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DS. Senado, Pleno, núm. 48, de 20/12/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 24

celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA

16. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

16.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

16.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000025)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

16. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

16.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

16.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

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El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de los vetos.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Pineda Balló defiende la propuesta de veto número 5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Zubia Atxaerandio defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet y la señora Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 143.




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Se inicia el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 32, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 33 a 48, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 79 a 111, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Pineda Balló defiende las enmiendas números 112 a 144, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 145 a 184 y 189, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas números 49 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, así como las señoras Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y los señores Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Tejera, por alusiones.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 3, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 140; abstenciones, 58.

Se rechaza la enmienda número 2, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 133; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 4, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 129.

Se rechaza la enmienda número 5, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 15; en contra, 132; abstenciones, 55.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.

Se rechaza la enmienda número 8, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 136.

Se rechaza la enmienda número 9, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 10, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

Se rechaza la enmienda número 11, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.

Se rechazan las enmiendas números 12 y 14 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.




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Se rechaza la enmienda número 13 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

Se rechazan las enmiendas números 15 a 17 y 32, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 18 y 19, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 62.

Se rechazan las enmiendas números 20, 21, 23, 24 y 25, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

Se rechaza la enmienda número 22, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 26 y 27, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 28 a 31, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, por los siguientes votos: a favor, 54; en contra, 136; abstenciones, 18.

Se rechaza las enmiendas números 33 a 38, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 15; en contra, 136; abstenciones, 57.

Se rechazan las enmiendas números 41, 42, 44, 47 y 48, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 14; en contra, 136; abstenciones, 59.

Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 193; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 39 y 46, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 192.

Se rechazan las enmiendas números 43 y 45, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 79 y 81, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 144; abstenciones, 58.

Se rechazan las enmiendas números 80 y 83, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 137; abstenciones, 56.

Se rechazan las enmiendas números 84, 86 y 89, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.

Se rechazan las enmiendas números 82, 85, 93 a 95 y 107, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 135.

Se rechaza la enmienda número 106, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 136; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 87, 90, 103 y 105, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 138; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 88, 91, 98, 99, 102, 104 y 108 a 111, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 70.

Se rechaza la enmienda número 92, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.




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Se rechazan las enmiendas números 96 y 97, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 11; en contra, 136; abstenciones, 60.

Se rechazan las enmiendas números 100 y 101, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 137; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 124, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 114, 115, 117, 128 y 129, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 112, 113, 116, 118, 121, 125 a 127 y 137, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 119, 120, 123, 130, 131 y 141, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 132 a 136 y 142 a 144, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 136; abstenciones, 12.

Se rechazan las enmiendas números 138 a 140, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 136; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 122, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 135; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 145, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 12; en contra, 192; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 146, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 136; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 147, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechaza la enmienda número 148, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 14; en contra, 137; abstenciones, 58.

Se rechazan las enmiendas números 149 y 155, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 156 y 158, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 193.

Se rechazan las enmiendas números 153 y 154, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 11; en contra, 192; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 150, 151, 152 y 159, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 157, 160 a 166, 168, 169, 173 a 176 y 184, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 137; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 189, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 167, 170 a 172 y 180 a 183, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 9; en contra, 136; abstenciones, 63.




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Se rechazan las enmiendas números 177 y 178, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 9; en contra, 138; abstenciones, 60.

Se rechaza la enmienda número 179, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 62.

Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 50 a 52, 54, 65 y 66, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 56, 57, 60, 67 y 68, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 49, 53, 55, 58, 62 a 64 y 74, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 59, 69 a 73 y 75 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 13.

Se aprueba el proyecto de ley, por los siguientes votos: a favor, 132; en contra, 75; abstenciones, 4.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.

Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.

16. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

16.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

16.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000025)

El señor presidente da lectura a los puntos 16, 16.1 y 16.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Señorías, buenos días. Intervengo para la presentación del dictamen del proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El proyecto de ley orgánica que vamos a someter en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia ha tenido su entrada en esta Cámara el día 3 de diciembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 7 de diciembre, fue ampliado hasta el día 10 de diciembre de 2012.

A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto y 189 enmiendas. El pasado día 13 de diciembre, jueves, la comisión designó ponencia y quedó integrada de la siguiente manera: don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo Parlamentario Mixto; don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Silvia Franco González, del Grupo Parlamentario Popular; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; doña Iolanda Pineda Balló, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Pilar Auxiliadora Serrano Boigas, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario Vasco.

La comisión se reunió igualmente para dictaminar el mismo día 13 de diciembre y, tras rechazar todas las propuestas de veto y las 185 enmiendas admitidas a trámite, emitió dictamen de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; igualmente los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Nada más, señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Comenzamos con el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar la propuesta de veto número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Los dos senadores de Izquierda Unida hemos presentado este veto al proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en legítima defensa de la justicia española, en legítima defensa de un servicio público esencial para el funcionamiento del sistema democrático, porque no solo dirime los conflictos entre ciudadanos, sino los conflictos de esos ciudadanos con los poderes del Estado, con las administraciones públicas. Es por tanto muy importante que esos poderes públicos, cuando regulan este servicio público esencial, sean conscientes de que no debe quedar ni un ápice de sospecha de que lo hacen precisamente para impedir que los ciudadanos puedan defenderse frente a sus actuaciones. Y entendemos que este proyecto de ley no solamente no disipa ese ápice de sospecha, sino que lo incrementa de forma muy importante. Bajo el término eficiencia una vez más nos encontramos con una norma que busca provocar una reducción sustancial de los recursos dedicados a un servicio público.

No se trata, señorías, de dar cumplimiento a ese lema que el Partido Popular reitera de hacer más con lo mismo, ni siquiera de hacer lo mismo con menos, se va a hacer menos con menos recursos en un momento en el que esta reforma coincide cronológicamente en el tiempo con otra pieza del puzzle, que es la Ley de tasas judiciales, a la ya hemos hecho repetidas o reiteradas referencias pero que, sin ninguna duda, supone en principio la posibilidad de que haya más recursos para la justicia. Se compadece mal, por tanto, con el objetivo que se busca con esta reforma legislativa.

El proyecto presenta dos partes. Una primera busca definir un nuevo régimen de cobertura de ausencias, vacantes y medidas de refuerzo, partiendo, además, de una argumentación que he tenido la oportunidad de escuchar durante la tramitación del proyecto y en otras comparecencias —argumentación que a mí me parece injusta—: la búsqueda de legitimar este nuevo régimen de cobertura de ausencias, que tiene como objetivo único el que enuncia la ley, la eficiencia, es decir, que la cobertura de vacantes, ausencias y refuerzos sea más barata de lo que costaba hasta este momento. Parte de la descalificación del trabajo de un nutrido grupo de profesionales —los jueces sustitutos y los magistrados suplentes— que tienen un largo recorrido en la historia jurisdiccional española y que, en mi opinión, merecen más respeto que el que se manifiesta o se expresa en la argumentación en defensa de este proyecto de ley. Es un colectivo que lleva años sacando las castañas del fuego a la Administración de Justicia, encubriendo lo que ha sido una constante: que las convocatorias de oposiciones para la carrera judicial han significado siempre un número muy reducido de plazas, con una única salvedad, que a mediados de los ochenta sí es verdad que hubo unas convocatorias de oposición numerosas; salvo ese breve período de tiempo, el número de plazas de las convocatorias siempre han sido muy reducido.

En segundo lugar también porque estos profesionales, los sustitutos, han impartido justicia con dedicación y acierto. De no haber sido así, hay que pensar que los distintos gobiernos, los distintos consejos del Poder Judicial habrían actuado con absoluta irresponsabilidad consintiendo que una parte importante de la tarea de impartir justicia en nuestro país hubiera sido desempeñada por profesionales que carecían bien de la dedicación, bien de la cualificación necesaria para ello.

En tercer lugar, porque, a estas alturas, la mayoría de estos jueces sustitutos o magistrados suplentes acumulan una experiencia, que, desde luego, no va a ser posible encontrar en quienes están llamados a cumplir su función a partir de la aprobación de esta ley —los jueces en prácticas.

Finalmente, porque este colectivo ha dado continuidad al servicio público de Justicia en nuestro país en partidos judiciales, en demarcaciones de paso. Es el caso de los típicos juzgados que siempre están atendidos, cuando tienen juez titular, por uno de ingreso, que, en cuanto acumula el tiempo imprescindible para solicitar el traslado, lo pide, lo que, obviamente, supone constantes vacantes a las que da continuidad precisamente la figura del juez sustituto, normalmente un profesional de la Justicia que vive en ese partido judicial o en su proximidad.

La alternativa que se plantea a esta realidad no es la normal; la alternativa normal es: bueno, no queremos que haya jueces sustitutos, queremos una Justicia más profesionalizada. Si es un modelo razonable y perfectamente compartible, saquemos plazas, hagamos convocatorias lo suficientemente numerosas para garantizar la cobertura de todas estas necesidades. No, lo que se plantea con esta reforma legislativa son peonadas judiciales, algo que ya se hizo en otro




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momento, algo que, por desgracia, es frecuente en el sistema público sanitario. No hacemos las convocatorias que nos homologuen con la media de la Unión Europea en número de jueces y magistrados, sino que se pretende cubrir estas vacantes con mecanismos que, por una parte, conllevan el riesgo —utilizando un término coloquial que sus señorías conocen perfectamente— de desvestir a un santo para vestir a otro, que para cubrir la necesidad allá donde se produce la vacante se tira de un juez o magistrado, que tendrá que dedicar menos atención y tiempo a aquella plaza de la que es titular.

En segundo lugar creemos que la alternativa todavía empeora si se renuncia a la voluntariedad de estas peonadas judiciales y se acude al mecanismo de los destinos forzosos, primero, porque supone una clara amenaza para la independencia de la acción jurisdiccional y, segundo, porque quiebra el derecho al juez natural y abre un peligrosísimo resquicio que permite colocar en situación incómoda a jueces incómodos mediante la imposición forzosa de estas tareas. No quiero ser malpensado, pero, en pura hipótesis, imaginemos un juez instructor de un procedimiento con connotaciones que afectan a esos poderes públicos, que, gracias a esta ley, van a estar en condiciones de hacer la vida más difícil a ese juez y de dificultar la instrucción que en ese tema en concreto está desarrollando con el mecanismo de atribuirle forzosamente la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de la vacante en otro juzgado o tribunal.

No digo que esa sea la intención del legislador ni del Gobierno, digo que ese es un riesgo cierto, que, con un uso torticero de esta norma, por poderes públicos con escaso respeto al funcionamiento del Estado democrático, pudiera provocar un resultado no deseado por quien está en este momento haciendo uso de la palabra y estoy seguro que por ninguno de los senadores que configuran esta Cámara.

Por otro lado, los jueces en prácticas no han concluido su periodo de formación y resulta aventurado que asuman tan graves responsabilidades. Pero además, como no se va a resolver el problema fundamental, que es el de las convocatorias suficientes, con este mecanismo no va a haber bastantes jueces en prácticas para cubrir las vacantes y las necesidades.

El segundo bloque de contenidos de la ley —y voy terminando— pretende homogeneizar las condiciones laborales de los jueces y magistrados y del personal de la Administración de Justicia con la Administración General del Estado. Esto de la homogeneización puede tener su lógica en general, pero no se puede llevar a sus últimas consecuencias. Homogeneizar significa, como bien saben sus señorías, dar tratamiento similar a realidades que pueden ser diferentes, y en la actividad judicial y jurisdiccional ocurren peculiaridades que no se dan en la mayoría de los cuerpos de la Administración General del Estado, desde el régimen de incompatibilidades hasta la disponibilidad, pasando por el sigilo. Algunos de estos requisitos se pueden dar en algún otro cuerpo, pero que concurran todos en uno solo no sucede en ningún otro caso. Y la voluntad homogeneizadora tampoco es que llegue a sus últimas consecuencias. En nuestra Administración se dan disparidades notables y notorias, algunas tan llamativas como que tengamos un cuerpo policial sometido a disciplina militar, y, por lo que se ve, nadie —por lo menos la mayoría gobernante— pretende homogeneizar sus condiciones.

Creemos que todo ello va a acabar demostrando otro viejo proverbio español: que, al final, lo barato es caro y que deteriorar el servicio Administración de Justicia, que es esencial, para ahorrar recursos económicos se va a traducir en obstaculizar la última garantía de los ciudadanos —insisto— frente a otros ciudadanos, pero también frente a los poderes públicos y va a incrementar ese atasco judicial, que al final ya no es tanto. Las últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial dicen que el atasco no aumenta —poco, pero algo se va reduciendo— y la manera desde luego de acabar con el atasco judicial —insisto una vez y es lo último que sostengo— pasaría por aumentar el número de plazas en las convocatorias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, buenos días a todo el mundo.




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Detrás de un título tan largo —proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia— se esconde un pequeño y negro objetivo: aplicar la política de recortes —los recortes— a la Administración de Justicia. Ya saben sus señorías que, para este Gobierno, eficiencia es sinónimo de recortes, así es como lo entiende hasta ahora el Gobierno del PP.

Lo que se plantea en este proyecto de ley es para el senador Saura y para mí grave, muy grave: a cambio de un ahorro de 20 millones de euros se va a deteriorar aún más la Administración de Justicia. En un período de crisis, de recortes, de privatizaciones, de desregulaciones, el último refugio para mucha gente, sobre todo para los más débiles, es la justicia, y este refugio hoy se va a ver más deteriorado con la aprobación de este proyecto de ley y más inaccesible por los incrementos de las tasas judiciales.

Mi intervención, que hago en mi nombre y en nombre del senador Saura, para justificar este veto, la he intentado agrupar en cinco bloques para que sea lo más comprensible posible. En primer lugar haré una descripción de cuál es la realidad de nuestra Administración de Justicia; en segundo lugar, de cuál es la percepción de los ciudadanos de la Administración de Justicia. En tercer lugar recordaré todos los compromisos que el señor Ruiz-Gallardón tomó en su primera comparecencia en esta Cámara respecto a lo que iba a ser la gestión de su ministerio. En cuarto lugar, cuáles van a ser los efectos de la ley al aprobarse; y a partir de aquí, las conclusiones que justifican el veto.

¿Cuál es la realidad de nuestra Administración de Justicia? Cuatro datos. La ratio de jueces por habitantes es de 10 por cada 100 000 habitantes —solo superamos a Turquía y a Estonia; en Francia es de 20 cada 100 000—. La litigiosidad, es decir, el número de asuntos tratados, en España en 2011 fue de 9 041 442 asuntos; solo se revolvieron dos terceras partes.

Para poner un ejemplo del incremento de los litigios con la crisis, con la reforma laboral, voy a dar también cuatro datos: las demandas de despidos han crecido en el primer trimestre de 2012 un 10,6%; los concursos de empresas, un 20%; los incidentes laborales y los expedientes de regulación de empleo, un 70%.

En España hay 345 juzgados de lo Social, cuando las necesidades reales hoy serían de 295 nuevos juzgados y 114 nuevas plazas de magistrados.

Los desahucios —nos lo recordaba el otro día el Consejo General del Poder Judicial— se han incrementado un 134% y el Gobierno ha convocado un 86% menos de plazas para nuevos jueces en la Escuela Judicial.

Esta es la realidad de nuestra Justicia, una justicia que no cuenta hoy con los recursos y los medios suficientes para poder ejercer una tutela judicial efectiva.

¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre la administración —y haré referencia a una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica—? Que funciona mal o muy mal lo opina el 48% de los encuestados; que los medios son insuficientes, es la opinión del 61,6%; que hacen falta más jueces opina el 40%; que hace falta más personal, el 21,4%; que serían necesarios procedimientos más ágiles y rápidos, el 77,4%. Entre los entrevistados, de todos aquellos que habían tenido relación por algún asunto con la Justicia, su percepción entre mala o muy mala casi llegaba al 45%.

Por tanto, con la aprobación de este proyecto de ley vamos a reducir casi un 28% el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Señorías, simplemente por una regla de tres —y yo diría también, como el senador Iglesias: dejémonos de que con menos haremos más, dejémonos de todas estas patrañas—: si en España la justicia es lenta, poco ágil, si la percepción ciudadana es la que es y se recorta un 27,8% el número de jueces y magistrados —sustitutos y suplentes—, ya me dirán ustedes si la cosa va ir a mejor o a peor. Es evidente que la situación va a empeorar, es una simple regla de tres, y no solo no va a empeorar, sino que, insisto, la ciudadanía va a tener una tutela judicial menos efectiva.

¿Qué nos decía el señor ministro el 5 de marzo de 2012? Primero, diálogo y mano tendida, que para ustedes es un eufemismo. Con este proyecto de ley llevamos ya veinticinco, dos Presupuestos Generales del Estado y, entre una cosa y otra, deben rondar más de 7000 las enmiendas presentadas, de las que se habrán aprobado media docena. Así que mano tendida para el Gobierno y para el Partido Popular es un eufemismo. Pero con todo, y más allá del diálogo y de la mano tendida —que políticamente no existe—, también es cierto que el señor Gallardón ha conseguido algo inaudito: unir a toda la judicatura en contra de una propuesta del Gobierno, por encima de las diferencias ideológicas.




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En su intervención hacía referencia a la lentitud de la justicia, a los agobios que sufren los juzgados y tribunales, a que su objetivo era conseguir que la Administración de Justicia fuera sinónimo de celeridad y eficiencia. Seguía afirmando que hay que aceptar que tenemos un problema. Decía: La congestión de juzgados y tribunales, el retraso en la ejecución de las sentencias, la tardanza en la consolidación de la doctrina jurisprudencial —esto es literal— no son simples contratiempos que afean con una nota de ineficacia a la Administración de Justicia, son algo mucho más grave, porque afectan al derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia rápida y al día. Es decir, el señor ministro recordaba que un derecho fundamental es que los españoles y españolas puedan acceder a una justicia rápida y al día.

El señor Gallardón seguía insistiendo en que España no estará en una auténtica igualdad de condiciones para medirse con otras economías y otros mercados hasta que no consiga que su sistema de justicia acredite agilidad, claridad y seguridad. Este proyecto de ley desdice totalmente los objetivos y compromisos que el señor Ruiz-Gallardón adquirió al inicio de su mandato como ministro de Justicia.

Recordado todo esto, lo que está claro paro este senador y para el senador Saura es que la justicia de la cotidianeidad, la justicia del cada día, la justicia que afecta a los miles y miles de ciudadanos se verá negativamente afectada.

¿Cuáles van a ser los efectos de la ley? A pesar de que los criterios de independencia e inamovilidad deben presidir a los profesionales de justicia, la interinidad es una realidad de nuestro sistema judicial. Seguramente es una anomalía del sistema, pero ha ido permitiendo el funcionamiento de la misma Administración. Miles de sustitutos ocupan de forma casi permanente puestos en la judicatura. El proyecto de ley propone simple y llanamente cargarse los empleos interinos, que, como recordaba antes, supone casi un 28% del total de la plantilla; un recorte de la plantilla que se quiere paliar con la cobertura de ausencias, vacantes y refuerzos con miembros de la carrera judicial de forma voluntaria y retribuida —un retribución menor del coste actual— y también en algunos casos, de forma obligatoria. Se utilizará un concepto tan vago como carga de trabajo a la hora de distribuir estas sustituciones, con lo cual puede darse la paradoja de que el buen profesional se vea sobrecargado con más tareas. Las sustituciones tendrán un coste más bajo, se propone que jueces en prácticas hagan sustituciones y refuerzos —jueces aún no capacitados, por eso los llamamos jueces en prácticas—.

