convenio doña Elena Magdalena Álvarez, hoy imputada por el caso de los ERE —hoy imputada por el caso de los ERE—, firmó con la entonces alcaldesa socialista de Jaén, la señora Peñalver, un convenio —es este— donde Adif se comprometía, señoría, a poner encima de la mesa 70 millones de euros para el soterramiento de las líneas de Renfe en la capital jiennense. Falso, mentira, ni un euro ni una sola dotación presupuestaria en la capital jiennense para el soterramiento de estas vías.

Por lo tanto, yo no vengo aquí a dar ningún mitin, vengo a defender a los jiennenses, porque he sido elegido por mi provincia, de la que me siento profundamente orgulloso. Ahora bien, si usted interpreta que yo me subo a esta tribuna para dar un mitin porque recuerdo las mentiras, la discriminación negativa, el desequilibrio territorial, la desvertebración de los territorios propiciada por los socialistas durante veinte años en los Gobiernos de España, lo haré una y mil veces ante esta Cámara, en defensa de Andalucía y de Castilla-La Mancha (Aplausos.) Una y mil veces.




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Pero voy a decirle algo más: tengan cuidado con determinadas apreciaciones, porque usted estuvo calladito y mudito siendo alcalde de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuando se paralizaron las obras de la A-32. La vertebración territorial entre Andalucía y Castilla-La Mancha, la Linares-Albacete, la paralizaron los que entonces se sentaban ahí, el señor Zapatero y el señor Blanco. ¿Y usted qué dijo? ¿Usted levantó la voz o tuvo un silencio cómplice ante el Partido Socialista de España de una nueva discriminación a Jaén, a Andalucía y a Castilla-La Mancha? Porque las hemerotecas están ahí Después voy a enseñar al señor López cuando intervenga las hemerotecas. Las hemerotecas están ahí.

Y le voy a decir algo extraordinariamente importante: la única obra que paralizaron ustedes en Andalucía por los recortes presupuestarios fue la A-32, en contra de los intereses de Castilla-La Mancha y de los intereses de Andalucía. ¿De qué desarrollo económico y social me habla usted a mí, cuando dejaron miles de empleos en la estacada, porque no fueron capaces de seguir y de vertebrar territorialmente Andalucía y Castilla-La Mancha? Ustedes saben que estas obras no se hacen de la noche a la mañana. No se pueden hacer de un plumazo porque hay que prever inversiones públicas extraordinariamente importantes. Vamos ver qué se vota en el Parlamento de Andalucía dentro de unos meses cuando hablemos del Plan director de infraestructuras, de las líneas ferroviarias de Andalucía, del Pista y de las inversiones 2007-2013 y 2013-2020. Lo que no se puede es venir a esta Cámara a engañar a los castellano-manchegos y a los andaluces.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Senadora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días a todos.

Es cierto que la moción que hoy se trae a debate es muy concreta y, sin duda, al igual que la Cámara, que es muy amplia y además diversa políticamente, el tema que presenta la moción también lo es, ya que la Cámara, al ser muy diversa geográficamente, hace que los intereses que para cada uno de nosotros puede tener este tema también sean muy diferentes, a pesar de que las necesidades puedan ser unas distintas a otras. Ello conlleva —quizás no sea lo más importante— que se aborde en primer lugar, sin duda, la situación por la que pasamos, lo que hace que tengamos que plantearlo.

Entendemos que esto es así y reafirmamos una vez más la postura que incluso el mismo día de ayer nuestro Grupo trajo a esta Cámara y que llevamos reiteradamente planteando, que no es otra que la de demandar que el Gobierno realice lo que a nuestro juicio es tan necesario: una priorización y una jerarquización para poder abordar el desarrollo del tren de alta velocidad.

Y es que, como no podía ser de otra manera, no nos abstraemos de la dura realidad por la que atravesamos, pero, sin duda, es ahí donde reclamamos un ejercicio de responsabilidad por parte del Gobierno. ¿Y por qué? Porque claramente es obligación de quien manda; cuando alguien está al mando, debe estar tanto en los buenos momentos para la presentación y para las inauguraciones de las grandes inversiones, como para el sincero replanteamiento de la imposibilidad de su ejecución, de su redimensionamiento y de un nuevo compromiso con el objetivo planteado. Entendemos que esto es lo que le corresponde al Gobierno: fijar postura, marcar prioridades y, según los criterios establecidos, tomar decisiones; decisiones que en algunas ocasiones gustarán y en otras no, como en este tema, y dada la pluralidad, sin duda a unos contentarán más que a otros. Pero eso es lo que tiene que hacer, tomar decisiones. Porque no nos olvidemos que si decidir es complejo lo es sin duda por las consecuencias que ello tiene, pero no decidir también, porque una no decisión implica en sí misma el hecho de decidir; en la medida en que uno no fija una postura también tiene sus consecuencias. Y eso es lo que últimamente venimos presenciando, porque, una tras otra, pasados los meses, lo que observa mi grupo es esa no decisión —he dicho meses y podría citar años—, una paralización.




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Sin duda, comprendemos que la crisis actual establece, dentro de las categorías igualmente importantes, diferentes urgencias y, desde luego, mi grupo puede entender perfectamente cualquier modificación en los calendarios establecidos y que priorice otras grandes áreas, como la sanidad o la educación en estos momentos. Pero, dicho esto, y como consecuencia, asumiendo los replanteamientos que se puedan hacer, también hacemos una llamada a la clarificación de prioridades; repito, al principio de que debe prevalecer el interés general frente a los intereses particulares e incluso —y después de haber escuchado el poco trayecto de la mañana, me atrevería a decir partidistas.

Cuando después de tanto tiempo solicitando una respuesta en cuanto a prioridades sobre la implementación del tren de alta velocidad en Euskadi por parte de la consejera, de los representantes de nuestro grupo parlamentario en ambas Cámaras y demás, las últimas novedades, según el informe de Adif, que nos trasladan no nos plantean nada positivo, a pesar de escuchar ayer. Se pronostica un debut poco sencillo para 2018: trenes que circulen por tercer carril en la línea Vitoria-Burgos, la misma aplicación para el acceso a las tres capitales; aparcados los proyectos para las nuevas estaciones; posponer a 2024 la conexión con Burgos, con el temor y la preocupación consiguiente por nuestra parte de que esta opción se cristalice en lugar de seguir adelante con la obra de plataforma de alta velocidad. Por eso hablamos de la infraestructura más importante que se está construyendo en estos momentos en Euskadi, y por ello nuestro interés en seguir insistiendo en ello. Esta línea tenía que haberse finalizado en 2010 y se pospuso a 2013, con excepción del tramo guipuzcoano a 2015 o 2016. Ahora se nos traslada como última información las fechas de 2018 o 2024. Por si ello fuera poco, dicho retraso general y tan dilatado en la finalización de la infraestructura ocasionará, con toda probabilidad, el inevitable deterioro de la parte ya construida, provocando así el incremento total de costes del proyecto y, por lo tanto, generando nuevas trabas para su conclusión.

Por todo ello —y voy finalizando—, continuamos con la percepción de que no se está respondiendo a la prioridad planteada por la Unión Europea. Nuestra conclusión es clara: están priorizándose otras infraestructuras que hacen que la conexión con Europa a través de Irún quede relegada.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Termino, señor presidente.

No se nos hable de esfuerzos, como ayer hizo la ministra. Queremos hechos, y hechos acompañados de presupuestos porque, de lo contrario, sabemos que no sirven para nada; pero presupuestos —como ayer solicitaba el portavoz de mi grupo— para 2014, y no la respuesta que se nos dio de 2012 o 2013, que esos ya los conocemos.

Sin duda, yo podría traer también portadas de periódicos con promesas y con fechas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero ciertamente serían muchas más de las que aquí se han presentado…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: …y es que los vascos hemos escuchado en reiteradas ocasiones promesas que no han llegado a cumplirse. Pedimos, por favor, una clarificación de criterios, cumplimientos de las decisiones tomadas y hechos, que es lo que queremos.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies.

Bon dia, senyor president, senadors i senadores.

El nostre grup donarà ple suport a aquesta moció perquè, més enllà de controvèrsies del passat o de poder-se tirar portades de diari pel cap, sembla una proposta absoluta i completament




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raonable que, amb poca inversió, amb poc esforç inversor, ha de permetre una millora molt substantiva, una rendibilitat social òbvia, directa, i de total justícia per a les províncies en què es pot desplegar.

I, evidentment, si s’hi afegeix l’esmena de Convergència i Unió, que reforça la idea i el compromís amb la construcció total i absoluta del corredor mediterrani també per a tota la part d’Andalusia, el nostre suport no pot ser més que reforçat.

Gracias.

Buen día, señor presidente, senadores y senadoras.

Nuestro grupo va a dar pleno apoyo a esta moción porque, más allá de polémicas del pasado o de echarse portadas de periódicos por la cabeza, parece una propuesta completamente razonable que, con poca inversión, con poco esfuerzo de inversión debe permitir una mejora muy clara, una rentabilidad social obvia directa y de justicia para las provincias en las que se puede desarrollar.

Evidentemente, si añadimos la enmienda de Convergència i Unió, que precisamente refuerza esta idea del compromiso del corredor mediterráneo también para toda la parte de Andalucía, nuestro apoyo no puede verse sino reforzado.

Finalmente, señoría, quiero decirle que para alguien que vive bastante lejos de ustedes su intervención queda absolutamente tachada de ninguna credibilidad, porque alguien como usted, senador, que toma la palabra en este hemiciclo y se comporta como si estuviera en un bar, y cuando se refiere al anterior presidente del Gobierno, en vez de llamarle como al actual presidente: presidente Rajoy, le llama Zapatero y a los anteriores ministros les llama Rubalcaba y Pepiño Blanco, cuando a la actual ministra se refiere como ministra Pastor, lo único que me merece es una total falta de credibilidad, un total descrédito. Le exijo el mínimo respeto para alguien que fue votado por el pueblo de España, igual que el actual presidente. (Aplausos.) Diríjase, refiérase al anterior presidente del Gobierno como presidente Rodríguez Zapatero y a los anteriores ministros como ministros Pérez Rubalcaba y José Blanco. Es lo mínimo que se puede esperar de alguien que dice defender los intereses generales y colectivos. Se lo ruego, señor Fernández de Moya —ya sé que a usted le va a dar lo mismo, pero se lo ruego—, tenga la bondad de hacer honor a la representatividad que usted y todos nosotros ostentamos en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Intervindré des de l’escó mateix.

Evidentment, donarem suport a aquesta moció. Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió moltes vegades hem presentat iniciatives no només al llarg d’aquesta legislatura, de la qual tot just portem un any i mig, sinó també al llarg de l’anterior legislatura. És evident la nostra vocació, no només de mediterraneïtat, sinó també de tot el que representa. De fet, hi ha un economista, Adam Smith, de 1776, que deia que la riquesa de les nacions parteix del propi potencial del territoris i jo crec que malauradament s’han perdut moltes oportunitats. Crec que en tots aquests anys de la democràcia hi ha hagut massa tacticisme, massa partidisme, massa confusió i, sobretot, molta, molta ambigüitat. Per tant, ara aprofitem l’oportunitat que des del 18 de desembre la Comissió de Transports de la Unió Europea va tirar endavant, va aprovar els 10 projectes estratègics del conjunt de la Unió Europea en el qual, un dels 10 projectes, és el corredor mediterrani, per corregir tot això.

La veritat, no és la primera vegada que ho dic, i seguiré insistint una mica, però als que representem un partit polític —vostès li diuen minoritari, nosaltres diem que som la primera força de Catalunya— ens molesta molt aquesta retòrica continua del: ‘i tu més’, com si ni els uns ni els altres no tinguéssiu passat, com si ningú no tingués passat. Molt humilment, si m’ho permeten, m’agradaria molt que aquestes qüestions que, a més a més a aprovat la Unió Europea, que forma part de les estructures dels 10 eixos bàsics... aquí no hi ha ni esquerres ni dretes, sinó oportunitats o no oportunitats. Viabilitats o no viabilitats. Més enllà del tacticisme, si us plau, anem per feina. I




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anar per feina, si em permeten els representants del Partit Popular, jo crec que l’única manera d’anar per feina —i estic segura que hi ha alguns senadors que ho comparteixen plenament amb mi— és que es vegi en els pressupostos. El compromís de cofinançament per part de la Unió Europea ja ha quedat clar i ara es tracta que els pressupostos del govern d’Espanya també ho deixin clar, perquè sinó tota aquesta retòrica de què vostès ho van fer molt malament —parlant del PSOE—, i van fer no sé què i tot això, això no aporta res perquè no dóna cap solució. Si avui dia el que queda clar és que el món és el món, que els territoris tenen el seu potencial i que, més que mai, no podem perdre temps, si us plau, els demano als uns i als altres, molt humilment, menys retòrica buida, més oportunitat i, sobretot, que tot això dels pressupostos quedi claríssim. Que quedi claríssim que es creuen el corredor del Mediterrani, perquè sobretot se sosté amb un paper tan important com són els pressupostos.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Yo también voy a intervenir desde el escaño.

Evidentemente, vamos a dar apoyo a esta moción. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió muchas veces ha presentado iniciativas, no solo a lo largo de esta legislatura, de la que llevamos año y medio, sino también en la anterior. Nuestra vocación no es solo de mediterraneidad, sino de todo lo que ello representa. De hecho, Adam Smith, en 1776 decía que la riqueza procede precisamente de lo que los territorios pueden dar. Y se han perdido muchas oportunidades. Creo que en estos años de democracia ha habido demasiado partidismo, tacticismo y confusión y, sobre todo, muchísima ambigüedad. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad de que desde el 18 de diciembre la comisión de traspaso de la Unión Europea aprobó los diez proyectos estratégicos del conjunto de la Unión Europea; uno de ellos es el corredor mediterráneo y lo aprovechamos precisamente para corregir todo esto.

No es la primera vez que lo digo, pero seguiré insistiendo, porque a todos los que representamos a este partido político —ustedes dicen que minoritario, pero nosotros decimos que somos la primera fuerza de Cataluña— nos molesta mucho esta retórica continua de: y tú más, como si ni unos ni otros tuvieran pasado, como si nadie tuviera pasado. Si ustedes me permiten, muy humildemente me gustaría decirles que en estas cuestiones —que además ha aprobado la Unión Europea y que forman parte de las estructuras de los diez ejes básicos— no hay ni izquierdas ni derechas; hay oportunidades o no oportunidades, viabilidades o no viabilidades. Más allá del tacticismo, por favor, pongámonos a trabajar. Y si hablamos de trabajar, si me permiten los representantes del Partido Popular, la única manera de ponernos ya a actuar claramente —supongo que los senadores compartirán conmigo este punto— es viendo todo esto en los presupuestos. El compromiso de la Unión Europea está claro; ahora se trata de que los presupuestos españoles también lo dejen claro. Esta retórica de que ustedes —hablando del PSOE— lo hicieron muy mal, no aporta ninguna solución, no nos lleva a ninguna parte. Si hoy algo está claro es que el mundo es como es, que los territorios tienen su potencial y que no podemos perder tiempo, en absoluto. Así que les pido a unos y a otros, humildemente, menos retórica vacía, más oportunidades y que en los presupuestos quede clarísimo que el corredor mediterráneo se lo creen, porque, sobre todo, se sostiene con un elemento tan importante como son los presupuestos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Lamentablemente, señor Fernández de Moya, usted ha respondido a las expectativas con su bronca intervención, como suele hacer siempre. Y digo lamentablemente porque nosotros hemos traído aquí una moción constructiva en el pleno sentido de la palabra. Constructiva y sensata, porque después de la decepcionante respuesta de la ministra a la interpelación, y siendo conscientes, efectivamente —como señalaba nuestro portavoz anterior— de que la situación económica del país es la que es, hemos planteado cosas que son absolutamente razonables desde el punto de vista del esfuerzo presupuestario que hay que hacer para obtener una alta rentabilidad social. Y, naturalmente, no tiene que estar reñida en ningún caso la situación de




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austeridad presupuestaria con un mínimo de equidad a la hora de considerar las necesidades de los diferentes territorios, incluido el territorio y la ciudad de la que usted es alcalde.

Usted ha pretendido justificar todo en base a no sé cuántos méritos de los Gobiernos del Partido Popular y a no sé cuántas deserciones, en términos de compromiso político, de los Gobiernos socialistas con Jaén, Castilla-La Mancha y Andalucía. Yo no sé qué consulta usted; no sé qué boletines del Estado o qué hemeroteca consulta —imagino que volverá a traer aquí algunos papeles que no sé quién es el asesor que se los proporciona—, pero si usted se dedica a hacer un trabajo mínimamente riguroso lógicamente contrastando la percepción que tienen los ciudadanos jienenses, castellano-manchegos y andaluces, fundamentalmente, sobre cuál ha sido la ejecutoria y el compromiso de los Gobierno del Partido Popular durante diez años, como usted decía, acabará llegando a la conclusión a la que llegaron los ciudadanos andaluces. Les fue muy mal cuando pretendieron asfixiar a Andalucía en su anterior etapa de Gobierno, en esos ocho años les fue muy mal políticamente, porque la gente tiene dignidad y no está dispuesta a que nadie la avasalle. Ustedes trataron a Andalucía especialmente con saña, negándole el pan y la sal en todas las ocasiones. Hasta el punto de que hubo hasta 2500 millones de euros pendientes de financiación autonómica para políticas tan elementales y tan básicas como la salud y la educación, que no fue capaz de poner encima de la mesa el Gobierno de presidente Aznar. El Gobierno del presidente Aznar dejó esa deuda con Andalucía, que tuvo que resolver luego un Gobierno socialista, presidido por el presidente Zapatero. Evidentemente, cuando usted hace esa alusión despectiva a un ministro del Gobierno creo que, por un mínimo de sentido de la responsabilidad en el ámbito parlamentario y del respeto, debiera tratarlo con otro criterio y de otra forma.

Hemos planteado esto porque el Gobierno, después de dos años, no solo no está mejorando las infraestructuras, sino que está deteriorando los servicios públicos relacionados con el transporte ferroviario. La semana pasada en el último acuerdo del Consejo de Ministros se suprimió otro servicio, el que va desde Jaén hasta Cádiz, precisamente con la utilización de un cambiador de ancho de vía que el Gobierno anterior había puesto encima de la mesa, con una inversión superior a los 10 millones de euros y que acortaba los tiempos de viaje en más de tres cuartos de hora desde Jaén —desde su capital, la que usted gobierna— hasta Cádiz. Por tanto, como deterioran los servicios y hacen caso omiso a la mejora de las infraestructuras introduciendo el escenario en un círculo vicioso —supongo que para tener nuevas justificaciones a la hora de suprimir nuevos servicios— le decimos que los Presupuestos para 2014, que tienen que estar en el ámbito parlamentario en el mes de septiembre, deben contener inversiones razonables, no desmesuradas.

Se ha referido antes el portavoz del grupo que ha defendido la moción a las cosas que queremos hacer. En los tramos que se refieren a Jaén, usted lo sabe, el que va de Jaén hasta Linares, subdivido en tres tramos, las obras están paralizadas prácticamente y se deben impulsar. Señor Fernández de Moya, no hay una sola decisión relevante, ni una sola, que tenga que ver con infraestructuras en la provincia de Jaén que haya sido tomada por un Gobierno del Partido Popular. Ni una decisión relevante. Una que tomaron fue la relativa a Despeñaperros en el ámbito del transporte por carretera y hubo que corregirla porque era una absoluta ruina lo que planteaban en términos de comunicación de Castilla y del conjunto de España con Andalucía. Hubo que corregirla con una solución digna para el paso de Despeñaperros en el ámbito ferroviario, una traviesa que puso el señor Cascos demagógicamente en el entorno de Vadollano. Este es el resultado de su compromiso. Venga aquí con un poco más de humildad. Nosotros no venimos a dar lecciones a nadie, venimos a decir que de Almería a Madrid se tardan siete horas en tren.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

Lo que pedimos es un esfuerzo sensato y razonable, con un mínimo sentido de la equidad, siendo conscientes de la situación del país desde el punto de vista económico, porque el Gobierno y el Ministerio de Fomento no le están dando el mismo tratamiento que al resto de territorios del Estado. Aquí hay casi tres millones de habitantes; hay usuarios suficientes que justifican las inversiones en ferrocarril; hay un potencial de usuarios creciente, si se le dan razones a la gente para subirse al tren. Y por tanto, lo que estamos diciendo es que continúen haciendo los esfuerzos que los ciudadanos españoles —antes con otro Gobierno, ahora con este, da igual, esa es su responsabilidad— les están pidiendo.




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El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: No sigan buscando pretextos. Diez años de Gobierno del Partido Popular. Cuando España iba bien, cuando ustedes estaban cebando la bomba de lo que después ocurrió, no se llevó a cabo ninguna inversión relevante en Jaén ni en Andalucía.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a iniciar mi discurso no sin antes contestar al senador del Grupo Parlamentario Entesa. Señoría, es mi primera legislatura y yo he visto aquí cómo se ha injuriado a ministros del Gobierno de España en sesiones plenarias. Sin ir más lejos, a la ministra Mato se la ha sometido a muchísimas descalificaciones personales y colectivas, así como a mi partido, y usted calladito y sentadito en su escaño. (Rumores.—Aplausos.)

Por tanto, sería bueno que ustedes rectificaran también el trato que dan al Gobierno de España, entonces será cuando podrán dar un mínimo de lección; mientras tanto, al menos, guarden un silencio respetuoso y educado. Yo no me voy a callar. No estoy en un bar, no sé si usted acostumbra a hacer política en los bares. Yo estoy en la Cámara de representación territorial del Estado español. Ese que a través de la Constitución y del Reglamento de esta Cámara a ustedes les permite tener un grupo parlamentario propio, porque ni siquiera quieren llamarse Partido Socialista Obrero Español. Ese, exactamente el mismo. (Rumores.—Aplausos.)

Señor López, su credibilidad en términos políticos —y usted sabe, además, que me refiero a usted y a su partido— es nula. 16 de julio de 1994. Usted era diputado nacional, repito, usted era diputado nacional: «El PSOE priorizará la autovía Torreperogil-Linares, la A-32 y la conexión Jaén-Granada por tren». Esto tiene casi veinte años de historia del PSOE de Jaén. 16 de julio de 1994. Y estamos esperando desde el 16 de julio de 1994, casi veinte años después, a que los socialistas digan: La Motril-Granada-Jaén y la A-32, Linares-Albacete. Por cierto, voy a contar una anécdota, no pensaba hacerlo pero el señor López me obliga a ello, máxime, además, cuando la moción está firmada por un senador socialista de Granada. ¿Saben ustedes cuál fue la ocurrencia del señor Zarrías y de la señora Álvarez para contentar a los jienenses? Decir que el aeropuerto de Granada era el de Granada-Jaén, teniendo los jienenses un aeropuerto a cien kilómetros de nuestra capital. Así invertían en infraestructuras los socialistas, los de Jaén y los de Andalucía, y fue Chaves y descubrió la placa y nos hizo creer a los jienenses que a cien kilómetros teníamos un aeropuerto. (Aplausos.) Así se comportan los socialistas en Andalucía. Por favor, un mínimo de responsabilidad.

En cuanto a Fomento —yo sé que esto les duele pero es que esta es la verdad—, ustedes firmaron en mayo del año 2010 que paralizaban la A-32. Fomento reconsidera la autovía de la A-32 y la va a dejar nacional. Este es un documento que firmó el señor Zapatero con el consentimiento del señor Rubalcaba y del señor Blanco. ¿Dónde estaban ustedes entonces? ¿Los senadores andaluces y castellano-manchegos dónde estaban cuando nos decían que Fomento iba a paralizar la A-32? Entonces el señor López no salió en los medios de comunicación. Cuando el señor López decía que los recortes eran para Jaén no se pronunciaba públicamente. Cuando Blanco anulaba treinta y dos obras y aplazaba una inversión de 10 000 millones de euros, entre ellas en Andalucía, siendo la única paralizada la A-32, los socialistas jienenses no salían porque entonces no tocaba; entonces estaba justificado por las circunstancias económicas.

Señor López, no me hable de la deuda histórica. Yo me he pasado ocho años en el Parlamento de Andalucía siendo portavoz de economía de mi grupo y pidiendo ese pago de la deuda histórica. El señor Zapatero llegó y nos la pagó en solares. El señor Griñón aceptó el pago en solares cuando dijo en sesión plenaria que sería dinero contante y sonante, y los andaluces todavía estamos esperando a que se pague esa deuda histórica que ustedes comprometieron pero que nunca pagaron. No engañe usted a la Cámara. El señor Griñán se plegó al señor Zapatero para no recibir ese dinero que le correspondía a Andalucía. ¿No han tenido ustedes veintiún años de Gobierno socialista para pagarla? Por cierto, que el único que dio un anticipo de 120 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo a la deuda histórica fue el Gobierno de José María Aznar, el Gobierno del Partido Popular. Eso es así. (Aplausos.)




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Termino. Señor López, usted conocerá este documento, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997/2007. Ni una actuación ejecutada por el Gobierno socialista de Andalucía ni en la provincia ni en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero me voy al Pista; como el PSOE no ejecuta entre 1997 y 2007, amplía plazo de 2013 a 2020. Y me dicen que va a haber una conexión Jaén-Madrid, Jaén-Córdoba, Almería-Linares-Jaén y el estudio por la Junta que usted prometió hace veinte años: el Motril-Granada-Jaén. Pero, no se lo pierdan, paso la página y ahora dice Griñán que la Junta aplaza hasta 2020 el plan de inversiones en transporte.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Yo lo único que les pido es un poco de sentido común. Bastante nos dejaron ya con la ruina que tiene que levantar el Gobierno de España.

Ustedes en Andalucía hacen justamente lo contrario de lo que aquí piden. Por eso, vamos a ver cuando se retraten ustedes en el Parlamento de Andalucía pidiendo el PDI, el Pista y las inversiones para la provincia y la comunidad autónoma de Andalucía. Allí, como siempre, cinismo, demagogia y doble lenguaje.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) PARA EL SECTOR CULTURAL Y A LA PROMOCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE UN ÚNICO TIPO REDUCIDO A NIVEL EUROPEO.

(Núm. exp. 671/000082)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación no se han presentado enmiendas.

En el turno a favor, tiene la palabra el senador Martí. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyor president.

Bon dia de nou, senadors i senadores.

Les raons d’haver presentat la interpel·lació en l’últim Ple sobre la pujada de 13 punts de cop en l’IVA dels béns i serveis de consum cultural i demanar-ne la rectificació (senyories, guardin silenci, si us plau) crec que són absolutament òbvies a aquestes alçades del debat. i, un cop passats nou mesos de la seva aplicació des que fa un any se’n va prendre la decisió. Aquest sector —absolutament clau per a altres sectors, sobretot en el camp de la innovació i el turisme i especialment rellevant a Catalunya i a Barcelona— aguantava, amb dificultats però aguantava, la crisi que tota l’economia espanyola està patint. Però aquesta mesura l’ha fet i l’està fent trontollar i s’ha començat a entreveure la possibilitat que s’esfondri del tot.

Per culpa d’aquesta mesura que s’afegia a la crisi, moltes empreses estan en qüestió, molts llocs de treball han desaparegut i encara en poden desaparèixer més; l’accés a la cultura per part de molta ciutadania, en particular aquella que està lluny de les capitals, com Barcelona i Madrid, ha quedat en qüestió, a part de l’empobriment i l’empetitiment del propi sector, amb tot el que això comporta per una societat que vol ser avançada. I alhora ja tenim clar que no ha servit per a res,




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que aquesta pujada brutal de l’IVA no ha servit per a res, ni tan sols per a recaptar no només els impostos previstos —que s’havien de triplicar en el camp de l’IVA i no ho han fet, ni molt menys—, sinó simplement per recaptar més impostos que han quedat subsumits en la caiguda de les bases impositives i, per tant, la recaptació dels altres impostos.

En les raons per les quals el Govern del Partit Popular va prendre aquesta decisió no vull entrar-hi avui aquí. Segurament en un futur no gaire llunyà el mateix Govern haurà de donar moltes explicacions sobre per què va prendre aquesta mesura quan l’advertiment per part dels propis sectors culturals i sobretot l’experiència de molts altres països europeus ja ensenyaven que aquesta mesura no tenia cap sentit i era absolutament contraproduent. No vull pensar, evidentment, en raons d’antipatia, incomprensió i insensibilitat a la cultura, sinó simplement d’errors greus, gravíssims, en el seu enfocament al voltant de la dimensió econòmica i de l’impacte social d’aquests sectors culturals.

En qualsevol cas, senyories, les raons per presentar avui aquesta moció, després de la interpel·lació, també són prou clares des del meu punt de vista. Es tracta de sortir de dubtes. La intervenció del senyor ministre no ens va fer sortir de cap dubte i, a més, els posicionaments de diferents presidents de comunitats autònomes governades pel Partit Popular, concretament Extremadura i Comunitat de Madrid, encara han afegit més elements a aquesta cerimònia de la confusió.

Aquesta moció té una única finalitat, i és veure si el partit que dona suport al Govern i, per tant, el Govern, té les idees clares en relació a aquesta qüestió. S’ha de rectificar, sí o no? Es rectificarà, sí o no? Quan es rectificarà? Quan es donin les condicions? Quines condicions? Quan es donaran? No prendre cap decisió, senyories, no dir quan es prendrà aquesta decisió, és condemnar definitivament el sector cultural a la inanició i a l’esfondrament. Governar —s’ha dit aquí abans, ho deia la senadora del Partit Nacionalista Basc— és decidir. Donar les culpes als altres o referir-se a l’herència és molt fàcil, però governar és decidir, és orientar. Dubtar en aquesta qüestió, i més en temps de crisi, és cometre un dany irreparable. Tenen l’oportunitat, senyories del Partit Popular, de desfer aquesta incertesa. Rectificar és de savis.

Com no han presentat cap esmena, encara tinc una petita esperança que donaran suport a aquesta moció. En qualsevol cas, sí que espero el vot favorable dels set senadors del Partit Popular de la Comunitat d’Extremadura i dels vuit senadors de la Comunitat de Madrid del Partit Popular, els presidents dels quals ja han dit molt clarament que aquesta mesura cal rectificar-la i això és el que avui aquesta moció proposa.

Moltes gràcies, senyories. Gràcies president. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Buenos días de nuevo, señores senadores y senadoras.

Las razones para presentar la moción consecuencia de la interpelación presentada en el último Pleno sobre la subida de golpe de 13 puntos del IVA de los bienes y servicios de consumo cultural, y pedir su rectificación son absolutamente obvias a estas alturas del debate. Pasados nueve meses desde su aplicación, desde que hace un año se adoptó la decisión en este sector —absolutamente clave para otros sectores, sobre todo en el campo de la innovación y del turismo y especialmente relevante en Cataluña y en Barcelona—, aguantaba con dificultades, pero aguantaba la crisis que toda la economía española está sufriendo. Pero esta medida le ha hecho tambalearse y se ha empezado a entrever la posibilidad de que se desmorone del todo.

Por culpa de esta medida que se añadía a la crisis, muchas empresas están en cuestión, muchos puestos de trabajo han desaparecido y todavía pueden desaparecer más; el acceso a la cultura por parte de muchos ciudadanos, particularmente de aquellos que están lejos de las capitales, como Barcelona y Madrid, está cuestionada, aparte del empobrecimiento y empequeñecimiento del sector para una sociedad que quiere ser avanzada. Al mismo tiempo, tenemos claro que no ha servido para nada, que esta subida del IVA no ha servido para nada, ni siquiera para recaudar no solo los impuestos previstos —que debían triplicar en el campo del IVA y ni mucho menos lo han hecho—, sino simplemente para recaudar más impuestos, que han quedado subsumidos con la caída de las bases impositivas, y, por lo tanto, la recaudación de los otros impuestos.




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No quiero entrar hoy en las razones por las que el Gobierno del PP adoptó esta decisión. Posiblemente en un futuro no muy lejano el mismo Gobierno deberá dar muchas explicaciones de por qué adoptó esta medida cuando la advertencia por parte de los propios sectores culturales y sobre todo la experiencia de muchos otros países europeos ya señalaban que esta medida no tenía sentido y que era absolutamente contraproducente. No quiero pensar, evidentemente, en razones de antipatía, incomprensión e insensibilidad hacia la cultura, sino en errores graves, gravísimos en su enfoque acerca de la dimensión económica y del impacto social de estos sectores culturales.

En cualquier caso, señorías, los motivos para presentar hoy esta moción, después de la interpelación, también son suficientemente claros, desde mi punto de vista. Se trata de salir de dudas. La intervención del señor ministro no nos hizo despejar ninguna duda y, además, los posicionamientos de distintos presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, concretamente Extremadura y la Comunidad de Madrid, todavía han añadido más elementos a esta ceremonia de confusión.

Esta moción tiene una única finalidad, y es ver si el partido que da apoyo al Gobierno, y por lo tanto el Gobierno, tiene las ideas claras en relación con esta cuestión. ¿Se debe rectificar, sí o no? ¿Se rectificará, sí o no? ¿Cuándo va a rectificarse? ¿Cuando se den las condiciones? ¿Qué condiciones? ¿Cuándo van a darse? No adoptar ninguna decisión, señorías, no decir cuándo se adoptará esta decisión es condenar definitivamente al sector cultural a la inanición y al desmoronamiento. Como se ha dicho aquí antes —lo decía la senadora del Partido Nacionalista Vasco—, gobernar es decidir. Echar las culpas a los demás o a la herencia es muy fácil, pero gobernar es tomar decisiones, es orientar. Dudar en esta cuestión, y más en tiempo de crisis, es cometer un daño irreparable. Señorías del Partido Popular, tienen la oportunidad de deshacer esta incertidumbre. Rectificar es de sabios.

Como no han presentado ninguna enmienda, todavía tengo una pequeña esperanza de que apoyarán esta moción. En cualquier caso, sí espero el voto favorable de los siete senadores del Partido Popular de la Comunidad de Extremadura y de los ocho senadores del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, cuyos presidentes ya han dicho muy claramente que esta medida debe rectificarse, y esto es lo que esta moción propone hoy.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

En el turno en contra tiene la palabra la senadora Ongil.

La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, presidente.

Señor Martí, en primer lugar, que le quede claro que este grupo parlamentario va a apoyar, como no puede ser de otra forma, las palabras que ha dicho el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. A usted no le habrá quedado claro, a pesar de todas las actuaciones que ha tenido en los diversos ámbitos, tanto en entrevistas como en interpelaciones o preguntas en esta Cámara y en el Congreso, pero, por supuesto, este grupo va a seguir apoyando lo que dice el ministro de Cultura. Por lo tanto, no quiera ver en este grupo parlamentario algo distinto a lo que ha dicho el ministro o a lo que dice el Gobierno.

¡Hombre!, pensar que los senadores del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la Comunidad de Madrid, porque sus presidentes hayan hecho comentarios... En el caso concreto del de Madrid, comunidad a la que pertenezco, lo que dijo textualmente la semana pasada su presidente fue que sería bueno, cuando se den las circunstancias, que se revisara el IVA. Esa frase y ese pensamiento también los apoyamos nosotros. ¡Claro que sí! Sería bueno. Pero es que también lo ha dicho el ministro, señor Martí. No quiera usted cambiar lo que el ministro ha dicho por lo que a usted le gustaría o por lo que usted quiere interpretar que se ha dicho. En este grupo parlamentario tenemos las ideas absolutamente claras. Lo que no sé es si lo tiene tan claro usted, y no sé si lo tiene tan claro su grupo parlamentario. A ustedes les parece mal la subida del IVA porque no entienden cuál es el motivo, pero está muy claro. Esta medida se toma única y exclusivamente, señor Martí, porque cuando este Gobierno, a finales del 2011, gana las elecciones y entra a gobernar España, se encuentra con una situación económica muy diferente a la que el Partido Socialista le había dicho que había. A nosotros nos dijeron que había un déficit de 6 puntos, pero al final nos encontramos con que era de 8.5, dos puntos más de lo que decían,




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en una situación económica de crisis tremenda, en una situación económica ante la que se tenían que tomar una serie de medidas, y dentro de esas medidas, evidentemente, hubo que tomar una no querida por nadie del Gobierno, por supuesto, ni por el presidente ni por el ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Pero es que a ustedes les molesta, aunque haya pasado un tiempo, que un año y medio después la situación de este país sea infinitamente mejor que la que recibimos, infinitamente mejor a la herencia que el Partido Socialista nos dejó. Y aunque les moleste oírlo, por haber tomado unas medidas dolorosas, evidentemente, señor Martí, que a nadie le hubiera gustado tener que tomar, estamos en una situación infinitamente mejor; y una de ellas ha sido tener que subir el IVA cultural. Y no me diga que esa medida a ustedes les molesta, que a usted le parece injusta, que usted cree que ha llevado a una situación caótica o de crisis al mundo de la cultura, porque en un periódico de tirada nacional del pasado 3 de julio se dice que la Generalitat quiere que los catalanes financien el cine con una nueva tasa, y le aseguro que he estado mirando por activa y por pasiva en teletipos, en digitales y en periódicos y no he podido ver ni una sola frase suya ni de nadie de su grupo criticando esa medida, ninguna. ¿Esto les parece bien? ¿Esta medida sí les parece bien y, sin embargo, no les parece bien la medida que toma el partido del Gobierno? ¿Por qué es en este caso? ¿Porque la toma el Partido Popular? ¿Porque la toma desde España para que sea una medida a nivel nacional? ¿Por qué usted tiene siquiera que mencionar que no quiere pensar en que esto sea por razones de antipatía y de incomprensión hacia la cultura? ¿Hay algo de este Gobierno o del ministro en concreto que le haga pensar a usted que esa medida es por ese motivo? Señor Martí, hay que ser un poquito más coherente. Si usted está en contra de las tasas, si está en contra de cualquier tipo de subida, esté también en contra de lo que hacen en su comunidad autónoma. Si no, creo que lo que tiene usted que hacer es reconocer, como ha dicho el ministro y como dijo también el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que si se dan las circunstancias, por supuesto que se podrá revisar. Mientras tanto, creo que lo que estamos haciendo es paliar la tremenda herencia que el Partido Socialista le ha dejado a este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ongil.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Este es un tema reiteradamente debatido, incluso ayer mismo. Sinceramente, opinamos que, por mucho que el ministro ayer justificara esta subida dando largas, citas y números, enumerando todo tipo de infraestructuras existentes, y además aludiendo a que quizá el descenso de la actividad se debía a otras instituciones y a que desde otras instituciones la actividad cultural no se ofertaba, lo que está claro es que poco ayudan medidas como estas a acercar a la ciudadanía a la cultura. Además, no podemos separar ni olvidar que, siendo esto de máxima gravedad porque es el futuro cultural de nuestros hijos e hijas, también escuchábamos de boca del ministro días atrás, hablando de la Ley de educación, lo importante que era todo esto. Luego marcábamos números, escuchábamos muchos límites numéricos, bien para acceder a determinadas becas, bien para acceder a determinados estudios, pero no podemos gestionar ambos temas por dos caminos diferentes. Si no hacemos un ejercicio de trabajo transversal, las medidas que implementemos en un ámbito no van a poder llevarse a cabo si desde el otro ámbito imponemos medidas como estas, que llevan a que la cultura termine cerrándose y a que la oferta que se pueda hacer sea reducida continuamente. Y es que no podemos negar que la aplicación de una subida como esta tiene efectos regresivos en la propia actividad. Partiendo de la realidad, y está claro que la crisis sin duda iba a provocar una disminución del acceso a los espectáculos públicos, a las artes escénicas, al cine, a los conciertos, se calcula que hubiera sido un 60% menor sin la aplicación de la subida del IVA. Incluso dando por bueno el argumento que esgrimía el ministro sobre el efecto que en el descenso del consumo también tienen las variaciones que se han producido en el ámbito de la oferta, continuamos creyendo que, si ya en situaciones de bonanza toda facilidad por acercar la cultura a la ciudadanía era poca —debemos hacer un examen de conciencia sobre ello—, si en




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época de crisis además ponemos trabas, flaco favor para todos: para los usuarios, para los hombres y mujeres de nuestro futuro, pero sin duda para todo el sector.

Y todo ello sin que la recaudación impositiva haya aumentado significativamente, y muy por debajo de las expectativas de triplicarse, como ya citaba mi antecesor, en la nueva recaudación del IVA. El propio Ministerio de Hacienda certifica que en el último trimestre de 2012, y con la aplicación de este tipo, los sectores de la cultura solo aumentan la recaudación 4 millones de euros; en cambio, las bases imponibles de ese sector se ven reducidas en un 22%, en 328 millones de euros. El sector de la música en vivo reconoce que ha pagado 9 millones de IVA, pero que por otros conceptos: IRPF, Seguridad Social y sociedades, las arcas del Estado han visto disminuido sus ingresos en 11 350 000 euros. Y el sector de las artes escénicas certifica que los ingresos por IVA han aumentado 10,6 millones y que, en cambio, han disminuido 10,2 millones por IRPF, Seguridad Social y sociedades.

También decía el ministro en el último Pleno que él tenía cifras que hablan de un impacto mayor en términos recaudatorios, pero que no las iba a contrastar puesto que se trataba de cifras provisionales y reservadas. Bien, pues lo que mi grupo espera es que, a la mayor brevedad posible, y por quien corresponda, se realice dicho contraste sin esperar a tener una perspectiva mayor, no vaya a ser que en el durante sigamos perdiendo todos. Sin duda seguiremos atentos a los resultados, tomando la palabra del propio ministro cuando dijo: Y si quedara de manifiesto de una forma indubitada, y además ello fuera compatible con el cumplimiento de estos objetivos de consolidación fiscal, el Gobierno trabajará en reducir esa presión fiscal sobre los consumos culturales.

Pues tomamos su palabra y esperamos que así sea, y cuanto antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

Agraeixo per endavant el suport del Grup Parlamentari Basc i el dels altres grups parlamentaris que puguin donar suport a aquesta moció i lamento, òbviament, que no ho faci el Grup Parlamentari Popular.

Senadora Ongil, si realment el seu únic argument per defensar la pujada de l’IVA en el sector cultural és esgrimir unes declaracions de la presidenta de l’Acadèmia de Cinema de Catalunya sobre una possible taxa en favor del cinema català, és que realment estan molt pitjor que no em pensava. El seu nivell d’argumentació està sota cero, perquè, evidentment, és una posició indefensable; aquesta és una posició absolutament indefensable. Vostè diu que són raons econòmiques, però, senadora Ongil, a l’IVA del sector cultural li van pujar no els dos punts que tocava a tots els sectors, n’hi van pujar tretze de punts, de cop, d’una sola atacada. I a més, des de fa nou mesos, estem veient mes rere mes com aquests efectes econòmics no serveixen per ningú, no serveixen ni pel propi sector ni per la hisenda pública. Per tant, de raons econòmiques no n’hi ha cap ni una. I si continua vostè insistint en aquestes raons genèriques, inespecífiques, em reafirmo en els arguments anteriors, perquè les seves raons haurien de sortir de l’anàlisi del sector cultural, del benefici, de com s’argumenta a partir dels resultats i l’impacte sobre el sector cultural. Però reflexions genèriques de política econòmica macro només fan que confirmar-me que les raons que potser hi havia darrera d’això eren, com a mínim, el desconeixement total i absolut d’uns sectors culturals que, havent aguantat mal que bé les primeres envestides de la crisi, difícilment podrien suportar aquesta estrebada tan bèstia, repeteixo, de tretze punts de la nit al dia en l’impost afegit al consum cultural per a tots i cadascun de nosaltres.

I vostè em diu que donaran suport a allò que ha dit el ministre. Però sí és d’això que em queixo, que el ministre no ha dit res, perquè si la idea és que seria bo, doncs si seria bo, s’ha de fer. I si no es pot fer, encara que seria bo, s’ha de dir per què no, i quan es farà.

I els arguments de la hisenda pública, repeteixo, no serveixen, no es justifiquen de cap de les maneres. El mal que està fent aquesta mesura és infinitament superior al benefici hipotètic, que no hi és, al voltant de la hisenda pública.




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Per tant, el que està esperant el sector és quan es rectificarà, si seria bo; si seria bo, quan es farà. Com a mínim, ja que hi ha hagut aquest error, ja que s’està d’acord que ha estat un error i que s’ha de rectificar, com a mínim donar-li al sector la possibilitat de preveure, d’organitzar-se, de saber quan passarà això. L’1 de setembre de 2013? L’1 de gener de 2014 amb els nous pressupostos? L’1 de gener de 2015? Quan? El Govern té l’obligació de dir quan; si creu que seria bo rectificar té l’obligació de dir quan i de fer-ho.

I a més, hi ha un argument perfecte, que és el punt segon de la moció que hem presentat. A Europa s’està discutint sobre aquesta qüestió. L’únic que té sentit és que hi hagi un tipus d’IVA reduït igual per tots els sectors culturals —aquests dies a la Comissió de Cultura estem veient les queixes del sector del llibre digital al respecte—, igual per tots els països i igual per tots els sectors culturals. Això és el que necessita Europa i, per tant, el que necessita Espanya, el que necessita el conjunt del nostre país. I això és el que cal defensar i això és pel que cal lluitar i mentrestant no cal gravar, no cal penalitzar amb escreix, més del que toca, més del compte, les nostres pròpies indústries culturals, els nostres propis sectors culturals. És així de senzill. No entenc, de veritat, de cap de les maneres, per què el Govern no rectifica i, en tot cas, per què no diu quan rectificarà. És obvi, senadora Ongil, que s’ha de fer, i el sentit comú diu que ho han de fer ja.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Quiero mostrar mi agradecimiento por anticipado al Grupo Parlamentario Vasco y al resto de grupos parlamentarios que hoy van a dar apoyo a esta moción. Y lamento, obviamente, que no lo haga el Grupo Parlamentario Popular.

Senadora Ongil, si realmente su único argumento para defender la subida del IVA en el sector cultural es esgrimir unas declaraciones de la presidenta de la Academia de Cine de Cataluña sobre la posible tasa a favor del cine catalán, es que realmente están mucho peor de lo que yo creía. Su nivel argumentativo está bajo cero, porque, evidentemente, esta es una posición indefendible, totalmente indefendible. Usted dice que son razones económicas, pero, señora Ongil, el IVA del sector cultural lo subieron, no los dos puntos que tocaba en todos los sectores, sino trece en una única vez. Y además, desde hace nueve meses estamos viendo mes tras mes cómo esos efectos económicos no sirven para nadie, ni para el propio sector ni para la hacienda pública. Por lo tanto, razones económicas no hay ni una. Y si sigue usted insistiendo en estas razones genéricas, inespecíficas, me reafirmo en los argumentos anteriores, porque sus razones deberían salir del análisis del sector cultural, del beneficio de cómo se argumenta a partir de los resultados y el impacto sobre el sector cultural. Pero reflexiones genéricas de política económica macro no hacen sino confirmarme que los motivos que quizás había tras ello eran, como mínimo, el desconocimiento total y absoluto de unos sectores culturales que, habiendo aguantado con dificultades los primeros envites de la crisis, difícilmente podrían soportar este fuerte golpe, repito, de trece puntos de la noche a la mañana en el impuesto añadido al consumo cultural para todos y cada uno de nosotros.

Y usted me dice que darán apoyo a lo que ha dicho el ministro. Y es precisamente de eso de lo que me quejo, de que el ministro no ha dicho nada, porque si la idea es que sería bueno, si fuera bueno se tendría que hacer, y si no se puede hacer aunque sea bueno, se debe decir por qué no y cuándo se hará.

Y los argumentos de la hacienda pública, repito, no sirven, no se justifican de ninguna forma. El daño que está haciendo esta medida es infinitamente superior al beneficio hipotético, que no existe, alrededor de la hacienda pública.

Por lo tanto, lo que el sector está esperando es cuándo se rectificará; si es bueno, cuándo se hará. Como mínimo, puesto que ha habido este error, puesto que se está de acuerdo en que ha sido así y que se debe rectificar, por lo menos hay que darle al sector la posibilidad de prever, de organizarse, de saber cuándo se producirá este cambio. ¿El 1 de septiembre de 2013? ¿El 1 de enero de 2014, por los nuevos presupuestos? ¿El 1 de enero del 2015? ¿Cuándo? El Gobierno, si cree que sería bueno rectificar, tiene la obligación de decir cuándo, y hacerlo.

Además, existe un argumento perfecto, que es el punto segundo de la moción que hemos presentado. En Europa también se está discutiendo esta cuestión. Lo único que tiene sentido es que exista un tipo de IVA reducido igual para todos los sectores culturales —durante estos días, en




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la Comisión de Cultura estamos viendo las quejas del sector del libro digital al respecto—, igual para todos los países e igual para todos los sectores culturales. Esto es lo que necesita Europa y, por lo tanto, lo que necesita España, lo que necesita el conjunto de nuestro país. Y es esto lo que se debe defender y para lo que hay que luchar; y mientras tanto no hay que gravar, no hay que penalizar más de lo que toca a nuestros sectores culturales. Es así de sencillo. Repito que no entiendo de ninguna forma por qué el Gobierno no rectifica y, en todo caso, por qué no dice cuándo rectificará. Es obvio, senadora Ongil, que debe hacerse y el sentido común dice que lo deben hacer ya.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Senyor Martí, el nostre grup parlamentari va presentar el 23 d’abril d’aquest any una moció conseqüència d’interpel·lació precisament en la línia del que planteja avui el grup de l’Entesa. Celebrem que es produeixi aquesta coincidència de criteris en un tema tan sensible com és el de la cultura i la seva fiscalitat.

Ahir mateix, el Grup Parlamentari Socialista preguntava al ministre sobre les alternatives que estava buscant el ministeri per pal·liar la pujada de l’IVA respecte a les indústries culturals. Per tant, més coincidència també entre els diferents grups parlamentaris amb una diagnosi compartida molt àmpliament entre tota l’oposició. El nostre grup perseguia, ara fa dos mesos i poques setmanes, un triple objectiu amb la moció que vam presentar en aquell moment: primer, el retorn a un tipus reduït i homologable als països del nostre entorn. Considerem que no és raonable que estiguem triplicant l’IVA d’aplicació a la cultura de països com Alemanya, França o Holanda. Som líders absoluts en pressió fiscal als productes culturals. Creiem que és un tristíssim lideratge. En segon lloc, vam fer referència a la necessitat de fer efectiu el pagament d’acord amb la Carta de Barcelona i el Conveni de Capitalitat, segons el qual uns destacats equipaments culturals de la ciutat comtal reben un especial finançament. Són equipaments molt rellevants i la seva programació té un ressò internacional de gran abast, com vostè, senyor Martí, coneix perfectament.

I vam presentar també una tercera finalitat que era la petició d’elaborar una reforma de la llei de mecenatge, amb urgència i celeritat, amb especial atenció al micromecenatge o crowdfunding.

Ahir mateix el ministre comentava la imminent aparició i presentació d’aquesta llei de mecenatge. Però és que el ministre ja l’ha anunciat moltes vegades la presentació d’aquesta llei de mecenatge. I continuem estant on estàvem, sense poder disposar d’eines potents, amb atractiu per aconseguir desgravacions fiscals.

En aquest Ple d’abril vam acusar el govern de tenir una política en l’àmbit de la cultura confusa i erràtica. L’argumentació que vam utilitzar continua sent vàlida i, en conseqüència, coincidim amb el Grup de l’Entesa, com he dit abans, en bona part de la fonamentació que fa a la moció conseqüència d’interpel·lació que presenta avui al Senat.

Es produeix una acumulació de factors negatius i adversos que castiguen i discriminen la cultura. Discriminen la cultura pel que acaba de dir el senyor Martí, que no va ser un increment del 8 al 10, o del 8 a l’11, sinó del 8 al 21. I això és discriminar perquè és canviar el tipus d’aplicació de l’IVA a un sector en concret.

Els motius que han portat al punt que estem ara, al nostre entendre són: en primer lloc, un descens considerable i sobtat del consum privat. En segon lloc, totes les administracions han rebaixat, ha retallat dràsticament, i totes alhora, les ajudes i subvencions degut a la necessitat de l’ajustament pressupostari. La Banca, que aquests dos anys ha rebut ingents quantitats de diners, continua sense fer la seva principal funció que és deixar diners, donar crèdit. Els projectes dels emprenedors culturals ni tan sols són objecte d’anàlisi per part de la Banca. Continuem, com hem dit fa un moment, sense disposar d’una llei de mecenatge valenta i eficaç. I en darrer lloc, la pujada de l’IVA del 8 al 21 ens situa com el país d’occident que té major fiscalitat i major pressió per al sector de la cultura.

Estem parlant d’un sector que ocupa un 3% de la població. La cultura representa un 4% del producte interior brut, del conjunt de la riquesa del país, sense comptar ni avaluar els beneficiosos




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efectes multiplicadors de riquesa que un sector estratègic com aquest té en altres derivacions. Per exemple, el turisme és un exponent molt clar de l’impacte que té.

Catalunya representa un 16% del conjunt de la població espanyola i consumeix un 33% del consum cultural global que es produeix a Espanya, per tant més del doble de la mitjana espanyola, motiu pel qual ens afecta molt més encara tota aquesta qüestió de la fiscalitat.

La senyora Ongil, la presidenta de la Comissió i, en aquest cas, portaveu, feia referència a una aparició d’un retall de premsa. Jo recomanaria que llegissin menys una certa premsa, en aquest cas crec que era El Mundo, perquè sempre estan inventant qüestions i fent elucubracions, i ens atenguéssim als fets.

El govern en cap moment no ha fet ni ha presentat cap proposta d’aquest tipus.

Gracias, señor presidente.

Señor Martí, nuestro grupo parlamentario presentó, el 23 de abril de este año, una moción consecuencia de interpelación precisamente en la línea de lo que plantea hoy el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Celebramos que se produzca esta coincidencia de criterios en un tema tan sensible como es el de la cultura y su fiscalidad. Ayer mismo, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español preguntaba al ministro sobre las alternativas que estaba buscando el ministerio para paliar la subida del IVA respecto de las industrias culturales. Por lo tanto, más coincidencia también entre los distintos grupos parlamentarios en un diagnóstico compartido muy ampliamente entre toda la oposición.

Nuestro grupo perseguía, ahora hace dos meses y pocas semanas, un triple objetivo con la moción que se presentó en aquel momento. Por un lado, la vuelta a un tipo reducido y homologable a países de nuestro entorno. Consideramos que no es razonable que estemos triplicando el IVA de aplicación a la cultura de países como Alemania, Francia u Holanda. Somos líderes absolutos en presión fiscal a los productos culturales. Creemos que es un liderazgo muy triste.

En segundo lugar, nos referimos a la necesidad de hacer efectivo el pago, de acuerdo con la Carta de Barcelona y el Convenio de capitalidad, según el cual unos destacados equipamientos culturales de la ciudad condal reciben una especial financiación. Son equipamientos muy relevantes, y su programación tiene un alcance internacional muy amplio, como usted, señor Martí, conoce perfectamente.

Y en ese triple objetivo, la tercera finalidad era la petición de elaborar la reforma de la Ley de mecenazgo con urgencia y celeridad, con una especial atención al micromecenazgo. Ayer mismo, el ministro comentaba la inminente aparición y presentación de esa ley de mecenazgo, pero el ministro ya la ha anunciado muchas veces y continuamos estando donde estábamos, sin poder disponer de herramientas potentes, con atractivo, para conseguir desgravaciones fiscales.

En ese plan de abril dijimos que el Gobierno tenía una propuesta errática; en consecuencia, coincidimos con el Grupo de la Entesa, como he dicho antes, en buena parte de los fundamentos de la moción consecuencia de interpelación que presenta hoy en el Senado.

Se produce una acumulación de factores negativos y adversos que castigan y discriminan la cultura. La discriminan, por lo que acaba de decir el señor Martí: porque no hubo un incremento del 8 al 10% o del 8 al 11%, sino del 8 al 21%. Eso es discriminar porque es cambiar el tipo de aplicación del IVA a un sector en concreto.

A nuestro entender, los motivos que nos han traído hasta el punto en el que estamos son, en primer lugar, un descenso considerable y muy rápido del consumo privado. En segundo lugar, todas las administraciones han recortado, han rebajado drásticamente las ayudas y subvenciones, y todas lo han hecho al mismo tiempo, debido a las necesidades de ajuste presupuestario. La banca, que durante estos dos últimos años ha recibido ingentes cantidades de dinero, continúa sin hacer su principal función, que es dejar dinero, dar crédito. Los proyectos de los emprendedores culturales ni siquiera son objeto de análisis por parte de la banca. Continuamos, como hemos dicho hace un momento, sin disponer de una ley de mecenazgo valiente y eficaz. Y, por último, la subida del IVA del 8 al 21%, como hemos comentado, nos sitúa como el país de occidente que tiene una mayor fiscalidad y una mayor presión en el sector de la cultura.

Estamos hablando de un sector que ocupa —también lo hemos dicho muchas veces— un 3% de la población. La cultura representa un 4% del producto interior bruto, del conjunto de la riqueza del país, sin contar ni evaluar los beneficiosos efectos multiplicadores de riqueza que un sector




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estratégico como este tiene en otras derivaciones, como, por ejemplo, en el turismo, un exponente muy claro de su impacto. Cataluña representa un 16% del conjunto de la población española y un 33% del consumo cultural global que se produce en España, por lo tanto, más del doble que la media española, motivo por el cual nos afecta todavía mucho más esta cuestión de la fiscalidad.

La señora Ongil, la presidenta de la comisión, y, en este caso, portavoz, hacía referencia a la aparición de un recorte de prensa. Yo les recomendaría que leyeran menos cierto tipo de prensa —en este caso, creo que se trataba de El Mundo—, porque siempre están inventando cuestiones y haciendo elucubraciones, y que nos centráramos en los hechos. Y el Gobierno en ningún momento ha presentado ninguna propuesta en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Senyor Martí, el nostre grup parlamentari va presentar, el 23 d’abril d’aquest any, una moció conseqüència d’interpel·lació precisament en la línia del que planteja avui el grup de l’Entesa. Celebrem que es produeixi aquesta coincidència de criteris en un tema tan sensible com és el de la cultura i la seva fiscalitat. Ahir mateix, el Grup Parlamentari Socialista preguntava al ministre sobre les alternatives que estava buscant el ministeri per pal·liar la pujada de l’IVA respecte a les indústries culturals. Per tant, més coincidència també entre els diferents grups parlamentaris amb una diagnosi compartida molt àmpliament entre tota l’oposició.

El nostre grup perseguia, ara fa dos mesos i poques setmanes, un triple objectiu amb la moció que vam presentar en aquell moment: primer, el retorn a un tipus reduït i homologable als països del nostre entorn. Considerem que no és raonable que estiguem triplicant l’IVA d’aplicació a la cultura de països com Alemanya, França o Holanda. Som líders absoluts en pressió fiscal als productes culturals. Creiem que és un tristíssim lideratge.

En segon lloc, vam fer referència a la necessitat de fer efectiu el pagament d’acord amb la Carta de Barcelona i el Conveni de Capitalitat, segons el qual uns destacats equipaments culturals de la ciutat comtal reben un especial finançament. Són equipaments molt rellevants i la seva programació té un ressò internacional de gran abast, com vostè, senyor Martí, coneix perfectament.

I vam presentar també una tercera finalitat que era la petició d’elaborar una reforma de la llei de mecenatge, amb urgència i celeritat, amb especial atenció al micromecenatge o crowdfunding. Ahir mateix el ministre comentava la imminent aparició i presentació d’aquesta llei de mecenatge. Però és que el ministre ja l’ha anunciat moltes vegades la presentació d’aquesta llei de mecenatge. I continuem estant on estàvem, sense poder disposar d’eines potents, amb atractiu per aconseguir desgravacions fiscals.

Acabo de seguida, senyor president. El govern, creiem nosaltres, abaixarà l’IVA i farà una rebaixa de l’IVA ben aviat. Malgrat el que voti avui el Partit Popular, es produirà una rebaixa aviat. S’hi veuran abocats perquè l’1 de setembre, quan es comprovi quina recaptació s’ha produït, quan es vegi que s’han recaptat menys recursos no ja dels que es preveien, sinó dels que es recaptaven abans de la pujada en el món de la cultura, només servirà per comprovar que s’haurà fet un mal extraordinari a tot el teixit associatiu del país, discriminant-lo clarament respecte d’altres sectors, per no res, amb cap finalitat. Perquè haurem empobrit el teixit cultural i no s’haurà recaptat ni un euro més.

Moltes gràcies, senyor president.

Termino enseguida, señor presidente. Nosotros creemos que el Gobierno bajará el IVA, hará una rebaja del IVA muy pronto, a pesar de lo que vote hoy el Grupo Popular. Se verán abocados a ello, porque el 1 de septiembre, cuando se compruebe cuál ha sido la recaudación, cuando se vea que se han recaudado, no ya menos recursos de los que se preveían, sino menos que los que se recaudaban en el mundo de la cultura antes de la subida del IVA, se comprobará que se ha hecho un daño extraordinario en todo el tejido asociativo del país, discriminándolo claramente respecto de otros sectores, y para nada, con ninguna finalidad, porque habremos empobrecido el tejido cultural y no se habrá recaudado ni un euro más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.




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El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar las propuestas que se recogen en esta moción presentada por Entesa, y lo vamos a hacer ante las graves y negativas repercusiones que el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y en concreto la aplicación de lo recogido en su artículo 23, están suponiendo para los ciudadanos y ciudadanas y para el sector cultural.

Vamos a aprobar y apoyar las propuestas de la moción —por cierto, como se ha dicho aquí por varios portavoces, y también por el de Convergència i Unió, esta moción es similar a otras presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por otros grupos, aunque lamentablemente todas ellas fueron rechazadas por el Partido Popular—, digo que vamos a apoyar estas propuestas ante el anunciado, constatado y denunciado fracaso de la brutal e injustificable subida del IVA aplicable a determinados bienes y servicios culturales, un fracaso debido, sin duda, a la inconsistencia y la falsedad de los argumentos económico-recaudatorios que lo justificaron, y también por el carácter claramente antisocial de estas medidas del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, apoyamos esta moción porque sus propuestas recogen lo que el sector de las industrias culturales y creativas, nuestros creadores, vienen planteando y reclamando. Apoyamos esta moción porque prácticamente un año después de su implantación la subida del IVA a los bienes y servicios culturales, si se ha mostrado ineficaz desde el punto de vista económico, es impresentable política y socialmente y es una muestra más del ataque del Gobierno del Partido Popular, un ataque con la clara intención de demoler el modelo constitucional de cultura que todos teníamos en nuestro país. Y apoyamos esta moción porque esta circunstancia, además de alejarnos del espacio referencial europeo, está suponiendo un lastre y un terrible problema para nuestros creadores y nuestras industrias culturales.

Señorías, el tiempo y los datos, como era previsible, han demostrado lo inadecuado, lo irresponsable y lo ineficaz de la brutal subida del IVA. Si en su momento ya lo denunciamos porque parecía claro y obvio, ahora es urgente y necesario revisar el IVA ante la grave situación que está creando. Esa subida de trece puntos, del 8 al 21%, como aquí se ha dicho, sumada —o, mejor dicho, restada— a los brutales recortes aplicados a nuestra cultura en dos ejercicios presupuestarios por el Gobierno del Partido Popular está suponiendo la destrucción de empleo —no voy a reiterarles los datos— y una menor recaudación para las empresas y para el Estado; si atendemos al conjunto de la fiscalidad, esta medida está suponiendo menos recaudación para el Estado. La medida expulsa espectadores y aparta a nuestros ciudadanos de un derecho. Nos aparta de la media europea y nos hace peder competitividad. Está teniendo una repercusión muy negativa, destruyendo empleo. Está suponiendo un grave perjuicio para la marca España. Va en contra de la cohesión interterritorial y del respeto a la diversidad cultural de nuestro país. Y es que con el Gobierno del Partido Popular el trato a la cultura es concebido como un lujo, no como un derecho, como marca el artículo 44 de nuestra Constitución.

No hay duda, son obvias y evidentes las negativas consecuencias, y ante ello no cabe otra solución que rectificar y revisar, como propone esta moción, el tipo impositivo para situarlo en una media similar a la de la Unión Europea. Ayer mismo, en esta Cámara, el ministro Wert lo reconoció. Y cito: La subida del IVA al sector cultural es un factor negativo. Pues, señorías, si es un factor negativo y es ineficaz, ¿por qué no se cambia? ¿Es economía o es ideología? En este mismo sentido, el secretario de Estado de Cultura, el máximo responsable de la gestión cultural del Gobierno, la semana pasada dijo en el ámbito universitario: La cultura estaba achicada y arrinconada por la subida del IVA, los recortes y la tecnología. Y reconocía su insatisfacción por no conseguir más cosas para la cultura en nuestro país. Obviamente, aunque el Gobierno y el PP no pasen en estos momentos por los mayores índices de credibilidad, al menos en este caso vamos a creerles. Hagámosle caso y rectifiquemos.

En resumen, creo que la pérdida de empleos, la pérdida de espectadores y la pérdida de empresas, todo eso, nos conduce a la catástrofe. Yo creo sencillamente —es algo histórico— que cuando los Gobiernos de la derecha llegan al poder la cultura desaparece de sus Consejos de Ministros. Desaparece la política cultural, pero, lo que es más grave, desaparece la cultura de la política…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor MONTES JORT: Voy terminando, señor presidente.

Sí, la cultura del cumplimiento solidario de nuestras obligaciones fiscales, la cultura de la verdad, la cultura de la responsabilidad, y se sustituye por la cultura del no sé, la cultura del olvido y del yo no pasaba por allí. Es urgente y necesario recuperar la política cultural y la política en la cultura. ¿Lo entienden? ¿Me explico?

Finalizo, señorías, reiterando que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción, igual que ha apoyado otras, tanto en comisión como en el plenario. Y lo hacemos, porque de no ser así esto nos conducirá a una catástrofe, una catástrofe cultural y social en nuestro país, una catástrofe de la que, de no rectificar sus políticas, el mayor y máximo responsable será el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ongil.

La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martí, lamento profundamente, en primer lugar, que usted haya tergiversado lo que le he querido decir en mi anterior intervención al comentarle la noticia que ha aparecido en un medio de comunicación —por cierto, señor Bagué, no era El Mundo, sino ABC, pero da igual—, que dice exactamente que la presidenta de la Academia del Cine Catalán anuncia que el Gobierno catalán quiere poner un canon de entre 6 y 10 euros a las familias catalanas. Yo solamente he dicho lo que aparece en ese medio. Pero ese no es mi argumento. Lamento que usted haya querido tergiversar en su intervención lo que yo le he dicho.

Creo que le he dado argumentos de sobra, y fundamentalmente económicos, señor Martí, porque la situación y la coyuntura económica que tenemos en estos momentos es herencia —lo vuelvo a repetir— del Partido Socialista. Y la verdad es que es un tanto llamativo oír al portavoz del Grupo Socialista, al señor Montes, decir que por qué no se cambia, que por qué no tomamos otras medidas. Pues, señor Montes, entre otras cosas, porque tenemos que ir pagando toda la deuda que ustedes nos dejaron, porque tenemos un montón de cosas que no se pagaron, y precisamente en cultura. Porque la teoría del Partido Socialista es: yo ofrezco, yo compro, yo doy, y que vengan otros y lo paguen. (Varios señores senadores: ¡Bárcenas! ¡Bárcenas!) Que vengan otros y lo paguen. Y en este caso va a ser el Partido Popular, que es el que ganó las elecciones. (Aplausos.—Rumores.) Esa es su teoría. Señorías, les pediría un poco de respeto y que, si estamos hablando de un tema como es el IVA cultural, dejen ustedes sus chascarrillos, que ya tuvieron ayer ustedes indicado en su reunión lo que tenía que decir cada uno de los portavoces. Si no les importa, estamos hablando de otro tema.

Al final, señor Martí, este Gobierno, que es un Gobierno responsable, y que, es verdad, tiene una situación difícil y es consciente de las dificultades y de cuánto le están costando estas medidas a los españoles, y en este caso, al mundo de la cultura, tiene la obligación de seguir prestando los servicios esenciales de los españoles, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, las infraestructuras, etcétera. Todo eso hay que seguir pagándolo; y, como le dijo ayer el ministro de Administraciones Públicas, si no hay ingresos, ¿me quiere usted decir cómo lo podemos pagar, cuando además tenemos que seguir teniendo una estabilidad presupuestaria? Por tanto, aunque a usted no le guste, ese argumento está claro.

Quiero decirle también que se habla siempre del IVA cultural, pero ayer el ministro también insistió en ello: no hay un IVA cultural general. Es verdad que ha habido una subida al 21%, pero luego tenemos el tipo reducido, que se ha mantenido exactamente igual, no ha habido subida; las bibliotecas, los museos, las galerías… Sigue exactamente igual. Y el tipo superreducido, del 4%: los libros, los periódicos, las revistas, sigue exactamente igual, no se ha tocado. Hablen ustedes de un tipo que sí ha subido el IVA cultural concreto, uno solamente. Y, por supuesto, las medidas del tema educativo, que están exentas.

Ustedes saben tan bien como yo y son conscientes de que no solamente la subida del IVA es el detonante de la situación que estamos viviendo en materia de cultura. Ustedes saben que existe otra realidad, también la mencionó ayer el ministro: que tenemos en este momento 858 espacios escénicos en España de titularidad municipal —que vienen a ser el 90% de los teatros de España— que los municipios contrataban. Y ahora nos encontramos con unas infraestructuras, la mayoría de




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las cuales se construyeron en épocas de bonanza, que están vacías y en las que no hay posibilidad de programar nada, y tampoco hay gente que las utilice.

Pues bien, para optimizar todas esas inversiones —y quiero ser positiva, señor Martí— le voy a decir brevemente cuáles son las cosas que está haciendo el ministerio. Lo primero de todo —importante—, el pago a proveedores; el pago a proveedores de todas esas deudas que dejaron y que se están pagando ahora. Actuaciones pasadas, por ejemplo; a través de la secretaría de Estado se ha conseguido que los contratos artísticos entraran también. Esto es una ayuda a la cultura, señor Martí, y eso está haciendo el ministerio en este momento. O el fortalecimiento de las redes de programación, mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias; o el programa de circulación de espectáculos de teatro; o las giras de teatro por comunidades autónomas y por ayuntamientos; o el circuito Girando Por Salas; en definitiva, señor Martí, hacer más con menos, que es lo difícil en este momento.

Y antes de que el presidente me diga que se me acaba el tiempo, no quiero dejar de mencionar de forma muy especial, porque lo valoramos muy positivamente, el esfuerzo…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ONGIL CORES: …el esfuerzo que las entidades de gestión están haciendo: la SGAE, los productores y los distribuidores de cine, que están pensando en que, a lo mejor, ellos tendrían que rebajar también el precio… En definitiva, también están trabajando por la mejora del mundo de la cultura.

No les quepa la menor duda de que estamos trabajando. Lamento, señor Montes, que quiera usted ver actuaciones del Partido Popular en contra del mundo de la cultura; no se arroguen ustedes la superioridad intelectual en este país, porque no la tienen. Lo que está haciendo este Gobierno es cumplir con la consolidación fiscal para resolver la situación…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ONGIL CORES: Termino, presidente.

…y, por supuesto, seguir apostando por la cultura.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ongil.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 100; en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

6.1. ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2014-2016 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2014.

(Núm. exp. 702/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del acuerdo, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.




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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, comparezco esta mañana en el Senado, en representación del Gobierno y en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para solicitar, no solo el pronunciamiento, sino la decisión favorable de esta Cámara al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado día 28 de junio —después de haber sido informado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Públicas, cumpliendo lo ordenado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera—, sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los próximos tres ejercicios —2014, 2015 y 2016—, tanto para las administraciones públicas en su conjunto como para cada uno de sus subsectores.

Señorías, la garantía de estabilidad presupuestaria es una de las piezas clave de la política económica, que ya está contribuyendo a la recuperación de la confianza en nuestra economía y está facilitando la captación de la financiación que necesitamos para crecer; financiación que hoy es posible a través de la apertura de los mercados financieros para España y que es imprescindible para recuperar la senda de crecimiento económico.

Estamos desarrollando en el acto de hoy lo que mandató el artículo 135 de nuestra Constitución, que introdujo en la Carta Magna, al máximo nivel de nuestro ordenamiento jurídico, una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural de nuestro país y que también pone tope al nivel de deuda pública en referencia al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada con el consenso de los grupos parlamentarios, establece en el apartado 6 del artículo 15 que, una vez conseguido el apoyo del Congreso de los Diputados al acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contienen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, dicho acuerdo se someterá al pronunciamiento del Senado. Debo recordar a este respecto que, de acuerdo con la ley, el papel del Senado es decisivo. La ley orgánica da a esta Cámara de representación territorial la posibilidad de ejercer un auténtico veto al acuerdo del Gobierno; es una auténtica valoración de la decisión del Senado, que, de no ser favorable obligaría al Gobierno a remitir en el plazo de un mes un nuevo acuerdo para someterlo al mismo procedimiento.

Por lo tanto, este debate parlamentario no es un trámite más. Es una obligación, pero también es una excelente oportunidad para recabar el voto favorable al inicio del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014; el inicio de un presupuesto nuevo que incluye las recomendaciones de las instituciones europeas sobre el Programa de Estabilidad de España y que incluye igualmente el informe que sitúa la evolución para cada uno de los años contemplados, el horizonte temporal de los tres ejercicios a los que se refieren los objetivos de estabilidad.

Señorías, hoy hay datos más que suficientes de que estamos al final de la recesión. Incluyendo la recaudación tributaria correspondiente al mes de junio —que estoy en condiciones de avanzar provisionalmente a esta Cámara—, que crece en términos homogéneos, sobre la de junio del año anterior, un 3,5%, en términos interanuales acumulados. Tenemos un crecimiento de la recaudación tributaria en España que se corresponde con una evolución económica que nos dice que estamos al final de la recesión económica; que, con toda probabilidad, el segundo trimestre del año 2013 ha sido el último trimestre de recesión económica en España; y que, a partir de ello, la segunda mitad de este año 2013 puede y debe ser la base de la recuperación económica, del crecimiento económico, que vendrá, con toda seguridad y con toda firmeza, a partir del año 2014, año en cuya segunda mitad la economía española puede volver a crear empleo.

Eso es lo que dicen todos los indicadores cerrados del segundo trimestre, incluyendo el que acabo de aportar a la Cámara y a la sociedad española esta mañana. La recaudación del conjunto de los impuestos aumenta; que aumente significa que es imposible que la economía española estuviera cayendo a ritmos muy por debajo del 1%; es imposible, si tenemos incrementos de recaudación tributaria como los que acabo de resumir. Insisto, en términos homogéneos, 3,5%; en términos brutos, sin contar las devoluciones, junio sobre junio, un 2,5% de incremento. Esto testimonia que no debe haber mayor debate sobre que estamos cerrando el período de recesión económica, como muestran también los indicadores de empleo y de afiliación a la Seguridad Social. Se está frenando en España el deterioro del mercado de trabajo; podemos y debemos esperar que no volveremos a vivir esos periodos de destrucción de puestos de trabajo que vivimos en el pasado, fruto de una recesión que estaba asentada sobre desequilibrios fundamentales de la economía española.




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¿Por qué estamos cambiando y por qué estamos cambiando a esta velocidad? Estamos cambiando a esta velocidad por tres razones. La primera, porque la balanza por cuenta corriente de la economía española cerrará el año 2013 por encima del 2% del producto interior bruto; algo absolutamente impensable a la altura del verano del año pasado; algo que no estaba en los pronósticos de ningún informe oficial: ni en los del Fondo Monetario Internacional, ni en los de la Comisión Europea ni en los de ninguna institución que nos examinara desde fuera, como la OCDE. Por supuesto, tampoco los informes y pronósticos del Gobierno de España vaticinaban que íbamos a cerrar 2012 con un superávit por cuenta corriente cercano a tres puntos de producto interior bruto. Y eso, que muchas veces parece una cifra que encierra una technicality, no tiene nada de technicality: es la posición financiera de España frente al resto del mundo; es la que resume la posición financiera de los grandes agentes económicos de España frente al resto del mundo. El esfuerzo que ha hecho la sociedad española por reducir el componente estructural de déficit público el pasado año, agudizándolo en el último trimestre, es el que da la vuelta a la balanza por cuenta corriente; y al darle la vuelta a su balanza por cuenta corriente, España vuelve a ser un país fiable; un país que, aun teniendo una elevada deuda externa, no necesita tomar recursos adicionales del resto del mundo para volver a crecer, eso es lo que significa; e incluso, lo contrario: que empieza a devolver, en términos netos, la deuda externa.

