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DS. Senado, Pleno, núm. 64, de 08/05/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 32

celebrada miércoles y jueves, 8 y 9 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a profundizar en los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y seguir favoreciendo nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades locales.

(Núm. exp. 662/000081)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

(Núm. exp. 662/000082)

Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para una efectiva garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones.

(Núm. exp. 662/000080)

Autor: GPS

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas.

(Núm. exp. 671/000070)

Autor: GPEPC

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES




Página 5303


7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000032)

7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 624/000001)

7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Comisión: Fomento

(Núm. exp. 621/000027)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000078)

8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000056)

8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000057)

8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000058)

8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000059)




Página 5304


8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000060)

8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000061)

8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000062)

8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000063)

8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000064)

8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000065)

8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000066)

8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000067)

8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000068)

8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000069)




Página 5305


8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000070)

8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000071)

8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000072)

8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000073)

8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000074)

8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000076)

8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000077)




Página 5306


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas del día 8 de mayo.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a profundizar en los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y seguir favoreciendo nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades locales.

(Núm. exp. 662/000081)

Autor: GPP

5323

El señor Sanz Cabello defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Mariscal Cifuentes y dicho senador.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Belloch Julbe defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Sequera García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sanz Cabello expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); así como la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Belloch Julbe, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor, 141; en contra, 96.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

(Núm. exp. 662/000082)

Autor: GPP

5343

El señor Altava Lavall defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Díaz Tejera.

En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, por los siguientes votos: a favor, 158; en contra, 78.




Página 5307


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para una efectiva garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones.

(Núm. exp. 662/000080)

Autor: GPS

5357

La señora Llinares Cuesta defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Mariscal Cifuentes y dicho senador.

La señora Llinares Cuesta expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 151; abstenciones, 13.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas.

(Núm. exp. 671/000070)

Autor: GPEPC

5373

El señor Montilla Aguilera defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Mariscal Cifuentes y dicho senador.

El señor Lerma Blasco defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez.

El señor Montilla Aguilera expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 88; en contra, 152.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES




Página 5308


7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

5390

(Núm. exp. 621/000032)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

En turno de portavoces interviene el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que procede a la defensa de las enmiendas de su grupo.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 2 a 12, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 13 a 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas números 38 a 48, 49 a 56 y 58 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 65 a 72, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 22 a 29 y 31 a 37, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Contreras Olmedo.

En turno de portavoces intervienen los señores Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Espadas Cejas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

5403

(Núm. exp. 624/000001)

El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Marra Domínguez defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.




Página 5309


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Pérez.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal Cifuentes y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra, 153, abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 91; en contra, 154.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números 1 a 32, presentadas por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas números 33 a 37, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por esta senadora.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas números 38 a 43, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 44 a 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 58 a 92, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas números 134 a 159 y 161 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 93 a 133, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fernández Ortega defiende las enmiendas números 205 a 230, 232, 233 y 235 a 275, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.




Página 5310


Se rechazan las enmiendas números 3, 7, 8 y 9, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i Farré, por los siguientes votos: a favor, 10; en contra, 210; abstenciones, 19.

Se rechazan las enmiendas números 34 a 37, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i Farré, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 39 a 41, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes votos: a favor, 6; en contra, 225; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes votos: a favor, 19; en contra, 213; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 45 y 46, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 44, 47, 48, 53 y 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 49 a 51, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 27; en contra, 210.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en contra, 146; abstenciones, 73.

Se rechazan las enmiendas números 54 a 56, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 93; en contra, 144.

Se rechazan las enmiendas números 66, 68, 69 y 70, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 196, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 134, 135, 146 a 154, 156 a 159, 161, 163 a 167, 169, 170, 172, 174, 176 a 191, 193 a 195, 197 a 199 y 202 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 175, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 155, 162 y 200, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 154.




Página 5311


Se rechazan las enmiendas números 136 a 145, 168, 171, 173, 192 y 201, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números 94, 95, 98, 107, 111, 115, 117, 122, 124, 125 y 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 99 y 100, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 93; en contra, 143.

Se rechaza la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 88; en contra, 148.

Se rechazan las enmiendas números 106, 109 y 118, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 145; abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 70.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 93; en contra, 143.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 94; en contra, 142.

Se rechaza la enmienda número 129, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 130 a 133, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 142; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 65.

Se rechazan las enmiendas números 103 y 105, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 29; en contra, 143; abstenciones, 64.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 27; en contra, 146; abstenciones, 64.

Se rechazan las enmiendas números 126 y 128, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 96, 97, 102, 114, 116, 119, 120 y 123, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 210; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 267, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 205, 216 a 225, 227, 229, 230, 232, 235 a 238, 240, 241, 243, 245 a 255, 257 a 262, 264 a 266, 268 a 270 y 272 a 274, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 226, 233, 256 y 271, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 5.




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Se rechazan las enmiendas números 206 a 215, 228, 239, 242, 244, 263 y 275, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 10.

Se aprueba la proposición de ley por los siguientes votos: a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 2.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por la Cortes Generales la proposición de ley.

7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

5463

(Núm. exp. 621/000032)

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 141; abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 154; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 225; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 163.

Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 168; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra, 150; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 150; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra, 147.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 167.




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Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 24; en contra, 206.

Se rechazan las enmiendas números 13 a 15, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 146.

Se rechazan las enmiendas números 16, 20 y 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 143.

Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en contra, 223; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 158; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 41 y 46, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 167; abstenciones, 59.

Se rechaza la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 145.

Se rechazan las enmiendas números 45 y 47, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 162.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 84; en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 51, 54 y 56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 167.

Se rechazan las enmiendas números 52, 55, 60 y 62 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra, 149.

Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 61, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 146; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 65, 69 y 70, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 25; en contra, 204; abstenciones, 1.




Página 5314


Se rechazan las enmiendas números 66 y 68, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 67 y 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 25; en contra, 203.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 22, 25, 28, 33 y 35 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 150.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 14.

Se rechazan las enmiendas números 24, 27 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 165.

Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 145; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 144; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 165; abstenciones, 5.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los siguientes votos: a favor, 149; en contra, 1; abstenciones, 80.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes votos: a favor, 150; abstenciones, 78.

El señor presidente informa de que tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Comisión: Fomento

5468

(Núm. exp. 621/000027)

La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.




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La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por dicha senadora.

El señor Espadas Cejas defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Burgos Beteta.

En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 145; abstenciones, 16.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145, abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentado originariamente por la señora Capella i Farré, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 145, abstenciones, 18.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números 1 a 17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 18 a 39 y 95 a 98, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 40 a 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 53 a 66 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 67 a 85 y 87 a 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Becana Sanahuja defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y las enmiendas números 106 a 136.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo Bajo.




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En turno de portavoces intervienen el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 8, 10, 11, 14, 15 y 17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 9, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 11; en contra, 191; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 16, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 156; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 18, 35 a 38 y 96, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 157.

Se rechazan las enmiendas números 20 y 29, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 53; en contra, 163; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 6; en contra, 208; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 51; en contra, 150; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmienda número 24 y 28, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 27; en contra, 143; abstenciones, 49.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 76; en contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 157.

Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 57.

Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en contra, 201.

Se rechazan las enmiendas números 32 y 33, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 148; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 34, 95 y 97, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.




Página 5317


Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 70; en contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 57; en contra, 160.

Se rechazan las enmiendas números 40 a 42, 45, 46, 49 y 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 43 y 44, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 47 y 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 48 y 51, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 155; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 53, 56 y 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 55 y 57 a 62, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 25; en contra, 144; abstenciones, 51.

Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 157; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 24; en contra, 189; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 148.

Se rechazan las enmiendas número 69 a 71, 73 a 77, 79, 80, 87 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 149.

Se rechazan las enmiendas números 78 y 82, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 23; en contra, 144; abstenciones, 52.

Se rechaza la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 21; en contra, 197; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 84 y 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 14; en contra, 144; abstenciones, 59.




Página 5318


Se rechaza la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 201; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 89, 90, 92 y 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 91, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 106, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 54; en contra, 145; abstenciones, 19.

Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 56; en contra, 157; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 109, 119, 122, 128, 129, 132 y 134, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 53; en contra, 157; abstenciones, 8.

Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 112, 115, 120, 123 y 124, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 165; abstenciones, 7.

Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 152; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 49; en contra, 152; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 117, 118 y 126, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 152; abstenciones, 20.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 167; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 125, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 151; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 57; en contra, 143; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 130 y 136, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 131, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 157.




Página 5319


Se rechaza la enmienda número 133, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 143, abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda número 135, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y la del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los siguientes votos: a favor, 78; en contra, 144.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los siguientes votos: a favor, 194; en contra, 28.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes votos: a favor, 144; en contra, 78.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000078)

8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000056)

8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000057)

8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000058)




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8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000059)

8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000060)

8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000061)

8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000062)

8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000063)

8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000064)

8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000065)

8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000066)

8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000067)




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8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000068)

8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000069)

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000070)

8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000071)

8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000072)

8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000073)

8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000074)

8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000076)

8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000077)




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El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

La señora Capella i Farré manifiesta su posición en contra de los puntos 10, 11, 12, 13 y 14.

El señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, informa de su oposición a los puntos 1, 5 y 14.

El señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto, manifiesta su abstención al conjunto de dictámenes.

Se aprueban por asentimiento los dictámenes, con la salvedad de voto manifestada por los senadores que han intervenido, y se entienden concedidas las autorizaciones.

Se levanta la sesión a la una y cinco minutos del día 9 de mayo.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas del día 8 de mayo.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROFUNDIZAR EN LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SEGUIR FAVORECIENDO NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN QUE DOTEN DE LIQUIDEZ A LAS ENTIDADES LOCALES.

(Núm. Exp. 662/000081)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas. Tres son del Grupo Parlamentario Mixto: una a iniciativa de los senadores Mariscal e Iglesias y dos a iniciativa del senador Yanguas; una del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; una del Grupo Parlamentario Socialista; una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Sanz en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, buenos días.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular defiendo una moción que apuesta por favorecer nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades locales en el marco del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Lo primero que hay que decir, y con suficientes argumentos para ello, es que estamos ante el Gobierno más municipalista de la historia de este país. Estamos ante el único Gobierno que ha tenido la valentía suficiente para afrontar una verdadera reforma de las administraciones locales. Y tras la desastrosa herencia recibida, el descontrol de las cuentas públicas y el insoportable déficit generado por la pésima gestión de muchos gobernantes socialistas, tenemos también hoy por primera vez un Gobierno que ha apostado por fin por resolver la financiación local y asegurar la viabilidad futura de los ayuntamientos. No lo reconocerán, porque aplaudir a otros ustedes no saben, ni siquiera cuando son innegables los efectos positivos de la política del Gobierno en materia de saneamiento financiero y estabilidad presupuestaria de las corporaciones locales.

Señorías, es así. Hasta ahora los ayuntamientos solo habían obtenido del Gobierno engaños, incumplimientos y falsas promesas. Con el Partido Popular, con el Gobierno de Mariano Rajoy desde el año 2012 han sido muchos los avances conseguidos en materia de financiación local. Se lo voy a decir claro: si no fueran senadores del PSOE, de IU, de CiU, del PNV o de otro grupo político y fueran alcaldes, si fueran solo alcaldes o concejales de cualquier pueblo de España, ustedes no solo apoyarían esta moción, sino que se sumarían a un reconocimiento justo a un bloque de medidas que ya ha servido para salvar a muchos ayuntamientos de la quiebra; que ha hecho posible volver a pagar muchas nóminas a miles de trabajadores, con ocho o diez meses sin cobrar por culpa de su mala gestión; que ha evitado la muerte de muchas empresas por acumulación de deudas incobrables como acreedores durante la era Zapatero; que ha permitido también mantener muchos empleos; que ha devuelto la normalidad a muchos pueblos y ciudades; y que, como acabamos de ver, incluso va a reactivar la inversión municipal inexistente desde hace años y, con ello, la economía local, así como posibilitar la generación de muchos nuevos empleos.

Así ha sido y así es, aunque ustedes aquí no sean capaces de reconocerlo. Pero los datos son objetivos. El esfuerzo es indudable y el efecto positivo de las medidas del Gobierno innegable. Un primer dato, señorías: a 31 de diciembre del 2011 la deuda financiera de las corporaciones locales era de 35 420 millones de euros y a 31 de diciembre del 2012 pasó a 33 337 millones de euros; es decir, una reducción del endeudamiento en solo un año de 2200 millones de euros. Pero lo que es más evidente, con la política de este Gobierno y el gran esfuerzo demostrado por las entidades locales no solo hemos logrado más que cumplir el objetivo del déficit según el PIB, que partía en el 2011 de 8954 millones de euros, el 0,84, sino que cuando el objetivo del Gobierno era el 0,3




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del PIB casi alcanzamos el equilibrio presupuestario y hemos llegado del 0,8 al 0,15 a 31 de diciembre del 2012, repito, cuando el objetivo era el 0,3. Eso significa, señorías, pasar del déficit de las entidades locales, de esos 8954 millones de euros a 1624 a 31 de diciembre del 2012; es decir, en solo un año los ayuntamientos han conseguido reducir su déficit en dos tercios y es evidente que eso ha sido con el sacrificio de las entidades locales y la política del Gobierno.

Señorías, es que hay cosas que no se pueden negar ni aquí ni en los ayuntamientos. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones han sido muchas y buenas las medidas y acuerdos del Gobierno de Rajoy para garantizar la sostenibilidad de los entes locales. Todo menos acusarnos de estar parados, de cruzarnos de brazos, de no ayudar a las corporaciones locales o de no plantear reformas valientes a favor de los ayuntamientos y las diputaciones. Nunca ha habido un Gobierno, señorías, que haya hecho tanto en tan poco tiempo por salvar a los ayuntamientos de la quiebra y sacarnos del precipicio que ustedes nos dejaron, señorías socialistas.

Así ha sido, señorías. Por eso, en el 2012 se aprobó un anticipo del 50% en la liquidación definitiva de la PIE del año 2010. Eso supuso adelantar a finales de mayo las transferencias y favorecer así a todas las corporaciones locales, con una inyección económica de casi 1000 millones de euros. En el 2012, señorías, también gracias al Gobierno, se estableció el aumento del fraccionamiento de 60 a 120 mensualidades por la devolución por los ayuntamientos de 6000 millones de euros a causa de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 tras los errores de previsión presupuestaria del Gobierno de Zapatero y que significó también un ahorro en favor de las corporaciones locales de 268 millones de euros.

Señorías, en 2012 se aprobó igualmente un primer Plan de pago a proveedores que supuso una importantísima e histórica inyección de liquidez a las arcas locales por valor de 9500 millones de euros y que permitió salvar más de 100 000 puestos de trabajo y la actividad de muchas pymes y de muchos autónomos. A ese plan, señorías, se acogieron más de 3700 entidades locales y se abonaron 1 814 612 facturas pendientes de 116 676 proveedores por un importe total de 9816 millones de euros. Facturas no de dudoso cobro, de imposible cobro, que hoy han permitido la supervivencia de mucho empleo y de muchas empresas gracias a la iniciativa en favor de ayuntamientos, pymes y empleo que ha tenido el Gobierno de Partido Popular, y que en 2013 —ya en este año— tuvo una extensión de ese primer Plan de pago a proveedores en otros 2600 millones de euros, permitiéndose acoger esta vez a mancomunidades, a entidades locales del País Vasco y de Navarra, mediante los acuerdos oportunos, y también a las encomiendas de gestión o concesiones administrativas que hasta entonces estaban excluidas del Plan de pago a proveedores.

Pero no ha quedado aquí el compromiso del Gobierno con las corporaciones locales. Incluso el Senado fue gran protagonista del impulso de muchas de las iniciativas que hoy también sirven para avalar la defensa de las corporaciones locales, pues a iniciativa del Grupo Popular y a través de las enmiendas de los presupuestos logramos un nuevo y significativo avance en la situación financiera de ayuntamientos y diputaciones.

Se ha logrado, señorías, en plena crisis y ajustes en todas las cuentas, otro apoyo muy importante, y creo que no suficientemente valorado. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2013 logramos un incremento de la participación en los tributos del Estado a favor de las corporaciones locales respecto al año 2012 de un 21%; repito, logramos el incremento de la PIE un 21% a favor de las corporaciones locales precisamente a través de la iniciativa del Grupo Popular, algo que yo nunca les he visto reconocer ni aquí ni fuera de aquí al resto de grupos.

Se ha posibilitado, además, señorías, la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, concertadas con anterioridad al Real Decreto Ley 4/2012, y también se ha permitido, vía Presupuestos Generales del Estado —igualmente a través de enmiendas del Grupo Popular del Senado— la concertación de operaciones de endeudamiento a entidades locales hasta el 110% de los ingresos corrientes. Dos medidas clave para oxigenar las cuentas locales. Pero no solo eso, señorías, se ha dejado sin efecto la necesidad de cancelar las operaciones a corto a 31 de diciembre de cada año, ayudando a obtener claras condiciones más ventajosas para las corporaciones locales.

Señorías, este Gobierno no se relaja ni un día; la situación nos obliga a ello. Por eso, las nuevas reformas anunciadas abren una puerta a la esperanza en el futuro de las corporaciones locales. A todo ello, sin duda alguna, contribuye la inminente aprobación por el Gobierno de la ley




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de reforma de las administraciones locales. Una ley que por fin va a clarificar las competencias locales para evitar duplicidades o triplicidades, hoy claramente ineficientes. Una ley que apuesta por garantizar la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera de las corporaciones locales. Una ley que queremos —y es la intención del Partido Popular desde el principio— nazca con el consenso que requiere y desea el Grupo Popular tenga esta norma.

Creo que sería un error que el Partido Socialista y que otros grupos que tienen una gran importancia en el poder local, en el ámbito local, fueran sensibles al interés electoral solo por decir no a lo que aporta o aprueba el Gobierno del Partido Popular. Creo que sería un error histórico que esa fuera la actitud del Partido Socialista. Se ha tendido la mano al Grupo Parlamentario Socialista y hay todavía una gran oportunidad para ello. Solo el Gobierno hasta ahora ha puesto a disposición un informe, pero ha sido transparente desde el principio, incluso colgando un texto normativo en la página web, ofreciendo a la FEMP, ofreciendo a todas las federaciones territoriales, ofreciendo al conjunto de los grupos políticos, ofreciendo a todas las comunidades autónomas la capacidad de alegar. Por tanto, tenemos la gran oportunidad de lograr ese consenso, consenso que estuvo a punto de alcanzarse con el Partido Socialista. De hecho, los argumentos en defensa de la reforma local son coincidentes. Puede ser que las estrategias de su grupo sean las que impidan ese consenso. Sería un error histórico.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por proseguir ese camino aquí expresado a través del balance de estas importantes iniciativas en pro de la sostenibilidad y la viabilidad futura de las corporaciones locales. Avanzar en nuevas reformas y apostar por nuevas medidas en favor de la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es el objetivo de esta moción para la que les pido su apoyo en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Enmiendas del Grupo Mixto. Para la defensa de la enmienda de los senadores Mariscal e Iglesias, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Resulta llamativa la moción por la temática y el momento en el que se presenta.

Fue la intervención del portavoz popular la que, en mi opinión, dio las claves de la fundamentación de esta moción. Se trata de una moción apologética; una moción apologética que asume los riesgos del concepto de la apología. Cuando el concepto de la apología deriva en una dirección, cae en la necrológica, y cuando deriva en otra, por el ditirambo, puede llegar incluso al ridículo.

Esta moción que hoy se trae aquí no tiene más finalidad que intentar tapar el ruido que dentro del Partido Popular está provocando el proyecto de ley de reforma del régimen local; ruido que está teniendo eco fuera ya del Partido Popular, incluso a través de declaraciones y manifestaciones del presidente de la FEMP. No es esa la realidad idílica que ha pintado el portavoz popular la que viven los ayuntamientos, las corporaciones locales en nuestro país. No lo ha sido nunca. No lo fue tampoco cuando el Partido Popular gobernó durante ocho años este país y tomó como una de sus decisiones emblemáticas en materia municipal hacer desaparecer el impuesto sobre actividades económicas o mantuvo las exenciones del IBI a grupos económicos privilegiados: los concesionarios de autovías, las eléctricas, titulares de pantanos o la Iglesia Católica.

Creemos que esta moción, por más que en su argumentación se hagan referencias a medidas adoptadas por este Gobierno que afectan a los municipios, no va dirigida específicamente a mejorar la situación de esos municipios. A mí me parece estupendo el Plan de pago a proveedores, pero este plan se hace con el dinero de los ayuntamientos que se adelanta para pagar a los proveedores. Por lo tanto, es un plan acertado que beneficia a los proveedores y que, de alguna manera, toca la autonomía municipal, limita, hay razones, se puede debatir sobre la necesidad de tocar la autonomía municipal para conseguir ese objetivo, pero no es un plan que hayan suplicado, pedido las corporaciones locales o los ayuntamientos.

Luego, llama la atención el hecho de que con esta moción se rompe una doctrina consolidada del Partido Popular, al menos en esta Cámara, que consiste en que cuando los grupos de la oposición presentamos alguna moción, en multitud de ocasiones se nos responde: no nos pidan




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ustedes lo que ya está haciendo el Gobierno. ¿No quedamos en que ya había un anteproyecto de ley de reforma del régimen local? Claro, si uno sigue el razonamiento lógico, tiene que llegar a la conclusión de que esta moción enumera, para orientar la acción del Gobierno, una serie de contenidos que no deben estar contemplados en este proyecto de ley de reforma del régimen local, lo cual ya motiva no solo preocupación sino también alarma, porque si resulta que en ese proyecto ignoto no se va a asegurar la viabilidad de los ayuntamientos, como ustedes piden en esta moción; no se va a profundizar en la autonomía local, como ustedes piden en esta moción; no se va a clarificar el marco competencial, como ustedes piden en esta moción; no se van a eliminar los gastos superfluos, como ustedes piden en esta moción; no se va a contemplar el mecanismo de pago a proveedores, al que ya he hecho referencia, ni más inversión, pues más que pedir ustedes aquí el apoyo a los grupos de la oposición, vayan ustedes al Gobierno. Son ustedes el partido del Gobierno, pidan al Gobierno que estos contenidos formen parte de ese proyecto de ley de reforma del régimen local.

Y concluyo. La moción sigue sin resolver un tema fundamental, que es el de la financiación municipal, que es, de verdad, la única garantía de viabilidad, como señala el punto de la moción que reivindica de forma expresa la consecución de ese objetivo. Y mientras no se resuelva eso, mientras siga planeando la sombra de que el proyecto de ley de reforma del régimen local va a suponer un recorte importante en las competencias propias —no las impropias— de los municipios, establecer diálogo con la oposición en torno a estos temas resulta prematuro. Establezcan ustedes primero el diálogo con el Gobierno y alcancen un acuerdo con el Gobierno.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

UPN ha presentado dos enmiendas a la moción del Grupo Popular, que antes se ha defendido, en la que se proponen una serie de medidas de suficiencia financiera para las administraciones locales. Hace ya unos meses tuvimos ocasión en esta Cámara de preguntar al ministro y después incluso de presentar una interpelación con su correspondiente moción sobre la reforma de esta Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Después de todos los avatares que está viviendo este proyecto de ley y el de reforma de la Administración Local, tengo que decir que en Navarra también se están viviendo debates intensos para modificar la Ley Foral de Administración Local de Navarra, y en la comunidad foral, de donde yo vengo, está muy vivo el debate sobre esta racionalización de la Administración Local.

Además de lo anterior, es importante resaltar —como indicamos en una de las enmiendas que hemos presentado— que el amejoramiento del Fuero de Navarra otorga una serie de competencias en esta materia a la comunidad foral. Por eso UPN ha presentado esta enmienda, porque defendemos a Navarra integrada en España pero con unas competencias propias que emanan del Fuero de Navarra, y además están inscritas, como así lo expresa la Constitución Española. Por un lado, defendemos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener los mismos servicios que dan las administraciones locales, y, por otro, exigimos que se respeten nuestras competencias, como ya he dicho.

Quiero recordar también que ya el ministro, en su turno de palabra en la interpelación que le formulé, expuso que sería respetuoso con esas competencias de la comunidad foral, y por eso hemos añadido la enmienda a la moción del Grupo Popular. Además, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a través de la FEMP, ha dicho una serie de cosas sobre la ley de reforma de la Administración Local; por ejemplo, se propone que el mantenimiento de los servicios sociales sea materia propia de competencia municipal porque los ayuntamientos, como entidades más cercanas al ciudadano, son las entidades ideales para prestar estos servicios.

Hay que aclarar también el traspaso de las competencias de sanidad y educación, porque en el anteproyecto de ley no queda claro ese traspaso. Se propone que sea una Administración provincial o foral la que se haga cargo de esas competencias, pero nosotros también añadimos que se haga cargo de la financiación, que se posibilite la delegación de competencias a los municipios de menos de 20 000 habitantes, el mantenimiento de las competencias llamadas impropias y la modificación del llamado coste estándar, porque no queda claro cómo se va a




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calcular. La nueva regulación que se hace por el interventor y su dependencia funcional es algo que a Unión del Pueblo Navarro no le queda claro.

Estas son, entre otras, las demandas que se solicitan desde esta Federación Navarra de Municipios y Concejos y que en UPN defendemos. Por eso hemos presentado esta enmienda para que en una disposición se haga referencia expresa a las competencias históricas que emanan del amejoramiento del régimen foral y que, en nuestra opinión, ahora mismo no están recogidas en este anteproyecto de ley. En UPN esperamos que, tal y como dijo el ministro, seamos respetuosos con las competencias de Navarra, y por tanto, que se acepten estas enmiendas de adición que hemos presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun on, senatari jaun—andreok.

En primer lugar, y para empezar, el señor Sanz Cabello nos dijo el día 10 de abril, y lo ha vuelto a decir hoy, que no hay un anteproyecto, que es un informe. Pues bien, yo creo que en la parte dispositiva de esta moción se viste de largo al Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, porque se afirma que se sigue en la línea de este anteproyecto. La última versión que yo conozco de este anteproyecto está colgada desde febrero en la página del Ministerio de Administraciones Públicas. Por tanto, señorías, hablemos ya de anteproyecto y pongámonos a trabajar sobre un texto, porque no sabemos si en lo que estamos trabajando es un informe o un anteproyecto, y ya que lo visten de largo, hablemos de él como debe ser.

Nosotros hemos presentado tres enmiendas que creemos sirven para mejorar aquello que presentaba el Grupo Popular. No nos gusta el camino que lleva la reforma de la ley. Lo que mi grupo parlamentario tiene claro es que evidentemente el Partido Popular tiene la mayoría que tiene y que el Gobierno tiene las intenciones que tiene, y vamos a tragar queramos o no, por ello queremos intentar mejorar lo que vaya a salir tras todo este proceso.

Y en ese sentido hemos presentado estas tres enmiendas, primero, para modificar el punto número 3. Creemos que no cambia la filosofía del propio punto, pero sí supone una redacción en positivo, ya que el problema, señorías, no son las competencias que tienen los ayuntamientos, sino que hay competencias que, aun no siendo municipales, quizá tenga que asumir el ayuntamiento dado que es la institución más cercana o la que en ese momento mejor puede dar solución al problema. El problema es la financiación de esa competencia. Tenemos que ser flexibles con el tema competencial, pero hay que ser muy rígidos con el tema de la financiación. Competencias sí, las que deban, evidentemente con unos básicos y unos mínimos que hay que respetar sobre la base de la autonomía municipal, pero tenemos que ser rígidos en que cualquier competencia que cualquier ayuntamiento ejerza tiene que tener la financiación suficiente. Por eso proponemos un cambio en la redacción.

Planteamos también la supresión del punto cuatro. A nosotros nos parece que hablar de gastos superfluos e innecesarios, aparte de constituir una figura jurídica que podría ser cuestionable, supone consagrar aquí que todos los ayuntamientos han incurrido en gastos superfluos e innecesarios, y eso no es cierto. Evidentemente algunos sí lo han hecho, pero la gran mayoría no, porque va en los ayuntamientos y en quienes los hemos gestionado no gastar un solo céntimo fuera de aquello que sea estrictamente necesario e imprescindible para que los ciudadanos tengan la mejor calidad de vida posible. Por tanto, consagrar en un texto como este que existen estos gastos superfluos e innecesarios para dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles a la prestación de servicios públicos básicos y de calidad no tiene ningún sentido, y por ello planteamos su supresión.

Asimismo planteamos la adición de dos puntos más. Uno de ellos es obvio y lo decimos siempre. Me refiero al respeto a la especificidad foral de los territorios históricos de la Euskadi penínsular. Es obvio, y no deberíamos ponerlo. Pero también es obvio que hay que cumplir la Constitución, y en esta moción la Constitución se menciona dos veces; es obvio que hay cumplir la Ley de estabilidad, pero en esta moción se menciona la Ley de estabilidad dos veces; es obvio




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que hay que cumplir la normativa europea, y en esta moción se menciona la normativa europea dos veces. Por lo tanto, es obvio que hay que salvaguardar la especificidad foral de las comunidades vascas, pero queremos que aparezca en este texto.

Y, por último, hablábamos de llevar la reforma de la Administración Local en estrecha colaboración con todas las asociaciones de municipios del Estado, no solo con la FEMP. Eudel, que es la asociación de municipios vascos, no está en la FEMP y, en cambio, en esa asociación está representado el municipio de Vitoria, que gobierna el Partido Popular, y la asociación cuenta con representación en esta Cámara: Tontxu Rodríguez y Jokin Bildarratz, que fue su presidente. Precisamente para conocer los rasgos específicos que puedan tener los municipios vascos, habría que tener en cuenta a la asociación de municipios vascos.

Son enmiendas para mejorar la moción, partiendo de la base de que no estamos totalmente de acuerdo con el procedimiento y con el cambio, y esperemos que puedan salir adelante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Buenos días, muchas gracias; en particular, al Grupo Popular, que permite debatir una vez más esta cuestión en el Senado.

Al portavoz del Grupo Popular, si me lo permite, le tengo que decir que me parece un poco sorprendente que se busque, como dice al final de su intervención, el consenso, y las dos terceras partes iniciales de su intervención sean una constante descalificación de las personas con las que normalmente debería llegar a ese consenso. (Risas.) Es una técnica un poco compleja. Me sorprende, además, tanta arrogancia a estas horas de la mañana, cuando todavía no hemos dicho nada y nos espera una larga jornada, a lo largo de la cual polemizaremos ampliamente.

Voy a la cuestión. Efectivamente, ha habido, que yo recuerde, cuatro ocasiones en que hemos hablado aquí del tema. Una primera, a cargo de la UPN, en que se aprobó un texto que podríamos llamar light, con perdón; después, dos mociones a propuesta de Convergència i Unió y de Entesa, que eran, por el contrario, dos mociones de alto contenido, que el Grupo Socialista apoyó, y a las que ambos grupos tuvieron la generosidad de aceptar alguna enmienda de mejora. ¿Y qué pasó en esas cuatro ocasiones? En la segunda y en la tercera votamos a favor los socialistas y votó en contra el Partido Popular; ahora pide el Partido Popular que votemos a favor. Y yo le digo, en nombre de mi grupo: ojalá; ojalá, a través de proceso de aceptación de las enmiendas que presentan los distintos grupos, podamos llegar a un acuerdo que sin duda sería algo extraordinariamente positivo. Pero ¿por qué dijo que no el Partido Popular? Yo creo que lo llegó a explicitar; pero, fundamentalmente, dijo que no porque se trataba de abrir un camino nuevo, una nueva ley de bases de la Administración Local, una nueva ley de financiación de las haciendas públicas; precisamente, porque se trataba de una, si me permite, enmienda a la totalidad de esa cosa —que por fin se llama anteproyecto pero que se ha llamado de todo a lo largo de este proceso—, porque realmente incumplía los mínimos que pretendían la mayor parte de los grupos de la oposición. ¿Cuáles eran los mínimos? Básicamente, que se fundara en el consenso, consenso real, político, por descontado, también social; en segundo término, que se respetaran las competencias de las comunidades autónomas; en tercer lugar, que no se derivaran las competencias municipales hacia el sector privado, tampoco hacia las diputaciones provinciales, porque considerábamos que no tenían tradición ni capacidad para gestionarlas; que se respetara el principio de autonomía municipal en los términos de la Carta Europea y, de manera paralela —un compañero me advirtió de que le problema de las líneas paralelas es que no se cruzan nunca— o, digamos, convergente, la Ley de Haciendas Locales. Ese era el contenido de las dos mociones a las que mi grupo dijo sí y el Grupo Popular dijo no.

Y ese es el sentido real de las enmiendas que proponemos: una enmienda global de sustitución, que se desglosa en una serie de apartados. El primero y el más importante es la introducción. En la introducción se habla de una nueva ley de bases de la Administración Local; no de la cosa en sí, del informe o anteproyecto que hasta ahora ha circulado. En segundo lugar, de una ley que regule las haciendas locales. En tercer lugar, de la búsqueda efectiva del consenso, del respeto del marco autonómico y del principio de suficiencia financiera. Ese es el contenido básico del primer apartado




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de nuestra enmienda. Los otros tres son simplemente mejoras. Se habla de clarificar el marco normativo. Claro que estamos de acuerdo en que se clarifique, con un matiz que ha señalado el portavoz del PNV: hombre, una cosa es que se sostenga que solo podemos ejercer aquellas competencias que podemos financiar, y otra —como decimos nosotros— que podamos financiar todas las competencias que realmente ejercemos. No son diferencias de matiz, son dos planteamientos sustancialmente diferentes. Aprovechamos, además, para hablar de dos líneas rojas: la de que se mantengan los servicios públicos básicos y la de que no se afecte al empleo.

La siguiente habla, precisamente, de los excesos en los gastos. Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el senador del PNV: no podemos hacernos eco de algo que es falso y que es un tópico: que los ayuntamientos españoles derrochan; no es verdad. Insistiré en ello en el turno de portavoces. Por tanto, hay que suprimir eso y, por otro lado, dejar perfectamente claro que mantenemos la autonomía municipal. Una última observación alude a las medidas o instrumentos financieros. En concreto a dos, que son correctos y que nosotros pretendemos ampliar, generalizarlos, convertirlos en estructurales e incorporarlos a la Ley de Haciendas Locales.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas, que espero que puedan ser aceptadas a fin de llegar a un consenso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bon dia.

L’esmena d’addició que hem presentat el Grup de l’Entesa va en el sentit d’elaborar una llei de finançament local. És de vital importància per tal de garantir dues qüestions fonamentals: en primer lloc, l’autonomia local i, en segon lloc, solucionar definitivament el problema de liquiditat financera. No podem aspirar a resoldre els problemes de l’Administració local sense intervenir en l’arrel de totes les deficiències.

La moció presentada es fonamenta en dos punts bàsics: aprofundir en els principis que fonamenten l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, d’altra banda, afavorir nous mecanismes de finançament que dotin de liquiditat les entitats locals. Centrant-nos en l’últim punt, entenem que per resoldre definitivament el problema cal dotar-lo de legislació que doni les garanties necessàries per aconseguir la finalitat que es persegueix. És per això que entenem que la forma d’aconseguir-ho passa necessàriament per legislar sobre la hisenda local. No fer-ho així suposaria posar un altre pedaç que tapi el veritable problema que tenen les entitats locals.

I permetin-me que faci una reflexió: evidentment, tots els ens locals van acollir de bon grat els mecanismes que va oferir el govern sobre el fons de pagament a proveïdors. Això va suposar treure’s del damunt un problema d’impagament a pimes. Per una altra banda, s’injectava liquiditat a aquestes pimes que tant ho necessitaven, tot i que a algunes d’elles els va arribar una mica tard. Però s’ha resolt el problema als ajuntaments amb aquest fons de pagament? No. Els ajuntaments continuen tenint el mateix problema: han de donar els serveis de les competències que estan desenvolupant sense tenir els suficients recursos per portar-ho a terme. El deute contret el continuen tenint, en forma de crèdit, incrementat en molts casos fins al 7%; és a dir, al calaix de les factures ja no n’hi ha per pagar, però en canvi el calaix dels crèdits ha augmentat. És a dir, hem passat el deute d’un calaix a un altre. I avui estem encara en el període de carència, veurem com s’afronta el pagament de l’amortització del crèdit a partir del proper any, perquè els ingressos municipals continuen a la baixa. Dotar les entitats locals o altres administracions d’un fons de pagament a proveïdors no és la garantia de dotar de liquiditat financera i alhora garantir la plena autonomia. I això val tant per a les entitats locals com per a les comunitats autònomes.

En conclusió, cal fer la reforma? Sí. Ho torno a repetir perquè no se’m mal interpretin les meves paraules: cal reformar les hisendes locals, les entitats locals? Sí, però de la distribució de recursos financers tant locals com autonòmics per garantir el bon funcionament de l’Administració d’aquest país.

Gràcies. (Aplaudiments.)




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Presidente, señorías, buenos días.

La enmienda de adición que ha presentado Entesa pretende elaborar una ley de financiación de la Administración Local. Es de vital importancia para garantizar dos aspectos que son fundamentales: en primer lugar, la autonomía local y, en segundo lugar, la solución definitiva del problema de liquidez financiera. No podemos esperar resolver los problemas de la Administración Local sin intervenir en la raíz de toda deficiencia.

La moción se fundamenta en dos puntos básicos: profundizar en los principios que fundamentan el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y favorecer nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades locales. Si nos centramos en este último punto, para resolver de forma definitiva el problema, debemos articular una legislación que dé las garantías necesarias para lograr la finalidad que se persigue. Y la forma de lograrlo pasa necesariamente por legislar sobre la Hacienda Local. No hacerlo así supondría poner otro parche que taparía el auténtico problema que tienen las entidades locales.

Voy a hacer, si me lo permiten, una reflexión. Claro está que todos los entes locales acogieron de grado los mecanismos que ofreció el Gobierno para pagar a los proveedores, porque supuso quitarse de encima un problema de impagos a pymes. Por otro lado, también se inyectaba liquidez a esas pymes que tanto lo necesitaban, aunque en algunos casos se llegó tarde. ¿Este fondo de pagos resuelve el problema de los ayuntamientos? No. Los ayuntamientos siguen teniendo el mismo problema. Tienen que prestar los servicios de las competencias que desarrollan sin disponer de recursos suficientes para hacerlo. La deuda sigue existiendo. La tienen en forma de crédito, incrementada en muchas casos hasta un 7%; es decir, que en el cajón de las facturas ya no tienen facturas por pagar, pero el cajón de los créditos tiene más. La deuda ha pasado de un cajón a otro. Hoy todavía estamos en el período de carencia. Ya veremos cómo se enfrenta la amortización del crédito a partir del año próximo, porque los ingresos municipales siguen a la baja. Dotar a los entes locales o a otras administraciones de un fondo de pago a proveedores no es garantía de liquidez financiera ni de garantía de plena autonomía. Esto sirve tanto para las entidades locales como para las comunidades autónomas.

En conclusión, ¿debemos realizar la reforma? Sí. Lo repito para que no se me malinterprete: debemos reformar las haciendas y las entidades locales, sí. Pero, hay que hablar de la distribución de recursos financieros, tanto locales como autonómicos, para garantizar la buena administración de este país.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente. Buenos días. Bon dia. Em permetran que iniciï aquestes paraules expressant la meua perplexitat, senador Sanz, li ho dic de veritat, perquè són les nou del matí, vostès presenten una moció, els altres fins ara, i no s’ha demostrat cap altre aspecte, presentem unes esmenes en to constructiu, i vostè en el seu torn d’exposició de la moció ve aquí i reparteix a tort i a dret, reparteix a tots abans de començar. Jo la veritat és que, o se li ha traspaperat i ha utilitzat les notes que tenia preparades per a la rèplica o no ho puc entendre. Si els sap greu que presentem esmenes... Miri, jo li ho dic sincerament, nosaltres pensàvem votar a favor, independentment que se’ns acceptessin les esmenes, i ara he passat una nota al meu grup dient que m’ho replantejo.

Ha fet una intervenció que, la veritat, no l’entenc. La pròxima vegada digui’ns: escolti, no ens presentin ni esmenes —jo ja sé que ens les votaran en contra—, però no es molestin ni a presentar-les. I vénen aquí, ens diuen el que creguin convenient i després nosaltres anirem fent. La veritat és que no ho puc entendre, i més en aquest tema, que ha tingut, almenys per part del meu grup, una col·laboració lleial, propostes; propostes que vostès ens havien recolzat. I ve aquí, els diu de tot als socialistes —cosa que a mi no em pareix bé ni malament, ja s’apanyaran—, però també ens ho diu a nosaltres i encara no havíem obert la boca.

Jo, si no els molesta, senyor Sanz, intentaré explicar les meues esmenes, cosa que vostè no ha fet en la seua moció. Ens ha explicat les meravelles que fa el Govern espanyol —cosa que em sembla bé—, i nosaltres hem presentat, modestament, les esmenes següents. Primera, en lloc de




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«profunditzar» en l’avantprojecte, nosaltres creiem que és més adequat utilitzar el verb «revisar». No diem que no pot ser un punt de partida, però entenem que s’ha de revisar en ares d’aquest consens que vostè ens demanava.

Segona modificació que fem a la part introductòria: introduïm que s’hauria d’aprovar una llei d’hisendes locals, com ja hem aprovat en aquesta cambra, com ja s’ha compromès el govern del senyor Montoro. Pensem que simplement intentant endreçar les competències sense endreçar el finançament no se solucionen els problemes de l’Administració local. I, respectant-li tots els punts que vostès proposen, sense canviar-ne cap per no ofendre ningú, els afegíem dos més. Dèiem: primer, que es respectin les competències de les diferents comunitats autònomes aprovades en els seus estatuts en matèria de règim local, aspecte en què també coincideixen moltes altres de les esmenes. I, a la vegada, de tot el que és l’avantprojecte que vostès han presentat —ara no definiré si és un avantprojecte o un informe—, en tot cas, del text que tenen incorporat a la pàgina web del Ministeri, dos temes que ens preocupen i que diem que s’hauran de revisar. En tenim d’altres, però n’emfasitzem dos. No estem d’acord, i per tant així ho expressem, que les competències dels municipis de menys de 20 000 habitants en determinats casos hagin de ser exercides directament per les diputacions provincials. I també entenem que s’hauria de permetre, a través de la legislació i sempre respectant el que diu cada estatut d’autonomia, la mancomunicació voluntària o la fusió voluntària —voluntària— de municipis.

Aquestes són les nostres esmenes per a les quals demanem recolzament. Miri, utilitzaré el mateix argument que vostè ha utilitzat per demanar-nos recolzament a la seua moció. Si els senadors del Partit Popular no fossin senadors del Partit Popular i solament alcaldes i regidors dels ajuntaments d’Espanya, segur que votarien a favor de les esmenes que nosaltres proposem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días. Si me lo permiten, voy a empezar expresando mi perplejidad; señor Sanz, se lo digo de verdad. Son las nueve de la mañana, ustedes presentan una moción, los demás presentamos unas enmiendas en un tono constructivo, y usted, en su turno de exposición de la moción, llega aquí y reparte a diestro y a siniestro; ha repartido para todo el mundo antes de empezar. Puede que se haya hecho un lío con los papeles y haya utilizado las notas que tenía preparadas para el turno de réplica; si no, no lo entiendo. Si lamentan que presentemos enmiendas, díganlo, sinceramente se lo digo. Nosotros pensábamos votar a favor, independientemente de que nos aceptaran las enmiendas o no; pero ahora he pasado una nota a mi grupo, porque me lo estoy replanteando.

Usted ha realizado aquí una intervención que, sinceramente, no entiendo. La próxima vez nos pueden decir: no hace falta que presenten enmiendas —ya sé que las van a votar en contra—; ni se molesten en presentarlas; vengan ustedes aquí, dígannos lo que quieran e iremos avanzando. La verdad es que no lo entiendo, no puedo entenderlo, sobre todo hablando de este tema. Al menos, por lo que respecta a mi grupo, ha contado con una colaboración leal, con propuestas; propuestas que incluso ustedes nos habían apoyado. Y usted llega aquí, dice de todo a los socialistas —que no me parece ni bien ni mal, ya se apañarán ellos—, y nos lo dice también a nosotros, que ni siquiera habíamos abierto la boca.

Si no les molesta, señor Sanz, voy a intentar explicar cuáles eran mis enmiendas, algo que usted no ha hecho en su moción. Usted ha explicado las maravillas del Gobierno español —que me parece bien—, y nosotros hemos presentado, modestamente, las siguientes enmiendas. Primera, en lugar de «profundizar» en el anteproyecto, pensamos que es más adecuado usar el verbo «revisar». Es decir, no decimos que no pueda ser un punto de partida, pero entendemos que debe revisarse en aras a este consenso que usted nos ha solicitado.

La segunda modificación que proponemos para la parte introductoria: añadir que debería aprobarse una ley de haciendas locales, como ya hemos aprobado en esta Cámara, como ya se ha comprometido el señor Montoro, en nombre del Gobierno. Ordenando las competencias sin ordenar la financiación, no solucionamos los problemas de la Administración Local. Y, respetando todos los puntos que ustedes proponen y sin cambiar ninguno para no ofender a nadie, añadimos un par más. Decimos: primero, que se respeten las competencias de las distintas comunidades autónomas aprobadas mediante sus estatutos en materia de régimen local, aspecto en el que coinciden muchas otras enmiendas. Y, en cuanto al anteproyecto en general —no voy a insistir en




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si es anteproyecto o informe—, en todo caso me refiero al texto que han colgado en la página web del ministerio, hay dos aspectos que nos preocupan y que, en nuestra opinión, deberían revisarse. Teníamos otros, pero subrayamos dos. En primer lugar, no estamos de acuerdo, y por eso lo expresamos así, en que las competencias de los municipios de menos de 20 000 habitantes deban ser ejercidas en determinados casos directamente por las diputaciones provinciales, y también entendemos que debería permitirse, gracias a la legislación, siempre respetando lo que afirma cada estatuto de autonomía, la mancomunidad voluntaria o la fusión voluntaria —insisto: voluntaria— de municipios.

Estas son nuestras enmiendas para las que les pedimos su apoyo. Pero voy a utilizar el mismo argumento que usted ha esgrimido para solicitar nuestro apoyo a su moción: si los senadores del Partido Popular no fueran senadores del Partido Popular y fueran sencillamente alcaldes y concejales de ayuntamientos de España, seguro que votarían a favor de las enmiendas que nosotros proponemos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, en primer lugar, agradezco a todos los grupos la presentación de estas enmiendas que han tenido la oportunidad de defender y que, evidentemente, se presentan con la intención de enriquecer la moción. Una moción que no trata sobre la futura ley, sino que insta al Gobierno a impulsar políticas que sigan favoreciendo la sostenibilidad y la viabilidad de las corporaciones locales; por tanto, es una moción que se suma a las iniciativas que ya ha tomado el Gobierno. Queda mucho por hacer, no obstante, porque estamos ante un simple borrador colgado en Internet y un informe del Gobierno. Nuestra mano tendida y nuestra invitación al diálogo son absolutamente sinceras.

Según esta moción, no es lo mismo que cuando se apruebe la ley los ayuntamientos se encuentren en la bancarrota, en la quiebra económica, que que se hayan tomado medidas muy favorables durante los años 2012 y 2013 para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad económica de los ayuntamientos. Precisamente lo que pretende la moción es que se sigan tomando medidas para que, cuando se apruebe la ley, los ayuntamientos hayan podido situarse en una posición mucho más favorable para ejercer las nuevas posibilidades que la ley les ofrezca.

Por tanto, la moción pretende seguir impulsando medidas. No sé quién le ha dicho, señor Iglesias, que el Gobierno no la va a aceptar. Parece que usted cree poco en el Senado, porque lo lógico es que el Grupo Popular inste al Gobierno a impulsar iniciativas. Si le parece mal, a nosotros nos parece bien; nos parece que favorece la posición del Senado que se debatan cuestiones trascendentales para las corporaciones locales y que impulse, además, la labor del Gobierno. Eso no puede descalificarse.

Señoría, aquí no se ha descalificado a nadie. Ha hablado usted de descalificación de las personas; otra cosa es la descalificación de la gestión. Descalificar la gestión no es descalificar a las personas. No sé lo que hacen los demás, pero lo que es innegable es el agujero que han dejado; y el agujero que han dejado es muy grave. Lo importante es que el punto de partida no sea el mismo para abordar la aplicación de la ley. El punto de partida era un déficit en las entidades locales del 0,84% de nuestro PIB; hoy, un año después, es del 0,15%. En un año se ha logrado reducir dos tercios el déficit de las entidades locales. Por tanto, las medidas han sido favorables para situar a las corporaciones locales en un punto de partida positivo.

Por cierto, en mi intervención he hablado claramente de la gestión del Partido Socialista, y le quiero decir, senador Bel, que, en ningún caso, he hablado de su grupo, de Convergència i Unió. Tengo que decírselo muy claro. No debería haberse sentido usted aludido, porque yo no he hablado ni de usted ni de su grupo. He hablado del Partido Socialista y de la gestión del Partido socialista. Si usted analiza mi intervención, aparte de hablar de la gestión del PSOE, lo que he hecho ha sido recordar un conjunto de puntos positivos que, sin duda alguna, favorecen a las corporaciones locales.




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Aquí no hay ningún recién llegado; aquí nadie ha bajado del cielo. Todo el mundo sabe que hay una gestión detrás, especialmente del Partido Socialista —como he dicho—, no solo de las corporaciones locales, sino del Gobierno de la nación, que hay que dejar clara. Desde abril de 2008, en realidad desde mucho antes, pero en 2008 el señor Zapatero ya habló de esta reforma. Un mes después, el señor Solbes garantizó la reforma. En mayo de 2008, la ministra de Administraciones Públicas se comprometió a elaborar la nueva ley de gobierno local. Y el vicepresidente tercero, entonces el señor Chaves, aquí, en el Senado, el 15 de marzo de 2010, habló de la ley de gobierno local y se comprometió a hacerla. En diciembre de 2010, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes Generales en marzo de 2011 el proyecto de ley de gobierno local.

Y digo yo, ¿cómo presentan ahora una enmienda en la que hablan de la ley de gobierno local, cuando durante todos esos años el Partido Socialista incumplió sus compromisos? Desde 2004 a 2008, en la primera legislatura de Zapatero, se rechazaron cuatro iniciativas parlamentarias relativas a la financiación local o a las competencias impropias. De 2008 a 2011, en la anterior legislatura, el PSOE permitió que caducaran cinco proposiciones de ley que tenían por objetivo reformar la financiación local. Y de 2008 a 2011, el PSOE dejó morir la reforma de la financiación local, a pesar de las numerosas iniciativas que presentaron los grupos.

El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, le ruego que vaya terminando y que se manifieste sobre las enmiendas. (Risas.—Aplausos.)

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Iniciativas que instaban a reformar la financiación local.

Por lo tanto, señorías, la credibilidad del Partido Socialista respecto a las enmiendas es ninguna. Ustedes proponen aquí todo lo que han incumplido y todo lo que, precisamente, va a impulsar el Grupo Popular. En cuanto al resto de enmiendas, señor presidente, en la mayoría de los casos o en todos ellos, reiteran debates anteriores, pero, sobre todo, tratan de cuestiones que la ley pretende afrontar. Esperemos que el diálogo signifique avanzar. En eso confiamos, y el Grupo Popular les tiende la mano.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, senador Sanz, que no acepta ninguna de las enmiendas. (Asentimiento del señor Sanz Cabello.) Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad, senador Sanz, a nuestro grupo le pasa como a otros: en esencia, estamos de acuerdo en todo lo que dice su moción y habíamos presentado dos enmiendas que entendíamos que iban a ser aceptadas, o que, al menos, iban a hablar con nosotros para intentar llegar a algo, pero ahora, aquí, lo ha despachado sin aludir a nada de lo que hemos dicho. Ciertamente, nos lo ha agradecido, lo cual le agradezco yo a usted también. Pero nos vamos a posicionar en contra de esta moción, porque, para nosotros, para Navarra, como he dicho antes y como ha dicho también el senador Cazalis, es de gran importancia que se respete el ámbito competencial. Ya sabemos que lo dice la Constitución y nuestro amejoramiento del fuero, pero queríamos que constara aquí. Desde luego, cuando venga esa ley al Senado seguiremos aportando ideas, porque, en esencial, UPN está de acuerdo en asegurar la viabilidad de los ayuntamientos, en profundizar en la autonomía municipal. Es imperativo, ya se ha dicho aquí, clarificar la maraña de normativa local. Ya lo dijimos en la interpelación: es necesario gastar donde se necesita. Son temas en los que no podemos estar en desacuerdo, sobre todo, en mi caso, porque también soy alcalde de un municipio.

En definitiva, con cierta pena por cómo ha transcurrido el debate, ya que creo que todos los portavoces hemos intentado mejorar la moción, vamos a tener que posicionarnos en contra. Esperemos que cuando la ley venga, podamos hacer que las enmiendas que presentemos la mejoren y que se nos aprueben, porque creo que con eso mejoraremos la eficacia de la Administración municipal, que es el ente más cercano a los ciudadanos.

Nada más y muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, senador Sanz, por darnos las gracias, como ha dicho el senador Yanguas. Y gracias, señor presidente, por habernos aclarado que no se nos acepta ninguna enmienda.

Yo estoy perplejo, lo tengo que decir. Siempre hemos presentado iniciativas para intentar mejorar lo que trae el Partido Popular a esta Cámara —bueno, la mayor parte de las veces, cuando no estamos de acuerdo, no, evidentemente—, pero nunca nos había pasado lo que nos ha pasado hoy. Entiendo que no le interesa lo que le estoy diciendo, lo veo: no le interesó desde el minuto uno y no le interesa ahora, al final; usted, a lo suyo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Me parece verdaderamente increíble. No entiendo cómo ahora el Partido Popular no acepta cosas que aceptó y firmó en una transaccional, cuando el senador Yanguas presentó una moción consecuencia de interpelación. No lo entiendo, pero es así. El Partido Popular tiene su propia estrategia, que supongo que, además, está pensada a corto, a medio y a largo plazo. Supongo que están ustedes pensando que así debe ser el juego parlamentario, y me parece muy bien, hagan lo que quieran.

El senador Bel es igual de inasequible al desaliento que yo y estaba muy enfadado. Bueno, pues nosotros, como él, seguiremos presentando enmiendas, porque es nuestro trabajo. Para eso estamos en esta Cámara, si no, no vendríamos, cobraríamos la asignación constitucional y quedaríamos como señores. Pero lo que intentamos es mejorar lo que se está haciendo, porque nos parece que es francamente mejorable. Y, sabiendo que el Partido Popular tiene la mayoría y va a meter sí o sí lo que le interesa, intentamos aportar nuestro punto de vista para mejorar lo que hay. Si eso no sirve para nada, evidentemente el juego parlamentario no sirve para nada; cuatro años perdidos, no en el Gobierno, probablemente, pero sí en la democracia.

Me ha destrozado el discurso y no voy a entrar en otras cosas. Pero sí quiero hacer una reflexión y una petición, con el permiso del señor presidente. Bueno, ya no está, lo decía porque es el presidente también de la comisión encargada de estudiar la reforma del Senado. Le pido al Grupo Popular que cambie este proyecto de ley por una proposición de ley y permita que esta proposición de ley se tramite en la única Comisión de Entidades Locales que existe en un Parlamento del Estado, si no estoy equivocado. Ya que esta Cámara es de segunda lectura —y, por lo que se ve, es de lectura, no de edición— y es, además, una Cámara autonómica —aunque la Comisión General de las Comunidades Autónomas no se haya reunido desde que empezamos—, por lo menos utilicemos la Comisión de Entidades Locales para aprovechar todo ese valor enorme que hay en esta Cámara, con todos los alcaldes y concejales y todos los exalcaldes y exconcejales que aquí estamos. Yo creo que sería una gran propuesta para el Senado. Por fin podríamos demostrar que también podemos elaborar proposiciones de ley en una comisión, la Comisión de Entidades Locales, que solamente existe en el Senado.

Por lo demás, le anuncio que vamos a votar que no, aunque creo que ya lo esperaba, no le digo nada nuevo. Pero también quiero que sepa que me da muchísima pena; no por la ley, sino por la actitud del Partido Popular en esta Cámara en relación con esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, la moció que s’ha presentat insta al Govern a profunditzar en els principis establerts en l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

No puc concebre com a normal la utilització de la presentació d’una moció en el Senat per donar instruccions al Govern sobre com ha de desenvolupar la seva tasca. Més encara quan parlem d’un avantprojecte que ja s’ha modificat en diverses ocasions i en què encara s’està treballant.

Si aprofundir en els principis establerts a l’avantprojecte vol dir accentuar, encara més, en l’erosió de l’autonomia local no respectant i minvant les competències municipals; si vol dir passar




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per alt el principi de proximitat; si això vol dir ignorar l’equitat en la prestació dels serveis públics, fins i tot en alguns casos, eliminar-los; si vol dir, menystenir els principis establerts a la Carta Europea d’Autonomia Local, la qual està subscrita per l’Estat espanyol; si vol dir no tenir en compte les competències reconegudes als diferents estatuts d’autonomia; i, sobretot, si vol dir aprofundir encara més en la dilapidació dels serveis públics, principalment en els serveis socials bàsics, si de veritat aprofundir vol dir tot això, no només ens tindran en contra, sinó que estan forjant el naixement d’un front social contra el Govern: alcaldes, regidors, empleats públics, associacions, federacions d’entitats locals, sindicats, organitzacions socials, empreses subministradores de serveis… Tots ells ja han alçat la veu contra l’avantprojecte. I és que volen una reforma de l’Administració començant per un nivell que en el conjunt de l’Administració pública d’aquest país no és ni de bon tros el causant ni del dèficit. Ben al contrari, és el coixí que, en molts casos, que ha parat el cop buscant solucions sense tenir ni els mitjans ni els recursos, donant resposta a les demandes socials, perquè aquesta és la màxima i principal finalitat de les entitats locals. (El senyor president ocupa la Presidència.) I en cap moment s’ha reconegut aquest esforç, molt al contrari, es redacta un avantprojecte en què el tractament a les entitats locals és com si nosaltres fóssim el problema.

Per altra banda, també demanen afavorir nous mecanismes de finançament per dotar de liquiditat les entitats locals. No és la solució, ja ho he dit abans. Assentar les bases en una legislació que garanteixi l’obtenció de recursos suficients per desenvolupar amb normalitat la tasca dels ajuntaments, això sí que és anar a l’arrel del problema. Una legislació que permeti l’autonomia, en aquest cas financera, per tirar endavant les polítiques públiques.

El Consell de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, en l’avantprojecte de recomanacions aprovat per la Comissió el 13 de febrer de 2013, va fer un estudi sobre el compliment dels preceptes de la Carta Europea d’Autonomia Local a Espanya i estableix que la principal font d’ingressos dels municipis prové de transferències dels governs autonòmics i de l’Estat, principalment de l’Estat, que en aquest cas suposa un 63,5%. Això no està en consonància amb les disposicions de la Carta Europea d’Autonomia Local. Hi ha un desequilibri en la distribució de recursos i una manca de capacitat fiscal. Han augmentat els costos municipals per donar serveis que haurien de donar altres nivells de Govern. I els experts ens conviden a implicar en un augment dels recursos que l’Estat ha d’injectar al finançament municipal. I resumeixen els relators d’aquest informe que suggereixen al legislador —en aquest cas, el Govern espanyol— crear un sistema financer que garanteixi plenament el finançament adequat a cada municipi per donar compliment a les seves responsabilitats per dret propi i delegades.

Per tant, subscric completament les conclusions de l’informe del Consell d’Europa i per això hem presentat l’esmena de legislar sobre les hisendes locals. També vam interpel·lar al ministre Montoro i vam presentar una moció conseqüència d’interpel·lació que, entre d’altres, feia un enfocament sobre la legislació de finançament local. Com veu no són conclusions que surten de la boca d’una socialista, sinó que a més a més les comparteixen altres experts a Europa que conviden a l’Estat espanyol a complir tots aquells preceptes de la Carta d’Autonomia Local que l’Estat espanyol no està garantint.

Encara som a temps. Estem elaborant encara l’avantprojecte. Jo emplaço el Partit Popular que comencem de nou, que comencem amb una veritable intenció d’acceptar propostes que millorin les entitats locals d’aquest país. No mirar de quin grup polític surten els suggeriments, sinó si aquest suggeriment realment pot aportar una millora en el nivell de l’Administració de les entitats locals. Evidentment, sense adoptar mesures que garanteixin l’autonomia local en l’aspecte financer, no podem votar a favor d’aquesta moció.

Gràcies.

Señorías, esta moción insta al Gobierno a profundizar en los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

No puedo concebir como normal el uso de la presentación de una moción en el Senado para dar instrucciones al Gobierno sobre cómo debe desarrollar su labor, más aún cuando estamos hablando de un anteproyecto que ya ha sido modificado en distintas ocasiones y en el que aún se está trabajando.




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Si profundizar en los principios establecidos en el anteproyecto significa acentuar aún más la erosión de la autonomía local no respetando y mermando las competencias municipales; si significa pasar por alto el principio de proximidad; si esto también significa ignorar la equidad en la prestación de servicios públicos e incluso en algunos casos eliminándolos; si significa despreciar los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, que está suscrita por el Estado español; si significa no tener en cuenta las competencias reconocidas en los distintos estatutos de autonomía y, sobre todo, si significa profundizar aún más en la dilapidación de los servicios públicos, en especial los servicios sociales básicos, si realmente profundizar significa todo esto, no tan solo nos van a tener en contra, sino que además están forjando ustedes el nacimiento de un frente social contra el Gobierno: alcaldes, ediles, empleados públicos, asociaciones, federaciones de entidades locales, sindicatos, organizaciones sociales, empresas, suministradores de servicios, todos ellos han alzado ya la voz contra este anteproyecto, porque desean una reforma de la Administración, empezando por un nivel que en el conjunto de la Administración pública de este país no es ni de lejos el causante ni del déficit ni de la deuda. Todo lo contrario; ha sido el cojín en muchas ocasiones que ha amortiguado el golpe, buscando soluciones sin tener medios ni recursos, dando respuesta a las demandas sociales porque es esa la máxima y principal finalidad de las entidades locales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En ningún momento se ha reconocido ese esfuerzo, todo lo contrario, se ha redactado un anteproyecto en el que el trato a las entidades locales es como si nosotros fuéramos el problema.

Por otro lado, también solicitan favorecer nuevos mecanismos de financiación para dotar de liquidez a las entidades locales, y esa no es la solución, lo he dicho antes. Sentar las bases de una legislación que garantice la obtención de recursos suficientes para desarrollar con normalidad la tarea, la labor de los ayuntamientos, eso sí es atajar la raíz del problema; una legislación que permite autonomía, en este caso financiera, para llevar a cabo políticas públicas.

El Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa en el anteproyecto de recomendaciones, aprobado por la Comisión el 13 de febrero de 2013, realiza un estudio sobre el cumplimiento de los preceptos de la Carta Europea de la Autonomía Local en España y establece que la principal forma de ingresos de los municipios procede de transferencias de los Gobiernos autonómicos y del Estado, principalmente del Estado, que en este caso supone el 63,5%. Esto no va acorde con las disposiciones de la Carta Europea de la Autonomía Local. Existe un desequilibrio en la distribución de recursos y una falta de capacidad fiscal; han aumentado los costes municipales para dar servicios que deberían prestarse en otros niveles de Gobierno y los expertos nos invitan a implicar en este asunto al Estado que debe inyectar un aumento de recursos en la financiación municipal. Y resumen los relatores de este informe que sugieren al legislador —en este caso al Gobierno español— que cree un sistema financiero que garantice plenamente la financiación adecuada para cada uno de los municipios y con ello poder dar cumplimiento a sus responsabilidades por derecho propio, pero también delegadas.

Por lo tanto, secundo absolutamente las conclusiones del informe del Consejo de Europa y por ello hemos presentado la enmienda de legislar sobre las haciendas locales. También interpelamos en su día al ministro Montoro y presentamos una moción consecuencia de interpelación que, entre otros aspectos, realizaba este enfoque sobre la legislación de financiación local. Como puede usted ver, no son conclusiones solo de una socialista, sino que además las comparten otros expertos en Europa que invitan al Estado español a cumplir todos estos preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local, que el Estado español no está garantizando.

Aún estamos a tiempo, estamos aún elaborando el anteproyecto y yo emplazo al Partido Popular a que empecemos de cero, que empecemos con una auténtica intención de aceptar propuestas que mejoren las entidades locales de este país, de no fijarnos en el partido político del que parten las sugerencias, sino si las sugerencias pueden realmente aportar una mejora al nivel de la Administración de las entidades locales. Evidentemente, sin adoptar medidas que garanticen la autonomía local en el aspecto financiero, no podemos votar a favor de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el senador Bel.




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El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Intentaré utilitzar aquest torn de portaveus per poder replicar algunes de les afirmacions que ha fet el senador Sanz i, en tot cas, per fixar la posició del meu grup que ja els he dit que ha canviat al llarg d’aquest debat de forma diria que incomprensible, però absolutament real.

Senador Sanz, no és que m’hagi sentit al·ludit, és que ens ha al·ludit directament, i ens ha anomenat, és tan fàcil com repassar el Diari de Sessions del Ple. Es connecta a la web, podrà veure el vídeo i es veurà vostè mateix com ens diu senyors de CiU. Per tant, és al·lusió directa.

Miri, jo crec que aconseguiran amb aquesta moció per primera vegada quedar-se absolutament sols i hem de votar en contra una cosa que en principi ens dol moltíssim. Els faig una reflexió, en positiu: si realment vostès volen trobar el consens en aquesta llei, que és imprescindible, no li pot entrar al cap a ningú que es vulgui afrontar una reforma dels governs locals a l’Estat espanyol sense un mínim consens, hauran de canviar d’actitud. A més —també els ho dic sincerament—, l’actitud que he vist aquí no és la que he vist per part del Ministeri. Vostè ha despatxat el seu torn en contra de les mocions sense anomenar-ne ni una, ignorant-nos i dient evidentment, i ha sigut el president qui li ha hagut d’acabar fixant la seva posició. Jo ja no demano, com demanava algun altre portaveu, que ens truquin i parlem de les mocions, però almenys que ens diguin per què les rebutja. Un motiu pot ser perquè les presenta Convergència i Unió. Motiu de rebuig: perquè les presenta Convergència i Unió. Bé, tindríem un motiu de rebuig. Però en tot cas anem al fons de la qüestió.

Perquè tinguin algunes idees, si entenen que s’ha de fer per consens, idees que no són exclusives d’aquest senador i alcalde, idees que han fet seues la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, idees que ha fet seues la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i tants i tantes altres entitats municipalistes. Miri, del tema de l’avantprojecte que vostès presenten ens sembla bé la qüestió d’afrontar les competències impròpies. Ens sembla bé. No ens sembla bé com l’acaben resolent, perquè diuen les competències impròpies saben com es resolen? Que no es realitzin. No buscant finançament, veient quines poden ser pròpies i quines impròpies, no: els ajuntaments no realitzaran competències impròpies. I aquesta no és cap solució. Els ho dic sincerament, i com a alcalde. Els poso un exemple del meu municipi, per no molestar-ne d’altres. El meu municipi té menys de 50 000 habitants. Teòricament, una competència impròpia és el transport públic municipal. És inconcebible que puguem eliminar el transport públic urbà al municipi de Tortosa. La solució que se’ns dóna a l’avantprojecte és l’Ajuntament —com que tampoc és competència de la Generalitat— no realitzarà aquesta competència, i la Generalitat tampoc. Per tant, suprimim la competència. Ergo, pitjor servei... pitjor, no: inutilitzat servei per als ciutadans del meu municipi. Per tant, hi ha aspectes a millorar.

Segona qüestió: jo crec que aquí també hi havia un consens per part del mateix ministre —després els ho acreditaré—, perquè no es pot afrontar una reforma de competències si no s’afronta una reforma de finançament. I la modificació de l’antiga Llei de bases havia de ser paral·lela a la modificació de la Llei d’hisendes locals.

En aquesta cambra es va expressar aquest compromís. La meva missió aquí no és enlletgir l’acció de Govern, però miri, els recordo, ho recordo perquè va ser la meua primera intervenció en aquesta cambra, una intervenció que vam fer al ministre Montoro sobre l’Administració local. La primera, devia ser al mes de gener o febrer de 2012, vam aprovar una moció conseqüència d’interpel·lació que vam presentar la nostra formació política. La vam presentar amb el seu recolzament, la vam aprovar amb els seus vots. Ens deia: Compromís 1 —i llegeixo de l’informe de compliment que envia el Govern al president del Senat en relació amb aquesta moció—: El Gobierno presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos. Al setembre de 2012 el Govern em diu, li diu al president del Senat: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de julio, a efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. És veritat, el va aprovar i allà està. De moment, no ha fet moviment.

Compromiso dos, aprovat amb els seus vots: El Gobierno presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación local que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales. Cumplimiento del




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compromiso 2. Segons el Govern, li adreça al president del Senat: El Gobierno está estudiando y empezará a trabajar para poder presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de haciendas locales. Ni està ni se l’espera. Però això ho vam aprovar per unanimitat, per unanimitat de tots els senadors.

I el compromís número 3 era mecanismes d’ajuda immediata a les corporacions locals.

I vostè, en la seva primera intervenció, diu: vostès no han reconegut mai el que ha fet aquest Govern i apuntava el pla de proveïdors, entre altres. Jo crec que vostè no m’ha escoltat les meves intervencions des d’aquesta tribuna, ni les interpel·lacions que li he fet al ministre. Li ho he reconegut, li he reconegut que ha salvat una situació —diguem també de passada— pagant-ne els interessos les corporacions locals. Jo li puc dir també un exemple del meu municipi: els préstecs que estem pagant per les operacions financeres per l’operació de proveïdors superen àmpliament el 4%. La resta d’operacions financeres del meu ajuntament no arriben al 2%. Per tant, també un sobrecost per als nostres ajuntaments.

I després de la seva intervenció també diu: Hemos conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Veritat, però això no ho ha fet el Govern sol. Jo crec que aquí no estaria de més que vostè també fes un reconeixement i un agraïment a la feina de tots els alcaldes, als regidors d’Hisenda, als regidors de Govern de totes les corporacions municipals de tots els colors polítics, perquè això ho han fet amb el treball i l’esforç absolutament de tots.

Per tant, tenim recorregut, tenim temps, no gaire, no gaire perquè al Pla de reformes que en aquests moments el president del Govern està explicant al Congrés de Diputats vostès es comprometen que aquesta Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local entri al Congrés abans de l’estiu. Jo crec que encara queda un recorregut, no gaire, però en queda, i hauran de buscar els consensos. Els consensos són necessaris, però els ho dic sincerament, i no s’ho prengui com una qüestió personal, senador Sanz, de veritat: com ho han fet avui, no trobaran els consensos. Com ho han fet avui, de veritat que no trobaran els consensos. Trobaran el que trobaran: un vot en contra de tota aquesta cambra quan, almenys, hi havia 13 senadors que veníem disposats a recolzar la proposta, encara que se’ns hagués justificat la no acceptació a les nostres esmenes. Ara, en aquests moments i per una qüestió absolutament de formes, haurem de votar en contra a la seua proposta.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Utilizaré el turno de portavoces para replicar a algunas de las afirmaciones realizadas por el senador Sanz y fijar la posición de mi grupo, que ya les he dicho que ha cambiado a lo largo de este debate, de forma incomprensible pero real.

Senador Sanz, no es que me haya sentido aludido, es que nos ha aludido directamente. Es tan fácil como echar un vistazo al Diario de Sesiones del Pleno o ir a la página web y ver el vídeo, donde podrá verse a usted mismo diciendo: señores de CiU... Por tanto, es una alusión directa.

Me parece que lo que van a conseguir en esta moción es quedarse absolutamente solos, pero tenemos que votar en contra, lamentándolo mucho. Voy a hacer una reflexión en positivo. Si realmente ustedes quieren buscar el consenso en esta ley, que es imprescindible, es decir, a nadie le entrará en la cabeza que acometamos una reforma de los gobiernos locales en el Estado español sin contar con un mínimo consenso, van a tener que cambiar de actitud. Además —se lo digo sinceramente—, la actitud que he visto aquí no es la que he visto por parte del ministerio. Usted ha despachado su turno en contra de las enmiendas sin mencionar si quiera una, es decir, ignorándonos y diciendo que evidentemente ha sido el presidente el que ha tenido que pedirle que fijara su posición. Tampoco pido, como decía algún otro portavoz que nos llamen y hablemos de las enmiendas, pero, al menos, díganos por qué las rechazan. Un motivo puede ser porque las presenta Convergència i Unió; ya tendríamos un motivo de rechazo. Pero, en todo caso, lleguemos al fondo de la cuestión.

Para que tengan algunas ideas si entienden que debe hacerse por consenso, ideas que no son exclusivas de este senador y alcalde, porque son ideas que ha hecho suyas la Federación Española de Municipios y Provincias, ideas que también han hecho suyas la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y tantas otras entidades municipalistas, les diré, en primer lugar, que, en el anteproyecto que ustedes presentan, nos




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parece bien la cuestión de afrontar las competencias impropias; no nos parece bien cómo lo solventan, porque ustedes dicen que se soluciona no realizándose. No buscan financiación o analizan cuáles pueden ser propias o impropias; no, sencillamente, los ayuntamientos no van a ejecutar competencias impropias. Esto no es ninguna solución, se lo digo sinceramente como alcalde, y voy a poner un ejemplo de mi municipio, para no molestar a otros. Mi municipio tiene menos de 50 000 habitantes. En teoría, una competencia impropia es el transporte público municipal. Sin embargo, es inconcebible que podamos eliminar el transporte público urbano en el municipio de Tortosa. La solución que se nos da en el anteproyecto es que el ayuntamiento —y en este caso tampoco es competencia de la Generalitat— no va a ejecutar esa competencia, y la Generalitat tampoco, con lo cual se suprime la competencia. Ergo, es un servicio inutilizado para los ciudadanos de mi municipio. Así pues, existen aspectos que deben mejorarse.

La segunda cuestión es que me parece que en este punto también existía un consenso, incluso por parte del propio ministro ―y luego se lo voy a acreditar― en el sentido de que no se puede encarar una reforma de competencias si no se encara también una reforma de la financiación; y la ley, o la modificación de la antigua ley de bases debía avanzar en paralelo a la modificación de la ley de haciendas locales.

En esta Cámara se expresó ese compromiso y, aunque mi misión aquí no es la de afear la acción de Gobierno, le recuerdo que en mi primera intervención en esta Cámara, sobre una interpelación al ministro Montoro en relación con la Administración Local, entre los meses de enero o febrero de 2012, aprobamos una moción consecuencia de interpelación que presentó mi formación política y la presentamos con su apoyo y la aprobamos con sus votos. En ella se recogía: Compromiso 1 ―y estoy leyendo del informe de cumplimiento que envía el Gobierno al presidente del Senado en relación con esta moción―: El Gobierno presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos. En septiembre de 2012 el Gobierno dice al presidente del Senado: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de julio, a efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Es verdad, lo aprobó y ahí está, pero de momento no ha realizado ningún movimiento más.

El compromiso 2, que también fue aprobado por sus votos: El Gobierno presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación local que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales. Cumplimiento del compromiso 2, según el Gobierno ―y está dirigido al presidente del Senado―: El Gobierno está estudiando y empezará a trabajar para poder presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de haciendas locales. Ni está ni se le espera. Y esto lo aprobamos por unanimidad.

Además, el compromiso 3 se centraba en los mecanismos de ayuda inmediata a las corporaciones locales.

Usted, en su primera intervención, ha dicho que jamás hemos reconocido lo que ha hecho este Gobierno y apuntaba el plan de proveedores, entre otros. Me parece que usted no ha escuchado mis intervenciones desde esta tribuna ni las interpelaciones al ministro porque sí lo he reconocido; le he reconocido que ha salvado una situación ―dicho sea de paso― pagando los intereses las corporaciones locales. En este sentido, le puedo dar también el ejemplo de mi municipio en el que los préstamos que estamos pagando por las operaciones financieras por el pago a proveedores superan con creces el 4%, mientras que las demás operaciones financieras de mi ayuntamiento no alcanzan al 2%, con lo cual en ese aspecto existe un sobrecoste para nuestros ayuntamientos.

Además, en su intervención también ha dicho: Hemos conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Es verdad, pero esto no lo ha logrado el Gobierno solo y me parece que no estaría de más que usted también reconociese y agradeciese la labor de todos los alcaldes, de los concejales de Hacienda, de los concejales de Gobierno de todas las corporaciones municipales y de todos los colores políticos porque esto se ha logrado gracias al trabajo y el esfuerzo de absolutamente todos.

Por lo tanto, llevamos ya un recorrido pero tenemos tiempo, aunque no sea mucho, porque en el plan de reformas que hoy está explicando el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ustedes se comprometen a que esta ley de racionalización y sostenibilidad de la




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Administración Local entre en el Congreso de los Diputados antes del verano, y me parece que aún nos queda un recorrido, no mucho, pero que existe y van a tener que buscar consensos porque los consensos son necesarios. Pero no se lo tome como algo personal, senador Sanz, de verdad. Tal y como lo han hecho hoy, no van a lograr esos consensos; tal y como lo han hecho hoy, de verdad que no los van a encontrar, encontrarán un voto en contra de toda esa Cámara cuando resulta que tenían al menos 13 senadores dispuestos a apoyar esta propuesta aunque se nos hubiese justificado esa no aceptación de nuestras enmiendas, pero en estos momentos, sencillamente por una cuestión de formas, vamos a tener que votar en contra de su propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Sanz, naturalmente que el grupo que apoya al Gobierno tiene todo el derecho del mundo a plantear mociones como cualquier otro grupo parlamentario; eso está fuera de toda de duda.

Pero yo me sumo al estupor general de cómo, sin embargo, quiebra las normas habituales, las costumbres parlamentarias. Normalmente, lo que pretende el proponente de una moción es ampliar la votación, lo que pretende es intentar tener la mayor cantidad de votos posible. Sinceramente, no sé por qué ha hecho usted lo contrario; ha logrado que todos los grupos votemos en contra. Ese es un récord importante desde cualquier punto de vista, por no mencionar la contradicción que supone, insisto, hablar de consenso para después no aceptar ni una sola enmienda. ¿Por qué? ¿Qué finalidad puede tener esa conducta parlamentaria? La verdad es que se me escapa rotundamente. Esperemos que en el futuro ese comportamiento se modifique, porque nosotros no renunciamos a que esa ley termine siendo aprobada dentro del espíritu de consenso.

Yendo ya al tema concreto, creo que la finalidad principal de esta ley —y así lo firmaron todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados— no era mejorar la calidad democrática de los ayuntamientos u objetivos de esa naturaleza, sino fundamentalmente asegurar que se cumpliera la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues bien, esa premisa, de la que parte fundamentalmente ese anteproyecto, no se ajusta a la verdad. El endeudamiento del municipalismo no llega al 4% del PIB. Incluso en términos aún más importantes para mí, hay que saber qué porcentaje del presupuesto se tiene que dedicar al servicio público de deuda, amortización e intereses. Los ayuntamientos están muy por debajo de todas las comunidades autónomas, y no digamos del Gobierno central. Le he pedido a mi jefe de gabinete que me lo buscara porque yo no me lo sé de memoria, y he podido ver que Zaragoza está por encima de la media de endeudamiento aunque no llega a los límites de Madrid. Pues nosotros pagamos de nuestro presupuesto 11 euros de cada 100 para el servicio de la deuda; el Gobierno de Aragón solo 14 gracias a la buena gestión del presidente Iglesias y a la magnífica herencia recibida por Luisa Fernanda Rudi, porque está por debajo de la media de todas las comunidades autónomas; (Rumores.) y si hablamos del Gobierno de España, este paga 26,5 euros de cada 100. ¿Con esos datos se puede decir que estamos en quiebra, en bancarrota los municipios? No es verdad. Y si se plantea en términos de déficit público, menos aún. Y del total del 10% del déficit que supone el conjunto de las administraciones —creo que lo ha dicho en su intervención inicial— los ayuntamientos no hemos pasado del 0,2 %, superando el objetivo de déficit que era del 0,3%. Además, todos los técnicos saben que en 2015, y sin necesidad de ninguna ley, los ayuntamientos llegaremos al 0% de déficit. Luego, ¿dónde está el problema? ¿Qué problemas suponemos los municipios? ¿Quién no confía en los ayuntamientos? Porque, desde luego, la gente sí confía. Léanse la última encuesta del CIS, en la que se hace una pregunta muy clara: ¿Qué Administración pública le trata mejor? Y la respuesta es: en Aragón, 55% los ayuntamientos; un 14% la comunidad autónoma y un 11% la Administración General del Estado. E insisto, eso ocurre en todas las comunidades autónomas de toda España, salvo en la ciudad de Melilla, donde es ligeramente más valorado el papel de la Administración central que el de la Administración municipal. En todas las demás, en porcentajes no tan abultados como el caso de Aragón, se confía, sobre todo, en los ayuntamientos. Si las cifras no lo permiten, si las estadísticas y las encuestas te hablan de que es nuestra Administración




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municipal la más valorada, ¿por qué este empeño en convertirla poco menos que en la responsable del déficit y de los grandes males que padece el país? Eso no es cierto.

Termino con una observación muy concreta: por lo visto, el objetivo es ahorrar, algo ha dicho el señor Bel —que, por cierto, ya ve que aunque usted los trate muy bien, a usted le tratan tan mal como al PSOE, tome nota—, pero, en definitiva, el objetivo principal serían unos 7200 —no sé cuántos— millones de euros. ¿De dónde van a salir? Si el objetivo central es eso, parecería sensato que nos explicaran con detalle de dónde van a salir. A mí no me salen las cuentas, y es verdad que soy de letras, pero no me salen las cuentas, como no sea que haya que suprimir todas las llamadas competencias impropias en torno al 25% del presupuesto de los ayuntamientos y de paso llevarse por delante a todos los empleados públicos que no sean funcionarios, los interinos. Solo así, si se produce ese doble acontecimiento, podían empezar a encajar las cifras.

Aquí no se nos está diciendo la verdad. ¿Alguien piensa, de verdad, que los ayuntamientos vamos a seguir pagando los servicios públicos cuya competencia haya sido transferida a otra comunidad autónoma? ¿Eso es pensable? Otra pregunta: ¿las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para asumir hoy esas competencias impropias? Mi opinión es que no. Entonces, ¿quién las va a pagar? ¿La Administración General del Estado? ¿Nos puede anunciar que el Gobierno las va a pagar? Porque si nadie las paga y hay que ahorrar 7000 y pico millones de euros, es obvio que solo se puede hacer por una vía, y es la supresión de los servicios sociales, fundamentalmente, de todos los ayuntamientos de España. Y eso es muy grave, porque los ayuntamientos, además de estar prestigiados en el conjunto de la ciudadanía, somos un instrumento básico para garantizar la cohesión social (Aplausos.), cohesión social que es imprescindible en todo momento, pero más aún en tiempos de crisis. (Aplausos.)

Por todas esas razones, es obvio que votaremos en contra de la moción y, la verdad, tenemos mucho miedo de que después de este proceso legislativo la vida local española vuelva a los años cuarenta del siglo pasado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular se expresaba claramente al decir que las enmiendas confundían la voluntad de la moción. No estamos hablando hoy de la ley, sino de medidas a favor de la financiación, del saneamiento y la viabilidad económica de las corporaciones locales. Por lo tanto, hoy aquí no está en juego el consenso ni el diálogo respecto a la ley, ahí tendremos tiempo, y cuando llegue la ley, evidentemente habrá todo el diálogo y buscaremos el máximo de consenso. Lo que sí es llamativo es que se haya intentado evitar el debate sobre las medidas positivas que a favor de las corporaciones locales se están planteando y las que se impulsan a través de esta iniciativa y seguirá planteando el Gobierno. Ese era el debate de hoy. Si quieren hablar de la ley, habrá oportunidad de hablar de la ley. Por tanto, de lo que trataban las enmiendas era de la futura ley, que no es el debate de la moción. Por consiguiente, ni se niega el valor de las enmiendas ni se niega el fondo de las mismas. Evidentemente, la futura ley respetará las competencias estatutarias exclusivas existentes en las diferentes comunidades autónomas, por supuesto. Evidentemente, la futura ley respetará la singularidad de las diputaciones forales vascas y de la Comunidad Foral de Navarra, pero ese no era el debate de hoy, señorías, hoy el debate no era la ley.

Por tanto, aquí no se rompe ningún consenso, aquí no se rompe ningún cauce de diálogo. Aquí hablamos de medidas económicas y es lo que sigue planteando el Grupo Popular, tanto es así que en algunos de los casos se planteaba el incremento de las transferencias, incremento que se ha producido este año en un 21% con el aumento de la PIE.