Por tanto, señorías, si el diagnóstico y la percepción pública es compartida, si sí es verdad que tenemos una Administración de Justicia lenta y poco ágil, de qué nos sirve una ley que no hace ni una propuesta que la mejore funcionalmente, que no va a aumentar el número de profesionales de la justicia y que lo único que va a hacer es sobrecargar una plantilla que se verá reducida por la retirada del personal sustituto, que, a su vez, acumula una capacitación que con esta ley vamos a echar por la borda. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos en Iniciativa per Catalunya Vers, que en definitiva son las que justifican este veto a partir del análisis que antes les he expuesto?

Nosotros nos hemos opuesto desde el primer momento a esta política de recortes, que es la consecuencia de un mal enfoque y de unas políticas erróneas para salir de la crisis. Nosotros nos oponemos a esta reforma por la falta de negociación, porque representa un recorte de derechos conquistados también por los trabajadores de la Administración de Justicia y porque comporta un nuevo recorte salarial. Esta ley va a representar un retroceso y una pérdida injustificable de derechos laborales y sociales en la Administración de Justicia. A cambio del recorte ¿qué se va a conseguir? Mayores sobrecargas de trabajo, que limitarán aún más una tramitación eficaz de los procedimientos, lo que provocará un mayor colapso judicial. Se producirá un deterioro mayor de la justicia y de la capacidad de tutela judicial efectiva. Y eso siempre con la lógica degradación de los servicios públicos —hoy le ha tocado a la justicia— que lleva a cabo el Gobierno del PP al anteponer los recortes presupuestarios al funcionamiento de los servicios públicos y, a su vez, al ejercicio de derechos.

Quiero terminar, señor presidente, recordando que nuestra sociedad se deteriora cada vez que los derechos básicos pasan a ser servicios, y servicios solo contemplados desde la única y exclusiva óptica económica.

Creo que con estos argumentos justifico el veto del senador Saura y mío, y por ello les pido su apoyo.

Gràcies, senyor president.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Propuesta de veto número 5, de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Gràcies, president.

Buenos días. Casi todos los proyectos de ley presentados por el Gobierno que afectan a la reforma de la Administración se escudan en la necesidad de mejorar la eficiencia de esta, aunque, una vez tras otra, advertimos que la verdadera razón que se esconde detrás de esas reformas es la minoración, cuando no la desaparición, de los servicios públicos sobre la base de un supuesto y excesivo dispendio del Estado en esos servicios. Y el presente proyecto de ley no es una excepción. El preámbulo, como suele ser también tradición, presenta la excusa para modificar la ley. En primer lugar, la mejora de la eficiencia de las administraciones, como si la exigencia de la eficiencia de las administraciones no tuviera que ser siempre, en mejor o peor situación económica.

La segunda excusa para la reforma que plantea el Gobierno a través de este proyecto de ley es la profesionalización de la carrera judicial. Ese es un objetivo bien loable, y creo que querido por todos, pero ya les digo que no se conseguirá a través de las medidas que están previstas en este texto legislativo. Los jueces sustitutos y magistrados suplentes no forman parte de la carrera judicial y deberían ser la excepcionalidad, es cierto, pero en la actualidad casi el 28% de la planta judicial está atendida por personas que no pertenecen a la carrera judicial. Pero ese 28% no profesional no puede ser relevado de cuajo por los profesionales que ya tienen plaza asignada en su mayoría, incrementando de por sí la elevada carga de trabajo. Este problema es en parte coyuntural pero sobre todo estructural, y solo puede solucionarse mediante el aumento progresivo de las plazas de oposición en los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, es todo lo contrario de lo que sucede con el actual Gobierno, que opta por acumular en los jueces y magistrados ya existentes la carga de trabajo, mientras que disminuye a un total de cincuenta plazas la oferta de empleo público para la carrera judicial para 2013.

Cargarse —como decía— de golpe ese 28%, casi unos 5000 jueces, supone una minusvaloración de esos profesionales. Parece ahora, o al menos ustedes presentan a esos profesionales como jueces y magistrados legos en derecho que incluso hayan administrado mal la justicia. Por eso quisiera también aprovechar esta intervención para reconocer el ingente y buen trabajo que han venido desarrollando durante muchos años estos jueces sustitutos y magistrados suplentes. Y quiero que quede especialmente claro que estamos de acuerdo con esa profesionalización de la justicia, pero que el camino que proponen no es el correcto.

El Gobierno pretende hacer de la necesidad virtud, ya que tras las excusas falaces de la coyuntura económica actual y la necesidad de eficiencia de la Administración proceden a un verdadero ERE, a un verdadero expediente de regulación de empleo para jueces sustitutos y magistrados suplentes, contrariamente a lo que dicen pretender, que es la profesionalización de la justicia. Y anuncio que lo que va a pasar es el colapso del sistema.

A pesar de que el proyecto de ley alude a las bondades del nuevo sistema de sustituciones que pretende implantar, sobre todo aduciendo la voluntariedad de jueces y magistrados y su retribución, al final establece que algunas de las suplencias no serán ni voluntarias ni retribuidas, eso sí, cuando concurran unas circunstancias determinadas.

El sistema de sustituciones propuesto en la ley se basa, en primer lugar, en la voluntariedad. En segundo lugar, las sustituciones las llevan a cabo jueces de adscripción territorial. Y, en tercer lugar —aquí se termina la voluntariedad—, las sustituciones las llevan a cabo aquellos jueces con menor carga de trabajo. Ni legalmente ni reglamentariamente está determinado qué significa menor carga de trabajo, por lo que podría ocurrir que un juez o magistrado que lleve al día su tarea, sin acumulaciones, sea premiado con más trabajo; contrariamente a motivar un trabajo eficiente, a quien no quisiera asumir otro juzgado simplemente le bastaría con no llevar bien el que tiene asignado. Sinceramente, creo que conseguirán lo contrario de lo que decían pretender, en lugar de eficiencia lo que van a conseguir es desmotivar.

Por otro lado, únicamente se recurre al magistrado suplente o juez sustituto después de un complejo periplo de sustituciones, voluntarias o no, sin una determinación reglamentaria de lo que significa —como decía— una menor carga de trabajo y condicionando la existencia a la




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disponibilidad presupuestaria, lo que en la práctica mucho nos tememos que no va a existir nunca o casi nunca. Pues bien, esa disponibilidad presupuestaria también va a venir a ayudar al colapso del sistema.

La ley apunta a que la práctica totalidad de las sustituciones y suplencias se llevará a cabo a través —repito— de ese sistema enrevesado, sin que ello suponga una notable merma apreciable en el servicio que se presta a los ciudadanos. Eso consta específicamente en el preámbulo de la ley: sin que ello suponga una notable merma apreciable en el servicio que prestan a los ciudadanos. Creo que esa simple referencia supone ya, porque lo tienen asumido, una merma en el servicio. Y, como ya he dicho, el resultado no va a ser otro que el colapso del sistema judicial. Por eso mostramos nuestra más férrea oposición a esta norma, que afecta a quien presta sus servicios en el marco de la Administración de Justicia, sí, afecta a jueces sustitutos y a magistrados suplentes, pero no hay que olvidar que los destinatario últimos del servicio de la justicia son los ciudadanos y las ciudadanas.

Por otro lado, en lo que se refiere a la nueva regulación de la escuela judicial, no compartimos que en el tercer periodo de formación los futuros jueces realicen funciones de sustitución y refuerzo judicial. No se trata de jueces nombrados sino de jueces futuribles, ya que su formación no ha finalizado, y precisamente es en este último periodo de su formación cuando es más razonable la existencia de un juez en ejercicio que los tutorice.

También es importante señalar que, a pesar de que esta reforma afecta mayoritariamente a jueces y magistrados, se hace, no ya sin su acuerdo, sino incluso con su oposición, lo que tampoco predispone a una correcta aplicación de esta ley.

Tratamos hoy no solo los duros ajustes presupuestarios, sino también los recortes de derechos laborales y sociales, creo que sin precedentes en nuestra democracia, que ahora están aplicados a la Administración de Justicia.

Todas las reformas legislativas en el ámbito de la justicia que se han llevado a cabo han conseguido la contestación de los jueces, magistrados y fiscales, todas, empezando por la Ley de tasas, continuando por las informaciones que se han publicado sobre la modificación de la Ley de planta y demarcación judicial, y terminando por la ley que hoy estamos tratando aquí. Y la respuesta que sería de esperar por parte del Gobierno del PP y de su ministro es la del diálogo y el acuerdo. Pero no. Creo que la respuesta, por otro lado, ha sido impropia de un ministro, al decir: ¿Cómo no van a estar enfadados los jueces si les hemos quitado la paga extra? Creo que esta afirmación es indigna de un ministro, al que yo le tenía con mayor capacidad para propiciar el diálogo y fomentar el consenso. No sé si esta ley habrá enfadado a tantos jueces, como dice el ministro, pero al menos sí a nosotros, motivo que justifica la presentación de este veto.

La segunda parte de la reforma legislativa propuesta trata de la aplicación —como decía— a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. En coherencia, mantenemos el rechazo en cuanto a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, la reducción de los días de libre disposición, la supresión de días adicionales por antigüedad, así como la reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal.

En definitiva, este proyecto de ley compromete el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la vulneración del principio del derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, todos ellos recogidos en nuestra Constitución. Desde luego, después de los envites al artículo 24 de la Constitución española, sobre la tutela judicial efectiva, que están realizando con todas las leyes que están aprobando, no sé que quedará de este derecho al final de esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.

Propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, al proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado, como decía el señor




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presidente, una propuesta de veto que obedece, como es fácil de entender, a las mismas razones y los mismos argumentos que motivaron la presentación en el Congreso de los Diputados de una enmienda a la totalidad con petición de devolución del texto al Gobierno.

Hemos de empezar por decir que lo que pretende realmente o regula este proyecto de ley es, como su título indica, sus medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia. Y no hay en el proyecto ni una sola medida de eficiencia funcional, ni una sola medida que mejore la funcionalidad del servicio público de la justicia. Hay una obsesión —esa es la palabra, obsesión— por la racionalización presupuestaria, es decir, por el ahorro y por el recorte, que explican en muy buena medida el rapidísimo y atropellado procedimiento legislativo seguido en ambas Cámaras. En poco más de un mes —digo bien, un mes— se ha tramitado íntegramente este proyecto de ley orgánica en la Cámara Baja y en esta. Y todo ¿por qué, señorías? Porque se quiere que entre en vigor ya, habida cuenta precisamente de los recortes y el ahorro que se incorporan en la nueva norma.

Sus señorías saben que nuestro servicio público de justicia es de los peores de Europa. Lo decía hace un momento el senador Guillot. Saben perfectamente que tenemos diez jueces por cada 100 000 habitantes, una de las ratios más bajas de Europa, pues solo son peores las situaciones de Turquía y Estonia. Francia, por ejemplo, nuestro Estado vecino, tiene el doble de jueces: veinte por cada 100 000 habitantes; y con más habitantes tiene la mitad de litigios pendientes, la mitad de pendencia, entre otras cosas —y sería bueno que lo piensen, señores de la mayoría—, por una mejor configuración de las normas procesales.

Por eso, no podemos entender la práctica desaparición de los cerca de 1600 jueces sustitutos y magistrados suplentes. En un Estado que tiene una planta judicial de las más bajas de Europa en porcentaje de jueces por número de habitantes esto es muy preocupante, y a la vez muy peligroso para el eficaz funcionamiento del servicio público de la justicia y de la tutela judicial efectiva.

Con este proyecto de ley hay nuevos jueces sustitutos y magistrados suplentes, buenos jueces sustitutos y magistrados suplentes, llamados a desaparecer por entender que es suficiente con la actual planta judicial y, sobre todo, por esa invocación que se hace a una pretendida profesionalización de ese servicio público —repito: profesionalización—.

¿Quién puede creerse que algunos jueces sustitutos o magistrados suplentes, que llevan, en no pocos casos, quince, veinte y hasta veinticinco años ejerciendo sus funciones, tienen peor cualificación, además de menos derecho, en esa función jurisdiccional? ¿Quién puede creerse que un juez en prácticas tiene mejor cualificación que un juez sustituto o magistrado suplente que lleva tantos años ejerciendo funciones jurisdiccionales? Por cierto, jueces sustitutos y magistrados suplentes que también en muchos casos han estado destinados en los juzgados más colapsados y en territorios especialmente afectados por la violencia terrorista.

Pues bien, el actual proyecto de ley y próxima e inmediata ley, pues el Grupo Parlamentario Popular no ha presentado en esta Cámara enmienda alguna para que —estoy convencido— esta ley entre en vigor cuanto antes, sin volver al Congreso de los Diputados, hace peligrar la situación de estos aproximadamente —repito— 1600 jueces sustitutos y magistrados suplentes, dado que la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial ya prevé la excepcionalidad, señorías, en la intervención de jueces y magistrados suplentes en la función jurisdiccional y que sus llamamientos solo han de producirse cuando no existe otra posibilidad de cobertura de las vacantes por los miembros de la carrera judicial, por los jueces de adscripción territorial, por los jueces adjuntos o por los jueces en prácticas.

Pero el proyecto de ley pretende reducir al máximo los llamamientos de estos jueces sustitutos y magistrados suplentes. Además, esa pretendida profesionalización —a la que antes me refería— de la justicia nos parece una manifestación y una argumentación sorprendente en tanto ignora una manifiesta realidad: que muchos jueces sustitutos y magistrados suplentes, además de llevar desempeñando una función durante años, cuentan con una amplia experiencia, con una sólida formación jurídica y con una aptitud más que demostrada que les permite ofrecer altas garantías a la hora de un correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Restringir la condición de profesional, tal y como por otra parte hace el proyecto, a quien superó una oposición, y a la vez negarla a quien ha desempeñado la labor jurisdiccional durante largos años y dictado miles de sentencias, superando el control y baremación que efectúa el Consejo General del Poder Judicial, no deja de ser llamativo —repito— y sorprendente.




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Por otro lado, la atribución a los propios titulares de los órganos jurisdiccionales de las sustituciones de sus compañeros, que, a pesar de su aparente voluntariedad se contempla como obligatoria en el supuesto de compatibilidad del señalamiento de juicios, va a suponer para los miembros de la carrera judicial una carga de trabajo que no pueden asumir, una carga inasumible, habida cuenta de que ya en estos momentos la carga de trabajo excede con mucho los parámetros fijados por el Consejo General del Poder Judicial. Y, con mayor motivo, las sustituciones impedirán que las resoluciones judiciales reúnan los estándares de calidad requeridos y que sean dictadas en un tiempo razonable.

Dejando a un lado el ahorro de veinte millones de euros, que, dicho sea de paso, no se corresponde con la realidad, puesto que las retribuciones que se abonan a los magistrados eméritos están también incluidas en el presupuesto asignado a los jueces sustitutos y magistrados suplentes, en el proyecto de ley se sigue manteniendo el rígido régimen de incompatibilidades y prohibiciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial asigna a estos jueces sustitutos y magistrados suplentes al exigirles, al igual que a los jueces y magistrados de carrera, dedicación exclusiva durante todo el período de su nombramiento.

Se sigue también manteniendo su régimen retributivo y se les retribuyen solo, señorías, los días en que son llamados para desempeñar la función jurisdiccional. Consecuencia de todo ello es que se sigue manteniendo su vigente y también precario régimen de protección social, que consiste en darles de alta en la Seguridad Social y cotizar solo —reitero lo de solo— durante los días que son llamados para realizar sustituciones y no durante todo el período de su nombramiento, lo cual contraviene la propia Ley General de la Seguridad Social y la jurisprudencia social. Y además se da la perniciosa consecuencia de que los jueces sustitutos y magistrados suplentes no pueden desempeñar ninguna otra actividad que genere cotización, salvo la docencia. Por contra, y como queda dicho, el Ministerio de Justicia solo les da de alta y cotiza durante los días en que realizan sustituciones.

No quiero obviar otro problema que no se contempla en el proyecto de ley. Es el de la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Según esta, la edad media de los jueces de la planta judicial es de cuarenta y siete años. Si a este dato le añadimos que la capacidad de generar jueces nuevos por la Escuela Judicial es de 102 jueces al año, es decir, 204 cada dos años, tiempo este que dura la estancia de quienes superan las pruebas, que no son todos, es evidente que va a ir disminuyendo el número de componentes de la carrera judicial. Dicho con otras palabras: la capacidad de generar nuevos jueces por la escuela —repito, 204 cada dos años— será siempre inferior al número de jueces que se van a ir jubilando en esa edad media de cuarenta y siete, que señalaba la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Sobre esta cuestión el proyecto de ley simplemente pasa, señorías.

Termino, señor presidente, señorías, con dos cuestiones más que el proyecto de ley sí contempla, por el contrario. La primera es lo que podríamos denominar la configuración territorial e institucional de la Administración de Justicia. Es evidente que el Poder Legislativo está ajustado al nuevo modelo, siendo así que existen Parlamentos autonómicos. Es asimismo evidente que el Poder Ejecutivo está también ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto o, si se quiere, autonómico, y es así que existen Gobiernos autonómicos. Sin embargo, el Poder Judicial, la Administración de Justicia, es el único poder del Estado que sigue sin ajustarse a los requerimientos de un Estado de naturaleza compuesta. De ahí que consideremos una gran oportunidad que la Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora se modifica reconozca la existencia de los consejos autonómicos también del Poder Judicial.

He dejado para el final, pero no puedo ocultarlo ni callarlo, algo que, por calificarlo de alguna manera, nos parece una extravagancia del proyecto de ley. Me refiero al contenido del artículo único, último punto, es decir, el treinta y cinco, que añade una disposición transitoria cuadragésima primera, que lleva por título Suspensión de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre del 2012 —o sea, ya—. El título lo dice todo, pero, en definitiva, lo que hace es suprimir la percepción de dicha paga a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Gran colofón este de un proyecto de ley que nada —repito, nada— tiene que ver con la eficiencia de la Administración de Justicia, no ya con la eficiencia funcional, que sería lo realmente importante, sino ni siquiera con esa eficiencia presupuestaria que se dice pretender. La urgencia con que se ha llevado a cabo el procedimiento




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legislativo viene provocada por los mecanismos de puro ahorro, por la incorporación de nuevos recortes que el proyecto de ley conlleva y se introducen en este, como en otros proyectos de ley que tienen o deberían tener finalidades y objetivos absolutamente diferentes.

Por eso, señor presidente, la presentación por parte de mi grupo de esta propuesta de veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente. Buenos días a usted, y a todos los presentes.

Para no cometer error alguno, voy a utilizar exactamente la expresión que un magnífico diputado, un magnífico jurista, un amigo, un magnífico letrado, el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, decía el 15 de noviembre de 2012 —página 49 del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados— acerca de los objetivos de este proyecto: «uno, profesionalizar al máximo el ejercicio de la función jurisdiccional: dos, mejorar la organización judicial; tres, conseguir una mayor eficacia en la gestión, optimizando recursos e incrementando la productividad; y cuatro, porque el proyecto es muy sincero y lo ha sido el ministro al presentarlo, ante la situación económica que vivimos, aplicar en justicia el Decreto-ley 20/2012, del pasado julio, que establece reformas estructurales en nuestro sistema de empleo público comunes para todos, procurando» —aquí está la madre del baifo— «que no suponga merma en el servicio».

¿Por qué razón el Grupo Socialista presenta este veto? Porque ese objetivo último «procurando que no suponga merma en el servicio», que es el fin por el que se establecen estas cuatro medidas, estos cuatro objetivos, no se consigue. Lo presentamos por esa razón y porque entendemos que este no es un proyecto digno ni del departamento de Justicia ni de un ministro de Justicia. Este es un proyecto propio de un jefe de servicio de Hacienda, que, como tal, traslada y copia, como una calcomanía, al ámbito de la Administración de Justicia el Decreto Ley 20/2012, del pasado 13 de julio.