Y ese cambio de balanza por cuenta corriente, que —insisto— no estaba en ningún pronóstico, muestra que, cuando hay voluntad política, cuando se realizan las políticas económicas que hay que hacer, se sientan rápidamente las bases para el crecimiento económico. Basta ojear los informes publicados, no ya el año pasado, sino en la primavera, en los primeros pasos, para ver informes que se estaban quedando obsoletos, informes que no estaban reflejando la velocidad del cambio que se estaba dando en las bases del crecimiento de la economía española. Por eso, hoy podemos fundar un mayor optimismo que en el pasado, porque lo dicho nos permite tener acceso a los mercados financieros; a colocaciones como la de ayer del Tesoro español, que acudió, frente a una fuerte demanda, a un préstamo sindicado a quince años, lo que está demostrando que realmente ha vuelto a España la fiabilidad y la confianza. Balanza, pues, por cuenta corriente positiva, apertura de mercados para poder financiarnos; financiar nuestros servicios públicos, pero financiar también las bases de nuestra recuperación económica.

Y tercero, tercer elemento, tercer argumento: la inflación. España está viviendo ya un periodo de inflación desconocido por lo bajo; y, todavía más: a finales de verano veremos el IPC por debajo del 1%, algo que no conocíamos ninguno de los aquí presentes, ninguno. Ninguno sabía lo que era tener inflaciones por debajo del 1%, inflaciones del 0,5%; inflaciones que van a permitir que millones de ciudadanos recuperen su capacidad adquisitiva, sin necesidad de aumento de sus rentas nominales; una situación extraordinaria que va a permitir recuperar también la confianza de la ciudadanía y va a ayudar a una recuperación de la demanda interna y, en concreto, del consumo privado.

Por tanto, se están reuniendo elementos básicos para la recuperación económica, señorías: balanza por cuenta corriente, apertura de mercados a tipos de interés históricamente bajos, inflaciones desconocidas por lo bajas y también una estructura de reformas que ha ido promoviendo el Gobierno: reforma en el mercado de trabajo, modernización de nuestras relaciones laborales, que está favoreciendo la formación de salarios mucho más adecuados a la realidad de nuestras empresas, que está facilitando el incremento de la competitividad de nuestras empresas y que está haciendo que vengan inversiones directas muy importantes, como la que anuncia hoy General Motors para Zaragoza o las inversiones directas en cartera que seguirán llegando, muy básicas, muy importantes, gracias en buena medida a la modernización de nuestras relaciones laborales, que permiten llegar a acuerdos, a negociaciones, que incrementan espectacularmente —me atrevería a decir, señorías— la capacidad de competir de las empresas que apuestan cada vez en mayor medida por España. (Aplausos.) Eso nos está abriendo un futuro inmediato más positivo. De eso es de lo que los españoles quieren que hablemos, estoy convencido: que dediquemos nuestro esfuerzo, nuestra tensión y también nuestra ilusión a sacar a España de la crisis; a hablar de esto, de lo que realmente representa para ellos su trabajo, su empeño, la educación de nuestros jóvenes, el futuro de esa juventud. ¿Qué significa que España esté en Europa y qué significa que España sea un país cada vez más fiable en Europa? ¿Qué significa que vuelva la confianza internacional a España? ¿Qué significa, frente a una España que también está europeizada e




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internacionalizada como nunca antes lo ha estado? De eso es de lo que tenemos que hablar en el Senado de España esta mañana, y eso es lo que significa el comienzo de los Presupuestos Generales del Estado: el establecimiento del techo de gasto, la distribución entre los diferentes subsectores de los objetivos de déficit que componen la propuesta del Gobierno.

De esto es de lo que interesa que hablemos y esto es lo que interesa que abordemos. Frente a tanto ruido que crea desconfianza y que trata de infundir desánimo en una sociedad que está harta de la crisis; que ha hecho una apuesta política por acabar cuanto antes con esta crisis económica. Se equivocan los que no hagan esa apuesta política por sacar a España de la crisis; se están equivocando profundamente, porque la salida de la crisis está ahí: está en la apuesta por la estabilidad, exactamente igual que en el pasado. No nos ocurre nada extraordinario en esta crisis. España siempre ha fracasado cuando ha olvidado la estabilidad económica; las crisis en España siempre han sido crisis de balanza de pagos, desde los años cincuenta —en que dio lugar al Plan de Estabilización de 1959— hasta los años setenta, shock petrolífero sobre la balanza de pagos. Siempre el mismo problema, el mismo olvido: la balanza de pagos. No se puede crecer sobre deudas, no se puede vivir en una unión monetaria y comprometer endeudamientos que son inviables. Nadie puede hacerlo; tampoco las empresas; tampoco las empresas estratégicas de un país. No se puede estar sobreapalancado. Así no se hace un país próspero.

Por eso, el Gobierno de España está apoyando las políticas de reformas estructurales: reforma del mercado de trabajo, reforma del sector bancario, para que vuelva a fluir el crédito bancario; una reestructuración del sector bancario de una profundidad desconocida en el mundo, en términos de rapidez de acomodación. Por eso estamos haciendo reformas en el sector público, que están llevando a nuestras administraciones a aplicar el principio de austeridad. No, no solo de austeridad: de estabilidad, de equilibrio presupuestario. El presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias y el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, representantes opciones políticas diferentes, representadas mayoritariamente en esta Cámara, decían lo mismo recientemente: no queremos más déficit público en los ayuntamientos, queremos reducir la deuda pública en los ayuntamientos. Eso es lo que dicen, porque saben que esa es la valoración que hace progresar a sus ciudades, que hace valorar al buen gestor público: el equilibrio presupuestario. Y eso hace que hoy 4000 ayuntamientos de España estén en superávit, cuando hace año y medio estaban todos —había excepciones, pero ya me entienden— en un déficit equivalente a cuatro décimas del producto interior bruto, en cifra agregada. Entre cuatro décimas y cero, que es la propuesta para las corporaciones locales, hay 4000 millones de euros que han saneado, una a una, nuestras ciudades, nuestros pueblos de España. Eso hay que celebrarlo como un éxito colectivo, como un éxito de los ciudadanos de esas ciudades y de esos pueblos de España. Y, por supuesto, hay que celebrarlo como lo que es: un ejercicio de responsabilidad de esos gobernantes que tienen claro que el déficit y la deuda son la mácula que hace que en sus ciudades y en sus pueblos haya cada vez más paro. Eso es lo que está cambiando. Eso es lo que está haciendo que realmente vuelva la fiabilidad y la confianza a España.

Frente a otro tipo de debates políticos, que por supuesto tienen también su sentido, tenemos que dedicarnos a lo esencial: a seguir el camino de la estabilidad económica, que nos va a sacar de la crisis a corto plazo. Esto es lo realmente importante: salir de esta crisis a corto plazo; superar determinadas previsiones, como la que hizo ayer el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no la vamos a superar, si hemos superado la inmediatamente anterior? Si es que ya está superada. ¿O es que el Fondo, la Comisión, el Banco Central nos habían dicho que íbamos a tener superávit por cuenta corriente? No, no lo dijeron. Dijeron que en 2012 tendríamos —1,5% de déficit. Se equivocaron. Se equivocaron, porque este país, España, es un país muy grande. Cuando recibe inyecciones de competitividad, reacciona y empieza a dar lecciones al mundo: lecciones de sus empresas; lecciones de sus trabajadores; lecciones de sus ciudadanos, cuando tienen esas oportunidades; y hay que seguir reforzando esa capacidad.

Por tanto, vamos a seguir utilizando los instrumentos que tiene el Gobierno de España, para no perder el camino de la estabilidad presupuestaria, aplicable a todas nuestras administraciones públicas, y para llevar también adelante una demanda muy extendida, que es la financiación bancaria para la pequeña y mediana empresa. Tenemos instrumentos que proceden de nuestros socios europeos; tenemos instrumentos que proceden del propio saneamiento bancario; vamos a tener más instrumentos que proceden de la recapitalización bancaria; vamos a facilitar que el




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crédito llegue a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, para acabar cuanto antes con esta crisis económica. Estamos en la senda efectiva para recuperar, a través de la estabilidad económica, el crecimiento económico y para solucionar la crisis cuanto antes.

Por eso el debate sobre el déficit público, sobre la deuda pública, sobre los techos de gasto —puesto que esta es la primera legislatura en que se establecen también techos de gasto para nuestras comunidades autónomas, para nuestras grandes ciudades, porque así lo determina la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera—, donde debe llevarnos es a que ninguna comunidad autónoma, ninguna corporación local, solicite más margen de déficit, sino a que solicite que se pueda financiar su déficit; este es el planteamiento real.

¿De qué sirve pedir más déficit público si no lo puedes financiar? ¿De qué sirve pedir que aumente el techo de deuda si no te va a dar nadie capacidad de financiar ese nuevo techo de deuda? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el objetivo político? ¿Decir a tus ciudadanos qué? ¿Qué les vas a decir a tus ciudadanos? A tus ciudadanos les tienes que decir que tu primera obligación como gobernante es recuperar la credibilidad de tu comunidad autónoma, la credibilidad de tu ciudad, para que te puedas financiar ordinariamente. Esa es tu primera obligación, igual con el Gobierno de España y con el Estado español, igual. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con relación a hace un año? La gran ventaja es que tenemos los mercados abiertos, que nos podemos financiar en los mercados. ¿Eso ocurre en todas las comunidades autónomas? No. ¿Eso ocurre en todos los ayuntamientos de España? No. Ocurre en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. En las comunidades autónomas todavía queda un tramo importante por recorrer. Por tanto, debemos ser coherentes con ese objetivo y no mezclar en debates públicos objetivos numéricos que no tienen sentido. ¿Qué más da? ¿Para qué quieres más déficit si no te van a prestar? No te prestan ni tus ahorradores para los que emitieron bonos, aquellos llamados patrióticos. Vaya usted a pedir ahora nuevos bonos patrióticos que verá qué respuesta le dan. Aquí la patria es devolver las deudas, es hacer que realmente paguemos las facturas. (Aplausos.) Si no hacemos eso, ¿de qué hablamos? Perdonen que sea muy práctico, para eso soy el ministro competente y el responsable del pago de esas facturas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; por eso, me tengo que poner muy serio porque si no escucho discursos grandilocuentes sobre el autogobierno y la autonomía que están muy bien, pero esto es como si España, miembro del euro, no tuviera acceso a los mercados. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me habla? Necesitaría un puente, una financiación especial. Necesitaría que vinieran a vernos y a visitarnos. Necesitarían eso. Es lo mismo. ¿De qué hablan? Vamos a ser prácticos de una vez por todas y vamos a hablar de lo que le conviene y de lo que les interesa a los ciudadanos en cualquier territorio de España, que es volver al crecimiento y a la creación de empleo; y eso pasa por la financiación de los servicios públicos. Si no hay una financiación correcta, ya me contarán. Puedo coger este folio y darle la vuelta. Seguro que así lo leo mucho peor, es evidente; no lo puedo leer al revés. El orden en el que aparecen las cifras y los planteamientos de esas cifras es muy importante, muy importante. Eso es lo que realmente debe establecerse en términos de prioridades; y eso es lo que traemos a la Cámara. Traemos objetivos de corrección de déficit realistas. ¿Qué les conviene a las comunidades autónomas? Seguir bajando el déficit público. ¿Qué le conviene a la Administración General del Estado? Seguir bajando el déficit público. La Administración General del Estado tiene hoy un presupuesto de ministerios que ronda los 37 000 millones de euros, igual que el pago de los intereses de la deuda pública. Eso es la Administración General del Estado. El otro gran gasto es la Seguridad Social, las pensiones y el desempleo, que se pagan en todos los lugares de España. Hay que decir a nuestros mayores que sus pensiones están bien fundamentadas porque se pagan en toda España porque son de todos y de todas nuestras administraciones. Pero la responsabilidad de pagarlas está en el Gobierno de España. Y eso es lo que tenemos que establecer a la hora de hablar de cifras y de debatir sobre objetivos de déficit entre nosotros. Por supuesto, que todos los grupos tienen el máximo derecho a plantear otra distribución del déficit, pero háganlo con las cifras no con las proporciones de lo que financiamos detrás de cada una de esas cifras.

Cuando digan que hay que bajar más a la Administración del Estado, digan también de dónde. Si proponen rebajar más a los pensionistas de una determinada comunidad autónoma, díganlo. Estoy seguro de que no, que de eso huyen. Están hablando de otra cosa, ¿pero qué otra cosa, si las cifras cantan por sí mismas y estamos haciendo esfuerzos, que deben ser conjuntos y solidarios, para financiar a los servicios públicos de toda España?




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La perspectiva del Gobierno es que tengamos, a partir del próximo año, un crecimiento económico que empezará siendo moderado, para ir, a partir de las bases sanas donde está establecido, a más a lo largo de la legislatura, lo que permitirá alcanzar en el 2016 el objetivo de que el conjunto de las administraciones públicas de España estén por debajo del 3%. Ese es el proyecto. No hay que confundir con ninguna relajación de objetivo de déficit público. El camino sigue siendo duro, el camino sigue siendo exigente, pero es el camino de la salida de la crisis económica. Quien pretenda ofrecer a estas alturas de la experiencia traumática que ha vivido la sociedad española que es con más déficit público como se sale de esta crisis, se equivoca. El debate en España no es entre austeridad y políticas de expansión, de crecimiento, sino que hay que seguir siendo austeros en las administraciones públicas, hay que seguir reformando nuestras administraciones para evitar duplicidades, hay que seguir, como hará el Gobierno, trayendo proyectos de ley a esta Cámara que hagan que cada Administración ejerza la competencia que mejor sabe desarrollar y, por tanto, ofrezca a los ciudadanos esa competencia en términos de eficiencia y de menor coste.

Ese es el proyecto que traemos a esta Cámara, un proyecto que dará lugar a unos presupuestos del Estado exigentes, que volverán a ser exigentes, donde no cabe preguntar qué hay de lo mío, a no ser que lo mío sea lo común. Lo mío es la crisis, la salida de la crisis económica, no entorpecer la salida de la crisis económica, no poner obstáculos a las ruedas de una evolución económica que está muy cercana a la salida de la crisis económica. Esa es la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y estoy convencido de que cuando desde el Gobierno solicitamos su apoyo, lo hacemos para solicitar el apoyo a una política que, como se está demostrando, está acortando los plazos de salida de la crisis económica. Desde esa perspectiva, espero que los diferentes grupos parlamentarios, desde sus diferentes posiciones ideológicas, sepan estar a la altura de la circunstancia que atraviesa nuestro país. ¿Una altura difícil? Sí, pero claramente esperanzadora, como no veíamos desde hace mucho tiempo. Nos los dicen nuestros colegas europeos. España ve ya la luz del túnel ahí, muy cerca. La salida del túnel está muy cerca y, por consiguiente, estamos viendo luz, no luz artificial, sino luz natural, que es la que realmente muestra que estamos al término de un recorrido que está siendo muy doloroso, pero con el que podemos acabar pronto. Es importante contar, por tanto, con la colaboración de la mayoría de los grupos para conseguir ese objetivo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

¿Turno a favor?

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el Grupo Popular va a hacer una breve intervención en este turno a favor para fijar con claridad cuál es su posición no solamente de voto, sino también en relación con el acuerdo que hoy estamos debatiendo y para ello fundamentalmente voy a utilizar dos elementos.

Por un lado, la comparación con lo que fue este mismo debate el año pasado y, por otro, las consecuencias que tiene proseguir con una política económica que está dando frutos favorables, la que estuvo aplicando este Gobierno a lo largo del año 2012 y la que está aplicando en lo que llevamos del año 2013.

En realidad, esas diferencias entre el debate de 2012 y el de 2013, que son reales, que son profundas, no son simplemente aparentes y mucho menos solo discursivas, se basan, tal y como ha señalado el ministro de Hacienda, en los elementos de confianza que el Gobierno, y por tanto España, ha sabido dar en el exterior y los indicadores que están apuntando que el final de la crisis está en nuestras manos y que se inicia una recuperación que esperamos que sea más intensa incluso que lo que prevén las proyecciones económicas 2014-2016. Los indicadores ya se han apuntado, y el más importante —quiero hacer referencia a él— es el superávit por cuenta corriente de balanza de pagos, que efectivamente indica, tal y como ha apuntado el señor ministro, que la posición neta española de pagos, posición exterior, es en este momento positiva y es la única forma de reducir el endeudamiento en una economía española que ha pecado precisamente en los últimos años de exceso de endeudamiento.




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Se ha conseguido credibilidad, y eso tiene varios elementos, varias referencias muy importantes. En primer lugar, que desde la propia Unión Europea no se ha relajado, pero sí se ha permitido una reducción gradual de déficit público más acorde con la situación economía actual, que no olvidemos que es de recesión en toda la Unión Europea. La propia eurozona se encuentra con crecimientos negativos y las economías punteras dentro de la eurozona, como es Alemania, con crecimiento de pocos decimales este año 2013 y también crecimientos cortos y muy estrechos para el próximo año, lo que nos lleva a pensar que es precisamente en estas circunstancias de crisis económica, de caída de la producción, cuando el esfuerzo estructural de austeridad que se está haciendo resulta más importante y nos ha dotado de mayor credibilidad.

En relación con el debate del año pasado también tenemos pocas dudas —tenemos todos, no solamente en el Grupo Parlamentario Popular y en el Gobierno, sino también en todos los grupos políticos— sobre la solvencia, sobre la posición española en relación con el gravísimo problema que estábamos acumulando, de creencia incluso de que la economía española podría, debería o convendría —dependiendo de a quién le oíamos decir una cosa u otra— que fuera intervenida o rescatada. No es el caso. No ha habido intervención. Nosotros mantuvimos desde el primer momento que la economía española saldría adelante con programas de austeridad, de reducción del déficit público, pero sobre todo orientada a la estabilidad y completada con reformas estructurales. Se han mencionado las más importantes de esas reformas estructurales y yo quiero añadir algunas que están en camino como, por ejemplo, la unidad de mercado. ¡Qué importante es!, y desde luego, esperamos la concurrencia del voto favorable de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a la unidad de mercado. ¡Qué menos que la unidad de mercado en una economía que es una unidad nacional como la economía española! Ya me gustará oír a aquellos que se opongan a la unidad de mercado como norma lógica de administración de los asuntos económicos dentro de un país, dentro de una nación, cuando llevamos muchos años cediendo a la propia Unión Europea los criterios-directrices sobre la unidad de mercado, de todos los mercados, de trabajo, laboral, de bienes y servicios, financiero, etcétera. No se va a negar en España internamente lo que en la Unión Europea se está haciendo.

Por tanto, espero —en esto no solamente coincidimos, sino que apoyamos totalmente las palabras del señor ministro— que hablemos de lo que hay que hablar, que hablemos de reformas estructurales, que hablemos de batir las previsiones. Ciertamente, las previsiones incluidas en el cuadro macroeconómico, en las proyecciones 2014-2016, son modestas, son proyecciones que pueden ser superadas, y para ello nos hacen falta reformas estructurales que potencien la capacidad productiva de nuestra nación y nos permitan salir con mayor vigor de una crisis económica que entendemos —yo así lo creo— que ha sido ya superada y que iniciamos ahora una etapa de recuperación.

Por tanto, nuestro apoyo favorable, sabiendo también que lo que implica este acuerdo y su aprobación en el Senado en el día de hoy son precisamente unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 que son austeros, que son exigentes, y que al mismo tiempo están orientados a la estabilidad, al crecimiento económico y a la creación de empleo. Este es un primer paso en ese proceso presupuestario y un primer paso que en el Grupo Parlamentario Popular estamos muy orgullosos de dar y apoyar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, ante todo quiero felicitarle por su santo aunque quizá no sea hoy, pero he visto que en el santoral pone que hoy es san Cristóbal. De todas formas, es por lo único que le puedo felicitar, y de verdad que lo siento.

Hoy tiene usted mucho interés en que centremos el debate en este tema, en el acuerdo del Gobierno por el que se establece el límite de gasto y también los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años. Ya lo hicimos el año pasado, cuando debatimos los objetivos para 2012 y 2013. Si tuviésemos que valorar las cuentas que hoy nos trae el Gobierno por el acierto en sus previsiones anteriores, evidentemente tendríamos que desconfiar de ellas.




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El día 14 de marzo del año antepasado nos decía que en 2012 el déficit iba a ser, y fue aprobado por el Consejo de Ministros, del 5,8%; luego aprobamos aquí un 5,3%, y al final fue casi el doble, un 10,6%. Y el objetivo para 2013 que el señor ministro enfatizaba y solemnizaba como irrenunciable era un 3%. Pues a día de hoy estamos como mínimo en un 6,5%, y ya veremos.

Fue también en un Pleno cuando el señor Montoro descartaba con rotundidad subidas del IVA o bajadas de sueldo a los funcionarios. Me decía que tenía mucha imaginación, y dos semanas después las veíamos en el Boletín Oficial del Estado. En julio de ese mismo año debatíamos el techo de 2013, año en que sería un 4,5%, y hoy nos dicen que es un 6,5% el crecimiento del déficit. Veremos lo que ocurre al final, por no hablar de sus cálculos sobre la deuda, el PIB, etcétera. Es decir, finos, lo que se dice finos no han estado. Digamos que esa senda de la que tanto nos habla ha estado llena de errores, por no hablar de esos maquillajes y de esas ingenierías financieras que tanto les gusta y que obligó a la Comisión Europea a llamarles la atención.

Quiero decir, señor ministro, que de credibilidad, cero; confianza, ninguna por los hechos vistos hasta ahora. Solo la más estrecha vigilancia, a la que sabemos tienen sometido a su Gobierno las instancias europeas, nos permite pensar que las cuentas que hoy traen aquí están más cercanas a lo que va a ser la realidad. A pesar de eso, volvemos a comprobar cómo el Gobierno promete cosas que no cumple, y volveremos a comprobar cómo la oposición les avisamos de otras que invariablemente sí se cumplen. El cuadro macroeconómico que nos traen varía poco respecto del que aprobaron en la actualización del programa de estabilidad presupuestaria el pasado 26 de abril: una décima solo de mejora para los años 2015 y 2016. Es normal que en tan poco tiempo, en poco más de dos meses, se puedan producir cambios importantes. Lo realmente sorprendente, señor ministro, señorías, es el cambio en la percepción que usted y todo el Gobierno tienen en estos dos meses. ¿Y qué es lo que ha sucedido, le pregunto, para que desde el día 26 de abril, de la famosa y patética rueda de prensa que nos hundió a todos en el pesimismo, hayan pasado al mayor optimismo y euforia que tanto en el día de hoy como en el pasado Pleno en el Congreso usted proclama y prácticamente todo el Gobierno? ¿Son nuevos datos, o será que alguien les ha regañado, como alguien ya lo hizo en una rueda de prensa que también se celebró?

Los datos que aquí nos da —y que yo realmente creo y, además, no solamente los creo, sino que me alegro de ellos y me alegraré mucho más si se consolidan, y estoy convencido de que todos los grupos parlamentarios igualmente— con los que ha basado el crecimiento en la subida del comercio exterior, en el superávit en la balanza de pagos, que es cierto, en la inflación contenida, en la mayor entrada de capitales o menor necesidad de financiación; todos ellos son datos positivos de los últimos meses que esperemos que se consoliden. Pero también todos los analistas coinciden en que hay que tener mucha prudencia a la hora de lanzar las campanas al vuelo. Señoría, el superávit se logra porque las exportaciones crecen un 2%, pero las importaciones disminuyen el 15%, de marzo a marzo que son los últimos datos con los que contamos. La demanda externa no puede compensar la caída interna. En segundo lugar el aumento de la competitividad, que también ustedes valoran positivamente, se asienta sobre bajadas salariales de los costes laborales, y no sobre incrementos en lo que sería una auténtica competividad y mejoras en investigación y en desarrollo. En definitiva, en un ámbito en el que, precisamente ayer, nos sorprendíamos con las declaraciones del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo que puede ser el cierre del mismo.

El valor añadido empresarial ha disminuido el 5,8 y la inflación, señor ministro, tiene un rebrote en los últimos tiempos. Todo ello sin contar cómo va a evolucionar la economía en otras partes del mundo. Señor ministro, yo sé que conoce el último informe de perspectivas económicas del Banco Mundial, muy reciente, donde indica que el fin de la política expansiva de Estados Unidos traerá un incremento de los tipos; que el menor ritmo de crecimiento de los países emergentes ocasionará una caída de la demanda de estos países, y que el estancamiento del comercio internacional y, sobre todo de la zona euro, va a afectar a las políticas de exportación en los próximos tiempos. Estos son datos.

Si también analizamos cómo va evolucionando 2013, y yo los datos con los que cuento son los últimos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos que en primer trimestre el PIB cayó el 0,5% respecto a diciembre y el 2% en caída anual. Estos son datos que empeoran considerablemente las previsiones que ustedes hicieron. Es la peor caída desde finales de 2009. El consumo privado continúa cayendo, el 4,9 en términos anuales. Las exportaciones han bajado el 1,3 en el primer




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trimestre. Continúa el desplome de la inversión o la recaudación que ha caído el 2,6%. Usted nos ha dado hoy unos nuevos datos, pero en el primer trimestre y con respecto al año anterior ha sido el 2,6% de caída. La deuda pública sube en el primer trimestre el 19% sobre la del mismo trimestre de 2012, pasando ya a 922 825 millones de euros; 310 millones de euros más diarios de deuda pública son los que ustedes están poniendo. No se incluye la ampliación del pago a proveedores para este año que todavía no sabemos cómo lo van a hacer. El déficit a 31 de mayo estaba en el 3,17%, la mitad que para todo el ejercicio 2013, a pesar de esa ampliación de los dos puntos. Es difícil cumplir esos objetivos con estos datos a estas alturas. El Fondo Monetario Internacional, que yo deseo que se equivoque, ayer mismo nos decía que las perspectivas también son peores de las previstas, previendo una caída de nuestro PIB para el año 2013 del 1,6, la mayor bajada que el Fondo Monetario le da a todos los países desarrollados.

Pero, además, tengo que hacerle algunas preguntas, señor ministro, ¿cuándo ajustarán los gastos e ingresos al nuevo cuadro? La variación del déficit obliga inexorablemente a ajustar los ingresos y los gastos. ¿Cómo va a resolver los ingresos previstos, 7700 millones de euros más que en el 2012, si hasta mayo van 3000 millones de euros menos a igual fecha de 2012, a pesar de esos adelantos de mejora en el mes de junio? El temor del Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, es que como siempre resuelvan estos ajustes con más impuestos, más recortes y menos dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Ustedes son incapaces de corregir el déficit, a pesar de la subida de impuestos y de los recortes. Ustedes son incapaces de doblegar la deuda, de hacer crecer al país. Ustedes han demostrado su incompetencia en política económica, pero sí han demostrado su gran capacidad en desmontar las políticas sociales. Ustedes están pendientes de lo que diga Draghi; confían solo en que den mayor liquidez, en que bajen los tipos, en que den financiación a las empresas, pero no tienen iniciativas. Este es un Gobierno noqueado, señor ministro, es un Gobierno desnortado pensando en otra cosa; pensando en ese escenario judicial tan complejo que tienen por delante.

Desde fuera tienen que ponerles los deberes, como las recomendaciones de la Comisión del 29 de mayo, en el que a cambio de esa flexibilidad les exigían para 2013 sanear 3000 millones de euros y un plan presupuestario detallado para 2014-2016 y, además, les decían que tenían que hacerlo en una fecha fija, el 1 de octubre. Esto no nos gusta. A nosotros nos gustaría que este país tuviese un Gobierno fuerte, un Gobierno sólido y no acorralado.

Ustedes han tardado mucho tiempo en reconocer algunas cosas que nosotros les decíamos aquí constantemente: mayor flexibilidad, mayores fondos para el crecimiento y el desarrollo que crearan empleo y que la austeridad absoluta o el déficit no eran una panacea. Y ahora lo reconocen. El propio presidente del Gobierno decía, hace pocas fechas, que España no tiene un problema de exceso de gasto público, sino que tiene un problema de ingresos, ya que el gasto público español está por debajo de la media de la eurozona. ¡ Eureka, señor ministro! porque en el Diario de Sesiones tienen que estar reflejadas esas mismas declaraciones de todos los portavoces de esta Cámara.

Termino, señor presidente. Señor ministro, sea más humilde. Cada vez que nos menosprecia, que nos reta o que nos amenaza demuestra que este país, además de una muy buena crisis, tiene un muy mal ministro. Arregle su casa para que espectáculos recientes como el de la Agencia Tributaria no vuelvan a suceder porque ya hay muchos ciudadanos que piensan que no solamente no arreglan las cosas que van mal, sino que están empezando a estropear todo aquello que va bien.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto han solicitado intervenir el senador Martínez Oblanca, la senadora Capella, el senador Iglesias y la senadora Salanueva. Tienen doce minutos a repartirse entre los cuatro.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ha hecho de los incumplimientos de su programa electoral una norma de conducta y una seña de identidad con denominación de origen, comparece ante el




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Senado para reclamar el apoyo a los objetivos de estabilidad presupuestaria 2014-2016. Paradójico, el gran incumplidor exige que los demás cumplan.

Estos objetivos de deuda pública se sustentan en la reforma constitucional que PSOE y PP cocinaron al peor estilo en aquel reality parlamentario, en aquel masterchef contrarreloj de septiembre de 2011 en los minutos basura de la IX Legislatura, tiempos previos a la debacle socialista y anticipo de la colosal patraña propagandística del PP, publicada bajo el título «Lo que España necesita», un programa que el Gobierno trituró con efectos letales que hoy se cifra en más de 6 millones de parados, mucha más pobreza, evaporación y letargo inversor, cancelación unilateral de pactos socioeconómicos históricos, como los fondos para reactivar las comarcas del carbón, sucesivas y espeluznantes subidas de impuestos y menor crecimiento para el conjunto de los españoles.

Señor Montoro, su radiante felicidad y su dicha por el aumento en la recaudación son inversamente proporcionales al sentimiento de millones de familias y empresas asfixiadas y esquilmadas por su política depredadora en la captación de recursos.

Este debate sobre la estabilidad presupuestaria llega precedido de reuniones clandestinas que el presidente del Gobierno ha perpetrado con determinados presidentes autonómicos para apañar el déficit a la carta, discriminatorio, insolidario, lesivo y muy perjudicial para algunas comunidades, para Asturias desde luego. Llega también con un Partido Socialista enfrascado en su federalismo particular, que no es otra cosa que dotar de mayores recursos a quienes más tienen, es la autonomía para los ricos, es decir, más injusticia. PSOE y PP, los promotores de aquella reforma constitucional, están poniendo todo su empeño en dar la razón a quienes nos opusimos, y la presunta estabilidad presupuestaria que ahora promueve el Gobierno profundiza en el desequilibrio y cicatea con las comunidades pequeñas para transigir con las más grandes. El escamoteo de Rajoy y su intimidador ministro de Hacienda para reformar el vigente y lesivo sistema de financiación autonómica es otro signo del doble lenguaje que practica el PP, con giro copernicano se muestre en el Gobierno o en la oposición.

Así las cosas, nuestro voto será de rechazo a estos objetivos y a este techo de gasto, que quiebran la solidaridad consagrada en nuestra Constitución, que provoca distinciones fiscales entre los españoles, que castiga a quienes cumplen para favorecer a los incumplidores, y que amenaza gravemente con dejar a la intemperie a las comunidades que como Asturias han quedado aparcadas, relegadas y paralizadas por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días.

Me alegro, señor ministro, de que usted esté tan contento y de que celebre que todo está tan bien. Pero, como muy bien sabe, del dicho al hecho hay un buen trecho. Ustedes se apuntan lo que va bien e imputan a terceros lo que va mal.

Pero hoy voy a hablar de mi libro, y, como las sardanas, son fabes contades lo que le voy a decir. En primer lugar, un techo de déficit no inferior al 2,3% del PIB para Cataluña, porque si no tuviéramos un déficit fiscal estructural del 8,3% del PIB, sabe usted perfectamente que podríamos financiarnos. Deje de decir que el Estado paga los servicios públicos de los catalanes y las catalanas, porque los servicios públicos de los catalanes y las catalanas los pagamos los catalanes y las catalanas con los ingresos que generamos, 33 203 millones de euros recaudados, que no vuelven a Cataluña.

Paguen a Cataluña su deuda, la deuda que ustedes tienen contraída con Cataluña, que responde a la disposición transitoria del estatut de autonomía y a las demás deudas contraídas, que el otro día el conseller de la Generalitat de Cataluña, el señor Mas-Colell, le recordaba, deuda que se ha cifrado y, que, además, le ha sido reclamada. Yo ya sé que estoy predicando en el desierto, pero no somos Esquerra Republicana de Cataluña quienes generamos el ruido. El ruido, el de verdad, lo generan ustedes y sus líos, de los que resulta sobrero hablar, porque de ellos habla con profundidad toda la prensa mundial.

Para finalizar, aunque no es una novedad, no cuente con nuestro voto. Porque lo que hoy nos presentan ustedes aquí atenta y va en contra del pueblo de Cataluña, de los catalanes y catalanas.




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Y nosotros tenemos nuestra propia receta. Ayer le presentaba la receta para el mientras tanto, pero tenemos una receta de futuro, y en ello estamos, obstinadamente determinados. Les guste o no les guste.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, como tuvieron oportunidad de argumentar mis compañeros en el Congreso, Izquierda Unida rechaza su propuesta, fundamentalmente por tres razones que de forma muy esquemática desgranaré.

Primera cuestión. El Gobierno, en aplicación del viejo principio de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ha hecho una distribución de la flexibilización del objetivo de déficit que favorece a las cuentas de la Administración central en detrimento de las posibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas. Y ello tiene trascendencia, no solo desde la perspectiva territorial del Estado y de su modelo territorial, sino que —y esto es algo que para nuestra fuerza política es aún más preocupante— tiene una repercusión inmediata sobre el Estado de bienestar, en tanto en cuanto son las comunidades autónomas las que disponen de las competencias que definen o vertebran los contenidos esenciales de dicho Estado.

Decía el señor ministro que para qué quieren las comunidades autónomas mayor flexibilización en el déficit si luego no les van a prestar. Bueno, no les van a prestar porque el Gobierno ya se ha encargado de devaluar la credibilidad de esas comunidades autónomas y, por lo tanto, de dificultar que consigan esa financiación para su endeudamiento.

Segunda cuestión. Algo muy importante es cuándo salgamos de la crisis. Yo espero, aunque no confío en ello, que tengan razón y que salgamos en los plazos que ustedes marcan. Pero para nosotros, lo más relevante, es cómo salgamos de la crisis. Y de esta crisis vamos a salir con un modelo social absolutamente diferente del que teníamos antes de producirse. La mayoría de la sociedad va a salir de esta crisis de rodillas. Va a salir de esta crisis en unas condiciones mucho peores. Esta es una crisis diferente, porque la salida de la misma no significa la vuelta al punto cero, como en crisis anteriores, en cuanto al reconocimiento de derechos sociales y de cobertura social. Se profundiza en un modelo en el que las rentas del trabajo cada vez participan menos en el incremento de productividad. En el periodo 1985-2011, los costes laborales unitarios bajaron un 18%.

Tercera cuestión. Se agudizan los niveles de desigualdad, siendo España uno de los países en los que más han crecido durante la crisis. Crece la pobreza y aumenta entre colectivos que antes no estaban castigados por esa realidad, los más jóvenes y la pobreza infantil. Se han reducido los mecanismos de cobertura por desempleo y de atención a la dependencia. Se han introducido recortes y repagos en la sanidad. Hay menos recursos para educación y ahora van a por las pensiones.

Pero lo más importante es: ¿Cómo salen España y los españoles de esta crisis? Insiste mucho el señor ministro en sus distintas intervenciones en el problema de la deuda. Esa casi evocación de la canción que dice «toma chocolate, paga lo que debes» no es en principio rechazable, el problema es que cuando el señor ministro dice «paga lo que debes» significa que el conjunto de la sociedad acaba pagando lo que deben otros. Ustedes han transformado el endeudamiento privado que se dio durante el período del crecimiento y la burbuja en deuda pública. La liviandad del sistema financiero concediendo créditos sin garantías suficientes y la irresponsabilidad de los gestores de las grandes empresas, que prefirieron repartir dividendos para mejorar su cotización en bolsa y generar otra burbuja en lugar de ahorrar para invertir —y acudieron al crédito para realizar esas inversiones necesarias—, ha dado como resultado la necesidad de acudir a un rescate, al ver que no podían pagar y que el sistema financiero entraba en dificultades, convirtiendo todo ese endeudamiento privado en endeudamiento público. Por eso, con esa estrategia a lo largo de su acción de Gobierno creció el endeudamiento público.

Y termino en treinta segundos porque todavía tiene que intervenir una compañera. Con los datos que nos traen parece que toca ser optimistas. El Gobierno ha formado una especie de equipo en el vestuario y los estudios de las entidades financieras comparten el optimismo del




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Gobierno, aunque los estudios internacionales lo pongan en cuestión. ¿Habrá luz al final del túnel? La única realidad es que la luz subió un julio. Eso es incontestable e indiscutible. ¿Hay superávit en el sector exterior? Sí. Pero el crecimiento de la exportación a los Estados emergentes, un 20,8%, está en riesgo, según analiza el Fondo Monetario Internacional. La bajada del precio del petróleo favoreció esa situación, pero el conflicto de Egipto se traduce inmediatamente en una subida del precio del petróleo. Los criterios más rígidos del Banco de España, en cuanto a la necesidad de provisionar la reestructuración y refinanciación, van a dificultar la concesión de créditos. Hay mucha fragilidad, hay demasiadas cosas hilvanadas como para que se pueda sostener de forma incontestable que estamos, de verdad, en la salida de la crisis. Ojalá acierten ustedes, pero no neguemos la realidad de los riesgos que persisten.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Senadora Salanueva, tiene la palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo con cierto estrés porque contar con un minuto y medio para un tema tan importante no me va a permitir explayarme mucho. Pero por responsabilidad y por respeto, señor ministro, salgo a manifestar la postura de Unión del Pueblo Navarro, que va a ser de apoyo, como ya hicimos en el Congreso de los Diputados.

Me voy a remitir a un discurso casi de sentido común. ¿Por qué UPN va a apoyar en este momento este acuerdo, siendo el único que lo hace junto con el Partido Popular? Nosotros creemos que no estamos ante un mero procedimiento, es un acto que trae causa del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de una modificación de la Constitución que fue objeto de un amplísimo consenso, que ojalá se hubiese producido ahora. Creemos que esto genera confianza y la expectativa de que vamos a tener unos presupuestos. En este sentido, creo que es importante de cara al exterior que se vea que España va a contar con unos presupuestos, con unos objetivos económicos, aunque luego los compartamos en su totalidad o no. De hecho, UPN no siempre está de acuerdo con la ejecución del presupuesto, y así lo manifestamos en las sucesivas leyes y acuerdos que se vienen planteando. Creemos que es importante generar confianza, dar estabilidad y crear la expectativa de tener unos presupuestos, y las previsiones del cuadro macro que usted nos ha traído nos generan cierta esperanza.

Pero, sobre todo, vamos a apoyar este acuerdo porque somos un partido que cumple su palabra. Acordamos con el Partido Popular presentarnos juntos a las elecciones generales y así nos hemos mantenido en los sucesivos presupuestos y aprobaciones del techo de gasto.

Insisto, más allá de las discrepancias, pensamos que a ustedes tres votos hoy de los senadores de UPN no les lleva a ningún sitio porque tienen una sobrada mayoría absoluta, pero quiero que valoren en su justo término que la no soledad de un partido en una decisión como esta tiene su importancia, y el apoyo de un partido que gobierna Navarra, un partido mayoritario que hace que las cosas sean muy distintas a como podían serlo si gobernaran otros, es importante, no solo para el gobierno de España sino también para el conjunto de nuestro país.

Señorías, el que no se arriesga no se equivoca nunca. Y les vamos a dar nuestro apoyo porque hay que contener el déficit, ya que si no lo hacemos no habrá crecimiento, no habrá generación de empleo. Insisto, desde las discrepancias con algunas medidas vamos a apoyar esta decisión importante para que España cuente con los presupuestos que necesita el país para crecer, y aportaremos en las medidas que supongan la aplicación concreta de sus presupuestos, nuestras ideas y discrepancias.

Ánimo. Y gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, buenos días. Antes de comenzar mi reflexión quiero decir que, en el poco tiempo que llevo, he visto que es el único ministro que comparece o al menos viene a presentar un acuerdo, con lo cual no sé si felicitarle, porque a fin de




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cuentas es nuestra obligación estar aquí, pero al menos quiero expresarle mi reconocimiento porque debatamos legítimamente, independientemente de la opinión que cada uno de nosotros traslade.

Entiendo, señorías, que nos encontramos en una situación un poco extraña, puesto que hoy estamos analizando el cálculo formal del techo de gasto no financiero para el Estado y la fijación de los objetivos de déficit público y de deuda pública, tanto para la Administración del Estado como para las comunidades autónomas y para las hermanas pobres, es decir, las corporaciones locales, y digo las hermanas pobres no con desdén sino constatando una realidad vivida en propia carne, en primera persona.

Y digo que es una situación extraña porque hoy se van a establecer una serie de cifras, una serie de objetivos, por ejemplo, los objetivos de déficit, etcétera, que la experiencia nos demuestra que no se cumplen, o vamos a ver datos de previsión de crecimiento que incluso antes de ser aprobados están siendo ampliamente cuestionados. En lo que sí vamos a estar todos de acuerdo es en que esto a la ciudadanía le deja perpleja, no entiende cómo en tan poco tiempo puede haber tanto cambio, tanta modificación en un paisaje tan amplio, de tanta incertidumbre.

Está claro que el déficit nos lo marca la Unión Europea y, evidentemente, se sigue a pies juntillas, además tomando determinadas decisiones que, como estamos viendo, tensionan a la sociedad. Pero no solo eso, me pregunto si el Gobierno al adoptar este tipo de medidas tendrá en cuenta las consecuencias que pueden tener de cara y a ojos de los ciudadanos, como siempre decimos, de aquellos ciudadanos a los qué, con los qué, sobre los qué estamos adoptando una serie de medidas.

Y les voy a poner un ejemplo. Como saben ustedes, señorías, desde el pasado 7 de julio, el efecto directo de que en Euskadi 348 000 trabajadores vascos hayan visto decaer su convenio, significa que a partir de ahora pasan a regirse por el Estatuto de los Trabajadores. Se trata del 76% de los empleados que se han quedado sin su referencia directa, lo que supone en Euskadi un total de 264 567 trabajadores. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿es este el clima propicio, es el clima adecuado para que seamos positivos en el mensaje?

Cuando hablamos de déficit, cuando hablamos de techo de gasto tenemos que poner evidentemente estas realidades encima de la mesa porque si no nos estaremos olvidando de para quién estamos legislando o para quién estamos adoptando determinadas medidas o qué consecuencias van a tener sobre la cara y ojos que antes hemos comentado. Es decir, entiendo que entre todos hay que poner una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar y para nosotros, para el Grupo Vasco, todo lo relacionado con lo social es una gran línea roja que no se puede traspasar y la encrucijada en la que se ha puesto a esos 265 000 trabajadores y trabajadoras, a los cuales antes hacía mención, es una situación que se hace difícil, cuando menos, de digerir.

El año pasado, en unas fechas aproximadas a las actuales, el Gobierno también realizaba un planteamiento de un déficit de un 6,3%. Todos los presentes sabemos cómo ha terminado el cuento que, por cierto, podemos decir también que es una historia inacabada porque todavía para las comunidades autónomas —y, evidentemente, inexistente para lo local— es un tema que todavía falta por cerrar, desgraciadamente está por cerrar. Hoy el Gobierno nos ha transmitido su alegría por la bajada del desempleo o por unos datos positivos en la balanza corriente, pero, a nuestro entender, tampoco podemos crear una serie de falsas expectativas, porque no tenemos más que analizar los documentos que ha remitido el propio Gobierno junto al acuerdo del Consejo de Ministros, dos documentos en los que, por una parte, tenemos el cuadro macroeconómico de la economía española para este ejercicio y los tres próximos, y por otra, el informe del Consejo de Europa sobre el cumplimiento del déficit de la economía española, recomendaciones que, dicho sea de paso, han ido modificándose día a día sobre la base de conveniencias de los diferentes momentos, amén de que no hace mucho saliese el Fondo Monetario Internacional criticando la dureza con la que se habían adoptado determinadas medidas en el Estado español. Parece que ahora nos estamos dando cuenta de que fue un gran error perseguir la austeridad en todos los países europeos dependiendo, como sabemos todos, unas economías de las otras y autoimponiéndose esa austeridad interna entre ellas mismas.

En el cuadro macroeconómico se refleja una grave situación económica donde se plantea una perspectiva de caída del PIB en torno al 1,3%, si bien es cierto que el Fondo Monetario Internacional augura una contracción de un 1,6% y un crecimiento nulo para el año 2014, mientras el Gobierno




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plantea un triste crecimiento de un 0,5%. Estos datos nos hacen pensar que debemos ser tremendamente cautelosos a la hora de valorar los datos del empleo, tremendamente cautelosos a la hora de dar una serie de datos positivos que, evidentemente, a todos nos alegran, porque a todos nos alegraría que fuesen reales estas manifestaciones realizadas tanto por el ministro como por el senador Utrera, en las que el propio ministro decía: Saldremos de esta crisis a corto plazo; las pymes y pequeñas empresas van a tener salida en sus necesidades financieras. O como decía el senador Utrera: el final de la crisis está en nuestras manos, crisis económica ya superada y comenzamos la fase de recuperación.

¡Qué más quisiéramos todos los aquí presentes, todos y todas los aquí presentes, que de verdad esos datos fuesen reales, que fuesen ciertos! Pero, evidentemente, son datos que nos generan desconfianza, son datos que no se creen y son datos que provocan escepticismo, tanto en nosotros como en la ciudadanía.

Para concluir, señor Montoro, la búsqueda del acuerdo entiendo que es ahora más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque cuesta creer estos datos y estas previsiones que están haciendo, y tiene que entender que cueste creerlo; y si venimos a un Pleno como este, donde entre los senadores y senadoras no se ha hablado, no se ha intentado acordar, no se ha intentado explicar previamente lo que se va a debatir, es algo previsible que vaya a ocurrir lo mismo con los presupuestos que en otoño se traigan a esta Cámara. Evidentemente, lo que se va a reflejar es la soledad del Partido Popular, soledad, si se quiere, acompañada por los miembros de UPN, pero soledad, porque por no buscar, no se busca ni el acuerdo al cual le obliga la propia ley. No han sido capaces ni de reunir a la comisión mixta para pactar ni el límite de gasto ni el endeudamiento, ni de la comunidad autónoma vasca ni tampoco el de la Comunidad Foral de Navarra que, lógicamente, a falta de cumplimiento legal de parte, hace que no se tengan por qué sentir obligados, tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno vasco, con el acuerdo que ustedes vaya a aprobar aquí.

Por todas estas razones, les anuncio el voto negativo de nuestro grupo a la propuesta presentada por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente.

Señor ministro, señorías, me toca en esta intervención fijar la posición del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya respecto a la propuesta de objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2014-2016, así como la fijación del límite de gasto no financiero para el ejercicio que viene.

Es la tercera ocasión, señor ministro, que en el plazo de un año y medio hemos tenido de celebrar un debate con un objetivo similar. Digo esto porque conviene recordar que a pesar de la importancia que este acto tiene, en las dos anteriores ocasiones los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda publica no se han cumplido. Algunos fueron revisados a las pocas semanas, o lo fueron después de una negociación con la Unión Europea tras aquella afirmación de soberanía —todos recordaremos— proclamada por el presidente del Gobierno. Pasó en el año 2012 y ha pasado también el año 2013. Con estos precedentes, ¿por qué nos hemos de creer las proyecciones y objetivos que hoy usted somete a la consideración de esta Cámara, si en el pasado negó cambios que se reclamaban para hacer los suyos, en algunos casos, unos meses después? Solo hay que recordar la reclamación de flexibilización del déficit de 2013 o reclamar dos años más para cumplir el objetivo del pacto de estabilidad que se negó en esta Cámara y que después se negoció con Bruselas.

Recuerde usted, justo hace un año, cuando defendía que el crecimiento de la economía española para 2013 sería del —0,5% del PIB, cuando toda la oposición, los analistas y los organismos internacionales, multiplicaban por tres esta cifra. Usted no se inmutó y después vino la corrección. Por cierto, ahora ustedes prevén un crecimiento positivo del 0,5% para 2014 y el Fondo Monetario Internacional hizo ayer público que su previsión para España es de crecimiento cero. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional también se equivoca, es verdad, pero ustedes, a lo




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largo de este más de año y medio, han acertado bien pocas. Y no digo que no se pueda corregir, porque es evidente que hay tendencias en la economía que cambian y esto lo requiere, pero lo que no es de recibo es aprobar objetivos sobre los que hay un consenso, no solo de la oposición, sino de otras instituciones, de que no son en absoluto realistas. Y esto ha pasado en el pasado. Este es su crédito, y hasta la Comisión Europea, como se recordaba en este Tribuna, les llamó la atención por las operaciones de ingeniería financiera de 2012, retrasando la devolución de impuestos a miles de ciudadanos y de empresas para maquillar las cifras de déficit en el cierre del ejercicio pasado.

El problema de ustedes es que al llegar al Gobierno cambiaron de programa y de política respecto a aquella que habían defendido en la oposición y durante la campaña electoral del año 2011. Lo hicieron con la excusa de haber encontrado más déficit del previsto. Se ve que no leían la prensa, ni los informes de los organismos internacionales, y solo creían a Elena Salgado. Con esta excusa han intentado justificar el cambio de política y de programa. Quedaron en el cajón del olvido las promesas de no recortar el Estado del bienestar, los discursos de la pasada legislatura del Partido Popular respecto a la necesidad de preservar de los recortes la sanidad, las prestaciones por desempleo, las pensiones o las propuestas de bajar impuestos. Pero la realidad es que hemos asistido a recortes en todas las políticas relacionadas con el Estado del bienestar y a la mayor subida de impuestos de las últimas décadas, acompañado de un incremento sustancial de la deuda, que ustedes prevén que al acabar la legislatura supere el 100% del PIB. ¿A eso se le puede llamar cumplir el programa o cumplir los compromisos con los ciudadanos?

Pero hablemos del techo de gasto para 2014. ¿Son creíbles las previsiones de ingresos y gastos que se realizan por parte del Gobierno? ¿Lo han sido las del año 2013? Además de revisar las estimaciones de crecimiento, lo que ustedes no han hecho es revisar las previsiones de ingresos y gastos para este año, cómo va a quedar el año 2013. Podemos ver, a pesar de la aportación novedosa que hacía esta mañana respecto al último mes, el mes de junio, pero en los cinco primeros meses el Estado agotó más de la mitad del déficit del 2013 al existir un desfase del 3,17% entre los ingresos y los gastos.

¿Nos encontraremos en el último trimestre discutiendo los presupuestos del año 2014 y a la vez efectuando recortes adicionales de gasto en 2013 para contener el déficit o procediendo a nuevas subidas de impuestos? Porque, de alguna manera, ustedes han ido improvisando, negando una cosa que acababan de realizar o que acaban realizando unos meses después. Y las evidencias son estas, todo bajo ese supuesto mantra de la austeridad. En el año 2012 aprobaron un déficit del 5,3% para el conjunto de las administraciones públicas y se acabó en un 10,6%, incluyendo las ayudas para la reestructuración del sector financiero; una desviación del doble. La Administración central preveía un déficit del 3,5% y acabó con un déficit del 5,08% sin incluir la ayuda a los bancos. Las que sí que se ajustaron fueron las comunidades autónomas y las corporaciones locales; las comunidades autónomas pasaron de un déficit del 5,09% al 1,76% del PIB. Y ello, señor ministro, quiere decir un debilitamiento de los servicios básicos del Estado del bienestar, y quiere decir más desigualdad social.

Una cosa similar pasa, por ejemplo, con la reducción de efectivos humanos del sector público; más del 80% de los puestos de trabajo que se han reducido en esta legislatura corresponden a las administraciones territoriales. Ustedes hacen el discurso de la austeridad y el rigor, pero los que se ven fundamentalmente obligados a practicarlo son otros: comunidades autónomas y corporaciones locales.

Este es el escenario que ustedes dibujan también para los próximos tres ejercicios. Las comunidades autónomas dispondrán solo del 20% del conjunto del déficit de las administraciones públicas para este año; un 17,2% en 2014, un 16,6% en 2015 y un 7% en 2016. Es decir, en 2016 ustedes prevén que el 93% del déficit del conjunto de las administraciones públicas corresponda a la Administración central.

¿Quién está soportando, y quieren ustedes que siga haciéndolo, las políticas de austeridad? El reparto del déficit es injusto, arbitrario y solo comportará injusticia y desigualdad. Es arbitrario porque no se corresponde con el peso de las comunidades autónomas en el conjunto del gasto público que, en su caso, comporta la financiación de servicios esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales que suponen más de dos terceras partes del presupuesto de muchas de ellas. Es injusto porque las comunidades autónomas no disponen de un espacio fiscal propio y no pueden




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actuar prácticamente sobre sus ingresos y, cuando lo hacen, como en el caso del impuesto sobre los activos bancarios, ustedes lo imposibilitan. Y, además, señoría, es poco creíble. ¿Por qué nos vamos a creer que la previsión de déficit de la Seguridad Social para 2014, por ejemplo, será del 1,1%? Recordemos que hace un año, cuando se realizaba este debate, ustedes preveían un equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social para el año 2013. Muchos apuntábamos que ello sería imposible. Hoy ustedes reconocen y prevén ya un déficit para el presente ejercicio del 1,4% del PIB. Ahora bien, ¿por qué prevén tres décimas menos para el año que viene? ¿Habrá más cotizantes? ¿Habrá menos pensionistas? ¿Las pensiones medias serán mas bajas?

Señorías, no es creíble. Nos da la sensación de que ustedes primero deciden el techo de gasto y después se ajustan las previsiones de las diferentes variables macroeconómicas para que sean coherentes con ese techo de gasto. El año pasado en cierta manera fue un ejemplo de manual a ese respecto. Si reconocían que la economía caería el triple, todo el escenario se les desmontaba; por eso no lo quisieron reconocer: ni el consumo ni el empleo ni los ingresos previstos lo hubieran podido justificar con una caída del triple.

Y en esta ocasión pasa algo similar referido a 2014. Con una demanda interna que seguirá cayendo, difícilmente se generará empleo, por mucho que crezca el sector exterior, que lo tiene también difícil dadas las no fáciles expectativas de crecimiento de nuestros socios comunitarios y la previsible caída de los mercados emergentes, como apuntaba un portavoz hace unos minutos desde esta tribuna. Nos hemos de alegrar, evidentemente, de la balanza por cuenta corriente pero en gran parte también —no lo olvidemos— no solo se debe a la competitividad de nuestras empresas sino a la caída de las importaciones.

Señorías, las políticas de ajuste y austeridad carentes de estímulos no ayudan a la necesaria recuperación del empleo y la economía del país y algunas de las reformas tampoco; al contrario, algunas, como la laboral, han facilitado el despido y la bajada de salarios, y al balance del último año me remito. Pero hay otras reformas que ustedes dejan para el final de la legislatura, cuando las elecciones estén en puertas; la fiscal, por ejemplo, que para ustedes será bajar impuestos, o tratar de bajar impuestos, en los últimos seis meses, antes de que los ciudadanos acudan a las urnas, todo ello suponiendo que la situación económica haya mejorado. Evidentemente, creo que todos lo deseamos, aunque no seamos tan optimistas como el señor Montoro.

¿Por qué seguir ignorando el peso de la economía sumergida? ¿Por qué mantenerse impasibles cuando la presión fiscal es casi ocho puntos inferior a la media europea y la recaudación ha caído como en ningún país? ¿Por qué seguir manteniendo en este contexto de crisis el excesivo peso de las rentas del trabajo de las clases medias y bajas, que soportan el 90% de la presión fiscal? ¿Por qué esperar al final de la legislatura? Esta reforma parece que no toca, que está aplazada. Creo que muchos pensamos que no existen razones, evidentemente, para que eso sea así, igual que pensamos que sí existen razones para no avalar las propuestas que nos formulan: no son coherentes ni consistentes, no son las que posibilitarán con posterioridad la elaboración y aprobación de unos presupuestos generales para 2014 que España necesita para salir de la crisis. Ustedes se limitan —con esto acabo— a cumplir la hoja de ruta que les marcan desde Bruselas, sin excesiva iniciativa ni imaginación y sin posibilitar esperanza más allá de algunas alusiones a que ya estamos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.

Gobernar no es ocupar y controlar el Estado o utilizarlo a tu servicio, sino ponerlo al servicio de los intereses de la mayoría, y en esta propuesta hoy, como en muchas otras, realmente pensamos que ustedes no lo tienen presente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, déjeme empezar felicitándole como hacían dos portavoces, en primer lugar, por su santo, y, en segundo lugar, porque, a diferencia de muchos de sus compañeros es verdad




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—y se le debe reconocer— que siempre que hay una ley importante o un acuerdo importante usted comparece ante esta Cámara para dar cuenta y defenderlo, cosa que tendría que ser dentro de la normalidad; pero en su caso, desgraciadamente, es una excepción, en positivo.

Dicho esto, voy a hacer alguna reflexión inicial antes de entrar en el contenido. Me enseñaron que para afrontar las situaciones de dificultad tanto a nivel personal como a nivel colectivo es necesaria una cierta dosis de autoestima, pero la verdad es que hoy, señor ministro, usted y su Gobierno se presentan no con una cierta dosis de autoestima; yo diría que se presentan con una sobredosis de autoestima, con un cierto subidón de autoestima en relación a sus previsiones y al planteamiento que ustedes efectúan.

Señorías —creo que lo ha recordado algún portavoz—, en un año y medio ustedes han presentado dos presupuestos, acompañados de dos cuadros macroeconómicos y, juntamente con estos dos presupuestos, también un acuerdo de techo de gasto; el año pasado, el 26 de julio, también con unas previsiones y unos objetivos de déficit. Los dos cuadros macroeconómicos que presentó el Gobierno en los dos presupuestos duraron menos de cuatro meses, y fueron modificados tan solo cuatro meses a posteriori en el mejor de los casos. Los objetivos de déficit que presentaron en los dos presupuestos y en el acuerdo del techo de gasto también fueron modificados en menos de seis o siete meses. Por tanto, junto a la autoestima, que es necesaria, yo creo que debemos tener presente cierta humildad.

Cuando dicen que todos los organismos internacionales se van a equivocar en cuanto a nuestras previsiones de crecimiento y que nosotros las vamos a superar todas, yo solo les puedo decir que ojalá y que si podemos hacer algo, lo haremos, pero la realidad hasta este momento, desgraciadamente, no ha sido así. Yo no les quiero recordar el debate de los últimos Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara hace siete meses, pero tanto en comisión como en Pleno les recordábamos que catorce servicios de estudios diferentes, públicos y privados, nacionales e internacionales, preveían un crecimiento negativo en torno al 1,5%. Ustedes se obstinaron en mantener una previsión de crecimiento del 0,5%. Desgraciadamente, tendremos que rectificarla.

Dicho esto, bienvenidas todas las buenas noticias y ojalá podamos colaborar con ellas. Pero, ustedes nos plantean una distribución del déficit para los años 2014, 2015 y 2016 que nos parece ciertamente injusta. Nos parece ciertamente injusta porque en 2014 ustedes prevén que las comunidades autónomas van a tener la capacidad de generar un déficit del 17%, que es el que se otorga a nivel del Estado español. Este 17% se convierte en un 16% en 2015, con una reducción del 30% —reducción que para la Administración central solo es del 21%— y para 2016 ustedes entienden que las comunidades autónomas van a tener que generar solo el 7% del déficit del Estado español, con una reducción —escuchen bien— del 71% de la capacidad de generar déficit frente a una reducción para el mismo año de la Administración central de menos del 28%, que va a acumular, como ha dicho anteriormente el senador Montilla, el 93% de la capacidad de generar déficit. Por tanto, solo este dato justifica nuestro voto en contra.

Usted se adelanta y nos dice: oiga, y las comunidades autónomas que no pidan generar más déficit porque no lo pueden financiar. Aquí tenemos que analizar por qué no lo podemos financiar. ¿Por qué no lo pueden financiar las comunidades autónomas? También dice: hemos generado confianza a nivel del Estado español; las dificultades que teníamos para financiar ya no existen y tenemos capacidad de acceso a los mercados. Es verdad, pero ¿lo han hecho solos? No, no lo han hecho solos. No lo ha hecho el Gobierno solo, ha contado con la ayuda básica, fundamental, de la Unión Europea, de nuestros socios europeos y del Banco Central Europeo.

De la misma manera que el Estado español ha necesitado ayuda, y la ha tenido, también se tendrían que buscar mecanismos de ayuda para que las comunidades autónomas pudieran acceder a estos mercados financieros, porque si las comunidades autónomas cuentan con los mismos mecanismos, también tendrán acceso al mercado financiero. La verdad es que nosotros tenemos la percepción de que desde el Gobierno central, desde el Estado, no se ayuda; al contrario, se genera desconfianza con relación a las comunidades autónomas. Se las pone en una situación absolutamente límite y, evidentemente, nadie tiene confianza para aplicar a estas comunidades autónomas un sistema de financiación absolutamente insuficiente, con el incumplimiento constante de las obligaciones por parte del Gobierno central en cuanto al pago de las deudas —de las que después hablaremos— y, por tanto, esta situación es muy difícil.




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Señoría, le puedo asegurar que si Cataluña fuera capaz de gestionar íntegramente nuestros ingresos públicos, los impuestos que se generan en Cataluña, la Generalitat tendría toda la credibilidad en los mercados financieros, con la misma deuda, asumiendo una parte importante que le corresponde de la deuda del Estado español, y no tendríamos ninguna dificultad. Por tanto, se tienen que establecer mecanismos para que también las comunidades autónomas gocen de la confianza de los mercados, igual que la Unión Europea ha generado confianza en relación con el Estado español en todos los mercados.

Señor ministro, usted nos ha dejado algunas frases que también merecen algún comentario. Nos ha dicho: La patria es devolver las deudas. La patria es pagar las deudas. Y nosotros les decimos tranquilamente que sean patrióticos, paguen sus deudas, paguen las deudas que mantienen con las comunidades autónomas, paguen las deudas que mantienen con la Generalitat de Catalunya, paguen los 8000 millones de euros que deben en estos momentos a la comunidad autónoma catalana. Si son patrióticos, seguramente van a contribuir a que los mercados financieros también tengan confianza en la Generalitat de Catalunya. Mire qué paradoja, hoy, desde Convergència i Unió le estamos pidiendo que sea patriótico, que pague sus deudas en relación con nuestra comunidad autónoma.

También quiero hacer un comentario en cuanto a la apertura de los mercados y la rebaja de los tipos de interés. Más allá del debate sobre que es una apertura que solo ha favorecido a la Administración central, quiero añadir algún comentario al suyo. Es verdad que ha sido una apertura de mercados para la Administración central, pero no ha llegado a las empresas, y, especialmente, no ha favorecido a las pequeñas y medianas empresas; y cuando las pequeñas y medianas empresas puedan escuchar a su ministro de Hacienda decir que ha habido una apertura de mercados y una reducción de tipos de interés, seguramente, la reflexión que le harán será: a nosotros no nos ha llegado. Y no vamos a superar la crisis económica, no vamos a crear empleo, no vamos a ponernos en tasas de crecimiento relativamente importantes si el crédito no llega a la pequeña y mediana empresa, si esta apertura de mercados no llega a los que generan el gran volumen de empleo en el Estado español, que es la pequeña y mediana empresa, y en eso sí que tenemos también un reto pendiente entre todos.

Finalmente, señor ministro, quiero constatar que, según la regla del gasto, el porcentaje de incremento del mismo en las diferentes administraciones que hoy presentan ustedes supone un coeficiente del 1,5%; el que presentaron el año pasado para 2014 era del 1,7%, por tanto se ve menguado sensiblemente, y eso seguramente también va a dificultarnos a todos nuestro trabajo. En todo caso, quiero manifestar, como he dicho anteriormente, nuestro voto en contra a esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

En el debate mantenido por todos los portavoces ante los anuncios reiterados del Gobierno sobre la salida de la crisis hay una certeza, y es que saldremos de ella. Podría decirse que hoy queda un día menos para que eso suceda, evidentemente. Pero, al final, la gran pregunta es cómo saldremos, cuánto tardaremos en salir y cómo saldremos como país y como ciudadanos. ¿Dejar la recesión y comenzar a crecer unas décimas es salir de la crisis? Pues vamos a aceptarlo, no hay ningún inconveniente en aceptar estos términos, si hace falta. ¿Pero cómo será nuestra España a la salida de la crisis? ¿Cómo estarán los ciudadanos de nuestro país? Hay una evidencia, será una España con mucho más paro, con mucha más pobreza y con mucha más desigualdad de la que teníamos anteriormente.

El paro, del que no ha hablado aquí el señor ministro, ya afecta al 21% de los sustentadores principales de las familias, de los que llevan el sueldo a la familia. Eso automáticamente se convierte en pobreza y exclusión sin lugar a dudas. Vamos a salir, cuando salgamos, con una mayor diferencia entre los sueldos bajos y los altos. La ley de relaciones laborales, la contrarreforma que han hecho va a hacer, además de que esta brecha sea grande, que haya muchísima más precariedad en el empleo, muchísima menos certidumbre y confianza de cara al futuro por toda esta generación de españoles a los que afecta y tan duramente. Aquí se ha nombrado esta




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mañana la finalización de convenios para millones de trabajadores que se ven desamparados por la pérdida de algo que consideraban una protección conseguida —como decían los sindicatos— en las trincheras.

La incapacidad del sistema impositivo español, que usted como responsable y competente —tal y como le he oído a usted decir— no ha sido capaz de superar, nos lleva, evidentemente, a la eliminación de las políticas sociales. Nos lleva a los recortes, recortes que, sin lugar a dudas, generan más desigualdad. Después de la salida de la recesión podemos decir que seguiremos con la crisis económica en cuanto al despegue de las empresas, a la falta de crédito que es patente y que es una de las luchas que tiene este Gobierno en Europa para conseguir que se cree un fondo estructural que permita garantizar la financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que siguen teniéndola y que la tienen muy cara, con una exigencia de garantías nunca vista. Esto va en contra de algo que estamos orgullosos de que se haya conseguido en este país, aunque sea a base de bajar los costes laborales: la competitividad. Evidentemente, si los costes financieros que las empresas tienen que pagar por sus inversiones suben, como lo hacen con un diferencial todavía enorme con respecto a otros países de la Unión Europea, la competitividad automáticamente baja y puede incluso anular el efecto de las bajas salariales. Por ello, después de la salida vamos a tener también una crisis social sustentada en todas las lagunas, en toda la desaparición de los apoyos sociales que en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de lo social en general se había extendido, pues teníamos una red asistencial pública que están ustedes desmantelando con las políticas de recortes. Vamos a salir con una crisis institucional que está ahí, política e institucional. No voy a profundizar en ello, pero la crisis abundará en todo lo que en este país está pasando, la transformación de la justicia o la transformación de otro tipo de instituciones que también están en crisis, por no hablar de cómo estamos valorados los políticos y los partidos políticos.

Usted ha anunciado aquí —no voy a repetir lo que ha dicho, señor Montoro, porque no voy a aprovechar este turno de palabra para eso— las diferencias que hay entre cómo estaban ustedes con esa herencia tan mala que recibieron, entre cómo estaba este país hace año y medio y cómo está ahora, cómo ha subido el paro, la deuda, los recortes, los impuestos, el déficit, además de la desconfianza, además de la gestión de Bankia, además de la amnistía fiscal, además de todas las contrarreformas que ustedes están emprendiendo. No voy a insistir en ello. Sí quiero comentar que ustedes hacen referencia —usted y el portavoz del Partido Popular— a la reformas, al plan de reformas que actualizaron el pasado 26 de abril. Decía un periodista, Jesús Mota, no hace mucho, parafraseando a Pío Baroja, que el Gobierno ha hecho una política económica con demasiado dogma, pero con poca moral, con el agravante fatal de que encima la ha aplicado mal. Titulaba su artículo «Del sonajero a la farsa macroeconómica». Hablaba del plan de reforma, de ese plan del que ustedes alardean porque va a traer tantos bienes a este país. Crean confusos planes de estabilidad y a medio plazo los venden, Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Hablan de supuestas reformas. Crean comités de expertos para todos que luego dirán lo que ustedes quieren que digan y qué quieren aplicar. Lo hemos visto en la reforma de la Administración y lo estamos viendo también en la reforma fiscal. De verdad, ustedes deberían confiar en los técnicos que tienen y que paga el ministerio, los técnicos de la Agencia Tributaria, que siguen siendo unos grandes profesionales y que realmente saben qué es lo que hay que hacer para recaudar más en este país.

Hablaba también de que los cálculos en los que han creado el cuadro macroeconómico son como una desfachatez. Hablar de que en el 2015 el PIB va a subir el 0,9 y el empleo va a crecer el 0,3 o que en el 2016 el PIB subirá 1,3 y el empleo crecerá el 0,7, con esos datos económicos cualquier economista sabe que eso es prácticamente imposible, con ese crecimiento el paro continúa cayendo y de alguna forma han calzado la productividad a martillazos para sacar esos datos. Además de lo que puede considerarse un milagro, la necesidad de financiación del 0,22, se pasa a una capacidad del 3,9% en el 2016. Vamos a ver cómo se explica eso, a pesar de los datos que nos ha dado hoy de incremento. Lo único estable en todos sus datos es el paro.

Cuando usted nos anuncia que el peso del gasto público —que se recoge también en ese plan de estabilidad y reforma— pasará del 45,5 del PIB en el 2011 al 39,7 en el 2017 —una bajada importantísima, de más de 6 puntos—, todos sabemos que esa bajada del gasto público sobre el PIB será en la sanidad, en la educación, en la dependencia y en las prestaciones sociales. Es más




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—y no es la primera vez que lo digo desde esta tribuna—, ustedes pintan en esos cuadros un país que, comparativamente con el resto de Europa, nos asemeja a Eslovenia, Lituania y a los seis países que están en peor situación, procedentes de la antigua Unión Europea. Yo creo que no es esa la España a la que quieren parecerse nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino a una España con el gasto público similar al que tienen el resto de los países.

Pero vuelvo a insistir, si ya el presidente Rajoy hace dos semanas reconocía en sede parlamentaria que nuestro país tiene un gran problema pero no de gasto público, ya que estamos por debajo de la media, sino de ingreso público, pónganse a trabajar en este tema y no sigan reduciendo el gasto público. No le damos lecciones al mundo, como usted decía eufórico esta mañana, si acaso alguna que no son buenas lecciones y que están hoy en las portadas de todos los periódicos. No le damos lecciones al mundo, señor Montoro. En ese plan de estabilidad tendrían que decirnos si va a haber más recortes, qué va a pasar con las pensiones, si van a dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral o qué va a pasar con los impuestos, si los van a subir o utilizarán un nuevo eufemismo.

Termino. Usted, señor Montoro, esta mañana ha vuelto a echar flores a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, diciendo que le habían dicho que no querían déficit. El déficit no lo quiere nadie, lo que quieren son más ingresos. Pero le voy a decir otra cosa, y es que lo que querían y reivindicaban los ayuntamientos es que si tenían superávit pudiesen utilizarlo en aquello que quisiesen y nosotros y otros grupos parlamentarios hemos traído aquí mociones y enmiendas a la ley de presupuestos para eso y ustedes las rechazaban continuamente. Con lo cual, obras son amores y no buenas razones.

Por último, hablaba esta mañana del Senado, del respeto que le tiene al Senado y la importancia de esta Cámara. Demuéstrelo, señor Montoro, comparezca en la Comisión de Hacienda. Ustedes, el Gobierno y todos los grupos parlamentarios a finales del 2011 solicitaron y solicitamos la comparecencia del ministro en la Comisión de Hacienda. A estas alturas todavía le estamos esperando.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, acabamos un debate que empezó bien y va a terminar mejor, puesto que va a ser aprobado el techo de gasto para el próximo año 2014 como primer elemento para configurar unos presupuestos de los que se espera básicamente que permitan mantener la senda de recuperación de la credibilidad económica en España y proseguir en el esfuerzo, esfuerzo de austeridad, pero, sobre todo, tal y como se apuntaba y que es lo más importante, un esfuerzo de estabilidad.

Se está produciendo un cambio en la cultura de los españoles. He seguido con atención la intervención de algunos portavoces que dicen que de la crisis saldremos, pero que lo haremos con una España diferente, y yo creo que es verdad. Vamos a salir con unos ciudadanos españoles que van a creer más en la estabilidad, unos ciudadanos españoles que van a creer menos en los vendedores de gangas, ya sean instituciones financieras que venden productos novedosos a altos tipos de interés y sin riesgo, pero también vendedores de gangas en la política que son capaces de hacer de todo, son capaces de atender todo tipo de gasto, tal como hoy nos explicaba el portavoz socialista. Me niego a hablar de los términos en los que usted se ha expresado porque es absolutamente incoherente. Por un lado, nos dice que estamos gastando demasiado y que no estamos controlando el déficit; por otro, nos habla de políticas de crecimiento y, por tanto, de mayor déficit; y, por otra parte, también nos habla de incremento de la deuda pública al tiempo que se aumentan impuestos y que ustedes propondrían no sé bien si reducciones de impuestos o aumentos de impuestos con una agencia tributaria nueva. No se sabe bien de lo que usted está hablando.

Lo que sí sabemos es que para mantener credibilidad, para mejorar la posición de España no solo en los mercados financieros, sino en otros muchos aspectos, como destino de inversión, como país fiable en las relaciones internacionales, lo que hace falta es ser consecuente. De la política de situarnos en el corazón de Europa, que nos ha puesto en una periferia no digo




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despreciada, pero sí ignorada por los países centrales de Europa, estamos pasando a una nación, un país, que tiene voz en Europa, una voz modesta, la que corresponde a su posición económica y política pero que, al mismo tiempo, va a ser socio fiable y va a permitir a nuestro país, a nuestros ciudadanos salir de la crisis y salir para bien, como digo, con un cambio cultural, ese cambio que se refiere a desconfiar de todo aquel que promete o asegura que va a conseguir todo y que lo va a hacer prácticamente de forma gratuita.

Me ha interesado mucho el discurso del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, porque yo creo que refleja bastante bien la posición de gran parte de los grupos. Además, ha sintetizado bastante bien, porque no tenía más remedio ya que disponía solo de tres o cuatro minutos, los elementos centrales de este debate. Él decía que va a votar en contra básicamente porque no hay un reparto eficiente o equitativo del déficit con las comunidades autónomas argumentando que, efectivamente, el Estado de bienestar está vinculado a las prestaciones que suministran estas comunidades autónomas. Creo que este debate, que ya hemos tenido en varias ocasiones, está superado. El déficit general de las administraciones públicas es el que realmente importa y es con el que se nos está juzgando desde el exterior, no solo desde la Unión Europea, sino desde el resto del mundo. Por tanto, la distribución de ese déficit está en función de las capacidades de las administraciones públicas, de la necesidad de estabilización de las administraciones públicas, y, ciertamente, como argumento novedoso, ha surgido hoy el hecho de que el Estado está entorpeciendo —de nuevo una vez más España perjudica— el acceso a la financiación a algunas o a todas las comunidades autónomas en los mercados financieros internacionales. Ese sí que es un argumento absolutamente novedoso, como si desde el Gobierno de España se estuviese intentando que las comunidades autónomas siguieran siendo satélites a la hora de financiar su déficit público.

Pues bien, eso no es así. El Estado ha de atender, y lo hace, los gastos más importantes no solo del Estado de bienestar, sino del propio bienestar de los ciudadanos, puesto que el bienestar se mide por el puesto de trabajo, el bienestar se mide por la actividad económica, el bienestar se mide por la reputación y la credibilidad de España. Los pagos de intereses, los pagos de pensiones, los pagos de prestaciones de desempleo, las políticas activas de crecimiento económico, todo eso corresponde al Estado.

Por tanto, hablar de esos repartos cuasi matemáticos —tal y como algún portavoz ha hecho aquí, con unas cifras que en realidad solo él entiende— sobre si los porcentajes de distribución del déficit tienen que ser de una forma o de otra… No, los porcentajes de distribución del déficit tienen que ser, en primer lugar, en función de si se pueden financiar o no —hay administraciones del Estado que pueden financiarla y hay otras que no pueden, directamente— y en segundo lugar, también en función de las propias circunstancias sectoriales y estructurales de las comunidades autónomas, y a esas habrá que atender, pero todas las administraciones dentro de esa perspectiva de austeridad y sobre todo de estabilidad, y en modo alguno como una especie de dejación de funciones y de aplazar por unos años más —que ya se ha hecho durante demasiado tiempo— la solución de los problemas.