Señor Belloch, lo que la ley hace no es destinar las competencias impropias a las comunidades autónomas, lo que pretende es quitar las competencias impropias de las corporaciones locales sobre lo que son competencias propias de las comunidades autónomas. Por tanto, no se trata de financiar competencias impropias de las comunidades autónomas, se trata de que la comunidad autónoma cumpla con las competencias propias que tiene, que es distinto. No confunda usted el debate, señoría. Lo que sí permite en un futuro la ley es que se deleguen competencias de las




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comunidades autónomas a los ayuntamientos, con una novedad: que ahora sí hay garantía de financiación para la prestación del servicio público, y usted no puede negar que eso es positivo.

Hoy el debate de la moción se centra en lo que ha constituido todo un auténtico ejercicio de lealtad institucional con las entidades territoriales por parte del Gobierno, donde se han aprobado una serie de medidas urgentes durante el año 2012 y 2013, que, sin duda alguna, han mejorado la liquidez de ayuntamientos y diputaciones. Cuando hablemos de la ley, hablaremos de la ley, y ustedes presentarán enmiendas sobre la ley. Hoy, ustedes, no han presentado enmiendas sobre el contenido de la moción, y hoy lo que debatimos son las medidas que han significado una garantía de cumplimiento o de acercamiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y que, además, han permitido que se sigan prestando los servicios con la calidad que el ciudadano exige.

Es evidente que la situación financiera de las entidades locales a finales de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en la mayoría de los casos era muy delicada, y lo que es innegable —eso es así— es que se ha logrado avanzar significativamente en la garantía de la sostenibilidad financiera de las corporaciones locales. Por supuesto que son muchas medidas, pero lo más importante que plantea esta moción, señorías —y ese no es el debate que ustedes han querido tener—, es si vamos a seguir abordando nuevas medidas, como se nos ha demandado por parte de la FEMP y por parte del conjunto de los alcaldes, concejales y diputaciones, para seguir favoreciendo el sostenimiento de su situación financiera. Y el impulso de la moción planteada por este grupo, por el Grupo Popular, va precisamente por ese camino. ¿Y cuál es el camino? Pues, evidentemente, seguir favoreciendo reformas por parte del Gobierno; y lo vamos a seguir haciendo.

En la primera intervención hacía un balance de lo ya realizado; en esta última intervención quiero adelantar alguna de las medidas que en los próximos meses verán la luz y que, sin duda alguna, van a fortalecer esa viabilidad económica y financiera de las corporaciones locales. Para ello, como se ha anunciado, el Gobierno está planteando un nuevo plan de pago a proveedores, en el que se priorizarán las deudas pendientes de las comunidades autónomas con los ayuntamientos, cuya cantidad asciende a más de 1700 millones de euros. Señorías, esto significa que en el Fondo de Liquidez Autonómica de 2013 esa será la prioridad para que se pague a los ayuntamientos con rapidez; esa es una medida de la moción y es una medida positiva.

También hemos valorado desde el Gobierno cómo se encuentra el estudio de un proyecto de nuevo real decreto ley para solucionar la situación de las entidades locales con graves problemas financieros. Eso es lo que aquí planteamos en la moción, señorías, no busquen excusas para votar en contra. Han encontrado ustedes excusas en el futuro debate de la ley para no hablar de la moción y de las medidas que plantea. ¿Y cuáles son las medidas que plantea la moción? Pues diversas medidas de apoyo a ayuntamientos con especiales problemas financieros estructurales. ¿Qué plantea el Partido Popular? Que en los próximos meses se puedan aprobar mecanismos extraordinarios de liquidez para ayuntamientos con problemas financieros. Eso significa plantear iniciativas con medidas excepcionales, con ámbitos restringidos, con criterios objetivos pero con facilidades financieras para que ayuntamientos en absoluta quiebra, de verdad, puedan salir adelante.

Igualmente, señorías, este grupo aplaude e incentiva al Gobierno, motiva al Gobierno a través de esta moción, para plantear esa modificación rápida de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permita que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a inversiones y al cumplimiento de otras obligaciones de pago en sus municipios, y no solo a la amortización de deuda como ahora. Se calcula que en torno a 3500 municipios, el 40% de los municipios españoles, podrán invertir en mejorar sus municipios y crear puestos de trabajo. Ya se ha reunido la Comisión Nacional de Administración Local como paso previo y necesario para adoptar esta medida, y se está a la espera de la próxima entrada en vigor de la misma. Igualmente, señorías —y ese es el contenido verdadero de la moción—, el Gobierno está trabajando en un nuevo mecanismo de pago a proveedores que permita cancelar la deuda de las entidades locales correspondientes a 2012, e incluso meses de 2013, al objeto de posibilitar que se dé cumplimiento a los plazos establecidos en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, lo que finalmente permitirá reducir a 30 días el período de pago a proveedores entre administraciones y acreedores.




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Señorías, no confundan los términos. Cuando llegue la ley, debatiremos la ley. Cuando haya que buscar el consenso sobre la ley, buscaremos el consenso. Y siempre mantendremos la mano tendida para lograr el acuerdo, pero permitan que el Grupo Popular tome la iniciativa en el Senado para impulsar del Gobierno de la nación este tipo de medidas. Ustedes decidirán hoy, señorías, votar en contra. Lo difícil es que lo expliquen sus señorías en los ayuntamientos y en las diputaciones, que se van a ver favorecidas por este conjunto de medidas porque la moción trata sobre las medidas económicas y financieras a favor de las corporaciones locales. Cuando llegue la ley, hablaremos. Hoy hablamos del impulso a las soluciones económicas de los ayuntamientos. Por eso son medidas positivas y por eso, aunque ustedes lo pretendan confundir, el conjunto de la intervención que ha realizado este grupo ha ido a poner en valor todas las medidas y futuras medidas que va a plantear el Gobierno. Votar en contra de eso es, evidentemente, ir en contra de las medidas que favorecen al conjunto de las corporaciones locales. Y no es una cuestión de partido, es una cuestión de favorecer a todos los ayuntamientos y a las diputaciones de España.

Señorías, es evidente que hay que tomar medidas. El problema, señor Belloch, no es de los municipios, el problema no son los municipios. El problema es buscar soluciones a la nefasta gestión que se ha realizado durante muchos años y que ha provocado grandes agujeros. (Rumores.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor SANZ CABELLO: Es lógico que sus señorías no quieran que hablemos de lo que han hecho en los ayuntamientos, y cuando yo lo recuerdo, ustedes se ponen a gritar y a descalificar, como se escucha desde la tribuna. (Rumores.)

Solamente me voy a referir a un caso. Si usted cree que el problema es de los ayuntamientos o un problema de gestión, le voy a poner el caso de Jerez de la Frontera, donde hemos tenido que heredar un ayuntamiento con casi 1000 millones de deuda, con más de 30 millones de déficit, con el 100% de la PIE retenida, con una deuda de la Seguridad Social y Hacienda de 120 millones de euros, donde el PSOE hipotecó 540 millones de euros de recaudación de la diputación hasta el 2031. (Rumores.) ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Pues mientras que el Partido Socialista se gastaba 2,6 millones de euros en gobierno y personal eventual, el Partido Popular solo gasta ya 774 000 euros; de 33 asesores, a un asesor. El problema no son los ayuntamientos. Aunque a ustedes les molesta, el problema es de buena o de mala gestión; y hay dos modelos: el que apuesta por solucionar los problemas de los ayuntamientos o el que los mantiene en el agujero, como ha hecho hasta ahora el Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos emitidos, 237; a favor, 141; en contra, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.

(Núm. exp. 662/000082)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.




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El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia del señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular somete al plenario de la Cámara una moción (Rumores.)…

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Altava.

Señorías, por favor, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa.)

Puede continuar.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias.

Decía que el Grupo Parlamentario Popular somete al plenario de la Cámara una moción al objeto de que el Gobierno presente un código procesal unificado, un proyecto de ley que regule, por una parte, las competencias de los tribunales sentenciadores y de los jueces de vigilancia penitenciaria, y, por otra, que establezca el procedimiento que se debe seguir ante estos. Es una demanda de todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de los profesionales que se dedican a esta materia.

El artículo 117.3 de la Constitución establece que a los jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ese hacer ejecutar lo juzgado, que en el derecho comparado se suele conceder a la Administración, aquí, en España, se concede al juez para que vigile esa función de hacer ejecutar, no que ejecute de propio sino que vigile esa función de que alguien ejecute por él.

La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, reguló una figura fundamental de nuestro mundo jurisdiccional: la figura del juez de vigilancia penitenciaria, estableciendo en su artículo 76 todas las competencias que este debía tener: hacer cumplir la pena, instaurar en definitiva la resolución de los recursos, salvaguardar derechos y corregir los abusos y desviaciones en que podía incurrir la Administración penitenciaria. El artículo 76 de dicha ley orgánica se convierte en numerus apertus; en todo caso nunca es una lista taxativa, una lista cerrada, sino que cualquier cuestión que derive del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad o de medidas de seguridad corresponderá a estos jueces de vigilancia penitenciaria, de nueva creación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 les otorga netamente una función jurisdiccional, los crea como órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial. Cuando la Ley Orgánica General Penitenciaria habla de los jueces de vigilancia penitenciaria nunca piensa en ellos como un inspector de la Administración penitenciaria sino como un órgano jurisdiccional, un órgano con potestad jurisdiccional que ejerce la jurisdicción y que, en todo caso, va a conocer de los ulteriores recursos en vía jurisdiccional que se puedan plantear ante las peticiones, recursos o quejas de los internos.

Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 9 de julio de 1981 se crearon las diecisiete primeras plazas de jueces de vigilancia penitenciaria. Pues bien, desde 1981 hasta 2013, dos siguen siendo todavía los problemas fundamentales que encuentra esta especialización del orden penal: por una parte, precisar los ámbitos resolutivos de los jueces de vigilancia penitenciaria, y por otra, promulgar normas procesales adecuadas. Como ustedes saben, los jueces de vigilancia penitenciaria y los jueces penales de ejecución se reúnen con carácter bianual y establecen unos criterios de actuación muy importantes para ellos. Y precisamente porque falta ese procedimiento, ese código procesal único, ellos mismos se dan unos criterios uniformadores de actuación. Los últimos se acordaron en una preciosa isla, Gran Canaria, durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2012 —me refiero a estos porque son los últimos aprobados—; y entre otras actuaciones, realizaron la siguiente afirmación. Por una parte, solicitaban que se inste al Consejo General del Poder Judicial a fin de que dirija consulta al Ministerio de Justicia para que se informe a quién corresponde la vigilancia del penado en la libertad vigilada postpenitenciaria en relación con las medidas del artículo 106 del Código Penal, que se refiere a las medidas de la libertad vigilada, acuerdo este que fue adoptado por unanimidad. Y en segundo lugar, y respecto de las cuestiones de competencia, que la ley debería regular en qué supuestos, con qué garantías y qué juez es el competente para autorizar la realización de pruebas radiológicas a los internos, lo que también fue aprobado por unanimidad.

Porque muchas son las cuestiones que se presentan en el quehacer diario de los jueces de vigilancia penitenciaria, señorías, y los que hemos tenido la fortuna de pasar por ese desempeño jurisdiccional lo conocemos bien. Me gustaría deslindar, por una parte, la ejecución de las penas privativas de libertad, y por otra, muchas cuestiones que se plantean que nada tienen que ver con esa ejecución de penas privativas de libertad. Por ejemplo, si la comida que necesita un interno en




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un centro penitenciario es especial porque está sometido a un tratamiento de enfermedad, el que sea, eso no es una ejecución derivada de la pena privativa de libertad. Y alguien tiene que resolver —eso no está regulado— cuál es el procedimiento que se debe seguir por la Administración penitenciaria, por el juez de vigilancia penitenciaria ante una Administración que no le diera el régimen especial de comidas que se necesita.

Las normas procedimentales aplicables hasta el momento son, por una parte, el artículo 24.2 de la Constitución, que, como saben, recoge los principios del proceso debido, principios generales en el Estado democrático de derecho, por otra parte. Unas prevenciones de la Presidencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1981; por cierto, urgentes y que tenían vocación de interinidad—. El artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre visitas a establecimientos penitenciarios, que, por cierto también, se refiere solo a presos preventivos. La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y, de una manera muy importante, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce la defensa letrada, la legitimación para recurrir solo en favor del Ministerio Fiscal y muchas otras cuestiones no reguladas, pero solo para materia de ejecución de penas. Se deja fuera todo aquello que no se corresponde precisamente con esa ejecución de penas, que es el carácter que le da la norma. Casi merece la pena hacer un texto refundido con todas las normas vigentes para tener un código claro, que es lo que de alguna manera pretendemos.

Es cierto que en el anteproyecto de código procesal penal que ha presentado el Gobierno los artículos 652 a 703 —cincuenta y un artículos— recogen muchas cuestiones a las que nos referimos. Se recogen aspectos procedimentales de los jueces de vigilancia penitenciaria y está en la línea de lo que seguimos, en esa buena línea de conseguir en su día un código procesal uniforme. Y es un paso primero, porque, señorías, los magistrados destinados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tienen la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998. Los jueces que se dedican a lo laboral tienen su propia ley, la Ley de procedimiento laboral, de 7 de abril de 1995. ¿Por qué sustraemos a los jueces de vigilancia penitenciaria, dentro del orden penal y con una especificidad muy importante, el que tengan su propia ley, cuando hay cantidad de cuestiones que no están reguladas? Funcionan por la bonhomía de los jueces de vigilancia penitenciaria, pero no están regulados los plazos que se deben dedicar. ¿Se debe dar traslado de cualquier petición a la otra parte? ¿Se debe dar traslado, como ahora pondré de manifiesto, al ministerio fiscal? ¿Solo a él, o puede haber otras partes a las que se les debe permitir esa personación?

Muchas cuestiones no están reguladas. En primer lugar, problemas competenciales entre tribunales sentenciadores, entre los jueces de vigilancia penitenciaria. Para que todos lo podamos entender: a partir del momento en que alguien ingresa en un centro penitenciario depende ya casi exclusivamente del juez de vigilancia penitenciaria. Si el juez de lo penal o la Audiencia Provincial sentenciadora ordena en una sentencia un ingreso en prisión, se entra en prisión y, a partir de ahí, como digo, se depende del juez de vigilancia penitenciaria.

Pero, señorías, en las prisiones también hay muchos presos preventivos. ¿De quién depende el preso preventivo, aquel que todavía no ha sido juzgado? Depende hoy del juez de instrucción, tiene también competencias el juez de instrucción. Si un juez de instrucción necesita hacer, como hemos puesto de manifiesto, una prueba radiológica, porque para su procedimiento lo necesita, ¿lo tiene que autorizar al juez de vigilancia penitenciaria o tiene que ser motu proprio el juez de vigilancia penitenciaria quien lo realice? Eso no está resuelto. Esa no es una cuestión de pena privativa de libertad y se tiene que resolver. Se tienen que resolver esas cuestiones de competencia que una y otra vez ponen de manifiesto los jueces de vigilancia penitenciaria.

También manifiestan los jueces de vigilancia penitenciaria que vendría muy bien la creación de una sección especial, dentro de los tribunales superiores de justicia, de vigilancia penitenciaria. ¿Correspondería crear esas secciones especiales dentro de los tribunales superiores de justicia? Ya sé que es una cuestión de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, pero algo debería decir también esta futura norma que propugnamos.

Con respecto al procedimiento a seguir, ha de ser un procedimiento que recoja los principios de economía, celeridad y flexibilidad, lo que no se encuentra recogido en la actualidad.

Hay multitud de incidentes que no son de ejecución. ¿Qué pasa cuando el juez de vigilancia penitenciaria o la Administración penitenciaria decide no conceder un vis a vis familiar, cuando




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decide no conceder un vis a vis íntimo? ¿Contra quién se debe recurrir? Lo único que hay ahora mismo es la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, supletoriamente, subsidiariamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo cual tenemos que ir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para saber qué nos dice; acudir al recurso de reforma, en caso de que la resolución sea judicial, y, en su caso, a la apelación.

Pero se necesitan conocer otras muchas cuestiones que no están reguladas. ¿Qué pasa con las sanciones impuestas por el centro penitenciario, por ejemplo, que se imponga a un penado una sanción de aislamiento, la más grave que existe? ¿Qué pasa si la Administración penitenciaria le impone una sanción de aislamiento de tres días, cinco días, etcétera? Se recurre ante el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Es firme esa decisión del juez de vigilancia penitenciaria o tenemos que acudir también a la Lecrim para darnos cuenta de que cabe la reforma y cabe la apelación? Máxime, cuando saben —si ustedes se lo han leído— que el código procesal penal actual hace desaparecer el recurso de reforma tal y como lo tenemos considerado. Habrá una posibilidad de plantear el asunto ante el juez para que lo reconsidere, pero no como recurso de reforma, sino como reconsideración para que eleve los autos al recurso de apelación en la instancia superior. La legitimación para recurrir —a mí esto me parece muy importante— hoy día la tiene solo el ministerio fiscal. ¿Tiene que haber abogado? ¿Tiene que haber procurador? Porque en el proceso penal sí que se exige. En el proceso de vigilancia penitenciaria —si podemos llamarlo así— no se exige que exista un letrado. En fin, hay cuestiones muy complejas, en las que la misma petición realizada por el interno no basta porque carece de fundamentación jurídica. Entiendes la petición, y a veces no se entiende bien. Se necesita en muchos casos letrado, y la Ley de Asistencia Jurídica del año 1996 también debería decir algo; en todo caso, que los internos que tengan insuficiencia de recursos para litigar estén sometidos a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Eso hace falta que lo diga un norma, y hasta ahora no la tenemos.

¿Habría que dar legitimación a los familiares de los internos? Señorías, creo que sí, porque cuando privas a alguien de un vis a vis familiar se ve perjudicado tanto el interno como el familiar, que no puede estar con aquel. ¿Por qué no se permite esa legitimación al familiar? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) ¿Por qué no se permite también una legitimación a la víctima? A lo mejor algo tiene que decir también la víctima: si está de acuerdo o no en que se le conceda un permiso de salida, o en que se le conceda un determinado beneficio penitenciario. Todo eso, señorías, que no es propio de la ejecución de las penas privativas de libertad, se tiene que recoger, no está regulado. Funciona, porque todo el mundo que trabaja en vigilancia penitenciaria funciona bien y sabe como tiene que funcionar. Pero repito que eso no está regulado.

¿Cómo se deben realizar las notificaciones? ¿Al procurador, si no hay procurador? ¿A quién tiene que ir dirigida cualquier petición que realiza el interno? Va al centro penitenciario, y de ahí se remite al juez. ¿Es suficiente? A lo mejor no es suficiente, a lo mejor se necesita que se formalice de alguna manera a través de un procurador o a través de un notificador concreto del centro penitenciario.

¿Deben ser hábiles todos los días y todos los años en vigilancia penitenciaria? No está resuelto. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que habla de habilidad de los días y años, no dice nada al respecto.

La libertad condicional ¿se debe conceder a todo el mundo? ¿Y su revocación? ¿Y qué pasa con la libertad condicional agravada, de ancianos y enfermos? ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene que ser la misma? ¿Se debe conceder con los mismos requisitos que la anterior? ¿Y los abonos de prisión preventiva en los recursos, peticiones y quejas? ¿Cabe el planteamiento de los recursos de reforma, de apelación y, en todo caso, de casación para la unificación de la doctrina? Esos recursos, ¿caben con un efecto o en dos efectos? ¿Cabrá solo el efecto devolutivo o también el suspensivo en dos efectos? Eso no está resuelto. Claro que de momento nos acogemos a la Lecrim, porque subsidiariamente se aplica la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que no se dice nada en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo eso, señorías, se debe recoger en la ley orgánica de vigilancia penitenciaria que propugnamos, máxime en determinados centros, como ustedes conocen, donde el interno padece grave trastornos psíquicos y no está en condiciones de realizar una petición o una queja o una formulación, a lo mejor teniendo todo el derecho; pero no es capaz de manifestarse porque no




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puede hacerlo. Esa persona necesita estar asistida por un abogado, por un procurador, por alguien que le verbalice su necesidad. De eso la ley no dice nada. ¿Funciona? Funciona, porque la Administración penitenciaria actúa bien, pasa la información, y le llega al juez.

Lo único que les pido, señorías, es que seamos sensibles a esta actuación, que delimitemos las competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria, que regulemos el procedimiento, porque les aseguro que hace falta y el mundo judicial lo agradecerá, máxime todos los jueces de vigilancia penitenciaria que se dedican a ello.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señorías.

Turno en contra.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente. Buenos días.

Si todo es así, señor Altava, como usted lo ha descrito, ¿cómo es posible que no haya sentencias del Tribunal Constitucional que digan que se están vulnerando los derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios de toda España? Mientras usted hacía esas preguntas yo iba respondiendo algunas de ellas; otras, no, pero sí algunas. Yo sé que usted sabe las respuestas a las preguntas que ha hecho porque ha sido juez de vigilancia penitenciaria. Luego, si usted sabe las respuestas a las preguntas que ha hecho, y si no hay sentencias que digan que se vulneran los derechos fundamentales —el 24.2 de la Constitución— en los centros penitenciarios, ¿qué es lo que pasa? Porque durante treinta y dos años… —veo que me dice que son treinta y cuatro; no me importa corregir, yo aprendo de todos los seres humanos; había calculado desde el año 1979; admito el error y aprendo—. Porque durante treinta y cuatro años se ha funcionado con el conjunto normativo que usted ha citado. La primera ley que hicieron las Cortes democráticas fue esta: la Ley Orgánica General Penitenciaria, una de las leyes más progresistas del mundo, seguramente porque la hicieron personas que estuvieron en las cárceles de la dictadura porque lucharon por las libertades. Es una ley progresista, una ley muy sensible, una ley garantista, que es la que nos ha estado rigiendo hasta el momento. Es verdad que se ha dictado luego un reglamento. Es verdad la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es verdad la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son verdad los criterios establecidos por el Supremo y los propios criterios establecidos por los jueces de vigilancia. Todo eso es un subconjunto del ordenamiento jurídico-penal en el que las preguntas que usted hace tienen respuesta. Usted pregunta: ¿qué pasa en el ámbito de la vigilancia penitenciaria? ¿Son días hábiles o naturales? Sabe usted que la respuesta es que son días naturales, porque en el ámbito de la jurisdicción penal rige el criterio de los días naturales. Eso es lo que rige. Usted sabe que todos los autos que dictan los jueces de vigilancia son recurribles. Hasta ahora, en esos treinta y cuatro años hemos estado funcionado así, con ese subconjunto normativo, y no ha habido una sentencia del Constitucional que haya dicho que se vulneren derechos elementales. Es más, he leído todas las enmiendas —de la 55 a la 73— que presentó en el año 1997 el Grupo Parlamentario Popular al proyecto que envió el Gobierno del Partido Popular a las Cámaras. Y al leer esas enmiendas —se lo he comentado antes— he visto que todas eran enmiendas de estilo, que ninguna era sustantiva, con lo cual había una coincidencia entre el proyecto que mandó el Gobierno y el propio grupo parlamentario. Sin embargo, desde el año 1997 a 2000 decayó. ¿Por qué? Porque, como se dice en términos castizos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si algo está funcionando bien con un procedimiento —uso las palabras exactas que se usaron en la reunión del año 1994— breve, flexible y garantizador —lo repito: breve, flexible y garantizador—, si algo está funcionado así, ¿por qué tocarlo? Y añado algo más, que ya no es una creación de todos los jueces de vigilancia sino una creación doctrinal, que es la expresión: absoluta libertad de trámites. Se pregunta al ministerio fiscal, que representa la legalidad en toda España, se pregunta al penado, y en el mismo día se dicta un auto, que no tiene que ser de cincuenta páginas, dos meses más tarde, para el propio ego del que lo escribe —un producto artesanal elaborado—, sino que el mismo día, con una o dos hojas se dicta el auto, que es recurrible. Por lo tanto, así se está funcionando, y en general los que están ahí no quieren cambiar este procedimiento. Y vamos a precisar un poquito el concepto. El concepto de procedimiento es un cauce —en términos canarios,




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una acequia; para usted, un cauce— donde hay una secuencia ordenada de trámites que conducen a un fin, a un objetivo.

En la actualidad, en treinta y cuatro años, aquí, en este ámbito de la vida de los españoles ¿ha habido ese procedimiento? Mi respuesta es sí; sí ha habido ese procedimiento. ¿Qué ocurre? Que lo propio en todo ámbito, sobre todo entre los juristas de formación digamos continental —no entre los juristas de formación anglosajona, que se basan menos en el sistema normativo y más en el precedente de cómo se ha resuelto ese caso en otros supuestos—, lo propio, digo, de juristas con una formación del sistema jurídico continental es que, si es uno solo, por supuesto tiene muchas consultas; si son dos, imagínense las consultas que hace; y si son cuarenta u ochenta, entonces la virguería de bucles jurídicos es inmensa. Pero lo propio es que sea una especie de vis expansiva, lo que usted planteaba antes; la expresión misma que usted utilizaba me parece muy clara. Si todos los órdenes jurisdiccionales tienen ese procedimiento en una ley, nosotros ¿por qué no? Yo eso lo entiendo; es decir, a usted le parece que ese ámbito concreto tiene suficiente entidad como para que merezca una ley orgánica que tenga ese procedimiento. Y lo que yo trato de decirle son dos cosas. Primero, que si está funcionando bien, no lo toque. Y, segundo, que ese procedimiento, que esa manera de hacer las cosas ya es un procedimiento. No es necesario que nos planteemos otra ley en la que pongamos lo que ahora se ha conquistado o, según el andar de la perrita de este Ministerio de Justicia, se haga otra cosa. Porque, claro, si usted me dijera: no, en los proyectos básicos solo se busca el consenso; en los proyectos de más contenido se trata de dialogar. Pero hay una confusión. Alguien que ha sido alcalde y pasa por un lugar y ve que hay algo, ordena que se arregle; si ha sido presidente y ve algo, también, pero, claro, en el ámbito de la justicia no se puede hacer eso. Hay una confusión a la hora de decidir, porque los jueces, los secretarios, los procuradores, los abogados, los funcionarios en general, no funcionan así. Son ámbitos distintos, todas no son exactamente personas sometidas a un principio de jerarquía. Entonces, cuando se dice: así, y la gente que está en el lugar tiene otro criterio, pasa lo que ha pasado. Si, por el contrario, en lugar de esa concepción errónea se hubiese tenido otro concepto, como: vamos a dialogar los asuntos básicos porque no son asuntos especialmente ideológicos sino asuntos más de cómo hacer las cosas, más del cómo que del qué, entonces yo le diría: mire, el andar de la perrita me inspira confianza. Pero lo que usted plantea no es que llevemos a un procedimiento lo que ya existe, que es breve, flexible y garantizador; lo que está diciendo es: hagamos un procedimiento. Y mi pregunta es: ¿cuál?, ¿cómo?, ¿a qué le llama usted procedimiento? Ahí esta la duda. Si fuera algo concreto, póngalo todo en un sitio, pero no es eso lo que contiene la moción. Perdóneme, don Manuel, pero lo que contiene la moción no es eso; lo que pretende es que se elabore una ley orgánica y un procedimiento, porque si lo tienen otros órdenes jurisdiccionales, como usted dijo antes, el laboral, el penal, etcétera, ¿por qué nosotros no? Mi respuesta es: porque no existe un nosotros. Es lo que trato de decirle. Porque el orden jurisdiccional que se aplica a la vigilancia penitenciaria es el orden jurisdiccional penal, y por eso se aplican los artículos 526 y otros de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es otro orden distinto, es el orden jurisdiccional penal. No tiene entidad ni identidad de un orden jurisdiccional distinto, sino que es el juez de la ejecución de las penas.

Todas las sentencias del Constitucional, cuando hablan de los jueces de vigilancia penitenciaria, siempre dicen que son una pieza básica del sistema. No minusvalora la función del juez de vigilancia, la valora muchísimo. Es el juez de la ejecución de las penas, es el juez garantista. Yo he visto las expresiones que usted ha utilizado en la moción. He visto también la exposición de motivos del texto del año 1977. Es verdad, no es un censor, no es un inspector de servicios, es un juez que tiene plenas facultades para el desarrollo de sus tareas, pero le reitero que es parte del orden jurisdiccional penal. Y le digo más, en la actualidad nadie plantea que tenga que haber una sesión especial del tribunal superior, porque en la práctica real lo están haciendo las audiencias; incluso las salas de lo civil y de lo penal en los tribunales superiores donde no hay derecho foral, como usted sabe, son destinos balneario. Donde hay derecho foral, hay trabajo en el derecho civil, pero donde no hay derecho foral, las salas de lo civil y de lo penal son un destino balneario.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.




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Es un balneario, por eso el razonamiento de fondo es que no hace falta, porque hay un procedimiento breve, flexible y garantizador. Y don Manuel, las cosas que funcionan bien, mejor no tocarlas. Esta es una expresión del compañero Juan Alberto Belloch, no es mía, porque en la reunión de todos los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, cuando yo estaba explicando ampliamente el asunto, le pregunté: Juan Alberto, según tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? Su expresión fue: Si hay algo que está funcionando bien, mejor no tocarlo. En una frase resumió un discurso mío larguísimo. Yo cojo su idea. Si algo está funcionando bien, don Manuel, y ahí se está haciendo una magnífica labor, mejor no tocarlo, por aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu jauna.

Eskertzekoa da gure laguna eta batzordekidea den Altava jaunak justiziari dagokion gai bat gaur hona ekartzea. Azkenean, guztiok hemen bertan gauden guztiok dakigun moduan, Espainian justiziak duen egoera agian ez da guztiok nahi genukeena, eta horren baitan erabakiak hartu beharrean gaude.

Baina behin hori esan eta gero, momentu honetan eztabaidara jartzen zaigun mozioa ez da guk esperoko genukeena edo lehenago aipatu dudan helburuaren baitan gure ustetan lehenetsiko genukeena. Zergatik? Momentu honetan, eta orain dela gutxi bilera bat izan genuen Justizia Ministeritzarekin, bai Senatu eta bai Kongresuko justizia batzordeko bozeramaileek. Horren baitan aipatu zen gutxi gorabehera zein diren momentu honetan Ministeritzak dituen kezkak eta horren baitan, eta lehenago Altava jaunak aipatu duen bezala, Zigor Kode Prozesala edo, itzultzaileentzat, «Código Procesal Penal», Zigor Kode Prozesalaren inguruan lehen testuak kaleratzen eta eztabaidan jartzen hasiak dira. Baita ere, Altava jaunak bere esposizioan edo bere agerraldian komentatu du orain arte nolabait Espainiako egoeran edo ordenamenduan bai egon dela nolabaiteko praxi txar bat eta praxi txar hori izan da nolabaiteko erreforma partzialak edo behin-behineko erreformak izan direla nagusitu direnak. Edo, euskaraz edo erdarazko hizkuntza arruntean «partxeak» jarrita funtzionatzen ibili garela. Eta aldi berean, mozioan bertan aurkezten dena, izango litzateke bere zazpigarren paragrafoan orain arte egon den ordenamenduan faltako litzatekeela nolabaiteko ordenamendu prozesal osoaren globalizazio edo taldekatzea edo testu batean adieraztea guzti hori.

Beraz, ez zaigu alde batetik momentu egokia iruditzen hori gauzatu ahal izateko edo mozio hau aurrera atera ahal izateko. Baita ere aldi berean ikusi beharra dagoelako oso eztabaida, ikusi den bezala, oso eztabaida teknikoa dela, eta iruditzen zaigu lege baten eztabaidaren baitan errazago, interesanteago eta sakonago izango dela gure erreflexioa. Eta horrekin lotu nahi dut nire bigarren erreflexioa: ez dela bakezko eztabaida bat, alegia, gai honekin ikusi den bezala, eztabaida bat dago; alde batetik egon daiteke Altava jaunaren iritzia, eta lehen aipatu dugun bezala bera izanik Espetxe Zaintzako epailea, bada bere ikuspegia, eta guztiz ulergarria izan daiteke, baina bere ikuspegia dauka, baina gero baita ere badago beste ikuspegi bat nolabait esaten duena orain arte funtzionatu baldin badu, bada funtzionatu dezala, nahiz ulertu gabeziak ere ikusten direla. Orduan kuestioa da gabezia horiek ikusten baldin badira nola hobetu daitezkeen justizia atzeratu gabe, kaltetu gabe eta guztiok onuradun atera gaitezen. Baina gure iritziz onuradun atera ahal izateko, hori izango litzateke momentu honetan aztertzen ari garen Zigor Kode Prozesalaren barruan kontenplatu beharreko elementu bat.

Horregatik, ezezkoa bozkatu dugu, nahiz esan ados egon gintezke erreflexioarekin. Iruditzen zaigu kronologikoki ez dela momentu egokiena; ulertzen dugu eztabaida bat eman behar dela baina ez da ez momentua eta gainera nik uste dut eta ulertu behar da, konplexua dela, oso konplexua dela, eta bere konplexutasun osoarekin, bere momentua bilatu behar zaiola eztabaidarako.

Eskerrik asko.




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Buenos días, señor presidente.

Es de agradecer que nuestro compañero de comisión, el señor Altava, haya sacado a colación un asunto vinculado a la justicia, pues, al fin y al cabo, todos los que estamos aquí sabemos que en España la justicia no está en la situación que nosotros quisiéramos y, por ello, tenemos que tomar algunas decisiones.

Dicho esto, en este momento se nos trae esta moción a debate, y no es la moción que esperábamos o, teniendo en cuenta ese objetivo del que les hablaba, no es la que deberíamos estar discutiendo. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo en una reunión del Ministerio de Justicia con miembros y portavoces de las comisiones de Justicia, tanto del Congreso como del Senado, se habló a grandes rasgos de las preocupaciones de dicho ministerio. Y, como nos decía el señor Altava, respecto al código procesal penal hay algunos aspectos que ya se están discutiendo actualmente. También el señor Altava en su exposición nos ha comentado que hasta ahora en el ordenamiento jurídico español ha habido una praxis equivocada, una praxis incorrecta. Esa praxis se ha dado por una serie de reformas puntuales, concretamente jurisdiccionales, que podrían calificarse como parches. Al mismo tiempo, en el párrafo séptimo de la moción se pone de manifiesto que falta una especie de globalización en el ordenamiento actual, algo que debería reflejarse en el texto.

Por lo tanto, no nos parece el momento adecuado para materializar o sacar adelante esta moción. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que es un debate muy técnico y nos parece que sería más fácil, más profundo y más interesante hacer esa reflexión en el debate de una ley. Y quiero vincular esto con mi segunda reflexión. No se trata de un debate corriente. Por una parte, tenemos la opinión del señor Altava, que, como nos decía antes, ha sido juez de vigilancia penitenciaria, por lo que tiene un punto de vista muy concreto, pero hay otros puntos de vista posibles, por ejemplo, que como hasta ahora se ha funcionado así, vamos a seguir igual, aunque tengamos en cuenta que tenemos una serie de déficits. Porque si somos conscientes de que existen esos déficits, tendremos que ver cómo funcionar sin retrasar la justicia, sin causar perjuicios, para que todos nos beneficiemos, y para ello, desde nuestro punto de vista, no deberíamos analizar esto de lo que estamos hablando ahora mismo.

Por ello, vamos a votar en contra. Aunque estamos de acuerdo con algunos puntos de esta reflexión, nos parece que cronológicamente no estamos en el momento adecuado. Creemos que debemos tener un debate, pero no es el momento. Nos parece un tema muy complejo, por lo que, dentro de esa complejidad tenemos que encontrar el momento adecuado para dicho debate.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Evidentment compartim el contingut de fons de la moció, és a dir, que pensem que és necessari regular el procediment i delimitar les competències dels jutges de vigilància penitenciària en relació amb els tribunals sentenciadors. Tanmateix, em va causar sorpresa veure aquesta moció perquè, com ha dit ja el portaveu del Partit Nacionalista Basc fa escassament quinze dies, el propi ministre de Justícia ens va fer entrega del codi processal penal que contempla en diversos articles, als articles 636, 648, 674, 676, una part de les argumentacions que el senyor Altava feia. Per tant, ens trobem davant d’una proposta del ministeri de què això es contempli en el si del codi processal penal i, paral·lelament, amb una proposta del Partit Popular, que ens proposa una llei específica per fer això. No sé si és un problema de descoordinació o de contradicció. Des d’aquest punt de vista, nosaltres pensem que, independentment, de que les coses hagin funcionat raonablement bé, poden funcionar millor i, per tant, ens agradaria molt que en debat del codi processal penal es milloressin i es donessin respostes a insuficiències que el propis jutges de vigilància penitenciària, amb un document força extens de 150 o 200 pàgines, plantegen solucions a problemes que tenen.

Per tant, estem d’acord amb la necessitat que es millori, es delimitin les competències i es reguli el procediment, d’acord amb això. A més a més, cal tenir en compte que la moció no diu quina és l’orientació, tot i que el senyor Altava en la seva intervenció oral sí que ha dit amb quina orientació. Finalment, no té cap sentit encarregar al govern que presenti un projecte de llei a les Corts si ja el mateix ministeri de Justícia té un document de codi processal penal on contempla




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aquests aspectes. Per tant, creiem que no té sentit la moció i, des d’aquest punt de vista, tot i compartir el fons de la qüestió, votaríem en contra de la moció que planteja el Grup Popular.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Compartimos el contenido de fondo de la moción, es decir, pensamos que es necesario regular el procedimiento y delimitar las competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria en relación con los tribunales sentenciadores. Sin embargo, me sorprendió ver esta moción, porque, como ya ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, hace escasamente quince días el propio ministro de Justicia nos entregó el código procesal penal que contempla en los artículos 636, 648, 674 y 676, una parte de los argumentos que apuntaba el señor Altava. Es decir, nos encontramos frente a una propuesta del ministerio para que esto se contemple en el seno del código penal procesal y, al mismo tiempo, con una iniciativa del Partido Popular que nos propone una ley específica para hacer esto. No sé si aquí hay una descoordinación o una contradicción, pero, nosotros pensamos que, independientemente de que las cosas hayan funcionado razonablemente bien, pueden funcionar mejor. Así pues, nos gustaría mucho que en este debate del código procesal penal se diera respuesta a problemas que los propios jueces plantean en un documento extenso de 150 o 200 páginas.

Por tanto, estoy de acuerdo con la necesidad de que se mejoren las competencias y se regule el procedimiento. Además, hay que tener en cuenta que la moción no apunta nada sobre la orientación, aunque el señor Altava sí la haya mencionado. Y, por último, no tiene sentido pedir al Gobierno que presente una propuesta de ley a las Cortes si el Ministerio de Justicia tiene un documento del código judicial penal en el que ya se contemplan estos aspectos. Por ello, creemos que la moción no tiene sentido y, aun compartiendo su fondo, vamos a votar en contra de la moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies, senyor president.

A nosaltres ens sorprèn una mica que el grup que dóna suport al Govern hagi d’instar al Govern a fer res mitjançant una moció, però en aquest cas nosaltres serem una mica l’opinió contrària a la resta dels companys i donem la benvinguda a aquesta moció.

Des del nostre punt de vista, resulta evident que la legislació processal vigent en matèria penal necessita una profunda avaluació per tal d’eliminar disfuncions en matèria de competències i, en aquest cas concret, crear les atribucions correctes que, entenem, en el moment actual no hi són, la qual cosa genera moltíssima confusió i fins i tot pot generar indefensió a moltes persones.

Entenem que s’ha d’aprovar una nova Llei d’enjudiciament criminal i nosaltres anem molt més enllà. No és veritat que tinguem un esborrany del codi processal penal. Hem vist que en el programa de reformes del Govern per a l’any 2013 ja hi ha prevista una nova Llei d’enjudiciament criminal que nosaltres aplaudim. Entenem que aquí seria potser també el lloc on visualitzar aquests canvis perquè crec que hem d’anar molt més enllà i modernitzar i, sobretot, agilitzar els tràmits processals en l’àmbit penal, que és una matèria que afecta a drets fonamentals i, per tant, no és pot retardar en el temps de forma innecessària.

Actualment, el nostre criteri és que existeixen massa discordances en el moment processal en l’execució de les sentències ja que la legislació actualment no és molt clara al respecte. Per tant, amb tota aquesta argumentació, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció també perquè la moció no és molt extensa ni molt concreta quant a la manera amb què s’ha de fer ni les mesures que es proposen. Per això, perquè és molt general, crec que d’entrada hem de donar el nostre suport a l’espera de veure què es presenta en el futur en el Congrés i en aquesta Cambra i, aleshores, avaluar el contingut del que proposi el govern i decidir si es dóna suport o no, si es fan aportacions o no, etc.




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El que sí faria és un prec, al govern, i al Grup Parlamentari: en els setze mesos de govern, en matèria de justícia, jo crec que l’avaluació general és que el govern no ha estat capaç d’arribar a consensos en matèria de justícia, ni amb la resta de grups parlamentaris, ni amb els agents implicats, ni amb advocats, ni amb les Comunitats Autònomes que tenen competències delegades en la matèria, ni amb el poder judicial, ni amb el Ministeri Fiscal, etc. És evident que hi ha un malestar en l’àmbit de la justícia en aquest sentit, i vull demanar que és molt important no només parlar amb els grups parlamentaris, sinó sobretot parlar amb els advocats, que són els que estan seguint el dia a dia dels presos, que són els que estan seguint la problemàtica del dia a dia que s’està vivint en aquesta matèria.

Un cop fet aquest prec, vull demanar que legislin aquest punt amb el màxim consens possible i reitero el meu suport a l’espera de veure quin és el text que finalment presenten.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

A nosotros nos sorprende un tanto que el grupo que apoya al Gobierno deba instarle a hacer lo que sea mediante una moción, pero en este caso vamos a adoptar la opinión contraria a los demás compañeros y vamos a dar la bienvenida a esta moción.

Desde nuestro punto de vista, es evidente que la legislación existente en materia penal requiere de una profunda evaluación para eliminar disfunciones en lo que se refiere a competencias y, en este caso concreto, crear las atribuciones correctas, que no existen en el momento actual y generan mucha confusión e incluso indefensión a muchas personas.

Entendemos que debe aprobarse una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es cierto que tengamos un borrador. Hemos visto que en el programa de reformas del Gobierno para el año 2013 está prevista una nueva ley de enjuiciamiento criminal, algo que nosotros aplaudimos. De hecho, nos parece que este sería el lugar para visualizar estos cambios. Creo que tenemos que ir mucho más allá, modernizar y, sobre todo, agilizar los trámites procesales en el ámbito penal, porque es una materia que afecta a derechos fundamentales y, por lo tanto, no se puede retrasar en el tiempo de forma innecesaria.

En la actualidad nuestro criterio es que existen demasiadas discordancias en el momento procesal en la ejecución de las sentencias, ya que la legislación actual no es muy clara al respecto. Por lo tanto, conforme a toda esta argumentación, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Y también lo hacemos porque consideramos que la moción no es muy concreta a la hora de plantear medidas, es muy general, así que de entrada debemos darle nuestro apoyo. No obstante, quedamos a la espera de ver qué se presenta en el futuro en el Congreso y en esta Cámara; será en ese momento cuando podremos evaluar el contenido de lo que propone el Gobierno y cuando decidamos si lo apoyamos o no y si realizamos aportaciones o no.

Pero sí me gustaría pedir algo al Gobierno y al grupo parlamentario que lo sustenta. Tras dieciséis meses de Gobierno, la evaluación general en materia de justicia es que el Gobierno no ha sido capaz de llegar a consensos en materia de justicia, ni con los otros grupos parlamentarios, ni con los agentes sociales implicados, ni con los abogados, ni con las comunidades autónomas que tienen competencias delegadas en la materia, ni con el Poder Judicial, ni con el Ministerio Fiscal, etcétera. Es evidente que existe un malestar en el ámbito de la justicia en este sentido. Por eso me gustaría pedirles diálogo, y no solo con los grupos parlamentarios, sino también con los abogados, que son los que siguen el día a día de los presos y conocen la problemática que día a día se vive en relación con esta materia.

Una vez realizada esta petición, les pido que legislen este punto con el mayor consenso posible. Reitero mi apoyo y quedo a la espera de ver el texto final que van a presentar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista y en turno de portavoces, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.

La disyuntiva aquí está en si todo ha de tener una ley orgánica específica. A mí me parece que la respuesta de un jurista pragmático, no un jurista obsesivo con el sistema normativo para que




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todo tenga que tener una ley orgánica —por aquello de aprender también de otros sistemas jurídicos, que algo, digo yo, nos podrán enseñar, sobre todo en el caso del Reino Unido, que no ha tenido experiencia alguna de convivencia con el fascismo ni aceptación del fascismo de ninguna naturaleza, por eso cito este país—, sería la de un conjunto de textos básicos, un conjunto de principios básicos y luego confiar en cómo se interpretan y se aplican esos textos y principios básicos a la cambiante realidad de la humana condición viviendo en sociedad. Si esa humana condición es cambiante, si la convivencia en sociedad es cambiante, es imposible preverlo todo en tipos abstractos y constreñidos, de ahí que me parezca inteligente esa manera flexible de ir adecuándolo: cómo se ha interpretado antes este supuesto cuando un juez se ha visto en esta situación.

Francamente, si en el ámbito administrativo —porque a veces la duda en los asuntos administrativos está entre la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal— a mí me preguntaran si prefiero un procedimiento breve, flexible y garantizador con libertad de trámites, contestaría que por supuesto. ¿Qué necesidad hay de que todo se tenga que ritualizar, que se tenga que sentar esta parte y después se dé traslado al otro y al otro, etcétera, y que las cosas se resuelvan dos meses más tarde con un auto de cincuenta páginas en el que todos digamos: Oh, cuánto bucle, cuánto rizar el rizo para vanidad del propio escribiente, que le hado mucho al corta y pega?

Si a mí me preguntan qué prefiere usted, yo contesto: ¿Qué cree usted que es mejor para garantizar los derechos del preso? Yo no tengo experiencia como juez de vigilancia. He puesto muchas sentencias mandando gente a la cárcel y luego visitaba el centro penitenciario para ver cómo estaban aquellos que había metido en la cárcel. Sí conozco centros penitenciarios como preso por haberlo sido durante la dictadura franquista, y cómo se mide el tiempo cuando estás preso es muy distinto a cómo se mide el tiempo cuando no lo estás, porque el que te den una respuesta en el día es muy relevante cuando vas a cambiar de grado, o para una licencia o un licenciamiento, o para una libertad; es muy distinto a que te den la razón dos meses más tarde en un texto magníficamente elaborado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Habría que preguntar a los miles y miles de internos que están en las cárceles españolas que, por cierto, son de las que están más asignadas de toda Europa, están en el primer lugar —y ahora no voy a debatir el asunto sustantivo de la situación de las cárceles españolas ni los informes que se han elaborado al respecto, y no por la Unión Europea—. Por cierto, quiero decir que ayer en el debate se cometió un error al decir que el Comité para la prevención de la tortura tiene que ver con la Unión Europea, porque no es verdad; el Comité para la prevención de la tortura es un órgano del Consejo de Europa y el Consejo de Europa es una organización de cuarenta y siete países que trabajan en torno a democracias parlamentarias, derechos humanos y Estados de derecho, mientras que la Unión Europea es una criatura que nació por el trabajo del Consejo de Europa, solo la integran veintisiete y es una unión de integración, no es una unión de colaboración: derecho propio, moneda, etcétera.

Pues bien, yo no estoy hablando en términos sustantivos del sistema penitenciario ni sobre lo que planteaba en su intervención ahora doña Eva Parera —la posibilidad de evaluar algunos centros penitenciarios, por ejemplo la Modelo de Barcelona, o la situación de los incomunicados o algunas experiencias de tortura que se han dado en algún lugar incluso con condenas—, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando en términos sustantivos, estoy hablando solamente en términos procedimentales, en términos de forma. Entonces la pregunta es: ¿En el mismo día y en una hoja para tomar una decisión y poder recurrir, o dos meses más tarde y que te den la razón? Yo creo que en general los internos y los presos, las propias familias, los profesionales que trabajan en este ámbito prefieren que sea el mismo día. En definitiva, breve, flexible y garantizador.

Don Manuel, si usted en la ponencia hubiese dicho que se hiciera un texto donde se recogiera lo que ahora están haciendo —y usted antes me corrigió, no son treinta dos, son treinta y cuatro años—, lo que han estado haciendo durante treinta y cuatro años no solo los jueces de vigilancia penitenciaria en primera instancia, sino también los que confirman o revocan en segunda instancia, si eso que han construido entre todos y que ha funcionado bien treinta y cuatro años usted me lo hubiera puesto en un único papelito con la disposición adicional quinta, etcétera, si usted eso lo hubiera puesto en la moción, yo habría dicho: Aquí no hay un cheque en




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blanco, aquí se trata de poner en un texto lo que ya se ha conquistado. Pero lo que ustedes plantean no es eso. Ustedes plantean que se inste al Gobierno a presentar en las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria. Respuesta: desde el artículo 652 al 703 ya está. Eso ya está en el borrador del nuevo código procesal penal. Le digo más, en el anterior borrador de código procesal penal del anterior Gobierno también estaba. Entonces, si estaba en el anterior borrador —que decayó—, si está en este, ¿qué tiene de nuevo esto? ¿Por qué razón se plantea que algo no esté en el código, y sacar un texto distinto? ¿Por qué?

Entiendo lo de la presión expansiva. Si otros órdenes tienen su ley, los que trabajan ahí también quieren la suya. Pero es que ya la tienen, que es la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, sobre todo, el procedimiento que tienen en la actualidad lo han ido aquilatando durante tres décadas y cuatro años y nadie cuestiona este procedimiento: breve, flexible, garantizador y con libertad de trámites.

Si eso, en general, es algo positivo, no entiendo por qué razón con ese código procesal penal, ya entregado a todos los grupos parlamentarios, se plantea esto como algo ex novo, porque el propio ministro ya ha indicado que prefiere la opción del código procesal penal. Y usted sabe que le he indicado que he tenido la prudencia de llamar al ministerio para preguntar cuál es el criterio que tienen. Y el criterio es: no tenemos criterio todavía sobre ese asunto. En una situación así, sinceramente, me parece vacuo plantearnos esto, porque ya está ese borrador de código procesal penal. Si esto sirve para que hablemos de la vigilancia penitenciaria, para que alabemos el trabajo de los jueces de vigilancia penitenciaria, para que suscitemos el debate de la situación de las cárceles españolas o para que evaluemos los informes que han hecho algunos organismos europeos, bienvenido sea, no tengo inconveniente en abordar ese debate; pero como quiera que usted no ha suscitado el debate sustantivo ni el debate de contenido, sino que se ha planteado exclusivamente el asunto del procedimiento, no quiero que el presidente me diga que vaya a la cuestión, porque no hablamos de contenido sino solo del cómo se hace. Y nuestra respuesta acerca de cómo se ha hecho en estos treinta y cuatro años es que se ha hecho bien. Y si en treinta y cuatro años se ha hecho bien, no quiero cambiar lo que está funcionando bien. ¿Por qué razón? Porque, si está funcionando bien, déjemoslo como está, porque es muy posible que no lo mejoremos, incluso posiblemente lo podamos empeorar, porque lo que ya es breve, flexible, garantizador y con libertad absoluta de trámite se puede hacer de forma distinta.

Incluso, le pregunto, de los órdenes jurisdiccionales, cuál es más breve, más flexible, más garantizador y tiene más libertad de trámite que el procedimiento que tienen en la actualidad los jueces de vigilancia penitenciaria. Ninguno. Hablemos del administrativo, hablemos del laboral también si quiere. Pero si hablamos del laboral, le pido que no confunda la forma flexible de conversación en el desarrollo de las vistas laborales con el hecho de que se sienta una parte, se sienta la otra, traslado a todas las partes y entregas después el escrito. Dígame un orden procesal donde el penado pueda verbalmente decirle al juez: mire, señoría… Un lenguaje simple en el que se deduzca la voluntad impugnatoria, que es suficiente. No hace falta que se llame recurso de reforma o recurso de apelación o recurso en queja. No, con que un ser humano diga: Estoy en contra de esto o no me gusta esto, esa expresión solo en el ámbito administrativo es un recurso administrativo; en el ámbito de la vigilancia penitenciaria, ya es un recurso, porque se está deduciendo de las expresiones que utiliza el penado que está en desacuerdo con algo. Si está en desacuerdo con algo, eso ya es un recurso, aunque no tenga la forma escrita. Verbalmente, se puede conversar con el juez y decirle: Esto no me gusta o en esto estoy en desacuerdo; eso ya es un recurso. Y se hace el auto: una hoja, un solo día. Y es suficiente, porque el mecanismo sigue y tiene una respuesta breve, ágil, en tiempo y garantizadora. Me parece suficiente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Termino ya, señor presidente.

Casi me lo plantearía de forma distinta: ya me gustaría que los otros órdenes jurisdiccionales cogieran el modelo que han construido los jueces de vigilancia penitenciaria en treinta y cuatro años. Igual, si eso se hiciera así, otro gallo nos cantaría en algunos órdenes jurisdiccionales.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero agradecer a la senadora Parera, de Convergència i Unió, el voto favorable de su grupo parlamentario con respecto a esta moción. Además, creo que ha sido la única senadora que me ha entendido. Lo que he planteado aquí es abrir el debate, y ahora tendré la oportunidad de explicarlo.

Supongo que tanto el Grupo Socialista, como el Grupo Parlamentario Vasco o como la Entesa votarán a favor el día que llegue a esta Cámara el código procesal penal porque me han dicho que lo que estamos pretendiendo regular ya está en el código procesal penal. En este sentido, si están tan encantados con él, espero contar con el voto favorable de sus respectivos grupos el día que el Grupo Popular lo presente.

Si no reguláramos nada, no evolucionaríamos nada. La Ley de Enjuiciamiento Civil es una gran ley, de 1881, y hasta el año 2000 no hemos tenido otra, pero ¿por qué la tocamos si era tan buena ley? La Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, es de 1882, ¿por qué la tocamos? Porque han cambiado cosas.

La Ley Orgánica General Penitenciaria es de los albores de la democracia, de 1979, ¿y en treinta y cuatro años no ha cambiado nada? ¿No han cambiado las cosas? ¿No creen que los internos del año 1979 eran distintos a los que están en las prisiones hoy en día? ¿No creen que es necesaria una actualización, una regulación nueva? He sido juez de vigilancia penitenciaria y, como tal, les digo que sí, que se requiere absolutamente. Otra cosa es cómo lo regulemos, pero es que no hemos presentado aquí ningún texto legislativo. Ustedes me han hablado de lo que se va a regular, a pesar de que no estamos abriendo ese debate; nos limitamos a instar al Gobierno para que presente un proyecto de ley. Ahí será cuando empecemos a debatir y a hablar sobre qué es lo que queremos.

Siguiendo el orden de sus intervenciones, responderé en primer lugar al senador Bildarratz. Me dice que no es la moción que esperaban; pues bien, que hubieran presentado una alternativa, pero es que no han presentado nada y no podemos debatir ningún texto. Si no esperaban esta, que hubieran presentado una alternativa y, entonces, estaríamos hablando de algún contenido sobre el que podríamos debatir y dirimir alguna cuestión. Desconocemos qué moción les habría gustado que hubiéramos presentado.

Dice que la praxis no es incorrecta, que ha demostrado que ha funcionado durante treinta y cuatro años. ¡Faltaría más! Pero por la bonhomía de los profesionales, de los abogados, de la Administración penitenciaria, de procuradores y de jueces de vigilancia penitenciaria que han ido llevando las cosas adelante. Sin embargo, les podría poner un montón de ejemplos manifiestos.

Comentaba el senador Díaz Tejera que la petición de un interno a un juez es un recurso; y eso no es un recurso, es una petición o una queja. Si como interno solicito ser visitado por el médico y le digo al juez en la visita al establecimiento penitenciario que lo he solicitado y no me llevan, no es ningún recurso, es una petición y si el juez no me resuelve esa petición ¿qué recurso cabe? Ninguno. Lo que pasa es que el juez es buena gente, resuelve y pregunta a la Administración penitenciaria por qué no lo revisan y, entonces, la Administración ha de indicar cuáles son los motivos, etcétera. Es decir, que en el día a día se plantean mil problemas y, señorías, no están resueltos. Hay peticiones, hay quejas que no están resueltas y se deben regular. ¿Cómo? Seguidamente se lo diré.

La Ley orgánica de Poder Judicial, de 1870, funcionó muy bien hasta 1985, ciento quince años, ¿y por qué decidieron modificarla, concretamente ustedes, durante un Gobierno del Partido Socialista? Si había funcionado durante ciento quince años, ¿por qué no la dejaron? Porque, lógicamente, habían cambiado muchas cosas en esos ciento quince años en nuestra querida patria y, efectivamente, se requería una nueva regulación. Pues bien, les aseguro que ocurre exactamente lo mismo con la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Comentaba el senador Bildarratz que no le parece el momento adecuado, pero ¿cuál sería el momento adecuado para presentar esta moción? El Gobierno del Partido Popular presentó una que no se llegó a debatir e incluso yo, en la legislatura pasada, en la comisión que se celebró el 24 de noviembre de 2010, presenté esta misma moción para su debate, pero decayó porque no se llegó a plantear y ahora la hemos vuelto a retomar. ¿Cuándo le parece que será el momento




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adecuado? Creo que al momento adecuado ya llegamos tarde, porque fue hace muchos años y se debe regular.

Manifiesta que es un debate técnico, ¡y tanto que es un debate técnico! Sin embargo, no es este el momento del debate técnico; lo que les pido es la autorización para que el Gobierno traiga un proyecto de ley en el que podamos debatirlo. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¡Claro que llegará el debate técnico en el que podremos plasmar lo que pensamos todos nosotros!, pero no estamos en ese íter procedimental.

El señor Saura me comentaba que el código procesal penal ya está regulado en estos cincuenta y un artículos, y es verdad que viene mucho más regulado de lo que está ahora. Yo ya se lo he manifestado; veremos si usted vota a favor de ese código procesal penal ya que tan bien le parece que se regule ahí lo atinente a los jueces de vigilancia penitenciaria. El código procesal penal está en la línea y regula muchas cuestiones, eso sí, atinentes a las penas privativas de libertad y de medidas de seguridad, que es lo que le encarga la Ley Orgánica General Penitenciaria. Pero muchas otras cuestiones que no tienen que ver con esas penas privativas de libertad no vienen reguladas y, créanme, se necesita esa regulación, es decir, ese regular lo negro sobre blanco.

No entiende que el Grupo Parlamentario Popular pida esto. Pues, señoría, es que creemos que aquí estamos para trabajar, que el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, que el Congreso de los Diputados también tiene iniciativa legislativa y que aquí, en el Senado, también tenemos iniciativa legislativa. Por eso instamos a nuestro Gobierno a que presente esta ley que creemos es necesaria.

El senador Díaz Tejera comentaba lo siguiente: Si algo está funcionando bien, dejémoslo. Yo ya le he dicho: Haber dejado todas las otras leyes longevas y centenarias que hemos modificado. Señoría, el devenir legislativo es muy claro: vida, doctrina, derecho. Las cosas ocurren en la vida, después la doctrina científica se dedica a hablar y a escribir sobre ellas, y posteriormente el legislador las regula. Esa vida ya la tenemos en el quehacer diario de los órganos jurisdiccionales de vigilancia penitenciaria, en los centros penitenciarios, en las juntas de tratamiento, en los equipos técnicos, en los psicólogos, en los trabajadores sociales de los centros penitenciarios. Pero ese trabajar diario tiene que regularse en una ley que lo formalice y concrete todo. Pues no está hecho.

Decía Francis Bacon que la misión de los jueces es ius dicere y no ius dare. Efectivamente, la misión de los jueces es interpretar y aplicar la norma. Nosotros, como legisladores, somos los que tenemos que darles esa norma a los jueces para que puedan interpretarla y aplicarla. Y aquí esos jueces de vigilancia penitenciaria no tienen norma.

Me comentaba el senador don Arcadio Díaz Tejera que las preguntas que yo hacía se encuentran respondidas porque funcionan las cosas. ¡Claro que se encuentran respondidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal supletoriamente porque no hay una norma que lo establezca! Si no, ¿para qué tendríamos que regular también los aspectos matrimoniales, por ejemplo, que son una especificidad dentro de lo civil? Dentro del Código Civil las separaciones y los divorcios, sean de contencioso, de mutuo acuerdo o como sean no haría falta que se regularan porque es un tema civil, del mismo modo que este es un tema penal. ¡Si ya lo sabemos! Pero no basta. Los aspectos matrimoniales son muy específicos y requieren su propia legislación, del mismo modo que este es muy específico y les aseguro que requiere su propia legislación.

No pretendo cambiar la ley. Fíjese en el tenor literal de la moción. Lo que yo pretendo es plasmar negro sobre blanco aquello que funciona, y hay muchas cosas que funcionan, es verdad. Lo que yo pretendo es plasmar lo que ahora funciona en papel —y en su momento veremos lo que hay que hacer—, en texto legislativo, para que sea de obligado cumplimiento y para que los jueces no tengan que reunirse todos los años o bianualmente, como se hace en ocasiones, para ir aprobando esos criterios de actuación uniformadores de aquello que no está regulado, y pregúntese al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia qué debemos hacer, quién tiene competencias para esto, si el tribunal de instancia, el tribunal sentenciador o nosotros, porque no está resuelto. ¡Si es que lo ponen de manifiesto! Así evitaríamos que todas estas cosas se produjeran.

Por último, les aseguro que con la presentación de la moción lo que pretendo es realzar la función del juez de vigilancia penitenciaria, que se reconozca la gran tarea que se realiza por la




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Administración penitenciaria, por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en los centros penitenciarios y por los jueces de vigilancia penitenciaria, que son muy específicos dentro de ese ordenamiento penal y, desde luego, se les debe reconocer ese texto legislativo.

Yo les pediría que hicieran una nueva reflexión y que se sumaran a abrir el debate de esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular para que reconocieran y entendieran que existe esa necesidad pretendida por todos los órganos jurisdiccionales, y, por supuesto, les pido su voto favorable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

LLamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 158; en contra, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA UNA EFECTIVA GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES.

(Núm. exp. 662/000080)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Mariscal e Iglesias. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.— Pausa.)

Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores.— Pausa.)

Señorías, no vamos a dar comienzo al debate de la moción hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa.)

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

El Grupo Socialista trae al Pleno esta moción que pretende que nuestro Sistema Nacional de Salud vuelva a ser universal, público, gratuito y sin exclusiones, que garantice la igualdad, la equidad y la cohesión en todo el territorio español, contando, como no podía ser de otra forma, con la implicación de pacientes y profesionales, cuyos cambios y mejoras deben encaminarse hacia su reforzamiento y no al desmantelamiento, como está ocurriendo ahora.

Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo referencia al caso de Adrián García, un joven de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, intervenido de una operación de rodilla. Tras la operación le colocaron una prótesis que por orden de la Conselleria de Sanidad se le retiró por no poder pagar 152 euros que costaba esa prótesis. La última noche Adrián —y leo textualmente— la pasó con fuertes dolores y calmantes. Él reconoce que el dolor no le viene por la falta de prótesis, el dolor está en la cabeza, y explica: «La Administración ha ordenado retirarme una prótesis que ya tenía colocada por cuestiones económicas». Sí, señorías, eso está pasando en mi comunidad, por cierto, gobernada por el Partido Popular desde hace más de dieciocho años. Señorías, en mi comunidad tenemos circuito de Fórmula 1, tenemos aeropuertos sin aviones, tenemos copa de vela, tenemos Ciudad de la Luz en venta, y no tenemos 152 euros para un paciente que no puede, ni él ni su familia, pagar una prótesis externa, una ortesis. Señorías, lamentablemente hay muchos Adrianes en Valencia y en toda España. También hemos tenido conocimiento de la muerte de un ciudadano senegalés en Mallorca, que —según se ha conocido por los medios de comunicación— no habría recibido la adecuada atención sanitaria por el simple hecho de no tener una tarjeta, por




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el simple hecho de ser inmigrante. Al parecer, como les decía, enfermo de tuberculosis, una enfermedad contagiosa y fácilmente transmisible. ¿Se han preguntado cuántas personas han podido contraer la enfermedad?

Empiezo así mi intervención porque las decisiones que se toman en Sanidad, señorías, afectan a personas con nombres y apellidos, y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de humanización. Porque no se pude hablar de una atención sanitaria de calidad y en condiciones si no es una sanidad humana, y estos son dos casos muy concretos de deshumanización de la sanidad. No podemos permitir bajo ningún concepto que se produzcan situaciones como las que he descrito, porque son muy ilustrativas de lo que está pasando, por desgracia, en nuestro país.

Hace un año que el Gobierno del Partido Popular, utilizando el rodillo de sus votos, aprobó en solitario el Real Decreto-Ley 16/2012, para garantizar la sostenibilidad y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El nombre en sí es una burla. El nombre es una burla a la inteligencia de las personas, porque en realidad es un decreto de recortes y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud; un decreto sin consenso social, ni político, ni científico. Les advertimos hace un año que era un decreto injusto, que tendría graves consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente para las más vulnerables: nuestros mayores, los enfermos crónicos, los que padecen enfermedades raras o minoritarias; en definitiva, los grupos de población más enfermos y dependientes. Y ustedes erre que erre en su error. Como decía Confucio: quien comete un error y no lo corrige, comete otro aún mayor.

Les dijimos que era un decreto inmoral porque excluía de la cobertura sanitaria a cientos de miles de personas, con grave riesgo para la salud de esas personas, y, como les he dicho, para la salud de los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas.

Como les decía, esta decisión, adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad, con graves repercusiones tanto en la cohesión social de nuestro país como en la salud pública.

Y hoy, transcurrido un año desde que se aprobó este real decreto, podemos afirmar que constituye la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia y la mayor agresión a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido apartados del sistema o se han autoexcluido por falta de medios. Sí, señorías, limitar el derecho a la salud a alguno de los colectivos más vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria, implica romper uno de los principios básicos, uno de los principales consensos que en los últimos veinticinco años han guiado la política sanitaria de nuestro país, la universalidad de la atención sanitaria. Hemos pasado de un sistema universal, como dijimos cuando hablamos de este real decreto, a un sistema de aseguramiento, en algunos casos a un sistema de beneficencia, que ya teníamos muy lejano en el tiempo en nuestro país.

Por otro lado, es totalmente insólito que el Gobierno no haya atendido el criterio de los profesionales. Todos los colectivos de profesionales, sociedades científicas y ONG han manifestado que se trata de una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los profesionales ante un dilema ético al no poder asegurar la continuidad del tratamiento y cuidado de sus pacientes.

Paradójicamente, y a pesar de la insistencia de la señora ministra en definir como uno de los objetivos la homologación de las prestaciones en el territorio nacional, el real decreto ha venido a suponer un desequilibrio territorial importante, un claro retroceso. Hay comunidades que cubren a los inmigrantes y otras no. Hay comunidades que hacen eficaz el tope del copago farmacéutico y otras no. Se ha confirmado lo que nuestro grupo y muchísimos sectores de nuestra sociedad les habíamos anunciado. El nuevo copago farmacéutico está operando como un elemento disuasorio en la adquisición de medicamentos para los pensionistas, para los enfermos crónicos, para los pacientes con enfermedades raras o minoritarias por la única razón de que en muchas ocasiones no los pueden pagar.

Señorías, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, hay más de 100 000 pensionistas a los que no se les ha devuelto el dinero que adelantaron a la conselleria desde hace más de ocho meses. Es decir, los pensionistas de mi comunidad están realizando un préstamo, están financiando a la Generalitat valenciana. Realmente, esto es indignante. Realmente, esto es intolerable. Cuando en otras comunidades —y citaré a la comunidad andaluza porque sé que los senadores y senadoras del Grupo Popular valoran mucho la política sanitaria de la Junta de




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Andalucía— si un pensionista llega al tope de los ocho o dieciocho euros ya no tiene que pagar más. Miren si hay diferencias entre unas comunidades gobernadas por el Partido Popular y otras gobernadas por el Partido Socialista.

Al copago farmacéutico tenemos que añadir el medicamentazo, con la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos que tienen eficacia porque los recetan los médicos, eso sí, los receta el médico pero el enfermo los tiene que pagar. Y en contra de lo que afirmó la ministra, han aumentado el precio como media más del 50%; algunos, como la cloperastina, por poner un ejemplo, un medicamento para la tos, ha aumentado el 189%, o la acetilcisteína, un mucolítico, cuyo aumento es del 122%. Señorías, todos y todas los que estamos aquí, cuando tenemos tos nos compramos un jarabe. Nosotros lo podremos pagar, pero muchos ciudadanos y ciudadanas no se pueden permitir para ellos el lujo de comprarse ni tan siquiera un jarabe para la tos. (Aplausos.)

Les podría poner muchos ejemplos de lo que sucede en la vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de lo que ustedes no quieren ver, de lo que a la señora ministra no le consta, no sabe, no contesta, pero les voy a poner uno que me afecta personalmente: yo utilizo un colirio que vale 6 euros y que dura una semana; pues bien, al mes, son 24 euros, simplemente un colirio. Yo lo puedo pagar, y ustedes también, pero mucha gente no puede pagar ni un colirio. Esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país, les guste o no.

Señorías, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha emitido un informe en el que refieren que el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento. El resultado es que por unas razones u otras los enfermos en general y los pensionistas en particular deben optar por adquirir unos u otros medicamentos sobre la base de un único criterio: su precio y su capacidad para poder comprarlos.

Así, cuando el ministerio anuncia los datos del ahorro farmacéutico que ha supuesto esta medida realmente es una tomadura de pelo porque pretende que ignoremos que en realidad lo que se ha hecho es trasvasar el gasto al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, incluso poniendo en riesgo su salud. Como les parecía poco el copago farmacéutico y el medicamentazo, también han implantado el copago en el transporte sanitario no urgente, en material ortoprotésico, en la dietoterapia, etcétera. Es gravísimo, señorías, porque todo esto lo prescribe un profesional, y no se utiliza por capricho; son enfermos oncológicos, con cáncer, que tienen que recibir un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, o enfermos que deben recibir un tratamiento de hemodiálisis, etcétera. Señorías, lo que está pasando es realmente intolerable. Pronto nos cobrarán hasta por respirar; sí, sí, por respirar, porque ya hay restricciones e incluso problemas con la oxigenoterapia.

El argumento de la ministra y de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular es la herencia recibida. Llevamos un año oyendo la misma cantinela: que han tenido que hacer estas reformas que no querían porque son muy duras, la cantinela de los 16 000 millones de euros. Señorías, ya está bien.

Todos sabemos que son razones ideológicas las de ese real decreto ley, porque la realidad es que solamente en el año 2012 ya había una deuda acumulada de más de 8000 millones de euros, en un año de Gobierno del Partido Popular, el 56% de la deuda acumulada en los cinco años anteriores. Por tanto, ya está bien. Y, por cierto, a las farmacias de la Comunidad Valenciana les deben 480 millones de euros, ya ha habido huelgas y vamos a continuar con ellas si no se les paga.

Hasta el informe del Defensor del Pueblo les pone la cara roja porque dice que las quejas recibidas en sanidad se han multiplicado por tres en el año 2012, y que hay un punto de inflexión en las quejas. Antes los ciudadanos hablaban de calidad y de excelencia y ahora todas las quejas se refieren a los copagos y a la falta o dificultad de acceso a determinadas prestaciones.

Señorías, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción porque hoy es más oportuna que nunca. La moción es muy clara, pretende la derogación del Real Decreto 16/2012. Y hay algo que considero muy importante, y es que nos sentemos en el seno de la Comisión de Sanidad, con amplia participación de expertos, de profesionales y de políticos y decidamos qué medidas hemos de adoptar para que nuestro sistema sanitario continúe siendo público, universal, de calidad, sin recortes y que no merme el derecho a la salud de todos los españoles y españolas.

Por eso, señorías, si de verdad creen en la sanidad pública, les pido que aprueben esta moción, porque los ciudadanos y ciudadanas se lo agradecerán; no el Grupo Parlamentario




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Socialista, que es el que ha propuesto esta moción. La hemos presentado porque es el sentir de la calle, el sentir de los miles y miles de ciudadanos que les están diciendo que esto no puede continuar así.

Muchísimas gracias. Espero contar con su voto a favor. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Vamos a respaldar la moción a la que hemos formulado una enmienda que entendemos que completa el texto planteado. Respaldaremos la moción porque compartimos la necesidad de dar respuesta a la quiebra del principio de universalidad en la asistencia sanitaria y porque rechazamos las fórmulas de copago.

Ayer hablábamos en el debate de otra moción del incremento de las desigualdades, y en esta materia también podemos seguir abundando, vinculándolo todo a una reflexión sobre la curiosa paradoja, fruto de la contradicción en la que se mueve el planteamiento ideológico del Partido Popular a la hora de articular una política global para todo el Estado. Ayer decíamos que se incrementaban las desigualdades entre los favorecidos y los desfavorecidos, que se producían desigualdades dentro de los desfavorecidos según el territorio en el que se asentaban, y lo mismo podemos decir respecto de la asistencia sanitaria. La quiebra del principio de universalidad como marco se ha producido en la norma aprobada por el Gobierno de la nación, pero ha tenido traducciones diferentes en las comunidades autónomas en relación con aquellas que han buscado mecanismos alternativos para soslayar esta ruptura. También a nivel personal, la declaración de insumisión de algunos profesionales médicos, incluso en aquellas comunidades autónomas en las que se asumía la quiebra del principio de universalidad, ha dado lugar a tratamiento desigual.

El Partido Popular, desde una perspectiva ideológica, pretende amoldar el Estado de las Autonomías —y utilizo un término deliberadamente ligh— en un proceso de recentralización que resulta más ajustado a sus valores y principios ideológicos, pero la paradoja y la contradicción se da cuando en la búsqueda de ese proceso de recentralización se renuncia a utilizar aquellos mecanismos o instrumentos que están en manos del poder central para garantizar tratamiento homogéneo al conjunto de los ciudadanos, vivan en la comunidad autónoma en la que vivan. Ayer lo veíamos en relación con los servicios sociales y hoy lo podemos ver en materia sanitaria.

Digamos que dentro de esta contradicción ideológica o de esta paradoja obviamente priman los aspectos más directamente relacionados con la economía, con la alternativa al Estado de bienestar, frente a aquellos que buscan perfilar un nuevo modelo de Estado. Por eso hemos presentado la enmienda, para intentar corregir la renuncia del Gobierno de la nación a jugar el papel de garantía de derechos, de garantía de mínimos de atención en todas las comunidades autónomas; busca que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado precisamente en torno a aquella partida presupuestaria que tenía como finalidad que la Administración central articulara iniciativas que fueran garantía suficiente de homogeneidad en la atención sanitaria: el fondo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Porque el Estado no puede renunciar a esa función de ser garante —en materia sanitaria tampoco— de una atención con mínimos homogéneos en el conjunto de las comunidades autónomas, menos aún cuando a esas comunidades autónomas se les está empujando a realizar ajustes y recortes que tienen traducción inmediata en materia de asistencia sanitaria. No vale la excusa —que yo he escuchado de forma directa de algún responsable gubernamental— de que el nuevo modelo de financiación debe proveer a las comunidades autónomas de recursos suficientes para garantizar la financiación de forma adecuada de las competencias que les han sido transferidas, porque eso es falso.

Los problemas del sistema sanitario empezaron ya en el momento de las transferencias de las competencias sanitarias, cuando se realizó una cicatera valoración de las mismas por el Gobierno responsable entonces de ellas. A partir de ahí, de que la valoración de esas transferencias sanitarias fue insuficiente para el coste real, empezó a padecer las crujías el sistema público de sanidad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Concluyo, señor presidente.

Cuando se superó la fase de la financiación —a partir de la valoración de las competencias— y se fue hacia un sistema general de financiación, tampoco se consiguió el resultado de garantizar los recursos suficientes. Por eso estamos ahora, en plena crisis, debatiendo la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Llinares para indicar si acepta o no la enmienda.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero decir que nos parece oportuna la enmienda, que la vamos a aceptar y que mejora el texto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervención.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatariok. Egun on, presidente jauna.

Yo quiero hacer un par de reflexiones a los dos puntos que contiene la moción, pero primero quiero hacer un recordatorio. Yo recuerdo que la primera intervención que tuve en esta Cámara respecto a este tema fue por una iniciativa del senador Lertxundi, y se habló de la tuberculosis. Aquí hubo una especie de carcajada, que a mí personalmente me sentó muy mal. Yo no soy tisiólogo, y no hay tisiólogos ya en este país gracias a Dios. No había tisiólogos en este país, pero estaba claro que si sacábamos del Sistema Nacional de Salud a aquellos pacientes que podían tener enfermedades que no podíamos controlar —porque venían de otros países— esto iba a suceder. Y ha sucedido con la tuberculosis y esperemos que no suceda con otro tipo de enfermedades para las que no estaríamos ni preparados, lo cual, a lo mejor, supone que tengamos que volver a recuperar la especialidad de tisiología, que ya no existe en este país hace muchísimos años.

Ayer nosotros decíamos que, según la OCDE, la manera óptima de mejorar las situaciones de desigualdad y de aumentar la cohesión social era precisamente —y es una de las recomendaciones que hacía la OCDE— mantener los servicios públicos gratuitos y de calidad —en este caso, la sanidad—. Y creemos que el Real Decreto Ley 16/2012 va un poco en contra de este criterio y además de forma injusta en el caso de la sanidad de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, y pone en peligro lo que hemos conseguido con el esfuerzo de muchos años: mantener una sociedad más cohesionada, más equilibrada, y, por lo tanto, también tener unas ciertas fortalezas frente a los momentos terribles como los que estamos viviendo. Y digo de forma injusta porque se nos han impuesto el euro por receta y otros copagos.

Yo quiero recordar que en 2011 la deuda de la sanidad pública del Estado español era de 16 000 millones de euros, y de esos 16 000 millones de euros, 80 millones de euros correspondían a la sanidad vasca y 50 millones de euros correspondían a la sanidad navarra. Por lo tanto, evidentemente, los 80 millones —de los 16 000 millones— no creo que fueran los grandes responsables del desfase que había en la sanidad, y tenemos que aplicar por decreto y por sentencia del Tribunal Constitucional —un tribunal que ya todo el mundo cuestiona como tribunal jurisdiccional, porque es un tribunal político— el euro por receta y el resto de copagos. Esto pone en riesgo el statu quo que tenemos, además ha supuesto una invasión competencial terrible porque la Comunidad Autónoma Vasca, como otras comunidades autónomas, tiene competencias exclusivas en sanidad. Por lo tanto, nos invaden las competencias, nos mueven el statu quo y encima no sirve para solucionar problemas. Porque estamos teniendo problemas con la tuberculosis, pero también hemos tenido problemas con el tratamiento del sida de enfermos




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extranjeros que venían de otras comunidades, porque ha habido una avalancha —creo que ya está solucionado, pero no estoy seguro, todavía tenemos que ver las cifras—. Eso en cuanto al punto 1. Por lo tanto, nosotros hemos estado y estamos de acuerdo con que el Real Decreto 16/ 2012 no soluciona el problema. No sirve exactamente para lo que se dice que servía, para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.

Le diré en cuanto al punto 2, senadora Llinares, que, en nuestro caso, quienes tienen que hacer esta reflexión son las instituciones vascas, precisamente porque tenemos competencias plenas en este sentido. Cuente con nosotros, usted y el Gobierno y todo aquel que quiera, con el apoyo de nuestro grupo, para, a través de la Comisión de Sanidad de esta Cámara o en cualquier otro foro, hablar de la reforma de la sanidad en serio, en serio y sin apriorismos de ninguna clase, o sea, planteándonos reformar lo que haga falta para poner la salud del paciente, la salud de los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el centro de la discusión. Habríamos de definir qué servicios y terapias tenemos que ofrecer y cuál es el mejor sistema de gestión, sin ningún tipo de apriorismo, para llevar a cabo de la mejor manera posible, de la manera más adecuada y de la manera más sostenible y económica, evidentemente, todo eso que podemos diseñar como servicios. Porque, al final, nos podemos encontrar de nuevo discutiendo las políticas más convenientes para la administración, para el sector y para los profesionales cuando en realidad lo que tenemos que discutir es cómo mantenemos en el mejor estado de salud posible a los ciudadanos, sea como sea, y en algunos casos tendrá que ser de una manera y en otros de otra, pero ni todo lo público con personal estatutario es maravilloso ni todo lo privado, lo subcontratado es malo. Hay que buscar el sistema equilibrado, y en eso nosotros también estaremos. Por lo tanto, senadora Llinares, le anuncio que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Crec que a ningú li sorprendrà la posició que defensaré. El meu grup, des del primer moment, ha estat en contra del reial decret. Nosaltres el que ens proposem aquesta legislatura és parlar de persones i parlar de drets. Persones que pateixen les seves polítiques i drets que algunes d’aquestes persones estan perdent.

Començaré pel dret a l’assistència sanitària, que ens va canviar a tots amb l’entrada en vigor del reial decret de què es parla a aquesta sessió: el Reial Decret 16/2012. Aquest reial decret va ser una sorpresa, bàsicament perquè com vostès recorden es va anunciar deu dies després que s’haguessin retallat uns pressupostos, els primers pressupostos que aprovava el Partit Popular, un 7% les partides sanitàries i aleshores es va anunciar una retallada de 7 000 milions més que venia estipulada per aquest reial decret, que es va aprovar a l’abril.

En aquest decret, el primer que ens va deixar a tots bocabadats, va ser que per primera vegada canviaven el que era el sistema sanitari, tal com l’havíem entès fins ara: universal, gratuït i accés a tots els ciutadans. I ho canviaven perquè passava senzillament a ser un sistema per aquelles persones que havien estat assegurades, és a dir, que havien cotitzat a la Seguretat Social. Això va general molt en renou, entre d’altres coses perquè en el primer Reial decret que va sortir, no hi havia inclosos ni els majors de 26 anys, ni les dones divorciades, ni, per suposat, els ciutadans en situació irregular, els immigrants en situació irregular. Això va fer que tinguessin que polir tots aquests serrells amb diversos documents i que finalment ho anessin adreçant a mesura que sortia una notícia en la premsa, el que demostrava que vostès s’havien precipitat a prendre aquestes mesures sense analitzar quines conseqüències tenia.

Però no només es va acabar aquí, si no que el reial decret tenia moltes més sorpreses, i una d’elles va ser el copagament farmacèutic per part dels pensionistes. Vostès van explicar que era una qüestió de progressivitat. No s’han cansat d’explicar-nos a tots i de dir-nos que la progressivitat es manté perquè aquell pensionista que te una bona pensió cotitza els seus medicaments, i, en canvi, un aturat no paga els seus medicament. Però això no és ben bé veritat. És ben fàcil, només han d’anar a les farmàcies i preguntar què passa si vostè està aturat. Doncs que el farmacèutic mira l’ordenador i la renda que li consta és la de fa dos anys. Fa dos anys, de 6 milions d’aturats,




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hi havia molts que afortunadament tenien feina. Per tant, en una primera instància han de pagar els seus medicaments, i si volen deixar de pagar-los han de fer una peripècia que, depenent de la comunitat, porta de vegades més mesos o menys mesos. Això d’una banda, perquè vostès van decidir que amb aquesta progressivitat la sanitat seria més justa i equitativa, i els ciutadans que poguessin serien aquells que tinguessin més diners, però no és així, i en qüestió de farmàcia, aquell ciutadà que paga és aquell que està més malalt.

També en aquesta caixa de sorpreses ens van dir que les pròtesis —com acaba d’explicar molt bé en un exemple la senadora Llinares— a partir d’ara s’haurien de copagar. També els transports sanitaris per anar a fer diàlisis, també els transports sanitaris per anar de l’hospital a casa, per rebre depèn de quins tractaments. Tot això que vostès van considerar que era una qüestió progressiva i que realment eren molts pocs diners, aquells que la gent havia d’aportar, ha acabat sent un gran trencament de l’equitat del nostre sistema sanitari, i, malauradament, avui la senadora Llinares ens ha portat dos exemples: un exemple d’un ciutadà que no tenia dret a una pròtesis, i un exemple d’un altre ciutadà —un immigrant en aquest cas— que tenia —com molt bé ha explicat— una malaltia que ha acabat sent terminal.

I, a més a més, aquest reial decret no respectava les competències de les comunitats autònomes. Ja ho va dir el Consell de Garanties Estatutàries, que és el què en matèria de competències fixa l’Estatut de Catalunya, va dir que aquest Decret realment se saltava competències que ja estaven fixades en el nostre Estatut. Sempre ens ha sorprès per què Convergència i Unió no va portar aquest recurs al Tribunal Constitucional, com sí va fer Andalusia o Astúries, i van ser acceptats pel Tribunal Constitucional. Però independentment d’això, van fer una cosa pitjor, i és que van estrènyer més les comunitats autònomes perquè tinguessin més dificultats en recursos i, per tant, amb la prestació sanitària.