Es posible que cuando lleguen aquí la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de planta entonces sí sean proyectos de un ministro de Justicia y de un departamento de Justicia, porque se plantean asuntos de fondo sobre la justicia. Pero es que esto es un puro corta y pega, trasladando al ámbito de la justicia lo que estamos haciendo en todas partes, e incluso de forma zafia y hasta grosera, que es el último argumento que ha usado el senador Zubia con respecto a esa disposición adicional que dice: aplíquese también a esto... Y, por cierto, no metan en el Senado ninguna enmienda, porque entonces se retrasa la entrada en vigor, y de aquí hay que mandarlo al boletín. O sea, no tengan ideas, no tengan propuestas, limítense a apretar el botón sin sugerir nada respecto a cómo está la Administración de Justicia en España.

Este objetivo, el que no suponga merma, es lo que de fondo hace que este no sea un asunto propio del servicio público de la justicia. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el propio ministro, que, por cierto, aquí nunca viene a explicar sus proyectos —igual es que se avergüenza de ellos, pero aquí nunca viene—, da sus argumentos en el Congreso de los Diputados. Y, al margen de las citas de Max Weber sobre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción —cuando se carece de argumentos acerca de la materia hay que echar mano de lo que haga falta para decorar un poco, poner alguna floritura y algo de rococó, porque hay que dignificar como se pueda—, hace una especie de ejercicio psicoanalítico y desnuda el objetivo. Se trata de equiparar el régimen de los jueces y magistrados a lo establecido en la función pública. Ese es un debate que siempre ha existido en el ámbito de la Administración de Justicia.

¿Es un poder judicial o es Administración de Justicia? ¿Se le aplican todos los criterios de la función pública? Por ejemplo, un horario de 8 a 3 y, dos o tres tardes semanales, de 5 a 7. Y lo que se haga en ese horario se ha hecho y lo que no se haga, no se ha hecho. Ese es un objetivo, y eso es lo que están reclamando muchas asociaciones judiciales: si a todos los efectos es función pública, pónganme un horario. Ficho a las 8, ficho a las 3, y las tardes que correspondan ficho a las 5, a las 7 o a las 8. El horario estricto. Las sentencias que se hayan puesto en ese horario, puestas están, y las que no se hayan puesto no se han puesto, con lo cual sábados, festivos o la angustia de ponerlas en plazo, se acabó. Con que estés ahí, y te vean produciendo, es suficiente.




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Por lo tanto, el primer objetivo que se plantea es falso. Desde el punto de vista de la Administración pública, lo que se pide a toda Administración pública es que sea eficaz. Y aquí no se es eficaz si se va a despedir a un 28,72%, que hace el 30% del trabajo jurisdiccional. Lo vuelvo a repetir: el 28,72% hace el 30% del trabajo.

Este conjunto de personas han presentado su currículo en las salas de Gobierno —y algunas han sido escogidas, y otras no, en un procedimiento previo de selección—, y permanentemente son supervisadas por todos los fiscales, por todos los abogados y todos los procuradores que participan en cada una de las causas o en cada uno de los pleitos. Además, también están sometidos a la inspección de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores y por la inspección de servicio del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que lo que están haciendo es objeto de análisis permanentemente y, encima, al no ser titulares, la obsesión por la supervisión es todavía mayor.

Les pondré un ejemplo de fácil traducción para los que no vivan en el mundo judicial. Imaginen ustedes que a cualquiera de los presentes le duele la barriga y va a un hospital; una vez allí ¿qué es lo que se quiere? Quiere que un médico le mire la barriga y, a ser posible, que este tenga años de experiencia. ¿Verdad que a nadie se le ocurre preguntar al médico si ha aprobado las oposiciones de MIR? No. Lo que precisamos saber es si es médico y si tiene experiencia para cuidar del caso y no si ha aprobado las oposiciones porque lo fundamental es que sea eficaz a la hora de evaluar el problema.

Exactamente lo mismo ocurre en el ámbito de la Administración de Justicia. Cuando ustedes presentan un pleito en un juzgado ¿preguntan al juez si ha aprobado las oposiciones a la carrera judicial o, por el contrario, lo que quieren es que se dicte sentencia cuanto antes? Ese pleito lo van a ver los abogados, los procuradores, los fiscales y, más tarde, otros jueces: uno, en primera instancia y, luego tres, en segunda instancia. Por tanto, con toda seguridad lo estudiarán cuatro jueces. ¿Qué más da que no sea titular el primero o uno de los otros tres? Lo relevante es que la persona en cuestión sea licenciada en Derecho y tenga experiencia.

Y, los que ejercen ahora ¿qué experiencia tienen? Algunos tienen una experiencia de 10 años, otros de 20 años y, otros, de 30 años. Estas personas están siendo entrenadas permanentemente y solo cobran los días en que están dictando sentencias pero, además, los días que no lo hacen tienen las incompatibilidades de todos los jueces, hasta el punto de que lo único que pueden hacer es dar clase.

Es decir, que a las personas que han estado sacando las castañas del fuego al conjunto de los españoles, durante un montón de años, ahora les mandamos a la calle. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer que los integrantes, los titulares de la carrera judicial lleven su juzgado, su guagua —traducción: su autobús—, pero no solo eso sino que, además, llevarán otra. ¿A quién se lo van a pedir? ¿A los que están al día o a los que no lo están? Sobre todo se lo van a pedir a los que están al día; es decir, que aquellos jueces que están al día y que han hecho el esfuerzo por llevar bien su juzgado, como premio se tendrán que jeringar —traducción: fastidiar— y llevar además otro juzgado. Sin embargo, lógicamente, cuando se va conduciendo una guagua, para poder llevar otra es necesario dejar la primera y al igual que no se pueden llevar dos guaguas a la vez tampoco se pueden llevar dos juzgados y que ambos funcionen correctamente, porque mientras se hace cargo de uno habrá de abandonar el otro. (Risas.) Me encanta impulsar la felicidad ajena, compañeros. (Risas.) Muchas gracias. Aplaudan o no aplaudan pero con timidez no puede ser. (Risas.—Aplausos.)

¿Es posible llevar bien las dos salas? Puede ser, pero reconocerán que es muy difícil porque para poder llevar una bien es necesario abandonar la otra. Por tanto, después de partirte el pecho por llevar bien y al día un juzgado, ahora tienes que dejarlo para atender el otro y, además, como este sufre un atraso, te tienes que volcar más todavía en el que está más fastidiado, de modo que abandonas el que estabas llevando bien, que pasa entonces a obtener malos datos estadísticos.

Por eso, el objetivo que decía el amigo Astarloa Huarte-Mendicoa, procurando que no suponga merma en el servicio, es imposible, porque te cargas al 28,72% de los hombres y mujeres que desempeñan el 30% del servicio y pones ahí a los que ahora son titulares para que lleven esas dos responsabilidades. Luego, primer asunto respecto a este proyecto sobre el jefe de servicio de Hacienda: no consigue eficiencia. ¿Por qué? Porque no consigue la misma calidad de servicio con el mismo gasto, consigue menos calidad del servicio.




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Es posible, como decía el senador Guillot, que se ahorrase los 20 millones de euros. Puede ser que se los ahorre, porque incluso, por el segundo juzgado que lleva, ese servidor público solo va a cobrar el 80% del complemento de destino de ese juez. Lo voy a repetir: no el 80% de lo que cobra al completo ese juez sustituto o magistrado suplente; no, el 80% del complemento de destino, lo cual es una salvajada. No solo deja de llevar bien su juzgado, no solo se le impone llevar otro, sino que le van a pagar el 80% del complemento de destino que antes cobraba quien estaba allí.

Luego, el primer objetivo de las 35 medidas, 2 disposiciones adicionales y 6 transitorias, no consigue eficacia en la prestación del servicio público, no es eficiente, porque la eficiencia no solo es el ahorro, sino el ahorro condicionado a la consecución del objetivo —si no, no hay eficiencia—. Y aquí no hay consecución del objetivo, que es que no merme, no disminuya la calidad del servicio público.

Segundo objetivo, profesionalizar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué son los jueces sustitutos y los magistrados suplentes? ¿Son jardineros —con todo respeto—, son ginecólogos —con todo respeto—? No, son licenciados en Derecho. Entonces, ¿son peritos en leyes? Sí. ¿Y han mandado su currículum a las salas de Gobierno? Sí. ¿Y a unos los han cogido y a otros no? Sí. Y para estar en una audiencia como magistrado suplente, como mínimo, ¿son doctores? Sí. Los que son, en primera instancia, jueces de un órgano unipersonal, en general, no son doctores, pero, si son magistrados suplentes, sí. Y sus sentencias en la audiencia, ¿quién las mira? Los otros dos compañeros de la sección, porque pondrán su nombre ahí. ¿Y quién más? Todos los fiscales, abogados y procuradores que van a revisar esas sentencias. ¿Y quien las mira más? Otra sala, que volverá a revisar.

Luego, el concepto profesionalizar me parece un poquito insultante para los profesionales que ahora están haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que se quería decir, para no excedernos en machacar una expresión? Igual tuvo un lapsus linguae. ¿Cuál es el problema? En vez de querer decir profesionalizar, quería decir que solo fuera ejercido por titulares. Bueno, si solo fuera ejercido por titulares, entonces habría que convocar más plazas, para que haya titulares. Hombre, no va a llegar al exceso del Partido Socialista, que en el tiempo en que estuvo gobernando dobló —voy a repetir, dobló— el número de plazas: fueron 920 plazas más. Tampoco voy a decir que sean 3500 millones de inversión. Ahora son solo 500 millones. Sin llegar a ese punto, al menos, que se note una voluntad de continuidad a lo largo de todos los años, para no cargarse el cuerpo de opositores a la carrera judicial, a la carrera fiscal.

Tercer argumento. Primero, eficiencia; segundo, profesionalizar; tercero, la movilidad. Señorías, en el ámbito de la movilidad hay dos autos del Tribunal Constitucional: uno, del año 1990, el 419; y otro, del año 1996, el 46, donde se plantea que las comisiones de servicio exigen voluntariedad. Y aquí estamos en el supuesto de que al titular de un órgano se le puede imponer. ¿Cómo? Si en la relación no hay voluntarios y no hay jueces de adscripción, y es posible que no haya voluntarios, porque la gente quiere llevar su juzgado, que es su responsabilidad, por la que le pueden abrir expediente si lo lleva con retraso, si no hay voluntariedad y no hay jueces de adscripción, sí se le puede imponer a un juez que vaya a desempeñar esa función. Si no hay voluntariedad, ¿cómo casa esto con el artículo 117 de la Constitución?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Voy a acabar ya, señor presidente.

¿Cómo casa? «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.» La expresión inamovibles, ¿qué quiere decir? Que es una garantía del juez, que no se le puede mover a un órgano u otro en función de que gustes o no gustes, y se trata de que aquí se le puede mover imponiendo la llevanza de un órgano jurisdiccional aunque no lo quiera hacer. Lo que trato de plantear es que trasladen ustedes esto que he estado describiendo a la situación actual en el ámbito de la Administración de Justicia, con el incremento de asuntos, con el deterioro judicial que ha dicho el presidente del Consejo, con el 134,82% de incremento de las ejecuciones hipotecarias, y en este momento, ¿no creen ustedes que la realidad va por un lado y el jefe de servicio de Hacienda va por otro? Yo creo que sí. Por eso les pido que apoye este veto del Grupo Socialista. (Aplausos.)

Gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días.

Hoy traemos a la Cámara un nuevo proyecto de ley, que es el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley 6/1985, del Poder Judicial. Quiero comenzar este turno en contra haciendo referencia, como ha hecho la mayor parte de las señorías, de los ponentes que hoy han intervenido, haciendo referencia, precisamente, al concepto de eficiencia porque forma parte del título de la ley, y, además, también es definitorio del contenido y finalidad de todas y cada una de las previsiones que contiene.

Este texto de la ley es cierto que contiene unas decisiones que implican ajustes y recortes. Es una ley que trata de alcanzar la eficiencia, trata de conseguir la mayor profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional sin detrimento de la calidad, y trata finalmente de armonizar el estatuto de jueces, magistrados, secretarios judiciales y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia con el que tienen el resto de los funcionarios públicos de este país.

Quiero, como les decía, comenzar hablando del concepto de eficiencia, porque la Administración de Justicia, la justicia, debe ser eficiente. Y la eficiencia implica obtener los mejores resultados con ahorro de costes y un uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, de todos los recursos que tenemos en el servicio público. Esta es una realidad que debe exigirse en todo momento pero, además, en un contexto económico como el actual cobra especial relevancia; y también cobra especial relevancia porque va a exigir mayores sacrificios y mayores esfuerzos. Pero esta eficiencia es necesaria. Esto que les digo es precisamente la motivación de la ley; no responde esta ley a otra motivación distinta, que parece que se deduce de su intervención o de muchas de las intervenciones que he podido escuchar.

No estamos ante excusas, senadora Pineda, ni estamos ante otro tipo de pretendidas o intrincadas razones para traer este proyecto de ley a la Cámara, de lo que se trata es de lograr una mayor eficiencia presupuestaria.

Se ha hablado desde esta tribuna de que es la ley de los recortes, de que supone una reducción sustancial de los recursos dedicados a un servicio público, que es la ley de los despidos de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, que es una ley que va a provocar el colapso de la justicia y que, además, implica una descalificación del trabajo de los jueces, que vulnera un derecho procesal que viene recogido en la Constitución, que es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley¡ ahí es poco!, sobre todo en relación a esta última afirmación, a que pretendemos atacar la inamovilidad o el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Voy a referirme a todos estos argumentos rebatiéndolos, utilizando este turno en contra para poner de manifiesto cuál es la opinión del Grupo Parlamentario Popular sobre este proyecto de ley, en función del cual nosotros —ya se lo anticipo— vamos a rechazar los cinco vetos que se han presentado.

Voy a comenzar, precisamente, por las críticas que se han hecho al régimen de sustituciones o refuerzos haciendo especial hincapié en esa acusación de ataque a la independencia del poder judicial y al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que me parece gravísima.

El proyecto de ley, además del ahorro presupuestario —es innegable que se quiere un ahorro presupuestario— pretende —lo voy a decir bien alto— profesionalizar el ejercicio de la función jurisdiccional; seguir avanzando en esa profesionalización del ejercicio de la función jurisdiccional y que las sustituciones, los refuerzos, se realicen en su mayor parte por miembros de la carrera judicial, que ya forman parte de la carrera judicial.

El senador del año, el senador Zubia, al que aprovecho para felicitarle, aunque ya lo hice hace dos noches, hacía una firme defensa de la dedicación y de la profesionalidad de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes.

En el Grupo Parlamentario Popular queremos reconocer la labor que han realizado esos jueces sustitutos y magistrados suplentes, con especiales complicaciones en el País Vasco. Es algo que hay que reconocer, su labor y su experiencia. Diferentes ponentes han hecho mención a esta dedicación y a este esfuerzo, asimismo, el senador Iglesias y la senadora Pineda.




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También he de decir que no se van a suprimir al 100%. Es verdad que se va a reducir el número de jueces sustitutos y de magistrados suplentes, así como que el llamamiento a esta suplencia externa se va a convertir en algo extraordinario. Pero es que ya debería ser algo excepcional. Se va a reducir, pero no se va a suprimir.

Vuelvo a reafirmar el reconocimiento a la labor, dedicación y esfuerzo que han realizado en circunstancias, a veces, muy complicadas, como las del País Vasco.

Pero, aun reconociendo la experiencia y profesionalidad de muchos de estos jueces no se puede equipar a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes con los jueces y magistrados profesionales, porque en este país se accede a toda la función pública a través de un determinado procedimiento que se establece en la Constitución y en nuestra normativa.

Por una parte, tenemos a los jueces y magistrados profesionales, que forman la carrera judicial y, por otra parte, tenemos a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.

El hecho de que sean seleccionados por procedimientos que respetan los principios de mérito, capacidad y publicidad no me sirve como argumento, porque las diferencias entre los procesos selectivos de uno y otro son muy marcadas, y, además, esos requisitos son indispensables para acceder a cualquier función pública, sea o no interina.

En todo caso, quiero destacar que este texto no contiene ningún tipo de descalificación al trabajo que han realizado y tampoco pretende apartarles de la función jurisdiccional. Como he dicho, no se va a suprimir por completo de la judicatura a los jueces sustitutos y magistrados suplentes. Además, siempre tienen la posibilidad de acceder al ejercicio de la carrera judicial a través del cuarto turno, donde sí se les reconoce su experiencia y dedicación.

A continuación, quiero referirme a este argumento que considero especialmente grave, a la acusación de que con este proyecto de ley estamos atacando a uno de los derechos fundamentales procesales que vienen consagrados en la Constitución, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley.

En primer término, el texto exige para que se lleve a cabo esta sustitución o estos refuerzos, la voluntariedad, que sean los jueces y magistrados los que, de acuerdo con su capacidad, tomen las decisiones que prefieran, ya sea por motivaciones personales, profesionales, porque les apetezca asumir otro tipo de trabajo, o por simples motivaciones económicas. Han de ser los jueces de la carrera judicial los que decidan si quieren hacer refuerzos o sustituciones. Esa es la primera regla y la fundamental, la voluntariedad.

En segundo lugar, es cierto que hay un llamamiento obligatorio para jueces y magistrados, pero es para aquellos que tienen una carga de trabajo que está por debajo de los mínimos que fija el propio Consejo General del Poder Judicial. Es muy simple. Esto se reduce a que aquellos jueces que tienen poco trabajo puedan sustituir o reforzar a jueces que tienen mucho. Con estas pequeñas frases se puede resumir lo que es la sustitución o el refuerzo obligatorio. Que jueces que tienen poco trabajo ayuden sustituyendo o reforzando a jueces que tienen mucho.

Ustedes consideran que este llamamiento obligatorio puede suponer un ataque del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Esto tengo que negarlo tajantemente, porque, con estos argumentos están adhiriéndose a una serie de aspectos pasivos de una mal entendida inamovilidad. Esa es mi opinión.

De verdad, senador Iglesias Fernández, no tenemos la intención de quitar a un juez incómodo de un juzgado para que no resuelva determinados asuntos pasándolo a otro. Esa no es la cuestión. Eso sí es un ataque al juez ordinario predeterminado por la ley, cuando se decide que un determinado asunto no vaya a un determinado juzgado al que le corresponde ordinariamente, se alteren las reglas de distribución de asuntos, y pase a otro juzgado o a otra jurisdicción especial. Eso sí es un ataque al juez ordinario predeterminado por la ley. Pero el hecho de que se imponga un refuerzo o una sustitución obligatoria a un juez que tiene una carga de trabajo inferior a la que determine el propio Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con unos criterios objetivos, de modo que sustituya o refuerce a otro compañero que sí está desbordado de trabajo, no supone ningún ataque al juez ordinario predeterminado por la ley.

Precisamente, dada la precariedad de medios personales u otras eventualidades, sí se ha puesto en tela de juicio en ocasiones que puede suponer un ataque a esta independencia o a este




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derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pero en torno a la figura de los jueces sustitutos. Y esto sí que lo quiero destacar porque, aun reconociendo, como les he dicho, el trabajo, profesionalidad, dedicación y experiencia de muchos de ellos, no siempre concurren estas circunstancias. Y no han sido pocos los casos en que se han recurrido sentencias dictadas por estos jueces sustitutos porque no estaban conformes con el fallo del asunto, alegando precisamente que se trataba de justicia interina. A este respecto sí les quiero mencionar un auto del propio Tribunal Constitucional, que en relación a un recurso de este tipo señalaba precisamente que el exceso de intervención de jueces sustitutos puede favorecer en ocasiones una aplicación desviada de la norma. O también les quiero hacer referencia al Libro Blanco de la Justicia, donde se reconocía que la regulación de la intervención de los jueces sustitutos era claramente restrictiva y que la situación real, sin embargo, era distinta. Y esta situación real no ha cambiado porque hoy en la actualidad casi un 28%, como ya se ha señalado aquí, de jueces y magistrados son jueces sustitutos o magistrados suplentes. Existen en nuestro país, por tanto, unos elevados índices de interinidad. Y esa gran oferta de empleo, ese gran aumento de las plazas de jueces y magistrados que ha habido en nuestro país —que nosotros reconocemos porque ha habido una gran oferta estos años, que ahora, por desgracia, por la situación económica no se puede llevar a cabo, pero que se llevará a cabo en cuanto mejore— tampoco ha servido para reducir la justicia interina en nuestro país. Se ha ido aumentando la oferta, pero no se ha reducido nunca la justicia interina.