Decía también el senador Iglesias que salimos de la crisis, y en eso han coincidido algunos portavoces, y para mí es la conclusión más importante de este debate. Quienes el año pasado en el debate sobre el techo de gasto decían que íbamos a ser intervenidos y que la política del Gobierno no estaba conduciendo a ningún lado, ahora, con titubeos, con dudas, dicen creer, o posiblemente creen que España está saliendo de la crisis. Creo que este es un elemento esencial y novedoso en un debate de esta naturaleza. Vemos que el resto de grupos perciben como algo posible la salida de la crisis, cosa que hace tan solo unos meses se percibía no ya como algo improbable, sino como algo imposible, e incluso se decía —repito— que España estaba abocada a una intervención exterior. Por tanto, nos alegramos de esa posición, incluso por parte de Izquierda Unida, de que salimos de la crisis, aunque, según se dice, con un modelo diferente y más lesivo para los ciudadanos. Yo apunto que con un modelo diferente, con una cultura diferente y con una creencia en la estabilidad como un elemento esencial de las sociedades, porque austeridad y estabilidad no están reñidas con crecimiento puesto que es una parte esencial del crecimiento.

En tercer lugar nos habla del aumento de la deuda pública. A este respecto quisiera hacer una breve reflexión. Efectivamente, la deuda pública ha aumentado mucho desde el inicio de la crisis —50 puntos porcentuales de producto interior bruto, es decir, una enormidad—. La mayor parte de




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ese incremento de deuda se ha producido hasta el año 2011 tanto en las cuentas reconocidas como en las que no estaban reconocidas y que este Gobierno está reconociendo. Es decir, ese aumento de deuda pública que desde algunos grupos de oposición se está planteando como un incumplimiento de programa, como un incumplimiento de promesas o sencillamente como la incapacidad del Gobierno de España de controlar la situación financiera no es más que la materialización de una deuda no pagada y ni siquiera reconocida contablemente que arrastrábamos desde el pasado. Es decir, pagos a proveedores sanitarios —entre los más importantes—, una factura de más de 15 000 millones de euros que estaba pendiente de liquidar —no se había liquidado— y que ahora, con el pago de proveedores, ha sido resuelta en su mayor parte; deudas con administraciones públicas, y de las propias administraciones públicas con suministradores de bienes y servicios por un importe de en torno a 30 000 millones en su conjunto, que ha sido resuelta y que, lógicamente, en una posición de déficit público, ha significado emisión de deuda pública. Pero es que ese dinero ha ido directamente a pequeña y mediana empresa, a gran empresa, a tejido productivo. En definitiva, ese dinero ha servido para que se produzca lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos constatando: un cambio en el signo de la coyuntura y la confianza en que la crisis ya ha sido superada.

Por lo demás, quiero agradecer a la senadora Salanueva y a Unión del Pueblo Navarro su apoyo —que consideramos muy importante en estos momentos— a una pieza tan esencial como es la fijación de objetivos presupuestarios y de objetivos macroeconómicos para los próximos años.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Quiero agradecerlo porque, repito, creo que ese apoyo es importante en estos momentos. Y hago mías las palabras del señor ministro de que se espera de los demás grupos políticos la responsabilidad de dejar de lado pequeños debates, pequeñas cuestiones, para ponernos de verdad en la tarea, en la creación de empleo y el crecimiento económico.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

¿Desea intervenir el señor ministro para cerrar el debate? (Denegaciones.)

Muchas gracias.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en contra, 99.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el Acuerdo. (Aplausos.)

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN MARÍTIMO NACIONAL.

(Núm. exp. 662/000093)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal; otra, del Grupo Parlamentario Socialista; y finalmente, la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Mateu por tiempo de quince minutos.




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El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Señorías, comparezco en el Pleno de esta mañana radiante de verano madrileño con el propósito de instar al Gobierno de España, a través de esta iniciativa parlamentaria apoyada por todo mi grupo —el Grupo Popular—, a que se cumpla con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

Señorías, esta moción es en esencia una reclamación que se hace al Gobierno de España para que complete lo dispuesto en esa norma jurídica —que tan acertadamente elaboró y promulgó— con el objeto —que por primera vez se fija en una norma de estas características en España— de actuar en el campo de la lucha contra la contaminación marina, con independencia además del tipo de sustancias o sustancias contaminantes, bajo los principios de coordinación, cooperación y eficiencia en la utilización de los medios de lucha.

Señorías, permítanme que les recuerde la dicción literal del artículo 45 de la Constitución Española del año 1978: «Todos tienen el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.»

Señorías, apoyándome en esa indispensable solidaridad colectiva es por lo que, sobre la base de lo que les voy a plantear en el texto de esta moción, les solicito su voto a favor de la misma; se lo volveré a pedir nuevamente al finalizar mi exposición pues creo, señorías, que hay argumentos suficientes tanto de peso como de convicción para que ustedes no tengan la menor duda, en el momento de provocar la votación, de votar en sentido afirmativo a la misma.

Señorías, España tiene más de 7880 kilómetros de costa. En gran parte de ésta se ha producido un fuerte proceso urbanizador que ha originado una utilización plenamente urbana de gran parte del litoral. También tenemos miles de kilómetros en los que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Así, en los mares interiores tenemos más de 14 394 kilómetros, de los que 4744 están localizados en los archipiélagos, correspondiendo a Canarias 2398 kilómetros cuadrados. Tenemos un sector de pesca marítimo pujante tanto en la generación de empleo —en el año 2012 se calculaba en torno a los 38 000 ocupados— como por su aportación al producto interior bruto —más de 7000 millones de euros al mismo—. También España ocupa el puesto número trigésimo en el ranking mundial, con una flota en transporte marítimo de 150 buques y con una capacidad de carga de 2,3 millones de registro de toneladas brutos. Por otro lado, la flota controlada por los armadores españoles asciende a 247 buques, con 3,9 millones de toneladas de registro bruto y 4,4 millones de capacidad de carga. La importancia de este tráfico marítimo, señorías, para el intercambio mundial de mercancías se convierte en un valor estratégico en el caso del petróleo y productos derivados del mismo por el papel simplemente estratégico que desempeñan en la economía global. De hecho, el petróleo es la materia prima más transportada del mundo.

En España, señorías, existen diez refinerías pertenecientes a tres grupos empresariales muy importantes —Repsol YPF, Cepsa y BP Oil en España—, por lo que hay un flujo importante de transporte marítimo de petróleo y de sus derivados, sin olvidar que, al margen del tráfico marítimo con origen o destino en los puertos españoles, nuestras costas siempre están sujetas al tráfico internacional de buques de carácter petrolero, que, sin recalar en nuestros puertos muchas veces, sí transitan por otros dispositivos de seguridad de tráfico internacional que hay en nuestras aguas por Finisterre y por el estrecho de Gibraltar.

Señorías, les ofrezco estos datos para resaltar la importancia que tiene el tema que le planteamos al Gobierno de España para cumplir lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 15 de enero del año siguiente —2013—, para que apruebe antes del año —que se establece en la disposición adicional primera— el Plan marítimo nacional, al objeto de afrontar cualquier contingencia de contaminación marina.

No hay que olvidar, señorías —para ratificar más todavía esta imperiosa necesidad—, una serie de grandes tragedias provocadas por grandes buques petroleros —sin ánimo de ser exhaustivo—




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como la acaecida el 12 de mayo de 1976, protagonizada por el buque Urquiola, que derramó más de 70 000 toneladas de petróleo en las costas de la Ría de Ferrol, Ares y de La Coruña. También recordamos la del 5 de mayo de 1970 del buque Polycommander, que embarrancó y se incendió en las Islas Cíes, en Vigo, derramando, a su vez, desgraciadamente, más de 13 000 toneladas de crudo. Asimismo la ocasionada por el petrolero Aegean sea —Mar Egeo—, el 13 de diciembre de 1992, que embarrancó frente a la costa de La Coruña, con un vertido de 66 800 toneladas de crudo. El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, el 19 de noviembre de 2002, ocasionando un vertido de fueloil, que provocó un gran desastre ecológico por el vertido aproximado de más de 64 000 toneladas de crudo y que dio lugar, entre otras medidas, a que la que era entonces comisaria europea de Transporte, la española, que en paz descanse, Loyola de Palacio, consiguiera la prohibición en toda la Unión Europea de la circulación de los petroleros monocascos que respondieran a las características del hundido Prestige.

No quiero olvidarme tampoco de dos grandes tragedias de contaminación marina pero ya fuera de nuestras costas como fue la del petrolero Torrey Canyon en el año 1967, en las islas británicas, al sureste de Cornwall, con un vertido de más de 120 000 toneladas de crudo. Y la del Exxon Valdez, en el año 1989, que contaminó más de 2000 kilómetros de costa en Alaska, con un vertido de más de 40 millones de metros cúbicos de toneladas de petróleo.

Pero hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1695, que ya he mencionado en varias ocasiones, la legislación española solo abordaba el sistema de respuesta frente a la contaminación marina que tuviera su causa en el vertido de hidrocarburos, sin contemplar ni regular aquellos supuestos en que la causa de la contaminación marina viniera por otras sustancias distintas de los hidrocarburos. Este es, señorías, el auténtico mérito de este real decreto.

Señorías, les recuerdo que el respeto por el medio marino y su protección frente a sucesos de contaminación marina ha tenido en los últimos años una importancia cada día más creciente para la ciudadanía, frente a la propuesta o percepción general que se da al respeto por el mar como un elemento de desarrollo fundamental de las sociedades modernas y del valor intrínseco del medio marino como bien público. Así se ha plasmado en las principales normas de derecho internacional, cuya aplicabilidad afecta al ámbito marino, entre las que cabe mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del año 1982, que establecía que los Estados han de tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

Estas medidas generales de control de la contaminación del medio marino tienen también un posterior desarrollo en multiplicidad de normas de regulación internacional de menor rango, entre las que cabe destacar el Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, de 1990 —en adelante, el acrónimo OPRC-90—, y su Protocolo sobre sustancias nocivas potencialmente peligrosas —en adelante, OPRC-HNS/2000—, ratificadas por España el 12 de enero de 1994 y el 27 de enero del año 2005, y que están en vigor de forma general en nuestro país desde el día 13 de mayo del año 1995 y el 14 de junio de 2007 respectivamente, que entre otras determinaciones, establecían y establecen la obligación de los Estados firmantes de crear un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación.

Estos dos cuerpos legales tienen como objetivo, fundamentalmente, la cooperación internacional de asistencia mutua en incidentes mayores de contaminación marina, así como el desarrollo y mantenimiento en los Estados parte de la adecuada capacidad de preparación y respuesta frente a las emergencias de contaminación marina de todos los niveles, ya sean causados por hidrocarburos o por sustancias nocivas o potencialmente peligrosas.

Decíamos anteriormente que el convenio OPRC-90 determina en su artículo 6 la obligación de establecer por cada Estado parte un sistema nacional de respuesta frente a la contaminación, y el mismo artículo 4 del protocolo OPRC-HNS 2000 establece esa misma obligación para los sucesos de contaminación, y añade: no solamente los hidrocarburos, sino también aquellas sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Por tanto, señorías, nuestro sistema nacional deberá cubrir ambas fuentes posibles de contaminación marina.

Pero nuestra propia legislación solamente contemplaba las posibilidades de contaminación marina por contaminación por hidrocarburos, como hacía el Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las




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operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en los ámbitos marítimo y portuario. Lo mismo hacía el Plan nacional de contingencias para actuaciones marinas accidentales, aprobadas por orden del Ministerio de Fomento el día 23 de febrero del año 2001, que establece cuáles son los criterios para la elaboración de los planes territoriales competencia de las comunidades autónomas y de los planes interiores, referidos a instalaciones mar adentro, puertos, terminales marítimas o a industrias litorales.

Las obligaciones derivadas de la legislación internacional, convenio y protocolo que les he mencionado anteriormente por fin han tenido una implantación en nuestra legislación nacional con la promulgación de este Real Decreto —el 1695 que ya les he mencionado en sucesivas ocasiones—, que establece, como ya les he expresado, un sistema de respuesta nacional ante la contaminación marina, sea cual fuere la sustancia que la provoque. Mediante este real decreto se crea y se regula un sistema de organización interadministrativa, que constituye el instrumento técnico y de coordinación entre las diversas administraciones públicas con competencias en la materia y es susceptible de proporcionar una respuesta adecuada a los supuestos de contaminación del medio marino y de la ribera del mar, respetando en todo caso las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a las comunidades autónomas litorales y a las ciudades de Ceuta y Melilla, como establecen sus respectivos estatutos de autonomía.

Además, entre las bondades que tiene, este real decreto crea unos organismos precisos para fomentar la lucha contra la contaminación marina y dar una adecuada respuesta a cuando esta se provoca y establece —y es fundamental en estos planes de contingencia y de emergencia— la coordinación administrativa para afrontar perfectamente y con todas las garantías de éxito los fenómenos de contaminación marina.

Este mismo real decreto hace pivotar la coordinación dentro del Sistema Nacional de Respuesta, por un lado, sobre la correcta integración de los distintos planes de contingencia, nacional e interiores, dentro de lo que en este real decreto se califica como subsistema marítimo, y sobre los planes estatales, territoriales y locales para las condiciones establecidas en el subsistema terrestre. Desde la perspectiva de estos planes de contingencia anidados, estos necesitan de una correcta y temprana definición de los planes de mayor ámbito, la cual es necesaria para proceder a la actualización del resto de los planes. Así, la tan citada y mencionada disposición adicional primera del Real Decreto 1625 fija, como les he dicho, el plazo de un año desde la entrada en vigor del mismo para la aprobación de los planes en el caso de las autoridades dependientes de la Administración General del Estado.

Señorías, por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado la siguiente moción, y espero que por lo expuesto aquí tengan ustedes la bondad, la amabilidad y el reconocimiento de votarla en sentido afirmativo. Así pues, el Senado insta al Gobierno de España —leo—, punto primero, a. «Impulsar la redacción y aprobación por el Ministerio de Fomento, dentro del plazo establecido por el Real Decreto 1695/2012, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina del Plan marítimo nacional, con el apoyo técnico especializado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en las materias objeto de su competencia.» Y punto segundo y último: «Colaborar y prestar apoyo a la elaboración de los planes interiores marítimos.» Eso es todo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiere el destino que esta moción se debata el día en que se declara visto para sentencia el juicio del Prestige. Y tiene lógica que el destino así lo haya marcado, más allá de la vocación y voluntad del senador Popular proponente, porque en materia de seguridad marítima en nuestro país hay que decir que el Prestige marcó un antes y un después. Si la seguridad marítima nunca fue una prioridad ni en inversiones ni en marco normativo, esta catástrofe supuso, en primer lugar, un aldabonazo en la conciencia social e inmediatamente la traslación al ámbito político y legislativo de la necesidad de intervenir para que nunca máis, nunca más se pudiera producir un accidente como el del Prestige.




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Esto significó que los poderes públicos por primera vez en nuestro país vieran la necesidad de convertir la seguridad marítima en uno de sus objetivos principales y dedicaran recursos a la seguridad marítima. Es cierto que sorprendentemente un país como el nuestro, rodeado de costa, nunca viera la necesidad de introducir inversiones presupuestarias importantes para satisfacer las necesidades de seguridad en esa costa.

La enmienda tiene un objetivo muy concreto: que para la elaboración del Plan marítimo nacional se haga algo que, en nuestra humilde opinión, resulta bastante lógico, una evaluación del plan preexistente, una evaluación del Plan nacional de servicios de salvamento de la vida humana en el mar y lucha contra la contaminación del medio marino, que tiene que afrontarse desde el conocimiento de lo que pasó, con el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Salvamento Marítimo 2010-2018, que contemplaba consignaciones, compromisos presupuestarios, y que es cierto que establecía la previsión de que en 2013 se debían revisar esos compromisos presupuestarios.

Por tanto, la enmienda solicita la evaluación de la ejecución del plan preexistente y que en un marco de ajustes y de recortes, como en el que nos encontramos, no se utilice la elaboración del nuevo plan como oportunidad para rebajar el compromiso presupuestario con el mantenimiento de la seguridad marítima, porque en ese caso volveríamos hacia atrás, volveríamos hacia la conciencia política anterior al accidente del Prestige y, por tanto, estaríamos privando de los medios humanos y materiales imprescindibles para conseguir que de verdad nunca más, nunca máis, se produzca una situación catastrófica como la que tuvo lugar hace casi once años.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, después del anterior debate con vuelta al ruedo, ahora tenemos un debate más tranquilo.

En este turno voy a defender nuestra enmienda a esta moción que desde nuestro punto de vista es una de estas mociones de encargo del Gobierno para cubrir huecos, y, en general, vacías de contenido, y para hacer una maniobra de burladero y así nos olvidemos, como ya ha recordado algún portavoz, de que hoy acaba el juicio de los tribunales de la catástrofe del Prestige. Hoy acaba el juicio de los tribunales, pero el otro juicio no ha tenido lugar porque nunca nadie ha pagado sus culpas y sus responsabilidades a este respecto.

Y quieren también disimular y hacernos olvidar que en estos años —como también se ha señalado— hay un profundo recorte de medios y de recursos en los sucesivos presupuestos por parte de los Gobierno del Partido Popular respecto del vigente Plan nacional marítimo 2010/2018, que está haciendo incluso que pierdan operatividad los medios y los recursos de lucha contra la contaminación marina.

Y nos quieren hacer olvidar la contrarreforma Cañete de Ley de Costas, que es la mayor agresión a la protección litoral costera y al medio marino. Y en ese sentido nos recuerdan un decreto que el Gobierno ha aprobado hace siete meses en el que nos proponen que se cree ante el Sistema Nacional de Respuesta un plan, el plan marítimo nacional, que tiene que realizar el Ministerio de Fomento, cuando faltan cinco meses para que el Gobierno cumpla esa obligación de presentar el plan, y se olvidan y nos presentan la cuestión como un tema de transporte marítimo. Señorías, esto no es solo una cuestión marítima, la principal cuestión y el principal aspecto es el ambiental, que no es algo secundario, como considera el Gobierno. Y da la sensación —y me parece curioso— que los proponentes, el Partido Popular, no han leído el decreto del Gobierno, porque ese decreto del Gobierno propone crear el plan marítimo nacional, que tiene que realizar Fomento; propone crear el plan estatal de la ribera del mar contra la contaminación, que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; propone hacer los planes territoriales de protección de la ribera del mar, que también van a elaborar las comunidades autónomas; y los planes locales de protección con la ribera del mar, que tienen que elaborar las entidades locales y que el Grupo Popular no incluye en su moción como colaboración; o, en su caso, encargar y mandatar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que lo redacte. Por lo tanto, yo creo que habría que incluir —y así lo proponemos en nuestra enmienda— todos los planes previstos en ese decreto.




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En segundo lugar, consideramos otra serie de medidas que son necesarias porque la lucha contra la contaminación en el medio marino tiene que ser una acción global e integral, que tiene que ocupar muchos departamentos, muchos campos de acción, y no separar —como se demuestra y se trasluce de la propia redacción de esta moción— Fomento del resto, como si Agricultura y Medio Ambiente, o Interior, Protección Civil, el Cepreco, etcétera, no tuvieran vela en este entierro. Por lo tanto proponemos, en primer lugar, que se ponga de relieve todo el Plan 2010/2018, que está en vigor, el Plan nacional de salvamento y lucha contra la contaminación marítima; que, por lo tanto, tenga todos los acuerdos, apoyos presupuestarios, recursos humanos y materiales y que no haya riesgo de pérdida de la operatividad de los medios que existen y que fueron creados por los Gobiernos anteriores ni de la función de inspección y control de los vertidos. Para abordar de manera integral la cuestión, que se impulsen las medidas que también están previstas en la Ley de 2010, de protección del medio marino, que aplica la directiva europea y que prevé la redacción de las estrategias marinas que, por lo tanto, deben ser desarrolladas por el Gobierno. Que se continúe en la acción internacional y en la Unión Europea como mejor fórmula de luchar contra los riesgos en el tráfico marino. Que, desde luego, se potencie la innovación como una fórmula evidente para minimizar los riesgos de la contaminación, y que se impulsen las medidas de prevención, vigilancia y sanción, que es la mejor forma de evitar la contaminación y de luchar para el cumplimiento de la normativa. Y que se tenga como forma de enfocar el problema la gestión integrada de las costas y el cumplimiento de los convenios internacionales, que sin duda es el caso del Convenio del Mediterráneo, que, por ejemplo, dice que la protección del litoral no debe ser en el Mediterráneo de menos de cien metros, en contra de la reforma Cañete de Ley de Costas, que es la mayor agresión —como se ha dicho— al entorno y al conjunto del medio marino.

Todas estas cuestiones forman una acción integral, que es como hay que abordar la cuestión. Lo demás es crear las condiciones para que catástrofes como el Prestige vuelvan a repetirse, entre otras razones porque quien en aquel momento era jefe del gabinete de crisis es hoy el presidente del Gobierno, y nos da la sensación de que si hoy sucediera volverían los mismos a tomar las mismas decisiones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, senadors.

Senador Mateu, ha fet una bona exposició de l’objectiu de la seva moció. De la seva exposició i de la justificació del discurs que ens ha fet defensant la seva moció sembla que el que realment volia era donar aquest tràmit parlamentari a un decret del seu govern, és a dir, donar-li ara aquesta fase que no va tenir en el seu dia i, per tant, doncs, vostès mateixos ara recorden que han de trobar allò que es van autoimposar a l’hora de redactar aquest decret.

És evident que la prevenció juga un paper fonamental a la nostra costa perquè aquesta és de pas obligat d’un gran nombre de rutes d’interès mundial, de navilieres i de transport marítim i que, recalant o no en els nostres ports, hem de tenir els plans per actuar en cas de crisi com es recordava aquí en el cas del Prestige o d’altres.

Nosaltres pensem —i és molt important— que qui té les facultats i les competències executives en molts casos són les administracions més properes al lloc on es poden produir aquests casos de contaminació. Per això, el sentit de la nostra esmena era que es tingués en compte aquest tema, perquè altrament ens podem trobar en què, un cop més, estem fent un pla que no té en compte el que ja s’està fent fins a la data i que està funcionant prou bé. Jo, com a català, m’estimo la sardana, i la sardana és un ball obert on hem de sumar i tothom si pot incorporar en qualsevol moment; amb això vull dir que hem de fer que tothom hi pugui participar, i jo no sé ni en aquests moment això és així. Per això hem introduït la nostra esmena.

Jo li demanaria al senador Mateu i al seu grup que intentessin incorporar les esmenes dels grups, perquè penso que tots els grups que hem presentat esmenes no trobem pas malament el fet que s’ha d’actuar i que cal tenir presents aquestes contingències per saber actuar més bé i més ràpidament i coordinar amb tothom. Podrien fer un esforç per incorporar aquelles aportacions que fem tant els grups que m’han precedit com el meu propi.




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Per això li demano que consideri aquesta possibilitat i, en tot cas, esperem la seva intervenció per decidir el sentit de la nostra votació a la seva moció.

Moltes gràcies i bon dia.

Gracias, señor presidente.

Buenos días, senadores.

Senador Mateu, ha hecho una buena exposición del objetivo de su moción. De su exposición y de la justificación del discurso pronunciado al defender su moción se desprende que lo que quiere es dar trámite parlamentario a un decreto de su Gobierno, trámite que no tuvo en su día; ustedes mismos se acuerdan ahora de que deben aprobar lo que se autoimpusieron en su momento cuando redactaron este decreto.

Es evidente que la prevención desempeña un papel fundamental en nuestra costa, puesto que es obligado paso de múltiples rutas de interés mundial, de navieras y de transporte marítimo y que, recalando o no en nuestros puertos, tenemos que tener los planes necesarios para actuar en caso de crisis —como se recordaba aquí— provocadas, como sucedió con el Prestige y en otros casos.

Nosotros creemos —y es muy importante— que quien tiene la facultad y las competencias ejecutivas, en muchos casos son las Administraciones más cercanas a los lugares donde se puede producir la contaminación. Por eso, el sentido de nuestra enmienda es que se tome en consideración esto, porque si no nos podríamos encontrar con que de nuevo estamos haciendo un plan que no tiene en cuenta lo que se ha hecho hasta la fecha y que funciona suficientemente bien. Yo, por ejemplo, como catalán, que amo la sardana, que es un baile abierto al que todo el mundo se puede incorporar y sumar en cualquier momento, creo que tenemos que hacer que sea precisamente así, es decir, algo en lo que todo el mundo pueda participar. Y yo no sé si ahora mismo esto es así. De ahí el sentido de nuestra enmienda.

En todo caso, me gustaría decir al senador y a su grupo que, puesto que todos los grupos que hemos planteado enmiendas entendemos que hay que actuar y tener en cuenta las contingencias para poder hacerlo mejor, coordinando a todo el mundo, le pido que considere la posibilidad de hacer un esfuerzo por incorporar las aportaciones que hacemos tanto los grupos que me han precedido en el uso de la palabra como mi propio grupo.

En cualquier caso, esperamos su intervención para decidir el sentido de nuestro voto a su moción.

Muchas gracias y buenos días.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas. Señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias de nuevo, señor presidente.

En primer lugar, y es de justicia, quiero agradecer el tono utilizado por los representantes de los tres grupos al defender sus enmiendas.

Respecto a la enmienda presentada por CiU, entendemos que va a enriquecer la elaboración del plan de emergencias, el Plan nacional marítimo, y vamos a aceptarla. Vamos a aceptar esa enmienda porque está ínsito en el espíritu del Real Decreto 1195 el respeto a las competencias que corresponden a otras administraciones territoriales y sus respectivos planes.

Además, señoría, le agradezco el tono que ha empleado usted en su intervención. Me gusta prepararme las cosas, y sobre todo, cuando uno siente la pasión por el medioambiente y el ecologismo, como también es responsabilidad de mi grupo, se hacen las cosas bastante mejor y con ganas de acertar.

Le recuerdo que en el artículo 3 del Plan nacional de respuesta a la contaminación marina, esas estructuras que usted dice, los planes territoriales, ya se pueden incorporar directamente al plan nacional para prever con ellos las diversas contingencias. Por eso le agradezco que usted también haya tenido esto en consideración. Este plan se ha elaborado siempre con respeto a las competencias jurídicas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico para las comunidades autónomas con litoral, Ceuta y Melilla. Por eso, señoría, le comunico que el Grupo Parlamentario Popular va a aceptar su enmienda.




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La enmienda del senador Iglesias, de Izquierda Unida, y la del PSOE, las voy a responder conjuntamente porque hablan de ese plan magnífico, el Plan nacional de salvamento y de lucha contra la contaminación marina, que abarca el período 2010-2018, con una importante dotación inicial de 1690 millones de euros, y que precisamente había que revisar ahora, en el año 2013.

No obstante, agradeciendo el tono de la intervención de ambos senadores, quiero comentar una serie de cuestiones al hilo de los once puntos que ha establecido el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda.

Coinciden con nosotros en los dos primeros puntos; en el tercero hablan de aprobar a la mayor brevedad el plan de la ribera del mar, que compete al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. He de comunicarle, senador, que este plan se va a aprobar cuando el Consejo de Ministros lo vea, prácticamente a finales de 2013, porque estamos a expensas de una serie de retazos para hacerlo de manera adecuada. Uno de los que falta es una herramienta de ayuda a la gestión de emergencias, que es muy tecnificada y que va a ser fundamental en la lucha contra la contaminación marina.

La colaboración con las comunidades autónomas a través de los planes territoriales es fundamental y está recogida en el decreto que usted ha comentado que no nos habíamos leído bien en la disposición transitoria única.

Respecto a los planes por las entidades locales, las comunidades autónomas van a colaborar con ellos en esa elaboración y van a estar supervisados por las dependencias de Protección Civil que existen tanto en las subdelegaciones como en las delegaciones del Gobierno.

El Plan nacional de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación marina es una constante; es un plan que apoya fundamentalmente la prevención en la lucha contra la contaminación marítima y se mantendrán los medios necesarios para que las respuestas frente a las contaminaciones marinas y de los litorales sea adecuada y suficiente por la buena gestión que se hace de ese plan. Y no quiero olvidarme de esos magníficos profesionales que día a día están pendientes de nuestras costas.

Respecto a las medidas de protección del medio marino que aplica la Directiva 2008/56, tiene usted que leer la exposición de motivos de nuestro real decreto. Desde luego, la acción internacional va a seguir siendo la misma, porque estamos obligados por ley, estamos obligados tanto por el convenio como por el protocolo que antes les he relatado, el 90 y el 2000. Por eso le digo que no tenga usted ningún temor, que España cumple sus compromisos, y por eso está en un mundo global y cumple las predicciones establecidas por las normas que vienen dadas en los ámbitos globales más importantes o más amplios que el Estado español.

En cuanto a la innovación como fórmula, desde luego. La innovación es fundamental, y así le remito al Plan de salvamento y lucha marítima, que precisamente contempla como una de sus características básicas la innovación para desarrollar nuevas técnicas; lo mismo que en el Plan de lucha contra la contaminación en las riberas terrestres. Y no hay que olvidar que relacionado con esa innovación tenemos fundamentalmente un proyecto —que usted conocerá—, el ESEOO que desarrolla una serie de conclusiones basándose en estudios de las mareas, los movimientos marinos, las corrientes subterráneas, etcétera. Y es fundamental —y por eso también se lo rebato— que la gestión integrada de las zonas costeras es uno de los deseos del Gobierno de España, y se está consiguiendo por la integración de muchos organismos que tienen gestión y competencia sobre ello y, además, deriva del cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas internacionales.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Por eso, agradeciendo a todos sus aportaciones, no aceptamos la enmienda del PSOE, no aceptamos la enmienda de Izquierda Unida y sí aceptamos la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.




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Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Es cierto que hoy no hay chapapote en las costas; el chapapote, desgraciadamente, hoy aparece en los medios de comunicación de forma bastante reiterada, y frente a ello no cabe la aplicación de este plan sino otra serie de medidas.

La no aceptación de nuestra enmienda, obviamente, nos lleva a no poder respaldar la moción; moción que, por otra parte, toda vez que pretende instar al Gobierno a cumplir un decreto, de alguna forma busca el reconocimiento y el apoyo de esta Cámara a los contenidos de ese decreto. Es decir, el apoyo a la moción se traduce también en un apoyo al decreto, y eso creo que es pedir más de lo adecuado y de lo justo a esta Cámara, sobremanera porque el decreto no deja de tener un cierto tufillo a la vocación recentralizadora que caracteriza la acción del Gobierno en todas las materias.

No discuto que ante una situación de crisis ecológica y de seguridad marítima de envergadura, la prioridad en la toma de decisiones la tenga aquella Administración que disponga de más medios para afrontar la solución del problema. Y eso, traducido al ámbito político, significa que la Administración del Estado, que es la que dispone de más medios, inevitable y lógicamente va a marcar la estrategia fundamental a la hora de afrontar el problema. Pero eso ya existía en el momento en que se produjo el accidente del Prestige. Fue la Administración del Estado la que tomó las decisiones que marcaron la forma en que se afrontó la crisis ya entonces, con el marco normativo anterior, antes del decreto al que hace referencia la moción. Al final, el problema está en qué decisiones se toman. Y si la decisión es mandar el buque al quinto pino, como se hizo con el Prestige, tome esa decisión la Administración del Estado o la comunidad autónoma, desde luego, el resultado es el que vimos: un desatino, una catástrofe medioambiental.

Tampoco podemos hacer abstracción en esta moción de la gestión del actual Gobierno en materia de seguridad marítima. Ha sido una gestión que ha dado lugar a distintas dificultades: a los conflictos que se derivaron de la integración de los buques de Remolcanosa, en Sasemar; al vodevil de la adjudicación del servicio de rescate aéreo en el ámbito marítimo —como bien sabe su señoría— inicialmente a una empresa que carecía de permiso para volar, la cual parece condición sine qua non para poder asumir la función del rescate marítimo; al cierre de estaciones costeras por parte de Retevisión y el Ministerio de Fomento, que ha dado lugar a justificadas manifestaciones en contra, de protesta, de las comunidades autónomas afectadas; y, finalmente —conste que el Gobierno anterior ya lo empezó a plantear—, a ese runrún que de forma constante suena en esta materia sobre la posibilidad de que se privatice Sasemar, una empresa pública que de forma eficaz, con inversiones importantes al calor del Plan de seguridad marítima en los últimos años, ha visto cómo sus medios humanos y materiales se han reforzado y que —lo repito—, como consecuencia de la conciencia creada por el accidente del Prestige, está en mejores condiciones que nunca en nuestra historia para garantizar la seguridad marítima en nuestras costas. Le adelanto que si en algún momento se plantea formalmente la posibilidad de privatizar Sasemar, desde luego, mi grupo, obviamente, va a estar en contra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna; senatari jaun-andreok.

Al hilo de lo que decía el senador Iglesias, con quien, como casi siempre, coincido en muchas cosas —en otras muchas, no—, evidentemente, vemos que en esta moción, cuando nos referimos al decreto que nos ocupa se habla de una parte del decreto, no de la totalidad. Y me voy a explicar.

De cualquier manera, yo creo que es importante que el decreto exista, porque nos va a evitar lo que el exinspector jefe del puerto de La Coruña y funcionario de Fomento declaró ante el juez, que dijo que era una desastrosa gestión de la crisis del Prestige y una gestión más política que técnica. Este decreto, aunque evidentemente, como ha dicho el senador Iglesias, no lo aceptamos en su totalidad —tenemos muchas dudas y nos gustaría poder mejorarlo—, lo que tiene que conseguir es regular, profesionalizar y protocolizar la actuación ante este tipo de desgracias y accidentes, porque, como dijo este mismo funcionario, nadie puede confundir




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meridiano con paralelo, porque si confunde meridiano con paralelo lo llevamos de color negro, como fue el caso del Prestige.

El decreto divide el sistema de respuesta en dos subsistemas: el subsistema marítimo y el subsistema costero. Su moción se circunscribe en la parte dispositiva solamente al subsistema marítimo. Cada uno lleva sus planes: el subsistema marítimo lleva el Plan marítimo nacional y los planes interiores marítimos, y el subsistema costero lleva el Plan estatal de protección de la rivera del mar contra la contaminación, los planes territoriales de las comunidades autónomas y los planes locales para este subsistema costero.

En el momento de definir la respuesta, el subsistema marítimo se pivota esencialmente sobre el Gobierno central, al igual que cuando se habla de la respuesta en función de los planes interiores nos referimos a la autoridad portuaria y también de la autoridad central. Según este decreto las comunidades autónomas podrán —solo podrán— formar parte del subsistema de respuesta marítima en determinadas condiciones y por acuerdos o convenios específicos. Quiero recordarles, señorías, que gracias a la actuación del Gobierno de la comunidad autónoma vasca en el ámbito marítimo, en el mar, a través de nuestros arrantzales, las consecuencias del desastre del Prestige en el litoral vasco y en el litoral vecino fueron menos graves que si se hubiera esperado a la actuación de los medios estatales. Creo que en este caso no se incluye a las comunidades autónomas en este subsistema de respuesta marítimo, y no sé si es un error, pero sí, desde luego, una carencia que yo creo que habría que subsanar porque, como ha dicho también el senador Iglesias, quien tiene más medios es el que debe actuar; pero no vamos a tener al resto de los medios mirando cómo actúa el Gobierno central, sobre todo si, además, no puede llegar.

Nos olvidamos del subsistema de respuesta costero —que es en el que se empeña el decreto— a las comunidades autónomas, y —desde mi punto de vista todavía con menos fortuna incluso— a las administraciones locales, porque se pide a las comunidades autónomas que tengan sus planes exactamente con los mismos criterios que el plan nacional y sus mecanismos de respuesta exactamente con los mismos criterios, por lo menos parangonables, que los criterios de actuación y de respuesta a nivel nacional. También se hace lo mismo con las entidades locales. Existe un apartado en dos artículos, el 5 y el 6, si no recuerdo mal, en el que se hace un brindis al sistema constitucional y competencial, pero no se especifica nada. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con que una de las patas esenciales de la respuesta a nivel de contaminación costera en el litoral dependa de las entidades locales. Así pues, las entidades locales tienen que tener los planes hechos, porque tampoco tiene mucho sentido que tengamos un plan marítimo en orden, con todos los sistemas de respuesta ya listas, y en cambio no tengamos nada para el litoral. Eso es lo que en este caso se afirma en la moción.

Pero si hemos de pedir a los ayuntamientos que cuenten con un plan parangonable al resto de planes de los ámbitos competenciales más amplios, y además órganos de dirección y respuesta en consonancia, con un director de emergencias, un comité técnico asesor, un coordinador de operaciones, unos grupos encargados de la respuesta inmediata, un gabinete de relaciones públicas, un grupo de apoyo logístico, me viene a la cabeza un pueblo vecino al mío, que tiene 800 habitantes y 5 kilómetros de litoral, y que tiene grandísimos problemas cada vez que tenemos la desgracia de que vare un cetáceo, con el problema que eso supone para un municipio pequeño.

Por tanto, en esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular —que creo, sinceramente, que lo hace porque el Plan marítimo nacional está preparado, si no, no lo haría. No creo que venga aquí a decir usted al Gobierno que lo haga antes de finalizar este año si no lo tiene hecho, porque conociendo como funciona el grupo no creo que sea así, y me alegro de que lo tenga hecho—, una gran parte de este decreto se queda en el tintero; decreto del que nos gustaría hablar y discutir para poderlo mejorar, pero no ha habido esa posibilidad.

Por ello, nosotros nos vamos a abstener. Seguramente estaremos mejor si entra en vigor este decreto en su totalidad. Por ahora nos quedamos en las puertas de querer, pero sin acabar de rematar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Saura.




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El señor SAURA LAPORTA: Moltes gràcies, senyor president.

Faré la intervenció des de l’escó perquè seré molt breu.

Al gener d’enguany, el govern va aprovar un decret que fonamentalment consistia a aprovar un sistema de prevenció davant de la contaminació marítima i mandatar el govern per tal que, en el termini d’un any, faci un pla nacional marítim.

Avui, la moció que se’ns presenta és una còpia difuminada del decret. Aquesta moció no serveix per a res. Un cop s’hagi aprovat la moció estarem igual que abans d’aprovar la moció. No discuteixo la legitimitat dels grups parlamentaris de presentar les mocions que calguin i les iniciatives parlamentàries que calgui, però crec que seria convenient que no ens fessin perdre el temps.

Avui la moció que es presenta aquí no té cap sentit. El govern ha de presentar el pla d’aquí a cinc mesos i l’acord que es pren és un acord que, insisteixo, s’ha contemplat en el decret i, per tant, davant d’aquesta iniciativa que és una iniciativa que no serveix per a res, votarem en contra. Estem convençuts que el tema important serà poder debatre en aquesta Cambra el pla nacional marítim que preveu el decret.

Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño, puesto que seré muy breve.

En enero de este año, el Gobierno aprobó un decreto que básicamente consistía en aprobar un sistema de prevención ante la contaminación marítima y obligaba al Gobierno a que en el plazo de un año elabore un plan nacional marítimo.

La moción que se presenta hoy es una copia difuminada del decreto; no sirve para nada. Cuando hayamos aprobado la moción, estaremos exactamente igual que antes. No discuto aquí la legitimidad de los grupos parlamentarios de presentar las iniciativas que crean oportunas, pero me parece importante que no nos hagan perder el tiempo.

La moción que se presenta hoy aquí no tiene ningún sentido. El Gobierno tiene que presentar el plan dentro de cinco meses y el acuerdo que se adopta es un acuerdo que, insisto, se ha contemplado en el decreto. Por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa que no sirve para nada. Estamos convencidos de que lo importante será poder debatir en esta Cámara el plan nacional marítimo que prevé el decreto.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, senyor president. Bon dia de nou.

Bé, veig que al final, tots ballarem la mateixa sardana, si més no el Grup Popular i nosaltres. I, d’alguna manera, en aquest cas, atès que han acceptat la nostra esmena i, per tant, entenem que quedarà salvaguardat i es tindrà en compte aquest tema competencial, vull que sàpiga que votarem a favor i li agraeixo la seva receptivitat.

Tot i això, senadors, penso que en aquest pla nacional marítim que al govern que aprovi i que aprovi dins del termini que es marcava en el Decret Llei, haurem de ser exigents i, en tot cas, veure com això es va materialitzant per no incórrer amb duplicitats a l’hora d’actuar davant d’una situació d’emergència en qualsevol dels àmbits que tenim en el nostre litoral.

Si parlem de ports, segur que si parlem amb moltes autoritats portuàries ens diran què està passant avui en dia i jo no sé si la Direcció General de la Marina Mercant és prou amatent i receptiva al que està passant avui en dia. En aquest sentit, tots hem de ser curosos i demanar-li que realment escolti als qui hauran d’actuar i que, d’alguna manera, han de tenir la formació adequada, han de saber com actuar.

S’han de destinar recursos per tal que puguin posar en pràctica els coneixement i, tot això, que ja s’està fent, s’ha de fer amb més intensitat. Amb la ponència promoguda pel senador Cazalis per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire en els nostres ports, amb aquesta ponència que hem debatut aquí al Senat i de la qual el dia 27 va acabar el torn de compareixences previstes, també van poder veure la problemàtica amb què s’enfronten els nostres vaixells i les nostres autoritats portuàries a l’hora d’impulsar un seguit de mesures que lluiten contra aquesta exposició que tenim a la contaminació marina. Tirem endavant, en tot cas. Com a mínim hem pogut parlar




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d’aquest decret aprovat pel govern fa un any, l’hem pogut tractar aquí encara que sigui a través d’aquesta forma tan genèrica del debat d’aquesta moció. Tot i així han pogut quedar un seguit de punts marcats al diari de sessions que segur que, a l’hora d’elaborar aquest pla marítim, el govern haurà de tenir en compte i, si no ho fa, li demanaríem la seva responsabilitat i passaríem llista en aquell moment de les coses que hagin pogut quedar sobre el tinter.

Res més. Treballem per a què puguem resoldre les situacions d’emergència amb més eficàcia i bondat que no pas en el passat.

Moltes gràcies i bon dia.

Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo.

Veo que todos, al menos el Grupo Parlamentario Popular y nosotros, vamos a bailar la misma sardana, y puesto que han aceptado nuestra enmienda, y por tanto quedarán salvaguardadas y se van a tener en cuenta las competencias, sepa usted que vamos a votar a favor. Gracias por su receptividad.

Sin embargo, senadores, instamos al Gobierno a que apruebe este plan nacional marítimo dentro del plazo que se marcaba en el decreto ley. Deberemos ser exigentes y ver en todo caso cómo se materializa todo esto, cómo se concreta, para no incurrir en duplicidades a la hora de actuar frente a una situación de emergencia en cualquiera de los ámbitos de nuestro litoral, por ejemplo en un puerto.

Si nos referimos a los puertos, estoy seguro de que, si hablamos con muchas autoridades portuarias, nos contarán lo que sucede en la actualidad, y yo no sé si en estos momentos la Dirección General de la Marina Mercante está siendo suficientemente receptiva a lo que sucede. En este sentido, tenemos que ir con cuidado y pedir que se escuche a los que realmente deberán actuar. Estas personas tienen que tener la formación adecuada, tienen que saber cómo actuar.

Hay que destinar recursos para que puedan poner en práctica los conocimientos y que todo lo que ya se está haciendo se haga de forma más intensa, y sobre todo precisamente esto. En la ponencia promovida por el senador Cazalis para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en nuestros puertos, una ponencia que hemos tenido aquí, en el Senado, y para la que el día 27 finalizó el turno de competencias previstas, pudimos ver la problemática a la que se enfrentaban nuestros barcos y las autoridades portuarias a la hora de impulsar una serie de medidas de lucha contra esta exposición que tenemos a la contaminación marina. Vayamos, por consiguiente, hacia adelante. Como mínimo hemos podido hablar de este decreto aprobado por el Gobierno hace un año. Lo hemos podido debatir aquí, aunque sea de una forma tan genérica, al entrar en el debate de esta moción, pero aun así han quedado una serie de puntos en el Diario de Sesiones que, sin duda, el Gobierno deberá tener en cuenta a la hora de elaborar el plan marítimo; si no, le exigiríamos responsabilidades. Y en ese momento revisaríamos todos aquellos temas que nos parece que han quedado en el tintero.

Nada más. Trabajemos para que las situaciones de emergencia se puedan resolver con mayor eficacia y bondad que en el pasado.

Gracias, y buenos días.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Socialista, en su turno de portavoces, tiene la palabra el senador señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que hoxe faga as miñas primeiras palabras en galego. Porque hoxe os galegos revivimos o recordo da catástrofe do Prestige, que non foi un accidente, foi unha catástrofe acelerada polas decisións do goberno, que encheu as costas de Galicia e a comunidade, e os países veciños en máis de dous mil quilómetros de costa. Que fixo que todo o mundo soubese o que significaba «chapapote». Unha catástrofe motivada pola cobiza dos negociantes do transporte de petróleo, pero tamén pola incompetencia dun goberno que tomou durante semanas decisións erróneas, das que ninguén pagou nin deu contas. Nin o presidente do goberno, nin o jefe de gabinete de crisis, un tal vicepresidente señor Rajoy, que agora é premiado con ser presidente; aquel que decía que no había escapes de petróleo, que se iba a solidificar y que eran unos simples hilillos de plastilina, recordan? Ni los ministros de fomento, nin o de agricultura e pesca, o señor Cañete, recordan? O mesmo que é hoxe ministro, que dixo que o vertido estaba controlado e que




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non afectou aos peixes. Nin o delegado do goberno, o señor Fernández de Mesa, que hoxe para premialo téñeno ao mando da Guarda Civil. Nin o que era ministro de defensa, señor Trillo, que propuxo bombardear o barco. Así, nestes días lembramos, como se celebra o xuízo, pero ninguén pagou, e incluso algúns responsables foron premiados.

Señorías, permítanme que hoy diga mis primeras palabras en gallego. Hoy los gallegos revivimos el recuerdo de la catástrofe del Prestige, que no fue un accidente, fue una catástrofe acelerada por las decisiones del Gobierno, que llenó las costas de Galicia, de la comunidad y de los países vecinos —2000 kilómetros de costa— de chapapote, que hizo que todo el mundo supiese lo que significaba la palabra chapapote; una catástrofe motivada por la avaricia de los negociantes del transporte del petróleo, pero también por la incompetencia de un Gobierno que tomó durante semanas decisiones erróneas por las que nadie pagó ni dio ningún tipo de explicación; ni el presidente del Gobierno; ni el jefe del gabinete de crisis, un tal vicepresidente, señor Rajoy, ahora premiado con ser presidente, aquel que decía que no había escapes de petróleo, que se iba a solidificar, y que eran unos simples hilillos de plastilina —recordemos—; ni los ministros de Fomento y de Agricultura y Pesca, el señor Cañete —recuerden—, el mismo que es hoy ministro, que dijo que el vertido estaba controlado y que no afectó a los peces; ni el delegado del Gobierno, el señor Fernández de Mesa, al que hoy para premiarlo lo tienen al mando de la Guardia Civil; ni el que era ministro de Defensa, el señor Trillo, que propuso bombardear el barco. Así, en estos días nos acordamos, al mismo tiempo que se celebra el juicio, de que nadie ha pagado y de que incluso algunos de los responsables han sido premiados.

Señor portavoz del Grupo Popular, usted nos ha dicho que está de acuerdo con las medidas que proponemos. Su moción propone dos, apenas dos medidas; nosotros añadimos otras nueve con las que pienso que estará de acuerdo. Me parecería grave que no estuvieran de acuerdo con las tres primeras, que son las previstas en el real decreto que firma su vicepresidenta del Gobierno. Proponemos que se haga el plan de protección de la ribera del mar de lucha contra la contaminación y que se colabore en los planes que, sobre la protección de la ribera, tienen que redactar las comunidades autónomas y las entidades locales. Otra medida es la referida al Plan de Salvamento y Lucha contra la Contaminación 2010-2018, un plan en vigor. Y otra pretende desarrollar y redactar las estrategias de protección marina previstas en la Ley de 2010, de protección del medio marino. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por eso, no entendemos su posición. Si están de acuerdo con nuestras aportaciones deben incorporarlas y ser aceptadas. En todo caso, nuestras propuestas, que solo son nueve, contribuyen a abordar el problema de una forma global, por el conjunto de las administraciones, incluso por el sector privado, para contar con una buena solución. Las medidas que proponemos deben abordarse como un todo homogéneo, como el Plan de lucha contra la contaminación en el medio marino 2006-2009. Ese plan, de solo cuatro años, supuso una inversión de 1000 millones de euros, fue un plan que dotó de todos los medios que España no disponía: 21 salvamares; 4 patrulleras; 4 buques polivalentes; 7 buques remolcadores; 1 buque recogedor; 8 helicópteros; 3 aviones; 5 bases estratégicas; fondos para formación; mejora del Centro Jovellanos; duplicaba el número de inspectores, etcétera. Es decir, los medios que no había, fueron dotados con ese plan. Y ahora proponemos que se continúe con el Plan en vigor, 2010-2018, que, como se ha dicho, supone una inversión de 1690 millones, de los cuales solo 439 millones son para inversiones y 1200 para mantener operativos los grupos de trabajo, los equipos y para actuaciones de mantenimiento. Si le quitan ese dinero, los mecanismos de lucha contra la contaminación —no solo contra la que causa los accidentes, sino contra aquellos que causan la contaminación del día a día, todos los días, en nuestros mares— perderán operatividad. Creemos que debe hacerse sobre la base de la planificación y de los criterios de científicos y técnicos, que son quienes en situaciones de crisis tienen que tomar las decisiones. Y desde luego se debe actuar legislando y desarrollando la legislación. En ese sentido, ponemos en valor la aplicación de las directivas europeas y la Ley del 2010, de protección del medio marino, que tiene una serie de medidas y estrategias para luchar contra la contaminación y proteger el hábitat y el medio ambiente marino.

En la lucha contra la contaminación vemos cómo hay recortes de medios técnicos y humanos; que no se va a continuar con el Plan 2010-2018; que está disminuyendo esa capacidad operativa; y que se toman decisiones gravísimas, que ya he citado, como la reforma Cañete, la reforma de la




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Ley de Costas, que va a aumentar la presión sobre un medio tan sensible como es el medio litoral, que va a dar usos perpetuos, para más de cien años, y va a permitir la compraventa de concesiones de ocupaciones que en muchos casos causan grave daño al medio marino, como algunas industrias en la ría de Pontevedra, en Galicia, que conocemos bien. E incluso van a favorecer una medida que es increíble, y es que se permita que instalaciones que están contaminando el mar sigan en esa ubicación pese a que haya sentencias que obliguen a su demolición.

En resumen, le pedimos que se actúe con la filosofía de gestión integrada de las costas para un espacio tan sensible como es el medio litoral y marítimo. Le pedimos que también se tengan en cuenta cuestiones como los efectos del cambio climático; es una temeridad planificar el uso del litoral y del medio marino sin tener en cuenta los efectos del cambio climático, y probablemente en el futuro veamos las consecuencias.

En todo caso, señores del Partido Popular, las medidas que proponemos son las adecuadas para abordar de forma eficaz la lucha contra la contaminación en el medio marino, desde luego, la vigilancia, la inspección y la sanción, hacer cumplir las leyes, trabajar en los organismos internacionales y en la Unión Europea, y abordar de forma amplia y completa esta cuestión. Para empezar, nos parece que su grupo no lo hace, que ni siquiera tiene en cuenta todos los planes que están previstos en el decreto, como ya he dicho, los planes de protección de la ribera del mar contra la contaminación, que tiene que redactar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Ya empiezan mal, lo hace de forma descoordinada el propio Gobierno, queriéndose separar por parte del Partido Popular lo que tiene que hacer el Ministerio de Fomento, transformando esta cuestión en un problema de transporte marítimo y de tráfico de buques, de la cuestión ambiental y del Ministerio de Interior, que para nosotros son prioritarios en este enfoque.

Nada más, y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, gracias de nuevo.

Señorías, insisto en agradecer, como siempre, ese tono potencialmente constructivo, en algunos más que en otros, frente a este decreto, que lo único que pretende es dar una respuesta a esa sensibilidad en cuanto se produce la contaminación marina. Empezaré por las afirmaciones, en el turno de portavoces, del señor Iglesias.

Senador Iglesias, no hay ninguna vocación recentralizadora en este decreto. No sé si usted ha participado en alguna reencarnación política anterior en temas de protección civil. Yo, desde luego, sí, señoría. Yo he sido durante ocho años el responsable de protección civil en una provincia en la que no tenemos mar pero sí incendios forestales muy importantes y también grandes nevadas. Me refiero a mi querida provincia, la provincia de Burgos. Desde luego —repito— no hay ninguna visión recentralizadota; de lo que realmente se trata es de que cuantos más medios se pongan por todos, más se podrá atacar. Y con la colaboración de todo el mundo que tenía actuación tanto en el Infocal, el plan de incendios, como en el Plancal, plan de nevadas, siempre se ha respondido de una manera estupenda, desde la más baja Administración, la local, incrementando la territorial, la autonómica, la provincial, y, por supuesto, siempre contando con la colaboración de la Administración General del Estado.

Usted también quiere centrar su exposición en la tragedia del Prestige. Efectivamente, eso fue una auténtica tragedia por la contaminación que produjo, pero precisamente el Gobierno de España, conociendo algunas lagunas que hubo en la normativa existente en aquel momento, ha tomado posiciones y quiere enmendar lo que en aquel momento no estaba legislado.

En relación con lo que usted me dice sobre la mejor gestión de la seguridad marítima, tenga usted la completa seguridad de que a través de la ministra de Fomento y, por supuesto, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, no se va a permitir que peligre nunca la seguridad en nuestras costas, y menos la seguridad en nuestros mares interiores.

Señor Cazalis, sí al decreto, pero con ciertas reticencias. Evidentemente, este decreto lo único que quiere es demostrar la posibilidad de atacar con eficacia la contaminación marina.

Protocolizar la actuación. Le he dicho que creo que me considero un experto en la gestión de incidentes y, desde luego, tal y como está establecido ya en los artículos 1 al 14 del real decreto, está perfectamente protocolizado cómo son los niveles: el uno, el dos y el tres, quién tiene que




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actuar, o cómo localiza una Administración a otra. Le pediría, con todo cariño y afecto, una mayor profundización en la lectura del real decreto.

Estamos inmersos en un plan nacional de seguridad, y ahí están todas las administraciones, sin exclusión ninguna. Todos somos España y no debemos permitir esas fisuras, fundamentalmente en estos temas, en los que siempre son los ciudadanos los afectados. Por eso le digo que no hay ninguna elusión, en el sentido de que las comunidades autónomas no tengan participación. Insisto en que desde mi comunidad autónoma, Castilla y León, cuando ocurrió lo del Prestige fue gente de nuestros servicios de medioambiente a limpiar también las playas y, desde luego, nadie se puso una medalla. Era una situación de emergencia que todos debían abordar. Por eso entiendo que este sistema de respuesta fue excelente y el Gobierno de España, lo quiere y está tratando de mejorarlo.

Esos sistemas locales siempre van a estar apoyados, como he dicho antes, señoría. Ese sistema local va a estar apoyado, porque existen las comunidades autónomas, con sus direcciones generales de Protección Civil. En este Pleno se sienta un compañero mío, senador por León, que fue director general de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y desde luego sabe muy bien lo que hicimos en aquella época. Y nunca se han menospreciado los sistemas locales, al contrario, se han potenciado, porque quien mejor conoce la realidad de las desgracias que suceden en estos supuestos son los que viven allí; y la figura del alcalde, la figura de los concejales y la de los propios ciudadanos es fundamental para dar la voz de alarma, y eso el Gobierno de España y la comunidad autónoma siempre lo han tenido en extrema consideración.

Con respecto al senador Saura, le diré que aquí nunca se viene a perder el tiempo, senador. Creo que hay que tener un poquito más de respeto a la función que realizamos los senadores. Cuando este decreto se ha elaborado, se ha promulgado y ha entrado en vigor ha sido por algo: por tratar de mejorar los sistemas de respuesta frente a la contaminación marina. Este decreto sí sirve. Ustedes, más adelante, verán su desarrollo, y ojalá no tengamos que ver en la práctica cómo funciona, porque sería un mal síntoma.

Frente a las afirmaciones del senador Maluquer, al que agradezco enormemente su intervención, diré que yo entiendo que ustedes sean exigentes, cosa que nosotros les agradecemos, como a los restantes grupos políticos, porque nuestra misión, evidentemente, es tratar de mejorar nuestra actuación día a día. Y le agradezco que ustedes sean exigentes en ese plan.

En cuanto a escuchar a los que trabajan, ya le he dicho que siempre se les ha escuchado. Por ejemplo, trasladándolo al plano de las brigadas forestales en los incendios acaecidos en mi territorio, siempre se ha establecido por dónde había que abordarlo, qué horas eran las mejores, cómo había que tener dispuestos los medios, los depósitos de agua… Hablamos de todo lo que constituye un buen fin, un buen operativo para atacar los graves problemas generados por este supuesto de la contaminación marina.

En cuanto a los puntos que habrá que tener en cuenta, eso se podrá ir mejorando sobre la marcha. Todo es perfectible. La legislación no es estática, la legislación es dinámica, siempre tiene que ir por delante de la propia realidad. En ese sentido, tenga usted presente que esto no va a ser una foto fija sino que puede ser un vídeo siempre dinámico para ir mejorando lo que tengamos que hacer; y ojalá no sucedan acontecimientos de ese tipo.

Con respecto al señor Fidalgo, señoría, está usted emperrado en dar, si me permite la expresión, una autoría o una responsabilidad no pagada en el orden de la tragedia del Prestige. Señoría, la tragedia del Prestige fue un asunto sumamente desgraciado, pero las autoridades gallegas, las autoridades del Gobierno de España hicieron en ese momento lo que se tenía que hacer, y así se pensó. Desde luego, nadie toma intencionadamente decisiones erróneas que puedan perjudicar la salud medioambiental de nuestras costas, y sobre todo esa potente economía de la pesca que existe en ese querido territorio gallego.

He de comentarle que precisamente sabiendo que usted iba a hacer hincapié en atacar al presidente del Gobierno, al ministro de Agricultura, al entonces delegado del Gobierno y al ministro de Defensa, me he documentado muy mucho, porque —insisto— gente nuestra de la provincia de Burgos fue a trabajar para limpiar las playas y colaborar en otros temas de protección civil. Creo que la gestión que se hizo fue buena, y eso lo ratifican unas declaraciones de Antonio Figueras, biólogo marino y actualmente uno de los tres vicepresidentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, cuando dijo que al cabo de los diez años el impacto era




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mucho menor de lo esperado al principio. También es cierto que ahí no solo se hizo una buena tarea por parte del factor humano —como decía Graham Greene, The human Factor—, sino que también fue porque, evidentemente, el mar es muy potente en regenerarse. Y el profesor Figueras decía también: Ese mismo verano —el de la catástrofe—, vi cómo había fijación de juveniles de mejillón en las zonas afectadas y cómo cada año, por esa potencia regeneradora que tiene el mar, debía haber más.

No podemos decir que esté todo recuperado, porque hay zonas inaccesibles, por ejemplo, en la Costa da Morte, pero el mar en general, lo repito, tiene una increíble capacidad de regeneración.

Como de todas las tragedias se aprende, el Gobierno de España, en la tesitura actual, está tratando de aplicar todas esas experiencias adquiridas en situaciones lamentables de épocas atrás para mejorar toda su capacidad.

Señorías, como solo he hablado del subsistema costero, del Plan marítimo nacional y de los planes interiores, quiero darles la tranquilidad suficiente que traslada el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en orden a la elaboración del plan estatal de protección de la ribera del mar frente a la contaminación marina, que es la parte del subsistema costero integrado por este plan de ámbito nacional, por los planes territoriales, de ámbito autonómico, y por los planes locales. Desde luego, este plan es muy ambicioso y en él se prevé una innovación y una tecnología totalmente nuevas en esta materia. Tiene cinco fases. La tarea primera ha sido la búsqueda y recopilación de la documentación existente sobre los planes territoriales, locales y de instalaciones portuarias —imbricación, señor Fidalgo, cooperación, dar la característica de globalidad frente al ataque que existe con estas contaminaciones marinas—. También se han estudiado datos del tráfico marítimo en las costas. En la tarea segunda se ha determinado la probabilidad de ocurrencia de incidentes. La tarea tercera es el análisis de sensibilidad de los tramos de costa, caracterización geológica y fisiográfica, climatología y oceanografía, ecología socioeconómica y accesos. La cuarta tarea es la elaboración del documento del plan de protección de la ribera del mar. Y la quinta es la elaboración y propuesta definitiva del plan, que contiene dos documentos prioritarios: el documento final y el documento de síntesis y de presentación, que es el documento guía. ¿Cuál es su situación actual? Lo explicaré en los dieciocho segundos que me quedan. El borrador del plan está elaborado, solo restan algunos aspectos técnicos: el atlas de sensibilidad de la costa, que es la herramienta de ayuda a la gestión de emergencias, y el documento de guía; la presentación al Consejo Asesor del Medio Ambiente; la presentación a la Comisión Nacional de Protección Civil, que ya se hizo en la sesión del 14 de junio y se espera el informe favorable en la próxima sesión. Y por último, como le he dicho antes…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Sí, termino, señor presidente.

Este plan ambicioso y de coordinación con el subsector marítimo lo verá el Consejo de Ministros a finales de este año, 2013, para cumplir el plazo del año que establece el Real Decreto 1695, que desde luego va a ser necesario e importante para la lucha contra la contaminación marina.

Muchísimas gracias, señor presidente. Y muchísimas gracias, señorías, por su paciencia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación de esta moción les informo de que, por acuerdo de los portavoces, una vez votada esta moción entraremos en el debate de la siguiente, a la cual se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos. Al final de ese debate suspenderemos la sesión. Volveremos a comenzar a las 4 de la tarde. Y la moción que vamos a debatir ahora se someterá a votación, en el caso de que fuera necesario, con la votación de la primera moción que veamos a partir de las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Bien, sometemos a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 250; a favor, 171; en contra, 74; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.

(Núm. exp. 662/000094)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción originalmente el Grupo Parlamentario Popular había presentado dos enmiendas, una de adición y otra de supresión de un punto. Además, se habían presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Teniendo en cuenta que posteriormente se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos, debatiremos la propuesta de modificación.

Para la defensa de esta propuesta, tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, el senador Almodóbar. (Rumores.)

Espere un momento, senador Almodóbar. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Nuevamente me dirijo a ustedes desde esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para hablar de turismo una vez más, y concretamente para hablar del binomio turismo y seguridad.

Defiendo esta moción, en la que no se pretende otra cosa que dar apoyo desde esta Cámara a nuestro turismo, a nuestros empresarios turísticos y a nuestros destinos. En esta ocasión se trata de una completa moción que contribuirá plenamente a ganar competitividad e imagen del que, como todos saben, es el sector económico más importante y que mejor ha resistido los envites de la crisis.

Señorías, como saben, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, genera puestos de trabajo y riqueza para millones de personas; por tanto, plantea retos importantes, y uno de ellos debe ser la seguridad. El turismo ha sido uno de los principales factores impulsores del crecimiento económico español en los últimos sesenta años, y no cabe duda de que la industria turística continúa siendo en la actualidad una actividad clave e insustituible de la economía española. Para todos los agentes del sector los factores más importantes para el éxito turístico son la conectividad por medios de transporte, los condicionantes del atractivo de los espacios turísticos, la diversificación y estructuración de los productos turísticos, el talento, la formación y la eficiencia de los recursos humanos, el turismo como prioridad política y —fundamental— la seguridad ciudadana en los destinos. Y todo esto es lo que hoy pretendemos desde el Partido Popular: proponerles en esta completa moción una serie de actuaciones necesarias en estos momentos, en plena temporada alta turística, conscientes de que el turismo en España debe tener un papel clave para impulsar la recuperación económica, poniendo en marcha una serie de medidas que contribuyan a mejorar su competitividad.

Durante los meses de mayor afluencia turística, son muchos los maleantes que se trasladan a los destinos turísticos españoles para delinquir, creando una sensación de inseguridad a empresarios, vecinos y turistas, y generando a la vez una mala imagen de nuestro país como destino de referencia, algo que además ya pudimos comprobar el año pasado en varios medios de comunicación del Reino Unido, en una campaña claramente orquestada. La seguridad ciudadana también es imagen, tal vez sea lo que más, y sobre todo de cara al exterior. Como les decía antes, es este sector el que mejor resiste la crisis en nuestro país, y prueba de ello son los más de cincuenta y siete millones de turistas que visitaron algunos de nuestros destinos el pasado año, una cifra que, por cierto, en 2013 vamos a superar. Hoy mismo hemos conocido que las previsiones son que el turismo en España crezca un 2,5 en el tercer trimestre y que el gasto que los turistas realizan en los destinos se incremente en un 8%. Con estas cifras, como comprenderán, en el




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Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que la imagen que nuestro país traslada al exterior, ya sea por el boca a boca, ya sea a través de las personas que ya nos han visitado, o a través de los medios de comunicación, es clave.

El Gobierno de España considera la actividad turística como un elemento clave para la recuperación económica de España y la creación de empleo, que además contribuya a la proyección exterior de nuestro país como entorno de confianza y a la promoción de su rico y extenso patrimonio histórico cultural. En este contexto, la seguridad ciudadana constituye un elemento clave, como les digo.

Dicho esto, y teniendo en consideración que el turista puede ser víctima de delitos durante su periodo de estancia y las posibles repercusiones que tales hechos pudieran tener en su imagen de España, es imprescindible instrumentar los medios necesarios tendentes a garantizar el turismo seguro. Para alcanzar ese objetivo, el Cuerpo Nacional de Policía desarrolla el Programa Policía-Turismo que se despliega en tres ejes de actuación: turismo de sol y playa, turismo de interior y turismo en grandes ciudades. Es necesario potenciar, difundir y poner en valor las líneas de actuación de este programa, las cuales tienen un triple objetivo: la prevención, la atención a la víctima y la investigación policial.

En el ámbito de la prevención, el Cuerpo Nacional de Policía desarrolla una importante labor de divulgación mediante la distribución de folletos informativos sobre seguridad en distintos idiomas, en colaboración siempre con agencias de viajes, turoperadores y hoteles. Al mismo tiempo, el plan atiende a las víctimas, facilitándoles impresos de denuncia en varios idiomas, la contratación de intérpretes y la información que precisen las oficinas consulares y embajadas. De igual manera, dicho cuerpo desarrolla planes específicos, como el Servicio de Atención al Turista Extranjeros, el SATE, con oficinas en Madrid, Málaga y Gandía, y la que se puso en marcha hace poco más de un mes en mi municipio, en Benidorm. Ciudades a las que pronto, la próxima semana, se unirá Marbella, tal como anunció ayer el ministro, o Sevilla y Granada, que ya han solicitado la firma del convenio de colaboración para abrir sus respectivas oficinas SATE.

Por lo que se refiere al ámbito competencial de la Guardia Civil, se ha establecido el Plan de Turismo Seguro 2013, cuyo objetivo es implementar y reforzar no solo medidas específicas en relación con el tipo de turismo de la zona, sino también medidas de ámbito nacional que se definen y coordinan desde el mando de operaciones. Con este plan se pretende mejorar la seguridad subjetiva del turista, gracias a campañas realizadas en colaboración con el sector hotelero, a la distribución de trípticos informativos, o al acceso fácil y comprensible a los medios de denuncia. En este sentido, desde el 20 de junio de 2013 el turista puede denunciar determinados delitos a través de la página web de la Guardia Civil. Además, se está desarrollando una amplia misión divulgativa en el exterior a través de agregados de la Guardia Civil en países fuente de turismo, como, por ejemplo, el Reino Unido. El contacto con todos los actores involucrados en la llegada y estancia de los turistas debe ser permanente, haciendo especial hincapié en las relaciones con la seguridad privada que presta servicio a determinadas empresas del sector y cuya colaboración es fundamental. Como también es fundamental el refuerzo de medios policiales, la colaboración entre unidades, los dispositivos especiales antiterroristas, medidas en materia de personal, facilidades en materia de documentación de extranjeros, coordinación con policías autonómicas y locales, colaboración con el sector turístico y elaboración de programas de formación lingüística destinados a los policías que participen directamente en los planes operativos de atención al turismo. Se establecen, igualmente, las medidas necesarias para la coordinación de los planes anuales Operación Verano y Operación Paso del Estrecho, así como el refuerzo de efectivos para el mantenimiento de la seguridad ciudadana en zonas turísticas y las labores humanitarias que se derivan de la aplicación de estos planes.

Señorías, la moción que hoy les presento pretende también que se les preste especial atención a aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de los turistas por la gran concentración de personas en esas fechas, como pueden ser nuestras playas, nuestros aeropuertos, estaciones, puertos, conciertos o eventos de todo tipo que generen un movimiento masivo de personas. La imagen que nuestro país traslada al exterior en materia de seguridad ciudadana, ya sea por el boca a boca, a través de las personas que ya nos han visitado, o a través de lo que leen, escuchan o ven en los medios de comunicación o en las redes sociales, es la clave de todo. Es importante hacer frente a los robos y delitos que cada verano se cometen en los espacios con mayor afluencia de turistas, reforzando la vigilancia y el control en estos lugares más




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visitados o con mayor riesgo de sufrir un delito, al objeto de evitar robos e incomodidades a los turistas, y ganar, así, en seguridad ciudadana. Es imprescindible, si queremos que el turismo sea más competitivo, poner a disposición del turista una adecuada gestión de la información que se ofrece, tanto turística como de seguridad, para transmitir calidad.

España es uno de los destinos turísticos más seguros del mundo. De cada mil turistas que visitan nuestro país, uno es víctima de un delito, según datos del Ministerio del Interior. El elemento de seguridad se suma a la oferta turística de España. Por eso entiende el Gobierno de España que el turismo no es un sector económico en sí, como ya les he dicho en alguna ocasión, sino un fenómeno económico social y cultural que engloba muchísimos otros sectores. La seguridad unida a una marca como España, señorías, sin ningún género de dudas, suma, atrae, prestigia y añade valor a nuestros destinos. El turismo español puede estar tranquilo. Por fin este sector tiene la importancia que merece. Los tiempos son complicados, pero, poco a poco, con el esfuerzo de todos, estamos empezando a ver signos de recuperación. Con el impulso de medidas como las que les he mencionado y que se contienen en esta moción que hoy traemos al Pleno del Senado, poco a poco recuperaremos todo nuestro atractivo como destino internacional de primer orden y nuestra competitividad frente a los nuevos destinos emergentes.

Señorías, les pido su apoyo a esta importante moción, que no busca otra cosa que mejorar la competitividad de la industria más importante que tiene España, impulsando y aportando las bases necesarias para que la actividad turística continúe aportando sólidos argumentos y fundamentos para el crecimiento económico y la creación de empleo, y apoyando a las administraciones autonómicas y locales, al sector privado y a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos desempeñan una grandísima labor, especialmente en estas fechas, ocupándose en ocasiones de asuntos que quedan fuera de sus competencias y con escasez de medios. Son los grandes aliados de nuestro sector turístico: los policías locales y las policías autonómicas, junto a los casi 30 000 agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que durante todo el año, pero sobre todo durante estos meses, velan por la seguridad, disfrute y bienestar de los miles de turistas que, afortunadamente, nos eligen y visitan algunos de nuestros destinos turísticos españoles. Mi más sincero reconocimiento para ellos, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante una moción del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido enmendada por todos los grupos de la Cámara y que nos parece una moción interesante que viene oportunamente en estos meses turísticos y en una situación, en un contexto internacional, en que el turismo va a jugar un papel muy importante en la crisis económica de España. No es que nos alegremos del mal ajeno, pero tenemos que constatar que en este momento el destino español se ha constituido dentro de Europa en uno de los destinos más seguros. Esta moción aborda, fundamentalmente, las dificultades que entraña el servicio de seguridad turística, al ser este muy dependiente de otras áreas y procesos administrativos, mayormente de naturaleza pública. Esto hace necesario reflexionar sobre la cuestión y por eso digo que esta moción se presenta en un momento adecuado.

El sector turístico necesita inexcusablemente el desarrollo de una seguridad turística integral que dé respuesta, tanto a las demandas como a los nuevos requerimientos de toda oferta o destino competitivo. En seguridad turística muchos servicios y procesos dependen de la implicación de otras áreas administrativas —no solamente de la policía—, que en la mayoría de los casos son ajenas a la actividad, pero cuya participación es decisiva para alcanzar los objetivos previstos. En este contexto, la intervención de todas las administraciones turísticas se convierte en algo decisivo para su competitividad y, sobre todo, para dar seguridad; una intervención de las administraciones turísticas que, primero, permita chequear su propia estructura y admita íntimamente la necesidad de dotarse de elementos y recursos para desempeñar dignamente estos nuevos procesos; que sea, en segundo lugar, capaz de aglutinar voluntades y de generar equipos mixtos de seguridad turística, conforme a lo que es expresamente necesario; y que permita, en tercer lugar, crear con




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ello un contexto seguro de crecimiento en materia de seguridad turística, que se conozca: sobre todo, que se conozca; porque, si no se conoce, muchos pueden pensar que un hecho fortuito y casual puede manchar una buena imagen. En definitiva, que tenga la capacidad de liderar y de coordinar una seguridad que es determinante para los intereses turísticos, mientras que para sus colaboradores externos no deja de ser importante pero no supone más que la asunción de nuevos procesos de trabajo adicionales.

Si las administraciones turísticas no llevan a efecto esa función de liderazgo y coordinación con la debida intensidad y precisión, peligrará dicho servicio de seguridad turística y quedará como algo meramente residual en sus propias estructuras turísticas de funcionamiento. No se alcanzarán los objetivos previstos, se seguirá dependiendo de los azotes de una violencia e inseguridad no controlada, permanecerán las dudas y el temor de no poder ofrecer un destino turístico en las debidas condiciones y, finalmente, permanecerá la obsesión por la imagen y la reputación de que se dispone y que se emite al exterior. De ahí que sea preciso señalar que, en materia de seguridad turística, hay que descartar, sobre todo, el autoengaño, por el que se pueda estar dando un valor absoluto a procesos de seguridad meramente testimoniales o superficiales.

Los grupos parlamentarios que hemos presentado esta enmienda buscamos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, una serie de cuestiones que ya han sido enunciadas. Para nosotros es muy grato el último punto, en el que se habla de acometer las reformas legislativas necesarias para que la práctica de actividades como el juego del trile y otros factores de igual naturaleza sean castigados adecuadamente; y también de apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en el sector por el Gobierno y por las administraciones autonómica y local, cooperando en el logro de un mayor grado de competitividad del mismo. Hay que tener en cuenta que, en nuestro caso concreto, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias en seguridad —la Ertzainza es una policía integral— y queremos señalar algunas de las iniciativas que nuestro Gobierno, el Gobierno vasco, está poniendo en práctica a través de su departamento de seguridad y que se enmarcan en un plan que se llama Ertzaintza Horizonte 2016. Si bien no se enfoca en el objetivo del sector turístico de manera exclusiva, tanto la potenciación de la seguridad ciudadana como la de la investigación pretenden incrementar la seguridad real y, sobre todo, la seguridad percibida, que es tan importante como la seguridad real. Solo voy a dar un mero apunte de algunas de las actuaciones que de cara a este verano se están implementando en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se van a desplegar 393 efectivos en labores de seguridad ciudadana, sobre un total de 4500 agentes en comisarías. Se va a unificar la gestión de las casas cuartel de la Ertzaintza —ertzain-etxea—, que se complementa geográfica y estacionalmente. Va a haber un incremento del patrullaje a pie en zonas de interés, sobre todo en aquellas zonas de alta delincuencia, alta afluencia de ciudadanos o áreas específicamente policiales; y, sobre todo, se va a trabajar muy intensamente con ayuntamientos costeros, para incrementar la coordinación con las policías locales, policías municipales, y con la prestación de servicios adicionales por la Ertzaintza.

Queremos poner en valor en esta enmienda las competencias de actuación de la Ertzaintza, no sin añadir que el índice delictivo en Euskadi es significativamente inferior al de otras áreas. Indudablemente, esto pesa mucho a la hora de abordar una cuestión como esta, y nos gustaría que en otras áreas hubiera este índice de seguridad, porque es fundamental que la policía esté cerca del ciudadano y, sobre todo, que el ciudadano perciba de manera clara y continua que tiene la seguridad garantizada. Indudablemente, no todos los casos se pueden tener en cuenta, porque me imagino que en estos momentos la delincuencia estará trabajando para seguir delinquiendo, pero para eso está la Administración, para eso están leyes, para eso están los grupos parlamentarios: para prever que en estos meses de julio, agosto y septiembre la seguridad esté garantizada en todo el Estado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Senyories, parlar de turisme al nostre país és parlar de la tercera potència turística mundial. És parlar d’un país que rep gairebé 57 milions de turistes. Parlar de turisme al nostre país representa




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aproximadament parlar de l’11% del producte interior brut, sent el principal sector productiu de l’economia espanyola. Parlar de turisme al nostre país, senyories, vol dir que els ingressos, la despesa que fan els turistes estrangers, repeteixo, només els estrangers, cada any al nostre Estat representa més de 50 000 milions d’euros. Parlar de turisme al nostre país és parlar, com ha dit també el senador Almodóbar, d’un sector clau de la nostra economia, d’un sector estratègic que cal potenciar, que cal protegir i al qual cal donar seguretat. Per tant, estem parlant d’un sector importantíssim per la creació d’ocupació —encara que és un sector, evidentment, que en bona mesura només crea ocupació estacional— i per la reactivació econòmica, tant el turisme com el sector serveis en general. Per tant, quan parlem de turisme, poca broma: estem parlant de paraules majors.