L’any passat, si vostès ho recorden, no van compartir ni el punt del dèficit que el Govern va tenir de marge, que li va donar la Comunitat Europea. Moltes vegades jo crec que vostès consideren que per fer sostenible un sistema sanitari públic el que cal és retallar-lo. Jo no hi estic d’acord. Ni el meu Grup tampoc. I sí que comparteixo amb el senador del PNV, que el que hem de fer és que sigui un sistema més eficient, però això no vol dir retallar drets, com vostès han estat fent. A Catalunya, com saben, jo no estic d’acord amb la política sanitària que s’està duent a terme, però sí que he de reconèixer que el conseller Boi Ruiz diu la veritat —una veritat que de vegades a mi no m’agrada. Una veritat que de vegades li causa problemes, però diu la veritat.. I darrerament en un esmorzar va dir: Amb les retallades que hem aplicat s’han lesionat interessos dels professionals. Evidentment, dinou hospitals catalans han hagut de fer un ERE. Hi ha hagut una devaluació interna del sistema i els ciutadans han hagut de fer sacrificis, com l’augment de la llista d’espera. Doncs, de la mateixa manera que quan el senyor Boi Ruiz també en una entrevista també va dir prefereixo una tassa per visita que augmentar els impostos, també deia la veritat, ara també ha dit la veritat. Ha reconegut que les seves polítiques han tingut unes conseqüències i això l’honora perquè encara la ministra ni ningú de vostès ha sortit aquí a reconèixer que aquestes polítiques tenen conseqüències i que de vegades aquestes conseqüències potser no són les que vostès esperaven, però són les que hi ha.

Deixi’m, per anar tancant la meva intervenció recordar-los que el darrer CIS de l’abril ens torna a dir quines són les preocupacions dels ciutadans del nostre país, en global la sanitat ha passat a la cinquena posició. Malauradament l’atur encapçala aquesta llista, els problemes econòmics, la corrupció, és el segon problema per als espanyols, i la política general és el quart problema per als espanyols. Però quan els hi pregunten quins problemes li afecten a vostè personalment, en el seu dia a dia, tornem a tenir la sanitat en tercer lloc.

I quan els hi deia que jo volia parlar de persones i de drets, era per fer la reflexió de què cada vegada que vostès fan un Decret Llei afecta directament a les persones, a totes les persones, les que coneixem i aquelles que no coneixem —les invisibles—. I alguns d’aquests decrets, seria bo que els rectifiquessin, perquè de vegades la gent s’equivoca, i en aquest cas, jo i el meu Grup considera, que vostès es van equivocar passant d’un sistema universal com el que teníem, que garantia moltíssim la sanitat i la salut pública per la majoria dels ciutadans, a un sistema on cada cop anirem trobant que les desigualtats es van engrandint.




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Diuen els estudiosos que els sistemes que inverteixen en sistemes públics tenen societats més igualitàries. Nosaltres estem convençuts d’això i per tant sempre treballarem per què les persones sempre puguin tenir els màxims drets.

Per tant, el grup de l’Entesa donarà suport a aquesta moció.

Moltes gràcies.

Creo que a nadie le va a sorprender la posición que voy a defender. Mi grupo desde el primer momento ha tenido una posición en contra del real decreto. Nosotros nos proponemos en esta legislatura hablar de personas y de derechos, de personas que sufren sus políticas y de derechos que algunas de estas personas están perdiendo.

Voy a empezar por el derecho a la asistencia sanitaria que nos cambió a todos con la entrada en vigor del real decreto del que hablamos en esta sesión, el Real Decreto 16/2012. Este real decreto fue una sorpresa, básicamente porque, como ustedes recuerdan, fue anunciado diez días después de que se hubieran recortado los primeros presupuestos aprobados por el Partido Popular un 7% en las partidas sanitarias. En aquel entonces se anunció un recorte de 7000 millones más, estipulado por este real decreto aprobado en el mes de abril.

De este decreto, lo primero que nos dejó a todos con la boca abierta fue que por primera vez cambiaban el sistema sanitario tal y como lo habíamos entendido hasta ahora: universal, gratuito y de acceso a todos los ciudadanos; lo cambiaban porque pasaba a ser sencillamente un sistema para aquellas personas que estaban aseguradas, es decir, que habían cotizado a la Seguridad Social. Esto generó realmente una conmoción, porque en el primer decreto no quedaban incluidos ni los mayores de 26 años ni las mujeres divorciadas ni los ciudadanos en situación irregular, los inmigrantes en situación irregular. Esto hizo que tuvieran que pulir todos estos flecos en distintos documentos y que, al final, fueran organizándolo a medida que aparecía esto en la prensa, lo que demostraba que se habían precipitado a la hora de tomar estas medidas sin analizar cuáles serían las consecuencias que tendría.

Esto no acabó así, sino que el real decreto tenía muchas más sorpresas, una de las cuales fue el copago farmacéutico por parte de los pensionistas. Ustedes explicaron que se trataba de una cuestión de progresividad; no se han cansado de explicarnos a todos que la progresividad se mantiene porque el pensionista que goza de una buena pensión puede acceder a esos medicamentos y una persona en el desempleo no paga esos medicamentos. Pero no es verdad, vayan a las farmacias y pregunten qué sucede si usted está parado. Pues se analiza en el ordenador y la renta que aparece es la de hace dos años; hace dos años, de esos 6 millones de parados, por suerte muchos tenían trabajo. Es decir, que en una primera instancia tienen que pagar sus medicamentos, y si quieren dejar de pagarlos tienen que realizar una pericia, que, según la comunidad, puede tardar más o menos meses. Esto por un lado. Porque ustedes pensaron que con esta progresividad la sanidad sería más justa y equitativa, y los ciudadanos que pagarían serían aquellos que tuvieran más dinero. Pero no es así, y en la farmacia el ciudadano que paga es aquel que está más enfermo.

También en esta caja llena de sorpresas nos dijeron que las prótesis —como nos acaba de explicar muy bien con un ejemplo la senadora Llinares— a partir de ese momento iban a tener que copagarse, así como los transportes sanitarios para realizar diálisis, los transportes sanitarios para trayectos del hospital a casa, para recibir determinados tratamientos. Todo esto que ustedes consideraron que era algo progresivo y que en realidad sería poco el dinero que tendría que aportar la ciudadanía ha acabado siendo una ruptura de la equidad de nuestro sistema sanitario. Y hoy la senadora Llinares nos ha traído dos ejemplos, desgraciadamente: uno de un ciudadano que no tenía derecho a una prótesis y otro de otro ciudadano —en este caso un inmigrante— que tenía —como muy bien ha explicado— una enfermedad que ha acabado siendo terminal.

Además este real decreto no respetaba las competencias de las comunidades autónomas, y así lo dijo el Consejo de Garantías Estatutarias, que es el que en materia de competencias fija el Estatuto de Cataluña. Dijo que este decreto se saltaba competencias que ya habían sido fijadas en nuestro estatuto. Siempre nos ha sorprendido por qué Convergència i Unió no llevó este recurso al Tribunal Constitucional, como sí hicieron Andalucía o Asturias y fueron aceptados por el Tribunal Constitucional. Pero, independientemente de este punto, hicieron algo peor, y es que apretaron




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aún más a las comunidades autónomas para que tuvieran más dificultades en recursos y, por lo tanto, en la prestación sanitaria.

Si se acuerdan ustedes, el año pasado no compartimos el punto del margen del déficit del Gobierno que le dio la Unión Europea.

Muchas veces ustedes consideran que para hacer sostenible un sistema sanitario público lo que debe hacerse es recortar ese sistema. Yo no estoy de acuerdo, ni mi grupo, y sí comparto con el senador del PNV que lo que debemos hacer es lograr que sea un sistema más eficiente. Pero esto no significa recortar derechos como ustedes han venido haciendo. Como saben, yo no estoy de acuerdo con la política sanitaria que se está llevando a cabo en Cataluña, pero debo reconocer que el conseller Boi Ruiz dice la verdad —una verdad que a veces a mí no me gusta, una verdad que a veces le genera problemas, pero dice la verdad—. Hace poco, en un desayuno dijo: Con los recortes que hemos aplicado se han lesionado intereses de los profesionales. Evidentemente, diecinueve hospitales catalanes han tenido que realizar un ERE, ha habido una devaluación interna del sistema y los ciudadanos han tenido que realizar sacrificios como el aumento de las listas de espera. Cuando el señor Boi Ruiz en una entrevista dijo que prefería una tasa por visita que aumentar los impuestos estaba diciendo la verdad, y ahora lo ha vuelto a decir: ha reconocido que sus políticas han tenido unas consecuencias. Esto le honra, porque ni la ministra ni nadie de ustedes ha salido aquí a reconocer que estas políticas tienen consecuencias, que a lo mejor no eran las que ustedes esperaban pero son las que existen.

Permítanme que cierre mi intervención recordándoles que en el último CIS del mes de abril se repiten las preocupaciones de nuestros ciudadanos en el país, y la sanidad ha pasado, en el global, a la quinta posición. Lamentablemente, el desempleo está a la cabeza de esta lista, los problemas económicos; la corrupción es el segundo problema para los españoles y la política general es el cuarto. Pero cuando se les pregunta cuáles son los problemas que les afecta personalmente en su día a día, vuelve a aparecer la sanidad como el tercer problema.

Cuando les decía que quería hablar de personas y de derechos era para realizar esta reflexión: cada vez que ustedes formulan un real decreto ley, afecta a todas las personas, a las que conocemos y a aquellas que no conocemos —a las invisibles—. Sería positivo que rectificaran algunos de estos decretos, porque, en ocasiones, la gente comete errores. En este caso, tanto mi grupo como yo consideramos que ustedes se equivocaron y pasaron de un sistema universal, como el que teníamos, que garantizaba la sanidad y la salud pública para la mayoría de nuestros ciudadanos, a un sistema en el que vamos a ver que las desigualdades aumentan cada vez más.

Dicen los estudiosos que los sistemas que invierten en sistemas públicos tienen sociedades más igualitarias, nosotros estamos convencidos y, por tanto, siempre vamos a trabajar para que las personas tengan los máximos derechos.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Entesa votará a favor de esta moción.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.

Senyories, molt bon dia a tothom.

Efectivament, fa un any de l’aprovació del Reial Decret de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Al llarg d’aquest període, de tot aquest any, s’ha generat un important debat sobre si aquesta decisió, aquesta nova normativa, ha estat o no encertada. I la veritat és que la reforma no ha deixat a ningú indiferent.

En la mateixa exposició de motius de la moció fan referència a ciutadania, professionals, moltíssima gent, que es manifesta sovint per queixar-se sobre la reforma i també sobre altres aspectes, altres canvis que hem patit darrerament. I és evident que existeixen, doncs, posicionaments extremament contraris, diferents, respecte a algunes de les mesures que han estat preses a través d’aquest reial decret.

Des del nostre grup, i molt humilment, creiem que no es pot fer una valoració genèrica del Reial Decret, seria fer una valoració possiblement massa a la lleugera. En tot cas, creiem que s’hauria de fer una anàlisi més profunda de les diferents mesures que componen aquest Reial




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Decret. D’una banda —i no els sorprendrà—, és conegut que des del nostre grup coincidíem en l’objectiu, en el fons, que perseguia el reial decret llei en el moment de la seva aprovació. Defensàvem, i defensem, la necessitat de prendre mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Per mantenir l’estat del benestar, deia el senador Cazalis, tal com la meva generació l’hem conegut, és necessari i urgent fer reformes de tot tipus. Això passa també per fer canvis en el Sistema Nacional de Salut, que tot i excel·lent, molt bo en servei, està clarament infrafinançat, tant a nivell estatal com de les comunitats autònomes. Per tant, és insostenible.

La situació requeria posar en marxa mesures urgents per assegurar, com dèiem, la sostenibilitat d’aquest sistema sanitari públic i dels seus principis bàsics. A Catalunya ho vam començar a fer un any abans del canvi de govern estatal i enteníem, i defensàvem, que es prengués aquesta mateixa decisió per a la resta de l’Estat espanyol. Però la nostra sorpresa, i en realitat la de la majoria de grups parlamentaris, va ser veure com més enllà de l’establiment de mesures que permetessin fer de l’eficiència i de l’eficàcia dos pilars fonamentals d’aquest nou sistema de salut que es podia plantejar, el que en realitat es feia era un autèntic canvi de model sanitari. Amb un sol reial decret llei es carregaven l’essència del Sistema Nacional de Salut que havíem conegut fins a aquell moment, un model sanitari públic i universal en què el dret a l’assistència sanitària venia determinat pel fet de la mateixa ciutadania i que es finançava, com bé saben, a través dels impostos. Un sistema que, basat en el model del National Health Service britànic, s’aprovava als anys vuitanta amb un ampli consens de totes les forces polítiques amb representació parlamentària d’aquell moment. Un model definit mitjançant la Llei general de sanitat, impulsada pel ministre Ernest Lluch l’any 1986, i que suposava clarament la superació del model existent fins a aquell moment, el de la Seguritat Social i el de la cobertura basada en el treball, per passar realment a un model públic i universal.

Així doncs, després de tres dècades de funcionament d’aquest model sanitari —pràcticament tota la meva vida o la de la senadora Almiñana—, el Govern central, amb el suport evidentment del grup majoritari, aprovava un reial decret que ha suposat clarament una desafortunada i innecessària regressió, un retorn al passat del nostre sistema sanitari.

Però, com els deia, la gran sorpresa és que la necessitat d’adequar-se al marc legal europeu pel que fa a la cobertura dels ciutadans d’altres països i la voluntat de posar fi a determinades situacions d’abús no justificava en cap cas el canvi de model que han plantejat, ni en la magnitud que va ser plantejada.

És veritat que, des d’un punt de vista econòmic, quan parlem de despesa era necessari fer front a un canvi o fer un plantejament diferent a la situació que s’estava generant, perquè és veritat que suposava un important forat, una important despesa desmesurada, que era inassumible i que s’havia de gestionar. No ens podíem permetre el luxe de continuar amb la situació que estàvem i, sobretot, no podíem assumir els costos del conegut turisme sanitari. Però és evident que no calia arribar on s’ha arribat.

L’atenció sanitària als ciutadans d’altres països que, malgrat trobar-se en situació irregular, resideixen a l’Estat s’ha de poder garantir per raons humanitàries i de salut pública. Les senadores que m’han precedit en l’ús de la paraula n’han posat diferents exemples, per tant no reiteraré els casos que s’estan donant. Només un apunt: vostès saben que a Catalunya estem protegint aquests ciutadans i ho continuarem fent.

Coincidim respecte al reial decret en la necessitat d’una racionalització de les prestacions i també en la necessitat d’introduir en determinades prestacions complementàries fórmules de copagament, sempre que siguin assumibles i no suposin evidentment barreres d’accés a aquests serveis. Aquests copagaments no poden castigar els col·lectius més vulnerables i per aquest motiu creiem que és necessari reconsiderar-les, passant del model actual basat en la separació entre els actius i els pensionistes a una fórmula més justa i més racional que per nosaltres seria la que es basa en el nivell d’ingressos dels ciutadans.

Ara faré una referència al que deia la senyora Almiñana, o la portaveu del Grup Socialista: nosaltres també posem topalls, evidentment, i aquesta és la reflexió que jo volia fer.

Pel que fa a les mesures de caràcter organitzatiu que es plantegen i s’inclouen en aquest Reial Decret Llei i que no suposen en cap cas ni eficiència ni estalvi, són una clara i denunciable intromissió a les competències de les comunitats autònomes. Ho deia el senador Cazalis. L’exemple més flagrant —ell també n’ha parlat— és l’estatutarització de determinat personal




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sanitari del sistema públic que claríssimament implicarà, al nostre entendre, molts més costos i més rigidesa en la gestió dels recursos humans. Per tant, no només no ens agrada la fórmula, sinó que envaeix claríssimament competències.

Bé, a nosaltres ens sembla que, tal com hem demostrat a Catalunya durant els dos últims anys —insisteixo, nosaltres vam començar a fer canvis, a plantejar reformes, a fer els deures, quasi un any abans que arribés el senyor Rajoy—, la introducció de mesures d’estalvi, d’eficiència, reformes i reordenacions, no té per què implicar un canvi de model sanitari públic, i l’essència que ha caracteritzat el nostre model fins al dia d’avui.

Això no evita en cap cas les manifestacions al carrer ni les crítiques permanents dels grups de l’oposició. Saben que no estan d’acord amb algunes de les nostres decisions, però em sembla que a Catalunya hem demostrat que, amb el mateix objectiu de fons, les coses es poden fer d’una altra manera. És veritat que, possiblement amb conseqüències, tal com reconeixia el nostre conseller, però sense carregar-nos l’essència del sistema sanitari que tots voldríem, en realitat.

Per tant, fetes totes aquestes reflexions i consideracions, queda clar que, tot i compartir el fons que es perseguia amb el reial decret, no estem en absolut d’acord, no compartim les mesures ni la forma que s’han dut a terme. Creiem que la decisió de l’Estat va ser absolutament desencertada i inadequada, i per aquest motiu, i a la vista del dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries, el Govern de la Generalitat de Catalunya —en aquest cas ho anuncio a la senyora Almiñana— sí que ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat en relació a diverses disposicions de l’esmentada norma estatal.

Podríem, doncs, davant de totes aquestes explicacions formulades, votar a favor de la moció que ens presenta avui el Grup Parlamentari Socialista, però no ho farem, ens n’abtindrem, i els ho explico, va vinculat al punt 2 d’aquesta moció.

Com els deia, en relació amb el segon punt al Congrés dels Diputats ja hi ha creada una subcomissió, precisament per tractar els temes que proposen. És la Subcomissió per a l’Anàlisi dels Problemes Estructurals del Sistema Sanitari i de les principals reformes que s’haurien de dur a terme per garantir la seva sostenibilitat, i a més a més va ser una comissió creada a instàncies del Grup Parlamentari de CiU al Congrés. Actualment aquesta subcomissió es troba en període de compareixences, però curiosament el Grup Parlamentari Socialista s’ha apartat de la citada subcomissió i, per tant, en no respectar el seu posicionament inicial i el seu compromís respecte a iniciatives que, en aquest cas, vam presentar nosaltres mateixos, entendran que en aquesta ocasió hagi de fer una abstenció a la moció que avui ens presenten.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, muy buenos días a todos.

Hace un año ya de la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A lo largo de este período, de todo este año, se ha suscitado un debate importante sobre si esta decisión, esta nueva normativa, ha sido o no un acierto. La verdad es que la reforma no ha dejado a nadie indiferente.

En la misma exposición de motivos de la moción se hace referencia a la ciudadanía, a los profesionales y a muchas personas que se manifiestan a menudo para quejarse de la reforma y también de otros aspectos u otros cambios que hemos padecido recientemente. Es evidente, por tanto, que existen posicionamientos radicalmente contrarios o distintos sobre algunas de las medidas asumidas a través de este real decreto.

Nuestro grupo, de forma muy humilde, considera que no se puede realizar una evaluación genérica del real decreto porque seguramente sería una valoración demasiado ligera, pero consideramos que debería realizarse un análisis más profundo de las medidas que lo componen. Por un lado —no les sorprenderá—, como es sabido, nuestro grupo coincidió con el objetivo perseguido por el real decreto ley cuando fue aprobado. Defendíamos y defendemos la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Para mantener el Estado del bienestar, como decía el senador Cazalis, tal y como mi generación lo ha conocido, es necesario y urgente acometer reformas de todo tipo, y eso pasa también por una serie de cambios en el Sistema Nacional de Salud que, aunque es excelente, muy bueno en




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prestaciones de servicios, esta infrafinanciado tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas, por tanto, es insostenible.

La situación exigía poner en marcha medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad de este sistema sanitario público y sus principios básicos. En Cataluña empezamos a ponerlo en marcha un año antes del cambio del Gobierno estatal, y entendíamos y defendíamos que se tomara la misma decisión para el resto del Estado español. Pero nuestra sorpresa y la de la mayoría de los grupos parlamentarios fue observar que, más allá del establecimiento de medidas que permitieran hacer de la eficiencia y de la eficacia dos pilares fundamentales de este nuevo Sistema Nacional de Salud que podía plantearse, lo que en realidad se hacía era un cambio del modelo sanitario. En un solo real decreto ley se cargaban la esencia del Sistema Nacional de Salud que habíamos conocido hasta ese momento: un modelo sanitario público y universal en el que el derecho a la asistencia sanitaria venía determinado por el propio hecho de la ciudadanía y que, como saben ustedes, era financiado a través de los impuestos. Un sistema que, basado en el modelo del National Health Service británico, fue aprobado en los años ochenta con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en aquel momento. Un modelo definido en la Ley General de Sanidad, impulsada por el ministro Ernest Lluch en el año 1986, que suponía a todas luces la superación del modelo existente hasta la fecha, el de la Seguridad Social y la cobertura basada en el trabajo, para pasar a un modelo público y universal.

Así, pues, después de tres décadas de funcionamiento de este modelo sanitario —prácticamente durante toda mi vida y la de la senadora Almiñana—, el Gobierno central, con el apoyo del grupo mayoritario, aprobaba un real decreto que ha supuesto claramente una desafortunada e innecesaria regresión al pasado de nuestro sistema sanitario.

Sin embargo, como les decía, la gran sorpresa es que la necesidad de adecuarse al marco legal europeo en cuanto a la cobertura de ciudadanos de otros países y la voluntad de poner fin a ciertas situaciones de abuso no justificaba en ningún caso el cambio de modelo que han propuesto ni con la magnitud en que fue propuesto.

Es verdad que desde la perspectiva económica, al hablar de gastos, era necesario acometer un cambio o tener un planteamiento distinto por la situación que se estaba generando, porque representaba un agujero significativo, un gasto desmedido, que era inasumible y que debía ser gestionado. No podíamos permitirnos el lujo de seguir en la situación en la que nos encontrábamos, ni tampoco asumir los costes del conocido turismo sanitario, pero es evidente que tampoco era necesario llegar a donde se ha llegado.

La atención sanitaria a los ciudadanos de otros países, que, aunque se encuentren en situación irregular, residen en el Estado, debe poder garantizarse por razones humanitarias y de salud pública. Las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra han puesto ya distintos ejemplos, por lo que no voy a reiterar los casos que se están dando. Tan solo haré un apunte. Ustedes saben que en Cataluña estamos protegiendo a estos ciudadanos y vamos a seguir haciéndolo.

Hablo del real decreto. Coincidimos en la necesidad de una racionalización de las prestaciones y también en la necesidad de introducir en determinadas prestaciones complementarias fórmulas de copago siempre que sean asumibles y no supongan, claro está, barreras de acceso a estos servicios. Estos copagos no pueden castigar a los colectivos más vulnerables. Por ese motivo pensamos que es necesario reconsiderarlos, pasando del modelo actual, basado en la separación entre los activos y los pensionistas, a una fórmula que sea más justa y más racional, que, para nosotros, sería la basada en el nivel de ingresos de los ciudadanos.

Haré una referencia a lo que decía la portavoz del Grupo Socialista. Nosotros también colocamos topes y esta es la reflexión que quería transmitir.

Las medidas de carácter organizativo planteadas e incluidas en este real decreto ley que no suponen, en ningún caso, ni eficiencia ni ahorro conllevan una intromisión clara y denunciable en las competencias de las comunidades autónomas. Lo decía también el senador Cazalis. El ejemplo más flagrante —él también lo ha mencionado— es la estatutarización de un determinado personal sanitario del sistema público, lo que, de forma clarísima, va a implicar, en nuestra opinión, muchos más costes y mayor rigidez en la gestión de recursos humanos. O sea, no nos gusta la fórmula y además invade de forma clarísima competencias.




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A nosotros nos parece bien, tal y como hemos demostrado en Cataluña en los últimos años —insisto en que nosotros empezamos a realizar cambios, a plantear reformas y a hacer los deberes casi un año antes de que llegara el señor Rajoy al poder— la introducción de medidas de ahorro y de eficiencia —reformas sí y reordenaciones también—, pero ello no tiene por qué implicar un cambio de modelo sanitario público ni de la esencia que ha caracterizado a nuestro modelo hasta la fecha.

Esto no evita, bajo ningún concepto, las manifestaciones en la calle ni las críticas permanentes de los grupos de la oposición. Ustedes saben que no están de acuerdo con algunas de nuestras decisiones, pero me parece que en Cataluña hemos demostrado, con el mismo objetivo de fondo, que las cosas se pueden lograr de otra forma, aunque es verdad que posiblemente con consecuencias, tal y como ha reconocido nuestro conseller, pero sin cargarnos la esencia del sistema sanitario que todos queremos.

Hechas todas estas reflexiones y consideraciones queda claro que, aunque compartimos el fondo que se perseguía en el real decreto, en absoluto estamos de acuerdo ni compartimos las medidas ni la forma en la que se ha llevado a cabo. Pensamos que la decisión del Estado fue absolutamente desacertada e inadecuada y, por este motivo, y a la vista del dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña —ya se lo anunciamos, senadora Almiñana— ha presentado un recurso de inconstitucionalidad respecto a algunas disposiciones de la norma estatal mencionada.

Dadas todas las explicaciones formuladas, podríamos votar a favor de la moción que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a abstener, y se lo explico. Tiene que ver con el punto 2 de la moción.

En relación con el punto 2 le diré que el Congreso de los Diputados ya ha creado una subcomisión precisamente para tratar los temas que proponen, me refiero a la subcomisión creada para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y las principales reformas que deberían llevarse a cabo para garantizar su sostenibilidad. Además esta subcomisión se creó a instancia del Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso. Actualmente esta subcomisión se encuentra en periodo de comparecencias, pero es curioso que el Grupo Parlamentario Socialista se ha apartado de la citada subcomisión. Por lo tanto, al no respetar el posicionamiento inicial y su compromiso con iniciativas que nosotros planteamos, entenderán que en esta ocasión nos abstengamos en la votación de la moción que ustedes nos presentan hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al senador Cazalis, a la senadora Almiñana y al senador Iglesias el voto afirmativo que han anunciado.

Comparto muchísimas de las cuestiones que han planteado y entiendo perfectamente la inquietud que les crea la invasión de competencias que encierra este real decreto, pero cuando se presentó este real decreto —y yo tuve la oportunidad de intervenir en el turno de portavoces—, ya les advertimos de que se iban a encontrar con muchísimos recursos, como así ha sido.

Me preocupa también la tentación recentralizadora del Gobierno del Partido Popular, y en este real decreto se ve de forma clara.

Permítame, senadora Cunyat, que no comparta su abstención, sobre todo por el argumento que nos da: porque hay una subcomisión en el Congreso. Con ello usted da por entendido que en el Senado no podemos opinar, no podemos trabajar ni poner en marcha cuestiones importantes. Respeto su abstención pero para nada comparto su argumento. Yo creo que el Congreso tiene su trabajo y el Senado el suyo, y todo es complementario. Repito que no comparto ese argumento.

Señorías, es verdad que con este real decreto se trata a todas las comunidades por igual —lo decía el senador Cazalis—. A aquellas comunidades que están gestionando bien los recursos, que están apostando por una sanidad pública universal, les obligan a poner en marcha medidas con las que en algunas ocasiones, como ellos han gestionado bien, no están de acuerdo. Eso es una realidad y esas son graves consecuencias para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto.




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Lo más dramático —y les decía que pedíamos el apoyo de los grupos porque hoy más que nunca es necesario que se apoye esta moción— es que hemos conocido nuevos recortes muy graves en el Plan Nacional de Reformas remitido a la Unión Europea. Otro engaño, no dijeron nada, yo les puedo asegurar que estuve expectante en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 26 de abril y ahí no se habló para nada de recortes en sanidad; luego, cuando hemos tenido la oportunidad de ver ese documento, comprobamos que recortan en sanidad nada más y nada menos que 3134 millones de euros y recortan en dependencia 1108 millones de euros. Y otra cosa que me preocupa también porque lo dejan entrever es que va a haber grandes recortes en lo que es la cartera de servicios sanitarios, porque como ustedes intentan enmascararlo hacen un maremágnum de carteras —nos pasan la cartera complementaria, la cartera suplementaria— y ahí se deja entrever que otra vez va a haber restricciones o van a quitar de la cartera común muchas prestaciones muy importantes, como las prestaciones que tienen que ver con cribados. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer con el cribado del cáncer colorrectal? Porque cuando científicamente está muy claro la edad en la que se tiene que empezar el protocolo para la prevención del cáncer de colon, en cada comunidad cogen una edad. ¿En esa cartera de servicios está garantizado que todas las comunidades tengan que aplicar el cribado para cáncer colorrectal? Yo no lo sé.

Otra cuestión que me preocupa muchísimo es la siguiente. Leo textualmente: Optimización de trece especialidades médicas —sin más, y ahí piensan ahorrar mucho dinero—. Yo me pongo a temblar porque cuando oímos la palabra optimizar del Gobierno de Rajoy o de la señora Mato es para echarse a temblar, porque significa nuevos recortes y nuevos copagos.

Hay otra cosa que está en ese plan de reformas, que es el copago en medicamentos de dispensación hospitalaria. Ahora los enfermos que tienen un cáncer van al hospital y si les ponen una quimioterapia en el hospital en vena no pagan; pero hay muchos enfermos de cáncer a los que les dan los medicamentos en pastillas, son de dispensación hospitalaria pero se las dan directamente al paciente para que se lo tome en pastillas en su casa. Pues bien, van a introducir el copago también para esos medicamentos y estamos hablando de enfermedades gravísimas, como es el cáncer o el sida. Por tanto, ese plan de reformas remitido a la Unión Europea es muy grave y supone nuevos recortes.

Bajo el paraguas de la crisis están haciendo recortes bestiales, y es verdad que tenemos que mejorar la eficiencia, es verdad, para eso pedimos que se cree esa comisión, pero también es verdad que nuestro sistema sanitario está infrafinanciado, se dedica muchísimo menos dinero por habitante y año que la media de los países de la Unión Europea. Y la Comunidad Valenciana no tiene nombre, esto ya no tiene nombre, porque es la última comunidad en gasto por habitante y año, concretamente 986 euros cuando la media de España está aproximadamente en 1200 euros —hay comunidades que dedican mucho más—.

Bajo el paraguas de la crisis y de la eficiencia, están reduciendo personal sanitario. Y aquí me van a permitir que haga un inciso, porque no se puede permitir bajo ningún concepto lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a 700 profesionales, que han dedicado su vida a la sanidad pública, se les jubile por carta el día antes del puente. Eso es totalmente indigno. (Aplausos.) Cualquier persona que vea que se está produciendo eso no debería tolerarlo bajo ningún concepto. A nivel personal, han dejado ahí su vida, y no hay un reconocimiento. Pero es que también han dejado al Sistema Nacional de Salud, concretamente, en la Comunidad de Madrid, con 700 profesionales menos, expertos, jefes de servicio. Y eso, al final, ¿quién lo paga? Los de siempre, los ciudadanos, que irán a su centro y verán que el médico que les ha atendido toda la vida, que es el que les llevaba el seguimiento de su tratamiento, ha desaparecido, no está. Hay cuestiones que no podemos permitir bajo ningún concepto.

Bajo el paraguas de la crisis y la eficiencia, están cerrando centros de salud prácticamente en todas las comunidades; en las comunidades del PP, por supuesto, en casi todas. Están cerrando centros de salud por la tarde y por la noche. En mi comunidad ya han cerrado centros de salud de urgencias por la noche —ya se lo digo—. Y volvemos a las guardias de presencia localizada. Saben ustedes que hay dos modalidades de guardia: de presencia física, cuando el médico, el profesional sanitario está en su centro de salud o en su hospital, y las guardias de presencia localizada. Pues ahora la modalidad es que muchas guardias que eran de presencia física sean de presencia localizada. ¿Sabemos a dónde volvemos? A hace muchísimo tiempo, a cuando yo




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estaba de médico en un centro de salud y tenía un walkie-talkie de la Policía local para que me pudieran localizar. A eso es a lo que volvemos: 30 años atrás, de destrucción del sistema sanitario público. A eso es a lo que nos llevan con sus medidas.

Señorías, el derecho a la salud no lo podemos medir en términos económicos. La salud es un derecho, no una mercancía, pero ustedes se están cargando eso con este real decreto. Rajoy decía el 4 de noviembre de 2012: yo voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Señorías, de todo esto, los recortes más bestiales han sido en educación, en pensiones y en salud. (Aplausos.)

Desgraciadamente, la política sanitaria no la dirige la ministra de Sanidad, la dirige el ministro de Hacienda y por eso acepta estos recortes bestiales que han mandado a la Unión Europea. Por eso, les digo que es urgente un cambio de rumbo, es urgente que nos aprueben nuestra moción, es urgente que se derogue este real decreto ley porque, si no —se lo digo alto y claro—, la ministra de Sanidad no puede continuar ni un día más como responsable del ministerio, porque está en juego el bien más preciado que tenemos, que es el derecho a la salud.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace aproximadamente un año que les decía desde esta tribuna como respuesta a una moción similar que presentó el Grupo Socialista que no se podían resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando se crearon, cuando los crearon ustedes, y hoy les digo desde aquí también que, si queremos obtener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, y no siempre lo mismo.

Señora portavoz del Grupo Socialista, utilizar el cáncer y la muerte para hacer política es algo que no está bien, y menos en esta Cámara; no está bien hacer política con los dramas de los ciudadanos que padecen esas enfermedades. (Aplausos.)

Lo que es verdaderamente una tomadura de pelo es la situación en la que ustedes dejaron el Sistema Nacional de Salud, con una deuda de más de más de 16 000 millones de euros, señorías. No pretenderían que en un año se resuelva esa tomadura de pelo que hicieron ustedes a todos los ciudadanos.

Solo le daré un dato en este momento, aunque luego les facilitaré alguno más. Únicamente en materia de farmacia, en el mes de marzo, se ahorraron 204,3 millones de euros y el ahorro interanual se sitúa en 1671 millones de euros. Por tanto, señorías, si multiplicamos esos 1671 millones de euros por los 8 años de Gobierno socialista salen 13 368 millones de euros, que se acerca un poco al agujero del Sistema Nacional de Salud que dejaron ustedes, señorías. Por lo tanto, no podemos renunciar a gestionar mejor los recursos públicos.

Además, señorías, cualquier persona que conozca mínimamente el sistema sanitario no se opone a la necesidad de reformas, nadie la ha cuestionado y no digo ahora sino durante los últimos años; repito, ningún profesional que lo conozca. Ustedes tampoco, y les pondré unos ejemplos. El señor Fernández Vara: el copago está maldito, pero hay que ver la manera de revisar las aportaciones en función de las pensiones. Y no es del Partido Popular. La señora Trinidad Jiménez: El Gobierno está estudiando la posibilidad de implantar un copago. La señora Pajín: De entrada, el copago será simbólico. Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia: Cabe incorporar copagos en sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada. Y, dice más: Hay que contar con una mayor contribución de los ciudadanos en los gastos públicos, teniendo en cuenta el nivel de renta. El señor García Vargas: El sistema de copago es algo educativo y bueno para todos los ciudadanos. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda con ustedes: El copago es posible ahora. Marina Geli: El copago funciona, ahora todo recae en los ciudadanos que pagan impuestos y nada en los que utilizan el servicio; debería alterarse esta proporción y ser más equitativa.

Señorías, repasen ustedes lo que les vienen diciendo a los españoles a lo largo de los últimos años y luego traigan aquí propuestas. (Aplausos.)

Además, señoría, en su feudo, en Andalucía, gobernada solo por el Partido Socialista desde la democracia, solo 1 de cada 3 hospitales es público, amén de ser la comunidad que acumula un




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mayor retraso en el pago; un retraso de un año. (Protestas. — Aplausos.) Pero es que además, allí Izquierda Unida les dice a ustedes que no dejen sin comedor a los hijos de los sin papeles. Esta es una muestra de su hipocresía al decir en las comunidades autónomas una cosa y, otra diferente, cuando vienen aquí. (Protestas.—Aplausos.) Señorías, así no se puede llegar a ningún sitio.

Lo que ha hecho el real decreto es poner en marcha un sistema nacional más justo y equitativo, aplicando el principio de que el que más puede, tiene que aportar algo más y, el que menos puede, aporta menos o nada. Eso es lo que ha hecho el real decreto.

Ustedes no lo hicieron, pero lo ha hecho Mariano Rajoy. Sí, señorías, lo ha hecho y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Lo que no se puede hacer es improvisar, que es lo que hicieron ustedes durante 8 años y parece ser que es el camino que van a seguir también durante estos 4 años, porque las improvisaciones, señoría, son mejores si se preparan. No le quepa a usted ninguna duda.

La reforma que ha abordado el Gobierno es fruto de un gran acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas ―sí, con las comunidades autónomas― en el Consejo Interterritorial. No se puede venir a esta tribuna a contar mentiras, señorías. Lo aplican todas las comunidades autónomas, incluso el País Vasco, que lo va a empezar a aplicar ahora.

Señoría, la sanidad sigue siendo pública en España, a pesar de la deuda que ustedes dejaron cuando perdieron las elecciones, pero este Gobierno ha promovido actuaciones para ayudar a las comunidades autónomas a resolver esa deuda: el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico del año 2012 y la nueva convocatoria de 2013 del remanente del Plan de Pago a Proveedores y el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico del año 2013; ayudas, señoría, para evitar poner en riesgo la sanidad, que fue lo que ustedes hicieron, ponerla en riesgo, señoría.

Como les dijo el Tribunal de Cuentas, perdieron ustedes 1000 millones de euros por no aplicar las directivas comunitarias.

¿Podría escucharme con la atención que yo le he dispensado en lugar de darme la espalda y hablar con sus compañeros, señoría? (Aplausos.)

Señoría, este real decreto garantiza la universalidad, cosa que ustedes no hicieron. Por primera vez los parados que agotan la prestación o el subsidio por desempleo tienen cobertura, y también por primera vez ciudadanos que tradicionalmente no la tenían ahora sí la tienen, como son los grupos de profesionales colegiados. (Fuertes rumores.)

Señorías, por primera vez hay una base nacional que ha detectado que 800 000 titulares de cartillas en activo, trabajadores, estaban como beneficiarios en cartillas de pensionistas y, por tanto, le estaban haciendo una trampa al sistema. Señorías, se aborda también la cartera de servicios de la que usted habló, ¡claro que sí! La igualdad de todos los españoles es una prioridad para este Gobierno, el que haya una única tarjeta sanitaria interoperable, que haya un calendario vacunal único —¡ya era hora!—, que haya un fondo de garantía asistencial. Señoría, en el barómetro del año 2012 los ciudadanos ya ponían de manifiesto las desigualdades que encontraban en salud por razón de vivir en una comunidad o en otra. Se puede y se debe hacer un mejor uso, un uso más racional de los medicamentos y adecuar los envases a los tratamientos, señoría. (Rumores.)

Se ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, sí, es verdad, y también a la industria, pero había un margen, señoría, porque 3700 toneladas de medicamentos se iban al punto Sigre y se tiraban a la basura. Y los españoles, en el barómetro sanitario de 2011, ponían de manifiesto que 45 000 000 de envases que no se utilizaban estaban almacenados en sus casas. Era necesario hacer algo, ¡claro que era necesario! Había que hacerlo. El uso de genéricos en nuestro país, señoría, era menor que en países de nuestro entorno, y también teníamos que impulsar esto. Y, señoría, esta reforma sanitaria ha permitido que los parados sin prestación dejaran de pagar sus medicamentos.

Con ustedes, los parados sin prestación… Señoría, póngame atención porque esto es muy importante, usted que es tan sensible a los problemas sociales. Los parados sin prestación ya no pagan sus medicamentos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero con ustedes pagaban el 40%, señoría. (Aplausos.) Hay que salvaguardar a los más desprotegidos, en eso estamos de acuerdo. Y hemos actualizado el Nomenclátor, claro que sí, ustedes lo hicieron en el año 1993 y retiraron 800 medicamentos, pero se han introducido otros muy importantes para patologías graves, que cuestan en ocasiones incluso más de 1000 euros. Esos sí que los




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ciudadanos no se los pueden pagar, y han sido introducidos por este Gobierno, señoría. Se han priorizado las nuevas tecnologías, la e.salud, la real interoperabilidad de los datos, la receta electrónica y la historia clínica digital. Señorías, hoy en día 16 millones de españoles de 11 comunidades autónomas disponen de información clínica interoperable. Esa es una realidad. Y en materia de ordenación profesional, ustedes abandonaron a los profesionales durante ocho años, señoría. No sé dónde estaba usted, pero yo estaba en esta Cámara y en el Congreso, y estaban completamente abandonados, señoría. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora PAN VÁZQUEZ: Pues ahora se está dando respuesta a esas demandas históricas con un registro de profesionales, porque los profesionales son los pilares del Sistema Nacional de Salud. Y les pongo solamente dos ejemplos de este reconocimiento: el acuerdo firmado con el Foro de la Profesión Médica y los acuerdos que se han firmado con los profesionales de la enfermería.

Señoría, hay que mencionar también los ahorros de la Plataforma de Compras Centralizada. Ya sé que a ustedes esas cantidades les parecerán pequeñas puesto que las dejaban a deber, pero lleva ahorrados 80 millones de euros. Solo en vacunas ha habido un ahorro de 37 millones. Y no hay efectos negativos para la salud, señoría, ¡claro que no los hay! No se han puesto de manifiesto en la encuesta epidemiológica ni tampoco en la Encuesta Nacional de Salud.

Señorías, nosotros queremos llegar a acuerdos con ustedes, pero ustedes abandonan la subcomisión, como así se lo ha hecho ver la portavoz de CiU, y no asisten a debatir ni aquí ni en el Congreso.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señoría.

La señora PAN VÁZQUEZ: Termino, señor presidente.

Queremos llegar a acuerdos con ustedes, claro que sí, pero, como decía Indira Gandhi, con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos, y ustedes, señorías, llevan con el puño cerrado desde que perdieron las elecciones. Abran ustedes la mano por los españoles y por la sanidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda, aceptada, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 73; en contra, 151; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2012-2015 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS.

(Núm. exp. 671/000070)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.




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A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Mariscal e Iglesias, y otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, hasta que no haya silencio no vamos a continuar con la tramitación de la moción. (Pausa.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president,

Senyories. aquesta moció és conseqüència de la interpel·lació que es va formular fa dues setmanes al ministre d’Economia i Competitivitat, una mica amb l’intent que ens expliqués les grans línies que tenia previstes respecte a l’actualització del Programa d’Estabilitat i el quadre macroeconòmic i el Pla Nacional de Reformes.

La veritat és que el senyor ministre no va ser molt explícit respecte als criteris d’aquesta actualització, entre altres coses perquè estava pendent, òbviament, de la discussió i aprovació pel propi Consell de Ministres tres dies després. (El senyor vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència.)

El ministre va comentar els grans objectius de la política econòmica del Govern, entre elles, la sostenibilitat dels comptes públics, la reforma del sector financer, l’impuls a la competitivitat, i la lluita contra l’atur com a objectius del Govern. Però la moció conseqüència d’interpel·lació, tot i que va ser formulada abans del divendres en què el Consell de Ministres va aprovar les mencionades actualitzacions, és de plena actualitat. D’alguna manera, perquè d’alguna manera el Consell de Ministres no va resoldre les tres qüestions bàsiques, que són objecte d’aquesta moció, la relativa al dèficit públic, la relativa a l’ocupació i al creixement, i la relativa a l’accés al crèdit per part de petites i mitjanes empreses i d’emprenedors.

Certament, vostès saben que el Govern, en aquesta actualització del Programa d’Estabilitat, va fer unes previsions que francament empitjoren molt l’escenari macroeconòmic per als propers anys, tot i que, un o dos dies després, el propi president del Govern deia que mirarien de millorar aquestes previsions que, per cert, repeteixo, havien aprovat només dos dies abans.

Bé, el Programa d’Estabilitat i el quadre macroeconòmic, a banda de recollir i corregir algunes obvietats, com ara la previsió del decrement del producte interior brut per al present exercici, que era insostenible continuar mantenint el 0,5 quan vèiem l’evolució i, a més a més, totes les prediccions d’organismes internacionals i de serveis d’estudis, el Govern, en un gest de realisme, l’ha situat en el —1,3, malgrat que —com vostès saben— el —1,3 encara està per sota del —1,5 que la pròpia Unió Europea ha previst tot just fa pocs dies.

Pel que fa al dèficit, —i saben vostès que hem parlat molt sobre aquest tema en aquesta Cambra — el Govern va decidir incrementar l’objectiu de dèficit acordat amb Brussel·les fins al 6,3%, tot i que la pròpia Unió Europea, posteriorment, en les seves previsions que fa respectar als països, avança que el dèficit arribarà fins al 6,5% i fins al 7% també per a l’any vinent. Afortunadament, hi ha aquesta flexibilització del dèficit i també una flexibilització respecte al període de temps per arribar a l’objectiu del 3%, que seria el 2016.

Però, com es distribueix aquest objectiu de dèficit? Això és el que no ha quedat clar, nosaltres proposem en aquesta moció la necessitat que sigui proporcional a la despesa entre el diferents nivells d’administració, que hi hagi una certa asimetria entre Comunitats Autònomes perquè també hi és a Europa, i perquè és totalment lògic. I també, a la moció, recollim aspectes relatius al creixement i a l’ocupació, entre altres coses, perquè les pròpies previsions del Govern apunten a més atur al 2015, final de legislatura, que al 2011, inici de legislatura. Aquestes són les previsions del Govern.

Si es fa aquesta previsió, el normal és que després hi hagi un conjunt de mesures per mirar de corregir aquest gran problema que avui té la societat espanyola i la veritat és que en el Programa Nacional de Reformes no hi ha propostes a aquest respecte, més enllà de l’enunciat. De l’estratègia per a l’empreneduria i l’ocupació jove que ens va anunciar aquí el ministre, gairebé no hi ha ni una pàgina. En definitiva, són moltes les carències i, d’alguna manera, això és el que posa de relleu —i amb això acabo— la moció conseqüència d’interpel·lació que en el




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seu punt tercer tracta el tema del crèdit que també va ser objecte de debat en la mencionada interpel·lació.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción es consecuencia de la interpelación que se formuló hace dos semanas al ministro de Economía y Competitividad, un poco con la idea de que nos explicara las grandes líneas que tenía previstas respecto a la actualización del Programa de Estabilidad y el cuadro macroeconómico y el Plan Nacional de Reformas.

Lo cierto es que el señor ministro no fue muy explícito en cuanto a los criterios de esta actualización entre otras cosas porque, evidentemente, estaba pendiente de su discusión y aprobación por parte del propio Consejo de Ministros tres días más tarde. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El ministro comentó los grandes objetivos de política económica del Gobierno, entre los cuales estaba la sostenibilidad de las cuentas públicas, la reforma del sector financiero, el impulso a la competitividad y la lucha contra el desempleo, como objetivos del Gobierno. Sin embargo, la moción consecuencia de interpelación, si bien fue formulada antes del viernes en que el Consejo de Ministros aprobó las actualizaciones mencionadas, es de plena actualidad en cierto modo porque el Consejo de Ministros no resolvió las tres cuestiones básicas objeto de esta moción: la relativa al déficit público, la relativa a la ocupación y al crecimiento y la relativa al acceso al crédito por parte de empresas, de pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.

Saben ustedes, sin duda, que en esta actualización del Programa de Estabilidad el Gobierno hizo unas previsiones que, francamente, empeoran claramente el escenario macroeconómico para los años venideros, si bien uno o dos días después el mismo presidente del Gobierno decía que intentarían mejorar estas previsiones. Previsiones que, por cierto, habían aprobado solo dos días antes, insisto.

En el Programa de Estabilidad y el cuadro macroeconómico, además de recoger y corregir algunas obviedades como, por ejemplo, la previsión del decremento del PIB para el presente ejercicio, vemos que era insostenible seguir manteniendo el 0,5% respecto a su evolución y según todas las previsiones de organismos internacionales y de servicios de estudios. De hecho, el Gobierno, en un gesto de realismo, pasó al —1,3%, a pesar de que el —1,3%, como ustedes saben, está por debajo del —1,5% que la Unión Europea ha previsto hace apenas unos días.

En cuanto al déficit —y sobre este tema ustedes saben que se ha hablado mucho en esta Cámara— el Gobierno decidió aumentar el objetivo de déficit pactado con Bruselas hasta el 6,3%, si bien la Unión Europea misma posteriormente con sus previsiones —las cuales hace respetar a los países— avanza que este déficit llegará al 6,5%, incluso al 7%, el próximo año. Afortunadamente, hay una flexibilización del déficit y una flexibilización también respecto del período de tiempo para alcanzar el objetivo del 3%, que sería en 2016. Pero, ¿cómo se distribuye este objetivo de déficit? Esto es lo que no ha quedado claro. Nosotros pensamos —y así lo proponemos en esta moción— que debe ser proporcional al gasto entre los distintos niveles de la Administración para que haya una simetría entre las comunidades autónomas, que también existe en Europa, y porque es lógico. También en la moción recogemos aspectos relativos al crecimiento y a la ocupación, entre otras cosas, porque las previsiones del Gobierno apuntan a más desempleo en 2015, final de legislatura, más que en 2011, inicio de la legislatura. Estas son las previsiones del Gobierno.

Si se cumple esta previsión, o si se hace esta previsión, lo normal es que después haya medidas para tratar de corregir este gran problema que afecta a la sociedad española. Y lo cierto es que en el Programa Nacional de Reformas no hay propuestas en este sentido más allá de anunciar la estrategia por la emprendeduría y la ocupación de jóvenes que anunció aquí el ministro, apenas una página. En definitiva, hay muchas carencias, y esto se pone de manifiesto —y con esto termino— en la moción consecuencia de interpelación que en su punto tercero trata el tema del crédito, que también fue objeto de debate en la mencionada interpelación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, presidente Montilla.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que presentamos los senadores de Izquierda Unida busca una redacción de la moción que establezca un mayor distanciamiento en relación con el paquete de reformas al que se hace referencia y remarcar como única prioridad fundamental de la política económica el crecimiento y la generación de empleo. Cualquier política económica es, primero, política porque hay que tomar la decisión de a quién se pretende beneficiar con esa acción y, después, a través de qué instrumento económico se va articulando. No es posible convertir la economía en la ciencia suprema y mucho menos situarla en un nivel superior al de los principios del funcionamiento del Estado democrático. Por citar a Galbraith: La economía no existe aparte de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro. Hoy, hay que reivindicar esta demanda de que siga existiendo en el futuro porque vivimos tiempos en los que cada vez se consolida con mayor insistencia la búsqueda de una autonomía de funcionamiento de la economía frente a la política sometida a controles democráticos.

Parece que el Gobierno, en el Consejo de Ministros del pasado día 26, volvió a establecer previsiones. A mí me gusta recordar —lamento ser pesado— la necesidad de que los términos que se utilicen en política sean homogéneos porque, si no, el discurso pierde sentido. Durante mucho tiempo escuchamos a los responsables del Gobierno decir que de lo que ellos hablaban era de objetivos, los objetivos que se fijaban, y a mí me parecía bien, porque políticamente quien tiene la responsabilidad del Gobierno, tiene la obligación de fijar objetivos para que, después, los ciudadanos puedan evaluar si las medidas que tomaron eran acertadas o no para conseguir esos objetivos. De repente, el Gobierno ya no fija objetivos, establece previsiones como si fuera Funcas, como si fuera una fundación de estudios económicos. Y poco después, dos o tres días después, además, los corrige.

Parece que, como demandaba la moción, se va a producir una flexibilización en la consecución del objetivo del déficit del 3% prolongándolo dos años más, pero, a la vez, ello no se convierte en una carta blanca para no seguir acometiendo nuevos ajustes y recortes; entre ellos, de los que se han planteado en el Programa Nacional de Reformas de 2013, remitido a la Comisión Europea, hay uno que exige una aclaración puesto que el discurso ha sido oscuro y es cómo va a afectar ese recorte a la Ley de atención a la dependencia, porque en el programa remitido se establece un ajuste de 1108 millones. Responsables gubernamentales dicen que no son 1108 millones más, sino que son fundamentalmente los mismos que se comprometieron en el consejo sectorial del pasado mes de julio. Aclárese eso porque es importante.

Empieza a tener sentido, además, que se dé otra paradoja. Hay una flexibilización del objetivo de déficit, sin embargo, las previsiones de la Comisión dicen que en 2014 vamos a tener más déficit del previsto por el Gobierno. Solo tiene una explicación lógica en términos económicos, la perspectiva de los multiplicadores fiscales.

Todas las estrategias de ajuste que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años partían de una premisa asentada por el Fondo Monetario Internacional, la premisa de que cada punto de ajuste fiscal se traducía en medio punto de reducción del PIB en los países desarrollados.

A estas alturas está claro que no ha sido así, y por eso el Fondo Monetario Internacional reconoce que, según los países, la repercusión de ese punto será entre el 0,9 o el 1,7%; en el caso de España, probablemente el 1,5%; es decir, los efectos de los recortes generan una caída de ingresos superior al ahorro, y por eso se incrementa el déficit.

Dejo la continuación para mi siguiente intervención en el turno de portavoces, porque me estoy excediendo, y antes de que el presidente me llame al orden, me voy.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el presidente Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, después del Consejo de Ministros del viernes, hay una nueva previsión económica del Gobierno, que hasta ahora era compartida prácticamente por todos los organismos nacionales e internacionales, menos por el propio Gobierno, y, naturalmente, ahora ha tenido que reconsiderar su postura.




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No obstante, tengo que decir que después de esta nueva revisión, y de acuerdo con el artículo de un editorialista en un periódico de hoy, lo único estable de toda la previsión es el desempleo. Esa es la realidad que el Gobierno nos ha mostrado en su revisión del pasado viernes y esa, por desgracia, es la realidad que nosotros queremos evitar.

Por ello, después de que el Gobierno no solo ha fracasado estrepitosamente en la reducción del déficit sino que además no ha tomado ninguna medida para fomentar el empleo, nosotros queremos hacer un esfuerzo y hemos presentado una enmienda de adición a la moción que propone una serie de medidas que vendrían a incidir fundamentalmente en la creación de empleo, lo cual dicho sea de paso no solo no contribuiría a incrementar el déficit —algo que el Gobierno ha demostrado ya que es capaz de hacer, a pesar de incrementar los impuestos— sino que seguramente, gracias al crecimiento económico y la creación de empleo, lo que haría sería generar más recursos para la Hacienda pública, y, por tanto, incrementar mucho menos el endeudamiento de lo que está aumentado en este momento.

A esto hay que añadir unas declaraciones del gobernador del Banco Central Europeo, que después de decir que rebajaba los tipos de interés para intentar favorecer el crecimiento económico en Europa, añadía que de todas maneras no iba a funcionar esa medida porque existe la trampa de la liquidez, conocida desde hace muchos años por cualquier economista del mundo, y que el crédito seguiría sin funcionar; por tanto, además de protestar porque no se adoptaran medidas que debía adoptar él no tomaba ninguna otra, salvo la protesta. Pues bien, nosotros queremos insistir en que uno de los problemas clave del crecimiento económico en España y en toda Europa en este momento son las políticas de austeridad y la falta de crédito, y, de acuerdo con la propuesta que ahora presentamos, hemos pasado de considerar el déficit como problema fundamental a considerar el desempleo.

En ese sentido, apoyamos medidas que incidan directamente en el crecimiento poniendo a disposición crédito para las empresas y los emprendedores, y al mismo tiempo, y a fin de paliar las graves circunstancias que padecen millones de españoles desempleados, medidas que tenderían también a favorecer la actual situación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Utilizo este turno en nombre del Grupo Parlamentario Popular para expresar que nuestro voto será contrario a la moción por una simple razón, y es que es una moción del todo innecesaria, porque como ustedes mismos han reconocido, están instando al Gobierno para que emprenda una serie de acciones y tome una serie de decisiones ya realizadas y ya tomadas, dado que todo ello está ampliamente contemplado en la acción del Gobierno.

Señorías, en el primer punto plantean ustedes, tal y como han dicho, negociar con la Unión Europea la flexibilización de los objetivos de déficit para 2013 y 2014, aplazando el objetivo del 3% a ejercicios posteriores, y como ustedes mismos han dicho, el 26 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Estabilidad 2013-2016 y el Programa Nacional de Reformas, y en esos documentos, en el Programa de Estabilidad se incluye precisamente una extensión del tiempo en el que nuestras administraciones deben alcanzar ese déficit por debajo del 3%, esa nueva senda de consolidación fiscal.

Por tanto, el Gobierno no solo ha negociado ya, sino que ha conseguido esa flexibilización de los objetivos de déficit y lo ha confirmado a través de su vicepresidente la propia Comisión Europea. El señor Olli Rehn decía el otro día que esta decisión se había tomado —y a eso ustedes no han hecho referencia— teniendo en cuenta el empeoramiento de las perspectivas económicas que se están dando en todos los países europeos, como recordaba el presidente del Gobierno, pero teniendo en cuenta también la credibilidad de la política económica del Gobierno español, y señorías, senador Lerma, eso también es estable: La credibilidad de la política económica del Gobierno en este año y medio y el hecho de que las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy están funcionando. Quizá deberían pararse a reflexionar sobre el sentido de su moción de hoy y también sobre el sentido de su discurso.




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En segundo lugar plantean ustedes la articulación de mecanismos, en concreto del Banco Europeo de Inversiones, que faciliten el crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero saben muy bien —o deberían saberlo— que el Gobierno está trabajando a todos los niveles para articular ese mayor crédito a las pequeñas y medianas empresas, también con el Banco Europeo de Inversiones. Saben que se ha incrementado el apoyo a la pyme por parte de dicho banco en cooperación con el sector financiero, y que para ello ese banco, en colaboración con las autoridades nacionales, ha creado 15 nuevas líneas de crédito precisamente para dar apoyo a los proyectos de menor cuantía, unas líneas que han supuesto 2600 millones de euros para la financiación de pequeñas y medianas empresas, y precisamente porque el mandato del BEI es dar mayor financiación a pequeñas y medianas empresas. Y tras la ampliación de capital del año 2012 el Banco Europeo de Inversiones va a reforzar aún más su actividad en las pymes, destinando hasta 15 000 millones de euros adicionales de financiación. Por tanto, también en eso ha trabajado el Gobierno y ha conseguido resultados.

Y plantean priorizar las reformas iniciadas de manera que puedan generar crecimiento y empleo, y en este sentido, señorías, tengo que decirles que el camino no empieza hoy. La legislatura no empieza hoy. El camino lo empezó el Gobierno del Partido Popular en el primer Consejo de Ministros. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, hablan hoy de medidas para los emprendedores, de medidas para la financiación, pero saben que la mayor inyección para los emprendedores la puso el Ministerio de Hacienda, la puso el Gobierno del Partido Popular con ese Plan de Pago a Proveedores que ha permitido pagar más de 5,5 millones de facturas de las administraciones que con la pasividad del Gobierno socialista se debían en este país. Seis de cada diez euros de facturas sociales se debían en este país. Esa fue la mayor inyección económica y la primera del Gobierno del Partido Popular, y hoy hay en marcha tres procesos fundamentales. Proceso de consolidación fiscal, que no es solo reducción del déficit, que han sido mecanismos para salvar de los pozos de deuda a las administraciones, y el saneamiento del sistema financiero, que es una realidad, que no es solo la recapitalización de entidades, que también es la protección de deudores hipotecarios y que se ha legislado por primera vez para frenar los desahucios o para impedir los abusos tras la mala comercialización de las preferentes. Y hay un tercer bloque de medidas importantísimas, señorías, todas las reformas para la competitividad y el crecimiento; para asegurar que nuestras pymes tengan crédito se ha impulsado el acceso de las pymes a la financiación de origen bancario o también la financiación a pymes a través del capital riesgo y de los business angels.

En definitiva, señorías, hay un programa de reformas en marcha. Hay un programa de reformas que está generando respeto. En cada línea del Programa de Estabilidad —y termino, señor presidente— y del Programa Nacional de Reformas hay reflejada una política económica dirigida a sentar las bases para recuperar y asegurar el crecimiento y el empleo. Si hay algo en esos documentos es un esfuerzo de responsabilidad; de responsabilidad con una previsiones realistas, incluso conservadoras, y hay un esfuerzo de coherencia y de determinación de un Gobierno que no ha dejado ni un solo minuto, ni ha perdido en ningún momento, el objetivo, que es recuperar la creación de empleo.

Y termino recordando las palabras que decía el presidente de la Caixa esta semana en la presentación de un informe que les aconsejo y les recomiendo leer: España, tierra de oportunidades, del Consejo Empresarial de la Competitividad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, termine.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Decía en la presentación el señor Fainé: Las reformas del Gobierno han colocado a la economía española en un camino sostenible. Si hay algo que tenemos que hacer en este momento, desde la responsabilidad, desde la coherencia, es perseverar en esa dirección, es mantener la firmeza y el pulso firme en esas reformas que nos han puesto en el camino de la recuperación económica y en ese camino, aunque algunos de ustedes se incorporarán muy tarde, esperamos encontrarles.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra el senador Montilla.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies. El punt número dos de la moció òbviament es va redactar en un moment en què encara no es coneixien els acords que prendria el Consell de Ministres i, segurament, en un excés podríem dir d’optimisme, francament, pensaven que desenvoluparia més alguns aspectes que d’alguna manera el Ministre havia anunciat aquí en la interpel·lació, relatius especialment a tot el que te relació amb les polítiques de creixement i d’ocupació. Francament, a l’hora de la veritat, mirant els documents aprovats i que s’han remés a Brussel·les, aquestes propostes, el grau de concreció de les mateixes brilla per la seva absència.

I en aquest sentit vull dir que crec que les esmenes en general que fan tant el Grup Mixt com el Grup Socialista són esmenes que complementen i milloren el text. És obvi que les dues a la vegada no són possibles. El grau de concreció de l’esmena del Grup Socialista és més àmplia. I, en aquest sentit, crec que també inclou si més no l’esperit i les qüestions principals que te l’esmena del Grup Mixt. I, per tant, nosaltres acceptaríem l’esmena del Grup Socialista, que d’alguna manera concreta mitjançant determinades mesures com afavorir el creixement: mitjançant crèdits per al foment de l’ocupació, de l’emprenedoria i de suport a l’exportació, a les empreses exportadores, amb propostes en l’àmbit comunitari també per tractar de millorar les possibilitats que hi ha de que no computin en el dèficit, com de fet hi ha l’antic precedent en el Pacte d’Estabilitat i Creixement del que es deia la golden rule. Crec que aquest és l’esperit del què planteja el senyor Lerma.

El tema de l’educació és el que a mi no m’acaba d’encaixar, sí els temes de recerca i d’inversió productiva, que, repeteixo, en el seu moment com vostès saben es consideraven dins el Pacte d’Estabilitat i Creixement, com una possibilitat que òbviament requeria l’autorització de Brussel·les, però que molts Estats i comunitats autònomes —en el nostre cas també— van fer servir.

I desprès allò de la moratòria dels acomiadaments em sembla també una bona proposta, que per raons econòmiques en aquest període fixa l’esmena.

En aquest sentit, repeteixo, que acceptaria aquestes esmenes amb aquesta precisió pel que fa a l’educació, aquesta petició de reconsideració que li faig al senyor Lerma, amb el ben entés que acceptant aquesta esmena s’inclou amb un grau fins i tot de concreció l’esmena també que ha formulat el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

Gracias. El punto número dos de la moción, obviamente, se redactó en un momento en el que todavía no se conocían los acuerdos que iba a tomar el Consejo de Ministros y, seguramente, en un exceso de optimismo pensábamos que iba a desarrollar más algunos aspectos que, en cierto modo, el ministro había ya anunciado en la interpelación relativos especialmente a las políticas de crecimiento y ocupación. A la hora de la verdad, viendo los documentos aprobados, que han sido remitidos a Bruselas, el grado de concreción de estas propuestas brilla por su ausencia.

Y, en este sentido, creo que las enmiendas, en general, tanto la planteada por el Grupo Mixto como por el Grupo Socialista, complementan y mejoran el texto. Es obvio que las dos a la vez no son posibles. El grado de concreción de la enmienda del Grupo Socialista es más amplio y, además, creo que también incluye en líneas generales el espíritu y las cuestiones principales que tiene la enmienda del Grupo Mixto, y, por tanto, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista que, en cierto modo, concreta mediante una serie de medidas cómo favorecer el crecimiento precisamente mediante créditos para el fomento de la ocupación, la emprendiduría y el apoyo a las empresas exportadoras, con propuestas en el ámbito comunitario para intentar mejorar las posibilidades que hay de que no computen en el déficit, como ya existe ya un antiguo precedente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de lo que se llamaba la golden rule. Creo que este es un poco el espíritu que plantea el señor Lerma.

Lo que a mí no me acaba de encajar es la educación; sí los temas de investigación y de productividad, que, como usted sabe, se consideraban como parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como una posibilidad que requería, obviamente, la autorización de Bruselas, pero que en muchos Estados y comunidades autónomas, en nuestro caso, también utilizamos.

La moratoria en los despidos, que fija la enmienda, también me parece una buena propuesta que exista por razones económicas.

Por tanto, aceptaría estas enmiendas con la petición de reconsideración que le hago al señor Lerma, con la idea de que creo que aceptando esta enmienda se incluye con un grado mayor de concreción la enmienda formulada por el Grupo Mixto.

Gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Me sirve la fórmula que el senador Montilla ha encontrado para interpretar el encaje de las dos enmiendas. Retomo el argumento. El argumento era que la flexibilización del objetivo, acompañada de más ajustes o más recortes no resuelve en absoluto la situación en la que estamos. Pondré un ejemplo médico que seguramente les sonará a muchos de ustedes, el de la digitalina. La digitalina es un alcaloide para el tratamiento de las insuficiencias cardiacas y las arritmias auriculares. Pero depende de la dosis. Los que hayan leído novelas de Agatha Christie recordarán que la digitalina era uno de los venenos habituales en los crímenes que reflejan esas novelas. Los partidarios de las conspiraciones habrán oído hablar también de la digitalina relacionada con el repentino fallecimiento del Papa Juan Pablo I. Y eso es lo que ocurre. Las dosis en las que se utilizan los componentes de respuesta a la crisis no solamente no nos ayudan a salir de la misma, sino que agravan la enfermedad. Voy a buscar un ejemplo más próximo todavía. Es llamativo que las comunidades autónomas que más han recortado su déficit a lo largo de 2012 sean, precisamente, las que han sufrido una mayor caída del Producto Interior Bruto, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura; son la plasmación práctica, la expresión más clara de la aplicación del principio imperioso de contención del déficit sin mirar alrededor, sin mirar las consecuencia que de ello se deriva. Por eso, estamos en una depresión. No parece que la reducción que acaba de acordar el Banco Central Europeo, la rebaja de un cuartillo de los tipos de interés, vaya a ser —ningún experto, ningún responsable de entidades financieras podría asegurarlo— un mecanismo adecuado para garantizar que el crédito fluya. Crédito y empleo están directamente relacionados y son los problemas fundamentales de nuestra economía. Crédito y empleo padecen las consecuencias de los ajustes y de los recortes de la primacía absoluta del objetivo de contención del déficit. El tipo de interés está en el 0,5. Este es el período más largo de la historia económica de los últimos años con los tipos de interés más bajos. Antes estaba en el 0,75. ¿Cuál es el tipo medio de interés que pagan las pymes españolas? Por encima del 5%. La prioridad sigue siendo recapitalizar a las entidades financieras y ni así ni con tipos de interés diez veces superiores a los fijados por el Banco Central Europeo fluye el crédito a la economía real en nuestro país. ¿Por qué? Porque las entidades financieras están mirando por ellas mismas y el Gobierno consiente que su prioridad, la de las entidades financieras, sea mirar por ellas mismas. En segundo lugar, porque en una realidad económica como la que tenemos, con un nivel de desempleo como el que tenemos, las entidades financieras después de mirar para ellas y por sus necesidades de recapitalización, no tienen confianza en la capacidad de devolución de los créditos de quienes tengan el valor en este momento y en esta coyuntura de solicitar un crédito, de solicitar un préstamo.

Llegamos a situaciones difícilmente comprensibles incluso si aplicamos la lógica económica más ortodoxa. Como no tenemos banca pública hemos renunciado a ella. Se utiliza como instrumento para dinamizar el crédito el ICO, pero en unas condiciones absolutamente leoninas. El ICO tramita y decide si se va a conceder el crédito. El ICO pone el dinero de ese crédito prácticamente. El ICO responde del riesgo de morosidad. La pregunta es, ¿qué pone el banco? Porque incluso desde una perspectiva religiosa, la justificación del interés en el mundo cristiano está en el riesgo que asume. Hay otras religiones en las que está prohibida la usura. Aquí la usura se justifica por el riesgo; a mayor riesgo, mayor interés. Si el ICO responde, si respondemos todos ¿dónde está el riesgo? ¿Por qué el interés entonces?

El resultado —y concluyo—, es que no hay medidas eficaces que dinamicen la realidad económica y que sean una respuesta adecuada al desempleo. Hoy todos ustedes habrán leído en los medios de comunicación el incremento de la emigración a Alemania, de un 45% el pasado año. Pero hay otro dato que a mí me parece igualmente espeluznante. En 2012, en relación con 2011…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Solo tres segundos, señor presidente.

…la Organización Médica Colegial tramitó un 75% más de solicitudes de idoneidad, el 91% para moverse hacia el exterior, que diría la señora ministra de Empleo, antes emigrantes.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora señora Martínez.

La señor a MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente jauna.

Hemen ez dekogu bakarrik mozio bat, baizik eta mozio bi, ze PSOEK aurkeztutako emendakina guztiz mozio bat dala ematen dau.

Baina, bueno, berdin dau, puntu guztietan aztertuko dot nire talde parlamentarioaren posizioa.

Muchas gracias, señor presidente.

Aquí no tenemos solo una moción sino que se trata de dos mociones, porque la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista casi es una moción, tiene sus características.

Pero voy a analizar en todos los puntos la posición de mi grupo parlamentario.

Porque además de la moción del senador Montilla nos encontramos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que casi es una moción en sí misma.

Vamos a votar a favor de la moción porque compartimos plenamente la moción presentada por el senador Montilla en todos y cada uno de sus puntos, así como la enmienda presentada en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, con algunas matizaciones a las que luego haré alusión.

La moción del senador Montilla hace referencia a la necesidad de flexibilizar el déficit y de que se haga además con una distribución equitativa. En ese sentido, es importante señalar que, además de la Administración central y de las comunidades autónomas, son los ayuntamientos los que afrontan buena parte del gasto público, y entiendo que la relajación del déficit tiene que tener en cuenta las administraciones locales, que se encuentran en este momento con un déficit cero. Si hay alguien que ha cumplido son precisamente ellas. En ese sentido, mi grupo parlamentario siempre se ha manifestado a favor de flexibilizar el déficit y, por lo tanto, entendemos y compartimos plenamente el punto en su redacción textual.

A la hora de priorizar políticas que generen crecimiento y empleo, especialmente de los jóvenes y de lo que se llama el emprendimiento, nosotros también hemos mantenido una postura coincidente con lo expresado por la moción, al igual que este último punto, al que hacía extensiva referencia el senador Iglesias cuando hablaba de facilitar el acceso al crédito a los autónomos y a las pymes. Nos preocupa mucho, nos preocupa tanto que ha sido de las primeras medidas que hemos empezado a implementar cuando hemos entrado en el Gobierno vasco. Hoy mismo, a las cuatro de la tarde, el lehendakari del Gobierno vasco tiene una reunión con los diputados generales y con la presidenta de Eudel, con Ibone Bengoetxea, presidenta de la Asociación de Municipios Vascos, donde les va a lanzar una propuesta, y es la creación de tres fondos: uno de reactivación económica precisamente orientado a facilitar el acceso al crédito y a los avales —que los avales también son fundamentales para las empresas, sobre todo para las pequeñas—, por un valor a través de un fondo de 200 millones de euros; un fondo de solidaridad para el empleo de 40 millones de euros que haga especial hincapié en el empleo de la gente joven y de los parados de larga duración, y un fondo de apoyo a emprendedores de 5 millones de euros; un total de 245 millones que se han conseguido sacar gracias a los datos que estimamos de relajación del déficit que vamos a tener la semana que viene.

Por lo tanto, es importante visualizar cómo la flexibilización del objetivo del déficit realmente se traduce en fondos y en cuantías concretas que van orientadas en este sentido. En consecuencia, no tengo nada que decir a la moción que ha presentado el senador Montilla y que apoyamos, como he comentado, sin reservas.

Otra cuestión es la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Lerma. El senador Montilla lo ha expresado perfectamente.

Respecto al primer punto relativo al fondo de los 20 000 millones de euros para la financiación de empresas y el fomento del empleo, emprendedores y apoyo a la exportación, estoy totalmente de acuerdo. Creo que las medidas que está proponiendo el lehendakari Urkullu esta tarde van precisamente en este sentido. El lehendakari Urkullu ha venido a decir que, además de estos 245 millones de euros, bienvenidos sean otros mecanismos de financiación por parte de otros entes de la Administraciones Pública o por entes privados. Por tanto, si además de esos 245 millones para Euskadi hay algo más dentro del fondo que ustedes proponen, bienvenido sea. Ningún problema.




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El punto b es el que me plantea cierta duda y en ese sentido es lo que ha señalado el senador Montilla, que los gastos en educación, en investigación e inversiones productivas no computen como los efectos de procedimiento de déficit excesivo. Evidentemente, la relajación del déficit es casi como decir que determinados gastos no computen, es decir, lo mismo pero visto desde diferentes puntos de vista. Lo que ocurre es que están incluyendo inversiones en educación en determinados ámbitos, por ejemplo, investigación universitaria, contratación de investigadores, etcétera. Se pueden interpretar desde el punto de vista de una inversión a futuro, pero no todo lo relativo al gasto en educación. Me gustaría que en su siguiente intervención pudiese centrar este asunto.

En cuanto a la moratoria para los despidos por causas económicas, he de señalar que nosotros nos hemos mostrado en todo momento contrarios a la descausalización del despido que ha supuesto la última reforma laboral. Por tanto, entendemos que el despido por causas económicas es una medida sumamente negativa, sobre todo en esta coyuntura de crisis económica, que además está en la causa de muchos de los despidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora MARTINEZ MUÑOZ: Finalizo, señor presidente.

Una cuestión más. Aparecía en prensa la empresa Fagor, que se dedica a electrodomésticos de línea blanca. Las ventas de electrodomésticos en el último año se han reducido un 60%; por segundo año consecutivo, los trabajadores de Fagor, que es una cooperativa perteneciente al grupo Mondragón, se van a reducir el sueldo un 6,5%. Por segundo año consecutivo. Hay alternativas al despido por causas económicas. La salida de la crisis tiene que hacerse entre todos los agentes económicos: trabajadores, directivos, sindicatos, Administración Pública, etcétera. Por tanto, descausalización del despido, absolutamente.

En ese sentido, apoyaremos la moción. Votaremos a favor, pese a las reticencias que tenemos respecto al gasto educativo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, president.

Bé, jo crec que ni el Govern ho fa tot bé ni l’oposició ho fa tampoc tot bé o tot malament. Les coses són més relatives del que ens pensem. Però la veritat és que quan escoltem dir al Partit Popular que el Govern està fent el correcte, cal recordar que el mes de desembre —ho hem debatut més vegades— quan parlàvem dels pressupostos estaven parlant d’això també, del Programa Nacional de Reformes i el Pla d’Estabilitat. Cal recordar que ja en aquest moment vam avançar que les previsions que hi havia de creixement eren poc creïbles; evidentment, que això condicionava el dèficit públic, que seria més elevat del que anunciava el Govern, i que això es traduiria també, òbviament, en menys activitats econòmica i més atur. A més a més, també vam posar en evidència que el crèdit s’anava restringint, cada vegada hi ha menys crèdit al servei de les empreses. Aquesta és una realitat, he dit, contra la que és difícil d’argumentar en contra, perquè les dades són aquestes.

El dèficit. Nosaltres compartim en línies generals les polítiques d’austeritat i la necessitat de la consolidació fiscal. És obvi. Però la veritat és que el dèficit, malgrat haver apujat els impostos, malgrat les retallades, malgrat haver d’haver utilitzat alguns recursos que són fruit de l’herència també, els 7000 milions del Fons de Reserva de la Seguritat Social o els 4000 de les mútues, que s’han utilitzat, era una herència. Si no hi haguessin estat, hi hauria un punt més de dèficit.

Però bé, el tema que en concret tractem a la moció és el de la distribució del dèficit, que ha de ser equitativa entre els diferents nivells d’Administració en funció de la seva participació en la despesa pública. Aquesta és una cosa que en aquest moment està en discussió i convindria un posicionament d’aquesta cambra al respecte, per a un tracte més just, especialment a les comunitats autònomes, a les quals se’ls ha anunciat una participació absolutament insuficient, des del meu punt de vista. S’han manifestat diferents presidents de comunitat en aquest sentit, fins i tot presidents de comunitats del Partit Popular.




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Creixement i ocupació. Seguirà creixent la desocupació, l’atur, això és el que preveu l’acord del Consell de Ministres i els dos documents enviats a Brussel·les, fins i tot amb algunes incongruències. L’any que es preveu un creixement de l’economia d’un 0,5, amb un creixement de l’atur del 0,4. Això, evidentment, tots sabem que no serà així. Amb un creixement tan minso de l’economia, que segurament no s’arribarà a produir —també això ho diuen altres prediccions d’organismes internacionals—, difícilment l’atur creixerà en un 0,4 sinó desgraciadament segur que en més.

El crèdit. El crèdit no creix. Els banquers diuen que no hi haurà més crèdit, que no creixerà d’aquí fins almenys passat el 2015. I les dades del Banc d’Espanya ho diuen també, que el crèdit cau. Per tant, vull dir que les bones intencions estan bé, però caldran algunes mesures concretes, que ja sé que en algunes s’hi està treballant, o s’està negociant, o diuen que s’està negociant. Aquesta participació del BEI o del Banc Central Europeu, especialment permetent la titularització i la utilització com a col·lateral dels préstecs de les pimes titulitzats. Tant de bo s’arribi a fer, per poder posar-lo de relleu. I després, tenim una banca pública, no hi ha voluntat de tenir una banca pública, però la tenim fruit de les circumstàncies. Vull dir que també podria jugar un paper. Aquí el ministre no es va voler mullar, però jo crec que hauria de jugar un paper.

D’alguna manera penso, i amb això acabo, que el Programa Nacional de Reformes i el Programa d’Estabilitat han estat una certa ocasió perduda, perquè unes certes correccions a la política econòmica, si més no, que vostès estan fent crec que la reclama tothom, fins i tot persones que no són precisament ni d’esquerres ni pertanyen a moviments socials sospitosos. Per tant, haurien d’efectuar aquestes correccions. Crec que és una necessitat i fins i tot una obvietat. Si el que volem és que creixi l’economia, que es creï ocupació, que realment es pugui reduir el dèficit i que realment es pugui reduir també el deute, i no amb aquest creixement que hi ha previst també en els escenaris que vostès han aprovat.

Res més. Penso que en aquest sentit hi ha sobrades raons per donar suport a la moció i ho agraeixo als grups que han anunciat el vot favorable.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En mi opinión, ni el Gobierno lo hace todo bien ni la oposición tampoco lo hace todo bien ni todo mal, las cosas son más relativas de lo que pensamos. Sin embargo, lo cierto es que cuando oímos decir al Partido Popular que el Gobierno está haciendo lo correcto, hay que recordar que en el mes de diciembre, cuando debatíamos los presupuestos —lo hemos debatido en más ocasiones— hablábamos del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad. Ya entonces avanzamos que las previsiones de crecimiento eran poco creíbles, y eso condicionaba lógicamente el déficit público, que sería más elevado de lo que anunciaba el Gobierno, y que eso se traduciría también, obviamente, en una menor actividad económica y más desempleo. Asimismo pusimos de manifiesto que el crédito se iba restringiendo cada vez más, cada vez hay menos crédito al servicio de las empresas. Esta es una realidad que difícilmente se puede argumentar en contra, difícilmente se puede rebatir porque la situación es así.

Es obvio que compartimos en líneas generales las políticas de austeridad y la necesidad de consolidación fiscal, pero la verdad es que, a pesar de subir los impuestos, a pesar de los recortes, a pesar de haber empleado algunos recursos que también son fruto de la herencia recibida, si no se hubieran utilizado los 7000 millones de la reserva social o los 4000 de las mutuas, habría un punto más de déficit.

En fin, el asunto concreto que tratamos en la moción es la distribución del déficit, una distribución que tiene que ser equitativa entre los distintos niveles de la Administración en función básicamente de su participación en el gasto público. Esto es algo que se está debatiendo. Por consiguiente, sería preciso un posicionamiento de esta Cámara a favor de un trato más justo a las comunidades autónomas, a las que se ha anunciado una participación absolutamente insuficiente, desde mi punto de vista, y se han manifestado distintos presidentes de comunidades, incluso presidentes de comunidades del Partido Popular.

Crecimiento y ocupación. Evidentemente, seguirá creciendo la desocupación, el desempleo. Esto es lo que prevé el acuerdo del Consejo de Ministros y los dos documentos enviados a Bruselas, incluso con incongruencias para el próximo año, en el que se prevé un crecimiento de la




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economía de un 0,5, con un crecimiento del desempleo de un 0,4. Todos sabemos que esto no será así. Con un crecimiento tan escaso de la economía, que seguramente ni se producirá —según las predicciones de algunos organismos internacionales—, difícilmente el desempleo crecerá un 0,4, sino más.

El crédito no crece. Los banqueros dicen que no habrá más crédito, que no va a aumentar hasta, al menos, pasado el 2015. Y los datos del Banco de España también lo dicen, que el crédito cae. Por tanto, están bien las buenas intenciones, pero serán necesarias algunas medidas concretas. Sabemos que se están negociando algunas de ellas, o se dice que se está negociando la participación, por ejemplo, del Banco Central Europeo para mantener la utilización colateral por parte de las pymes. En todo caso, hay un banco público. No hay voluntad de tener un banco público, pero lo tenemos, fruto de las circunstancias. Yo creo que también podría desempeñar un papel, pero el ministro no quiso concretar.

En cualquier caso, y con esto termino, creo que respecto al Programa Nacional de Reformas y al Programa de Estabilidad se ha perdido una ocasión, porque es necesario realizar correcciones en la política económica que ustedes están haciendo. Esta reclamación la hace todo el mundo, incluso personas que no son de izquierdas ni pertenecen a movimientos sociales sospechosos. Por tanto, deberían introducir estas correcciones. Creo que es una necesidad e, incluso, una obviedad. Si lo que queremos es que crezca la economía, que se cree ocupación, que se reduzca el déficit y también la deuda, no será posible con el crecimiento que se ha previsto.

Nada más. Creo que hay razones de sobra para apoyar la moción. Mi agradecimiento a los grupos que han anunciado su voto favorable.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, president Montilla.

Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, fa justament unes dues setmanes que l’Institut Nacional d’Estadística va donar a conèixer les dades sobre l’ocupació i l’atur en aquest primer trimestre, ja ho hem comentat moltes vegades: 6 200 000 persones, que representen, un 27,4% aproximadament de la població activa. I quan es miren aquestes xifres amb un cert deteniment són escandaloses, perquè gairebé la meitat de les persones porten un any de manera constant aturades, tenim un 57% d’atur juvenil i, alhora, hi ha una situació a les llars espanyoles on tots els membres estan sense feina de aproximadament uns dos milions de persones.

Gairebé de manera paral·lela, el Govern va actualitzar el Programa d’Estabilitat 2013-2016, augmentant el marge de dèficit per aquest any fins al 6,3 i que va revisar, a la baixa, el quadre de les seves previsions macroeconòmiques. D’aquí ja es dedueix una cosa important, i és la incapacitat del Govern de generar ocupació durant dos anys, perquè admeten que, fins al 2016, no aconseguirem baixar fins al 25%, cosa que vol dir que no estarem generant ocupació ja en tota aquesta legislatura.

Les previsions del PIB també van ser revisades a la baixa, elevant per al 2013 la contracció de l’economia del 0,5 —que és el que figurava a la Llei de pressupostos— a l‘1,3. del PIB, fet que suposa gairebé triplicar la contracció prevista, amb una caiguda que encara pot ser superior. I una setmana després d’aquestes publicacions la Comissió Europea va corregir encara més a la baixa les previsions econòmiques del Govern pronosticant una contracció de l’1,5% per aquest any, en lloc de l‘1,3, i una taxa d’atur que se situarà, de mitjana, en el 27%.

En aquestes circumstàncies, la Comissió preveu que Espanya incompleixi fins i tot els nous objectius de dèficit proposats pel Govern. Sense mesures addicionals és molt difícil arribar a resoldre aquesta situació. Per això, el vicepresident de la Unió Europea i responsable d’afers econòmics i monetaris, Olli Rehn, va confirmar que l’executiu espanyol tindrà dos anys més per rebaixar el seu dèficit per sota del 3% del producte interior brut, passant de l’actual 2014 al 2016 per corregir aquest marge de dèficit. Per tant, en aquests moments, ens hem de preguntar on som i què demanem.