En la actualidad, como les he dicho, hay excesivos niveles de interinidad. En el año 2011 se alcanzaron las 1442 sustituciones y, por tanto, no se respeta realmente el carácter excepcional de estos llamamientos a jueces sustitutos o magistrados suplentes, ya sea bien por la mala previsión de la cobertura de vacantes, por la insuficiencia retributiva o por el solapamiento de los señalamientos. Y aquí el Libro Blanco de la Justicia sí que reconocía que la temporalidad en este nombramiento no era aconsejable para el mejor servicio de la función jurisdiccional y reconocía la falta de control en los llamamientos. Este proyecto de ley lo que supone es, precisamente, un paso más para ordenar esta situación, para seguir avanzando en esa profesionalización. Es un paso más para mejorar la capacidad de la carrera judicial para atender sus necesidades coyunturales de bajas o ausencias, etcétera. Esto, que además siempre fue una aspiración unánime, aunque ahora determinados grupos parlamentarios renieguen de ello, encuentra en esta norma un paso decisivo en esta dirección siguiendo la evolución marcada a partir del año 2003, cuando se reformó el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se apostó porque las sustituciones en los órganos jurisdiccionales se llevasen a cabo, precisamente, en la medida de lo posible, por los miembros de la carrera judicial, o con la creación de la figura de los jueces de adscripción territorial en el año 2009.

A este respecto sí que les quiero leer un pequeño fragmento de la Instrucción 1/2010, del Consejo General del Poder Judicial, que regula a estos jueces de adscripción territorial, donde dice que mediante la creación de esta figura se persigue una clara finalidad que no es otra que reducir la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, y que esto ha de redundar en una mejora de la calidad del servicio. Esto también se podría decir, señorías, de este proyecto de ley porque lo que hace es, precisamente, avanzar en esta dirección sobre una serie de conceptos que son objetivos y que se van a delimitar por el propio órgano de Gobierno de los jueces y tribunales, como es el concepto de carga de trabajo y, en segundo lugar, llevando a cabo una adecuada planificación, que es lo que nos va a permitir seguir avanzando y que no se produzcan esos casos de solapamientos de señalamientos; una adecuada planificación que permita seguir avanzando en esa calidad.

En este sentido yo lo que quiero decir es que tampoco admito las críticas que se han realizado a esta previsión de que sean los jueces en prácticas los que en ocasiones lleven a cabo refuerzos o sustituciones en los órganos jurisdiccionales unipersonales señalando que no tienen formación suficiente. Esos jueces tienen formación suficiente y, cuando menos, la misma que los jueces sustitutos o magistrados suplentes que sus señorías han defendido, al menos la misma, porque han superado un proceso selectivo, han superado una formación teórica, han superado una fase de prácticas tuteladas, y pasan a continuación a realizar funciones de refuerzo. En otro caso pasarían a ejercer la jurisdicción, pero aquí pasan a realizar funciones de refuerzo o sustitución.

En segundo lugar, ya muy brevemente, porque me queda poquísimo tiempo, quería hacer referencia a otro de los aspectos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Han señalado varios intervinientes que con esta reforma va a haber mayor lentitud y




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más colapso, y han hablado de la ratio de jueces por habitante en España. A este respecto quiero decirles que estos datos de ratios de jueces por habitante en España en comparación con el resto de los países de Europa tampoco son totalmente homologables, y es que es verdad que en este país tenemos una de las ratios más bajas, pero también es cierto que tenemos la figura del secretario judicial, que es el que hace funciones de descarga de trabajo de los jueces y tribunales; y además tenemos unos juzgados y tribunales que tienen un número superior de funcionarios que el resto de países europeos. La oferta pública les parece escasa, pero es la que nos permiten las finanzas: 50 plazas. Se incorporarán este año 230 jueces y 150 fiscales, e intentaremos seguir avanzando en esta mayor oferta de empleo público.

Con referencia a la aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, como ya he dicho, lo que pretende es armonizar el estatuto de todo el personal al servicio de la justicia en relación al que tienen el resto de los funcionarios públicos. No se trata de criminalizar, de desprestigiar ni de descalificar. Simplemente, en una situación como esta en que estamos, si se exigen esfuerzos especiales a todos los funcionarios públicos, este tiene que ser absolutamente compartido por todos sin establecer ningún tipo de discriminación, y aun así el proyecto de ley sí que contempla esta especialidad de la función jurisdiccional.

Para terminar quiero decir que a pesar de que las previsiones que se contienen en la ley sé que han sido objeto de rechazo y de crítica, de lo que sí estoy segura es de que los miembros de la carrera judicial, por esa vocación de servicio público que tienen, asumirán este esfuerzo que se les pide y que no es ni más ni menos el que se les ha pedido al resto de los funcionarios públicos.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno de portavoces tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Reconozco el esfuerzo argumentativo y la capacidad dialéctica de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la defensa del proyecto, pero es que hay cuestiones que resultan muy difíciles de explicar y, desde luego, de convertir esa explicación en elemento de convicción cuando el texto que se trae desmiente la propia argumentación. No se trata de conseguir una justicia más eficiente sino de conseguir una justicia más barata, solamente esa es la motivación de esta reforma legislativa. Y no importa tanto para este proyecto de ley la calidad del producto, aunque la calidad es siempre importante. Pero cuando el producto es impartir justicia, eso tiene que resultar realmente trascendente y relevante.

Insiste usted en que es un proyecto de ley que busca la profesionalización de la justicia. Es muy difícil avanzar en la profesionalización de la justicia cuando no hay más profesionales, cuando simplemente se trata de repartir el mismo trabajo entre menos profesionales. Se excluye a los jueces sustitutos, a los magistrados suplentes, y se distribuye su trabajo entre los jueces titulares, pero eso no es avanzar en la profesionalización; avanzar en la profesionalización sería crear un número importante de plazas de jueces y magistrados profesionales. Se insiste, además, en la necesidad de ir reduciendo a la mínima expresión la presencia de sustitutos y suplentes. Y se habla en otra parte como objetivo del proyecto de la homogeneización con el resto de la Administración. La figura del personal eventual, la figura de los interinos en el conjunto de la Administración es una figura reconocida, es una figura imprescindible. Es cierto que el objetivo tiene que ser siempre ir reduciendo su presencia, pero no veo por qué precisamente tenga que ser en la Administración de Justicia, sensible para la sociedad por la trascendencia, importancia y relevancia de la función que desempeña donde haya que conseguir ese objetivo manu militari de forma traumática. Porque lo que se está planteando es una reforma que prescinde de estas figuras sin ofrecer una alternativa que garantice la calidad de la asistencia del servicio. Y luego, se utiliza en la argumentación una figura que yo no conozco, es que yo no conozco jueces con poco trabajo, no conozco ningún juzgado en el que lo profesionales no tengan que dar cada día el máximo de su esfuerzo. Por tanto, es una entelequia hablar de juzgados con poco trabajo. Si los hubiera, el problema estaría entonces en la planta judicial. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) La respuesta adecuada es redefinir la planta judicial. Pero, insisto, en la Administración de Justicia española no hay, al menos de forma significativa, la presencia de juzgados y jueces con poco trabajo. La desgracia es que ocurre lo contrario, la inmensa mayoría




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de jueces y magistrados y de juzgados están desbordados por el trabajo que ya tienen ahora, y, por tanto, asumir más carga de trabajo va a resultar imposible si se pretenden mantener los estándares de calidad de las sentencias, autos y resoluciones judiciales que se vienen dictando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Iglesias.

Por el Grupo Vasco tiene la palabra el senador Zubia. (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Voy a compartir el turno con la senadora Pineda.

Señora Franco, no es que le imputemos extrañas o intrincadas razones; su voluntad, la de su Gobierno y la de su partido es muy clara: recortar. Usted ha insinuado algo que yo creo que es importante dilucidar. Si ustedes quieren eliminar plazas de interinos, solo hay dos caminos: o se convocan plazas o se sustituye a estos interinos por los titulares. Usted ha insinuado que hay titulares que no tienen tanto trabajo y que pueden absorber más. ¿Cree usted que esta es la solución en nuestro actual sistema judicial, donde solo se resuelve el 66% de los asuntos, donde faltan medios y recursos, y donde faltan jueces? Yo creo que no.

Lo único que van a hacer ustedes con este recorte es dificultar más la tutela judicial efectiva, y creo que van a hacer un mal servicio a la ciudadanía. Por ello no solo insistimos en el veto, sino en que sus argumentos son falaces.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, señor presidente.

La señora Franco me ha admitido el recorte en su intervención y me ha dado la razón, y esa es una excusa. Ese es un primer paso, pero no es suficiente. ¿Realmente cree que es posible conseguir más eficiencia con recortes de esa magnitud? ¿Lo cree sinceramente, señoría? Evidentemente la justicia tiene que ser eficiente, pero con esos sacrificios es imposible.

Habla de avanzar en la profesionalización. Estamos de acuerdo en avanzar en la profesionalización cuando eso supone que quien ejerza la jurisdicción lo haga desde la carrera judicial. En eso nos encontramos, pero esa profesionalización no se consigue eliminando de cuajo el 28% de los profesionales. ¿Cree usted que así se consigue, aunque no sea el 28%, aunque sea menos, porque no habrá más remedio que continúe habiendo algunos jueces y magistrados suplentes? Yo creo que, como mínimo, va a ser complicado, y luego tendríamos que ver en esta Cámara cuáles son los resultados para poder contrastar.

Dice que el texto no contiene ninguna descalificación hacia los jueces sustitutos ni hacia los magistrados suplentes. Es cierto, solo faltaría; pero es lo que subyace en el fondo cuando se cargan de un plumazo a más del 25% de quienes están ejerciendo la jurisdicción. ¿Cree usted sinceramente que no es eso lo que subyace en el fondo? Pues yo creo que sí.

Habla de la voluntariedad y del llamamiento al juez obligatorio. Lo han dicho los dos senadores que me han precedido en el uso de la palabra en el turno de portavoces: jueces con poco trabajo. ¿En qué parte de nuestro país existe eso? No es que yo tenga muchísimos años de experiencia profesional, pero sinceramente, como abogada no he encontrado nunca a un juez con poca carga de trabajo, y si a la que ya tienen se le suma otra, vamos a conseguir que un juzgado que iba mal siga yendo mal, y que uno que iba bien vaya también mal; es decir, vamos a conseguir que los dos vayan mal. Así pues, profesionalización sí, pero este no es el camino.

Y respecto a la Escuela de Práctica Jurídica, permítame que le diga que yo creo que es contradictorio con lo que ustedes mismo predican. Hablan de profesionalización de la Justicia y de que la jurisdicción la ejerzan miembros de la carrera judicial, pero los jueces futuribles, los que están en la Escuela de Práctica Jurídica y no han terminado su formación porque se encuentra en el último estadio, no forman parte de la carrera judicial. ¿Y ustedes dicen que quieren profesionalizar? En qué quedamos; una cosa u otra. En definitiva, lo que vamos a conseguir —decía— es el colapso de la jurisdicción.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra. Señora Parera, muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Durante décadas con la expresión «profesionalizar la carrera judicial» no se ha querido decir: suprimir servidores públicos interinos. Profesionalizar quiere decir sacar más plazas para que haya más profesionales. Porque si no, es como si uno dice: Por decreto ley, que no haya más enfermedades. Se puede decir, pero van a seguir existiendo. También se puede decir: Por decreto ley, en el futuro todos los jueces que trabajen en España que sean los actuales titulares. También se puede decir eso, pero eso no quiere decir profesionalizar. Lo que se quiere decir con la expresión profesionalizar es ampliar el número de profesionales. Siempre lo han dicho así. Miren el Diario de Sesiones del Congreso, el Diario de Sesiones del Senado. Nadie, nunca, sea cual fuere el grupo político del que formara parte, nadie nunca dijo que la palabra profesionalizar equivale a suprimir a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes, nadie nunca lo planteó así. Todos aspiraban a que se creasen suficientes números de plazas en la carrera judicial para que no hubiese necesidad de tener que contar con los servicios de jueces sustitutos o magistrados suplentes, pero nadie se planteaba que esa expresión tenía otro significado, porque entonces nos estamos cargando el contenido semántico de las expresiones en castellano.

Sobre la expresión «se le pide un esfuerzo a los jueces», yo soy un poco ajeno al espíritu corporativo, porque entre los 5170 jueces que hay en España hay de todo, hay gente con la que uno se identifica más, gente con la que uno se identifica menos, como entre los parlamentarios, los capadores de abejas, los astronautas o los cardenales; en todos los grupos humanos hay de todo, en cualquier tipo de actividad.

Lo que intento trasladarle es que si se hace lo que usted plantea, señoría, eso de equipararse con el resto de funcionarios del país, no siga citando esa expresión, porque las asociaciones de todos los jueces lo que están planteando es: no me desafíe a pedir que esa equiparación con la función pública sea completa, porque si la equiparación es completa —y le puse antes el ejemplo del horario—, me pone un reloj y ficho a las 8, ficho a las 3 y luego ficho otra vez a las 5 y vuelvo a fichar a las 8, y se hace lo que se pueda hacer en ese horario, como el resto de los funcionarios; lo que no se haga en ese horario no está hecho. Y, sinceramente, ¿conoce usted algún juez en España que no haga sentencias en su casa? Porque las vistas las hace por la mañana en horas de audiencia y luego por las tardes, en su casa, estudia las sentencias, no cumpliendo un horario, sino angustiado por tener que dictar sentencias en plazo.

Yo sí incorporo una pequeña discrepancia con los colegas que han presentado veto. Yo sí sé de destinos. De los 5170, sí sé de algún destino que es un auténtico balneario o un contento por el destino: las salas de lo civil y lo penal de aquellos tribunales superiores donde no hay derecho foral, porque en civil no llevan nada, y en penal, solo si hay algún aforado, y como no hay tantos asuntos que estén afectados por aforados que se lleven en estas salas de lo civil o lo penal, pues sí hay algún destino en salas de lo civil y lo penal que es un auténtico destino de balneario de Baden-Baden. Eso yo sí lo acepto, pero el propio presidente y la sala de Gobierno de ese tribunal superior, a ese magistrado que está en esa sala de lo civil y lo penal que no tiene derecho foral, ya lo destinan a salas que están cargadas de trabajo, por ejemplo a salas de lo contencioso o de lo social, para que ayuden a sacar la carga de trabajo. Eso es lo que yo sé, eso es lo que he vivido. Sinceramente, de los 5170 jueces que hay en España, no tengo conocimiento y no he conocido a ningún juez, excepto los que están en algunas de las salas de lo civil y lo penal, que estén ociosos, ninguno. Se lo digo con sinceridad y le digo que mi identificación con ese cuerpo de servidores públicos es la misma que con cualquier otro cuerpo de servidores públicos en España. Hay de todo, unos con más capacidad de trabajo y otros con menos capacidad de trabajo.

Lo que le intento trasladar es que creo que usted está usando esa expresión sin un contenido exacto. Eso que usted llama la carga de trabajo, señoría, no existe. Un ministro de Justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar, canario, por supuesto, con un director general, un magistrado, Ricardo Bodas, de Jueces para la Democracia, por supuesto (Risas.) —y tengo que mirar a Juan Alberto Belloch, fundador de Jueces para la Democracia— planteó los módulos de




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trabajo. Y ¿sabe qué pasó, señoría? ¿Sabe qué paso con los módulos de trabajo? Que una magistrada del Tribunal Supremo, también de Jueces para la Democracia, se los tumbó. Por tanto, ¿Hay módulos de cargas de trabajo? No. ¿Qué hay? Las inspecciones de servicios del Consejo General del Poder Judicial evalúan la cantidad de asuntos que hay en los juzgados, la independencia y la calidad de las resoluciones, de las sentencias y de los autos, pero es difícil que se plantee ese módulo de cargas de trabajo como un criterio objetivado, establecido desde el punto de vista normativo. Yo no tengo por qué exigir que sea una norma con rango de ley, podría ser un reglamento, pero, en cualquier caso, eso todavía no existe.

Y acabo ya, señoría, con una propuesta. Yo le sugiero que a los argumentos que esgrimamos aquí, usted responda con argumentos que usemos aquí, no con los que no se usan aquí y que se usan en otro sitio; con argumentos de aquí. Yo, en particular, el argumento de juez predeterminado no lo he usado. Usted me ha respondido respecto a eso y yo no lo he citado en ningún momento, por eso, en lugar de venir con el argumentario preparado, vale más escuchar aquí y responder al argumentario que aquí se plantea. Pero, en cualquier caso, le he de reconocer que el copyright no es mío; es del amigo Juan Alberto Belloch, que me lo pidió, y yo comparto con él ese criterio.

Señoría, yo la felicito a usted con la mayor y más intensa de las efusividades de las que soy capaz. La felicito a usted con profundidad, con ardor, con pasión, con entusiasmo y con vehemencia. (Rumores.—Aplausos.) Más no puedo poner, porque, la verdad, defender la Ley de tasas tiene mérito, pero defender esto, mi niña, un mérito inmenso. (Aplausos.—Risas.) Así que, mi enhorabuena, porque menudo papelón le ha tocado. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díaz Tejera.

En turno de portavoces, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias por la felicitación. La verdad es que ha sido un trabajo arduo y duro, pero me encanta, tengo que reconocerlo. A pesar de que me gustaría defender algún proyecto más amable, estos son proyectos complicados, pero me encanta el trabajo que hago.

Voy a comenzar. Senador Díaz Tejera, usted no es el único que está en la sala, ha habido más ponentes de la ley, y sí que ha habido un ponente que ha hablado del juez predeterminado, por eso yo he hecho referencia en mi discurso al juez predeterminado. Puede que a usted le preocupe que yo haga mi trabajo y venga con fundamentos. Yo digo lo que pienso y lo fundamento porque creo que eso es parte de mi trabajo. Pero no le respondo solo a usted, respondo a todos los ponentes. (Rumores.—Aplausos.) ¡Hombre, solo faltaría! Yo tengo que responder a todos los ponentes, no le tengo que responder solo a usted. No estamos solos usted y yo, somos muchos más los que estamos aquí. (Rumores.—Aplausos.)

Voy a intentar atenerme a lo que se ha mencionado. En primer lugar, voy a empezar con la noticia del día, porque varios ponentes han insistido en que no existe el concepto de carga de trabajo, en que existen una valoración y unos módulos. Miren, hoy están discutiendo en el Consejo General del Poder Judicial la propuesta del grupo de vocales encargado de la elaboración de la carga de trabajo. Hoy se está discutiendo, o sea, que existe. Lo ha venido utilizando el Servicio de Inspección, y yo, si quiere, luego le leo unos diez artículos del Reglamento del Poder Judicial en los que se hace referencia a la carga de trabajo. Ese concepto existe, y se basa en conceptos objetivos y técnicos que establece el Consejo General del Poder Judicial, y hoy el grupo de vocales encargado de la elaboración de la medición de la carga de trabajo lo está discutiendo. Así que ese concepto no es ningún concepto jurídico indeterminado, y si lo era ha pasado a ser determinado. Eso por una parte.