I per parlar d’aquest tema, el Grup Parlamentari Popular ens presentava inicialment una moció en plena temporada turística que, en el fons, era la plasmació d’un decret aprovat pel Govern ja fa gairebé tres mesos. Per tant, des del nostre punt de vista la moció inicialment del Grup Parlamentari Popular era irrellevant, era ineficaç, era extemporània, feta d’alguna manera també a corre-cuita i improvisada. I jo faria meves les paraules del senador Saura quan deia que sovint el Grup Parlamentari Popular es caracteritza per presentar esmenes d’aquestes característiques, com si el Grup Parlamentari Popular al Senat tingués poca confiança en el Govern; tant poca confiança que l’insti a fer coses que el Govern, teòricament, ja està fent o ha dit que farà.

No hi vull entrar més en el tema. Una prova només del que nosaltres consideràvem inicialment una moció dolenta, irrellevant, és o era el punt tercer de la part dispositiva que amb una autoesmena, el Grup Parlamentari Popular es va donar compte del que significava aquest punt i a través d’una autoesmena va eliminar aquest tercer punt, que el que venia a dir era donar possibilitat al Govern que no incrementés els reforços d’estiu de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, perquè deia textualment: »...para que en los destinos de màxima afluencia turística durante los meses de temporada alta las plantillas de dichos cuerpos no vean disminuidas sus plantillas». És a dir, no instar a que s’incrementin les plantilles, si no que no fossen disminuïdes.

Bé, afortunadament, doncs hem d’agrair al senyor Agustín Almodóbar la seva insistència, la seva tenacitat i les gestions que ha fet —li ho dic de veritat, li ho dic sincerament— perquè finalment hem pogut arribar a un acord. Un acord que, si vostès volen, és un acord, per part nostra al menys, amb dubtes; serà un sí crític, un sí amb reserves interrogants, un sí una mica a contracor, a regañadientes. Per què? Perquè si comparem, per exemple, el Plan Verano 2013, el d’ara, el que ja està en marxa ara, amb el Plan Verano 2011, l’últim pla fet per l’anterior Govern socialista, les dades són les següents: l’any 2011, en les poblacions turístiques, en les comunitats autònomes turístiques del mapa, diguem-ne, MIR, Ministeri de l’Interior, estàvem parlant de 40 000 efectius destinats a aquestes zones turístiques els quals s’hi varen afegir 3000 efectius addicionals. Enguany, el propi Ministeri, i el senyor Almodóbar també ho ha dit, doncs estem parlant de 28 000 efectius, és a dir, un 30% menys d’efectius fixes respecte a l’any 2011 i un increment de 1300 efectius addicionals, és a dir, la disminució d’un 40% dels reforços extres que es varen incorporar a l’estiu del 2011.

Aquest matí el senador Fernández Moya parlava de cinisme, demagògia i doble llenguatge. Nosaltres hem fet un esforç. Per nosaltres com a quedat finalment la transaccional ens sembla insuficient, però com que parlem d’un tema importantíssim, nosaltres hem volgut fer l’esforç per sumar-nos-hi. Però volem posar de manifest, per exemple, i llegeixo textualment: uno, retirada de la subida del IVA; dos, reducción del IVA turístico al 4%; tres, reducción al menos de un 50% de las tasas aeroportuarias i portuarias para abaratar la llegada de turistas. Això és una moció que va ser debatuda en aquesta cambra, al Senat, i va ser debatuda a instàncies del Grup Parlamentari Popular, i no pas l’any 2000, ni el 2002, ni el 2004, ni el 2006, ni el 2008, el 2010. Per tant, suposo que el senyor Fernández Moya estarà d’acord amb mi que aquest tipus de mocions sí que són cíniques, demagògiques i amb utilització d’un doble llenguatge.

Nosaltres hem volgut fer l’esforç d’acord, de consens, compartim la intervenció en la defensa totalment que ha fet el senyor Almodóbar. Repeteixo, fem un sí crític a la moció perquè malgrat el nostre sí creiem que estem parlant d’una mala còpia, d’una còpia adulterada, d’una còpia a la baixa, si comparem l’Operación Verano actual amb la de l’últim Govern socialista.

Res més, senyories, moltes gràcies. Bon estiu, bones vacances i si decideixen passar alguns dies en algun del municipis de la Costa Brava, aquest senador estarà encantat de fer-los de guia i d’ensenyar-los els magnífics racons que tenim a casa nostra.

Moltes gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Señorías, hablar de turismo en nuestro país es hablar de la tercera potencia turística mundial, es hablar de un país que recibe más de 57 millones de turistas. Hablar de turismo en nuestro país representa hablar del 11% del producto interior bruto, del principal sector productivo de la economía española. Hablar de turismo en nuestro país significa que el gasto que hacen los turistas extranjeros cada año, solo los extranjeros, en nuestro Estado representa más de 50 000 millones de euros. Hablar de turismo en nuestro país es hablar, como ha dicho también el senador Almodóbar, de un sector clave de nuestra economía; de un sector estratégico, que se debe potenciar, que se debe proteger y al que se debe dar seguridad. Estamos hablando de un sector importantísimo para la creación de ocupación —aunque, en buena medida, solo cree ocupación estacional— y para la reactivación económica, tanto en el propio turismo como en el sector servicios en general. Por lo tanto, hablando de turismo, pocas bromas: estamos hablando de palabras mayores.

Y para hablar de este tema el Grupo Parlamentario Popular nos presentaba inicialmente una moción en plena temporada turística, que, en el fondo, era la plasmación de un decreto aprobado por el Gobierno hace ya casi tres meses. Desde nuestro punto de vista, la moción inicial del Grupo Parlamentario Popular era irrelevante, ineficaz, extemporánea y, de alguna forma, improvisada. Hago mías las palabras del senador Saura cuando decía que, a menudo, el Grupo Parlamentario Popular se caracteriza por presentar mociones de estas características, como si el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tuviera poca confianza en el Gobierno; tan poca confianza, que le tuviera que instar a realizar cosas que el Gobierno teóricamente ya está haciendo o ha dicho que haría.

No quiero entrar más a fondo en este tema, solamente daré una prueba de lo que nosotros considerábamos inicialmente una moción mala, irrelevante: el punto tercero de la parte dispositiva de la moción, que, como el Grupo Parlamentario Popular se dio cuenta de lo que significaba, lo eliminó a través de una autoenmienda. Lo que venía a decir este tercer punto es que le daba al Gobierno la posibilidad de no incrementar los refuerzos de verano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque decía textualmente: «…para que en los destinos de máxima afluencia turística durante los meses de temporada alta las plantillas de dichos cuerpos no se vean disminuidas». Es decir, no instaban a que se incrementaran las plantillas, sino a que no fueran disminuidas.

Queremos agradecerle al senador Agustín Almodóbar su insistencia, su tenacidad en las gestiones que ha hecho —se lo digo de verdad, se lo digo sinceramente—, porque finalmente hemos podido llegar a un acuerdo. Si ustedes quiere, a un acuerdo con dudas, por nuestra parte; el nuestro será un sí crítico, un sí con reservas e interrogantes, un sí un poco a regañadientes. Porque si comparamos, por ejemplo, el Plan Verano 2013, el que está ahora en marcha, con el Plan Verano de 2011, el último plan realizado por el anterior Gobierno socialista, los datos son los siguientes: en el año 2011, en las poblaciones turísticas, en las comunidades autónomas turísticas del mapa del Ministerio del Interior, estábamos hablando de 40 000 efectivos destinados a estas zonas turísticas, a los que se añadieron 3000 efectivos; este año —el ministerio lo ha dicho y también el señor Almodóbar— estamos hablando de 28 000 efectivos, es decir, un 30% menos de efectivos fijos respecto al año 2011, y de un incremento de 1300 efectivos; es decir que la disminución de los refuerzos que se incorporaron en verano de 2011 es de un 40%.

Esta mañana el senador Fernández de Moya hablaba de cinismo, demagogia y doble lenguaje. Nosotros hemos hecho un esfuerzo; nos parece insuficiente la transaccional tal como ha quedado finalmente. Pero, como hablamos de un tema muy importante, hemos hecho el esfuerzo de sumarnos. Sin embargo, queremos poner de manifiesto lo siguiente, y leo textualmente: uno, retirada de la subida del IVA; dos, reducción del IVA turístico al 4%; tres, reducción al menos de un 50% de las tasas aeroportuarias y portuarias para abaratar la llegada de turistas. Esta es una moción que se debatió en esta Cámara, en el Senado, y se debatió a instancias del Grupo Parlamentario Popular; y no en el año 2001, ni en 2002, ni en 2004, ni en 2006, ni en 2008: en 2010. Supongo que el señor Fernández de Moya estará de acuerdo conmigo en que este tipo de mociones sí que son cínicas y demagógicas, y utilizan un doble leguaje.

Por nuestra parte, hemos querido hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo, al consenso; compartimos totalmente la intervención de defensa que ha realizado el senador Almodóbar y,




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repito, damos un sí crítico a la moción; porque, a pesar de nuestro sí, creemos que estamos hablando de una mala copia, de una copia adulterada, de una copia a la baja, si comparamos la operación verano actual con la del último Gobierno socialista.

Nada más, señorías, muchas gracias. Buen verano, buenas vacaciones y, si deciden pasar unos días en alguno de los municipios de la Costa Brava, este senador estará encantado de hacerles de guía y enseñarles los magníficos rincones que tenemos allí.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Senyories, deixin-me que comenci la meva intervenció amb paraules de satisfacció i també d’ironia, amb una mica d’ironia. Satisfacció perquè avui el Partit Popular podria haver fet com acostuma a fer en les mocions, com acostuma a fer amb els temes que ens porta aquí al Senat o al Congrés: podia haver utilitzat la seva majoria súper absoluta per aprovar unilateralment la moció originària que havia presentat. I no ha estat així. I s’ha pogut demostrar que, amb diàleg, amb ganes de parlar, amb ganes d’arribar a acords, doncs efectivament es pot arribar a aquests acords. I, per això, satisfacció que jo vull personificar en la figura del senador Agustín Almodóbar i li vull agrair aquesta predisposició que ha tingut que ha aconseguit que aquesta moció s’aprovi per unanimitat.

Ironia, també, perquè una moció sobre la seguretat en destinacions turístiques que insta el Govern a prendre mesures quan estem a mitjans de juliol, i les mesures es prenen, i les planificacions es realitzen, com a molt tard a l’abril i, si la Setmana Santa s’avança, fins i tot abans. Per tant, si tot allò que es vol implementar, aplicar amb aquesta moció, és per a aquest estiu, vostès arriben tard, doncs l’estiu comença el 21 de juny i aquesta moció l’haurien d’haver presentat al mes de març o febrer.

Dit això, nosaltres al veure la moció original hi vam presentar unes esmenen que vull explicar i que se’ns han acceptat i que han estat incorporades en aquesta moció definitiva i transaccionada. El primer paràgraf parlava del Plan Turismo Seguro, que és un instrument sota la competència del Cos Nacional de Policia, i que, per tant, no correspon desenvolupar en aquelles comunitats on les competències en seguretat ciutadana estan transferides, com a Catalunya, on els Mossos d’Esquadra ja han disposat les eines adequades per promoure, potenciar i protegir el sector turístic. Per això, calia precisar en aquest primer paràgraf el tema competencial, perquè ja és recurrent, ja passa amb recurrència, que vostès presenten mocions sense tenir en compte si hi ha invasió de competències, sense tenir en compte la realitat competencial de determinades comunitats, la realitat competencial de l’Estat. Per això vam proposar una esmena que, si no literalment sí en el concepte, ens ha estat recollida en la transaccional, cosa que agraïm.

Estem d’acord amb el segon paràgraf i havíem esmenat el tercer; però, com que vostès mateixos ja han procedit a eliminar-ho, ja ens sembla bé, ja que no es tractava de modificar cap reglamentació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, sinó que es tractava de fer una distribució més ajustada en la gestió dels recursos dels cossos policials.

En referència a fer partícips en la prevenció el personal que treballa en el sector turístic i empreses de seguretat que els presten serveis, com que a Catalunya la policia de la Generalitat ja ha desenvolupat vàries iniciatives en aquest sentit, suggeríem que no s’establissin, sinó que es mantinguessin, les vies de comunicació i formació amb el sector, cosa que també ens ha estat acceptada en la transaccional. De la mateixa manera que el redactat del darrer paràgraf, ja que es tracta de continuar salvaguardant la seguretat dels ciutadans i dels turistes que ens visiten.

Finalment, si per aconseguir el consens en aquesta moció amb el grup majoritari hem de donar el nostre suport i vist-i-plau al darrer paràgraf sobre la regulació legislativa del fenomen triler, encara més havent proposat un afegit per incloure-hi altres tipus de jocs il·legals que es practiquen al carrer per tal d’aconseguir que el Grup Parlamentari Socialista al Senat també s’incorporés a aquesta transaccional, doncs ho fem amb molt de gust. Celebro que s’hagi afegit i, per tant, també estem contents en aquest sentit.




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En relació a les esmenes que havia presentat el Grup Parlamentari Socialista, jo crec que es parlava molt d’incrementar el nombre de cossos i forces de seguretat de l’Estat, quan potser no es tracta tant d’incrementar com de racionalitzar la distribució d’aquests agents. Per exemple, a Lleó, una delegació del Senat va custodiada per dos agents de la Policia Nacional que van amb moto. Probablement, aquests dos agents de la Policia Nacional haurien d’estar repartits en altres zones per evitar, o prevenir, que a algun turista li pispin la cartera. Jo crec que es tracta d’això, de racionalitzar la distribució, més que no pas d’incrementar el nombre d’agents. També el Grup Parlamentari Socialista presentava un llistat molt interessant de llocs a protegir —els parla un ciutadà d’una ciutat patrimoni de la humanitat, Tarragona—, però ja en el redactat del punt 5 del text transaccionat s’inclou: «aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de los turistas», i és evident que inclou tots aquests espais i tots els que volguéssim afegir després.

Per tant, reitero i torno al començament. Satisfacció per haver aconseguit aquest diàleg amb el partit del Govern. Li vull agrair una vegada més la predisposició al senador Agustín Almodóbar Barceló a negociar i a dialogar, i a més a més a fer-ho en l’altra llengua que ens és pròpia als alacantins, als tarragonins, als valencians i als catalans, la qual cosa encara m’ha congratulat més de poder negociar i arribar a un pacte amb vostès.

I, com deia el meu company el senador Rafel Bruguera, jo també els desitjo un bon estiu i si volen venir a la Costa Daurada seran molt benvinguts i estaran molt ben acompanyats i serà un plaer per mi acompanyar-los i fer-los de guia.

Gràcies.

Señorías, déjenme empezar mi intervención con palabras de satisfacción y también con un poco de ironía. Satisfacción, porque hoy el Partido Popular podría haber hecho como acostumbra a hacer con las mociones y con los temas que nos trae aquí, al Senado, o en los que lleva al Congreso: podría haber utilizado su supermayoría absoluta para aprobar unilateralmente la moción originaria que había presentado. Y no ha sido así. Se ha podido demostrar que con diálogo, que con ganas de hablar, que con ganas de llegar a acuerdos, efectivamente, se puede llegar a estos acuerdos. Por eso hablaba de satisfacción, que quiero personificar en la figura del senador Agustín Almodóbar, al que quiero agradecer su predisposición, que ha conseguido que esta moción se apruebe por unanimidad.

Por otro lado, también ironía, porque es una moción sobre la seguridad en destinos turísticos, que insta al Gobierno a adoptar medidas, cuando estamos a mediados de julio y las medidas se adoptan y las planificaciones se realizan, como muy tarde, en abril y, si la Semana Santa se adelanta, incluso antes. Por lo tanto, si todo lo que se quiere implementar, todo lo que se quiere aplicar con esta moción es para este verano, ustedes llegan tarde, ya que el verano empieza el 21 de junio y esta moción deberían haberla presentado en los meses de febrero o marzo.

Dicho esto, nosotros, al ver la moción original, presentamos unas enmiendas, que quiero explicar, y que han sido aceptadas e incorporadas en la moción definitiva y transaccionada. El primer párrafo hablaba del Plan Turismo Seguro, que es un instrumento bajo la competencia del Cuerpo Nacional de Policía y que, por lo tanto, no corresponde desarrollar en aquellas comunidades en que las competencias en seguridad ciudadana están transferidas; como en Cataluña, donde los Mossos d´Esquadra ya han dispuesto las herramientas adecuadas para promover, potenciar y proteger al sector turístico. En este primer párrafo se debería precisar el tema competencial, porque ocurre recurrentemente que presentan ustedes mociones sin tener en cuenta si hay invasión de competencias, sin tener en cuenta la realidad competencial de determinadas comunidades, la realidad competencial del Estado. Por ello, propusimos una enmienda que, si no literalmente, sí en el concepto, ha sido recogida en la transaccional, cosa que agradecemos.

Estamos de acuerdo en el segundo párrafo y habíamos presentado una enmienda al tercero; pero, como ustedes mismos han procedido a eliminarlo, nos parece bien. No se trataba de modificar ninguna reglamentación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que se trataba de hacer una distribución más ajustada de la gestión de los recursos de los cuerpos policiales.

En cuanto a hacer partícipe en la prevención al personal que trabaja en el sector turístico y en las empresas de seguridad que les prestan servicios, como en Cataluña la policía de la Generalitat ya ha desarrollado diversas iniciativas en este sentido, sugeríamos que no se establecieran las




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vías de comunicación y formación con el sector, sino que se mantuvieran, cosa que también ha sido aceptada en la transaccional. Del mismo modo que la redacción del último párrafo, se trata de continuar salvaguardando la seguridad de los ciudadanos y de los turistas que nos visitan.

Por último, si para conseguir el consenso sobre esta moción con el grupo mayoritario hemos de dar nuestro apoyo y visto bueno al último párrafo sobre el fenómeno trilero, lo hacemos con mucho gusto para conseguir que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado se incorpore a esta transaccional, aun cuando habíamos propuesto un añadido para incluir otro tipo de juegos ilegales que se practican en la calle. Celebro que se haya incorporado, y estamos contentos por ello.

En las enmiendas que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista se hablaba mucho de incrementar el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando quizás no se trata tanto de incrementar sino de racionalizar la distribución de los agentes. Por ejemplo, en León, una delegación del Senado va custodiada por dos agentes de la Policía Nacional que van en moto. Probablemente, estos agentes de la Policía Nacional deberían estar en otras zonas para evitar o para prevenir que a algún turista le roben la cartera. Se trata de racionalizar la distribución, más que de incrementar el número de agentes. El Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado un listado muy interesante de lugares a proteger —les habla una persona de una ciudad patrimonio de la humanidad, de Tarragona—; pero ya el texto transaccionado, en el punto cinco, dice: «aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de los turistas», y es evidente que incluye todos estos espacios y todos los que quisiéramos añadirle después.

Termino como empecé: satisfacción por haber conseguido este diálogo con el partido del Gobierno. Quiero agradecer, una vez más, la disposición del senador Almodóbar a negociar y dialogar y, además, a hacerlo en la otra lengua que nos es propia a los alicantinos, valencianos y catalanes, por lo que todavía me ha congratulado más poder negociar este pacto con ustedes.

Y, como decía mi compañero, el senador Bruguera, yo también les deseo un buen verano. Y, si quieren venir a la Costa Dorada, serán muy bienvenidos y estarán muy bien acompañados. Será para mí un placer acompañarlos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, presidente.

Quiero presentar tres aspectos en mi intervención: el análisis de la moción que nos ha presentado el Grupo, la vocación que tiene el Grupo Parlamentario Socialista por una industria de referencia en el Estado español —el turismo— y, por fin, las dudas que nos suscita la presentación de la moción. La primera de las dudas es el momento de la presentación. Habríamos entendido que este debate lo hubiéramos tenido en el mes de marzo; en el mes de marzo esta Cámara debería haber recogido la preocupación de todos los grupos políticos sobre el plan de turismo. Lo aprobamos, se publica, se insta al Gobierno, llegamos a final de mes y la duración del plan acaba el 31 de agosto. Si es verdad que todos coincidimos en que es un sector referencial en el Estado español, en que el nuestro es el tercer país del mundo como potencial turístico, en que tenemos que transmitir una imagen de seguridad y de confort, esto podría haber estado hecho antes. Esta es la primera duda: el momento.

El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado siempre que todo el mundo debe estar de acuerdo en qué es una industria pionera y en que el turismo debe encontrarse confortable y debe tener determinados parámetros. Primero, venir a un destino de calidad, y creo que en eso hemos venido trabajando en los últimos años, por mejorar nuestra oferta turística, nuestra oferta gastronómica, porque las infraestructuras fueran mejores, que nuestros aeropuertos fueran más confortables y que nuestros hoteles estuvieran en la primera línea del mundo; trabajo que se ha venido haciendo. Y destino seguro, por eso el Gobierno socialista en 2011 impulsó el Plan Turismo Seguro. Y entendemos que esto es nada más y nada menos que la continuidad de todo aquel trabajo que ya se había hecho.

También hemos pensado sobre las dudas que veníamos manifestando, como ha dicho antes alguno de los senadores, porque nos preocupaba el número de los agentes que han de trabajar en este campo. Ayer el ministro, en contestación a una pregunta que le trasladó una senadora del Grupo Popular, concretó su número: 29 000 agentes. Entendíamos que había habido una




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reducción y creemos que se ha de instar al Gobierno a ir aumentando los efectivos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad destinados a la campaña de verano. Alguien habló ayer en su intervención de pájaros de mal agüero. Creo que en esta Cámara no hay pájaros de mal agüero. Hoy hemos trasladado la posición del Grupo Socialista a los otros grupos de sumarnos a una moción que tiene que ser aprobada por consenso, para trasladar la imagen de que España es un país seguro pero, además, que tiene una industria turística potente, de calidad y con la que nuestros turistas y visitantes van a disponer de una oferta acorde a aquello a lo que les mueve a venir a España. Pájaros de mal agüero, no. Creo que eso no ayuda a sumar.

También me adhiero al agradecimiento al señor Almodóbar por la actitud que ha tenido por sumar. Creo que eso aumenta el valor de esta Cámara. En una cosa sí coincidimos, porque los dos les propondremos lo mismo: que vengan a Benidorm; los dos les propondremos que pasen las vacaciones en Benidorm. Yo soy senador de la Comunidad Autónoma Valenciana y él es de Benidorm. Por lo tanto, no tengo más que hacer que sumarme a ello.

Nos preocupaba también la definición de nuestros lugares de protección. Estaba claro que eran las comunidades autónomas. Pero nosotros queríamos una mayor concreción. Por eso hablábamos de las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad. Y es verdad, como decía antes un senador, que no podemos entrar en el detalle concreto de todas ellas, pero si de algo puede estar orgulloso el conjunto del Estado español es de tener ciudades referenciales fuera de los considerados lugares turísticos de mayor afluencia, que, por su vocación, han sido capaces de transformarse, haciendo grandes inversiones el Estado para que también puedan ser lugares visitados por los turistas. Esa es nuestra vocación, sin que en una definición que pareciera un galimatías nos perdiéramos, y también tiene que haber una atención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Todo no es la redacción de un documento, señor Almodóbar. Todo no es pensar que el turismo tiene que ser una apuesta del Estado. Voy a leer un pequeño documento, que dice así: El ministerio subraya que se trata de un país seguro para visitarlo —esto lo he bajado esta mañana—, no hay ningún problema con el transporte, con la seguridad, con las ciudades, con las zonas turísticas más populares. Esto está bajado de la embajada de Turquía esta mañana. Luego dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles, con una extrema preocupación, abstenerse de acceder a determinadas zonas del país. Es decir, todo no es un documento, un documento frío, para llenarnos la boca con que de verdad creemos en que hay que apostar por un turismo seguro.

Tiene que haber una planificación, como decían antes, que tenía que haberse desarrollado desde hace meses. Parece que ha habido cierta rapidez e improvisación, al menos esta es la sensación que nos da. Nos hemos sumado porque no queríamos dar la sensación de que el Grupo Socialista no es consciente de que hay que dar una imagen, de que tenemos un turismo de calidad y un turismo seguro; por eso nos hemos sumado. Es verdad que al que habla le hubiera gustado una mayor concreción en la redacción final. No todo es apostar por tener una clara vocación turística, para llenarnos la boca de que el turismo está solo y exclusivamente en algunos discursos.

Hace muchos años que venimos trabajando para que el Estado español sea una potencia de turismo y lo hemos conseguido entre todos. Hemos conseguido, además, que las estadísticas de criminalidad de España sean las mejores de Europa. Esto se ha conseguido hace muchísimos años, y esto, más la calidad, más nuestra oferta gastronómica, más nuestros lugares de destino, conocidos y reconocidos en el Estado, va a garantizar que la industria turística de España siga siendo potente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ángel.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, creo que lo que toca es felicitarnos por haber conseguido llegar a esta transaccional. Es importante trasladar de puertas para afuera de esta Cámara a los ciudadanos que cuando se trata de asuntos tan importantes, de asuntos capitales para nuestra economía, para nuestro país, podemos llegar a acuerdos. Quiero agradecer sobre todo al grupo catalán, particularmente al senador Sendra, haig de dir-li que jo he negociat amb vosté i he




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negociat en valencià, al que tengo que decirle que yo he negociado con usted, pero he negociado en valenciano, por haber aportado a la moción algunos de los puntos que contenía su enmienda. Asimismo, quiero agradecer las intervenciones del resto de grupos por las facilidades que han dado para llegar a esta transaccional, porque cuando hemos traído aquí alguna iniciativa parlamentaria que afecte a nuestro turismo normalmente siempre han mostrado su sensibilidad con este asunto, lo cual agradecemos enormemente y estoy seguro que el sector también lo agradecerá. Las aportaciones que han hecho a esta moción no hacen otra cosa sino enriquecerla, algo que además considero muy positivo, porque creo que es importante, como les decía, que de puertas para fuera se pueda mostrar nuestro compromiso con el sector turístico español, al margen de ideologías y de partidos.

Señorías, hemos incluido en esta moción el asunto del juego del trile y otros fraudes que se cometen en la vía pública, ya que consideramos que esta moción no estaría completa sin reflejar una cuestión que para nosotros es de vital importancia por afectar tanto al patrimonio de las personas como a la seguridad ciudadana, además de ser una cuestión que genera una gran alarma social entre empresarios, vecinos, políticos, turistas y fuerzas de seguridad del Estado y que afecta negativamente a la imagen de nuestros destinos. Un problema que afecta desde hace décadas a muchísimas ciudades turísticas que ven cómo grupos organizados con fines fraudulentos estafan a turistas con este tipo de juegos que consiste en incitar al público a participar mediante apuestas de dinero en un juego de habilidad que, aparentemente, permite grandes posibilidades para que el que participa, y que se ofrece en plena vía pública, pero donde nunca gana nadie. Tras haberlo estudiado hemos llegado a la conclusión de la necesidad de incardinar dicho juego ilegal dentro de los delitos y faltas contenidos en la legislación por tres motivos de gran entidad que hacen necesario que les sea aplicable una consecuencia penal.

En primer lugar, se trata de una conducta ilegal que por sí ya es un juego ilegal que no se ajusta a la normativa correspondiente y que la única sanción que podrá acarrear sería en todo caso de índole administrativa al no estar tipificada en el Código Penal. En segundo lugar, este juego ilegal constituye un claro fraude contra el patrimonio de las personas, pues no se trata de un juego de azar propiamente dicho, sino de un fraude en el que el jugador, como les he dicho antes, siempre pierde. No hay posibilidad de ganar nunca y, en consecuencia, no existe azar, por lo que existe un desplazamiento patrimonial fraudulento a la víctima. Y, en tercer lugar, señorías, es un juego prohibido que, como decía, se practica en las principales calles y plazas de municipios y ciudades con gran afluencia turística y afecta, en consecuencia, a la seguridad ciudadana que debe ser protegida. Los turistas que desconocen esta estafa son las víctimas más habituales, con la negativa repercusión que produce este hecho.

Esto lleva mucho tiempo ocurriendo en todo el territorio nacional, no en una zona en concreto, sino que es generalizado. Pero permítanme que mencione el caso que mejor conozco, que es el de mi ciudad, Benidorm, principal municipio turístico de España, donde hace muchísimos años, vecinos, comerciantes, empresarios, fuerzas del orden público —que poco pueden hacer, salvo aplicar medidas disuasorias mientras esto no esté tipificado—, medios de comunicación y otros estamentos, llevan mucho tiempo reclamando que se haga algo. Reclaman que desde aquí acometamos las reformas legislativas pertinentes para poder combatir mejor esta estafa que, a pesar de serlo, no puede ser condenada por los jueces y tribunales al no cumplir la entidad el engaño exigido para ellas. Por otro lado, esto es un foco de comisión de otro tipo de delitos que pueden ser los pequeños hurtos o robos, y por ello el Grupo Parlamentario Popular lo trae a esta Cámara.

Señorías, estas medidas, junto con las otras que contiene la moción transaccional a la que hemos llegado, que inicialmente presenta el Grupo Parlamentario Popular, expresan una idea: Si España es capaz de presentarse como un país seguro y generador de confianza, podrá aflorar la prosperidad interior y la confianza exterior. Esa prosperidad radica en un altísimo porcentaje en el sector turístico en el que, como he dicho en innumerables ocasiones, somos una potencia mundial.

Señorías, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno de España, le hemos dado una gran importancia a la mejora de la proyección internacional de España como destino turístico líder, de calidad y seguro. Ahí están las innumerables medidas puestas en marcha dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo, presentado ahora hace un año, y que ya se encuentra ejecutado en más de




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un 40% y, como vemos mes a mes con cifras positivas, por lo que ya está dando resultados. Hoy, con la aprobación de estas medidas, avanzamos un paso más en esa proyección que buscamos.

Voy concluyendo, señorías, por no extenderme más, porque el resto de grupos parlamentarios ya lo ha dicho todo en sus intervenciones. Ya he dicho en alguna ocasión en esta Cámara que las administraciones no construyen hoteles, no abren restaurantes, no abren agencias de viajes, etcétera, eso lo hace la sociedad. Nosotros, desde el ámbito de la política, desde las administraciones, tenemos que crear las condiciones óptimas para que la sociedad pueda actuar. De eso se trata, de confiar en la gente, de confiar en los españoles que siempre han estado a la altura de las circunstancias.

El sector turístico español tiene grandes retos, como hemos dicho todos los que por aquí hemos pasado, un potencial inmenso, los mejores profesionales, la mejor planta turística, pero es necesaria la voluntad de iniciativa de un Gobierno que apueste decididamente por este sector y que facilite las condiciones para seguir siendo competitivos y líderes. España es un país seguro, estamos de acuerdo. Somos un destino turístico muy seguro, pero debemos seguir trabajando para lograr ofrecer a todo el que nos escoja para pasar sus vacaciones las mejores condiciones de seguridad y tranquilidad. Esa será, señorías, nuestra mejor promoción.

Por supuesto, yo no seré menos y, al igual que ha hecho el resto de portavoces, les deseo un buen verano. También, están todos invitados a visitar la Comunidad Valenciana, a visitar la Costa Blanca, especialmente mi municipio, Benidorm, pero, sobre todo, quiero animar a todos los españoles a que si viajan este verano visiten todos y cada uno de los municipios turísticos españoles, que son muchos y muy buenos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS EN EL VALLE DE ARÁN Y ALTO PIRINEO CATALÁN Y OSCENSE Y LAS TORMENTAS DE GRANIZO EN DIVERSAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA.

(Núm. exp. 662/000095)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado ocho enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal; otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; cinco del Grupo Parlamentario Socialista, y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Posteriormente se ha presentado una propuesta de modificación a la moción que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Mixto, y por tanto, decaen todas las enmiendas menos esta. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y por tiempo de 15 minutos, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.

Moltes gràcies, senyor president, senyories,

És un honor per al Grup Parlamentari català de Convergència i Unió i per aquesta senadora d’un dels territoris afectats haver elevat al màxim òrgan d’aquesta institució una moció en defensa dels diferents territoris afectats tant per les pedregades com per les riuades que van succeir el fatídic 18 de juny.

En primer lloc he de manifestar un agraïment a tots els senadors que han tingut la sensibilitat i que han estat generosos a l’hora de baixar el llistó de les seves pretensions per aconseguir que




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aquesta moció que ha presentat el Grup de Convergència i Unió s’hagi convertit en una moció transaccionada per la majoria dels grups d’aquesta Cambra.

És evident que aquesta generositat ha estat més fàcil de trobar en aquells senadors que formen part dels territoris afectats com no pot ser d’altra manera. Quan les coses es coneixen, es pateixen, es gaudeixen, s’estimen i es respecten i, des d’aquest respecte aquesta senadora agraeix l’escenari en què queda aquesta moció perquè ja els avanço, i això és tota una declaració d’intencions, a risc de semblar que pugui portar el lliri a la mà, els asseguro que és amb tota la voluntat que aquesta moció se situa en l’escenari que jo volia. Perquè defujo que algú hagués pogut tenir la temptació d’oportunismes polítics amb les misèries de la gent i les dificultats dels territoris en aquests moments tan complicats.

També, avança de començar amb el contingut de la moció vull fer un reconeixement als territoris que han patit aquests fets, a la capacitat de superació de la seva gent. Són territoris que estan instal·lats en la cultura de l’esforç —i la gent que vivim als territoris muntanyencs ho sabem perfectament—, tenim sempre un afegitó a les dificultats que pateix tothom i, en aquest sentit, vull fer aquest agraïment a la gent dels territoris, a la gent que, l’endemà mateix de la riuada, va sortir al carrer per tornar a començar de nou.

Aquesta moció tracta dos temes; el tema de les pedregades i el tema de les riuades. Si bé és cert que les riuades han estat molt més mediàtiques i molt més aparatoses, més traumàtiques si voleu, en definitiva, tots dos tenen com a resultat l’estroncament de projectes personals i la dificultat del desenvolupament econòmic de les zones afectades. En el cas de les pedregades, les comarques de Les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i l’Urgell van patir el dia 18 una afectació per aquest fenomen de 41766 hectàrees de cultius. Bona part d’aquests cultius eren de fruita dolça però, a més a més, van tenir grans danys hortofrutícules i herbacis. A tot això li sumem que aquest fenomen no és el primer cop que el pateixen en un curt termini de temps, la qual cosa, tenint en compte que s’ha danyat el 50% de la collita, posa en perill l’abastament dels mercats, amb conseqüències econòmiques per al sector en concret però també per a tots els agents de la cadena agroalimentària.

En aquest sentit, a la moció inicial —i voldria que això es recollís a la meva intervenció— aquest grup parlamentari demanava mesures compensatòries destinades a les cooperatives i també a altres empreses condicionadores, transformadores i comercialitzadores de la fruita procedent d’aquestes zones afectades per la disminució en la seva activitat. En el cas de les cooperatives, especialment protegides, els socis que s’hagin vist afectats per les tempestes demanaven que no se’ls apliqués el límit màxim per les operacions amb tercers, no socis, per mantenir la qualificació. Aquest prec anava acompanyat d’altres mesures fiscals, algunes només per al sector agrari, com és per a l’exercici 2013 l’adequació dels mòduls de l’IRPF a la pèrdua de producció soferta, l’increment de la quantia de despeses de difícil justificació en l’estimació directa de l’IRPF i permetre la neutralitat fiscal en el còmput dels ingressos procedents de les percepcions de les indemnitzacions d’assegurança quan aquestes coincideixen en un mateix exercici amb els ingressos derivats de les collites anteriors. També demanàvem per aquest sector una reducció de l’impost dels béns immobles de naturalesa rústica per a les explotacions agràries situades a les zones afectades.

Com ja he dit al començament, és evident que el nivell de trauma d’un fenomen i l’altra no ha estat el mateix. El dia 18 ens trobem amb un escenari que els voldria explicar des de tres punts de vista. Un escenari físic, amb unes capçaleres de les valls del Pirineu amb unes reserves de neu excepcionals, la qual cosa ja els dibuixa l’escenari d’un cru hivern que han patit aquestes zones, que en molts casos no ens ha permès poder desenvolupar els nostres recursos de l’hivern, acompanyat d’unes fortes pluges, d’una pujada sobtada de temperatures, en alguns casos un nivell alt en els envasaments i, a més a més, l’assignatura sempre pendent d’una bona neteja de les lleres.

Aquest és l’escenari físic i climatològic d’aquell dia. Hi ha un altre escenari, el de la crisi en què tots som immersos que fa que aquestes zones especialment complicades hagin rebut un toc mortal en la seva capacitat econòmica donat que moltes d’elles, a banda del sector primari, estan orientades al sector terciari, al sector de recursos, al turisme. També hi ha un altre escenari. El moment, el dia 18 de juny, a portes de començament de la temporada turística, on molts establiments que han patit no tindran la capacitat —suposant que tinguessin el finançament— de




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poder donar resposta a aquelles reserves que ja tenien compromeses els seus establiments. Tot això, fa un escenari fatídic.

En aquest sentit, vull dir el Pirineu de Lleida, especialment la Vall d’Aran —fora faltar a la veritat no fer una menció especial en el Pirineu de Lleida al territori de la Vall d’Aran, que va ser, amb un enfurismat Garona, el que va patir més conseqüències, però també el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça amb la gran avinguda de la Noguera Pallaresa. I permetin-me que també baixi cap a la plana perquè la comarca del Segrià, en el cas de Lleida, quan va rebre aquestes grans avingudes del Pirineu, també va patir grans inundacions en zones de conreu que ha produït molts danys. El mateix escenari el trobem al Pirineu d’Osca. Al Pirineu d’Osca, les comarques de la Ribargorça, el Sobrarb i el Baix Cinca. De la mateixa manera, també vull fer esment especial al municipi de Benasque perquè també penso que és el que va tenir molta més intensitat i va patir l’impacte més gran d’aquestes riuades i fer esment a la zona del Baix Cinca perquè també, con en el cas del Segrià, molta part de conreus d’aquesta zona han estat afectats. És a dir que anem una mica més enllà del Pirineu, tot i que ha estat el Pirineu que ha rebut el cop més fort.

En aquesta quantificació de danys hem d’obrir una sèrie de línies. Ens trobem els danys que han patit els particulars, per una banda, ens trobem els danys que han patit les empreses, de l’altra. Empreses turístiques, comerç, empreses agrícoles; les infraestructures públiques que detallaré en el torn de portaveus i també el sector de la pagesia. Voldria fer un esment també als danys col·laterals, als danys d’imatge, aquelles imatges repetides en els mitjans que fan que tinguem poca capacitat de reacció per contrarestar aquest missatge en negatiu a les zones turístiques i donar aquesta imatge de normalitat, que hi és, podem rebre la gent amb total normalitat, i també la imatge de seguretat. En el meu torn de portaveus detallaré molt més cadascun dels sectors.

No voldria deixar d’aprofitar aquest moment per dir que en el meu territori, intentaré ser justa i penso que es pot traslladar a tota la resta, hi ha hagut una perfecte coordinació de totes les institucions. Vull dir que gràcies a uns bons informes del Servei Català de Meteorologia, que van activar els protocols pertinents, les zones del Pirineu de Lleida tenia una situació de prealerta dies abans que passés la riuada i això ens va donar la capacitat d’organitzar-nos, els ajuntaments, els Consells Comarcals, el Consell General, les Diputacions, la Generalitat com a govern de Catalunya i també el govern central, que ens va oferir el seu ajut, i el veí govern andorrà.

He de dir, i aquí se n’ha parlat i voldria puntualitzar, que hem agraït l’ajut i el suport rebut per totes les institucions, sense excepció. Hem utilitzat aquells recursos que ens han ofert en la mesura que els hem necessitat i, en aquest senti, vull fer esment al reconeixement públic, en seu del Parlament de Catalunya que la pròpia vicepresidenta del govern de la Generalitat de Catalunya va fer al govern central pel seu oferiment i per l’oferiment de l’UME, que ens va facilitar els helicòpters de gran capacitat per poder transportar els equips electrògens per poder pal·liar, en un principi, atès que vam actuar amb molta rapidesa, les necessitats bàsiques d’abastament, d’aigua de boca, llum, gas i altres. Aquest és una mica l’escenari. Qualsevol altre esment a rebutjos o a menysteniments quan a l’oferiment d’algú seria faltar a la veritat.

Com a persona afectada del territori he de dir que es va fer tot el que es podia fer. La gent del territori està satisfeta amb la gestió que es va fer dels aiguats i la primera felicitació dins d’aquest episodi tan greu, l’única cosa alegre, per dir-ho d’alguna manera, de l’episodi, és que a hores d’ara no hem de lamentar cap pèrdua personal en cap dels territoris.

Vull posar de manifest que tampoc hem tingut cap pèrdua en càmpings i instal·lacions properes a les lleres del riu i, en el cas de Catalunya, vull dir que nosaltres havíem fet un esforç en aparells mesuradors dels cabals del riu. Estàvem en fase d’instal·lar-los, a la Vall d’Aran ja n’hi havia algun instal·lat, al Pallars Sobirà s’instal·laran en breu, que també havien permès tenir informació prèvia a la crescuda en la mesura en què es pot preveure un fenomen d’aquesta dimensió.

En principi per explicar-los una mica l’escenari en què ens trobem, penso que ha quedat detallat i em reservo el torn de portaveus per entrar al detall en alguna d’aquestes coses.

Moltíssimes gràcies.

Señorías, es un honor para el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y para esta senadora, que lo es por uno de los territorios afectados, haber elevado al máximo




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órgano de esta institución una moción en defensa de los distintos territorios afectados, tanto por las riadas como por los acontecimientos del fatídico 18 de junio.

En primer lugar debo manifestar mi agradecimiento a todos los senadores que han tenido sensibilidad y que han sido suficientemente generosos al bajar el listón de sus pretensiones para conseguir que esta moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió se haya convertido en una moción transaccionada por la mayor parte de los grupos de esta Cámara. Es evidente que esta generosidad ha sido más fácil de encontrar, como no puede ser de otro modo, en aquellos senadores que forman parte de los territorios afectados.

Cuando las cosas se conocen, se sufren, se gozan, se quieren y se respetan, desde este respeto esta senadora agradece el escenario en el que queda esta moción porque ya les avanzo, a modo de declaración de buenas intenciones —aunque parezca que lo hago con una especie de santa inocencia, lo hago con toda mi mejor voluntad—, que esta moción se sitúa en el escenario que yo quería. No me gustaría que alguien hubiera tenido la tentación de caer en el oportunismo político con las miserias de la gente, de las personas que han padecido la situación que conocemos perfectamente, las dificultades por las que pasa este territorio en unos momentos tan complejos.

Antes de empezar con el contenido de la moción, quisiera hacer un reconocimiento a los territorios que han sufrido estos hechos, a la capacidad de superación de su gente; son territorios instalados en la cultura del esfuerzo, sobre todo los de montaña —la gente que vivimos allí lo sabemos perfectamente—, territorios con un añadido más a las dificultades que todo el mundo padece. Por eso, quisiera agradecer a las gentes de estos territorios que, al día siguiente de la riada, salieran a la calle para empezar de nuevo.

Esta moción trata dos temas, el de las granizadas y el de las riadas, aunque es cierto que las riadas han sido mucho más mediáticas y aparatosas, más traumáticas, si quieren ustedes. En definitiva, las dos cosas tienen como resultado el estancamiento y la rotura, por así decirlo, de la vida cotidiana y del desarrollo económico de las zonas afectadas que se han visto truncadas. En el caso de las granizadas, las comarcas de Les Garrigues, el Pla d´Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y Urgell sufrieron el día 18 una afectación por este fenómeno en 41 766 hectáreas de cultivo, buena parte de los cuales eran de fruta dulce. Padecieron, además, graves daños hortícolas y herbáceos. A todo esto hay que añadir que este fenómeno no lo sufren por primera vez en un corto plazo de tiempo. Si tenemos en cuenta que se ha dañado el 50% de la cosecha, la situación de los mercados está en peligro y las consecuencias económicas serán graves para el sector en concreto y también para todos los agentes de la cadena agroalimentaria.

En la moción inicial —quisiera que se recogiera este punto de mi intervención—, este grupo parlamentario pidió medidas compensatorias destinadas a las cooperativas y también a otras empresas condicionadoras, transformadoras y comercializadoras de la fruta procedente de estas zonas afectadas por la disminución de su actividad. En el caso de las cooperativas especialmente protegidas, los socios que se habían visto afectados por las tormentas, pedían que no se les aplicara el límite máximo para las operaciones con terceros no socios para mantener la cualificación. Este ruego iba acompañado de otras medidas fiscales, algunas solo para el sector agrícola, como, por ejemplo, para el ejercicio de 2013 la adaptación de los módulos de 2013 a la pérdida de producción sufrida, el incremento de la cuantía de gastos de difícil justificación en la estimación directa del IRPF y permitir la neutralidad fiscal en el cómputo de los ingresos procedentes de las percepciones de las indemnizaciones de seguros cuando estas coincidan en un mismo ejercicio con los ingresos derivados de las cosechas anteriores. También pedíamos para este sector una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles de materia rústica para las explotaciones agrarias situadas en las zonas afectadas.

Es evidente que —como apuntaba al inicio— el nivel de trauma de un fenómeno y del otro no ha sido el mismo. El día 18 nos encontramos ante un escenario que quisiera explicarles desde tres puntos de vista; un escenario físico con unos cabezales de los daños del Pirineo, unas reservas de nieve excepcionales, lo que dibuja el crudo invierno que ya han padecido estas zonas que en muchos casos no ha permitido el pleno desarrollo de los recursos turísticos de esa estación, todo esto acompañado de unas fuertes lluvias, una subida repentina de las temperaturas, en algunos casos un nivel alto en los embalses y además la asignatura siempre pendiente de una limpieza del lecho del río.




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Este es el escenario climatológico y físico de este día. Pero además hay otro, el escenario de la crisis en la que todos estamos sumidos, que hace que estas zonas, especialmente complejas, hayan recibido un toque mortal en su capacidad económica, habida cuenta de que muchas de ellas, al margen del sector primario, están orientadas al sector terciario, es decir, el turismo. Además, hay otro escenario, y es el momento, el día 18 de junio, a las puertas del inicio de la temporada turística, una temporada en la que muchos establecimientos no tendrán la capacidad, suponiendo que tuvieran la financiación, de poder dar respuesta a esas reservas que ya tenían comprometidas en sus establecimientos. Todo ello nos muestra un escenario fatídico.

En este sentido, quisiera referirme al Pirineo de Lleida, especialmente al Val d´Aran. Sería faltar a la verdad si no hiciéramos una mención especial al Pirineo de Lleida y al territorio del Val d´Aran que, con un Garona absolutamente alocado, sufrió las mayores consecuencias, pero también el Pallars Jussà y L´Alta Ribagorça, con la zona del Noguera Pallaresa. Y permítanme que baje incluso hacia el valle, hacia la planicie, porque la comarca del Segrià, cuando recibió estas crecidas del Pirineo, también sufrió grandes inundaciones en zonas de cosecha, de cultivo, con grandes daños. Y lo mismo sucede en el Pirineo de Huesca, en las comarcas del Cinca y Ribargorza, entre otras, y quisiera mencionar especialmente el municipio de Benasque, puesto que sufrió con mayor intensidad el impacto de estas riadas, y la zona del Bajo Cinca porque, como en el caso del Segrià, buena parte de los cultivos se han visto afectados. Es decir, vamos un poco más allá del Pirineo, a pesar de que ha sido el Pirineo el que ha sufrido el golpe más duro.

En esta cuantificación de daños tenemos que abrir una serie de líneas: los daños sufridos por los particulares, por las empresas (turísticas, de comercio y agrícolas), por las infraestructuras públicas, que detallaré después en el turno de portavoces, y también los daños sufridos por los campesinos, además de los daños colaterales, los daños de imagen, esas imágenes emitidas por los medios y que hacen que tengamos poca capacidad de reacción para contrarrestar, para compensar esa imagen negativa de las zonas turísticas y dar una imagen de normalidad, que también existe, y una imagen de seguridad. En el turno de portavoces detallaré mucho más cada uno de los sectores.

No quisiera dejar de aprovechar el momento que se me brinda para decir que en mi territorio —intentaré ser justa pues creo que eso se puede extrapolar, trasladar a todo lo demás— ha habido una perfecta coordinación de todas las instituciones. Gracias a unos buenos informes del servicio catalán de meteorología, que activaron los protocolos pertinentes, las zonas del Pirineo de Lleida se encontraron en una situación de prealerta, dada días antes de la riada y eso nos dio la capacidad de organización por parte de los ayuntamientos, del consejo comarcal, del general, de las diputaciones, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y también del Gobierno central, que nos ofreció y nos brindó su ayuda, y el vecino Gobierno de Andorra.

En este sentido, debo decir —aquí se ha hablado y quisiera puntualizarlo— que hemos agradecido la ayuda y el apoyo recibido por parte de todas las instituciones, sin excepción. Hemos utilizado los recursos que se nos han brindado en la medida en que los hemos requerido, y en este sentido quisiera mencionar el reconocimiento público en sede del Parlamento de Cataluña que la misma vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat de Cataluña hizo al Gobierno central por su ofrecimiento. También agradeció el ofrecimiento de la UME, que nos facilitó los helicópteros de gran capacidad para poder transportar los equipos electrógenos y poder paliar así, en un primer momento, puesto que actuamos con suma rapidez, las necesidades básicas de abastecimiento de agua de boca, luz, gas, entre otras. Este es el escenario. Cualquier otra mención a rechazos o a menosprecio respecto a cualquier ofrecimiento sería faltar a la verdad.

Como persona afectada en este territorio debo decir que se hizo todo cuanto se pudo hacer. La gente del territorio está satisfecha con la gestión que se hizo de esos aguaceros. La primera felicitación dentro de este episodio tan grave, lo único alegre, por así decirlo, es que en la actualidad no debemos lamentar ninguna pérdida humana en ninguno de los territorios.

Quiero poner de manifiesto que tampoco hemos tenido ninguna pérdida en campings ni en instalaciones cercanas a los lechos del río. En el caso de Cataluña quiero decir que nosotros hicimos un esfuerzo con aparatos de medida del caudal del río. Estábamos en fase de instalación en el Valle de Arán, donde ya había alguno —en otros puntos ya estaban previstos—, lo que permitió tener una información previa de la crecida del río en la medida en que se puede prever un fenómeno de estas características.




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En principio, para explicar un poco el escenario en el que nos encontramos, creo que ha quedado suficientemente detallado y me reservo el turno de portavoces para entrar en mayor detalle en alguno de estos puntos.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite el señor presidente, intervendré brevemente desde el escaño.

Quiero señalar que incluso me suscitó dudas la posibilidad de presentar enmiendas ante una moción que presenta respuesta a una realidad dramática. Renuncié de mano a enmendar con la intención de suscitar el debate sobre las razones de por qué fenómenos naturales de estas características tienen consecuencias tan graves y serias. En la práctica, la actuación humana y las decisiones de las administraciones suponen un incremento de las consecuencias negativas de los fenómenos naturales.

Presenté una única enmienda —ya anuncio que como no va a ser aceptada, ello no va a impedir que vote a favor, incluso si se quiere hacer por aclamación la aprobación de la moción no tendría ningún inconveniente, sino todo lo contrario— con un único objetivo. La moción inicial pormenorizaba de forma muy amplia, y yo creo que acertada, las medidas que se deben impulsar para intentar paliar los daños que se han producido. La transaccional es menos detallista, menos pormenorizada, pero en el primer texto creo que tenía un encaje bastante razonable la enmienda planteada en tanto en cuanto pretendía dejar en evidencia que hace poco más de un año esta enmienda hubiera sido innecesaria porque el marco legal preveía que cuando un trabajador se veía inmerso en un procedimiento de suspensión de contrato y posteriormente tenía la extinción del contrato, las prestaciones por desempleo que había percibido durante el periodo en que el contrato estuvo suspendido no se descontaban de las prestaciones que devengaba como consecuencia de la extinción del contrato. Desgraciadamente, hoy no es así.

En la reforma de las prestaciones por desempleo una de las medidas que se adoptaron fue esta, y creíamos que una compensación, desde la perspectiva de los trabajadores, a las medidas de apoyo a la actividad empresarial que contenía la moción demandaba que, con carácter extraordinario y con la misma justificación de salir al paso de una realidad de carácter natural e imprevisible, en este caso en concreto, cuando hubiera una suspensión del contrato que resultara de los daños producidos por estos fenómenos meteorológicos, si había una extinción posteriormente no se computara el período en que se debía recibir la prestación.

Esa era la motivación de la enmienda, que sigo pensando que tiene sentido, aunque no me parece que sea motivo suficiente para romper la posibilidad de una declaración unánime de la Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador Iglesias, ¿entiendo que da por retirada la enmienda?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Podemos entenderlo así, señor presidente. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Pasamos entonces a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea intervenir el senador Iglesias? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes.

Si me lo permite, antes que nada queremos mostrar la solidaridad del Grupo Parlamentario Vasco para con los pueblos del Valle de Arán y con el resto de las comarcas afectadas por este desastre. Y por qué no mencionar también a los miembros de esta Cámara que han estado mucho tiempo sin quitarse las katiuskas, las botas de agua. Creo que hay que hacerlo.

Es evidente que los desastres no se pueden prever en muchas ocasiones. A veces sí, a veces no, y por los partes meteorológicos resulta difícil, pero lo que sí creo que debemos tener preparadas




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son todas las medidas necesarias para que sus consecuencias afecten lo menos posible a los ciudadanos y a los pueblos afectados. Creo que precisamente las líneas de trabajo y de actuación que se recogen en esta moción son las que deberían entrar a funcionar automáticamente en cuanto se produce un desastre de estos, y no dejar nunca más este tipo de declaraciones para el ámbito humano y para el ámbito de la solidaridad o para el ámbito de la reivindicación por decir algo. Probablemente la senadora Rivero no habría andado tanto para arriba y para abajo entre estos escaños para conseguir una transaccional. Creo que eso es lo que tiene que ser.

Quisiera hacer una mención especial al último párrafo. Si tenemos que hacer lo que se dice en el párrafo en que se habla de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es evidente que tenemos que estar preparados para cuando se produzcan los desastres, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es poner las condiciones para que esos desastres no se repitan en la medida de lo posible. Y si se repiten y se dan situaciones excepcionales, que al menos las consecuencias sean lo más livianas posible. Creo que ese es el trabajo que queda en este momento en esas zonas. Aparte de reconstruir, también hay que poner los medios para que todo eso no vuelva a suceder.

Por lo demás, reiteramos una vez más la solidaridad con los pueblos afectados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc voldria agrair l’oportunitat al Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió d’haver presentat aquesta moció. Els altres grups teníem limitada la possibilitat de fer-ho, de manera que han ofert la possibilitat de sumar-nos-hi, i ho fem perquè creiem que, a més, és una responsabilitat el fet que d’aquesta Cambra surti avui una posició conjunta a favor de totes les zones damnificades per aquests aiguats i per les pedregades. Em sumo també a la solidaritat que ha manifestat la senadora Rivero i el senyor Cazalis amb els afectats.

També voldria esment de les zones franceses afectades per aquests aiguats. Nosaltres no hem de lamentar víctimes personals, però és cert que a la banda francesa hi ha hagut cinc morts, i crec que és legítim recordar aquells veïns més directes, que pel mateix riu han patit els efectes d’aquest aiguat.

Jo crec que el que fan les catàstrofes en aquest cas és posar-nos davant del mirall, davant la capacitat que tenim de donar resposta com a país, com a ciutadans, com a institucions, en la nostra capacitat de prevenció, de resoldre els problemes i de tornar a la normalitat. En aquest cas jo crec que cal valorar moltes coses de manera positiva en aquests episodis de catàstrofes. Hi ha hagut una resposta ciutadana magnífica, la resposta dels territoris i, sense cap dubte, ens n’hem de sentir orgullosos. No obstant això, també penso que hem de tenir capacitat d’autocrítica i ser capaços d’aprendre de les situacions com les que hem viscut. Hem de treure lliçons i algunes són importants. La senadora Rivero n’ha parlat. Jo no pensava parlar-ne, però ho faré perquè crec que també és important dir-ho: la pre-alerta que van tenir els alcaldes el dia 14 de juny em sembla absolutament insuficient per un episodi d’aigua que va tenir lloc el dia 18. Després de l’alerta del dia 14, aquest avís va arribar el dia 18 a les 8.37 h del matí quan, efectivament, la gent sortia de les cases amb l’aigua per sobre del genoll. Hi ha hagut coses bones, hi ha hagut errors, n’hem de parlar, però aquest no és el lloc per fer-ho. No obstant això, crec que s’ha de valorar exactament la nostra capacitat de resposta, i aquesta és una feina que hem de fer a les administracions locals i potser també al Parlament de Catalunya. Avui hem de parlar sobretot de la capacitat de resposta que tenim per reconstruir el país i per donar alternatives a les persones que han patit en aquell moment aquesta catàstrofe i que tenen la seva vida pendent d’un fil perquè a partir del dia 19 o 20 de juny sabien que havien de començar des de zero la seva vida perquè havien perdut el negoci, la seva casa i havien de fer front a una situació molt complicada. Hem de parlar d’això.

Jo ahir li vaig dir al ministre, en el poc temps que dóna de si una pregunta, que realment s’està fent una tasca important, ràpida, eficaç, quant a les infraestructures públiques i això és molt positiu, però un país no només són les infraestructures públiques. Per això hem de reclamar la celeritat del Govern en desplegar el decret que, en base al decret 307/2005 i la Llei 14/2012, li permet posar en marxa les mesures que necessita la gent per ajudar-los a sortir endavant. Efectivament, els territoris que viuen del turisme necessiten que aquestes infraestructures turístiques tinguin la




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capacitat de donar servei a les persones que ens visitaran. Aquest és el repte i aquesta és l’obligació de les administracions i, molt concretament, de l’Administració de l’Estat.

Ahir vaig citar el cas de Lorca i és un bon exemple. L’Aran, la Vall de Benasc, les zones més afectades per la riuada han estat en els telenotícies i televisions des de la riuada fins a una setmana després, però ara ja les càmeres s’han anat, el silenci poc a poc s’instal·la una altra vegada en aquestes valls, i és molt fàcil oblidar-se de tot això. I els puc assegurar que la capacitat de fer soroll, de reivindicar de les valls dels Pirineus és molt poca perquè, a més, estan molt lluny de Madrid, molt lluny de Barcelona, o molt lluny de Saragossa. Per tant, nosaltres tenim l’obligació de ser la veu d’aquestes zones. Però fixin-se vostès que a Lorca en aquest moment, on s’han refet totes les infraestructures públiques i també les religioses, també les esglésies i els convents, només un 25% de les persones que van perdre la seva casa o que van perdre els seus negocis han pogut tenir accés a dia d’ avui als ajuts, dos anys després. El que jo demano és que no ens passi el mateix, és a dir, que siguem capaços de tenir una administració diligent, que porti aquests ajuts que en l’actualitat necessita aquest territori per tornar a començar i buscar la seva normalitat.

Per tant, ens sumem a aquesta moció conjunta de tota la Cambra amb totes les ganes de contribuir en la mesura del possible, perquè tinguem aquesta capacitat de mostrar al Govern la necessitat que faci el que ha de fer, a saber, no només ajudar en temes d’infraestructures públiques, que també, evidentment, sinó també a les persones privades, a càmpings, restaurants, petits comerços, petits negocis, i a les persones que tenen dificultats per tornar a casa per la situació en què es troben deguda al fang i l’aigua. En conseqüència, des d’aquesta perspectiva el que nosaltres volem és que siguem capaços de ser ràpids i diligents, d’aportar solucions i, en qualsevol cas, serem nosaltres, com he apuntat anteriorment, els que tindrem l’obligació de recordar de manera insistent al Govern que faci el que ha de fer.

Amb tota franquesa diré que ens hagués agradat que la moció s’hagués aprovat en origen, és a dir, la que parlava amb més detall de totes aquelles qüestions que cal fer. En aquesta no s’esmenten totes les coses que afecten el sector agrari, que és important, i hi ha moltes zones de cultius, de camps, de pastures que estan plens de pedres, i recuperar aquests espais serà complex, i aquí també es requeriria la mà de les administracions. Ens hauria agradat també que es millorés l’accés a determinats espais, per exemple, citàvem, en concret, l’acció del Programa de Camins Naturals per recuperar els camins que estaven al voltant dels rius, i és oportú el que deia el senador del Grup Mixt quant a l’atur. Al meu territori, al menys a la meva vall, hi haurà segurament un 50 o un 60% de les persones que normalment treballaven a l’estiu en el sector serveis que no ho faran, així que segurament també estaria bé una alternativa per a aquesta gent.

Haurem de veure, per tant, quina és la redacció del decret del Govern, haurem de veure amb quina definició i de quina forma s’enfronten al repte de fer arribar les ajudes al territori o les persones perquè aquests territoris recuperin la normalitat al més aviat possible.

Demogràficament, es tracta d’uns espais en els quals, en efecte, hi viu poca gent, i no voldria reproduir el debat, però, és cert, a la muntanya d’aquest país hi viu poca gent, en les nostres valls jo diria que només alguns herois s’atreveixen a muntar-hi negocis. La situació és summament crítica. Estem en una situació de crisi en què hi ha territoris que compten amb dificultats afegides. Per tant, l’acció de les administracions és fonamental, és molt important perquè sols no ens en sortirem d’aquesta i, en conseqüència, hi ha d’haver un plus de responsabilitat del conjunt de les administracions, de la de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la Comunitat Autònoma d’Aragó i, en definitiva, de totes aquelles que tenen alguna cosa a dir respecte sobre el territori i els seus habitants.

Acabo aquí, i agraeixo de nou l’oportunitat de tenir aquest consens en el conjunt de la Cambra. Crec que això és el que esperen els ciutadans de nosaltres, veure aquí un gran acord per a la recuperació d’aquests territoris i de la seva gent, i fer-ho amb un debat que sens dubte ha de ser forçosament constructiu i, com deia a l’inici de meva intervenció, cal saber subratllar les coses importants però també cal aprendre dels errors, ja que és l’única manera de poder afrontar nous reptes, nous reptes amb capacitat d’encert, sabent les dificultats que comporten els desastres naturals.

Vull concloure com vaig acabar ahir a la pregunta al ministre.




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Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió al haber presentado esta moción. Los demás grupos teníamos limitada la posibilidad de hacerlo, así es que nos han brindado el poder sumarnos a ello, y lo hacemos porque creemos que, además, es una responsabilidad el hecho de que de esta Cámara salga hoy una posición conjunta a favor de todas las zonas damnificadas por estos aguaceros, por estas inundaciones y tormentas. Me sumo a la solidaridad expresada por los senadores a los afectados.

Quisiera mencionar también las zonas francesas afectadas por estas tormentas. Nosotros no debemos lamentar víctimas humanas, pero por el lado francés sí ha habido cinco fallecidos. Así que me parece importante acordarnos de nuestros vecinos más directos, que por el mismo río han sufrido los efectos de esta tormenta.

Yo creo que lo que hacen las catástrofes en este caso es ponernos un poco frente al espejo, frente a la capacidad que tenemos de dar respuesta como país, como ciudadanos, como instituciones, a los problemas y de volver a la normalidad. En este caso yo creo que hay que valorar muchas cosas de forma positiva en estos episodios de catástrofes. Ha habido una respuesta ciudadana magnífica, una respuesta de los territorios y, sin lugar a dudas, debemos sentirnos orgullosos de ello. Sin embargo, también pienso que debemos tener capacidad de autocrítica y saber aprender de situaciones como las que hemos vivido. Tenemos que sacar lecciones y algunas son importantes. La senadora Rivero lo ha mencionado. Yo no pensaba mencionarlo, pero lo haré porque creo que también es importante decirlo: la prealerta de los alcaldes el día 14 de junio me parece absolutamente insuficiente respecto a un episodio que tuvo lugar el día 18. Después de la alerta del día 14, este aviso llegó el día 18 a las 8,37 de la mañana cuando, efectivamente, la gente salía de sus casas con el agua por encima de la rodilla. Ha habido cosas buenas, ha habido errores, tenemos que hablar de ello, aunque este no sea el lugar para hacerlo. Sin embargo, creo que hay valorar exactamente nuestras capacidades de respuesta. Y este es un trabajo que tenemos que hacer en las administraciones locales y tal vez también en el Parlamento de Cataluña. Hoy debemos hablar sobre todo de la capacidad de respuesta que tenemos para reconstruir el país y para dar alternativas a las personas que han sufrido y padecido esta catástrofe, que tienen su vida pendiente de un hilo porque a partir del día 19 o 20 de junio han de empezar desde cero al haber perdido el negocio y su casa y tener que hacer frente a una situación muy complicada. Tenemos que hablar de esto.

Yo ayer le dije al ministro, en el poco tiempo que da de sí una pregunta, que realmente se está haciendo una labor importante, rápida, eficaz, en cuanto a las infraestructuras públicas y eso es muy positivo, pero un país no solo son las infraestructuras públicas. Por eso tenemos que reclamar la celeridad del Gobierno para, en base al decreto 307/2005 y la Ley 2014, desarrollar las medidas necesarias para que la gente salga adelante. Efectivamente, los territorios que viven del turismo necesitan que estas infraestructuras turísticas tengan la capacidad de dar servicio a las personas que nos visitarán. Ese es el desafío y esta es la obligación de las administraciones y, muy concretamente, de la Administración del Estado.

Ayer cité el caso de Lorca y es un buen ejemplo. En el Valle de Benasque, las zonas más afectadas por la tormenta y las inundaciones han aparecido en los telediarios y televisiones desde la riada hasta un día después, pero ahora ya las cámaras se han ido, el silencio poco a poco se instala en esos valles, y es muy fácil olvidarse de todo ello. Y les puedo asegurar que la capacidad de hacer ruido, de reivindicar de los valles de los Pirineos es muy poca porque, además, están muy lejos de Madrid, muy lejos de Barcelona o muy lejos de Zaragoza. Por consiguiente, nosotros tenemos la obligación de ser la voz de estas zonas. Pero fíjense ustedes que en Lorca en este momento, donde se han rehecho todas las infraestructuras públicas y también las religiosas, las iglesias y los conventos, solo un 25% de las personas que perdieron sus hogares o sus negocios han podido tener acceso a día de hoy a las ayudas, dos años después. Lo que yo pido es que no nos suceda lo mismo, es decir, que seamos capaces de tener una administración diligente, que lleve estas ayudas que en la actualidad necesita este territorio para volver a empezar, para recuperar la normalidad.

Por tanto, nos sumamos a esta moción conjunta de toda la Cámara con todas las ganas de contribuir en la medida de lo posible, para que tengamos esta capacidad de mostrar al Gobierno la




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necesidad de que haga lo que tiene que hacer; a saber, no solo ayudar en temas de infraestructuras públicas, que también, evidentemente, sino también a las personas privadas, a campings, restaurantes, pequeños comercios, pequeños negocios, y a las personas que tienen dificultades para volver a sus hogares por la situación en que se encuentran debida al barro y al agua. En consecuencia, desde esta perspectiva lo que nosotros queremos es que seamos capaces de ser rápidos y diligentes, de aportar soluciones y, en cualquier caso, seremos nosotros, como he apuntado anteriormente, los que tendremos la obligación de recordar de forma insistente al Gobierno que haga lo que tiene que hacer.

Con toda franqueza diré que nos hubiera gustado que la moción se hubiera aprobado en origen, es decir, la que hablaba con mayor detalle de todas aquellas cuestiones que hay que hacer. En ésta no se mencionan todas las cosas que afectan al sector agrícola, que es importante; hay muchas zonas de cultivos, de campos, de pastoreo que están llenos de piedras, y recuperar estos espacios será complejo, y aquí también se requeriría la mano de las administraciones. Nos hubiera gustado también que se mejorara el acceso a ciertos espacio; por ejemplo, citábamos, en concreto, la acción del Programa de Caminos Naturales para recuperar los caminos que estaban junto a los ríos, y es oportuno lo que decía el portavoz del Grupo Mixto en cuanto al desempleo; por ejemplo, en mi territorio habrá seguramente un 50 o un 60% de las personas que normalmente trabajaban en el verano en el sector servicios que no lo van a hacer; así que seguramente también estaría bien una alternativa para estas personas.

Tenemos que ver, por consiguiente, cuál es la redacción del decreto del Gobierno, tenemos que ver con qué definición, con qué forma se enfrentan al desafío de remitir las ayudas al territorio o a las personas para que estos territorios recuperen la normalidad lo antes posible.

Demográficamente se trata de unos espacios en los que, en efecto, vive poca gente, y no quisiera reproducir el debate, pero, es cierto, en la montaña de este país vive poca gente; en nuestros valles yo diría que algunos héroes se atreven solo a montar negocios. La situación es sumamente crítica. Estamos en una situación de crisis en la que hay territorios que cuentan con dificultades añadidas. Por lo tanto, la acción de las administraciones es clave, es muy importante porque solos no vamos a salir de ésta y, en consecuencia, tiene que haber un plus de responsabilidad del conjunto de las administraciones, de la del Estado, de la Generalitat de Catalunya, de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en definitiva, de todas aquellas que tienen algo que decir respecto al territorio y sus habitantes.

Concluyo aquí, y agradezco de nuevo la oportunidad que me brinda el conjunto de la Cámara de llegar a este consenso. Creo que esto es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, ver aquí un gran acuerdo para la recuperación de estos territorios, de su gente, y hacerlo con un debate que sin lugar a dudas tiene que ser forzosamente constructivo y, como decía al inicio de mi intervención, hay que saber subrayar las cosas importantes pero también hay que aprender de los errores, puesto que es la única forma para poder hacer frente a nuevos retos, a nuevos desafíos con capacidad de acierto, sabiendo las dificultades que comportan los desastres naturales.

Quiero concluir como terminé ayer en la pregunta al ministro.

En este caso, señorías, creo que en estos territorios se está esperando también la acción del Estado, no solo de un Estado que recorta, que cobra impuestos y que tiene, de alguna manera, un perfil a veces, digámoslo así, duro para el conjunto de los ciudadanos. También se espera ahora y estamos esperando un Estado solidario, un Estado capaz de tomar conciencia de los problemas de los ciudadanos aunque estén lejos del centro de este Estado y que, por tanto, sepa también responder en casos como el que estamos viviendo, que son casos de mucha dificultad, en los que ciertamente sus ciudadanos sin la ayuda de las administraciones lo tendrán infinitamente más complicado para salir adelante.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president. Senyor Boya, a mi també m’agradava més la moció inicial tant com que la vam fer nosaltres, però una cop més li dic que en




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les negociacions això és el que hi ha, tots hem hagut de rebaixar expectatives i, per altra banda, voldria aprofitar perquè, al marge dels senadors amb els que hem arribat a un acord, voldria fer una menció especial als senadors del PAR amb els quals he tingut uns grans col·laboradors per arribar a aquest acord, tot i que les coses evidentment sempre es poden fer millor.

Senador Boya, crec que amb això estarem d’acord, però també convindrà amb mi en què a l’inici, quan estàvem fem la celebració de la Querimònia, hi havia pocs factors que ens fessin pensar que es confabularien totes les forces de l’impossible per a què això tingués el desenllaç que va tenir finalment. És a dir, la pre-alerta que hi va haver i que hem tingut altres vegades hagués pogut quedar en res, i, en aquest cas, va ser com va ser. I bé sap vostè que quan l’aigua s’enfurisma, difícilment s’atura.

A banda de fer un prec al Grup Parlamentari Popular que dóna suport al Govern de l’Estat, voldria dir que hem rebaixat molt el llistó respecte al que volíem demanar. Estic d’acord amb el senyor Boya en què som territoris petits i moltes vegades tenim poca capacitat per fer escoltar la nostra veu. Però, per petits que siguem, som molt persistents i jo li agrairia al Grup Popular que vetlli perquè aquests acords, que hem adoptat i que són molt més minsos dels que els demanàvem en un principi, realment s’acompleixin, siguin una realitat i es materialitzin com abans, millor.

Voldria també fer un esment especial al darrer punt de la moció, en què es parla de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Crec que és l’assignatura pendent, perquè el que ha passat, ha passat. Posem fil a l’agulla per recuperar la normalitat i aplicarem tots els esforços. Però, com en tot, quan passa alguna cosa d’aquestes característiques i d’aquestes dimensions no podem quedar-nos en el tractament de l’endemà. El que hem de fer és buscar un marc el més favorable possible per prevenir aquestes situacions. És cert que des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que és l’Administració final que té la competència per a la neteja dels llits i que, a més, té una partida consignada a aquest efecte en el seu pressupost, mai no hem aconseguit tenir un repartiment territorial a les conques d’aquesta neteja de lleres perquè sigui el més efectiva possible. No és el mateix netejar una llera d’un riu després d’una gran avinguda que anar fent un treball i un manteniment consecutiu. Primer, no és tan costós i, segon, no ens exposa a les persones que vivim al costat d’aquestes conques a un perill com el que hem estat exposats en aquest cas.

Jo he insistit moltíssim, i la senyora Sánchez-Camacho ho sap perfectament, en què es revisessin els protocols d’actuació. És cert que hi ha expedients, i els territoris que els patim sabem que no és per una falta de voluntat, perquè hem d’estudiar aquest protocol i donar-li resposta. Els expedients s’eternitzen. Així mateix, hi ha contradiccions que no ens podem permetre. No pot ser que la gent que coneix el territori, veient que hi ha un perill al riu, que en cas d’avinguda estem exposats a un perill, no puguin actuar, i que hagin d’estar plegats de braços esperant a plànyer-se l’endemà del que hagi passat. Ens trobem amb casos en què fins i tot ajuntaments pateixen sancions perquè han fet bé la seva feina. Això és una cosa que nosaltres no podem permetre, no podem quedar-nos de braços creuats.

Per això, hi ha moltes administracions que han d’actuar i participar. I convido al Govern, que és el que té la capacitat de convocar l’Administració competent en aquest tema, a seure amb totes les entitats i organismes que tenen a veure amb aquest tema, a donar resposta a tots els territoris que estem afectats per el mateix problema, independentment del seu color.

Tenim sempre aquesta eterna lluita de l’equilibri entre la sostenibilitat, la seguretat i la convivència de la gent. Esperem poder gaudir dels nostres recursos. Al Pirineu vivim principalment dels recursos, i vull que quedi clar que la gent que hi vivim som els primers garants del manteniment dels recursos. Som aquells que no necessitem alliçonament quant al tema de l’equilibri, perquè el nostre recurs principal, el nostre modus vivendi, és, precisament, el nostre entorn. En som molt curosos, però al mateix temps necessitem viure en aquest entorn nostre. Nosaltres també formem part d’aquest paisatge i hem de tenir l’oportunitat d’aprofitar aquests recursos per poder establir-nos al territori i projectar el nostre projecte vital al voltant d’aquests territoris.

El senyor Boya ha revisat detalladament diferents sectors com l’agrari i el turístic i jo, en el cas del meu territori, el Pallars Sobirà, vull fer especial esment al fort impacte que això ha suposat per a una activitat que ha servit per desestacionalitzar l’oferta turística a la nostra comarca, com són els esports d’aventura. La Noguera Pallaresa és un riu de referència a nivell de tot Europa, conegut per la pràctica dels esports d’aventura. Aquest any se celebrarà el cinquantè aniversari del ral·li de caiac en aquestes aigües, però val a dir també que hem patit moltes destrosses en el propi camp




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d’eslàlom i estem treballant per refer-lo i aquest sector ha estat especialment malmès, primera per l’afectació directa perquè en l’època més alta va haver de parar l’activitat i, segon, perquè ha canviat la morfologia del riu, s’han de tornar a fer les cartes de navegació del riu, s’ha hagut de renunciar a molts trams navegables, i això suposarà una disminució molt important dels ingressos en aquest sector, un sector que, òbviament, està relacionat també amb els establiments turístics d’allotjament a la comarca del Pallars Sobirà.

Dit això, i aprofitant que en la moció debatuda abans de parar per dinar els companys ponents han fet una crida aprofitant l’inici de la campanya d’estiu i que pràcticament estem a les portes de les vacances, vull fer una crida, al marge que com a grups parlamentaris participen en la solidaritat i suport a aquests territoris. Repeteixo que vull fer una crida a cadascun de vostès per a què mostrin la seva solidaritat i, per això, els convido a passar les seves vacances a les zones del Pirineu, i crec que ho puc fer també en nom dels companys del Pirineu d’Osca. El Pirineu té un paisatge que no té aturador, seran molt ben acollits, gaudiran de la qualitat dels nostres paisatges i de la nostra hospitalitat i estaran contribuint de forma personal a normalitzar aquestes destinacions turístiques.

I ja, per acabar d’arrodonir, i tancar aquest cercle de solidaritat i d’aportació, els convido també a menjar i degustar fruita de Lleida aquest estiu, perquè, a més del fet que es tracta d’una fruita de gran qualitat, d’aquesta manera també estaran ajudant amb la seva solidaritat les zones afectades per les pedregades. Res més, els desitjo un bon estiu i, si vénen a aquestes zones magnífiques que tenim al nostre territori, seran vostès molt benvinguts.