Abans de res, vull evidenciar que estem d’acord en la moció que ens acaben de plantejar. Nosaltres li donarem suport. Però voldria fer algunes consideracions. En primer lloc, vull constatar que la primera part d’aquesta moció ja queda superada pels esdeveniment, és a dir, per les declaracions que s’han fet des d’Europa, amb els dos anys per flexibilitzar el dèficit. En definitiva,




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són dos anys que s’han de mirar d’aprofitar, i això és el que nosaltres hem de continuar treballant. En segon lloc, vull posar de manifest que per primera vegada el Govern aparca l’excessiu optimisme i triomfalisme en les previsions dels quadres macroeconòmics i, per tant, reconeix ja que estem en un camí molt més difícil i més complicat.

Per això és fonamental que, en primer lloc, s’aprofiti el marge de dos anys que brinda Brussel·les per complir amb l’objectiu de reducció de dèficit fins al 3%. Entenem que el Govern segueix concentrant els seus esforços exclusivament en l’austeritat econòmica, alhora que forçant que aquests esforços, en el sector públic, es concentrin prioritàriament en les administracions territorials, cosa que, segons el nostre parer, és un error. Creiem que el Govern ha d’aprofitar el marge que se’ns ofereix per impulsar el creixement i apartar les administracions territorials i, no aportar tota aquesta càrrega a les administracions, sinó que aprofitem aquesta oportunitat per impulsar el creixement.

Permeti’m finalment, senyor Montilla, que li digui que en tota la seva intervenció hem trobat a faltar un cert reconeixement a l’esforç que està fent la Generalitat de Catalunya en tot aquest temps en la reducció de dèficit, perquè estem fent esforços molt considerables. Per tant, vostès també podrien fer una certa autocrítica de quan estaven en el Govern dels objectius, que en gran part van ser l’herència que nosaltres tenim, de responsabilitat en aquesta etapa. (El senyor president ocupa la Presidència.)

Finalment, deixi’m dir-li que estem totalment d’acord amb tot el que seria les polítiques de liquiditat, a fi i efecte d’estimular el creixement i també l’ocupació.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hace precisamente dos semanas que el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos sobre la ocupación y el desempleo en este primer trimestre. Lo hemos comentado en muchas ocasiones: 6 200 000 personas, que representan un 27,4% aproximadamente de la población activa. Si observamos estas cifras con un cierto detenimiento, vemos que son escandalosas. Prácticamente la mitad de las personas llevan un año desempleadas de forma constante. Tenemos un 57% de desempleo juvenil. Y, al mismo tiempo, existen hogares españoles en los que todos sus miembros están sin trabajo, aproximadamente 2 millones de personas.

Prácticamente en paralelo, el Gobierno actualizó el Programa de Estabilidad 2013-2016, aumentando el margen de déficit para este año hasta el 6,3 y que revisó a la baja en el cuadro de sus previsiones macroeconómicas. De aquí se deduce algo importante: la incapacidad del Gobierno de generar empleo durante dos años, porque admiten que hasta 2016 no conseguiremos bajar al 25%. Por tanto, no estaremos generando empleo en toda esta legislatura.

Las previsiones del PIB también fueron revisadas a la baja. Para 2013 aumentaba la contracción de la economía: del 0,5— —que figuraba en la ley de presupuestos— al 1,3 del PIB, lo que supone, prácticamente, triplicar la contracción prevista, la caída, que puede ser incluso superior. Pero una semana después de estas publicaciones la Comisión Europea corrigió todavía más a la baja las previsiones económicas del Gobierno pronosticando una contracción del 1,5% para este año, en lugar del 1,3%, y una tasa de desempleo que se situará, de media, en el 27%.

En estas circunstancias la Comisión prevé que España incumpla incluso los nuevos objetivos de déficit propuestos por el Gobierno. Sin medidas adicionales es muy difícil resolver esta situación. Por esto, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, confirmó que el Ejecutivo español tendrá dos años más para rebajar su déficit por debajo del 3% del PIB, pasando del actual 2014 al 2016 para corregir ese margen de déficit. Por lo tanto, en la actualidad debemos preguntarnos dónde estamos y qué pedimos.

Antes de nada hay que decir que estamos de acuerdo con la moción que se acaba de plantear, vamos a apoyarla, pero quiero hacer algunas consideraciones. En primer lugar, quiero constatar que la primera parte de esta moción queda ya superada por los acontecimientos, por las declaraciones realizadas desde Europa sobre estos dos años más para flexibilizar el déficit. En definitiva, son dos años que hay que intentar aprovechar, y ahí hemos de seguir trabajando. En segundo lugar, hay que decir que por primera vez el Gobierno aparca un poco ese optimismo y




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triunfalismo excesivo en las previsiones de los cuadros macroeconómicos y reconoce, por tanto, que estamos en un camino mucho más difícil y complicado.

Por ello, es fundamental y clave que se aproveche, en primer lugar, el margen de dos años que nos dan desde Bruselas para cumplir con el objetivo de reducción del déficit hasta el 3%. Entendemos que el Gobierno sigue concentrando sus esfuerzos exclusivamente en la austeridad económica, al tiempo que fuerza que en el sector público se concentren prioritariamente en las administraciones territoriales, y entendemos que esto, claramente, es un error. Creemos que el Gobierno debe aprovechar el margen que se nos ofrece para impulsar el crecimiento y apartar a las administraciones territoriales de forma que no recaiga esta carga sobre ellas. Tenemos delante una oportunidad, que hemos de aprovechar, para impulsar precisamente el crecimiento.

Finalmente, señor Montilla, permítame que le diga que en su intervención hemos echado de menos cierto reconocimiento al esfuerzo que está realizando durante todo este tiempo la Generalitat de Cataluña para la reducción del déficit. En cierto modo estamos realizando esfuerzos muy considerables, así que ustedes podrían hacer cierta autocrítica en cuanto a los objetivos —y me refiero a cuando estaban en el Gobierno—, que en buena parte son la herencia que tenemos y nuestra responsabilidad en esta etapa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por último, permítanme decirles que estamos completamente de acuerdo con todo lo que sean políticas de liquidez cuyo objetivo sea estimular el crecimiento y el empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Si ustedes atendieran debidamente a lo que dice su presidente del Gobierno —lo dijo ayer mismo en esta Cámara—, seguramente no mantendrían esta actitud radical en contra de la moción.

Ciertamente, lo primero que plantea la moción es una revisión de los objetivos de déficit por parte de las administraciones públicas. Ayer, el presidente vino a decir con bastante claridad que, obviamente, si en este momento pedimos el mismo esfuerzo de consolidación a Alemania que a España, no estamos haciendo justicia ni lo estamos haciendo bien. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, evidentemente, lo que todos ustedes piensan: que no se puede pedir un esfuerzo similar a comunidades autónomas que parten de situaciones diferentes. Y eso lo tendrán que admitir porque su propio Gobierno lo hará y por lo tanto no tiene ningún sentido la radicalidad que ustedes están empleando en este momento.

La segunda cuestión es mucho más evidente todavía, y es que no hace falta insistir para que quede bastante claro que lo que ha hecho la Comisión ni más ni menos es decir que su política de contención del déficit ha fracasado y, por lo tanto, le voy a dar dos años más. Pero está claro que ha fracasado, es evidente, no han contenido ustedes nada el déficit a pesar de hinchar de impuestos a los ciudadanos, y además de una manera regresiva normalmente.

¿Qué ha pasado en los últimos años en las administraciones públicas? Que el déficit de las administraciones públicas llegó a ser, de acuerdo con la Comisión Europea, del 10,6 si se cuentan las ayudas públicas a la banca; si no se cuentan las ayudas públicas a la banca fueron aproximadamente 73 000 millones de euros, es decir, sobre un 7%; si se cuenta el déficit real, que son los 7000 millones que decía el señor Montilla que ustedes se han llevado del Fondo de reserva más los 4000 millones que le han obligado a meter a las mutuas, el déficit supera el 8%. Ustedes no han reducido el déficit nada y han hinchado a este país a impuestos, lo que ha impedido el crecimiento de la economía real. Esta es la situación que tenemos ahora mismo.

¿Qué ha ocurrido además? El déficit sin ayudas financieras lo dejaríamos en 2,7 del PIB en dos años, pero esto no es real. Todo el déficit que se ha reducido, se ha reducido además en torno al gasto y eso es exactamente lo contrario de lo que dice Bruselas en cada declaración. Esta es una situación insostenible por parte de su Gobierno y por parte de Bruselas, que parece que no se estudie las cuentas españolas porque las recomendaciones que hace son exactamente las contrarias a las que necesita la actual situación.

Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las grandes subidas de impuestos lo único que han hecho ha sido aumentar la recaudación un 0,6; mientras que los gastos que han recortado, el




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gasto de capital especialmente, se han reducido un 35%; los gastos de personal se han reducido en torno al 6%, básicamente gracias a la paga extraordinaria que se les retiró a todos los funcionarios españoles. ¿Y qué más ha pasado? Que aumentaron las prestaciones sociales un 2%, pensiones y desempleo, y aumentó un 20% el pago de los intereses de la deuda.

Como decía, los ingresos apenas aumentaron un 0,6% a pesar de las grandes subidas de impuestos y, como consecuencia, tenemos un incremento histórico y sostenido de la deuda española hasta niveles que Kenneth Rogoff diría que son insostenibles para el futuro, pero ya se ha demostrado que no es verdad porque no es eso lo que limita el crecimiento, sino la falta de inversión fundamentalmente. Está clarísimo, la política de austeridad ha fracasado estrepitosamente. El beneficio que obtenemos con el recorte del gasto se anula automáticamente por la caída de ingresos consecuencia del crecimiento negativo de la economía y, además, con la falta de inversión, que es lo que estamos reduciendo fundamentalmente para acortar el déficit, estamos arruinando el crecimiento potencial futuro de esta economía, lo que no parece tener en consideración la Unión Europea en ningún momento. Estas políticas no van a generar más que sufrimiento. ¿Y cuánto sufrimiento hemos de esperar para considerar el paro como el principal problema por encima de la inflación, que ni está ni se la espera, digan lo que digan el Busdesbank y todos los tratadistas alemanes que no han acertado ni una previsión? Y que, por supuesto, el problema tampoco es en este momento el endeudamiento, que sigue creciendo con la política actual; el endeudamiento sigue creciendo, no es que nosotros propongamos que nos endeudemos más, es que ahora el Gobierno está haciendo que España se siga endeudando a un ritmo acelerado, cada vez mayor. Esta es la realidad.

Con estas condiciones —y esto es lo importante—, las enmiendas que hemos presentado y la enmienda que yo acepto del señor Montilla es lo que nos ha decidido a nosotros a rescatar el crecimiento, a hacer fluido el crédito, lo que no empeorará el endeudamiento y aliviará —y mucho— el sufrimiento de los ciudadanos que no tienen que pagar por algo que no han producido y que tampoco con su sufrimiento lo van a poner arreglar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Lerma, ya entiendo por qué mantienen ustedes una moción que es totalmente innecesaria, como decía en mi primera intervención. Ahora puedo entenderlo: solamente para hacer un discurso absolutamente político y para vender esas falsedades que ustedes repiten como si fueran creíbles por las muchas veces que las repiten, y es que los esfuerzos son inútiles y no ha cambiado nada. Usted ha repetido la palabra fracaso hasta una decena de veces. Pero, ¿hay mayor fracaso que esa cultura de la ayuda pública de que con más dinero se resuelve todo, que vuelven a incorporar ustedes en su enmienda? ¿Hay mayor fracaso que el que nos dejaron las políticas socialistas?

Señorías, la legislatura no empieza hoy. Puede que ustedes se enteren hoy, porque parece que no están a lo que hay que estar, que es a salir de la crisis, que es a la recuperación económica, pero, como digo, la legislatura no empieza hoy y las cosas no son —aunque a ustedes no les guste— ni parecidas a como el Partido Socialista las dejó cuando gobernó. El balance de diciembre de 2011 no podía ser más dramático, como usted ha dicho, ni más pesimista: España líder en pérdida de competitividad. España genera serias dudas sobre nuestra solvencia para pagar una deuda ingente que solo en dos años ustedes duplicaron. España incapaz de ajustar el déficit —ni siquiera de decir la verdad sobre él, senador Lerma—. España no aborda una sola reforma. España tiene un sistema bancario sin sanear. En España no se pagan las facturas —más de cinco millones y medio de facturas se han pagado con el Gobierno de Mariano Rajoy—. España abocada al rescate, incapaz de cumplir sus compromisos de pago y dejando de atender y de pagar los servicios públicos, senador Lerma. Esa es la España que le tocó recoger al Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad que ustedes dejaron. ¿Le parece que hay algo más negativo, más dramático y más pesimista que eso?

Sinceramente, señorías, no pueden decir que nada ha cambiado y no pueden dejar de reconocer el esfuerzo que se ha hecho, porque hoy las cosas han cambiado. Hoy tenemos en




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España un Gobierno convencido y fiable, que era la primera condición. Hoy tenemos un Gobierno con la determinación necesaria y un Gobierno que tiene una política económica, la que aparece recogida en ese Programa Nacional de Reformas y en ese Programa de Estabilidad. El 2012 ha sido un año duro, ha sido un año de ajustes, de esfuerzos, pero los esfuerzos valen la pena y es tremendamente injusto que vengan hoy ustedes, después de quince meses, a decir que los esfuerzos han sido inútiles, porque hay cosas que han cambiado. No ha sido solo la reducción del déficit —dos puntos de reducción del déficit—, no es solo eso. Hoy no se habla en España ni de quiebra ni de rescate. Hoy las medidas del Gobierno consiguen una credibilidad internacional, que es la que ha permitido ese cambio en los objetivos de déficit, senadores del Grupo Socialista. Hoy la economía española, por primera vez desde 1998, no requiere financiación exterior. Hoy hemos logrado la moderación en los costes laborales unitarios, más flexibilidad, más productividad y más capacidad empresarial y la fortaleza de nuestras exportaciones.

Ustedes saben muy bien que ese superávit en la cuenta corriente es el mejor indicador de la recuperación. Lo saben muy bien, no sé por qué intentan negarlo. Y hay datos que indican que somos el quinto país del mundo que mejora más desde 2010 su atractivo para captar inversión extranjera directa. Eso, señorías, tiene mucho que ver con la credibilidad que ha generado este Gobierno y tiene mucho que ver con la confianza que están despertando las mejoras y las reformas de este Gobierno.

Hay un dato dramático, que es la cifra de desempleo. Y es el Gobierno el primer comprometido, como hemos dicho, porque las cifras de paro deben ser, y lo son, el mayor acicate para todas las políticas de este Gobierno. Toda la política económica del Gobierno del Partido Popular va dirigida a la recuperación del crecimiento y a la recuperación del empleo. Además, he de decir que esa política económica está dando resultados. En cualquier caso, haré una reflexión a los senadores del Grupo Socialista y es que no destinaremos ni un segundo a la autocomplacencia ―como ha dicho el presidente del Gobierno―, ni un minuto a la relajación hasta que no consigamos crear empleo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: En cualquier caso, también tengo que decirles que es un gravísimo error tratar de ignorar, tratar de esconder y tratar de negar los resultados que consiguen las reformas, y ustedes deberían haber aprendido algo de esos errores porque negar la realidad, como negaron ustedes la crisis durante año y medio, es un grave error.

Por cierto, el senador Iglesias se refería a una serie de comunidades que han reducido el déficit, pero debería plantearse qué ocurre con el empleo en aquellas otras comunidades ―en algunas de ellas ustedes soportan al Gobierno, como en el caso de Andalucía― donde los esfuerzos por controlar el déficit no son suficientes, donde no se aplican las políticas del Partido Popular. Insisto, debería valorar los resultados y hacer una comparativa para comprobar si esos resultados, de verdad, son mejores que los que se producen en otras comunidades.

Quiero hacer una tercera reflexión. Hay unos resultados macroeconómicos que no se perciben aún en el día a día de las familias y somos conscientes de que queda mucho por hacer pero, desde luego, las reformas aprobadas y las reformas contenidas en ese programa nacional, aunque no han desplegado todos sus efectos, lo van a hacer.

Señorías, el Partido Socialista propone acuerdos y lo hace ―como en el caso de la enmienda de hoy― solicitando la creación de un fondo de 20 000 millones de euros. Hablan del fracaso de las políticas del Partido Popular, pero si algo demostró el fracaso, si algo demostraron ustedes, como decía ayer el señor ministro de Economía, es que no por poner más dinero se logran mejores resultados. Fueron ustedes unos expertos en poner cientos de miles de millones de euros a disposición de unas medidas que no lograron más que el fracaso de toda una política económica. Vuelven ustedes a proponer 20 000 millones de euros para este fondo, 40 000 millones de euros para otro o 60 000 millones de euros para otro distinto, pero no recuerdan ustedes ―tienen mala memoria― que esa cultura de medidas improvisadas, esa cultura de medidas de quita y pon ya la hemos vivido. Todos recordamos su extraordinaria medida, su plan estrella para el empleo, aquel famoso Plan E, que contaba con 13 000 millones de euros, pero hoy sabemos que gastaron 1 000 000 euros por cada empleo estable que crearon; un auténtico fracaso. Igualmente ocurrió con la Sociedad Pública de Alquiler y, en este sentido, recuerdo al señor Zapatero diciendo




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que se creaba y que si luego no daba resultados, se quitaría; sin embargo, hubo que quitarla cuando ya había dejado un agujero de 45 000 millones de euros. Esa es la realidad de las políticas del Partido Socialista.

Señorías, les pido que hagan propuestas serias, planes serios ―como está aplicando el Gobierno―, porque volver a la cultura de las ideas felices con el dinero que todavía estamos pagando todos en intereses y en credibilidad no es la mejor política.

Por otro lado, cuando hablan de planes y de ideas, viendo lo que ustedes proponen, nos preguntamos si su plan consiste en adoptar las mismas medidas que nos llevaron a donde nos llevaban: directos a la suspensión de pagos. Muchos españoles nos preguntamos cuánto tardarían ustedes en devolvernos a esa situación de diciembre de 2011.

Como decía Einstein, y repetía hoy una compañera del Grupo Popular, si no quieres los mismos resultados haz cosas distintas, y el Gobierno del Partido Popular está emprendiendo el camino de la responsabilidad, el camino de la coherencia y el camino de las reformas.

En este programa de reformas podemos hacer cosas distintas porque la situación es bien distinta. Como les decía en mi primera intervención, hay en marcha tres procesos fundamentales: el equilibrio en las cuentas públicas, el saneamiento del sistema financiero y las reformas para la competitividad y el crecimiento. Las medidas dirigidas a crear empleo son las que conforman el núcleo esencial del programa; medidas para reactivar la economía, para impulsar el empleo y para reconstruir el tejido productivo; y el carácter de prioritarias se lo ha puesto el Gobierno. Además, como saben ustedes, la inmensa mayoría de esas reformas están destinadas al segundo semestre de 2013.

Termino, señorías. Señorías del Partido Socialista, en el Gobierno demostraron su capacidad para arruinar el país, y ahora están demostrando su capacidad para desmarcarse. (Rumores.) Han estado ustedes en contra de todo, en contra de todas y cada una de las medidas que ha ido proponiendo el Gobierno. Votaron ustedes en contra incluso de la prórroga de los 400 euros para los parados. No están a lo que deben estar, señorías. Este es un momento crucial para nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Este proceso de reformas va a determinar el punto de inflexión necesario para recuperar el crecimiento y el empleo. (Rumores.) Hay muchas reformas en marcha y tienen ustedes muchas oportunidades de incorporarse al trabajo, de incorporarse a la responsabilidad y de incorporarse a la lealtad. Es más necesaria que nunca una oposición útil, responsable y leal, con propuestas serias…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: …en estas reformas de calado y de especial trascendencia para el futuro de España. Y en ese camino del trabajo, de la responsabilidad, de la coherencia y de las reformas, esperamos encontrarles algún día.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación, les informo de que, por acuerdo de la Junta de Portavoces e igual que en plenos anteriores, se ha decidido no parar el Pleno a mediodía. Por tanto, entraremos en el debate del primer proyecto de ley, de la Ley de residuos, y posteriormente, si acabamos antes de las cuatro, en el siguiente proyecto de ley. No se votará la Ley de residuos hasta después de haber votado el siguiente proyecto de ley; es decir, el siguiente proyecto lleva unos vetos y unas enmiendas que habrá que votar. Finalmente, votaremos las enmiendas de la Ley de residuos.

Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 88; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Núm. exp. 621/000032)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, senadora Ruiz.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se acaba de señalar y que se somete en este acto a la consideración del Pleno se tramita por el procedimiento de urgencia y tuvo su entrada en esta Cámara el día 19 de abril, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 25 de abril de 2013, tras una ampliación del plazo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

A este proyecto de ley se han presentado un total de 80 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: la enmienda número 1, firmada por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas 2 a 12, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 13 a 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las enmiendas 38 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las números 65 a 72, firmadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; las números 22 a 37, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y las números 73 a 80, del Grupo Parlamentario Popular.

El día 30 de abril se reunió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y emitió dictamen sobre este proyecto de ley, introduciendo modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados. A este dictamen de la comisión se han presentado los siguientes votos particulares: el voto número 1, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; voto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto; el voto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el voto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista y los votos números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señorías.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

Gracias, senador Cazalis.

¿Por el Grupo Entesa?

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente; seré muy breve.

Este proyecto de ley es consecuencia de la trasposición de una directiva que llega tarde, pero que, finalmente, llega; por tanto, es una iniciativa positiva, a pesar de que no tiene informe del Consejo Económico y Social, que hubiera sido importante.




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Quiero destacar tres aspectos negativos, a nuestro entender, del proyecto de ley. En primer lugar, que es un proyecto de ley que no tiene consignación presupuestaria; es decir, que parece que se va a desarrollar sin consecuencias económicas. En segundo lugar, que es un proyecto de ley poco ambicioso desde el punto de vista medioambiental, se limita a reproducir los mínimos que la directiva señala. Y, en tercer lugar, que deja muchas cosas abiertas a un futuro reglamento, algo que es cuestionado o criticado incluso por el Consejo de Estado. Desde ese punto de vista, nos preocupa también el hecho de que dejen la puerta abierta a la privatización del control y, por tanto, a la ausencia de la Administración como instrumento controlador de este proyecto de ley. Por otra parte, ha habido muy poco tiempo de información pública.

Nuestras enmiendas se pueden agrupar en tres bloques: por un lado, las que se refieren a la ampliación de la exigencia de requisitos y la de recogimiento de definiciones de la directiva; en segundo lugar, las que pretenden garantizar la transparencia, fundamentalmente en los procesos de exención; y, en tercer lugar, las que proponen incentivos a empresas que apliquen fórmulas de gestión que tengan coherencia con la directiva que se transpone.

En resumen, valoramos positivamente que se haga la transposición y vemos esos aspectos negativos que señalaba, y presentamos enmiendas en tres perspectivas: ampliación de las exigencias y requisitos medioambientales, garantía de la transparencia e incentivar a aquellas empresas que gestionen de acuerdo con lo que marca la directiva.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Estamos en el debate a la totalidad; no ha empezado todavía el debate del articulado.

¿Por parte de Convergència i Unió? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

¿Por parte del Grupo Socialista? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

¿Por parte del Grupo Popular? (Denegaciones.)

Tampoco hace uso de la palabra.

Pasamos al debate del articulado.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la enmienda número 1, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

El senador Quintero tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.

Hemos presentado una enmienda a este proyecto de ley, en el que estamos de acuerdo, evidentemente. Nuestra enmienda pretende modificar la excepcionalidad del umbral de la capacidad de producción a 600 toneladas/día en los casos de funcionamiento no superior a 90 días consecutivos. Nos parece razonable, ya que la ley tiene como objetivo evitar o, cuando no sea posible, reducir y controlar la contaminación tanto del suelo como del agua.

Teniendo en cuenta que la producción real de algunas de estas industrias es inferior a la capacidad de producción instalada y que, por consiguiente, los impactos de las mismas son efectivamente inferiores, solicitamos en nuestra enmienda el incremento del umbral de aplicación de la ley a 600 toneladas/día para las empresas que funcionen en turnos inferiores a 12 horas al día. Proponemos añadir: «o en turnos inferiores a 12 horas/día». Sería más justo para este tipo de empresas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Quintero.

Enmiendas también del Grupo Mixto, presentadas originariamente por el senador Enrique Iglesias Fernández y por el senador José Manuel Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Estamos, efectivamente, ante la trasposición de una directiva comunitaria. Trasposición que, en mi opinión, se hace sin mucho entusiasmo.




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España parte de una realidad en la que, desgraciadamente, el medio ambiente no ha sido en ningún caso objeto de la atención prioritaria de los poderes públicos; supongo que porque, durante muchos años, la prioridad de recuperar las libertades y después la de consolidar un cierto nivel de bienestar, aplastaron cualquier otra demanda o visión de las necesidades de nuestra sociedad. Hay déficits acumulados que han dado lugar, además, a diversas denuncias, requerimientos y sanciones de la Unión Europea. En consecuencia, la trasposición de esta directiva intenta salir al paso de esa realidad, aunque, insisto, sin demasiado entusiasmo.

Sin demasiado entusiasmo, porque la trasposición de la directiva se hace sin buscar que sus contenidos y la normativa que plasma la trasposición se conviertan en parte coherente de un marco de desarrollo sostenible de nuestra economía. Por desgracia, en tiempos de crisis y en tiempos de desempleo, el medioambiente deja de ser otra vez una prioridad y aumentan los riesgos de que las acciones de la iniciativa privada y la complacencia de los poderes públicos se traduzcan en lesiones para el mismo, no se toman las cautelas legales necesarias. Como dijimos en el debate reciente de la reforma de la Ley de Costas, parece que sale adelante una normativa permisiva con el fracking. Igualmente, cuando debatimos reformas legales sobre el uso del agua, vimos cómo se ampliaban las posibilidades de explotación de los acuíferos. Es decir, en esta coyuntura económica se olvida cualquier compromiso sobre un desarrollo sea sostenible y se apuesta por revertir una situación dramática prescindiendo de cualquier limitación de carácter medioambiental.

Se procede, por tanto, a la trasposición de la directiva para cumplir un penoso deber; y se hace, más que nada, para no seguir incurriendo en incumplimientos flagrantes que podrían dar lugar a expedientes sancionadores de la Comisión Europea. Se va, en consecuencia, a la trasposición de las exigencias mínimas derivadas de la normativa europea, y las enmiendas que hemos formulado buscan una trasposición más exigente de esa directiva. Por eso, plantean, en algún caso, que, cuando se conceda una exención temporal de los valores límite de emisión para realizar pruebas de utilización de técnicas emergentes, la Administración que concede esa exención temporal informe como mínimo a la sociedad, le informe al público, de que se ha concedido esa exención y de cuáles son las medidas de seguridad que se han adoptado para minimizar los riesgos que se derivan de la exención. También planteamos con nuestras enmiendas que se elimine la posibilidad de silencio positivo cuando haya una modificación no sustancial en las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada. La trasposición de la directiva abusa del concepto de silencio administrativo positivo. Por eso proponemos, como forma de incrementar las posibilidades de que quienes al final padecerán las consecuencias de la concesión de estas licencias o permisos —los ciudadanos— sepan de tal concesión, que en las solicitudes de permiso se incluya un resumen comprensible para profanos de qué es lo que están solicitando y qué consecuencias va a tener. También planteamos en nuestras enmiendas que las administraciones públicas promuevan la participación de los interesados, de los ciudadanos, en la tramitación de las modificaciones sustanciales en las instalaciones autorizadas. Rechazamos otra vez el silencio positivo en el informe de los organismos de cuenca.

Para que la información sobre los resultados de la medición de las emisiones tenga un contraste mínimamente riguroso, nuestras enmiendas demandan que la información contenga también la metodología que se ha aplicado para formular estas mediciones. Defendemos que se mantenga la posibilidad de cooperación de las comunidades autónomas para la coordinación del procedimiento de declaración de impacto ambiental, con la autorización ambiental integrada. Buscando una vez más una mayor facilidad de los ciudadanos conozcan los expedientes, planteamos que en la información pública se articulen sistemas que faciliten el acceso a los expedientes a través de una página web institucional. Para que las comunidades autónomas cuenten con mecanismos simples de comprobación del cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la autorización ambiental integrada, en aquellos casos en que se apliquen sistemas externos de verificación, demandamos que haya un seguimiento claro por estas comunidades autónomas del resultado y del procedimiento en los casos en que se estén aplicando estos sistema externos de verificación. Finalmente, demandamos que la duración máxima de las autorizaciones sea de ocho años, también en aquellas concedidas para el tratamiento de residuos según la Ley 16/2002, porque entendemos que estas autorizaciones merecen un control más riguroso todavía.




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Concluyo. Como decía el portavoz de Entesa, es rechazable que esta ley de protección no incluya ni memoria económica ni evaluación de consignaciones presupuestarias para llevarla a la práctica, ni tampoco una mínima medición de la repercusión que en la economía real tendría su aplicación; uno puede llegar a la conclusión de que poco va a proteger, cuando no va a tener consecuencias económicas de ningún tipo. Por otra parte, creemos que ese abuso del silencio positivo traslada un problema a las comunidades autónomas, que en momentos de ajuste, de menos recursos, por tanto, de menos personal, carecen de medios humanos y materiales que les permitan hacer las comprobaciones y evaluaciones necesarias para dictar una resolución expresa en los plazos fijados; por tanto, esas carencias humanas y materiales, sumadas a la aplicación del silencio positivo, pueden dar lugar a autorizaciones que en ningún caso deberían haberse producido. La alternativa que propone el proyecto a esta realidad perfectamente comprobable y constatable, que se delegue la inspección en la iniciativa privada, por la ausencia o reducción de garantías que ello conlleva, no es en ningún caso comprensible ni mucho menos compartible desde nuestro punto de vista.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahiburu jauna.

Mi grupo ha presentado nueve enmiendas. Esta es una ley muy técnica, y, por tanto, las enmiendas también tienen un carácter muy técnico. Con ellas hemos pretendido, sin saltarnos ninguna garantía, reducir un poco los plazos de todos estos procesos, que a veces se hacen eternos. Concretamente, una de nuestras enmiendas propone concretar hasta qué nivel, en cuanto a contaminación, debe recuperar el terreno aquel que ha tenido que cesar en su actividad.

No queremos más que facilitar las cosas a los usuarios, sin dejar de garantizar que se cumplan todos aquellos requisitos medioambientales que, evidentemente, son imprescindibles.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos grupos de enmiendas: 38 a 48 y 57, por una parte, y, por otra, 49 a 56 y 58 a 64. Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas en mi intervención inicial.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 65 a 72. Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.

Señorías, de nuestras enmiendas, destacaré las de mayor calado. En cuanto a la transposición de esta directiva, ya se ha dicho que llega un poco tarde. En todo caso, no podemos responsabilizar de ello al Gobierno porque la directiva está vigente desde el año 2010, y ha habido tiempo suficiente para hacerlo antes.

Tenemos que modificar la Ley 16/2002. Al transponer la directiva, hay aspectos que se suprimen, mientras se integran otros que nos preocupan. De ahí nuestras enmiendas. Empiezo por orden: enmienda número 65. Este texto cambia el fundamento constitucional de la norma, y también se ve afectado el texto refundido de la Ley de Aguas, que tenía otra terminología. Si examinamos los artículos 9 y 15, constatamos que regulan la tramitación de las autorizaciones en las que se debe pronunciar el organismo de cuenca, tales como si la solicitud de vertido es admisible o no, etcétera. Se debería, pues, declarar el carácter básico de toda la norma en materia de protección del medio ambiente, que nada tiene que ver con el carácter de cuenca. De modo que, si se cambia la expresión «cuencas gestionadas por la Administración General del Estado» por «cuencas intercomunitarias» se respetaría el reparto competencial existente hasta la fecha. De lo contrario, tendremos un nuevo punto de desencuentro respecto de las competencias transferidas




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a las comunidades autónomas. Entiendo que la intervención administrativa de cada organismo de cuenca tiene que ver con la gestión del medio ambiente; en ningún caso tiene que ver con la protección del medio ambiente, como norma básica. Esto puede suponer nuevas acciones de las comunidades autónomas para dilucidar quién tiene la competencia, y por tanto, quién puede emitir los informes.

Justificamos nuestra enmienda número 66, de modificación, que incorpora la necesidad a título descriptivo de las medidas de eficiencia energética previstas de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, porque la Unión Europea nos pide facilitar una visión integral de la prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua y del suelo en la gestión de residuos, y de la eficiencia energética y la prevención de accidentes, y concretamente el artículo 11 de la Directiva de emisiones industriales establece la obligación de utilizar la energía de manera eficiente, y entendemos que la Ley 16/2002 no lo desarrolla suficientemente, de modo que este objetivo queda comprometido. Proponemos con nuestra enmienda dar la misma relevancia a la eficiencia energética que a la prevención y al control de las emisiones; que en la solicitud, en el análisis de la autorización, se incluya este capítulo como previsión; no con el ánimo de poner más trabas, sino, al revés: para que el titular de la instalación vaya incorporando desde el principio una visión de búsqueda de la sostenibilidad de la instalación, que repercutirá en su favor y en el del medio ambiente.

La enmienda 67 pretende reducir y agilizar los trámites administrativos, evitando un segundo trámite en la información pública. Esta directiva nos impele a buscar la transparencia en todo el proceso; que se pueda participar cuando hay una nueva autorización ambiental de este tipo; de modo que, si al modificar los límites menos estrictos, de acuerdo con el artículo 15.4, hay modificaciones sustanciales, no haya que pasar una nueva información pública. Ahora, si hay modificaciones sustanciales, debe producirse una nueva información pública, demorando la concesión de la autorización. En definitiva, esta enmienda pretende evitar este bucle.

Quiero destacar también la enmienda número 71, que interpreta la disposición transitoria al artículo 82, que dice: …en la relación de las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que se refiere el anejo 1, en el punto 1.1, para las actividades con potencia térmica nominal superior, etcétera…, para las actividades cubiertas por la directiva que están en explotación y posean un permiso antes del 7 de enero de 2013 o para las que el titular haya presentado una solicitud completa de permiso antes de dicha fecha, siempre que esas instalaciones entren en funcionamiento a más tardar el 7 de enero de 2014, los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales reglamentarias y administrativas, adoptadas de conformidad con el artículo 80, apartado 1, a partir del 7 de enero de 2014, con excepción del capítulo III y del anejo 5. El artículo lo dice muy claro: …a más tardar el 7 de enero y se aplicarán estas disposiciones a partir de esa misma fecha, pero no antes.

Entendemos que tal como está redactado nos obligaría a una saturación de los servicios administrativos, porque desde el momento que se apruebe y se publique esta trasposición, las administraciones que debemos gestionar este tema tendremos escasamente cinco meses —en Cataluña quedan afectadas más de 1200 instalaciones de este tipo—, y no hay consultoras suficientes ni laboratorios que puedan evacuar todos los pormenores que exige la cumplimentación de solicitud de analíticas, etcétera. Esto nos puede llevar a un colapso y que cuando empecemos el 7 de enero ya no estemos actuando bien. Por tanto, habría que hacer caso a lo que dice la directiva, que es a partir del 7 de enero de 2014 y no antes.

Dado que me queda muy poco tiempo, quiero destacar la enmienda 72, por la que se incorporan varios criterios relativos al engorde de cerdos, para mantener lo fijado actualmente en la Ley 16/2002. Haciendo caso a lo que pasa en Cataluña y en Aragón, pero básicamente en España, donde tenemos un clima diferente, donde separamos a los cerdos y los ponemos en explotación a partir de los 20 kilos, nos vamos a encontrar que con esta directiva tendremos un problema, porque no se tiene en cuenta el sistema productivo de engorde intensivo de cerdos en la fase de entre 20 y 100 kilos. Entonces, lo que pedimos es equiparar el ámbito de la prevención de la contaminación ambiental a la equivalencia entre los usos de las instalaciones europeas con las españolas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.




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El señor MALUQUER FERRER: Sí, presidente.

Es decir que el número de animales de 20 a 100 kilos —2500 plazas en instalaciones proponemos nosotros— se ajuste a lo establecido en la directiva de 2010 para cerdos de 30 a 100 kilos, que para nosotros vienen a producir lo mismo.

Por último, quiero agradecer la predisposición por parte de los senadores Pagola y Contreras a mis propuestas; hemos trabajado en ello antes de mi intervención en este Pleno y espero que lo sigan considerando durante el debate y que en el turno de portavoces acabemos de fijar la posición de mi grupo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 22 a 29 y 31 a 37, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Ruiz.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, voy a relacionar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista con el contexto de esta ley, una ley que viene a ser una trasposición —todo el mundo lo ha explicado— de una directiva, la 2010/75 del Parlamento Europeo y de la Comisión. Por lo tanto, en ese contexto no van a encontrar una oposición frontal al texto, aunque sí, evidentemente, hay aspectos que queremos, a través de estas enmiendas, mejorar. Nuestro voto lo explicará después el señor Juan Espada, mi compañero, en el turno de portavoces. Les explicará que no nos oponemos, pero también las deficiencias que hemos encontrado en este proyecto de ley.

En la pasada Comisión de Medio Ambiente tuvimos ocasión de pronunciarnos sobre el conjunto de las enmiendas que han presentado todos los grupos. Estuvimos a favor de muchas de ellas, incluidas algunas que presentaba el Grupo Parlamentario Popular, puesto que eran meras correcciones materiales que debían aprobarse, y tengo que agradecer la predisposición de sus portavoces a consensuar, pues nos propusieron una transaccional a la enmienda número 30, transaccional que suscribimos. En aquel momento se lo agradecí y ahora lo hago también aquí en el plenario.

Las enmiendas que presentamos, de la 22 a la 29 y de la 31 a la 37, pretenden mejorar este texto en algunas cuestiones que consideramos fundamentales, algunas que no se han traído a nuestro ordenamiento y algunos aspectos que han aprovechado ustedes para traer a colación que no eran necesarios y que obedecen a otros intereses por su parte.

La primera cuestión, en términos generales, que tenemos que señalar es que los plazos no han sido los más correctos porque la trasposición debía estar concluida el 7 de enero del año 2013 y ustedes conocían de primera mano que ya había borradores, que ya había documentos en el ministerio durante el año 2011 que podían haberse tramitado parlamentariamente mucho tiempo antes. Espero que ahora ustedes nos expliquen por qué no ha sido esto así. Además, cuando lo han hecho —lo hemos visto en el Congreso— se ha producido de una forma acelerada que ha imposibilitado que los grupos parlamentarios tuvieran el tiempo oportuno para una necesaria concertación con asociaciones de ecologistas, con empresarios, en definitiva, con agentes implicados en el medio ambiente. Una tramitación distinta hubiese posibilitado un mayor enriquecimiento de esta ley que, además, contrasta mucho con otros procesos que ustedes han establecido en relación con otras leyes, por ejemplo con la que recientemente hemos aprobado, la Ley de Costas, pues han dado prioridad a una respecto de la otra y no entendemos cómo ha podido ser así, salvo que haya intereses de aquellos que nunca salen a la luz pero que mueven muchas voluntades.

Consideramos, en términos generales, que nuestras enmiendas pretenden corregir las deficiencias de la ley que hoy debatimos aquí porque, al no tratar algunas cuestiones que la directiva recomienda que incluyamos en nuestro ordenamiento, como ordenamiento comunitario que es, habrá ciertos vacíos por lo que después, vía desarrollo reglamentario o mediante la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, habrá que hacer un segundo trabajo y, por ello, debido a esas deficiencias, nuestra posición no será la de aprobar de forma absoluta esta ley.




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Nuestra posición es clara. Compartimos el dictamen sobre el proyecto que realiza el Consejo de Estado que nos indica que hubiera sido muy oportuno solicitar —el senador Iglesias lo ha indicado— un informe al Consejo Económico y Social porque esta puede ser una ley muy técnica. Hablar de industrias, de limitación a las producciones, de autorizaciones, tiene unas repercusiones económicas muy fuertes en la sociedad y encontramos unas carencias importantísimas. Pues bien, todas las enmiendas pretenden mejorar este texto que, en positivo, supone que se van a establecer unos criterios para determinar unos valores límite en las emisiones basados en las mejoras técnicas disponibles y que deben estar contenidos en las autorizaciones ambientales integradas.

Pero entrando en el detalle, nos vemos en la obligación de presentar algunas enmiendas, como por ejemplo la 23, en la que planteamos una modificación al artículo primero, apartado cuatro, porque consideramos que también las industrias, los agentes que intervienen en el medio ambiente productores de residuos tienen que tener la garantía suficiente para poder asumir las responsabilidades —ojalá que nunca se dieran, pero a veces ocurre porque se daña el medio ambiente—, y es oportuno exigir garantías suficientes para cubrir esos daños no deseados que algunas veces se producen.

La enmienda 24 es importante. Es evidente que tenemos que ayudar a las empresas, pero considero que tenemos que tener una cierta limitación y no fijarnos siempre y buscar la excusa en los factores económicos, y el que estos factores puedan determinar la bajada en el límite de las emisiones; hay que ayudar a las empresas, hay que ser sensibles cuando atraviesan dificultades, pero no podemos aprovechar la coyuntura para establecer unas limitaciones más bajas, porque nos podríamos encontrar con verdaderos problemas a futuro dentro de la producción en muchas industrias de este país.

Las enmiendas 25 y 26 persiguen establecer un mayor canal de comunicación entre la Administración y los interesados —como algunos de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra también han puesto énfasis en esto es por lo que hemos compartido gran parte de las enmiendas que traía el Grupo Parlamentario Mixto—. Entendemos que hay enmiendas que vienen a traernos las posibilidades que nos ofrece Internet para dar acceso a la información y a la participación recogiendo lo que en esta directiva es un hilo conductor, y no entendemos que si las administraciones deben adoptar una actitud proactiva con el mantenimiento de canales abiertos de difusión de la información de la que se dispone, y además en materias tan sensibles como puede ser la controversia entre los interesados que puedan sufrir o no un daño medioambiental y las empresas que lo producen, esa información no sea totalmente accesible, porque esto le daría una mayor transparencia a todo el proceso.

Entendemos que es importante que ustedes tengan en consideración la enmienda 27, en la que se establece un mecanismo de revisión de las autorizaciones, entre las existentes y aquellas circunstancias que pueden dar lugar a que en el tiempo pueda ocurrir algún hecho sobrevenido, de modo que el interesado pueda solicitar dicha revisión de la autorización. Seguramente mi compañero Juan Espadas será más exhaustivo en cuanto a posibilidad de que las autorizaciones se vean automáticamente prorrogadas en el tiempo, y consideramos que, con un proceso de revisión, los interesados tienen la posibilidad, mediante una denuncia, de al menos poder comprobar si existe o no existe algún problema respecto de las emisiones no deseadas.

Pero si queremos poner especial énfasis en alguna enmienda es en la número 29, que viene a modificar el apartado veinticuatro del artículo primero de este proyecto de ley, porque responde a su forma de actuar —como les decía al principio de mi intervención—, que no es otra que aprovechar cualquier oportunidad para traer algo que ustedes tienen muy claro en su quehacer político, que es el proceso continuo de privatización de todo lo público. Nada más y nada menos que a través de este articulado, que nosotros queremos enmendar, ustedes abren la posibilidad de la privatización de la inspección medioambiental. Entendemos, sinceramente, que esto es una barbaridad que no debe producirse, y leo textualmente para que no haya duda lo que ustedes proponen: Los órganos competentes en materia de inspección podrán designar a entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada para la realización en su nombre de actuaciones materiales de inspección que no deban ser desempeñadas por funcionarios públicos.

Muy bien, pero nos enfrentamos a la circunstancia de que los futuros planes de inspección serán muy difíciles de controlar de una forma adecuada. Y sobre esto alerta el dictamen del




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Consejo de Estado, sobre los riesgos de previsión, y habla, en concreto, de huida del derecho administrativo, junto con la posible vulneración de la reserva a funcionarios públicos de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas. Y también, por qué no decirlo, hay una duda más que razonable: esa relación extraña que se puede producir en muchos momentos entre una empresa inspeccionada y una empresa que inspecciona. Empresas, relaciones económicas, son dudas más que razonables para que no se cometa la frivolidad de privatizar la gestión de la inspección. No cabe en cabeza humana que se pueda privatizar la Agencia Tributaria o a los inspectores de la Seguridad Social, pero en este caso, como hablamos de medio ambiente, parece que privatizar no es importante, pero, créanme, es muy importante.

Además, también creemos que ese articulado puede entrar en colisión con nuestro ordenamiento, por ejemplo, con el artículo 137 de la Ley 30/1992, cuando dice: Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio. ¿Qué ocurre si nos encontramos con procedimientos judiciales? ¿Tendrá valor probatorio si es una empresa la que inspecciona, la que determina el plan de inspección y las actuaciones a acometer? Seguro que la jurisprudencia tendrá mucho que decir en ese sentido. O también el artículo 275 de la Ley de Contratos del Sector Público cuando dice: En ningún caso podrán presentarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Aquí también habrá seguramente una colisión. Por ello, nuestra oposición frontal a ese avance de privatización de la inspección medioambiental.

Con la enmienda número 33 pretendemos volver al carácter obligatorio de los sistemas de retorno y depósito de la ley anterior.

Y, por último, para no abusar del tiempo, quiero comentar que las enmiendas números 33 a 37 persiguen la vuelta al texto de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, porque consideramos que es más adecuado el modelo de gestión del medio ambiente que propone nuestro grupo.

Para finalizar, y agradeciendo una vez más ese acuerdo sobre la enmienda número 30, nos gustaría también que fueran tenidas en consideración algunas otras enmiendas que consideramos que enriquecen y no entorpecen la trasposición de una directiva, que quedará algo vacía si algunas de las cuestiones que propone no las traemos a nuestro ordenamiento y si otras, que no propone, las aprovechamos para abrir caminos no deseados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Ruiz.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me corresponde explicar nuestra posición en este turno en contra a las enmiendas presentadas por los distintos grupos a este proyecto de ley.

Me van a permitir que aproveche la oportunidad de subir a esta tribuna para manifestar mi dolor y el de las compañeras de mi grupo por el fallecimiento de una amiga, nuestra presidenta de Mujeres en Igualdad, el pasado fin de semana, nuestra compañera y gran política, Mercedes de la Merced. Descanse en paz.

Como han dicho los portavoces precedentes, estamos ante una trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva europea, en concreto, la 75/2010, que hace referencia, en concreto, a dos leyes: la 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, y la 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Se trata de un proyecto de trasposición eminentemente técnico, que hoy culminamos aquí cumpliendo la fecha límite de tramitación en esta Cámara. Algunos de los portavoces han manifestado la urgencia con la que hemos tenido que tramitar esta ley. Estamos hablando de una directiva de 2010 y, como ustedes saben, este Gobierno, el del señor Rajoy, tomó posesión a principios de año 2012, con lo cual, ha estado dos años en los cajones del Gobierno anterior. Por




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eso, para cumplir con la directiva y con el plazo de autorizaciones que establece, 7 de enero de 2014, es por lo que estamos debatiendo la ley con esta urgencia, ley eminentemente técnica, insisto.

También se ha resaltado que aquí se ha hecho un buen trabajo por parte de todos los grupos. Se han presentado un total de 80 enmiendas. La semana pasada fueron aceptadas en la comisión ocho de nuestro grupo que, más que nada, eran de mejora técnica. Asimismo, se recogieron en una transaccional la número 30 del Grupo Parlamentario Socialista y la 57 de la Entesa. A las números 25 y 28 del Grupo Parlamentario Socialista y a la 52 y 55 de la Entesa se ofreció una transaccional, y por muy poco no fue posible llegar a un acuerdo. En todo caso, debo reseñar hoy aquí que la disposición ha sido muy favorable. Es importante señalar que no estamos hablando de ninguna cuestión ideológica ni política, sino de enmiendas que enriquecen técnicamente este proyecto de ley.

En definitiva, hoy nos quedan 70 enmiendas, muchas de ellas coincidentes entre dos o más grupos, y pasaré a explicar por qué no son aceptadas. Con carácter previo, a fin de establecer el estado de posición en el que nos encontramos, hay que decir de dónde partimos. Partimos de un proyecto de ley que antes de entrar en las Cortes Generales ha recibido ya el informe unánime y favorable del Consejo de Estado. También hay que decir que se ha sometido a la participación pública, algo que no ha pasado en otros casos, así como a la consulta de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente que, como todos ustedes saben, está integrado por organizaciones ecologistas, sindicales y empresariales.

Voy a relatar en distintos bloques enmiendas que no ha sido posible aceptar, puesto que ya están incluidas en el proyecto de ley. Me estoy refiriendo a las números 2, 4 y 8 del Grupo Parlamentario Mixto, a las números 38, 40, 44, 50 y 56 de la Entesa, a la 19 del Grupo Vasco, y a la 23 y 29 del Grupo Socialista.

Otras enmiendas, en concreto, la número 12 del Grupo Parlamentario Mixto, la 48 y 51 de la Entesa, la 17 del Grupo Vasco, la 69 y 71 de CiU y la 24 del Grupo Socialista, la propia directiva europea no da pie a su inclusión. Estamos hablando, señorías, de una directiva que es un corsé, que es estricta. Las autorizaciones ambientales integradas tienen que adecuarse a ella. Estábamos hablando del plazo del 7 de enero de 2014 y de que la revisión de estas autorizaciones ambientales integradas se efectúe cuatro años después.

Otro grupo de enmiendas, en concreto, del Grupo Socialista, de la 31 a la 37 y de la Entesa, de la 58 a la 64, introducen modificaciones a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, modificada por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente, con un objeto fundamental. El objeto era simplificar y reducir las cargas administrativas que causaban una incertidumbre e inseguridad en ciertos aspectos de la norma.

Parece ser que el Grupo Parlamentario Socialista insiste en estas enmiendas cuyo contenido no es objeto de la ley que hoy debatimos. Igualmente, aquí se han mencionado otras que tampoco son objeto de la trasposición de estas dos leyes, aquellas en las que se efectúa una exigencia de eficiencia energética.

Existen, asimismo, un conjunto de enmiendas que piden más exigencias, en concreto la número 10 del Grupo Parlamentario Mixto, la 46 del Grupo Parlamentario Entesa y las números 66 y 67 de CiU, referidas a los contenidos de las solicitudes de autorización ambiental integrada y a sus informes básicos. En el Grupo Parlamentario Popular no consideramos oportuno incluir ninguna exigencia adicional más a las que ya marca la directiva europea, a las que ya están establecidas sobre emisiones industriales. Nos parece que en estos tiempos es suficiente la directiva europea en sus exigencias y no nos parece oportuno exigir ninguna adicional más. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Por otro lado, respecto a la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Vasco, defendida por el señor Cazalis, y a la enmienda 65 de CiU, defendida por el señor Maluquer, cabe decir que pretenden —ya lo hemos hablado cuando hemos tratado de llegar a acuerdos— reducir los plazos en cuanto a la participación de los organismos, especialmente los de cuencas hidrográficas. He de manifestar que los organismos de las cuencas hidrográficas dependen directamente, es su competencia, de la Administración General del Estado. No estamos hablando de cuencas intercomunitarias ni de nada parecido. Consultadas estas cuencas hidrográficas, nos manifiestan la imposibilidad de llevar a cabo un informe de vertidos en una instalación nueva en menos de seis




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meses, y así lo hemos manifestado. Analizado estas demandas, tanto la del Grupo Parlamentario Vasco como la de Convergència i Unió, reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo en la reducción de los plazos, pero en el reglamento de desarrollo de la ley se incluye un procedimiento simplificado para su aplicación en los casos de revisiones de autorizaciones ambientales integrales. Una modificación de una instalación se ha reducido hasta tres meses en el reglamento para la emisión de este tipo de informes en los organismos de cuenca.

Respecto a las enmiendas que han defendido aquí el Grupo Parlamentario Entesa, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista, que hacen referencia a lo que ustedes denominan privatización del control, señorías, nos parece que entran, como siempre, en sus propias contradicciones, permítanme que se lo diga. Por un lado, propugnan aumentar las dotaciones económicas y de recursos humanos para esta ley, y para todas, para las funciones de inspección y de control y, por otro lado, critican al Gobierno cuando no adelgaza la Administración del Estado. Son ustedes los que hablan de privatizar. Yo he leído con detenimiento, porque también se manifestó el pasado día en la comisión, este proyecto de ley y esta palabra no aparece en ningún momento. Lo único de lo que se habla es de una cooperación público-privada en la que pueda haber unos organismos de control autorizados que pueden ser públicos y/o privados. Esto es lo que aparece en el proyecto de ley. Hoy en día, en el siglo XXI en España, como en el resto de los países de la Unión Europea, existen múltiples organismos de control y de inspección que ejercen funciones que anteriormente, cuando no había estas posibilidades, las tenían que ejercer los funcionarios. Tan solo hay que echar la vista alrededor y observar cuántos organismos de control existen en distintos sectores. Por ejemplo, los hay cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de los productos, de las instalaciones, de los medios y actividades, sea mediante certificación, ensayos, inspecciones, auditorías. Piensen sin ir más lejos en un ejemplo que hoy aparece en prensa sobre las inspecciones técnicas de vehículos, en las ITV sin ir más lejos. Ustedes, señorías, están poniendo en duda la profesionalidad de muchos trabajadores privados, están dudando de ellos y están dudando a su vez de los funcionarios que examinan y que validan a esos trabajadores.

Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular queremos apoyar al Gobierno en la tramitación de este proyecto de ley. Estamos intentando incentivar la gestión, así como el uso eficiente de los recursos de gestión de residuos. Intentamos conseguir y abrir posibilidades a las empresas españolas para que, realzando su competitividad, se generen nuevos puestos de trabajo y se ayude a mejorar nuestra economía.

La enmienda número 29, del Grupo Socialista —a la que se ha hecho una mención especial y que es coincidente con la 56, de la Entesa—, se encuentra incluida en el texto del reglamento de desarrollo de la ley que ahora está en tramitación, de la Ley 16/2002.

En cuanto a las enmiendas número 11, del Grupo Mixto, número 47, de la Entesa, y número 70, de CiU, están recogidas en el real decreto de desarrollo de esta ley, que se encuentra en tramitación, e incluyen una referencia a la coordinación de la normativa.

Por último, pero no por ello menos importante, haré referencia a la enmienda número 72, de Convergència i Unió. Señor Maluquer, el hecho de que por la climatología en nuestro país, en España, los animales de cebo tengan un peso inferior cuando pasan al cebo, es decir, cuando se produce el destete, es una cuestión técnica y particular de nuestro país que no se puede introducir en una ley. Es más, se puede tratar de ella —y así será, ya lo hemos hablado antes— en el real decreto o el reglamento que transpone. Estamos hablando de transponer una directiva europea de una manera más literal.

Señorías, creo haber contestado pormenorizadamente en grupo a la mayoría o todas las enmiendas que se han presentado. No sé si quedará alguna técnica o específica en la que no haya sido así. En la comisión el Grupo Parlamentario Socialista manifestó su abstención en este proyecto de ley. Espero que la apoyen; es una ley en la que solamente se pueden ver ventajas —ventajas para el medio ambiente y ventajas para la salud de las personas—, y en cuestiones como estas es muy difícil estar en contra y también es muy difícil no involucrarse positivamente en ellas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.




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Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo de la Entesa? (Denegaciones.)

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Buenas tardes. Intervengo desde el escaño.

Esta ley de transposición viene a buscar, como se ha hecho en todos los ámbitos del medio ambiente, que las administraciones públicas vayan haciendo un esfuerzo para simplificar la normativa ambiental y los procedimientos administrativos sin renunciar por eso a un nivel de protección ambiental. Y es lo que intentamos que quede claro en su tramitación.

La Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, integraba las diversas autorizaciones ambientales exigidas por la legislación sectorial en un único permiso: la autorización ambiental integrada. Y lo que hace esta ley es acabar de transponer las nuevas disposiciones de la nueva directiva de emisiones industriales. Pero, como siempre, quedan cosas sobre la mesa, cosas que para nosotros son importantes y por las que no podremos dar nuestro voto favorable. Tendremos que optar por la abstención, básicamente por el tema competencial —del que he hablado antes— de las administraciones de cuenca. Aunque entiendo su explicación y puedo ver que hacen esas distinciones, que a veces son difíciles de encontrar, para nosotros sí es importante porque eso luego da lugar a una conflictividad competencial. Y quiero aprovechar mi turno para hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional a un recurso del Gobierno contra la declaración de soberanía efectuada por una Cámara parlamentaria, en este caso la catalana. Y se pone en tela de juicio este tema. De alguna forma se pone en tela de juicio que aquí hoy estemos legislando, pero en otro momento, cuando los Parlamentos hacen posicionamientos políticos, parece que también son recurribles. Y al final estamos entrando en una espiral entre administraciones que no es buena para nadie, ni para los grupos políticos, que representamos a la ciudadanía, ni para los administrados, que son los que reciben las consecuencias de estas imprecisiones o estos problemas que generamos entre nosotros.

De todas formas, volviendo al tema que hoy nos ocupa, espero, como usted nos ha augurado, que cuando se apruebe el real decreto por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de ejecución de la Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se tengan en cuenta las especificidades que manifestamos en nuestras enmiendas.

Nada más. Gracias, y en todo caso, seguiremos luchando para buscar la máxima eficiencia y los objetivos que todos perseguimos, que son, como decía al principio de mi intervención, los de la facilitación de los trámites de la actividad económica y la simplificación administrativa, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la competitividad de la economía española y eliminar las trabas administrativas innecesarias, como se nos pide desde Europa.

Sin más, gracias por su atención. Buenas tardes.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, señora presidenta.

Señora Contreras, en primer lugar quiero agradecer el tono de su intervención y sus explicaciones sobre las distintas enmiendas que nuestro grupo ha presentado.

En este cierre del debate, como portavoz, me gustaría trasladarle el porqué de nuestra abstención y justificarlo de la manera más solvente que pueda. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Decía usted que este proyecto de ley solo tiene ventajas, pero en el breve plazo de tiempo que tenemos quiero decirle que también tiene riesgos; y nosotros hemos ponderado esas ventajas y esos riesgos y por eso entendemos que debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque, efectivamente, estamos ante la transposición de una directiva, transposición que es necesario llevar a cabo, pero, en función de la simplificación y la agilización administrativa que dimana de la propia filosofía comunitaria, también se abren nuevos riesgos, a los que estoy seguro de que usted no es ajena.

La Directiva 96/61 y la Ley 16/2002 tenían una filosofía y eran ambiciosas en sus objetivos. También es verdad que marcaron procedimientos administrativos que, fruto de la experiencia de




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estos años, se ha demostrado que se podían agilizar y reducir. Por tanto, bienvenidas sean algunas de las decisiones. Pero también es cierto que hay ciertas tentaciones, que vienen de la misma directiva, de laxitud, de flexibilización. Yo no comparto el criterio del senador Maluquer acerca de que nos preocupemos exclusivamente de la agilización y la simplificación. No, preocupémonos de que esta sea una normativa de prevención y control de la contaminación. Y todo lo que reduzcamos en prevención y control que no ponga en riesgo el medio ambiente. Eso no puede perderse.

Con respecto a la tramitación, creo que se pierden oportunidades; es decir, cuando tramitamos por urgencia un proyecto de este tipo perdemos la oportunidad de haber escuchado —por ejemplo, en la comisión— a comparecientes de los sectores industriales, lo que nos hubiera permitido incorporar algunas enmiendas que mejoraran la transposición de la directiva. Usted ha planteado: una directiva hay que trasladarla al derecho interno tal y como, y no creemos —ha dicho textualmente— que debamos incorporar nuevas exigencias. Bien, yo digo que una directiva es un objetivo a cumplir con unos mínimos por debajo de los cuales no debemos estar, pero es una oportunidad para el Gobierno de turno de analizar la experiencia de estos años de normativa IPPC en España, y aprovechar sobre todo la experiencia de las comunidades autónomas, que son las que gestionan este instrumento, para mejorar algunas cuestiones en su margen de maniobra en una reforma legal como esta. Si se pierde esta oportunidad tendremos que criticarlo, porque no se trata solo de transponer una directiva sino de la oportunidad de reformar una ley en la que, efectivamente, once años después se demuestra que había cosas que se podían mejorar.

En cuanto al plazo, ustedes gobiernan desde diciembre de 2011 —gobiernan desde diciembre de 2011, ¿no?—, por tanto, en un año ya han tenido la oportunidad. Supongo que los técnicos y los funcionarios del ministerio reivindicarán su trabajo y lo habrán hecho; no creo que lo hiciera la ministra anterior, ni mucho menos. Insisto: han tenido un año, y lo único que les traslado es que podrían haber sido más ágiles para traer antes este texto y haberlo analizado.

Tengo poco tiempo, pero quiero dejar claro que en nuestra posición y en nuestra abstención hay elementos positivos, como es la ampliación del anexo de actividades y las normas de protección del suelo y de aguas subterráneas; que hay elementos que no están clara y suficientemente especificados respecto de la tramitación administrativa, y eso, a nuestro juicio, genera peligros; y que además hay elementos que no compartimos, como ha dicho en este caso mi compañero socialista, sobre la información pública de las actividades contaminantes y los sistemas de inspección y control. Me voy a limitar a estas dos cuestiones. Si estamos suprimiendo un procedimiento de renovación de las autorizaciones cada ocho años, tal y como estaba en la legislación anterior, y ahora vamos a ir a revisiones de oficio de las administraciones, a nuestro juicio —y como él ha planteado— este era el momento de garantizar la máxima transparencia e información, sobre todo a los ciudadanos, a los vecinos y organizaciones ecologistas. Como vamos a ser más flexibles a la hora de exigir a esas instalaciones valores de emisión o cambios tecnológicos, que los vecinos tengan mayor información y transparencia sobre los riesgos que se puedan estar produciendo en esas instalaciones o sobre los sistemas de inspección y los informes de las que ofrece este proyecto de ley. Por tanto, ahí podrían ustedes haber mejorado la directiva y no lo han hecho.

En segundo lugar, con respecto a los mecanismos de inspección y control, para que quede claro diré que nosotros sabemos perfectamente lo que son las entidades colaboradoras de la Administración, sabemos perfectamente lo que son las entidades de acreditación y sabemos distinguir entre lo que son potestades administrativas, que solo deben ser ejercidas por funcionarios, y labores de colaboración en el control. Pero la filosofía que ustedes marcan en este proyecto se desvía claramente para que en la inspección sobre todo tengan un papel muy amplio entidades, que al final son entidades privadas, en las que a nuestro juicio no hay un contrapeso suficiente de control público. Y esto nos parece lo más grave, lo más arriesgado.

Creemos que en el proyecto de ley se tendría que haber cargado mucho más la mano en controlar a esas entidades de control, controlarlas con los funcionarios que tienen potestades, primero, para dar más garantías al procedimiento, y segundo, porque —y le hablo desde la experiencia— en las entidades colaboradoras, lo mismo que en las entidades autorizadas para la gestión de residuos, hay problemas. Y si no se garantizan los controles sobre esas entidades, los responsables públicos, ya sean técnicos, funcionarios o políticos, pueden tener problemas.




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESPADAS CEJAS: Por lo tanto, el control sobre esas entidades de control es fundamental; y a nuestro juicio eso no se ha producido.

Creo que la normativa que traen aquí relaja los objetivos de prevención y relaja los objetivos de control e inspección. No se habla de nuevos medios de inspección, de más medios para la Administración para controlar esas actividades, que es lo más importante.

Por último, creo que, a la hora de iniciar ese proceso de actualización de autorizaciones ambientales integradas hasta enero del próximo año, también se ha perdido la oportunidad de que ustedes se hubieran retratado en el proyecto de ley con algún programa de medidas de apoyo a esos sectores industriales y a esas actividades, y también a las comunidades autónomas, que desarrollarán el proceso con esos industriales.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espadas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decir al señor portavoz que acaba de terminar su intervención que no comparto en absoluto que esta nueva norma o nueva ley vaya a relajar el control sobre todos los problemas de los que va a tratar. No lo comparto en absoluto. La ley se hace más exigente, más rápida y más eficaz, que es el objetivo fundamental para todos.

Hemos hablado de plazos del Gobierno anterior y del Gobierno actual. Qué quiere que le diga. Nosotros empezamos a gobernar en enero de 2012 y ustedes tuvieron 2010 y 2011 para haberlo hecho. Pero, además, yo no recuerdo si usted estaba en la anterior legislatura en este hemiciclo —veo que dice que en parte de ella—, pero lo que sí recuerdo es que en la mayoría de las sesiones acabábamos los Plenos los miércoles por la mañana; prácticamente uno de cada tres o dos de cada tres terminaban los miércoles por la mañana, lo cual quiere decir que se legislaba mucho menos que lo que se está legislando en estos momentos. Hoy, por ejemplo, tenemos tres leyes para debatir en este hemiciclo, lo que creo que da una muestra de la capacidad legislativa de este Gobierno.

Bien, como sabemos, el proyecto de ley que se debate trata de transponer la Directiva de la Unión Europea 2010/75, directiva que va a refundir en este momento un único texto de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y modifica siete directivas europeas ya existentes. Para ello se trata de aprobar, como haremos en esta sesión, el proyecto de ley que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La nueva regulación tiene como objetivo fundamental la reducción de las emisiones en las actividades en la atmósfera, en el agua y en el suelo, así como avanzar hacia una mayor simplificación administrativa. Y no comparto su opinión, señoría, de que se rebaje el control. Yo creo que no; creo que esta ley va a avanzar en lo que se refiere a las normas de revisión, inspección y control, lo que es muy importante. Es un proyecto muy técnico, muy difícil, pero, evidentemente, muy necesario en estos momentos, en que la sensibilidad medioambiental ha aumentado considerablemente entre los ciudadanos. Se han introducido diferentes modificaciones en la legislación de prevención y control integrados de la contaminación, así como en el resto de la legislación europea relativa a actividades industriales, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y mejoras ambientales, asegurando al mismo tiempo la rentabilidad y fomentando la innovación técnica con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

La ley concreta y amplía más en relación con determinados sectores, por ejemplo, el tratamiento de residuos. Simplifica y esclarece la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada, tanto en lo que se refiere a su otorgamiento como a su modificación y revisión. Igualmente, dispone de requisitos mínimos para la inspección y para los informes de cumplimiento. Establece normas relativas al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y aguas subterráneas, y todo ello con el objetivo de aumentar la coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de los permisos.




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Como sabemos, este proyecto de ley afectará a la actividad de unas 6100 industrias, como refinerías, cementeras, siderúrgicas, etcétera, y supedita su puesta en marcha a la obtención de ese permiso llamado autorización ambiental integrada. Como bien ha dicho mi compañera, este proyecto de ley recibió un informe favorable del Consejo de Estado, e igualmente fue sometido a participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente, formado por sindicatos, empresarios y organizaciones ecologistas.

Esta ley es un nuevo reto ambiental muy importante; y mejorable, como todo en la vida —echándola a andar veremos cómo funciona—. Revisa y modifica la legislación sobre control y prevención de la contaminación, y en ella se aplican las mejores técnicas disponibles, así como una mayor simplificación administrativa, indispensable en un sector tan importante como el industrial. Se han introducido mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las administraciones y los titulares en instalaciones. Se dice que había poca información, y nosotros dijimos que se van a poner todos los medios técnicos disponibles de Internet para que haya una total transparencia y comunicación entre empresas y administraciones.

Pues bien, una vez más, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista plantean el eterno dilema de público y privado. Creo que hay instituciones que tienen capacidad de organizar un gabinete de medio ambiente, como comunidades autónomas y ayuntamientos más o menos grandes, pero hay otras instituciones, como el ayuntamiento que yo presido, donde sería imposible económica y personalmente montar ese gabinete para hacer esos controles. Por eso se abre la posibilidad de que empresas privadas también puedan funcionar, siempre con la revisión de los funcionarios.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PAGOLA SÁENZ: Tengo que agradecer el tono del debate, que ha sido más técnico que político. Y quiero también decirles que el voto de abstención del Grupo Parlamentario Socialista me sabe a voto afirmativo.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.

7.1.2. PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 624/000001)

El señor presidente da lectura al punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Atarés.

El señor ATARÉS MARTÍNEZ: Con su permiso, señor presidente.

Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Competitividad les presento el dictamen de la comisión sobre la proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Esta proposición de ley trata de la adopción de medidas que en diferentes formas contribuyen a aliviar la situación de los deudores hipotecarios y para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que, a causa de las circunstancias excepcionales generadas por la crisis económica y financiera en nuestro país, han visto alterada su situación económica o patrimonial y se han encontrado en una situación merecedora de protección.

A estos efectos se presenta a aprobación esta proposición de ley, que consta de cuatro capítulos, ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta cámara el día 20 de abril, fecha asimismo de su publicación en el Boletín




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Oficial de las Cortes Generales, tramitándose, como recordaba la Presidencia, por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 26 de abril del corriente año, presentándose tres propuestas de veto y doscientas setenta y cinco enmiendas, de las cuales han sido retiradas las números 231, del Grupo Parlamentario Socialista, y 160, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Los vetos presentados han sido los siguientes: veto número 1, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; veto número 2, de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Por lo que respecta a las enmiendas, estas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 32, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto —treinta y dos enmiendas en total—. Enmiendas números 33 a 37, de la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto —cinco enmiendas—. Enmiendas números 38 a 43, de los senadores Pedro Eza Goyeneche, Francisco Javier Yanguas Fernández y la senadora Amelia Salanueva Murguialday, del Grupo Parlamentario Mixto —seis enmiendas—. Enmiendas números 44 a 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado —catorce enmiendas—. Enmiendas números 58 a 92, 134 a 159 y 161 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —ciento cinco enmiendas—. Enmiendas números 93 a 133, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió —cuarenta y una enmiendas—. Y enmiendas números 205 a 230 y 230 a 275, del Grupo Parlamentario Socialista —setenta enmiendas—.

El día 3 de mayo se reunió en primer lugar la ponencia, que emitió informes y modificaciones respecto del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Posteriormente, el mismo día, la Comisión de Economía y Competitividad se reunió para dictaminar, aprobando el dictamen de la citada proposición de ley en los términos establecidos en el informe de la ponencia, rechazando los vetos.

Finalmente, han presentado votos particulares para la defensa de los vetos los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta y las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García, junto con los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, han presentado voto particular al dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista. En todos los casos los votos particulares incluyen las propuestas de veto y las enmiendas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Atarés.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Buenas tardes.

En esta lamentable situación y condiciones vamos a discutir un proyecto de ley tan importante. En nombre del senador Joan Saura y en el mío propio voy a justificar el veto que presentamos en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Una vez más vamos a discutir una proposición de ley que se va a tramitar por la vía de urgencia, y una vez más lo vamos a hacer sin la presencia del ministro afectado. Será que la cuestión es menor para este Gobierno. Creo que esta manera de trabajar me permite insistir una vez más en que hay que reformar el Senado. O el Senado se reforma en un sentido y en una lógica de Cámara territorial o, señorías, esto no significa el trabajo de segunda lectura para nada.

¿Por qué discutimos hoy esta proposición de ley? Evidentemente, no es por el interés del Gobierno, leído su programa electoral. Hasta el momento este Gobierno ha promulgado dos decretos ley que de ninguna manera han servido, ni de lejos, para paliar el drama social que representa que una familia sea desalojada de su residencia habitual por una pérdida de ingresos sobrevenida y que no disponga de vivienda alternativa.




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Hoy, señorías, discutimos esta proposición de ley fundamentalmente por la presión social ejercida en contra de los desahucios y a favor de dar una respuesta justa a todos y a todas aquellas personas que lo han perdido todo, que están a punto de perder su vivienda por culpa de la crisis y la codicia de los banqueros. Debatimos por el empuje ciudadano, plasmado en una iniciativa legislativa popular, apoyada por casi millón y medio de ciudadanos y ciudadanas. Nos emplaza la sociedad, una sociedad que mayoritariamente muestra su rechazo a los desahucios y da su apoyo a las propuestas de la plataforma de afectados por las hipotecas, a cuyos activistas quiero saludar y reconocer su esfuerzo y tesón.

Después de más de 400 000 desahucios, de años de movilizaciones ciudadanas que nos alertaban del problema, después de la ILP, conocida ya la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra las cláusulas abusivas, debatiremos, y ustedes, senadores del PP, aprobarán, una proposición de ley que nada tiene que ver con el sentido y contenidos de la ILP cuya tramitación votaron en el Congreso de los Diputados. Esto es una estafa legislativa para todos aquellos, casi millón y medio, que dieron su apoyo a esta ILP. Lo correcto, lo coherente, hubiera sido votar en contra por su parte de esta tramitación de la ILP, ya que no comparten los objetivos y alternativas que proponen, y plantearse, si lo consideran, sus propias propuestas. Lo que no vale es tergiversar una iniciativa popular de esta forma tan torticera. Estamos frente a un elemento más de degradación de nuestra democracia.

Señorías, el único y limitado espacio de participación real de la ciudadanía en la vida parlamentaria son las iniciativas legislativas populares. Estas casi siempre no son tenidas en cuenta, y en este caso, aún peor, es violentada y manipulada en un sentido contrario al de su impulso. ¿Ustedes creen que esto ayuda a recuperar la confianza en la política y en las instituciones? ¿Nos acerca esto a la gente? Yo creo que no. Hoy, con este debate tramposo nos alejamos más de los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes han abortado la posibilidad de que esta Cámara parlamentaria pudiera discutir sobre lo que nos propone un sector de la sociedad mediante una ILP.

Si hablamos de democracia, de calidad democrática, ¿qué mayor calidad que poder discutir sobre aquello que nos proponen los ciudadanos? ¿Qué mayor satisfacción para un parlamentario que un debate tú a tú con la ciudadanía? Para mí es la mayor. Cuando hablamos de desahucios, ¿exactamente de qué estamos hablando? A pesar de que los datos oficiales sobre un problema tan grave son insuficientes e inexactos, gracias a los estudios y las proyecciones realizadas podemos hablar de cifras muy reales sobre este drama. Discutimos de los 334 080 lanzamientos producidos en España desde 2008 hasta el tercer trimestre de 2012, lo que representa una media de casi 220 desahucios al día. Las previsiones para los cinco próximos años que da el Consejo General del Poder Judicial es que va a afectar a más de 350 000 familias abocadas a perder su vivienda. Estamos hablando fundamentalmente de primeras residencias. El 88% de los créditos hipotecarios se concentran en las primeras residencias. La morosidad de la vivienda es de aproximadamente el 3% del total de los créditos. La morosidad de las promotoras inmobiliarias representa el 75% del total de créditos morosos de empresas.

Las ayudas públicas a la banca son de 40 000 millones de euros a través del FROB. Más de 42 000 millones a la línea de financiación europea, hasta 100 000 millones de euros. Se crea el Sareb o banco malo con unos activos, postquitas, valorados en unos 50 000 millones de euros. El Sareb gestiona unas 85 000 viviendas. En España hay 3,4 millones de viviendas vacías. Este es el escenario sobre el que estamos hablando. Y estos datos hay que enmarcarlos en una situación de un largo y progresivo deterioro social: 27% de pobreza, 6,2 millones de parados, 1,9 millones de hogares sin ningún tipo de ingreso, solo el 63% de los parados están cubiertos por prestaciones por desempleo, recortes en los servicios y programas de protección social, y con unas previsiones de futuro inmediato —las propias que ha marcado el Gobierno— negativas especialmente en lo que afecta al empleo.

Señorías, este es el escenario y estas son las particulares crisis humanitarias que padece España: paro, pobreza y desahucios. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? La primacía de unos intereses y objetivos económicos oligárquicos han puesto a la sociedad a los pies de la especulación y de la ley del dinero. Esto ha sido posible por el servilismo de los poderes políticos respecto a bancos y especuladores. Mientras las cosas parecía que iban bien porque la economía crecía, el problema de la desigualdad parecía secundario. Éramos muy pocos los que alertábamos




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sobre el artificio de la burbuja y sobre la inequidad e insostenibilidad de nuestro crecimiento. Con la crisis, tras más de cinco años de crisis, la situación se ha vuelto insostenible para millones de nuestros conciudadanos. Con sus políticas han puesto a la sociedad al servicio de la economía y no a la economía al servicio de las personas. No hay personas, solo problemas económicos, y toda solución se sintetiza en que debe hacerse lo necesario y que funcione económicamente. A esto, ustedes, señores del PP, lo llaman responsabilidad. Yo lo llamo injusticia,

Cuando todo descansa en la lógica del beneficio de intereses de muy pocos, cuando todo tiene un precio, las personas no existen. Su pensamiento, para mí injusto y anticuado, se basa en que hay que crear las condiciones de todo orden para que los protagonistas de la economía, para ustedes exclusivamente banqueros y empresarios, garanticen el crecimiento económico, y creen que en periodos de crisis se producen males necesarios e inevitables —no digo yo que sean deseados— y que hay que pagar para salir de ella, como es el paro o los desahucios. Se equivocan. Sin concurso y beneficio de la sociedad en su conjunto ni hay economía de futuro ni hay ciudadanía; 400 000 desahucios no es un efecto colateral de la crisis, es un drama social de primera magnitud; su solución ya es un reto moral para todos.

No pidan paciencia, que no la hay. Si dejan de estar encerrados en sí mismos, si observan lo que está pasando, a lo mejor reaccionan o, como mínimo, dejarán de lanzar mensajes que se mueven entre la maldad y la estupidez. Y pondré dos ejemplos de afirmaciones realizadas por dirigentes del PP. Hay maldad cuando se intenta relacionar a los activistas de la plataforma antidesahucios con los nazis. Es una estupidez afirmar que los votantes del PP antes dejan de comer que dejan de pagar la hipoteca. Expliquen a la señora De Cospedal que los que dejan de pagar la hipoteca de su vivienda habitual es porque lo han perdido todo.

Con la ILP presentada a favor de la dación en pago, lo único que se pretende es que los bancos retornen una parte de lo que la sociedad les está dando. El senador Saura y yo creemos que es un trato justo que los bancos retornen una parte de lo que la sociedad les está dando, una parte.

Señorías, ya no hay excusas de ningún tipo para no abordar la solución a este problema, no digo para aliviarlo, sino para no abordar la solución a este problema. Esta situación no puede tolerarse por más tiempo.

¿Cuál es la propuesta que hace el PP? El PP ha presentado esta proposición de ley sin ninguna voluntad de diálogo y de acuerdo —esto es reiterativo, no es una novedad—, una proposición que, a nuestro entender, no resuelve el problema y perpetúa la injusticia de la legislación hipotecaria española. Su propuesta no resolverá el problema y dentro de poco tiempo deberemos volver a hablar, lamentablemente, sobre los desahucios.

¿Qué nos dice esta proposición de ley? No contempla la dación en pago, fórmula utilizada por países de nuestro entorno, ni su retroactividad. No paraliza los desahucios en curso. No acepta el derecho a una segunda oportunidad, liberando así a las familias de la codicia financiera. No recoge la propuesta de un alquiler social accesible. Se realiza mediante una aplicación absolutamente arbitraria y parcial de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre las cláusulas abusivas. No prevé un procedimiento de un juicio para reparar el daño producido por las cláusulas abusivas. No establece medidas cautelares para la suspensión de procedimiento de ejecución hipotecaria cuando sea necesaria para garantizar la plena eficacia de su decisión final. La adhesión de las entidades financieras al Código de Buenas Prácticas es voluntaria. La suspensión del lanzamiento sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables es muy limitada. Se excluyen los desahucios de viviendas en régimen de alquiler. El Fondo Social de Viviendas dejará fuera a la gran mayoría de viviendas vacías de las entidades financieras, algunas ya nacionalizadas, y del Sareb; no se aprovechan para construir un freno al sobreendeudamiento familiar.

Los argumentos del Partido Popular que he escuchado hasta el momento para justificar sus propuestas y oponerse a la ILP son los siguientes: en primer lugar, que tendría efectos dañinos sobre la cultura de pago. Este argumento es un sarcasmo cargado de cinismo y, además, no responde a la realidad, porque si en España hay alguien que paga religiosamente su hipoteca son aquellas personas que la han solicitado para acceder a su vivienda. El nivel de morosidad, como antes les contaba, es bajísimo. Si en España hay alguien que no cumple con sus compromisos son las inmobiliarias y los bancos, por tanto, la cultura de pago, o de impago en este caso, hay que relacionarla con bancos e inmobiliarias.




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En segundo lugar, dicen que representaría un encarecimiento de los intereses y un endurecimiento del acceso a las hipotecas. Puede ser, pero es evidente que debemos pasar de una cultura de compra a una de alquiler —aunque con el proyecto de ley que discutiremos después, poco trecho hay para el alquiler— y nunca con carácter retroactivo, ya que representaría cambiar las reglas de juego y provocaría inseguridad. Señorías, las reglas del juego ya se han modificado con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas abusivas.

Lo que subyace en el fondo es la voluntad del Gobierno de no hacer nada que pueda afectar a los activos y balances de los bancos, y menos cuando el principal instrumento de la financiación de nuestros bancos son los bonos con garantía hipotecaria, las llamadas cédulas hipotecarias; estos son títulos emitidos por las entidades financieras que pagan un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite. Nuestros bancos han emitido más de 425 000 millones de euros en cédulas garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo para la compra de viviendas.

Ese es el problema, no es otro: los intereses de la banca, como siempre. Tampoco hay ninguna sorpresa. Según ustedes, aprobar la dación en pago generaría inquietud, y ya se sabe, como el dinero es tan miedoso, mejor no arriesgar. Y frente a este dilema, eligen una vez más a los bancos. Creo que es el momento de decir basta ya de defender a los bancos y a sus intereses. Primero las personas, primero el derecho a la vivienda. Al diablo con los intereses de la banca, de los usureros y de los prestamistas. Pongan ya en el primer nivel de su interés a las personas y a su protección. Y no se engañen, hoy debemos elegir entre bancos o personas.

Ustedes rechazan la dación en pago, a pesar de que todos coinciden en que se reduciría de forma importante el número de desahucios, mejoraría el problema de la vivienda, y se reducirían los costes sociales y judiciales. Esperanza de convencerlos no tengo ninguna. Si no son capaces de reaccionar viendo las magnitudes, las imágenes de esta tragedia, no seré yo quien les convenza. ¿Cuál sería nuestra alternativa? Muy sencillo: de entrada, todos los puntos de la ILP presentada por un millón y medio de ciudadanos.

Señorías, están pagando la crisis aquellos que no han tenido ninguna responsabilidad. La crisis trae paro. El paro trae pobreza. Y la pobreza trae desahucios. Ese es el dramático corolario de la actual situación. Que nadie se engañe. Hoy no vamos a realizar una votación menor. Nuestro voto decidirá si empezamos a solucionar esta catástrofe social o si se prolonga el sufrimiento de tanta gente; si garantizamos el derecho universal a una vivienda o si solo la tendrán aquellos que la pueden pagar.

En su proposición de ley ni hay razón ni hay corazón. No la voten. Voten este veto.

Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Propuesta de veto número 2, de la senadora Almiñana y de los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes señoras y señores del público. Esta proposición de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social es la historia sumamente frustrante de una gran oportunidad perdida, sin duda por parte del Gobierno, pero arrastrados por él, de todo nuestro país y de toda nuestra sociedad. Y lo es en un doble sentido, ambos igualmente graves. El primero porque es una oportunidad perdida de hacer una ley moderna, valiente e integral para ciertamente paliar y reconducir las situaciones absolutamente injustas que se dan en la actualidad para con los deudores hipotecarios, pero a la vez para evitar los próximos desahucios, los desahucios del mañana que esta crisis sin duda va a continuar comportando, y los del futuro.

Y en segundo lugar es una grandísima oportunidad perdida de enviar un mensaje de fortalecimiento de nuestra democracia, tan cuestionada en sus instituciones principales, como este mismo Parlamento. Por primera vez la primera gran experiencia de una iniciativa legislativa popular llega con toda su fuerza, y la mayoría del Partido Popular la menosprecia y la ridiculiza, desvirtuándola y haciendo todo tipo de trucos y tejemanejes para que pierda su esencia. De




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ninguna otra manera se puede entender su voluntad de cercenar el debate en el Congreso de los Diputados, ciñéndolo solo a la comisión, y de no aceptar hoy ni tan siquiera una de las muchísimas enmiendas que los grupos de la oposición hemos presentado para que efectivamente pueda producirse un debate de totalidad de nuevo en el Congreso de los Diputados.

Por tanto, señorías, esta es una oportunidad perdida para hacer honor a la democracia, al sentido profundo de la idea democrática, es decir, la idea de que la soberanía reside en el pueblo, en la ciudadanía, de que el poder es suyo y de que los que estamos aquí, diputados —su nombre lo dice— y senadores, estamos para administrarlo. Por eso cuando la ciudadanía se expresa directamente como esta vez, lo mínimo que podemos hacer, señorías del PP, es respetarlo.

Sobre estas dos ideas voy a desarrollar mi intervención, en primer lugar refiriéndome a la gran oportunidad perdida en relación con los contenidos de esta ley. La crisis ha puesto de manifiesto, no solo una hipertrofia del sector inmobiliario, en el que las viviendas habían adquirido un valor de cambio por encima de lo que debería ser su función básica, el valor de uso, poniendo a la vez una desproporción enorme entre el régimen de propiedad y de alquiler en nuestro país, sino que evidentemente esta crisis ha puesto de manifiesto los muchos errores, injusticias, abusos de un sistema hipotecario que todos durante muchos años hemos mantenido y que se ha demostrado absolutamente arcaico, desfasado e impropio de una sociedad moderna.