En segundo lugar, dicen ustedes que todos los juzgados, absolutamente todos los juzgados, están sobrecargados de trabajo. Es verdad que hay muchos juzgados sobrecargados de trabajo, pero no todos. Es verdad lo que usted comenta de que determinadas salas de lo civil y penal de algunos tribunales superiores de justicia tienen una menor carga de trabajo. Eso también es cierto. Lo hemos hablado.

Yo no le discuto la capacidad de trabajo que tienen los jueces. Yo sí que conozco jueces que se llevan las sentencias a casa para elaborarlas allí, gente, además, profesional, dedicada y que se merece todas las alabanzas y todos los respetos.




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Respecto a la carga de trabajo, a que absolutamente todos los juzgados están sobrecargados, les voy a leer parte del voto particular del magistrado José Manuel Gómez Benitez en el informe de esta ley, que, como todos ustedes saben, se trata de un vocal del Consejo General del Poder Judicial. Les voy a leer lo que dice en su voto particular: «1716 órganos judiciales, es decir el 43,59% del total de 3993, tienen una entrada de asuntos igual o inferior a los indicadores establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Por lo que en modo alguno puede afirmarse que estén sobrecargados». Esto lo dice un vocal del Consejo General del Poder Judicial. Yo solo les leo lo que él dice en su voto particular, nada más.

Voy finalizando porque muchos compañeros me han pedido que sea breve, pero no por ello voy a dejarme nada en el tintero.

Me hablan ustedes de que la profesionalización siempre se planteó precisamente como un aumento del número de plazas. En eso estamos de acuerdo: hay que aumentar el número de plazas. En el presupuesto pasado no se pudo hacer ese aumento del número de plazas precisamente por el regalito de Navidad que ustedes nos dejaron de déficit público. (Aplausos.) No se pudo hacer por eso, porque había que encauzar las finanzas públicas y no se pudo sacar esa oferta de empleo público. Este año se ha sacado, es verdad, muy inferior a la que a todos nos gustaría, pero ha salido. Son cincuenta plazas que a ustedes les parece poquito. Miren, es poco, pero estamos muy contentos con esa oferta. ¡Ojalá fuesen más! ¡Ojalá que el año que viene sean más y podamos seguir aumentando el número de jueces y fiscales, porque son necesarios! Eso no lo discuto. Dicen ustedes que la profesionalización solo se planteó de esa manera. Yo solo me voy a referir a un plan estratégico de modernización de la justicia del periodo 2009-2012 que es de su Gobierno. Este plan pretendía conseguir un sistema judicial integrado por profesionales titulares para alcanzar una justicia profesional y altamente cualificada, y entre las propuestas había una medida muy específica que era «incentivar las sustituciones naturales de miembros de la carrera judicial estableciendo un régimen de sustitución interna, aprovechando la capacidad, competencia y experiencia de los miembros de la carrera judicial, y, de forma colateral, promover la reducción de la justicia interina». Justo lo mismo que pretende este proyecto. Vuelvo a repetir: sustituciones, refuerzos. Primera regla, voluntariedad, que va a ser lo fundamental, que los jueces y magistrados decidan. ¿Que quieren llevar otro juzgado además del suyo? Ellos sabrán en función de su capacidad y de las motivaciones que puedan tener, sea por conseguir una mayor especialización en determinados temas, por la retribución, o por lo que sea. Que decidan los jueces.

Y el último recurso va a ser esa sustitución o ese refuerzo obligatorio exclusivamente para aquellos casos que sean inferiores a la carga de trabajo, y esa sustitución no va a ser retribuida si sumando las dos no llega al mínimo que establezca el Consejo General del Poder Judicial, porque es lo justo, porque —hablando ya de motivaciones— no hay nada más desmotivador para un trabajador, del ámbito que sea, que esté desbordado y que en frente tenga a otro con poco trabajo y que esté cobrando lo mismo. Pero si encima ese otro que tiene poco trabajo y que está cobrando lo mismo le ayuda y se le paga por eso y además no alcanza el mínimo, eso es completamente desmotivador. Lo que establece la ley es simplemente, en primer lugar, voluntariedad, en segundo lugar, refuerzos obligatorios en esas condiciones de acuerdo con la adecuada planificación, para que no haya problemas y se pueda seguir manteniendo la calidad de la justicia.

En cuanto al Real Decreto Ley 20/2012 quiero decir que no contiene una homogeneización total. Nadie ha establecido un sistema para fichar. Aunque este vocal sí es partidario de un sistema de fichar para jueces y magistrados. Yo no, y el senador Manuel Altava tampoco. Conocemos la realidad de los jueces y magistrados y sabemos que se llevan trabajo a casa. Sin embargo, para el resto de funcionarios públicos al servicio del Ministerio de Justicia sí que estoy de acuerdo en que sería conveniente establecer un sistema de fichar; no para jueces y magistrados, pues sabemos cuál es su realidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Este real decreto ley no contiene una homogeneización, lo que pretende es armonizar todo lo que se refiere a permisos, vacaciones y otros aspectos. Asimismo, contiene un permiso específico de seis días para esos casos en que es necesario cogerse unos días para estudiar en casa los asuntos que tiene en el juzgado. Es cierto que es un permiso inferior al periodo que antes tenían, pero —eso sí que es verdad— los sacrificios los tenemos que asumir todos. Y aquí no solo hablo como parlamentaria, sino también como funcionaria en situación de servicios especiales. Si pedimos y exigimos sacrificios a todos los servidores públicos, los tenemos que asumir todos por




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igual, manteniendo las especialidades que tiene la función jurisdiccional, pero, desde luego, los sacrificios y los esfuerzos son para todos y compartidos por todos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto al proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.

Comenzamos por la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 72; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta número 4, de los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta número 5, de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas. Abran las puertas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 32, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador Iglesias, que no va a empezar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores.)

Señorías, el senador Iglesias está esperando.

Cuando quiera, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, no agotaré mi tiempo, voy a presentar las enmiendas con la mayor agilidad, pero no puedo dejar de pasar por alto una conclusión obvia a uno de los datos que barajaba la portavoz del Grupo Popular en su última intervención. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Daba lectura la portavoz popular a una parte del voto particular formulado por uno de los magistrados que configuran el Consejo General del Poder Judicial.

La conclusión que hay que sacar de ese voto particular es que más del 60% de los jueces en nuestro país tienen un número de casos sobre sus mesas muy por encima de los objetivos deseables establecidos por el propio Consejo General del Poder Judicial y que del otro 40% puede haber alguno que esté por debajo, pero la mayoría están en ese estándar, lo cual no es óbice para




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que —como señalaba acertadamente el portavoz socialista— haya algunas canonjías, aunque en un número muy reducido. Sobre la marcha he hecho un cálculo mental y me han salido unos 42 magistrados que pueden estar en esa situación en la que, efectivamente, su canonjía dura muy poco porque inmediatamente son atribuidos como refuerzos a esas salas de lo contencioso o de lo social, con lo cual ni tan siquiera esas canonjías están exentas de tener un volumen de trabajo importante.

Las enmiendas que formulamos los dos senadores de Izquierda Unida se configuran de la siguiente manera. Hay un núcleo que pretenden que, en último extremo, siempre se garantice la cobertura y calidad del servicio estableciendo que si la ley se aprueba, como es previsible, en los términos establecidos inicialmente y se produce toda esa cadena de sustituciones, al final, como última garantía, siempre haya la posibilidad del llamamiento a un juez sustituto o a un magistrado suplente. Por lo tanto, eliminamos esa coletilla que se establece de la disponibilidad presupuestaria porque si no será, efectivamente, el Ministerio de Hacienda quien determine cuál va a ser el nivel de desarrollo del servicio público justicia española.

También enmendamos para que el Ministerio de Justicia tome en consideración las necesidades previsibles de cada anualidad a la hora de elaborar el presupuesto, según le traslade el Consejo General del Poder Judicial. Aunque se establezca esa regulación de la carga de trabajo, sin duda se va a hacer en términos precarios y, por lo tanto, no creemos que sea un concepto que pueda compartirse a la hora de imponer coberturas de ausencias, vacantes o refuerzos. Desde luego, tampoco compartimos los mecanismos de remuneración para quienes asuman estas cargas.

Rechazamos cualquier disminución en el principio de voluntariedad en los planes de sustitución. Rechazamos el modelo de sustitución mediante jueces en prácticas por entender que su formación no ha concluido. Queremos que se establezca un criterio de sustitución entre profesionales de órdenes jurisdiccionales diferentes cuando no sea posible la sustitución entre miembros del mismo orden jurisdiccional, pues pensamos que resulta racional que corresponda a los jueces de primera instancia y de lo mercantil la sustitución de los jueces de lo social, de lo penal y de lo contencioso-administrativo y viceversa, y que sean los jueces de instrucción los que sustituyan a los jueces de menores de vigilancia penitenciaria y de violencia sobre la mujer y viceversa.

Proponemos que el titular del juzgado que interese la prórroga de jurisdicción tenga como exigencia mínima que esté al corriente en la resolución de sus asuntos, si no nos podemos encontrar en una espiral de jueces que salen corriendo de sus juzgados con problemas y que, además, los trasladan a aquellos juzgados sobre los que se solicita la prórroga de jurisdicción.

Planteamos que las retribuciones de las sustituciones deben ser fijadas por ley. La reserva de ley en esta materia está previamente establecida y no cabe en estos momentos saltársela a la torera. Por lo tanto, rechazamos que pueda ser fijada de forma reglamentaria. No creemos que la reducción de los días particulares deba ser de seis, sino de tres, acogiéndonos a ese principio —principio que se utiliza cuando se quiere— de homogenización, como el resto de la Administración civil del Estado. Cuando conviene, se acude a este principio; cuando no conviene, se excluye este principio.

No tiene sentido el establecimiento de una regulación de los permisos por teletrabajo. La portavoz popular reconocía que los jueces trabajan en casa de forma habitual. Lo normal es ver salir a un juez de su juzgado el viernes con un maletón así de grande, cargado de expedientes para trabajar el fin de semana en su casa, o incluso encontrarse un juez un sábado, un juez que no tiene guardia o de otra jurisdicción, en su despacho en los juzgados.

Por lo tanto, más vale no pretender regular lo que ya funciona bien porque regulándolo seguro que se va a estropear, se va a deteriorar. Nos parece que hay que excluir el teletrabajo. Probablemente el teletrabajo lo hayan inventado los jueces y lo lleven haciendo durante toda la vida y, por consiguiente, resulta innecesario y contraproducente establecer esta regulación. Tampoco tiene sentido, nos parece injusto, la regulación de las situaciones de enfermedad, tanto en lo que afecta a su reconocimiento como en lo que afecta a su retribución, porque supone un retroceso social sobre la realidad actual.

No compartimos que se deje en manos del ministerio y de las comunidades autónomas sin negociación con los representantes el régimen de vacaciones. Aspiramos a establecer que las




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convocatorias de oposiciones comprendan todas las plazas vacantes —sabemos que eso es una entelequia— y que estas oposiciones se celebren al menos cada dos años.

Planteamos la adaptación del régimen de incompatibilidades ante la Administración General del Estado. Hay que ser coherentes: o se homologa con la Administración General del Estado para todo o no tiene sentido utilizar como elemento comparativo o como argumento el referente, el resto de los funcionarios de la Administración civil del Estado. También rechazamos, como hemos rechazado para la Administración general, la desaparición de la paga extra.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Zubia para la defensa de sus enmiendas.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado y mantiene para esta sesión plenaria un total de 16 enmiendas, que son concretamente las números 33 a 48, ambas inclusive. Todas ellas pueden darse por defendidas, vista y explicitada nuestra anterior propuesta de veto que ha sido defendida. Únicamente quiero señalar que la mayoría de ellas proponen sustituir la referencia que en el proyecto se hace al Consejo General del Poder Judicial por los consejos autonómicos de dicho poder, en la medida en que el reto estructural más relevante pendiente en la configuración de la Administración de Justicia es determinar su coherencia con la estructura autonómica del Estado y la existencia en las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y tribunales superiores con competencias casacionales de consejos superiores de justicia que ejerzan competencias coexistentes con las del Consejo General del Poder Judicial.

Respecto de la enmienda número 39, proponemos suprimir el apartado catorce, es decir, la modificación que se hace del artículo 216 bis. La razón de tal simplificación o tal supresión es bien simple: por un lado, la reforma consigna conceptos jurídicos de difícil determinación que no proveen de suficiente seguridad jurídica a los mecanismos que pretende articular y, por otro, las medidas de reforzamiento de la oficina judicial que se invocan pueden interferir en las competencias autonómicas en materia de gestión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.

También proponemos suprimir el apartado veintinueve del proyecto, es decir, el nuevo apartado 3 del artículo 528. No parece pertinente acordar planes de ordenación de los recursos humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Nada que añadir a lo ya dicho en nuestra propuesta de veto al referirnos al apartado treinta y cinco, es decir, a la supresión de la percepción de la paga extraordinaria de este mes de diciembre a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Pedimos, eso sí, su supresión en una enmienda porque no debe utilizarse esta ley para la incorporación de medidas de ahorro o recorte presupuestario como este referido a personal, sobre el que carece de competencias la Administración General del Estado.

Finalmente, citaré únicamente la enmienda número 46, que pretende dar justo reconocimiento a la labor que durante largos años han venido desempeñando los jueces sustitutos y los magistrados suplentes. En virtud de dicha enmienda añadimos un nuevo apartado por el que se modifica el párrafo cuarto al apartado 1 del artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de suerte que la cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, añadimos que una tercera parte de dichas vacantes se reservará a miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera o segunda categoría, y otra tercera parte de estas vacantes se reservará a quienes hayan desempeñado el cargo de jueces sustitutos y/o magistrados suplentes.

Señor presidente, el resto de enmiendas las doy por defendidas en la medida en que, como he dicho, están subsumidas en la propuesta de veto ya defendida.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Zubia.




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El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos grupos de enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 79 a 111, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, en el parlamentarismo algunas veces hay algo de irracionalidad, de pérdida del sentido de la realidad, de entrar en una especie de ficción, de no tocar con los pies en el suelo. Esto a veces también pasa en los debates y, dependiendo de la calidad de la argumentación, de la brillantez de la exposición, de los tecnicismos y de una cierta endogamia que hay a la hora de hacer un debate, se crea como una especie de mundo irreal.

Todo esto viene a cuento, señora Franco, porque hoy la Administración de Justicia española está sobresaturada, colapsada. Esos son los adjetivos que hay que utilizar cuando solo es capaz de gestionar el 66% de los asuntos que tiene; es decir, cada año quedan 3 millones de asuntos sin resolver. Si a ello añadimos una reducción de su plantilla, la conclusión es lógica: todo va a empeorar. Y que todo empeore quiere decir que la tutela judicial efectiva a nuestros ciudadanos también va a empeorar. Pienso que esto es tan evidente que, si se recorta, hay menos recursos, menos medios, menos jueces y las cosas irán a peor. Todo lo demás para mí es pura ficción. Y creo que desgraciadamente la realidad va a demostrar en los próximos meses que esto es así.

Del conjunto de enmiendas que el senador Saura y yo hemos presentado en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, quiero referirme de una manera muy esquemática a tres grandes bloques.

El primero, que son las enmiendas números 79, 81, 84 y 91, se plantea porque nosotros seguimos priorizando la cobertura de la calidad del servicio de justicia. Por eso sí contemplamos la contratación de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Planteamos un segundo bloque —y he aquí otro de los motivos por los que digo que no tocamos con los pies en el suelo— porque pretenden que los jueces en prácticas puedan hacer suplencias en los juzgados unipersonales. Señorías, si un juez está en prácticas, está en prácticas, lo cual quiere decir que aún no ha alcanzado el óptimo desarrollo formativo. Por tanto, se trata de poner a personas aún no formadas o aún no totalmente formadas a desarrollar funciones que no les toca.

Por último, yo creo que don Arcadio Díaz Tejera tiene razón cuando afirma que si hoy se está empezando a discutir sobre el concepto carga de trabajo es porque la carga de trabajo no está definida, no está normada. Claro, si hoy se empieza a hablar de ello, es que hasta hoy no ha existido; a lo mejor existirá, pero hoy no existe.

Doy por defendidas el resto de enmiendas con la argumentación que ha expuesto el senador Jesús Iglesias, al compartir los mismos textos.

Sin nada más que decir en este Pleno, solo me queda desearles lo mejor para el 2013.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas números 112 a 144, también del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas números 112 a 144 que hemos presentado el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, por si dejara de referirme a algunas de ellas en mi intervención.

Presentamos un grupo de enmiendas bien para garantizar la voluntariedad de la sustitución, bien para mejorar, en la medida de lo posible, ese alambicado sistema de sustituciones. No voy a pormenorizar la argumentación porque creo que ya lo he explicado suficientemente en la propuesta de veto.

Las enmiendas números 115, 126 y 127 pretenden hacer desaparecer de esta ley un concepto jurídico indeterminado como es el de la carga de trabajo. Ya hemos hablado de ello, pero es que en varios supuestos la ley indica que las sustituciones se harán a costa de aquellos jueces y magistrados que estén al cargo de juzgados con poca carga de trabajo. Cuando se opta por este sistema de sustitución, termina la voluntariedad de la que tanto se alardea al inicio de esta ley y se




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pasa a la obligación para cubrir bajas y sustituciones. Hoy por hoy no existe norma legal ni reglamentaria que determine la carga de trabajo asumible por cada juez, y usted misma, señora Franco, lo ha admitido en su intervención cuando ha dicho que hoy están reunidos para determinar cuál será esa carga de trabajo. Dejar al arbitrio de los presidentes de los tribunales de justicia la adscripción obligatoria podría vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

No compartimos tampoco —ya lo he dicho antes— la filosofía que se expresa en la ley respecto a la Escuela de Práctica Jurídica. No estamos de acuerdo en crear un nuevo tipo de juez sustituto con personas que aún están en su última fase de formación, o sea, que no son jueces. Es contradictorio con lo que ustedes pretenden. Si quieren que todos los jueces que ejercen la jurisdicción formen parte de la carrera judicial, las personas que están en la Escuela de Práctica Jurídica en su última etapa de formación no forman parte de esa carrera judicial. A ello dedicamos las enmiendas números 117 y 118 para intentar eliminar este nuevo tipo de jueces que ustedes imponen en esta ley.

Mediante las enmiendas números 131 a 135 solicitamos la supresión de varios artículos por lo que suponen de traslado de la Ley Orgánica 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Ya he expuesto en la defensa del veto que no estuvimos de acuerdo con esta ley, no compartimos ni aprobamos la política del PP de recortes de derechos económicos y sociales de los funcionarios y trabajadores. Por lo tanto, tampoco podemos estar de acuerdo cuando estos recortes se trasladan a los jueces y magistrados.

En último lugar, quiero hacer referencia expresa a las enmiendas números 138 a 140, relativas a competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Si el Grupo Popular afronta una modificación de la ley orgánica para incluir ese sistema tan complicado de sustituciones entre jueces y magistrados, no estaría de más que esa modificación legislativa también incluyera el impulso de los cambios legislativos que obran en diversos estatutos de autonomía, reconociendo así la voluntad para afrontar esos cambios legislativos y adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a los estatutos de autonomía que podríamos llamar de nueva generación.