Gràcies.

Gracias, señor presidente. Señor Boya, a mí también me gustaba más la moción inicial tanto como que fuimos nosotros quienes la hicimos, pero una vez más digo que en las negociaciones esto es lo que hay, todos hemos tenido que rebajar un poco las expectativas y, por otra parte, quisiera aprovechar para decir que, al margen de los senadores con los que hemos llegado a un acuerdo, quisiera hacer una mención a los senadores del PAR con los que he podido colaborar en gran medida para llegar a esta moción, aunque las cosas evidentemente siempre se pueden hacer mejor.

Senador Boya, creo que estará de acuerdo conmigo en que al inicio, cuando estábamos en plena celebración de la “Querimònia”, había pocos factores que nos hicieran pensar que se iban a confabular realmente todas las fuerzas de lo imposible para acabar con el desenlace final. Es decir, la prealerta que hubo y que hemos tenido otras veces pudo quedar en nada, y, en este caso, sucedió lo que sucedió. Usted sabe perfectamente que cuando el agua se enfurece es difícil de controlar.

Además de hacer un ruego al Grupo Parlamentario Popular que apoya al Gobierno del Estado, quisiera decir que hemos rebajado mucho el nivel respecto a lo que queríamos pedir. Estoy de acuerdo con el señor Boya en que somos territorios pequeños y muchas veces tenemos poca capacidad para hacer escuchar nuestra voz. Pero, por pequeños que seamos, somos muy persistentes y yo le ruego al Grupo Popular que vele por que estos acuerdos, que hemos adoptado y que son mucho menores de los que queríamos al inicio, se cumplan y se materialicen cuanto antes, mejor.

Quisiera también hacer una mención particular al último punto de la moción, en el que se habla de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Creo que es la asignatura pendiente, porque lo que ha pasado, ha pasado. Pongamos manos a la obra para actuar. Pero, como en todo, cuando sucede algo de estas características y de estas dimensiones no podemos quedarnos en el tratamiento del día después. Lo que necesitamos es un marco lo más favorable posible para prevenir estas situaciones. Es cierto que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la Administración final que tiene la competencia para la limpieza de los lechos y que, además, tiene una partida consignada a estos efectos en su presupuesto, nunca hemos conseguido tener un reparto territorial en las cuencas de esta limpieza de los lechos para que sea lo más efectiva posible. No es lo mismo limpiar el lecho de un río después de una gran avenida que hacer un trabajo y un mantenimiento consecutivo. Primero, no es tan costoso y, segundo, no nos expone a las personas que vivimos al lado de estas cuencas a un peligro como al que hemos estado expuestos en este caso.

Yo he insistido muchísimo, y la señora Sánchez-Cámacho lo sabe perfectamente, en que se revisaran los protocolos de actuación. Es cierto que hay expedientes, en los territorios que los sufrimos sabemos que no es por una falta de voluntad. Tenemos que estudiar el protocolo y darle




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respuesta. Los expedientes se eternizan. Asimismo, existen contradicciones que no nos podemos permitir. No puede ser que la gente que conoce el territorio, viendo que existe un peligro en el río, que en caso de avenida estamos expuestos a un peligro, no puedan actuar, y que estén cruzados de brazos esperando, simplemente, para quejarse al día siguiente de los hechos. Nos encontramos con casos en que los ayuntamientos sufren sanciones porque han hecho bien su trabajo. Eso es algo que nosotros no podemos tolerar. No podemos quedarnos de brazos cruzados.

Por ello, hay muchas administraciones que tienen que actuar y participar. E invito al Gobierno, que es el que tiene la capacidad de convocar a la Administración competente en este tema, a sentarse con todas las entidades que tienen capacidad para actuar al respecto, con el fin de dar respuesta a todos los territorios que estamos afectados por el mismo problema, independientemente de su color.

Tenemos siempre esta eterna lucha del equilibrio entre la sostenibilidad, la seguridad y la convivencia de la gente. Esperamos poder disfrutar de nuestros recursos. En el Pirineo vivimos principalmente de los recursos y quiero que quede claro que somos los primeros garantes de su mantenimiento. Somos aquellos que no necesitamos lecciones en cuanto al equilibrio, porque nuestro recurso principal, nuestro modus vivendi, es, precisamente, nuestro entorno. Tenemos mucho cuidado de estos recursos y necesitamos vivir en nuestro entorno. Nosotros también formamos parte de este paisaje y hemos de tener la oportunidad de aprovechar estos recursos para poder establecernos en el territorio y proyectar nuestro proyecto vital en torno a estos territorios.

El señor Boya ha revisado detalladamente distintos sectores como el agrario y el turístico y yo, en el caso de mi territorio, Pallars Sobirà, quiero hacer especial mención al fuerte impacto que esto ha supuesto para una actividad que ha servido para desestacionalizar la oferta turística en nuestra comarca, como son los deportes de aventura. El Noguera Pallaresa es un río de referencia en toda Europa, conocido por la práctica de los deportes de aventura. Este año se celebrará el quincuagésimo aniversario del rally de kayak en estas aguas, pero se han producido muchos destrozos en el propio campo de eslalon y estamos trabajando para reconstruirlo y este sector ha sufrido especialmente una afectación directa porque en la época más alta ha tenido que parar su actividad, pues ha cambiado la morfología del río y han tenido que volver a hacer las cartas de navegación del río y renunciar a muchos tramos navegables, lo cual va a suponer una disminución drástica de los ingresos en este sector; un sector que, obviamente, está relacionado también con los establecimientos turísticos de alojamiento en la comarca del Pallars Sobirà.

Dicho esto, y dado que en la moción debatida antes del almuerzo los compañeros ponentes han hecho un llamamiento aprovechando el inicio de la campaña de verano y que prácticamente estamos a las puertas de las vacaciones, quiero hacer un llamamiento, al margen de que como grupos parlamentarios participen en la solidaridad y apoyo a estos territorios. Repito que quiero hacer un llamamiento a cada uno de ustedes para que muestren su solidaridad y, por ello, les invito a que pasen sus vacaciones en las zonas del Pirineo, y creo que lo puedo hacer también en nombre de los compañeros del Pirineo de Huesca. El Pirineo tiene un paisaje sin fin, serán muy bien acogidos, gozarán de la calidad de nuestros paisajes y de nuestra hospitalidad y estarán contribuyendo de forma personal a normalizar estos destinos turísticos.

Para rizar el rizo y cerrar este círculo de solidaridad y aportación, les invito también a que este verano coman y degusten la fruta de Lérida, porque de este modo también estarán ayudando y brindando su solidaridad a las zonas afectadas por la tormenta de piedra, por la granizada. Les invito este verano y, si vienen a estas zonas fantásticas que tenemos en nuestro territorio, serán ustedes muy bien venidos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lloc, la nostra solidaritat, el nostre afecte i, sobretot, la nostra admiració per la gent que ha estat afectada per aquestes inundacions. Perquè la seva capacitat de resposta va durar exactament o va tardar exactament el temps que van tardar en amainar les aigües desbocades. El Pirineu ha reaccionat, la gent de la muntanya, que viu permanentment en una




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cultura de la supervivència, ha reaccionat de forma immediata davant de l’adversitat. I crec que avui aquest Parlament, aquest Senat està a l’altura de la resposta que els ciutadans de la muntanya i els ciutadans també del tram baix dels rius han sabut donar a les adversitat que van viure el dia 18.

Señorías, en primer lugar, reciban nuestra solidaridad, nuestro afecto y, sobre todo, nuestra admiración por la gente que se ha visto afectada por estas inundaciones. Su capacidad de respuesta duró exactamente el tiempo que tardaron en amainar las aguas desbocadas. El Pirineo ha reaccionado, la gente de la montaña, que vive permanentemente en una cultura de la supervivencia, ha reaccionado de forma inmediata ante la adversidad. Y creo que hoy en el Senado estamos a la altura de la respuesta que los ciudadanos de la montaña y, también, de los tramos bajos del río han sabido dar ante las adversidades vividas el día 18.

Señor presidente, debatimos hoy una propuesta conjunta de todos los grupos, a la que se ha sumado finalmente —y afortunadamente— el Grupo Mixto; una propuesta de modificación de la moción de Convergència i Unió sobre las inundaciones en las provincias de Lleida y Huesca los pasados 18 y 19 de junio.

Nos corresponde como grupo parlamentario agradecer la actitud receptiva del grupo proponente para incorporar las aportaciones de nuestro grupo parlamentario a través de las enmiendas, y también nos hubiera gustado que se hubiera incorporado la enmienda de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, porque es de justicia que, junto a los emprendedores y a los empresarios afectados por estas riadas, pensemos también en las consecuencias que esto tiene para los trabajadores.

Recordarán ustedes que las comarcas del Pirineo central, tanto en la provincia de Huesca como en la provincia de Lleida, vivieron el pasado 18 de junio una jornada catastrófica debido a la coincidencia de fuertes lluvias y al deshielo de una cantidad extraordinaria de nieve que todavía estaba acumulada en el mes de junio, al inicio del verano en las montañas. El día 19, el día siguiente, esa agua llegaba tanto a la comarca del Segrià, en el tramo bajo del río Segre, como a la comarca del Bajo Cinca, en el tramo bajo del río Cinca, y también en las provincias de Huesca y Lleida se produjo una extraordinaria avenida de los ríos, que se desbordaron en algunos puntos afectando a carreteras, caminos rurales, a explotaciones agrarias y a explotaciones ganaderas.

Afortunadamente, como se ha recordado aquí, no hubo víctimas ni en Huesca ni en Lleida y, por ello, en primer lugar, queremos felicitar y reconocer la labor de las autoridades locales, de los ciudadanos voluntarios, de la protección civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad reforzados también por la Unidad Militar de Emergencias. Y en nombre de mi grupo parlamentario quiero poner en valor el trabajo realizado por dos administraciones que en este momento están muy cuestionadas, como son la Administración local y las corporaciones locales, por el papel que representan en este tipo de situaciones para dar una respuesta y la capacidad de autogobierno que se ha visto traducida en eficacia —y no estoy hablando precisamente de ninguno de los dos Gobiernos autónomos presididos por un militante o por un presidente de nuestro partido sino de Gobiernos autónomos que han sabido ejercer su capacidad de autogobierno— para dar una respuesta adecuada a la situación vivida en esta zona. Vaya también, pues, nuestro respaldo a estas dos administraciones que tan cuestionadas están en estos últimos tiempos.

Como consecuencia de las inundaciones se han producido daños en la montaña y en la zona de la desembocadura de los ríos. Por ello, las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa han ido dirigidas, primero, a localizar correctamente las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Huesca, porque en un principio solamente se hablaba, tanto en algunas enmiendas como en la propia moción, de la comarca de la Alta Ribagorza, que en nuestro caso es la comarca de La Ribagorza, donde efectivamente ha habido dos municipios seriamente afectados, que han sido Benasque y Castejón de Sos, pero también se han producido daños por el río Cinqueta y por el río Ara en la comarca del Sobrarbe, y, al igual que ha habido daños en la comarca del Segrià también los ha habido en la comarca del Bajo Cinca. Ha sido pues nuestra primera aportación delimitar correctamente las zonas afectadas. A continuación, hemos pedido —y se ha recogido— que se ayude a las víctimas de las inundaciones, especialmente al sector turístico y a las explotaciones agrarias y ganaderas, tal como se proponía también en la moción, a través




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del Real Decreto 307/2005, con incentivos fiscales y con compensaciones por la disminución de la actividad como consecuencia de estas inundaciones.

Hemos propuesto —y se ha recogido— que se ayude a superar el daño causado por las noticias sobre las inundaciones a las zonas de destino turístico de montaña y hemos pedido —y así lo recoge el texto resultante— que se refuercen las campañas con una promoción específica para las zonas afectadas a través de Turespaña.

Habíamos pedido la reposición de las escolleras y los muros de defensa dañados y completar las defensas en los puntos débiles donde el río, cuando crece, continúa inundando tierras de labor o explotaciones agrarias. Y aquí el Gobierno ya no ha sido tan receptivo. En concreto, habíamos propuesto reponer las escolleras y las motas dañadas por las fuertes avenidas de los ríos Ésera, Cinqueta, Ara y Cinca, en las comarcas del Sobrarbe y La Ribagorza. Habíamos propuesto construir una mota de defensa en la margen izquierda del río Cinca, a la altura de Almudáfar, en Osso de Cinca, y reforzar la seguridad de las motas de Zaidín, de Velilla de Cinca y Torrente de Cinca, y especialmente el punto kilométrico número 6 de la mota en la margen derecha del término municipal de Fraga.

Señorías, somos conscientes de que el primer deseo que nos une a todos aquí es que estos hechos graves no se vuelvan a repetir —lo ha dicho también un portavoz—, y somos conscientes de que las medidas preventivas son las verdaderamente eficaces. La Confederación Hidrográfica del Ebro debería actuar ahora con un programa de obras de emergencia que evitaría daños similares o peores en futuras avenidas. Así lo hizo la Confederación Hidrográfica del Ebro en una riada histórica en 1982 que también afectó al tramo bajo del Cinca, especialmente a la ciudad de Fraga, y construyó una gran mota de defensa entre Fraga y Velilla de Cinca y, gracias a ello, en esta ocasión se han evitado males mayores.

Tocaba hoy ampliar esas defensas y reparar las zonas dañadas, pero el Gobierno no lo ha visto así y ha retirado del texto propuesto una alusión que hablaba de la reposición de las escolleras y motas de defensa dañadas. A nuestro juicio, un error de bulto que no va a impedir que nuestro grupo firme y apoye esta iniciativa, porque la iniciativa en su conjunto supone un apoyo importante del Senado a todas las zonas afectadas y especialmente a todas las personas que lo han pasado mal como consecuencia de estas inundaciones extraordinarias en Lleida y en Huesca. Es, de alguna manera, la aportación de esta institución a los ciudadanos que en momentos difíciles han sabido estar a la altura de las circunstancias. Ojalá, acertemos nosotros también.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, presidente.

Señoras y señores senadores, subo a esta tribuna para tratar sobre una cuestión que en mi grupo parlamentario consideramos muy importante. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento, de solidaridad y de admiración hacia todas las personas de estas comarcas, tanto de Lleida como de Huesca, como también los territorios franceses, que han hecho y ejercido un esfuerzo de superación y de trabajo diario continuo para superar una dramática situación que se ha producido con las inundaciones y con las tormentas de granizo.

Quiero también hacer extensivo este reconocimiento a todas y todos los senadores, especialmente a los senadores del Partido Popular y del resto de las formaciones políticas, porque coincido con usted, señora Rivero, en que estas oportunidades son aquellas en las que debemos dejar al margen el partidismo, las ideologías y la defensa legítima de nuestras posiciones partidistas para todos, de manera conjunta y consensuada, poner las medidas que la Administración del Gobierno, las autonómicas y las locales deben hacer para superar estas catástrofes. Por eso quiero hacer el reconocimiento especialmente a los senadores de Huesca, y especialmente al alcalde de Osso de Cinca y también a la alcaldesa de Velilla de Cinca, del PAR, por los trabajos que están haciendo desde sus propios ayuntamientos.

Quiero decirles, señoras y señores senadores, que los pasados días 17, 18 y 19 de junio se produjeron unas inundaciones sin precedentes y, además, debido a estos fenómenos




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climatológicos, unas tormentas de granizo en las comarcas de Las Garrigas, del Pla de l´Urgell, de la Noguera, del Pallars Jussà y l´Urgell y también en el Pallars Jussà, en el Pallars Sobirà y en la Alta Ribagorça.

Señoras y señores, creo que esta situación ha tenido la respuesta inmediata del Gobierno de España. El Gobierno de España envió de manera inmediata la Unidad Militar de Emergencias, la UME, a disposición del Valle de Benasque y también a disposición de la provincia de Lleida para realizar cuantas medidas fueran necesarias. Es cierto, señorías, que el Gobierno de la Generalitat ha reconocido esta colaboración; lo hizo en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, que yo presido en el Parlament de Catalunya. Y también les anticipo, señorías de otros grupos, que espero que este mismo consenso se produzca en el Parlamento de Cataluña ante mociones, que espero que también sean consensuadas, en las que pedimos también aportaciones del Fondo de Contingencia de la Generalitat de Catalunya para ayudar a estos municipios y también líneas de ayudas directas a los municipios y ayuntamientos afectados. Espero que haya, y ojalá así sea, el mismo consenso que aquí.

Señorías, debo decirles que, como bien saben ustedes, los daños causados en las inundaciones se han producido en todas las zonas afectadas no solo en viviendas, vehículos, sistemas de depuración de aguas, carreteras, pistas forestales, así como en ocho campings de la zona afectada; entre algunos afectados, familiares de miembros de esta Cámara. Ya están todos localizados y procediéndose a su valoración para la determinación de la declaración de catástrofe y, por tanto, para cobrar las correspondientes indemnizaciones.

Les puedo adelantar que desde el Ministerio de Fomento ya se ha comenzado la reparación desde cinco puntos de la carretera N-230, y también se han empezado a valorar —que ya están trabajando tres empresas— los daños causados en estas zonas viarias. Espero que también ocurra lo mismo con todas aquellas carreteras que competen a la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Puedo decirles, por tanto, señorías, que al amparo del Decreto 307/2005, en Huesca, en esta fecha ya se han presentado 8 solicitudes de ayuda para daños en vivienda habitual, daños en establecimientos comerciales y 29 expedientes remitidos a otros organismos. Por lo que corresponde al ámbito de Lleida, también debo decir que se han recibido dos escritos del Consell de Aran y del Ayuntamiento de Espot y de momento ninguno de particulares.

Quiero trasladarles, como ayer bien dijo el ministro, la disposición de este Gobierno, que ha actuado de manera inmediata, en valorar si se considera oportuno los mecanismos no solo ordinarios del Real Decreto 307/2005, sino también los mecanismos extraordinarios respecto a los daños soportados tanto en la provincia de Lleida como en la de Huesca y, así, el Gobierno actuará de manera consecuente.

Señoras y señores, ustedes han hablado y los compañeros anteriores han hecho referencia al efecto económico que esto produce en unas zonas de montaña que, por condiciones geográficas, ya tienen dificultades en el ámbito de la recuperación económica y que está afectando especialmente al sector de servicios y al sector turístico.

Por ello, quiero decirles que para el Partido Popular y para nuestro grupo es vital la reactivación económica y las medidas del plan de choque que se contienen en esta propuesta. Entendemos que las medidas de reactivación del sector turístico, dirigidas a todas las zonas de turismo rural, deporte de montaña y a todas aquellas actividades turísticas que han sido afectadas no solo por el puente inmediatamente después de San Juan, sino por el inicio de la temporada turística, deben estar compensadas de manera inmediata por parte de los particulares.

Respecto a los agricultores y el Sindic d’Aran, señor Boya, le diré que nosotros compartimos con usted que también se dé la compensación a los agricultores, como no puede ser de otra manera. Usted conoce muy bien que la declaración y el peritaje de esas zonas corresponde a Agroseguro, que ya está en la línea de llevarlos a cabo y de hacer la valoración para el pago de las correspondientes indemnizaciones. Han quedado afectados cultivos de fruta dulce, lo que ha perjudicado de manera sustancial la economía y, por tanto, las previsiones en el ámbito agrícola. Por eso, quiero decirles que el Gobierno del Partido Popular también va a estar atento de manera directa a las indemnizaciones de los sectores productivos que se vean afectados, especialmente la agricultura, y el sector servicios como el de turismo.




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Debo decirles respecto a las infraestructuras municipales, señorías, que los datos recopilados hasta la fecha indican que las pérdidas ascienden a más de 7 millones de euros, correspondientes a 18 kilómetros de sistemas de saneamiento y colectores de aguas residuales, y también que los daños declarados en las carreteras ascienden ya, entre la C-28 y la L-500, a más de 5 millones de euros.

Creo, señoras y señores senadores, que estamos en una situación en la que todas las administraciones públicas —administración central, administración autonómica y administraciones locales— han actuado de manera rápida y han colaborado de manera eficaz. Por ello, desde la Dirección de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros se dice que la indemnización correspondiente a las zonas afectadas oscilaría entre 20 y 40 millones de euros y las solicitudes de indemnización presentadas ascienden a un total de 492, que corresponden a viviendas, campings, comercios, industrias, obras civiles y sector de la agricultura.

Señoras y señores senadores, el Partido Popular quiere agradecer la predisposición de todos los grupos a consensuar una moción de estas características. Aunque ustedes puedan discrepar de la moción inicial, entendemos que el texto transaccional que hoy se va a aprobar tiene un contenido importante, en primer lugar porque se procede de forma inmediata a la reparación y puesta en funcionamiento de todas las infraestructuras viarias y de competencia estatal, como bien he dicho, en referencia a la N-230; en segundo lugar porque ya se ha iniciado la aplicación de las ayudas y de las indemnizaciones, de conformidad con el Decreto 307/2005. Pero lo que es más importante: aquí acordaremos hoy, señoras y señores senadores, un plan de choque para asistir a los establecimientos turísticos, al tejido comercial y especialmente a la agricultura, que se ha visto afectada de manera dramática y grave por estas inundaciones producidas en el Val d’Aran y zonas de Osca. Y además, en último lugar, evaluaremos y estudiaremos la adopción de beneficios fiscales, ya sea compensación o reducción, IBI, o algunas otras consideraciones en la tributación indirecta, en los términos que vienen siendo recogidos en los reales decretos.

Quiero agradecerle especialmente, señora Rivero, su predisposición y trasladarle —usted lo sabe bien— que este grupo parlamentario y esta senadora, gracias al portavoz y a la dirección de este grupo en el Senado, hemos conseguido que la Confederación Hidrográfica del Ebro —la CHE— también revisara e impulsara los protocolos y agilizara los expedientes ya solicitados; usted lo sabe bien y así se ha hecho. Pero quiero decirle también que, aunque han sido trasladadas y notificadas a la Subdelegación de Lleida las quejas de muchos particulares —porque no estaban tramitándose de manera adecuada esos expedientes—, cuando hemos pedido información adicional para impulsar esos expedientes, no se ha enviado ni un solo escrito para su agilización. Y le recomiendo que traslade también a los ayuntamientos esa predisposición para que podamos impulsar esos expedientes.

Cuando estamos a las puertas del verano, tenemos que sufrir catástrofes muy duras ocasionadas por los incendios. Estos, las inundaciones, las pedregadas se previenen también durante todo el año —se previenen limpiando bien las riberas,…—, es decir, mediante una acción preventiva.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy acabando, señor presidente.

Pero quiero decirles que hoy todos nosotros, representantes del pueblo, hemos trabajado por y para el pueblo, y lo hemos hecho de manera positiva, constructiva. Esta aprobación supone un esfuerzo colectivo para hacer frente a una situación dramática en una zona que ha sufrido mucho.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez-Camacho.

Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de modificación a la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió viene firmada por todos los grupos, menos por el Grupo Mixto, y tras lo manifestado por el senador Iglesias en su intervención, que no tendría ninguna objeción en que se aprobara por asentimiento, someto a la Cámara la aprobación de esta propuesta de modificación por asentimiento.

¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento. (Aplausos.)




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7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.

(Núm. exp. 662/000094)

AUTOR: GPP.

El señor PRESIDENTE: En cuanto a la moción anterior del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta a la comisión a la adopción de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos turísticos, había también una propuesta de modificación firmada por todos los grupos.

¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Muchas gracias.

7.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA DEFENSA DEL SECTOR NAVAL ESPAÑOL ANTE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA.

(Núm.exp.662/000096)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX.

El presidente da lectura al punto 7.4.

El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, en su reunión en la mañana de ayer, acordó que el debate de esta moción consistiera en un único turno de portavoces de los grupos parlamentarios de cinco minutos de duración. Por lo tanto, comenzamos el turno de portavoces con la intervención del senador Unamunzaga, por parte del Grupo Mixto.

¿Van a compartir tiempo? (Asentimiento.)

Entonces, son seis minutos a compartir entre tres.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar queremos destacar que apoyamos esta moción como un texto de mínimos, y afirmo que la apoyamos como un texto de mínimos porque creemos que, tal y como ya expresamos en nuestras aportaciones, se echan en falta dos conceptos fundamentales: por un lado, remarcar la necesidad de hacer todo lo posible para mantener el empleo existente en el sector, y, por otro, remarcar que este sector debe ser estratégico en la política industrial. Pero la hemos apoyado y la apoyamos porque la industria naval en Euskal Herria vive una situación de extrema gravedad, y consideramos que en el origen de esta situación de gravedad está la actitud que ha mantenido la Unión Europea.

De hecho, podemos afirmar que el rumbo que ha tomado la Unión Europea no puede estar más lejos de los objetivos económicos y sociales que defendemos desde Euskal Herria Bildu. Por un lado, se aleja del objetivo de construir un proyecto común y justo socialmente para los europeos; por otro, en lugar de crear y mantener puestos de trabajo dignos, se fija solo en los intereses económicos inmediatos, toma decisiones para defender los intereses financieros y de los lobbies especulativos que presionan constantemente. Y la situación actual de la industria naval la ubicamos en ese contexto, un sector que está siendo dejado al albur de intereses concretos de algunos Estados y está siendo condicionado por el lento funcionamiento de las instituciones europeas, situación cuyo origen situamos en el denominado dumping, ampliamente extendido en muchos países. Y son las decisiones tomadas para superar las distorsiones de los mercados las que han tenido unas consecuencias muy negativas. En ese sentido es injusto e intolerable que sea la clase trabajadora la que pague las decisiones equivocadas de las instituciones europeas. También en esta cuestión, y tal y como ocurre demasiadas veces en los últimos tiempos, pretenden que su mala gestión la pague la parte más débil. Pero no podemos denunciar solo las responsabilidades europeas, sino que debemos denunciar también la actitud que han mantenido los sucesivos Gobiernos del Estado en torno a este problema. El Estado también tiene su parte de responsabilidad, y esto es algo que ni queremos ni podemos olvidar.

Para terminar, sí queremos anunciar toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los astilleros vascos y del resto del Estado. Mostramos nuestro apoyo a las movilizaciones que se llevan y se llevarán a cabo. No podemos dejar que en el caso de Euskal Herria los 14 000 puestos de trabajo directos e indirectos desaparezcan.

Mila esker. Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.

El sector naval español está sometido a otro lance de abandono a su suerte. En los años ochenta fueron las reconversiones brutales; tiempo después, la indiferencia europea frente al dumping asiático; más recientemente, la suspensión de los incentivos tras una denuncia interesada de sus competidores que se aprovecharon para acaparar los pedidos de nuevos buques. Ahora estamos en otro nuevo embate político contra nuestros astilleros que —conviene resaltarlo— cuentan con personal muy cualificado y con unas magníficas instalaciones.

La pasividad del Gobierno ha colocado al sector naval en la antesala de su desaparición tras el inaceptable anuncio realizado recientemente en los salones del Hotel Ritz —por lo visto, un exquisito y rimbombante escenario para reflexionar sobre el futuro de 86 000 trabajadores— por el Comisario europeo Joaquín Almunia —de cuya demoledora labor en el sector minero del carbón existen antecedentes lapidarios— para que la construcción de buques en España devuelva las ayudas recibidas en el periodo 2005-2011, siendo, entre otros, los astilleros asturianos víctimas de este golpe mortal.

Hay que combatir semejante ultimátum, que es discriminatorio para España y que no es acorde con el espíritu de la ley de la Unión Europea. Esta iniciativa conjunta ante el Senado no recoge nuestra propuesta para que el texto incluyese la declaración unánime del Parlamento de Asturias y se contemplen aquellas acciones legales susceptibles de ejercitarse ante los tribunales comunitarios en todas sus instancias. No ha podido ser porque, una vez más, lo que se aprueba en Asturias está mal visto que se apruebe en Madrid, y por eso quiero señalar ese doble juego, que es producto del sucursalismo del Gobierno respecto a la Comisión Europea.

En todo caso, apoyaremos esta moción de mínimos ante la terrible amenaza que pende sobre los trabajadores de un sector que no hace tanto tiempo eran santo y seña del mundo y que ahora tiene a sus competidores europeos más directos —holandeses, franceses y noruegos— frotándose las manos, con el inesperado aliado español, que aún permanece al frente de la Comisaría de la Competencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Por cuestiones como estas es por las que se mide dentro de la Unión Europea el peso de los Estados, la actitud de sus Gobiernos. El hecho de que en este momento se pueda producir una decisión de la Comisión que signifique en la práctica el cierre de un sector industrial en nuestro país resulta inaceptable e inadmisible. Si esa situación se diera, ratificaría la idea de que Europa tiene una visión de nuestro país que nos limita a que seamos un país cuyo crecimiento debe girar en torno al sector servicios, que no es capaz de disponer de un sector industrial potente y que, por tanto, jugará un papel periférico —no solo geográficamente— el resto de su historia dentro de la Unión Europea.

Cuando el comisario de la Competencia habla de que las ayudas pueden haber vulnerado sus reglas, hay que responder no solo citando el ejemplo del tratamiento que se dio al Estado francés, sino diciendo que estas ayudas, como todas las anteriores que en el seno de la Unión se han ido decidiendo por diferentes Estados, eran una respuesta precisamente a la falta de respeto a las reglas de la competencia de Estados de fuera de la Unión Europea, concretamente, de oriente —Corea, por ser más explícito todavía—, que apostaron por construir buques no solamente a partir de un dumping social —frente al que poco se puede hacer, cierto es—, sino frente a una serie de operaciones financieras que suponían en la práctica un fraude: la concesión por entidades financieras de carácter público coreanas de ayudas para la construcción naval, créditos que luego no eran devueltos y que produjeron la quiebra de estas entidades financieras. No ver que eso sí es de verdad romper las reglas de la competencia y que, frente a eso, la Unión Europea tiene que tener respuesta supone una visión muy estrecha.




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Confío en que el Gobierno de España juegue el papel que le corresponda y consiga que no sea necesario devolver las ayudas que llevarían al cierre del sector.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Si el presidente del Congreso en su viaje a China con los portavoces parlamentarios hubiera planteado este asunto a los chinos o a los coreanos, si se hubiera desviado del viaje, seguramente el presidente chino le hubiera dicho: Oiga, póngase primero ustedes de acuerdo en Europa y no nos echen a nosotros la bronca. Nosotros hacemos lo que acaba de comentar el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iglesias. Por tanto, señor presidente, a ver si nos organiza también un viaje a China, como han hecho en el Congreso, para que nosotros también podamos presionar. Porque yo creo que una de las cosas más importantes de esta situación, independientemente de lo dramática que sea, es que se ha logrado algo que tiene mucho interés desde el punto de vista político y es que el Ministerio de Industria y tres presidentes de comunidades autónomas afectadas por esta situación de crisis aguda y de derrumbe de todo el sector naval se han puesto de acuerdo: han hablado, han presionado, van a viajar a Bruselas, se van a entrevistar con el comisario Almunia y con el presidente de la Comisión, Durao Barroso, y van a tratar de sensibilizar a unas instituciones que no tienen corazón y que no están actuando de una manera cabal a la hora de enfocar los distintos problemas que tienen los países, como fue, por ejemplo, la situación de Francia en un determinado momento o la actual situación de España.

No sabemos el resultado que va a dar este tipo de presión. Confiemos en que lo dé, porque, si no, se va a producir una situación catastrófica para ese sector; si el comisario Almunia decide materializar su amenaza, alrededor de 87 000 empleos y 19 astilleros privados, armadores y una voluminosa industria auxiliar corren el riesgo de desaparecer.

Y hay que recordar también que en las entrevistas que han mantenido los presidentes, el lehendakari Urkullu hizo un comentario que además tenía mucho que ver con la situación que se está viviendo en Europa y con la última reunión del Consejo Europeo que tuvo lugar hace una semana y media —y recordemos que la Unión Europea teóricamente va a subvenir con 6000 millones, de los cuales no sabemos cuánto va a llegar a España—. El lehendakari dijo lo siguiente: No se puede plantear un discurso en defensa del empleo si se aboca al cierre a unos astilleros. Es decir, ¿cuál es la política europea? ¿Cómo se coordina? ¿Por qué se ha llegado a la situación actual? ¿Por qué el comisario Almunia actúa con tanta contundencia? ¿Cuál es la situación que hay que plantear? Porque incluso hemos llegado a escuchar que esa reunión del ministro Soria con los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, de Euskadi y de Asturias es una presión inaguantable e inadmisible. ¿Y qué quieren que hagan? A esta presión no solo se han sumado estas comunidades autónomas, se han sumado los sindicatos, se ha sumado la patronal y toda aquella gente decente que no quiere perder una industria naval tan importante e históricamente tan relevante.

Así pues, nosotros confiamos en que de alguna forma en esa reunión, con la presión, con esta moción y con el eco que puedan tener los medios de comunicación, se hagan posibles estos dos puntos, que son muy claros: primero, que se realice ante las autoridades de la Unión Europea cuantas gestiones sean oportunas para solicitar la no devolución de ayudas por parte del sector naval del anterior sistema de tax lease, como ya ocurrió en el caso francés. Siempre hay que poner el caso francés como paradigma de algo que ocurrió en el tiempo de que no se quiso aprovechar la oportunidad. Y segundo, que el Estado español adopte todas las decisiones que la defensa de los intereses del sector naval español requiere ante las instituciones comunitarias.

Yo creo que hoy podemos decir que en este Pleno, independientemente de las objeciones que hemos ido teniendo con las distintas mociones que se han debatido, ha habido mociones que se han aprobado sin votación. Esta moción también se va a aprobar sin votación, y ojalá los medios de comunicación así lo aborden mañana en el sentido de que el Senado y todos sus grupos parlamentarios están de acuerdo en que se defienda en Bruselas una política para el sector naval, y sobre todo para que el sector naval no desaparezca.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc per manifestar el nostre suport a aquesta moció, una moció que té dos objectius, que compartim. El primer és avalar les gestions davant la Unió Europea perquè, entre altres coses, no es produeixi la devolució de les ajudes de l’anomenat tax lease a partir de l’any 2010. I una segona qüestió que és avalar la defensa dels interessos del sector naval espanyol davant de la Unió Europea en aquests moments. No ho fem perquè a Catalunya hi hagi un sector naval important, com vostès saben, a diferència dels portaveus que m’han precedit, que són de territoris on el sector naval té un pes important, on hi ha molts llocs de treball en joc. En aquest moment a Catalunya, des de fa molt de temps, el sector naval és absolutament marginal. Nosaltres no tenim drassanes o, més bé, tenim unes Reials Drassanes però són del segles XIII i XIV i avui són la seu d’un museu marítim, dels millors de la Mediterrània, sense dubte, però aquesta no és una activitat que generi llocs de treball i riquesa a Catalunya.

Sí que ho fem perquè pensem que cal defensar l’activitat industrial en el conjunt del territori espanyol. L’activitat industrial, i la naval és un sector important, en retrocés certament; si mirem el que suposava de facturació i de llocs de treball fa només unes dècades, s’ha anat reduint de manera molt especial en tot allò que fa referència al sector naval civil, avui en mans privades, i que durant molts anys —com vostès saben perfectament— una part d’aquest sector estava en mans públiques.

Perquè és un sector industrial malgrat tot important, important per a alguns territoris, per a algunes localitats del conjunt d’Espanya, ho avalem perquè sempre, des del Grup de l’Entesa, hem defensat la indústria, l’activitat industrial, que és fonamental defensar en temps de crisi. Per superar la crisi econòmica és l’activitat industrial aquella que possibilita la millora d’aquesta balança comercial per compte corrent a la qual feia referència, precisament, el senyor Montoro aquest matí. És també l’activitat industrial la que genera una ocupació més qualificada i més estable i també és l’activitat, i el sector naval ho és de manera molt específica, el que incentiva la recerca, el desenvolupament i la innovació. I certament hem de poder competir en un sector com aquest en igualtat de condicions, de poder-ho fer amb Europa, si més no. Ja sabem que no ho podrem fer amb països del sud-est asiàtic que han practicat, durant molts anys —primer va ser Japó, després Corea, després Xina— l’anomenat dumping. Ara bé, sí poder-ho fer amb Europa, amb els mateixos instruments, amb les mateixes possibilitats. Perquè evidentment amb els altres països —repeteixo—difícilment ho podrem fer, perquè entre altres coses no podem competir en salaris, en salaris baixos i amb determinades ajudes que, certament, l’Organització Mundial de Comerç no hauria de permetre. A aquest respecte, com vostès saben, s’han produït determinades denúncies al llarg dels darrers anys que han comportat penals que, malgrat tot, no han tingut resultats satisfactoris per al nostre país.

Per tot això, defensem aquesta fórmula, si més no durant aquest període del qual s’han beneficiat altres països, aquestes denominades ajudes que més bé són no estrictament ajudes, sinó uns beneficis fiscals, fruit com vostès saben d’una triangulació entre les drassanes que construeixen, l’armador que compra, una empresa de leasing, després una agrupació d’interès empresarial i posteriorment, òbviament, l’armador que torna a comprar i que, entre altres coses, comporta que finalment pugui jugar amb un marge a l’entorn d’un 20% de cost menor del buc en qüestió.

Pensem que en aquest sentit cal donar tot el recolzament al Govern espanyol en la seva negociació amb la Unió Europea i també als governs especialment d’aquests territoris que tenen una activitat industrial naval important com ho són, bàsicament, el País Basc, també evidentment Galícia i, fins i tot, altres comunitats amb menor importància com Astúries i fins i tot Andalusia i també la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para manifestar en primer lugar nuestro apoyo a esta moción, una moción que tiene dos objetivos que compartimos. El primero es avalar la gestión ante la Unión Europea




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para que, entre otras cosas, no se produzca la devolución de las ayudas del llamado tax lease a partir del año 2010.Y el segundo es avalar la defensa de los intereses del sector naval español ante la Unión Europea en estos momentos. No lo hacemos porque en Cataluña exista un sector naval importante, desde hace mucho tiempo el sector naval en Cataluña es absolutamente marginal, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades de otros portavoces que me han precedido, que son de territorios en los que el sector naval tiene un peso importante y donde hay en juego muchos puestos de trabajo. Nosotros no tenemos dársenas o, mejor dicho, tenemos dársenas reales de los siglos XIII o XIV que hoy son sede de un museo marítimo, de los mejores, de la Mediterránea, sin duda, pero esta no es una actividad que genere puestos de trabajo ni riqueza en Cataluña.

Defendemos al sector porque pensamos que es necesario defender la actividad industrial en el conjunto del territorio español. La actividad industrial y la naval configuran un sector importante, en retroceso ciertamente; si miramos lo que suponía de facturación y de puestos de trabajo solo unas décadas atrás, se ha ido reduciendo de forma muy especial. El sector naval civil hoy está en manos privadas, pero durante unos años —como ustedes saben perfectamente— una parte de este sector estuvo en manos públicas.

¿Por qué es un sector industrial, a pesar de todo ello, importante para algunos territorios y para algunas localidades del conjunto de España? El Grupo Entesa siempre ha defendido la actividad industrial, que es fundamental para superar la crisis económica porque posibilita la mejora de esta balanza comercial por cuenta corriente a la que se refería precisamente el señor Montoro esta mañana. La actividad industrial genera también una ocupación más calificada y más estable. Asimismo, el sector naval, de forma muy específica, incentiva el desarrollo, la investigación y la innovación. Ciertamente debemos poder competir con Europa en un sector como este en igualdad de condiciones. Sabemos que no podemos hacerlo con países del sudeste asiático que han practicado durante muchos años —primero Japón, posteriormente Corea y luego China— el llamado dumping. Pero sí podemos hacerlo con Europa, con los mismos instrumentos y posibilidades. Evidentemente con los otros países —lo repito— difícilmente podremos llegar a hacerlo porque, entre otras cosas, no podemos competir con los salarios, con salarios bajos ni con determinadas ayudas que ciertamente la Organización Mundial de Comercio no debería permitir. Como ustedes saben, se han producido determinadas denuncias a lo largo de los últimos años que han conllevado penas, que, a pesar de todo, no han tenido resultados satisfactorios para nuestro país.

Por todo ello, defendemos esta fórmula, al menos durante este periodo del que se han beneficiado otros países, estas llamadas ayudas que más bien no son estrictamente ayudas, sino unos beneficios fiscales, fruto de una triangulación entre las dársenas que construyen, una empresa de leasing, el armador que compra, una agrupación de interés empresarial y, posteriormente, el armador que vuelve a comprar, lo que conlleva, entre otras cosas, que vuelva a jugar con un margen alrededor de un 20% de coste menor en el buque en cuestión.

En este sentido, hay que dar todo el apoyo al Gobierno español, a su negociación con la Unión Europea y también a los gobiernos especialmente de estos territorios que tienen una actividad industrial naval importante, que son básicamente el País Vasco, Galicia e incluso otras comunidades con menor importancia como Asturias, Andalucía y también la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, molt bona tarda.

Som conscients de la inestabilitat que produeix al sector naval espanyol, i molt especialment a les drassanes, la impossibilitat de fer contractes mitjançant el tax lease. Som conscients també de la negativa repercussió que això tindria per l’economia espanyola si es declarés il·legal aquest sistema d’ajudes a les navilieres, ja que el sector naval és un sector estratègic que contribueix a millorar la balança comercial espanyola, que és precisament allò que necessita actualment Espanya.




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Necessitem sectors que exportin, i aquest és sense dubte un d’ells, i necessitem també no destruir més ocupació, fet pel qual resulta indispensable al nostre judici que el Govern i Europa donin suport a aquest sector industrial en pro de la recuperació econòmica i de l’estímul al creixement.

Per una altra banda, entenem que aquests estímuls han de ser sempre compatibles dins del marc europeu i, per tant, considerem essencial que els sistemes d’arrendament fiscal espanyol, que atribueix ajudes a les empreses navilieres, sigui compatible amb les directrius comunitàries sobre les ajudes d’Estat al transport marítim. Tanmateix el que està en joc no és només si el sistema tax lease que hi havia a Espanya no minva la competència a nivell europeu, sinó si per declarar-se ell mateix il·legal el sector naval estarà obligat a tornar les ajudes que hagi percebut anteriorment per aquest sistema de finançament.

Des de Convergència i Unió concebem que la manera de procedir en pro de la competència en el territori comunitari ha de ser sempre sota condicions d’estricta igualtat entre els Estats membres i, en tot cas, facilitant que els països que presentin algun tipus de distorsió puguin fàcilment redreçar per seguir competint als mercats, ja que en última instància el que es tracta és d’incentivar la presència d’actors en el mercat, i no a l’inrevés; es tracta de facilitar l’entrada i el manteniment d’agents al mercat i no desincentivar-la.

Per tot això estem plenament d’acord que el Govern ha d’apel·lar a la coherència de la Unió Europea perquè les autoritats de competència comunitàries considerin una sèrie de qüestions en relació a la devolució de les ajudes per part del sector naval espanyol: en primer lloc, el temps que fa que aquest sector depèn d’aquesta resposta i el greuge comparatiu associat a aquesta demora. En segon lloc, que es consideri també que actuar en pro de la competència pot suposar un tracte desigual entre països i un canvi de les regles de joc. En aquest sentit és que el referent de França, quant a la decisió de reemborsament de les suposades ajudes, s’ignori per part d’Europa, ara que toca prendre la decisió per a Espanya, suposaria una falta de tracte igualitari entre Estats amb antecedents similars i una clara incoherència i minva de credibilitat per part de les autoritats de competència europees. Senyories, no pot ser que paguin sempre els mateixos països, que són a sobre els que necessiten de les ajudes d’Europa.

En resum, allò que demanem en aquesta moció conjunta és de sentit comú i implica que Europa consideri que les autoritats de competència van prendre una decisió en el cas francès que suposa, per la similitud del mateix, un clar precedent per a Espanya. I si això es va decidir per al cas francès, ara aquests criteris haurien de portar a la mateixa decisió per a Espanya, perquè el que no pot ser és que les normes siguin flexibles per a uns i siguin inflexibles per a uns altres.

Per tant, per tot això i perquè entenem que aquest és un sector estratègic que cal protegir i al qual cal donar suport, nosaltres hem recolzat aquesta moció, fet pel qual també ens felicitem que en el conjunt de la Cambra es porti endavant de manera global.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

Somos conscientes de la inestabilidad que produce en el sector naval español, y muy especialmente en los astilleros, la imposibilidad de realizar contratos mediante el tax lease. Somos conscientes también de la negativa repercusión que este hecho tendría para la economía española si se declarara ilegal este sistema de ayudas a las navieras, ya que el sector naval es un sector estratégico y contribuye a mejorar la balanza comercial española, que es precisamente lo que necesita actualmente España. Necesitamos sectores que exporten, y este es, sin duda, uno de ellos, y también necesitamos no destruir más ocupación, hecho que hace que resulte indispensable, a nuestro juicio, que el Gobierno y Europa den apoyo a este sector industrial en pro de la recuperación económica y del estímulo al crecimiento.

Por otro lado, entendemos que estos estímulos deben ser siempre compatibles dentro del marco europeo y, por lo tanto, consideramos esencial que los sistemas de arriendo fiscal español, que atribuye ayudas a las empresas navieras, sean compatibles con las directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado al transporte marítimo. Lo que está en juego no es solo si el sistema tax lease que existía en España no rebaja la competencia a nivel europeo, sino si por declararse él mismo ilegal, el sector naval estará obligado a devolver las ayudas que haya recibido anteriormente por este sistema de financiación.




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Convergència i Unió concibe que la forma de proceder en pro de la competencia en el territorio comunitario debe ser siempre bajo condiciones de estricta igualdad entre los Estados miembros y, en todo caso, facilitando que los países que presenten algún tipo de distorsión puedan fácilmente redireccionar para seguir compitiendo en los mercados, ya que, en última instancia, de lo que se trata es de incentivar la presencia de actores en el mercado y no al revés; se trata de facilitar la entrada y el mantenimiento de estos en el mercado y no de desincentivarla.

Por todo ello, estamos plenamente de acuerdo con que el Gobierno debe apelar a la coherencia de la Unión Europea para que las autoridades de competencia comunitarias consideren una serie de cuestiones en relación con la devolución de las ayudas por parte del sector naval español: en primer lugar, el tiempo que hace que este sector depende de esta respuesta y el agravio comparativo asociado a esta demora. En segundo lugar, que se considere que actuar en pro de la competencia puede suponer un trato desigual entre países y un cambio de las reglas del juego. En este sentido que el referente de Francia, en la decisión de reembolso de las supuestas ayudas, se ignore por parte de Europa ahora que hay que tomar la decisión para España supondría una falta de trato igualitario entre Estados con antecedentes similares y una clara incoherencia y falta de credibilidad por parte de las autoridades de competencia europeas. Señorías, no puede ser que paguen siempre los mismos países, que son, además, los que necesitan las ayudas de Europa.

En resumen, lo que solicitamos en esta moción conjunta es de sentido común e implica que Europa considere que las autoridades de competencia adoptaron una decisión en el caso francés que supone, por la similitud del mismo, un claro precedente para España. Si esto se decidió en el caso francés, estos criterios ahora deberían llevar a la misma decisión para España, porque lo que no puede ser es que las normas sean flexibles para unos e inflexibles para otros.

Por lo tanto, por todo ello y porque entendemos que este es un sector estratégico que se debe proteger y al que hay que apoyar, nosotros apoyamos esta moción y también nos felicitamos de que salga de la Cámara de forma global.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Presidente, señorías, intervengo con una especial sensibilidad porque soy senador por una provincia que ha visto cómo una área, la ferrolana, ha sido devastada por la crisis naval y ahora se cierne sobre una área de gran importancia como es la de Vigo, y comprendo las peculiaridades de los astilleros asturianos y vascos porque afecta a la estructura económica y tiene que ser solucionado.

Además, es un debate adecuado para esta Cámara. Se trata de un problema estatal que afecta en especial a territorios singulares del Estado. Es un debate de implicación territorial que tiene repercusiones a nivel estatal, y es esta Cámara el lugar adecuado para estudiarlo, para debatirlo y para llegar a acuerdos que integren las diferentes y distintas demandas territoriales. Una Cámara que alcance acuerdos globales de integración de los diversos problemas estatales y que dé satisfacción, por un lado, a las previsiones territoriales y que estas se contextualicen en un proyecto global. Después le corresponde al Gobierno de España conseguir una correcta decisión en la Unión Europea, conseguir del colegio de comisarios, de la política europea y su legislación, un marco jurídico, una estructura industrial naval que garantice un sistema fiscal, y que la Unión Europea cambie sus políticas. Esto último es lo fundamental, porque el sistema tax lease tiene mucho que ver con las políticas económicas e industriales que lleva a cabo la Unión Europea, que decide el colegio de comisarios, con una definida política que pensamos que está tomando decisiones incorrectas y sin la debida diligencia. El tax lease lleva demasiados años generando incertidumbre.

Nuestro grupo se congratula del acuerdo alcanzado por todos los grupos. No obstante, además de que el Gobierno vaya a la reunión con los responsables del colegio de comisarios, además de darle un nuevo plus al Gobierno para que presione al comisario, a los Estados miembros y al Consejo y plantee junto a los argumentos jurídicos la unidad de todos, además de tener la convicción de que nuestro sistema tax lease es jurídicamente correcto, es fiscalmente adecuado y que hay precedentes favorables, como actas previas de consulta de Noruega, además de todo esto debemos presionar para que las decisiones que emanen del Consejo y de los distintos




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comisarios den seguridad jurídica para el futuro del naval, para el futuro industrial y para el futuro de nuevas inversiones. Y debe ser igual para todos los países.

Por eso lo primero debe ser obtener el mismo trato que Francia y alcanzar un marco legal y con futuro para el naval español. Apoyo inequívoco al Gobierno, sí, pero debemos reflexionar sobre el núcleo de esta situación, sobre el motor continuo de muchas de las decisiones que están provocando problemas en diversos países, porque las decisiones del comisariado, del Consejo, como esa argumentación y otras medidas, provocan una situación preocupante para Europa.

Señorías, el problema es qué sistema industrial quiere para Europa la Unión Europea, qué estructura socioeconómica queremos tener en Europa, qué posición en el mundo debe tener Europa. El problema radica en una Europa y en una política donde crece el paro, desaparece la industria, perdemos competitividad, generamos legislación inaplicable, y en el caso del tax lease condenamos a muerte a un sector como el naval, al que además de generar indefensión en este momento le quita garantías para el futuro.

Señorías, no tiene razón el consejo de comisarios con el tax lease. Es necesario dar un golpe en la mesa para impedir que ciertos países sigan imponiendo sus tesis en una burocratizada y anquilosada maquinaria comunitaria.

Termino, presidente. En defensa de nuestra legalidad fiscal, de nuestra industria naval, del empleo, de un sector estratégico para mantener y crear empleo y fijarlo en los territorios tenemos que parar al consejo de comisarios ante una decisión ilógica, ilegal e industrialmente incorrecta. El Gobierno tiene ahora esa responsabilidad. Esperemos que lo consiga. Nuestro apoyo total y decidido. Ahora le toca al Ministerio de Industria hacer los deberes. Hay argumentos, hay unión y hay que pasar de las palabras a los hechos. Estoy convencido de que lo lograremos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Buenas tardes a todos.

Si mi compañero de provincia, el señor Losada, decía que era oportuna su presencia y que le producía un sentimiento esta moción, imagínense qué tengo que decirles yo, que soy ferrolano de nacimiento.

Tengo apuntadas las primeras palabras que pensaba dirigirles a ustedes: a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Y es que yo tengo la desgracia y la honra de pertenecer a una generación que, como yo, en Galicia, en Ferrol y en Vigo, pero también en Andalucía, en la Bahía de Cádiz, en Huelva, en Sevilla, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria, cómo no, y en Murcia, desde nuestra juventud hemos venido sufriendo una constante crisis en el sector naval que lleva ya 40 años. La desgracia se debe a que la hemos vivido muy de cerca, con las consecuencias sociales que dicha crisis ha llevado a empresas, a familias y a vecinos, que al fin y al cabo son los que las han padecido. Y la honra se debe a que trabajar y luchar para contrarrestar los dañinos efectos que esa crisis ha producido para intentar cambiar una situación adversa me parece que es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida que a uno le toca vivir.

Hoy no tenemos tiempo para debatir extensamente sobre el sector naval en España y en Europa, pero sí quiero recordar que es un sector que está en crisis permanente y que no merece otro obstáculo que lo aboque a su desaparición. Y lo fundamental —lo hemos reconocido todos los portavoces— es que es un sector estratégico. Pero a mayor escarnio, en esta situación sin sentido voy a leerles algunos párrafos —porque no tengo tiempo— de la documentación que he rescatado estudiando el tema. Hay un dictamen del 19 de enero de 2011 del Comité Económico y Social Europeo sobre el sector naval europeo frente a la crisis. Telegráficamente les leeré sus objetivos políticos: Mantener una base industrial y competitiva. Evitar despidos en períodos de deterioro de la coyuntura, como ocurre ahora. Retener mano de obra altamente cualificada en este sector estratégico. No permitir que la capacidad de producción de los astilleros europeos disminuya por debajo de una masa crítica, porque la Unión Europea no volvería a producir buques en el futuro. Garantizar el know how en materia de financiación de construcción naval, porque reconoce que una vez que se cierra un astillero no vuelve a abrirse.




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Si esos son los objetivos del informe del Comité Económico y Social Europeo, uno no entiende cómo la Comisión Europea actúa de esta forma. Es decir, hay razones sociales, económicas, estratégicas y de puestos de trabajo, pero hay también razones jurídicas que avalan una tesis contraria a la que defiende la Comisión. Los astilleros y los armadores actuaron siempre desde el respeto a la seguridad jurídica, porque es obligación de la Unión Europea dictar normas claras para su cumplimiento. Y hay que destacar la carta que la comisaria Kroes destina a España en 2009, donde confirma que el tax lease español no es discriminatorio. Por tanto, se trabajó dentro de la seguridad jurídica. También se trabajó respetando el principio de confianza jurídica que el ciudadano debe tener en la Administración. Y respetó también el principio de la apariencia jurídica, porque se contrató de buena fe y conforme a las reglas del derecho y a las leyes.

Existía una normativa nacional que permitía contratar mediante esta estructura financiera. Y en 2005 —ya se ha citado el expediente a Francia— no se actuó con medidas retroactivas. Repito, el expediente a Francia se hizo en 2005, y en España no se actúo en 2011. Pero hay otra razón: proporcionalidad. España ya ha sufrido un castigo durante estos dos años desde que se anunció el expediente y ha perdido contratos porque en ese tiempo no ha sido posible cumplir ninguno. Es más, hoy mismo, en una noticia de un periódico regional de alcance nacional se dice que diez armadoras plantarán al naval gallego si hay que devolver las ayudas. España pierde catorce pedidos de barcos en dos semanas, seis de ellos en Vigo, lo que afecta, obviamente, a otros astilleros, a otras zonas.

Se están haciendo esfuerzos por todos para recuperarnos y salir de esta situación, abriendo mercados y expectativas para conseguir cargas de trabajo y, por lo tanto, generar empleo, que es lo que necesitamos. Por eso respaldamos e instamos al Gobierno a la solución de este problema en defensa de los intereses españoles, que, no lo olvidemos, son de Europa, y la verdadera competencia desleal está fuera de Europa.

Amigo Losada, qué mejor que vosotros para que trasladéis al señor Almunia la posición de este Senado, la posición de todos los grupos políticos para dar solución a estos problemas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.

Agradezco a todos los grupos parlamentarios y a todos los senadores el apoyo a esta moción, en la confianza de que el día 17 sea un día para recordarlo como anécdota y no como un día negro del sector naval español.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

Señorías, ¿puede someterse también esta moción a su aprobación por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.

Muchas gracias. (Aplausos.)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. ACUERDO DE PRÉSTAMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID Y WASHINGTON EL 5 Y 26 DE MARZO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000087)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a este acuerdo.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

Senador Mariscal, tiene la palabra.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

A los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes nos gustaría que este acuerdo se sometiese a votación si ello fuera posible. Mostramos también nuestra firme oposición a este acuerdo de préstamo con un organismo que a lo largo de su historia y en el presente forma parte de la explotación de los pueblos y del ataque a la independencia y a la soberanía de los mismos, como se está demostrando en su papel protagonista formando parte de la troika. No tenemos nada claro para qué es este acuerdo y, por lo tanto, solicitamos que se someta a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

¿Algún grupo parlamentario o algún otro senador quiere intervenir? (Pausa.)

Nadie.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación el Acuerdo de préstamos entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos presentes; 248; votos emitidos, 248; a favor, 241; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, autorizado.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000041)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, he sido designada por el resto de compañeros de la comisión para presentar a esta Cámara el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad Social respecto al Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo procedente del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero.

Este proyecto, señoras y señores senadores, tuvo entrada en el Senado el pasado 22 de junio del año 2013, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes en esa misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el pasado día 26 de junio y fue ampliado hasta el día 28 del mismo mes. El proyecto, como saben sus señorías, se tramita por el procedimiento de urgencia.

A este proyecto de ley se ha presentado un veto y 334 enmiendas. El veto ha sido presentado por la senadora Ester Capella i Farré de Esquerra, del Grupo Mixto. Las 334 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 49 correspondientes al Grupo Mixto, de las cuales 39 han sido formuladas por los señores Iglesias y Mariscal y 10 por los señores Eza, Yanguas y la señora Salanueva; 31 por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 97 por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 85 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 71 por el Grupo Socialista, y 1 enmienda por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La Presidencia del Senado no ha admitido a trámite la enmienda 275.La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha dictaminado dicho proyecto en su sesión del pasado 2 de julio,




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incorporando la enmienda número 334, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que modifica la disposición transitoria segunda.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado siete votos particulares.

Con estas palabras, señoras y señores senadores, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo. Solo me resta, señorías, como presidenta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, agradecer a todos los portavoces y miembros de la comisión la rapidez con la que se ha realizado la tramitación de este proyecto en el seno de la comisión.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez-Camacho.

Pasamos al debate de la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su presentación, tiene la palabra la senadora Capella i Farré por tiempo de quince minutos.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, senadoras y senadores. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El número de personas desempleadas en el Estado español, según la Encuesta de Población Activa, alcanzó durante el primer trimestre del año 2013 la cifra de 6 202 700 personas desempleadas, una cifra que supone un nuevo récord histórico. El incremento con respecto a la última Encuesta de Población Activa es de 237 400 personas y la tasa de paro se sitúa ya en el 27,16%.

El porcentaje más alto de desempleo se encuentra en la franja de edad de los menores de 25 años. La tasa de paro juvenil —menores de 25 años— se sitúa en el 57,22% en el primer trimestre del año 2013. El número de jóvenes desempleados es de 960 400, representando el 15,5% del total de personas desempleadas. Es cierto que según las cifras que se daban respecto al mes de mayo, esto había mejorado, pero es evidente que el histórico que llevamos no es para echar cohetes.

En la actualidad, el desempleo es el principal problema que afecta a nuestra sociedad, y se ensaña de forma especial con los jóvenes. El retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo pone en peligro la cohesión social, al tiempo que representa una traba muy importante para la recuperación económica. De poco, por no decir de nada, han servido las continuas y prolíficas reformas laborales llevadas a cabo. Tampoco, o de muy poco, han servido las reformas en materia de contratos de formación, la contratación específicamente planteada para integrar y facilitar el aterrizaje de los jóvenes al mercado laboral, los contratos de formación o de aprendizaje y los contratos en prácticas. Estos no han servido ni han sido la solución para generar ocupación. La constatación se encuentra en los altos porcentajes de paro juvenil.

La incorporación de los jóvenes al mercado laboral es una cuestión estructural de nuestro mercado laboral y de la percepción que tienen las empresas de no tener instrumentos a su alcance para hacerla posible o de que los instrumentos existentes no les sirven de nada. No se trata de un problema de desajuste entre oferta y demanda de trabajo, sino de cómo se instrumenta el encaje razonable entre oferta y demanda.

El actual Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo no servirá de gran cosa. Las medidas que contiene van en la misma línea que las medidas vigentes, que nos han llevado al escenario actual. Algunas de las propuestas contenidas en el proyecto de ley son un auténtico contrasentido. A título de ejemplo, el emprendedor que genera ocupación pierde la bonificación inicial. Ya se sabe y ya lo dice el refrán: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

El problema de fondo radica en plantear que la solución a la desocupación se encuentra en precarizar aún más la poca ocupación, en recortar aún más los derechos para hacer sostenible un modelo económico insostenible. Las propuestas que plantea el proyecto de ley, como pueden ser prolongar temporalmente la contratación en prácticas, el establecimiento de nuevos contratos temporales de corta duración para jóvenes, o permitir contratos de formación a las ETT, son medidas que precarizan aún más el trabajo.

La contratación temporal juvenil tiene dos problemas esenciales: su poca utilización por parte del empleador, las empresas, y que cuando se utiliza provoca una excesiva rotación que causa una mayor siniestralidad laboral. El presente proyecto de ley carece de medidas que generen




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estabilidad laboral y ocupación cualificada. Las medidas que debería contener el presente proyecto de ley deberían consistir, a título meramente enunciativo, en la mejora de los incentivos y las bonificaciones, en el establecimiento de un contrato indefinido estable de transición y con una indemnización reducida, y, por descontado, medidas de discriminación positiva para las mujeres, entre otras muchas más. Las medidas deberían ir encaminadas a garantizar la inserción profesional y estable de los jóvenes en el mercado laboral. Desgraciadamente, no será así.

Esquerra Republicana de Cataluña presentó unas cuantas enmiendas en el Congreso de los Diputados. No es cuestión del número de enmiendas, pero sí que estas significaban, a criterio de Esquerra, una mejora sustancial del texto. El resultado es evidente. Ni una sola de las enmiendas presentadas, prosperó. Ustedes entenderán que con dicho proceder —se lo he dicho varias veces, cada vez que he bajado a esta tribuna de oradores— a esta senadora de Esquerra Republicana de Cataluña no le queda más remedio que presentar veto a sus leyes. Al menos así algunos de ustedes tendrán que escucharme y volver a oír y reconsiderar, si cabe, o si procede, las propuestas que mi grupo plantea. Las propuestas iban en la línea de mejorar, lo he dicho antes, los incentivos y bonificaciones en la contratación de la regulación en un nuevo contrato indefinido estable de transición, con una indemnización reducida. Es mejor una estabilidad con barreras de salida moderada que una contratación precaria permanente que estigmatiza aún más a los jóvenes.

En este sentido, se proponía la bonificación para jóvenes y autónomos. Una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros quince meses a jóvenes menores de 30 años, o para cualquier edad en el caso de las mujeres. Esta es de aplicación aunque se tengan trabajadores a cargo, y aplicable tanto para convertirse en emprendedores por cuenta propia como para constituir empresas mercantiles. En el supuesto de que se constituyan cooperativas, la bonificación que se proponía es del 75% durante treinta meses. En el supuesto de personas con discapacidad se proponía una bonificación del 100% durante cinco años.

Dos. Compatibilidad de prestaciones de desempleo y trabajo. Proponíamos un salario emprendedor que permitía hacer compatible el trabajo por cuenta propia y la prestación por desempleo por un período de 360 días para menores de 30 años o, en el caso de las mujeres, sin límite de edad; que pueda pedirse la compatibilidad en cualquier momento; que fuera compatible con la creación de ocupación y que, para el supuesto de constitución de cooperativas, se pueda hacer compatible con la duración total de la prestación por desempleo.

Tres. Capitalización de la prestación de desempleo. Posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación, con independencia de la edad; que para el supuesto de que se aporte a una sociedad o cooperativa, se exija la prestación laboral a jornada completa; que se compute como inversión para la capitalización de los gastos de estudios, asesoramiento y otros.

Cuatro. Rescate de la prestación de paro si no se ha percibido. Posibilidad de que la recuperación de la prestación de desempleo hasta 24 meses sea después del inicio de la actividad para jóvenes menores de 30 años y, en el caso de las mujeres, sin límite de edad y para el supuesto de que no se haya capitalizado o compatibilizado la prestación.

Cinco. Contratos a tiempo parcial y estudios. A pesar de no ser un modelo óptimo desde el punto de vista del mercado de trabajo, en tanto que las bonificaciones que se establecen en el proyecto de ley no lo son en perjuicio de los derechos salariales o de protección social de las personas, se admite como posible opción para compatibilizar estudios con trabajo a tiempo parcial de forma transitoria o esporádica. Se mantiene la propuesta del proyecto de ley en lo que hace referencia a bonificaciones en la contratación, si bien se excluyen en aquellos supuestos de empresas que hayan realizado expedientes de regulación de ocupación.

Seis. Contrato bonificado indefinido para menores de 30 años, que se extiende a mujeres menores de 35 años y que no puede ser utilizado en el caso de empresas con expediente de regulación de ocupación.

Siete. Contrato de transición juvenil al mercado laboral. Supresión del nuevo contrato temporal propuesto por el Gobierno. Propuesta de nuevo contrato indefinido con indemnización progresiva y ponderado por antigüedad e indemnización legal reducida.

Ocho. Contrato en prácticas. Revisión de los requisitos. Concreción de que se alargue hasta los 30 años solo cuando sea la primera ocupación real y que, cuando se formalice con mayores de 25 años la retribución sea del 100%.




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Nueve. Supresión de la habilitación de formalización de contratos de formación y aprendizaje por las ETT.

Y por último, se añadía la posibilidad de que las administraciones públicas y entidades vinculadas no tengan como única opción la de los expedientes definitivos y, en cambio, puedan adoptar medidas de flexibilidad intermedias que favorezcan el mantenimiento del empleo. Este sería, por ejemplo, el caso de TV3 en caso de producirse definitivamente el ERE.

Los cambios más importantes y que dependen del Estado para fomentar y apoyar al emprendedor y, por tanto, para la generación de empleo a día de hoy continúan sin ponerse sobre la mesa, y en este caso, el proyecto de ley no los contempla. Se trata de legislar sobre la separación del patrimonio personal y profesional y abordar la regulación de los bienes embargables, la mejora de las coberturas de las incapacidades laborales transitorias o la racionalización y mejora de la cobertura por cese de la actividad, entre otras muchas más. Como he dicho, todo esto no aparece en este proyecto de ley.

En definitiva, por los motivos expuestos, Esquerra Republicana de Cataluña presentó un veto al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por lo que solicitamos el voto favorable a dicho veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Buenas tardes, presidente.

Señorías, intervengo para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en contra del veto. Nosotros sí coincidimos con la senadora Capella en que la prioridad de este Gobierno —y así se está demostrando— es el empleo y el empleo joven. Y también coincidimos con ella en que las anteriores medidas que se han adoptado al respecto no habían aportado ninguna solución, como ella ha manifestado.

En cuanto a este proyecto de ley, que quiere cambiar esa dinámica, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, es importante que destaquemos cuatro áreas temáticas. Me gustaría decirle que ha sido una pena que se hayan centrado en presentar el veto y no en las propuestas que usted ha manifestado y ha explicado que presentaron en el Congreso, porque, aunque allí no se hubieran admitido, a lo mejor aquí las habríamos podido debatir y habríamos podido hablar y negociar alguna; al escucharla alguna nos ha parecido interesante.

La primera de las cuatro áreas de esta normativa se centra en las once primeras medidas que desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que fue presentada por el presidente del Gobierno, arropado por sindicatos y la patronal, y que beneficiará a más de un millón de jóvenes en nuestro país; y son solo estas primeras medidas de choque, porque no olvidemos que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven contiene cien medidas que va a aplicar el Gobierno: las once primeras, de choque, y el resto, orientadas al medio y largo plazo. También este proyecto de ley incluye medidas de apoyo a autónomos y emprendedores.

Me gustaría referirme a estas once medidas que desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Creo que son muy conocidas, porque algunas ya están en vigor desde la vigencia del real decreto ley, pero no está de más recordarlas. La tarifa plana de los 50 euros en la cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia durante unos meses, y después hay otros incentivos hasta los dos años y medio. Y si la persona en cuestión es discapacitada la tarifa plana se extiende más meses y hay incentivos incluso hasta los primeros cinco años de actividad. Se permite la compatibilidad de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia para menores de 30 años. Se amplían las posibilidades de capitalización por el desempleo para iniciar una actividad emprendedora. Se permite la reanudación del cobro de la prestación por desempleo. Se amplía el plazo de dos a cinco años para poder reanudar el cobro de la prestación cuando se ha interrumpido por el inicio de una actividad por cuenta propia. Desde nuestro punto de vista, se mejora la intermediación laboral con el impulso con las comunidades autónomas a la colaboración público—privada para la intermediación en el ámbito de los servicios públicos de empleo. Se crea el Portal Único de Empleo,




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que facilita la búsqueda de empleo y donde se alojará toda la información de utilidad para orientar a los jóvenes y poner a su alcance todas las herramientas que faciliten la búsqueda de empleo o el inicio de una actividad empresarial. Se habilita a las empresas de trabajo temporal para la celebración de contratos de formación y aprendizaje. Se establecen estímulos a la contratación de jóvenes hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%; por citar un ejemplo, la reducción del cien por cien de la cuota de Seguridad Social al contratar a un menor de 30 años de forma indefinida. Se establecen incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, también hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%. Se crea el Contrato Generaciones, un incentivo a la contratación de personas con experiencia para su incorporación a nuevos proyectos de emprendimiento joven; por ejemplo, el incentivo a la contratación indefinida, cuyo objetivo es estimular a los jóvenes autónomos menores de 30 años a contratar a un desempleado de larga duración mayor de 45 años que pueda ofrecer a la actividad la experiencia necesaria. El incentivo consiste en la reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes del cien por cien durante el primer año de contrato. Incentivos a la contratación en entidades de la economía social. Hay también algunas bonificaciones e incentivos que para mujeres se reconocen hasta los 35 años. Y, como he dicho, también hay una ampliación de las bonificaciones y beneficios en el caso de una persona en una situación de discapacidad.

Las otras tres áreas que aborda este proyecto de ley son, por una parte, los apoyos fiscales a la iniciativa emprendedora. Por otra, el apoyo a la financiación, y aquí me gustaría destacar la segunda fase del Plan de pago a proveedores, y todos sabemos que el primero fue muy bien recibido y que era imprescindible y necesario para mucha y pequeña y mediana empresa en este país y, por tanto, para el mantenimiento del empleo. También se establecen en este proyecto de ley unas medidas muy concretas de lucha contra la morosidad, que sabemos que en este país ha sido una de las causas principales de la mortandad de las empresas; y entendemos que es fundamental atacar este tema. Por último, el real decreto ley recoge una serie de medidas en el sector ferroviario y en el sector energético que favorecerán que sean sectores más competitivos, más eficientes, y que todo ello redunde en beneficio de los usuarios y consumidores.

Esta norma, cuando nace como real decreto ley, es el principio de la segunda generación de reformas que emprende el Gobierno, reformas que con las sinergias que se van a crear entre ellas —ya se están creando— son imprescindibles para volver a crecer, a crear empleo y a recuperar la confianza en nuestras instituciones y en nuestro país, y así asegurar los recursos que puedan mantener nuestro sistema y nuestros servicios públicos. El sufrimiento de todos los ciudadanos es imprescindible, por desgracia, para iniciar la tan ansiada recuperación de España.

Este proyecto de ley, insisto, va dirigido al empleo, al empleo joven por cuenta ajena, al emprendimiento, al emprendimiento joven, a los apoyos fiscales, la financiación y la competitividad, pero no debemos perder de vista cómo ha empezado: repito que solo son once de las cien medidas que recoge la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que se van a llevar a cabo desde al año 2013 al 2016. Además, esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se ha de complementar, y así se hará porque ya ha entrado en el Congreso la ley de emprendedores, que el Gobierno está impulsando para dar a las pequeñas y medianas empresas beneficios fiscales, más apoyo a la financiación y la reducción de los trámites administrativos. Por ejemplo, usted en el Congreso planteaba una enmienda que hablaba de bienes inembargables, y en esta ley se va a recoger la inembargabilidad de la vivienda habitual para las personas autónomas que inician una actividad y que todos sabemos que apuestan no solo su economía empresarial sino también doméstica, poniendo muchas veces su vivienda habitual a disposición de los bancos para conseguir hipotecas. Como digo, esto lo va a recoger también la ley de emprendedores.

Como verá, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que se desarrolla con este proyecto de ley de emprendedores, todo ese conjunto de medidas ataca los problemas, no solo coyunturales, en cuanto a por qué se ha producido tanto desempleo y desempleo joven en España, sino también los problemas estructurales, para mejorar la oportunidad de acceso y permanencia de todos en el empleo, y en especial de los jóvenes. Pero, además, usted también conoce, como su grupo y todos los demás, que el Gobierno ha puesto en marcha la reforma laboral —usted insistía en un contrato indefinido con indemnización variable, etcétera— que incluye el contrato indefinido de emprendedores, el teletrabajo, el fomento del autoempleo. Y, desde nuestro punto de vista, la reforma laboral ha ralentizado la destrucción de empleo y permitirá que cuando se crezca mínimamente se cree empleo estable y de calidad.




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Además, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está actuando para conseguir que las políticas activas sean de verdad efectivas, porque no lo eran. Está atacando el fraude con el Plan de lucha contra el fraude. Y el Gobierno en Europa defiende el empleo y el empleo joven en España; se ha conseguido que vengan 2000 millones de euros en los dos próximos años para luchar contra el desempleo joven; y los fondos del marco financiero plurianual que no se utilicen se podrán destinar a estos empeños, la creación del Plan Erasmus de FP transfronteriza, los programas Eures, o el acuerdo con el Parlamento Europeo para promover el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales en toda la Unión.

Esto es todo lo que está haciendo el Gobierno, y ustedes presentan un veto a este proyecto de ley cuando realmente no lo puede usted analizar como un compartimento estanco porque forma parte de todo el conjunto de medidas y de reformas que está realizando el Gobierno. Le insisto: el primer Plan de pago que se hizo a proveedores. Las líneas de crédito a pymes con el ICO y el FROB, y el que se está luchando también en la Unión Europea para que lleguen más créditos a las pymes, que entendemos que es fundamental y por eso el Gobierno lo está defendiendo así. La reforma financiera. La reforma fiscal. La Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por tanto, repito que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra del veto porque el proyecto de ley —insisto en este tema, porque considero que es lo fundamental— es una pieza más de las medidas del Gobierno, de la estrategia del proyecto, pero es una pieza necesaria para que España vuelva a recuperarse. Y con una ley tras otra —como digo, unas se apoyan en otras porque además se complementan—, volveremos a la senda de crecimiento y creación de empleo. Ese es el sentido que tienen estos diecinueve meses de Gobierno del Partido Popular, y en eso estamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo únicamente para manifestar que, qué mala suerte: para una vez que Esquerra Republicana no presenta enmiendas, que sí se presentaron en el Congreso de los Diputados, me dice usted que aceptaría alguna de ellas. Es tener mala suerte, la verdad.

Dicho sea de paso, no me planteo ni me he planteado el veto a este proyecto de ley como un compartimento estanco solamente, sino que responde también a la posición de Esquerra Republicana de Catalunya tanto en el Congreso de los Diputados, como en lo que hemos manifestado aquí y manifestaremos, de oposición a todas aquellas medidas de reforma laboral que ustedes han emprendido. Por tanto, este veto no es único y exclusivo al proyecto de ley que presentan hoy ustedes aquí, sino al conjunto de reformas que han ido presentando ustedes y que seguramente, como usted anunciaba, presentarán.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, hace uso de la palabra el senador señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, muchas gracias por avisarme.

Nosotros hemos presentado treinta y una enmiendas y hemos enmendado todos y cada uno de los capítulos de este proyecto de ley.

No vamos a entrar en grandes disquisiciones ni en un tema concreto de las enmiendas, pero nos gustaría hacer una apreciación, porque quizás todavía estemos a tiempo; ya saben que nosotros seguimos creyendo en los milagros.

Fundamentalmente hacemos un llamamiento al grupo mayoritario, al Grupo Parlamentario Popular. Dado que se ha presentado una enmienda que previsiblemente se va a aprobar, el texto va a volver al Congreso. Mientras no cambien las cosas, el Senado funciona así, la última palabra la tiene el Congreso. Pero como se ha abierto esa posibilidad, creemos que sería un buen momento para que tuviesen en consideración algunas enmiendas que hemos presentado como grupo parlamentario y que creemos que mejoran considerablemente el texto.




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No vamos a entrar en todas las enmiendas que hemos presentado de carácter competencial, por ejemplo, todas aquellas que desarrollan medidas de incentivo fiscal, evidentemente desde la particularidad de las haciendas forales vasca y navarra. Entendemos que la incorporación de estas cláusulas forales es de recibo y es procedente. Pero vamos a hablar concretamente de dos, que además se refieren a un mismo apartado, a la capitalización de las prestaciones por desempleo de los jóvenes emprendedores. Son las enmiendas números 124 y 125.