Hemos tenido que asistir a decenas de miles de ejecuciones hipotecarias cada año, con el dolor inmenso que comportan, para tomar conciencia de todo ello. Pero cuando al fin la mayoría de la sociedad toma conciencia de esta situación, ¿qué se produce? Una ley del Partido Popular que se queda ridículamente corta, de muy poco alcance, de menos miras, de poquísima profundidad, que simplemente trata de salir al paso, y de una manera forzada. ¿Y por qué? Porque detrás de esta proposición el Partido Popular sostiene una idea: el desahuciado es culpable; como mucho va a haber compasión en casos extremos, y muy reducidamente algunos aplazamientos, pero la idea que subyace es que había un contrato, y quien no pueda cumplirlo es culpable.

Pues bien, señorías, nuestro punto de vista es completamente distinto. Además esta ley lo único que hace, en definitiva, es dejar al conjunto de la estructura del sistema hipotecario tal y como lo teníamos hasta ahora, y por tanto, no está a la altura del reto que la crisis y el dolor de la sociedad nos ha puesto por delante.

Les decía que nuestro enfoque era completamente distinto, un enfoque basado en la idea contraria a la que resumía anteriormente. Los contratos implican a las dos partes. Los deudores, ciertamente, tienen obligaciones, pero también tienen derechos y tienen que ser respetados por la otra parte, por los acreedores, que, ciertamente, tienen derechos, pero que tienen también obligaciones. Este es un contrato que, como todos los contratos, tiene que entenderse de mutuo respeto en derechos y obligaciones. Y en este caso, en los contratos de créditos hipotecarios, el resultado era —y va a seguir siendo, desgraciadamente— completamente desequilibrado: derechos, abusos incluso, para el acreedor; simples obligaciones, injusticias en muchos casos, para los deudores.

Por tanto, nuestra propuesta alternativa, señorías, consistía en recoger total y absolutamente las tres ideas fuerza que estaban —que están— en la iniciativa legislativa popular: dación en pago, moratorias, retroactividad; y añadir los cinco criterios que la nueva Directiva de la Unión Europea sobre créditos hipotecarios ya ha consensuado y ha puesto encima de la mesa, configurando, por tanto, una ley, primero, que elimine abusos e injusticias en los contratos hipotecarios, siguiendo, sin ir más lejos, lo que nos ha dicho de manera clara la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, revisando penalizaciones, suelos, vinculaciones a otros productos, el papel de las sociedades de tasación, etcétera; segundo, que esta ley fuera una auténtica ley de segunda oportunidad, con arreglos extrajudiciales de mediación o incluso judiciales, para que los deudores de vivienda habitual tuvieran la posibilidad de resarcirse, incluyendo evidentemente la dación en pago, parcial o total, según se pudiera acordar; tercero, una ley que evite el sobreendeudamiento, aspecto absolutamente clave para que nuestra sociedad no vuelva a caer en los mismos errores en los que hemos caído en los últimos años: información previa, publicidad no engañosa, lucha contra los préstamos irresponsables, estrictamente basados en el interés de las entidades bancarias y no en las necesidades, etcétera; y, finalmente, una ley que incluyera la paralización de los desahucios en curso mientras todos estos procedimientos y mecanismos nuevos se ponen en marcha después de una consulta amplia a los muchísimos agentes que están implicados: la Administración de




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Justicia, muchos profesionales, entidades que representan a los deudores, evidentemente, y también otro tipo de entidades y asociaciones. Con la paradoja, además, señorías, de que la Unión Europea —por fin algunas buenas noticias nos llegan de Europa— nos va a obligar a una ley nueva, radicalmente nueva, y por tanto, habremos desperdiciado, como he dicho, por razones de fondo y por razones de oportunidad, una magnífica opción de hacer las cosas bien en este campo, donde nos hemos equivocado tanto como sociedad, hacerlas bien para el presente y para el futuro.

Quiero retomar mi segunda idea, señorías, al final de mi intervención, con toda su fuerza. Esta tramitación de la antigua iniciativa legislativa popular es una auténtica burla a la democracia. Si se está en contra, si no se suscriben los argumentos, si se piensa que no es lo adecuado y lo bueno para nuestro presente —cuesta pensarlo, pero si se piensa es totalmente legítimo—, lo lógico es no tomar en consideración esta iniciativa legislativa popular y presentar, si acaso, una ley propia por parte del Gobierno. Pero si se toma en consideración, señorías del Grupo Popular, lo mínimo es asumir sus trazos básicos. Los tres artículos que la ILP nos propone habría que haberlos mantenido sin lugar a dudas. Porque, ¿qué sentido tiene tomar en consideración esta iniciativa legislativa popular y luego desnaturalizarla hasta no poder reconocerla, prostituirla completamente? Es indigno beber de la legitimidad de casi un millón y medio de firmas para hacer todo lo contrario. Es indigno utilizar una estrategia de criminalización de las plataformas de afectados por la hipoteca para justificarlo todo. No tiene ningún sentido, desdibuja completamente nuestra función parlamentaria y, lo más grave de todo, aleja cada vez más a la ciudadanía de nuestra labor y del sistema democrático parlamentario.

No se puede plantear, señorías del Grupo Parlamentario Popular, un discurso de legitimidades contrapuestas y jerarquizadas entre el Parlamento y la calle, entre los representantes del pueblo —entre comillas— y el populacho —también entre comillas—. No es verdad, señorías. La legitimidad es la misma. Todos bebemos de la misma legitimidad. La soberanía reside en el pueblo, lo dice la Constitución, y es la esencia de la democracia. Por eso, la iniciativa legislativa popular, que es el procedimiento con el que la ciudadanía recupera la soberanía delegada al Parlamento en un momento concreto y circunstancial, con un procedimiento absolutamente reglado, es la ocasión, el máximo momento para que el Parlamento la respete, votando que no en su toma en consideración —también es respetarla— o votando que sí, teniendo en cuenta sus principios en el desarrollo de la ley. Lo que no es de recibo, lo que no respeta en absoluto esta idea, es tomar en consideración la iniciativa y luego rehacerla completamente y burlarse de sus contenidos.

Por ello, señorías, este grupo, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, entendiendo que estos dos motivos hacen democrática y políticamente absolutamente inaceptable esta ley, ha presentado este veto que creemos más justificado que nunca.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para presentar el veto a esta proposición de ley sobre desahucios, una proposición de ley, señorías, en la que el gobierno del Partido Popular, una vez más, da la espalda a los ciudadanos y rehúsa adoptar medidas contundentes para abordar en su integridad la situación de los deudores hipotecarios y el desequilibrio que existe en el sistema hipotecario español, en el que el deudor es la parte más débil a la que se le traslada, casi con carácter exclusivo, la totalidad de la responsabilidad del problema del sobreendeudamiento. Rehusaron hacerlo, señorías, en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, y también en el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, del que trae causa este texto que nos ocupa y en el que, una vez más, el Gobierno del Partido Popular elude abordar soluciones reales y efectivas frente a esta realidad dramática de los desahucios. Porque, señorías, en la actualidad existen pocos problemas más dramáticos y acuciantes que los que padecen las familias que se encuentran en situación de desempleo y que tienen que hacer frente a deudas elevadas y a muy largo plazo —hablamos de quince o de cincuenta años en algunos casos—, que




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se derivan en un 90%, de operaciones de adquisición de vivienda habitual o del local de negocio en donde desarrollan su actividad que constituye su medio de vida.

En un contexto de grave crisis económica como el actual, los últimos datos manejados de la sociedad española sobre desempleo y sobreendeudamiento de las familias son extremadamente alarmantes. La encuesta de población activa de este primer trimestre de 2013 hace referencia a que tenemos más de 6 200 000 desempleados, una tasa de paro del 27,16%. Solo en este año, 929 100 parados más desde que gobierna el Partido Popular, una cifra de 1,9 millones de hogares con todos sus miembros en paro.

Señorías, muchas de estas familias no pueden afrontar el pago de las cuotas de sus préstamos hipotecarios y no porque no quieran, es porque realmente no pueden; y no pueden en un momento en el que la vivienda ha perdido gran parte de su valor y no constituye en sí suficiente garantía frente al crédito concedido. Señorías, es un callejón sin salida que solo en el año 2012 afectó a 30 011 familias que perdieron su vivienda y siguen siendo en su mayor parte deudores de las entidades crediticias de por vida.

Los datos que nos da el Consejo General del Poder Judicial no dejan lugar a dudas. Solo en el año 2012 se iniciaron 65 778 ejecuciones hipotecarias, de las cuales el 74,76% se corresponden a primera vivienda. Durante 2012, la banca se adjudicó por el procedimiento de ejecución hipotecaria 38 976 viviendas; concedieron 14 229 daciones en pago; el 80% de daciones en pago correspondía a primera vivienda, a vivienda habitual. Señorías, a esta situación hay que añadir la evolución creciente de la morosidad de los préstamos para la adquisición de vivienda, que en diciembre de 2012 alcanzó el 4%, y el del saldo de préstamos morosos, que superó los 25 300 millones de euros.

Los datos anteriores no dejan lugar a dudas, señorías. Tenemos que actuar, y actuar de inmediato, pero adoptando políticas públicas consensuadas e integradoras, políticas públicas que den soluciones justas y equilibradas en una situación que amenaza con romper la vertebración social de nuestro país, y no con propuestas injustas y desequilibradas como las que hoy nos trae el Gobierno del Partido Popular; por cierto, en esta proposición de ley ignora las aportaciones de los restantes grupos políticos en el Parlamento y, además, también ignora a los restantes agentes sociales. Señorías, desprecia y elimina todo rastro sobre el sentido de la iniciativa legislativa popular, de regulación de la dación en pago, de paralización de desahucios y del alquiler social, avalada por más de medio millón y medio de firmas de ciudadanos de España, y desde aquí, el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su máximo apoyo a esa plataforma de afectados por la hipoteca. (Aplausos.)

Señorías, la proposición de ley que hoy nos trae el Gobierno del Partido Popular a esta Cámara no aporta soluciones ni reales ni efectivas exigibles a los poderes públicos para hacer frente al drama humano y social de los deudores hipotecarios. Pero, además, las medidas que incorpora son inútiles y profundamente desequilibradas. Y permítanme que haga referencia a esta última cuestión.

Primero, son profundamente desequilibradas, ¿por qué? Pues porque no corrigen el desequilibrio existente entre la posición del acreedor y la del deudor; esto es, de las familias y de la banca. Por el contrario, con esta proposición de ley toda la responsabilidad, todo el problema del sobreendeudamiento se asume casi con carácter exclusivo por las familias. No se evidencia esa responsabilidad equilibrada entre las familias y la banca.

Quiero recordar aquí unas recientes palabras del profesor de Derecho bancario y bursátil de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente del grupo de expertos de los servicios financieros de la Comisión Europea, que nos dice claramente que si la banca hubiese dado créditos de forma responsable se habría evitado el sobreendeudamiento de las familias y los problemas de solvencia del sector bancario.

Además, señorías, con estas medidas tan restrictivas que nos traen en esta proposición de ley, lo que están haciendo es que solamente un pequeño colectivo muy reducido pueda realmente beneficiarse de las medidas que aquí se adoptan.

Por lo tanto, reitero: inutilidad, arbitrariedad y altamente desequilibrado. Y permítanme que haga referencia a distintos capítulos que se recogen en esta proposición de ley. En primer lugar, señorías, esta proposición de ley del Partido Popular no paraliza de forma generalizada los desahucios sobre vivienda habitual del deudor hipotecario de buena fe. Todo lo contrario. Lo único




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que paraliza es el lanzamiento de la vivienda habitual, y lo hace únicamente para el plazo de dos años, estableciendo además requisitos arbitrarios y claramente restrictivos para los ciudadanos. Tan arbitrarios y tan restrictivos que de hecho son absurdos, señorías. Hace que una familia que gane 1500 euros al mes y tenga un hijo menor de 3 años sí pueda acogerse; por el contrario, esa misma familia con esos mismos ingresos y dos hijos de más de 4 años no puede acogerse a la suspensión del lanzamiento.

Además, señoría, con esta proposición de ley se mantiene que se devenguen intereses de demora abusivos durante la suspensión de la ejecución. Abusivos y que claramente agravarán la situación que atraviesan las familias por problemas de sobreendeudamiento. Tan abusivos, señorías, que suponen un 12%, mientras que la Ley de contratos de créditos al consumo vigente en el Estado español solamente establece como máximo un 10%, con lo cual se está multiplicando por veinticuatro veces el interés oficial del dinero en la zona euro, y también en veinticuatro veces el euríbor actual. Muy superior claramente, señorías, a lo que la jurisprudencia está considerando como admisible, que aconseja que sean similares a los de los restantes países de nuestro entorno europeo, es decir, que figure un interés legal del dinero más algo adicional; algo adicional que en algunos países, como Reino Unido o Francia, se sitúa en torno al 0%, y en países con el máximo, como Australia, se fija en el 5%.

En segundo lugar, señorías, estas medidas son injustas y desequilibradas porque con respecto a la dación en pago se sigue considerando lo que viene recogido en el Real Decreto Ley 6/2019, del Código de Buenas Prácticas. ¿Qué nos dice ese Código de Buenas Prácticas? Que esta dación en pago es con carácter voluntario para las entidades financieras, quienes controlan todo el proceso de dación en pago y además se aplica casi con exclusividad, como se ha observado en el último año, a deudores que se encuentran en la más extrema pobreza. ¿Qué significa esto? Que no es obligatoria para las entidades financieras y, por lo tanto, los deudores de buena fe no pueden acogerse a esta dación en pago.

Por lo tanto, significa que la entidad concedente de un crédito irresponsable no se ve obligada a pactar con el cliente un plan de pagos y, en su defecto, aceptar la dación en pago. En definitiva, señorías, arbitraria, profundamente desequilibrada y además inútil. ¿Por qué? Porque, ciñéndome a los datos que reportó el ministro de Economía en diciembre de 2012, en esta Cámara, hablando de las bondades de esta medida, tan solo se acogieron a la dación en pago 49 familias en el año 2012 cuando, como he comentado anteriormente, a lo largo de este año las propias entidades financieras propiciaron que 14 229 daciones en pago se pudiesen realizar en España.

En consecuencia, señorías, no es entendible esta resistencia y esta negativa por parte del Partido Popular a adoptar medidas legales efectivas y contundentes para resolver este drama de los desahucios. Además, quiero señalar también que el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado este mismo mes de abril una nueva directiva comunitaria de créditos hipotecarios que refuerza la protección de los consumidores y que contempla la dación en pago. Esto significa, señorías, que en un plazo de dos años nuevamente tendrán que cambiar esta proposición de ley incorporando esta nueva directiva comunitaria que obliga a la dación en pago, también en España.

En tercer lugar, señorías, esta proposición de ley no aporta soluciones porque, a diferencia de los restantes países de nuestro entorno, no contempla que en España se pueda ir a un procedimiento de segunda oportunidad. ¿Qué significa este procedimiento de segunda oportunidad? Significa que se permita reestructurar la deuda de las familias para que no pierdan su vivienda habitual cuando existe un sobreendeudamiento sobrevenido no doloso, con garantías, con transparencia y para todos. Porque, señorías, los desahuciados quieren tener una segunda oportunidad, lo que no quieren es abandonar su vivienda; quieren tener voz para defenderse del abuso y poder pactar un plan de pagos con el banco para no perder su vivienda cuando pueden pagarla. Se trata, señorías, en definitiva, de evitar la exclusión social.

En cuarto lugar, esta proposición de ley es inútil y desequilibrada nuevamente porque no contempla la creación de un auténtico parque público de alquiler social, tan solo la creación de un fondo de 5891viviendas sociales que se nutren de aportaciones únicamente voluntarias de los bancos de toda España. Y es inútil, señorías, porque en la comunidad de la que procedo, la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con este fondo se han aportado 114 viviendas en Galicia y únicamente 7 en la ciudad de Vigo. Una ciudad, la más grande de Galicia, con más




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de 300 000 personas. Para esas 300 000 personas con este problema de los desahucios tan solo se crearían 7 viviendas con este fondo de viviendas sociales. Por lo tanto, no hay un auténtico parque público de alquiler que gestione el mayor número de viviendas posible, que garantice el acceso a una vivienda digna a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares de cada persona; un parque, señorías, que podría nutrirse del Sareb y también de las entidades que en estos momentos se encuentran intervenidas y que son propiedad del FROB.

Por lo tanto, nuevamente tibieza e inanición por parte del Gobierno. Inanición y tibieza, señorías, que contrasta con lo que están haciendo muchos ayuntamientos y la Junta de Andalucía, donde se ha adoptado, con una emergencia social, un decreto que permite expropiar el uso de las viviendas durante tres años a entidades financieras para aquellas familias que se hallen en un proceso de desahucio por impago de la hipoteca. En suma, un texto que, frente a la necesidad de respuestas integrales e inmediatas para aquellas personas desahuciadas, no ofrece garantías legales ni un reparto equitativo y justo de las cargas. No incorpora mecanismos ni medidas, como que se adjudiquen viviendas en subasta por una cantidad justa, que sea baja, que evite el malbaratamiento de la vivienda, y no como esta proposición de ley, que permite en estos momentos que un banco pueda hacerse con una vivienda a un 52,2% por debajo del valor de tasación al concederse el préstamo. No impide, por lo tanto, situaciones abusivas, no limita costas judiciales. El PP, de hecho, con esta proposición de ley en la que establece un 5% de costas judiciales, lo que está haciendo es que para una vivienda media en torno a 200 000 euros, se pague solo en costas judiciales un 5% más, es decir, 10 000 euros en costas judiciales.

Y finalizo, señorías, diciendo que esta proposición de ley no aporta soluciones, no recoge en ningún punto la iniciativa legislativa popular y no integra ideas ni medidas reales y justas exigibles a los poderes públicos para hacer frente al drama humano y social de los deudores hipotecarios. Entiendo, señorías, que con estas medidas que toma el Partido Popular se va a perder una ocasión única para dar solución a miles y miles de familias que están sufriendo las graves consecuencias de la crisis financiera en un contexto de desprotección, en muchos casos de vulneración de derechos fundamentales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, presidente.

…que les está condenando en muchos casos a la más extrema pobreza y a la exclusión social.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Marra.

Turno en contra de las propuestas de veto.

Tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muchas gracias por su presencia, muy especialmente a los invitados que se encuentran en la tribuna.

Señorías, no voy a entrar, porque se definen por sí solas, en las descalificaciones realizadas por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra. No voy a hablar de indignidad, no voy a hablar de que se está perdiendo una oportunidad, señor Guillot, lo que se ha perdido es mucho tiempo desde el año 2007, cuando se empezaron a producir los primeros desahucios. Eso es lo que se ha perdido. (Aplausos.) Desde luego, con todo respeto y cariño, le diré que ni mi grupo ni yo vamos a permitir que se hable de que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno ignoran a la ciudadanía española. No se lo voy a permitir. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor SANZ PÉREZ: Debatimos esta tarde, señorías, señor presidente, una proposición de ley sobre uno de los asuntos de mayor calado en la actualidad nacional, en el que existe una amplísima y casi absoluta sensibilización social de todos y cada uno de los actores implicados. Hay una sensibilidad especial de los ciudadanos en primer lugar, también de las plataformas y organizaciones sociales, de los representantes de los ciudadanos en ambas Cámaras y del




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Gobierno de España, con una inequívoca voluntad política de afrontar desde el minuto uno este terrible drama social. Se trata de la delicada situación en que la crisis económica ha dejado a muchos deudores hipotecarios, familias en su mayoría que se encuentran en verdaderas dificultades para hacer frente a las obligaciones contractuales a las que en su día se comprometieron.

Por tanto, señora Marra, ¿por qué no aplicaron lo que ha dicho hoy aquí durante los últimos cuatro años de Gobierno socialista? ¿Por qué no lo aplicaron? (Aplausos.) Nos encontramos, señorías, ante un asunto que no podía esperar, que requería soluciones y medidas urgentes, sobre todo de extraordinaria necesidad, que dio lugar a dos reales decretos que hemos debatido y se están debatiendo en el día de hoy, que, a iniciativa del propio Gobierno de España, aprobaron novedosas medidas para frenar este drama social.

No es la repercusión mediática que pretenden algunos, ni tampoco la agitación social lo que lo convierte en uno de los principales asuntos de la agenda política de este país y del Gobierno, sino la tragedia social que supone para cientos de familias españolas y el consiguiente riesgo de exclusión social al que un desahucio lleva a un número importante de familias en situación vulnerable. Por ello, desde el año 2007 era urgente y necesario tramitar cuanto antes una proposición de ley que articulara medidas excepcionales, que incorporara algunas nuevas y, sobre todo, con la suma también de la iniciativa popular de miles de ciudadanos. Se trata de medidas de mejora del mercado hipotecario, modificando, como se modifica, la Ley hipotecaria, y ustedes lo saben; modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil en catorce artículos e incorporando el real decreto de marzo y el real decreto del 15 de noviembre, que paralizan los lanzamientos y los desahucios tramitados ya, eso sí, como proyecto de ley. Y se incorpora también a nuestro ordenamiento jurídico una cuestión sobre la que ustedes aquí no han hablado, y es la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

¿Es o no es urgente? O mejor dicho, ¿era o no era urgente tomar este tipo de medidas allá por el año 2007? Esa era la intención de los grupos parlamentarios, para que no hubiera demora en la entrada en vigor de estas medidas, señorías. Esa era la intención de subsumir, lo saben muy bien los señores de Convergència i Unió, en una misma ponencia los textos legislativos con los que contribuyeron en el Congreso de los Diputados y con los que ustedes antes estaban de acuerdo, y hoy aquí —rara vez hacen algo diferente—, no están de acuerdo.

Por tanto, tramitar un asunto de la manera más urgente posible también es el motivo por el que esta proposición de ley se está tramitando a través del correspondiente procedimiento, algo que hasta hace poco ustedes entendían pero que hoy, qué casualidad, no entienden. Contesten por qué, por favor. Sin embargo, para el Gobierno de España y para este grupo parlamentario, dar respuesta al problema de los desahucios es un asunto capital que requiere medidas cuanto antes y que precisa de una ley, como la que hoy se propone, con medidas tan importantes —entre otras muchas, a las que luego haré referencia— como la dación en pago y la limitación de los intereses de demora, y que dará respuestas realistas y concretas a un problema urgente que no podía esperar, señorías.

Eso es precisamente lo que motivó al Gobierno de España a mover ficha a los tres meses de llegar al Gobierno, ya hace catorce meses, en marzo de 2012: el proyecto de ley que favorece la reestructuración de la deuda hipotecaria y reduce los tipos de demora, que es la gran demanda que hay frente a la Ley Hipotecaria, y que no solo propone aumentar los plazos de amortización de la deuda sino una quita potestativa de hasta el 35% de la deuda y, como último recurso, que las entidades tengan que aceptar obligatoriamente la dación en pago a propuesta del propio deudor hipotecario, que, además, puede quedarse en su vivienda a través de una renta social asequible.

Por lo tanto, señorías, aclárense ustedes y no confundan a los ciudadanos, porque el Capítulo VI de la proposición de ley se refiere a la adhesión voluntaria; pero una vez que el 99% de los bancos de este país se han adherido voluntariamente, es obligatoria la aplicación de la dación en pago.

Y aquí se habla mucho de cara a la galería, desde un posicionamiento ideológico, pero presten atención, señorías, al punto número 3 del Capítulo VI. «Podrán solicitar la dación en pago en su vivienda habitual —en estos momentos no existe—… En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que esta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.» ¿Existe o no existe dación en pago en el




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texto que hoy debatimos en esta Cámara? (Aplausos.—Denegaciones del señor Camacho Sánchez.)

Por lo tanto, señorías, digamos la verdad, y quien dice que no con el dedo, que se lea el Diario de Sesiones y el boletín publicado en esta Cámara, que dan clara respuesta de lo que yo estoy diciendo aquí. (Aplausos.) Existe, por consiguiente, dación en pago en nuestro ordenamiento jurídico. Existe por primera vez en la historia democrática, porque nunca antes otro Gobierno lo había contemplado. Existe desde hace catorce meses, porque fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy. Repito, Capítulo VI, punto número 3. Léanselo detenidamente. Y en esta proposición de ley también existe, reitero, de forma obligatoria para todas las situaciones de especial vulnerabilidad, es decir, para un número superior a 120 000 familias. Esto permitirá a quienes lo están pasando peor, seguir viviendo en su domicilio sin tener que abandonarlo. Esta es la principal demanda social que existe en nuestro país ante la problemática de los desahucios. El actual Gobierno de España ha sido el primero —lo digo desde la humildad— que ha legislado para la suspensión inmediata de los desahucios que se encuentran en una situación de especial riesgo y, sobre todo, de riesgo de exclusión social. Lo hizo el pasado mes de noviembre y hoy lo incorpora a esta proposición de ley que estamos debatiendo todos aquí.

Léanse también, por favor, el Capítulo I, artículos 1 y 2, donde, literalmente, se dice: «suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables». Ojalá se pudiesen cubrir todas las situaciones, pero la realidad, señorías, es que la suspensión de los lanzamientos afectará a las familias que se encuentran —reitero— en especial situación de vulnerabilidad.

Estamos hablando de familias numerosas, que —como todo el mundo entiende— pueden estar pasándolo peor; también de familias monoparentales con dos hijos a su cargo, de familias con hijos entre 0 y 3 años, y también de quienes tengan miembros con discapacidad o en situación de dependencia o incapacidad temporal o permanente.

Estamos hablando —aquí está escrito— de quienes tienen una hipoteca y se han quedado en paro, habiendo agotado todas sus prestaciones, y también, cómo no, de quienes hayan sido víctimas de la violencia de género. Como le decía, señoría, de todos aquellos colectivos o personas con mayor vulnerabilidad.

Hablamos también señorías —está escrito en el texto— de unas medidas que los tres vetos consideran restrictivas e insuficientes, pero que, según todas las estadísticas oficiales a las que todos tenemos acceso, son 8 millones de hogares, el 45% de todos los hogares de España, los que están por debajo del límite que establece el texto, pudiendo acceder en situación de dificultad, siempre y cuando —también está escrito— dediquen el 50% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria.

Pero a ustedes, a los que no hicieron nada y a los que les apoyaron, todo esto les parece hoy muy poco. (Aplausos.) Lo que le parece poco a este grupo parlamentario es que los tres vetos correspondan a grupos que han gobernado o han dado su apoyo al Gobierno en los últimos ocho años y critican la Ley hipotecaria del año 46 pero no fueron capaces, quizá porque no supieron, de modificarla durante estos ocho años. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.

El señor SANZ PÉREZ: Señorías, esto se define por sí solo. Porque es de nuevo el Gobierno de Mariano Rajoy, el del Partido Popular —y lo digo con humildad—, el que va a modificar la Ley hipotecaria para limitar a tres veces el interés general del dinero. Por primera vez en España, señorías, se limitan los intereses de demora que puedan exigir las entidades de crédito en el caso de las hipotecas constituidas para vivienda habitual, que son las que ostentan los deudores en riesgo de exclusión o a quienes primero debemos ayudar.

Se prohíbe también —y está escrito— la capitalización de estos intereses, porque se permite, además, que el principal deje de devengar intereses. Esto también es novedoso. Pero para ustedes no es suficiente esta medida, como tampoco lo es la constitución de un fondo social de viviendas —disposición adicional primera— destinado a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de una vivienda habitual por impago de la hipoteca.




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Y de nuevo les pregunto, principalmente a aquellos que han tenido la potestad de gobernar y de dirigir los destinos de este país: ¿A qué se dedicaron ustedes durante los ocho años de Gobierno? Porque estas situaciones se estaban dando. ¿A qué se dedicaron ustedes durante estos ocho años? Ahora vienen aquí a criticar, cuando el Partido Popular y el Gobierno no aplazan un problema y lo ponen en vías de solución. ¿A qué se dedicaron ustedes durante esos ocho años? (Aplausos.)

Claro, ahora resulta que han entendido el drama social y el riesgo de exclusión social que subyace tras los desahucios, pero antes no movieron un dedo. Parece que cuando están en la oposición es cuando se dan cuenta de lo que sucede con esta cuestión, y lo digo porque recientemente han descubierto los problemas que generaron a los deudores las llamadas cláusulas abusivas. No obstante, ustedes en esta Cámara hicieron oídos sordos, y esto es muy importante que se sepa para que luego no hagan debates demagógicos de cara a la galería. (Aplausos.) ¿Por qué digo esto? Sus señorías, que eran Gobierno, no dieron su voto favorable a una moción del Grupo Parlamentario Popular que hablaba de las cláusulas abusivas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor SANZ PÉREZ: Si no dieron su voto favorable sería porque en esos días el entonces presidente del Gobierno dijo en Nueva York ante todo el mundo que España tenía el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Y lo remató diciendo —y abro comillas—: «No se trata de presumir, se trata de decir la verdad, porque es lo que tenemos.»

Ahora ustedes también nos hablan de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional está recogida aquí y ustedes lo saben, se contemplan los dos preceptos principales. Se incorpora, por lo tanto, a esta proposición de ley. Pero resulta que ustedes no hicieron nada con aquellas cláusulas abusivas y el entonces gobernador del Banco de España —y eran ustedes Gobierno— dijo textualmente, publicado en el Boletín Oficial de esta Cámara el 7 de mayo del año 2010: «Son admisibles como un elemento de estabilización y no pueden considerarse limitativas siempre que se haya informado al cliente». ¿De qué están ustedes hablando cuando se refieren a las cláusulas abusivas?

Pero donde ustedes no hicieron nada el Gobierno de España sí que ha tomado medidas en el real decreto del pasado mes de noviembre, que ahora también se incorpora a esta proposición de ley. Los cambios regulatorios pivotan fundamentalmente sobre dos ejes: limitar los tipos de demora para evitar que la deuda se convierta en una bola imposible de parar y, sobre todo, mejorar las condiciones en las subastas de los pisos.

A ustedes no les importaba lo que ahora les parece insuficiente, o dicho de otra manera para que todo el mundo nos entienda: quienes más pegas ponen a las medidas contra este drama son precisamente quienes no hicieron nada. (Aplausos.) Dejen de quejarse, por lo tanto, por medidas que ustedes no fueron capaces de tomar, como la dación en pago —por favor, léanlo—, que se incorpora a este texto legislativo, o como el número de familias que este texto sí será capaz de atender. Retiren, señorías, sus vetos y apoyen esta proposición de ley, que es la primera que da respuesta al drama social que padecen miles de españoles.

Aquí se ha hablado de lo que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó el día 22. Esa propuesta de la directiva —para aquellos que no la hayan visto, el borrador de esa comisión está en mis manos, por si alguien lo quiere— fue aprobada por el Partido Popular Europeo, por el Partido Socialista —por cierto, impulsado por un tocayo mío—, por los liberales británicos, por los verdes que componen el Parlamento Europeo, el BNG e Iniciativa —está escrito en el acta, no me lo invento—, y no contradice una coma de lo propuesto por el Gobierno de España: «Los Estados miembros —dice— adoptarán medidas para que las prestamistas negocien antes de ejercer el crédito. En caso de mora —presten atención— la imposición de cargas no será mayor a la compensación de costes incurridos por el prestamista a causa de la mora.»

Se trata, señorías, de dar cumplida respuesta a la dación en pago de la forma que ya prevé el ordenamiento jurídico español. Porque esa dación en pago que se aprobó el pasado 21 de abril por la Comisión de Economía del Parlamento Europeo es una dación en pago pactada entre las partes y que obliga a los Gobiernos de la Unión Europea a respetar el pacto de las partes, repito, a respetar el pacto de las partes. Se aprueban otra serie de medidas, medidas que el tiempo dará




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y quitará razones, porque tendremos que aplicarlas en los próximos años y se podrá ver si contradicen o no lo que hoy vamos a aprobar aquí.

Todos juntos, señorías, tenemos el deber como sociedad de rescatar a las familias más vulnerables que puedan quedar en situación de desamparo, porque son el núcleo mismo de nuestra sociedad y porque España no puede permitirse el drama irreparable de que caigan en riesgo de exclusión por no tener ingresos suficientes para pagar su hipoteca. Porque ese es precisamente, señorías, el origen del problema, no se engañen haciendo diagnósticos erróneos —que los pueden hacer— o buscando en la bancada equivocada: la causa de los desahucios de vivienda habitual es el impago de la deuda que firmaron, o que hemos firmado muchos. ¿Y por qué no pueden pagar, señorías? No porque no quieran pagar, sino porque no pueden, han perdido su puesto de trabajo. Y que la senadora Marra —y yo lo respeto— hable aquí de destrucción de empleo y se le acuse al Partido Popular… ¡Si entre 2007 y 2011 fueron 3 500 000 puestos de trabajo! ¿Pero de qué está usted hablando? (Protestas.) ¿Por qué usted no hace una clara concepción de que en su época también sucedió lo que sucedió? (Aplausos.)

Ustedes insisten —porque es su caballo de batalla— en la dación en pago, y yo les pregunto: ¿por qué reclaman la dación en pago y durante muchos años el Gobierno del señor Zapatero nunca lo concibió? (Rumores.) De hecho ustedes aquí y en la otra Cámara decenas de veces votaron en contra de ello. ¡Cuántos sufrimientos se podrían haber evitado, señorías, si ustedes hace siete años hubieran hecho lo que hoy demandan en esta Cámara! (Rumores.)

¿Por qué hablan de medidas insuficientes cuando ustedes fueron incapaces de tomar una sola medida? Sospecho, señorías —y seguro que estoy equivocado—, que lo que a ustedes realmente les molesta no son las medidas del Gobierno ni las soluciones que aporta esta proposición de ley, lo que realmente seguro que les incordia y les inquieta es que importantes dirigentes de su partido dijeran, como el señor Borrell —abro comillas—: Mes de marzo del año 2012. «Ojalá el Gobierno socialista hubiera aprobado algunas medidas del Partido Popular como la dación en pago y la cancelación de la deuda pública con pymes y autónomos.» Pero también el señor Bono dijo —y abro comillas—: Quiero lamentar que haya sido un Gobierno popular y no socialista el que haya bajado los sueldos a los banqueros y haya promovido la dación en pago. Quizá sea esto lo que a ustedes les inquieta. (Protestas.—Aplausos.)

Señorías, con la proposición que estamos debatiendo se ha puesto negro sobre blanco, porque nos hemos tomado en serio este drama social: se limitan las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, señorías; se protege a las familias más vulnerables para que no pierdan su hogar; se crea un fondo social de viviendas para los desahuciados; y, se pongan como se pongan, el Gobierno de España ha legislado a favor de la dación en pago. (Rumores.)

Por lo tanto, señorías, es el momento de actuar con responsabilidad, y lo digo convencido porque mi grupo parlamentario está convencido de ello.

Hace pocos meses en esta misma Cámara lo que se dijo… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Sanz.

Señorías, esta Cámara ha escuchado en completo silencio y con absoluto respeto al senador Guillot, al senador Martí y a la senadora Marra, y el senador Sanz tiene el mismo derecho. Les ruego, por favor, que respeten su intervención. (Aplausos.)

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Decía que es el momento de actuar con responsabilidad.

El 8 de febrero de 2011 —no hace mucho tiempo— en esta Cámara, y hablando sobre estas mismas cuestiones, se dijo lo siguiente: «…tenemos que ser prudentes y ponderar equilibradamente todas las consecuencias jurídicas y económicas. No existen fórmulas milagrosas.» «Imponer sin más que los deudores hipotecarios se liberen de cualquier responsabilidad entregando la finca hipotecada, puede conducir —ojo, de esto se ha hablado hoy aquí por alguno de ustedes— a una injusticia social mayor, puesto que repercutiría de manera muy negativa en el acceso al crédito de otras familias y de empresas.» «Nadie presta si sabe que no va a poder recuperar lo prestado. Se deben establecer garantías contra el enriquecimiento injusto, sin duda. Se debe ayudar a quienes en una situación económica difícil necesitan refinanciar su deuda y tener mayores facilidades, sin duda; pero el derecho no puede negar a quien prestó una determinada cantidad de dinero la posibilidad jurídica de recuperar aquello que se le debe. Las cosas nunca son tan fáciles como




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parece, señorías. Constreñir la responsabilidad hipotecaria exclusivamente al valor de la vivienda puede propiciar una contracción del crédito que al final perjudica a todos los españoles, a la sociedad. Por tanto, cuando se trata de limitar los derechos sociales de las ejecuciones causadas por impago de préstamos hipotecarios hay que ser responsables y prudentes y sopesar todos los factores…»

¿Saben ustedes quién dijo esto aquí el 8 de febrero de 2011? El entonces ministro de Justicia, el señor Caamaño —apelaba a la responsabilidad y, muy especialmente, a la prudencia—. (Aplausos.) Por lo tanto, señorías, es el momento de actuar con responsabilidad.

No sé si es el mejor texto, pero es el mejor de los posibles. Hemos llegado donde nadie había podido llegar o no había querido hacerlo. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad ―si me lo permiten los grupos minoritarios― sobre todo del grupo mayoritario de esta Cámara.

No nos encontrarán enfrentando a quien pide dinero con quien se lo presta, nos encontrarán siempre al lado de los que peor lo puedan estar pasando en relación con esta cuestión —porque los desahucios no se frenan diciendo a las familias que los bancos son los malos y los bancos son los enemigos—, nos encontrarán tendiendo la mano para atajar este dramático problema que tiene nuestra sociedad, pero abran la mano para que podamos estrecharla porque llevan 14 meses con la mano bien cerrada.

Por lo tanto, es el momento de tomar medidas que aporten soluciones, pero en ningún caso que supongan una vulneración de algo que también es muy importante ―y lo decía el ministro de Justicia―: la seguridad jurídica; tanto la seguridad jurídica interna como la seguridad jurídica externa, máxime, señorías, en un momento tan delicado para nuestra economía, en el que todos los mercados e inversores están pendientes de España.

No podemos trasladar mensajes equivocados ni a todos los españoles ni fuera. Tenemos que trasladar a los afectados un mensaje de unidad, de que se ha avanzado de forma importante en esta materia. Porque antes teníamos cero: ni modificación de la Ley hipotecaria, ni la Ley de enjuiciamiento civil, ni nada de nada de nada. Señorías, no se puede solucionar el problema a costa de hacer demagogia política. Actuar, sí, y con urgencia, que es lo que ha hecho el Gobierno de España, pero también reitero que hay que actuar con prudencia.

Señores senadores, señor presidente, tenemos ante nosotros la ocasión de resolver juntos este problema; tenemos la ocasión de demostrarles a los ciudadanos que pueden y deben confiar en todos nosotros a pesar de las diferencias políticas. ¿Que la política sirve para cambiar las cosas? Es así. ¿Que los responsables de todos los signos políticos de este país desde su posicionamiento político quieren lo mejor para los ciudadanos? Es así. Pero, desde luego, los responsables políticos del Partido Popular están haciendo lo que les encomendaron los ciudadanos, sobre todo solventar los problemas. Dejen a un lado las posiciones partidistas en un tema tan dramático y tan serio como el que hoy estamos tratando; retiren sus vetos porque no es hora de demagogias —muy especialmente para el Grupo Parlamentario Socialista— porque es hora de soluciones.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente. (Rumores.)

Señorías, ciudadanos y ciudadanas afectados por las hipotecas, creo que se está demostrando en el debate que acabamos de ver, en el enfrentamiento entre posiciones del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, lo inadecuado política, ética y moralmente que fue incluir la iniciativa legislativa popular dentro de la otra proposición de ley. Porque, ciudadanos y ciudadanas, esto es así todos los días, unos, otros: Y tú más. (Protestas.) Y esto es así de triste muchas veces. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Espere un momento, senador Mariscal.

Señorías, creo recordar que en el pasado Pleno les dije que quienquiera que subiese a esta tribuna tenía derecho a ser escuchado porque esta es la Casa de la palabra. Se podrá estar o no




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de acuerdo, pero el derecho a ser escuchado empieza por mantener el silencio. Por tanto, les ruego que mantengan el silencio y respeten a quien esté ocupando la tribuna.

Muchas gracias.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Trataba de decir que en la anterior legislatura la dación en pago se debatió siete veces en el Congreso de los Diputados, siete, y en las siete ocasiones el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista votaron en contra, repito, las siete veces que se debatió la dación en pago en el Congreso. Quiero decirlo porque conviene hacer memoria, conviene hacer historia. Es cierto, se empieza a regular. Muy bien, pero no es un argumento en el que yo vaya a entrar porque no me corresponde. Lo que sí queda claro es que las propuestas que venían reflejadas en la iniciativa legislativa popular no están siendo objeto de debate aquí hoy después de haber sido admitidas a trámite y de haber obtenido un millón y medio de firmas. Ese es un hecho objetivo. Quizá tengamos ocasión, en el debate de las enmiendas, si podemos escuchar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, de debatir sobre el contenido concreto de las enmiendas que se hacen eco, o tratan de recoger, con más o menos éxito, el contenido de la iniciativa legislativa popular.

Tampoco me gustaría dejar sin responder el hecho de que por parte del señor Sánchez se diga o pueda parecer que no nos hemos leído la ley, que no sabemos lo que aparece en la ley. Sabemos perfectamente lo que aparece en la ley, igual que lo saben juristas, activistas, ciudadanos, hombres y mujeres que se han leído la ley y que consideran absolutamente insuficiente lo que viene reflejado y que no va a conseguir —lo que viene en este texto— dar satisfacción a una demanda que no tiene como objeto solventar situaciones extremas y que no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Tiene que ser una cuestión de justicia social, pero también de justicia democrática.

Aquí podríamos hablar y utilizar la multitud de casos personales y concretos de gente que ha perdido su techo, que ha perdido su trabajo y que pierde cada día la capacidad de alimentarse, de existir cada día. Sería terrible hacer la lista de las personas que han sido desahuciadas con sus nombres y sus apellidos. No lo voy a hacer, pero no puedo dejar de referirme a Lourdes y a José Manuel. Son dos paisanos de Córdoba. El viernes a Lourdes la juzgaron en Córdoba porque resulta que, después de que fuera desahuciada de su casa, volvió a ocupar su casa, que ya no era suya, era de una filial del Santander en Luxemburgo, creo; ya no era suya la casa y la volvió a ocupar. El viernes la juzgaron. Le pide el fiscal 2800 euros por los desperfectos causados en su casa, desde que volvió a su casa, y 12 euros al día de multa por cada día que ha estado en su casa. A mí me gustaría que me dijeran o que dijeran a Lourdes y a José Manuel si esto que vamos a aprobar aquí hoy va a solucionar su situación. Lourdes era cajera y perdió su trabajo. José Manuel iba trapicheando de un trabajo para otro, con lo que podía. Pidieron un crédito en el año 2005 y no lo han podido pagar porque Lourdes perdió su trabajo. ¿De verdad van a solucionar esto a Lourdes, a José Manuel y a sus dos hijos? Lourdes y José Manuel no son nada más que la expresión de muchos otros y de muchas otras. Pero, insisto, no se trata de caridad, sino, sobre todo, señoría, de justicia, de justicia social y de justicia democrática. Es absolutamente escandaloso, y propicia la desafección a la política el hecho de que aquí con nuestros posicionamientos, con nuestro dedito, cuando votemos luego, estemos poniéndonos de parte de unos o de otros. Claro que hay que tomar partido, señor Sánchez, hay que tomar partido entre el pueblo trabajador y la banca. Eso es ser partidista. Sí, es ser partidista. Efectivamente, es ser partidista, porque mientras se entregan cientos de miles de millones a la banca para su salvación, hay más de 6 millones de personas sin empleo y hay más de 2 millones de familias sin ningún ingreso.

Señorías, ciudadanos y ciudadanas, afectados y afectadas por las hipotecas, el fraude legal se consuma. Se demuestra hoy aquí. Se va a demostrar hoy aquí que las formas institucionales no dan solución a los problemas y a la voluntad popular; se demuestra hoy aquí una vez más que el modelo emanado de la transición está absolutamente agotado; se demuestra hoy aquí que esta Cámara sirve para poco o para nada, porque ni siquiera en la segunda lectura, que constitucionalmente está prevista, se va a adoptar y va a ceder la cerrazón del Partido Popular a aceptar ninguna enmienda, quizá por miedo a que vuelva a su debate al Congreso de los Diputados, quizá por miedo a que de nuevo se le dé cobertura a la ciudadanía y a su movilización,




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a medidas que tienen el apoyo de entre el 80 y el 90%. Luego nos quejaremos de escuchar en las calles y en las plazas eso de: Le llaman democracia y no lo es. Porque, señorías, ¿qué Gobierno de las mayorías puede aspirar a serlo de verdad cuando hay decisiones básicas sobre la vida cotidiana de la gente que se toman y depende de minorías sin legitimidad democrática, como la Asociación Española de la Banca, que les ha dictado el contenido de esta ley, como las grandes financieras, como los técnicos, como el Banco Central Europeo, como las agencias de calificación? (Risas.) Sí, ríanse, ríanse, hace muchísima gracia que ustedes se pongan siempre de parte de los mismos.

Nos preguntamos qué valor tiene el derecho formal al voto cada cuatro años para alguien que no tiene techo ni trabajo ni alimentación; vamos a preguntamos qué valor tiene el derecho al voto. Se está produciendo una recomposición radical de las relaciones de poder en nuestro país, lo que está haciendo que las esferas de la vida —básicamente estas tres: el trabajo, el techo y la alimentación, que son derechos humanos— hayan entrado en la esfera de lo mercantil desde hace mucho tiempo y que los poderes públicos no parece que intenten corregir.

En Roma existía la esclavitud por deudas. En la Inglaterra victoriana ya no era esclavitud, te metían en la cárcel —Charles Dickens estuvo en la cárcel por moroso—. Parece mentira, de verdad, que en el año 2013 todavía deudores de buena fe se tengan que enfrentar a situaciones tan parecidas de servidumbre, de esclavitud, de cárcel, de calle, de juicios, de represión. (Aplausos en la tribuna de público.)

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a las personas que están en las tribunas del público que no pueden hacer ningún tipo de manifestación.

Gracias.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Es tremendo, señorías, que hayamos tenido que escuchar durante estos meses a uno de los portavoces del Partido Popular decir que algunos querían regular la dación en pago para poder comprarse otro pisito. Es tremendamente degradante que la señora Cospedal insinúe que solamente los militantes del Partido Popular son buenos pagadores, o que todos ustedes son buenos pagadores. Eso lo dijo en un acto público (Rumores.), está registrado. Lo que sí hizo claramente fue comparar a activistas pacíficos y ciudadanos comprometidos con el fascismo y con el nazismo. Creo que es conveniente decir hoy en esta Cámara que se está criminalizando la verdad, y, efectivamente, como les dijo la señora Colau, lean un poquito de historia. El nazismo sobre todo nació con una constitución que era la de Weimar, que tenía elementos socializantes muy interesantes, derechos sociales muy interesantes, y fue abandonada por parte de los poderes públicos en sus elementos más progresistas —¿les suena? No sé si les suena— porque en la recesión económica de 1929 en Alemania había más de 18 millones de personas viviendo del subsidio de comedores populares y 20 millones de trabajadores con salarios ínfimos. ¿Les suena? La Constitución de Weimar. Esas políticas fueron las que propiciaron, las que pusieron la alfombra roja al nazismo y al fascismo. Eso fue lo que lo provocó, en alianza claramente con la gran industria que está claro que en este caso no apoya las demandas ciudadanas expresadas en la iniciativa legislativa popular.

Lo que aquí hagamos hoy, señorías —por eso les pido que apoyen el voto de devolución de este texto—, cuando aquí pulsemos el botón, como siempre, tiene consecuencias pero hoy de una manera especial para los ciudadanos y para las ciudadanas.

Antes hemos tenido ocasión de volver a mirar a los ojos y de escuchar a afectados, a ciudadanos y ciudadanas afectados, y me decía una compañera con lágrimas en los ojos que le dijera, por favo,r si van a dormir tranquilos. Yo ya sé la respuesta: sé que van a dormir perfectamente tranquilos, y sé lo que eso significa: que ustedes no sirven a este pueblo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Senador Quintero, tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.

Intervengo para exponer nuestra posición: que vamos a votar, evidentemente, a favor de los vetos que se han presentado.




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Una vez más coincidimos con el senador Carlos Martí Jufresa, que lo ha explicado antes muy bien. Creemos que se ha desvirtuado la iniciativa legislativa Popular completamente. Por eso, vamos a votar a favor de los vetos y de la devolución.

Intentar convencer y ser un poco práctico o decir que aquí no se ha hecho nada… Yo empecé en esta Cámara en la pasada legislatura, en 2008, y presenté una iniciativa sobre desahucios —gobernaba el Partido Socialista—, pero seguí presentando la iniciativa en 2010, junto con José Manuel Pérez Bouza, del BNG; después, en 2012, cuando entró el Partido Popular, en febrero también la presenté en comisión. Tanto unos como otros es verdad que me rechazaron la dación en pago y algunas otras medidas. He dicho esto mirando para atrás porque también los partidos minoritarios hemos presentado hace tiempo iniciativas de este tipo. Mirar para atrás no sirve para nada, porque hay un problema social importantísimo: nos están llamando a la puerta un millón y medio de firmas, que no es poco.

Se va a las elecciones cada cuatro años y se dice que puede haber cambios porque se ha modificado el programa electoral. También hay que hacer una política activa. Una política activa diaria es la que un millón y medio de firmas hacen al presentar una iniciativa popular, y ustedes se la han cargado y la han desvirtuado por completo.

Creemos que echarse culpas unos y otros —yo no lo quiero hacer ni lo estoy haciendo, solo recuerdo algunas cosas— no sirve para nada, nos lleva a un camino erróneo y a ninguna solución. Por todo ello, vamos a votar a favor de los tres vetos.

Dicen que esperan que todos estemos unidos. Si no se ha aceptado ninguna enmienda ni creo que se vaya a aceptar ninguna de las que han presentado el resto de los partidos. Por tanto, también votaremos en contra de esta ley porque nos parece que no es la que se presentó al Congreso como iniciativa popular y no es la mejor para garantizar un drama social que viven los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías, y también buenas tardes a los asistentes al Pleno.

Me van a permitir que también salude en especial a la gente que ha venido desde Euskadi: Arratsalde on eta mila esker etortzeagatik.

Señorías, evidentemente este humilde senador —y digo humilde senador porque no llevo ni cuatro meses en esta Cámara— sí entiende que todos, cuando entramos al hemiciclo, cuando cruzamos estas puertas, tenemos que preguntarnos continuamente cuál es el objetivo de aquello que vamos a tratar, cuál es el objetivo de aquello que vamos a discutir y qué vamos a posibilitar con aquello que vayamos a llevar adelante.

En el debate en comisión —poco animoso dicho sea de paso—, el portavoz del Partido Popular estimaba que con este proyecto de ley se planteaban unos 100 000 casos, más o menos. Independientemente de que yo cuestione ese número, de que sea así o no, tenemos que preguntarnos también: ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿En base a qué criterio estamos colmando nuestras exigencias y estamos empleando el tiempo para aquello a lo que se nos ha obligado o se nos ha transmitido que hagamos? Mi reflexión y mi respuesta irían en la línea de que probablemente pocos. El señor Sánchez —perdón Antolín, Sanz— venía a decir que se ha pasado de cero a un número que a él le merecía su valoración, pero, así como dije en comisión, nos basta un caso que tenga cara y ojos para que de verdad sea un problema a la hora de dormir, que sea un caso que se nos ha quedado en la calle, que sea un drama para una familia, para que todos los que estamos aquí presentes seamos conscientes de que no lo estamos llevando adelante o de que no lo estamos arreglando. Por tanto, yo no diría únicamente que estamos pasando del cero a un número indeterminado, o que son 100 000 los casos que podemos estar atendiendo, sino que tendríamos que preguntarnos cuál es el número de los hogares que no estamos atendiendo. A mí, que también me gusta utilizar casos prácticos, les voy a poner uno: un matrimonio con una hija de 13 años —él metido en el negocio de la hostelería, ella trabajadora a media jornada—, Pedro, Carmen y Karmele —la hija—. Ocurre que en los últimos tiempos al hostelero no le ha ido bien, ha tenido que cerrar su negocio, pero hete aquí que tiene una deuda con la Seguridad Social, hete aquí que




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tiene una deuda con Hacienda y hete aquí que tiene también una deuda con el banco. La mujer, su pareja, por esa media jornada percibe una cantidad de 800 euros. Tienen una hipoteca con la Caja Laboral Popular de más de 1000 euros mensuales y han conseguido renegociarla, pero todavía no lo han podido llevar adelante. ¿Qué le digo a esta familia? ¿Son muchos casos, son pocos casos? Dentro de la casuística de los lanzamientos, de la que estábamos hablando, ¿estamos atendiendo a esta familia?

A la hora de elaborar, de pensar, de reflexionar sobre este proyecto de ley, voy a proponer aquí dos claves. La primera la planteó el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando llevó al Congreso este proyecto de ley y dijo: Ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierde su casa. Segunda clave: el ministro de Economía espera alcanzar el máximo consenso. Dos claves.

Vayamos al contexto actual —porque, evidentemente, podemos hacer historia de lo pasado, pero lo pasado pasado está e historia es—. En estos momentos nos encontramos con que la sociedad está viviendo en un contexto en el que hay 6 200 000 parados —dicho de otra manera, 2,5 personas de cada 10 están en paro, o dicho de otra manera, más de 5 jóvenes de cada 10 están en paro—, con que tenemos una economía sacudida por una grave crisis y una grave recesión. Les voy a dar un dato: hoy, en Euskadi, para 400 puestos eventuales en Mercedes Benz, se han presentado 8000 personas, es decir, 20 personas para cada puesto. Muchas empresas se han hundido. El valor de las viviendas ha descendido. Casi dos millones de familias no tienen ningún ingreso. Para los pobres la vida hoy es mucho más pobre. Porque en España en estos momentos hay una pobreza relativa del 29,8%, o una pobreza grave del 10,1%. En ese contexto la gente no entiende por qué se puede ayudar a Bankia y a la gente corriente no. Por tanto, la consecuencia es que Pedro, Carmen y Karmele, evidentemente, no entienden qué está pasando. Si quieren hablamos de otro caso, el de aquella mujer con un hijo de 4 años, víctima de violencia de género pero que ha retirado la denuncia, que se encuentra también con un verdadero drama.

La gente ¿qué nos pide? Que nos reafirmemos sin duda en el discurso del ministro de Economía, Luis de Guindos, en aquel que decía que ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierde su casa. ¿Y qué nos pide? Que seamos capaces de llegar a un acuerdo en estos temas. ¿Y cuál es la conclusión? Que tenemos 275 enmiendas y 3 vetos, y no se ha aceptado ninguna. Esa es la conclusión. Por tanto, ¿esto adónde nos lleva? Pues a la desafección que estamos viviendo, como decimos una y otra vez, o a la distancia entre los ciudadanos, las ciudadanas y la clase política que estamos sintiendo.

A fin de cuentas, entiendo que, con lo que vayamos hoy a aprobar, 1,5 millones de personas no se van a ver reflejadas en el proyecto de ley en el que estamos trabajando en estos momentos, y eso, evidentemente, es un problema.

A la hora de buscar responsabilidades podemos hablar de tres bloques importantes: uno, el ámbito político; otro, el sistema bancario; y un tercero, el que formamos cada uno de nosotros, que también tenemos responsabilidades en aquello en lo que nos hemos metido.

Y debo decir que la clase política ha desarrollado —y ayer el senador Ibarrondo lo comentaba también cuando hablábamos de la vivienda en la moción del senador Quintero— una política de especulación. Eso es así. Ha desarrollado una política totalmente especulativa, y las propias administraciones donde todos hemos estado —yo también— han sido partícipes en un contexto determinado de esa política de vivienda. Diferentes niveles, diferentes autonomías y diferentes instituciones, pero todos hemos participado de una u otra manera.

Y qué decir de los bancos. Hoy les he citado el caso de Bankia, ayer daba su cuenta de resultados. Para el primer trimestre Bankia ha anunciado unos beneficios de 117 millones de euros y una previsión para el año de 800 millones de euros. Creo que todos, absolutamente todos, hemos odiado tener que ayudar a los bancos, pero a su vez podemos entender que era necesario hacerlo. Ahora bien, a esos bancos también hay que pedirles que se impliquen con estos ciudadanos que han sido los que precisamente han colaborado para salvar a ese banco, que es Bankia, que en estos momentos ya empieza a dar una serie de beneficios. Es decir, tenemos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.




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Tenemos que dar una solución y acordarnos de aquello que no estamos solucionando, acordarnos de aquella gente, de aquel matrimonio con una hija de 13 años que no tiene adonde ir, que también puede entrar en este colectivo para el que no se ha avanzado.

Les pido por favor que cuando vayamos a votar, cuando vayamos a debatir, tengamos siempre enfrente la cara y los ojos de cada una de las personas a las que vamos a intentar ayudar.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, yo soy de otro curso y de otro instituto, y lo digo porque eso de la clase política cada vez lo soporto menos. (Aplausos.)

Senador Sanz, usted ha dicho la fecha mágica: 2007. Señoría, en el año 2007 Joan Herrera presentó en el Congreso de los Diputados la primera iniciativa parlamentaria sobre los desahucios. Ustedes votaron en contra. Habla de la proposición de ley, pero esta no es la primera. Hace un año —y me sabe mal citarme— yo presenté en este Senado una proposición de ley pidiendo una tregua invernal para los desahucios, y ustedes votaron en contra. (Aplausos.) No intenten, por tanto, escabullirse de este debate porque son plenamente responsables de él.

Señorías, si yo creyera que con esta propuesta se resolvía el problema de los desahucios, la votaría, pero sinceramente creo que no solo no se resuelve sino que dentro de poco volveremos a estar discutiendo sobre esta cuestión.

¿Y cuál es la gran diferencia entre ustedes y el senador Saura y yo mismo? Pues que ustedes dicen que ojalá pudiéramos resolver el problema, pero, señorías, en los desahucios, si es necesario, es posible. Esa es la gran diferencia. No se trata de decir ojalá, no se trata de aliviar sino de resolver un problema en el que hay intereses contradictorios entre los bancos y las personas. Y no seamos ingenuos. ¿Qué quiere decir eso de que hay que convocar a los bancos para que se comprometan? ¿Cree usted que a estas alturas de la crisis los bancos piensan comprometerse en algo que no sea diferente a lo que han venido haciendo desde su fundación, que es prestar, especular cuando no realizar usura? Esto es lo que está pasando, y no hay encuentro; hay intereses contradictorios. Y hoy ustedes, en la votación de esta proposición de ley tienen que elegir estar con las personas o con los bancos, así de sencillo. Hay que elegir campo. (Aplausos.)

La lógica del veto que he presentado en nombre del senador Saura y del mío propio es muy sencilla. Nosotros pedimos que los bancos retornen una parte de lo que la sociedad les está dando, porque se pide cautela, responsabilidad, seguridad jurídica y esa es la misma con la que hemos dado 140 000 millones de euros para rescatar a los bancos. Pero además quiero añadir que es intolerable y ofensivo que Bankia o CatalunyaCaixa estén desahuciando cuando son bancos rescatados con el dinero de los ciudadanos, y más aún cuando los ciudadanos han dicho que quieren que los bancos nacionalizados no desahucien.

¿Y cuál es el problema de fondo? Pues que ustedes creen legítimamente que toda crisis tiene víctimas y que esto es necesario e insalvable, y que ya cuando haya un relanzamiento económico se hará lo que se pueda. Yo no lo creo.

Y el otro problema que subyace de fondo y ustedes no se atreven a abordar es que hay 425 000 millones de euros en cédulas hipotecarias, que es el principal instrumento que tienen hoy día los bancos españoles. Y estas cédulas hipotecarias descansan sobre el reembolso de los créditos hipotecarios y por eso dicen que no a la dación en pago, porque la dación en pago crearía inquietud en los mercados, y como el dinero es miedoso, esto pondría en riesgo esta financiación. Así de sencillo. Y a esto nosotros decimos que no. No hay que pedir, hay que obligar a los bancos a que devuelvan parte de lo que se les está aportando, y que lo hagan para algo muy concreto, que es evitar este gran drama social que representan los desahucios. (Aplausos.)

Termino, señorías, diciendo que la principal inmobiliaria que hoy tiene España es el Estado. Ustedes gestionan el parque de viviendas más grande que hay en España por mil razones. Apuesten por este parque de viviendas para crear un fondo público que permita resarcir y crear esta vivienda social tan imprescindible y necesaria.




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Y esas son las razones que justifican nuestro veto y nuestra respuesta a la intervención del senador Sanz.

Gràcies, president. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

A continuación tiene la palabra el senador Martí, con quien compartía usted su turno.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Señor Sanz, no tengo ambages al reconocer que en este país no se hicieron las cosas bien, incluidos nosotros. Sí, es cierto. ¿Pero se trata de eso o se trata de que entendamos lo que ha pasado y de que veamos la crudeza de la crisis, una crisis que tiene una naturaleza inmobiliaria? El núcleo de la crisis, de lo que nos está pasando tiene que ver con el sobreendeudamiento de las familias, aunque también de las empresas, y con la hipertrofia del sector inmobiliario y financiero, y con el desequilibrio entre la propiedad y el alquiler. Esto es lo que hay que entender, esto es lo que hay que combatir, señor Sanz. Aquí radica el núcleo del problema y, reconózcalo, esta ley no lo aborda. Ustedes se quedan en la mera superficie. Ustedes ni siquiera rozan el núcleo del problema que también afecta a esta ley.

Usted dice que nos parece poco, pero esta no es una cuestión cuantitativa, señor Sanz, es una cuestión cualitativa. Usted reconoce que hace un poquito de un algo, y nosotros le decimos que no es un poquito, que de lo suyo no quiero ni el todo. Nosotros defendemos un modelo alternativo, otra manera de entender la respuesta, las consecuencias de esta grave crisis inmobiliaria y de responder a estas situaciones que hoy se dan.

Por tanto, ¿reducción y contracción del crédito hipotecario? ¡Sí, señor Sanz! Este país lo necesitaba y lo continuará necesitando, porque hipertrofiar el crédito inmobiliario como lo hemos hecho solo nos ha traído este enorme problema, absolutamente indigno e inhumano, y muchos otros que usted conoce perfectamente al igual que yo.

Segunda idea, lo he dicho antes: la naturaleza de los contratos. El riesgo es compartido, los bancos y cualquier acreedor no se pueden desentender de la pérdida de valor. ¿O no es lo mismo que estamos diciendo a los acreedores alemanes en relación con muchas operaciones financieras? El acreedor está absolutamente ligado al deudor y comparten —compartieron y comparten— el riesgo. Y hay que asumirlo, y hay que abordarlo de esta manera; es la única manera justa de hacerlo.

Y, en tercer lugar, ustedes hablan siempre de especial vulnerabilidad. De acuerdo, pero es que nosotros no hablamos de la especial vulnerabilidad, hablamos de que todos los ciudadanos y ciudadanas que se puedan encontrar en esta situación tengan los derechos reconocidos para poder reestructurar su deuda, tener una segunda oportunidad, optar a la dación en pago, etcétera. Porque nosotros creemos en los sistemas universales, en las propuestas y las respuestas para todos y cada uno de los ciudadanos que se puedan encontrar en la misma situación: ante la enfermedad, respuestas para todos; ante las necesidades de vivienda, respuestas para todos en el acceso y en el mantenimiento de la misma. Por tanto, señor Sanz, no es un problema de un poquito les sabe a poco, es que nada tiene que ver su enfoque con el nuestro.

Ustedes insisten —y no me ha contestado— en desnaturalizar los conceptos. Lo ha vuelto a hacer en su primera intervención; lo han hecho de una manera, a nuestro juicio, absolutamente intolerable, en su forma de tratar la iniciativa legislativa popular durante todo este trámite.

Quiero concluir diciéndole que esto no acaba aquí; ustedes igual se piensan que con esta ley todo esto se ha acabado, no, porque la realidad va a ser muchísimo más tozuda, los problemas van a continuar, los desahucios van a continuar, el sufrimiento va a continuar y esta cuestión va a volver aquí y aquí estaremos nosotros, que no consideramos que este tema esté cerrado, que no nos vamos a conformar con su respuesta y que vamos a continuar luchando, asumiendo nuestros errores, sí, pero vamos a continuar luchando, por lo que ahora ya es obvio y evidente que tiene que ser otra manera, un modelo completamente alternativo, de hacer frente a los desahucios en este país y al sobreendeudamiento.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra Alturo.




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El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president. Molt bona tarda a tothom.

Este proyecto de ley tenía que ser el de los grandes consensos, aquel en el que había que demostrar a la sociedad que somos capaces de trabajar juntos por el bien de la misma ante una situación tan grave como es la pérdida de la vivienda habitual por miles de personas y de familias por circunstancias sobrevenidas, ajenas a su voluntad, como consecuencia de haber perdido el trabajo y que, por lo tanto, no han podido ni pueden hacer frente a los pagos de las deudas hipotecarias.

Nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad puesto que deseábamos, confiábamos, llegar a acuerdos y a priori no pretendíamos imponer ninguna línea argumental y hemos intentado hasta el último momento —y ustedes lo saben bien— negociar enmiendas y que a mínimos fueran aceptadas.

En teoría, este proyecto de ley debería dar una solución tanto a estas personas y familias como a las que en un futuro puedan encontrarse en la misma situación. Así, al menos, se podría desprender del título de la misma, pero, como decimos nosotros, el nom no fa a la cosa.

En la práctica, este proyecto de ley se basa en la máxima de cambiar algo para que nadie cambie. Pero analicemos por qué, desde nuestro punto de vista, es del todo insuficiente. En primer lugar, hablemos de la suspensión de los lanzamientos. La suspensión de los lanzamientos debería servir para dar una solución a las familias que están a punto de ser desahuciadas. El problema es que cuando finalice el plazo de dos años estas familias van a ser desahuciadas, pero su deuda va a ser mucho más grande ya que durante este tiempo van a seguir devengando intereses de demora porque el proyecto de ley no contempla la suspensión de los intereses de demora para estos casos.

Hablemos de los intereses de demora. El proyecto de ley limita los intereses de demora, es cierto, a tres veces el interés legal del dinero. Es un pequeño avance, pero del todo insuficiente. En primer lugar, no se termina de entender por qué se fija un interés de demora superior al que fija la Ley 16/2011 para los contratos de créditos de consumo, concretamente cifrado en 2,5 veces el interés legal del dinero. En segundo lugar, como aspecto más importante, esta limitación tiene muy poca efectividad ya que permite aplicarlo al capital principal pendiente de pago y no únicamente a las cuotas vencidas y no cobradas, al permitir que los intereses de demora puedan devengar sobre el principal pendiente de pago, lo que hace que la deuda crezca exponencialmente y sea imposible devolver el crédito.

Liberalización de la deuda pendiente. La propuesta que presenta el proyecto de ley es una quita del 35% —ustedes lo han comentado— si durante los cinco primeros años son capaces de devolverla conjuntamente con el interés legal del dinero o una quita del 20% si en los 10 años siguientes devuelven la deuda pendiente más los intereses legales del dinero correspondiente. Salta a la vista que de estas medidas prácticamente ningún deudor hipotecario va a poder beneficiarse. Vamos a poner un ejemplo práctico para que podemos entenderlo bien. Pongamos el caso de una hipoteca concedida en 2004 por un valor de 114 000 euros y un período de amortización de 24 años, que vendría a ser lo normal. Consideremos un tipo de interés bajo del 3,25% y supongamos que esta familia deja de pagar la hipoteca en 2011, si hacemos los cálculos sale que para que la familia pueda devolver el 65% de la deuda pendiente en cinco años hace falta que cada año pague 15 800 euros; es decir, que aparte del pago de alquiler de vivienda, comida y demás necesidades básicas, la familia tenga la capacidad de ahorrar nada más y nada menos que 15 800 euros al año. Esta es una situación imposible, por lo cual la familia no puede ahorrar este dinero y, en definitiva, atender a sus necesidades familiares. Solo hay que decir que, según las últimas estadísticas de salario bruto, antes de impuestos, mediano en España, el salario medio es de alrededor de 19 700 euros; es decir, que si se quiere cancelar la deuda quedarían solamente 3900 euros para vivir toda una familia considerando que solo trabajara uno de los miembros. Esta es la realidad.

Si la situación es que se opta por cancelarlo en 10 años el importe es también 10 800 euros. Ante esta situación ustedes mismos pueden juzgar si esto es factible o no. Pensamos que queda suficientemente claro.

La otra alternativa que nos ofrece el proyecto de ley es acogerse también al Código de Buenas Prácticas, siempre que el deudor esté dentro del ámbito de aplicación, el cual ha sido modificado




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por el mismo haciendo muy parecido al colectivo especialmente vulnerable que pueda optar a la suspensión de lanzamientos.

Pues bien, según los últimos estudios solo un 2% de los deudores que solicitaron la suspensión la consiguieron, lo que da idea de los deudores que se podrían beneficiar con la ampliación de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Hablemos del alquiler social. El Gobierno ha puesto en marcha un fondo social de viviendas con una dotación de 5900 viviendas. Si se tiene en cuenta que desde 2008 se han producido más de 300 000 lanzamientos por impago de la hipoteca, muchos de los cuales corresponden a viviendas, y 280 000 desahucios por el impago del alquiler, es del todo evidente que el fondo social es insuficiente. Además, hay que tener en cuenta que el Sareb tiene activos por un valor de más de 22 400 millones de euros, y es evidente que alguna cosa falla cuando hay gente sin casa y casas sin gente.

En este aspecto, el proyecto de ley no mejora nada de lo que determina el Real Decreto 27/2012 que presentó su Gobierno en su momento. Una muestra más de que este proyecto de ley no da ninguna solución a las personas que han sido desahuciadas y que acarrean una deuda de por vida con las entidades de crédito es toda esta situación que estamos comentando.

Estos son algunos de los argumentos, algunas de las evidencias de su proyecto de ley, el proyecto de ley que hoy nos traen aquí y que ustedes nos presentan. Y, en definitiva, nosotros pensamos que, lejos de resolver la situación, la magnifica porque dentro de dos años estas familias, estos ciudadanos se van a encontrar con una situación peor. En el turno de defensa de las enmiendas explicaré las enmiendas que nuestro grupo ha presentado porque, en definitiva, son una alternativa al proyecto de ley que tienen aquí. Y hablan mucho de la unificación de las dos ponencias en el Congreso —que ciertamente nuestro grupo apoyó—, pero lo que no se dice es que en el texto único no se aceptaron enmiendas de ningún grupo y no se aceptaron enmiendas de Convergència i Unió. Esta es la realidad, y tampoco hubo el debate de la iniciativa legislativa popular en sesión plenaria, sino que el tema se despachó en una comisión con competencia legislativa plena.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Y bienvenidos a las personas que hoy nos acompañan y que representan a la plataforma, a organizaciones sociales que han sabido ayudar a la gente a recuperar parte de la dignidad que perdían cuando perdían su vivienda, que han ayudado a que de sentirse avergonzados por haber perdido su casa pasen a sentir que tienen fuerza para luchar y pedir justicia y dignidad y a trabajar para que no vuelva a ocurrirle a más gente. Esa fuerza es la que tenemos que utilizar quienes representamos a los ciudadanos y tenemos la obligación de resolver los problemas que tiene la gente.

Estamos en un momento en el que la crisis está dejando una profunda huella de miedo en la sociedad; y la sociedad se ha vuelto hacia nosotros, hacia los políticos, hacia sus representantes para pedirles que hagamos algo y que lo hagamos ya. Y la respuesta que trae el Gobierno es una respuesta insuficiente e inútil, señorías, no entiendo cómo pueden estar orgullosos de una propuesta que no va a resolver el problema. El proyecto de ley que hoy traen aquí para los desahucios no va a atajar la enfermedad que tiene esta sociedad y vamos a tener que seguir debatiendo sobre ella en el futuro. Y lo que más me preocupa es que ustedes son conscientes de que pueden, y el problema es que no quieren. Eso es lo que más me preocupa. (Aplausos.)

La prioridad para el Partido Socialista son las familias. Esa debería ser la prioridad de todos los representantes de los ciudadanos que estamos aquí. Nuestra prioridad debería ser que la gente se quede en su casa, en su vivienda, y por eso todas nuestras propuestas van encaminadas a tomar medidas para impedir llegar al último momento, al de la dación en pago, que es una solución que no queremos nadie porque no resuelve el problema y al final lo que hace es dejar a las familias con otros problemas distintos. Sustituye un problema grave por otros que también son graves. Por eso hacemos propuestas para tomar medidas que dejen a las familias dentro de sus casas.




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La prioridad debería ser que la gente se quedara en su vivienda y en su casa con su familia y con su entorno social, y la prioridad que nos trae el Partido Popular con esta ley es que el banco se sienta seguro y protegido y que al final sea quien decida si se hace algo o no se hace. Ustedes traen aquí una ley que es mala, pésima, y han dedicado mucho tiempo a hablar de lo que se había o no se había hecho antes. Podían dedicar ese tiempo a explicar a los ciudadanos qué van a hacer y cómo les quitan el miedo a que pierdan su vivienda. Yo creo que no lo hacen, sencillamente, porque este proyecto de ley no tiene las medidas necesarias para evitarlo.

Hablaba usted de que esta ley tiene la dación en pago y lo exhibía con orgullo. Ustedes se han vuelto especialistas en ponerle letra pequeña a los discursos, como hacen los bancos con sus contratos, y cuando uno ve la letra pequeña resulta que ese derecho del que ustedes hablan de que han puesto la dación en pago no llega a nadie. Le han puesto ustedes unas barreras que son absurdas, incluso. Una familia que tenga un hijo con tres años puede acceder a una suspensión temporal, puede acceder al Código de Buenas Prácticas, que finalmente alguna vez le podía permitir la dación en pago, pero si el niño tiene cuatro años entonces, señorías, ya no tiene ese derecho. ¿Son ustedes conscientes, senadores del Partido Popular, de que están apoyando esta propuesta? ¿Les parece razonable? Están diciendo que se preocupan de familias que puedan tener discapacitados, que puedan tener maltrato, pero no le dicen a la gente que para poder utilizar esta dación en pago hay otro requisito económico, y es que la cuota hipotecaria que paguen tenga que ser menor que el 50% de sus ingresos, porque si lo superan entonces tampoco tienen derecho aunque cumplan todos los requisitos. Al final estamos poniendo fronteras para que no se use.

Yo no sé qué es lo que les hace sentirse orgullosos de este proyecto de ley y si creen que de verdad pueden ayudar a las familias a resolver los problemas que tienen cuando les llega el momento del desahucio. ¿A ustedes les parece normal que con una ley que se apruebe hoy, con todo lo que está pasando en nuestro país, el banco pueda quedarse con la vivienda por el 52,5% de su valor de tasación? ¿Les parece normal? Señorías del Partido Popular, van a votar ustedes a favor de esta medida cuando voten a favor de esta ley. A mí me parece una auténtica barbaridad.

Estarán ustedes de acuerdo entonces en que dentro de dos años si una familia pierde la vivienda que ha comprado hoy el banco se la quede por la mitad de precio, además le embarguen el salario, además pague un 5% de costas judiciales y encima también pague la plusvalía. Esa es la solución que les están ofreciendo a los ciudadanos.

Creo que tenemos la obligación de darles una solución un poco más acabada, y hay enmiendas suficientes como para mejorar esta ley con claridad, pero hace falta un Gobierno que esté dispuesto a tomar las medidas necesarias, y yo sostengo que este proyecto de ley es inútil. Decían ustedes que habían aprobado un real decreto en marzo de 2012 que era la primera medida, el Código de Buenas Prácticas. Aquí dijo el ministro de Economía que lo habían utilizado 42 personas para tener una dación en pago en seis meses. ¿Para eso legislamos? ¿Para llegar a 42 casos de 14 200 que se han producido en nuestro país? ¿Es esa la satisfacción que les queremos dar a los ciudadanos de que estamos resolviendo los problemas?

Y ahora nos traen un proyecto de ley que viene de un real decreto en el que se dice que suspenden los desahucios, y lo que están haciendo es crear un problema más grave. Ya veremos cuánta gente aprovecha su propuesta, porque dentro de dos años las familias que se acojan a ella, van a tener una deuda mucho mayor de la que tienen en este momento, ya que ustedes no suspenden los intereses de demora que se generan durante el proceso. Y nos presentan como un logro que los intereses de demora sean del 12%. La Ley de crédito al consumo lo fija en el 10%. Con la situación que tenemos hoy en este país un 12% es usura. Y no necesitamos que venga nadie a decírnoslo, que vengan desde fuera, el Tribunal de Justicia Europeo o un juez, a decirnos que esa medida no se puede tomar.

Además, ustedes han hecho un ejercicio de filibusterismo político con la iniciativa legislativa popular. Si se aprueba debatirla, la debatimos y, si no, no la aprueben, pero si le damos curso hay que debatirla y hay que explicar los motivos por los que se aprueba o por los que no, en lugar de taparla y enterrarla como han hecho con su proposición de ley.

Hemos presentado una enmienda de veto a esta proposición de ley porque ustedes contemplan la dación en pago, pero lo hacen de una forma que no es más que un maquillaje, se están justificando porque esta norma no permite que las familias se liberen de sus deudas. No




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contemplan una ley de segunda oportunidad para permitir una negociación extrajudicial que facilite a las familias quedarse en sus viviendas, que debe ser el objetivo con el que estemos trabajando y legislando. Los bancos van a seguir cobrando un 20% de demora, que es un interés usurario para cualquier bien que no sea una vivienda habitual. Lo van a seguir haciendo, y también para un elemento que preocupa al Grupo Parlamentario Socialista, que son los locales comerciales en los que ejercen su actividad las personas que se ganan la vida con ellos. También creemos que debemos ocuparnos de este problema.

Entendemos que la vivienda es un derecho, y tienen que ocuparse de ello las administraciones públicas. Y ustedes lo que están haciendo es dejar que sean los bancos quienes con la caridad cubran esa necesidad. El Grupo Socialista lo que defiende es que creemos un fondo social de viviendas, un parque que administre el Gobierno, las administraciones públicas, y que garantice que las familias tienen acceso a una vivienda digna. Ustedes lo están dejando todo en manos de la caridad. Espero que puedan escuchar y atender las razones que les hemos expresado, que no utilicen el rodillo de su mayoría, y que den una oportunidad a las familias para que se puedan quedar en su vivienda y nos preocupemos de lo que es nuestra obligación, de los ciudadanos y no tanto de los intereses de los bancos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, yo quiero iniciar mi intervención agradeciendo el tono de la mayoría de ustedes. Es importante ver el origen del problema. Yo creo que es importante porque, si no, nos hacemos trampas en el solitario. Yo recuerdo que el 14 de mayo del año 2006 se constituyó una Plataforma en Defensa de una Vivienda Digna, que remitió al Gobierno una serie de reivindicaciones que yo no sé dónde están, se lo digo sinceramente, desde el año 2006. Luego se crea una Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el año 2009, que también remitió al Gobierno sus reivindicaciones. Pretendían dar solución sobre todo a los desahucios afectados por el impago. Yo no sé dónde están esa treintena de reivindicaciones que remitieron al Gobierno de España, y un largo etcétera.

Y exactamente hoy debatimos una proposición de ley que no aplaza sino que encauza, va a dar solución y tranquilidad a un número importante de ciudadanas y ciudadanos españoles.

El Gobierno ha actuado con responsabilidad, el Gobierno ha legislado y ha puesto sobre la mesa y en el Parlamento una serie de iniciativas legislativas que en los próximos días verán la luz en el Boletín Oficial del Estado. Cuando digo de cero a la nada, quiero decir que pasamos de no tener nada a tener una serie de textos legislativos en una proposición de ley, recabando muchas de las iniciativas de la Plataforma de Afectados por los Desahucios para dar solución a este problema. El caballo de batalla de la mayoría de ustedes es la dación en pago; pues la dación en pago está recogida y va a estar recogida, digan sí, digan no, porque es sí, en el boletín oficial en las próximas horas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor SANZ PÉREZ: Por tanto, la dación en pago, que será obligatoria y que tendrá que ser aceptada por los bancos, veremos si tiene o no aplicación para los españoles.

Aquí se habla de una segunda oportunidad, muy especialmente, por parte del Grupo Socialista. ¿Usted conoce que en la proposición de ley se establece un sistema de quitas que permite al deudor ahorrarse el 35% de la deuda remanente en un préstamo hipotecario? ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce la posibilidad de reestructuración de la deuda que va dirigida muy especialmente a las familias que tienen verdaderos problemas? ¿Usted sabe que se podrán acoger hogares con ingresos de hasta 19 000 euros, tres veces el Iprem? ¿Usted lo conoce? Pues esa, entre otras muchas medidas, es una segunda oportunidad, diga usted lo que diga.

Los cambios que se plantean pivotan, como he dicho anteriormente, en y limitar los tipos de demora para evitar que la deuda se convierta en una bola, como viene sucediendo actualmente, y, sobre todo, para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Se plantea un procedimiento de ejecución hipotecaria que podía solicitarse hasta ahora solo con una cuota, pero, a partir de este




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momento, con tres cuotas de impago. ¿Es un avance o no es un avance? Se otorga poderes a los jueces, que ahora no tienen, y a los notarios, que ahora no tienen, para paralizar el proceso de ejecución si se detectan cláusulas abusivas.

Aquí se han puesto ejemplos. Hoy, en un periódico de tirada nacional, una familia,» Delfín y Julio César…» decía: Señor notario, aplique lo antes posible la ley que se debate en el Parlamento para parar mi desahucio. Pues, en cuanto aprobemos esta ley, el notario que tiene en sus manos esta cuestión, podrá paralizar el desahucio para esta familia. (Aplausos.) ¿Es que usted no conoce que los tipos de demora se limitan a tres veces el precio oficial del dinero, cuando hoy está, y tiene el límite abierto, en el 20%, y nosotros establecemos un 12%? ¿Es un avance o no es un avance, entre otras muchas cosas, señoría? Aquí se ha dicho que hay poca sensibilidad, que cuando se está en la oposición hay ideas y un largo etcétera de sensibilidad social, pero cuando se está en el Gobierno, nada de nada. Y cuando se está en la oposición, se exige al partido que pone negro sobre blanco la dación en pago que la ponga en marcha.

En marzo de 2011, en este Parlamento y en esta Cámara, el ex presidente del Gobierno decía: «La dación en pago podría poner en cuestión la solvencia del sistema financiero». ¿Qué dicen ustedes, que hay que situarse con los afectados o con la banca? Señoría, nosotros nos situamos al lado de los que tienen problemas en este país, como son los señores que nos acompañan. Pero es que ustedes aplaudían a rabiar a quien decía que la dación en pago podía poner en cuestión la solvencia en este país. ¿De qué coherencia están ustedes hablando en estos momentos? (Aplausos.)

¿De qué coherencia se habla por parte de Izquierda Unida en cuanto a apoyar a la banca, cuando a Izquierda Unida en Andalucía le condona la deuda la banca andaluza? (Aplausos.) ¿De qué estamos hablando cuando se dice que el Partido Popular apoya a la banca? El Partido Popular apoya todo aquello que haga al país más solvente, para que crezca y cree empleo. Pero a ustedes la banca andaluza les ha condonado en el año 2004 un pastón. ¿Qué habla usted aquí de banca? Explíqueselo a los desahuciados. Explíqueselo. (Aplausos.—Rumores.)

Y usted habla de miedo, y de prisa. Pues bien, hay prisa para aplicar la ley, como en el caso de esta familia, para que esté algo más tranquila. Al Grupo Parlamentario Popular y al Partido Popular, que son tradicionalmente los causantes de los males en el mundo, se les acusa aquí de que no han votado determinadas cuestiones sobre dación en pago. Congreso de los Diputados. 16 de junio del año 2010. Comisión de Vivienda. A propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya. Se nos aceptan una serie de enmiendas donde se incorpora la dación en pago, senador Martí. Boletín oficial. (El señor Martí Jufresa: No soy de Esquerra Republicana.) Bien. Perdone, senador Martí. Le pido disculpas por ello. Pero esta es la constatación de la verdad. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor SANZ PÉREZ: Veintitrés de septiembre del año 2009. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone parar las prácticas abusivas de las entidades de crédito en previsión de las cuotas hipotecarias. (El señor Camacho Sánchez: Por unanimidad.) Por unanimidad, pero yo estoy contestando, no debatiendo con usted. Senado. 18 de junio de 2009. Moción del BNG. La Comisión de Economía y Hacienda insta al Gobierno en el marco de la colaboración y el diálogo institucional con las entidades financieras a promover la existencia de productos hipotecarios con garantías para los clientes. Rechazada por el Grupo Socialista. (Rumores.) Por lo tanto, lo de hoy, viene a decir que ustedes se van a oponer cuando no hicieron nada para encauzar los problemas de los ciudadanos. (Aplausos.) Lo de hoy, supone que el Partido Popular en el Gobierno, aplica la ley, modifica las leyes, como he demostrado hoy aquí, sin dejar de vigilar la seguridad jurídica, y que no somos partidarios, como, casualmente, una amplia mayoría de responsables políticos de este país, de aplicar el » exprópiese» del señor Chaves. Andalucía.