Así, expresamente, mediante la enmienda número 138 proponemos una nueva disposición adicional por la que instamos al Gobierno a presentar en el siguiente periodo de sesiones una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la regulación de los consejos de justicia autonómicos. Y como para esa propuesta se necesita diálogo, consenso y acuerdo con las comunidades autónomas, les pedimos que dicha reforma sea remitida con carácter previo a esas comunidades autónomas que tienen reconocidos los consejos de justicia en sus correspondientes estatutos de autonomía a fin de que puedan formular aportaciones. Asimismo, esa propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe incluir, a nuestro entender, una modificación del régimen de personal de la Administración que contemple las competencias que tienen las comunidades autónomas en sus estatutos. El objetivo es ese consenso previo entre el Estado y las comunidades autónomas.

En la enmienda número 139 proponemos la adición de una nueva disposición adicional para permitir la existencia de asociaciones de jueces y magistrados de carácter autonómico, para la defensa de sus intereses profesionales dentro de ese ámbito territorial.

Finalmente, en la enmienda número 140 proponemos la adición de una nueva disposición para dar a las comunidades autónomas mayores posibilidades en relación con la explotación de los datos estadísticos, con el fin de realizar un mayor seguimiento de la actividad procesal y poder planificar mejor las políticas y los medios necesarios para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en su ámbito territorial.

No he querido alargarme en esta intervención porque la mayoría de los argumentos ya se han mencionado en la defensa del veto que hemos presentado y, en este caso, he intentado centrarme en aquellas enmiendas que hacen referencia a las competencias que figuran en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Si es posible, me gustaría poder transaccionar algunas de ellas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Pineda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera, para la defensa de las enmiendas números 145 a 184 y 189.




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La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señor presidente.

Antes de proceder a la defensa de las enmiendas de mi grupo parlamentario, quisiera hacer una pequeña reflexión, como lamentablemente viene siendo la línea habitual en mis intervenciones.

A este proyecto de ley presentamos una serie de enmiendas de las que cuatro no fueron admitidas. Se argumentó que no tenían vinculación con el actual proyecto de ley, y mi grupo presentó un recurso para la admisión de dos de ellas, que trataban sobre la descongestión de los registros civiles actuales. Simplemente proponíamos unas medidas para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas y de la justicia y, desde nuestro punto de vista, eso tiene todo que ver con el objetivo de este proyecto de ley, que no es otro que este. Aun así, estas enmiendas no han sido admitidas y, por tanto, no se debatirán en el Pleno ni se podrán aprobar. Sin embargo, sí se recoge en este proyecto de ley la eliminación de una paga extra de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, señorías, no sé qué tiene eso que ver con la eficiencia de la Administración.

No pedimos un trato de favor, vamos a acatar las reglas del juego ―como no puede ser de otra manera―, pero sí quiero que ese acatamiento de las reglas del juego sea para todos porque no es posible que prácticamente en cada comisión nos encontremos con enmiendas entregadas en mano, que no pasan por el control de la Mesa ni por una supervisión previa y que, haciendo un uso o, mejor dicho, un abuso de la mayoría que tienen en la comisión, son admitidas, debatidas e incorporadas.

Una vez hecha esta reflexión, paso a resumir el conjunto de las enmiendas que hemos presentado y que voy a dividir en dos grandes grupos. El primero, siguiendo la línea que se ha llevado hasta el momento, lo centraré en los jueces sustitutos y los magistrados suplentes. En primer lugar, quiero decir que creo que es un error eliminarlos, y más aún hacerlo de golpe. Desde nuestro punto de vista, deberían reubicarse porque, de lo contrario, estaremos lanzando un mensaje que no es cierto, un mensaje equivocado, poniendo en duda su preparación y la labor que han ejercido hasta ahora, que creo que es excelente. Pero es que, además, entendemos que deben ser sustituidos por nuevos jueces, y cuando hablamos de nuevos jueces nos referimos a más jueces y no a los jueces ya existentes, que están sobresaturados de trabajo. Al final, lo que esto va a provocar es una falta de operatividad del régimen de sustitución que prevé este proyecto de ley y, por tanto, no va servir para nada, será negro sobre blanco y no tendrá ninguna proyección en la práctica.

Creo que estamos olvidando que lo que se está exigiendo a los juzgados en el proyecto de ley es que, para ejercer la voluntariedad en la sustitución, estén al día en sus juzgados y, señorías, lamentablemente va a ser prácticamente imposible porque es muy difícil que de hoy para mañana se eliminen los jueces sustitutos, los magistrados suplentes y, repente, todos estén al día, cuando precisamente se ha elaborado este proyecto de ley porque no lo están. Por tanto, lo único que vamos a conseguir es que todas esas sustituciones sean obligatorias.

No estamos de acuerdo en que hay una definición de carga de trabajo. No existe a día de hoy una definición jurídica de carga de trabajo. Yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo Popular en este punto; sí comparto la opinión de los demás grupos parlamentarios: esa definición no existe. Me parece un error y me parece muy grave vincular en un proyecto de ley el llamamiento obligatorio a sustituciones y vincular la percepción o no de una remuneración a un concepto jurídico que no existe. Primero definamos ese concepto y luego utilicémoslo, pero no lo hagamos al revés.

En la misma línea presentamos una enmienda que trata de corregir que futuros jueces realicen funciones de sustitución en juzgados y tribunales. Creo que no es de recibo y es peligroso atribuir responsabilidades de este calado a personas que no han alcanzado la formación necesaria. Ningún estudiante de medicina que no haya terminado su carrera podría hacer una operación a corazón abierto. Esto es serio; estamos hablando de sentencias que afectan a personas. Esto es muy serio, repito. Creo que es un error muy grave; es un error muy grave, de verdad. Esto no es profesionalizar. Ponen ustedes el titular a este proyecto de ley que es profesionalizar, pero esto no es profesionalizar. Estas personas están en vías de ser profesionales, pero no lo son.

El otro grupo de enmiendas son las relacionadas con la gestión de la Administración de Justicia en Cataluña o en las comunidades autónomas que tenemos competencias. Nosotros proponemos un reconocimiento legal de la validez, a efectos procesales, de los documentos y actuaciones que se hayan hecho en lengua oficial de las comunidades autónomas que tengan lengua propia ante




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órganos jurisdiccionales de ámbito estatal. Esta es una petición que venimos haciendo en cualquier proyecto en el que creemos que tiene cabida, y de hecho la seguiremos haciendo, porque entendemos que cooficialidad es eso.

También hablamos de la posibilidad de creación de los consejos autonómicos, consejos autonómicos que ya están previstos en los estatutos de autonomía —al menos en el de Cataluña está previsto—. Por tanto, hablamos de la creación de estos consejos autonómicos de justicia como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, hablamos de traspaso a las comunidades autónomas del personal de la Administración de Justicia, respetando, eso sí, su carácter de cuerpo nacional.

Con este conjunto de enmiendas pretendemos simplemente acercar el centro de decisión del gobierno de los jueces al entorno del ciudadano y dar mayores facultades de control del personal de la Administración de Justicia a la Administración Pública responsable de su gestión. En el caso de comunidades autónomas con competencias debe estar ahí, donde tienen las competencias. Por eso pedimos la creación de estos consejos autonómicos de justicia.

Por lo demás, doy por defendidas todas aquellas enmiendas a las que no me haya referido explícitamente en mi intervención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz de Justicia, el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Con su venia.

El Grupo Socialista presenta las enmiendas números 49 a 78. Quiero hacer dos consideraciones previas: la primera —lo han dicho otros portavoces, pero como quiera que lo he estado reiterando durante toda la sesión, lo vuelvo ahora a subrayar—, había un módulo de trabajo, cuyo autor fue el director general de Administración de Justicia, don Ricardo Bodas, que preside la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional —que fue miembro del Secretariado Nacional de Jueces para la Democracia y con quien tuve el honor de compartir dos años ese secretariado—, que fue recurrido por los que les gusta que haya módulos de trabajo. Al final, tumbaron el módulo de trabajo. Luego, no hay módulo. No hay ninguna ley que lo contemple; no hay ningún reglamento que lo contemple. Luego, no existe. Ni siquiera acudo al dato fáctico al que se aludió esta mañana diciendo: tengo aquí un dato que dice que hoy empieza el subcomité de vocales responsables de…, y empiezan a discutir; el dato fáctico de que empiezan a discutir reafirma que no existe: no se empieza a discutir lo que ya existe. En cualquier caso, al margen de lo fáctico, que es el dato de que empiezan a discutir, no hay cobertura legal. No existe. No hay reglamento, no hay ley. Es discutible que tenga que regularse por ley, incluso creo que una norma con rango reglamentario podría valer. Pero no existe.

En segundo lugar, yo comprendo que ustedes tengan que buscar argumentos debajo las piedras, y que insistan mucho en: la mayoría de las sustituciones van a ser voluntarias. No tengo inconveniente en aceptarle que puede ser que sea así; pero, ¿por qué, entonces, se prevé que los presidentes de los tribunales superiores puedan adscribir obligatoriamente, o sea con ausencia de voluntad, a un juez o a un magistrado a que lleve un órgano? Si no se hubiese querido que existiera la obligatoriedad, no se pondría en la ley. Luego, como el Gobierno prevé —porque esto no lo ha incorporado ningún grupo, viene en el proyecto del Gobierno— que en muchos casos no habrá voluntariedad, impone la obligatoriedad. Y ¿cómo la impone? A través del presidente del tribunal superior. Y ahora sí esgrimo, porque antes no lo esgrimí: el juez predeterminado por la ley. Porque no va a ser la ley quien lo adscriba, será el presidente del tribunal superior, en virtud de la evaluación que haga de la carga de trabajo que tienen, aunque todavía no hay norma jurídica que dé cobertura a cómo evaluar eso, los criterios están por establecer. En tal sentido, apelo a las enmiendas números 62, 63 y 64, que son las previstas por el Grupo Socialista para tratar de paliar la vulneración del principio de juez predeterminado por la ley, y que no haya adscripción obligatoria: que el presidente no tenga esa competencia. ¿Por qué razón? Para tratar de impedir esa obligatoriedad, y que solo exista la voluntariedad; existiendo voluntariedad no habría vulneración del principio de juez predeterminado por la ley. Insisto en que, si está en el proyecto del Gobierno, es porque el Gobierno prevé que en determinados supuestos habrá obligatoriedad, y un juez o un magistrado que, obligatoriamente, aparte de su órgano jurisdiccional, tendrá que llevar otro aunque no quiera.




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La número 58, alude a la necesidad de esa voluntariedad, así como la número 52; sin cobertura legal todavía, insisto. La número 53, las vacantes que se prevén; hasta ahora se ha tenido en cuenta una evaluación que hace la Inspección de Servicios. Cuando se hacen las inspecciones, como se trata de magistrados que han tenido experiencia en esos órdenes jurisdiccionales, saben, a la vista de las resoluciones, de los autos y de las sentencias, el trabajo de fondo que hay detrás. Saben cuáles son sota, caballo y rey, que no requieren mayor ciencia jurídica —como que crees a un testigo o no le crees, sota, caballo y rey—, y cuáles no son sota, caballo y rey, sino que requieren un estudio previo. Les transmito mi experiencia: yo tenía treinta juicios semanales. Y tenía que dictar las sentencias. Evidentemente, tenía que hacerlo por las tardes, por las noches o los fines de semana; porque, al final, las sentencias no las firma un servidor público en abstracto: tú pones tu nombre y tus dos apellidos, pones tu antefirma y firmas con tu mano; eres tú el que está mandando una persona a la cárcel o lo está poniendo en libertad. Y cuando tienes la responsabilidad de que es tu nombre con tus dos apellidos el que condena o el que absuelve, no te vas a plantear: estoy fuera de horario o hoy no me corresponde trabajar; tienes que sacar el trabajo adelante y lo demás te da igual, porque tienes que adoptar las decisiones.

Por esa razón siempre se ha hecho de forma voluntaria, siempre. Se establecen sustituciones por materias conexas, tratando de que los jueces de primera instancia e instrucción, puesto que llevan dos ámbitos distintos, lo civil y lo penal, con una carga mucho más intensa y un ámbito de estudio muy superior, sean en la medida de lo posible los que menos responsabilidad tengan a la hora de sustituir o suplir a otros en situaciones de vacancia, por enfermedad, por vacaciones o por permiso. Pero en la fórmula que se ha adoptado no hay conexión, a veces. Y yo insisto en aliviar más a los juzgados de primera instancia e instrucción, y que las conexiones sean más en el ámbito de lo penal, en el ámbito de instrucción, con menos sobrecarga para los titulares de dichos juzgados de primera instancia o instrucción. En ese sentido, reitero las enmiendas números 52, 53 y 58.

Después en la enmienda número 56 insisto en buscar materias más conexas entre sí: hay mayor conexión del ámbito civil con el ámbito mercantil; buscar que los ámbitos de instrucción conecten con el ámbito de lo penal; pero no buscar mezclas de ámbitos materiales de conocimiento, porque va a suponer que un especialista en derecho privado tenga que hacer un esfuerzo en el ámbito del derecho público y a lo mejor hace años que no lo ha visto, o viceversa. Es muchísimo más complicado.

Y luego hay otra enmienda, la número 61, a la que quiero hacer una referencia específica. Señorías, uno de los rasgos por los que se insiste en que las personas integrantes del Poder Judicial no tienen criterios de aplicación comunes a la Función Pública es porque son Poder Judicial. Y una de las cosas que te explican en la escuela es que no es que cada miembro de la carrera judicial sea representante del Poder Judicial, sino que cada miembro integrante del Poder Judicial, cada uno de ellos y de ellas, es cachito o parte del Poder Judicial, es parte alícuota del Poder Judicial. El juez más humilde del lugar más humilde de España es tan Poder Judicial como el presidente del Tribunal Supremo: los dos son Poder Judicial; no es que uno lo represente y el otro no, los dos son Poder Judicial. Pues bien, uno de los rasgos por los que es Poder Judicial y no Función Pública es que la independencia económica —sus retribuciones— es una de las variables de la independencia judicial, es una de las garantías de la independencia judicial; sus retribuciones se establecen por ley en el artículo 403.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, luego, en la Ley 15/2003. De ahí la enmienda número 61, que pretende seguir preservando que esa independencia judicial se garantice con la independencia económica. Se sigue garantizando con esta propuesta que se hace en la enmienda 61, que agradecería me explicasen por qué razón no aceptan. Lo de otras enmiendas lo entiendo, por el discurso filosófico que hacen del copia y pega del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que lo trasladan aquí como a cualquier ámbito del Estado; pero este punto concreto de la enmienda número 61, las retribuciones económicas, la Ley 15/2003 y el artículo 403.6 de la Ley Orgánica de la Poder Judicial, quisiera que me explicaran por qué razón no lo atienden, porque me parece fundamental.

Las enmiendas números 74, 75, 76, 77 y 78 vuelven a insistir en que, como quiera que no existe el módulo de trabajo, hasta tanto no se establezca, eso se tiene que establecer. Es verdad que el Consejo tiene que establecerlo, no con los criterios a usar por la Inspección, sino establecerlo




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de una manera adecuada, como es una norma jurídica con el rango adecuado; insisto en que creo que podría ser por reglamento, pero todavía no está hecho. En cualquier caso, que sea algo consensuado por las gentes que están aplicando y haciendo jurisdicción, no por la gente del copia y pega, que son los que traen estas cosas aquí a las Cámaras; no mediante el copiar y pegar, sino por los que están viviendo el día a día de los tribunales de justicia, y no con esta especie de esquizofrenia, por la que una cosa es quien legisla —copiar y pegar el Real Decreto Ley 20/2012—, y otra cosa son los que están todos los días administrando justicia, la justicia de la cotidianeidad, como siempre nos explica el señor Guillot. Porque quienes están ahí dictando las sentencias saben bien qué sentencias son de sota, caballo y rey y qué sentencias cuestan un esfuerzo mayor. Eso hay que contemplarlo para ir estimulando cada día una justicia de calidad, y no solo en términos de pura producción o puro número.

En cuanto a las enmiendas números 62, 63 y 64, como antes les decía, me parece fundamental que no sea el presidente del tribunal superior el que haga la adscripción obligatoria. Insisto en que eso me parece muy grave y puede dar lugar a situaciones muy preocupantes por la obligatoriedad. Si no quisieran la obligatoriedad, no la pondrían en la ley; luego, si la ponen en la ley es porque saben que esa posibilidad existe. Y si establecen claramente las competencias de decanos, presidentes de audiencia y específicamente de presidentes del tribunal superior —que es verdad que pueden delegar en presidentes de audiencia—, si la establecen, es una facultad que se utilizará, y en los supuestos de adscripción obligatoria me parece preocupante, insisto.

Señorías, yo siento pasión por el parlamentarismo. Por eso me preocupan estos recortes en el parlamentarismo y este parlamentarismo exprés, de discutir las cosas de la forma que se discuten, que en la Comisión de Justicia ni se debate, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista que cree que forma parte de su sueldo explicar, cuando está en la Comisión de Justicia, las razones por las que presenta un veto o por las que presenta sus enmiendas. O eso de que en este mes, como antes se decía, se tenga que tramitar todo esto que tiene tan especial trascendencia. Esta es una materia muy árida porque es una materia ad intra de la Administración de Justicia, es una materia muy orgánica. Por eso cuesta, en general, que los colegas senadores o los propios compañeros del Grupo Parlamentario Socialista estén motivados a colaborar para hacer de ponentes en estos asuntos; por eso lo hacemos fundamentalmente solo los juristas. Pero esto no tiene trascendencia solo para los juristas, sino para la población en su conjunto. No crean ustedes que la relevancia de esto es una relevancia estrictamente corporativa, que va a afectar solo a los 5170 jueces; esto tiene que ver con la población, con la calidad del servicio que se le da a la población. Y ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando ese juez, aparte de su órgano, lleve otro órgano jurisdiccional? ¿No creen ustedes que eso va a afectar a la calidad de la prestación del servicio? A mí me parece que sí; y del mismo modo que siento pasión por el parlamentarismo, y me disgusta el recorte parlamentario, y me disgusta el parlamentarismo exprés, también me disgusta, por mi pasión por la Justicia, que su calidad en España vaya a ir bajando. Hay un órgano en el Consejo de Europa —doña Eva Parera es miembro del Consejo de Europa y también lo son otros colegas de esta Cámara, entre otros el senador Agramunt—, un subcomité, de evaluación de la eficacia y la eficiencia de los sistemas judiciales en cuarenta y siete países, que depende del Comité de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del mencionado Consejo de Europa; y cuando se evalúan la eficacia y la eficiencia, les aseguro que nuestros estándares no están entre los más altos, están entre los más bajos. Pues con esto, sinceramente, se va a peor. Ojalá me equivoque; ojalá me equivoque, ojalá que todos los jueces y magistrados de España se pongan en cola para querer llevar otros órganos jurisdiccionales aparte del suyo, ojalá. Pero incluso en el supuesto de que así fuera, es imposible que puedan mejorar la calidad del servicio público de la Justicia si, junto al órgano jurisdiccional del que son responsables, tienen que llevar otro. De ahí este conjunto de enmiendas. Y me gustaría que me respondieran, si no a todas las enmiendas, sí al menos a las que he destacado como más relevantes, por aquello de argumentar y contraargumentar en esta conversación pública que mantenemos aquí, respecto a los argumentos que esgrimimos aquí quienes estamos aquí, y no quienes no están aquí.

Gracias, señor presidente. Sin que sirva de precedente, me quedan por consumir 4 minutos y 52 segundos. (Risas.—Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Antes que nada, quiero pedir la benevolencia de las señoras taquígrafas, porque creo que en el último turno les hice pasar un mal momento. Les pido disculpas por ello; intentaré hablar más despacio.