La enmienda número 124 entiende que esa capitalización a los trabajadores por cuenta propia que pueden compatibilizar sus prestaciones con el desempleo no tiene mayor sentido cuando los ingresos que ellos están percibiendo sean equiparables a lo que se puede cobrar o a lo que se puede recibir en forma de retribuciones en el mismo puesto y en el mismo sector de actividad. Esta enmienda lo que hace es aportar coherencia, aportar un cierto sentido diferencial a la mejora que quiere mantener esta ley.

Con la enmienda número 125, también referida a las capitalizaciones por desempleo, venimos a pedir que, en el caso de que esas capitalizaciones por desempleo las estén solicitando personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no se incluya además el criterio de que sean menores de 30 o de 35 años en el caso de que sean hombre o mujer. La discapacidad, por desgracia, nos iguala a todos y, por lo tanto, no tiene sentido que se les impongan restricciones respecto de la edad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Anasagasti, está en el turno de veto, no de enmiendas. Tiene todavía unos minutos.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, nosotros hemos negociado con el Grupo Popular algunas enmiendas, y aprovecho la oportunidad para reiterar nuestra petición de que tomen en consideración nuestras enmiendas, porque, a fin de cuentas, no vamos a vetar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo con brevedad desde el escaño. El proyecto de ley que estamos debatiendo tiene marcadas insuficiencias, pero a la vez responde a una necesidad objetiva en un momento en el que el principal problema de nuestro país es la falta de inversión y, como consecuencia de todo eso, la falta de crecimiento y, por tanto, la falta de creación de puestos de trabajo, de consumo y, en definitiva, de actividad económica. Por eso, toda iniciativa que venga en esta dirección merece la pena debatirla; esa es la razón de que nuestro grupo parlamentario no haya planteado un veto. Y anuncio que ante el veto presentado por la senadora Capella vamos a abstenernos, y que en el curso del debate de las enmiendas intentaremos ver si es posible —aunque la verdad es que no tenemos muchas esperanzas— mejorar el texto que presenta el Gobierno y que viene del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Buenas tardes, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Senadora Capella, con respecto a su propuesta de veto, estamos de acuerdo en que el desempleo es en la actualidad el principal problema que afecta a nuestra sociedad, que se ensaña especialmente con los jóvenes. Coincidimos también en que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para atajar el problema. Nuestro grupo continúa reclamando que el Gobierno adopte un plan de choque para la creación de empleo, y debemos insistir en que CiU presentó con fecha 13 de marzo de 2013 ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social una moción instando al Gobierno a la adopción de dicho plan de choque que aún no se ha visto.




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Ciertamente, este proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo no va a ser la solución a este problema y es mejorable. Por ese motivo no podemos votar favorablemente este veto. Entendemos que el proyecto de ley se puede mejorar sustancialmente incorporando enmiendas, por supuesto, y, por lo tanto, nos vamos a abstener.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.

Desde el escaño intervengo brevemente, para anunciar la abstención del Grupo Socialista ante este veto, aun reconociendo que la ley es manifiestamente mejorable. De hecho, en el trámite del Senado todavía la hemos enmendado más que en el Congreso, y creo que el propio Partido Popular reconoce que esta ley no es la que España necesita en estos momentos. Tanto es así, que hace tan solo dos Consejos de Ministros el Gobierno aprobaba también el proyecto de ley de emprendedores. El propio Gobierno está reconociendo la insuficiencia de la ley que hoy debatimos. Pero me reservo los argumentos para el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martínez—Aldama.

Por el Grupo Popular, en turno de portavoces, tiene la palabra la senadora señora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente.

Señorías, también intervengo desde el escaño, dada la intervención del resto de compañeros. Simplemente quiero decir, a la senadora Capella, que no es lo mismo decir qué proponen que el que ustedes estén —como he creído entender— contra todo lo que proponga el Partido Popular. Realmente sus propuestas deberían ser un poco constructivas. Ha dicho: no, es que nosotros estamos en contra de todo lo que en general propongan ahora y vayan proponiendo en el futuro. Me gustaría que la actitud, si alguna vez podemos coincidir al hablar de alguna enmienda, fuera un poco más constructiva. Se lo agradecería.

Con respecto al Grupo Parlamentario Vasco, a Entesa pel Progrés de Catalunya y a CiU, creo que va a ser más mi compañera, la senadora Romero, que intervendrá en el turno de enmiendas, quien a lo mejor se refiera a las cuestiones que ustedes plantean también en sus enmiendas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y al Grupo Socialista le digo que, por supuesto, no reconocemos la insuficiencia de esta ley. Como he dicho, esta ley simplemente recoge las primeras once medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, porque era urgente ponerlas en marcha, y ahí están sus resultados para que vea que no es insuficiente la ley: por ejemplo, 48 757 jóvenes menores de 30 años se han dado de alta en autónomos, y hay ya más de 64 000 jóvenes beneficiarios de esta medidas. Y podría darles más datos. La ley era necesaria y urgente en este aspecto concreto del empleo, y nada más ponerse en marcha ya ha dado sus primeros resultados positivos. Y en cuanto a la ley de emprendedores, como he dicho también en la intervención anterior, es un complemento a esta ley, como el resto de leyes que está poniendo en marcha el Gobierno, porque unas se complementan con otras, para que por fin podamos hablar de crecimiento y generación de empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Capella. Les recuerdo que para su aprobación se exige la mayoría absoluta de la Cámara.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 3; en contra, 156; abstenciones, 89.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Les anuncio que se han presentados dos enmiendas transaccionales, la primera de ellas, sobre la base de la enmienda número 279, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, y la segunda, sobre la base de la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y la número 214, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comenzamos con la defensa de las enmiendas números 40 a 49, de los senadores Yanguas, Salanueva y Eza.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas, por un tiempo de diez minutos.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender estas diez enmiendas que hemos presentado. UPN ha votado en contra del veto que se acaba de presentar, porque consideramos que este proyecto de ley es positivo. No obstante —ya lo dijimos en comisión y lo vuelvo a repetir ahora—, entendemos que el proyecto puede ser mejorable, y por eso hemos presentado estas diez enmiendas.

Antes de ir con ellas, debo decir que se trata de una ley con un poco de todo, un poco cajón de sastre, diría yo. Detrás del título tan bonito y tan sugerente hay medidas tan dispares como temas de hidrocarburos, temas en Adif y otros temas que a nuestro modo de ver poco tienen que ver con el objetivo principal del proyecto de ley, que es el apoyo al emprendedor. Permítanme que les diga que se trata de una técnica legislativa cuando menos un poco discutible; pero eso es lo que tenemos, y con ello hemos trabajado.

Unión del Pueblo Navarro ha presentado estas diez enmiendas, que a nuestro modo de ver mejoran el proyecto de ley, y las hemos dividido en cuatro grandes bloques fundamentales. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Un primer bloque apoya al emprendedor, haciendo que puedan entrar los varones de 30 años y las mujeres de 35, es decir, ampliando el colectivo al que van dirigidas estas medidas. Con el segundo bloque se propone que no se penalice a los autónomos que tengan ya personal contratado, porque en ese caso no pueden acceder a determinadas bonificaciones, mientras que otras personas que no tienen personal contratado sí pueden hacerlo. Creemos que los primeros a los que me refería, los que tienen personas contratadas, se ven penalizados, y las enmiendas que presentamos en ese bloque tratan de subsanar este aspecto. Hay un tercer bloque, con el que hemos querido ampliar bonificaciones y coberturas a otros colectivos, aparte del joven, que también lo están pasando mal en esta época. Y un cuarto, para la creación de una nueva línea de microcréditos, con objeto de que mejore la financiación para estas personas.

Como verán, señorías, UPN ha consultado con expertos en el tema, con emprendedores, con empresarios, con la Cámara Navarra de Comercio e Industria, que nos han ayudado a mejorar esta ley. En UPN creemos que lo principal es crear actividad económica y empleo, y el colectivo joven, al igual que se ha dicho aquí en el turno de veto, es una de nuestras prioridades. En estos momentos, en el que hemos encadenado —hay que decirlo— varios meses con buenas cifras en el empleo, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta tendencia cristalice y se haga más estable. Este proyecto de ley, como he dicho antes, puede ser bueno, pero también creo que debieran contar algo más nuestras aportaciones y las de otros grupos, que también son positivas.

El Grupo Popular ya nos dijo en comisión que no iban a aceptar las enmiendas, y nos daban dos razones: en nuestro caso, que eran enmiendas abiertas y además arbitrarias. Ya lo dijimos en comisión, y ahora lo repito: entendemos que las enmiendas que hemos presentado son todo lo contrario, en muchos casos cerradas, y muy concretas, además de ser positivas, porque la propuesta de la primera enmienda, la relativa a que entraran personas de 30 o de 35 años —en el




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caso de mujeres, 35 años, y en el caso de varones, 30 años—, es muy concreta y se podía haber valorado. Por eso espero que todavía puedan aceptarnos alguna enmienda para mejorar este proyecto de ley.

En mi comunidad foral, en Navarra, hemos creado una mesa por el empleo entre todos los partidos, y de ella han salido cuarenta medidas, algunas de ellas para mejorar el empleo en el colectivo emprendedor, al igual que trata de hacer este proyecto de ley, y que se están poniendo en marcha. En una Navarra tan políticamente compleja desde el punto de vista del empleo, UPN ha sabido liderar una iniciativa como esta, que ahora, como les digo, la estamos poniendo en marcha. Este puede ser un buen ejemplo, y les animo a que tengan en cuenta nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas números 1 a 39.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Se nos ha dicho que este proyecto de ley forma parte de la segunda generación de reformas del Gobierno de España, pero lo que no es, desde luego, es una ley de segunda generación. ¿O sí lo es? Dígannoslo. Decía el senador de Unión del Pueblo Navarro que este proyecto de ley es un cajón de sastre; en mi tierra lo llamamos batiburrillo, y bastante gordo este proyecto de ley, porque lo mismo se habla en él de seguir precarizando el mercado laboral, que de la desaparición de ADIF y de Renfe Operadora, tal y como las conocemos, o de los carburantes y de la situación de las gasolineras en nuestras carreteras. Si esta es la segunda generación en materia legislativa, pues... ¡Caramba!, deberíamos tener un poquito más cuidado. Lo que pasa es que todo vale, con tal de sacar adelante reformas legislativas que, como esta, siguen atentando contra derechos fundamentales que constituyen un pilar básico de nuestro país, de España, y que hoy van a empezar a dejar de serlo. Lo digo, por ejemplo, por la privatización de los mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo, que este proyecto de ley consagra absolutamente; o por algunas otras cuestiones a las que me voy a referir al hablar de las treinta y nueve enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario. Y voy a comentar también, sobre la marcha, nuestro cuestionamiento de algunos aspectos importantes de este proyecto de ley.

En primer lugar, una línea básica de nuestras enmiendas va encaminada a la sustitución de las reducciones por bonificaciones, para evitar que esto suponga un coste para la Tesorería de la Seguridad Social. Es lógico que una política de generación de empleo sea financiada por los Presupuestos Generales del Estado, más que por la caja de la Seguridad Social, que ayer, precisamente, en el debate sobre las pensiones, veíamos que debería estar destinada al principio de solidaridad.

Hay una serie de enmiendas que tratan de incentivar la posición de contratación y emprendimiento de las personas con discapacidad, estableciendo algunos elementos de bonificación mayor en la cuota para este colectivo.

La enmienda número 4, propone la supresión del artículo 6, ya que creemos que ese artículo ahonda la relación entre autoemprendimiento y autoexplotación, al excluir a los menores de treinta años de cotizar en el Régimen de Autónomos por cese de actividad y contingencias comunes.

La enmienda número 5 es importante, y parece que va a ser incluida en una transaccional, algo de lo que nos congratulamos. Con ella se pretende introducir la economía social en la generación de tejido productivo, en la generación de empresas. Para nosotros esta era, como digo, una enmienda importante.

La enmienda número 7 también se refiere a los elementos de discapacidad; y la número 8 incide en la sustitución de las reducciones por bonificaciones. Pero estas no son las enmiendas más importantes a las que me quiero referir.

La enmienda número 10 pretende que el contrato a tiempo parcial sea más atractivo para los trabajadores y trabajadoras que quieran acogerse a él, dotándolo de mayores garantías. Quiere, sobre todo, denunciar el contrasentido que supone permitir la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial con el único requisito de no exceder el límite legal para ser considerado a tiempo parcial. Esto es una sinrazón: si es un contrato a tiempo parcial y no




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limitamos de forma tajante las horas extraordinarias, yo, propietario, voy a contratar a alguien a tiempo parcial, con unos costes de contrato a tiempo parcial, pero con la duración de una jornada completa con casi toda seguridad. Eso es lo que pasa hoy en la economía sumergida, y este proyecto de ley pasa a legalizar de forma amplia este desfase entre la legalidad y los tipos contractuales. Con este proyecto de ley se desacompla la casualidad.

En la enmienda número 11 proponemos la eliminación del artículo 12, ya que su redacción descasualiza la contratación eventual y crea una nueva modalidad contractual que avanza en el terreno de la precariedad.

La enmienda número 14 pretende suprimir el artículo que permite la realización de contratos formativos más de cinco años después de la finalización de los estudios; él mismo se califica: que se puedan hacer contratos formativos, con lo que ello implica, pasados cinco años desde que se terminaron los estudios y separando totalmente la formación y el empleo, es algo que nosotros denunciamos. Aprovechamos el trámite de presentación de las enmiendas para pedir que se suprima este artículo.

La supresión del artículo 36 también nos parece importante, porque supone la conformación del fin de Renfe Operadora y de ADIF. Este es otro pasito más del Gobierno hacia el abandono definitivo de lo público en el ámbito de la estructura ferroviaria de nuestro país y del transporte por ferrocarril.

En la enmienda número 20 proponemos la supresión —esto es importante— del apartado del artículo 40 que dice que el órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburante a vehículos en los establecimientos y zonas señaladas por mera la ausencia de suelo calificado especialmente para ello. Este artículo es un atentado contra la autonomía municipal —los señores alcaldes y las señoras alcaldesas que están en esta Cámara lo saben— y contra la seguridad de la ciudadanía. El apartado comporta que se puedan instalar estaciones de servicio en todo tipo de zonas comerciales, saltándose las licencias municipales y, ahora, con la modificación introducida, pasando por alto el planeamiento urbanístico. Esto es una realidad en esta ley. Por eso, proponemos la supresión de ese apartado en el proyecto de ley.

Las enmiendas que tienen que ver con la transparencia en el precio de los hidrocarburos son también importantes, así como hacer una denuncia general de todo contenido que en esta ley consagre de nuevo la precariedad y la explotación laboral. Es otro pasito más para permitir que, de forma barata, se pueda explotar mejor, a los jóvenes en particular, y se puedan utilizar los contratos de formación no para la formación sino para la contratación precaria y para seguir precarizando el mercado laboral en nuestro país. Por ello, no solamente presentamos estas enmiendas, sino que anunciamos nuestro voto negativo al proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 121 a 151. Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Retomo mi intervención anterior de defensa de las enmiendas, porque me equivoqué de turno y no era el momento procesal oportuno el de defensa del veto.

En nuestro grupo, como en todos los grupos de esta Cámara, estamos preocupados con la promoción del empleo juvenil, y hay varios bloques temáticos de enmiendas que hacen referencia a las competencias en materia de aplicación de bonificaciones de cuotas. En la transferencia, con el último Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, de las políticas activas de empleo a la única comunidad autónoma que, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, todavía no ostentaba las políticas activas de empleo, ubicamos dentro del contenido material de esta transferencia dos materias fundamentales, que eran las que a la sazón configuraban las políticas activas de empleo: la primera era la relativa a las subvenciones gestionadas. La segunda era la relativa a las bonificaciones de cuotas, que también se transfirieron mediante la aplicación de los procedimientos del cupo del concierto económico. Todo esto formó parte de las competencias que mi grupo parlamentario negoció con el Gobierno anterior. Desde esa perspectiva, le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que sea sensible a las competencias autonómicas en materia de políticas




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activas, no solamente con la comunidad autónoma vasca, sino también con otras comunidades autónomas, en lo atinente a las bonificaciones de cuotas, que no tienen por qué ser necesariamente iguales. Esto requeriría la incorporación de una enmienda o algunas de las demás que se incardinan en esta cuestión. Le pedimos que respete las competencias de las comunidades autónomas, estableciendo bonificaciones de cuotas en volumen diferente de cuantía diferente. Esta no tiene que ser una política necesariamente uniforme, porque no es uniforme la competencia en materia de políticas activas. Esta sería la primera reflexión que hacemos.

De signo similar es la relativa a las otras enmiendas en relación con el respeto a la competencia, que es muy querida en mi comunidad y para nosotros mismos como grupo parlamentario, sobre el régimen de las cooperativas, que es una competencia exclusiva. La comunidad autónoma vasca fue la primera comunidad autónoma donde se legisló en el ejercicio de una competencia exclusiva pura de estas competencias exclusivas previstas en el artículo 10 del Estatuto de Gernika, que no están condicionadas ni por la legislación básica ni por la legislación marco ni por la alta inspección del Estado ni por los principios ordenadores de la economía ni por todos estos instrumentos que han forzado una degradación de los esquemas de trasmisión de competencias y de los propios contenidos de las competencias en virtud de una interpretación desmesurada de todos estos principios. Se legisló, y nosotros pretendemos con nuestras enmiendas que se considere que existe legislación autonómica y circunstancias normativas diferentes que afectan a las cooperativas de trabajo asociado y a aquellas entidades que complementan la prestación en materia de Seguridad Social de las cooperativas de trabajo asociado. Como se sabe, los cooperativistas se afilian al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y los grupos de cooperativas normalmente tienen entidades de previsión social voluntarias que en estos momentos están muy castigadas por la prohibición acometida por los Presupuestos Generales del Estado de que las mismas puedan ser objeto de financiación o de aportaciones de las instituciones públicas. Este es un asunto que están negociando su partido y el nuestro: la prohibición o extensión de lo que se consignó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de prohibición de asignaciones públicas a planes de pensiones. Pero luego, en una interpretación expansiva de la Dirección General de Seguros, la locución «planes de pensiones» se extendió a todo tipo de instrumento de complementación de la Seguridad Social: planes de pensiones, fondos de pensiones y también entidades de previsión social voluntaria. Esta es la razón de una de nuestras enmiendas.

Otras establecen lo que antes comentábamos: la posibilidad de que existan bonificaciones de cuotas en el ámbito autonómico, en aquellas comunidades que ostentan la competencia en políticas activas de volumen diferente a las que se consignan en este proyecto de ley, cosa que nos parece bien. El sistema de bonificaciones de cuotas, sobre todo para los jóvenes emprendedores, es un buen sistema de promoción de la actividad y del emprendimiento. Aunque el emprendimiento no sea el paradigma, sí es una fórmula importante de potenciar el empleo juvenil y el no tan juvenil, el empleo de personas que tengan ideas y que quieran poner en funcionamiento un proyecto empresarial. Pero además de bonificaciones de cuotas, señor presidente, para llegar a que las cuotas puedan ser bonificadas, en primer lugar se tiene que haber constituido la empresa, y esa empresa tiene que estar funcionando durante un cierto tiempo, con alfombra roja o sin alfombra roja, como en su día preconizó la ministra de Empleo y Seguridad Social, y durante ese tiempo tiene que producir los primeros rendimientos y rentas para que se pueda proceder a la exacción de los tributos que tenga que abonar y también de las cuotas que en este caso son bonificadas; pero son bonificadas si la empresa está ya constituida. Y alguna de las carencias que nosotros percibimos en este proyecto de ley es que se enfatiza mucho en eso de la alfombra roja del dicho de la ministra, pero en la parte final de la alfombra roja, y no el inicio de ella, que es el elemento constitutivo de la empresa, donde realmente los jóvenes emprendedores necesitan ayudas de verdad mediante el acceso al crédito. Y como el acceso al crédito privado en este momento no deja de ser un optimista desiderátum, una utopía, porque a un joven, por muy brillante y buena que sea su idea y por muy importantes que sean sus avales, ninguna entidad de crédito le va a prestar para constituir una empresa, tenemos que volver a recuperar la figura de las subvenciones gestionadas; subvenciones gestionadas por las administraciones públicas —por la Administración general del Estado o por la Administración Autonómica— o por las instituciones de crédito corporativo o por su vinculación a sociedades de garantía recíproca. Esta es parte de nuestra filosofía enmendante en este proyecto de ley, y hay un bloque de enmiendas que se




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incardinan en esta situación de que la alfombra roja no hay que mirarla solo en su final, porque es muy difícil que lleguen al final de la alfombra roja los jóvenes emprendedores si, al inicio de la actividad empresarial, este grupo de jóvenes que tienen una idea y la quieren poner en marcha se encuentran con la imposibilidad metafísica de acceder al crédito en materia del capital circulante que se necesita para poner en marcha un proyecto de naturaleza empresarial.

Más enmiendas se incardinan también en la compatibilidad de la prestación de desempleo con actividades económicas en determinadas circunstancias, con una excepción que nos gustaría que los demás miembros de este Pleno, y particularmente los del grupo mayoritario, tuvieran a bien considerar. La exención de la compatibilización con la prestación de desempleo no parece que tenga demasiado sentido cuando las percepciones de los trabajadores autónomos sean equivalentes a las percepciones previstas en convenio colectivo para los convenios colectivos que regulan las retribuciones del mismo sector de actividad. ¿Qué sentido tiene, cuando la percepción de un autónomo es igual a la percepción de quien ejerce la misma actividad por cuenta ajena mediante un trabajo dependiente y recibe la misma o parecida retribución a la prevista en el convenio colectivo de ese sector de actividad? La posibilidad de compatibilizar su actividad con la prestación por desempleo parece desigual, parece que puede contradecir incluso el principio de igualdad ante la ley, pero, sobre todo, parece fundamentalmente injusta, dada la situación de los déficits de tesorería que afectan con carácter general a los servicios públicos de empleo.

En cuanto a los supuestos previstos para las personas con discapacidad y la capitalización por desempleo, pedimos que se eleve al cien por cien la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo cuando se pone en marcha una actividad. Este sería un bloque de enmiendas y nos van a permitir, señor presidente, que, por la sobrevenida relevancia del concierto económico del País Vasco y del convenio económico de Navarra, hagamos referencia a la salvaguarda de las relaciones financieras previstas de naturaleza bilateral que se articulan, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino en la Comisión Mixta de Cupo, en cuanto a las relaciones o flujos financieros en distintos preceptos de esta ley. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas.

Finalmente, tenemos que hacer un comentario, en este turno que ocupa toda nuestra intervención, sobre la supresión de la disposición transitoria del Real Decreto de 28 de febrero, donde se establece la evitación de posiciones de dominio a efectos de adquirir y poder enajenar, en su caso, gasolineras en lugar donde se puede proceder a la expedición de combustibles para los emprendedores de todo tipo. Nosotros creemos que esta es una iniciativa que también se tiene que tener en cuenta.

Por todo ello, señor presidente, con este tipo de enmiendas, y también con las referidas a las capitalizaciones por desempleo, que además las están solicitando personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, volvemos a repetir que no se incluya la edad. Creemos que es una discriminación que no se tenía ni que plantear. Bastante tiene una persona mayor con su discapacidad para que, encima, sea discriminada por la edad. Creo que en el caso de estas enmiendas conseguiríamos, además, la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, porque son enmiendas procedentes y humanas, y sería positivo que del Senado saliese una ley mejor en este sentido que la que ha entrado. Por lo tanto, queremos llamar la atención sobre todas las enmiendas, pero particularmente sobre estas. Creemos que entre todos los grupos, también en el caso del Grupo Parlamentario Popular, podríamos conseguir dos transaccionales. Ya no es tiempo, pero todavía queda la posibilidad de que se encienda alguna luz que mejorarían mucho el espíritu de una ley importante y que nosotros, como hemos hecho con el veto, vamos a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos de la 152 a la 209. Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a defender las enmiendas de Entesa 152 a 209 haciendo una valoración global del Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la




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creación de empleo, y, en concreto, alusión a determinadas enmiendas que consideramos que tienen mayor importancia y relevancia en el tema que nos ocupa.

Evidentemente, el principal problema del país, como he dicho antes en mi breve intervención de respuesta al veto de la senadora Capella, es la falta de inversión. Esto genera un encadenamiento de consecuencias: la falta de inversión genera falta de crecimiento, que repercute en la principal lacra negativa de nuestro país, que es el desempleo, y especialmente el desempleo juvenil. Es, por tanto, necesario actuar y es necesario legislar. Por eso damos la bienvenida a la iniciativa del Gobierno, aunque ciertamente nos parece un proyecto de ley claramente insuficiente. Da la impresión, señorías, de que se trata de dar una imagen determinada ante las autoridades comunitarias, una imagen de que se actúa; pero en realidad el planteamiento es marcadamente insuficiente, como acabo de decir. Además, se incorpora —y es perfectamente legal y, si se quiere, legítimo— la comercialización de hidrocarburos, que difícilmente tendrá un impacto positivo en la economía por las razones que luego expondré. Y se incorpora también a la Administración de infraestructuras ferroviarias el traspaso de las infraestructuras que administra, lo que difícilmente va a tener tampoco un impacto positivo en la economía, a corto y medio plazo; es una cuestión necesaria, es una cuestión de futuro, pero difícilmente va a tener repercusión inmediata.

El Fondo Monetario Internacional hacía ayer público un informe en el que prevé, a diferencia del Gobierno, un ejercicio 2014 sin crecimiento, con crecimiento cero. No es una alusión al famoso informe del Club de Roma, de 1972, Los límites al crecimiento; están hablando de que en 2014 en nuestro país vamos a continuar sin crecer. Esta mañana el ministro Montoro nos decía lo contrario, y ojalá sea lo contrario, pero la previsión del Fondo Monetario Internacional es que vamos a continuar sin crecer; y, si no crecemos, no habrá creación de empleo. Por tanto, como les decía, estamos de acuerdo en que es necesario actuar.

Un buen ejemplo de las insuficiencias del proyecto de ley a las que aludía se ven en el artículo 7, deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades para los dos primeros años. En cambio, hay que ver que no invita a reinvertir beneficios, porque se limita simplemente al primer momento de la actividad empresarial y no vincula las bonificaciones a los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación, algo absolutamente necesario y a lo que también me voy a referir. Hay que favorecer, por tanto, señorías, esa relación de causalidad entre la inversión, la creación de puestos de trabajo, la generación de salarios, y por tanto de consumo, y la generación de producción para atender a ese consumo, que revierta en inversión y en la creación de puestos de trabajo. Solo a través de esta secuencia podremos resolver realmente este grave problema que afecta a nuestro país de manera tan dramática. Para esto, señorías, proponemos un mayor esfuerzo en la promoción de las entidades de tipo social, en la promoción de las cooperativas y de las sociedades laborales. Es cierto que el proyecto de ley hace alusión a ello, pero buena parte de nuestras enmiendas también incide en mejorar precisamente las bonificaciones a este tipo de entidades.

Hay que tener en cuenta también a los colectivos con especial dificultad. Por supuesto a los jóvenes, pero también a los mayores de 45 años y a las personas con discapacidad. Precisamente uno de los aspectos que claramente habría que eliminar del proyecto de ley es la desprotección de los jóvenes. Se precariza todavía más su situación cuando se excluye, por ejemplo, de la obligación de cotizar por las contingencias profesionales a los trabajadores menores de treinta años. Se les excluye de la obligación de cotizar y, evidentemente, se les desprotege, con lo cual, como digo, hay una mayor precarización de una situación ya de por sí precaria.

Proponemos, asimismo, impulsar la formación continua como garante de empleabilidad; ayudas para proporcionar una primera experiencia profesional a través de la formación, financiadas con los presupuestos generales y no con las arcas de la Seguridad Social, precisamente en un momento en que ya tienen dificultades para atender otras necesidades. Queremos insistir una vez más en la necesidad de apostar por la formación, especialmente por la formación profesional, que es uno de los grandes temas de nuestro país, y vincularlo a las prácticas en las empresas. Es un asunto recurrente sobre el que, cuando lo sometemos a debate, todos coincidimos en que es una necesidad, pero realmente en este proyecto de ley no se abunda en esta dirección y la reforma educativa que propone el ministro Wert no va en la dirección correcta, sino en la dirección contraria, me atrevo a decir, respecto a lo que en su momento fue la Logse, que fue una clara mejora para la actividad de la formación profesional. Hay una involución en materia educativa, que va a repercutir




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en la formación de los jóvenes y en su preparación para atender a las necesidades de las empresas y a la necesaria flexibilidad y formación para ser garantía de competitividad en un momento en que una de las grandes diferencias de nuestro sistema de formación con los de Europa está precisamente en la formación profesional.

Asimismo, queremos insistir en la necesidad de priorizar la investigación, el desarrollo y la innovación. Tanto la formación con la I+D+i son dos de los grandes objetivos de los cinco que fija la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Es precisamente la gran hoja de ruta de la Unión Europea para el año 2020, y es aquí donde hay que focalizar todos los esfuerzos.

Se debe fomentar la contratación en prácticas con una bonificación directa para compensar los costes salariales, suprimiendo el contrato de primer empleo joven porque precariza el empleo juvenil.

Entendemos también que hay que evitar que la promoción de iniciativas privadas de intermediación laboral se produzca con menoscabo de las competencias de intermediación de los servicios públicos de empleo. Cualquier iniciativa en el sentido de impulsar las iniciativas privadas de intermediación no debe significar, en ningún caso, la disminución de competencias de los servicios públicos correspondientes.

Y sobre todo, aparte de la formación, que he fijado como uno de los pilares fundamentales de la generación de empleo para la juventud, tenemos el problema de la financiación y del crédito a las empresas al que ya se han referido otros portavoces. Aquí tenemos dos enmiendas en las que proponemos claramente la creación de un fondo de crédito de 20 000 millones de euros, con cargo a la línea de crédito abierta en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE; hay margen para poder hacerlo en el conjunto de los 100 000 millones de euros que había de disponibilidad para España. En la otra enmienda proponemos la creación de una línea ICO de microfinanciación de 2000 millones de euros con cargo —aquí no hace falta una nueva dotación— a la cantidad establecida en 2013 para las líneas ICO. Precisamente ahí, y lo decía hace un momento el senador Anasagasti, hay que dar garantías de que los jóvenes que tengan un proyecto de emprendiduría puedan realmente gozar de crédito, porque en este momento, cuando acuden a una entidad financiera, la respuesta habitual, por no decir siempre, es no.

Asimismo, señorías, proponemos una serie de enmiendas adicionales, de las cuales quiero destacar tres, en la línea de favorecer la concertación y el acuerdo con los agentes económicos y sociales. En la disposición adicional décima que proponemos decimos que el Gobierno, con carácter inmediato, presentará una estrategia económica de crecimiento, de creación de empleo y de competitividad en el marco de diálogo y concertación política y social, de conformidad con lo acordado precisamente en el Consejo Europeo de junio de 2012, donde se aprobó el Pacto para el Crecimiento y el Empleo. Toda actividad necesita del acuerdo y de la concertación, y la falta de diálogo y de acuerdo, sobre todo entre los agentes sociales y el Gobierno, es uno de los principales problemas que tenemos para avanzar en la dirección del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Proponemos, asimismo, una disposición adicional undécima, donde decimos que el Gobierno acordará con las organizaciones sindicales y empresariales una moratoria de los despidos por causas económicas durante los años 2013, 2014 y 2015. Esta posibilidad de despidos por causas económicas ha sido una fuente de creación de paro, de desempleo, y entendemos que hay que contener, por lo menos durante los próximos años, esta situación.

Igualmente proponemos una disposición adicional decimosegunda donde decimos que el Gobierno abrirá un proceso de diálogo social para acordar un modelo de relaciones laborales equilibrado con respeto a la autonomía colectiva y un nuevo marco de negociación colectiva, superando, precisamente, señorías del Grupo Popular, las consecuencias de la nefasta reforma laboral. Hay que recuperar la capacidad de negociación colectiva. La reforma laboral, ustedes niegan la mayor, pero precisamente no solo no ha contribuido a la generación de puestos de trabajo, sino que lo que ha hecho es precarizar y producir destrucción de puestos de trabajo. Es necesario proteger los intereses de los trabajadores que ya tienen empleo, a la vez que creamos líneas de actuación, de crédito, de formación para generar puestos de trabajo para los que no lo tienen y, especialmente, para los jóvenes que necesitan incorporarse al mercado laboral.

Y, finalmente, haré dos referencias, señorías, a estos dos aspectos, de alguna forma complementarios, que aparecen en el proyecto de ley. Medidas en el sector ferroviario. El traspaso al administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, es posible que racionalice la gestión, pero no




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vemos la relación que tiene con el impulso y apoyo a los emprendedores. Es evidente que la administración directa por parte de ADIF de las infraestructuras ferroviarias, el hecho de que dispongan de la titularidad de las infraestructuras, insisto, puede ser una mejora en la gestión, por tanto, no enmendamos este aspecto, pero evidentemente no tiene que ver con el tema que nos ocupa, que requeriría de mayores esfuerzos precisamente y de mayores medidas en la dirección correcta, como decimos, de mejorar la formación, impulsar el crédito y evidentemente generar directamente puestos de trabajo. Y, asimismo, se habla de medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos. Estas medidas van a permitir aumentar el número de estaciones de expedición de venta de hidrocarburos, de gasolineras, pero el problema de los precios es más bien un problema de las fuentes de suministro, de los grandes operadores que son los que suministran precisamente a las estaciones de servicio; prácticamente se reducen a cuatro en nuestro país, que en la práctica significa un régimen de monopolio. Es ahí donde hay que actuar, señorías, porque el aumento de la competencia lo que puede hacer es poner en riesgo el comercio minorista y no mejorar necesariamente la competitividad y los precios del mercado y, por tanto, se nos ocurre que puede ser una medida no solo inútil sino negativa. Sería necesario claramente mejorarla y, como he dicho, en cualquier caso, no incide en el tema principal que debe ocupar este proyecto de ley, que es el de apoyo a los emprendedores y evidentemente de generación de empleo, especialmente entre los menores de 30 años.

Por tanto, apelamos a la capacidad de diálogo, aunque ya está muy avanzado el debate, del Grupo Parlamentario Popular, y esperamos de su sensibilidad y su voluntad, estamos seguros de que compartimos precisamente el objetivo del proyecto de ley, que realmente se pueda todavía mejorar con la aceptación de algunas de estas enmiendas y que realmente contribuyamos así a evitar, a reducir o a paliar evidentemente, como he dicho, lo que es la principal lacra de nuestra sociedad en este momento que es el desempleo y especialmente el desempleo juvenil.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado otro bloque de enmiendas, de la 210 a la 248.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, hoy vamos a discutir, y ustedes, señorías, señoras y señores del Grupo Popular van a aprobar un nuevo proyecto de ley que ya en su tramitación, y sin entrar aún en sus contenidos, adolece de los defectos legislativos típicos de este mandato; es un nuevo proyecto de ley procedente de un real decreto ley, y van 37; otro más tramitado por el procedimiento de urgencia, llevamos 23, el 64%. Un debate más sin la presencia de la ministra responsable,¡para qué va a venir al Senado! Una ley que afectará a seis ministerios. En pleno debate de este proyecto de ley, el pasado 28 de junio, el Consejo de Ministros aprueba otro proyecto de ley referido al emprendimiento. ¿Cuántas leyes referidas al emprendimiento va a hacer este Gobierno y con qué frecuencia, con qué secuencia? Y un proyecto de ley que una vez más es aprovechado para legislar sobre cuestiones tan dispares como son el emprendimiento o la modificación de las bases imponibles del bingo de Ceuta y Melilla.

Señorías, más allá del sarcasmo, vamos a debatir sobre un proyecto de ley que incluye medidas de contenido laboral, de fomento de la financiación empresarial, de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y de las comunidades autónomas, de lucha contra la morosidad, de medidas en el sector ferroviario y en el sector de los hidrocarburos. Este proyecto de ley es lo que comúnmente se llama una ley ómnibus. Yo pensaba que el Tribunal Constitucional las había prohibido, pero veo que no.

Vamos a discutir también una nueva ley que en lo que afecta a las cuestiones de empleo es duramente criticada por los sindicatos. Y, por último, vamos a discutir un proyecto de ley que, una vez más, cuenta con una escasísima voluntad de acuerdo y de diálogo parlamentario por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Antes había redactado: con nula voluntad. Pero, señora Peris, dos transaccionales no construyen un marco de diálogo y de acuerdo. Mejor esto que nada, con lo cual me quedo con lo de la escasísima voluntad. Con este repaso, a nadie le puede extrañar la escasa calidad de nuestras leyes, el barullo legislativo que este Gobierno está generando y el papel tan menguado que le queda al Senado.




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Entrando ya en los contenidos, sin tapujos y con absoluto descaro, el Gobierno afirma en el preámbulo de este proyecto de ley que su estrategia persigue la instauración de un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos. Ese es el objetivo de esta ley para crear empleo. Es decir, reiterar la apuesta por la devaluación interna. En el mismo preámbulo, creo que se equivocan cuando afirman que la economía española está caracterizada por su dinamismo. Nuestra economía, lamentablemente, está caracterizada por la recesión y el elevadísimo nivel de paro, fruto, en parte, de otra de nuestras características, el espectacular boom especulativo. Este proyecto de ley, en su pomposo lenguaje, lo encuadran en lo que llaman la segunda generación de reformas. Para mí, más de lo mismo.

Siguen instalados en unas políticas que han fracasado. Con esta llamada segunda generación insisten en los errores de la primera. Y donde se ve con más claridad es en las políticas de empleo. España sigue sufriendo un altísimo nivel de paro. No se genera empleo. Caen los contratos indefinidos. Crece la temporalidad. Avanzamos hacia un modelo cada vez más dual y precario. Con estas legislaciones cada vez es más difícil la transición hacia un empleo estable. Temporalidad y precariedad traen, según la experiencia acumulada, fuerte fluctuación del mercado de trabajo, baja productividad y accidentes laborales.

La situación de los jóvenes es desesperada: altísimo paro, alta temporalidad y baja empleabilidad. Hablar hoy de jóvenes y trabajo es hablar de paro y de temporalidad. Ustedes, con ese proyecto de ley, pretenden favorecer la empleabilidad de los jóvenes mediante contratos menos costosos para los empresarios, dando lugar a una absoluta precarización de la situación contractual de los jóvenes menores de 30 años.

Señorías, especialmente, señorías del Grupo Popular, la solución al desempleo no es el subempleo. Las críticas más concretas al texto del proyecto de ley, que justifican las enmiendas que el senador Saura y yo presentamos en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, son las siguientes. Se plantean reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, a pesar del delicado momento que está pasando su tesorería. Planteamos su sustitución por bonificaciones.

Permítame hacer un paréntesis para afirmar que muchas de las medidas que proponen en esta ley son evidencia del fracaso del contrato de emprendedores. Aquel tan cacareado contrato que, en parte, justificaba la reforma laboral. Consideramos un grave error eliminar la causalidad para justificar la necesidad de un contrato temporal. Esto representa perpetuarlo. El llamado primer empleo joven es, simplemente, un contrato temporal, y su única causalidad es la ausencia de experiencia laboral en menores de 30 años. Sobre el contrato para jóvenes a tiempo parcial y formativo, les diré que la propuesta de contrato tiene un objetivo formativo un tanto difuso. Todo hace pensar que la formación no es la finalidad de este contrato, sino la excusa. Alteran el contrato de prácticas, toda vez que se elimina el tope de cinco años como plazo para que un título pueda justificar esta modalidad de contrato. Se da entrada a las empresas de trabajo temporal para la realización de contratos en prácticas y aprendizaje. Como muy bien afirmaba el profesor Jaime Cabeza, ni las ETT, ni los servicios privados de colocación han demostrado hasta el momento ningún mérito perceptible en términos de mejora de la situación de empleo, como para gozar de esta posibilidad.

Rechazamos la propuesta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral y la posibilidad de realizar contratos para la formación y el aprendizaje a cargo de las ETT. Como no podía ser de otra manera, invaden competencias autonómicas. Y una vez más, brillan por su ausencia la atención y propuestas dirigidas a fomentar la empleabilidad de los sectores más vulnerables, como los discapacitados.

Con nuestras 38 enmiendas intentamos corregir esos aspectos a los que he hecho referencia con una crítica más concreta. Creemos que la incorporación de las mismas mejoraría y corregiría el texto de este proyecto de ley, y por eso les pido su voto, pero, lamentablemente, lo importante, lo definitivo, lo sustancial y lo que al final va a quedar de toda esta tramitación es otra ley fallida, otro fracaso en un escenario de paro y precariedad. Para mí, esto es lo peor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 249 a 274 y 276 a 333.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.




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La señora RIERADEVALL TARRÈS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de 85 enmiendas —30 de modificación, 50 de adición, que han quedado en 49 tras la inadmisión a trámite de la enmienda 275, y 5 de supresión— a un proyecto de ley que, a pesar de tener un título sugerente, puesto que se refiere a las medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo, el mismo no sugiere el alcance real de todos los cambios que contiene, pues implica modificaciones en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley de lucha contra la morosidad y en la Ley del sector de hidrocarburos, entre otras. En realidad, el hecho de que sean seis los ministros y ministras firmantes del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, nos da una idea de la naturaleza del mismo.

En relación con las cuestiones de empleo, el Gobierno presentó este proyecto de ley como su principal política de lucha contra el desempleo juvenil. Pero para hacer frente al problema de verdad planteamos propuestas que quizá tengan un impacto, pero siempre un impacto menor en relación con la dimensión cuantitativa y cualitativa del problema del desempleo juvenil, tanto en términos del número de jóvenes que están desempleados como en términos de aquellos jóvenes desempleados y con mayores déficit de formación, de empleabilidad, de experiencia laboral.

El Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado una enmienda relativa a las primeras oportunidades de empleo vinculadas a la finalización o a la recepción de procesos de formación, utilizando por lo tanto las fórmulas contractuales del contrato de prácticas y el contrato de formación como fórmulas contractuales para incorporar la entrada de estos jóvenes. En este sentido, planteamos que, junto con la reducción y bonificación de cotizaciones sociales, exista una subvención sobre la masa salarial equivalente al 70% del salario mínimo interprofesional.

Mediante la enmienda 318 se propone incentivar, como mecanismo de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo vinculado a la formación, los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas ya existentes.

Mediante las enmiendas 319 y 320 se pretende incrementar el incentivo a la contratación, pasando de uno a tres años el período en el que se aplica la bonificación.

Aprobando la enmienda 321 se posibilitaría la realización del contrato del primer empleo joven a jóvenes con experiencia laboral inferior a seis meses en lugar de tres meses, haciendo posible que pudiera tener una duración mínima de seis meses y una máxima de tres años e incentivar en mayor medida la conversión de este tipo de contratos en indefinidos igualando el incentivo tanto para hombres como para mujeres.

Mediante la enmienda 323 se propone hacer extensivos los incentivos a todas las fórmulas de la economía social recogidas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y para la incorporación de trabajadores de cualquier edad.

Asimismo, este grupo ha presentado diversas enmiendas para el estímulo del empleo y el fomento del espíritu emprendedor. Concretamente, la enmienda 298 pretende extender los beneficios relativos a reducciones y bonificaciones a los jóvenes trabajadores por cuenta propia —a todos los trabajadores, independientemente de la edad del emprendedor o trabajador autónomo— e incrementar los porcentajes de la reducción o bonificación y el periodo de tiempo aplicable para fomentar de forma decidida la emprendeduría.

Hemos presentado enmiendas como la 300, que tiene por objeto extender la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad a todos los trabajadores por cuenta propia y no solo limitarlo al caso de los jóvenes.

Mediante la 301 se quiere extender la posibilidad de capitalizar al 100% la prestación por desempleo a todos los trabajadores que pretendan constituirse como trabajadores autónomos.

Con la enmienda número 302 se extendería la posibilidad de reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia de duración inferior a sesenta meses a todos los trabajadores que causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Mediante la aprobación de la enmienda número 305 se haría posible que las cooperativas de las sociedades laborales puedan beneficiarse del tipo impositivo reducido del 15% para sociedades de nueva creación.




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Aprobando la enmienda número 306 se ampliaría el límite de la cifra de negocio para la aplicación del régimen de incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión.

También hemos presentado la enmienda número 307, que tiene por objeto establecer libertad de amortización para la inversión de las empresas de reducida dimensión en activos calificados de tecnológicos.

La enmienda número 308 pretende establecer incentivos fiscales a la reinversión de beneficios en las empresas de reducida dimensión.

Las enmiendas números 310 y 315 tienen por objeto establecer incentivos fiscales al emprendedor, con el fin de apoyar los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas por parte de empresarios o emprendedores. La figura del emprendedor necesita ser reconocida e incentivada fiscalmente con el fin de que los proyectos empresariales y de creación de empleo puedan desarrollarse.

Mediante la enmienda número 312 se pretende establecer incentivos fiscales a los inversores de proximidad con el fin de apoyar los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas y empleo por parte de empresarios y emprendedores.

Por lo que a la relación entre la Administración General del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas se refiere, hemos presentado enmiendas para asegurar la libertad de actuación de los servicios públicos de empleo autonómicos en los acuerdos de intermediación que el Gobierno va a facilitar que se firmen. Consideramos que la suscripción del acuerdo marco no puede suponer limitación alguna en la capacidad de actuación de las comunidades autónomas en materias que son de su competencia, cual es la intermediación laboral. Con la redacción propuesta en la enmienda número 324 queda garantizada dicha libertad de actuación, ya que la suscripción del acuerdo marco no imposibilitaría la colaboración con aquellas agencias de colocación no participantes del acuerdo marco.

Hemos presentado también una enmienda de supresión del artículo 15, la número 326, porque entendemos que no aporta ningún valor añadido a la regulación que de los acuerdos marco hace la vigente Ley de Contratos del Sector Público, y ello es así por cuanto dicho artículo 15 se limita a especificar la materia objeto de los contratos a adjudicar, cual es la intermediación laboral. La posibilidad de suscribir convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas ya está regulada en el artículo 6 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, se tiene que tener en cuenta la posibilidad de que los órganos de contratación del sector público y, por tanto, los órganos de contratación competentes de las comunidades autónomas y de las entidades y organismos dependientes de ellas integrados en el Sistema Nacional de Empleo, puedan concluir acuerdos marco con empresarios, con la finalidad de fijar las condiciones a que tendrán que ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar, sea cual sea el objeto de estos; ya está prevista esta medida en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La enmienda número 327 es de modificación del artículo 16. El redactado propuesto por el proyecto de ley determina el modelo de intermediación de las comunidades autónomas e invade claramente sus competencias. En este sentido, no parece adecuada la idea de una base de datos común. No tiene sentido cuando cada comunidad ha efectuado muchos desarrollos propios; es más adecuado hablar de información efectivamente compartida en el ámbito de las ofertas de empleo, formación, etcétera. Se puede hablar de portal de portales que interconecte todos los desarrollos en Internet que tenemos las distintas comunidades u otras ideas que vayan en la misma línea. Cuando se habla de difusión se debe matizar, no tiene ningún sentido difundir todas las ofertas. Nuestro modelo de gestión de ofertas solo difunde un porcentaje de las mismas, atendiendo a criterios técnicos y objetivos; difundirlas todas genera falsas expectativas, frustración y cargas de trabajo innecesarias. Esta propuesta solo se puede hacer desde el desconocimiento de lo que es una gestión de ofertas eficiente.

Por otra parte, el establecimiento de una potestad al servicio público de empleo estatal como la que propone el texto del proyecto de ley, posibilitando que pueda no abonar las cuantías correspondientes a las comunidades autónomas para posibilitar las funciones de intermediación




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laboral en la conferencia sectorial por un incumplimiento de no registro en los términos previstos en el artículo 8.2b de la Ley de empleo, nos parece otorgar unas facultades, en todo caso, desmesuradas e improcedentes.

Por otra parte, pretendemos también incorporar un paquete de cuestiones que afectan a la discapacidad mediante las enmiendas de adición número 289 a 296, entre otras.

Presentamos la enmienda número 289 porque consideramos que es posible proponer la inclusión de los programas de actuación para la ejecución de la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad que se aprueben por el ministerio competente y que se incluyan en el mencionado programa operativo FSE como actividad prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con los programas dirigidos a la formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas; los proyectos de actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la sociedad de la información y los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se hayan realizado en colaboración con estas. Esta propuesta ayudaría, sin duda, a que el sector empresarial se involucrara en la creación de empleo para este colectivo, empleo que supone la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

El programa de la renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, establecía, hasta que fue modificado por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que para ser beneficiario de la renta activa de inserción, el beneficiario debería haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, salvo que se tratara de una persona con discapacidad. Pues bien, a partir de la modificación operada por el citado Real Decreto 20/2012, se ha suprimido esta última excepción, de forma que las personas con discapacidad también deben, para beneficiarse de esta ayuda, acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo. Esta medida nos parece injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad, muchas de las cuales no llegan a acceder a un empleo que genere prestaciones de desempleo, pues se ha suprimido una medida positiva dirigida a superar las desventajas de dichas personas en el mercado de trabajo, con una tasa de actividad y empleo mucho más baja que la de las personas sin discapacidad. Este programa puede utilizarse también para impulsar el acceso al autoempleo de sus beneficiarios, lo que vincula esta propuesta al proyecto de ley, por lo que proponemos suprimir los obstáculos que se han establecido para que se acojan a aquél las personas con discapacidad.

Mediante la enmienda número 291 pretendemos promover que el sistema de Seguridad Social no suponga trabas para la activación y, por lo tanto, al acceso al empleo, tanto por cuenta propia como ajena, de las personas con discapacidad y que, al mismo tiempo, estimule, compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas activas. Así se incentiva también el emprendimiento de las personas que cobran estas pensiones. De esta forma las personas pasarían de ser únicamente perceptoras a ser también contribuyentes fiscales y cotizantes a la Seguridad Social. Para ello se ha de mejorar la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. En este sentido, se propone aumentar los ingresos por trabajo que se permiten compatibilizar con el percibo de la pensión de invalidez no contributiva. La suma de la pensión y los ingresos por el trabajo no podrá superar el duplo del Iprem —ahora el tope es la cuantía de este—; si excede de este tope, se minora la pensión en un 50% del exceso, sin que la suma de la pensión y los ingresos por el trabajo superen tres veces el Iprem —ahora 1,5— y suprimir el plazo de los cuatro años actuales en que se permite la compatibilidad para que sea indefinida.

Mediante la enmienda número 292 se pretende excluir el acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de esas personas; también a las que no cumplan con la reserva de empleo a favor de trabajadores con discapacidad. Por otra parte, la obtención de cualquier subvención pública debería estar condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de la obligación de reservar un 2% de




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los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los términos establecidos en la Lismi. Para ello se debería incluir esta obligación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Mediante las enmiendas 293 a 295 se pretende prever que el funcionario con discapacidad o que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad tenga derecho a la adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica por la discapacidad. También se busca mejorar los derechos del funcionario con discapacidad en relación a la movilidad por razón de la misma discapacidad.

Mediante la aprobación de la enmienda 296 se evitaría que los centros especiales de empleo padezcan los problemas que ahora están sufriendo cuando son adjudicatarios de contratos de servicios debido a que la nueva contrata debe subrogarse en los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria.

Finalmente, debo añadir que por lo que a la enmienda número 279 se refiere, se ha pactado una transaccional para modificar, en lugar de derogar, el apartado 5 del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De esta manera se reduce, aunque no se elimina totalmente, la incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable a los suministradores y subcontratistas del contratista.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por mi grupo solicitando el voto favorable a todas las presentadas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 50 a la 120.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, estamos en la tramitación de las enmiendas formuladas por los distintos grupos a este proyecto de ley que hace referencia a los jóvenes, al empleo joven y al emprendimiento. Lo primero que hay que preguntarse cuando estamos debatiendo un proyecto de este tipo es cuál es el fin de esta ley, para qué es en teoría; digo en teoría, porque veremos después a través de nuestras enmiendas que el fin que persigue no es el que debería ser. El fin debería ser para el crecimiento, debería ser para la inversión interna y externa, debería ser para el empleo, debería ser para la confianza; y para la inversión interna y externa de una manera muy especial. Pero, lamentablemente, señorías, mientras tanto estamos caminando en dirección contraria. Estamos hablando de confianza y estamos hablando de inversión. Ayer el señor ministro de Asuntos Exteriores señalaba cómo estaba siendo dañada la imagen de nuestro país; y cuando se daña la imagen se daña la economía.

Señorías, ¿cuánto le cuesta a España tener un presidente bajo sospecha de incumplir gravemente la ley? ¿Cuánto cuesta la desconfianza? ¿Cuánto afecta al posible crecimiento —tan esperado crecimiento— de nuestro PIB? ¿Un 0,1? ¿Un 0,2? ¿Un 0,5? ¿Cuánto afecta a la inversión exterior tener un presidente bajo sospecha? ¿Un 2%? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Señorías, ¿tiene algo que ver la modificación de las previsiones del Fondo Monetario Internacional con la pérdida de confianza que se puede estar produciendo y que el ministro de Asuntos Exteriores conoce bien —porque lee la prensa extranjera— con nuestro país?

Señorías, estas sospechas, que hacen mal a España, que hacen mal a la inversión, que hacen mal al emprendimiento solo se disipan con una comparecencia y una explicación clara. Si no se hace es porque no hay esa explicación. (Aplausos.) Y eso, señorías, lo necesita este país.

Por lo tanto, cuando estamos aquí discutiendo las enmiendas de un proyecto de ley que tiene que ver con la economía, con el emprendimiento, con la capacidad de poner en marcha proyectos debemos despejar las dudas que entorpecen ese camino. Creo que, sin querer, lo explicó la portavoz del Grupo Popular cuando dijo que había que hacer una trasposición de la estrategia europea para estimular la creación de empleo para los jóvenes. Y de paso que hacemos esto, introducimos algunas cuestiones, algunas maldades que tenemos pendientes en cuanto a las bonificaciones y las cotizaciones respecto a modificaciones de la Ley General de Seguridad Social, en relación con las ETT, con la formación y los contratos temporales; aprovechamos y metemos todo eso ahí. Y de paso, y en ese churro que es esta ley de mezcolanza de cosas distintas,




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metemos algunas que afecten a la Administración local, a los ferrocarriles, a la energía y a las gasolineras. Y sacan esta ley, que tan mala debe ser, señorías, que tardaron menos de un mes, como decía nuestro portavoz, el señor Martínez-Aldama, en llevar al Consejo de Ministros otra ley para corregirla.

Señorías, esta ley es falsa desde el preámbulo, donde se dice que es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales. Eso es falso. No hubo un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales, no lo hubo; se presentó a los interlocutores sociales, que es una cosa radicalmente distinta. Por tanto, si no hubo acuerdo, hubo desacuerdo, y si hubo desacuerdo, esta ley es el resultado de un proceso de desacuerdo con los interlocutores sociales.

Además, esta ley persiste en los errores de la reforma laboral. Es una ley que va a profundizar la devaluación, no interna, como se está diciendo por algunos portavoces del Gobierno, sino la devaluación salarial, que es lo que realmente se está produciendo en este país. No se produce la devaluación del conjunto del valor de los bienes del país. Se está produciendo fundamentalmente una reducción y una devaluación de los salarios; por lo tanto, una devaluación injusta y profundamente insolidaria. Es sobre la espalda de los trabajadores, de los asalariados, fundamentalmente de quienes están trabajando por cuenta ajena y también sobre los que reciben prestaciones donde se está sustentando el coste de esta devaluación: un 12,5% de pérdida de valor de los salarios en el último año.

Creo que ustedes tienen un acuerdo —por lo menos, lo comentan algunos de sus representantes por lo bajinis, en petit comitè— para alcanzar una devaluación de los salarios en España durante su mandato de casi el 20%; seguramente, un compromiso con la señora Merkel, que están cumpliendo, por cierto, con bastante eficacia —repito, una devaluación de los salarios—, pero también va a profundizar en la merma de derechos, prestaciones, subsidios, en la caída de empleo y en el aumento de la precariedad.

Hay que recordar, señorías, que los efectos de la reforma laboral, de lo que esto es una mala continuación, están muy a la vista y son muy conocidos. Ayer recordaba algunos en mi intervención, pero, como creo que son bastante elocuentes, los voy a recordar de nuevo. La destrucción de empleo durante los últimos quince meses de Gobierno del Partido Popular ha sido de 2572 empleos diarios —han destruido 2572 empleos diarios—; en los quince meses anteriores, los últimos del anterior Gobierno, 1618 empleos destruidos al día, que es una mala cifra, pero que ustedes han incrementado en un 59%. Fíjense ustedes en lo que han hecho con la herencia: han duplicado la capacidad de destrucción de empleo.

La caída de la población activa es dramática, porque la gente se está yendo de este país, por eso, algunos datos hablan de que baja el número de jóvenes que estaban demandando empleo. ¡Claro, si es que se van! No están apuntados en el registro de desempleo. Señorías, han tirado ustedes cohetes. Han tirado cohetes el señor presidente del Gobierno y la ministra de Empleo porque en el pasado mes de junio había descendido el paro registrado, es decir, el número de los que se apuntan, en 126 000. ¡Ah! Pero miramos las altas en la Seguridad Social, es decir, los que trabajan, y solo aumentan en 26 000. ¿Dónde están los otros 100 000? Parte se han ido; parte defraudan y, por lo tanto, no se registran y no son demandantes de empleo; parte están en los cursos de formación que empiezan en esta época y, lógicamente, el procedimiento les borra como demandantes de empleo.

Señorías, lo que se está produciendo es que el mes pasado, lejos de ser un dato bueno para el desempleo, ha sido uno de los peores de la serie de altas de afiliación a la Seguridad Social de los últimos años; de los peores. Y han salido sacando pecho el señor presidente del Gobierno y la ministra de Empleo diciendo que eran unos datos magníficos. ¡Horrorosos! Que en el mes de junio se incrementen solamente las afiliaciones a la Seguridad Social en 26 000 personas es un dato horroroso. Por lo tanto, no engañen ustedes al país y díganle la verdad.

Pero esta ley, que es una mala ley, señorías, tuvimos la tentación de vetarla porque, efectivamente, como les digo, es un churro, es un corte y pega, es un conjunto de cosas inconexas, sin sentido, pero decidimos al final hacer un esfuerzo para ver si éramos capaces de mejorarla, por eso se introdujeron por parte del Grupo Socialista 70 enmiendas que afectan a las cuestiones básicas, nucleares, a lo que tiene que ver con la negociación colectiva, a lo que tiene que ver con los jóvenes y su capacidad para emprender, a lo que tiene que ver con esas reformas necesarias




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en la Seguridad Social para colectivos que deben ser bonificados, y no a que los que no deben de serlo lo sean, y, por lo tanto, repito, es por lo que hicimos ese esfuerzo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Presentamos 70 enmiendas; 9 las defenderá el senador Alique, que tienen relación con las cuestiones energéticas; 20 hacen referencia, señorías, y lo resumo, a contratos de formación, cooperativas y sociedades laborales; a la existencia de una base de datos común para el empleo de las comunidades; a mecanismos que posibiliten el pago a los subcontratistas; a mantener la transitoria tercera de la Ley del sector ferroviario; al reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas en el desarrollo de la estrategia del empleo joven; a los planes especiales de empleo de las comunidades autónomas, que se los han cepillado ustedes; a la necesidad de dotar suficientemente las políticas activas de empleo con el apoyo a la economía social; a la revisión de incentivos a la contratación; al fomento de la transparencia; a lo relativo a la implantación de la enseñanza en la formación profesional; a la cotización por contingencias profesionales y cese de actividad de los menores de treinta años, señorías, para introducirla con bonificaciones a los contratos formativos y de relevo y con la bonificación de cuotas para transformar estos últimos en indefinidos. Tienen también que ver estas enmiendas con un fondo extraordinario de empleo agrario para aquellas cuestiones que afectan a los agricultores por las inclemencias climáticas; con la formación para los desempleados con baja cualificación; con remover obstáculos que impiden la plena inserción laboral de las mujeres; con prácticas laborales en el exterior; con programas de retorno para nuestros jóvenes, y en la misma línea con la creación de un observatorio de jóvenes que están en la emigración; la supresión de funciones de formación para las ETT, que salen muy bien libradas, como siempre —también en sus presupuestos—, y el límite de edad de los trabajadores contratados para la formación. Estas las he relatado sucintamente, pero permítanme que entre con un poco más de detalle en algunas que necesitan algo más de explicación.

Antes de nada, voy a empezar por una —y no es el orden que tenía previsto— porque creo que es muy elocuente. Rogaría a los señores senadores del Grupo Popular, a sus portavoces, que le trasladaran esta información a la ministra que ayer vino nuevamente a engañarnos a esta Cámara. Esto es de hoy, de hace unas horas: Candy Spain aplica la reforma laboral, la ultraactividad, la pérdida de la cláusula de la ultraactividad, y deja a 250 trabajadores cobrando el salario mínimo. Eso que dijo ayer la señora ministra que no se iba a producir, el primer día en que se puede producir se está produciendo, porque cuando se llama a la tormenta viene la tormenta, y está aquí, señorías. Hay 1 800 000 trabajadores que tienen en riesgo su convenio colectivo; más de 1200 convenios están en el aire. Han eliminado ustedes la cláusula de ultraactividad, no como pomposamente dice la ministra para trasladar la capacidad y la autonomía de negociación a las partes. No, no, no es por eso, es porque a ustedes no les interesa en absoluto que se puedan prorrogar convenios, porque si no se llega a un acuerdo y se produce la prórroga, se mantienen las condiciones laborales, se mantienen los salarios, y lo que quieren ustedes es que se devalúen esos salarios. Por tanto, necesitaban algo que rompiera ese colchón de protección para aquellos convenios en los que no se llegaba a acuerdos. Por eso, eliminaron la cláusula de ultraactividad, que era un seguro para aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo no eran capaces de acordar. (Aplausos.) La han eliminado, señorías, de una forma absolutamente cruenta, como es toda su reforma laboral en lo que afecta a los trabajadores, en lo que afecta a los parados con prestaciones, en lo que afecta a los que están cobrando subsidios, en lo que afecta a los jóvenes, a la mujer, a los discapacitados, a las mujeres maltratadas, etcétera. Toda su reforma laboral es cruenta y durísima con los trabajadores de este país, y la están llevando metódicamente, día a día, para desmontar el modelo de relaciones laborales construido durante treinta años.

Señorías, la enmienda de adición que nosotros presentamos —y se lo digo para que se lo trasladen a la ministra, a ver si ahora lo tiene en consideración— a la disposición adicional segunda, relativa a un nuevo marco laboral para el empleo y la negociación colectiva, dice: El Gobierno, con carácter inmediato desde la entrada en vigor de esta ley, abrirá un proceso de diálogo social para acordar un modelo de relaciones laborales equilibrado, con respeto a la autonomía colectiva, y un nuevo marco de negociación colectiva que, entre otras medidas, mantenga —mantenga, señorías— la ultraactividad de los convenios colectivos, sin perjuicio de los mecanismos de arbitraje acordados, respete la articulación y estructura de la negociación




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colectiva en los términos del acuerdo bipartito del 25 de enero y propicie la flexibilidad interna negociada en las empresas, con limitación del uso de despido como mecanismo de ajuste laboral, y evite la potestad unilateral del empresario en las modificaciones sustanciales del contrato, fundamentalmente en la determinación de la cantidad de salario, circunstancia que se está convirtiendo en una causa de despido indirecto. La limitación del salario está expulsando a muchos trabajadores de las empresas, señorías, porque con esa reducción que se propicia no hacen más que enseñarles la puerta de la empresa. Esta adicional es necesaria porque la nueva regulación de la negociación colectiva rompe el equilibrio en el marco de relaciones laborales y otorga al empresario un poder unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo con aumento de la conflictividad. Aquí tiene la muestra, y estos días veremos y conoceremos, desgraciadamente, el aumento de la conflictividad.

Presentamos tres enmiendas, las números 50, 51 y 52, que tratan de incorporar al régimen de beneficiarios y de reducciones en las cotizaciones a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Introducimos en esta ley, señoría, una enmienda que tiene que ver con una simulación, con una ficción perniciosa. Estoy refiriéndome a los trabajadores autónomos, especialmente a la figura de los autónomos dependientes.

Proponemos la enmienda número 53, de adición, en la que decimos que quedan expresamente excluidos de este régimen de reducciones y bonificaciones los trabajadores autónomos económicamente dependientes, a los que se refiere el Capítulo III, del Título II, de la Ley 2007. La razón es que los trabajadores autónomos económicamente dependientes están vinculados, como saben bien ustedes, en un 75% de sus ingresos a un único cliente por medio de un contrato, careciendo de la posibilidad de contratación de trabajadores, por lo que no se les puede considerar como emprendedores, si no, en todo caso, el emprendimiento sería el empresario al que están vinculados, y este, señorías, es uno de los grandes engaños, de las grandes ficciones, que nos está haciendo vivir el Gobierno de España y el Ministerio de Empleo.

¿En qué consiste esa ficción? Acaba de decir la portavoz, y lo repite reiteradamente la ministra de Empleo, que se han creado 45 000 empleos jóvenes de autónomos. No, señoría, no. Lo que se ha hecho es expulsar del régimen general a 45 000 jóvenes que han tenido que darse de alta como autónomos dependientes trabajando para la misma empresa para la que trabajaban, y por cierto, cobrando menos y sin derechos. Y eso, señorías, es lo que están haciendo ustedes. Están generando una ficción según la cual parece que el emprendimiento florece en este país como las flores en primavera, cuando realmente lo que se está produciendo es que en el régimen general —y no hay más que ver las tablas de trasvase entre unos y otros— hay trabajadores a los que su empresario les dice, porque con todo lo que les está dando el Partido Popular y el Gobierno de España lo tiene muy fácil, que o se hacen autónomo o se van a la calle, ¡y que no hay más! O lo toman o lo dejan, ¡como las lentejas! Esa es la política que están llevando ustedes a cabo.

Pero permítanme que les dé una pequeña información. Ponen ustedes un especial énfasis en esto. Señorías, si comparamos el porcentaje de nuestros jóvenes empresarios autónomos con los datos de Europa, observamos que su peso en España es de un 55% superior a la media de la eurozona, y un 35% mayor que la Unión Europea. Por países, tienen un mayor porcentaje que nosotros Italia, Eslovaquia, Rumania, Croacia, Grecia y la República Checa, y tienen un porcentaje muy inferior al nuestro, porque son emprendedores de verdad, no falsos autónomos ni trabajadores expulsados del régimen general, Finlandia, Suecia, Francia, Noruega y Alemania. Para que ustedes lo sepan, la media de la zona euro es de un 3,8% de autónomos ocupados; en España, de un 5,9% y Alemania, de un 1,7%. Lo que están haciendo ustedes, señorías, es, como decía antes, una ficción absolutamente perniciosa.

Presentamos también una enmienda de modificación que se refiere a la disposición adicional undécima, en la que planteamos reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, y también para aquellos que puedan trabajar para una cooperativa.

Planteamos una enmienda de modificación, y proponemos que cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de prestaciones por desempleo o subsidio con el trabajo por cuenta propia. Plateamos asimismo en relación con la capitalización de la prestación por desempleo una enmienda que debe mejorar las posibilidades de los trabajadores.




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En la letra b) de su ley se contempla la capitalización de la prestación por desempleo de nivel contributivo para la compra por un menor de 30 años de un contrato indefinido, contrato este que puede alcanzar un máximo de 18 meses. Hasta ese momento no existe la obligación legal de mantenerse. Con ello se conculca uno de los principios societarios, como es la imposibilidad de aportar trabajos y servicios en una sociedad. Las aportaciones tienen que ser siempre de carácter patrimonial. Y segundo, puede provocar una discriminación indirecta habida cuenta de que nadie será contratado si no tiene una prestación inferior a esos 18 meses.

Planteamos también, señorías, enmiendas que nos parecen de gran interés en relación con la mejora de la formación y la empleabilidad de los trabajadores. Estas enmiendas tienen, lógicamente, como fundamento, que los contratos formativos, cuando el trabajador no tenga un título de graduado en educación secundaria y pueda obtenerlo, puedan facilitar que eso se produzca.

Presentamos también la enmienda número 63, de modificación y apoyo a la contratación indefinida de trabajadores. Presentamos enmiendas en relación con la experiencia profesional, con las bonificaciones para el mantenimiento de empleo y con todas aquellas cuestiones que afectan a los jóvenes y a sus posibilidades. Planteamos enmiendas sinceras y con voluntad de que mejore la situación de estos jóvenes, y con una traslación real de lo que pretende Europa con su estrategia para el empleo. No queremos seguirles el juego ni a su partido ni a su Gobierno cuando traen aquí este proyecto de ley que desde luego pretende seguir allanando el despido, la precarización y la caída de los salarios de los trabajadores, porque, desde luego, de ninguna manera este proyecto de ley va a conseguir crear emprendedores de verdad. Falsos emprendedores, trabajadores que tienen que abandonar el régimen general y ocuparse como autónomos porque no tienen otra alternativa, puede que sí, pero eso, señoría, no va a sacar adelante a este país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A continuación tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como decía el señor Varela, voy a intervenir para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, nueve en concreto, para hacer posible la competencia en el sector de los hidrocarburos.

¿Por qué presentamos estas enmiendas? Fundamentalmente porque las medidas que vienen en el proyecto original que presentó el Gobierno son claramente insuficientes para abordar con profundidad los cambios que pedía, precisamente, en sendos informes la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de la Competencia para romper las barreras y facilitar la competencia en el sector de los carburantes. Esa opacidad y esa falta de transparencia es la responsable de los excesivos márgenes empresariales de los grandes operadores y de que también tengamos los precios de la gasolina y del gasóleo, antes de impuestos, más caros de toda la zona euro. ¿Por qué presentamos las enmiendas? Porque el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha agravado esta situación a favor del sector mayorista, ya que ha cedido en el trámite parlamentario en el Congreso ante la presión de las grandes operadoras. ¿Cómo? Introduciendo, señorías, enmiendas que dejan todavía más cerrada la posición de dominio de las grandes petroleras respecto de los contratos de arrendamiento de industria propiedad de las petroleras, cuyo mercado es un 30%, y además incluyendo una disposición adicional que favorece los contratos de derecho de superficie, usufructo o arrendamiento que suponen otro 8% que se añade al otro 27% de las denominadas estaciones COCO que son propiedad de las petroleras y gestionadas de forma directa por el propio operador. Todavía han cerrado más el mercado en España. De facto, el 65% de las gasolineras minoristas quedarán bajo el dominio de las grandes operadoras por diversos conceptos y, por tanto, podrán seguir fijando precios a esos sectores minoristas en los que el propietario es el operador de la estación, pero la gestión está cedida a un tercero. Nosotros proponemos en las enmiendas que todos los contratos deben ser renovados en el plazo de un año, incluidos los supuestos en los que el gestor tenga arrendada la gasolina a la petrolera o la petrolera tenga un derecho de superficie sobre las mismas.




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La red de transporte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, dado que la composición es en un 70% de fondos de inversión y en un 30% de las grandes operadoras y dado que unos y otros lógicamente quieren rentabilidad, puede influir en los precios. Por eso, proponemos en nuestras enmiendas que tenga que autorizar las tarifas la Comisión Nacional de Energía y no solo comunicarlas como pretende este proyecto de ley. Y no solo eso, sino que, además, nuestras enmiendas proponen que la Comisión Nacional de Energía establezca una metodología para determinar si esas tarifas son o no transparentes.

También proponemos un régimen de incompatibilidades y limitaciones al accionariado de CLH en tres aspectos. En primer lugar, que ninguna persona jurídica o física pueda tener acciones que supongan más de un 10% del capital —la ley actualmente dice el 25% y así lo deja el proyecto de ley—. En segundo lugar, proponemos que la suma de las participaciones directas o indirectas de aquellos accionistas con capacidad de refino no supere el 30% —actualmente la ley dice un 45% y así queda en el proyecto de ley—. En tercer lugar, proponemos que no formen parte de los órganos de gobierno de CLH aquellos miembros que estén vinculados directa o indirectamente con las empresas que realicen en España actividades de refino o comercialización mayorista o minorista de hidrocarburos líquidos.

En el apartado de agilización de licencias para la implantación de más gasolineras, les advierto que pueden entrar en conflicto de competencias con ayuntamientos y comunidades autónomas, algunas incluso ya han anunciado recursos, y para agilizar la licencia, el Grupo Parlamentario Socialista propone una declaración responsable para nuevas instalaciones de suministro.

Por último —y esto me parece que es lo más importante—, respecto de las operadoras al por mayor, el Grupo Parlamentario Socialista propone limitar la cuota de mercado del sector de las estaciones de servicio al 25% y que no se puedan renovar los contratos existentes si con eso se supera ese 25%. El Gobierno deja la situación prácticamente igual porque lo limita al 30%, pero permite renovar los contratos existentes, incluso empeora la situación actual con la introducción de una enmienda en el Congreso respecto de los contratos COCO a los que he hecho anteriormente referencia.

¿Qué pretende el Gobierno? Pretende aumentar el número de gasolineras. Saben que hay un informe de la Comisión Nacional de Energía que dice que hay unas 10 000 en España, que es una red de mayor implantación que la media de la Unión Europea tanto en habitante como por kilómetro cuadrado, pero eso no va a romper las barreras que existen actualmente que limitan la entrada de otros operadores para que haya competencia. ¿Por qué, señorías? Lo he dicho anteriormente, porque el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han ampliado, en las enmiendas en el Congreso, las medidas de posición de dominio del oligopolio del sector de los carburantes. Es decir, aunque se dupliquen las gasolineras que existen actualmente, aunque pasemos de 10 000 a 20 000 gasolineras, las cuatro grandes operadoras continuarán con el domino de más del 85% de la cuota de mercado —les recuerdo, por ejemplo, que en Italia no tienen más del 50%—, es decir, se sigue cerrando el paso a nuevos operadores en nuestro país y con ello se mantendrán las actuales restricciones de competencia en el sector de los carburantes.

Por tanto, el oligopolio seguirá imponiendo los precios y con ello unos pocos seguirán haciendo caja frente a otros muchos que serán los perjudicados, fundamentalmente los ciudadanos, las empresas y las pymes de nuestro país. Y perdonen, señores del Partido Popular, es contradictorio e incoherente que en una ley que ustedes llaman de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento, lo que hagan en el sector de la energía, en este caso de los carburantes, sea una apuesta clara para seguir apoyando a las grandes operadoras, a las grandes petroleras para que sigan aumentando sus márgenes de beneficios, para que sigan aumentando el precio de la gasolina y del gasóleo, que antes de impuestos es el más caro de toda la Unión Europea, y ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen nuestras empresas para competir con el resto de las empresas de la Unión Europea es que aquí tenemos unos altos precios de la energía, unos altos precios de los carburantes.

Por eso, pedimos al conjunto de grupos, para superar esta situación, para que baje el precio de la gasolina y del gasóleo a los consumidores y para que baje el precio a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para que sean mucho más competitivos, que apoyen estas enmiendas que hemos presentado.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alique.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a los senadores y a los portavoces de todos los grupos políticos por la participación que han tenido en este proyecto de ley y por la aportación de las enmiendas al mismo. Lamentablemente, y después de estudiar el contenido de cada una de ellas, solo hemos podido transaccionar dos sobre la base de tres enmiendas: hemos transaccionado una con Convergència i Unió, sobre su enmienda 279, y también hemos transaccionado con Izquierda Unida y con Entesa sus enmiendas números 5 y 214. La primera supone una modificación del artículo 1 y la segunda, como ha dicho antes la senadora Rieradevall, supone ampliar que los contratistas puedan ampliar los plazos de pago a sus suministradores. Creemos que son dos transacciones y dos enmiendas importantes y nos hubiese gustado haber podido transaccionar y aceptar todas, pero, lamentablemente, no ha sido posible y voy a intentar explicar por qué.

No ha sido posible, señorías, porque después de un estudio profundo de las mismas y de una valoración de cada una de ellas, muchas son inasumibles en la situación económica que en estos momentos estamos atravesando y que hubiese sido, sin duda, otra situación si en los momentos de bonanza económica se hubiesen adoptado las medidas y se hubiesen acometido las reformas necesarias para hacer frente y soportar las situaciones complicadas como las que estamos atravesando en la actualidad, situaciones de recesión económica, en las que al no haber adoptado, repito, las reformas y las medidas necesarias para estar preparados ante esta situación, no podemos asumir las enmiendas que ustedes proponen. Lo lamentamos porque lo que se hizo fue no hacer nada, no se gestionó, solamente se limitaron a vivir de las rentas de los gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Popular, y lo único que han hecho, y me dirijo al Partido Socialista, ha sido sumir a España, al no gestionar ni acometer ninguna de las reformas necesarias, en la más absoluta ruina.

De un modo general, como ya hice en la comisión, les diré que tampoco hemos podido aceptar las enmiendas porque muchas de ellas van contra el espíritu de este proyecto de ley, cuyo objetivo principal es desarrollar la estrategia para el emprendimiento y el empleo joven. Aquí, senador Varela, le guste o no le guste, esta estrategia para el emprendimiento y empleo joven sí ha sido arropada por todos los agentes sociales. No el proyecto de ley, sino la estrategia de emprendimiento y empleo joven, arropada por los agentes sociales. (Aplausos.) No manipule, no tergiverse la información. Ha sido arropada, y eso se recoge en el preámbulo de este proyecto de ley.