Y, claro, cuando aquí hay grupos políticos que están colaborando en el Gobierno de Andalucía, al mismo tiempo que estamos debatiendo hoy aquí, el defensor del pueblo de Andalucía está presentando un informe en el Parlamento de esta comunidad, donde denuncia la existencia de miles de pisos protegidos desocupados. De protección oficial, señorías. (Aplausos.— Protestas.) Y el defensor del pueblo en Andalucía —voy terminando— reclama que se investiguen los retrasos en el pago de ayudas al alquiler. Y dice que existen más de 5500 viviendas cerradas a cal y canto,




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propiedad de la Junta de Andalucía, que, en lugar del «exprópiese», sería muy recomendable que se pusieran al servicio de aquellas personas que peor lo están pasando. (Aplausos.)

Resumiendo. Encantado de haber debatido esta cuestión. Encantado de apoyar a un Gobierno que va a dar cumplida respuesta al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estoy encantado de apoyar a un Gobierno con un proyecto de ley que atiende al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ PÉREZ: Termino.

… donde se habla de que los Estados tienen la obligación de hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos.

Y, desde luego, con esta proposición de ley se da cumplida respuesta a un artículo de la Constitución española, el 47, que habla del derecho a la vivienda de los ciudadanos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Les recuerdo que para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara, que son 133 votos.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 90; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 90; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 91; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas de este proyecto de ley.

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 1 a 32 de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Cuando quiera, señoría.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente. Señorías.

Señor Sanz, en primer lugar quiero reiterarle las disculpas que ya le he pedido en privado por haber confundido su apellido anteriormente.

Se refería el señor Sanz a unas declaraciones porque lo que ha hecho el señor Sanz aquí no ha sido leer el informe del defensor del pueblo andaluz, ha leído una nota de prensa; este, efectivamente, estaba presentando hoy en el Parlamento de Andalucía el informe y no solo desmintió sus declaraciones al día siguiente de realizadas en esa nota que nos han enseñado, sino que les anuncio que lo ha hecho y figura en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía de esta tarde —tendrán ocasión de comprobarlo—. (Aplausos.) Por lo tanto, no utilicen al defensor




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del pueblo para seguir dando eco a mentiras y a insidias relacionadas con la gestión pública de la vivienda en Andalucía.

Después del defensor del pueblo —si no me equivoco en el orden del día del Parlamento— hay un Gobierno y una consejera que van a presentar para su convalidación un decreto que según los voceros de la derecha ataca a la propiedad privada en Andalucía, y nosotros estamos muy contentos de que los voceros de la derecha hayan sido tan astutos de describir el centro del decreto de la Junta de Andalucía. Efectivamente va contra la propiedad privada de los usureros, de los especuladores y de aquellos que no quieran utilizar la propiedad privada y ponerla, como dice nuestra Constitución y nuestro estatuto de autonomía, al servicio de la mayoría social. Y por lo tanto en ese decreto se expropiará el uso y se impondrán multas y sanciones a los bancos y a las entidades privadas que no pongan en régimen de alquiler sus viviendas. Una medida audaz y una medida que yo creo que es un ejemplo de avance real de ideas en materia de política de vivienda.

Antes de continuar, anuncio que vamos a retirar todas nuestras enmiendas parciales como grupo, sí, vamos a retirar todas las enmiendas menos la 3, la 7, la 8 y la 9, que son las cuatro enmiendas que calcan, copian textualmente las propuestas de la iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, junto con los senadores Guillot y Saura, el senador Iglesias y yo mismo, los cuatro senadores —ahora el senador Guillot hará lo propio—, vamos a dejar para votación las enmiendas que coinciden exactamente con la ILP para que haya una última oportunidad de pronunciamiento de esta Cámara sobre el contenido de esta iniciativa legislativa popular, que ha tenido casi un millón y medio de firmas y que ha sido, efectivamente, ignorada de forma brutal por parte de los redactores de este texto. Es verdad que aparecen cuestiones que pueden afectar a algunas familias, tímidamente, pero yo no estaría tan orgulloso, de verdad, señor Sanz, de levantar la cabeza y decir que con pasar de uno a tres meses de impago ya se va a solucionar la cuestión, me cuesta trabajo, pero allá cada cual con sus cuestiones. O decir que los intereses de demora se van a quedar en tres veces el tipo de interés que haya en ese momento en el mercado, que hoy es el 12, pero mañana puede ser dios sabe cuánto. Es un avance con respecto a ese 20%, pero sigue siendo usura, sigue siendo usura, y la usura decían los clásicos— además de inmoral es un pecado; hasta que llegaron algunos que tomaron ventaja con el tema de los créditos y vimos que la usura tenía que dejar de ser un pecado.

Se ha comentado aquí —y fue un argumento que se utilizó en su momento también— que la dación en pago puede provocar el hundimiento del mercado hipotecario y del sistema financiero en España y puede hacer, fomentar o propiciar que no haya crédito a las familias y a las empresas. Pero si es que ya no hay crédito; no hay crédito para las familias ni para las empresas. Los pequeños y medianos empresarios y los autónomos lo saben mejor que nadie, como también lo saben perfectamente las familias.

Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició su reforma financiera, en febrero, el crédito a familias y empresas se ha triplicado en su ritmo de caída; insisto, se ha triplicado en su ritmo de caída. Por tanto, el argumento de que el sistema financiero va a dejar de dar dinero a familias y empresas por desconfianza se cae por su propio peso. Más bien habría que reflexionar sobre qué está pasando con todo el dinero público que se está inyectando al sistema financiero, contraviniendo el credo neoliberal que dice que papá Estado no está para ayudar con dinero público a las entidades privadas —lo que es una contradicción flagrante y brutal— en lugar de hacer lo que se tenía que haber hecho que es que aquellos negocios privados que la hayan pifiado, han de ser quienes paguen y no nosotros, de nuestro bolsillo.

Eso me parece de una lógica aplastante; pero no, había que suministrar dinero y había que inyectarlo, lo que también ha propiciado, señorías —como ustedes saben— el incremento brutal de la deuda pública reflejada en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años porque, que yo sepa, el aumento hasta más del 90% de la deuda pública en nuestro país, que ha pasado desde poco más del 20% —cuando ustedes llegaron al Gobierno— no se ha debido a la contratación de más maestros, a la mejora de los centros de salud o de la asistencia social… No, no ha sido para eso, ha sido para dar dinero a la banca, para que la banca especule y equilibre sus balances.

Antes, pasabas por un banco a saludar a tu primo y salías con un crédito, pero ahora resulta imposible que te suministren cierta fluidez de crédito que permita mejorar la economía, tal y como nos habían dicho, sino que ese dinero público se utiliza para equilibrar sus balances.




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Además, y no contentos con esto, se inventan la Sareb, el banco malo, que también se encarga de financiar con dinero público todos aquellos activos tóxicos en propiedad de los bancos para que, repito, con dinero público, podamos reequilibrar también los balances de las entidades financieras nacionalizadas. Por cierto, ya que están nacionalizadas, podrían dar la orden a Bankia, a Catalunya Caixa o a Nova Caixa Galicia de que paralizaran mañana todos los desahucios. Esas tres entidades ya podrían empezar a parar los desahucios mañana, de manera que se note voluntad política en esa nacionalización. Creo que es importante que tomemos ese tipo de medidas o que consideremos esas ideas.

Vuelvo a insistir en que los contenidos de la ILP han pasado sin pena ni gloria por todo este trámite y, sin duda, causa rabia y también tristeza.

El mundo jurídico hizo una declaración ante la realidad de los desahucios —e imagino que algo sabrán de esto— que dice textualmente que las propuestas recogidas en la iniciativa se adecuan a las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho, a los estándares consagrados en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Derecho internacional de los derechos humanos. Lo dicen juristas insisto, no lo he leído en el Mundo Obrero, en el periódico de mi partido, sino que lo dicen juristas que saben perfectamente de lo que están hablando.

El juez Fernández Seijo, este héroe tenaz, ha reclamado una norma de segunda oportunidad para aquellos hipotecados que no puedan hacer frente a la deuda, del mismo modo que tienen la mayoría de los países de Europa desde hace más de 30 años, y que permite a los afectados volver a la normalidad del consumo después de hacer un esfuerzo… Imagino que este señor sabrá algo de leyes cuando ha conseguido con un recurso poner al pie de los caballos nuestra antigua legislación. Y en la reforma de esta antigua legislación de nuestro país resulta que vamos a parir un ratón porque las medidas que están encima de la mesa afectan a poquísima gente.

De todas formas, creo que hay elementos positivos que hay que destacar. Me parece tremendamente positivo que todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular, estén apoyando y manifestándose claramente a favor de las iniciativas que aparecen en la iniciativa legislativa popular. A mí me parece que ese es un avance importante que, eso sí, nos compromete claramente con el futuro para seguir insistiendo en que estas medidas que aparecen en la ILP son las que pueden garantizar la solución a un problema de hecatombe social, si me permiten calificarlo así, como el que se está produciendo en nuestro país y que tiene que ver con el derecho a techo. Y también es positivo, por mucho que ustedes se empeñen en negarlo, que la movilización civil, la movilización social y la sensibilidad ciudadana hayan propiciado un avance, un empuje, un eco que resuena en estas Cámaras y que nos dice que tenemos la responsabilidad de solucionar los problemas concretos, especialmente de los más débiles. Porque cuando se habla aquí —y también tendremos oportunidad de hacerlo cuando debatamos la siguiente ley— de la libertad entre las dos partes a la hora de alcanzar un acuerdo entre acreedor y deudor, entre arrendatario y arrendador, entre patrono y trabajador, hay que decir que no tienen el mismo poder a la hora de decidir, a la hora de impulsar, no lo tienen. Y me imagino que la responsabilidad de los poderes públicos es hacer que aquella minoría que tiene el poder de decidir no tenga ese poder, ¿o no es esa nuestra responsabilidad? ¿De verdad que nuestra responsabilidad es el laissez faire?, es decir, ¿es dejar hacer y que la economía funcione en esta libertad por la cual, como trabajador, yo decido entre la miseria y un contrato de miseria o entre quedarme en la calle y pagar un 30% más o menos de la quita entrando en una guerra de cifras? Yo creo que la libertad no va de eso; la libertad va de que nosotros hemos sido elegidos aquí para cambiar las cosas y para ponernos enfrente de los poderosos, enfrente de aquellos agentes privados que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y a los que obedecemos sumisamente. Nos dicen que tenemos que privatizar pensiones y privatizamos pensiones; nos dicen que hay que crear un banco malo y creamos un banco malo. ¿Y la voluntad popular, la democracia? A mí me gustaría que reflexionásemos sobre esa cuestión. Pero además de todo esto, resulta que en la Constitución Española hay mecanismos, aunque débiles y timoratos, como el poder generar una iniciativa legislativa popular. Por cierto, hemos planteado en innumerables ocasiones que medio millón de firmas nos parecen muchas, habría que bajar esa cifra para facilitar que las iniciativas legislativas populares lleguen a las Cámaras, aparte de que una iniciativa legislativa popular no es que consiga medio millón de firmas, es que




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triplica prácticamente la exigencia constitucional. Pues si teniendo esos mecanismos hacemos esto, no nos podremos quejar luego de que los índices de desafección política crezcan.

Creo que deberíamos haber mostrado un poco más de respeto político —no quiero que esto se vea como un elemento personal— hacia el contenido de la iniciativa, más respeto democrático hacia aquellos y aquellas que con fuerza la han impulsado. Yo estoy convencido de que esto no se acaba aquí; por tanto, tampoco es este el momento de lamentarnos. Como ya se ha dicho, estas medidas, por desgracia, no van a solucionar este problema, y vamos a tener ocasión de debatirlo en esta Cámara. ¡Ojalá me quitasen la razón!, pero estoy convencido de que no lo van a hacer, y entonces tendremos que seguir impulsando, tendremos que seguir escuchando a la calle y tendremos que seguir estando en las movilizaciones los que consideremos que tenemos que estar. Porque así se construye la democracia, y así, aunque poco a poco, van avanzando los logros que puedan dar amparo a aquellos que más lo necesitan. Creo que hoy no lo estamos haciendo. Con el resultado de este debate no lo vamos a conseguir hoy.

Ese es el motivo por el que hemos retirado todas las enmiendas; no queremos que se vote ninguna enmienda de Izquierda Unida ni de Iniciativa. Lo que sí queremos es que cuando se voten nuestras cuatro enmiendas sepan que lo que se está votando en esta Cámara es lo que se ha negado por el trámite y por las maneras en que se ha llevado esto. Es la votación de un millón y medio de firmas que nos están pidiendo esas cuatro cosas que tendremos ocasión de votar dentro de un momento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas números 33 a 37 de la senadora Capella, tiene su señoría la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Buenas tardes. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% durante los últimos cinco años, en el período 2008-2012. Ante la situación excepcional y dramática que vivimos, es más necesario y urgente que nunca la adopción de políticas públicas activas que garanticen el derecho fundamental a la vivienda.

La realidad dramática que genera la pérdida de vivienda supera la dimensión estrictamente económica. Es una legislación anacrónica la del Estado español. La conducta ha sido afeada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancias de un juez del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona, el señor José María Fernández Seijo. Esta legislación genera para los afectados además de sobreendeudamiento y desahucios, una condena inexorable a la exclusión social, la pérdida de la vivienda, el embargo, en su caso, de los salarios, si los hay, o las prestaciones que puedan percibir y el escarnio público, aquello que les gusta tan poco a ustedes, a los señores del Partido Popular, al aparecer en ficheros públicos de morosos, entre otras muchas cosas más.

Desde el año 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimiento de la sociedad civil que se inicia en Cataluña, ha canalizado y organizado de forma comunitaria el apoyo y asistencia mutua para dar cobertura a las situaciones de las personas afectadas —toda una lección para todos nosotros— y ha exigido de forma reiterada a las instituciones y al Estado un cambio de legislación y una posición contraria frente a las entidades de crédito que han generado esta realidad, esta dramática realidad. Obviamente, esta realidad se ha dado con la connivencia de determinadas formaciones políticas que lo han tolerado.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de manifiesto la grave situación de desequilibrio entre entidades de crédito y personas, en este caso consumidoras o personas que habían concertado una hipoteca, que a día de hoy persisten.

Desahuciar a una familia puede ser legal, pero empieza a ser un comportamiento criminal, reprochable e imputable en este caso a los poderes públicos cuando no ponen remedio o solución, cuando soluciones, las hay. Si no, léanse la iniciativa legislativa popular que apunta unas cuantas y además las redacta y nos las da. Ustedes, los representantes del Partido Popular, los senadores y senadoras del Partido Popular, se llenan la boca de legalidad y de constitucionalidad, pero eso no es el derecho a la vivienda, un derecho reconocido constitucionalmente. ¿Por qué hacen ustedes esta excepción al no aceptar esta ILP, esta iniciativa legislativa popular? Los desahucios




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pasarán a la historia como una injusticia consentida, en este caso consentida por el Gobierno del Partido Popular y por la mayoría absolutista del Partido Popular.

Esquerra Republicana de Cataluña no se ha cansado a lo largo de estos años, desde el año 2007, de presentar distintas iniciativas legislativas y, en su caso, también mociones, preguntas e interpelaciones en el Congreso de los Diputados solicitando la dación en pago y la ampliación de los criterios de inembargabilidad de la vivienda. Ustedes han hecho caso omiso y para muestra, un botón. Inmovilismo absoluto. Estamos donde estábamos, en el mismo punto de partida.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a quien hay que reconocer su ingente trabajo y cuyas demandas han sido avaladas por más de un millón y medio de firmas en su ILP, lo tiene claro y sus exigencias son claras, justas y necesarias: dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios inmediata y alquiler social ya. Las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña van en esta dirección; las asumimos y las incorporamos en las cinco enmiendas presentadas, para las que solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Déjenme que concluya manifestando la profunda vergüenza que deberíamos tener todos —unos más que otros— por permitir salvar un sistema injusto, que siempre beneficia a los mismos —que siempre son unos pocos— en detrimento de la mayoría; de la mayoría de la buena gente, de esa mayoría de personas que cumplen la leyes, que no se apropian de lo ajeno y a las que se está condenando a la pérdida de toda esperanza.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Para la defensa de las enmiendas números 38 a 43, presentadas por los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, quisiera explicar a la vez el por qué de nuestras enmiendas y la posición de Unión del Pueblo Navarro respecto a los vetos y a la ley. No sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar.

Nuestra posición respecto a los vetos ha sido de voto contrario, porque pensamos que hay que evitar demagogias y que es mejor tener una ley que no compartimos al cien por cien que no tener nada. Criticamos, eso sí, el procedimiento que se ha llevado. Creemos que esta es una ley de grandes consensos, que se tenía que haber buscado el consenso con los principales partidos del arco parlamentario, pero también con los pequeños, con los humildes, con los que solo aportamos tres votos, pero tres votos también suman, y nos ha parecido que este procedimiento que se ha seguido tanto en el Congreso como en el Senado de no aceptar ni una sola de las enmiendas propuestas no es el camino para una ley de este calado y de esta importancia no solo en lo jurídico, sino también en lo social. El Partido Popular, en nuestro caso —yo hablo por lo que afecta a Unión del Pueblo Navarro—, ni siquiera se ha molestado en preguntar qué pensábamos y, desde luego, con nuestro voto no va a contar, se va a quedar solo, eso sí, con su mayoría absoluta.

Hemos presentado una serie de enmiendas —que voy a resumir rápidamente— que pretendían mejorar el texto propuesto y, en concreto, me voy a referir a dos. Una de ellas establece un procedimiento extrajudicial de mediación, bien ante notario, bien ante la oficina de mediación, que habilitará el sistema arbitral de consumo de cada comunidad autónoma. Nos parece que este procedimiento es interesante, y, además, en ese mismo sentido se está trabajando en diversas directivas europeas que pretenden hacer obligatoria la intermediación, la protección de consumidores y usuarios, y creíamos que este era el momento oportuno de incorporar tal posibilidad.

Otra enmienda hace referencia a la modificación del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar nuevas causas de oposición del deudor a la ejecución. En concreto, me referiré a algunas figuras que ya existen en el derecho que tienen algunas comunidades con derecho civil propio. Así, en Navarra su Fuero Nuevo o la compilación de Derecho Civil Foral. Queríamos incorporar esa figura que se llama dación en pago necesaria, la datium in solutum necessaria, que es un mecanismo utilizado históricamente para facilitar el cumplimiento de la obligación del deudor cuando, por circunstancias sobrevenidas, esta le resulta especialmente gravosa. Nos pareció interesante porque se trata no de una dación en pago permanente, sino de una dación en pago que encaja perfectamente con la situación de la casuística actual, que no es otra que la de excepcionalidad del conjunto de la sociedad española y también la excepcionalidad




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que el juez debe tener en cuenta en cada caso concreto. Por eso la incorporábamos como una disposición transitoria que tendría una vigencia temporal mientras dure la ley y mientras dure la situación.

En cualquier caso, en Navarra estamos trabajando en lo que nos compete para mejorar la situación de todas estas personas que están sufriendo de una manera muy dura los desahucios y los lanzamientos; hemos creado un servicio de mediación para evitar desahucios y se ha creado una comisión interdepartamental de atención en materia de desahucios a las personas, una acción integral que busca soluciones globales, formación y apoyo a la búsqueda de empleo.

Queremos reconocer, porque no nos gusta utilizar la demagogia, sino ser coherentes con nuestros posicionamientos, que la ley supone un avance, a nuestro juicio, insuficiente. Hay cosas positivas, como es la valoración de las cláusulas abusivas, que pueden incluso suspender la ejecución, pero esto es insuficiente.

No vamos a dar apoyo a esta ley por cuestiones de fondo, por cuestiones de forma y porque hemos visto que tampoco interesan demasiado los votos de Unión del Pueblo Navarro. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para decir que el hecho de no compartir la totalidad del texto no significa que justifiquemos otras propuestas de algunas comunidades, que son propuestas de corte muy comunista que no compartimos, pues creemos que ese tampoco es el camino, ni justificamos las acciones violentas, el ataque a la libertad individual y colectiva y a la vulneración de muchas personas que, desde luego, no se pueden justificar como forma aceptable de reivindicación, y nosotros, Unión de Pueblo Navarro, queremos aprovechar la oportunidad para condenarlo.

Posteriormente, visto que las enmiendas no van a tener ningún éxito, en cualquier caso por respeto a la Cámara, por respeto a los grupos queríamos defenderlas y, si tengo oportunidad, en el turno de portavoces haré alguna otra mención, pero creo que ha quedado clara la posición de Unión del Pueblo Navarro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de las enmiendas números 44 a 57 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Yo quisiera empezar también con el procedimiento seguido en el debate de este proyecto de ley. Algo se habló ya en la comisión el viernes pasado, incluso el grupo mayoritario, el Grupo Popular, planteó que no había habido tiempo suficiente para haber tratado o para haber reflexionado o examinado con profundidad cada una de las enmiendas y por ello se remitía al Pleno de hoy.

Desde mi punto de vista, el titular que pudiéramos decir a día de hoy que el Partido Popular ha utilizado sería: más vale ponerse una vez rojo o colorado que no treinta seguidas. Es decir, el Partido Popular sabe que tiene elementos perfectamente mejorables en este proyecto de ley, pero porque no lo considera así, evidentemente quiere cerrar este proceso y, quitándole valor a esta Cámara, al Senado, tan altamente cuestionada en tantísimas ocasiones, obtenemos un fruto como es tres vetos o enmiendas a la totalidad —para que todos nos podamos entender— llevados a la nada y 275 enmiendas que no han servido para nada o, dicho de otra manera, 275 reflexiones que parece no han aportado nada al texto que hoy estamos trabajando. Cuando menos, extraño, y cuando menos creo que nos tiene que servir de reflexión también en esta Cámara para futuros proyectos, y es que yo también soy de los que piensan —y así se lo he trasladado antes al colectivo que ha venido desde Euskadi— que esto no termina hoy, porque, como haré referencia dentro de unos momentos, si estamos aplazando la suspensión de los lanzamientos a dos años vista —nosotros en la enmienda establecíamos tres—, quizá no sean ni dos ni tres los suficientes, y dentro de dos años vamos a volver a tener un problema, y antes de dos años vamos a tener que hablar de todos estos temas y vamos a tener que o debiéramos tener que poder acordar todos estos temas.

Yo tampoco voy a defender todas las enmiendas que hemos presentado pero sí voy a poner encima de la mesa aquellas que con un poco de buena voluntad pudieran haber sido asequibles




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para el partido mayoritario y que hubieran mejorado el texto que se aprobase en esta Cámara para su remisión al Congreso.

Ya he hablado de la enmienda número 44, y voy a referirme a continuación a las relativas a los lanzamientos. A modo de síntesis, quiero decir que hemos presentado 14 enmiendas, de las cuales 6 son de modificación y 8 de adición.

La enmienda número 45 recoge la figura del avalista hipotecario respecto a la vivienda habitual, y aquí tenemos otro drama, otro problema, señorías. En el turno de portavoces en el que he intervenido anteriormente he intentado describir la situación económica actual, el paro que estamos sufriendo y que en muchas ocasiones hay personas que avalan a sus familiares, normalmente padres a hijos —creo que todos conoceremos un caso similar—. Pues bien, estos avalistas se encuentran en una situación muy precaria, no pueden atender al pago de sus hipotecas, lo que provoca que quienes avalaron sean a su vez también lanzados de su propia vivienda por no atender a los pagos. Es decir, añadimos otro problema al ya existente.

La enmienda número 46 se refiere a la suspensión de los lanzamientos, antes he puesto algún ejemplo, y en el punto 2.c) se habla de la unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años. ¿Por qué un menor de 3 años y no de 4 o de 5? ¿Por qué no podemos utilizar un criterio internacionalmente homogéneo o un criterio homogéneo a otras realidades? Por ejemplo, ¿por qué no apostamos por utilizar la Convención sobre los Derechos del Niño, conceptos ya existentes, y utilizamos el concepto de menores? ¿Por qué un crío de 4 años no vale en este caso lo mismo que uno de 3? ¿Por qué está más desamparado? ¿Por qué hemos puesto el límite precisamente ahí?

La enmienda número 47 trata una cuestión dolorosa. Se propone la modificación del apartado 2.e, estamos hablando de los supuestos de especial vulnerabilidad. Que no seamos capaces de recoger en los supuestos de especial vulnerabilidad a las personas que están en desempleo es un grave error, y este es uno de los casos que se va a tener que corregir. ¿Por qué el desempleado no puede estar incluido en el colectivo de especial vulnerabilidad? Una persona en desempleo tiene ya un drama suficiente, que le aboca a situaciones complicadas y difíciles para que además tenga encima el yugo del lanzamiento. ¿Por qué no podemos evitarlo?

La enmienda número 48 hace también una referencia al Iprem. El grupo mayoritario plantea que el límite sea tres veces el Iprem, nosotros planteamos que sean cuatro.

El senador Sanz se ha referido en su primera intervención a la disposición adicional primera, al fondo social de viviendas, y a su vez hacía una referencia crítica hacia el resto de los grupos de la oposición, y principalmente al Socialista, haciendo una historia sobre lo que ocurrió en los años 2006 a 2009. Y respecto de Izquierda Unida, se refería a lo que está ocurriendo en Andalucía y a las 5000 viviendas que parece que están vacías. Pero esto lo utilizamos para echarnos unos a otros en cara una serie de realidades que son tristes, no solo en Andalucía, sino también en Euskadi y en todos los sitios. Es decir, si esto no es merecedor de un pacto de Estado, si en vez de ese pacto de Estado donde tienen que estar todas las instituciones que tengan algún tipo de vivienda pública vacía lo único que somos capaces de hacer es utilizarlo como un arma arrojadiza, como una herramienta contra el otro y no como herramienta para poder habitar precisamente esas viviendas vacías, evidentemente no habremos avanzado nada. Creo que de verdad aquí sí hace falta un pacto de Estado para que no se dé eso que verdaderamente sí es una injusticia, y nosotros en esta enmienda proponemos un mayor compromiso por parte de las entidades bancarias, porque lo único que recoge el texto es lo siguiente: Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Es decir, se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero… ¡No, señorías! Tiene que haber compromisos y nos tenemos que comprometer todos: primero, las administraciones públicas, y luego tenemos que hacer que se comprometa todo el sistema financiero para trabajar todos juntos. Cuando ha hecho falta, todos hemos acudido a estabilizar el sistema financiero sobre la base de dos criterios: el de transparencia, sobre todo, y el de eficacia para estabilizar el mercado. De acuerdo. Pero evidentemente tenemos que exigir algo a cambio, porque ese dinero que ha servido para estabilizar el sistema financiero ha partido de todos. Eso quiere decir que a ese todos también el sistema




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financiero nos tiene que devolver, y en ese sentido con esta enmienda pretendemos un mayor compromiso ante algo que en nuestra opinión queda demasiado etéreo.

Presentamos la enmienda número 51 porque entendemos que debemos entrar en el ámbito de las cláusulas abusivas de los contratos de crédito. Esta misma semana hemos visto el caso de Mohamed Aziz. El titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha estimado la demanda de Aziz contra Catalunya Caixa y ha declarado nulas por abusivas tres cláusulas del préstamo hipotecario. Y es que esto es algo que todavía nos queda colgando en este proyecto de ley y que tenemos que solucionar.

Hemos hecho alguna propuesta más sobre medidas fiscales y alguna otra sobre las entidades de crédito para que cumplan obligatoriamente con el Código de Buenas Prácticas. A su vez el senador Sanz nos decía que esta enmienda no tenía sentido dado que una gran parte de estas entidades financieras ya se han comprometido a esas buenas prácticas. Pues bien, esta es una de esas típicas enmiendas que no es tan complicado pactar, porque si verdaderamente no es tanto el problema, lo que se demuestra es una actitud hacia el que también entiende que todavía puede haber un 5% de entidades financieras más aquellas que se vayan a crear y no queden recogidas en este proyecto, para que lo sean.

Termino como he empezado. Creo que no hemos dado un buen ejemplo a la hora de trabajar este proyecto de ley en la Cámara. Siempre he creído que el grupo mayoritario, y sobre todo —sobre todo— cuando se cuenta con mayoría absoluta, es el de la generosidad. La generosidad siempre resulta premiada; premia la ciudadanía, premia el votante, premian todos los partidos políticos, porque la generosidad permite recoger la opinión del diferente, permite recoger la opinión del otro.

Nada más, seguiremos hablando más tarde. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Para la defensa de las enmiendas 58 a 92, de los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, antes de empezar a explicar el porqué de nuestra enmiendas, quisiera hacer tres comentarios: uno, el hartazgo —a lo mejor es muy personal— de estar discutiendo siempre sobre la herencia; hagan ustedes un libro de historia, pónganse de acuerdo para ver si es posible que podamos discutir sobre el presente y sobre el futuro, a ver si es posible mantener debates en los que quepamos todos. Que todo lo justifiquen ustedes con la herencia recibida del PSOE, al final se hace cansino; aparte de que, a medida que pasan los meses, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo sentido. En segundo lugar, señor Sanz, en política hay señales acústicas que nos enseñan en qué dirección vamos. Si esta proposición de ley la silban las plataformas de afectados por las hipotecas y las aplauden los banqueros, la dirección está muy clara, la dirección está clarísima. Y, en tercer lugar, me imagino que se refiere a la noticia de El País de hoy de Madrid. Yo no encuentro ningún apoyo a esta proposición de ley, y me la leído tres veces. Les leo el titular: «Señor notario, pare mi desahucio. La PAH inicia una campaña contra las subastas extrajudiciales, que se han quintuplicado en 3 años. Vecinos y activistas frenan una en Leganés». La única referencia que hace a la tramitación en el Senado es crítica, de modo que no entiendo muy bien qué sentido tenía su afirmación.

Como la ILP ha sido violentada, al igual que ha explicado el señor Mariscal, el senador Saura y yo vamos a retirar todas las enmiendas y dejaremos solo vivas las cuatro enmiendas que recogen literalmente la propuesta de la ILP. ¿Por qué? Porque queremos que se voten específicamente, —no en el marco de otras o acompañadas por otro tipo de enmiendas— estas cuatro propuestas que hacía la ILP de la dación en pago y porque queremos que haya un retrato de grupo, que todos nos retratemos específicamente con el contenido de esta ILP.

Señorías, una de las cuestiones que ha justificado muchas de las enmiendas que hemos presentado es la falta de respuesta del Partido Popular a las evidencias, no a elementos opinables, sobre los cada uno puede tener su opinión, su posición. ¿Había o no había en los contratos cláusulas abusivas, como ha indicado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo? ¿Sí o no? La respuesta es que sí, en muchos; no sabemos en qué cantidad de contratos hipotecarios, había cláusulas abusivas. ¿Hay alguna propuesta en esta proposición de ley que permita resarcir,




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reparar de alguna manera, a toda esta gente que ha sido desahuciada mediante contratos que incluían cláusulas abusivas? No. Es más, ¿ha habido el más elemental principio de precaución, una vez conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de hacer una moratoria a los desahucios hasta tener esta proposición de ley, como mínimo? Tampoco. Y la media de desahucios en España —insisto— es de 220 por día. Esto no es discutible. No es discutible que hay cláusulas abusivas; no es discutible que la proposición de ley no recoge ningún tipo de reparación; y no es discutible que no ha habido, en el corto tiempo que media entre la sentencia y la aprobación y publicación de esta proposición de ley, ninguna voluntad de establecer una moratoria para estos desahucios. Y otro aspecto a tocar: el Fondo Social de Viviendas, con una dotación que no llega a las 6000 viviendas. Si la media de desahucios es de 220 al día, da para menos de 30 días. Es un parche. No da salida ni respuesta a un trimestre de desahucios. ¿Qué esto es mejor que nada? No estamos para elegir entre poco y nada. La situación es tal, que habría que abordar la solución de todo.

El Senador Saura y yo hemos presentado 34 enmiendas. Evidentemente, la voluntad de estas enmiendas es corregir el texto de la proposición de ley con la lógica de todo lo que he expuesto anteriormente en el veto. Las 34 enmiendas se pueden agrupar en paquetes: la 58, la 59, la 60 y la 63 van orientadas a garantizar una mayor protección a las personas con discapacidad; sobre las cláusulas abusivas recogidas de forma arbitraria y parcial, a mi entender, en su proposición de ley proponemos 8 enmiendas: la 61, la 62, la 75, la 80, la 81, la 86, la 90 y la 91; solicitamos, en la enmienda número 64, la presentación, en un plazo de tres meses, de un proyecto de ley de segunda oportunidad, creemos que es imprescindible que exista una segunda oportunidad; con la 89 proponemos evitar impuestos injustos a la dación en pago; pedimos la ampliación del Fondo Social de Viviendas en la enmienda 87; proponemos el carácter obligatorio del Código de Buenas Prácticas en la enmienda 88, este es otro aspecto que diferencia la iniciativa legislativa del Partido Popular: por ejemplo, la reforma laboral, todo lo que afecta a los trabajadores, es obligatorio; esta proposición de ley, todo lo que afecta a la banca es o voluntario o condicionado; siempre hay dos actitudes para legislar, para unos o para otros. Con la 79 queremos garantizar la independencia e imparcialidad de las sociedades de transacción; de la 74 a la 78 establecen los límites temporales y cuantitativos de los créditos hipotecarios, son enmiendas dirigidas también a evitar el sobreendeudamiento; en las enmiendas 65, 66 y 77 proponemos una moratoria y la inclusión de los regímenes de alquiler y de las viviendas de protección oficial. Por último, hay un paquete de enmiendas que hacen referencia a la regulación de deudas y créditos.

Quiero terminar, señorías, con la cuestión del diálogo, del acuerdo, de las manos tendidas, de los puños cerrados. Se repite una vez más: ustedes se van a quedar solos. Evidentemente, se van a quedar solos con la mayoría absoluta. Que 275 enmiendas no den ni para una transaccional es extraño. Ya tengo cierta experiencia parlamentaria y la verdad es que nunca había visto —y he padecido mayorías absolutas, en este caso en Cataluña— esta cerrazón. Ustedes no pactan nada. Muy bien, es su opción; pero no den la tabarra con el diálogo, no la den. Si ustedes no quieren pactar nada no lo hagan; porque entenderán que pactar no es decir amén a todo lo que propone el Partido Popular. Yo me muevo en el terreno de la transacción. Como mínimo, les pido que no agoten ni nuestro tiempo ni nuestra paciencia apelando a un diálogo que no existe ni forma parte de su voluntad.

Gràcies, senyor president. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Las enmiendas presentadas por los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, excepto las de los senadores Guillot y Saura, son las que van de la 134 a la 159 y de la 161 a la 204.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Nuestras enmiendas a esta proposición de ley coinciden exactamente con las enmiendas del Grupo Socialista y, por lo tanto, este grupo de senadores se siente total y ampliamente representado por la intervención del portavoz de dicho grupo.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado las enmiendas de la número 93 a la 133.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado 41 enmiendas a esta proposición de ley. Aun a riesgo de que no las acepte el Grupo Parlamentario Popular —estamos a la espera de su postura—, consideramos conveniente darlas a conocer, porque entendemos que dan respuesta a la mayoría de los problemas que en estos momentos están sufriendo miles de ciudadanos, miles de familias, y que constituyen una proposición de ley alternativa a la que el Partido Popular nos presenta hoy. En el turno de portavoces tendremos oportunidad de ver exactamente el resultado final de todo este proceso, qué es lo que ha ocurrido durante estos días en que la iniciativa ha pasado de la Comisión al Pleno de un día para otro, y haremos la valoración pertinente.

Voy a dar por defendidas las enmiendas, las 41 que hemos presentado, por no entrar a defender cada una. No obstante, intentaré agruparlas en 8 bloques que nos parecen importantes y que vale la pena comentar. Sobre todo, vale la pena que los demos a conocer para que la opinión pública sepa realmente cuál es la propuesta de Convergència i Unió ante esta proposición de ley y ante esta situación tan grave que está afectando a miles y miles de ciudadanos y de familias.

En primer lugar, proponemos ampliar los colectivos de personas y de familias beneficiarias de las medidas destinadas a suspender los desahucios, y extenderlas a los procedimientos de ejecución hipotecaria. Justificación de la enmienda 114: el colectivo de personas que se pueden beneficiar de la paralización de los lanzamientos es ridículo en comparación con el de personas vulnerables por causas económicas sobrevenidas. La proposición de ley no protege, por ejemplo, a las familias con hijos menores, o a las familias cuya única fuente de ingreso sea una pensión pública, o cuando la deuda se haya contraído por ser avalista. Es más, desincentiva que cualquier miembro de una familia que obtenga la paralización del lanzamiento, por estar todos sus miembros en paro, obtenga trabajo; si lo obtiene, sería en la economía sumergida. En relación con la restricción de ingresos de la unidad familiar, la proposición de ley no tiene en cuenta el número de miembros que la conforman; hecho que no tiene ningún sentido, porque es evidente que, cuantos más miembros tenga la unidad familiar, las necesidades serán mayores. Tampoco tiene en cuenta que hay que hacer frente a un gasto extraordinario como consecuencia de que en la familia haya personas con discapacidad. La proposición de ley solo tiene en cuenta los lanzamientos, y se olvida de los deudores inmersos en un procedimiento hipotecario. No tiene mucho sentido paralizar solo los lanzamientos, y no las ejecuciones hipotecarias. Una vez que se ejecuta la hipoteca, se condena a la persona, casi con total seguridad, a la exclusión social; esto es lo que resuelve la enmienda 115.

Segundo bloque. Adecuar la vigente Ley Hipotecaria al contenido de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando se detecte que puedan existir cláusulas abusivas. Nuestro grupo propone que, siempre que haya una declaración de la persona con deudas hipotecarias de posibles cláusulas abusivas, se suspendan las ejecuciones. Esto es lo que recogen enmiendas como la 113, la 118, la 119, la 120 y la 131.

Tercer bloque. Promover la intermediación con las entidades financieras. Con las entidades financieras, pero también con los colegios de abogados o, por ejemplo, con el Instituto Catalán de Consumo u otros organismos de arbitraje, para abordar alternativas a la ejecución. Por ejemplo, la dación en pago, el leasing social sobre la vivienda habitual, la continuidad en la vivienda con el pago de un alquiler social, etcétera. La enmienda 99 establece que, para la pérdida de la vivienda de muchas familias, el leasing social —lo llamamos así— es una solución que beneficia al deudor y también al acreedor, a los dos. Por un lado, permite que la familia pueda seguir en la vivienda a cambio del pago de una renta acorde con sus posibilidades y que, al final, pueda adquirirla. La enmienda 101, ante la crítica situación que sufrimos para el mantenimiento de la vivienda, propone soluciones conjuntas y transversales entre las instituciones y la sociedad civil, para ofrecer un servicio optimizando recursos de modo que aquellos tengan el menor impacto posible sobre las




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finanzas públicas. Las administraciones públicas deben articular los servicios que ya existen para paliar las ejecuciones hipotecarias, ofreciendo soluciones innovadoras y un asesoramiento integral e individualizado, cercano, de proximidad. Cada caso es distinto, y aplicar criterios generales en todos los casos en muchas ocasiones no servirá, porque cada situación es distinta y hay que tratarla de forma individual.

Cuarto bloque. Impulsar la aprobación de una ley de endeudamiento responsable. Tiene un objetivo claro de mediación para que las personas sobreendeudadas puedan reestructurar sus deudas y, en definitiva, tener una segunda oportunidad —más adelante hablaremos de la segunda oportunidad—; que puedan reestructurar sus deudas de manera responsable y que haya una ley que lo regule.

Quinto bloque. Ampliar la dación en pago de la vivienda habitual, a través de la modificación del Código de Buenas Prácticas, para cualquier familia o persona que, de entrada, no supere los 32 000 euros de ingresos anuales —la proposición que se aprobó en el Congreso hablaba de 18 000 euros de forma general—; que la cuota que se paga sea superior al 40% de sus ingresos; que no tenga ninguna otra vivienda; que el préstamo o crédito no tenga garantías reales; que el precio máximo por el que se compró la vivienda no supere, por ejemplo, los 400 000 euros en una ciudad como Barcelona o los 180 000 en un municipio de menos de 100 000 habitantes. Defendemos que el Código de Buenas Prácticas no sea de adhesión voluntaria, sino que se aplique a todas las entidades de crédito. Con la enmienda 108 se propone facilitar la dación en pago de la deuda hipotecaria incrementando la capacidad de decisión del juez y recogiendo normativamente lo que viene siendo una práctica habitual de la mayoría de las entidades financieras. La enmienda número 95 establece que es necesario que las personas beneficiadas con la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios tengan el derecho de acogerse al Código de Buenas Prácticas.

Sexto bloque. Impulsar una reforma de la Ley Concursal. Para que sea aplicable a las personas físicas, y no solo a las empresas, esta reforma debe permitir reestructurar la deuda pendiente, de manera que pueda ser asumida por el deudor y que, en definitiva, sea acorde a los ingresos que esté percibiendo. Condonación de la deuda; es decir, dación en pago, siempre que la insolvencia haya sido fortuita. Dar una segunda oportunidad a todas estas personas que ya han sido desahuciadas y que arrastran deudas con las entidades financieras, para la parte del préstamo hipotecario que no ha podido ser cubierto con la subasta de la vivienda. La enmienda número 109 propone una modificación de la Ley Concursal, con el fin de dar una segunda oportunidad a las personas para que no tengan que pagar una deuda de por vida, sino solo una parte y por un tiempo determinado, tal y como ocurre en los países más avanzados de la Unión Europea, y así las personas físicas también puedan instar la declaración del concurso. Esta es una práctica habitual en Europa, y tiene que formar parte de nuestro sistema: una segunda oportunidad, que una persona física también pueda presentar un concurso.

Bloque siete. Transformar el Fondo Social de Viviendas de modo que las entidades financieras cedan voluntariamente inmuebles. En mi intervención anterior me referí a ello: un parque de viviendas sociales en el que una parte significativa de los pisos correspondientes al Sareb, al banco malo, sean cedidos temporalmente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Las administraciones territoriales podrán gestionar las viviendas directamente o a través de entidades sin ánimo de lucro. Hay que profundizar mucho, hay que avanzar más, y hay que contar con muchas más viviendas. Antes lo decía: no puede entenderse que haya gente sin casa y casa sin personas. Hemos de hacer grandes esfuerzos en este sentido.

Y el octavo bloque, rescatar a las personas. La creación del FROB está permitiendo facilitar la recapitalización de las entidades financieras, y con ello garantizar su viabilidad. Sin embargo, la respuesta a la crisis del sector financiero no puede limitarse a evitar solamente el crac financiero. Es preciso abordar respuestas realistas y efectivas para evitar el crac social de las personas y familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios. Es decir, es preciso proceder también al rescate financiero de las personas y de las familias. La enmienda número 105 concreta esta argumentación.

En líneas generales, con nuestras enmiendas presentamos una alternativa a la proposición de ley que ustedes nos han presentado hoy aquí. Presumiblemente no las van a aceptar, pero escucharemos los argumentos que nos den. Y luego, en la valoración final, en el turno de




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portavoces, podremos ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, si todo este trámite de urgencia ha valido la pena realmente o ha servido simplemente para permitir un proceso simple, un trámite lo más discreto posible. Veremos cuál es su posición, para explicar nuestras conclusiones definitivas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las siguientes enmiendas: de la 205 a la 230, la 232, la 233 y de la 235 a la 275.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, presidente.

Señorías, tengo la sensación de que el Grupo Parlamentario Popular es consciente de que la proposición de ley que trae a esta Cámara va a resultar inútil e insuficiente para abordar el problema que tenemos entre manos. Como ustedes son conscientes de que eso es así, quieren salir del paso sin profundizar, sin debatir el asunto; y lo que quieren es hablar de los gobiernos anteriores, y protegerse aludiendo a que anteriormente no se hicieron las cosas.

Con el hartazgo que tenemos de oírles justificarse con la herencia recibida —ya lo han dicho algunos portavoces—, ya les he explicado en más de una ocasión que todos los días hacemos leyes y que vamos acomodándonos a las necesidades y a las circunstancias de cada momento. Además, se ve que son un poquito orwellianos, y se empeñan en decir: oiga, es que reescribimos la historia y borramos lo pasado: antes no se hizo nada, nunca se ha hecho nada; solo hace el Partido Popular. La verdad es que tengo la sensación de que ahora es cuando no se hace nada, porque esto que nos traen es simplemente un maquillaje. Ahora entraré en el detalle de las enmiendas que presentamos y explicaré cuál es nuestra posición.

Ustedes quieren borrar todo lo que se ha hecho para hacer como que están aportando algo, y lo único que intentan y no consiguen es engañar a la gente. Le voy a poner el ejemplo de algunas medidas que se han tomado, que son bastante más valiosas, llegan a más gente y resuelven más problemas que las que nos están presentando. El Gobierno anterior declaró inembargable 1,5 veces el salario mínimo interprofesional para todo el mundo, sin poner ninguna limitación, sin poner ninguna condición de acceso, sin establecer ningún tipo de familia. Eso significó que las familias pasaban a disponer de 967,95 euros inembargables para una persona que viva sola; si es una familia con un hijo, serían 1355,13 euros. Creo que todas sus señorías pueden entender que, con estas cantidades, se les daba la oportunidad de solventar sus problemas después de haber perdido la vivienda, que al menos pudieran pagar el alquiler y vivir dignamente. Y es una medida que llegó a todo el mundo, tuvo carácter universal, sin ponerle trabas, como hacen ustedes; y que, además, tuvo un efecto inmediato, porque le dio dignidad a las familias.

Ahora empezaré a explicar cuáles son las enmiendas del Partido Socialista, que servirá también para demostrar que esta proposición de ley no tiene fondo, no tiene sustancia; que lo único que tiene es mucha apariencia para intentar justificar que han hecho algo, cuando en realidad no están abordando el problema que tenemos. Creo que todos coincidimos en que estamos ante un problema de gran envergadura. Estamos ante una herida social muy grave, que empeora continuamente. Ustedes son conscientes de que en el último año ha aumentado el paro en un millón de personas, que ya hay 1,9 millones de hogares que no tienen ninguna prestación. Esto es una fuente inmediata de desahucio, tiene una conexión directa inmediata. Saben que este año 100 000 familias van a recibir una ejecución hipotecaria, que van a ser desahuciadas. Y la decisión es hacer o no hacer algo que de verdad sirva para ayudar a las familias; y su posición es que pueden, y no quieren.

Como decía, voy a explicar las enmiendas del Partido Socialista, y lo voy a hacer siguiendo el orden en que se han presentado. La primera enmienda se presenta al Capítulo I, en el que ustedes anuncian una suspensión de las ejecuciones hipotecarias por dos años. Lo dije en mi primera intervención: hemos presentado una enmienda para que esa suspensión suponga también la paralización de los intereses de demora. ¿Qué solución están dando a una familia a la que le dicen: Oiga, a usted no le pueden echar hoy, pero dentro de dos años usted va a estar en las mismas circunstancias que hoy y, además, va a deber un 40 o un 50% más? ¿Esa es la solución que el Partido Popular trae aquí? ¿Alguien está de acuerdo en que es una solución? Pregunto. ¿No sería más razonable paralizar los intereses de demora?




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Y, por cierto, nadie puede decir que con eso quebrarían los bancos. Porque, incluso el señor Botín el viernes pasado, mientras nosotros debatíamos en la comisión, hablaba de que habían reestructurado la deuda de 20 000 familias. O sea, que si los bancos lo hacen voluntariamente, no afecta al sistema financiero, pero si nosotros lo legislamos y les damos derechos a los ciudadanos, entonces quieren convencernos de que se va a quebrar el sistema. ¡Ya está bien de aceptar la mentira como principio para trabajar!

Respecto al capítulo II, el primer grupo de enmiendas que presenta el Grupo Socialista se refiere a la propuesta de elaborar una ley de segunda oportunidad. Ustedes no han incluido en su proyecto una ley de segunda oportunidad y me decía el portavoz del Grupo Popular que dentro del Código de Buenas Prácticas, alguna medida hay. Pero, ¡claro!, para ustedes el Código de Buenas Prácticas es un colchón en su discurso: primero, porque es voluntario para los bancos —o sea, que los bancos lo aplican o no—; y segundo, porque controlan el procedimiento —no hay ninguna garantía externa—. Y me dicen: ¡oiga, no se queje, si de todas formas está el 99% de los bancos! Pues bien, yo les dije y les sigo diciendo: hagámoslo obligatorio en ese caso —no hay ningún problema—, y pongamos una persona externa, un notario, que haga que se cumplan los derechos de los ciudadanos, para que no dependamos de la caridad del banquero que se ha quedado con tu vivienda.

Además, la ley de segunda oportunidad viene a acordarse de alguien, de las personas, de una parte de la sociedad de la que también se han olvidado. No están prestando atención a la gente que ya ha perdido su vivienda y mantiene la deuda con el banco. Esta ley de segunda oportunidad viene también a hablar de eso y a ocuparse del problema de esa familia para intentar buscarle una solución.

Con las enmiendas referidas a la ley de segunda oportunidad planteamos que sea un notario quien examine las condiciones y quien establezca o promueva un convenio con los acreedores de la familia, de manera que con la idea de que la familia se quede en la vivienda, pueda reestructurar su deuda y salir adelante. Tengan en cuenta que ustedes, el Partido Popular, ni siquiera ofrecen a los ciudadanos la esperanza de tener un futuro para salir pronto adelante. Ya ha dicho el presidente del Gobierno que en esta legislatura las cifras del paro no van a mejorar.

También planteamos en este capítulo enmiendas para garantizar que las familias tengan una vivienda cuando sean desahuciadas. Ustedes fían esa cobertura a que los bancos pongan a disposición de las familias una vivienda y les cobren una cuota —dicen— razonable. Yo creo que con esto está claro qué condiciones les están poniendo a los bancos. Ustedes están asfixiando a los bancos con esa presión tan enorme. Lo digo irónicamente, por si alguien no ha captado la ironía. Me refiero a que lo que los ciudadanos esperan de nosotros es que legislemos, que hagamos una norma que sea ley, y que, además, pongamos recursos a disposición de las familias. Lo que planteamos con nuestras enmiendas es que se cree un parque de viviendas de alquiler social con unas condiciones que sean asequibles para las familias, que como límite paguen el 25% de su salario en alquiler, y que atendamos también a aquellas que, en un momento dado, no puedan hacer frente a ese pago.

Y, ustedes dirán: ¿Cómo vamos a hacer un parque de viviendas si tenemos que afrontar ahora el gasto? ¡Pero si ya tenemos los recursos! La Sareb tiene viviendas que no va a poder vender en una década. Van a estar vacías, deteriorándose. Pongamos a disposición de este parque de viviendas las suficientes, todas las que sean necesarias. Hay entidades que han sido intervenidas por el FROB y los bancos no saben qué hacer con las viviendas. ¿Tiene lógica que estén cerradas las viviendas? ¿Alguno de los que estamos aquí, con la mano en el pecho, puede decir que es mejor que estén cerradas y que esperen una década para venderlas? ¿De verdad hay alguien que piense eso? ¿Qué nos impide tomar la decisión? Lo voy a repetir muchas veces: ustedes pueden y no quieren. Y le hacen un daño enorme a la sociedad española. (Aplausos.—Un señor senador: ¡Sí se puede!) Yo también creo que se puede. Además, creo, y lo digo aquí, que el Grupo Socialista tiene voluntad de hacerlo. Y no dejamos de hacer propuestas. Ustedes intentan callarnos, y dicen que, como no lo hemos hecho antes, no tenemos legitimidad para hacerlas ahora. Yo tengo toda la legitimidad y toda la obligación del mundo para hacerlas, porque me han elegido los ciudadanos para eso. (Aplausos.) Y no me digan que no proponga cosas nuevas. De hecho, vamos a seguir presentando propuestas todos los días; este fin de semana propondremos otras nuevas, y les dijimos, además, de dónde se podía coger el dinero. Se pueden hacer cosas y se pueden mejorar




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las condiciones de las familias sin poner en riesgo el sistema financiero ni el país. Tenemos muchas viviendas disponibles y lo que tenemos que hacer es reglamentarlo para que las familias tengan derecho a ellas.

También proponemos tomar medidas preventivas. Ha citado usted al Defensor del Pueblo andaluz —ha dicho una mentira, por cierto; mienten reiteradamente pensando que por decirlo muchas veces va a ser verdad— y en Andalucía lo que hay es una lista de espera para acceder a las viviendas, no viviendas cerradas que no quieran adjudicarse. (Aplausos.) Hay lista de espera porque son viviendas que tienen un precio asequible para los ciudadanos. Y las que pueda haber cerradas son solo aquellas que quedan libres entre que sale una familia y entra otra. Desde luego, no vale el número que ustedes dan, citando además al defensor del Pueblo, que ya ha dicho que es mentira.

Pero yo sí le voy a citar a la defensora del Pueblo de este país, que ha pedido que se recupere una de las medidas que había con el Gobierno anterior y que consiste en que, a través del ICO, se pongan a disposición recursos para poder aplazar temporal y parcialmente las obligaciones de pago de al menos el 50% de las cuotas. Eso también lo recogemos los socialistas en la enmienda 223.

Con respecto a las enmiendas a la Ley Hipotecaria, que ya forman parte también de este capítulo II, ustedes fijan el interés de demora en el 12% y nos dicen que es un avance. En este momento estamos reflexionando sobre la situación actual y un 20% es un interés usurario. Están pagando los bancos el 0,5%, el tipo oficial del Banco Central Europeo. Con el euribor en el 0,5%, ¿cómo justificamos que es legítimo ese 20% que se le puede cobrar a la gente a la que le hipotequen los bienes inmuebles? Lo mantienen ustedes como una cláusula penal y va a llegar un momento en que alguien, un tribunal, acabará por decirnos que ese interés es un abuso y que, por tanto, deberíamos borrarlo. Pero yo creo que estamos a tiempo, por eso lo enmendamos en este proyecto de ley.

Les hemos dicho que ni vale el 20% ni el 12%. Y no vale el 12% porque se paga un interés mayor para una vivienda que para un vehículo, y eso es una barbaridad. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Si le cobramos un interés del 10% de demora a un bien, aunque sea de lujo, a un coche o a un electrodoméstico, ¿cómo le vamos a decir a una familia que es razonable que paguen el 12% de interés de demora? ¿Alguien está dispuesto a decirle eso a una familia, además de traerlo aquí por escrito? ¿Quién se lo va explicar a la gente? Todos los que estamos aquí sabemos que es muy difícil explicárselo y convencerles. Y esto no quiebra ningún banco, ni pone en riesgo económico al país. Lo único que pedimos es sensatez a todo el mundo. Y estamos proponiendo un interés que es razonable. Si ponemos un 10% de interés de demora para un vehículo, ¿por qué no para una vivienda el 6%? Hay incluso enmiendas en el sentido de que se aplique solo a lo que uno ha dejado de pagarle al banco, no a todo. Eso es algo que deberíamos arreglar también. Debería aplicarse a las cuotas vencidas, no al capital total, como reclama el banco de manera inmediata. Eso sigue sin arreglarse.

Estoy seguro de que en el futuro seguiremos hablando de todas estas cosas en esta Cámara porque va a haber que arreglarlas, y más pronto que tarde, señorías. Ya son 100 000 nuevas ejecuciones las que le esperan este año a este país, y la situación económica empeora. ¿Qué grupo político está dispuesto a volverse de espaldas? Ustedes, con este proyecto, pero en el futuro no creo que puedan seguir haciéndolo.

Les pedimos cosas tan sensatas como que igualen la tasación de la vivienda para que en la subasta se aplique la misma tasación que en el momento en que se firmó el contrato de hipoteca. ¿Alguien no ve eso razonable? Pues ustedes, señorías del Partido Popular, dicen que no, que el 75%. ¿A quién quieren beneficiar, injusta —y yo añado— e ilegítimamente? A los bancos. Ahí no cabe otra justificación. Pongamos el mismo valor de tasación en la subasta. Garanticemos que, si llegado el momento una familia pierde su casa, le paguen un precio honesto y digno, no que les roben también en ese momento. Eso es, como decía un taxista a quien le comenté las medidas de esta ley, robar con la ley en la mano. Y no creo que haya nadie que esté en disposición de contestar lo que estoy afirmando en este momento. ¿Quién de ustedes le quiere explicar a una familia que pague hoy 100 000 euros por una vivienda que si dentro de dos años no puede hacer frente a las cuotas, el banco, además de quedarse con todo lo que ha pagado hasta ese momento, le va a dar solo 52 000 euros por la misma? ¿A quién le parece razonable? ¿Alguien está en disposición de




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levantar la mano? Yo creo que eso es ilegítimo y hemos presentado una propuesta para que, como mínimo, se le dé el 80% si hay postor en la subasta; si no hay, dación en pago y el banco tiene que asumir la vivienda y liberar de obligaciones a la familia. (Aplausos.) Esa es la propuesta del Partido Socialista.

Hay cosas que dependen única y exclusivamente de la voluntad y los políticos estamos para acabar con las injusticias y con los abusos. ¿Alguien está de acuerdo en que es legítimo poner cláusula suelo? Y les recuerdo que ya tenemos sentencias —sesenta y seis creo que van— diciendo que es ilegítimo. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad para quitarla antes de que alguien nos lo ordene? ¿Qué impedimento ideológico tienen ustedes para eso, para no aceptar que acabemos con la cláusula suelo, que es un beneficio extraordinario para los bancos injusto? ¿Les parece bien que la diferencia entre el interés más bajo y el más alto sean 14 o 15 puntos? A mí no me lo parece. ¿Tenemos una oportunidad de cambiarlo en este momento? Sí, y no me vale que me diga que no lo he hecho yo antes. Ya lo sé, pero lo quiero hacer ahora. ¿Quiere usted?, ¿quiere hacerlo ahora?, ¿quiere cambiar para que la diferencia entre el interés más bajo y el más alto no vaya más allá de cuatro puntos, que es lo que proponemos y es bastante razonable, y más con los intereses que se manejan en este momento?

Con respecto al capítulo III, todo lo que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, proponemos algunas medidas que vienen a favorecer claramente y a defender los derechos de las familias, y en las enmiendas que planteamos nos ocupamos además de las cosas grandes también de las cosas pequeñas. Por ejemplo, sabemos que los bancos abusan obligando con el contrato de la hipoteca de una vivienda a contratar varios seguros y proponemos que sea solo uno. Señorías, no tenemos que pensar solo en este momento en todo lo que ha pasado hasta ahora, que es muy grave y que ha dejado a cientos de miles de familias con un problema muy grande, tenemos que pensar en cómo atajamos lo que viene después. Esta ley también se va a aplicar para la gente que firme hipotecas mañana, pongamos las medidas para que les engañen lo menos posible y no haya abusos. Por eso proponemos que sea solo un seguro, que si hay cláusulas abusivas —recogiendo la recomendación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea— se pueda suspender cualquier proceso y además que los notarios puedan comprobar también que no se producen en los contratos.

Ustedes limitan las costas al 5% y nosotros proponemos que sea solo el 2%. Ha habido muchas enmiendas de muchos grupos que lo que pretenden es minimizar el impacto sobre los gastos que además añadimos a la gente que ya no puede hacer frente ni a la hipoteca, y deberíamos tener sensibilidad suficiente como para procurar que fueran los mínimos posibles.

Quisiera subrayar una enmienda que me parece que aporta un elemento de seguridad para las familias que hasta ahora no habíamos valorado y que me parece también justo. En la enmienda 244 les proponemos algo así como una cláusula de seguridad, les proponemos que pagado el 75% de la hipoteca ya no te puedan echar de tu vivienda, que el banco ya no pueda ejecutarla, y que se cobre con el 30% de tu sueldo si no puedes pagar una cuota más alta. ¿Les parece razonable o también les parece antisistema? ¿Por qué no pueden aceptar este tipo de propuestas? ¿No les parece razonable que si ya has pagado el 75% del capital que el banco se apañe solo con el 30% de tu sueldo? A nosotros nos parece que sí e insisto en que hay que pensar también en la gente que viene por detrás, que muchos pueden tener hijos o familiares que acaben firmando hipotecas que se vean en estas condiciones.

Queremos reforzar la seguridad de la gente que firma hipotecas y también de la gente que se mete en un proceso de ejecución hipotecaria. Por eso queremos que en el caso de que no acudan al juzgado los interesados, el fiscal sea avisado, y queremos que se les comunique por el secretario judicial sus derechos y la posibilidad de pedir un abogado de oficio a los que estén en un proceso de ejecución hipotecaria. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Con respecto al capítulo IV, al Código de Buenas Prácticas, voy a sintetizar las enmiendas que hemos presentado en cuatro aspectos que me parecen sustantivos: en primer lugar, que sea obligatorio. No entiendo cómo pueden decir que todos los bancos lo hacen porque, en ese caso, ¿qué problema tienen para obligar a que lo cumplan? En segundo lugar, proponemos también elevar el precio del valor de las viviendas a las que se les aplica. En tercer lugar, fomentar el conocimiento de este código para las familias que quieran acogerse a él. Y, en cuarto lugar,




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proponemos que una vez desahuciada una familia se pueda quedar dos años en la vivienda con el límite del 2% de su valor como cuota de alquiler.

Me llama también la atención un elemento que han incluido en la ley. Se nota la mano que mece la cuna en detalles y, en este caso, han recogido ustedes que si la persona desahuciada se queda en la vivienda y no pueda pagar una cuota de alquiler, esa cuota entre en una demora del 10%; y lo han recogido por escrito. Insisto en que son detalles que demuestran de quién es la mano que mece la cuna porque eso no se le ocurre, como dicen en mi pueblo, ni al que asó la manteca. ¡Ya hay que tener una idea fija de hasta dónde va uno para escribir ese detalle!

En cuanto a las disposiciones adicionales y finales, nuestras propuestas tratan de aligerar los costes para las familias, con la exención de tasas en todos los procedimientos, la reducción de honorarios en los procedimientos extrajudiciales y, haciéndonos eco de otro tema que a ustedes les encanta abordar: Andalucía. A ustedes les encanta hablar de Andalucía, pero a los socialistas también, y ponerla como modelo. En este sentido, el decreto que ha presentado el Gobierno andaluz y que hoy se estaba también debatiendo en el Parlamento viene a aportar un elemento más de seguridad para las familias. Fíjense que ustedes, incluso en su Código de Buenas Prácticas, plantean que las familias se puedan quedar pagando un alquiler, mientras que nosotros nos preguntamos qué ocurre en el caso de que las familias no tengan recursos para hacerlo. Por ello, hemos propuesto el establecimiento de un parque de viviendas de alquiler social, de modo que garanticemos que esos niños tengan la protección que deben y, además, en Andalucía hemos dicho que se va a expropiar el uso al banco, de manera que la Administración va a pagar al banco el alquiler. ¿Lo entienden ustedes? ¿Les parece tan mal que sea la Administración la que pague el alquiler de una familia con hijos cuando no lo pueda atender y que si esa familia gana dinero pague una cuota del 25% de su sueldo a la Administración? ¿Qué es lo que les parece tan mal, me pregunto, de este tipo de propuestas?

Para terminar, la enmienda 275 viene a subrayar el hecho de que la diferencia entre las cláusulas suelo y techo sean solo del 4%.

Hemos hecho muchas propuestas sensatas y espero que la sensatez les lleve a aceptar alguna aunque, vista la soberbia con la que actúan y aplican su rodillo, probablemente volveremos a debatir sobre este tema dentro de unos meses y recordaremos parte de este debate.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, quiero agradecer ―y entenderán después por qué digo esto― el gran número de enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley, aunque no ocurre lo mismo con los vetos, para los que no encuentro explicación o ni siquiera una aproximación al problema que se está produciendo. Insisto en que les agradezco el gran número de enmiendas que han presentado porque algunas de ellas contienen elementos que se podrían considerar valiosos mientras que otras, por el contrario, están pegadas y fijadas al concepto que ha venido arrastrando todo este debate en el sentido de que había que acelerar y ponernos como un cohete, a 10 000 kilómetros por hora, para tratar de resolver una cuestión y un problema que, efectivamente, es muy grave.

Hago mías también las palabras del portavoz socialista en el sentido de que tendremos que seguir hablando. Eso es así porque los problemas graves no se resuelven ni en un debate ni de una sentada ni en una discusión ni tampoco con un acuerdo. Los problemas graves exigen soluciones continuadas en el tiempo, pero eso sí, con una voluntad de cambiar y de solucionarlos, cosa que, permítame que le repita una vez más, este Gobierno ha manifestado desde el primer momento en que accedió a él, mientras que durante muchos años, ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, los grupos que le apoyaban, los grupos que aunque no le apoyaban sí compartían gobierno con los socialistas en algunas comunidades autónomas, así como otros que, siendo ideológicamente contrarios al problema del paro y de las hipotecas que se estaba generando, no estaban movilizándose para tratar de atajar un problema grave. Y, sin embargo, la movilización viene ahora, cuando se trata de resolver el problema y se está legislando en ese sentido. Con lo




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cual, sirva esto simplemente como expresión de que yo agradezco las enmiendas, que agradezco que se hayan estudiado las enmiendas, aunque al final se ha decidido no incluirlas.

Senadora Salanueva, siento especialmente no haber tenido ocasión de hablar de las suyas, porque de la misma forma que en el Congreso de los Diputados se incorporó alguna de Unión del Pueblo Navarro aunque de forma transaccional, debo decirle que en este caso algunas de sus propuestas son ciertamente muy complejas. La dación en pago necesaria, es decir, la entrega de elemento distinto a dinero para saldar una deuda nominada en dinero, en efectivo, es una operación jurídica muy compleja que no puede recogerse en esta proposición de ley ni en esta ley que saldrá aprobada, por lo que veo, exclusivamente con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

Pero no por ello nos sentimos solos; nos sentimos acompañados por los votos que al Partido Popular se le han dado en las elecciones y también porque nos asiste una razón que es básica y esencial en todo este proceso: que desde el primer momento, como muestran claramente las fechas, desde marzo del año pasado, con tres meses de este Gobierno en el ejercicio de su cargo, ya empezó a presentar decretos leyes, uno en el mes de marzo, otro en noviembre, decretos que se han convertido en proyectos de ley. Y creo que a este respecto hay un error grave que no recuerdo qué portavoz cometió al creer que la toma en consideración de una proposición de iniciativa popular o cualquier otra proposición legislativa implica necesariamente la aceptación. No es verdad. Yo mismo esta tarde no he querido aceptar una enmienda transaccional de otros grupos, que sí podría haber aceptado para que se transaccionara y se debatiera, precisamente para evitar este argumento que se ha utilizado aquí. Es decir, cuando se estampa una firma en un texto, en este caso en una enmienda transaccional, o cuando se acepta la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa, ello no implica necesariamente, ni de hecho tiene por qué implicar, la aceptación del texto en todos y en cada uno de sus extremos, pero sí puede ser considerada —y no quiero hacer juicio de intenciones, cada uno puede opinar lo que quiera en relación con si se han incluido o no elementos esenciales de las propuestas—, al menos en algunos de sus elementos, para incluirlos en la proposición de ley que en este momento estamos debatiendo.

Por tanto, tenemos 275 enmiendas; se han retirado muchas de ellas; dos grupos parlamentarios han decidido retirarlas todas y dejar solamente las cuatro que se corresponden exactamente con el texto de la iniciativa legislativa popular. A mí me da igual que retiren ustedes enmiendas o no, que pretendan que las votemos todas o que votemos solamente unas pocas, pero si con ese gesto quieren ustedes decir —mejor dicho, no voy ser tan mezquino como para decir que ustedes se han dado cuenta de que todas sus enmiendas son malas menos las cuatro o cinco de la iniciativa legislativa popular; no voy a hacer eso— que el debate ha de estar centrado en una iniciativa legislativa popular y que incluso —tal como ha apuntado algún portavoz— el rechazo del texto completo —que legislativa, jurídicamente deja mucho que desear y financieramente es imposible de asumir— supone rechazo a los ciudadanos firmantes de la iniciativa, estaríamos en este tipo de demagogia barata a la que se ha asistido a lo largo de todo este debate, e incluso esta misma tarde, en las intervenciones de algunos de los portavoces, tanto en turno de vetos como de enmiendas.

Centrémonos en la cuestión importante. Me van a permitir que haga una breve reflexión, mejor dicho una breve descripción de lo que esta proposición de ley, este texto legislativo dice o lo que es, porque he entendido que en muchos casos, en algunas de las intervenciones o no se ha comprendido lo que es o sencillamente se niega lo que es, y esto es esta proposición de ley, lo que el texto de la proposición de ley dice que es.

En primer lugar, con esta proposición de ley, una vez que entre en vigor y se publique en el Boletín Oficial del Estado, se suspenden los desahucios, los lanzamientos, si prefieren llamarlo de esta manera, por período de dos años, devengando además un tipo de interés de demora muy reducido, el 2% sobre capital pendiente. Además se abre, en este caso, por dos años la suspensión y además se abre una apertura de proceso de reestructuración de la deuda. Esa reestructuración de la deuda, cuando se trata de hipotecas sobre vivienda habitual, lo que pretende es hacer viable la deuda en relación con el patrimonio de la persona que ha de hacer frente a la hipoteca. Hay un bien que entendemos necesario proteger, y son las personas con riesgo de exclusión social, esas personas definidas de acuerdo con unos criterios que en muchas de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios se entienden que son restrictivos, y básicamente muchas de




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las enmiendas son puramente marginalistas; es decir, ampliemos de dos años a tres años, del 50% del peso de la cuota hipotecaria respecto de la renta familiar, bajémoslo al 40%… En fin, son las enmiendas que tratan de encajar, mejorando, ampliando el grupo de beneficiados por estas acciones previstas en la proposición de ley.

Pues bien, para hacer viable la cuota hipotecaria —entendiendo por tal sujetos, familias en especial riesgo de exclusión—, se estudia un plan de reestructuración, pudiendo alargar los plazos de amortización hasta 40 años —ya saben ustedes que esta misma proposición de ley establece un máximo de 30 para la constitución de hipotecas y en este caso se podría hacer un alargamiento de período—; se reducirían los tipos de interés, concretamente euribor más 0,25% de interés, durante un período de carencia de amortización de capital, o sea, tipo de interés reducido durante el período de carencia, y no amortización de capital durante un período de cinco años. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En estas circunstancias se intenta una reestructuración de la deuda hipotecaria. Si sale viable, entonces ambas partes aceptan la reestructuración y no es que el problema esté resuelto, pero al menos está encauzado, la familia, el sujeto, la persona puede atender las cuotas hipotecarias en las circunstancias en que se encuentra. Si no resulta viable, es decir —vuelvo a repetir—, si la cuota hipotecaria es mayor del 50% de la renta de la persona física titular o de la unidad familiar en su conjunto, si más de un miembro tiene ingresos, entonces se permite una negociación entre las partes, se anima a las partes a una negociación y en este caso sí que es potestativo, este apartado sí es potestativo, llegar a una quita, una quita que puede alcanzar el 25% del total de la deuda en ese momento.

Por tanto, para que sea viable, en los términos que hemos definido, tenemos una reestructuración con alargamiento de plazos, reducción de tipo de interés y moratoria en la devolución de capital y, al mismo tiempo, una quita. Si a pesar de la quita no es posible, entonces se admite de forma obligatoria, es decir, el acreedor tendrá que aceptar necesariamente la dación en pago liberatoria de la deuda. Aquí aparece la figura de la dación en pago, de la que tanto estamos hablando y que tanta confusión está generando. Por tanto, esta es una dación en pago real y completa que cancela la deuda, principal e intereses. Y eso está recogido por primera vez en un texto legislativo en España desde que gobierna el Partido Popular, desde el pasado mes de marzo del año 2012. (Aplausos.) La dación en pago por primera vez.

Ahora, me preguntan ustedes ¿es una dación en pago universal, es decir, todo aquel que tenga constituida una hipoteca, que sea deudor hipotecario, puede ir a la sucursal bancaria correspondiente y decir: aquí tienen ustedes las llaves del piso, quédense con las llaves y se cancela la hipoteca? No lo es; no es una dación en pago con carácter universal. Eso está limitado, como no puede ser de otra manera —y el portavoz socialista se ha explayado suficientemente hablando de que los políticos tenemos la obligación de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos; pues aquí se está dando una respuesta—, para aquellos ciudadanos en riesgo claro de exclusión social. Para ellos es la dación en pago. Repito que no es una dación en pago universal y, desde luego, no es —no lo puede ser— una dación en pago retroactiva. Por tanto, las cosas son lo que son, y estamos hablando de una dación en pago para unos grupos de personas y unidades familiares en los que concurren unas circunstancias que se ha estimado que generan mayor riesgo de exclusión social.

Al mismo tiempo que la dación en pago —que entendemos que no siempre es la mejor solución, porque significa la pérdida de la vivienda—, en esta proposición de ley, junto a la dación al pago al deudor se le reconoce el derecho a permanecer durante dos años en su vivienda. Es decir, en dación en pago la propiedad pasa al acreedor o al que puje y haga la mejor oferta en la subasta correspondiente, pero durante dos años —repito— el deudor tiene el derecho a residir en la vivienda. Y no solamente eso: en la ejecución del bien, si se generara alguna plusvalía, el deudor, que está dos años en la vivienda, se apropia además de una parte sustancial de la plusvalía para reducir las costas del proceso y, en definitiva, para que se le retornen ingresos. Por tanto, esto da una solución.

Ustedes me dicen que no están satisfechos, lo cual me sorprende, porque —se lo dije en comisión y se lo repito aquí al portavoz de Convergència i Unió, al senador Alturo— este es un caso claro de pura insatisfacción para quienes apoyaron —¿se acuerdan ustedes?— por responsabilidad, no por otra cosa, por responsabilidad, al señor Zapatero en esas aventuras que




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emprendió, en esas aventuras que nos llevaron al déficit presupuestario, a la situación de crisis financiera y de crisis de deuda en España, de aquellos que por responsabilidad le apoyaban en esas aventuras, y en materia hipotecaria se dieron por absolutamente satisfechos con la creación de una subcomisión que debía estudiar los problemas que estaba generando la situación de las hipotecas, de los impagos y de los desahucios en España. Una subcomisión que, además, como tenía una vida efímera, porque se creó en el año 2011, a punto de concluir la legislatura, ni siquiera llegó a emitir conclusión alguna. Eso les satisfacía. Sin embargo, ahora, llegados a este punto —luego podemos repasar algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Convergència i Unió—, parece que no les satisface nada. Me van a permitir que pase por encima, con mucha rapidez, por encima de algunas de esas enmiendas, como la 105, la del fondo de rescate, gestionado además por las comunidades autónomas. El dinero no sabemos de dónde sale, porque habría que definir las cantidades de ese fondo de rescate; y además lo gestiona quien lo gestiona. Claro, se pueden pedir muchas cosas, pero estas se pueden o no valorar razonablemente. Y ciertamente esa enmienda está en barbecho; no está valorada la creación de un fondo de rescate. Lo mismo ocurre con respecto a ampliar todas —todas ellas— y cada una de las circunstancias que han de permitir la inclusión en los grupos de especial protección, con las consecuencias que todos conocemos. Y a quienes se contentaban con una subcomisión de análisis del problema, ahora, poco más de un año después, nada les satisface, quizá porque están a otra cosa y no, desde luego, a dar solución al problema de las hipotecas.

En esta proposición de ley se establece también una mejora clara de la Ley Hipotecaria, del texto refundido del año 1946, que no se había producido en muchos años. Y es que estos no son mecanismos que hayan surgido en los últimos meses como consecuencia de un Gobierno que ha decidido, como algunos de ustedes han venido a decir, recortar y limitar los derechos de la población. No, no, esto viene del año 1946, y desde la Transición han pasado sucesivos Gobiernos, fundamentalmente socialistas, como el anterior, cuando ya el problema emergió con toda virulencia. Pues bien, se ha mejorado y se ha reformado la Ley Hipotecaria.

Hoy mismo, el señor Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, apuntaba que lo único que separaba del acuerdo al Partido Popular y al Partido Socialista en materia hipotecaria era la reforma de la Ley Hipotecaria. Era el único punto que nos separaba. Pues bien, aquí hay una reforma de la Ley Hipotecaria, por tanto, no debe ser solo ese punto porque ustedes han presentado casi setenta enmiendas, con lo cual tiene que haber muchas más cosas que separan al Partido Socialista. Dígale usted, por favor, al señor Pérez Rubalcaba que sea preciso en la terminología que utiliza, porque no es verdad lo que ha dicho esta mañana: que solo nos separaba la reforma de la Ley Hipotecaria. Y si fuera así, retiren sus enmiendas y vayamos directamente a aprobar la proposición de ley en los términos en que está escrito.

No solamente se reducen los intereses de demora sino que además no capitalizan. Eso es muy importante porque, una vez que se genera el interés de demora, dentro de la deuda total es como si se apartara, y ese, a su vez, no genera nuevos intereses. Repito que queda apartado, que no capitaliza. Y en caso de que la venta del inmueble objeto de ejecución hipotecaria no saldara la deuda, entonces, con el importe obtenido en la subasta correspondiente, se irían cancelando capital, intereses y, por último, los intereses de demora. ¿Por qué? Porque repito que no capitalizan, de tal forma que no va aumentando la pelota hacia el futuro. Esto se ha hecho, se hace en esta proposición de ley aquí y ahora, pero desde el año 1946 a nadie se le había ocurrido que había que hacer que los intereses de demora no capitalizaran. Pues aquí está.

Se mejora el procedimiento tanto de venta extrajudicial como de subasta judicial. Al portavoz socialista le indigna —de alguna forma, a mí también— que pueda darse el caso de que el precio obtenido en subasta sea poco más del 50% del valor de tasación inicial establecido en la constitución de la hipoteca. Puede darse el caso, porque estamos hablando de un 70% sobre un 75% del valor. En fin, puede darse el caso. Pero ¿sabe cuál es el caso que puede darse ahora, antes de que se apruebe esta proposición de ley? ¿Sabe usted el porcentaje de hoy, de ayer o anteayer? Del 24%. A usted le indignaba e irritaba esa situación ¿verdad? Pues usted ha convivido durante muchos años con un Gobierno socialista que ha permitido que del resultado de la subasta el precio obtenido por el propietario de la vivienda pueda ser equivalente al 24% de la tasación inicial, cuando se constituyó la hipoteca. ¿Qué le parece? Por tanto, ahora podemos valorar el avance que supone esta proposición de ley.




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Es verdad que cuando los activos devalúan rápidamente lo peor de todo es para el deudor, porque no solamente en inmuebles sino en otro tipo de activos —activos reales, activos materiales, e incluso inmateriales, y desde luego financieros— las caídas de valor pueden ser del 40, 50 o 60%. Es el precio de la liquidez en la crisis, y aquí estamos ante un problema de liquidez. Por tanto, no le extrañe —porque es así— que quienes concurren a subasta judicial quieran el mejor precio, y como quieren el mejor precio están dispuestos a hundirlo lo más posible.

Pues bien, para las subastas tanto extrajudiciales como judiciales en esta proposición de ley se establecen reglas de valores mínimos que garantizan que nadie, en el caso de vivienda habitual, va a vender su vivienda ni nadie se la va a apropiar, es decir, que el acreedor no se la va a adjudicar, por un valor como mínimo del 70% del valor con que salió a subasta, lo cual está bastante bien, creo yo; por lo menos, bastante mejor que lo que está ocurriendo con otros activos distintos a la vivienda habitual, y lo que está ocurriendo hoy incluso con la vivienda habitual, que, como digo, puede llegar a tener un precio de hasta poco más del 24 o 25% del valor de tasación.

Eso es lo que dice la proposición de ley. No nos tratemos de engañar los unos a los otros con discursos patéticos que reflejan una realidad distinta de la que recoge la proposición de ley.

Se establece el Código de Buenas Prácticas, que se potencia además en esta proposición de ley. Y sigue habiendo una confusión de fondo con el Código de Buenas Prácticas; se lo comenté a los miembros de la Comisión de Economía, y pensé que había quedado lo suficientemente claro. Es lo mismo que pertenecer a un club: usted puede o no adherirse a un club, pero una vez que se ha adherido a él está obligado por sus reglas, que, por tanto, son de obligada aplicación. Puede o no estar en el club, pero, claro, en este tipo de cosas, no nos vamos a engañar; el coste reputacional —lo cual supongo que alegrará sobre todo a los portavoces que demuestran un mayor desprecio o animadversión hacia el sistema bancario y el sistema financiero— que supone no pertenecer al club es tan alto, que prácticamente todos se ven obligados a pertenecer a él. Son las cosas que tiene la responsabilidad social corporativa y todas esas cuestiones que manejamos en el día a día. Y, efectivamente, todos están el club, todas las entidades financieras están adheridas al Código de Buenas Prácticas. Y, por favor, dejen de decir que es voluntario porque no lo es. No engañen. No es voluntario. Sus preceptos son de obligado cumplimiento, de tal forma, como hemos dicho, que es obligado que acepten la dación en pago después de la reestructuración con quita, si no hay viabilidad. Por tanto, no es verdad; y todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios sobre la obligatoriedad o voluntariedad del Código de Buenas Prácticas sencillamente están desencaminadas. Y es que es bueno que sea voluntario. ¿Y saben por qué es bueno que el código sea voluntario? Pues, esencialmente, porque siendo voluntario forma parte de la voluntad de las entidades financieras; pero es obligado, una vez que están dentro del club, hacer lo que esta proposición de ley dice que se hace, sin que en ningún momento se pueda reclamar precio, presupuesto o partida presupuestaria al Estado ni a ninguna otra Administración pública.

¿Se dan cuenta de por qué es conveniente que sea un acuerdo voluntario? Porque es un acuerdo en el cual las entidades financieras han de participar, y lógicamente verán sus beneficios en mayor o menor medida limitados por cada una de las medidas que se incluyen en ese Código de Buenas Prácticas, que repito que es obligatorio una vez que están adheridas a él.

Se crea un fondo social de viviendas, además con viviendas de las entidades financieras, lo que forma parte del Código de Buenas Prácticas. Por tanto, no hay que expropiar, no hay que indemnizar. Y ya veremos con qué, ¿eh? Aquí tengo los papeles del defensor del pueblo de Andalucía, y alguien ha sugerido antes que el defensor los ha desmentido, que ha dicho que este informe no existía o que era erróneo. Pero, claro, miles de viviendas en Andalucía —exactamente en este informe se habla de más de 5100— están desocupadas. Ustedes, y algunos otros grupos, no solo ustedes, con sus enmiendas quieren movilizar el total de recursos de viviendas a disposición del Sareb o del FROB a través de sus participaciones en entidades financieras, viviendas, además, de todas las administraciones públicas: Estado, autonómicas y locales, y con todo eso hacer un gran, un gigantesco parque de viviendas; pero, eso sí, en la mayoría de las enmiendas se ve que habrían de ser administradas por comunidades autónomas. O sea que todo eso se pone para la Administración, es decir, que las enmiendas tienen también una intencionalidad.

Pues bien, actualmente están dotadas con 6000 viviendas y por la información que yo tengo está muy lejos, pero que muy lejos, tras un año de aplicación del primer decreto ley, que las




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solicitudes puedan hacer pensar siquiera que ese número se va a agotar en fecha próxima; y luego no habría problema en movilizar cuantas viviendas fuera necesario. Este sí que es un aspecto sobre el que podríamos hablar y ampliar en el futuro, según la necesidad, en lugar de montar todo un gigantesco tinglado de viviendas que son propiedad de otros pero administradas por terceros. En fin, hagamos las cosas razonablemente bien.

Por otro lado, quisiera preguntarle al portavoz socialista si es que ustedes piensan financiar lo que han dicho con esos 30 000 millones que el señor Rubalcaba dice que pidamos a Europa y que Europa le ha dicho que no le va a dar de ninguna manera al MEDE, al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Esos 30 000 millones de euros habrían salido como una ocurrencia para resolver problemas, pero resulta, claro está, que el MEDE tiene unos reglamentos de actuación según los cuales el dinero se da, bien para recapitalizar bancos, bien en forma de apoyo…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Por tanto, con condicionalidad. Me gustaría que explicaran ustedes si sus enmiendas están fundamentadas en esos 30 000 millones que ustedes ya daban por hecho que iban a tener, como la piel del oso antes de cazarlo. Pero ni hay oso ni lo van a cazar, porque, desde luego, no hay 30 000 millones procedentes del MEDE. Los tendrán que pintar de otra manera.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, señalando que no es por falta de cortesía, porque todas las enmiendas han sido estudiadas y valoradas, pero sencillamente consideramos que es una proposición de ley que incorpora los elementos esenciales, y además los más endebles del actual sistema hipotecario…

El señor PRESIDENTE: Termine, senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: …y de ejecución hipotecaria, que tenían que ser reformados. Lo van a ser con esta proposición de ley, y las enmiendas, o no aportan nada o simplemente desfiguran la solución al problema.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos. En vista de que el Partido Popular ha demostrado en el Congreso y también hoy en el Senado su nula intención de tomar en consideración las enmiendas presentadas, y en vista de que no están dispuestos a llevar a cabo las medidas de urgencia solicitadas en la ILP, ante esta falta de diálogo, permítanme empezar saludando a la tribuna de invitados y diciendo que no me alegro de su presencia hoy aquí porque me hubiese gustado que no tuviesen ninguna razón para estar en el día de hoy aquí.