Intentaré hablar más despacio, pero tengo muchísimas cosas que abordar. En primer lugar, es cierto que estamos ante otro proyecto de ley que es urgente por las razones que ya hemos visto en el debate anterior. Y, como es un proyecto de ley urgente, es verdad que los procedimientos urgentes conllevan para todos unas servidumbres de las que ya hemos hablado en otras ocasiones; por ejemplo, un mayor esfuerzo para todos. Pero la cuestión es que los problemas que tiene este país son también urgentes. Es un proyecto de ley que, además de los cinco vetos, ha tenido un total de 189 enmiendas, la inmensa mayoría de ellas, el 99,9%, idénticas a las que se presentaron en el Congreso, donde fueron examinadas y desestimadas. Por lo cual también van a ser rechazadas en el Senado. Y no porque nos creamos en posesión de la verdad absoluta, como se dijo ayer. Hay determinadas enmiendas a este proyecto de ley que tienen un calado mucho más hondo, y sobre las que el ministerio ha considerado que necesitan una reflexión más pausada y que no deben ir incluidas dentro de esta ley orgánica, que es una ley urgente y exclusivamente de medidas de eficiencia presupuestaria, sino que deberán ser examinadas en la otra modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectará a más ámbitos.

Trataré de referirme a todas las enmiendas que han mencionado ustedes, espero no dejar ninguna en el tintero. Si lo hiciera, les pido disculpas de antemano. Empiezo por ese pretendido ataque al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. De verdad, afirmo desde esta tribuna que no se va a producir; no es el objetivo de la ley y, desde luego, no se va a producir. Es cierto que con las medidas de sustitución o refuerzo, y más adquiriendo tintes obligatorios, si se analizan los estudios que hay sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, se ve que en ocasiones hacen referencia a la posible vulneración de la independencia de los jueces o incluso la competencia, podría afectar hasta a la competencia. Y por eso se exige que cada vez que en un órgano jurisdiccional haya un cambio de titulares, porque se incorpora un sustituto, se notifique a las partes. El fundamento de esto es precisamente que las partes conozcan que ha habido un cambio, un sustituto, puedan pedir la revocación de ese juez, si corresponde. Pero el objeto de la ley —ya se lo he dicho— no es quitar a un juez incómodo de un lado y ponerlo en otro: es hacer, en estos casos de sustituciones obligatorias, que esos jueces que tienen una carga de trabajo inferior a la que fija el Consejo General del Poder Judicial puedan sustituir o reforzar a otros compañeros, manteniendo su órgano jurisdiccional. No es cuestión de: este es incómodo, le quito y le pongo aquí; no es esa la finalidad de la ley, y, desde luego, no va a ser el resultado tampoco.

Paso a analizar las enmiendas que han defendido sus señorías. Si me lo permiten, y por deformación profesional, voy a empezar por las que tienen contenido autonómico, porque es una materia que me gusta especialmente. Tanto el Grupo Parlamentario Catalán como el Grupo Parlamentario Vasco y Entesa han presentado diferentes enmiendas que solicitan, bien que se creen los consejos autonómicos de Justicia, o bien que se les atribuyan competencias. Estas enmiendas están entre las que consideramos tienen un peso específico mayor, y que deben ser objeto de estudio en la próxima modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Consideramos que las propuestas no se corresponden con la finalidad y objetivos de este proyecto de ley. La intención del ministerio es acometer una reforma más global y completa, y para aquellas cuestiones que no exigen modificación urgente es necesario un estudio más completo y detenido. Por esa razón se ha creado la Comisión Institucional, que va a elaborar los proyectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Propuestas como estas, de dotar de competencias a los consejos autonómicos, trasladar competencias del Consejo General o de los otros órganos que tienen competencias en materia de régimen interior a los consejos autonómicos, deben ser vistas en esta futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.




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El uso de la lengua cooficial también excede un poco de los objetivos que tiene este proyecto de ley. Sin perjuicio de las modificaciones futuras, consideramos que la redacción actual del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial asegura una protección efectiva y suficiente de los derechos de los ciudadanos en cuanto al uso de las lenguas.

Paso a analizar las enmiendas que afectan al contenido material del proyecto de ley, aunque dejaré para el final una referencia genérica a un conjunto de ellas que exceden el objeto específico de la ley. En cuanto a las enmiendas que hacen referencia al régimen de sustituciones, insisto en que la intención de este proyecto de ley no es eliminar toda la justicia interina, seguirá habiendo llamamientos a justicia interina, a jueces sustitutos, a magistrados suplentes, pero de una manera mucho más excepcional, y lo que no voy a decir es que no se va a reducir su número, porque sí se va a reducir el número de magistrados suplentes.

El Grupo Parlamentario Mixto ha defendido su enmienda sobre los límites presupuestarios, que pretende que se suprima precisamente la competencia del ministerio para velar por los límites presupuestados fijados en los llamamientos. Consideramos, sin embargo, que es más conveniente mantener la redacción del proyecto, y que debe ser el Ministerio de Justicia el que fije estos límites presupuestarios para los llamamientos o el que vele por estos límites; porque la verdad es que la fijación de los límites la hacemos nosotros, de acuerdo con el proyecto que nos envía el ministerio al aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Lo que se pretende con esto es precisamente evitar que se adopten decisiones que puedan conllevar un gasto para la Administración que no tenga la oportuna partida presupuestaria, lo cual sería bastante grave.

Las enmiendas que pretenden los cambios de las reglas previstas en el artículo 211 del proyecto no se admiten porque el texto que ha propuesto la mayor parte de los grupos parlamentarios transcribe lo previsto en el actual 211.3, pero este precepto precisamente ha sido de muy escasa aplicación y es necesario mejorar su redacción.

Respecto a las otras enmiendas que pretenden la supresión de los llamamientos obligatorios, la reforma garantiza un sistema de sustituciones profesionales fundadas, como ya les he dicho, en el principio de voluntariedad. Serán los propios jueces y magistrados quienes voluntariamente, a través de los listados o de los planes anuales de sustitución, se organicen entre sí para cubrir ausencias y vacantes, y solo en casos muy excepcionales se permite el llamamiento de un juez o magistrado que no haya manifestado previamente su voluntariedad. Se parte de la idea de que la posibilidad de que un juez o magistrado pueda ser llamado a formar sala en un órgano judicial o en un órgano unipersonal al que no está destinado dependerá, como ya he dicho, de la formación y promoción profesional de los mismos, y además dará derecho a la correspondiente retribución, que es el 80% del complemento específico, siempre que supere el mínimo de carga de trabajo exigible. Se toma como elemento objetivo para la obligatoriedad precisamente la menor carga de trabajo, según los datos que obren en el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial. La remisión a los datos del Consejo General del Poder Judicial como órgano independiente de gobierno de la Administración de Justicia es precisamente la que dota de objetividad y seguridad al sistema.

En las enmiendas que solicitan la eliminación de los jueces en prácticas como posibles sustitutos no se tiene presente que, con el régimen actual, una vez que finalizan las prácticas tuteladas, los jueces en prácticas son destinados para que comiencen a desempeñar funciones jurisdiccionales. Lo que hace el proyecto es prolongar aún más el desarrollo formativo en el que hicieron las prácticas para que celebren juicios sin la asistencia ya del tutor, y el nombramiento de jueces en prácticas como sustitutos profesionales es excepcional. Desde luego, no hay motivo para dudar de su formación y capacidad, que es, cuando menos la misma que pueda tener cualquier sustituto o magistrado suplente, e incluso mayor en ocasiones. Por eso se considera que es preferible el llamamiento a estos jueces en prácticas a la designación de jueces sustitutos. No compartimos tampoco que esta medida que se pretende adoptar con este proyecto de ley vaya en detrimento de la calidad de la justicia. Además, consideramos que el establecimiento de una nueva fase de sustitución y refuerzo asegura la formación plena y adecuada de los nuevos jueces, posibilitando una integración paulatina en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El concepto de carga de trabajo, si bien se debate hoy esta propuesta, se utiliza permanentemente a través de diversos criterios que ha fijado la Inspección de Servicios. Se utiliza en diferentes materias y, además, son múltiples los artículo del Reglamento de la carrera judicial




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que hacen referencia a la carga de trabajo. Es un concepto que es conocido por el Consejo General del Poder Judicial; de hecho, en el informe se pidió que se sustituyese el concepto de carga de trabajo por el criterio de medición de la dedicación o volumen del trabajo de cada juez o magistrado. Obvio citar la numeración de los artículos del reglamento que hacen referencia a la carga de trabajo, porque son numerosos. Sí les quiero decir que el texto del proyecto de ley está en consonancia con los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial y que las cargas de trabajo ya son actualmente evaluadas diariamente por dicho órgano a través del servicio de inspección a muy diferentes efectos, como la solicitud de autorizaciones económicas de refuerzo, el reconocimiento de compatibilidades, la imposición de sanciones disciplinarias, etcétera.

También el Grupo Parlamentario Mixto defendió las enmiendas sobre la prórroga de jurisdicción. Precisamente, la participación no voluntaria por parte del designado en prórrogas de jurisdicción se encuentra ya vigente en el actual artículo 214, y de lo que trata el proyecto de ley es, justamente, de introducir la voluntariedad.

El Grupo Parlamentario Vasco ha defendido su enmienda sobre la cuarta vacante. La reforma no trata de desmerecer la labor que desempeñan jueces sustitutos y magistrados suplentes; muchos de ellos han acreditado una adecuada preparación y cualificación. Pero también es cierto que esa justicia interina está formada por quienes no han superado las pruebas objetivas de acceso a la carrera judicial. Consideramos que no resulta justo dar un trato privilegiado en el acceso a las carreras judicial y fiscal a todos los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y nos parece más conveniente mantener el régimen actual, que prevé, en el artículo 311, que puedan acceder al cuarto turno, que puedan acceder por esta vía, siempre que acrediten reconocida competencia y más de diez años en el ejercicio profesional. Por tanto, no se va admitir esta enmienda. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En cuanto a las enmiendas sobre retribuciones, se ha hecho referencia a la paga extra de los secretarios; no solo aquí, sino también en el debate anterior. Se incluyen en la Ley Orgánica del Poder Judicial porque precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de la paga extra de los secretarios y del resto de los funcionarios; no de la de los jueces y magistrados, que no fue necesario incluirla en esta ley. Por circunstancias extrañas, la Ley Orgánica del Poder Judicial sí reconoce esta paga extra a los secretarios judiciales, y por eso se menciona en la disposición transitoria cuadragésimo primera.

En cuanto a las retribuciones, el senador Díaz Tejera, en particular, quería que le respondiésemos, sobre todo, a la cuestión de la remisión reglamentaria. Las retribuciones de la carrera judicial se regulan según lo dispuesto en el artículo 403 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su desarrollo por la Ley 15/2003, según remisión expresa del citado precepto y, finalmente, en el Real Decreto 431/2004, que regula las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de dicha Ley 15/2003. Y este proyecto de ley no modifica el sistema legal actual, tan solo obliga a llevar a cabo una actualización del régimen y cuantías de las retribuciones previstas en el vigente Real Decreto 431/2004. Además, la propia ley orgánica establece que la cuantía de la sustitución, en los casos que reglamentariamente se establezca su procedencia, será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. Por tanto, no se entiende bien que se cuestione la validez de esta regulación que está vigente y lleva aplicándose desde el año 2004.

Para finalizar, voy a referirme a diferentes enmiendas que tratan sobre las modificaciones que se incluyen en este proyecto de ley orgánica como consecuencia de la armonización del Estatuto de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y del resto del personal de la Administración de Justicia, en relación con las medidas que ya contenía el Real Decreto Ley 20/2012 para el resto de los funcionarios al servicio de la Administración pública. En cuando a los permisos que se emiten a tres días, igual que para el resto de los funcionarios, se prevé —el texto sí que contempla esa especial característica del ejercicio jurisdiccional— el permiso específico para jueces y magistrados para ausentarse de la sede del órgano judicial en el que estuviesen destinados hasta un máximo de tres días al mes y no más de nueve al año, para el estudio y resolución de causas de especial complejidad y resolver situaciones de acumulación de asuntos, cuando ello no fuera atribuible al rendimiento del solicitante, o cuando otras circunstancias así lo aconsejaren, debiendo comunicarlo al menos con tres de antelación. Este permiso, además, solo se va a poder denegar motivadamente cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones que no queden cubiertas por las




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necesidades del servicio. Con este nuevo permiso lo que se pretende es reconocer la situación de hecho a la que aluden las enmiendas que solicitan cambios en la configuración de estos permisos y que, según el Consejo General del Poder Judicial, suponen el reconocimiento de una situación de hecho que acontece con frecuencia en la carrera judicial, cual es que los permisos de tres días hoy en vigor suelen emplearse para dedicar más tiempo al estudio y resolución de asuntos, bien por razones de complejidad, bien por acumulación o sobrecarga de trabajo.

Me referiré ahora al resto de las enmiendas. El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha hecho también referencia al régimen de oposiciones, y es verdad que su grupo ha presentado varias enmiendas en esta materia. Le quería decir que no se justifican porque, en realidad, limitan las posibilidades actuales de convocatoria de oposiciones, ya que esa petición de que se realicen al menos cada dos años es una exigencia de mínimos, no obliga a que se hagan cada dos años, sino que permite la convocatoria anual; de hecho, eso es lo que esperamos y deseamos que se pueda hacer a partir de este ejercicio presupuestario.

Algún otro portavoz, creo que fue el senador Zubia, ha hecho referencia a los planes de ordenación de recursos humanos y ha dicho que están en contra de que se apliquen a la Administración de Justicia. Yo a este respecto lo único que le quiero decir es que el proyecto trata de posibilitar que en la Administración de Justicia se adopten mecanismos excepcionales de ordenación de recursos humanos conforme a los previsto en relación con el resto de los funcionarios públicos. Es verdad que estos planes de recursos humanos son muy excepcionales, pero en ocasiones es necesario llevarlos a cabo.

Para finalizar, y al hilo de estos planes de ordenación de recursos humanos, quería decirles que hay otro conjunto de enmiendas que se refieren, por ejemplo, al ámbito territorial de las asociaciones judiciales, a la Oficina Judicial, al cuerpo de Secretarios Judiciales, a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, a la situación de servicios especiales, a la excedencia voluntaria, a la estadística judicial, que señalaba la senadora Pineda. Estas enmiendas no se admiten por los mismos fundamentos de los que hablé al mencionar las enmiendas sobre los consejos autonómicos de Justicia porque son propuestas que exceden de la finalidad y de los objetivos de esta ley, cuyo objetivo fundamental es la eficiencia presupuestaria y la aplicación de estas medidas del Real Decreto Ley, adaptándolas a las especialidades de la carrera judicial, por lo que consideramos que se deben acometer en esa reforma más global y completa de la Administración de Justicia.

Finalizo mi intervención. Espero haber respondido a todas las enmiendas que sus señorías han defendido. No sé si lo habré hecho con mucha rapidez; les pido disculpas otra vez.

Permanentemente se ha puesto de manifiesto por varios de los portavoces que con este proyecto de ley se va a producir un colapso, que vamos a empeorar el funcionamiento de la justicia, que vamos a empeorar la eficacia de la justicia. Les quiero señalar que el objetivo de este proyecto de ley es un ahorro presupuestario, llevar a cabo estas sustituciones de acuerdo con los criterios que ya he dicho en los anteriores turnos y que no voy a repetir: voluntariedad como principio general, obligatoriedad en situaciones excepcionales en las que la carga de trabajo, de acuerdo con los criterios que fije el Consejo General del Poder Judicial, sea inferior a la mínima.

Este proyecto de ley tampoco lo podemos contemplar de una manera aislada, sino dentro de este conjunto de reformas que se pretende llevar a cabo, una de las cuales yo sé que cuando llegue a esta Cámara también va a ser discutida, y mucho, porque va a tener incidencia en todos nuestros territorios. No va a ser discutida solo por sus señorías, sino que va a ser discutida en los propios territorios, en las propias provincias, porque es una ley que sé que va a ser difícil; me refiero precisamente a la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Tenemos que adaptar esa planta y demarcación judicial a la realidad de nuestra justicia actual. Esa ley nos va a llegar en breve y se va a fundamentar también en un informe que ha hecho una comisión de expertos independientes con la mayor objetividad. Esperamos que con el conjunto de reformas que se están llevando a cabo y con esa nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, con ese impulso que creo que tenemos que dar en este país a la mediación como sistema para resolver los conflictos, podamos garantizar que este servicio público de justicia sea eficiente, eficaz y no tenga ninguna merma de calidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra exclusivamente para felicitar a sus señorías estas fiestas y desear que el próximo año les traiga éxitos personales y acierto político.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)? (Denegaciones.)

No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, señor presidente.

Intervengo con el mismo motivo que mi compañero el senador Iglesias, pero también para felicitar a la senadora Franco por su trabajo, pues lo ha tenido complicado ya que esta ley tenía muchas enmiendas. Se ha tomado muchas molestias para, al final, desgraciadamente, nada. Sin embargo, como bien ha dicho, es su trabajo y le gusta, como nos gusta al resto de los senadores haber presentado nuestras enmiendas y haberlas podido defender.

La felicito por su riguroso trabajo. También quiero felicitar a todos los senadores estas fiestas. A ver si el año que viene puede ser mejor.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros estamos de acuerdo en que es necesario adoptar medidas para reformar la Administración de Justicia, pero dudo que el Gobierno sepa —nosotros seguro que no— cuál va a ser el cuadro final de esta reforma. No estamos reformando con una visión de conjunto de cómo quedará la justicia al final de todos estos proyectos de ley que estamos aprobando. Considero que se está legislando sin complicidad con los afectados y con demasiada celeridad. Decía usted textualmente, señora senadora, que no admiten enmiendas porque se necesita una reflexión más pausada. Hagámosla. Todo se tramita con urgencia y no tenemos posibilidad de hacer esa reflexión. Yo me apunto a ese carro. Hagamos esa reflexión.

Señorías, estamos legislando por intereses que no considero que sean los de los propios proyectos de ley. Llevamos una racha muy mala, aprobando proyectos de ley para recaudar —cuando ese no era el objetivo o el título del proyecto de ley—, para retocar o eliminar pagas extra de Navidad o para amparar amnistías fiscales. Y lo incluimos en puntos concretos del articulado de un proyecto de ley que no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, me parece que esta no es la manera de hacerlo. Si vamos a reformar la Administración, hagámoslo con el objetivo real de lo que establece el proyecto de ley, y no con prisas porque no queremos que vuelva al Congreso, porque tenemos prisa por quitar una paga extra de Navidad, y como no queremos que vuelva al Congreso, no debatimos ninguna enmienda para no estar obligados a cumplir un trámite más. No es serio; sinceramente, no es serio.

Me gustaría señalar una última cuestión. No han tenido ustedes ni un solo proyecto de ley de justicia sin vetos. Considero que eso merece una reflexión.

Finalmente, les deseo felices fiestas a todos. Aprovechen este parón para llevar a cabo las reflexiones que les pedía y empecemos el año con mejor pie. Esperemos que tenga razón el ministro de Economía cuando dice que este año es el último y que empezaremos a salir de la crisis.

Muchísimas gracias y felices fiestas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.




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El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Señora Franco, le agradezco que se haya leído usted todas las enmiendas. Se lo agradezco con sinceridad, porque la semana pasada, cuando debatimos los títulos XIV y XV del Código Penal, y pedía expresamente que respondieran a los argumentos que esgrimía en torno a enmiendas concretas, no recibía respuesta sino referencias genéricas a un asunto sub iudice en una región española. A su vez, yo decía también que podíamos hablar de otro asunto sub iudice en otra región española y, al final, no debatimos sobre los contenidos. Nos convertimos en pandillas, nos limitamos a repartir puros ejemplos de sectarismo, pero sin haber estudiado lo que estábamos debatiendo en ese momento. Y comoquiera que usted sí ha leído y estudiado las enmiendas, aunque discrepe de su argumentación, le agradezco que haya realizado ese esfuerzo. Primer asunto.

Segundo asunto. Ha acabado usted hablando de la planta judicial. Yo le sugiero que no hagan lo mismo que hicieron al comenzar esta legislatura, cuando el jefe de servicio de Hacienda, llamado por ustedes ministro de Justicia, echaba piropos a un informe sobre la planta judicial, decía que era muy bueno, y se cargaba un montón de partidos judiciales que son relevantísimos para impedir la desertización de muchos territorios de España, que son claves, insisto, para impedir una mayor concentración urbana y una desertización, porque los partidos judiciales y los pequeños pueblos juegan un papel fundamental en la distribución de la población de toda España. Le ruego que tenga esto en consideración en el momento de plantear la propuesta de planta judicial.

Tercero, le invito a que reflexione sobre cómo va a sentar este texto en el ámbito de los servidores públicos que trabajan en la justicia porque, señoría, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha calificado el ambiente dentro de la Administración de Justicia como un ambiente de deterioro. Ustedes saben que la Asociación Profesional de la Magistratura no se caracterizan por ser unos rojos extremistas, rebeles e insumisos. ¿Cómo es posible entonces que toda la gente de la Asociación Profesional de la Magistratura, de Francisco de Vitoria, de Jueces para la Democracia, de Foro Judicial Independiente, de todas las organizaciones judiciales, de todas las asociaciones de fiscales, todos los secretarios judiciales, todos los colegios de abogados, todos los procuradores, todos los servidores públicos en el ámbito de justicia —no es una cuestión de mayor o menor complicidad o consenso—, todos estén en contra —es una diferencia de grado— de lo que se está haciendo?

Nos limitamos a «cortar y pegar» el Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y trasladarlo aquí, sin plantear ninguna política judicial por parte del jefe de servicio de Hacienda, que no actúa como ministro de Justicia, sino como jefe de servicio de Hacienda, por ser generosos, porque podemos llamarle jefe de negociado, cómo no. Se trata solo de trasladar, cortar y pegar, sin plantear una política judicial; pues bien, francamente, eso es lo que está generando esa capacidad infinita para crear el anticonsenso en el ámbito de la Administración de Justicia.

Y un último apunte: sería bueno que reflexionáramos un poco sobre la dinámica de las comisiones, al menos en las que yo he asistido. Señorías, todos los ciudadanos pueden ver a través de Internet lo que pasa en los plenos y lo que pasa en todas las comisiones. ¿Y qué creen ustedes que puede pensar la inmensa mayoría de los ciudadanos si cuando se celebra una comisión todos dicen: Las doy por defendidas, y nadie explica su argumentario? Pues la impresión general es que son unos parlamentarios que no parlan, que no se han ganado su sueldo, que no se han trabajado los asuntos, que no los han estudiado y que no los han explicado. Es posible que todos hayan estudiado y todos sepan de todas las enmiendas, pero cuando en comisión dicen: Las doy por defendidas y punto, repito, la impresión que tiene alguien que está viendo eso es: ¿cómo es que se dan por defendidas? Aparte de darlas por defendidas tienen que explicarlas. Por tanto, respetando la libertad individual de cada senador o senadora, respetando el criterio de cada grupo, me parece que es importante, por aquello de la legitimación del ejercicio del parlamentarismo, en contra del parlamentarismo exprés o el parlamentarismo recortado, que nos planteemos que en las comisiones y en los plenos se preparen los temas, se estudien y se exponga su argumentario, con absoluta libertad, por supuesto. Y cuando alguno se exceda y tenga un lapsus, se pide disculpas, se aceptan las disculpas y no pasa nada. En cualquier caso, no nos carguemos esa pasión por la palabra, por el diálogo, por la política, por el parlamentarismo, diciendo en comisión: Las doy por defendidas, sin explicar absolutamente nada.




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Y por eso acabo como empecé, señor presidente, agradeciendo a la señora Franco que se haya leído todas las enmiendas, como nos ha demostrado en la mañana de hoy en su última intervención. Y como no voy a intervenir de nuevo —no porque no quiera sino porque no puedo— que tengan ustedes felices Navidades y feliz año, en mi nombre y en el de todos los socialistas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Don Arcadio, me dirijo a usted. Yo no sé si mañana se va a acabar el mundo, pero por si se acaba, le quiero aclarar la expresión que usé el jueves pasado. Desde luego, sé que usted es un demócrata convencido y que cree, como yo, en el Estado social y democrático de derecho. Mi expresión no pretendía herir ninguna susceptibilidad, aunque como eso es subjetivo, parece que sí la herí. Le pido mi más sinceras disculpas si usted se sintió ofendido por la expresión que yo utilicé. (Aplausos.)

Pero antes de hablar yo el pasado jueves, al defender la ley de fraude fiscal, intervino usted, y dijo una cosa que yo no puedo aceptar y que me sentó también mal. Pleno del 13 de diciembre de 2012, página 3608: «El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente; con su venia. Este texto que tienen aquí no es lo que ha dicho el secretario general del Grupo Parlamentario Popular. No es verdad lo que ha dicho usted esta noche, no es verdad.» Eso dijo usted. No admito tampoco que usted dijera que el secretario general del Grupo Parlamentario Popular faltaba a la verdad cuando hablaba del fraude fiscal para decir que era una reforma técnica que beneficiaba a los trabajadores y que favorecía a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social. (Aplausos.) Haciendo gala de la magnanimidad que nos caracteriza tanto a usted como a mí, solicito que también usted rectifique.

En segundo lugar, no queda más que reconocer —y hay que hacerlo así— el magnífico y excelente trabajo que jueces y magistrados españoles realizan, jueces y magistrados titulares y sustitutos, señorías, jueces suplentes, magistrados sustitutos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Jueces y magistrados que, como ustedes y yo conocemos, se dejan las pestañas poniendo sentencias; desde luego por la tarde porque por las mañanas están celebrando sus vistas.

Pero, señorías, la justicia evoluciona. Se dictó una primera Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1870, con una ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial, como ustedes saben, en la que se decía que los jueces tenían que ir vestidos de riguroso negro. Solo podían llevar blanca la camisa. Gracias a Dios y a los hombres que legislamos hemos evolucionado y hemos llegado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que es bastante buena porque nos hemos dedicado a reformarla. Pero estamos en un momento reformista y la situación y la coyuntura actual nos tiene que llevar a seguir haciendo reformas y a no quedarnos anclados en esa legislación ya muy longeva.

Hablamos de profesionalizar, indudablemente, porque profesionalizar, ¿qué significa? Ejercer la potestad jurisdiccional pero como magistrado de carrera, como juez de carrera, perteneciendo al escalafón. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que los jueces de paz no son titulares de la potestad jurisdiccional? Claro que lo son, pero no pertenecen al escalafón de jueces y magistrados. No son profesionales de la justicia, son nombrados por los ayuntamientos en tanto en cuanto desempeñan esa función, pero no tienen ese carácter de más, ese plus añadido de la profesionalización.

Señorías, se ha recriminado que, dado este carácter profesional de la justicia, se podría aumentar el número de plazas; 231 jueces y magistrados acaban la escuela judicial en marzo. Este marzo que viene habrá 231 jueces más, 150 en el año 2014 y 50 más en 2015. Y me alegro de que tanto el senador Díaz Tejera como la senadora Parera hayan puesto de manifiesto el ejemplo sanitario porque es muy relativo que en otras cuestiones se pueda plantear, pero en ese ámbito se entiende muy bien. Efectivamente, cuando uno quiere que le curen, cuando quiere que se le asista, quiere que lo haga el mejor profesional. Y ustedes saben perfectamente que tanto en el proceso civil como en el contencioso administrativo hay procedimientos de única instancia en los que el único que los conoce es el juez, el juez que lo conoce en esa primera y única instancia. Después no hay recursos contra la sentencia que se dicta. ¿Vamos a dejar en manos de los jueces sustitutos —con la profesionalidad que les reconozco— las sentencias? ¿Vamos a dejar que la




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única sentencia que tenga el ciudadano, el justiciable, sea la que le haya dictado el juez sustituto? ¿Vamos a dejar que esa cura de estómago, esa inyección —sigo con el ejemplo sanitario— se haga por alguien que no sea profesional, aunque esté capacitado? Creo que no. Creo que se tiene que dar ese salto hacia la profesionalización de la carrera judicial; profesionalización que se busca también con los abogados. Los abogados ahora tienen que hacer un examen de ingreso, un máster. Se busca en todas las disciplinas jurídicas, también en la justicia.

Me ha llamado algo poderosamente la atención, y es que esta ley regula tres cuestiones muy distintas e importantes: en primer lugar, la cobertura de ausencias, de vacantes y de medidas de refuerzo; en segundo lugar, la Escuela Judicial y, en tercer lugar, las licencias y permisos. Casi nada se ha hablado aquí de la Escuela Judicial, de la formación de jueces y magistrados y de las licencias y permisos. Han centrado casi todo el debate en los jueces sustitutos, a quienes yo soy el primero en reconocerles el gran trabajo que hacen. ¿Les parece mal el período de formación de la Escuela Judicial, de la fase teórica, de las prácticas tuteladas, para que después puedan sustituir y reforzar los juzgados? No han dicho nada respecto a las licencias y permisos, a que se rebaje el número de licencias, a que se rebaje el número de permisos, incluso con las cuantías que se recogen en la propia norma, que solamente alcanzan al cien por cien en los casos de intervención quirúrgica o de asistencias hospitalarias.

Cuando comentó lo de las guaguas, senador Díaz Tejera, me perdí; la verdad es que me perdí un poco, pero ha pasado en otros colectivos. ¿Qué ha pasado con las universidades que han perdido profesores asociados? ¿Esos profesores asociados no estaban capacitados para dar clase? Claro que sí, eran licenciados, concretamente en nuestra disciplina, en Derecho. Eran perfectamente capacitados, como los jueces sustitutos, que son licenciados en Derecho. ¡Faltaría más que no dictaran sentencias! No ha pasado nada con la eliminación que han tenido que hacer todas las universidades respecto a los profesores asociados. ¿Por qué nos quejamos tanto de que exijamos también esa profesionalización en la justicia? Señorías, se trata de hacer renuncias parciales, que todos los colectivos en este momento tienen que hacer, para conseguir el bienestar de todos, y esto es lo que esta ley trae de la mano al ámbito de la justicia.

La interinidad —lo digo porque hablaban de los jueces sustitutos— en España es excesiva. El año pasado, en 2011, hubo 1442 asistencias a jueces sustitutos, de un total de 5021 jueces y magistrados. Más de la cuarta parte de las sentencias dictadas en España fueron dictadas por jueces sustitutos y magistrados suplentes, a quienes se les reconoce todo el mérito, pero habrá que incorporar a este colectivo a una profesionalización de esa justicia que todos queremos.

También se ha cuestionado que el hecho de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia pueda obligar a determinados jueces a dictar sentencias, a desempeñar su trabajo en un órgano jurisdiccional, puede atentar al juez predeterminado. Les voy a decir que para nada. El juez natural, legal o predeterminado por la ley es aquel juez que es ex, ante, facto. Antes de que surja el problema, existe el juez. La manera de nombramiento de ese determinado juez por el presidente del Tribunal Superior de Justicia para nada atañe al artículo 24.1 que regula el juez legal, el principio de la tutela judicial efectiva.

Usted, señor Arcadio, ha dicho, y es verdad, que dictaba a la semana treinta sentencias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALTAVA LAVALL: Yo también fui magistrado y juez de lo penal y también dictaba muchas sentencias, pero se ha olvidado decir cuántas conformidades había. Un 60% de conformidades era la media de todos los órganos jurisdiccionales de lo penal. Y no le quito mérito, porque al menos dos sentencias diarias, computando hasta los sábados, tenía que dictar, aparte de las de conformidad. No le quito el mérito, pero hay que hablar con propiedad de cada cuestión.

Fíjense, señorías, esta reforma se ha hecho también en colaboración cercana con las comunidades autónomas —lo recoge el artículo 528 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—.

Y quiero hacer dos matices más. Senador Díaz Tejera, en cuanto a la referencia que ha hecho a las comisiones, que a mí no me corresponde porque eso le correspondería a la Mesa, le tengo que decir que cuando el señor presidente de la Comisión de Justicia le da a usted la palabra, no se la quita, le deja hablar todo lo que quiere. Critique a los otros portavoces si le parece mal que no se discuta. Pero, ojo, venimos haciendo lo que hacíamos en la legislatura pasada, y usted




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estaba encantado de no debatir en las comisiones de Justicia. (El señor Díaz Tejera pronuncia palabras que no se perciben.) Se ha debatido lo que cada uno ha querido, porque el presidente nunca quita la palabra.

Simplemente, quiero recordar, señorías, que este proyecto de ley va en la línea de volver a situar a España a la cabeza de los países del mundo. Han sacado ustedes el tema de las tasas y el de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que nada tenían que ver con este Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, y por eso me obligan a sacar otras cuestiones. Porque si estamos en esta situación, señorías, es porque tenemos que devolver —también en justicia, como usted ha puesto de manifiesto en el Consejo de Europa— a España la credibilidad en Europa. Ustedes dejaron un déficit de bancarrota y todos tenemos que colaborar. En el 2011 fue del 8,9% y este año 2012 será del 5,6%. La prima de riesgo, con las medidas que está adoptando el Gobierno, está estabilizada, hoy a 385 puntos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Y han bajado los intereses de la deuda del 7 al 5%.

A lo mejor se ha suprimido la paga extraordinaria, señorías, pero esa paga extraordinaria que se ha suprimido nos permite a todos los funcionarios públicos, también a jueces y magistrados, seguir cobrando todos los meses y poder atender a nuestras familias, también, nuestras hipotecas; por cierto, el euribor ha bajado al 0,54.

Señorías, de parte de la senadora Franco, que ahora no ha hecho uso de la palabra, de la mía y de todo el Grupo Parlamentario Popular quiero desearles a todos unas felices fiestas de Navidad. Bon Nadal.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava. (El señor Díaz Tejera pide la palabra.)

Senador Díaz Tejera, ya ve usted que sí que va a volver a intervenir. Tiene usted la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Página 3601 del Diario de Sesiones, dice el señor Sanz Pérez: «…una reforma que plantean los técnicos de la Administración General del Estado...». Esa fue su expresión.

Página 3608 del Diario de Sesiones, yo digo: No es verdad. Porque no la plantean los técnicos de la Administración General del Estado, son otros cuerpos, pero no ese.

Ese es el asunto del que hablo, señor Altava. Página 3628 del Diario de Sesiones. Usted dice: «…usted me ha hecho una apología brutal, concretamente usted, senador Díaz Tejera, de la doctrina del nacionalsocialismo.»

El asunto del señor Sanz Pérez no tiene nada que ver con este. Él no me ha pedido que lo retire, porque yo afirmo que no es verdad que lo plantearan los técnicos de la Administración General del Estado, fue el Cuerpo de Inspectores de Trabajo, pero no la Administración General del Estado. Insisto en que formo parte de ese cuerpo y sé cuáles son sus conclusiones. Pero lo que usted plantea… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senador Díaz Tejera,…

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: …el debate sobre la ley está terminado. Yo le he dado la palabra por alusiones.

El señor DÍAZ TEJERA: Sí. Solo he planteado que usted no ha querido retirar lo de la apología del nacionalsocialismo. Retírelo usted, retire lo de la apología brutal del nacionalsocialismo, que no tiene nada que ver con aquello. (Rumores.—El señor Altava Lavall pronuncia palabras que no se perciben.) Ni de usted ni de la Cámara. Me parece a mí que no ha querido retirarlo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor DÍAZ TEJERA: No ha pedido retirarlo. Solo ha dicho que usted subjetivamente no quería ofender, pero no ha retirado la expresión. No la ha retirado. (Rumores.—Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Senador Díaz Tejera, senador Altava, ustedes dos son unos magníficos juristas, son unas magníficas personas, son unos magníficos senadores y la legislatura va a ser muy larga. Por lo tanto, yo les pido que se den un abrazo navideño, (Risas.) y espero que el año que viene seamos todos más felices que este año, si no les importa a los dos. Muchas gracias. (Aplausos.)

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a las votaciones, voy a darles una información.

Al levantar el Pleno se van a reunir una serie de comisiones: la Comisión de Peticiones, en la sala Enrique Casas; la Comisión de Justicia, en la sala Clara Campoamor, y la Mesa y Portavoces de la Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo, en la sala de Comunidades Autónomas.

Vamos a comenzar con la votación de las enmiendas.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal, números 1 y 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a favor, 7; en contra, 140; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a favor, 16; en contra, 133; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 202; a favor, 73; en contra, 129.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 202; a favor, 15; en contra, 132; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 6 y 7.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 72; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 4.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 12 y 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 13.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 15 a 17 y 32.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 18 y 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 20, 21, 23, 24 y 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 26 y 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 28 a 31.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 54; en contra, 136; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. En primer lugar, las números 33 a 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 15; en contra, 136; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 41, 42, 44, 47 y 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 136; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 40.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 7; en contra, 193; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 39 y 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 17; en contra, 192.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 43 y 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Comenzamos votando las números 79 y 81.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 7; en contra, 144; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 80 y 83.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 137; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 84, 86 y 89.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 7; en contra, 136; abstenciones, 65.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 82, 85, 93 a la 95 y 107.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 207; a favor, 72; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 106.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 87, 90, 103 y 105.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 66; en contra, 138; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 88, 91, 98, 99, 102, 104 y 108 a 111.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 207; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 92.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 96 y 97.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 136; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 100 y 101.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 58; en contra, 137; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 124.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209, a favor, 59; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 114, 115, 117, 128 y 129.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 112, 113, 116, 118, 121, 125 a 127 y 137.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 119, 120, 123, 130, 131 y 141.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 209; a favor, 67; en contra, 137; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 132 a 136 y 142 a 144.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 60; en contra, 136; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 138 a 140.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 67; en contra, 136; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 122.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 207; a favor, 59; en contra, 135; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió comenzamos votando la enmienda número 145.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 12; en contra, 192; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 146.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 16; en contra, 136; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 147.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 148.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 137; abstenciones, 58.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 149 y 155.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 156 y 158.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 193.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 153 y 154

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 11; en contra, 192; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 150, 151, 152 y 159.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 157, 160 a 166, 168, 169, 173 a 176 y 184.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 137; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 189.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 148, 167, 170 a 172 y 180 a 183. (El señor Zubia Atxaerandio pide la palabra.)

Senador Zubia, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, lamento felicitarles la Navidad de esta manera, pero creo que la enmienda número 148 ya la hemos votado en el cuarto paquete de las enmiendas de Convergència i Unió, con lo cual me temo que no se puede votar dos veces o no se debe.

El señor PRESIDENTE: Es cierto, tiene usted toda la razón. Muchas gracias por la advertencia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Eso se llama estar al tanto, señor Zubia. Muchas gracias.

Bien, votamos entonces las enmiendas números 167, 170 a 172 y 180 a 183.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 208; a favor, 9; en contra, 136; abstenciones, 63.




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El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 177 y 178.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 207; a favor, 9; en contra, 138; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 179.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando la enmienda número 61.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 50 a 52, 54, 65 y 66.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 72; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 56, 57, 60, 67 y 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 49, 53, 55, 58, 62 a 64 y 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas números 59, 69 a 73 y 75 a 78.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 211; a favor, 132; en contra, 75; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.




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Señorías, les deseo a todos una muy feliz Navidad. Que pasen unas muy felices fiestas y que nos veamos el año que viene, porque no se va a acabar el mundo. Muchas gracias. (Fuertes aplausos.)

Se levanta la sesión.

Eran las doce horas y cincuenta y cinco minutos.


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