El objetivo prioritario de este proyecto de ley es apoyar el fomento de la financiación empresarial así como establecer medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y medidas de financiación para el pago a los proveedores con entidades locales y con las comunidades autónomas. Además, se regulan también aspectos ferroviarios y de hidrocarburos que se enmarcan dentro del esfuerzo reformista que el Gobierno del Partido Popular está realizando para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

Por ello, señorías, a pesar de lo que se manifiesta por parte del Partido Socialista en el sentido de que se incluyan en este proyecto de ley medidas que no se corresponden con el mismo, diremos que siempre que se trate de medidas para fomentar la competitividad, como ocurre en este proyecto de ley referente a los hidrocarburos, la competitividad de la economía española va a tener sus efectos en el crecimiento y en la creación de empleo y, por lo tanto, en el bienestar de todos los españoles.

Otras de las enmiendas presentadas, señorías, tampoco han podido ser aceptadas porque algunas de ellas son meros desiderata y otras solamente son valoraciones de carácter político, pero en ambos casos no hay ninguna propuesta normativa.

Tampoco se pueden aceptar aquellas enmiendas que lo único que pretenden es introducir modificaciones en las últimas reformas realizadas y que todavía no han tenido una vigencia suficiente en el tiempo para conocer sus resultados, o aquellas otras, señorías, que pretenden una modificación de la Ley general de presupuestos y que entendemos que no es este el debate ni la tramitación correspondiente. En todo caso, señorías, tendrían que plantearlo en el debate en este Cámara sobre los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2014.




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Refiriéndome en concreto a alguna de estas enmiendas, diré que todas aquellas del Grupo Parlamentario Mixto que se refieren a una modificación de los artículos 1, 2, 9 y 10 supondrían un incremento inasumible en estos momentos, no proporcionado y que desvirtuaría la finalidad de los incentivos recogidos en dichos artículos.

Todas aquellas que tratan sobre incentivos fiscales o políticas de exención de impuestos tampoco pueden asumirse, como son las números 5, 6, 7, 24, 50, 74 y 75 —estas dos últimas del Grupo Parlamentario Socialista—, porque el Gobierno está adoptando las medidas impositivas adecuadas a la situación actual, por lo que cualquier variación debe ser valorada económicamente por la repercusión que va a tener en los ingresos previstos dentro de la ejecución presupuestaria.

Algunas enmiendas de adición que se han planteado referentes a los contratos a tiempo parcial no guardan relación alguna con este proyecto de ley. Además, en relación con las modificaciones planteadas relativas a la Ley General de la Seguridad Social, quiero decirles que este proyecto no es el cauce adecuado para modificar el régimen de la Seguridad Social y que también han sido ya remitidas a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y del diálogo social como consecuencia de la proposición no de ley presentada por los Grupos Popular, Socialista, Convergència i Unió y Vasco mediante la que se insta al Gobierno, con el máximo nivel de acuerdo, a elaborar una normativa que regule un nuevo sistema de cotización a tiempo parcial.

Por ello, no se puede aceptar —y aquí me gustaría detenerme— la enmienda número 124 del Grupo Parlamentario Vasco, a la que ha hecho referencia el senador de dicho grupo, puesto que son de imposible verificación por parte de la entidad gestora las prestaciones por desempleo, ya que dicha compatibilidad es previa al inicio de la actividad. Precisamente, dado el carácter de fomento del empleo de esta medida, se reconoce con anterioridad para que pueda iniciarse la actividad a desarrollar y sirva así de sostén en el inicio de esta actividad, que es cuando normalmente va a haber más gastos que sufragar. Por eso, senador Anasagasti, repito que esta enmienda no puede aceptarse.

Asimismo, no pueden tampoco aceptarse las enmiendas referidas a los artículos 5 y 6 porque actualmente la disposición transitoria séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 aplaza un año las adicionales números 57 y 58 de la Ley General de la Seguridad Social y, por tanto, los autónomos menores de 30 años están igualados al resto.

Tampoco pueden aceptarse las enmiendas que se refieren a la modificación de los artículos 12 y 13 del proyecto de ley porque aceptarlas, señorías, supondría restar flexibilidad a la contratación sin que para ello se favorezca la creación de empleo, y lo que el proyecto pretende precisamente es flexibilizar su concertación con la expectativa de bonificación y, además, ampliar a cinco o más años la posibilidad de celebrar contratos en prácticas incentivando para ello a los menores de 30 años, que es el objetivo fundamental y primordial de esta ley.

Señorías, tampoco se aceptan las enmiendas de adición al artículo 8 y de modificación del artículo 9 sobre el contrato para la formación y aprendizaje porque este ha sido reformado recientemente por el Gobierno y no ha transcurrido tiempo suficiente de vigencia como para volverse a reformar. Además, señorías, he de decir que los contratos formativos disponen de sus propios incentivos específicos, mientras que el contrato a tiempo parcial de vinculación formativa, no los contratos formativos —que no hay que confundirlos—, repito, los contratos a tiempo parcial de vinculación formativa, que son los que se recogen en este proyecto, son una medida distinta.

Quiero decir también que la Ley 3/2012, de 6 de julio, ya regula incentivos para la contratación de jóvenes y de mayores de 45 años. En cuanto a la enmienda número 95, en la que se solicita que se añada una disposición adicional, y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre nuevas políticas activas de empleo, la medida propuesta, señor Varela, no garantiza en ningún caso un incremento en la financiación de las políticas activas de empleo, tal y como pretende la enmienda que ustedes han propuesto. Si no se recogen fondos adicionales debe indicarse qué gastos van a dejar de financiarse con los ingresos derivados del fraude fiscal que se pretende destinar a incrementar la financiación de las políticas activas. Debe decirse qué gastos dejan de cubrirse para poder atender estas políticas activas.

También se ha intentado transaccionar, sin éxito, la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Socialista, y lamentamos que no hayan querido aceptarla, porque no se puede articular un programa de incentivos ya que va en contra de las medidas que en materia impositiva




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está adoptando el Gobierno para afrontar la actual situación económica de la que creo, señor Varela, tienen ustedes gran culpa. Por tanto, ustedes tendrían que saber que, dada la situación económica en que nos encontramos, no se puede aceptar la enmienda en el sentido que ustedes la han propuesto.

En el texto que nosotros les propusimos transaccionar, el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se comprometía a elaborar un estudio para analizar la viabilidad de nuevas acciones de orden normativo orientadas a favorecer la promoción, el mantenimiento, la reconversión y el dimensionamiento de las empresas de la economía social. Una enmienda transaccional que, repito, ustedes no han aceptado.

Tampoco se puede aceptar la supresión de los artículos 15 y 16 porque el proyecto potencia la intermediación laboral, incluso atendiendo a la colaboración público-privada. Y además potencia la creación de empleo, como ha dicho mi compañera, a través del portal único de empleo, fomentando el papel dinamizador de las empresas de trabajo temporal con plena garantía del derecho a la formación, a la negociación colectiva y a la vigencia de los convenios colectivos. En este punto me voy a detener, señor Varela, porque usted ha dicho que el núcleo de esta ley es la negociación colectiva y la vigencia de los convenios colectivos. Y yo, señor Varela, le digo: o usted no estaba leyendo esta ley, o usted cuando la leía se confundía con la Ley de Reforma Laboral, porque eso es el núcleo de la Ley de Reforma Laboral, no es el núcleo de esta ley. De hecho, no guarda relación alguna, ni responde a la finalidad de este proyecto.

Señorías, respecto a aquellas enmiendas planteadas en el ámbito de los hidrocarburos, las relativas a los artículos 37 y siguientes, tampoco pueden ser aceptadas porque van en contra de las medidas recogidas en este proyecto de ley y de las pautas establecidas por el Gobierno para conseguir la estabilización de los precios, que en las circunstancias actuales son muy necesarias, y aumentar así la eficiencia en el funcionamiento de este mercado y la competencia efectiva en el sector. Por ello se adoptan medidas en el ámbito mayorista para que los costes de distribución sean los más bajos posibles, y en el ámbito minorista, señorías, facilitan la apertura de nuevas estaciones de servicios, que sin duda van a aumentar la competencia, eliminando así, y así lo ha reconocido el senador del Grupo Parlamentario Socialista, barreras de entrada y la expansión de nuevos operadores en España, acotando también los contratos de suministros al por menor en exclusiva. Se aumenta también la transparencia con las medidas adoptadas en este proyecto, sobre todo en cuanto a la obligación de comunicación de las mismas a la Comisión Nacional de la Energía, ya que esta tiene que resolver en el plazo de 3 meses los conflictos que se le presenten, estando también ahora inmersos en el establecimiento de una armonización en esta metodología con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. España, señorías, ha puesto especial énfasis en esa armonización con el resto de los Estados miembros.

Todas estas medidas, señorías, se enmarcan perfectamente en el ámbito competencial que la Constitución española reconoce en el artículo 149.1 y, por lo tanto, a diferencia de lo que ustedes han manifestado, no suponen menoscabo alguno de las competencias municipales ni de las competencias autónomas. Senador Varela, no parece que tenga mucho sentido aludir a una autonomía municipal que puede alterar o impedir el libre comercio de carburantes y mejorar la competencia.

Las enmiendas presentadas en este ámbito suponen en su mayoría aumentar el horizonte temporal de aplicación de estas medidas. Y aun valorándolas, como lo hemos hecho, no podemos aceptarlas porque supondrían retrasar la consecución de los objetivos perseguidos por este proyecto de ley. Y en las circunstancias en que nos encontramos no lo podemos permitir porque la búsqueda de la creación de empleo y de nuevas oportunidades es prioritaria e inaplazable.

En el ámbito del sector ferroviario lo que se pretende es aumentar la eficiencia en la gestión de los servicios. Y ello se va a conseguir, sin duda, unificando en Adif la administración y la titularidad de las infraestructuras ferroviarias y en las estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado, para conseguir así una apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario. Por eso se distinguen en este proyecto de ley 3 sectores: los trenes turísticos, los servicios comerciales y los servicios sometidos a obligación de servicios públicos, estableciendo para ello un período transitorio diferente para cada uno de ellos según sus características.

También me gustaría detenerme en las enmiendas números 40 a 49 presentadas por Unión del Pueblo Navarro. Aunque se han valorado tampoco han podido aceptarse porque la edad que




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se recoge en el proyecto de ley es la adecuada para cumplir los objetivos del mismo. Y, si se recogiera la propuesta que ustedes hacen, difuminaría al colectivo que va dirigido que son los jóvenes, además de que la capitalización del 100% que ustedes proponen implicaría un coste difícil de asumir en estos momentos. Lo mismo ocurre con la bonificación del 100% que proponen en el artículo 6 y, además, en este supuesto ya se establecía que se pudiese optar voluntariamente a la cobertura de estas contingencias.

Otras medidas también van dirigidas a fomentar el autoempleo en su fase inicial. Cuando se pretende contratar a un trabajador se pueden disfrutar de los estímulos a la contratación de los artículos 9 y siguientes, pero son distintas a las que se plantean en las enmiendas que usted propone.

Por lo que se refiere a la enmienda de adición número 49, que propone un nuevo artículo 42, también se rechaza y hubiese sido bueno, senador, dar una mayor explicación sobre un mínimo de condiciones. La instrucción al ICO para la instrumentalización de una línea de financiación no puede recogerse en una ley que le corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía, pero no puede ser incluida en este proyecto de ley porque incluirla supondría una congelación y la obligación de ponerla en marcha todos los años independientemente del contexto económico y financiero del momento o de las necesidades de las empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No obstante, a través de las líneas ICO vigentes en 2013 las empresas y los autónomos pueden acceder a financiación de fondos ICO sin un importe mínimo, asumiendo las entidades financieras el riesgo de la operación. Señorías, si lo hiciese el Estado, esto le obligaría a asegurar su propio equilibrio financiero, compensando el quebranto financiero asociado a estas operaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hecho que, en la actualidad y dados los difíciles y complicados momentos que estamos atravesando, no es aconsejable y porque, además, el Gobierno tiene el compromiso firme de la consolidación fiscal.

También me gustaría detenerme en las enmiendas que los diferentes grupos han presentado y que se refieren a los investigadores. Respecto a estas enmiendas y al tema de los investigadores, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 ya se contemplan ayudas a su contratación. Por supuesto, en cuanto a las medidas respecto de los trabajadores con discapacidad quiero decirles que ya existen incentivos en nuestra legislación y que no se puede suprimir la disposición adicional propuesta porque esta disposición lo que hace es incentivar la contratación de las personas con discapacidad menores de 35 años, así como la disposición adicional novena porque resulta necesaria para garantizar el acceso al empleo y para reforzar el emprendimiento de los jóvenes.

Ahora sí que me gustaría detenerme y manifestar la sensibilidad y la preocupación y la ocupación del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno por las personas con discapacidad, pues en otros casos ya tienen incentivos de mucha mayor cuantía que la que se recoge en esta ley y de más duración que el resto de los colectivos y, además, todo esto está recogido en el nuevo marco legal de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad sobre la que ya se está trabajando. Por eso, son enmiendas que no pueden ser aceptadas porque ya se están recogiendo en otros foros.

Por último, y también relacionadas con las personas con discapacidad, quiero decirle al senador Anasagasti que tampoco se ha podido aceptar la enmienda 125. Hemos estudiado profundamente la 124 que ustedes propusieron y lamentamos no haber podido aceptarla, ni tampoco la 125, porque lo que pretende es una nueva redacción de la letra a) de la regla 3.ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta, como usted muy bien ha dicho, para posibilitar la capitalización del 100% de la prestación a personas con discapacidad. Esto no se ha podido aceptar porque ya se ha contemplado esta posibilidad para estas personas en la regla 1.ª del apartado 1 de dicha disposición transitoria cuarta. Por lo tanto, no tiene sentido recoger algo que ya se encuentra incluido en el apartado 1 de esa disposición transitoria cuarta.

Este proyecto de ley, como ha manifestado también mi compañera en su defensa, recoge el llamado contrato de generaciones que posibilita que los jóvenes menores de 30 años, cuando contratan a mayores de 45 con una acreditada experiencia profesional, tengan una reducción en la cuota de la Seguridad Social del 100%. Por lo tanto, ninguna precariedad en la contratación, ni ningún ajuste ni recorte en las condiciones de trabajo.




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Me gustaría dirigirme a los senadores del Grupo Socialista, y decirle, senador Varela, que falta de confianza es la que generó su Gobierno durante los ocho años que estuvo gobernando y que ha sumido a España en la más profunda ruina. Falta de confianza es la que tenemos y que hemos tenido en el exterior, gracias a la no gestión de su Gobierno. Ustedes recibieron un país con pleno empleo y con una economía saneada, y tardaron ocho años en sumirnos en la más absoluta ruina. También he de decirle que después de escuchar cómo manipula y tergiversa los números, no me asombro ni me sorprendo de por qué dijeron que teníamos un déficit del 6% y nos encontramos con uno en torno al 9%. Como tampoco nos asombramos de las deudas que se encontraron en cada ministerio. Y en cuanto a si el proyecto de ley es sectario, señor Varela, yo no creo para nada que sea sectario. Ni siquiera se nos había pasado por nuestra imaginación. Porque, además, lo que nosotros queremos es el emprendimiento, la creación de empleo, el bienestar de todos los ciudadanos y que todos puedan acceder a condiciones laborales dignas. Yo no sé si esto de ser sectario lo decía por su política de empleo, cuando usted estuvo al frente de la Consejería de Empleo en Galicia, pues hay alcaldes que sí manifiestan que su política fue absolutamente sectaria. (Aplausos.)

Por último, señorías, he de decirle al senador Martínez-Aldama —que no sé si está— que en relación con la intervención que ha tenido en el debate de los vetos tengo que aclararle que este proyecto de ley no tiene nada que ver con la ley de emprendedores. Esta ley, que se está tramitando ahora en el Consejo, sirve para complementar este proyecto de ley, pero se trata de medidas fiscales. Y en este proyecto de lo que se trata es de estrategias para el emprendimiento y el empleo joven, para fomentar la creación de empleo y el crecimiento de nuestra economía.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario de la Entesa?

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, es verdad que hay muchos tipos de ruinas: ruina económica, ruina social, ruina moral… Ustedes, por ahora, las tienen todas. (Aplausos.) Yo creo que es fundamental, cuando discutimos de cuestiones tan importantes como el paro, no refugiarse en una campana de vidrio. Aquí lo importante no es que una intervención salga bien, que uno o una crea que ha respondido con acierto a las intervenciones del adversario político. Aquí lo importante es la realidad, y en España la realidad del paro es que está desbocado y que no se resuelve. Es más, si ustedes no resuelven el 25% del paro, por poco o bien que lo hagan pierden las elecciones. Esa es su realidad.

Tampoco tolero que digan que lamentan que no hayan podido aceptar esta enmienda. ¡Qué van a lamentar! No están de acuerdo y punto. No entiendo este tipo de lenguaje. Díganlo así: con esta enmienda no estoy de acuerdo y no la acepto. Ya está, así de claro.

Porque ustedes marcan sus prioridades en la legislación y en los presupuestos, y estas prioridades responden a lo que ustedes creen que son las políticas que van a solucionar los problemas del paro, en concreto del paro juvenil. Pero ustedes no tienen una estrategia; no hay una estrategia para combatir el paro, no hay una estrategia específica para combatir el paro juvenil. Ni hay un enfoque integral y coherente que aborde, no solo las cuestiones laborales o de la economía, sino también las cuestiones educativas y sociales.

En sus intervenciones, hoy por hoy, lanzan este alud de propuestas —muchas de ellas de una ineficacia total y que no van a surtir ningún tipo de efecto— y el fondo siempre es la reforma laboral, ese es el verdadero instrumento que tiene su Gobierno para las políticas de empleo y para las políticas de empleo juvenil.

Yo creo que esta ley, y lo he dicho en la intervención anterior de defensa de las enmiendas, es una oportunidad perdida. Hacen falta políticas de empleo y ustedes no las están llevando a cabo. Hablar hoy de empleo juvenil es hablar de precariedad y temporalidad. Este proyecto de ley insiste




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en la temporalidad y en la precariedad. Hay que pensar, señorías, que no solo tenemos un 55% de desempleo entre los jóvenes, sino que en el tramo de los menores de 25 años la temporalidad afecta al 65%. Y en los menores de 30 años la temporalidad afecta al 50%. Es decir, aquí, en España, empleo más o menos razonable solo lo tiene el 22,5% de nuestros jóvenes, porcentaje que queda cuando sumamos el paro y el trabajo temporal. Creo que la suma de la temporalidad más el paro tiene como resultado la imposibilidad de que nuestros jóvenes se puedan emancipar. Se les está negando un presente y verdaderamente se les está impidiendo construir autónomamente su futuro.

Señorías, ¿cuáles deberían ser las prioridades de este Gobierno? Deberían ser crear empleo, promover la estabilidad en el empleo y la eliminación de la temporalidad injustificada. Con este proyecto de ley ustedes incrementan las causas de temporalidad injustificada. Ni sus políticas, ni evidentemente el proyecto de ley, resuelven estas cuestiones. E insisto una vez más en lo que he dicho antes: el desempleo juvenil nunca puede ser combatido a partir del supraempleo.

Luchar contra el paro juvenil supone intervenir en diferentes ámbitos y uno muy principal es la educación. ¿Ustedes creen que la Lomce es un instrumento adecuado para garantizar una buena educación de calidad universal que permita el tránsito adecuado de la escuela al trabajo? No. La Lomce no es ese instrumento, la Lomce ni corrige las desigualdades sociales ni pone límite al abandono y fracaso escolar.

Hablar de empleo joven es plantearse el objetivo que este Gobierno no realiza: la potenciación de los sistemas de formación profesional. Hay que potenciarlos para dar respuesta a las necesidades sociales y productivas en contextos de rápidas transformaciones, de creciente competencia y de apertura económica. Y, evidentemente, hablar de lucha contra el paro juvenil y creación de empleo es hablar de los servicios públicos de empleo. Y la pregunta es: ¿Ustedes, respecto a los servicios públicos de empleo, qué actitud han mantenido? Desde el punto de vista de los presupuestos, en cada uno de los presentados ha han ido disminuyendo sus aportaciones. Es decir, han ido debilitando los servicios públicos de empleo, que insisto en que es un instrumento fundamental para la creación de empleo y, especialmente, para combatir el paro juvenil. Los han ido laminando y, es más, se están planteando —y en este proyecto de ley insisten— su privatización.

En definitiva, señorías, tal como lo ha planteado el Partido Popular, su opción es brutal: hay que ir a la devaluación interna. Esta devaluación interna, evidentemente, impacta contra el conjunto de la sociedad y muy específicamente contra nuestros jóvenes; según el resultado de esta devaluación, veremos en qué periodo se acaba la recesión —porque es evidente que, con el tiempo, la recesión se va a terminar—. Lo que es obvio también es que el tipo de sociedad que va a quedar es el de una sociedad dual, una sociedad de la precariedad, unas generaciones instaladas en la precariedad, y esto mi grupo lo va a combatir.

Vamos a intentar derrotar estas políticas para ofrecer a esta juventud y a esta sociedad una esperanza que ustedes les niegan.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Coincidimos con el conjunto de los grupos parlamentarios en dos consideraciones: una, en denunciar la técnica legislativa que el Gobierno está utilizando en esta legislatura con ese abuso del real decreto ley y, al mismo tiempo, con esa configuración de normas que nos podrían recordar a las leyes de acompañamiento que en su día el Tribunal Constitucional dictaminó que no correspondían al espíritu y a la previsión de la propia Constitución; y, dos, en denunciar también la acumulación de materias tan absolutamente dispares que no permiten un debate a fondo sobre cuestiones sumamente importantes.

Hechas dichas consideraciones, debemos poner en valor las aportaciones positivas de este proyecto de ley e insistir en la aprobación de las 84 enmiendas que mi grupo ha presentado y que consideramos aportan mejoras sustanciales al texto del proyecto de ley que hoy es objeto de votación en este Pleno.




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Consideramos positivo el contrato de primer empleo joven, pero entendemos que, siendo un contrato temporal, debe tener capacidad para ofrecer un mínimo decente de estabilidad. Por tanto, planteamos que tenga una duración mínima de seis meses y una duración máxima de tres años.

Proponemos también la necesidad de que exista una política final con recursos que permita desarrollar la denominada garantía juvenil que está promoviendo la Unión Europea —dicha política tendrá poco recorrido en España— y ese mandato de que todo joven menor de 24 años que ha terminado sus estudios o que ha perdido el empleo tenga una oportunidad de formación de prácticas de empleo. No se va a poder cumplir con los recursos que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas en esta materia.

Pretendemos asimismo incorporar un paquete de cuestiones que afecten a la discapacidad, que hemos expuesto extensamente.

Por otra parte, planteamos una solución legislativa a algunos problemas que están apareciendo, como aquellos supuestos de trabajadores que dejan de cobrar sus nóminas pero no son despedidos formalmente por las empresas, lo que impide que el Servicio Público de Empleo les pueda reconocer su derecho a la prestación de desempleo.

Por lo que a las medidas de apoyo al emprendedor se refiere, es interesante, por ejemplo, la reducción de la carga impositiva durante los primeros años de actividad, pero las medidas son insuficientes.

Nuestro grupo propone en relación con el nuevo mecanismo de financiación para el pago de deudas a proveedores y entidades locales la inclusión también en el ámbito subjetivo del mecanismo de aquellas entidades locales que, pese a no participar en los tributos del Estado, prestan servicios de entidades locales que sí están incluidas en este mecanismo.

Por lo que a la modificación de la Ley del sector de hidrocarburos se refiere, nuestras enmiendas persiguen solucionar el problema de la ambigüedad de las modificaciones que puedan ocasionar graves problemas de inseguridad jurídica para el sector, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.

En materia ferroviaria, teniendo en cuenta que a fecha 1 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que el Gobierno español se ha extralimitado en la administración del sector ferroviario, concretamente los jueces afirman que el proceso de liberalización puesto en marcha es contrario a la normativa comunitaria, que el canon que deben pagar las empresas por hacer uso de la red ferroviaria es inadecuado. Se llega a la conclusión de que este proyecto de ley aplaza sine die esta liberalización pendiente, supeditándose a los intereses del Grupo Fomento.

Con nuestras enmiendas pretendemos impulsar medidas de fomento de la actividad económica, del emprendimiento, medidas de seguridad jurídica para que esta ley no se convierta en otra oportunidad perdida para impulsar el crecimiento y la creación de empleo y el apoyo al emprendedor.

En su intervención en el Congreso, con fecha 14 de marzo de 2013, la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, manifestó: Emplazo con sinceridad a que trabajemos conjuntamente para que el texto que finalmente salga como ley de esta Cámara contenga las aportaciones de las mejoras de todos los grupos parlamentarios. Emplazamiento difícil de llevar a cabo teniendo en cuenta que los grupos parlamentarios estamos ya desgraciadamente acostumbrados a padecer el rodillo parlamentario del grupo del Partido Popular, un rodillo que permite aplanar las enmiendas que presentamos los grupos, sin prácticamente ofrecer ningún tipo de aproximación a las cuestiones que estamos debatiendo —aunque, en este caso, se han aceptado algunas enmiendas, pero son muy poquitas las transaccionadas.

Es un error político creer que la mayoría absoluta implica no alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan trascendentales como las que estamos debatiendo en este proyecto de ley. Aún así, mi grupo insiste en la presentación y aprobación de 84 enmiendas, que consideramos aportan mejoras sustanciales al texto del proyecto de ley que hoy es objeto de votación en este Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.




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El seor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la ley que debatimos en este momento no es una ley al uso; como apuntaban otros portavoces, más bien parece una ley de acompañamiento, un totum revolutum, igual se habla de empleo —de crecimiento poco— como de trenes o de carburantes. Por tanto, estamos ante un sofrito que, en nuestra opinión, no va a solucionar el problema de fondo que debe resolver esta ley. Y entendemos que el problema nacional, que es el desempleo, requiere de una técnica legislativa diferente a la que se ha planteado aquí. Porque una ley, cuando se hace, se plantea y se desarrolla, es para aplicarla en un lugar concreto y viendo también un escenario determinado. ¿Y cuál es el punto de partida para aplicar esta ley? El punto de partida que ustedes conocen como nosotros es 6 200 000 parados; un paro que supera el 27%, cinco puntos más que al llegar al Gobierno el Partido Popular; 929 100 parados más que al llegar al Gobierno Mariano Rajoy; y un paro juvenil jamás conocido en España: el 57%. Y ante lo grave de esta coyuntura, después de año y medio esperándoles, los que eran los campeones del empleo, los que decían en campaña electoral que cada papeleta electoral al Partido Popular era un contrato de trabajo, entregan aquí hoy una ley que es claramente insuficiente para resolver el problema nacional del empleo en nuestro país. Por tanto, esta ley —le adelanto— va a generar frustración, lo mismo que está generando la reforma laboral. Creo que es bueno recalcar lo que decía el senador Varela: ¿Van a ir ustedes todavía a Albacete —Dolores de Cospedal o Fátima Báñez o Rajoy— a decir a esos trabajadores la bondad de la reforma laboral? ¿Han leído ustedes la noticia de que una empresa de 250 trabajadores recibe una carta en la que le dicen: ustedes van a cobrar dos nóminas este mes, pero no dos nóminas positivas —dos nóminas—, una del 1 de julio al 7 de julio, con el convenio anterior, y otra, del 8 al 31 de julio, aplicándoles el salario mínimo interprofesional? ¿Van ustedes a contar la bondad de la reforma laboral a esas familias, a esos trabajadores que ganaban 1000, 1100, 1200 ó 2000 euros y van a cobrar 650 euros? Sería bueno que ustedes fueran a Albacete mañana a explicárselo a todas estas familias castellano-manchegas.

Señores del Partido Popular, esta ley llega tarde y llega obligada por Europa que ve insostenible un paro del 57%. Y solamente tiene un objetivo, que es precarizar más el mercado laboral juvenil, porque, de hecho, ustedes se autoenmendaron para precarizar más el empleo juvenil.

Y, por cierto, no digan lo contrario, hoy agradezco el ejercicio de sinceridad. Han llegado once medidas avaladas por los agentes sociales, pero no el conjunto de la ley, no el conjunto de la ley; lo han dicho y se lo agradezco. Miren lo que dijeron, por ejemplo, UGT, al hilo del debate parlamentario. Dijeron: A pesar de que el Gobierno señala que las medidas contempladas son fruto de un proceso de diálogo y participación, del que han formado parte el ministerio, la CEOE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras, debemos indicar que esa afirmación no se corresponde con la realidad, pues el Gobierno, de forma unilateral, ha aprobado el real decreto ley en el que se introducen medidas que no han sido consultadas ni discutidas con los interlocutores sociales. Por lo tanto, está bien que usted reconozca esto, porque la ministra dijo que era una ley consensuada con los agentes sociales y económicos.

Señor presidente, señorías, nuestro grupo no comparte el fondo de este proyecto de ley porque el modelo que se plantea y se diseña dista mucho del modelo que defiende el Grupo Socialista. En primer lugar, porque la mejor política para el empleo es una política económica correcta desde el punto de vista industrial, fiscal y orientada al crecimiento. Y aquí por ningún lado, salvo en el título, se ven medidas para impulsar el crecimiento. Venimos reiterándolo meses y meses: solo con ajustes no salimos. O hay un impulso al crecimiento o no superaremos la crisis. Y usted podrá explicarme en qué parte del proyecto de ley hay medidas de estímulo al crecimiento, porque no se ven.

En segundo lugar, la mejor política de fomento del emprendimiento es sin duda la política educativa, que fomenta competencias transversales —iniciativa, trabajo en equipo, creatividad—, y justamente lo que hace el Gobierno del Partido Popular es recortar el gasto en educación en nuestro país. Lejos de converger con Europa, cada vez el gasto educativo supone menos aporte del PIB al gasto social del Estado. Por lo tanto, es la segunda discrepancia de fondo.

Y, tercera, y algo de cajón: ni el emprendimiento ni, por lo tanto, la creación de empleo se van a alcanzar si no hay instrumentos financieros que permitan el acceso al crédito a empresas y a emprendedores. Y ustedes hace poco en el Congreso votaron en contra de una propuesta del Grupo Socialista que iba en esta línea. Y, señores del Partido Popular, el problema existe, las empresas




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españolas no tienen acceso al crédito. El último dato que hay aquí dice claramente que estamos a niveles del año 1995, y este dato es un dato oficial que procede del propio Gobierno, señora Peris. Claro, que no toda la gente está igual de mal; hay gente que no tiene ningún problema de financiación como, por ejemplo, el Partido Popular. (Rumores.) Sí, el Partido Popular, que su extesorero ha reconocido que se han financiado ilegalmente durante veinte años; mientras que hay empresas que no pueden acceder al crédito de los bancos para mantenerse abiertas, ustedes se han financiado de forma ilegal, según dice su extesorero del Partido Popular, señores del Partido Popular. (Protestas.)

Señor presidente, señorías, voy a hacer algunas consideraciones más. En este proyecto de ley se promueve una rebaja del impuesto sobre sociedades al 15 o al 20%. Pero el problema de fondo no es una rebaja del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, el problema de fondo es la injusticia en el pago de ese impuesto, porque las grandes corporaciones y los bancos tributan a un tipo medio del 5% y las pymes españolas a un tipo medio del 23%. Por tanto, la rebaja no viene a resolver la injusticia de ese impuesto. Lo que procede es reformularlo y quitar todas aquellas deducciones que solo sirven como coartadas fiscales al servicio de las grandes corporaciones. Y, señorías, lo demás es un brindis al sol.

En segundo lugar, nos preocupa, y mucho —lo decía el señor Guillot—, el contrato a tiempo parcial. Sí, ustedes todavía lo desregulan más, y dan dos mensajes claros a la opinión pública —como le dije el otro día en la comisión—; ustedes dicen a los empresarios: Ahí tienen a un ejército de gente joven dispuesta a trabajar por dos duros; contrátenla. Y a los jóvenes —que todavía es peor—, un mensaje de desesperanza, porque introducen que este contrato estará vigente hasta que baje del 15% el paro, y ese contrato no será coyuntural, será estructural. Por tanto, ustedes condenan a la gente joven a contratos a tiempo parcial por dos euros hasta que el paro baje del 15%, es decir, por muchos años, señores del Partido Popular.

Voy concluyendo. La Comisión Europea ha recomendado la puesta en marcha de la garantía juvenil, que ustedes saben que consiste en que a aquel joven que lleve más de cuatro meses parado se le proporcione un empleo o bien una formación académica de calidad. Y yo les pregunto: con lo que se plantea en esta ley, ¿creen ustedes que se va a cumplir esta recomendación? Hay países que lo aplican, por ejemplo, Austria, y con éxito. ¿En qué parte del proyecto de ley se cita esto y cómo se va a hacer?

En cuarto lugar, hay que hacer un plan de choque contra el desempleo juvenil. El último informe europeo dejaba claro que es un problema de España y de Europa. Decía este informe que el 1,2% del PIB europeo —153 000 millones de euros al año— es el coste de los nini en Europa; en España, el 1,47% del PIB —más de 15 000 millones de euros al año—. ¿Ustedes creen que con 1900 millones de euros que se han conseguido en Europa se acaba el problema? No, porque es una financiación insuficiente.

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Termino, señor presidente.

Podrán sacar mucho pecho, pero pongámoslo en términos reales: 1900 millones de euros entre un millón de jóvenes de menos de 25 años, estamos hablando de menos de 2000 euros por joven cada dos años; es decir, hablamos de 80 euros al mes por joven. ¿Creen ustedes que esta financiación va a resolver el problema? No.

Me quedo con las palabras del señor Schulz —es el presidente del Parlamento Europeo—, quien decía de forma contundente que si hemos sido capaces de destinar 700 000 millones de euros para rescatar a la banca, parece que será más interesante dedicar más recursos que 6000 millones de euros a rescatar a nuestros jóvenes.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, senador Guillot, no se han podido aceptar las enmiendas, no porque haya una voluntad negativa, sino por las razones que le he dado a lo largo de 30 minutos, que creo que han sido bastante amplias.




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Senador Martínez-Aldama, usted dice que las medidas de crecimiento son insuficientes, pero ¿qué política de empleo hizo el Partido Socialista? El Gobierno del Partido Popular ha sido el primer Gobierno que ha permitido que se pueda compatibilizar la prestación por desempleo de un joven menor de 30 años con el inicio de una actividad; es el primero que ha permitido una reducción en las cuotas iniciales; es el primero que ha permitido que se pueda ampliar y distribuir la aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo; es el primero que hace una reducción en el impuesto sobre sociedades, como usted ha dicho, aunque no menciona que en la época en que gobernaba su partido, el Partido Socialista, este impuesto estaba en un 30%, mientras que la media de lo que pagaban las grandes empresas, con más beneficios y haciendo triquiñuelas a través de diferentes mecanismos, no llegaba al 12%, cuando la de las pequeñas y medianas empresas alcanzaba un 20 y un 25%. Esa era la política de su Gobierno, la política de empleo y la política económica de su Gobierno, del Gobierno que nos ha sumido a todos los españoles en la ruina más absoluta.

Por supuesto, no pueden compartir el espíritu de este proyecto de ley, evidentemente. A la vista de cómo ustedes han gobernado y han gestionado España, es obvio —y nosotros nos congratulamos— que no compartan el objetivo ni el proyecto de ley, porque, desde luego, son dos maneras diferentes de hacer política. La suya es el fraude, es engañar, es la economía sumergida, es sumir a España en la ruina, es el paro. La nuestra es hacer medidas para crear empleo, estrategias para fomentar el emprendimiento, ayudar a los jóvenes. Ninguna medida hicieron ustedes para ayudar a los jóvenes, ninguna, señorías. El primer Gobierno que lo hizo fue el Gobierno del Partido Popular.

Como usted ha dado datos, yo también se los voy a dar. El paro —ya lo ha dicho su compañero, el senador Varela— en junio ha descendido en 127 248 personas. Además, esos contratos a tiempo parcial, de los que ustedes hablan y dicen que son tan precarios y que recortan los derechos de los trabajadores, desde la entrada en vigor del Real Decreto de 22 de febrero de 2012, han dado como resultado la firma de 350 000 contratos indefinidos en seis meses; en ocho años ustedes nos sumieron en 5 millones de parados, en seis meses 350 000 contratos indefinidos. Evidentemente, señor Martínez-Aldama no es la misma forma de hacer política; evidentemente.

El paro de los jóvenes. Desde que se ha puesto en marcha esta estrategia por el empleo, hay 33 000 personas, señoría, menores de 25 años que han salido del desempleo; hay más de 55 000 jóvenes que se han beneficiado de las oportunidades de esta estrategia, lo que supone una tasa del 6,5% anual. Se han firmado más de 30 000 contratos de aprendizaje y de formación, que representan un crecimiento del 73%. Hay más de 14 000 personas demandantes de empleo que se han formado en nuevas tecnologías y se espera que se generen, de aquí a 2017, en torno a 300 000 puestos de trabajo. Y en términos globales, señorías, está previsto que, con las medidas que se han adoptado en esta estrategia y en este proyecto de ley, se realicen más de 2 millones de actuaciones a lo largo de cuatro años y que haya, senador Sabaté —porque usted hacía referencia a las inversiones—, una inversión que supere los 3485 millones de euros en el marco de las cien medidas contempladas.

Yo creo, señorías, que es un gran proyecto de ley, que es un proyecto de ley que va a aumentar, a potenciar y a fomentar el empleo joven, y, sobre todo, va a volver a introducir a España en la senda del crecimiento, que es lo que necesitamos y que habíamos perdido con el Gobierno del Partido Socialista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Senadora Peris, tiene la palabra.

La señora PERIS JARQUE: Buenas tardes.

Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, creo que es importante decir que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, como dijo la ministra, fue arropada por los sindicatos y la patronal; eso es lo que no ha cambiado. Si se confunde que la Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven es una estrategia europea… Lo que es europeo es la garantía juvenil —lo ha dicho muy bien la senadora Rieradevall— y la Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven es una estrategia gestada en España, no es europea. Si nos confundimos y no sabemos qué es la Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven —cien medidas españolas arropadas por empresarios y sindicatos; arropadas, sí, que es lo que dijo la ministra— ni la garantía de empleo juvenil —que sí que sabe qué es la




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garantía de empleo juvenil—, que es lo que es europeo, si nos confundimos ahí… El preámbulo de la ley lo dice, pero no respecto al proyecto de ley. Tenemos que saber leer. Usted lea, pero además entienda lo que lee, es que son dos cosas distintas. (Aplausos.) Son dos cosas distintas leer y entender además lo que se lee. Así vamos mal. Esa Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Juvenil está arropada por Europa con medidas y con financiación. No solo los 1900 millones —no solo—, señor Martínez-Aldama, es lo que vendrá de Europa.

Señor Guillot —sabe usted que yo también le tengo cariño y siempre lo nombro—, no puedo decirle nada, porque es una opinión. Es una opinión y yo la tengo que respetar, no la comparto. Usted insiste en la reforma laboral, y esto no es la reforma laboral. Usted insiste en la educación, en el modelo educativo del Partido Socialista, en el que uno de cada cuatro alumnos no acababa la ESO —la Educación Secundaria Obligatoria—. Ese era el modelo de la educación de este país: uno de cada cuatro alumnos no acababa la ESO —la Educación Secundaria Obligatoria—. Y ahora hablen y critiquen la reforma del ministro Wert. La FP dual ¿quién la ha puesto en marcha, señor Guillot? ¿El Partido Socialista? La FP dual, las oportunidades para nuestros jóvenes ¿la ha puesto en marcha el Partido Socialista? No.

En los cuatro trimestres posteriores a la reforma laboral se destruyeron mil empleos menos que en los cuatro trimestres anteriores, en concreto, 96 500 —un 15% menos—. Señor Varela, es que usted los datos… Ahora entiendo lo que hemos hablado antes de la estrategia, cómo utiliza luego los datos. (Una señora senadora: Es muy lista.) No, no, señora, no soy nada lista, simplemente doy unos datos. No se preocupe que yo no me lo considero. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora PERIS JARQUE: Senadora, no soy lista. Leo, intento entender, a veces no lo consigo, pero a veces sí. (Aplausos.) Pero veo que ustedes sí que tienen ese problema, que leen y no entienden muchos de ustedes; además, no escuchan. No es solo leer, es que además no escuchan. Ustedes han dicho que esta ley es insuficiente. A los que les ha traicionado el subconsciente es a ustedes. ¿Por qué? Porque no han dicho que es mala, no han dicho que no va a favorecer el emprendimiento, el empleo joven; han dicho que es insuficiente, lo han dicho todos. Entonces es que vamos en la buena dirección. Lo ha dicho el señor Varela, por ejemplo, lo han dicho varios: es insuficiente. Vamos en la buena dirección.

Comparto con mi compañera, la senadora Romero, que su modelo no nos sirve. ¿Por qué? Porque con ustedes se destruyeron 500 000 empresas, 3 800 000 despidos. No nos sirve su modelo. Déjennos a nosotros aplicar el nuestro. Déjennos a nosotros aplicar el nuestro. (Rumores.—Aplausos.)

A mí no me gusta entrar en el asunto de los ERE, pero a ustedes les han dado la instrucción de que tenían que nombrar y nombrar y nombrar y nombrar determinadas cosas. Y yo ya le dije que en esos asuntos no me gusta entrar. No me gusta hablar de los ERE de Andalucía. Ese modelo tampoco nos gusta. Y que Griñán diga que va a pagar la defensa de los imputados tampoco nos gusta, no lo compartimos. No es nuestro modelo tampoco. (Aplausos.) Claro, que es normal que ustedes den credibilidad a una persona que ahora está en prisión y atacan a una juez. Ese modelo tampoco nos sirve, dar credibilidad a alguien que, por ahora, está en prisión y atacar a una juez. ¿Por qué? Ese modelo tampoco nos sirve. (Aplausos.)

El paro registrado de junio —eso sí nos sirve— bajó en 127 248 personas. No sacamos pecho, seguimos trabajando. Se ha producido el mayor descenso del mes de junio de toda la serie histórica. Con ustedes, a finales de 2006 y principios de 2007, la tasa de paro de menores de 25 años era del 18%; en cuatro años, la triplicaron. En 2011, eran 46,4% los jóvenes menores de 25 años en paro. Ese modelo tampoco nos sirve. Desde principios de 2007 hasta finales de 2011, 461 100 jóvenes menores de 25 años perdieron su empleo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PERIS JARQUE: Sí, presidente.

Doy dos datos, y acabo. Muchas gracias.

En la segunda legislatura de Zapatero, el número de jóvenes autónomos menores de 25 años disminuyó un 53,7%… (Protestas.)




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora PERIS JARQUE: Eso es exactamente lo que están haciendo, no escuchar. Sigan así.

El número de autónomos disminuyó un 53,7%, se perdieron 50 200 autónomos jóvenes. Ustedes dejaron a España, con ese modelo que aplicaron, como la dejaron, y siguen haciéndolo en Andalucía, porque lo peligroso no es la herencia, es lo que siguen haciendo en una comunidad como la andaluza y lo querrían hacer en el resto de España.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora PERIS JARQUE: Perdone, presidente, y muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senadora Peris.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a este proyecto de ley, comenzando por las presentadas por los senadores Yanguas y Eza y la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 40 y 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 216; abstenciones 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 226; abstenciones 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 148; abstenciones 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 41 a 44.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 216; abstenciones 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 47 y 49.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 216.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal votamos, en primer lugar, la enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 157; abstenciones 75.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 8 y 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2 y 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 13.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 36 y 39.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3, 4 y 31.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 10, 17, 22, 32 y 38. Aviso de que la enmienda número 19 la votaremos aparte.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 217; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 6, 20 y 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 217; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 11 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 12 y 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 69; en contra, 163; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 7, 15, 16, 24 y 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 14, 23, 26 a 28, 30 y 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Votamos las enmiendas números 121, 123, 125, 127, 128 y 145.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 217; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 124, 135 a 138, 142 y 147.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 139 y 148.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 148; abstenciones, 84.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 122, 126, 146, 150 y 151.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 149; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 129 a 134 y 143.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 140 y 141.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 21; en contra, 215.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 144 y 149.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas números 207, 208 y 209.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 163 y 164.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 70; en contra, 155; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 152, 161, 162, 165, 166, 167, 169, 179, 184, 186, 187 y 196.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 154; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 158, 159, 200 y 202.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 178 y 203 a 205.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 206.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 165; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 170, 180, 188, 190, 191, 193, 197, 198 y 199.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 182.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 201.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 153 a 157, 160, 171, 172 y 194.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 168, 173 a 177, 181, 185, 189, 192 y 195.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 183.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 163; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 210.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 157; abstenciones, 75.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 217 y 219.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra, 219; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 221.

Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 165; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 227.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 228; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 242.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 164; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 222 y 243.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 163.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 211 y 234.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 223, 232, 235 a 237, 239 y 244.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 212, 213 y 240.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 73, en contra, 153; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 218, 220, 226, 231, 241 y 247.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 216, 224, 225, 233 y 238.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 230.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 152; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 245 y 248.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 153; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 228.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 4; en contra, 216; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 215, 229 y 246.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 216; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas números 249, 250, 260 a 264, 266 a 270, 278 a 280, 282, 287, 289, 293, 295, 296, 326, 327, 329 y 330.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 152; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 272.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 273, 274, 290, 297, 305, 314, 317, 318 y 322.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, 6.




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El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 285, 299 y 324.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 15; en contra, 147; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 251, 291, 292, 298, 302, 303, 304, 311, 316, 321, 323, 332 y 333.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 271.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 252 a 259, 265, 276, 277, 284, 300, 301, 306 a 310, 312, 313, 315, 319, 320 y 331.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 11; en contra, 220; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 281 y 286.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 220; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 294, 325 y 328.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 288.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 283.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 78; en contra, 152; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista.




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Comenzamos votando las enmiendas números 61 y 62.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 56, 57, 108, 112 y 116.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 82, 88, 113, 114 y 115.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 161; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 50, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 77 a 80, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 102, 109 a 111 y 120.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 76.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 147; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 68, 85, 93, 95, 96, 98 y 103 a 107.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 66, 71 a 74, 81, 86, 90, 94, 97, 100, 101 y 117 a 119.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 75.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 159; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas 51 a 55, 58, 69, 70 y 99.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47201 sobre la enmienda 279, de Convergència i Unió, firmada por todos los grupos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 234; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos a continuación la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47209 sobre las enmiendas número 5, del Grupo Mixto, y 214, del Grupo de la Entesa, firmada por todos los grupos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 220; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Votamos a continuación, señorías, en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 153; en contra, 70; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

9.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE FARMACOVIGILANCIA, Y 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2011, SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO LEGAL, Y SE MODIFICA LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 621/000042)

El señor presidente da lectura al punto 9.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Aragón, por tiempo de cinco minutos.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Buenas noches, señorías. Tengo el honor de haber sido designada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para presentar a la Cámara el dictamen del proyecto de ley por la que se




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incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 22 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 26 de junio, fue ampliado hasta el día 28 de junio de 2013.

A este proyecto de ley se presentaron tres propuestas de veto y noventa y dos enmiendas, dos de las cuales, en concreto, la número 75, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y la número 89, del Grupo Parlamentario Popular, fueron posteriormente retiradas.

La comisión se reunió para dictaminar el día 3 de julio y emitió dictamen, en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, y los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Grupo Socialista.

Solo me queda dar las gracias al letrado de la comisión, don José María Codes, y a todos los portavoces y miembros de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales por el trabajo realizado.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.—Rumores.—Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor, ruego silencio. No vamos a continuar en tanto siga en el hemiciclo este ruido.

Comenzamos con las propuestas de veto.

En primer lugar, examinamos la propuesta de veto número 1, de los senadores señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas noches ya. Hemos formulado un veto a este proyecto de ley porque entendemos que, una vez más, bajo una denominación que hace referencia a la traslación del contenido de directivas de la Unión Europea, se esconde la voluntad política de modificar fundamentalmente la Ley del medicamento, y no precisamente para aumentar las garantías y el uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios. Se pone el foco sobre las dos directivas de la Unión Europea, pero estas, como dice el informe del Consejo de Estado, se convierten en una parte menor del proyecto de ley, e incluso la mayor parte de los contenidos de esas directivas quedan pendientes del desarrollo reglamentario de la ley.

¿Cuáles son, por tanto, los objetivos reales de este proyecto en nuestra opinión? Son dos. Uno, que ya aparecía en el proyecto según entró en el Congreso de los Diputados: prohibir las subastas autonómicas para la adquisición de medicamentos y establecer un marco legal que permite exclusivamente a la Administración del Estado acudir a este mecanismo. Es una posición política que el Grupo Parlamentario Popular puede, legítimamente, defender y mantener, pero para evitar confusión, para que los ciudadanos identifiquen perfectamente quiénes son los autores y responsables de las propuestas políticas, hubiera sido preferible que tal planteamiento, que tal propuesta no se colgara de la percha de las dos directivas de la Unión Europea, que nada tienen que ver con este tema, que en ningún caso cierran o proscriben la posibilidad de que las comunidades autónomas celebren subastas para la adquisición de medicamentos.

La segunda motivación surgió en el debate del Congreso de los Diputados a partir de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la enmienda que modifica el párrafo último del artículo 14.2 y que con otra enmienda en esta Cámara se refuerza y ratifica. El Partido Popular sabrá por qué considera imprescindible en este momento alterar el statu quo que hay en la producción y comercialización de medicamentos genéricos, cambiando las reglas del juego y consolidando la figura del genérico de marca, la figura del específico, que concluido su periodo de




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vigencia se transforma de forma automática en genérico. Sinceramente, agradecería una explicación al respecto, porque me cuesta trabajo posicionarme en torno a esta decisión en tanto en cuanto no alcanzo sus objetivos reales.

Además, este proyecto de ley se trata de una pieza más de una política sanitaria que la fuerza política a la que represento ha cuestionado globalmente, la que se ha definido y articulado en torno al Real Decreto 16/2012, que supone medidas de copago y repago en los productos farmacéuticos y que afecta también a los ortoprotésicos y al transporte sanitario no urgente, para ahorrar —se decía entonces— unos 7000 millones de euros, la mitad de los cuales saldría de la aportación de los ciudadanos, no por una mejora en el uso racional de los medicamentos.

En relación con los contenidos del proyecto de ley que también nos llevan de forma más pormenorizada a presentar este veto, me voy a referir de forma breve a un par de ellos. Se trata de una ley de contenido fiscal; más allá de los objetivos políticos a los que acabo de hacer referencia, es una ley que incrementa de forma muy notable las tasas.

También expresamos nuestra discrepancia con que sea afortunado establecer una regulación de la farmacovigilancia común a productos farmacéuticos para las personas, común a los medicamentos de uso veterinario, y común incluso para los productos cosméticos o de higiene personal.

Tampoco pensamos —y en este caso la responsabilidad sí es de la Unión Europea y aquí se plasma y se desarrolla— que los mecanismos de farmacovigilancia se establezcan respondiendo a una lógica de vigilancia sucesiva, en la que cada operador vigila lo que su proveedor le ha suministrado, porque ello deja en un segundo plano el papel de los sistemas nacionales de salud en Europa y aquí, que entendemos han de ser la pieza esencial y fundamental para el desarrollo de estas funciones de farmacovigilancia.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 3 es la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra la senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, buenas noches. Nuestro grupo siempre apoyará cualquier cambio legal para combatir el fraude en algo tan sensible como son los medicamentos. Pero eso es algo muy distinto a hacer una ley para cometer un fraude, en este caso, un fraude legislativo, porque eso es lo que está haciendo el Gobierno. Con la excusa de transponer dos directivas europeas pretende incluir otros cambios de claro contenido político e ideológico. Y me explico.

Atendiendo al propio nombre de la ley, la norma que hoy debatimos tendría que servir para introducir en nuestro ordenamiento jurídico el contenido de dos directivas europeas, una sobre farmacovigilancia y la otra sobre la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es que ustedes van mucho más allá. Fíjense si es así, que el apartado referido a las directivas europeas ocupa una parte muy menor del proyecto de ley, mientras que el resto del texto se dedica básicamente a introducir nuevas tasas y trámites y a realizar modificaciones en otras leyes, como la Ley del personal estatutario o cambios en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Pero ni con todo eso consiguen ocultar cuál es uno de sus principales objetivos, aquello que les obsesiona, con lo que el Partido Popular quiere acabar como sea, cueste lo que cueste: la subasta de medicamentos de Andalucía. Esto es lo que realmente les preocupaba.

Pero, señorías, vayamos por partes. Con respecto a las directivas europeas, estamos de acuerdo en la necesidad y la adecuación de nuestras normativas, en concreto, de la Ley 26/2006, de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, a las directivas europeas. Esto afecta a cuestiones fundamentales para la protección de la salud pública, como la calidad y la seguridad en la fabricación y suministro de los medicamentos o la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de venta, no solo en el caso de los medicamentos, sino también para aquellos productos del cuidado personal y cosmético.

Coincidimos, como no puede ser de otra forma, en la necesidad de mantener la calidad en la producción de los medicamentos. Pero permítanme que les diga que, para preocuparles tanto la




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calidad, en el caso de esta ley no la hemos visto por ningún lado, porque ustedes han hecho una chapuza legislativa, y miren si han tenido tiempo para hacer la transposición. Aunque, claro, todo tiene su explicación. Debe de ser porque se trata de la primera ley en año y medio que trae la ministra Mato a las Cortes, porque ya sabemos que su fuerte es legislar y recortar a golpe de real decreto.

Pero, a pesar del tiempo que han tenido, han presentado ustedes treinta y seis autoenmiendas a esta ley, lo que demuestra, por un lado, que, al igual que hicieron con el Real Decreto Ley 16/2012, no son ustedes muy hábiles haciendo leyes. Entonces tardaron veintidós días en enmendar el real decreto, con cinco páginas de corrección de enmiendas. Pero, bueno, en este caso aún tenemos la suerte de poder debatir el asunto, cosa que no pasó entonces ni con los sucesivos reales decretos que ustedes han ido convalidando en el Congreso, aplicando su rodillo de mayoría parlamentaria.

Como les decía, han tenido que tramitar este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, porque van tarde, señorías del PP, los plazos de las transposiciones ya están superados, como censuró el propio Consejo de Estado en su informe y en su dictamen.

Respecto de las treinta autoenmiendas que han introducido en el trámite del Congreso de los Diputados, ustedes han vuelto a las andadas, han aprovechado para introducir cambios que no tienen que ver con la ley y que el resto de grupos ya no podemos enmendar. Esto, señorías, es a todas luces una mala praxis legislativa que pervierte todo el proceso legislativo, porque ustedes solo pretenden esquivar los trámites previos que requiere cualquier anteproyecto de ley. Pero es que en su trámite en el Senado lo han empeorado, porque lo que para el grupo mayoritario son todo facilidades para el resto de grupos es lo contrario. De hecho, aún estamos sorprendidos por la decisión de la Mesa al no admitir a trámite para su discusión en la comisión siete enmiendas de los distintos grupos de la oposición. ¿Y cuál era el motivo? Pues el motivo no hay que buscarlo en la forma, sino en el fondo de lo que decían las enmiendas. ¿Y saben, señorías, qué defendían esas siete enmiendas? La universalización de la sanidad, la asistencia a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, la igualdad delante de la enfermedad, que en nuestro país no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para acceder al médico. Pero lo que raya el esperpento es lo que alegó la Mesa para no admitir las enmiendas: se nos dijo que esas enmiendas no tenían nada que ver con la ley. Yo les digo que tiene que ver más con la farmacología el garantizar el acceso a las personas a la sanidad y a los tratamientos que los cambios que afectan a los odontólogos o al personal funcionario, que el Grupo Popular ha introducido en la ley, muchísimo más. (Aplausos.)

Pero vayamos al punto importante: su obsesión por acabar con la subasta de medicamentos. Yo lo llamo obsesión, porque a veces me parece hasta un poco patológico. Lo que una se pregunta es: ¿por qué le molesta al Partido Popular que una comunidad autónoma pretenda ahorrar en la provisión de medicamentos? No recortan, que es más fácil y menos social, sino que estamos hablando de un ahorro de verdad para el bolsillo de los ciudadanos sin ninguna pérdida de derechos. Ustedes se llenan la boca hablando de eficiencia, de ahorro, y nos acusan a las comunidades autónomas de ser derrochadoras. Entonces ¿qué le preocupa tanto al Partido Popular de la subasta de medicamentos andaluza? ¿Por qué les molesta que se ahorre en la compra global de medicamentos? ¿ Y por qué tanta prisa? ¿Por qué no pueden esperar ni tan siquiera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que ha presentado el Gobierno? Yo se lo voy a decir. El Partido Popular no quiere que los españoles comprueben que hay alternativas a sus recortes, que es posible administrar los recursos sanitarios de otra forma, más eficiente, defendiendo los intereses de los contribuyentes y los usuarios de la sanidad pública. Eso que quieren evitar a toda costa.

Señorías del Partido Popular, ustedes han tratado de construir un relato que parte de una falsedad: que no podemos pagar la sanidad que tenemos ni la educación ni los servicios sociales ni la justicia, un relato en el que la igualdad de oportunidades brilla por su ausencia y en el que siempre acaban favoreciendo a los más fuertes. Porque mientras ustedes tardaron apenas cuatro meses en poner un copago farmacéutico, en que nuestra sanidad perdiera el adjetivo de universal, en poner un copago en las ambulancias para el tratamiento de diálisis, en retirar más de cuatrocientos medicamentos de la cartera del servicio público, lo que ha disparado el precio de muchos de ellos hasta el 125%, otros Gobiernos socialistas pensaron de otra forma para ahorrar,




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buscaron la eficiencia en otras vías, y una de ellas podría ser la subasta de medicamentos. Ahora vemos que en este cajón de sastre, en este proyecto de ley en el que se habla de odontólogos, de farmacovigilancia, de cosméticos, de personal estatutario, el objetivo, o uno de ellos, era vetar que la Comunidad andaluza pueda convocar la subasta de medicamentos para mejorar la eficiencia y ahorrar recursos públicos.

Señorías, por todas las razones descritas, mi grupo ha presentado este veto. Termino. Estamos de acuerdo en la transposición de las directivas, en mejorar la calidad de los medicamentos y en la prevención del fraude, pero no apoyaremos una ley que les facilite aún más el camino para el cambio de modelo que ustedes tienen escrito para nuestra sanidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su propuesta de veto número 2, tiene la palabra la senadora señora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Quiero aprovechar esta intervención para manifestar la satisfacción de mi grupo, para manifestar la satisfacción del Partido Socialista por la suspensión cautelar del proceso de privatización de los hospitales madrileños. (Aplausos.) Consideramos que es una buena noticia para nuestra sanidad, que es una muy buena noticia; esperemos que esta suspensión cautelar se convierta en una suspensión definitiva para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía sobre nuestro sistema sanitario, porque la sanidad no es del Gobierno de turno, la sanidad es de los ciudadanos, y así lo están defendiendo en las calles.

Salgo a esta tribuna para defender el veto que ha presentado el Grupo Socialista a este proyecto de ley. Si bien es cierto que no presentamos un veto en la tramitación en el Congreso de los Diputados y que nos abstuvimos en la propuesta de veto que hizo Izquierda Plural, hemos decidido presentar en el trámite del Senado este veto porque este proyecto de ley, al incorporar las treinta y siete autoenmiendas del Partido Popular, se ha convertido en una auténtica chapuza. Y lo que otros denominan una técnica legislativa poco adecuada hay que llamarlo chapuza, porque se aprovecha como excusa la obligación de la transposición de dos directivas europeas. Por cierto, se hace fuera de tiempo; según pudimos leer el pasado 20 de junio, Bruselas expedientará a España por no transponer la directiva en tiempo y, señorías, no será porque no haya habido ocasión, porque hemos modificado la Ley 29/2006 en dos ocasiones, en el Real Decreto 16/2012 y en el Real Decreto 20/2010.Como decía, aprovecha como excusa la obligación de la trasposición de las directivas europeas, para meter de rondón diferentes modificaciones legislativas que no vienen al caso. Y no es que lo diga yo, es que el informe del Consejo de Estado considera que, en realidad, la trasposición de las directivas europeas es una cuestión menor en el texto que hoy tenemos aquí; y eso que el Consejo de Estado revisó un texto que nada tiene que ver con el que hoy estamos tratando, porque en el trámite parlamentario, como he dicho antes, el Grupo Popular ha metido treinta y siete autoenmiendas y ha introducido modificaciones en diferentes normativas, como el Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la de odontólogos, etcétera.

Y es que viene siendo habitual que el Grupo Popular utilice los proyectos de ley para introducir posteriormente, en el trámite parlamentario, cuestiones que nada tienen que ver con el asunto en cuestión. Lo hemos visto en el proyecto de ley que hemos debatido anteriormente, lo han dicho los portavoces de todos los grupos parlamentarios, menos el del Grupo Popular. También suele ser habitual que el asunto en cuestión, que viene reflejado en la exposición de motivos, nada tenga que ver con lo que posteriormente se desarrolla en la ley. Por ejemplo, en la exposición de motivos del Decreto 16/2012 decía: garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria, y lo que estábamos haciendo era quitar la atención sanitaria a más de un millón de personas.

No podemos estar de acuerdo con varias de las disposiciones finales de esta normativa, donde se modifican cuestiones tan relevantes como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley 55/2003, incumpliendo así el Gobierno el procedimiento legalmente establecido de negociación y consulta. O se modifica la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en lo referido a la troncalidad, cuestión que al menos requiere una justificación.




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Otro de los motivos fundamentales por los que hemos presentado este veto es por el empeño del Partido Popular en reventar las iniciativas de ahorro en gasto farmacéutico, sin recortes a las prestaciones sanitarias, que está haciendo el Partido Socialista en Andalucía. Ustedes pretenden en esta normativa atacar de nuevo la subasta de medicamentos puesta en marcha por la Junta de Andalucía. ¿Y cómo lo hacen? Introduciendo —eso sí, en el trámite parlamentario, no antes— que el precio de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación, y por tanto de rebaja, salvo que se aplique en todo el territorio nacional. Y yo me pregunto el porqué de esta obsesión contra la subasta de medicamentos de Andalucía; cuáles serán los intereses que tienen ustedes en que esta medida, que supone un ahorro importante, no salga adelante. Pretenden conseguir, con la excusa de esta ley, lo que no están consiguiendo en los tribunales con las sucesivas denuncias ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley andaluz 3/2011. Aunque también es cierto que ustedes no tienen por costumbre esperar a lo que el Tribunal Constitucional resuelva, aunque después pregonen el respeto hacia el Tribunal Constitucional. La motivación que el Partido Popular defiende para eliminar la subasta de medicamentos de Andalucía tiene lo suyo: garantizar el suministro y el acceso de la población a los medicamentos. Aclárense, señorías del Partido Popular, porque lo que ustedes han impuesto a los ciudadanos con su Real Decreto 16/2012 es exactamente lo contrario: han puesto barreras en el acceso a las prestaciones farmacéuticas, y eso está teniendo consecuencias directas sobre la salud de las personas, sobre la salud pública. Con el copago de los pensionistas, lo que se ha conseguido es que algunos de ellos no compren la medicación pautada por su médico y, por lo tanto, necesaria para su salud. Así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica, que ha dicho que casi uno de cada cinco de nuestros pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago farmacéutico. Los pensionistas han dejado de consumir medicamentos prescritos por sus médicos, y sobre todo lo han hecho aquellos pensionistas que menos renta tienen.

El pasado mes de mayo se publicó un estudio de Antares Consulting sobre el impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico. Hacía un análisis del impacto del Real Decreto 16/2012 y explicaba que la implantación del copago ha tenido como resultado, entre otros, un ahorro económico de 552 millones de euros. Así vistas las cifras, podemos decir: bueno, se ha ahorrado bastante dinero. Pero, cuando profundizamos y miramos los números, apreciamos que esos 552 millones de ahorro vienen de que los pensionistas que menos cobran, de que los pensionistas que cobran menos de 18 000 euros anuales, han aportado la mitad de ese ahorro de su propio bolsillo. El Gobierno ha metido la mano en el bolsillo de los pensionistas que menos ganan y les ha quitado casi 250 millones de euros. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Y cuando ataca la subasta de medicamentos de Andalucía y la justifica diciendo que es para garantizar el acceso a las prestaciones farmacéuticas, dice una cosa pero aplica totalmente la contraria. Ataca a Andalucía porque la apuesta de los socialistas en Andalucía es apretar a la industria farmacéutica para ahorrar. Yo entiendo que esta apuesta no es compartida por el Grupo Popular, y a los datos me remito; ellos prefieren cargar hacia los que menos rentas tienen, y los datos que he dicho antes son que los pensionistas han aportado 250 millones de euros en el ahorro. Ustedes prefieren desfinanciar los medicamentos, y hoy lo hemos podido leer: el Gobierno deja de financiar las píldoras anticonceptivas más usadas entre los dos millones de mujeres españolas que utilizan este método de contracepción. Se incorporaron en el año 2011 al Sistema Nacional de Salud para prevenir embarazos no deseados. Ustedes desfinancian medicamentos, ustedes crean copagos, y los socialistas, con nuestras enmiendas, lo que proponemos, entre otras cosas, son fórmulas alternativas de ahorro farmacéutico, como la prescripción por principio activo o extender la subasta de medicamentos a toda España. Desde luego, estas fórmulas alternativas no son compartidas por el grupo mayoritario de esta Cámara.

Es evidente que defendemos modelos diferentes, fórmulas diferentes del reparto de la carga del coste farmacéutico: ustedes, los del PP, para los enfermos, y nosotros parra la industria farmacéutica. Tampoco comparten que se restablezca la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que se reconozca la existencia sanitaria a los inmigrantes ni que se vuelva al sistema de aportación del 40%. El Grupo Popular ni siquiera comparte que estas enmiendas puedan hoy ser debatidas aquí, porque lo que han querido es coartar el debate y no admitir a trámite nuestras enmiendas diciendo que nada tienen que ver con el objeto de la ley. ¡Pues que me expliquen a mí qué narices tiene que ver con el objeto de esta ley la subasta de medicamentos




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de Andalucía! Pero, ¡qué le vamos a hacer!, la mayoría de la Mesa, o sea, el Partido Popular, con su superior criterio, lo ha decidido así para las enmiendas socialistas, pero no para las enmiendas del Partido Popular. Este es el diferente rasero que utiliza el Partido Popular. (Aplausos.)

Para terminar, y resumiendo mi intervención, quiero justificar claramente los tres motivos fundamentales por los que hemos presentado este veto. La proposición nada tiene que ver con la trasposición de las directivas europeas. no estamos de acuerdo con las modificaciones que se han introducido en el trámite en el Congreso y en el trámite en el Senado; por ejemplo, la modificación del Estatuto Marco o de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Por fin, la intención con esta norma es conseguir lo que no están consiguiendo en los tribunales: paralizar la subasta de medicamentos en Andalucía. Por todo esto solicito, señorías, el voto favorable a esta propuesta de veto.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Chivite.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, han mezclado churras con merinas. Intentaré centrarme un poquito en las argumentaciones para rechazar los tres vetos, y luego haré mi aportación, como andaluz, en lo referente a sus indicaciones sobre otras connotaciones específicas que no entran en la ley.

En primer lugar, señorías, la ley conlleva —eso lo han dicho y se ve claramente— el cumplimiento de la necesidad de adaptación cuanto antes a la nueva normativa europea, sobre todo en farmacovigilancia, a la que está establecida, a fin de proteger la salud pública y hacerlo de manera armonizada para todos los medicamentos de uso humano, con independencia del procedimiento de autorización de los mismos. Además, la ley supone un refuerzo imprescindible de las garantías de fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos, así como el control de la venta legal de medicamentos a través de Internet, o a través de otros medios telemáticos indirectos, y la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, de acuerdo con la normativa europea.

El señor Iglesias, que ha presentado el veto número 1, ha dicho que la ley va más allá de la mera incorporación de conceptos como cosméticos o productos sanitarios, introduciendo las tasas. Pero las definiciones de cosméticos y productos sanitarios ya figuraban en la ley, por lo que no se incorporan en esta modificación. Por otro lado, las tasas también figuran en la ley, por lo que tampoco se introducen en esta modificación. Usted ha dicho que es una ley de contenido fiscal: nada; nada de contenido fiscal. En materia de tasas —y sirva también para lo que ha dicho la senadora de Entesa—, estas ya figuraban en la ley, y el proyecto únicamente pretende una modificación necesaria para adecuar las tasas tal como se establecían en la ley de 2006 con arreglo a la responsabilidad de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios.

También se ha dotado de soporte legal a determinadas sanciones, de acuerdo con el principio constitucional de legalidad sancionadora contenida en el artículo 25 de nuestra norma fundamental, de nuestra Constitución, que tiene un doble sentido: por un lado, la predeterminación normativa de las conductas sancionables y, por otro, la predeterminación de las sanciones que correspondan.

Respecto al comentario general sobre el peso que el proyecto tiene en la modificación del régimen sancionador sobre la trasposición de la directiva, cabe mencionar que la Directiva del Parlamento Europeo dice de forma textual: «Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adaptadas con arreglo a la presente directiva y adoptadas todas las medidas necesarias para asegurarse de que se aplicarán dichas sanciones. Las sanciones establecidas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias». Por ello, ha sido preciso la introducción de nuevas sanciones y la modificación de otras ya existentes.

En cuanto a la necesidad de recursos humanos, a lo que también se ha referido la senadora Almiñana, de Entesa, no existe ninguna contradicción entre la memoria y la disposición adicional segunda. El incremento de dotaciones señalado en la memoria se va a realizar mediante la asignación de veintiocho efectivos, que ya están perfectamente acordados entre la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.




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Señor Iglesias, en su veto cuestiona no prohibir la venta a domicilio o cualquier venta indirecta al público de los productos sanitarios, al igual que se hace con los medicamentos. También señala que las palabras «las administraciones sanitarias podrían limitar» condiciona… Esto es lo que usted dice en su articulado. Creo que hay un vacío y que otorga cierto grado de discrecionalidad; de ahí que la expresión sea «podrán limitar», lo que disminuye la incertidumbre que tiene «podrían limitar». No resulta adecuado establecer una analogía total entre los productos sanitarios y los medicamentos, en cuanto a las disposiciones relativas a la venta al público. Los medicamentos se venden en farmacias y hay otra serie de productos sanitarios, como las tiras reactivas de glucemia, que también se venden en farmacias; pero las tiritas y los preservativos se venden, por ejemplo, en otro tipo de establecimientos, que no tienen que ser farmacias, lo mismo que las gafas se venden en las ópticas. Es decir, no hay que focalizarlo todo en las farmacias, sino que, como la ley dice, cada uno de los productos tiene su venta específica, incluso venta a domicilio de productos cosméticos sin ningún problema.

Me referiré ahora a los vetos números dos y tres, del Partido Socialista y de Entesa respectivamente, que se refieren a lo mismo. Si leemos uno y otro, son más de lo mismo; se superponen de forma clara. No me voy a referir a las enmiendas que la Mesa, dentro de su soberanía, ha rechazado por no ser atinentes al proyecto de ley. Sí me referiré a otras cuestiones, aunque ustedes mezclan churras con merinas y han tocado desde el Decreto Ley 16/2012 hasta lo de Madrid. En relación con la observación de que, incomprensiblemente, el proyecto de ley llegue tarde, la demora parece fundamentada en lo siguiente. La directiva de farmacovigilancia es una pieza compleja, porque no solo cambia radicalmente la farmacovigilancia en el marco de la Unión Europea, sino que profundiza en otros muchos aspectos relacionados con la coordinación en la evaluación de medicamentos de la Unión Europea, que, o bien han tenido que ser desarrollados, o bien siguen pendientes de desarrollo. Muchos de estos aspectos tenían que ser concretados necesariamente para poder ser tenidos en cuenta a la hora de plantear las modificaciones normativas necesarias en España. No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con objeto de no demorar la trasposición de la directiva de referencia, se encuentra actualmente incursa en la tramitación de tres proyectos normativos con los que se prevé completar la citada trasposición. Respecto de la directiva de falsificados, muchas de las medidas recogidas en la directiva europea de la que estamos hablando ya forman parte de la normativa nacional, y por ello ya están en vigor, surtiendo los objetivos perseguidos de un mayor control de la fabricación de medicamentos y principios activos, así como un mayor control de la cadena de suministros de medicamentos. En consecuencia, cabe concluir que, aunque efectivamente ha vencido el plazo principal para la trasposición de la directiva, gran parte de las medidas incluidas en ella ya están incorporadas a la normativa nacional.

Ustedes se han referido a la subasta de una forma, en mi opinión, muy torticera. Voy a hablar, en primer lugar, del mapa competencial en el tema de la subasta de medicamentos a nivel de Andalucía. Andalucía desarrolla este modelo al amparo de una norma socialista, la Ley 9/2011, pero olvida que esta ley da competencias al Gobierno del Estado para determinar las condiciones mediante las cuales este sistema puede sustituir al de precios de referencia o hacerse extensivo a otros no sujetos a él. En definitiva la Junta de Andalucía inventó un procedimiento cuyo diseño le correspondería al Gobierno central, y lo hizo mediante el Real Decreto socialista 9/2011, traspasando el marco competencial que tenía el Gobierno central y asumiendo unas competencias que no le correspondían. Es más: así lo dejó informado el Gobierno anterior, el Gobierno socialista; y, si preguntan al que era su secretario general en aquella época, verán que ya tenía el informe negativo referente a la posibilidad de que la Junta de Andalucía pudiera hacer una subasta de medicamentos.

La Junta de Andalucía no ha planteado en ningún momento la propuesta de la subasta de medicamentos para que se lleve a cabo en toda España a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que sería lo lógico. Tampoco el Gobierno socialista planteó desde el Ejecutivo de la nación esta medida; no hace tanto tiempo que tenía responsabilidad de Gobierno y no la plantearon. Parece ser que, cuando gobernaba, no le parecía adecuada, y ahora, que gobierna el Partido Popular, sí se lo parece a la Junta, buscando, quizá, una confrontación desde el punto de vista político, máxime cuando la sacan cuarenta y ocho horas antes de las elecciones




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andaluzas. ¡Qué curioso! Sorprende la actitud permisiva que el Grupo Socialista tiene ahora con Andalucía, una actitud que no tuvo con Galicia cuando publicó su catálogo de medicamentos.

Señorías, todos sabemos que es materia reservada la regulación de las condiciones de expedición y el precio de los medicamentos, según establece la Constitución Española en su artículo 149. Lo que debo pedir a quienes nos gobernaron durante la legislatura anterior y al Grupo Socialista que les sustentaba, es coherencia. Coherencia es la que tiene nuestro Ministerio de Sanidad, coherencia es la que tiene nuestro Gobierno de la nación, que antes de editar lo que es inequidad entre comunidades autónomas, interpone el recurso de inconstitucionalidad a la subasta de medicamentos en Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, pero hace lo mismo con el euro por receta en Cataluña, gobernada por Convergència i Unió, y lo mismo en Madrid, gobernado por el Partido Popular, buscando la cohesión y la equidad interterritorial. A eso se le llama coherencia política, una coherencia que no tuvieron ustedes cuando gobernaron, ni la tienen ahora.

Las decisiones del Gobierno actual están avaladas por los dictámenes favorables del Consejo de Estado, así como por el informe favorable de la Abogacía del Estado, que cuestionan su legalidad al invadir competencias exclusivas del Estado. Es labor del Ministerio de Sanidad garantizar la cohesión y equidad efectiva del Sistema Nacional de Salud, y siempre tendrá el apoyo necesario de este grupo parlamentario para que no tenga que hacer dejación de funciones, como han hecho otros gobiernos.

La subasta de la Junta de Andalucía produce diferencias de precio de financiación de medicamentos entre comunidades autónomas, lo que atenta contra la equidad en el acceso a los medicamentos. Por ello, el Gobierno de la nación ha actuado para garantizar dicha equidad, que debe pasar por la homogeneidad. El objetivo del ministerio es que las medidas de ahorro lo sean para toda España y se beneficien de la misma los andaluces y el resto de los españoles, garantizando el principio de equidad y velando por la corrección de las desigualdades. A nadie se le escapa que una pluralidad de precios de financiación diferente entre comunidades autónomas rompería la unidad de mercado español del medicamento, lo cual es en sí mismo indeseable.

Como vamos bien de tiempo, le voy a leer ad pedem litterae el artículo 88, eso que a ustedes tanto les molesta del proyecto de ley que estamos debatiendo ahora mismo. «Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precio. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio nacional y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.» El punto 2 dice: «Las disposiciones normativas del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la resolución emitida por el centro directivo competente de este ministerio en materia de financiación de medicamentos y productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, surtirá efecto a todo el territorio español desde la fecha que resulten aplicables». El punto 3 dice: «El precio industrial de financiación pública establecido por el órgano competente del ministerio para los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual y lineal aplicable a todo el territorio nacional.» El punto 4 dice: «Toda modificación del precio de un medicamento o producto sanitario financiado por el Sistema Nacional de Salud surtirá efecto en las mismas fechas en todo el territorio nacional.»