También quisiera recordar a todas las personas a las que estas insuficientes medidas no van a ayudar en nada; algunas, porque ya han perdido sus viviendas y aún tienen que seguir con los atrasos de la deuda; y otras, porque según esta ley no entran dentro del parámetro exigible para beneficiarse de las medidas por no estar en suficiente situación de exclusión social. Sin embargo, un congresista del Partido Popular presentó esta ley en la comisión correspondiente y dijo que era para el cien por cien de las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca. Pues bien, señorías, esto no es cierto y lo saben. Hay muchísima más gente en situación de sobreendeudamiento, cada uno con sus circunstancias, y esta ley no los quiere reconocer, no los contempla; y yo diría que para el Partido Popular ni siquiera existen estos afectados.

Este Gobierno acudió raudo al auxilio y rescate de la banca, de los especuladores, de los evasores fiscales. Y esta actitud contrasta con la mostrada ante las necesidades de la gente de la calle, las necesidades de la gente que está sufriendo los rigores de una crisis que no han




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provocado ellos. Para esa gente las soluciones vienen tarde, y las pocas que vienen son manifiestamente insuficientes. Y el problema que ustedes tienen es que su preocupación está centrada en los intereses de las entidades financieras en vez de centrarse en las angustias de las personas, de las familias que sufren los desahucios. Están muy atentos a los mensajes de la banca, de la gran empresa, de la CEOE, y toman sus decisiones como si estuviésemos en una mera realidad económica en donde las personas son simples circunstancias.

En Amaiur pensamos que las personas deben estar en el centro de la actuación política, en el centro de la realidad económica y que tienen que estar por encima de esas cifras macroeconómicas. Y digo esto, aún sabiendo que me pueden acusar de querer el monopolio de la sensibilidad social. Ya en el Congreso se acusó a la oposición de ello y ayer mismo sucedió esto aquí, en esta sala. Pero la vocación de Amaiur es hacer llegar la voz de la ciudadanía a esta Cámara, y la obligación de un Gobierno es dar respuesta a esas personas. Y la ciudadanía ha hablado; ha hablado en la calle, ha hablado reuniendo 1 402 854 firmas, su voz se reflejó en la ILP que se presentó en el Congreso. Presentaban propuestas concretas y aun así su voz fue ahogada.

Tampoco se han tenido en consideración las enmiendas de los partidos de la oposición. Una vez más el Partido Popular impone su ley sin contar con la presencia y la colaboración del resto de los partidos políticos y, lo que para mí es mucho más grave, sin contar con las asociaciones, las plataformas, que son las que realmente pueden dar una visión exacta del problema que se está viviendo, porque son las que están tratando con el problema a pie de calle y día a día están al lado de los afectados. No sé si son conscientes de que están sembrando la absoluta pobreza al negarse a tomar medidas efectivas, al no afrontar el problema con la altura de miras que se les requiere.

Finalizo, tal como hicimos ayer en mi país, reiterando nuestra disposición para trabajar de la mano con los agentes sociales para acabar todos juntos con los desahucios. Esta ley, al final, evita el desahucio de la banca y desprecia, pisotea la voz de la gente de la calle. Por eso nosotros vamos a votar en contra y vamos dar un no rotundo a esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero aprovechar este turno para explicar la posición de Foro ante un tema crucial de presente y de futuro para millones de familias y de ciudadanos que, con toda seguridad, y lamentablemente, no van a encontrar en esta ley la oportunidad de una salida al sufrimiento y a los gravísimos problemas generados por la crisis económica y el paro, en este caso por su derivada en forma de desahucios como secuela de las deudas hipotecarias y la imposibilidad de afrontar los pagos a las entidades bancarias.

Que quede claro que nos parece necesario legislar sobre este asunto. Es imprescindible modificar el actual marco legislativo para que, en caso de hipotecas sobre vivienda, se altere el principio de responsabilidad universal, recayendo esta solo sobre los bienes hipotecados. Por eso, nos ha parecido bien que el Gobierno impulse una reforma legislativa, y de ahí nuestro rechazo a los tres vetos presentados por diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, nos parece rematadamente mal la lamentable e inaceptable cerrazón del Gobierno y del grupo mayoritario que le apoya aquí, en el Senado, para no incorporar ni una sola de las enmiendas que se han presentado en la Cámara. Se veía venir, y no nos hemos prestado a esta burda utilización del Senado por parte del Gobierno en un ceremonial que ya se ha repetido con otras propuestas legislativas cuyo paso por la denominada Cámara de reflexión no ha permitido aportar nada, nada de nada, ni de forma ni de fondo.

Estas no son maneras democráticas. Esto de exhibir y aplicar rodillo es una negativa rotunda a estudiar y sopesar alternativas que enriquezcan y corrijan un texto que afectará decisivamente a la vida de muchas familias en España. Esta cerrazón del Grupo Popular echa por tierra las esperanzas y las legítimas aspiraciones para tener una ley que proporcione soluciones y salidas que se están reclamando en todo nuestro país. La consecuencia —lo veremos en la votación— es que el Partido Popular se va a quedar en solitario con su ley por no dedicar esfuerzo alguno a incorporar las aportaciones de los demás representantes parlamentarios, pese a las buenas palabras dedicadas por su portavoz para justificar su rechazo.




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Con su holgadísima mayoría absoluta solo consiguen reproches. Tiene el Gobierno vocación para tratar de anular la capacidad matemática de los demás senadores, de los demás diputados en el Congreso y también de los numerosísimos y amplísimos grupos sociales que en toda España han reaccionado frente a este problema gravísimo, que no fue detectado por el anterior Gobierno y que percibido ahora, en plena virulencia, por el Gobierno de Rajoy trae al Parlamento esta proposición de ley insuficiente y que va a ser incapaz de dar respuesta al grueso del problema de los ciudadanos planteado masivamente por la iniciativa legislativa popular.

Así las cosas, este texto y estas medidas no pueden contar con nuestro apoyo. En su sobresaliente afán por seguir aislados y continuar arrogándose el poder de la verdad absoluta, que no atiende ni se esfuerza por atender lo que los demás proponen o por escuchar la argumentación plasmada por la ILP y arropada por un millón y medio de firmas, hoy han desperdiciado y triturado la gran oportunidad de proporcionar ayuda solvente a cientos de miles de afectados y sus familias.

Quiero finalizar señalando que esta estrategia del Gobierno de Rajoy, camino de convertirse en habitual tradición, este rechazo contumaz a todas y cada una de las enmiendas que se presentan a una ley por parte de la oposición, va en total descrédito del trámite parlamentario. Va en degradación de esta Cámara Alta, reducida y reconvertida por el Gobierno, una vez más, a un papel de comparsa, aniquilando el debate y la negociación política, sacrificando la democracia en aras de que se vea publicado cuanto antes en el BOE —deprisa, deprisa— esta proposición de ley, sin la intervención de la oposición en su texto y articulado y con la insatisfacción ya expresada por muchos representantes de los afectados.

Ustedes tienen una sobresaliente mayoría absoluta, pero eso no les concede el derecho de interpretar en exclusiva las necesidades de la sociedad y las propuestas para resolver los problemas. Estamos ante un problema enorme, y ustedes se quedan solos defendiendo una proposición de ley insuficiente que no responde a las grandes necesidades de tantísimas familias afectadas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Brevemente, puesto que llevamos casi cinco horas de debate, le voy a comentar, senador Utrera, que la verdad no está en la mayoría, no está en ninguna mayoría; la verdad hay que encontrarla, y la verdad se encuentra trabajándola. Y de verdad les digo, señorías, que hacía tiempo que no me leían la cartilla de esta manera. Porque no sé cómo han podido ustedes presentar 3 vetos y 275 enmiendas; no sé cómo lo han podido hacer. ¿Para qué? ¿Me pueden decir para qué han presentado 275 enmiendas? ¿Por qué han optado por tanto trabajo? ¿Me lo pueden explicar? Pues eso es precisamente lo que he sentido yo esta tarde. Les he comentado al inicio de este debate que lo que debemos perseguir todos aquí, mal o bien, con mayor o menor voluntad, es tener el objetivo claro, y cuando legislemos ver la cara y los ojos de las personas a las que nos vamos a dirigir. Y decir que no nos lo leemos, o que no nos lo trabajamos, o que en comisión ya nos lo explicaron y no estábamos atendiendo porque no hemos sido capaces de sintetizar su verdad —y como les digo, la verdad no la tiene nadie, sino que la tenemos que encontrar—, prefiero no calificarlo porque, como decía antes el presidente, este es el foro de la palabra, y en la palabra nos tenemos que encontrar.

Señorías, todos tenemos que ser conscientes de que dependiendo de las mayorías y del número de parlamentarios y parlamentarias que tenemos en este foro podemos aportar más o podemos aportar menos, pero yo estoy seguro de que todos los presentes tenemos esa voluntad de mejorar y de hacer mucho mejor las cosas. Yo les digo que he encontrado algunas enmiendas bastante mejores que las que hemos presentado nosotros, bastante mejores, y no tengo ningún reparo en reconocerlo, ninguno. Por eso también las vamos a apoyar, porque entiendo que sobre la base del trabajo que hemos planteado entre todos y todas podíamos obtener un texto algo mejor que el que hemos presentado hoy. Es decir, entre todos entiendo que sumamos más, porque nadie en esta Cámara tiene la verdad absoluta. Ha ganado, como antes decía, el ponernos colorados una sola vez.

Sí me gustaría agradecer su presencia a la gente que hoy nos ha visitado porque tienen una preocupación, y además vienen desde Euskadi y desde diferentes lugares del Estado, porque




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probablemente lo hayan hecho con la voluntad de encontrar aquí una mejora del texto que, evidentemente, no ha salido. Por eso también debo decirles que, como parlamentario, siento no haber sido lo suficientemente eficaz o lo suficiente convincente para poder trasladar al grupo mayoritario que con buena voluntad hay determinadas opciones que podían haber sido muy válidas.

El senador Sanz, en una de sus primeras intervenciones, hablaba —y hoy también ha salido en la prensa— de que había una familia que estaba deseando que el proyecto de ley hoy saliese adelante. Y no tengo ninguna duda, porque probablemente se hayan visto reflejados en la fotografía o se hayan visto reflejados en el texto que hoy está aprobando esta Cámara. Estoy de acuerdo pero, ¿cuánta gente habrá dicho que si hubieran aprobado otro no se hubieran quedado fuera? En esos también tenemos que pensar.

Como otros intervinientes han dicho, seguiremos tristemente hablando de este tema porque hoy no se ha solucionado prácticamente nada con este texto. Lo único que pido es que al menos seamos capaces de ver la cara y los ojos de esa gente para que nos haga mejorar en actitud para escuchar al diferente y para escuchar al que no piensa igual que nosotros, para que entre todos encontremos la verdad, que no tenemos cada uno de nosotros, porque la verdad la tenemos entre todos los que estamos aquí y entre los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos.

Eskerrik asko. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, cuando interviene el señor Utrera, con ese tono arrogante y suficiente, siempre tengo la impresión —con otros portavoces del Partido Popular también— de que ustedes han venido a redimir España después de la época de desmanes socialistas. La verdad es que cuando me llevo esta impresión me estremezco, porque en España va casi todo mal. Después de más de un año de Gobierno del Partido Popular todo va a peor, especialmente todos los indicadores sociales. El 2012 fue el peor año en lo que afecta a los desahucios, y los dos decretos a los que ustedes hacen referencia no han servido para nada, y si no, miren ustedes las estadísticas de desahucios del 2012.

Yo les pediría un poco más de humildad, porque si ustedes lo estuvieran solucionando todo, entendería este ninguneo, esta coñita entre los minoritarios que no entienden nada. No, señor Utrera, aquí el que no entiende nada es usted, porque hace propuestas que no resuelven nada.

El señor Utrera también nos decía que los grandes problemas exigen calma. Mentira. Exigen celeridad y contundencia. Así lo han hecho ustedes con la reforma laboral, con la reforma financiera o con el plan de estabilidad. Incomprensiblemente, cuando afecta a algo directamente relacionado con los más débiles nunca hay celeridad y nunca hay contundencia; y esta proposición de ley que hoy ustedes nos presentan no va a resolver el problema. A lo mejor, con algunas medidas que ustedes plantean, en el plazo de dos años les pueden mejorar las estadísticas de cara a su próxima campaña electoral, pero el problema no lo va a resolver.

¿Cuál es el coste reputacional que afecta a los bancos? Ninguno. A estos bancos que han sido capaces de lanzar las preferentes, ¿ustedes creen que les importa algo la imagen respecto a los desahucios? Para nada.

Y si se refería a si tengo animadversión a la banca privada, toda. Solo creo en la banca pública. Es más, creo que la economía especulativa no aporta nada a la economía real, sino todo lo contrario, es un grave problema.

Me entristece lo que hoy va a pasar. Imagino que nuestros invitados van a salir decepcionados con lo que ha sido esta tramitación. La ILP se ha tergiversado. Les voy a poner un ejemplo, a ver si ahora lo entienden. ¿Se imaginan ustedes que una mayoría diferente a la suya cogiera la ILP taurina, la aprobara y su contenido fuera abolir las corridas de toros? ¿Verdad que no se entendería? Dirían que esa ILP no fue presentada para eso. Si esa mayoría quería abolir las corridas de toros tendría que haber hecho un proyecto de ley. Eso es lo que ustedes están haciendo con esta ILP. Y por ello los senadores de Izquierda Unida y de Iniciativa hemos propuesto la retirada del resto de enmiendas para focalizar los votos respecto a la ILP.




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Ustedes dan la espalda a la mayoría de la gente, especialmente a los que más sufren. La única explicación razonable que encuentro es que hay una ruptura de los lazos emocionales entre ustedes y esta gente, y en la votación de hoy, que va a ser una votación muy negativa para la sociedad, nos plantean qué hacer. Nosotros seguiremos luchando, seguiremos apoyando a las plataformas de afectados por las hipotecas, seguiremos trasladando aquí, en el Parlamento, cuantas iniciativas creamos oportunas. Y todo esto lo vamos a hacer en el marco de una estrategia que no es una estrategia partidaria, que se puede resumir —y tomen nota— en que los vamos a desbordar pacíficamente en la calle, para después derrotarlos democráticamente en las urnas.

Gràcies per la seva atenció. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Martí, tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente. Senador Utrera, lo que me deja más perplejo es que se lo cree. Se cree que ningunear una iniciativa legislativa popular no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, es un mero trámite, un tema absolutamente menor. Evidentemente, señor Utrera, ningún reglamento dice que si se toma en consideración una iniciativa legislativa popular hay que seguir sus presupuestos y su texto en la tramitación. No lo dice ningún reglamento; lo dice la decencia democrática, señor Utrera. (Aplausos.) Lo dice el mínimo sentido político.

¿Por qué tomaron ustedes en consideración esta iniciativa, a sabiendas de que no iban a aceptar nada, cambiando de voto en el último minuto, por cierto? ¿Por qué? Eso sí es demagogia, señor Utrera. Eso sí es intentar engañar a la ciudadanía y al pueblo. Y también es menosprecio a 1 500 000 ciudadanos que se han acogido a este procedimiento en buena lid, confiando en sus instituciones, en su Parlamento. Y la respuesta que les hemos dado, gracias a ustedes, es el menosprecio absoluto. Y lo dice también el sentido político, señor Utrera —ya veo que no tiene ningún interés en lo que le digo—, porque el futuro de las democracias contemporáneas va a tener que ver con la participación directa mucho más allá de las elecciones, nos guste o no nos guste, le guste a usted o no le guste. La ciudadanía en los países avanzados como el nuestro, por suerte, cada vez toma más conciencia de su voluntad de intervenir en las decisiones que le afectan, que afectan a su vida, y la vivienda, evidentemente, es una de ellas con todas sus consecuencias. Por eso las iniciativas legislativas populares son un primer paso, un primer camino hacia este futuro que hay que cultivar. El mínimo sentido político exige que le prestemos atención, que lo mimemos, que le demos el respeto y la altura política que se merece. Esto, señorías, se llama gobernanza abierta, se llama democracia participativa. Y como les digo, es el futuro que ya está llamando a nuestra puerta. Creo que sería absolutamente necesario oírlo, hacerle caso y avanzar con él.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

En esta situación, ante una ley tan importante y sensible por los argumentos ya explicitados de forma suficiente, nosotros no vamos a hacer lo que su grupo parlamentario ha hecho hoy en el Parlament de Catalunya, y es levantarse y abandonar el hemiciclo, no respetando la voluntad mayoritaria por negarnos la soberanía política en Cataluña. Aquí, en esta Cámara, se ha aplicado el rodillo y no se ha negociado nada, pues ustedes se han negado a ello, lo que, en definitiva, hace que sea una situación deprimente para una sociedad que quiere gozar de un modelo de justicia social. Hemos intentando hablar, negociar, pero no ha habido forma, no hemos tenido respuesta, no ha sido posible.

Y nos preguntamos, como han hecho otros portavoces, ¿cómo es posible que de las 275 enmiendas ninguna haya sido aceptada? ¿Es posible que el Partido Popular tenga la razón absoluta y el resto de los partidos estemos equivocados? Se ha hablado aquí mucho de la verdad, de la razón, de dónde está. La mayoría absoluta no les da la razón absoluta. Qué oportunidad perdida, qué lástima que apliquen el rodillo a estos límites y en estas circunstancias.




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Señor Utrera, en la comisión que se celebró para dictaminar la proposición de ley dijo que estaban mirando las enmiendas una a una y que las dejaban para el Pleno. Nosotros presentamos un recurso a la Mesa por el procedimiento, puesto que entendíamos que se requería más tiempo para el debate por la importancia de las enmiendas, por la importancia de la ley. Ayer, señor Utrera, le volví a preguntar: ¿Qué hacemos? ¿Cómo está la situación? ¿Lo dejamos para mañana? Y me contestó: Las estamos mirando, estamos hablando, no hemos tomado una decisión… El momento de la verdad ya ha llegado y la situación es esta. Esta ley no puede tramitarse por el procedimiento de urgencia, por muchas razones que usted haya dado. No puede ser que de 275 enmiendas ninguna haya podido ser aceptada para mejorar el texto.

Por tanto, como también se ha dicho aquí, nosotros continuaremos trabajando en ello porque entendemos que no da satisfacción a las necesidades del momento y por respeto al millón y medio de personas que avalaron la iniciativa legislativa popular —por cierto, que no pudo debatirse en el Congreso de los Diputados, como he dicho antes, porque se tramitó en comisión con competencia legislativa plena y no se aceptaron enmiendas en el texto único, como tampoco aquí—. Por tanto, allá ustedes con su responsabilidad, y esperemos que los ciudadanos tomen buena nota de lo que hoy ha sucedido aquí.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, he visto aplaudir a las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario Popular la dación en pago. Se queda uno perplejo, hasta que reflexiona y se da cuenta de que ustedes no estaban aplaudiendo la dación en pago que entienden los ciudadanos, la que recogía la iniciativa legislativa popular, que es la que figura en esta transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios y que ustedes no han querido firmar. Esa es la dación en pago que entienden todos. Ustedes hablan de dación en pago en lenguaje bancario, y a ese es al que aplauden.

El portavoz que ha intervenido ha hablado de demagogia barata de algunos portavoces de los grupos de la oposición. Pues bien, señoría, esta tarde lo de la demagogia lo tenían ustedes coordinado, porque en Andalucía también han dicho que el decreto andaluz es máxima demagogia y mínima efectividad. ¡Con la utilidad que está teniendo su dación en pago, que vienen aquí a defender y a aplaudir, señorías!: 42 daciones en pago el año pasado —dicho por el ministro de Economía en este Pleno— sobre 14 200 que se produjeron en España. Para eso sirve la dación en pago que han aplaudido, para contentar y satisfacer a los bancos no a las familias que tienen problemas. (Aplausos.)

Y como la tarde la llevan lucida, en Andalucía, después de escuchar aquí y en los medios que han denostado el decreto andaluz y han dicho que es inútil, no se han permitido votarlo en contra; se han abstenido en Andalucía. Quisiera yo saber qué va a hacer el señor Arenas, si se va a desdoblar y va a abstenerse allí y votar aquí en contra o si va a votar en los dos lados lo mismo. (Aplausos.)

Y hablando de cifras inútiles y de medidas inútiles, tenemos otra más que ha citado usted en su intervención anterior. Nos ha dicho, y además creo que ha utilizado esta expresión: ni de lejos, se van a utilizar las seis mil viviendas que han puesto a disposición los bancos. Ni mucho menos. Usted ha insistido en que ni de lejos —o algo así— se van a utilizar. ¿No deberían preguntarse, señorías del Grupo Popular, para qué les sirve su Código de Buenas Prácticas, si solo cuarenta y dos familias lo usan, para qué sirve el fondo social de viviendas, si nadie, ni de lejos, lo va a utilizar? ¿Es que su interpretación es que no hacen falta? ¿Me están diciendo que como no los usan, no hay familias con problemas? ¿Es esto, señorías? ¿No vemos la realidad? ¿O es que es inútil lo que ustedes han puesto a disposición de la gente? Esto es como en los colegios: cuando suspenden todos los alumnos de un profesor, ¿cuál es la conclusión, que son todos torpes o que el maestro no sabe? Señorías, este Gobierno no sabe. (Aplausos.)

Miren, ahora hay muchas cosas que están mal en este país y nuestra tarea, así como la de los que vengan después, será seguir enmendándolo. Yo, como alcalde, alguna vez enmendé lo que ya había enmendado el anterior alcalde, que también era de mi grupo político. Sin problemas y sin complejos. Yo creo que hay que resolver los problemas cuando surgen, mirarlos de frente y tomar




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las medidas que sean necesarias. Ahora es el momento de tomar medidas para resolver un problema social muy grave. Usted me dice que antes el banco podía adjudicarse la vivienda por menos. ¿Y qué? Arreglémoslo. ¿No estamos aquí para eso? ¿Usted cree que lo arregla con que dentro de dos años el banco pueda quedarse con la vivienda que compre una familia por 100 000 euros por 52 500? ¿Es eso un arreglo para el tiempo que nos toca vivir? Pregúntenselo y respóndanselo solos. Ya sé que no me lo van a decir hoy. Pero estoy convencido de que la mayoría de ustedes piensan que eso no es justo, que es una barbaridad. No lo van a reconocer. Pero estoy convencido de que lo piensan. Como pensarían, si echaran cuentas, que cualquier otro inmueble que no sea la vivienda habitual, se la va a quedar el banco por el 37,5; que vivimos en el año 2013, que este no es el año 1915, que estamos en otro momento y con otras leyes. Hagamos las leyes de nuestro tiempo y de los problemas que hay hoy. Solo necesitamos voluntad. Se lo he dicho esta tarde varias veces. El problema del Grupo Popular en este momento es no querer, porque poder, se puede. Las cosas se pueden cambiar. (Aplausos.)

Me gustaría que le quedara claro a todo el mundo por qué nos oponemos a esta ley. Voy a subrayar cinco elementos que me parecen sustantivos y que explican nuestra oposición a este proyecto de ley. En primer lugar, nos preocupa la vivienda habitual de las familias, pero también los locales de negocio de muchos autónomos, para los que ese es su medio de vida, y cuando pierden el local, detrás pierden la vivienda. Por lo tanto, lo que se aplique para la vivienda habitual, también para el local de negocio. Esta es la primera diferencia que tenemos clara con este proyecto de ley.

Segunda. Ustedes son conscientes de que no es suficiente suspender los lanzamientos. Han reconocido que eso va a suponer mayor deuda para las familias dentro de poco. Aplazar un problema no es resolverlo. Por eso, estamos en contra de esta proposición de ley. Porque le ofrece un caramelo a la gente, cuando le está dando un caramelo envenenado para mañana. Esa es la razón por la que estamos en contra de este proyecto de ley. Asimismo, porque renuncian a aprobar un proyecto que contemple una ley de segunda oportunidad que nos está demandando toda la sociedad. Si una empresa puede llegar a un convenio de acreedores, ¿por qué no puede llegar una familia? Si nos importa que una empresa pueda negociar y liquidar sus deudas, ¿por qué nos tiene que importar que una familia las liquide? Dación en pago es que si no hay nadie que se presente a la subasta, si no hay postores, el banco se queda con la casa y se acaban las deudas. Eso es dación en pago. Y convenio de acreedores es poner a una persona, a un tercero, no a una de las partes. Yo no soy juez y no conozco la legislación, pero no creo que a nadie se le ocurra poner a una de las partes a dirigir la negociación y las condiciones y decir que eso es justo. Creo que para eso no hay que estudiar Derecho, solo hay que tener sentido común y preocuparse un poquito por la gente. Y eso es lo que ustedes nos están vendiendo hoy cuando nos dicen que el Código de Buenas Prácticas es obligatorio una vez que está uno dentro, pero lo dirige el banco, y la entrada es voluntaria y además es temporal —se acaba a los dos años—. No nos van a convencer de que eso es firme. Primero, es inútil porque así lo demuestran las cifras. Y segundo, es injusto porque ponen ustedes a mandar al que más tiene.

Y en el debate de la siguiente ley volveré a repetirlo. Eso no es justicia, eso no es igualdad, eso es otra cosa. Eso no lo defiendo yo; yo defiendo otras cosas. Defiendo equilibrar y que todo el mundo conozca cuáles son sus derechos. Entonces, sí estaríamos hablando de igualdad. Pero eso no ocurre con lo que se defiende en esta proposición de ley.

Los socialistas entendemos que es imprescindible hacer un parque de vivienda social pública. Eso lo vamos a reiterar y repetir insistentemente. Además, nosotros, a diferencia de ustedes, sí pensamos que existe demanda social. Sí creemos que las familias, cuando pierden sus viviendas, no quieren volver con sus familias y llevarse a los niños con los abuelos. Tampoco tienen que verse obligados a ir al banco a pedir que le dé una vivienda a un precio que el propio banco considere oportuno. Creemos que somos nosotros, los legisladores, los que tenemos que poner los recursos. El Gobierno es el que tiene que poner el parque de viviendas, y además a un precio razonable. Y tenemos que fijarlo aquí, en esta Cámara, de ahí las enmiendas presentadas en este sentido. Pero ustedes no quieren aceptarlas, como no quieren corregir los pequeños detalles que son muy importantes para muchas familias.

La cláusula suelo es algo que reivindican decenas de miles de familias. Piden que se elimine porque es injusta y les están dando la razón los juzgados; ya hay sesenta y seis sentencias que




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señalan que la cláusula suelo es abusiva. ¿A qué esperamos para cambiarlo? ¿Por qué perdemos hoy la oportunidad de arreglar algo que está mal? ¿Qué nos atenaza, qué nos pone esposas? ¿Qué nos impide votar para acabar con la cláusula suelo? Admitan solo esa enmienda. Admitan alguna, que algunas son de sentido común. Pero ustedes nos dicen, ¿y con qué van a pagar las enmiendas? ¿Qué dinero hace falta para quitar la cláusula suelo, 10 000, 20 000 millones? No cuesta nada, solo poner justicia social. No cuesta dinero, solo la voluntad política de querer hacer las cosas.

La sociedad nos está examinando en este momento. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto de ley se puede mejorar notablemente. Con nuestras enmiendas, yo creo que sería un proyecto de ley sobresaliente. Creo que me he extendido suficientemente en mi anterior intervención explicando que el Grupo Socialista no pone sobre la mesa un conjunto de enmiendas, está poniendo un proyecto. Nosotros tenemos un programa para atender este problema, y lo hemos explicado suficientemente. Y, desde luego, no supone la quiebra ni de los bancos ni del sistema. No supone ninguna quiebra. Con su proyecto de ley la nota de los ciudadanos va a ser suspenso y la del Gobierno, muy deficiente.

Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme que empiece mi intervención recomendándole al señor Fernández Ortega, al portavoz socialista, que haga dos llamadas de teléfono, que se ponga en contacto con dos personas. Una de ellas es portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Antolín Sánchez Perseiro. Supongo que le conocerá. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Presedo.) Sí, Antolín Sánchez Presedo, que en la Comisión que ha dictaminado este proyecto de directiva de la Unión Europea en relación con las hipotecas y con la defensa del deudor hipotecario ha apoyado —repito que es portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Europeo— exactamente, bueno, no literalmente pero sí concretamente, los elementos que están incluidos en este proyecto de ley. (Rumores.) Sí, la negociación entre las partes y la vinculación de la dación en pago a esa negociación… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor UTRERA MORA: …a la conveniencia de que esa negociación se realice, por supuesto, de acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo y a que los deudores y también los jueces de oficio puedan en todo momento oponerse a las ejecuciones siempre y cuando haya causa justa necesaria para ello, y en este caso siempre y cuando haya alguna cláusula que se considere abusiva.

Todo eso ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, todo eso, con el apoyo del Partido Socialista, y es sorprendente y recurrente por otro lado —nos tiene acostumbrados—, que el Partido Socialista diga cosas distintas en cada uno de los sitios donde está (Protestas.). Dice cosa distinta en el Parlamento Europeo, cosa distinta; cosa distinta aquí en el Senado y cosa distinta en Andalucía. Y aquí viene la segunda llamada, señor Fernández Ortega, que le sugiero que haga usted, concretamente al alcalde de San Juan del Puerto, población de Huelva —este no es portavoz suyo—, que solicita a la Junta de Andalucía que ponga a su disposición varias viviendas para familias en riesgo de exclusión social, las viviendas que tiene cerradas la Junta de Andalucía en su localidad, repito, San Juan del Puerto. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor UTRERA MORA: La Junta dice que son exactamente cinco viviendas —la Junta dice que son exactamente cinco viviendas. Da respuesta y yo creo que se agradece que la dé: cinco viviendas—, y como la Junta no accede a la solicitud del alcalde, este le comunica que si en un plazo breve no lo hace, a tenor precisamente del decreto de expropiaciones, el ayuntamiento va a




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proceder a la expropiación de las cinco viviendas propiedad de la Junta que están desocupadas, vacías y cerradas. (Rumores.)

Entonces la Junta contesta —y eso se lo puede usted preguntar, como digo, al alcalde de San Juan del Puerto— diciendo que las pone a disposición —ahora sí las pone a disposición porque se las pueden expropiar— y que las condiciones son, para cada una de ellas 400 euros de renta mensual —400 euros, repito—, personas con riesgo de exclusión social, 400 euros de renta mensual; tener una nómina —personas en riesgo de exclusión social, tener una nómina—; aportar un aval —una persona en riesgo de exclusión social tiene que aportar un aval— y además abonar dos meses por adelantado. (Aplausos.)

Este es el tipo de demagogia que el Partido Socialista utiliza de forma recurrente, repito: mensajes distintos en distintos lugares. En el Parlamento Europeo se actúa con más sensatez, entre otras cosas porque se pertenece a grupos más amplios, en este caso los socialistas europeos, que no consienten que alguien haga un discurso como los que aquí se han hecho esta tarde, como algunos de los que se han hecho aquí esta tarde (Rumores.), y por tanto hay que hacer algo un poco más sensato, más apañado. (Protestas.) Pero es que en los contenidos ese proyecto de directiva es bastante similar, e incluso en algunos apartados muy similar, muy similar a la proposición de ley que vamos a votar seguidamente, las enmiendas y el texto actual. Por otro lado, también tenemos este mensaje de buenismo en las palabras, buenismo parlamentario, pero luego en la vía de los hechos, las expropiaciones para otros. La conclusión es esa.

El propio Defensor del Pueblo de Andalucía nos dice que se movilice primero el parque vacío de viviendas de la Junta, como nosotros decimos que se van a movilizar las viviendas de las entidades financieras, y usted de nuevo no ha entendido bien la proposición de ley. (Rumores.) Ese parque de viviendas, transcurridos los primeros meses —repito, transcurridos los primeros meses—, estará abierto no solamente a quienes en riesgo de exclusión cumplen los requisitos de la proposición de ley, sino a cualquier otro que también esté en situación de potencial exclusión social. Por eso no le extrañe a usted que yo dijera que de momento esta oferta de 6000 viviendas es más que suficiente. Usted dice que es porque hay muy pocos casos que se acogen al código de conducta, pero en la propia proposición de ley se dice que hay que hacer publicidad del código de conducta.

Usted está dando los datos del primer semestre de aplicación del código de conducta —repito, primer semestre—, pero ahora ya ha transcurrido otro semestre más y los datos serán sustancialmente diferentes, aunque no los tenga aquí ahora. Es decir, el código de conducta se va a ir ampliando a todos los casos que presenten la situación que hemos descrito ahora. Es una buena solución que va a alcanzar a más de 100 000 familias, 120 000 según las estimaciones de las que se dispone. Lógicamente, tendremos que ponernos de acuerdo en el futuro sobre la información hipotecaria, porque hay que mejorar la información sobre ejecuciones hipotecarias, y cómo se resuelven, pero, en cualquier caso, el parque de viviendas puesto a disposición de quienes pierdan la suya por un desahucio se estima suficiente, al menos durante un buen período, aunque posteriormente, como les he dicho, tendremos que seguir hablando porque este es un problema grave, un problema que va a perdurar en el tiempo, de la misma forma que perdura en el tiempo la situación de desempleo y de la misma forma que está perdurando en el tiempo una crisis económica que tiene a la inversión y a la economía atenazadas. En esto llevamos ya varios años, así que no pretendan ustedes que en cuestión de meses se puedan resolver estos problemas.

Señor Bildarratz, aquí no estamos buscando la verdad; en este hemiciclo no se trata de buscar la verdad intrínseca de los hechos, lo que estamos haciendo es identificar problemas, diagnosticarlos y dar soluciones posibles. Por tanto, en primer lugar, hay que identificar el problema y conocerlo; en segundo lugar, proponer soluciones; y, en tercer lugar, estudiar la posibilidad, la efectividad y la disponibilidad para poner en marcha esas soluciones. Y sobre esa base y con esa información, se conforman unas propuestas, como las que figuran en esta proposición de ley. De nada sirven exposiciones puramente descriptivas sobre la bondad y lo que se podría alcanzar si las cosas se hicieran dentro de una hermandad general. Precisamente, esa búsqueda de la verdad, en teoría, es justamente lo que no debe hacerse desde una tribuna, permítame que se lo diga con todo el respeto.




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El portavoz de Convergència i Unió, señor Alturo, dice que por deferencia a esta Cámara no se retiran, y no sé por qué tendrían que retirarse. (Rumores.—El señor Alturo Lloan pronuncia palabras que no se perciben.) Bueno, pero eso es diferente.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Vaya terminando, señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

No conozco las circunstancias concretas pero, como he dicho varias veces y repito hoy, ustedes están ahora inmersos en un delirio del que no salen, y por esa razón —y no quiero hacer juicio de intenciones— ustedes están actuando de forma como mínimo desordenada.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: No disponemos de tiempo, pero podríamos ir analizando sus enmiendas una a una y verían que esas enmiendas no tienen cabida en esta proposición de ley, porque no la tienen, y esa es la razón por la no se aceptan. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

Termine, senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Por otro lado, como sabe, he hablado con usted esta mañana para decirle que se han estudiado todas las enmiendas pero que, al final, no veíamos contenidos razonables para poderlas aceptar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a esta proposición de ley.

Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. Votamos las enmiendas números 3, 7, 8 y 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas de la senadora Capella. En primer lugar la enmienda número 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 10; en contra, 210; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 34 a 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

También del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, votamos la enmienda número 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 8.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 39 a 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 6; en contra, 225; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 19; en contra, 213; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco comenzamos votando las enmiendas números 45 y 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 44, 47, 48, 53 y 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49 a 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 27; en contra, 210.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 18; en contra, 146; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 54 a 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando las números 66, 68, 69 y 70.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 196.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas números 134, 135, 146 a 154, 156 a 159, 161, 163 a 167, 169, 170, 172, 174, 176 a 191, 193 a 195, 197 a 199 y 202 a 204.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 175.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 155, 162 y 200.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 136 a 145, 168, 171, 173, 192 y 201.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas números 94, 95, 98, 107, 111, 115, 117, 122, 124, 125 y 127.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 99 y 100.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 90; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 101.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 104.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 88; en contra, 148.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 106, 109 y 118.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 145; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 108.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 112 y 113.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 94; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 129.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 130 a 133.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 89; en contra, 142; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 93.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 236; a favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 103 y 105.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 29; en contra, 143; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 27; en contra, 146; abstenciones, 64.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 126 y 128.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas número 96, 97, 102, 114, 116, 119, 120 y 123.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 22; en contra, 210; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando la enmienda número 267.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 205, 216 a 225, 227, 229, 230, 232, 235 a 238, 240, 241, 243, 245 a 255, 257 a 262, 264 a 266, 268 a 270 y 272 a 274.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas número 226, 233, 256 y 271.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 206 a 215, 228, 239, 242, 244, 263 y 275.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Señorías, finalmente votamos en un solo acto la proposición de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (Los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie, se dirigen a la tribuna del público, cuyos ocupantes muestran pancartas con lemas.)

Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas de público, por favor. (Protestas en la tribuna del público, que es desalojada.)




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7.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

(Núm. exp. 621/000032)

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de los senadores Quintero y Zerolo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal. En primer lugar, la número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 64; en contra, 154; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 4; en contra, 225; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 163.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Votamos a continuación la enmienda número 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 6 y 7.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 4; en contra, 168; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 150; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 80; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos la enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 150; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 226; a favor, 79; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 167.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco comenzamos votando las enmiendas números 17 y 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 24; en contra, 206.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 13 a 15.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 16, 20 y 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 83; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las enmiendas Grupo Parlamentario Entesa comenzamos votando la enmienda número 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 39.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 5; en contra, 223; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 40.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 41 y 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 42 y 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 4; en contra, 167; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 44.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 45 y 47.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 68; en contra, 162.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 49.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, 13.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 51, 54 y 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 167.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las numeroso 52, 55, 60 y 62 a 64.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 79; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 53.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 58 y 61.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 81; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 59.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 146; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas números 65, 69 y 70.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 25; en contra, 204; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 66 y 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 67 y 71.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 25; en contra, 203.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 2.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas números 22, 25, 28, 33 y de la 35 a la 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 24, 27 y 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 63; en contra, 165.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 26.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 80; en contra, 145; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 31 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 80; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 32.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 81; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 61; en contra, 165; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 149; en contra, 1; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto aprobadas.

Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 150; abstenciones, 78.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el rey.

7.1.3. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS.

COMISIÓN: FOMENTO

(Núm. exp. 621/000027)

El señor presidente da lectura al punto 7.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Pan. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

La señora PAN VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, como presidenta de la Comisión de Fomento me corresponde el honor de presentar ante el Pleno del Senado el dictamen de esta comisión sobre el proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

El texto de este proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados tuvo entrada en el Senado el 12 de marzo de 2013, abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas que expiraba, en principio, el 25 del mismo mes y que fue prorrogado hasta el día 2 de abril.

Al proyecto de ley se presentaron cinco propuestas de veto. La propuesta de veto número 1 corresponde a los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. La propuesta de veto número 2, a la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.

La señora PAN VÁZQUEZ: La propuesta de veto número 3, a los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. La propuesta de veto número 4, a las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y a los senadores señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos pertenecientes asimismo al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y la propuesta de veto número 5 al Grupo Parlamentario Socialista.

Además de estas propuestas de veto, se presentaron 136 enmienda al articulado, distribuidas del siguiente modo: Enmiendas números 1 a 17, inclusive, presentadas conjuntamente por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 18 a 39, inclusive, y enmiendas números 95 a 98, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas números 40 a 66, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas números 67 a 94, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Enmienda 99 a 105, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Enmiendas números 106 a 136, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión de Fomento designó para informar este proyecto de ley una ponencia compuesta por los senadores don Tomás Pedro Burgos Beteta, don Jorge Ibarrondo Bajo y don Jaime Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don José María Becana Sanahuja y don Juan Manuel Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista; doña Montserrat Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Carlos Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Miren Lore Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; y don Narvay Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto.

Tras deliberar acerca de las enmiendas presentadas, la ponencia, por mayoría, con el voto favorable de los ponentes representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, acordó incorporar al texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 99 a 104, inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así




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como las enmiendas números 86 y 87, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En cuanto a la enmienda número 105, presentada asimismo por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a iniciativa de los ponentes representantes de este último, la ponencia acordó unánimemente no incorporar su texto al texto del proyecto de ley, manteniendo, sin embargo, esta enmienda para su consideración y debate en la comisión.

Las restantes enmiendas presentadas al proyecto de ley no fueron aceptadas por la ponencia por mayoría, con el voto en contra de los ponentes representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En consecuencia, se mantuvieron para su debate en la comisión. No obstante, y por razones estrictamente jurídicas, la ponencia acordó por unanimidad solicitar al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado que el texto de las enmiendas números 33, 36, 37 y 38 fuera formulado nuevamente por dicho grupo para su debate en comisión, lo cual fue oportunamente llevado a cabo por aquel.

El debate del proyecto de ley en la Comisión de Fomento tuvo lugar el pasado día 22 de abril. En él se debatieron, en primer lugar, las cinco propuestas de veto presentadas, que fueron rechazadas en las correspondientes votaciones. Asimismo en dicho debate se introdujeron diversas modificaciones en el texto del proyecto de ley que figura como anexo al informe de la ponencia. A la vista de la aceptación por esta última, por mayoría, en el curso de una interrupción del debate en comisión, por una parte, de la enmienda de corrección a la redacción del artículo segundo del proyecto de ley resultante de la incorporación de la enmienda número 87, volviendo a la redacción anterior de este artículo remitida por el Congreso de los Diputados, y por otra, de la enmienda transaccional sobre la enmienda numero 105, incorporando una nueva disposición adicional al proyecto de ley con el número segundo…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora PAN VÁZQUEZ: …estas dos enmiendas fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo previsto en el artículo 116.2 del Reglamento de la Cámara.

Como resultado de lo expuesto, el dictamen que ahora se presenta ante el Pleno ha modificado el proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados en lo referente a las enmiendas que les he comentado anteriormente.

Como conclusión de los trabajos de la comisión en relación al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, el dictamen que ahora se presenta contiene finalmente un preámbulo con tres epígrafes; un artículo primero con veinte apartados, modificando los artículos 4, 5, 7, 9 a 11, 13 a 20, 23 a 25, 27, 35 y 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, resuma.

La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, termino, señor presidente.

Y un artículo segundo con siete apartados, modificando los artículos 22, 164, 220, 440, 497, 549 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, ha transcurrido más del 50% del tiempo que le corresponde.

La señora PAN VÁZQUEZ: Perdone, señor presidente.

Creo que he dicho lo fundamental del texto de la ponencia. Y espero que ahora, en el turno que les corresponde a los portavoces, ellos mismos se encarguen de aclarar el resto y cómo ha quedado el informe de la ponencia y el dictamen de la comisión.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 1 está presentada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal Cifuentes.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias.

Señorías, buenas noches ya.

Izquierda Unida presenta un veto a este proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas porque desde nuestro punto de vista pretende fomentar el alquiler de las viviendas bajo la premisa de que tenemos un mercado de alquiler disfuncional, inflexible y que no ofrece seguridad jurídica al propietario de la vivienda. En nuestra opinión, con esta ley se da un bandazo legal, ya que la solución a esta supuesta disfuncionalidad e inflexibilidad es fomentar aún más la precarización del alquiler y entregar todo a la flexibilidad del mercado para resolver los graves problemas residenciales que existen hoy en la sociedad española. Es decir, creemos que incentiva la especulación.

Hay varios motivos concretos por los cuales presentamos este veto y que forman parte de los contenidos de dicho proyecto de ley. Por ejemplo, que el presente proyecto de ley pretenda que el límite legal para prorrogar de manera opcional al inquilino a partir del primer año las condiciones del contrato de una vivienda alquilada se reduzca de 5 a 3 años y la prórroga forzosa de 3 a 1, lo que puede convertir el alquiler en una opción meramente temporal. En segundo lugar, la acentuación de la debilidad del inquilino al conceder el carácter prioritario a la voluntad de las partes —lo hace al permitir la negociación anual de la renta, sin sujeción al índice de precios al consumo—. En tercer lugar porque permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisición preferente por el inquilino. En cuarto lugar por forzar al inquilino a inscribir su contrato en el Registro de la Propiedad si quiere tener seguridad jurídica, con el nuevo gasto que esto pueda provocar. Y en quinto lugar porque se reducen las garantías judiciales de los arrendatarios con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. Algo inaudito, en el momento en que se fije la vista, se fija el desahucio; es como la justicia militar, se fija el día del juicio y el día del fusilamiento. Pues algo muy parecido sucede con este proyecto de ley.

Hay varios argumentos que tienen que ver con el papel de las SOCIMI, artículos que fueron suprimidos en la tramitación del Congreso—. Aun así creemos que es la legalización de unas entidades que van a ser tremendamente insolidarias en su fiscalidad con el conjunto de los gastos necesarios del Estado, con unas ventajas fiscales muy parecidas a las que tienen las SICAV, y que van a permitir la entrada en el mercado inmobiliario de fondos especulativos y de fondos que, efectivamente, puedan fomentar, como es el objeto de esta ley, la especulación con el alquiler y generar una burbuja en torno al sector del alquiler en nuestro país. Creemos que la solución no pasa por crear empresas de carácter especulativo.

Para concluir, quiero manifestar que estamos absolutamente en contra de que este proyecto de ley cree un registro de sentencias firmes por impagos de rentas de alquiler, que tengan acceso los propietarios a un listado de morosos y que el plazo de permanencia en dicha lista sea de hasta seis años. Creemos que esto es un desequilibrio. En ningún momento, la ley se plantea crear un registro de arrendadores o de caseros que sean incumplidores o insolidarios con la función y con las obligaciones que en esta ley se contemplan, y creemos que este asunto del registro de morosos es un aspecto que ilustra bastante bien el desequilibrio entre arrendador y arrendatario en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

No agotaré todo el tiempo, pero quiero decir, en primer lugar, que este sistema de trabajo parlamentario no es bueno. Son ya las 9.30, y lo digo porque para los grupos pequeños esto es un estrés tremendo. La Mesa puede ir cambiándose, los grupos grandes pueden tener más portavoces, pero para los grupos pequeños, como digo, es un gran estrés. No creo que pasara nada si nos quedáramos el jueves por la mañana y así tendríamos tiempo suficiente para debatir mucho mejor. Esta es mi opinión; evidentemente, es la opinión de un senador que pertenece a una minoría dentro de un grupo ya minoritario.




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Señorías, con este proyecto de ley, el señor Carlos Martí nos decía en la reunión de grupo que la anterior proposición de ley no ayudaba a mejorar un problema; este proyecto de ley empeora la situación legal que había hasta ahora en todo lo que afecta al alquiler. Es un proyecto de ley muy importante, a mí entender, muy negativo, y esto justifica los argumentos de este veto que presentamos el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Es evidente que al leer el proyecto de ley se repite lo de siempre: donde está la propiedad, está el Partido Popular a su servicio. Y esta ley es una nueva confirmación de esta aseveración.

En primer lugar, España tiene un reducido parque público de alquiler, con menos del 1% del total frente al 30% de media existente en los países de nuestro entorno. Las diferentes políticas y legislaciones de los últimos años nos sitúan muy por debajo de la media europea para cubrir la necesidad de vivienda mediante el alquiler. Las políticas públicas de vivienda siempre han estado orientadas al fomento e impulso de la compra, dejando de lado las políticas activas que deben propiciar de manera regulada y estable el acceso a la vivienda mediante el alquiler.

La primera pregunta sería plantearnos si es necesario fomentar el alquiler. Yo creo que sí. La crisis lo exige. Las dificultades que habrá cada vez más para poder acceder a la compra de las viviendas nos deberían orientar a políticas reales de fomento, de impulso de la vivienda de alquiler. ¿Sirve este proyecto de ley para el fomento del alquiler? Creo que no, sinceramente.

Antes de entrar en los aspectos concretos que presenta el proyecto de ley, señorías, deberíamos resolver un interrogante. ¿La vivienda es un derecho o un bien? ¿Tenemos todos derecho al acceso a una vivienda digna o solo está reservado a aquellos que se lo puedan pagar, ya sea de compra o de alquiler? Y esta no es una pregunta baladí. Si se entiende que la vivienda es un derecho, como recoge nuestra Constitución, y si se entiende que los problemas de acceso tienen una dimensión social, la conclusión es que este proyecto de ley no garantiza el acceso de todos a la vivienda ni fomenta e impulsa el acceso mediante el alquiler.

¿Qué nos propone el Gobierno con este proyecto de ley? Con la excusa de corregir las disfuncionalidades y rigideces del mercado de vivienda de alquiler y para garantizar una mayor seguridad jurídica a los propietarios nos plantean, en primer lugar, favorecer los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios a costa de precarizar aún más los derechos de los inquilinos frente a los arrendadores.

En segundo lugar, bajo la falsa premisa de la libertad de pactos, se subordinan los intereses de los inquilinos frente a los arrendadores.

En tercer lugar, para asegurar aún más a los propietarios, pasamos del desahucio exprés, que se aprobó, si no recuerdo mal, en la primera legislatura del presidente Zapatero, al desahucio que podríamos llamar megasuperexprés. Es decir, que con esta ley los desahucios aún serán mucho más rápidos y sencillos. En cuarto lugar, se reduce la duración mínima de los contratos de cinco a tres años y las prórrogas, de tres a un solo año, lo que convierte al alquiler en una opción meramente temporal, y, así, evidentemente no se fomenta aquel. En quinto lugar, el incremento de los precios ya no se regula según el IPC. Y, en sexto lugar, desaparece la adquisición preferente por parte del inquilino, y la única manera de garantizar su seguridad jurídica es que este inscriba su contrato en el Registro de la Propiedad.

Esta ley, de ser aprobada en sus actuales contenidos, no solo no conseguirá fomentar el mercado del alquiler como respuesta al problema de acceso a la vivienda, sino que lanzará el mercado de viviendas vacías hacia sectores especulativos a los que se conceden enormes ventajas fiscales, financieras y legales. Por ello, se elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles, que es el 3% del valor catastral, de entidades no residentes. Se flexibilizan los criterios que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas en el impuesto sobre sociedades, lo que fomentará las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria.

Como conclusión, este proyecto de ley fomenta la financiarización del sector de la vivienda de alquiler mediante el estímulo de estos instrumentos de inversión inmobiliaria. Otra ley en la que las personas, los derechos y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas no se tienen en cuenta.

Señorías, para terminar, como he dicho en el anterior debate, hoy la principal inmobiliaria es el Estado. Creo que a partir de todos los instrumentos y bienes inmuebles que tiene en sus manos el Estado habría que crear y potenciar un parque público destinado al alquiler a precio protegido en




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colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y esto no es ningún brindis al sol. Esto es posible y tendría una gran utilidad social.

Estas son las razones por las cuales el senador Saura y yo presentamos este veto a este proyecto de ley.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Guillot.

Pasamos a la Propuesta de veto número 4 de la senadora Almiñana, el senador Boya Alós, el senador Bruguera, el senador Martí, el senador Montilla, el senador Sabaté y la senadora Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.

Buenas noches, señorías. La ley que vamos a debatir ahora mismo va a pasar, como las pruebas atestiguan, de una forma casi desapercibida, a rebufo mediático de la ley que hemos discutido anteriormente. Y, si la ley anterior no arreglaba absolutamente nada y era una oportunidad perdida, esta ley de medidas para la flexibilización y el fomento del mercado de alquiler de la vivienda es un gran error, es un retroceso claro, explícito, en las condiciones actuales del régimen de alquiler.

Por tanto, señorías, la suma de lo que, desgraciadamente, hemos aprobado hace unos minutos más lo que establece este proyecto de ley, en este caso, es un cóctel auténticamente explosivo frente al derecho a la vivienda. Donde había ciertas condiciones para el acceso y el mantenimiento de la vivienda hasta hace muy poco, dentro de unos días van a quedar cercenadas, absolutamente disminuidas.

Por eso, los senadores socialistas de la Entesa presentamos también este veto, esta enmienda a la totalidad, que quiere ser más que nunca una enmienda de devolución. Nos parece que esta ley, más que una ley de fomento del alquiler, es una auténtica ley antialquiler.

La verdad es que ahora, cuando el acceso a la vivienda por la vía de la compra es más difícil que nunca por la disminución de la renta y de las expectativas —de la renta de muchas de las familias y por la imposibilidad de acceder al crédito, incluso, como sabemos perfectamente, en viviendas de protección oficial—, es el momento y tenemos la oportunidad de reequilibrar de manera clara y determinante el mercado de la vivienda en nuestro país, potenciando a fondo el alquiler. ¿Qué quiere decir esto, señorías? Quiere decir que hay que conseguir realmente una entrada masiva de las clases medias en régimen de alquiler, en particular de las nuevas familias, y garantizar al mismo tiempo el amparo a los que difícilmente van a poder o pueden acceder a la compra para tener una vivienda digna. Esto es apostar por el alquiler: conseguir estos dos objetivos.

Desgraciadamente, este proyecto de ley hace lo que no debe para conseguir estos objetivos y no hace lo que debería para conseguirlos. Hace lo que no debe porque, como se ha dicho —y creo que es objetivo irrefutable—, precariza los contratos reduciendo su duración y facilitando la rescisión unilateral por parte del arrendador en base a múltiples cambios que al final van a alejar a muchas personas del alquiler y castigan a los que solo pueden alquilar, con la vergüenza añadida de la nueva lista de morosos. Sé que tiene otro nombre, pero no deja de ser una lista de morosos que intenta perpetuar la vergüenza sobre aquellos que no han podido pagar por alguna circunstancia el alquiler y que van a quedar inscritos en este registro durante seis años.

Pero, además, con la ya famosa enmienda 105 esta ley acaba de sabotear lo poco y lo paupérrimo que el raquítico nuevo Plan de la vivienda 2013-2016 apostaba por el alquiler, en particular por el alquiler social, por el alquiler en promoción pública o privada pero con carácter social.

A su vez, como he dicho, esta ley no hace lo que debería, no toma las medidas que realmente en todos los países europeos que nos preceden desde hace muchos años en el fomento, de verdad, del alquiler han tomado de manera determinada. Me refiero, evidentemente, a la fiscalidad sobre el alquiler de viviendas habituales para arrendadores, particulares e incluso inversores, y muy especialmente y también para arrendatarios. Esta fiscalidad, que fue promovida y aumentada en los últimos años, merece, para realmente conseguir los objetivos de los que hablábamos antes, de un impulso mucho más determinado y potente. A su vez, no debería reducir las ayudas al alquiler social, que son en último término la garantía del derecho a la vivienda.




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En definitiva, señorías, en este caso, frente a una buena herencia recibida —lo siento, pero me parece algo absolutamente indiscutible y sus propios datos lo avalan, del 10 al 17% en cuatro años de ciudadanos en régimen de alquiler en las viviendas—, a partir de programas de estímulo potentes puestos en marcha en un contexto de hipervaloración de la propiedad y de la compra y absolutamente a contracorriente de los mercados en la situación general, si ahora se aplicaran, se mantuvieran y se aumentaran, podríamos tener este cambio estructural de la tenencia de viviendas en nuestro país; evidentemente, no a corto plazo, pero sí empezar una senda rápida de crecimiento para conseguirlo a medio plazo. Aprovechemos lo poco, poquísimo, de positivo que pueda tener esta circunstancia, cojamos al vuelo esta oportunidad para avanzar en esta dirección.

En definitiva, señorías, esta ley no beneficia en nada al alquiler, a su fomento y, en cambio, perjudica y mucho en particular el alquiler social y la posibilidad de alquiler por parte de los jóvenes en su acceso a la primera vivienda y, sobre todo, perjudica incomprensiblemente a los 2 093 000 hogares en los que ya las familias viven en régimen de alquiler.

Sinceramente, se lo dije al secretario de Estado y lo vuelvo a decir hoy, no entiendo, no consigo entender cómo ustedes pueden pensar que con esta ley va a aumentar, ni siquiera unas décimas, el alquiler en España. Me temo que una vez más vamos a tener que asistir dentro de unos meses a un proceso de rectificación en este campo tan sumamente delicado y tan estratégico como es el de la vivienda.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A continuación pasamos a la propuesta de veto número 2, presentada originariamente por la senadora Capella i Farré, siguiendo el orden que corresponde a su vez a la presentación en el Registro del Senado.

Tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas noches.

En los debates sectoriales sobre el futuro de las políticas de acceso a la vivienda una parte del sector continúa defendiendo que los tres ejes o vectores que configuran la problemática en materia de vivienda son, por un lado, la problemática de las ejecuciones hipotecarias —nos hemos referido a ello toda esta tarde, irresoluble porque ustedes desoyen sistemáticamente las propuestas de solución que se les plantean—, el stock de viviendas acabadas difíciles de vender y la financiación. Es decir, que para una parte importante del sector el problema continúa siendo básicamente de quien ostenta la propiedad de la vivienda y de acceso a la propiedad.

El Gobierno español efectúa un análisis correcto, si bien luego yerra en el tratamiento, es decir, buena diagnosis, nefasto tratamiento. ¿Retos sobre los que debería intervenir la Administración de forma eficiente? La reversión de la actual balanza del parque de vivienda en propiedad o alquiler, de manera que debería aumentar el alquiler y la rehabilitación del parque de stock de viviendas existentes con el objetivo de hacer entrar en el mercado nueva oferta de vivienda a través de la rehabilitación y conseguir la mejora de la eficiencia energética reduciendo así la emisión de gases y el efecto invernáculo.

Para revertir la balanza a favor de la vivienda de alquiler hace falta trabajar con herramientas o instrumentos legislativos que generen garantía de estabilidad y garantía de perdurabilidad del modelo. Estas herramientas no son exclusivas de la Administración, es necesario implicar al conjunto de la sociedad, es necesario que la Administración incentive determinadas políticas, medidas fiscales que promuevan la rehabilitación y la dotación de viviendas de alquiler, el fomento de la creación de cooperativas de arrendatarios y propietarios, la transición de los actuales modelos de propiedad y alquiler hacia modelos más flexibles y con diversas o múltiples opciones, fomentar la participación activa del tercer sector como gestor del parque de viviendas, tanto de las viviendas de protección social como de los stocks de vivienda provenientes de sectores cooperativos. Así pues, las medidas deben ir dirigidas a arrendatarios y propietarios diferenciando en estos últimos a los pequeños propietarios de las grandes corporaciones.

Nada de todo esto se propone en el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Este proyecto de ley está marcado por su ideología y por el reduccionismo, sin método científico y no aborda la complejidad de la gestión, siendo esta fundamental para poder afrontar una problemática de tanto alcance como es la vivienda. Se trata




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de una ley hecha por mentes simples que lo reducen todo a pensar que esto es una historia de buenos o malos.

¿Qué objetivo debería perseguir la ley? Debería perseguir el alquiler y no lo contrario. El fomento del alquiler es posible, entre otras cosas, dando elementos de seguridad a los arrendatarios como podrían ser la estabilidad en los precios, la estabilidad temporal, la claridad en las cláusulas de derechos y obligaciones. Esta ley no avanza en nada de eso, todo lo contrario, añade incertidumbre en cuanto a la actualización económica del alquiler, en el tiempo de duración del contrato de alquiler y facilita mucho más el que ya se denomina desahucio exprés; en cambio, sorprende que no incorpore nuevas cláusulas de garantía que eviten condiciones o cláusulas abusivas que garanticen o aseguren la habitabilidad o las reparaciones. De nuevo la balanza se decanta a favor de los propietarios —es mejor decir los grandes propietarios— y en perjuicio de los arrendatarios.

En cuanto a la duración del contrato, desaparece la prórroga obligatoria de los 5 años de alquiler, que queda reducida a 3 y el propietario siempre podrá recuperar la vivienda sin tener que agotar el plazo pactado en el contrato de arrendamiento, alegando necesidad familiar y procediendo a indemnizar al arrendatario con un mes del importe de la renta del alquiler por año pendiente de finalización del contrato; y la prórroga forzosa pasa de 3 a 1 año.

Incorpora trámites burocráticos para defender derechos. Se discrimina el derecho en función de si el contrato de alquiler está o no registrado, trasladando la responsabilidad del registro al arrendatario, quien además ha de abonar de su bolsillo la inscripción en el registro. Si el contrato no se registra el arrendatario se expone al desahucio en el supuesto de ejecución hipotecaria y, en caso de venta de la vivienda, el arrendatario no tiene derecho a la adquisición preferente.

La actualización de la renta del alquiler queda sin regulación. La revisión anual de precios del alquiler ya no tiene como referencia el IPC sino que, en consecuencia, deberá ser pactado con la propiedad, quedando claro que el principal problema del mercado del alquiler no es de oferta de viviendas sino de la debilidad de la demanda, básicamente por la renta.

En cuanto a las ventajas fiscales, la ley no diferencia entre pequeños y grandes propietarios, favorece fiscalmente a las empresas dedicadas al alquiler de viviendas y locales; es decir, que trasladan al negocio del alquiler los mismos arquetipos o principios que han configurado el negocio inmobiliario de compraventa que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos.

Por otro lado, hay más facilidades para desahuciar. La actual propuesta contempla la posibilidad ―a la que se refería antes el senador Mariscal― de iniciar el procedimiento de desahucio con el solo impago de 1 mes de la renta del alquiler y que el desahucio se haga efectivo en tan solo 10 días a partir de la comunicación del secretario judicial. De esta manera, será muy difícil que el juez pueda valorar los motivos o causas por las que una persona no hace efectiva la renta del alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de rentas de alquiler que afectan a pequeños propietarios.

La reforma de 2009 acortó de 2 meses a 1 mes el plazo para hacer efectivas las rentas de alquiler pendientes para poder llevar a cabo el desahucio. Con este proyecto, el plazo para hacer efectiva la deuda y el lanzamiento ha pasado de 1 mes a 10 días, al tiempo que se introduce en el mismo requerimiento de pago la fecha y el día del señalamiento de la vista en el procedimiento de desahucio y de lanzamiento.

Además, se incluye un registro de morosos. Se creará un registro donde constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler, siendo el único requisito de inscripción la existencia de una sentencia firme. Los deudores quedarán inscritos en este registro por un tiempo de 6 años. La medida es cuestionable e impropia y, paradojas de la vida, contaremos antes con un registro de morosos de rentas de alquiler que el registro de faltas al que ustedes tanto apelan para perseguir lo que ustedes han venido a llamar la pequeña delincuencia organizada. Es decir, que estoy hablando de las faltas de hurto que se producen en algunas grandes ciudades, a las que me permito calificar de falta de educación si se comparan con algunos delitos cometidos por algunas personas que han tenido responsabilidades y cargos institucionales.

Existen alternativas que, sin ignorar su complejidad, pueden trabajarse y se trabajan en toda Europa. Este proyecto de ley no habla de cooperativismo, de corresponsabilidad, de posibilitar que los arrendatarios se comprometan a mantener y rehabilitar a cambio de estabilidad temporal. No




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habla del derecho de superficie, de la propiedad compartida, del usufructo público, de empresas mixtas, de sindicatos de arrendatarios, de bolsas de propietarios para el alquiler social, etcétera. En definitiva, una nueva oportunidad perdida.

Por los motivos que acabo de exponer, Esquerra Republicana de Catalunya ha planteado el presente veto, para el que solicitamos el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, presidente.

Para defender esta propuesta de veto lo primero que podríamos analizar es si se han dicho aquí bastantes argumentos. Creo que se han dado muchos, pero no sé si los senadores del Grupo Parlamentario Popular han hecho un análisis suficientemente a fondo sobre si verdaderamente la reforma que se plantea respecto de la Ley 19/2009 va a aportar algún elemento para que se pueda cumplir el objetivo que dicen perseguir con ella. Ustedes hablan de que es necesario buscar el equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores. Ese es el objetivo último de esta reforma legal. Para eso reforman una ley de 2009, ley que sin duda no ha estado en vigor en los mejores años para poder ver si se podían desplegar todos los buenos propósitos que con ella se pretendía, y en tan corto espacio de tiempo ponen ustedes encima de la mesa el modelo de fomento de alquiler, el modelo que conseguirá desequilibrar en España de una vez por todas ese régimen de propiedad casi exclusivo por un volumen suficiente de viviendas en alquiler y por un volumen suficiente de personas que opten por el alquiler en vez de optar por la propiedad. Y eso en un momento como este en que estamos. De verdad, yo creo que el objetivo que persigue esta norma se da absolutamente de bruces con el texto legal que ustedes proponen. Una de dos: o el diagnóstico que hacen de la situación es completamente erróneo, o ustedes nos están engañando. Por más que he leído el texto, veo que la finalidad última que se busca en esta norma es claramente el alterar el equilibrio o la relación jurídica entre arrendador y arrendatario de una manera absolutamente grave para quien realmente debería incentivar esta norma: el arrendatario.

Todos sabemos perfectamente que desde las leyes de arrendamientos urbanos, y la ley de 2009 es un ejemplo, se ha ido evolucionando para intentar dar más garantías al arrendador, para que no hubiera una situación de inseguridad, de precariedad que acabara convirtiéndole en víctima de un ordenamiento jurídico que no le protege suficientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que esa última modificación, que ha conseguido algunos efectos en el mercado de alquiler, la llevan ustedes ahora hasta el punto de desequilibrarlo absolutamente, y además con elementos muy graves que intentaré analizar ahora. Pero eso que nos parece lo más grave, ese desequilibrio entre arrendador y arrendatario, a mi juicio no es el elemento fundamental que ustedes deberían haber planteado en este diagnóstico de hacia dónde vamos, de cuál es el objetivo de la norma. Si en estos momentos tenemos más oferta de vivienda vacía que nunca en España, si tenemos más demandantes de vivienda que nunca en los registros de demandantes de vivienda protegida y de personas víctimas de desahucio, de lanzamiento, ¿cómo casar esa situación fragilizando a quien realmente hay que buscarle soluciones, fragilizando a quien verdaderamente habría que ayudar y debería ser el protagonista de esta norma y que es el arrendatario, el inquilino? Después de leer este proyecto de ley, el inquilino entiende realmente que el problema al parecer era él en este país para que no hubiese un volumen suficiente de alquiler. ¿De verdad el problema era el inquilino? ¿De verdad creen ustedes que con las medidas que plantean hoy aquí vamos a tener personas incentivadas para buscar una solución de alquiler, cuando además no tienen una solución posible a su alcance en propiedad porque ni tienen capacidad adquisitiva ni hay mercado crediticio? ¿Hacia dónde nos lleva esto? A una situación sin salida. Y entiendo que después del debate a que hemos asistido y que después de casi cinco horas de debate estemos todos cansados, pero esta es la puntilla que hoy viene a rematar la situación y las expectativas en materia de política de vivienda que ustedes despliegan en este país.




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Vamos a ver: nosotros —lo planteó mi portavoz en la comisión— entendemos que el gran defecto de la reforma está en su análisis sobre que el problema está en la oferta y en mejorar las condiciones del arrendador frente al arrendatario. No, nosotros creemos que el problema está en la demanda. La demanda está como está y ha estado peor desde 2009 a aquí, tiene la capacidad de renta que tiene y además ustedes han agravado esa situación, por ejemplo, en un colectivo como el de los jóvenes, elemento que no debe pasar desapercibido en esta Cámara. Ustedes traen este texto aquí, hablando de fomento del alquiler, cuando se han cargado la principal medida que apoyó el alquiler de jóvenes en España en estos años, la renta básica de emancipación. La renta básica de emancipación supuso la posibilidad de que muchísimos jóvenes en España tuvieran una opción de alquiler a un precio asequible, que ese alquiler fuese transparente y que tuviera un control público. Ustedes en tres intentos se han cargado la renta básica de emancipación. Por tanto, hoy ¿cómo se lo van a explicar a los jóvenes que de verdad siguen pensando en las posibilidades de fomento de alquiler y en tener opciones a su problema de vivienda? Ya no podrá creerles nadie.

¿Cuáles son las políticas de estímulo a la demanda que ustedes plantean en este proyecto de ley? Dijo la ministra aquí, en una intervención en esta Cámara cuando se habló sobre este asunto, que el movimiento se demuestra andando y que este Gobierno sería el que demostraría que fomentaba el alquiler con más ayudas que Gobiernos anteriores. Eso sí, no lo dijo así, pero dejó traslucir que no ya a objetivos prioritarios como habíamos marcado en Gobiernos anteriores en los jóvenes, sino otro tipo de colectivo. Bien, legítimo. ¿Cuáles son? Veamos cuáles son esas políticas de estímulo a la demanda que vienen en este proyecto de ley. Y resulta que los colectivos a los que ustedes van a incentivar les ponen tantos obstáculos y tantos requisitos que tenemos muy serias dudas de que al final ustedes acaben ejecutando incluso las partidas presupuestarias que destinen a alquiler, que ya veremos cuáles son finalmente.

Yo he tenido la desagradable sorpresa de preguntar a la ministra de Fomento por las inversiones y las partidas presupuestarias específicas de fomento a ayuda al alquiler en mi provincia, en Sevilla, y he tenido la contestación de la señora ministra de que dependerá —me dice la señora ministra textualmente— de la capacidad de gestión y de las justificaciones de pago de la comunidad autónoma. Ni un euro es capaz de decirme al menos que como envolvente económica respalda esa medida en una provincia. Esta es la partida presupuestaria, que se ejecutará o no en función de que cumpla o no la comunidad autónoma su parte en el proceso. No, ni siquiera eso. Por tanto, si ustedes se cargan la renta básica de emancipación, no sabemos cuáles son las cantidades que destinan a ayuda al alquiler y los requisitos que ponen para los beneficiarios o destinatarios de esas ayudas hacen que sean muchísimos menos de los que beneficiaban las ayudas al alquiler con la anterior regulación, ya me dirán cuáles son las políticas de estímulo a la demanda.

Dicho eso, y se ha mencionado aquí, ¿qué elementos nos parecen sustancialmente graves en ese desequilibrio que ustedes han decidido hacer entre arrendador y arrendatario? Se han comentado aquí. A mí me gustaría que en su intervención, para defender que este texto no sea devuelto, me explicara si son capaces de defender que de verdad para ustedes sigue primando el derecho a la vivienda, ese artículo 47, por encima del derecho del propietario de una vivienda cuando los dos tienen una relación arrendador y arrendatario. Toda la filosofía de los arrendamientos urbanos iba a defender ese derecho a la vivienda. Ahora, en estos momentos, que probablemente es uno de los derechos más amenazados, uno de los derechos, junto con el derecho al trabajo, que es claramente objeto de peticiones ciudadanas de atención desde el punto de vista de medida política, ahora es cuando han decidido ustedes fragilizar ese derecho en el caso de inquilinos que opten por el alquiler.

Nos parecen unas medidas absolutamente equivocadas la reducción del contrato —¿por qué?, ¿eso va a estimular el mercado de alquiler?—, la supresión de la necesidad de ese pacto previo, la incorporación de penalizaciones, en este caso como la inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad, sobre la que les habíamos planteado una fórmula de bonificación, una reducción de esos costes. No creemos que sea el momento de que alguien que busca un alquiler por 400 euros, tenga que pagar la fianza y además otros 400 euros por inscribir esa operación. Y, si no lo hace, como desgraciadamente será la regla general, obviamente está condenando a futuro su relación con el arrendador.




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Los cambios y el desequilibrio entre arrendador y arrendatario huelen, tienen un enorme tufo a beneficiar aquellos parques de vivienda que están ahora mismo en manos de sociedades o de entidades financieras para facilitar procesos de ejecución hipotecaria, y esto es muy grave después de lo que se ha escuchado esta mañana aquí. Yo creo que esta Cámara merece una explicación solvente, si no es así, de cómo hemos podido hablar de lo que hemos hablado en el debate anterior y traer a este proyecto de ley medidas que ponen claramente en la picota, que penalizan, que agravan, que fragilizan, a un inquilino que se encuentre en una situación en la que el mantenimiento de su alquiler dependa de la decisión de una entidad financiera.

Esto nos parece especialmente grave, pero lo que colma el vaso es ese registro de sentencias firmes de impago por rentas de alquiler, ese registro de morosos en el que se pueden ustedes imaginar quiénes van a estar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y quiero que me digan qué opciones tiene alguien que esté ahí en el futuro para poder alquilar una vivienda, cuando haya tenido un problema como consecuencia de una situación sobrevenida a la que no ha podido hacer frente. ¿Qué opciones le estamos dejando a un ciudadano que se vea en esa situación? Si ustedes quieren una medida de exclusión social inmediata, a futuro, que además no entiende de distinciones sobre las consecuencias de esa insolvencia, si han sido más o menos justificadas, ese registro significa condenar a la exclusión, a la incapacidad para resolver su futuro, a muchas personas. No entendemos que sea la gran medida del Partido Popular para fomentar el alquiler en España, la verdad. Y en este momento, con la situación económica que tenemos, es muy duro.

Termino. A nuestro juicio, y por eso mantenemos esta propuesta de veto, los objetivos de una norma como esta, que podían ir más allá de la norma de 2009, no están claros, y, es más, son claramente peligrosos. Creemos que se va a conseguir el objetivo contrario: menos alquiler de vivienda. Ustedes desincentivan, a nuestro juicio, activamente la demanda; justo lo contrario de lo que deberían hacer. Así es difícil que se consiga incentivar el mercado de alquiler. Si se lo ponen cada vez más difícil al arrendatario, veremos cuántos arrendatarios son capaces evidentemente de entrar en esas reglas de juego. Si quieren incentivar la puesta en el mercado de más vivienda en alquiler propongan más programas públicos de alquiler social a precios que se puedan afrontar en las actuales circunstancias, porque el problema está ahí, el problema está en que la demanda no es capaz de satisfacer la renta de alquiler, y el trabajo, en este caso de los poderes públicos, debe estar en que esa oferta de vivienda vacía sea una oferta de vivienda a precio asequible con garantías, sin duda, para sus propietarios porque se incorporen a un programa de vivienda pública; viviendas de entidades financieras y viviendas de particulares que quieran entrar en esos programas públicos que ahora mismo necesita la ciudadanía para tener opciones.

Nosotros creemos que el movimiento se demuestra andado. Y si un proyecto de ley que se denomina de fomento del alquiler, de incentivos, de ayudas solo recoge penalizaciones, solo recoge el debilitamiento de la figura del arrendatario y, además, los hechos y las medidas de política del Gobierno nos llevan a la supresión de la renta básica de emancipación, a la disminución de ayudas al alquiler, como ustedes comprenderán, la credibilidad es ninguna y, por tanto, nuestra propuesta de veto está suficientemente justificada.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espadas.

Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto que estamos hoy discutiendo es parte de todo un ambicioso paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno Popular de Mariano Rajoy; es un nuevo modelo de política de vivienda, y así se entienden algunas cosas de las que se están aquí hablando y algunas cosas que se regulan en la ley como se regulan.

Tal y como está hoy el mercado del alquiler, en nuestra opinión, impide movilizar una parte importante de las existencias de vivienda que tiene nuestro país. Les recuerdo que España tiene más de 3 443 000 viviendas vacías, según el reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística, INE, con un incremento del 10,8%, algo más de 336 000 en la última década. Y pensamos que la falta de un mercado ágil y flexible es un impedimento en la lucha contra el desempleo al afectar




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negativamente a la movilidad laboral. Y eso es hablar de jóvenes también y de su capacidad para emanciparse.

El Partido Popular en su momento ya incluyó en su programa electoral una serie de precisiones sobre esta cuestión. Definimos entonces como disfuncional el mercado de vivienda y avanzamos las líneas de lo que hoy son los compromisos en esta materia que, en definitiva, eran dotar al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad de pactos, incrementando la seguridad jurídica y agilizando los mecanismos de resolución de conflictos.

Por lo tanto, siendo coherentes con esos compromisos, el Ministerio de Fomento está en la ejecución de un nuevo modelo de política de vivienda a través de una serie de disposiciones: Proyecto de Ley de rehabilitación, Plan Estatal de fomento de viviendas, Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que es la que estamos hoy debatiendo, etcétera.

De este catálogo de disposiciones, me interesa destacar, además de la Ley de alquiler, el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas y la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 2013-2016, que nace con un claro objetivo social: la concesión de ayudas al mayor número posible de ciudadanos para facilitar una vivienda a los colectivos más desfavorecidos, con un presupuesto inicial —y creo que eso es importante— de 2421 millones de euros.

Pues bien, el texto que traemos a debate, después de haber pasado por la respectiva ponencia y comisión, es parte de ese ambicioso plan, de ese ambicioso modelo de política de vivienda. Este texto no es el mismo que el que se presentó en el Consejo de Ministros del 11 de mayo del año pasado, y tampoco el que aprueba el Congreso hace unas semanas. El actual incluye una serie de modificaciones, que sin duda lo mejoran, tras pasar por los órganos consultivos competentes, información pública, por el Congreso y por este Senado.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han sido sensibles a las propuestas que, sin alterar el objetivo básico del proyecto, han venido a mejorar el texto y se han hecho eco de ellas como, por ejemplo, la posibilidad de que se aplique al pago de las rentas las mejoras o reformas acordadas y realizadas por el inquilino.

Como ustedes saben, a este proyecto de ley se presentan cinco vetos que el pasado 22 de abril tuvimos ocasión de tratar. Fue un debate amplio en la Comisión de Fomento, en el que casi todos los grupos avanzamos nuestros argumentos a favor o en contra de la ley, y es obvio que hoy vamos a reiterarnos en ellos.

Como resumen —y lo dije en aquel momento—, los grupos que presentan vetos argumentan de manera parecida contra el proyecto de ley. En primer lugar, definen como un cambio importante en las posiciones existentes entre los actores, entre el inquilino y el arrendador, en la legislación anterior. Además, en el catálogo añaden una serie de medidas que según ustedes avalan esta opinión: reducción de la duración del contrato, reducción de la prórroga obligatoria, actualización de la renta, inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad, etcétera. Y, finalmente, muchos de ustedes, además de utilizar una serie de estadísticas, citan el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda, interpretando, por supuesto, a su modo, el alcance del mismo.

De aquel debate me interesa mucho reiterar una afirmación que hicimos entonces y que no ha sido contradicha por sus señorías ni entonces ni ahora, y es que, al margen de cualquier discusión de cifras, al margen de cualquier discusión que podamos tener aquí, todos estamos de acuerdo en que el mercado del alquiler en España hoy no es una alternativa eficaz al de la propiedad. Y reitero ahora las cuestiones que les exponía en aquella ocasión en el debate en la comisión, porque les preguntaba que por qué, después de tantos años, sigue habiendo tantas casas vacías. Por qué, señorías, seguimos los españoles sin confiar en el alquiler como modo de uso de la vivienda. Y, en definitiva, les preguntaba, si responden los argumentos de sus vetos al fracaso evidente de las políticas de alquiler en estos últimos años.

Señorías, creo que estas son las preguntas a las que hay que responder, y las soluciones deben venir, en nuestra opinión, de un enfoque nuevo y más amplio de las políticas de vivienda para hacer efectivo, esta vez sí, el artículo 47 de la Constitución relativo al disfrute de una vivienda digna y adecuada en los términos exactos del reiterado precepto. Desde luego, no esperen de mí, que no es mi intención, hacer un debate sobre el alcance de este artículo ni citar a Martín Bassols o a otros tratadistas constitucionales.

Los expertos afirman que el alquiler hoy sí es una opción inteligente. Hay condiciones objetivas que avalan esta afirmación: La rentabilidad económica en estancias cortas o medias de menos de




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diez años, incluyo, por supuesto, las ayudas fiscales; la disponibilidad del dinero; la capacidad de respuesta ante imprevistos y la movilidad laboral. Aunque también tiene inconvenientes y, evidentemente, en esta ley se pretende dar respuesta al menos a algunos de ellos.

El objetivo del proyecto de ley presentado por el Gobierno es dinamizar el mercado del alquiler; está en su propio título: Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Apostamos por aumentar la flexibilización del mismo —lo hemos dicho, lo hemos reiterado— y en fomentar la voluntad de las partes, su capacidad de acuerdo, su libertad para decidir dentro de un marco legal más amplio que el existente; como dice el proyecto de ley en su preámbulo, buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que se ofrece a los arrendadores para la puesta a disposición del mercado arrendaticio.

En cambio, ustedes, señorías, se movilizan en posiciones del siglo pasado. Por cierto, y antes de nada, alguno de los argumentos que oí en el debate en la comisión, lo dije allí, y que hoy han sido reiterados, son abiertamente contradictorios con los que usaron en la reforma de la Ley del fomento y agilización procesal del alquiler, el desahucio exprés, del Gobierno Zapatero. Entonces defendían la agilidad en los desahucios. Hoy, señorías, ¿qué defienden?

En sus vetos hacen afirmaciones que no son ciertas, como, por ejemplo, la ausencia del parque público de viviendas en alquiler. No está en la ley porque éste no es su sitio, por eso quería mencionarlo y por eso he reiterado que esto forma parte de un proyecto del nuevo modelo de vivienda. El Consejo de Ministros de 5 de abril, de forma que ya está ahí encima de la mesa, abordó ya esta cuestión. Así, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2013—2016 hay un programa de fomento del parque público en alquiler que, entre otras cosas, establece un límite de precios máximos por metro cuadrado en función de la renta familiar de los inquilinos.

Como ven ustedes, este Gobierno sí apuesta por la vivienda digna en alquiler y se preocupa porque las familias con menos ingresos puedan acceder a ellas, todo, insisto, dentro de un plan integral. Por eso digo, señorías, que hay argumentos falsos.

Señores del Grupo Socialista, ¿cuál es el modelo de alquiler que están defendiendo ustedes en este momento? En todo caso el que innegablemente sí ha manifestado sus virtudes, entre comillas, es el modelo Chacón-Corredor que todos conocemos. Permítanme citar algún ejemplo de apoyo al alquiler, también entre comillas.

Entre los años 2004 y 2011 se apoyó la construcción de viviendas y no el alquiler, 1720 millones de euros frente a 337. Segundo, la Sociedad Pública de Alquiler gestionó menos de 4500 viviendas hasta su disolución; las cifras de eficacia son tan lamentables que paradójicamente son los resultados de este modelo los que sirven como argumento a la mayoría de los grupos parlamentarios —y léanse los textos de sus vetos— para basar sus enmiendas a la totalidad. Fíjense que los mismos textos de sus vetos afirman la necesidad de resolver el problema del acceso a la vivienda, a estas alturas; se reconoce una cifra importante de viviendas vacías y un porcentaje bajísimo de alquiler, etcétera. Es decir, ustedes mismos, señorías, están reconociendo fracasos en la situación actual en esta materia, que no pueden ser de otros que de los responsables políticos anteriores; un fracaso, en definitiva, del modelo de alquiler vigente porque me van a permitir que les diga que no querrán también endosar ese fracaso al Gobierno actual, que es el que lo está intentando modificar.

Más aún, señorías, señores del Grupo Parlamentario Socialista, pretenden que aceptemos —lo ha dicho el señor Espadas— que desde 2009, fecha de la reforma de la agilización procesal hasta hoy, ha pasado —y cito— un periodo escaso para poder evaluar su impacto sobre el mercado arrendaticio. Eso es lo que dicen ustedes en su veto. Pues no, señorías, la cuestión no es que haya pasado poco tiempo, es que el modelo precisa de una revisión profunda, y, entre otras cosas, y no la menos importante, porque no genera una verdadera alternativa a la elección entre alquiler y compra, no responde a las necesidades sociales y económicas del año 2013, en el que estamos.

Finalmente, y aunque el debate de las previsiones puntuales de la ley lo voy a aplazar para cuando se traten las enmiendas del articulado, no me resisto a comentar la afirmación de que esta ley rompe con la tradicional función tuitiva, de amparo, en beneficio del arrendatario, y que reduce los derechos de los inquilinos, otro de los ejes de sus argumentos opositores a este texto.

Este argumento ya fue utilizado en el debate anterior y, como entonces dije, no es verdad. Se fortalece la libertad de pacto, se flexibilizan algunos de sus elementos, pero se hace con equilibrio;




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flexibilizar los plazos legales de duración del contrato no impide que ambos actores puedan pactar una duración distinta. Permitir que el arrendatario pueda desistir de su contrato más fácilmente no puede definirse como disminución de derechos por nadie, como tampoco incrementar la seguridad jurídica y la transparencia en las relaciones de alquiler, y me refiero a la inscripción registral del contrato. Que el arrendador pueda recuperar su casa ante determinadas circunstancias familiares y con unas garantías es de sentido común. Proteger los derechos del propietario frente al impago no es quebrar el amparo al inquilino, es estar por el cumplimiento del acuerdo entre las partes, y el juez puede considerar todas aquellas razones que alegue el arrendatario como causa de su incumplimiento y actuar en consecuencia.