Como ven ustedes, señorías, es un pedazo de ley (Risas) lo que estamos aquí debatiendo, que va a mantener la cohesión y la equidad, aunque les moleste; aunque le moleste; es lo que hay. He leído ad pedem litterae lo que era, para que se enteraran. (Aplausos.)

Sigo con la inequidad que provoca lo que ustedes llaman «subasta de medicamentos». Esta legislación que he leído ahora mismo es necesaria para lo que he dicho, para asegurar la coherencia y la cohesión en el marco de la prestación farmacéutica en todo el Sistema Nacional de Salud. Aceptar la convivencia del sistema de precios de referencia con la subasta de medicamentos —los precios de referencia que tenemos actualmente— como consecuencia de la actuación de la Junta de Andalucía, supone una grave distorsión del mecanismo en una región española. Agrava esta situación el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud va a seleccionar algunos fármacos sujetos en algunas provincias y no en otras. Tenemos una disparidad de accesibilidad a fármacos




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ya en sí por el hecho de ser andaluces, pero incluso entre provincias hay disparidad en el acceso a los medicamentos. Con esta actitud unilateral, Andalucía aboca al resto del Sistema Nacional de Salud a un potencial desabastecimiento, a exigir que se cumpla en Andalucía el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento mediante la declaración expresa a expensas del resto de las comunidades autónomas. El sistema de precios de referencia, que es el que actualmente está vigente, controla perfectamente el precio más bajo de los medicamentos sin necesidad de subasta. Es un tema que se han inventado ustedes incluso con el rechazo de su propio Gobierno socialista en su tiempo. El gran ahorro de España lo tenemos con lo que ustedes critican, que es el Decreto 16/2012 que luego traeremos a colación.

Concluyo. El ministerio está aplicando las medidas necesarias con un criterio de eficiencia y con el objetivo del ahorro. La comisión de precios revisa periódicamente toda la oferta de fármacos y adapta los precios para que sean asequibles en toda España, sin que ningún ciudadano deba pagar más o menos por un fármaco en función de su lugar de residencia. La subasta de fármacos propuesta por la Junta de Andalucía rompe la unidad de mercado, establece monopolios, crea diferencias, reduce la oferta, incrementa el desabastecimiento y es un auténtico recorte de las prestaciones sanitarias para los andaluces. Los pacientes andaluces verán restringidas y limitadas las opciones terapéuticas disponibles, en comparación con el resto de los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Esto sí que es un auténtico recorte en toda regla, y supone una clara desventaja en el derecho de los andaluces al acceso de medicamentos en condiciones de igualdad con todos los españoles.

Señorías, los andaluces somos españoles, pero no somos españoles de segunda, por mucho que se empeñen la Junta de Andalucía y el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en hacernos españoles de segunda. Nosotros queremos tener el mismo acceso a los medicamentos y en las mismas condiciones que el resto de España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

Gracias, señor Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Senador Aguirre, me habla usted de coherencia, por lo que le pondré un ejemplo, senador Aguirre. Hablando de coherencia, como ya ha comentado la portavoz socialista, hoy ustedes han dejado de financiar ocho píldoras anticonceptivas que estaban en el mercado desde el 2011. Esto es un recorte que muchos de ustedes considerarían que se hace para ajustar las cuentas de este país, si no fuera porque se les llena la boca una y otra vez hablando de la prevención de los embarazos para justificar una ansiada reforma de la ley del aborto; ¡y dicen que es para optimizar recursos! Pero vamos a ver: ¿qué optimiza mejor los recursos que invertir en embarazos no deseados? (Aplausos.) Ustedes dicen una cosa y la contraria, y se quedan tan tranquilos. Ustedes ni optimizan recursos, ni consiguen eficiencia; ustedes siguen con su cruzada ideológica en contra de la libertad de elección de las mujeres en la maternidad. No hace falta quitarle la careta, se les cae sola. Por mucho que ustedes se empeñen, los ciudadanos saben que hay alternativas para ser más eficientes, para hacer mejor el gasto sanitario, para no deteriorar la atención sanitaria.

Sobre el euro por receta le diré solo una cosa: mi grupo siempre ha defendido la igualdad en el acceso a las medicinas, no que paguen más los que más enfermos están. La subasta de medicamentos en ningún momento hace que el ciudadano de a pie tenga ninguna discriminación para llegar a financiarse el medicamento. La financiación se refiere a las farmacéuticas y a los concursos públicos a los que estas se tienen que presentar. No nos confunda, señor Aguirre, no es lo mismo. Espero que, en este intento de homogeneizar al Estado español con esta cruzada que ustedes llevan a cabo desde hace tiempo en cualquier campo de nuestra Administración, no olviden que, por ejemplo, los pensionistas andaluces solo pagan ocho euros, como máximo, al




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mes por sus medicinas. Creo que el resto de los pensionistas españoles estarán encantados cuando ustedes homogeneicen eso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Muy buenas noches. Antes de la comisión de la semana pasada yo tenía previstas unas votaciones, tanto sobre los vetos como sobre el proyecto de ley, diferentes a las que finalmente verán u observarán. A lo largo de esta intervención y de las posteriores voy a intentar argumentar el cambio del sentido de nuestro voto; un cambio que, en el caso de los vetos, viene motivado porque, a pesar de no compartir todos y cada uno de los argumentos que apuntan estos tres vetos, es verdad que compartimos el fondo de muchas de sus explicaciones. Los vetos hacen referencia a que era absolutamente necesario poner al día nuestro ordenamiento jurídico, ya que teníamos una ley absolutamente desfasada respecto a las directivas europeas. No solamente compartimos esta afirmación, sino que creemos firmemente que era imprescindible afrontar este cambio sin más dilaciones.

Es verdad que consideramos, como también ha apuntado algún portavoz, que roza lo ridículo haber tenido que tramitar este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por haber sobrepasado los plazos, cuando todos éramos conocedores de la obligatoriedad de esta trasposición. Sin embargo, nos parecía tan urgente y necesario, que contaban nuestro absoluto apoyo.

El proyecto de ley va mucho más allá de su motivación principal y, de hecho, esto marcó desde el inicio nuestro posicionamiento al respecto. Pero, a lo largo de todo el trámite parlamentario hasta llegar al Senado, el proyecto de ley ha sufrido enormes cambios. Podríamos hablar prácticamente de una mutación, especialmente producida por las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular; unas autoenmiendas que, en algunos casos, incorporaban modificaciones a otras leyes, aunque lo que hace la mayoría es aprovechar la ocasión para desplegar sus políticas en el ámbito de la salud. A nosotros esta fórmula no nos entusiasma, pero no nos pareció mal aprovechar este proyecto de ley para intentar incorporar cambios en sus políticas de salud, que saben que en algunos casos son totalmente contrarias a nuestra voluntad. De hecho, en el trámite del Congreso ya argumentamos nuestra abstención al no compartir los cambios propuestos en materia de salud, que iban mucho más allá del objeto principal del proyecto de ley.

Pero también es verdad que nosotros, como les he dicho, considerábamos que este proyecto de ley, desafortunadamente el primero que en materia de sanidad pasa por las Cortes Generales en esta legislatura, nos daba la oportunidad de enmendar y cambiar otros aspectos como los que vía el real decreto famoso ya nos impuso el Gobierno del señor Rajoy.

Por este motivo, y por coherencia, a priori no nos parecía correcto votar a favor de unos vetos que en parte criticaban lo que nosotros mismos estábamos intentando conseguir con estas enmiendas. Sin embargo, nuestra posición respecto a este tema cambió al ser conocedores de que nuestra enmienda número 85, junto a varias enmiendas de los otros grupos, no había sido admitida a trámite por parte de la Mesa del Senado al considerar que carecían de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto del proyecto de ley. Un argumento, desde mi punto de vista, muy poco serio no solamente por el contenido del propio proyecto sino por todos los movimientos realizados durante estos días por parte del PP y, por lo tanto, los cambios que ha habido a lo largo del trámite parlamentario.

Ustedes saben perfectamente que se trata de una de las enmiendas más importantes que hemos presentado por su enorme calado social. Para nosotros era muy importante que se pudiera generar debate respecto a este tema. Ya sé que cuando alguien pone el dedo en la llaga duele, pero no tiene ningún sentido este juego que podríamos decir, incluso, que es un juego sucio. Utilizar la Mesa del Senado para no admitir enmiendas sociales tan importantes es un gesto de poca cortesía además de una falta de respeto a las Cámaras. Es verdad que matemáticamente el número se lo permite y la decisión de la Mesa ha salido, como decían hace un momento, por mayoría de sus miembros, pero es muy triste observar cómo la Mesa se ve en la tesitura de tener que justificar lo injustificable.




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Ustedes saben perfectamente que las disposiciones finales incorporadas en el proyecto de ley en su trámite en el Congreso de los Diputados establecen la modificación de distintas normas del ámbito sanitario cuya conexión con el proyecto de ley no son aquellos temas que anuncia el título del propio proyecto de ley. No voy a especificar cuáles son porque ya lo han hecho los anteriores portavoces.

La enmienda número 85 presentada por nuestro grupo tenía como objetivo principal la mejora de la salud pública ya que facilitaba el acceso a la asistencia sanitaria primaria a los extranjeros en situación irregular para evitar posibles consecuencias negativas en términos de salud pública para el conjunto de la población. Por lo tanto, señorías, una no admisión a trámite sin argumentación de fondo y con una clara, clarísima voluntad política que no podemos admitir. Este hecho, pues, nos ha llevado a reconsiderar nuestro voto respecto a los vetos, y después de escuchar a los portavoces de los grupos socialistas, más convencida estoy hoy de nuestra nueva posición.

Precisamente respecto a los vetos del Grupo Socialista y del Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya podemos anunciar, como ya les he dicho, que votaremos a favor. No solamente coincidimos en lo que acabo de argumentar, sino que también compartimos otro de los argumentos principales de sus vetos, como es el que hace referencia, evidentemente, a la invasión de competencias y a la subasta de medicamentos. En este sentido, quiero decirles que, a pesar de que saben que no es nuestro modelo, entendemos que en este sentido tienen toda la razón. Las decisiones que toman las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias se deben respetar en todo momento, y la compra de medicamentos es una competencia autonómica. Todo proceso que de forma transparente intente conseguir el mejor precio posible de los medicamentos no debería ser en ningún caso objeto de impedimento por parte del Gobierno central. El problema de fondo, y lo sabemos todos, es la batalla iniciada por parte del Ejecutivo central para conseguir recentralizar, eliminar competencias y, en definitiva, cargarse el autogobierno que hemos conseguido las comunidades autónomas a lo largo de la historia.

Señorías, saben que nosotros luchamos intensamente para conseguir que Cataluña tenga cada día más autogobierno, el máximo —ustedes lo saben—, y lucharemos para defender los avances que en este sentido se han conseguido.

Como habrán observado, y hablaremos después, hemos presentado varias enmiendas relativas a la invasión de competencias y sobre la posibilidad de que las administraciones que soportan el peso del coste de los medicamentos financiados con fondos públicos puedan adoptar medidas para aligerar el gasto sanitario. Hablaremos de ello, pero todos ustedes saben a lo que estoy apuntando. Por tanto, en este caso compartimos claramente la esencia de la queja que se formula vía los vetos de los grupos socialistas.

Acabo ya. El cuanto al texto presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, en este caso el contenido es algo diferente y por eso debo anunciar nuestra abstención. Es verdad que hay una parte de reflexiones globales en la línea de lo que acabamos de comentar, pero también es cierto que hay muchas consideraciones, tanto en el texto como en la presentación que ha hecho el senador Iglesias, que entran mucho más en el detalle, en los aspectos del proyecto de ley y que desde nuestro punto no nos convencen. Por tanto, en este sentido sí marcan un poco más la diferencia con nuestras políticas. Por ello vamos a abstenernos en este veto y nuestro voto será a favor de los otros dos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Chivite en turno de portavoces.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Este proyecto de ley, en principio, y según viene reflejado en la exposición de motivos, tiene como finalidad la transposición de las directivas europeas 2010/84 y 2011/62. Si esto fuera realmente así, el Grupo Parlamentario Socialista no hubiera presentado veto alguno puesto que tenemos la obligación de transponer estas directivas europeas. Ahora bien, lo que no tenemos obligación de hacer es tocar el estatuto marco sin consulta alguna a los sindicatos y asociaciones profesionales. Y lo que tampoco tenemos obligación de hacer, ni tampoco por imperativo legal, es modificar la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias o para acabar con la subasta de




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medicamentos de Andalucía. Ya lo dice el Consejo de Estado en su informe: la transposición de las directivas en el contenido de la ley es una cuestión menor. Ni que decir tiene después de todo el trámite en el Congreso y en el Senado, porque la finalidad inicial de la transposición de las directivas se queda simplemente en un contenido residual del texto que estamos debatiendo en estos momentos.

Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista no va a ser cómplice de esta estrategia tan cutre de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter aquí todo lo que me venga en gana y modificar de rondón diferentes normativas porque así fastidio a los andaluces y les gano la batalla que no puedo ganar en los tribunales.

Estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la seguridad de los medicamentos comercializados en la Unión Europea, y también en garantizar la protección de la salud pública contra los medicamentos falsificados, porque de eso se trata, de garantizar la protección de la salud pública, pero, señorías, es incoherente defender la protección de la salud pública y a la vez defender la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, cuestión que afecta negativamente a la salud pública. Pues este es el discurso incoherente que está manteniendo el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, con las enmiendas que la Mesa con su superior criterio, es cierto, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Catalán Convergència y del Grupo Parlamentario Socialista, ha rechazado las enmiendas que perseguían ese objetivo que sí tiene que ver con el objeto de la ley, que es la protección a la salud pública. Porque no hay mejor medida de protección a la salud pública que la universalidad de la asistencia sanitaria; porque no hay medida más eficaz de protección a la salud pública que la eliminación de las barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias o en este caso a las prestaciones farmacéuticas. Por tanto, sigo defendiendo la oportunidad de esas enmiendas que no han sido admitidas a trámite y que posteriormente mi compañera, Encarna Llinares, defenderá en profundidad.

Señor Aguirre ha expuesto usted el tema de la subasta de medicamentos, y dice que no está dentro del marco competencial. Señor Aguirre, esa será su opinión. ¿Por qué no espera a la opinión del Tribunal Constitucional? Porque, desde luego, por ahora no les está dando la razón. El Tribunal Constitucional ha tenido que recordar al Gobierno que las administraciones públicas tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público favoreciendo el uso racional del medicamento e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito. Y dice, además, que los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico. Usted dice que afecta al principio de equidad y a la unidad del mercado. Señor Aguirre, yo le propongo una solución muy sencilla: extienda la subasta de medicamentos a todo el Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa nosotros la apoyaremos con entusiasmo pero ustedes prefieren imponer copagos y no financiar medicamentos como los anticonceptivos atacando a los enfermos y a las mujeres de este país, antes que apretar a la industria farmacéutica. Y como digo, es que defendemos modelos diferentes. (Aplausos.)

Habla usted, señor Aguirre, de su preocupación por el desabastecimiento o los recortes en las prestaciones sanitarias. ¿Pero usted es consciente de lo que está suponiendo la aplicación del Real Decreto 16/ 2012? ¿Usted es consciente de que uno de cada cinco de nuestros pensionistas no está comprando su medicación porque no tiene recursos económicos para hacerlo? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: ¿Usted es consciente de que han dejado fuera de la asistencia sanitaria a más de un millón de personas? ¿Usted es consciente de esto? Pues eso es lo que están haciendo ustedes. Y luego me viene hablando del desabastecimiento de prestaciones sanitarias.

Pues bien, mi grupo parlamentario sigue defendiendo la necesidad de aprobar este veto, primero porque el proyecto de ley nada tiene que ver con lo que pone en su exposición de motivos ni con la obligación de transponer las directivas europeas; porque el proyecto de ley es una auténtica chapuza y un tótum revolútum de modificaciones normativas que desde luego no vienen al caso; y porque el proyecto de ley pretende acabar con la subasta andaluza de




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medicamentos, que consideramos que es una buena medida para disminuir el gasto farmacéutico sin cargar ni contra las mujeres ni contra los enfermos. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Chivite.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en referencia a las intervenciones de mis compañeros senadores, solamente quiero decirle a la señora Almiñana que mezcla churras con merinas, lo hizo en la intervención anterior y lo hace en esta. Habla de anticonceptivos y empieza a mezclar una serie de cosas que no tienen nada que ver con esto, de una forma demagógica y que no vienen a cuento. No aporta nada nuevo, no da ningún tipo de argumento. Luego, tampoco me sirve ni siquiera para contestarle en referencia al veto y después hablaremos de las enmiendas.

A la portavoz del Grupo Catalán Convergència i Unió le diré que estoy totalmente convencido de que las enmiendas, aunque usted las critique, lo que hacen es enriquecer el paso parlamentario de la ley tanto por el Congreso como por el Senado. En el Congreso se admitieron enmiendas, se transaccionaron, aquí se han admitido enmiendas y se han transaccionado otras que lo que hacen es enriquecer el texto de la ley. Es bueno que se presenten muchas enmiendas en cualquier trámite legislativo. Y respecto a la Mesa, la Mesa es soberana a la hora de decidir qué enmiendas admite o no. Es decir, nadie vamos a criticar a la Mesa. La Mesa tendrá sus criterios, los cuales desconozco, luego no entro directamente a debatir las enmiendas que directamente no ha admitido. (Aplausos.)

Senadora Chivite, respecto a la subasta de medicamentos, yo creo que me he explicado claramente. La Ley que establece el sistema de precios de referencia es la vigente en España. Si usted la conociera, que creo que no la conoce, sabrá que equivale a una subasta continua del precio menor, de forma continuada, no en un momento, sino una continuación en el tiempo. Luego, ¿habrá más subasta que la propia Ley de precios de referencia que es una subasta continua y cuyo precio es equitativo en todo el territorio nacional? Así se evita la inequidad y algún tipo de distorsión cuando un paciente vaya de una comunidad autónoma a otra y, sobre todo, para que todos tengan el mismo acceso a los medicamentos. (Rumores.)

Señorías, el Gobierno y más concretamente el Ministerio de Sanidad lleva un año y medio reformando y mejorando las actuaciones que en el día a día se realizan en la gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Es obligación de un Gobierno como el que tenemos, responsable como es el actual, y del Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta, seguir impulsando medidas que ya han generado importantes mejoras, como luego veremos, para la asistencia sanitaria prestada a los españoles hoy. Y lo que es más importante, estamos asentando lo que va a ser la asistencia sanitaria para las próximas generaciones.

Señorías, tuvimos una magnífica ministra de sanidad, la señora Ana Pastor, que como ministra y en su época supuso una gran revolución legislativa; de aquella época son la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley del Estatuto Marco, y todas ellas fueron unas leyes buenísimas; luego tuvimos la inacción y el parón legislativo de los siete años socialistas; ahora estamos legislando todo lo que ustedes no han hecho. Aquí estamos hablando de troncalidad, de especialidades, de muchas cosas precisamente por la inacción suya de todos estos años no solamente legislativamente sino que dejaron al Sistema Nacional de Salud en una situación agónica. Gracias a nosotros ahora se está garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

En el extremo opuesto de esta actividad legislativa clara y con las ideas claras, nos encontramos ahora con estos tres vetos que estamos debatiendo, en los cuales los grupos proponentes se centran más en la confrontación, en las descalificaciones y en rechazar cualquier medida propuesta por el Gobierno que en hacer aportaciones constructivas con las que mejorar las gestiones del Sistema Nacional de Salud, optimizar los recursos existentes y mejorar las condiciones de los profesionales y de los pacientes.




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Esta ley que hoy debatimos supone sin duda un paso más hacia la convergencia con la Unión Europea, hecho que a alguno de estos grupos parece que les molesta porque están criticando continuamente lo que es esta ley, al tiempo que refuerza las señas de identidad, calidad y cohesión que están haciendo al Sistema Nacional de Salud un referente mundial en innovación y en eficiencia.

Señorías, voy terminando, porque tampoco quiero agotar el tiempo. Ustedes se han referido a las incorporaciones, no solamente a la transposición de la legislación,que se han ido realizando en el trámite legislativo; estas incorporaciones, según nuestro criterio y el de casi todo el mundo, lo que hacen es mejorar la preparación de los profesionales de cara al sistema, sobre todo en el tema que ustedes han tocado sobre las profesiones sanitarias, que algunos se han referido a ella de pasada y criticándola, y lo que hace es enriquecer las profesiones sanitarias, que en este decreto no solamente son médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, veterinarios, dentistas, sino que supone el desarrollo de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que ustedes no hicieron y que estamos haciendo nosotros. Se flexibiliza el periodo de formación general de los MIR, dependiendo de la especialidad y siguiendo el consejo de las sociedades científicas; se da en esta ley el pistoletazo de salida a la gestión clínica, tan importante de implicar a los profesionales en la gestión de los presupuestos sanitarios —esos pueden ser presupuestos finitos—, en hacer que los profesionales participen de una forma mucho más activa en la gestión y en cómo llevar a cabo esos presupuestos; a los ciudadanos se les garantiza la equidad en el acceso, innovación, seguridad, abastecimiento y precios, independientemente de donde residan o el momento determinado de su vida en que se encuentren, manteniendo la cohesión y equidad interterritorial. Todo esto, señorías, es política sanitaria de la seria, asumiendo el Ministerio de Sanidad el liderazgo que le corresponde y que había perdido, por dejación de funciones, durante las dos últimas legislaturas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Esta es la ley que el Gobierno ha presentado y esta es la propuesta seria del Grupo Parlamentario Popular en contra de los vetos que han presentado el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista, que se descalifican directamente por sí mismos.

Termino, señorías. El Gobierno de la nación, el ministerio y el Grupo Parlamentario Popular trabajamos por un país de servicios públicos cohesionados, de calidad, realistas y de futuro, y seguiremos trabajando por ellos, para los profesionales sobre todo y fundamentalmente por los ciudadanos que son nuestra razón de ser.

Muchas gracias. (Aplausos.-)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, les informo de que por acuerdo de los portavoces vamos a votar ahora las propuestas de veto de este proyecto de ley. Posteriormente, entraremos en el debate de las enmiendas, pero no las votaremos hasta mañana, coincidiendo con la primera votación, es decir, con la votación del veto del siguiente proyecto de ley.

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 139; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 3 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Pasamos a continuación, por lo tanto, al debate de las enmiendas. (Rumores.) En primer lugar, las enmiendas números 1 a 14 presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto. Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Un momento, senador Iglesias, un momento. Señorías, guarden silencio, por favor. El senador Iglesias no va a comenzar su intervención hasta que no haya silencio. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas noches. Hemos presentado 14 enmiendas que intentaré sintetizar de la forma más ágil posible.

La primera enmienda plantea que para cualquier modificación de la dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales de un producto farmacéutico autorizado se exija también la modificación/autorización y no sea suficiente con una mera comunicación.

Lo mismo planteamos en otra enmienda en relación a cualquier modificación que se produzca en las fichas técnicas, prospectos y etiquetados de los medicamentos.

En una tercera enmienda defendemos que los medicamentos para perros y gatos, por su contacto cotidiano con las personas en los domicilios, solo puedan ser expedidos en oficinas de farmacia, establecimientos comerciales detallistas autorizados y entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas.

Creemos que es necesario que se establezca la obligación, por parte de los titulares de la autorización de un medicamento, de comunicar a las autoridades sanitarias cualquier sospecha que pudieran tener sobre reacciones adversas por el uso de esos medicamentos.

Defendemos que la aportación de las personas encuadradas en Muface, Isfas y en la Mutualidad General Judicial sea exactamente la misma que la de los demás beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Y con la misma enmienda pretendemos introducir la exclusión del copago farmacéutico a los pensionistas.

Con otra enmienda ampliamos las posibilidades de prohibición de la fabricación y comercialización de productos sanitarios cosméticos y de cuidado personal cuando ello pueda suponer algún riesgo para las personas.

En otra enmienda pretendemos que se considere infracción los ensayos que no se ajusten a las buenas prácticas o protocolos aprobados.

Tres de nuestras enmiendas agravan la calificación de determinados supuestos que suponen una infracción administrativa.

En otra enmienda queremos introducir el criterio de que el importe de las tasas que se regulan en la ley y que sufre, en virtud al proyecto, un incremento muy notable nunca pueda distorsionar la libre circulación de medicamentos por la Unión Europea. Queremos que se extienda la prohibición de venta a domicilio de los productos farmacéuticos también a los productos sanitarios.

Planteamos la posibilidad de que, como consecuencia de las exigencias de cumplimiento de las funciones de farmacovigilancia establecidas y contempladas en el proyecto y para que las mismas puedan ser desarrolladas con la mayor eficacia, si resulta necesario, se incremente el gasto de personal.

Estas son las enmiendas que hemos formulado y para ellas pedimos el apoyo de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas números 39 y 40.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.




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El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, gabon mahaiburu jauna.

En realidad, en el trámite de comisión presentamos cuatro enmiendas, de la 39 a la 42, pero de estas cuatro el Grupo Parlamentario Vasco solo ha mantenido vivas las enmiendas 39 y 40.

Sobre la enmienda número 41, aunque no se ha mantenido como voto particular, hablaré en el turno de portavoces. Y en cuanto a la enmienda número 42, como coincidía con la 92 del Grupo Parlamentario Popular y ha sido incorporada al texto, decae.

En cuanto a las enmiendas en las que mantenemos voto particular, la número 39 ha sido objeto de una transaccional, por lo que no voy a entretenerme demasiado en ella, y la número 40 pretende eliminar el último párrafo del número 19 del artículo único del proyecto de ley, con el objetivo de que los medicamentos destinados a perros y gatos, como ya se ha mencionado, aunque no requieran prescripción sí deben ser dispensados bajo el control de un profesional sanitario, como puede ser un farmacéutico, más que nada por la repercusión que pueden tener las diversas zoonosis que estos animales de compañía puedan transmitir, y teniendo en cuenta sobre todo la altísima frecuencia con que estos animales de compañía están presentes en nuestros hogares.

Por tanto, nos alegra haber llegado a la transaccional pactada, agradecemos al grupo mayoritario su esfuerzo, y nos gustaría que esta única enmienda que nos queda pendiente pudiera también incluirse en el proyecto de ley, por lo que pedimos el voto favorable de todas sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas números 45 a 54 y 58 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 86 y 92, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, solo defenderé las enmiendas más relevantes, daré el resto por defendidas. Mi grupo ha presentado un total de 28 enmiendas, 15 del Partit dels Socialistes de Catalunya y 13 de Iniciativa Verds.

Empezaré por la enmienda número 46, en la que proponemos la supresión del texto del artículo único, apartado 33, de la ley, porque ustedes vulneran las competencias autonómicas sin ningún tipo de pudor, y aunque intuimos la España que quieren, y digo intuimos porque, como siempre recordamos, el presidente Rajoy no ha comparecido en esta Cámara para explicarnos cuál es su modelo de España, ni tan solo se ha convocado una sola vez la Comisión General de las Comunidades Autónomas, como ya viene reclamando mi grupo en varias ocasiones, ustedes recentralizan todo lo que pueden y más, y pretenden homogeneizar para todo el Estado español, y leo textualmente su propuesta: que no se produzcan distorsiones en el mercado único de los medicamentos y productos sanitarios.

¿Qué quiere decir esto exactamente, que las farmacéuticas no puedan negociar directamente o concursar con las comunidades autónomas? Pues quiere decir que el Gobierno andaluz no va a poder hacer la subasta de medicamentos y, como saben, eso es lo que ustedes quieren. Señorías, este no es el modelo de sanidad descentralizada y gestionada por las comunidades autónomas, tal y como la entiende mi grupo y tal y como recogen los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades.

Al hilo de las competencias, aprovecho para defender otra enmienda, la número 58, que pretende que las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias, Castilla y León, Andalucía, da igual cuál, tengan más peso en la decisión de qué medicamentos entran en la cartera pública y cuáles no. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Los medicamentos son un gasto del presupuesto de las comunidades autónomas, o sea, los pagan las comunidades; los medicamentos siempre han sido un producto muy complejo, fíjense que quien lo prescribe no lo consume, quien lo consume no lo elije, paga una parte, cada vez mayor, gracias a sus políticas, y el resto lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Este gasto está incluido en los presupuestos de las comunidades, no en el del Estado, pero es el Estado el que decide si el fármaco será financiado o no en la cartera de servicios pública, concretamente lo decide la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que está formada por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Industria, el




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Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y dos miembros que representan a las comunidades autónomas. Nosotros tenemos el firme convencimiento de que en la política del medicamento tienen que tener más peso las comunidades, y por eso proponemos en esta enmienda que en la comisión interministerial tengan el mismo peso los ministerios que las comunidades autónomas.

Mencionaré rápidamente la enmienda número 49, en la que proponemos volver al sistema de aportaciones económicas anteriores al real decreto que ustedes aprobaron hace más de un año y medio, entre otras cosas, que los pensionistas vuelvan a tener la farmacia gratuita.

Y no puedo terminar mi intervención sin hacer referencia de nuevo al hecho de que hayan sido rechazadas nuestras enmiendas números 55, 56 y 57 por la Mesa. Nos parece un ejercicio de estafa democrática, señorías. Estas enmiendas no habrían sido aprobadas en esta Cámara porque en esta Cámara el Partido Popular goza de mayoría absoluta. ¿Qué razones hay para no permitir que se discutan estas enmiendas? ¿Que no hablemos en esta tribuna de que el

Gobierno del presidente Rajoy nos ha quitado el derecho universal de la sanidad? ¿Que perder la universalidad de la atención sanitaria tiene unas consecuencias para la salud pública importantísimas y graves? ¿Que la pérdida de este derecho hace que Médicos del Mundo denuncie la situación de desprotección sanitaria de los inmigrantes irregulares? ¿Que haber pasado de un sistema universal a un sistema de aseguramiento obliga a nuestros jóvenes mayores de 26 años que nunca hayan cotizado a tramitar papeles para poder ser beneficiarios y a no tener derecho a la tarjeta sanitaria europea, señorías? No tienen cobertura europea. ¿Que no hablásemos de las desigualdades que sus políticas están creando en nuestro país? ¿De todo esto quieren que no hablemos en esta tribuna y por eso no admiten nuestras enmiendas? Pues, como ven, no ha sido una buena estrategia, porque no nos vamos a cansar de denunciar lo que consideramos una terrible injusticia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 73, 74 y 76 a 84.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Cunyat

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Hemos presentado un total de doce enmiendas, algunas ya fueron presentadas en el trámite en el Congreso de los Diputados y otras son nuevas y pretenden mejorar, evidentemente, el texto que nos ha entrado aquí en el Senado.

Las enmiendas se fundamentan sobre tres ejes: enmiendas que tienen como objeto mejorar técnicamente el contenido del proyecto de ley; enmiendas que pretenden eliminar los puntos que descaradamente invaden nuestras competencias y enmiendas que podríamos considerar sociales y que tienen como objetivo proponer cambios en las políticas del Gobierno del señor Rajoy que nos ha estado imponiendo a lo largo de esta legislatura.

Son enmiendas, como les he dicho antes, que tienen un importante impacto social, que pueden mejorar la situación, la calidad de vida de muchísimas personas y que, por lo tanto, para nosotros serán seguramente las más importantes de todas las presentadas.

Entrando en detalle. Respecto a las enmiendas técnicas, anuncio que retiramos la enmienda número 74 al ser exactamente igual a una enmienda que ya se presentó en comisión y que fue incorporada al texto.

Respecto a las otras enmiendas técnicas, tenemos las números 73, 78 y 81; una primera enmienda que se ha transaccionado, que hacía referencia a las cooperativas, aunque, finalmente, la propuesta transaccionada queda un poco por debajo de las pretensiones que teníamos, pero nos parece interesante; y dos últimas enmiendas técnicas referentes a los medicamentos identificados con las siglas EFG.

La enmienda número 78 pretende que cuando la prescripción de medicamentos se realice por principio activo, el farmacéutico dispense el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea y, en caso de igualdad, el medicamento identificado con las siglas EFG. Hemos presentado esta enmienda porque una enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados permite identificar con las siglas EFG a los medicamentos por razón de intercambiabilidad, pero no




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asocia unívocamente estas siglas con la condición de genérico. Ello significa que es preciso clarificar la situación de manera que la dispensación por el farmacéutico en caso de igualdad de precio se realice siempre por razones de salud pública con uno de los medicamentos intercambiables, tenga o no la condición de genérico. Respecto a este tema presentamos una disposición transitoria que trata de permitir que la asignación de las siglas EFG a los medicamentos intercambiables pueda aplicarse a los medicamentos ya incluidos en los precios de referencia y considerados intercambiables por estar incluidos en agrupaciones homogéneas, así como para la eliminación de las siglas EFG en los medicamentos que teniendo condición de genéricos no puedan ser objeto de sustitución por el farmacéutico.

Como ya anunciaba también en el turno de vetos, hemos presentado varias enmiendas específicas que pretenden proteger nuestras competencias, concretamente las enmiendas números 76, 77 y 88; dos enmiendas de supresión en aras a respetar las competencias que, como les decía, ostentan las comunidades autónomas en materia de ordenación farmacéutica, al objeto de regular mecanismos de racionalización del gasto. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Estamos de acuerdo con ustedes en la necesidad de gestionar mejor, de manera más eficiente, pero la fórmula mágica la decidirá cada comunidad autónoma, que es quien tiene en realidad esa potestad. En este sentido, hemos presentado una enmienda de adición que pretende permitir a las administraciones que soportan el peso de los medicamentos financiados con fondos públicos establecer las medidas que puedan aligerar el gasto sanitario.

A pesar de que todos los días vemos cómo ustedes justifican sus decisiones o sus políticas respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, el déficit y la deuda, ustedes priorizan mermar la capacidad de gestión de una comunidad autónoma, como la nuestra, por encima de la eficiencia y la excelencia en la gestión. En este sentido, ya saben de lo que estamos hablando, al menos en nuestro caso, en Cataluña. Y, a pesar de que soy consciente de que tampoco van a aceptar esta enmienda, quería hacer este apunte.

Creo, sinceramente, que a ustedes se les come por dentro ver cómo las comunidades autónomas tienen autonomía para tomar decisiones. Han intentado —lo han dicho mis compañeros en varias ocasiones— varias fórmulas. Cuando no les gusta algo, tiran de recursos a los tribunales; pero en esta ocasión intentan descaradamente aprovechar esta ley para hacer los cambios que nosotros no podemos aceptar. Y esto es un motivo suficiente como para votar finalmente en contra de este proyecto de ley.

Tres son las enmiendas agrupadas bajo el concepto social. Tengo que decir que para nuestro grupo, evidentemente, estas son las enmiendas más importantes porque tienen un efecto directo en las vidas de nuestros ciudadanos y, por lo tanto, porque tienen un importante y un claro fondo social.

Las enmiendas 82 y 84 hacen referencia a los médicos, enfermeras, matronas, titulares, APD y los de zona y cupo. Ustedes saben perfectamente que con el real decreto les cambiaron las reglas del juego, y esto es absolutamente incorrecto y muy poco elegante cuando la partida está a punto de terminar. Saben que su decisión afecta muy negativamente a estos profesionales, que además están a punto de jubilarse. Lamentablemente, estas personas ven cómo alguno de sus derechos adquiridos a lo largo de su vida laboral se esfuman. Por eso pedimos en una primera enmienda derogar precisamente la disposición derogatoria que en el real decreto definía estas nuevas condiciones. Yo espero que reflexionen —sé que el señor Aguirre tenía interés en aceptar esta enmienda— y que desde el ministerio reconsideren su aceptación. Pero por si no se lo plantean, hemos propuesto también o presentado una segunda enmienda, que lo que pretende es que al menos la fecha oficial del cambio de régimen laboral o funcional estatutario se prorrogue hasta 2020. Sería para nosotros una buena opción; incluso acortando la fecha, sería una buena opción para todas las personas afectadas por este cambio.

Por último, hemos presentado dos enmiendas que hacen referencia al copago hospitalario. Pretendemos eliminar la aportación por parte de los usuarios a la prestación farmacéutica de dispensación hospitalaria. Ustedes, que precisamente la mayoría son profesionales del sector, saben mejor que yo que esta medicación está destinada a tratamientos muy costosos, ya que se suministran para enfermedades graves, y que además en muchas ocasiones se pueden alargar en el tiempo.




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Y voy a hacer una breve referencia a la enmienda que ahora no ha sido admitida a trámite; una enmienda que, como les he dicho antes, hacía referencia al acceso de los inmigrantes a la atención primaria. Actualmente, según el real decreto, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes recibirán asistencia únicamente en urgencias, en pediatría y en embarazo. Nosotros proponemos en esta enmienda añadir un supuesto más: la atención primaria y salud pública, especialmente respecto a vacunaciones, control de enfermedades y programas de prevención. Consideramos que es fundamental el acceso a este colectivo, además de por razones humanitarias, por las consecuencias negativas que en términos de salud pública se podrían generar.

Es una lástima que no hayan aceptado a trámite esta enmienda. Sé que tampoco la hubieran aprobado o aceptado, soy consciente de ello, pero es verdad que quería generar el debate, porque la no aceptación de esta enmienda ni a trámite ni en el proyecto de ley no hace desaparecer un problema que tenemos en la calle. Saben que en algún momento deberán reflexionar sobre este tema, y mejor será pronto que tarde.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas 15 y 16 y de la 19 a 35, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.Señorías, buenas noches.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la defensa de las enmiendas pero me van a permitir que en primer lugar le diga al señor Aguirre, que ha dicho que esta es un pedazo de ley, que no, que esta es una ley hecha a pedazos, y se lo vamos a demostrar (Aplausos.), porque el proyecto de ley lo que pretende es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010 y la Directiva 2011, sobre fármacovigilancia y la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, así como la modificación de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional del medicamento. Y la verdad es que —lo han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— tendremos que estar de acuerdo porque las normativas europeas son de obligado cumplimiento. Pero resulta que la trasposición de estas normativas se tendría que haber hecho ya, el 21 de julio de 2012 en un caso y el 2 de enero de 2013 en otro. Por tanto, me van a permitir que les diga que el Gobierno lo ha tenido que hacer ahora deprisa y corriendo, tramitándolo por la vía de urgencia, porque, entre otras cosas, la Unión Europea les ha llamado la atención. Por tanto, un Gobierno un poquito perezoso, y tendrán que reconocerlo conmigo.

Y le digo que es una ley hecha a pedazos porque cuando analizamos el contenido del proyecto de ley vemos que no tiene nada que ver el nombre con su contenido. Y, desde luego, no compartimos, bajo ningún concepto, la razón de sus enmiendas. Es verdad que el trámite parlamentario es muy importante, es muy importante el diálogo, el consenso, la negociación, pero lo que no es de recibo es que el Partido Popular aproveche el trámite parlamentario para autoenmendarse y hacer unas modificaciones de calado, que, desde luego, parece increíble. ¿Y eso por qué es? Porque cuando el Gobierno presenta el anteproyecto de ley, que tiene pasar los trámites preceptivos del Consejo de Estado y del Comité Económico y Social, sabe que con estas modificaciones nunca hubieran dado el visto bueno. Esa es la trampa. Por tanto, es una ley hecha a pedazos y es una ley tramposa. Por eso, este proyecto de ley, que en el Congreso tuvo un veto, aquí ha tenido tres, porque nos parece que es abusar de lo que debe ser la función legislativa de los parlamentos.

Como les decía, hay 37 autoenmiendas de calado. Como manifestaba la senadora Chivite, y creo que prácticamente todas las portavoces que han intervenido, el objetivo fundamental es una manía obsesiva con la subasta de medicamentos en Andalucía. Por cierto, no les veo tan beligerantes con el real decreto ley aprobado en la Comunidad Valenciana, que también prevé ahorrar 300 millones de euros en eficiencia en la prestación farmacéutica y ortoprotésica. ¡Yo no les he oído hablar nada de este real decreto ley que ha implantado la Comunidad Valenciana! Espero que ahora me digan qué es lo que está pasando. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por tanto, en todo este desbarajuste que han organizado con esas autoenmiendas, la verdad es que lo que más nos ha sorprendido es esto. Además, nos recrimina el señor Aguirre y dice que la Mesa es soberana. ¡Faltaría más! Pero nosotros podremos discrepar del criterio de la Mesa.




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Porque no nos aceptan tres enmiendas importantísimas, que tienen que ver con la universalización de la asistencia sanitaria y para arreglar el desbarajuste que han organizado con el Real Decreto Ley 16/2012, de copagos sanitarios. Y sí que tienen que ver con el tema que estamos debatiendo, porque nosotros queremos que, por ejemplo, los emigrantes tengan acceso a la asistencia sanitaria y al medicamento en igualdad de condiciones, porque eso lo hemos dicho muchas veces. (Aplausos.) Nos parece un real decreto injusto, inmoral y cruel. Y no nos van a callar por mucho que se empeñen; y siempre que tengamos la oportunidad de subir a una tribuna o de hacer cualquier declaración diremos que el Partido Socialista, que los socialistas estamos en contra de ese real decreto de copagos y de deterioro del sistema sanitario público, entre otras cosas porque a quien más afecta es a las personas más vulnerables. A las personas más necesitadas el Gobierno las machaca. Y ya tenemos datos.

En el Congreso de los Diputados compareció Médicos del Mundo, y puso encima de la mesa lo que estaba pasando con este real decreto ley. Ustedes no lo quieren ver, pero eso es así, y es dramático. Por tanto, me parece, de verdad, que encima nos vengan a dar aquí lecciones de que mezclamos churras con merinas, cuando quien realmente ha mezclado churras con merinas es el Grupo Popular, es el Gobierno y es el Partido Popular. Porque, ya me contarán, y espero que me lo expliquen, qué tienen que ver la ley de farmacovigilancia y la modificación de la ley de la ordenación de las profesiones sanitarias. Yo, desde luego, no lo veo por ninguna parte. O con la modificación de la ley de los odontólogos —que ha dicho mi compañera— o con la ley del estatuto marco. Ya me contarán que tiene que ver con esto.

Hemos presentado veinticuatro enmiendas para intentar, en la medida de lo posible, arreglar este desbarajuste que ustedes han organizado. Nos han aprobado dos, porque no les quedaba más remedio, porque fíjense ustedes en las contradicciones: en el proyecto de ley que se presenta en el Congreso se dice que se tiene que tener acceso a la información completa y el Partido Popular introduce allí una enmienda que dice que solamente a los datos esenciales. Nosotros presentamos dos enmiendas de supresión para que se quiten los datos esenciales, pero ya se lo habían dicho, porque la normativa europea dice que el acceso a la información tiene que ser completa. Por tanto, nos han aceptado dos enmiendas porque no les quedaba absolutamente más remedio.

Voy a destacar alguna de las enmiendas, como les decía, para intentar corregir los desbarajustes que ustedes han hecho en este proyecto de ley. La enmienda número 15, de adición, incorpora un nuevo apartado cuatro bis, que incluye limitaciones a los descuentos que pueden realizar las distribuidoras a las oficinas de farmacia respecto a los productos sanitarios en el 10%, ya que los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud ya se ha regulado. La enmienda número 19, de adición de un apartado treinta bis, vuelve a generalizar el sistema de prescripción por principio activo; por tanto, nosotros volvemos a lo que estaba regulado en el Real Decreto Ley 9/2011, simplemente porque genera mayor ahorro y otorga más autonomía a los médicos; incluye también la dispensación del medicamento a productos sanitarios de menor precio. La enmienda número 20, que modifica el apartado 5, del artículo 86, también restablece las modificaciones introducidas en la Ley del medicamento por el Real Decreto Ley 9/2011.

Hemos presentado una enmienda, que tiene mucho que ver con la subasta de medicamentos, la número 23, de modificación al apartado treinta y cuatro, para garantizar el principio de igualdad territorial y de procedimiento coordinado. Les voy a decir en qué consiste y nos tendrán que explicar por qué no la aprueban y por qué están tan en contra:

1. Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener en condiciones de igualdad económica en todo el Sistema Nacional de Salud el medicamento y producto sanitario más adecuado a sus necesidades clínicas en las dos dosis adecuadas a sus condiciones y durante el tiempo que sea preciso.

2. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, adoptaran cuantas medidas sean necesarias para garantizar ese derecho a los ciudadanos, impulsando el desarrollo de actuaciones e instrumentos específicos que faciliten a sus profesionales la toma de decisiones terapéuticas, en orden a optimizar su efectividad, seguridad, seguimiento y control de los tratamientos que se instauren a sus pacientes. Las administraciones sanitarias adoptarán los procedimientos necesarios de libre concurrencia y máxima transparencia, para seleccionar del




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mercado aquellas marcas o denominación comercial que, cumpliendo los requisitos establecidos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud para la correspondiente dispensación, suponga el menor coste del tratamiento para la administración y el usuario.

¿Por qué están en contra de esta enmienda? Yo quiero que me lo expliquen.

Por otro lado, hemos presentado otra enmienda, la número 27, que también han presentado otros grupos, que consideramos fundamental, que excluye el copago a los medicamentos dispensados en el hospital. Este es un asunto importantísimo y no sabemos tampoco por qué no la han aprobado.

En estos momentos, los medicamentos de dispensación ambulatoria que se dan en el hospital son para enfermos oncológicos, para el tratamiento del sida, para la hepatitis C, etcétera. Son todos medicamentos caros, y ustedes han implantado el copago también en los medicamentos de dispensación ambulatoria que se dan en el hospital; y lo han implantado porque en este plan de reformas que han remitido a la Unión Europea, donde dicen de dónde van a recortar, una de las partidas que incluyen es la del copago en medicamentos hospitalarios.

Por tanto, de verdad, tendrían que hacer menos demagogia, pensar menos en ustedes y pensar en la gente que está en la calle que lo está pasando mal. Y en este proyecto de ley, encima, desprecian todas las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios. La ministra, cuando compareció en el Congreso no habló para nada de esto porque lo trataron vía enmienda, habló de farmacovigilancia, lo cómodo. Decía que apelaba siempre al diálogo, al consenso, pero las medidas que están implantando, desde luego, no pueden contar con nuestra colaboración ni con nuestro consenso.

Hay tres enmiendas importantes, las números 33, 34 y 35, que proponen la supresión de las disposiciones finales quinta, sexta y séptima, sin entrar a valorar el contenido porque son tres enmiendas que afectan al estatuto marco del personal estatutario, a la Ley de la ordenación de las profesiones sanitarias y a los odontólogos. Las tres disposiciones que suprimimos son normativa básica, por tanto, conforme al artículo 11.4 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, resulta de obligada negociación con las organizaciones sindicales, y ustedes de eso tampoco quieren hablar.

En el mismo sentido, también hay que recordar que entre las competencias de la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad, en el artículo 2 de su reglamento, figura la negociación de la normativa básica que promulgue el ministerio. El incumplimiento del Gobierno del procedimiento legalmente establecido en materia de negociación y consulta de estas materias podría suponer la nulidad de pleno derecho de dichas disposiciones. No lo dice esta senadora, lo dicen las organizaciones sindicales.

No podemos tampoco dejar de aludir al informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de junio de este año, que en su página 70 establece que existen motivos que han reducido la comprensión y seguridad de nuestros textos legislativos, entre los cuales señala la mezcla legal. Es decir, incluir en las disposiciones adicionales normas que nada tienen que ver con la regulación de que trata la ley. Está claro la grave incongruencia del Partido Popular entre lo que propone y lo que después realmente practica. Y este es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer, porque es verdad que ustedes tienen mayorías legítimamente, pero eso no quiere decir que ustedes, con sus mayorías, puedan hacer lo que les dé la gana. No; no pueden hacer lo que quieran. Ustedes tienen la obligación de cumplir la ley, de hacer las cosas como se debe y, sobre todo, tienen que legislar pensando en los que están fuera, que tienen muchas necesidades, y no presumir tanto como presumen con más de seis millones de parados y con personas que tienen que decidir entre comer o comprar las medicinas. Y esto no es demagogia por mucho que ustedes se empeñen, porque todos, por desgracia, tenemos casos conocidos. Y el ahorro farmacéutico del que ustedes presumen ha salido del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Por tanto, señorías, menos demagogia. Creo que este sería un buen momento para que ustedes recapacitasen, algo que les agradeceríamos, no el Grupo Parlamentario Socialista ni sus senadores, sino las personas que están fuera esperando que este Gobierno dé respuestas a sus necesidades.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Para turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Buenas noches, señor presidente.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha terminado hablando de demagogias, y desde luego las demagogias que he oído aquí esta noche a lo largo de todas las intervenciones de los diferentes portavoces es como para escribir un libro. Y voy a empezar por decirle una cosa. Sabemos que lo que estamos haciendo aquí, aparte de otras cosas, como han dicho ustedes, es adaptar una directiva europea de 2010, y les recuerdo que en el 2010 gobernaba el Partido Socialista, y una directiva del 2011, y les recuerdo que en el 2011 también gobernaba el Partido Socialista. Ha hablado usted de un Gobierno perezoso, y creo recordar que ustedes dos no estaban en la anterior legislatura, pero dicha legislatura, última del señor Zapatero, fue patética en cuanto a legislación se refiere. Los Plenos del Senado acababan los miércoles a las once de la mañana, y ahora miren ustedes qué hora es, y estamos debatiendo cuatro leyes entre hoy y mañana, y se debatieron cuatro leyes en el Pleno anterior. Es decir, que si algo no es este Gobierno es perezoso.

Creo que esta no es hora de entrar en mucho detalle respecto de cada una de las enmiendas que se han presentado, pero sí quiero referirme a algo respecto de lo que se han dicho absolutas falsedades y algo que creo hay que dejar claro a los españoles. No voy a entrar en el tema de las subastas que perfectamente ha defendido el senador Aguirre, pero sí voy a entrar en el del copago farmacéutico. Y más que de copago farmacéutico yo hablaría de una aportación farmacéutica más justa y más equilibrada.

Y no se nos olvide a nadie, por muy mal que les siente, que ya sabemos que es así, que cuando entró el Partido Popular a gobernar se encontró 16 000 millones de euros de deuda en facturas sanitarias. ¡Tela marinera! Ni más ni menos que 16 000 millones de euros. Y el Partido Popular cree que es necesaria la sostenibilidad de un sistema con unos principios que defendemos, y que es una sanidad de calidad para todos.

Se han ido tomando muchas medidas a lo largo de este año y medio que lleva gobernando el Partido Popular; por ejemplo, se han reducido los márgenes de las oficinas de farmacia, reducción de los márgenes de la distribución de la industria, retirada de la financiación de medicamentos con baja eficacia, acudir a políticas de precio de referencia, acudir a la prescripción de genéricos y próximamente a recetas por monodosis o unidosis. Pero es evidente que la medida políticamente más incómoda y molesta ha sido la del llamado copago. Es evidente que llevábamos muchos años con este debate encima de la mesa, pero ningún Gobierno se ha atrevido a tomar una decisión de este tipo. Hay que recordar que ya se pagaba un 40% de los medicamentos por los trabajadores en activo que supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí, mientras que los pensionistas no aportaban nada; pensionistas en algún caso de alto poder adquisitivo, pero que eran pensionistas y que, sin embargo, no pagaban nada. Lo que se ha hecho ahora es redistribuir ese pago. Cada aportación de cada uno de nosotros ha de ser en función de su renta, en función de sus posibilidades económicas.

Quiero dar unos datos que son realmente espectaculares y que contradicen absolutamente lo que ha dicho la señora Chivite, datos que espero que se los haya dado alguien equivocadamente. (La señora Chivite Navascués muestra una gráfica.) Yo también le enseñaré todas las gráficas que quiera. Pero los datos son los siguientes: el ahorro en farmacia del mes de mayo de 2013 con respecto al mes de mayo de 2012 ha sido de 109 millones de euros. En los últimos meses, los últimos 11 meses, desde julio del año pasado, se han ahorrado casi 1800 millones de euros, pero si es importante el ahorro, por la aportación de todos nosotros y de los pensionistas que pagan supone 175 millones de los 1800 millones de euros que, como digo, son los que nos vamos a ahorrar. Estos son datos del ministerio y son datos publicados y les pasaré, porque aquí no las tengo, todas las gráficas que ustedes necesiten.

Desde julio de 2012 hasta hoy —dato espectacular— se han facturado 125 millones de recetas menos, el gasto farmacéutico descendió el 12,07% en mayo de este año, el gasto medio por receta ha producido una bajada de casi un 5%, pero, además, el gasto a través de receta en todo el año ha supuesto una variación de casi el 16% menos. Realmente creo que el gasto farmacéutico




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ya ha tocado suelo. El ahorro en el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia ha tocado suelo. Esto es importante. Pero hay un dato que también se nos olvida. En esta redistribución de aportaciones hay que destacar que 840 000 parados sin prestación han dejado de pagar por los medicamentos, algo que no sucedía anteriormente, ya que antes aportaban el 40% en función de su edad. Los activos aportamos un porcentaje de los precios en función de la renta, pero se ha excluido a los parados de larga duración sin prestación junto con otros grupos como los beneficiarios de pensiones no contributivas, rentas de inserción o afectados por el síndrome tóxico.

Alguien ha dicho por aquí que en Andalucía los pensionistas solo pagan 8 euros; en Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña, en Galicia y en toda España. (Rumores.) Tienen una aportación de 8 euros o 18 euros en función de la renta, pero le aseguro a usted que dudo mucho que ninguna persona haya tenido que dejar de consumir medicamentos porque le falten 1, 2 o 3 euros porque supone una pequeña aportación. Otra cosa les voy a decir. Estaba el compromiso, yo creo que difícilmente realizable, de que aquellas personas, pensionistas que pagaran más de 8 euros al mes o 18 en otros casos, según la renta, a los 6 meses les devolvían. Eso ha sido matemático. (Rumores.—La senadora Chivite Navascués pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

Senadora Chivite, ya tendrá luego el turno de portavoces para contestar al señor Pagola. Pero déjenle hablar, guarden un poco de silencio.

El señor PAGOLA SÁENZ: ¡Eso ha sido matemático! Lo están recibiendo. Yo he estado allí tan tranquilamente y estoy hablando con toda cordialidad. Matemáticamente, por lo menos los pensionistas que tengo yo a mi alrededor… Yo digo que los que están a mi alrededor, que por lo menos los pensionistas que tengo a mi alrededor están cobrando el exceso de los 8 o de los 18 euros.

Otra cosa le quiero decir, y es que aparte del importante ahorro que supone el copago —repito, los datos son de 175 millones de los 1800—, hay otro tema muy relevante, es la reeducación en el consumo farmacéutico por parte de los pensionistas. En los centros de salud se dan tratamientos crónicos, recetas para tres meses y en muchos casos los pensionistas no cogían más que una o dos recetas porque había, y todos somos conscientes de eso, muchísimo acopio de medicinas en sus casas. Eso se está corrigiendo y hay un dato que es espectacular, y es el punto SIGRE. El punto SIGRE, como saben ustedes, es un sistema que hay montado en las farmacias para que los medicamentos que están en las casas y que sobren se depositen allí y si no se pueden mandar a otro país —que en el 90% de los casos no se puede—, se incineran, se queman. Pues bien, en el 2009 se destruyeron 3700 toneladas de medicamentos y en el 2012, teniendo en cuenta que solo llevaba seis meses en marcha esto, 1000 toneladas, es decir, ha habido una reducción de 2700 toneladas.

Señora Chivite, usted ha hablado de los pobres pensionistas, de la gente que no puede coger los medicamentos. Yo le aseguro a usted que en la zona donde usted y yo vivimos, que es próxima, no hay ninguna persona jubilada que por uno o dos euros de aportación, que además se devuelven, deje de comprar su medicamento si lo necesita y si no lo tiene en casa. Le voy a decir una cosa, y es que usted ha aprovechado esto para mezclar los anticonceptivos, los pobres jubilados, la píldora, la mujer… Por cierto, yo tengo que felicitarles hoy —siempre lo hago— porque de siete portavoces hoy hay cuatro portavoces femeninas y tres masculinos y hace un momento estaba presidiendo otra mujer. Usted ha mezclado los anticonceptivos, que si se retiran, que si se financian… Mire usted, en este momento el Sistema Nacional de Salud tiene 23 anticonceptivos financiados, de los cuales tres son de última generación y seis, que ha sido la noticia de hoy, han salido del servicio nacional de salud porque no se han adaptado al precio de referencia, es decir, al precio más barato. Si no se han adaptado al precio mas barato creo que no tiene defensa la acusación que ha hecho usted, señora Chivite, no tiene ningún fundamento de ninguna clase.

He dicho que estas eran horas para no entrar en mucho detalle, pero otro tema que ha surgido es el de los genéricos y las marcas comerciales. Con esa enmienda que presenta el Partido Socialista se vuelve otra vez al sistema anterior, que tuvo un impacto muy negativo (Denegaciones de la señora Chivite Navascués.) —sí, señora— en cuanto a la prescripción de genéricos y redujo en apenas unos meses más de 4 puntos porcentuales la prescripción en los meses de aplicación del Real Decreto 9/2011 hasta la modificación incluida en el Real Decreto 16/2012.




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Tenía muchos folios preparados para aprovechar mi tiempo de intervención, pero creo que no son horas. Entiendo que las líneas maestras y el esbozo de nuestra defensa están plenamente conseguidos.

Muchas gracias, señor presidente, y buenas noches, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré con la misma cordialidad y tranquilidad que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Yo no les voy a echar en cara, ni al Gobierno ni a ustedes, que la producción legislativa sea escasa; todo lo contrario. Yo, como muchos españoles, les pediría que, por favor, dejaran de legislar, dejaran de reformar, dejaran que esas reformas estructurales con las que nos bombardean no siguieran saliendo adelante porque son precisamente esas reformas las que están acabando con el modelo de Estado de bienestar que tanto trabajo costó consolidar en nuestro país. Por favor, descansen un poco. (Aplausos.)

Ello, además de repercutir favorablemente en el mantenimiento de unos derechos sociales, de unas prestaciones sociales, de unas inversiones en infraestructuras y de unas relaciones laborales que no sufrían el deterioro que en este año y medio se ha producido, seguramente permitiría también una calidad técnica mayor de los textos legales que están saliendo adelante. Más allá del contenido, esta frenética velocidad reformista que el Gobierno impulsa y que las Cámaras tienen que seguir como si fuera un auténtico trágala, con procedimientos de urgencia, en algunos casos con procedimientos de lectura única, desde luego no están contribuyendo de forma alguna a poder sostener que la calidad técnica de los textos que aprobamos sea la adecuada. Eso es siempre un peligro porque cuando un texto legal es poco preciso, es disperso, es incluso contradictorio, afecta, como los famosos proyectos ómnibus, a multitud de materias, con lo cual resulta muy difícil seguir la pista y encontrar el texto legal vigente en cada una de las materias. Esto abre el proceso de interpretación de la norma, y la norma tiene que ser lo más clara posible para que admita las menos interpretaciones posibles.

Pero yo quería entrar fundamentalmente en el tema del copago al que hacía referencia el portavoz popular y luego brevemente en la cuestión de los genéricos.

Por lo que se refiere al copago, creo que la decisión de ampliar un sistema de copago, que probablemente tampoco fuera afortunado en los términos en los que existía, es contradictorio con el propio concepto de la materia de la que estamos hablando. Estamos hablando de una prestación sanitaria. Si es una prestación sanitaria, pero el concepto inicial es el de prestación, forma parte de un concepto con el que el precio resulta incompatible. Las prestaciones no deben ser sometidas al precio. Las prestaciones son financiadas con cargo a una fiscalidad adecuada, y si hay pensionistas con unas pensiones elevadas, en vez de decirles que paguen un porcentaje de los productos farmacéuticos, lo que tienen que decirles es que paguen más impuestos porque pueden pagar más impuestos, y consuman o no consuman medicinas, tienen que incrementar su aportación al sostenimiento de un Estado de bienestar a través de las figuras impositivas.

Termino. A mí todavía no me han aclarado esa decisión de impulsar la figura del genérico de marca, que en mi humilde opinión profana, absolutamente profana, resulta incompatible con el concepto genérico. Costó mucho trabajo convencer en nuestro país a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud de que los genéricos eran tan buenos, tan eficaces como los de marca. Impulsar ahora la figura del genérico de marca vuelve a colocar en el inconsciente colectivo que el genérico es peor, y que lo mejor es el específico con publicidad, marca, bandera, banda y música; y que detrás de él seguro que lo mejor es el genérico de marca. Y, en tercer lugar, si no hay más remedio tendrá que conformarse con el genérico, y eso no es bueno. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gabon mahaiburu jauna, gabon senatari jaun-andreok. Gracias, señor presidente. Voy a desviarme un poco del tema y lo siento.




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En el turno de defensa de las enmiendas ya hemos explicado lo referente a tres de las cuatro que presentamos en el Senado a este proyecto de ley. Ahora quiero referirme concretamente a la número 41, una enmienda de adición al nuevo apartado 3 bis del artículo único del proyecto de ley.

Después de mucho meditarlo decidimos en el grupo no mantenerla viva para este trámite que nos ocupa, digamos que de forma cautelar por las razones que a continuación voy a esforzarme en explicar.

El mismo día en que se iba a celebrar la Comisión de Sanidad correspondiente para dictaminar sobre este proyecto de ley, por lo menos los miembros de la Comisión de Incompatibilidades y de la Comisión de Sanidad recibimos un correo electrónico, remitido por el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España, por la Asociación Nacional de Audioprotesistas Audiólogos Protésicos y por la Federación Española de Ortesistas Protesistas.

El documento, calificado por sus autores como «denuncia contra el senador don José María Cazalis Eiguren», basa sus conclusiones en un capítulo de hechos que se resumen en algunas frases que voy a leerles literalmente. «…el denunciado tiene interés económico directo sobre la actividad de la odontología, así como de las actividades comerciales que se realicen con los productos sanitarios en las clínicas dentales.» (Parece ser que en todas.) Me denuncia por «…usar su condición de senador para defender intereses económicos de los miembros de su profesión y por ende propios.»

Estas y otras aseveraciones similares son las recogidas en el documento firmado por los presidentes de las tres organizaciones gremiales que muchos de ustedes tienen en su ordenador. La anunciada denuncia ha sido registrada hoy en esta Cámara, una semana después de habérsela enviado a varios miembros de la misma y también a la prensa, que ha tenido conocimiento del texto acusador.

Ante esto me siento en la necesidad de aclarar cuatro cosas. Primero, este senador no ejerce como dentista desde el año 2003, año en el que accedió a presidir, en régimen de dedicación exclusiva, la corporación municipal de Lekeitio. Es más, no estoy colegiado desde 2006. Segundo, el inmueble en el que desarrollé mi actividad profesional hasta esas fechas está alquilado en régimen de arrendamiento, con un alquiler fijo, actualizable con el IPC y sin ninguna vinculación a los beneficios que genera la actividad desarrollada por otro profesional dentista. Tercero, los datos sobre mis propiedades y el arrendamiento que se incluyen en la denuncia constan en la declaración de bienes y rentas publicada en la página web del Senado, aunque estos se recojan de forma interesadamente confusa e inexacta en la citada denuncia, sobre todo en lo referente a mis propiedades. Cuarto, los datos del «volumen de negocio» que se recogen en el texto de la denuncia sobre los años 2011 y 2012 corresponden, evidentemente, al profesional que en esa fecha desarrollaba y desarrolla en la actualidad su actividad en el inmueble.

Este senador no tiene ni ha tenido ninguna vinculación profesional ni económica, salvo el arrendamiento declarado, con ese ni con ningún otro profesional dentista en el desarrollo de su actividad en todo el período citado.

Señorías, mi grupo decidió no mantener viva la enmienda número 41 de forma cautelar porque en caso de que la Comisión de Incompatibilidades posteriormente tuviera en cuenta lo denunciado y considerara que esa enmienda no debería haber sido presentada, su mantenimiento podría vulnerar los derechos de los colectivos gremiales denunciantes. Por el contrario, en el caso de que la Comisión de Incompatibilidades declarara no válida la denuncia, a este portavoz y a su grupo siempre les quedará la opción de introducir, si podemos, el concepto contenido en la enmienda número 41 a través de otras vías legislativas. Por eso renunciamos a mantener viva la enmienda. Ahora solo nos queda preguntarnos por qué ha sucedido esto e intentar buscar los mecanismos para que no vuelva a ocurrir ni a mí ni a nadie más.

Este portavoz y su grupo siempre han hecho sus propuestas guiados por el único interés de la defensa de los derechos de los ciudadanos que nos han elegido y queremos seguir haciéndolo porque es nuestro derecho, y lo que es más importante, porque eso es lo que nos han encomendado nuestros electores. Para ello necesitamos clarificar esta circunstancia. Necesitamos, necesito, que sea el organismo competente, en este caso la Comisión de Incompatibilidades, quien defina la situación para solucionar la incompatibilidad, si existiera, según la Comisión, el conflicto de intereses origen de esta denuncia, o por el contrario, si no es así, si no existe ese conflicto de intereses, para poder pedir el amparo de la Cámara o de la institución que corresponda ante la denuncia.




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Señorías, en la situación que estamos viviendo, con el desprestigio que sufrimos quienes nos dedicamos al servicio público, desde mi humilde punto de vista, de las pocas virtudes que debemos luchar por mantener las más importantes son la credibilidad y la honorabilidad personales. Si no conseguimos ser capaces de hacerlo ante los ciudadanos, que no parece fácil, por lo menos sí tenemos que hacerlo ante el resto de compañeros miembros de la Cámara. Al fin y al cabo, la credibilidad y la honorabilidad son también herramientas imprescindibles para nuestro trabajo. Esto es lo que quiero defender y preservar, y esta es la única causa de mi intervención de hoy en este estrado y a estas horas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Buenas noches, señor presidente.

Simplemente deseo mostrar la solidaridad del Grupo Parlamentario de la Entesa al senador Cazalis porque, como él ha dicho, en estos momentos en que todos nosotros estamos en el punto de mira, me parece una terrible injusticia que por defender las ideas que es nuestra labor y a los ciudadanos que representamos esté pasando este mal trago.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Evidentemente, el senador Cazalis también tiene todo mi apoyo.

Como ya he enunciado anteriormente, y después de cómo se ha desarrollado todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley, finalmente hemos decidido votar en contra del texto que hoy debatimos. Ya les he argumentado que uno de los factores principales que ha motivado nuestro cambio de voto es la no aceptación a trámite de una de las enmiendas, además de la no incorporación de casi ninguna de nuestras enmiendas propuestas. Estábamos de acuerdo en la necesidad de adaptar nuestra normativa a la europea, pero no compartimos algunas de las modificaciones finalmente propuestas por ustedes. Es el primer proyecto de ley que en materia de sanidad se debate en esta legislatura. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para incorporar cambios sustanciales a sus políticas. Queríamos de alguna manera hacer más sociales las políticas de sanidad del actual Gobierno del señor Rajoy.

Ya han pasado varios meses desde la aprobación del famoso real decreto, y es suficiente tiempo como para saber si ha sido acertado o no. Es normal y humano equivocarse, pero también es humano rectificar. Y nos parece que hoy tenían ustedes una magnífica oportunidad. A pesar de que agradecemos el diálogo que ha habido con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, somos conscientes de que actualmente el Gobierno y los ministerios cuentan poco con las Cámaras parlamentarias, y todo lo que pueden lo imponen vía real decreto.

No puede ser, se lo he dicho antes, por ejemplo que cada comunidad autónoma decida de manera independiente si incluye o no a los inmigrantes en el derecho a la atención primaria. No puede ser el problema planteado por el cambio de régimen para los profesionales. Ahora mismo, en plena crisis, no es el momento de asumir este tipo de riesgos. No se les puede quitar derechos a unas personas, a unos profesionales que han dedicado toda su vida al servicio del resto de personas. Es justo que la sociedad y el sistema les compense por su dedicación, y lo mínimo es asegurarles un futuro de calidad.

Insisto de nuevo en la necesidad de eliminar el copago farmacéutico hospitalario. Hemos hablado múltiples veces de los enfermos crónicos y los enfermos graves. Todos hemos coincidido en que el coste del copago no puede ser en ningún caso una barrera de entrada para acceder al servicio sanitario, y tal como está planteado creo que así lo será. Y, por último, y también lo he dicho anteriormente, no podemos apoyar una ley que invade competencias y que, por lo tanto, afecta a nuestro modelo de gestión. Saben que este factor es nuestra prioridad. Nosotros queremos cada día más autogobierno y, por lo tanto, en ningún caso vamos a poder dar apoyo finalmente a esta ley.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero transmitir nuestro apoyo y solidaridad al senador Cazalis. Nos parece una injusticia.

Le tengo que decir al señor Iglesias que coincidimos totalmente con él mejor que no legislen porque verdaderamente lo que están haciendo es un desastre—. Coincidimos. Yo decía que era un Gobierno perezoso porque, con relación a la trasposición de la normativa europea, el proyecto de ley pues lo tenían que haber hecho el 21 de junio del año 2012 o el 2 de enero del 2013.

Senador del Grupo Popular, con todos mis respetos, la verdad es que quieren transmitir una imagen de la sanidad que no se corresponde con la realidad. Usted dice que no conoce a nadie de su alrededor que no le estén remitiendo el dinero. Eso no es cierto. Mire, yo le voy a decir una cosa: mi madre, por desgracia, falleció en el mes de febrero; a ella nunca le devolvieron el dinero, nunca, nunca; mi madre murió con 92 años y nunca le devolvieron el dinero. Por tanto, seamos un poco serios cuando hablamos de estos temas. Me he dicho: Igual esto pasa solamente en la Comunidad Valenciana —que es verdad que es un desastre—, pero tengo un compañero de Extremadura que también tienen problemas. ¿Por qué no hacen lo que se está haciendo en Andalucía y en otras comunidades, que cuando uno llega al tope tiene que pagar, ya no pagan más? ¿Pero por qué no lo hacen? Los pensionistas están adelantando el dinero a la Administración pública, y esto está pasando en este país. Y ustedes nos dibujan una realidad ajena a lo que está sucediendo.

Luego presumen de los ahorros en farmacia. Pero, miren, si presumir es que ese ahorro salga del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, nuestro grupo no está de acuerdo. Y se lo voy a volver a decir: según el informe Cofares, la implantación del copago ha supuesto un ahorro de 552 millones de euros, ahorro que sale del bolsillo de los ciudadanos. La exclusión de los 426 medicamentos de la financiación pública ha supuesto un ahorro de 107 millones de euros, que salen del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Por tanto, con todos mis respetos, seamos un poco realistas y no nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque la ciudadanía se queda asombrada de que ustedes sean capaces de decir aquí lo que están diciendo. La verdad, ya está bien de presumir de ese plan de reformas.

Dice que dejamos una deuda de 16 000 millones —algo insostenible—, pero ¿saben cuánto deben ya en un año y medio de Gobierno? No lo digo yo, lo dicen los organismos de las tecnologías —tanto Farmaindustria como Feni—: la deuda en farmacia, 3530 millones de euros, y en tecnología, 2500 millones. Ya deben más de 6000 millones de euros con todos los planes de proveedores, ya deben más de 6000 millones de euros. Por tanto, ya está bien de la retahíla de la herencia recibida, porque ustedes recibieron —y del que nos sentimos inmensamente orgullosos— un Sistema Nacional de Salud universal, equitativo, gratuito, sin barreras, y ahora ustedes están poniendo muchísimas barreras en el acceso a esa sanidad pública y de calidad que todos los españoles y también los inmigrantes irregulares se merecen. Por tanto, un poquito más de seriedad.

Para terminar, le diré —como no me ha contestado a nada de lo que yo le he planteado en las enmiendas, que creo que han sido bastantes— que tengo muchísima curiosidad por saber por qué no nos han aprobado la enmienda 32 que dice que en el texto refundido que se tiene que hacer, se atenderá especialmente a la regulación para el fomento del lenguaje no sexista previsto en la Ley 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Por qué no nos han aceptado esa enmienda? ¿Pero qué le hemos hecho las mujeres al Partido Popular? (Aplausos.) ¿Pero qué les hemos hecho las mujeres al Partido Popular?

De verdad, me gustaría, por curiosidad, que nos dijeran por qué no nos ha aceptado esa enmienda.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Sí, termino enseguida, presidente.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Voy a responder a algunas de las cuestiones. Empiezo con la última. Ha hablado de la enmienda 32. La ley es ley para todos, independientemente del sexo masculino o femenino. Punto. No tiene más vuelta de hoja. La ley es ley para todos. Y se acabó. (La señora Llinares Cuesta: ¡Para todas!) Todos y todas. Todos y todas.

La señora Almiñana dijo antes que esto era una estafa democrática. Por favor, esta Cámara ha sido elegida democráticamente mediante los votos de todos los españoles. La Mesa del Senado se elige democráticamente. Ella es la que luego decide, democráticamente, si una enmienda entra o no. Poner en duda ahora el tema democrático en esta Cámara lo veo un poco duro.

A ver si se ponen de acuerdo. El señor Iglesias dice que nuestro sistema legislativo está frenético, que llevamos dieciocho meses… y, sin embargo, el Grupo Socialista dice que somos perezosos. A ver si nos ponemos de acuerdo, o una cosa u otra.

Voy a ver si consigo explicarle la diferencia entre lo que es genérico y lo que es FG. Cuando un medicamento lleva ocho o diez años —según el medicamento que sea— en el mercado, la patente pasa directamente a precio de referencia. Es decir, que cualquier otro laboratorio lo puede meter en el mercado, con esa misma molécula, al precio de referencia, y entonces empiezan a bajar los precios. Cuando es un laboratorio diferente al que es el dueño de la patente, se llama genérico más el nombre del laboratorio comercial. Cuando es el mismo laboratorio, puede tener el mismo nombre que tenía, bajarlo a precio de referencia y poner luego las siglas FG. Luego, tanto uno como otro están en precio de referencia. (La señora Llinares Cuesta pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Llinares, que yo sepa, ha tenido usted dos ocasiones en la tribuna para hablar mucho tiempo además. Deje hablar a los demás, por favor.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Le diré al compañero Cazalis que valoro su capacidad de diálogo, su objetividad y su transparencia a la hora de afrontar cualquier tema legislativo, por lo que tiene, por supuesto, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Aquí ha habido un invitado de piedra a lo largo de este debate que es el Real Decreto 16/2012, el cual viene como consecuencia quizás de la necesidad que tenía el Gobierno de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Como ustedes han dicho, se lo había encontrado económicamente muy debilitado. Gracias al Plan de pago a proveedores, se dedicaron 12 000 millones a garantizar la sostenibilidad de las comunidades autónomas, gracias al Fondo de Liquidez Autonómica también se inyecta dinero, del cual, el 95% va a pagos de proveedores desde el punto de vista sanitario. Y el Gobierno afronta de una forma seria lo que es un decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Aquí se ha debatido, pero lo que ha hecho el Gobierno es poner las mimbres para que las comunidades autónomas hagan los cestos de cara a garantizar. Si tú no garantizas la sostenibilidad, poco se va a garantizar la calidad, la igualdad, etcétera, porque lo importante es la sostenibilidad.

Lo que el Gobierno se plantea son reformas estructurales importantísimas, entre ellas, la universalidad. Gracias a ese real decreto, y acogiéndose a la Ley General de Salud Pública, que se debatió en la época socialista, al final del año 2011, cualquier español, nada más que por el hecho de serlo, tiene derecho a la asistencia sanitaria y a la cartera de servicios —lo mismo que cualquier inmigrante que esté legalmente establecido—, tanto a la común como a la complementaria del Sistema Nacional de Salud.

Se le olvidó al Gobierno socialista anterior trasponer unas directivas referentes al turismo sanitario, y el Tribunal de Cuentas vio que había una factura de 1000 millones hacia otros países. Y se vio porque, curiosamente, Alemania facturaba un 700% más por los españoles que iban a Alemania que por los alemanes que venían a España, cuando hay muchos más alemanes que vienen a España. Ese abordaje del llamado turismo sanitario ha supuesto bajar de 1000 millones a 100 millones esa balanza de pagos negativa que teníamos a la hora de pagar con los fondos de cohesión a otro tipo de países.




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Se quita del nomenclátor un número de medicamentos que no eran eficientes, que eran de bajo valor intrínseco, pero ya se articula para que se haga de forma totalmente automática: se hace una central de compras, una distribución social del copago, la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Todo ello son los mimbres necesarios para garantizar la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario, y eso se lo debemos al Gobierno actual y al Ministerio de Sanidad.

Creo que entre todos podemos hacerlo, y, como se ha dicho aquí, las actuaciones del Gobierno a lo largo de este año y medio han sido muchas y muy fructíferas. Gracias a ello, hemos salido de la inacción a la cual nos había sometido durante años el Gobierno socialista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches.

Se suspende la sesión.

Eran las cero horas y quince minutos del jueves, 11 de julio de 2013.


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