Nos reiteramos en que el auténtico amparo al arrendatario debe orientarse de manera directa y eficaz hacia las personas realmente necesitadas, considerando sus circunstancias personales, sociales o familiares. Así lo ha previsto el Ministerio de Fomento en sus propuestas sobre vivienda, aprobadas también en el Consejo de Ministros de 5 de abril. Se quiere que las ayudas del Estado beneficien a quienes más lo necesitan, y como aquí afirmó la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, el pasado 24 de abril, en una interpelación formulada por el Grupo Mixto, vamos a pasar de las 60 000 ayudas al alquiler a más de 133 000.

Las personas con escasos recursos podrán acceder a una vivienda en alquiler, con una financiación de hasta el 40% de la renta de importe inferior a 600 euros, independientemente de quién sea el propietario y el régimen de calificación de la vivienda. Dicho de otra manera, señorías, será más accesible la vivienda a quien más lo necesita, siendo los ingresos y la composición de la unidad familiar lo importante. El Grupo Parlamentario Popular, señorías, el Gobierno quiere que esta ley en su desarrollo ampare personas y derechos.

Señorías, las competencias sobre vivienda no son exclusivas del Estado sino todo lo contrario. A este le corresponde lo que denominamos como marco general, es decir, la competencia sobre regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias exclusivas, sobre todo en los planes propios en materia de vivienda, la gestión de medidas estatales de fomento, el procedimiento de calificación, etcétera.

Pues bien, todos los grupos que presentan veto aquí gobiernan en sus comunidades autónomas o lo han hecho recientemente, solos o en coalición. Por eso, tal vez en este debate no estarían de más los balances sobre la eficacia de sus políticas de alquiler complementarias —si quieren ustedes, hasta ahí llego— en sus respectivas comunidades autónomas. ¿Cuál ha sido el resultado en el fomento del alquiler como forma alternativa a la compra para acercar el disfrute de la vivienda a los ciudadanos? No creo que puedan poner sobre la mesa cifras de éxito, señorías. No lo creo. Por eso, insisto en que no podemos dejar las cosas como están.

Como dijimos en la sesión de la comisión, aceptar sus vetos implicaría esto, dejar la Ley de 1994, con las subsiguientes reformas, tal y como esta y sus efectos sobre el mercado del alquiler ya los conocemos: desequilibrio exagerado entre el alquiler y la propiedad; 17% frente al 83, muy lejos de las cifras del resto de Europa, con una media del 38%; y de algunos países europeos muy alejados, Suiza con el 57%, Alemania con el 46%;desequilibrio entre el número de viviendas en alquiler y el número de viviendas vacías, 2,1 millones frente a 3,5 millones. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2011 en relación con el último censo de población y vivienda del INE. Deficiencias en el régimen de seguridad jurídica, obviamente para terceros, pero también para el inquilino. En definitiva, insisto, incapacidad del alquiler para ser una fórmula alternativa a la propiedad. Y, finalmente, no ayuda en nada a la reducción del desempleo al dificultar la movilidad.

Esto reafirma nuestro argumento. Es necesario avanzar en la regulación del alquiler profundizando en fórmulas que aporten más flexibilidad y libertad al inquilino y al arrendador. Ese es nuestro objetivo. No podemos dejar las cosas como están, debemos adaptarlas a la nueva realidad social.

El Gobierno está comprometido con una serie de reformas que, en lo que respecta al alquiler, son necesarias para hacerlo más atractivo, tanto para el arrendador como para el arrendatario, pero también para que este sea un elemento más de la recuperación económica de España. Reducir el número de pisos vacíos es darle una utilidad social a la propiedad y generar riqueza.




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Aumentar el número de viviendas en alquiler tendrá, con seguridad, una repercusión positiva para los inquilinos en la rebaja de los precios.

Como ya he mencionado, esta ley es una pieza más en materia de vivienda dentro de las políticas del Gobierno del Partido Popular y del grupo parlamentario que lo sustenta. En poco más de un año el Gobierno del PP está abordando el problema de la vivienda con amplitud y rigurosidad. Por eso, la ministra de Fomento, Ana Pastor, está comprometiendo también recursos económicos, que es la forma más eficaz de hacer política en esta materia. Como ha dicho en sede parlamentaria la ministra, queremos una política de vivienda más social, más respetuosa con el medio ambiente, que sirva para mejorar el nivel de vida y que contribuya a generar, de nuevo, actividad, empleo y riqueza. Y es que, además de estas medidas, pretende crear 105 000 puestos de trabajo y quiere beneficiar especialmente a las personas con menos recursos.

Son, señorías, políticas de vivienda hechas para los ciudadanos, para todos, pero más aún para los más necesitados. Esto es lo que más nos interesa. Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de los cinco vetos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas noches.

A ver si somos capaces de levantarnos un poco el ánimo después de esta jornada tan complicada.

Señor Burgos, yo voy a comenzar tal como ha finalizado usted, aportando dos datos a la reflexión que planteaba, puesto que, tal como dice el preámbulo del proyecto de ley, estamos en un porcentaje del 17% de población que habita una vivienda en alquiler, frente a un 30 o un 38% que hay en la Unión Europea, según los datos que usted ha dado por países. Pero a su vez también he de decirles que uno de los objetivos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que hoy modificamos decía —y leo textualmente—: La finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos. ¿Saben sus señorías cuál era el porcentaje de población que habitaba en el año 1994, fecha de aprobación de la LAU, en régimen de alquiler? El 18%; es decir, un punto más, una cifra tan paupérrima como la que tenemos ahora. Por eso, nuestra primera reflexión tiene que ir abocada a saber cuál ha sido la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos veinte años, y no únicamente en el ámbito de la vivienda. Y hemos visto que en estos últimos veinte años la construcción ha supuesto un porcentaje muy importante de nuestro producto interior bruto, en distinta medida en diferentes comunidades, pero en el ámbito general ha sido una tasa muy importante.

Una vez dicho esto, entendemos que este proyecto de ley, cuyo objetivo es promover el alquiler, no tiene una ambición clara y no tiene una referencia clara para dar un salto cuantitativo —además de cualitativo— para poder superar estas cifras sin más o sin otro tipo de inputs a los cuales voy a hacer referencia.

¿Saben sus señorías cuál es el precio medio de la vivienda en alquiler en España en estos momentos? 673 euros mensuales de media. Abril 2013. Estarán de acuerdo conmigo en que son unas cantidades a las que nos hemos habituado, pero que son excesivamente altas, por no decir que son abrumadoramente altas. Y tampoco piensen que en este proceso de crisis que estamos viviendo ha habido un decrecimiento importante en el precio del alquiler, porque si comparamos con abril de 2012, podemos ver que ha habido un decrecimiento únicamente de un 5,4%. Aún así, mi grupo entiende que se dan las circunstancias para que haya un aumento en el número de alquileres, siempre y cuando se condicione a una política adecuada, a una política clara de vivienda.

Y voy a decir las razones por las cuales nosotros entendemos que esto es así. Primero, los propietarios de vivienda. Es evidente y todos conocemos que los precios han bajado mucho, y por ahora el propietario prefiere —si puede— no vender; al menos los datos y la estadística lo que nos dicen es que tres de cada cuatro propietarios prefiere alquilar a vender.




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El segundo factor importante que hace que los alquileres tengan un terreno abonado es el de los posibles compradores. Es verdad que el precio ha bajado, pero el potencial comprador tiene una incertidumbre importante y en el proyecto de ley anterior hemos podido ver y analizar cuál es la situación actual: 6 200 000 parados, un porcentaje de pobreza relativa del 29,1% y un porcentaje de pobreza grave del 10,1%; es decir, son unos datos que crean incertidumbre y animan a no tener las cosas claras. Evidentemente también hay una difícil financiación. Además, hay muy pocas ganas de hipotecarse por años, con lo cual entendemos que sí se dan las circunstancias para que haya un aumento del número de alquileres, pero siempre —como decía antes— condicionado a una política clara de vivienda.

Tal como se ha dicho, en estos momentos tenemos un censo de unos 3,5 millones de viviendas vacías y, además de eso, contamos con un parque de vivienda en el que más de la mitad tiene más de treinta años y una cuarta parte tiene más de cincuenta años, con lo cual se nos exige tomar una serie de determinaciones en la política de vivienda.

Hablemos de este proyecto de ley. Convertir el mercado de alquiler en alternativa fiable de la vivienda con respecto a la propiedad es un objetivo loable y muy interesante, pero no solo lo vamos a hacer con unas medidas dirigidas a dotar de seguridad jurídica al arrendador. No solo lo vamos a hacer así. No va a ser posible porque en el texto se regulan únicamente las relaciones entre ellos y no se protege en la misma medida a las partes. Pero lo que principalmente regula este proyecto de ley es la relación contractual entre arrendador y arrendatario. Lo que le falta es una política ambiciosa o una política de ambición para que ese terreno abonado en el que la política de alquiler pueda ser una alternativa seria pueda convertirse en una realidad y no ocurra lo que ya desde 1994 se anunciaba con un 18% de la población que vivía en régimen de alquiler y después de diecinueve años y de haber pasado todos los gobiernos de todos los colores se nos generen unos datos que son prácticamente coincidentes, lo cual indica que no se ha evolucionado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tal como hemos dicho antes, que la especulación ha sido uno de los elementos básicos por los cuales ha funcionado la economía en general, lo que ha promovido el dinero fácil y que la construcción sea uno de los ejes de la economía de este santo país.

En este sentido, entendemos que hay que hacer un mayor esfuerzo y que hay que promover medidas más claras. La vivienda en alquiler lo merece, pero este proyecto de ley, aún estando de acuerdo en el objetivo, no lo va a conseguir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Que el poco alquiler en España, la poca representación de la tenencia de alquiler en España es la otra cara de la moneda de la burbuja inmobiliaria, es obvio. Esto lo dice todo el mundo. Si analizamos los años —como ha hecho el senador Bildarratz—, vemos que cualquier estudio indica que el desarrollo de la burbuja inmobiliaria es absolutamente paralelo al descenso del régimen de tenencia en alquiler. Esta es la raíz del problema una vez más. ¿Qué sentido tiene entonces su propuesta, señorías del Grupo Popular? ¿Las viviendas vacías van a pasar a estar alquiladas simplemente por unos pequeños cambios en el mercado, en las reglas de la contratación de alquiler? ¿Esta es su propuesta para abordar un problema estructural? ¡Pero si la oferta de viviendas de alquiler se ha doblado sola, solita, en dos años! Se ha doblado sola, porque como no se puede vender ninguna vivienda, una parte de este parque solo, de oficio, se ha puesto en el mercado. Han subido las contrataciones muchísimo menos, un poco sí, pero muchísimo menos en estos dos últimos años. ¿Por qué? Porque el problema no está en la oferta, como se ha dicho aquí, el problema está en la demanda, clarísimamente, en dos ideas —por sintetizar—: en la demanda —hay que poner estímulos fuertes a la demanda— y en la estabilidad. Las personas que tenían su mirada puesta, sin ánimo de especular o de tener un bien, simplemente en vivir en un alojamiento pensando que la propiedad les garantizaba la estabilidad de su vida, la capacidad de proyectar su vida, ¿cuándo van a optar por el alquiler si los contratos duran tres años? ¿Ustedes viven en alquiler? ¿Saben lo que quiere decir vivir en alquiler? Yo vivo en alquiler. Toda mi vida he vivido en alquiler. En tres años llegas, te instalas y ya tienes que estar pensando en si te van a




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echar porque el propietario, lógicamente, tiene la sartén por el mango. No tiene ningún sentido. Solo la estabilidad va a garantizar la voluntad y la vocación masiva, sobre todo de las nuevas familias, de acceder al alquiler.

Creo que su Plan de la Vivienda, sinceramente, no se puede contraponer al plan anterior. ¿Me dice que son 2400 millones? El anterior tenía 10 000 mil. ¿Medidas de fomento del alquiler? El anterior tenía el triple, y variadas, que realmente estimulaban a fondo la demanda. Y de fracaso, ninguno. Estamos en el 17%, sí, pero es que en el huracán de la burbuja inmobiliaria caímos hasta el 10%, y con los esfuerzos del Plan de la Vivienda, con estos estímulos que empezaban a ser potentes, conseguimos corregir hasta el 17%. Había que continuar por esta senda porque por esta senda podríamos obtener resultados palpables y claros.

Acabo simplemente con una última idea que remite al debate que hemos mantenido anteriormente. De nuevo ustedes, cuando se trata de las ayudas al alquiler, lo único que tienen en la boca son familias realmente necesitadas. Nosotros pensamos mucho más allá de las familias realmente necesitadas. Pensamos en sistemas universales, válidos para todo tipo de familias que quieran apostar por el alquiler. Con graduaciones, evidentemente, con las ayudas troncales a través del IRPF. ¡Si es que está todo inventado! A través del IRPF, que es el estímulo principal a las clases medias, y con gradación de ayudas a distintos colectivos en función de su realidad y de sus necesidades: los jóvenes, otro tipo de colectivos y también, evidentemente, familias realmente necesitadas. Pero si apostamos y creemos en el alquiler hay que poner medidas universales, medidas pensadas para organizar el conjunto de la sociedad, no simplemente para dar una pequeña ayudita precaria y momentánea a gente que realmente no puede más. Las medidas que de verdad cambian la sociedad son medidas estructurales, no son estrictamente reajustes del mercado. El mercado hay que embridarlo, hay que ponerle las paredes y las fronteras en las que pueda actuar. Solo de esta manera, solo con una apuesta a fondo por la estabilidad y los estímulos a la demanda, directos e indirectos, realmente el mercado del alquiler, para ser más exactos, el alquiler, ganará cuotas rápidas y potentes de posición frente a la propiedad en nuestro país. E insisto en que me parece que esta ley está en las antípodas de esta propuesta y creo sinceramente que va a ser un fracaso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Estamos hablando en todo caso del posicionamiento respecto a las propuestas de veto. Teniendo en cuenta que son las once menos cuarto de la noche, ahora únicamente anuncio nuestra abstención y en las otras intervenciones ya haré la valoración política.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el portavoz del Grupo Popular nos ha dicho que el Gobierno ha puesto en marcha un paquete ambicioso de viviendas y que uno de los problemas que va a resolver —también lo decía la señora ministra— es el de potenciar un mercado ágil y flexible para impulsar precisamente el empleo y atender a la movilidad. Y nos ha destacado además el Plan de Vivienda 2013-2016 del Gobierno. Antes de comenzar mi intervención, les pido que se lean ustedes ese Plan de Vivienda, para que cuando voten conozcan en profundidad lo que están votando.

¿Saben cómo van a impulsar la movilidad laboral y a potenciar el empleo? Pues en ese Plan de Vivienda tan magnífico del Gobierno han limitado a 532,5 euros los ingresos de una persona para tener derecho a la ayuda al alquiler. Claro, ya veo que han pensado concienzudamente en un trabajador que se va a otra provincia y con un sueldo de 532,5 euros ustedes le van a ayudar a alquilar, porque si gana 535 euros ya no. Ese es el famoso Plan de Vivienda del Gobierno de este país para impulsar el alquiler y que tome movimiento. Sirve para un trabajador y sirve para un joven que se quiera independizar. Ustedes acaban con la renta básica de emancipación por la




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puerta de atrás con este proyecto de ley. Y a partir de ahora un joven que quiera acceder a la ayuda al alquiler, si gana más de 532,5 euros ya no cumple un requisito que es fundamental. Al trabajador, por si acaso, le han añadido otro requisito. Léanse, por favor, el Plan de Vivienda que han hecho. Le han añadido un requisito más, no vaya a ser que con 532,5 euros todavía nos pida la ayuda al alquiler. Y entonces le ponen una traba más y le dicen: oiga, pero usted no vaya a tener otra vivienda. Si le hubieran puesto otra vivienda en la misma provincia, todavía, porque estarían obligándole a desplazarse con el coche. No, no tenga usted otra vivienda en todo el territorio español. ¡Y eso que estaban potenciando la movilidad de los trabajadores! ¡Menudo Plan de Vivienda! Eso sí que es poner recursos a disposición de los ciudadanos para impulsar el alquiler, que además de ayudar a las personas que alquilan, van a ayudar a los propietarios. Nos han convencido, francamente. Insisto, además de la ley, léanse su Plan de Vivienda porque se van a quedar ustedes perplejos de las cosas que están apoyando.

El Grupo Socialista presenta un veto a este proyecto de ley porque es una ley mala, una ley que rompe el equilibrio de derechos y obligaciones entre el arrendador y el arrendatario, y porque lejos de impulsar el alquiler, probablemente lo que van a conseguir ustedes con medidas como la que he explicado es frenarlo. Y además, es un proyecto de ley en el que vuelven a quedarse solos, aunque como van sobrados de soberbia, tampoco necesitan a nadie, ni grupos políticos ni organizaciones sociales. Ustedes se las apañan solos y no necesitan que nadie les dé su parabién. En este caso la primera que puso el grito en el cielo fue Cáritas, para que no piensen ustedes que todos somos de izquierdas. En fin, todas las organizaciones sociales, no quiero ser exhaustivo por la hora que es.

La señora ministra, en la presentación de este proyecto en el Congreso, decía que se abordaban los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y yo aquí no veo aparecer a los ciudadanos por ninguna parte, sino el interés de los bancos, que algunas personas que han intervenido antes lo han dejado claro. Este proyecto favorece al arrendador, pero favorece al arrendador porque ustedes estaban pensando en ayudar a los bancos como propietarios y como arrendadores. Y está claro que eso perjudica al arrendatario.

Lo que obvia este proyecto de ley es comprometerse, como deberían hacer los poderes públicos, con el alquiler social. Y en un proyecto de ley de alquiler no hay ni una sola mención al alquiler social. Ese no es su problema. Creo que el ponente del Grupo Popular ha llegado a decir que este no era su sitio. Esa ha sido la expresión que ha utilizado. O sea, que cuando hagamos una ley de alquileres, hablar del alquiler social no es su sitio. Ya me contarán cuál es su sitio; el de los bancos voluntariamente, como las leyes que estamos debatiendo esta tarde. O sea, vamos a dejar que lo hagan otros, en lugar de hacerlo las instituciones y el Gobierno, que son los que tienen la responsabilidad. Ni una sola mención a crear un parque de alquiler de gestión pública.

Lo han dicho algunos intervinientes, este es un proyecto que parte de un análisis equivocado. Ustedes piensan que aquí lo que falta es oferta y nosotros lo que pensamos es que falta demanda. Señorías, ¿alguien duda de que los jóvenes están volviendo con sus familias? ¿Alguien duda de que los trabajadores desplazados han tenido que volver a donde vivían anteriormente y los inmigrantes a sus países? Lo que falta es demanda. Ustedes hacen una ley, y como se basan en que lo que falta es oferta, pues dicen: vamos a ayudar al propietario; y la forma de ayudar al propietario —que no la conozco ni creo que sea la que quieran los propietarios— es acabar con los derechos de los inquilinos porque en ese caso habrá menos gente con ganas de ser inquilinos.

El único hecho en esta situación de crisis es que se va a apoyar el incremento del alquiler, eso sí que va a ayudar a que el alquiler aumente. Acabamos de discutir una ley sobre el desahucio y le he dicho que hay 100 000 ejecuciones previstas para este año. ¡Claro que va a aumentar el alquiler! Va a ser la única opción que va a tener mucha gente, pero no porque hagamos políticas para ayudar a la gente; con su proyecto de ley no están pensando en hacer políticas para ayudar a la gente sino que la gente, si puede, alquilará y, si no, se irá a vivir con sus familiares.

No encuentro ventajas en reducir la duración del contrato. A los consumidores cada vez les damos más garantías y hoy, con este proyecto de ley, ustedes le dicen al inquilino que está en precario. Como descuelgue el teléfono el propietario y le diga que necesita la vivienda para él o para sus hijos, no tiene ni que demostrarlo. Les hemos propuesto enmiendas para, que al menos, eso se demuestre fehacientemente y el inquilino pueda defender sus derechos, y ustedes dicen que no, que no lo aceptan. Aquí el propietario puede echar al inquilino aunque no haya causa para




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ello. Posteriormente el inquilino se vería forzado a comprobar y a demostrar que le han engañado y, después de pagar, perseguir tres meses al propietario para ver si es un engaño o no; tras reclamar judicialmente, si es que le han engañado, pagar las costas de ese proceso, y si finalmente gana el juicio, la indemnización que proponen ustedes es de una mensualidad por año que quede de contrato, y como esto no puede ocurrir nada más que a partir del primer año, probablemente nadie cobrará una indemnización mayor o que alcance los dos meses.

Como ven, presentan una ley que es absolutamente injusta y que favorece solo a una parte. Por quitar, quitan el derecho de tanteo y retracto y, como he dicho esta tarde en mis intervenciones anteriores, se nota la pluma de quien escribe. Me dicen sus señorías que le quitan el derecho de tanteo y retracto, ¿quién está interesado en ese tipo de cosas? El banco. Lo digo yo, en la ley que ustedes han presentado ese derecho desaparece. Y lo que yo estoy planteando aquí es que eso no lo ha pedido ningún propietario. Lo mismo que a un inquilino que esté al corriente se le puede echar sobre la marcha si no tiene registrado su contrato. ¿Y quién está interesado en eso? ¿Quién está detrás de que se escriba eso en la ley? Los bancos, porque cualquiera que compre una vivienda primero va a ver cómo está y sabe si hay inquilino o no, además de que hay una obligación legal de declararlo. ¿Por qué quieren los bancos que el inquilino se vaya? Porque quieren echar a la vez al propietario y al inquilino cuando se quedan con una vivienda. No quieren problemas, y ustedes están pensando en eso cuando legislan de esta forma.

El Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe a este apartado, al artículo 3, que no pudo hacer ni el Consejo Económico y Social, en el que se incluyó esa lista negra, porque si hubieran tenido la oportunidad de informar, probablemente el informe hubiese sido tan demoledor como lo es para este tipo de asuntos. Dice el Consejo General del Poder Judicial que la inscripción registral, además de suponer una carga jurídica para el arrendatario, conlleva un indudable costo económico porque el arrendatario estará obligado a sufragar los costes de la escritura del contrato, así como los derechos arancelarios de los registradores. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial y también dice más adelante que no era necesaria esa obligación registral. Ustedes solo están resolviendo el problema de quien les dicta la mayoría de las políticas del Gobierno, que son los intereses de los que más tienen y de los bancos.

Presentamos un veto a este proyecto porque rechazamos los recortes de las políticas que hacen al alquiler y en particular el que han colado vía enmienda 105 de eliminar la renta básica de emancipación. Además, ustedes para justificarse dan datos que no se sostienen ni un segundo. Yo le he oído decir a la ministra —y lo ha dicho en el Congreso— que la renta básica de emancipación ha supuesto 4000 millones de euros de gastos, y usted viene aquí y nos dice que el Partido Socialista en políticas de alquiler ha gastado 337. Pues con eso ya están fundamentadas todas las cifras que nos han dado hasta ahora.

Muchas gracias. Espero que alguna vez puedan escucharnos con sensatez a los demás y atender algunas de las enmiendas que presentamos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías, gracias por prestar atención.

En primer lugar, hoy es un día en el que estamos hablando de derechos, estamos hablando de centrar nuestra actividad frente al ciudadano, y precisamente quiero comenzar mi intervención en el turno de portavoces recordando el artículo 47 de la Constitución para decir por qué empiezo por ahí. Reproduzco nada más un párrafo de dicho artículo que dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.» Y desde luego, eso es lo que mueve al Partido Popular a establecer esta nueva política de vivienda tan criticada y tan no entendida ni comprendida por los senadores que han intervenido antes que yo.

En definitiva, el Partido Popular, sobre la base de este artículo 47, trata de crear un ámbito, un tejido que regule la legislación sobre la vivienda basada en las tres patas que ha dicho el senador Burgos en cuanto al fomento y flexibilidad del alquiler, en cuanto a fomentar y facilitar el alquiler y los planes relativos a la regeneración de viviendas y la rehabilitación. Con ello, señorías, se consigue lo que desea el Partido Popular con esa política social que le está caracterizando y con esa audacia que está mostrando en estos pocos meses que lleva gobernando. En definitiva, se




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trata de dotar de una nueva herramienta, una nueva política de vivienda a todas las personas, con especial tratamiento —ahí matizo— a las personas que más lo necesitan y, desde luego, corregir unos desequilibrios que hasta la fecha estaban asaltando este sector de la vivienda. Tradicionalmente siempre se había apoyado el acceso a la vivienda mediante la compraventa y se había dejado abandonado o aparcado el alquiler.

Señorías, no voy a entrar en datos sobre el índice de viviendas vacías, sobre lo que representa en España las personas que viven en alquiler con respecto a las que viven en propiedad, lo que representamos en el entorno de los veintisiete países de la Unión Europea, porque mi compañero, el senador Burgos, ha establecido perfectamente el número excesivo de viviendas vacías, más de 3 millones, frente a las que están ocupadas en propiedad. En definitiva, esos son datos que no se los ha inventado el Partido Popular, son datos que ha certificado el INE sobre la base de la existencia de viviendas del año 2011.

Estos datos, que han sido también mencionados por los grupos parlamentarios que han intervenido antes que yo, reflejan claramente que hay un desequilibrio en el sector de la vivienda, lo que ha promovido que el Gobierno del Partido Popular trabaje ardua, con conciencia y seriamente para corregir este desequilibrio, insisto, destinado a todos los ciudadanos, y en especial a las personas que ahora mismo tienen mayores dificultades económicas.

Por ello, se necesita una nueva política de vivienda debido a esa situación de crisis económico-financiera que vivimos, como dice la exposición de motivos del decreto que regula el rumbo nuevo que se da a las ayudas para el alquiler que se aprobó el pasado día 5 de abril, y que se manifiesta con gran virulencia en el sector inmobiliario, donde hay más de 680 000 viviendas vacías de nueva construcción que están terminadas y están pendientes de que se incorporen a ese mercado para facilitar el acceso a la vivienda a las personas que lo necesitan. Tarea evidentemente complicada debido a la tasa elevada de desempleo, que no ha sido generada, como bien se ha dicho en otros momentos, por el Gobierno del Partido Popular, pues ya arrastrábamos un lastre de más de 3 millones de parados de otros Gobiernos de España y, desde luego, por la dificultad actual de acceso al crédito hipotecario. Por eso, señorías, es necesaria esa nueva política de vivienda.

Señorías, frente a las críticas del contenido del proyecto de ley que estamos tramitando esta noche en el Pleno del Senado —y todos ustedes son conscientes de ello—, se ve claramente que la política de vivienda relacionada con el alquiler no ha funcionado, que la LAU del año 1994 ya no cumple su objeto. No tiene capacidad regulatoria para adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora eso se ve, evidentemente, en el número tan elevado de viviendas. Y, desde luego, actualmente no cumple, ni mucho menos, con el criterio para flexibilizar y fomentar el alquiler. No dinamiza el mercado. El alquiler está prácticamente apagado. No tiene fuerza para favorecer el acceso a la vivienda en un escenario como el actual, en el que, como bien se ha dicho, es fundamental promover la movilidad laboral y adoptar soluciones rápidas y eficaces para las personas que más lo necesitan.

Señorías, con sus vetos se están oponiendo a todo este beneficio que pretende conseguir el Gobierno de España con esta ley y que, desde luego, el Grupo Popular en el Senado va a apoyar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué quieren, señorías de la oposición? ¿Que siga existiendo esta desproporción entre régimen de alquiler y régimen de propiedad, pero con el fin último de adecuar a todas las personas en una vivienda digna? ¿Qué pretenden ustedes? ¿Que se impida también el acceso al alquiler a aquellas personas que actualmente más lo necesitan? ¿Y qué quieren, señorías? ¿Que se mantenga también la desigualdad en la seguridad jurídica, tanto para terceros como para los inquilinos? El Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, no está por esa labor, señorías. Y, desde luego, no está por la labor de no apoyar esta ley.

Como ya se dijo en otro momento y en otro foro, con esta ley no se pretende decirles a los españoles cómo tienen que vivir. Se pretende nada más establecer unas reglas claras, concisas y sencillas que regulen la relación contractual entre el arrendador —propietario— y el arrendatario —inquilino—, al margen de ese puro y duro intervencionismo que muchas veces el Estado ha pretendido. Y todo ello, por supuesto, dentro de la mayor seguridad jurídica para los intervinientes en esa relación contractual.

Señorías, este proyecto de ley no ha sido sacado del horno sin más, a estos foros, tanto del Congreso como del Senado, sin haber contado con los informes preceptivos y facultativos de múltiples organismos que han estado de acuerdo en los temas que se planteaban en esta ley. Y,




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desde luego, también ha sido muy interesante el periodo de información pública, en el que se recibieron una serie de planteamientos para la mejora de este proyecto de ley.

En el turno de portavoces me referiré, en general, a todo lo que han aportado ustedes en este debate, con los vetos. Ahora me voy a centrar en tres o cuatro aspectos fundamentales de crítica. El primero de ellos es que ustedes se empeñan en decir que esta ley rompe el equilibrio entre los derechos y garantías del arrendador y los del arrendatario. No, señorías. No estoy nada de acuerdo en eso y el Gobierno del Partido Popular nunca hubiera presentado un proyecto de ley que conculcara esta máxima suprema. La libertad de pactos, como fuente inspiradora de la relación contractual, genera unas posiciones que las partes han decidido libremente. Ello beneficia la flexibilización y también lo que se pretende conseguir con esta ley. Se ha mencionado el informe del Consejo General del Poder Judicial y creo que el senador Fernández Ortega ha arrimado, como se dice vulgarmente, el ascua a su sardina. Porque, en efecto, el Consejo General del Poder Judicial establece que la tesis planteada en este proyecto de ley supone abandonar el tradicional convencimiento de que en esta clase de contratos todo lo que se deje a la libertad de pacto de las partes implica dejar de corregir el desequilibrio natural de la posición negociadora; y reconoce que es lo que pasaba antes. Pero entiende también que, con la modificación operada en el artículo 4 de la ley, se está restableciendo ese equilibrio que ustedes dicen que se ha perdido. Además, considera muy plausible y muy beneficioso que el Gobierno de España haya mantenido el artículo 6, que seguirá prestando una guía interpretativa al juez en todos aquellos casos en que la autonomía de la voluntad rebase el área que le es propia o no se manifieste con suficiente nitidez. Esa es la interpretación objetiva del informe del Consejo General del Poder Judicial.

Respecto a la inscripción en el Registro de la Propiedad, señorías, les recuerdo que es voluntario, y no obligatorio; y, desde luego, pretende dotar también a los contratos de arrendamiento de esa seguridad de la que han dispuesto los arrendamientos de los locales de negocio; también lo ha mencionado el senador Fernández Ortega, que ahora mismo está enfrascado en una conversación muy interesante y no está prestando atención a este interviniente en el Senado. Pero, bueno, seguimos con lo que estamos. (Aplausos.) En fase de alegaciones, la inscripción fomentaría la transparencia en el mercado del alquiler, la mayor seguridad del tráfico jurídico, y proporcionaría seguridad a las partes, señorías, con el objeto que se pretende con esta ley, que es atraer más viviendas al mercado del alquiler, así como que el inquilino tenga una mayor oferta para decidir, con una reducción sustancial del precio, lo que podría permitirle el acceso a la propiedad.

Otro de los aspectos es la duración del contrato. Señorías, con la duración del contrato no se pretende nada más que establecer unos mínimos, tres años en vez de cinco, y que la prórroga forzosa sea de un año en vez de ser de tres. Pero hay que recordar que la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Así, evidentemente, arrendador y arrendatario, si están de acuerdo, podrán pactar una duración superior a ese período de tres años o de los cinco que existe actualmente, e incluso una prórroga mayor respetando siempre el mínimo de uno. Esto es lo que permite el equilibrio entre las partes. El derecho a la vivienda se tiene que regir por el mercado, pero este tiene que estar regulado por una normativa flexible, adecuada y eficaz para culminar el objetivo que pretende el Gobierno de España.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, señor presidente.

Muy amable y muchas gracias. Buenas noches. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto. Les recuerdo que, para su aprobación, se exige la mayoría absoluta de la Cámara.

Comenzamos por la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 61; en contra, 145; abstenciones, 16.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Y finalmente votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 221; a favor, 58; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las propuestas de veto, señorías, entramos en el debate de las enmiendas. (Rumores.)

En primer lugar, enmiendas de la 1 a la 17, de los senadores Iglesias y Mariscal. Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, guarden silencio por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)

Cuando quiera, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Me han dado dieciocho minutos para defender mis enmiendas, que utilizaría gustosamente si supiera que con ello les íbamos a convencer de que aceptasen algunas de las enmiendas que ha presentado mi grupo. Mi padre me enseñó que los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía, y me referiré brevemente, porque es mi obligación, a las enmiendas que hemos presentado.

Varias de nuestras enmiendas tienen un carácter defensivo, y proponen el mantenimiento de la regulación actual en materia de duración mínima del contrato de arrendamiento, de prórrogas del contrato, de actualización de la renta y de la fianza, de derechos de tanteo y retracto o en lo que se refiere a la demanda de desahucio por falta de pago de rentas, y vuelvo a mencionar el desequilibrio que creemos que se produce, mayor ahora, en la protección de los derechos de los arrendadores e inquilinos, a favor de los primeros.

En otras enmiendas rechazamos el hecho de que los arrendamientos de fincas urbanas —también me he referido a ello antes en mi intervención— surtan efectos frente a terceros que hayan inscrito su derecho, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Y hay cuatro enmiendas que nos parecen tremendamente importantes y que, si ustedes se equivocan en la votación, estaría muy bien que fuera en alguna de estas cuatro: la que intenta abordar esa lacra social que es el acoso inmobiliario, habría que regularlo un poquito mejor, creemos que no está bien regulado en este proyecto de ley, y es una cuestión muy importante; la que hace referencia a un parque público de viviendas en alquiler; otra sobre la existencia de viviendas con protección pública que




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están desocupados; y en último lugar la enmienda en la que pedimos penalizar fiscalmente las viviendas desocupadas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas de la 18 a la 39 y de la 95 a la 98. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. También seré breve.

Nosotros hemos presentado 22 enmiendas en total, divididas en cuatro bloques. El primer bloque lo forman las enmiendas 18, 21, 22, 23, 25, 26 y 28 y en ellas se plantea la supresión de la previsión registral. Aunque en el proyecto de ley se plantea con carácter potestativo, la realidad es que las consecuencias que se establecen en determinadas disposiciones hacen imprescindible la inscripción, y en una situación económica como la que estamos viviendo, que lo que promueve, lo que potencia, es justamente el efecto contrario al que se pretende conseguir: el encarecimiento del producto final.

Un segundo bloque de enmiendas se centra en el ámbito del turismo, pero no lo voy a desarrollar.

El tercer bloque es de mejora técnica y se presenta en coherencia con otra serie de referencias legislativas. En ese grupo se encuadran las enmiendas 24, 27, 29, 30, 31, 36 y 37.

En la enmienda número 35 nos centramos en la gratuidad de las tasas; en la enmienda número 38, en la relación con los bancos y las viviendas sociales; en la enmienda número 39, en la constricción de la condición de los lanzamientos; y en las enmiendas 32, 33 y 34 entendemos que el proyecto de ley debería extender a las instituciones de inversión colectiva la flexibilización de los requisitos que se introducen en el proyecto de ley para las sociedades de inversión inmobiliaria.

Creo que así quedan más o menos descritas las 22 enmiendas a las que he hecho referencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas. Para la defensa del primero de ellos, que comprende las enmiendas 40 a 52, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

A las once y cuarto de la noche, dado que no hay ningún tipo de encuentro en el diálogo ni capacidad para llegar a algún acuerdo en relación con las enmiendas, la gestión más inteligente que puedo hacer del tiempo es darlas por defendidas.

Por otro lado, quiero recordarles a los demás oradores que a estas horas, por no existir, no existe ni el minuto de gloria. Así que les ruego sobriedad y austeridad en el uso del tiempo.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas 53 a 66, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Lo siento por el senador Guillot y por todos ustedes, pero voy a utilizar el minuto de gloria para presentar nuestras enmiendas, aunque de forma sucinta, que evidentemente guardan coherencia con los razonamientos que se han expuesto en el veto que acabamos de debatir.

El primer grupo de enmiendas se refieren al artículo 1 y en ellas pedimos la supresión de todas las medidas que incorpora en cuanto a precarización del contrato de alquiler para los arrendatarios y al favorecimiento unilateral del arrendador; concretamente, pedimos la supresión de la reducción de cinco a tres años, la de las facilidades para la rescisión unilateral del arrendador en lo que tiene que ver con la inscripción previa en el Registro ―que, si no se hace, permite una rescisión unilateral en caso de venta de la propiedad, de embargo del propietario, etcétera―, la de la actualización por IPC y también la de las reducciones drásticas de las indemnizaciones por el falso uso familiar de la rescisión y el retorno de la vivienda al propietario.




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La enmienda al artículo 3 se centra en la supresión del registro de sentencias firmes que crea este artículo. Como he explicado antes, nos parece una auténtica vergüenza que se instituya esta doble penalización a las personas que tienen más dificultades para hacer frente en este momento a sus obligaciones y, como también se ha dicho, que se les condene no se sabe muy bien a qué; porque si no pueden alquilar ningún piso ¿cuál va a ser la solución para estas familias?

Pero quisiera detenerme un momento en una disposición final que hemos propuesto; una nueva disposición final para comprometer al Gobierno en la regulación sectorial de la que la propia ley habla en un apartado del artículo 1: los apartamentos turísticos. Este es el único punto positivo que tiene esta ley: empezar a decir algo sobre una cuestión altamente problemática, altamente conflictiva en muchos barrios y pueblos de nuestro país. Los apartamentos turísticos, por empuje de la crisis en muchos casos, están constituyendo una auténtica distorsión de la funcionalidad y también del mercado de fincas de vivienda habitual en estos barrios y pueblos. Y hay que hacer algo, hay que intervenir en esta cuestión. Ciertamente, es competencia de las comunidades autónomas, que son las que deberían hacerlo; pero, como no lo hacen, debería haber una regulación sectorial supletoria que pudiera empujarlas a cumplir su finalidad y a abordar esta cuestión, que aunque es cierto que es compleja, en estos momentos está superando los límites del efecto y del impacto para muchos barrios y pueblos de Cataluña y de España.

Para acabar, hablaré de nuestra posición sobre la enmienda número 105, que sintetiza en gran medida la gran contradicción en las propuestas que sobre vivienda han formulado los portavoces del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo es posible que el día 4 de abril, como consta en la documentación que tenemos, se introduzca una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que contradice, que automutila el plan de la vivienda —es una metáfora— que el Consejo de Ministros aprueba al día siguiente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar a entender que una enmienda rectifique un plan de vivienda que todavía no ha sido presentado y que el Consejo de Ministros aprueba al día siguiente? La ministra lo presentó de forma solemne al finalizar la sesión, a bombo y platillo ante la prensa y ante toda la ciudadanía ¿No es acaso esta la mayor prueba de la falta de convicción, de la falta de potencia del discurso a favor del alquiler, del Gobierno del Partido Popular? Una enmienda, la 105, que después ha sido autocorregida para evitar la catástrofe de las viviendas de las promociones de alquiler social, promovidas básicamente por particulares y por entidades sin ánimo de lucro, pero que continúa manteniendo un auténtico cercenamiento de las políticas públicas de alquiler social: una desaparición total presente y futura de las ayudas al alquiler social, y en el contexto en que estamos. ¿Cómo se puede entender este doble juego, cómo se puede justificar? Espero que ustedes intenten hacerlo, por la dignidad de los procedimientos parlamentarios. ¿Cómo se puede llegar a justificar este doble juego de presentar por la noche una enmienda y al día siguiente hacer ver que la política a favor de la vivienda de alquiler es sincera y va claramente orientada a su ampliación y a su fomento?

El Grupo Entesa apoyará todas las enmiendas que vayan en esta dirección y tengan como objetivo intentar evitar que esta ley lleve hasta las últimas consecuencias estos efectos tan nocivos para el régimen de alquiler en nuestro país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

El Grupo Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 67 a 85 y 87 a 94. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Permítame, en primer lugar, que manifieste, en nombre de mi grupo parlamentario, un enojo profundo porque consideramos que las once y media de la noche no son horas para debatir ni esta ni ninguna otra ley. Si es necesario habilitar el jueves, pues se habilita el jueves. Lo que no puede ser es que, después de la fama que tenemos en el Senado, pasemos de puntillas sobre esto, lo hagamos por detrás y sin ningún tipo de difusión, como debería haberse hecho. Creo sinceramente que merecemos mayor dignidad en la explicación, en el tiempo, pero también en el momento. Han pasado catorce horas desde que empezó esta sesión plenaria.

Dicho esto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene una larga trayectoria de compromisos con la necesidad de fomento del mercado de alquiler. Les recuerdo que en los últimos tres años hemos presentado cerca de veinticinco iniciativas sobre modernización y fomento




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del alquiler. En cuanto a nuestras enmiendas, —hemos presentado 28— son una regulación jurídica básica, a nuestro entender, para el equilibrio de derechos y deberes. Se trata, por tanto, de ser justos y equitativos, y de garantizar viviendas a los más vulnerables. Este es el sentido principal de nuestras enmiendas.

Consideramos que hay una cierta ironía con este proyecto de ley, teniendo en cuenta que se titula para el fomento del mercado de alquiler y, en realidad, lo que en muchas ocasiones hace es aniquilar determinadas políticas sociales en relación con la vivienda social. Sobre todo, a partir de la tramitación de la famosa enmienda 105 del Partido Popular. La primera intención de esta enmienda, como ustedes sabrán, señorías, es cargarse todo lo que tiene que ver con subsidiaciones y con subvenciones, y con ella acaban ustedes transaccionándose a ustedes mismos. Una cuestión muy difícil, complicada: se transaccionan a ustedes mismos. Yo no lo había visto nunca, en ningún Parlamento, pero no pasa nada, siempre se aprende. Se transaccionan a sí mismos, como digo; en el momento en que diferentes grupos de presión les hacen ver que la reflexión de los partidos políticos no es suficiente, ustedes se transaccionan, corrigen la subsidiación que proponen en la enmienda 105 y mantienen la anulación de las subvenciones. Esta anulación de las subvenciones, como bien decía mi portavoz, merece un titular: suprimir ayudas con nocturnidad. Estas subvenciones son importantísimas para el fomento del alquiler social, y el impacto que tendrá en entidades públicas, en instituciones públicas vinculadas a las administraciones locales, es enorme.

Yo le puedo decir que la cantidad de dinero que Cataluña dejará de recibir y que ustedes han anunciado supone 104 millones de euros. Lo que pasa es que, cuando se habla de enmiendas, hay que explicar lo que representan las enmiendas; y la enmienda 105 representa lo siguiente para Cataluña: Familia i Benestar Social, 2 164 717 euros que no se cobrarán; Consorci Igualada, 1 036 300 euros que no se cobrarán; Patronat Santa Creu de la Selva, 2 921 000 euros que no se cobrarán; Fundació Privada Foment de l`Habitatge Social, 335 831 euros que no se cobrarán; Fundació Casa Teva, 500 000 euros que no se cobrarán; Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, 899 000 euros que no se cobrarán; Patronat Municipal de l`Habitatge, 5 937 963 euros que no se cobrarán; Habitatges Municipals de Sabadell, 3 723 000 euros que no se cobrarán; Promocions Urbanes de Rubi, 413 377 euros que no se cobrarán; IMSA, 2 170 000 euros que no se cobrarán; Societat Municipal Terrassa, 150 000 euros que no se cobrarán; Empresa Municipal d’Urbanisme, 149 000 euros que no se cobrarán; Lloguer Soc., 5 373 000 euros que no se cobrarán. Sant Quirze del Vallés, 802 503 euros que no se cobrarán; Moià Futur, 218 800 euros que no se cobrarán; Regesa, 195 954 euros que no se cobrarán; Fomento Inmobiliario, asequible, 10 888 339 euros que no se cobrarán; Palacín Jordi Soro, 47 000 euros que no se cobrarán; Llar Jove, 2 667 000 euros que no se cobrarán; Arrels Lloguer, 285 000 euros que no se cobrarán; Edificio Canaletas, 20 000 euros que no se cobrarán; Montresor, 120 000 euros; Balec Projetes Immobiliaris, 1 043 000 euros; Solviá Development, 3 342 000 euros; Projecte Habitat 2000, 337 000 euros; Promou Interpromo, 513 000 euros; Finques Turró, 147 000 euros; Gupsa, 962 000 euros; Terres de Ponent, 622 347 euros; etcétera, etcétera, etcétera. Projectes i Construcció Social a Sabadell, 2 822 000 euros; Altamira, 2 223 000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene nombre y apellidos, y tiene territorio, y tiene ciudadanos, y tiene cara y ojos, a los que se les han generado expectativas en base al Plan de Vivienda aprobado anteriormente, y que ustedes habían heredado.

A esto, además de insensibilidad social, se le llama deslealtad institucional. No sé si les suena mucho a ustedes, porque visto lo visto, no les preocupa demasiado. Pero no se trata de una enmienda y un papel, porque el papel lo aguanta todo, se trata de la enmienda 105, y ustedes se quedan la mar de tranquilos diciendo: no, no, el tema de las subvenciones lo sacamos. No, el tema de las subvenciones quiere decir que el conjunto de este listado —y nada más que les hablo de Cataluña—, el conjunto de este listado se quedará con las promociones hechas y a cargo de las mochilas de las instituciones municipales de los ayuntamientos. Por tanto, es de una gravedad extrema, es como si los ayuntamientos fuéramos muy ligeros de equipaje, desde el punto de vista de la financiación, y entonces ustedes vienen aquí, dan lecciones sobre el equilibrio, dicen que se lo encontraron fatal, que no se hizo nada, que cuando vienen lo arreglan todo, y añaden lo del: usted más, usted más y usted más. Y entre el usted más y el usted más, ¿que queda? Quedan los ciudadanos de a pie.




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Y yo les digo que como alcaldesa me preocupa enormemente esta falta de lealtad institucional por parte del Partido Popular y, evidentemente, del Gobierno central. ¿Pero es que se creen que los ayuntamientos no tienen responsabilidades ante sus ciudadanos? ¿Alguien pudo llegar a imaginar que cuando los ayuntamientos sacaron adelante una promoción, basada en un acuerdo de un plan de vivienda financiado con crédito público, con crédito institucional del ministerio, pasado un tiempo vendría un partido, el que fuera —en este caso ustedes, el Partido Popular—, que dijera: no, no, donde hubo, no hay nada; aquello que se acordó, no existe, y de aquellas promociones que los ayuntamientos tienen que sacar adelante nosotros no sabemos nada, y no podemos mirar atrás porque con el pasado nosotros no tenemos nada que ver? Eso sí, tienen que ver para decir que aquellos eran muy malos y que lo hacían todo fatal; pero para heredar el compromiso institucional, nada de nada de nada. Ahora, ustedes subirán a la tribuna y dirán: somos el primer Gobierno que se está tomando en serio los problemas, que tiene conciencia social —esto lo dicen ustedes, porque no hay nadie que se lo crea—, etcétera, etcétera, etcétera. Es así.

Yo les propongo una cosa como mínimo a los portavoces del Grupo Popular que están defendiendo este proyecto de ley, y concretamente esta enmienda 105. Les invito, y yo les acompaño, a visitar todos los municipios de Cataluña —no puedo invitar a los demás porque no sé dónde están— para que les expliquen aquellos compromisos institucionales que hoy —se lo han sacado de la manga— dicen que no existen y que se les ha quedado en la mochila de los ayuntamientos. Yo les acompaño, y ustedes den la cara y digan a estos ayuntamientos y a estas instituciones municipales, díganles que donde hubo no hubo nada y que del compromiso que hubo —por cierto ustedes también votaron mociones en esta línea— ustedes no asumen nada. ¿Saben por qué? Porque de tanto pegar el dedo al no, se les ha insensibilizado. Es así. No les estoy hablando de un papel, ni de una palabra que es fea, enmienda. No les hablo de esto. Les estoy hablando de compromisos institucionales.

¿Qué tienen que hacer ahora los ayuntamientos? ¿Se lo tienen que tragar? ¿Quién asume este dinero? ¿Me pueden responder quién asume este dinero? Creo sinceramente que es de una gravedad extrema y que nada más es equiparable a la insensibilidad que están demostrando. Esto es así. ¿Les vuelvo a repetir el listado? No lo hago por la hora, pero no porque no se lo merezcan.

Es muy grave la enmienda 105. Y además de que consideramos que es incongruente con el proyecto de ley, lo que no se puede justificar, bajo ningún concepto, es esta deslealtad institucional: todos estos ayuntamientos, todas estas instituciones, estas sociedades municipales se van a tener que hacer cargo de sus incumplimientos, de su falta de lealtad institucional, de su falta de sensibilidad social. No hay derecho. Yo les pido que piensen un poco. Sé que es muy tarde, pero piensen un poco. Y déjense ya de que como somos tantos y lo vamos a ganar todo, no hace falta escuchar. Esto es muy cansino, pero no es que sea cansino porque ustedes ganan siempre, sino porque pierden la credibilidad política; ganan la aritmética pero de credibilidad política les aseguro que cero, cero patatero, que me parece que es algo que les suena mucho a ustedes.

Aquí se puede venir y traer proyectos de ley, que evidentemente uno puede estar de acuerdo o no, puede haber matices y nos gustaría a la oposición poder creer que se nos escucha en algún momento, por todo aquello del parlamentarismo, pero igual es que soy muy ingenua. Pero que ustedes traigan aquí enmiendas que se carguen el más elemental estricto compromiso institucional adquirido con planes de vivienda que ustedes también aprobaron y que sacaron adelante, esto es de una inconsciencia política que yo creo sinceramente que no tiene antecedentes.

Me reservo para la segunda parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado, al igual que el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular y, además, ha presentado las enmiendas números 106 a 136.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Becana.




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El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista también quiero decir que precisamente porque queremos desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española y porque creemos que el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo no garantiza este derecho para todos los españoles por igual, es por lo que hemos presentado un veto y 31 enmiendas que se han ido explicando cuando se han defendido en Pleno y en Comisión.

Y me gustaría hacer una pequeña síntesis de todo esto. Es verdad que es necesario empezar por el tema monográfico que ha utilizado la anterior portavoz y también otros portavoces, que es la enmienda que se presenta a sí mismo el Grupo Parlamentario Popular y que indica de forma muy clara cómo va a desarrollar el plan de vivienda que aprueba el Consejo de Ministros el día siguiente de haber introducido con nocturnidad en el Senado esa enmienda; una enmienda que, entre otras cosas, como se ha dicho, acaba con derechos adquiridos por compradores de viviendas de promoción pública, acaba con derechos adquiridos por jóvenes que se habían acogido a la renta básica de emancipación, y lo hace con carácter retroactivo, sabiendo que aquellos que ahora pierden derechos que tenían adquiridos no podrán acudir a los tribunales a defenderlos porque paralelamente el ministro de Justicia ha establecido unas tasas judiciales que van a tener un efecto disuasorio para que los ciudadanos que se ven atacados por este proyecto de ley, y por esta enmienda en concreto, puedan defender sus derechos.

Señorías, si me permiten un poco de ironía, creo que lo único que va a fomentar el alquiler es precisamente esta enmienda 105, porque aquellas personas que compraron su vivienda y que, gracias a las ayudas de los anteriores planes estatales de vivienda, se quedaron con una hipoteca que rondaba los 300-400 euros, desde el mes de julio están pagando —y lo van a ratificar ustedes con esta enmienda— 600-700 euros, porque han perdido las ayudas a la subsidiación que les reconocían los anteriores planes de vivienda. Es muy probable que cuando estas personas se encuentren con alguna circunstancia sobrevenida que les haga perder su puesto de trabajo o les dificulte su propia economía familiar tengan que perder su vivienda y tengan que recurrir al alquiler.

Es la única medida de fomento del alquiler que hemos encontrado en este proyecto de ley. No hay ninguna más. No es un proyecto de ley que venga acompañado de una memoria económica, se remite al plan de vivienda. Y hablan de 2000 millones para toda la duración del plan, pero ahí entran todas las actuaciones en materia de vivienda, no solamente las actuaciones en materia de alquiler, y sin actuar económicamente como se venía haciendo en los planes anteriores en el alquiler de la vivienda, no conseguiremos promover ese cambio de hábito respecto de la vivienda habitual, es decir, no conseguiremos que se pase de la actitud favorable a la compra a la opción del alquiler. Hay que estimular ese cambio.

Es verdad que las circunstancias han cambiado, es verdad que el plan que ha aprobado el Gobierno el día 5 de abril tiene que dar prioridad al alquiler, ¡claro que lo tiene que hacer! ¿Porque no lo había en los planes anteriores? No, porque ha cambiado la realidad económica de nuestro país, ha cambiado por circunstancias que no son imputables al Gobierno anterior y que han hecho que se hundiera un sector, el sector de la construcción, han hecho que se hundiera el sistema financiero, que entrara en crisis el sistema financiero, y por lo tanto todo el volumen crediticio de las entidades bancarias, y se acabó el poder acceder a la compra de vivienda.

Si nos vamos a encontrar con una sociedad que va a vivir durante estos próximos años condicionada por estas circunstancias, es lógico que la prioridad de un plan de vivienda aprobado en el año 2013 encamine sus actuaciones hacia el alquiler, y lo hará con un entorno mucho más favorable al alquiler que el que se encontraron los anteriores planes de vivienda, pero actuando como se actuó se consiguió pasar del 10% de viviendas alquiladas al 17%. Y ahí tuvo mucho que ver una actuación que se llama renta básica de emancipación, por la cual los jóvenes cobraban una parte del alquiler que pagaban cuando se emancipaban de sus familiares; fue un programa que ayudó a emanciparse a más de 180 000 jóvenes. Ahora, después de las diferentes decisiones que ha ido tomando el Partido Popular desde el año pasado, quedan unos 120 000 beneficiarios, que en cuanto entre en vigor el nuevo plan de vivienda desaparecerán; 120 000 jóvenes que se quedarán sin la ayuda, bastante probable que la mayor parte de ellos abandonen el alquiler y bastante probable también que los propietarios que tienen alquilados esos pisos pierdan las rentas que están recibiendo por ese alquiler.




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En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, las voy a agrupar por los argumentos que hemos ido exponiendo durante este debate y durante el debate en comisión. Del análisis de este proyecto de ley hemos dicho que es un proyecto de ley que rompe el equilibrio entre los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario, y nos dicen que no. Nosotros pensamos que sí, que reduce la duración del contrato y los años de prórroga —por lo tanto precariza los contratos—, facilita la rescisión unilateral del contrato por parte del arrendador, se puede echar al inquilino a partir del primer año con muchísima facilidad y sobre todo le niega al arrendatario el derecho de tanteo y retracto.

Para corregir eso hemos presentado las enmiendas que tienen por objeto establecer en cuatro años y en tres de prórroga la duración mínima de los contratos de alquiler, considerando que pasar de los actuales cinco años más tres de prórroga, a los tres que contempla el proyecto de ley más uno de prórroga, supone un cambio radical en contra de los intereses del arrendatario. Está claro que una reducción significativa de la prórroga del contrato desincentiva la demanda.

Nuestras enmiendas pretenden también garantizar la estabilidad del contrato con independencia de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Dicen que quieren incentivar el alquiler y establecen una obligatoriedad que conlleva gastos, que conlleva prácticamente el importe de una mensualidad. Un piso medio que se arriende por 400 euros, conlleva 400 euros de gastos que se tiene que gastar el inquilino para tener una seguridad jurídica en el contrato que firma que ya se la está dando la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Si lo que realmente dice el Gobierno que pretende con esta ley es fomentar el alquiler, ¿cómo le vamos a decir al inquilino que gaste más dinero si quiere tener mayor seguridad jurídica cuando el propietario le plantee que va a necesitar su casa para un hijo que se quiere casar o cuando el propietario le plantee cualquier otra cuestión relacionada con su contrato?

Hemos presentado otro grupo de enmiendas para que cuando el propietario comunica al inquilino que va a necesitar su piso lo haga de forma fehaciente, lo acredite de forma suficiente. No basta con una comunicación verbal, y así lo recoge el proyecto de ley, en el sentido de: Oye, vete, que se casa mi hijo. Y cuando oye: Vete, que se casa mi hijo, el inquilino se tiene que ir. Y si a los tres meses el hijo no se ha casado, el inquilino, si no se ha gastado 400 euros registrando el contrato de alquiler, no tiene posibilidad de evitar que le desalojen del piso. Y si lo hace y gana el contencioso, después de haberse ido del piso, tendrá derecho a que le indemnicen con un mes de alquiler. Pensamos que eso no equilibra las relaciones entre al arrendador y el arrendatario.

Pedimos también que la limitación a la renuncia del derecho de adquisición preferente en el caso de la vivienda arrendada se establezca, si se va a hacer esa renuncia, mediante pacto expreso incorporado en el contrato de alquiler.

Hemos presentado, ya lo he dicho, una enmienda para suprimir el requisito de inscripción de la vivienda. Dada esta actitud favorable que tienen a sumar apoyos a los proyectos que han presentado durante la legislatura, y especialmente a los proyectos que hemos debatido esta tarde, pensamos que quizás esta idea pueda resultar demasiado fuerte para ustedes. Les proponemos que si quieren insistir en que esa inscripción en el registro sea necesaria, por lo menos establezcan una bonificación del 60% de las tasas y de los aranceles, que no tiene repercusión en el déficit público. Nos parece una mala idea que el proyecto de ley renuncie a que el criterio de renovación automática de la renta anual del alquiler se desvincule del IPC, porque es un criterio universalmente aceptado por todo el mundo, no está dando ahora ningún problema y si se desvincula generará problemas en la relación entre arrendatarios y arrendadores.

Con la enmienda 105, que metieron ustedes con nocturnidad en el Congreso de los Diputados, hicieron otra tropelía. Presumía el portavoz del Grupo Popular de que este era un proyecto que había sido sometido a consultas y a exposición pública de diferentes organismos, pero hay partes sustanciales que están fuera de esa consulta. Esa enmienda 105, por poner un ejemplo, que introdujeron, repito, en el Congreso de los Diputados estableciendo las listas negras de aquellos inquilinos que han dejado de pagar su renta, no ha podido ser informada por nadie. Y ahí estamos estableciendo otra injusticia, porque están ustedes poniendo al mismo nivel a aquellos inquilinos que dejan de pagar por razones económicas, por circunstancias personales adversas, que a aquellos ciudadanos que dejan de pagar su renta por motivos menos justos. Sin embargo, todos tendrán problemas serios cuando quieran alquilar una nueva vivienda.




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Es un proyecto poco ambicioso, porque no actúa sobre la Ley del Suelo, no contempla la creación de un organismo público para el impulso y la gestión del alquiler del parque de viviendas, ni de las que hay de promoción pública ni de las que se podrían gestionar con el banco malo. Nosotros proponemos que creen un organismo —ya sé que nos dirán que no funcionó, pero vale la pena intentarlo— ejecutivo público, sin gastos adicionales porque se puede hacer con las estructuras que ya tiene ahora la Administración General del Estado y que ese organismo sea el encargado de gestionar de una forma ordenada, coordinada y razonable las políticas de vivienda en alquiler que se pretenden poner en marcha por la Administración.

Lo más grave de este proyecto de ley —lo he dicho anteriormente— es que acaba definitivamente con la renta básica de emancipación de los jóvenes. En 2008 se estableció la renta básica de emancipación que consistía en una ayuda mensual por importe de 210 euros durante un período máximo de 48 meses que podía disfrutar de forma ininterrumpida un joven hasta los 30 años. En 2011 el Partido Popular la paralizó, impidiendo la incorporación de nuevos beneficiarios. En 2012 el Partido Popular la recortó, reduciendo la ayuda mensual a 147 euros, un 30% de aquellos 210 euros que tenían reconocidos. Y en 2013 el Partido Popular la elimina definitivamente con carácter retroactivo. Todos aquellos jóvenes que la tienen ya concedida y que la están cobrando la perderán al día siguiente en que entre en vigor el nuevo plan de vivienda y como alternativa —se lo ha explicado antes mi compañero Juan Manuel Fernández— ustedes les van a ofrecer unas ayudas al alquiler no ya como jóvenes, sino como individuos. El requisito que le van a pedir a un joven, a una persona sola, es que no cobre más allá de una vez el Iprem, es decir, que no cobre más de 532,51 euros, y con ese sueldo será imposible que nadie se acoja a ayudas que probablemente no superarán los 120 euros.

En consecuencia, es probable que al anularse la renta básica —se lo decía antes— se anulen también los contratos de alquiler que tienen estos jóvenes, y los jóvenes perderán su vivienda y los propietarios perderán su empleo.

Acabo haciendo mención a un aspecto que es importante. Lo hemos hablado en la ley anterior, son temas de simple sensibilidad que no cuestan dinero y que, sin embargo, pueden aportar un grano de arena para que la gente que tenga dificultades en estos momentos tenga un respaldo del Gobierno. Me refiero a la posibilidad de ayudar al pequeño comercio que está todavía con rentas antiguas, rentas antiguas que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor acabarán el día 1 de enero de 2015. Ese año se actualizarán las rentas, en el año peor para las economías de estos pequeños comercios. ¿Tiene el Gobierno algún problema para, dadas las circunstancias económicas que está pasando el país, prorrogar por cinco años más esta renta? No cuesta dinero porque es una cuestión de sensibilidad.

En resumen, les hemos dicho ya que es una ley equivocada en el análisis de partida, es desequilibradora en la relación arrendador-arrendatario, a favor del propietario y a favor de los bancos. Despoja al arrendatario de prácticamente todos sus derechos. Obliga al arrendatario a soportar mayores gastos innecesarios para alquilar con unas mínimas garantías. Crea listas negras que dificultarán el acceso a una vivienda de alquiler a familias honestas que hayan padecido la consecuencia de las crisis y no dedica ni una sola línea al alquiler social. Se llama «de fomento del alquiler» pero ni una sola línea anima a nadie, si no es por necesidad, a vivir en alquiler en lugar de vivir en propiedad.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Señor presidente, señorías, muy buenas noches.

En primer lugar, quiero pedir disculpas porque voy a intentar, como han hecho mis compañeros, hacer un ejercicio de resumen de la intervención de que disponía —de treinta minutos— para contestar con todo el buen hacer o el buen trabajo que hemos intentado hacer el senador Burgos, el senador Mateu y yo mismo, junto con nuestros colaboradores, a lo largo de estos dos meses y medio, trabajando sobre el esfuerzo, también ímprobo, que han realizado los senadores de la oposición relacionados con este proyecto de ley.

Voy a intentar resumirlo, y pasaré, como decía la senadora Candini, de puntetes, que vendría a ser de puntillas. Vamos a debatir sobre esta ley, que yo creo que tiene una altísima carga




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reformista en el contexto de la vivienda en régimen de alquiler. Es más, se quiere impulsar decididamente como instrumento para resolver o seguir resolviendo situaciones difíciles y permitir crear espacios para nuevas oportunidades. El actual Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular lo consideran uno de los ejes fundamentales, junto a otras leyes en curso; de hecho, esta tarde se ha aprobado una de ellas.

El proyecto fue suscrito por los departamentos ministeriales de Justicia, que proponía reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Hacienda y Administraciones Públicas, para las medidas tributarias que suponían modificaciones en diversas leyes; y el Ministerio de Fomento, que reformaba la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos —incluso la alteramos en un 67%—, una ley que el año próximo cumplirá veinte años, prácticamente inalterada, con reformas muy puntuales, a nuestro modo de entender absolutamente carentes de la sensibilidad social de aquellos momentos y de conocimiento del medio. Y de esa situación pasamos a esta otra. Todo eso, además, a pesar de todos los cambios sociales y económicos que ha habido. Las tributarias fueron íntegramente recogidas en la Ley 16/2012, y las que podemos considerar directamente relacionadas con las modificaciones de la LAU ascienden a noventa y nueve.

Un número muy relevante de enmiendas son las de Izquierda Unida, que están centradas en mantener lo actualmente establecido en cuanto al plazo de duración y en su oposición a todas las relacionadas con la inscripción del registro. Algo similar encontramos en las presentadas por el Grupo Socialista, que el senador Becana ha explicado muy bien, aunque en este caso están intentando reducir de cinco a cuatro años el plazo de duración y aplicación en todos sus casos. El Grupo Vasco presenta una serie de enmiendas relacionadas con la inversión colectiva inmobiliaria y sobre los fondos sociales de viviendas. Y el resto de los grupos también han pivotado sobre esas mismas enmiendas. Yo les digo que nuestro objeto en esta ley es flexibilizar y dinamizar el alquiler. Hay ciento treinta y seis enmiendas para un preámbulo, tres artículos y tres disposiciones. Sobre el preámbulo voy a evitar hablar de las peticiones, pero quizá la más resaltable sería la que excluye los alojamientos privados al turismo. Bien, el motivo por el que se excluye principalmente es porque la ordenación del turismo es una competencia que han asumido las comunidades autónomas en virtud del artículo 148 de la Constitución Española, como decíamos ayer, en cuyo ejercicio han aprobado numerosas leyes en los últimos años, además de otro tipo de normas de diferente naturaleza y alcance. También, porque se podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la calidad de los destinos turísticos, que es otro mercado que no podemos dejar de lado. La reforma los excluye para que se regulen claramente por la normativa sectorial específica o por el régimen de arrendamientos temporales.

Hay una serie de discusiones respecto de este preámbulo sobre cómo interpretamos, por qué aplicamos esta ley, pero eso lo voy a saltar.

Pasamos al artículo primero, y hablamos del régimen aplicable. Donde focalizamos nuestro esfuerzo es en la duración del arrendamiento, que será libremente pactado por la voluntad de las partes. Este es un punto neurálgico de todo el desarrollo de la ley, que se ha discutido mucho en todas las enmiendas de los diferentes grupos, que, como decía, han pivotado sobre este aspecto. Pero nosotros siempre nos hemos escudado en la flexibilización del mercado de alquiler.

El señor Becana nos hablaba hace un momento del incremento de cargas. Bien, nosotros damos la posibilidad, no la obligación, de registrarnos en el registro de la propiedad de bienes en régimen de alquiler de cara a la seguridad contractual. Es preciso reiterar que la modificación introducida por el proyecto de ley pretende dotar a los arrendamientos y, por tanto, a arrendatarios y arrendadores, de la seguridad jurídica que proporciona el registro de la propiedad. En cuanto a esos costes, que señalaba el señor Becana que podían ser superiores a una mensualidad, todo depende del tiempo de duración que convengan las partes. Por lo tanto, en el registro de la propiedad tendrán unas tarifas muy inferiores a las que se han manifestado en esta tribuna.

Lo que hay que recordar es que la disposición adicional segunda de la ley que estamos reformando ya en su momento hablaba de este registro de la propiedad, y se dio un plazo de nueve meses que nadie oyó, o mucha gente desoyó; y no se aplicó. Y tras el fracaso de no haberlo puesto en funcionamiento queremos precisamente ponerlo en marcha.

Luego hay otra serie de articulados que —vuelvo a insistir— es una pena que no podamos detallar, porque en el artículo primero es donde más podemos mejorar esta ley. Hablamos de la actualización de la renta según el IPC, que ha sido muy discutido. También hablamos sobre las




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comunicaciones, sobre cómo se comunican arrendatario y arrendador, y decimos que será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad de pago; pero también se puede hacer por otras fórmulas que están incluso reguladas, como la vía telemática. Es decir, no se cierra la comunicación solamente a través del recibo. Por otra parte, también se regulan las mejoras que se pueden hacer en las viviendas a lo largo de los años y cómo esos acuerdos de mejora de rehabilitación van en función de un acuerdo previo; y si las partes acuerdan mejoras de rehabilitación, todo eso se plasma sobre un documento. Es una fórmula nueva de activar dos mercados, el de la rehabilitación y el del alquiler, y las partes lo pueden convenir. Ahora bien, en el caso de que uno de ellas no cumpla eso, automáticamente saltarán una serie de alarmas que van a permitir que ambas tengan esa seguridad jurídica. Porque aquí estamos hablando fundamentalmente de confianza, de seguridad, y del cumplimiento de unas reglas en las que ambas partes trabajan en el mismo espacio de equilibrio, que es lo que busca esta ley.

Se habla también de las posibilidades de renuncia, tanto por parte del arrendatario como del arrendador, porque todos sabemos —sobre todo, los que vivimos en régimen de alquiler— de los posibles cambios que pueden surgir a lo largo de la vida laboral de una persona o una familia. Por lo tanto, ambas partes tienen la posibilidad de reconducir, de revisar ese contrato, y no tener que esperar cinco años o incluso seis, como en algunos casos se estaba solicitando. En cuanto a la resolución de pleno derecho, introducimos una cláusula, que ya existía pero que no se reconocía como cláusula de rescisión de pleno derecho, que se refiere a la realización de daños causados dolosamente en la finca o a obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de este sea necesario. Por otra parte, las fianzas se revisarán con el IPC durante tres años. De eso también se ha discutido mucho.

Y pasamos al artículo segundo —ya me queda poco tiempo—. Este modifica seis artículos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar cuestiones puntuales que están generando problemas en los procesos de desahucio. En concreto, se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si este no atendiera el requerimiento de pago o no compareciera para oponerse o allanarse el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual, que impide señalar el lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Este articulado es bastante farragoso, pero este es el posicionamiento del Partido Popular.

El artículo tercero se refiere a la puesta en funcionamiento del registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. El objetivo de este registro es ofrecer información sobre el riesgo —repito: ofrecer información— que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que por dicho motivo han sido condenadas por sentencia firme en procedimiento de desahucios, según el artículo 250. Creo que esto es una seguridad. No es un lugar de consulta al que cualquiera pueda acceder, sino que solamente pueden hacerlo aquellas personas que estén involucradas en ese contrato y solo y exclusivamente para saber sobre ese contrato. Por tanto, es muy específico.

Pasamos ya directamente a la disposición adicional segunda, la famosa enmienda 105, publicada en el Real Decreto 233, de 10 de abril. No sé si han tenido la oportunidad de leerla; la ministra la ha presentado pero también se ha publicado. Nos preguntaba el senador Fernández Ortega si la habíamos leído. Sí, muchos la hemos leído; está publicada y, además, como digo, la ha explicado la ministra.

¿Qué es lo que pretende? Lo que se pretende con la inclusión de esta enmienda desde un punto de vista de técnica normativa es elaborar una norma con rango de ley porque esto es lo que técnicamente se recomienda y hacía falta para finalizar los planes anteriores, planes que se habían hecho con no mucho acierto, en el sentido de que llegaban a generar derechos hasta 2038. Señora Candini, hasta 2038 e incluso hasta 2040; por eso esa retahíla, ese cántico que nos ha hecho de los números de San Ildefonso, con todas esas cantidades de euros hasta 2038 —repito— e incluso hasta 2040, que resultan insostenibles. No sé qué les dijeron en las legislaturas pasadas, pero lo que nosotros hemos dicho desde que hemos llegado, desde el minuto número uno, es que esos compromisos hasta 2040 resultan insostenibles en un marco de restricciones presupuestarias y contribuyen al incremento automático del déficit, razones que justifican su limitación con carácter extraordinario, con la finalidad última de destinar los escasos recursos disponibles a las ayudas que hoy son prioritarias. Estas medidas hipotecan radicalmente toda la política de vivienda hacia




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el futuro. No le voy a leer, no le voy a cantar, como ha hecho usted, toda esa retahíla de números, pero le diré que el compromiso total estimado del Ministerio de Fomento se enfrenta a 5291 millones de obligaciones derivadas de las políticas de vivienda de las dos legislaturas anteriores y que nuestro plan de vivienda —el que algunos no se han leído y está publicado— tiene una inversión de 2400 millones de euros, más el compromiso de los 5291.

Señoría, yo estaría encantado de ir con usted a Cataluña porque, aparte de que me encanta, sería un viaje entrañable ir a explicarles por qué estamos como estamos en todos esos lugares. Además, muchas de esas políticas seguían orientadas a la nueva edificación o construcción, cuando ahora en lo que todos coincidimos es en evitar la nueva construcción; ahora estamos en otro modelo. Ayer hablábamos de que estábamos en otra fase por motivos sociales, económicos o coyunturales —como los quiera llamar—, pero es que no estamos en fase de nueva construcción sino en la de rehabilitación.

Por último, con respecto a la disposición final, y con esto termino —llevo dieciséis minutos—, voy a hablar de la enmienda relacionada con la renta básica. La enmienda de referencia propone que el Gobierno, en el plazo de un mes, lleve a cabo las reformas necesarias que permitan el reconocimiento de nuevos beneficiarios. Al respecto cabe recordar que por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se derogó el citado real decreto, ello atendiendo al contexto de austeridad y contención.

Lamento haber terminado con esta celeridad, y vuelvo a insistir en que me hubiese gustado analizar enmienda por enmienda, porque el trabajo que se ha hecho en esta Cámara créanme que ha sido muy reconocido por nuestra parte hacia todos ustedes. Y en el siguiente turno espero poder contestar a las preguntas que les hayan inquietado en mi primera intervención.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo también seré breve, pero hay algunas cosas que no me resisto a dejar de comentar. Ustedes han presentado a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley una enmienda de la que hemos hablado mucho, la 105, y creo que hemos explicado suficientemente que con esa enmienda lo que ustedes han hecho es recortar un montón de ayudas que estaban concedidas. Pero lo que quiero subrayar es el hecho de la inseguridad jurídica que generan cuando le quitan a la gente derechos reconocidos, que están cobrando, así como a las empresas, y no se atienen a las consecuencias que eso pueda tener.

La portavoz de CiU, la señora Candini, ha hecho referencia a que han quitado con carácter retroactivo las subvenciones relacionadas con la vivienda. También lo han hecho con los jóvenes, que tenían un derecho otorgado por el que firmaron un contrato con un tercero; y ahora, si no responden a ese contrato, teniendo la garantía del Estado… Me parece que es también responsabilidad del Gobierno tomar medidas que den seguridad jurídica, pero en este caso lo que están haciendo es obsesionarse con los recortes y acabar con las políticas que ayudan al alquiler.

Vamos a apoyar prácticamente la totalidad de las enmiendas que se han presentado y habrá muy pocas que votemos en contra por entender que no suponen una solución razonable o equilibrada para las dos partes implicadas en el alquiler. Como he dicho en mi anterior intervención, este es un proyecto únicamente del Partido Popular, que no ha sido reclamado por ningún colectivo. Después de haber oído sus extensas intervenciones, no pueden decir de dónde vienen este tipo de propuestas, quién las ha reclamado, quién las ha pedido. No hay ninguna organización que haya apoyado lo que recoge este proyecto. De hecho, Caritas dijo expresamente que tenía claro que esta ley respondía a exigencias del sector financiero; y la decisión de sacar de esta ley la mitad de su contenido, lo referido a las Socimi, lo único que hace es subrayar esta idea.




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Quiero hacer también referencia a alguna de las enmiendas que hemos presentado y que han rechazado, enmiendas absolutamente sensatas que, además, atendiendo a más de una de las explicaciones que han dado, no suponen coste para la Administración. Que se le comunique al inquilino fehacientemente el motivo por el que se le dice que deje la vivienda no cuesta dinero. Es sensato pedirlo y es un derecho de las personas. Les hemos propuesto que en los contratos de renta antigua de los locales comerciales prorroguen durante cinco años más que la subida sea solo del IPC. Eso tampoco cuesta dinero al Estado y da seguridad a un tejido económico muy importante en muchas de nuestras ciudades. No entendemos cuál es la motivación por la que el Partido Popular lo rechaza. Desde aquí ya les anuncio que hablaremos con las asociaciones de comerciantes y seguiremos insistiendo en la necesidad de tomar esta medida a lo largo de este año y del próximo, antes de que concluya la prórroga que tienen, hasta el día 1 de enero de 2015.

Les hemos pedido también que disminuyan las costas que van a corresponder a los inquilinos para tener seguridad ante terceros, registrando sus contratos. Les hemos dicho que eso debería ser una decisión del Legislativo, que dejáramos bien claro que si al final prosperaba esa idea, contra la que está el Partido Socialista, al menos se hiciera una rebaja sustantiva. Y les proponíamos una rebaja del 60%. Pero ustedes la han rechazado. No digo ya que hayan querido negociar o transaccionar un porcentaje razonable, no, simplemente han manifestado: sobre esto no tenemos nada que decir.

Para terminar, quiero hacer referencia a la situación en la que van a quedar los jóvenes; y vuelvo a la enmienda 105, con la que he empezado. Han hecho referencia al Plan de vivienda 2013-2016. Como he dicho antes, la limitación que ponen —de 532,5 euros— para conseguir una ayuda al alquiler deja bien claro que no tienen la voluntad de que ningún joven reciba una sola ayuda del Gobierno de España. Eso es, traducido al español que entiende todo el mundo, lo que ustedes están aprobando hoy. Se acaba la ayuda al alquiler para los jóvenes. Y vienen aquí a decirnos que están potenciando el mercado del alquiler, que quieren hacer un proyecto de ley que ayude a que haya más alquileres en España, cuando, de una tacada y con una sola medida, probablemente pongan entre cincuenta mil y cien mil alquileres fuera del mercado; los jóvenes abandonarán ese alquiler. Con una sola de las medidas que proponen en esta ley estaremos sacando cien mil alquileres del mercado del alquiler de España; no introduciéndolas sino —repito— sacándolas del mercado del alquiler.

Nos decían que lo que hemos hecho está muy mal porque la situación del alquiler es muy mala, pero en este país en la anterior legislatura pasamos del 10 al 17% en alquiler, y eso se hizo como se hace en todos los países europeos: con bonificaciones fiscales para el propietario y el arrendatario y con la renta básica de emancipación. Con ese modelo se pasó —repito— del 10 al 17%. Si no fuera por la crisis, el alquiler en este país, con sus políticas y con los recursos que ponen a disposición, probablemente volvería al 10% o por debajo.

Votaremos en contra de este proyecto de ley, convencidos de que lo que hacen es perjudicar el interés general de la ciudadanía. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero referirme en intervención a tres enmiendas que voy a resaltar por su singularidad.

La primera trata sobre el acoso inmobiliario. El Grupo Mixto ha presentado una enmienda sobre el acoso inmobiliario, que considera como una actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda. El acoso inmobiliario así definido constituye una discriminación. El Grupo Mixto considera que no admitir un envío de pago de recibo, de cuota, es acoso inmobiliario. No llego a comprender su concepto de acoso, en el cual puedo compartir muchas cosas. Sin embargo, tras lo visto durante estos meses y esta misma tarde, con lo que estamos viendo en miembros del Partido Popular y no recibir un sincero apoyo de solidaridad por su parte, sinceramente, esta enmienda me deja




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perplejo. Y yo le pregunto: una carta con una bala que manda un arrendatario a un arrendador o viceversa, ¿es acoso inmobiliario? ¿Eso es acoso? Dejo ahí la pregunta.

Algo que me ha llamado la atención en realidad no es una enmienda, sino el comportamiento —que quiero agradecer y del que tengo un grato recuerdo— en el intenso debate que también tuvimos en el Congreso sobre esta ley. El portavoz del Grupo CiU, Macias i Arau, en el debate final de las enmiendas —señora Candini, fíjese lo que ha pasado del Congreso al Senado; y el Partido Popular es el mismo; y Convergència i Unió parece que también—, dijo lo siguiente respecto de lo que usted nos ha dicho hoy: Creo que hemos encontrado —hablaba el señor Macias i Arau sobre esta ley— una solución satisfactoria. Nosotros estamos contentos, nos hubiese gustado incidir un poco más, pero creo que es una buena transaccional a partir de las propuestas de todos los grupos. Y cabe felicitarse.

Por último, en cuanto a la enmienda del Grupo Socialista para hacer un parque público. Señor Fernández Ortega, tantas veces como usted proponga en una enmienda un parque público de viviendas, siempre que usted me pregunte sobre eso, le contestaré y le diré lo que ahora le voy a decir, porque creo que es una fórmula muy válida para que las cosas queden claras. El Partido Socialista propone constantemente un parque público de viviendas, y además en esa enmienda lo justifica diciendo: muy fácil; el dinero lo sacamos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y ponemos a Sepes, la sociedad pública de suelos industriales, a disposición, la transformamos para gestionar vivienda. Bien, ya se lo dije en el Pleno. Imagínese que aceptamos esa enmienda, que vamos de la mano al ICO, y le decimos: Mire, somos los de la vez pasada, que hicimos la Sociedad Pública de Alquiler, que dejamos un cañón en esta casa de 42 millones de euros para gestionar 4000 viviendas. ¿Se puede imaginar la cara que pondría el del ICO? Diría: ¿Y quién lo va a gestionar? Y le diríamos: Pues lo van a gestionar los de Sepes, que tienen un agujero de 112 millones de euros, los que gestionaron el suelo industrial.

No podemos admitir esa enmienda. Pero vayamos a lo más reciente, a cómo se ha gestionado la política de vivienda en el País Vasco con el señor López, en su plan de compra de suelo. Él vendía el suelo público de viviendas protegidas en régimen de superficie; ni más ni menos que 16 210. Entonces, en la fórmula del Partido Socialista de generar un parque público de vivienda lo más reciente que tenemos es que han vendido 16 210 viviendas. Es incongruente.

Cierro aquí mi intervención, de cinco minutos, diciendo que estas tres cuestiones quizá hayan sido las más anecdóticas y las que más han podido incidir en una situación de incongruencia total.

Y termino agradeciéndoles una vez más su paciencia y el interés que han mostrado. Creo que con esta ley, junto con el paquete de medidas que se han presentado hoy y que se van a seguir presentando, hay un conjunto, un marco, una línea a seguir clarísima que nos va a permitir solucionar el problema residencial en España.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas, comenzando con las del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzamos votando las números 1 a 8, 10, 11, 14, 15 y 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 11; en contra, 191; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 12.




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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 13 y 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 58; en contra, 156; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, comenzamos votando las enmiendas números 18, 35 a 38 y 96.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 157.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 20 y la 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 53; en contra, 163; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 6; en contra, 208; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 51; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 24 y 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 27; en contra, 143; abstenciones, 49.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 26.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 157.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 30.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 31.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 18; en contra, 201.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 32 y 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 58; en contra, 148; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 34, 95 y 97.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 39.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 70; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 98.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 57; en contra, 160.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, iniciamos las votaciones de las enmiendas presentadas por Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comenzamos votando las enmiendas números 40 a 42, 45, 46, 49 y 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 43 y 44.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 47 y 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 48 y 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 58; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 53, 56 y 64.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 54.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 55 y 57 a 62.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 63.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 25; en contra, 144; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 65.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a favor, 58; en contra, 157; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 66.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 24; en contra, 189; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a las enmiendas de Convergència i Unió. En primer lugar enmienda número 67.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 69 a 71, 73 a 77 y 79, 80, 87 y 88.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 68; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 78 y 82.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 23; en contra, 144; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 81.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 21; en contra, 197; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 83.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 84 y 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 144; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 85.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 201; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 89, 90, 92 y 94.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 91.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 93.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando la enmienda número 106.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 54; en contra, 145; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 107.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 56; en contra, 157; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 108.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 62; en contra, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 109, 119, 122, 128, 129, 132 y 134.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 6.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 53; en contra, 157; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 111.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 112, 115, 120, 123 y 124.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 47; en contra, 165; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 113.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 61; en contra, 152; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 114.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 49; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la número 116.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 219; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 117, 118 y 126.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 219; a favor, 47; en contra, 152; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 47; en contra; 167; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 125.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 61; en contra, 151; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 127.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218, a favor, 57; en contra, 143; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 130 y 136.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 131.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 62; en contra, 157.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 133.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 62; en contra, 143, abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 135.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 62; en contra, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 78; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 194; en contra, 28.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 144; en contra, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado y, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.




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8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EN ATENAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000078)

8.1.2. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000056)

8.1.3. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000057)

8.1.4. ACUERDO DE SEDE ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 93ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, HECHO EN MADRID EL 4 DE JUNIO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000058)

8.1.5. ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE IRAQ, POR OTRA PARTE, HECHO EN BRUSELAS EL 11 DE MAYO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000059)

8.1.6. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES, REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y DECLARACIONES CONCERTADAS POR LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA RELATIVAS AL TRATADO Y AL REGLAMENTO, HECHOS EN GINEBRA EL 1 DE JUNIO DE 2000.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000060)

8.1.7. ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA COSTA DE MARFIL, HECHO EN MADRID EL 17 DE JULIO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000061)




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8.1.8. ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000062)

8.1.9. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y CANJE DE LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN NACIONALES, HECHO EN SKOPJE EL 6 DE OCTUBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000063)

8.1.10. PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, CON EL FIN DE TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y DE RUMANIA, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE JUNIO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000064)

8.1.11. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DE SERVICIO, HECHO EN RABAT EL 3 DE OCTUBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000065)

8.1.12. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN ABU-DHABI EL 21 DE OCTUBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000066)

8.1.13. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000067)

8.1.14. SEGUNDO PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, REVISADO, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000068)

8.1.15. ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, POR OTRA, HECHO EN PHNOM PENH EL 11 DE JULIO DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000069)

8.1.16. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUINEA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000070)

8.1.17. CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL, HECHO EN CIUDAD DEL CABO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000071)




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8.1.18. ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000072)

8.1.19. ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000073)

8.1.20. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE