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DS. Senado, Pleno, núm. 39, de 07/11/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2012

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el marco de la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

(Núm. exp. 662/000045)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que el Senado insta al Gobierno a apoyar la candidatura de Gran Canaria para el premio Región Emprendedora Europea del Año 2014.

(Núm. exp. 662/000050)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el desarrollo de la agricultura ecológica.

(Núm. exp. 662/000046)

Autor: GPP

5.4. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, de una Ponencia de Estudio sobre la situación del mercado de los carburantes en España.

(Núm. exp. 662/000044)

Autor: GPS

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000015)




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7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000045)

7.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio de La Haya sobre Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.

(Núm. exp. 610/000039)

7.1.3. Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2011.

(Núm. exp. 610/000040)

7.1.4. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Instituto Forestal Europeo (IFE) relativo al establecimiento de una oficina del Instituto en España, hecho en Madrid el 28 de julio de 2011.

(Núm. exp. 610/000041)

7.1.5. Convenio entre el Reino de España y la República de Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Astana el 17 de junio de 2011.

(Núm. exp. 610/000042)

7.1.6. Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el acceso al ejercicio de actividades remuneradas de los familiares dependientes de los funcionarios de la OMT, hecho en Madrid el 31 de mayo y 11 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000043)

7.1.7. Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en Madrid el 15 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000044)

8. INCOMPATIBILIDADES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2012, en relación con varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000006)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el marco de la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Autor: GPP

2674

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Aguirre Muñoz expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eigure, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2687

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la modificación del orden del día para la inclusión de la moción que se tramitará como punto 5.2.

5.2. Moción por la que el senado insta al Gobierno a apoyar la candidatura de Gran Canaria para el premio Región Emprendedora Europea del Año 2014.

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

2687

Leída la moción por el señor presidente, se aprueba por asentimiento de la Cámara.

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el marco de la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. (Votación.)

Autor: GPP

2688

Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor, 147; en contra, 52, abstenciones, 17.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el desarrollo de la agricultura ecológica.

Autor: GPP

2688

El señor Cotillas López defiende la moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Coves Botella defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.




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El señor Cotillas López informa de la presentación de una propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por los siguientes votos: a favor, 239; abstenciones, 4.

5.4. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, de una Ponencia de Estudio sobre la situación del mercado de los carburantes en España.

Autor: GPS

2704

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Alique López expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 153.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

2723

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto de ley.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 1, de los señores Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número 2, de la señora Almiñana Riqué; los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa y Montilla Aguilera; la señora Pineda Balló, el senador Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons Vila.




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En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 152; abstenciones, 19.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 24, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 52 a 63, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 64 a 93, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 94 a 114, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 25 a 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas números 115 a 147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 148 a 150, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Fernández Cueva.

En turno de portavoces intervienen los señores Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 7, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 196.

Se rechaza la enmienda número 8 de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 193; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 9 a 15, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 16, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 149; abstenciones, 6.




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Se rechazan las enmiendas números 17 y 18, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 19 a 22, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 152; abstenciones, 2

Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 52 y 53, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 139; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 54 y 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 193; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 141, abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 58 a 62, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74, en contra, 137; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 196; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 64 y 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 194; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 66 y 67, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 76; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 68 a 70, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 138; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3, en contra, 137; abstenciones, 74.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 138; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 196.

Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguiente votos: a favor, 3; en contra, 196; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 76 a 81, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 82 y 83, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 139.

Se rechaza la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 9; en contra, 150; abstenciones, 56.




Página 2671


Se rechazan las enmiendas números 85 y 86, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 88, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 89 a 91, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 137; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 92 y 93, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 155; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 95 a 98, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

Se rechazan las enmiendas números 99 y 100, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 156; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 101 a 104, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 105 y 106, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 155.

Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 139.

Se rechazan las enmiendas números 108 y 109, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 154; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 139.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor; 11; en contra, 139; abstenciones, 66.

Se rechazan las enmiendas números 25 a 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor; 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 33 y 34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 141.

Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 36 y 37, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 15; en contra, 196; abstenciones, 4.




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Se rechazan las enmiendas números 38, 39 y 42 a 49, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 76; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 40 y 41, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 50 y 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 115 a 133, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 134 y 135, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 136, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 138; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 137, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 138 y 139, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 140, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 138; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 141 a 143, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda 144, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda 145, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 76; en contra, 138; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 146 y 147, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 136; abstenciones, 22.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 148 del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 149 del Grupo Popular, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 142; abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 150 del Grupo Popular, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los siguientes votos: a favor, 137; en contra, 63; abstenciones, 17.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes votos: a favor, 139; en contra, 60; abstenciones, 17.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.




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7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

2763

Se autoriza al haber sido aprobado por los siguientes votos: a favor, 214; abstenciones, 2.

7.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio de La Haya sobre Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971

2764

7.1.3. Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2011

2764

7.1.4. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Instituto Forestal Europeo (IFE) relativo al establecimiento de una oficina del Instituto en España, hecho en Madrid el 28 de julio de 2011

2764

7.1.5. Convenio entre el Reino de España y la República de Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Astana el 17 de junio de 2011

2764

7.1.6. Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el acceso al ejercicio de actividades remuneradas de los familiares dependientes de los funcionarios de la OMT, hecho en Madrid el 31 de mayo y 11 de junio de 2012

2764

7.1.7. Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en Madrid el 15 de junio de 2012

2764

Se autorizan.

8. INCOMPATIBILIDADES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2012, en relación con varios señores Senadores

2764

El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

(Núm. Exp. 662/000045)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5 y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Aguirre por tiempo de quince minutos.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Lo que pretendo, al menos en la primera parte de mi intervención, es explicar a sus señorías, o al menos que se vayan con las ideas claras, qué es una cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de dónde venimos, por qué estamos hablando de cartera de servicios, qué tiempo lleva, desde cuándo legislativamente estamos en cartera de servicios, porque es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Aprovechando que estamos poquitos voy a instruir a sus señorías en temas de política técnica sanitaria, en temas específicos de cartera de servicios.

Me remonto un poco a la historia de cartera de servicios, por lo que tenemos que irnos, lógicamente, al artículo 43 de la Constitución Española, donde se dice textualmente: Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y lo siguiente es la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, que señala textualmente: El acceso a las prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de igualdad efectiva. Asimismo indica que el Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Posteriormente podemos ir a la época del presidente Aznar, en que se sacó una ley magnífica que es la base de todo, me refiero a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su artículo 8 se contempla lo siguiente: Las prestaciones sanitarias del catálogo se harán efectivas mediante cartera de servicios comunes, que ser acordarán en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se aprobarán mediante real decreto, teniendo en cuenta en su elaboración, como es lógico, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la seguridad y sobre todo la utilidad terapéutica. Asimismo, establece que los ciudadanos tendrán derecho a recibir por parte de los servicios de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentren desplazados la asistencia del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudieran requerir con las mismas condiciones e idéntica garantía que los ciudadanos residentes en esta comunidad autónoma. Lo que se está diciendo es que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a tener esta cartera del Sistema Nacional de Salud, independientemente de cuál sea la comunidad autónoma. Y en su artículo 21 añade: ...la cartera de servicios se actualizará mediante un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, señalando que las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos, serán sometidas a evaluación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tendrá por objeto la concurrencia de los requisitos para verificar dicha evaluación.

Posteriormente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero saca el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Después de siete años en los que no se




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desarrolló la Ley de cohesión y calidad ni tampoco el decreto de 2006, del presidente Rodríguez Zapatero —estaba todo paralizado—, es cuando llega el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad en sus prestaciones para intentar desarrollar, tanto la Ley de cohesión y calidad como el Decreto de 2006, y dar su razón de ser a todo lo que estaba escrito en papel, sobre todo para sacar las castañas del fuego después del parón legislativo de siete años que hemos tenido por inoperancia socialista a la hora de desarrollar leyes tan importantes como la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Definamos qué es la cartera común de servicios. Es un conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experiencias científicas mediante los cuales se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. La cartera común de servicios, otro concepto importante, se articula en torno a tres modalidades, según real decreto de la época de Rodríguez Zapatero; cartera común básica de servicios asistenciales, en la cual no hay ni habrá ni se le espera ningún copago; cartera común suplementaria —estamos hablando de legislación de la época socialista—, en la cual entran las farmacias, productos dietéticos, ortoprotésicos y transportes no urgentes, y en la que se dice que se articulará la forma de adecuar el copago a los propios usuarios, y cartera de servicios accesorios.

La moción se refiere a la cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, es decir, a todo aquello que incluye prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, tanto en centros sanitarios como en centros sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubierto de forma completa por la financiación pública. Aquí no hay copago. Ayer se habló de que Alemania iba a quitar el copago. Alemania ha quitado el copago en la asistencia sanitaria, no en la farmacia, tanto a nivel hospitalario como sociosanitario, que aquí siempre nos hemos negado a implantar. ¿Por qué? Porque entra dentro de la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, cuando se habla hay que hacerlo con propiedad y saber de qué se está hablando. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará la cartera común de servicios que se aprobará mediante real decreto.

Por todo ello, el Grupo Popular presenta una moción con tres puntos. El primero, modernizar la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud a la luz de la evidencia científica, incorporando todos los procedimientos y técnicas que contribuyan de manera eficaz a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y a reducir la morbimortalidad, contribuyendo a la cohesión y equidad dentro del Sistema Nacional de Salud.

En un Estado moderno, en un sistema sanitario avanzado es necesario incluir los avances tecnológicos. La ciencia avanza que es una enormidad, por lo que tenemos que estar activos a la hora de incorporar nuevas tecnologías, siempre en beneficio del paciente, como nuevas prestaciones, manteniendo por tanto la equidad y cohesión entre todas las comunidades autónomas.

¿Quién decide qué entra o qué sale en una cartera de servicios? De acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes, se está llevando a cabo una revisión de la cartera de servicios por medio de grupos de trabajo, que son muy importantes. En estos grupos de trabajo intervienen las comunidades autónomas, las sociedades científicas, es decir, los profesionales, la Agencia de Evaluación... Son grupos de expertos que, junto con la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio, deciden qué entra y qué sale, siempre previo paso por el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto es desarrollar la Ley de Cohesión y Calidad y aplicar el sentido común para lo que entra y para lo que sale dentro de las prestaciones de la cartera de servicios.

El segundo punto es agilizar la actuación científicotécnica de las mamografías de forma protocolizada como una prueba de gran valor para el cribado de cáncer de mama de tanta importancia para la mejora y salud del bienestar de las mujeres. El hecho de que hayamos puesto este punto es, sobre todo, para acallar esa alarma malintencionada que se ha escuchado en las últimas semanas en un grupo parlamentario determinado, y dejar claro que todo lo que es prevención entra dentro de la cartera de servicios común básica del Sistema Nacional de Salud y que está exenta de copago. Me voy a referir a las recientes palabras de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dice de forma textual: ya hemos soportado la gran mentira de




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que van a desaparecer las mamografías. Es rigurosamente falso, porque no hay nada más eficaz para combatir y prevenir esta enfermedad que las propias mamografías.

Señorías, en lo referente a las mamografías el objetivo del grupo de trabajo es concretar, hacer el protocolo para el cribado del cáncer de mama, homogeneizar las indicaciones a la luz de la evidencia científica disponible, facilitando a las mujeres —para las que así esté indicado— llevar a cabo un diagnóstico precoz de su enfermedad y minimizar los posibles efectos adversos de las pruebas radiológicas. Lógicamente, este grupo de trabajo, como cualquier grupo de trabajo, se basa en antecedentes familiares, antecedentes personales, edad para hacer la mamografía, condiciones para hacer la ecografía junto con la mamografía, qué aparato utilizar para la mamografía, si va a ser un mamógrafo o un TAC —tomografía axial computerizada—, es decir, que lo que hacen los grupos de trabajo es evaluar, protocolizar e incluir, igual que la mamografía, cualquier técnica que esté evaluándose ahora mismo por grupos de trabajo científico, como he dicho, formados por comunidades autónomas, por los propios profesionales y, dentro de las comunidades autónomas, por el Consejo Interterritorial, relativa a cada una de las pruebas que se hacen actualmente dentro de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud.

Por último, el tercer punto es actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud de forma permanente, agregando nuevas técnicas y procedimientos que cumplan con los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica, teniendo en cuenta el criterio de la nueva Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera esencial la participación de la nueva Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que al fin y al cabo hace un análisis de la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica; valora las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado del grupo menos protegido o de riesgo y las necesidades sociales, así como el impacto económico y organizativo.

La puesta en marcha de esta red, que es un gran acierto del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, optimiza los recursos existentes. No puede haber 17 agencias de evaluación, una en cada una de las comunidades autónomas, pues cada una de ellas hace su evaluación, y una dice que tal o cual medicamento es efectivo, que tal otro no, que esta técnica sí y esa otra no, y eso lleva a una disparidad de criterios y actuaciones no científicas, sino por parte de una agencia de evaluación en cada una de las comunidades autónomas. Lo que se ha hecho es aglutinarlo todo en una única red, que es la que valora y dice si una técnica entra o no entra, y si lo hace, lo hace para todo el territorio nacional. Es lógico y de sentido común.

E igual se hace en otros países. Tenemos la AMM americana o el NICE inglés, que al fin y al cabo son agencias de evaluación de reconocido prestigio, y son las que deciden cuándo una nueva técnica o un nuevo medicamento es eficiente o efectivo para ser integrado dentro del sistema sanitario.

Nos hemos encontrado ahora años sin actualizar la provisión de los servicios según la realidad científica, y lo que pretende el Partido Popular es incluir en la cartera de servicios aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención y diagnóstico del tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades mejoren a la ciudadanía, disminuyan el dolor y eviten sufrimientos; es decir, algo suficientemente probado como para ser integrado dentro de la cartera de servicios.

En estos momentos estos grupos de trabajo que están priorizando determinados aspectos están en funcionamiento y están haciendo propuestas, están concretando y están mandando información a la Red Española de Agencias de Evaluación. Esta red elaborará sus correspondientes informes y decidirán si estos nuevos informes se incluyen, se excluyen o se modifican las condiciones de uso de estas nuevas tecnologías a la hora de incorporarlos. El grupo analiza la documentación disponible sobre cada técnica junto con las respectivas valoraciones económicas, formulando las correspondientes propuestas que luego se llevan al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues al fin y al cabo las comunidades autónomas son las que deciden la inclusión o no de las propuestas que hace la Red Española de Agencias del Sistema Nacional de Salud.




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Por consiguiente, y como ya he indicado, se está trabajando yo creo que mucho, muy bien y muy rápido para actualizar la cartera de servicios a la luz de las evidencias científicas disponibles. Este es un tema muy técnico y muy científico sobre si se es o no eficiente.

Asimismo cabe indicar que las actuaciones no deben implicar exclusivamente introducir nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos, sino eliminar también aquellas que hayan quedado obsoletas después de muchos años o cuya ineficacia se haya demostrado o bien modificar las condiciones de uso de las existentes de forma que los resultados contribuyan a mantener la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, la eficiencia de las prestaciones sanitarias y la equidad, sin olvidar el marco socio-sanitario.

Y termino, señorías, valorando de forma muy positiva el camino de nuestro Gobierno en estos pocos meses a la hora de actualizar la cartera de servicios de una forma lógica y utilizando lo que hay que utilizar siempre, y que muchas veces no usamos, que es el sentido común como forma de garantizar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario español.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Senyor Aguirre, en primer lloc li agraeixo la seva bona predisposició per tal de parlar i haver intentat arribar a un acord en aquesta esmena. Li he de dir que des del punt de vista amb què vostès aborden aquesta modificació, modernització i agilització de la cartera bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut, des del punt de vista de l’evidència científica, tècnicament és impecable i en aquest sentit nosaltres no hi tenim res més a dir. Però no podem renunciar, senyor Aguirre, perquè ve passant, que qualsevol modificació que suposi un augment en el cost per a les comunitats autònomes de nous serveis, tractaments o medicaments que s’incloguin en aquesta cartera bàsica, vagi acompanyada del corresponent finançament. No podem renunciar a això.

Ja sé —en vam parlar ahir—, que qualsevol canvi en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut es pren en el sí del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual hi estem representats pel nostre conseller, però això no ens és suficient, perquè si bé podem ser-hi quan es prenen les decisions, després no tenim el finançament per dur-les a terme. Resumint, clar i ras: ens les prenem nosaltres i ens les financem nosaltres, i així triem aquelles que creiem oportunes en el nostre territori.

Res més. Únicament torno a reiterar el meu agraïment al senyor Aguirre pel seu to conciliador i per la seva amabilitat a l’intentar arribar amb nosaltres a un acord amb aquesta esmena.

Moltes gràcies.

Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, le agradezco, en primer lugar, su buena predisposición para hablar e intentar llegar a un acuerdo sobre esta enmienda. Debo decirle que desde el punto de vista con el que usted aborda esta modificación, modernización y agilización de la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista de la evidencia científica técnicamente es impecable y en este sentido nosotros no tenemos nada más que decir. Pero no podemos renunciar, señor Aguirre, porque sucede habitualmente que cualquier modificación que suponga un aumento en el coste para las comunidades autónomas de nuevos servicios, tratamientos o medicamentos que se incluyan en esta cartera básica debería ir acompañada de la correspondiente financiación. No podemos renunciar a ello.

Ya sé —hablamos sobre ello ayer— que cualquier cambio en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se adopta en el CISNS, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el cual estamos representados por nuestro consejero, pero ello no es suficiente, porque si bien podemos estar cuando se toman las decisiones, luego no tenemos la financiación para llevarlas a cabo. Resumiendo de forma clara: las tomamos nosotros y nos las financiamos, con lo cual escogemos aquellas que creemos oportunas en nuestro territorio.

Nada más. Simplemente reitero mi agradecimiento al señor Aguirre por su tono conciliador y por su amabilidad al intentar llegar con nosotros a un acuerdo en esta enmienda.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, para la defensa de su enmienda tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias.

Bon dia, president. Bon dia, senyories.

Si hem de fer cas a allò que ha explicat el senador del Grup Popular, el senador Aguirre, sobre l’esperit de la moció, el Grup de l’Entesa no s’oposa a la modernització dels procediments ni a l’actualització de la cartera bàsica de serveis. Dit això, nosaltres creiem que és absolutament irrenunciable que aquesta actualització es faci sense retallar aquesta cartera. Per tant, el sentit de les dues esmenes que hem presentat és senzillament, en primer lloc, demanar el manteniment dels procediments que segueixen essent vigents i necessaris, i, en segon lloc, sol·licitar que no es retiri cap prestació d’aquesta cartera de serveis.

Si aquesta és la voluntat del Grup Popular entenem que no hi haurà, ni hi hauria d’haver, cap dificultat perquè fossin acceptades aquestes esmenes i la moció, aleshores, tindria el nostre vot; si no és així, evidentment, el nostre vot serà en contra.

Moltes gràcies.

Buenos días, presidente. Buenos días, señorías.

Si debemos hacer caso a lo que ha explicado el senador del Grupo Popular, señor Aguirre, sobre el espíritu de la moción, el Grupo de la Entesa no se opone a la modernización de los procedimientos ni a la actualización de la cartera básica de servicios. Dicho esto, nosotros creemos que es absolutamente irrenunciable que esta actualización se haga sin recortar esta cartera. Por lo tanto, el sentido de las dos enmiendas que hemos presentado es sencillamente, en primer lugar, mantener los procedimientos que sigan siendo vigentes y necesarios y, en segundo lugar, solicitamos que no se retire ninguna prestación de esta cartera de servicios.

Si esta es la voluntad del Grupo Popular entendemos que no debería haber ninguna dificultad para que estas enmiendas fueran aceptadas y en ese caso la moción tendría nuestro voto; si no es así, nuestro voto será contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Aguirre para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Primero quiero comunicar a mis dos compañeras senadoras, tanto de Convergència i Unió como de Entesa, que teniendo en cuenta las dos enmiendas que presentan y teniendo en cuenta el calado, pequeño calado de las mismas en el conjunto de la moción, me da a entender perfectamente que están muy de acuerdo con el espíritu de la misma, y que quizá haya otros motivos —posiblemente esta campaña preelectoral en la que están inmersos ahora mismo en su comunidad— que hagan que políticamente no esté prevaleciendo lo que técnicamente tendría que prevalecer a la hora de establecer la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

A la senadora Rivero le agradezco, por supuesto, las conversaciones de ayer y que hayamos intentado llegar a puntos de consenso. Como ya he dicho antes desde la tribuna, en la cartera de servicios quien al final decide qué entra, qué sale, qué costes, la eficiencia, la efectividad, no es otro que el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representados aquellos que al fin y al cabo son los que pagan, los pagadores, que son las comunidades autónomas. La cartera de servicios lo que hace es homogeneizar y que no haya inequidad entre comunidades autónomas y mantener la máxima cohesión y equidad en todas las comunidades a la hora de las prestaciones sanitarias, sobre todo la cartera común básica de servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

Senadora Almiñana, ya se lo dije ayer, no lo comprendo. ¿Cómo vamos a mantener algo que estamos evaluando cuando algunas de las técnicas llevan ya cuarenta años que ni se practican, que son obsoletas, y ustedes quieren que pongamos que permanezcan y que no se retire ninguna. Totalmente absurdo. Si lo bonito de esto es el feedback, una nueva retroalimentación en la que los expertos técnicos y científicos deciden qué es valido y qué no lo es. Lo que no es válido,




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sencillamente se rechaza, y lo que es válido se implementa. Esa es la idea de la cartera de servicios. Por lo tanto, no se trata de decir: como ya está metido en la cartera de servicios, así durante cien años. No señor, la técnica y la ciencia avanzan una enormidad —como decía un poeta del siglo pasado— y con ello queremos acelerar al máximo su implementación dentro de la cartera de servicios en beneficio de los propios pacientes, al igual que retirar aquellas técnicas que han quedado obsoletas y que científicamente ya no son óptimas, eficientes ni eficaces en la prevención, y lo mismo con los medicamentos que han quedado obsoletos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, presidente jauna.

Voy a hablar desde el escaño para agilizar un poco la mañana, pues va a ser bastante densa.

Señor Aguirre, yo quería escucharle antes de exponer enteramente lo que quería manifestar hoy. Ayer hablé con usted y creo que estamos de acuerdo esencialmente en casi todo, pero en este asunto los matices son importantes.

En su discurso ha dicho que llevamos muchos años sin renovar la cartera de servicios. En primer lugar, quiero decir que a mí todo esto de la cartera de servicios básica me parece muy bien, aunque no siempre se está hablando de la cartera de servicios básica. Nos referimos a la cartera común de servicios y es ahí donde me parece que empezamos a hablar y a meternos en asuntos competenciales que no nos corresponden.

Señor Aguirre, en 1992 se creó Osteba. Hace veintiocho años se creó Osakidetza y desde entonces se ha producido un proceso de mejora continua con varios hitos en la historia de Osakidetza: en 1993, con Osasuna Zainduz —un plan para mejorar la salud de los vascos—, en 1997, con la Ley de Ordenación Sanitaria, pero, sobre todo, desde 1992, con la creación de la agencia Osteba —el servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Euskadi—. Este servicio es miembro fundador de la Red Internacional de Agencias de Evaluación, miembro asociado a la Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, miembro asociado al proyecto europeo PHGEN II —para normalizar la introducción de tecnología genética—, así como miembro de la Red de Agencias de Evaluación que usted mencionaba.

Mi abuelo solía decir en euskera: baketan dagoenari, baketan itxi, esto es, al que está en paz, déjenle en paz. A nosotros nos da la sensación de que, después de veintiocho años trabajando y veinticinco de los cuales ha gobernado mi partido —no durante los tres últimos, aunque ya haremos una evaluación continua del resultado dentro de unos meses—, tenemos y hemos tenido en mejor situación una de las mejores sanidades públicas de Europa. Por ello, señor Aguirre, nos da cierto miedo esto que usted plantea por lo que pueda tener de igualación a la baja.

El otro día, la señora Almiñana —que se está haciendo famosa por sus frases—, habló del tráfico y del benchmarking, y espero que no ponga copyright, porque voy a volver a repetirlo. Señorías, hagamos benchmarking, pero al alza, no a la baja, señor Aguirre. A nosotros nos dan mucho miedo este tipo de mociones.

En cuanto al asunto de las mamografías, al principio me costó entender por qué incluía esta cuestión dentro de la moción, pero me parece que es un poco por lo mismo que nosotros hemos tenido que repetir en la campaña electoral, es decir, que nuestra política se basa en cuatro pilares de la política humanística que el Partido Nacionalista Vasco lleva desarrollando durante los veintiocho años que ha estado gobernando: el apoyo a la sanidad pública, el apoyo a la educación, el apoyo a los servicios sociales y, en estas elecciones tuvimos que meter una cuarta pata, la garantía de las pensiones, porque, igual que a ustedes les están metiendo miedo con que van a quitar las mamografías del Servicio Nacional de Salud, de nosotros se decía que un sistema vasco de pensiones no sería sostenible, cuando hemos demostrado que, en todo aquello en lo que tenemos transferencias, somos capaces de hacerlo mejor que el que mejor lo hace; no mejor que nadie, pero, por lo menos, como el que mejor lo hace. Así pues, entiendo lo de las mamografías. Y, le digo lo mismo, señor Aguirre, en Euskadi, por definición a todas las mujeres entre 50 y 69




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años se les realizan mamografías con una periodicidad de dos años. Sí que se puede replantear hacerlo cada tres años, pero eso lo tendrán que decir los científicos. Y a aquellas mujeres que en primera o segunda generación tienen riesgo o han tenido una antecedente de procesos cancerosos de mama en su familia se les empieza a hace el screening de 40 a 49 años. Se puede mejorar, pero eso ya son criterios científicos, independientemente de que luego se digan otras cosas.

A nosotros esta moción, señor Aguirre, no nos aporta gran cosa nueva, nos genera una cierta incertidumbre, por lo que le he comentado antes, y, por eso, nos vamos a abstener, señor Aguirre.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, senyories. Senador Aguirre, si per campanya electoral vostè entén defensar els drets dels ciutadans que recolzen les nostres idees i que sempre intentem fer en aquesta Cambra, doncs sí, estem en campanya electoral, ara i sempre, perquè és el nostre deure com a partit polític defensar els interessos d’aquella gent que ha confiat amb nosaltres i amb el nostre ideari polític. Si per contra, el que vostè insinua és que jo o el meu grup votarà en contra d’aquesta moció per electoralisme, ja li dic que no, perquè l’esperit de la moció ja li he dit que el compartíem, però el que ens fa molta por és quan vostès parlen d’actualitzar i modernitzar les carteres de serveis; per molt que ho facin d’acord amb les comunitats autònomes, nosaltres ens posem a tremolar.

En primer lloc, m’agradaria assenyalar que no es cap novetat que el seu grup, el Grup Popular, porti constantment a aquesta Cambra iniciatives i propostes que el Govern ja ha anunciat o ja està duent a terme, com és el cas d’aquesta moció, amb el qual estem distorsionant el sentit de la Cambra. El paper que correspon al Senat és fer impuls al Govern, no que el Govern faci i nosaltres l’impulsem, sinó que em sembla que és al revés. Per tant, el que hauríem de fer és impulsar l’acció del Govern i no el contrari. I més encara quan, després de moltes d’aquestes mesures, algunes d’elles s’acaben aprovant per reials decrets, i llavors no tenim ni temps de debatre-les a la Cambra.

Això seria una primera reflexió sobre què comporta aquesta moció, perquè ho diu claríssimament, ja hi ha uns grups de treball de les comunitats autònomes, les societats científiques i les agències d’avaluació que estan treballant en la revisió de la cartera bàsica de serveis. Nosaltres, per suposat, no ens oposem a la modernització de les tècniques ni dels procediments inclosos actualment a la cartera bàsica de serveis. És més, les ciències mèdiques, amb les noves tecnologies, evolucionen i ens permeten donar les respostes més adients a les patologies existents avui en dia. Els diagnòstics han canviat moltíssim, i això ho sabem tots dos. Pensem en un tractament molt senzill com el tractament de l’úlcera, el famós helicobacter pylori que, temps enrere —jo diria que quan vaig començar a estudiar medicina—, s’havien de fer endoscòpies per diagnosticar-lo i avui en dia hi ha un test, el test de l’alè, que permet el diagnòstic i un tractament antibiòtic que permet eradicar el que potencialment podria fer una úlcera. Per tant, és veritat que la medicina canvia a gran velocitat i, a mesura que va canviant, els metges utilitzen altres tècniques.

El dubte és si darrera de les seves bones paraules i els eufemismes es torna a amagar la voluntat de retallar la cartera bàsica de serveis. Perdoni’m, però tinc aquest dubte. Sabem que hi ha aquests grups que estan revisant la cartera de serveis de les comunitats autònomes, i ens preocupa quin serà el resultat d’aquesta revisió. Bàsicament, perquè això no serveixi de pretext, una altra vegada, per retallar serveis i deixar-ne alguns a banda, i que aquests a banda requereixin algun copagament. Ja sé que vostès em diran que això no és així, però també van dir que no hi hauria copagaments, que no retallarien la sanitat, que no retallarien l’educació, que no retallarien la dependència, que no revisarien la Llei de l’avortament i, de moment, ho estan fent tot. Per tant, arribat aquest punt, no sabem què és millor, si quan el Govern diu que no farà una cosa, o quan no ho diu, perquè quan diu alguna cosa ens posem a tremolar.

En qualsevol modificació d’una cartera bàsica de serveis que es faci som conscients que les comunitats autònomes hi han de dir la seva part, i per suposat que s’han de dotar de les partides pressupostàries, com ha comunicat abans Convergència i Unió.

Deixi’m que li expliqui una cosa arrel de les mamografies. Respecte a la consellera Marina Geli, a qui a vostès els agrada tant esmentar en aquesta Cambra, en la seva legislatura es va




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produir un fet importantíssim a Catalunya gràcies al cribratge del càncer de mama, que vostès diuen que continuaran fent —i jo me n’alegro, que el continuïn fent—, i una de les coses que es va produir és que per primera vegada a la història s’equilibrava la mortalitat per classe social; és a dir, en el càncer de mama a Catalunya tenien les mateixes possibilitats de supervivència una persona que viu al Raval, que una persona que viu al barri de Sarrià, que és un dels barris amb més diners de Catalunya. Això es va aconseguir amb una bona política de prevenció, que ja es venia fent des de feia temps, i va ser la Marina Geli qui va acabar impulsant aquesta política que va fer que les dones catalanes, independentment de la classe social, tinguessin el mateix índex de supervivència amb el càncer de mama.

Per tant, estic molt contenta de saber que vostès recolzen que les mamografies i el cribratge continuïn estant dins de la cartera bàsica de serveis i que, per tant, els usuaris no n’hauran de fer cap copagament.

En resum, jo crec que la nostra posició és clara: diem sí a modernitzar la cartera bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut davant de les evidències científiques, incorporant els procediments i les tècniques que hi contribueixin i sí a agilitzar les actualitzacions científiques davant de les tècniques com la mamografia per protocol·litzar com una prova de gran valor. Estic absolutament d’acord amb el cribratge en el càncer i el benestar de les dones, i estem a favor d’actualitzar la cartera del Sistema Nacional de Salut de manera permanent; però diem no a les retallades dels serveis sanitaris, i no a l’exclusió de cap prestació del servei públic. Per tant, si l’actualització passa per aprimar els drets a la salut, no comptin amb l’Entesa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señorías. Senador Aguirre, si por campaña electoral usted entiende lo que es defender los derechos de los ciudadanos que apoyan nuestra ideas, y que es lo que siempre intentamos hacer en esta Cámara, pues sí, estamos en campaña electoral, ahora y siempre, porque es nuestro deber como partido político, defender los intereses de aquella gente que confía en nosotros y en nuestro ideario político. Si, por contra, lo que usted insinúa es que mi grupo votará en contra de esta moción por electoralismo, ya le digo que no, porque ya le he dicho que compartimos el espíritu de la moción, pero nos da mucho miedo cuando ustedes hablan de actualizar y modernizar las carteras de servicios y por mucho que lo hagan de acuerdo con las comunidades autónomas, nosotros nos ponemos a temblar.

En primer lugar, me gustaría señalar que no es ninguna novedad que su grupo, el grupo del Partido Popular, traiga constantemente a esta Cámara iniciativas y propuestas que el Gobierno ya ha anunciado o ya está llevando a cabo, como es el caso de lo que plantea esta moción, con lo cual estamos distorsionando el sentido de la Cámara. El papel que corresponde al Senado es impulsar al Gobierno, no que el Gobierno haga cosas y nosotros le impulsemos, sino que me parece que es al revés. Así pues, lo que deberíamos hacer es impulsar la acción del Gobierno y no al contrario y más aún cuando después de muchas de estas medidas se acaban aprobando algunas de ellas por reales decretos y ni siquiera tenemos tiempo de debatirlas en la Cámara.

Esta sería una primera reflexión a lo que conlleva esta moción, que dice clarísimamente que ya existen unos grupos de trabajo de las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las agencias de evaluación, que están trabajando en la revisión de la cartera básica de servicios. Nosotros, por supuesto, no nos oponemos a la modernización de las técnicas ni de los procedimientos incluidos actualmente en la cartera básica de servicios. Es decir, las ciencias médicas, con las nuevas tecnologías, evolucionan y nos permiten dar respuestas más adecuadas a las patologías existentes hoy en día. Los diagnósticos han cambiado muchísimo y eso lo sabemos los dos. Pensemos en un tratamiento muy sencillo, como es el tratamiento de la úlcera, el famoso helicobacter pylori, que, tiempo atrás, cuando yo empecé a estudiar medicina necesitaba de endoscopias para diagnosticarse y hoy en día existe un test que permite un diagnóstico y un tratamiento antibiótico que consigue erradicar lo que potencialmente podría ser una úlcera. Por lo tanto, es cierto que la medicina ha cambiado a una gran velocidad y a medida que va cambiando los médicos utilizan otras técnicas.

La duda es, si tras sus buenas palabras y los eufemismos, se vuelve a encontrar la voluntad de recortar la cartera básica de servicios. Perdóneme, pero tengo esta duda. Sabemos que existen estos grupos que están revisando las carteras de servicios de las comunidades autónomas y nos




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preocupa cuál será el resultado de esta revisión y que esto sirva de pretexto de nuevo para recortar servicios y dejar algunos aparte y que estos requieran algún copago. Ya sé que ustedes me dirán que esto no es así, pero también dijeron que no habría copagos, que no recortarían la sanidad, que no recortarían la educación, que no recortarían la dependencia, que no revisarían la Ley del aborto y, de momento, lo están haciendo todo. Llegados a este punto, no sabemos qué es mejor, si cuando el Gobierno dice que no hará una cosa o que no diga nada, porque cuando dice alguna cosa nos ponemos a temblar.

Somos conscientes de que en cualquier modificación de una cartera básica de servicios las comunidades autónomas tendrán que decir su parte y, por supuesto, se deberán dotar las partidas presupuestarias, como ha indicado antes Convergència i Unió.

Déjenme explicar una cosa sobre las mamografías. Respecto a la consejera Marina Geli, a la que ustedes les gusta tanto mencionar en esta Cámara, en su legislatura se produjo un hecho importantísimo gracias al cribaje del cáncer de mama, que ustedes dicen que continuarán haciendo —y yo me alegro mucho—, y una de las cosas que se produjo es que, por primera vez en la historia se equilibraba la mortalidad por clases sociales; es decir, en cuanto al cáncer de mama, en Cataluña hay las mismas posibilidades de supervivencia para una persona que vive en El Raval como para una que viva en el barrio de Sarrià, uno de los barrios con más dinero de Cataluña. Eso se consiguió con una buena política de prevención, que ya se hacía desde un tiempo atrás, y fue Marina Geli la que acabó impulsando esta política e hizo que las mujeres catalanas, independientemente de su clase social, tuvieran el mismo índice de supervivencia con el cáncer de mama.

Por lo tanto, estoy muy contenta de que ustedes estén a favor de que las mamografías y el cribaje continúen estando dentro de la cartera básica de servicios y que los usuarios no tengan que hacer ningún pago al respecto.

En resumen, nuestra posición es clara: decimos sí a modernizar la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud ante las evidencias científicas, incorporando los procedimientos y las técnicas más novedosas y a agilizar las actualizaciones científicas ante las técnicas como la mamografía para protocolizar como una prueba de gran valor. Estoy absolutamente de acuerdo con el cribaje en el cáncer y el bienestar de las mujeres, y estamos a favor de actualizar la cartera del Sistema Nacional de Salud de forma permanente, pero no estamos de acuerdo con el recorte de los servicios sanitarios, ni con la exclusión de ninguna prestación de servicio público y, por lo tanto, no estaremos de acuerdo si la actualización pasa por adelgazar los derechos de la salud.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Senyor Aguirre, senyora Almiñana, avui li he de dir que estic d’acord amb moltes de les exposicions que ha fet aquí. Efectivament, a Catalunya tenim un sistema de salut que jo penso que és capdavanter i que ha donat resultats i és eficaç, i això es reflecteix en el pla de salut de Catalunya que recull totes aquestes variables en quant a la modernització, millora i sobretot paràmetres d’innovació pel que fa al tema de la prevenció; una política de prevenció que ens fa ampliar moltes proves en nadons i també amb el tema de les dones.

Però, dit això, al senyor Aguirre jo només li vull dir que efectivament en l’esperit de la moció nosaltres hi estem d’acord, i no és perquè la nostra sol·licitud d’esmena tingui, com diu ell, poc calat en el gruix d’aquesta moció. Per a nosaltres aquest poc calat no és un tema menor, en tant en quant vostès, l’Estat, altrament decideix i les comunitats autònomes paguen. Per tant, per nosaltres no és un tema menor.

Li he de dir que també em permetrà que siguem curosos a l’hora de tirar endavant temes quan vostès ens han demostrat que tenen un tarannà altament centralitzador, que cada vegada que parlen d’homogeneïtzar automàticament tenim incursions en les competències de les comunitats autònomes, i ja li he dit que en el tema d’anar centrifugant obligacions i anar passant el pagament íntegrament a les comunitats autònomes, vostès també saben com es fa.




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Per això, malgrat jo —amb tota l’estima, senyor Aguirre—, li he comentat que amb l’evidència tècnica no ens hi posarem —a més aquesta senadora no té la preparació per tècnicament discutir-li segons quins temes en aquesta moció,—, el que està clar és que nosaltres no acceptarem. Estem d’acord que vostès sacsegin aquest sistema bàsic de la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut, que l’innovin, que detectin proves que, si són obsoletes, les puguin canviar per altres que tinguin més bons resultats. El que no estem d’acord és que sota aquesta capa de modernització, d’actualització, d’agilització de molts procediments, vostès novament estiguin intentant homogeneïtzar i inferir en temes que en algunes comunitats autònomes tenim resolts, i sobretot imposar-nos altres serveis, amb la poca decisió que cadascuna de les comunitats autònomes tenim en el Ple del Consell Interterritorial de Sanitat, que sap vostè que en aquest cas el Partit Popular també té bona cosa a dir perquè vostès decidiran a última hora què s’inclou i què no s’inclou, i els que no hi tenim la majoria pagarem.

Per tant, sense allargar-me més, senyor Aguirre, li diré que nosaltres, si bé estem d’acord amb l’esperit, ens abstindrem en aquesta moció perquè hi veiem alguns paràmetres que ens fan por, des del punt de vista de les comunitats autònomes. I a més a més, no ens ha sabut donar resposta amb què passaria si s’ampliava aquesta cartera bàsica si, efectivament, un altre cop, les comunitats autònomes íntegrament haurien d’assumir allò que no poden decidir.

Moltes gràcies, res més. Gràcies, president.

Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, señora Almiñana, hoy debo decirles que estoy de acuerdo con muchas de las exposiciones que han hecho. Efectivamente, en Cataluña tenemos un sistema de salud que es muy puntero, ha dado resultado, es eficaz y eso se refleja en el plan de salud de Cataluña, que recoge todas estas variables en cuanto a la modernización, mejora y sobre todo parámetros de innovación en la prevención; una política de prevención que nos hace ampliar muchas pruebas en neonatos y en lo referente a las mujeres.

Pero, una vez dicho esto, quiero decirle al señor Aguirre que nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, y no es porque nuestra enmienda tenga poco calado en el seno de esta moción. Para nosotros este poco calado no es un tema menor por cuanto que ustedes, el Estado, deciden, y las comunidades autónomas, pagan. Por lo tanto, no es un tema menor.

Asimismo, me permitirá que seamos muy cuidadosos en el momento de llevar adelante cuestiones cuando ustedes nos han demostrado que tienen un talante altamente centralizador, que cada vez que hablan de homogeneizar automáticamente tenemos incursiones en las competencias de las comunidades autónomas. Y, respecto a lo de ir centrifugando obligaciones e ir pasando el pago íntegramente a las comunidades autónomas, ustedes también saben cómo se hace.

Por tanto —con todo el cariño, senador Aguirre—, aunque esta senadora no tiene la preparación para discutir algunos temas de esta moción desde un punto de vista técnico, estando de acuerdo en que ustedes innoven en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, que cambien pruebas si son obsoletas por otras de mejores resultados, no estamos de acuerdo con que, bajo esta forma de modernización, actualización y agilización de estos procedimientos, ustedes intenten nuevamente homogeneizar e inferir en asuntos que en algunas comunidades autónomas ya tenemos resueltos y, sobre todo, imponernos otros servicios, con la poca capacidad de decisión que cada una de las comunidades autónomas tenemos en el Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde usted sabe que el Partido Popular tiene mucho que decir, porque ustedes decidirán en última instancia lo que se incluye y lo que no, y quienes no tenemos la mayoría pagaremos.

Por lo tanto, sin extenderme más, senador Aguirre, si bien estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, nos abstendremos en su votación ya que vemos en ella algunos parámetros que nos dan miedo desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Además, no nos ha sabido dar respuesta a lo que sucedería si se innovase en esta cartera básica, si las comunidades autónomas debiesen asumir íntegramente aquello sobre lo que no pueden decidir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.




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La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenos días, señorías.

La verdad es que, después de escucharle, senador Aguirre, tengo que decirle de forma contundente que nosotros también tenemos muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Después de escucharle a usted parece que en España, en las diferentes comunidades autónomas, no se han actualizado los procedimientos y tenemos una sanidad tercermundista. Tenemos un Sistema Nacional de Salud cada vez más deteriorado por las políticas del Partido Popular. Desde luego, estamos en un Sistema Nacional de Salud público, gratuito, equitativo, cohesionado y universal, pero con las políticas del Partido Popular, con el Gobierno del Partido Popular, a través del Real Decreto 16/2012, vamos hacia un Sistema Nacional de Salud de aseguramiento, dual, de beneficencia. Les guste o no, señorías, esa es la realidad de donde venimos y hacia dónde vamos. (Aplausos.)

Senador Aguirre, esta es una moción absurda, una moción para enmascarar las duras e injustas medidas impuestas por el Gobierno del Partido Popular que se contemplan en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. Para nuestro grupo, esta moción, además de absurda, es inaceptable. Trata de salir al paso de declaraciones incongruentes de la ministra de Sanidad y responsables del ministerio en relación a la revisión de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Después de analizar la moción y de leer su exposición de motivos no sé con qué criterio se atreven a decir que en la cartera de servicios no están incluidas todas las técnicas, tecnologías y procedimientos para garantizar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación para mejorar la calidad de vida, para mejorar la esperanza de vida y para paliar el sufrimiento de las personas; no sé con qué criterio se atreven a decir eso. ¿De verdad creen ustedes que en los diferentes sistemas nacionales de salud de las distintas comunidades autónomas no tienen agencias de evaluación de las tecnologías? ¿Creen ustedes o quieren dar a entender que durante los años del Gobierno socialista, en las diferentes comunidades autónomas, los procedimientos no han sido los adecuados? ¿Quieren ustedes decir eso? De verdad, me parece terrible que sean capaces de afirmar con esa rotundidad que las técnicas y procedimientos que se están desarrollando en las diferentes comunidades autónomas no están basadas en la evidencia científica; me parece, de verdad, extraño que una persona que sabe de lo que habla sea capaz de decir eso para justificar, insisto, los dramáticos recortes que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en algo tan importante como es el garantizar el derecho a la salud de todas las personas, con independencia de su condición social y de dónde vivan. (Aplausos.)

Ustedes saben que eso no lo están garantizando. ¿Por qué? Porque ya en la cartera básica de servicios han implantado el copago farmacéutico. En mi comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, les tenían que devolver ya 4,5 millones de euros a las personas que habían pagado de más y no lo han podido hacer porque dicen que el Gobierno todavía no ha realizado el procedimiento para que se lleve a cabo esa devolución. Insisto, han adelantado el dinero y no se lo han devuelto.

Ustedes hablan de que no se gestiona bien, pero en la Comunidad Valenciana los farmacéuticos están en huelga indefinida porque les deben 500 millones de euros y ya hay problemas de abastecimiento en las farmacias. Esa es la política del Partido Popular y esa es la política del Gobierno del señor Rajoy.

Como les decía, respecto a la cartera común básica no sabemos qué servicios están todavía incluidos porque se está revisando y, en la suplementaria: copago farmacéutico; el viernes, Consejo de Ministros y, el sábado, real decreto ley y copago en las prestaciones ortoprotésicas. Y traen una moción al Senado para enmascarar lo que está haciendo el Gobierno vía real decreto, sin contar absolutamente con nadie y que supone pagar, pagar y pagar, que es la política que ustedes están desarrollando.

Además, en esa cartera suplementaria y, dentro de muy poquito tiempo, también se tendrá que pagar por el transporte sanitario no urgente; transporte sanitario no urgente que, desde luego, para muchísimas personas y patologías es muy urgente porque no sé si serán también capaces de decidir que tienen que pagar por utilizar una ambulancia las personas que han de recibir un tratamiento de quimioterapia porque sufren una enfermedad oncológica o aquellas que tienen que acudir a hemodiálisis, etcétera.




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Asimismo, dentro de muy poquito, se tendrá que pagar por el tratamiento dietoterápico y no es que alguien tome algo porque quiera sino que está justificado, está recetado por los profesionales y con todas las evidencias clínicas y científicas que avalan que esa persona necesita ese tratamiento.

Por tanto, señor Aguirre, esta es una moción que es absurdo que nos la traigan aquí. Es absurda porque hay un batiburrillo en la cartera básica de servicios, como ustedes mismos han dicho. Yo tengo aquí el documento donde dicen que se ha creado un grupo de expertos en genética, en rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, en reproducción humana asistida. Y en algunas cuestiones que ya están analizando, dice: Principales temas priorizados para actualización de la cartera de servicios. Uno de ellos es indicaciones en terapias respiratorias a domicilio, o sea, aquellas personas que necesitan oxigenoterapia o cualquier terapia respiratoria. Pone una «M» que significa modificaciones de las condiciones de uso. No sé si esas modificaciones de las condiciones de uso también querrán decir que tendrán que pagar por la oxigenoterapia o por la ventiloterapia, porque ustedes lo pasarán de la cartera básica a la cartera suplementaria o a la cartera accesoria.

Por tanto, existe muchísima incertidumbre que no crea el Partido Socialista sino ustedes porque no son claros, porque quieren enmascarar los dramáticos recortes que están haciendo en lo más sagrado que tiene una persona, que es el derecho a la salud. Por eso, señor Aguirre, no le podemos aceptar su moción.

Y en la exposición de motivos, cuando entre comillas se reproducen las palabras de la señora ministra —creo que ha sido un error— cuando dice: ya hemos soportado la gran mentira de que van a desaparecer las mamografías. Es rigurosamente falso; tengo que decir que claro que no van a desaparecer las mamografías, faltaría más. Pero lo que sí nos interesa saber, y que ustedes se comprometan, es si el screening, el cribado poblacional, se va a continuar manteniendo, y si las unidades específicas para la detección precoz del cáncer de mama, que están funcionando en muchísimas comunidades y de forma adecuada, se van a continuar manteniendo dentro de la cartera básica común. No que van a desaparecer las mamografías, pero ¿qué tontería es esa? Las mamografías claro que van a estar, pero ¿ustedes van a continuar garantizando el screening y el cribado poblacional para la detección precoz del cáncer de mama? Esa es la pregunta. ¿Ustedes van a mantener todo lo que significa la reproducción asistida en la cartera común básica? ¿Lo van a continuar manteniendo? Esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan, pero fundamentalmente a la ciudadanía. Por eso, señor Aguirre, no podemos aceptar su moción porque no existe ni un solo compromiso real para mejorar la calidad de vida de las personas y, sobre todo, de las personas más necesitadas o más vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Creo que mis compañeros no se han enterado mucho de la diferencia que hay entre una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud y una cartera complementaria o una cartera de comunidad autónoma. Al señor Cazalis le digo que todas las comunidades autónomas están aplicando la cartera básica común, de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, del Sistema Nacional de Salud. Hay una cartera que es la de cada comunidad autónoma, en la que cada una de ellas puede implementar la técnica que quiera sin ningún problema. Aquí estamos hablando de la cartera básica y la moción se refiere a ella.

Por eso a mi compañera Llinares le diré que usted mezcla churras con merinas. Quizás es por no saber de lo que está hablando. La cartera complementaria es un decreto del año 2006 del señor Rodríguez Zapatero, donde incluye apartados como el ortoprotésico, la dietoterapia, el transporte no urgente, farmacia, donde pone que hay una aportación por parte de los usuarios, etcétera. Eso es suyo, está hablando usted del decreto de 2006 referido a cómo se estructura la cartera de servicios. Posiblemente sea fruto del desconocimiento del asunto que estamos tratando ahora mismo.

A la señora Almiñana le diré que, por supuesto, hay grupos de trabajo en comunidades autónomas. Lo que se pretende con la red única a nivel de todo el territorio nacional es que evalúe,




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ya que ahora evalúan una misma tecnología 17 grupos de trabajo y con que lo evalúe uno y diga la eficiencia o no o la eficacia o no de esa tecnología es suficiente para que se implemente en el resto del arco de todos los grupos parlamentarios.

Yo me quedo con los compromisos actuales del Gobierno, que es lo que nos da un poquito de tranquilidad. La propia ministra de Sanidad cuando en marzo estuvo en la Comisión de Sanidad del Senado dijo de forma clara que la cartera de servicios básica común era un tema prioritario y que se iba a desarrollar a la mayor brevedad posible, cosa que está haciendo, cosa que en cada Consejo Interterritorial van saliendo nuevos grupos de expertos, grupos de expertos que, vuelvo otra vez a recalcar, están formados por comunidades autónomas, sociedades científicas y profesionales que saben perfectamente de lo que están hablando, que están evaluando cada uno de los procesos para incorporarlos o no a esa propia cartera de servicios.

En mayo de este año pasado, la propia ministra dijo que no se había planteado ningún recorte en la cartera de servicios. No sé por qué se crea ese tipo de alarma social. En octubre se dijo también que la cartera de servicios no pretendía sacar ninguna prestación, sino que todos los españoles tuviéramos el mismo acceso, las mismas prestaciones y los mismos derechos ante la sanidad. Cosa que es de sentido común.

Actualmente y según desarrollo de los grupos de trabajo que se formaron el 29 de febrero de este año, ya hay varios grupos de trabajo ocupados en determinados puntos o líneas de trabajo dentro de la cartera de servicios. Por supuesto que lo primero que se está haciendo es priorizando el desarrollo de cartera de servicios en temas como son la genética, como es la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, como son actividades de detección de enfermedades presintomáticas mediante cribado o como son la reproducción humana asistida; son temas en los cuales se está trabajando; los grupos de expertos emitirán su informe; el informe irá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ahí las comunidades autónomas darán el plácet o no para incorporarlo dentro de la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud. Pero serán siempre estos grupos de expertos los que irán trabajando en este tipo de temas.

Quisiera pararme un momento en el tema de la mamografía, como ha dicho la senadora Llinares. Se lo digo directamente, repudio de forma clara y contundente esas declaraciones malintencionadas, insidiosas, reiterativas, catastróficas por parte de gente que ha sido miembro del Gobierno anterior, que ha sido ministra de Sanidad, por parte del que ha sido antes secretario general del Ministerio de Sanidad, que saben que estaban creando una alarma social diciendo que se iban a quitar las mamografías como screening de prevención del cáncer de mama, y precisamente se crea esa alarma social en un grupo como son las mujeres y los posibles pacientes enfermos de cáncer de mama. Eso es lo que ha hecho que pongamos un punto específico para ratificarnos de forma clara y contundente en que el Partido Popular no va a quitar la mamografía dentro de lo que es la prevención y la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Todos sabéis que la mamografía es el diagnóstico en imagen de tumores de mama cuando todavía no son palpables o vistos por temas de ecografía; se estaba evaluando si se hace por radiografía o si para irradiar menos a la mujer se hace a través de la tomografía axial computarizada. Es decir, todos éstos son temas que el grupo de expertos está ahora mismo evaluando; al igual que si se adelante la edad en la cual se empieza porque se está viendo cada vez en mujeres más jóvenes cáncer de mama. ¿Qué se está haciendo? Un protocolo para hacer la radiografía. ¿Para qué? ¿Cada cuánto hay que hacerla? Lo que no podemos es irradiar las mamas de todas las mujeres de forma repetitiva. Ese es el concepto de grupo de trabajo que estamos llevando. Y que se cree una alarma social, de verdad es que se me rasgan las vestiduras. Además, la ministra en el congreso de oncología médica lo dijo de forma taxativa también, que estaba apostando claramente por la prevención especialmente en temas tumorales como puede ser en el caso de cáncer de mama con las mamografías.

Continúo refiriéndome a la señora Llinares con respecto a estos meses en los cuales el Partido Socialista está machacando de forma continuada el magnífico real decreto ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Quiero transmitir a esta Cámara que este decreto ha servido para el Estado del bienestar sanitario y su sostenibilidad que —hay que decirlo— dejó moribundo, agónico el Partido Socialista, fruto posiblemente de una desidia legislativa, como ocurrió con la Ley de Cohesión y Calidad, ya




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que en siete años no se ha desarrollado ninguna de las leyes básicas. Repito, el Partido Socialista dejó moribundo este sistema con las técnicas muy socialistas del «yo invito y tu pagas», y ahí está el agujero de los 16 000 millones de euros, agónico para el sistema sanitario. Nosotros, a través de este real decreto, estamos tomando las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de este magnífico sistema sanitario español.

Gracias a este real decreto se está revisando la cartera de servicios, algo que no se hacía, para que al menos la común sea única y homogénea dentro del territorio nacional. Gracias a este real decreto, se universaliza la asistencia sanitaria a todos los españoles y extranjeros con residencia legal. Gracias a este real decreto se adapta la normativa europea, que a ustedes se les olvidó trasponer, en lo referente al turismo sanitario, que genera un ahorro de 1000 millones, según el informe del Tribunal de Cuentas. Gracias a este real decreto hay una distribución social del copago en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, prestación farmacéutica, ortoprotésica, dietética, transporte único, y un único catálogo para todas las comunidades autónomas, porque unas tenían catálogo, otras no, en unas se pagaba más, en otras menos, etcétera, es decir, se intenta homogeneizarlas todas de una puñetera vez, llegando a una justicia social en el copago y que pague más el que más tiene. Gracias a este real decreto se está haciendo un uso mucho más adecuado de los medicamentos y hay una concienciación de los prescriptores, de los médicos; ha bajado un 6% el índice de recetas en los últimos meses y también un 20% el gasto en farmacia, y se calcula que en un año se puede ahorrar solo con el uso adecuado de medicamentos 1400 millones de euros. Y también gracias a este real decreto se evitará que tengamos que incinerar 3700 toneladas de medicamentos todos los años, que paga el Sistema Nacional de Salud, y que equivale a 1000 millones de euros.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que me honro en representar en este momento, felicita al Gobierno de la nación que, siendo valiente, en diez meses está tomando las medidas oportunas para coger el toro por los cuernos e intentar reflotar esta sanidad pública moribunda, fruto —lo digo repetitivamente— de la inacción del anterior Gobierno socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

(550/000008)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de la moción, les informo de que se ha presentado otra, firmada por todos los grupos, que supone una modificación del orden del día del Pleno. Por tanto, solicito, en primer lugar, la modificación del orden del día para incluir esta moción. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A APOYAR LA CANDIDATURA DE GRAN CANARIA PARA EL PREMIO REGIÓN EMPRENDEDORA EUROPEA DEL AÑO 2014.

(Núm. exp. 662/000050)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

El señor PRESIDENTE: La moción trata sobre lo siguiente. Es una propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria para que el premio Región Emprendedora Europea del Año, que convoca el Comité de las Regiones de la Unión Europea, acepte en una de sus categorías esta propuesta del Cabildo Insular.

La moción dice textualmente: El Pleno del Senado insta al Gobierno a apoyar la candidatura de Gran Canaria para el premio Región Emprendedora Europea del Año 2014, entendiendo que se trata de una iniciativa de interés estratégico. Instar a los agentes económicos y sociales, así como a las diferentes instituciones públicas y privadas de ámbito insular, a manifestar su apoyo a la candidatura de Gran Canaria al premio señalado, dada su relevancia e interés general.




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Como les digo, esta propuesta ha sido presentada por todos los grupos, por tanto, ¿se puede aprobar por unanimidad? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Muchas gracias.

5.1 MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000045)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tal y como ha sido presentada, al no haber sido aceptadas las enmiendas.

Comienza la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 147; en contra, 52; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.

(Núm. exp. 662/000046)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, otra del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cotillas, por un tiempo de quince minutos.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para defender una moción que hemos presentado como grupo sobre la agricultura ecológica y que espero que pueda acabar como transaccional de los diferentes grupos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ:...presentes en la Cámara. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio. Espere un momento, senador Cotillas. Es imposible oír al senador. Guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Como les decía, vamos a intentar que a lo largo del debate se pueda presentar una moción transaccional a la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado sobre la agricultura ecológica y que pretende hacer visible en esta Cámara, y lógicamente en todo el territorio nacional, la apuesta decidida no solo del Gobierno, sino también de nuestro grupo parlamentario y de toda la Cámara por poner en la agenda política al sector agroalimentario, un sector que en estos momentos sostiene el empleo, genera riqueza y economía productiva y que, además, lo hace con visos de crecer en el presente y en el futuro más inmediato.

La agricultura ecológica es una actividad económica que produce alimentos mediante prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de un modo de producir alimentos en muchos casos apoyados en métodos tradicionales que excluyen normalmente el uso en la agricultura y en la ganadería de productos químicos de síntesis, como fertilizantes o




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plaguicidas, con el objetivo de preservar el medio ambiente y, al mismo tiempo, ofrecer al consumidor un producto de más calidad.

Hay en España ya más de 32 000 productores, cerca de 33 000 productores agrarios dedicados a la producción ecológica, lo que representa el 3% de todas las explotaciones agrarias españolas, y da trabajo a más de 30 000 trabajadores. Pueden ser todavía cifras modestas en el sector, pero crecen de una manera exponencial; de esos 346 productores del año 1991 hemos pasado a los más de 32 200 de este pasado año 2011, y afectan a diferentes e importantes sectores de nuestra producción agrícola como el cereal, el aceite, vino, frutos secos, ganadería y embutidos. A su vez, la producción ecológica está concentrada de una manera muy especial en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana y entre todas ellas representan más del 90% de la superficie ecológica inscrita. La agricultura ecológica no es una alternativa, sino una realidad en producciones extensivas, en producciones en zonas de montaña, en zonas más desfavorecidas, en zonas en las que el secano es la más común de las explotaciones y, por lo tanto, aquellas en las que las condiciones climatológicas, las condiciones que ofrece nuestro país sirven a la producción agrícola. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez ocupa la Presidencia.)

Si hace unos años el consumo de productos ecológicos en España suponía apenas el 1% del total agroalimentario, prácticamente se ha duplicado ese porcentaje y es mucho mayor. La mayor parte de la producción va destinada al consumo en mercados internacionales, fundamentalmente Europa, pero también se da de manera muy importante este consumo en Estados Unidos o en Japón.

España tiene más de 1 850 000 hectáreas destinadas a agricultura y ganadería ecológica, lo que supone ser el primer país de la Unión Europea en este sector y, al igual que ocurría con el número de productores y de empresas dedicadas a elaborar y transformar productos ecológicos, también su crecimiento en hectáreas ha sido exponencial. Hemos pasado de las 4200 hectáreas del año 1991 a esas más de 1 845 000 del año 2011. Es, por lo tanto, como digo, el primer país europeo en superficie de agricultura ecológica y, como decía antes, su incremento se produce sobre todo por la demanda del consumidor extranjero, del consumidor foráneo.

Nuestro país reúne unas condiciones excepcionales para el desarrollo de este tipo de agricultura, por su climatología, por los sistemas extensivos de producción, porque se aplica en un gran número de cultivos y también en la ganadería. Es una actividad relevante para el mantenimiento de los agroecosistemas que conviene tener presente, dado que no solo favorece la existencia de un equilibrio entre producción y sostenibilidad a largo plazo, sino que actúa también en la creación y mantenimiento de un tejido económico y social en zonas rurales donde la actividad agraria podría acabar no siendo competitiva si no es porque este producto tiene una valoración superior, porque este producto puede tener en su comercialización un valor añadido. Por lo tanto, es necesario, es importante.

El mayor problema en un sector que crece, porque es rentable desde el punto de vista económico, es su falta de visibilidad, darse a conocer, hacer que el conocimiento del consumidor español sea suficiente para detectar y ver las buenas prácticas que se producen en el cultivo y en el cuidado del ganado y, al mismo tiempo, también en la elaboración del producto final que a él lleva. Se contribuye a la sostenibilidad del medio rural, a la conservación del entorno ambiental y a la generación de empleo y riqueza proveyendo de alimentos de gran calidad. Es la visibilidad del sector, hacer posible que se conozca por parte del consumidor, ayudar a que el sector pueda también ver eliminadas las barreras burocráticas administrativas que puede tener, lo que nos lleva a traer esta moción aquí, siendo conscientes también de que la reglamentación sobre él nos proviene de Europa y que el control sobre la actividad de la agricultura ecológica está en las comunidades autónomas. Así, desde el 1 de enero del año 2009 está en vigor el Reglamento de la Comunidad Económica Europea, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, que sustituye a la normativa anterior. Actualmente, de las comunidades autónomas dependen las autoridades con competencia exclusiva en la materia y las entidades de control, consejos o comités en cada comunidad autónoma u organismo privado autorizado, como ha venido ocurriendo en Andalucía y Castilla-La Mancha, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es competente en la coordinación de estas autoridades competentes y de control y en la autorización de las importaciones.




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Quiero agradecer el trabajo de mis compañeros del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura, especialmente a la senadora por Cuenca Marina Moya, a la hora de tomar esta iniciativa y a la hora de documentarla adecuadamente. Asimismo, quiero agradecer también muy especialmente el trabajo de los grupos que han presentado enmiendas a nuestra moción. Con ello creo que han conseguido lo que buscábamos, que es que hubiese debate en esta Cámara, que se hiciese visible el trabajo y el esfuerzo de los productores tanto agrícolas y ganaderos como de las industrias de elaboración de productos ecológicos. Además, los grupos que han presentado enmiendas también han mostrado una disposición muy favorable para llegar a acuerdos y, por lo tanto, quiero agradecer también esa predisposición y esa disposición. Simplemente espero y deseo que el resultado de esa disposición sea que podamos firmar todos una transaccional que viene a decir lo siguiente: El Pleno del Senado insta al Gobierno, primero, a contribuir al desarrollo de un potente sector agroalimentario ecológico que le permita acceder a mejoras tecnológicas y de comercialización. Segundo, a apoyar la presencia de la producción e industria agroalimentaria ecológica en los mercados tanto nacional como internacional que permita a los consumidores conocer mejor la riqueza del sector ecológico español. Tercero, a fomentar la consideración del sector agroalimentario ecológico por su contribución a la sostenibilidad real del medio rural, la conservación del entorno ambiental y la generación de empleo y riqueza en nuestro país. Cuarto, enmarcar en las negociaciones de las PAC el desarrollo del sector de la agricultura y ganadería ecológica introduciendo criterios de flexibilidad para los pequeños productores, pymes y micropymes. Quinto, acometer los estudios y planes recogidos en los puntos anteriores en coordinación con las comunidades autónomas y con absoluto respeto al marco competencial vigente. Sexto, fomentar la información referente al logo europeo sobre agricultura ecológica como garantía para el consumidor de que el producto ha sido elaborado al amparo de las normas europeas. Séptimo, fomentar la armonización de la interpretación y aplicación normativa de las autoridades competentes de las comunidades autónomas sobre los recursos aptos para ser utilizados en agricultura ecológica.

Reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento, quedo a la espera de sus intervenciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Ante las dudas de esa transaccional, la Presidencia, siguiendo el Reglamento, dará la palabra al primer enmendante, el senador Plana, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En primer lloc, el que vull fer és agrair al senador Cotillas aquesta proactivitat en pro de l’agricultura ecològica. És evident que totes les persones que som aquí en aquest hemicicle, tots els que som a la Comissió d’Agricultura, volem treballar perquè el sector agroalimentari tingui la millor disposició per encarar tots els reptes que té de present i de futur. He volgut pujar aquí a l’estrada, tot i aquesta gairebé transaccional, per mostrar una certa disconformitat, si m’ho permet, perquè aquesta transaccional havia arribat gairebé a tots els grups polítics i potser per qüestió de procés finalment ha arribat a les meves mans aquest matí.

L’argumentació és que demanava que dónes suport financerament a les comunitats autònomes a l’objecte de tots els arguments que ben bé s’han presentat per part de tots els grups polítics. El que no vull és que això representi que únicament el que demanem són diners. No, el que estem dient és que, per exemple, a la comunitat autònoma catalana, com en altres comunitats autònomes, s’està fent una molt bona tasca en agricultura ecològica, hi ha uns plans preestablerts, en aquest cas a Catalunya, que es van començar l’any 2008 i que s’han estat continuant, perquè creiem que és una qüestió, no estructural, però sí necessària per a l’arrelament territorial i pel foment de les petites i mitjanes empreses, i de l’emprenedoria local, social i rural, perquè en aquest cas són productes de molta proximitat i de molta relació entre les dues parts, la productora i la contractant.

I vull posar damunt de la taula i que quedi clar, no estic demanant una qüestió exclusivament monetària, sinó que cal posar en antecedents —segur que el Govern espanyol ho sap— que a diferents comunitats autònomes s’està fent una tasca en aquesta línia de suport a l’agricultura ecològica. Li vull posar tres casos, tres eixos, que estem fent des de Catalunya: foment de la producció ecològica, foment de la comercialització i desenvolupament del consum.




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No puc fer res més que sumar-me a aquesta transaccional, però vull que quedi molt clar que no és una qüestió exclusivament monetària, sinó d’aquesta petita por, si m’ho permet, que al final s’ha recollit en un punt, i no és així. Es diu que es vol respectar les competències exclusives de les comunitats autònomes en el cas de l’agricultura ecològica i la ramaderia, com a respecte a tota la feina que s’està fent. Es parlava que no hi hagués duplicitats ni solapaments entre diferents administracions. L’únic que estava fent, senyor Cotillas, és això: dir-li que en alguns llocs s’està fent i, per tant, aprofitem les sinèrgies de totes les administracions, de tots els grups que hi estan treballant, de tots els grups d’interès, perquè un grup d’interès són les administracions, és el govern, són els governs autonòmics, però sobretot els productors i els consumidors.

No em queda res més que congratular-me, sumar-me a aquest consens i agrair-li que hagi portat aquesta iniciativa, aquesta moció, perquè pugui sortir-ne un manament ben clar al Govern de l’Estat espanyol de respecte a les competències exclusives autonòmiques i de foment de l’agricultura ecològica i, en aquest cas, també de l’emprenedoria, com ja he dit abans en algun moment en aquesta estrada, l’emprenedoria social, territorial i del món agrícola, ramader i rural.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar me gustaría agradecer al senador Cotillas esta proactividad a favor de la agricultura ecológica. Es evidente que todas las personas que estamos en este hemiciclo y todos los que formamos parte de la Comisión de Agricultura queremos trabajar para que el sector agroalimentario tenga la mejor disposición para poder enfrentarse a todos los retos que le depara el futuro. He querido subir a este estrado, a pesar de esta enmienda casi transaccional, para poder mostrar una cierta disconformidad, si me lo permiten, puesto que esta transaccional había llegado casi a todos los grupos parlamentarios aunque quizá por razones de procedimiento tan solo esta mañana ha llegado a mis manos.

La argumentación es que lo que se solicitaba era un apoyo financiero a las comunidades autónomas, para proseguir con todos los argumentos que han presentado los grupos parlamentarios. Pero no quiero que esto signifique que de forma única y exclusiva lo que estamos solicitando es dinero porque no es así. Lo que estamos diciendo es que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como también en otras comunidades, lo que se está haciendo es una muy buena tarea en materia de agricultura ecológica. Existen unos planes ya preestablecidos en Cataluña que se iniciaron en el año 2008 y que han proseguido durante estos años, y es que pensamos que, si no estructural, sí es una cuestión necesaria para el arraigo territorial y también para el fomento de las pequeñas y medianas empresas y de la emprendeduría local, social y rural. En este caso se trata de productos de gran proximidad y de estrecha relación de ambas partes, la productora y la contratante.

Y me gustaría poner sobre el tapete y dejar muy claro que no estoy pidiendo tan solo una cuestión monetaria. Es importante ponerles en antecedentes —y seguramente el Gobierno español lo sabe— y es que en distintas comunidades autónomas ya se está realizando una labor de apoyo a la agricultura ecológica en esta línea. Por tanto, me gustaría hablar de tres ejes sobre los que se está trabajando en Cataluña: fomento de la producción ecológica, fomento de la comercialización y desarrollo del consumo.

No puedo sino sumarme a esta transaccional, pero me gustaría dejar claro que no se trata de una cuestión exclusivamente monetaria, lo repito. Si me lo permiten diré que hay un pequeño recelo, un pequeño miedo que ha sido recogido en un punto, pero no es así. Se dice que se quieren respetar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de agricultura y ganadería ecológicas, respetarlas por toda la labor que se lleva a cabo, y se ha hablado de que no se dieran solapamientos ni duplicidades entre distintas administraciones. Señor Cotillas, lo único que yo quería decirle es que en algunas comunidades ya se está trabajando en ello; aprovechemos, pues, las sinergias de todos, de todas las administraciones y de todos los grupos que ya están en ello. Y son todos grupos de interés, porque lo son las administraciones y los gobiernos autonómicos, pero también lo son sobre todo los productores y los consumidores.

Me congratulo y me sumo a este consenso, y le agradezco que haya traído esta moción, para que, a partir de aquí, pueda surgir un mandamiento claro al Estado español de respeto a las competencias autonómicas exclusivas y de fomento de la agricultura ecológica. Y, en este caso




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también, a la emprendeduría, como ya he dicho en otras ocasiones en este estrado, a la emprendeduría social, a la emprendeduría territorial y a la emprendeduría del mundo agrícola, ganadero y rural.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna.

Voy a explicar por qué presentamos las enmiendas. Nuestras enmiendas iban esencialmente en dos líneas: una incluir, ampliar y, en vez de hablar de agricultura ecológica, hablar de sector agroalimentario ecológico, porque creemos que si hablamos solo de agricultura ecológica estamos pidiendo a los consumidores que consuman por una especie de acto de fe ecológico, y en realidad los consumidores consumen los productos que les interesan por la razón que sea. Pero, además, si no conseguimos que estos productos ecológicos estén en igualdad de condiciones en cuanto a lo que los consumidores esperan, que es tener la mismas o parecidas posibilidades de elección, de calidad y de facilidad de preparación en los productos, vamos a dejar que sean muy vulnerables estos productos de la agricultura ecológica. Por eso, creíamos que era importante incluir la agroindustria, el sector agroalimentario en general, dentro de la etiqueta de ecológico.

Por otro lado, hablábamos de las comunidades autónomas no solamente por respeto absoluto al marco competencial, sino porque hay experiencias muy importantes ya en todo el Estado a este respecto, y no solo hay que respetar sino en muchos casos copiar, por lo que creemos que con esto mejoramos la moción del Grupo Popular.

Evidentemente nos alegramos de que se haya conseguido esta transaccional. También nos alegramos de que hayamos podido hacerlo en la Comisión de Agricultura, ya que la vez pasada se nos escapó la posibilidad de hacer con la PAC lo mismo que hicimos con la política pesquera común, pero esta es la vía y esperemos que podamos seguir aportando en este sentido tanto en este Pleno como en comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente para explicar el posicionamiento del Grupo Socialista en esta Cámara.

En primer lugar, quiero darle las gracias al senador Cotillas por haberse puesto en contacto con nosotros para tratar de buscar un acuerdo, y también quiero felicitarle porque la verdad es que hasta ahora no habíamos tenido conocimiento del interés que el Grupo Parlamentario Popular —al menos en esta Cámara— tenía por la agricultura ecológica. Esto sí que es una herencia recibida —una buena herencia recibida— y queríamos ponerlo de manifiesto.

Cuando nos llegó la moción del Grupo Parlamentario Popular, la verdad es que nos llenó de sorpresa, de una agradable sorpresa, pero la evaluamos y vimos que tenía algunos aspectos insuficientes, que era francamente mejorable, y eso fue lo que hizo el Grupo Socialista, presentar una enmienda de sustitución que tratase de comprometer al Gobierno para resolver los problemas que tenía el sector. Pero es verdad que a lo largo de estos días hemos tratado, hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que el sector se merece un respaldo, si no unánime, prácticamente unánime de esta Cámara. Por tanto, el Grupo Socialista en el Senado está dispuesto a firmar esa enmienda transaccional porque recoge en gran medida muchos de los puntos de la enmienda de sustitución, y algunos se han visto francamente mejorados. Me refiero a aspectos como enmarcar la agricultura ecológica en la negociación tan importante y trascendental que se está llevando en estos momentos, como es la negociación de la PAC, que además es la evolución natural que está teniendo en los últimos años. En este marco comunitario comenzó teniendo solamente un 5% del presupuesto de la PAC y este último año 2012 es un 25%.Es decir, pedíamos que se reflejara la importancia real que la agricultura ecológica tiene en nuestro país —y eso ha quedado recogido—, así como una flexibilización en cuanto a los procedimientos porque en




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general la agricultura ecológica está asociada a empresas familiares de pequeño tamaño, pymes y micropymes, y las exigencias que se les piden, los trámites burocráticos son prácticamente los mismos que para las grandes empresas. Y por ello creíamos conveniente incluir también este aspecto en la moción, que efectivamente ha sido recogido en la enmienda transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, creo que esta no es la solución definitiva, pero sí es verdad que recoge algunos compromisos expresos para el Gobierno que, en mi opinión, van a mejorar la situación de un sector económico de nuestro país que, a pesar de la crisis económica, sigue creciendo, sigue generando empleo, y que, por tanto, debe recibir el respaldo mayoritario de esta Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Nosaltres, en aquest cas, donarem suport també a la transaccional. Creiem que s’ha fet un esforç important i volem felicitar el senador Cotillas per aquesta voluntat de consens. És veritat que no tot allò que proposàvem s’hi ha pogut incloure i, per tant, encara hi ha qüestions pendents, però en tot cas vull dir que els dos punts de les nostres esmenes, tant la qüestió dels fons del Programa de Desenvolupament Rural, dintre dels fons de la PAC, com la inclusió del que significa el logo europeu de producció ecològica per tal de promocionar i garantir la qualitat d’aquests productes, són dues de les esmenes incloses i, per tant, segurament haurem d’abordar la qüestió relacionada amb la legislació per a l’harmonització de la certificació o la qüestió del tracte fiscal diferenciat per a la producció agroalimentària, però això en tot cas formarà part ja d’un altre debat.

Per tant, el nostre compromís amb aquesta transaccional i l’agraïment als grups per la voluntat d’un pacte, d’un acord, que crec que va a favor de l’agricultura ecològica i del conjunt del sector.

Gràcies, senyor president.

Nosotros en este caso también vamos a dar apoyo a la transaccional, pues nos parece que se ha realizado un esfuerzo importante y queremos felicitar al senador Cotillas por esta voluntad de consenso. Es verdad que no se ha podido incluir todo lo que proponíamos y, por tanto, quedan cuestiones pendientes. Sin embargo, me gustaría decir que los dos puntos de nuestras enmiendas, tanto en lo que se refiere a los fondos del Programa de Desarrollo Rural dentro de las ayudas de la PAC como también a la inclusión de lo que significa el logo europeo de producción ecológica para promocionar y garantizar la calidad de dichos productos, son dos de los incluidos, y por consiguiente vamos a tener que abordar la cuestión relativa a la legislación para la armonización de la certificación o, por ejemplo, el tratamiento fiscal diferenciado para la producción agroalimentaria. En todo caso, esto formará parte de otro debate.

Así pues, manifiesto nuestro compromiso con esta transaccional y el agradecimiento a los grupos parlamentarios por esta voluntad de lograr un pacto, un acuerdo que me parece que va a favor de la agricultura ecológica y de todo el sector.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas, aunque está pendiente la enmienda transaccional.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para decir que tenemos la transaccional y que en ella van ya incluidas buena parte de esas enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos, pues, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mendizábal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Mila esker presidente jauna. Egun on, guztiori.

Bueno, pozten gara Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozio honengatik, bada, batez ere, kontutan hartuta, egungo beraien politikaren nondik norakoak justu aurkako bidetik doazela.




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Zehaztapenak botatzen ditugu faltan, eta erdi-transakzio bat egin arren, egia da, jatorrizko testuetatik, preseski, zehaztasunak ezabatu egin direla. Orduan, guretzat, nekazaritza ekologikoa eta batez ere guk agroekologiaz hitz egiten dugu, ezta? Kontzeptu zabalago bat bezala, ongarri sintetikoak ez erabiltzeaz gain, bada, eragin sozialak ere begiratzen dute, bada, lurra lantzen duten pertsonen lan-egoerari begiratzen dio, ahalik eta gertukoen izatea nahi du. Orduan, guk askotan, nekazaritza ekologikoaz baino, agroekologiaz hitz egiten dugu. Horren inguruan esan nahi dut, bada, horren aldeko neurri guztiak positiboak direla, baina guztiak ongi etorriak izan arren, pausu batzuk eman egin behar direla, eta preseski, zuek, Alderdi Popularrak, pausu horiek eman egin behar dituzue, ezin duzue itxurakerietan gelditu. Benetan aurkeztutako mozioa propagandan geldituko ez bada, nekazaritza ekologikoa eta agroekologikoaren alde zerbait egin behar duzue, pausuak eman behar dituzue. Adibidez, genetikoki aldatutako organismoak edo transgenikoak debekatu egin behar dira. Hainbat azterketek, horien artean nekazarien kutsadurari dagozkien azterketek adierazten dute, nekazaritza ekologikoa eta transgenikoak ezin dutela elkarren ondoan biziraun. Beste puntu batean, esportazioaz hitz egiten duzue. Nola nahi duzue, batetik, nekazaritza ekologikoa defendatu, eta bestetik, Erdi Europara esportatu behar dela esan, merkatu potentziala hori delako, Europak transgenikoak alboratu egiten baditu? Hor daukazue eztiaren kasua. Sekulako kutsadura arriskua dago polenaren zabalkuntzagatik, nola eramango duzue ezti hori Europara? Orduan, horien aurrean, pauso batzuk eman behar dituzue. Nola jokatuko arazo guzti horien aurrean?

Bete puntu bat, produktu ekologikoen eskaera. Merkatu potentziala nagusiki gertuko merkatua da. Ez gara ari hitz egiten esportazio handiez, ari gara bertako produktuez. Horretarako, bada, esplotazioak bertako esplotazioan beharrezko aldaketa batzuk egin behar dira, higienikoki, sanitarioki, eta zuek egin behar duzuena da hori erraztu, araudia erraztu, eskabide horiek bete daitezen. Gaur egun, badago Europako Osasunaren Komisio eta zuzendaritza orokorretik datorren mandatu bat, non exijitzen zaien estatuei aspektu honen inguruan sentsibilizazioa. Gobernu honek, ez du bide horretan pausu bat bera ere eman. Gauza bera eskatzen zaie produktore txikiei eta multinazionalei.

Pausu txikiak dira, egin daitezke, baina zuek transgenikoak baimenduz, eta ahalbidetuz, bai salmenta, bai eraldaketa, esplotazioa..., alegia, moztu egiten duzue bide hori. Azken finean itotzen ari zarete, justu aurkako bidea ematen ari zarete. Nekazaritza itotzen ari zarete, bidea erraztu beharrean, itotzen. Horregatik aurkeztutako testuaren helburuarekin, guztiz ados egon arren, sinesgaitza egiten zaigu. Aipatutako puntuak landu, horiek baitira nekazal sektorearen gehiengoak eskatzen dituenak, eta ondoren, hitz egingo dugu. Bien bitartean ez dugu parte hartuko auto-propaganda ekintza batean, eta ondorioz abstenitu egingo gara.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente.

Nos alegramos de que el Grupo Popular haya presentado esta moción, teniendo en cuenta que las políticas actuales nos llevan precisamente por el camino contrario. Es cierto que las concreciones del texto original se han eliminado. Nosotros hablamos de agroecología como un término más amplio para mirar las influencias ecológicas. Muchas veces, cuando hablamos de agricultura ecológica, hablamos más de agroecología; por tanto, habría que decir que todas esas medidas son positivas, pero a pesar de ello hay que dar algunos pasos, y especialmente el Partido Popular debe dar esos pasos. No tienen que hacer un ejercicio burdo de autopropaganda. Para que no sea propaganda hay que hacer algo a favor de la agricultura ecológica, tienen que dar ustedes unos pasos. Por ejemplo, hay que prohibir los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Múltiples y recientes estudios —entre ellos los de contaminación de agricultores— demuestran que la coexistencia de agricultura ecológica y los transgénicos no es posible. Por otra parte, hablan ustedes de exportación. ¿Cómo pretenden defender la agricultura ecológica y su exportación, sobre todo a ese mercado potencial de Centroeuropa, si Europa rechaza los transgénicos? Por ejemplo, hay un serio problema de contaminación de transgénicos a través del polen en el caso de la miel. ¿Cómo van a actuar ante ello?

Otro punto. La demanda potencial de productos ecológicos. Esa demanda se encuentra principalmente en los mercados cercanos, no estamos hablando de los productos locales. Por lo tanto hay que hacer una serie de modificaciones en la exportación, en la normativa higiénico-




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sanitaria. Ahora mismo existe un mandato europeo de la Comisión y de la Dirección General de Sanidad que exige que los Estados se sensibilicen en ese aspecto, y este Gobierno no ha dado ningún paso en ese sentido; se les exigen las mismas medidas tanto a los productores pequeños como a las multinacionales.

Son cosas muy sencillas, que se pueden hacer, pero ustedes, permitiendo los transgénicos y no posibilitando la transformación de venta desde la explotación, están haciendo justo lo contrario, están ahogando la producción de los agricultores, están cerrando el camino a la agricultura ecológica. Por lo tanto, estando totalmente de acuerdo con el objetivo de este texto, no es en absoluto creíble. Trabajen en los puntos expuestos, porque es lo que pide el sector agrario, y después hablaremos. Mientras tanto no participaremos en un acto de autopropaganda y nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatori jaun andreok.

Voy a intentar ser breve, pero sí quisiera dar unos datos que para eso los tenemos preparados.

Hay una cosa que me resulta curiosa, señorías, y es que ahora tengamos que redefinir como agricultura ecológica aquello que ha sido la agricultura tradicional siempre, es curioso. Y es curioso que lo que se ha hecho siempre y siempre ha sido sostenible, ahora lo tengamos que llamar ecológico porque las tendencias han ido por otro lado y la industrialización de la agricultura, como de otras muchas cosas, ha acabado tapando o solapando aquello que era beneficioso en la agricultura, en la pesca o en todo lo demás. Por lo tanto, si vamos a tener que redefinir la agricultura como agricultura ecológica, vamos a hacerlo porque es bueno para todos.

Hay un informe de la Comisión que nos da unos datos que a mí me parecen muy importantes y que con la que está cayendo hay que recordar. La demanda de productos ecológicos crece a un ritmo anual de entre un 10% y un 15% en la Unión Europea —entre un 10% y un 15% de crecimiento de la demanda—. En un estudio de la Soil Association del Reino Unido se dice que las explotaciones ecológicas proporcionan un 32% más de puestos de trabajo —un 32% más de puestos de trabajo—, y esta cifra sube hasta el 50% si hablamos de puestos de trabajo en la agricultora que practican los jóvenes. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de un acto de fe, no solamente tenemos que hablar de que los productos ecológicos son buenos para mantenernos..., no, no, es que además esto es bueno para la sociedad en general, es bueno porque es bueno para todos, es bueno para la agricultura, es bueno para el empleo, es bueno para el dinero, etcétera.

En Euskadi, en 2001 el número de operadores de industrias agroalimentarias ecológicas —que es por lo que nosotros presentamos la enmienda— ha crecido un 15% respecto a 2010; en Vizcaya concretamente un 23%. Tan importante sigue siendo este tema que la Diputación Foral de Vizcaya ha duplicado las ayudas que destina al fomento de la industria agroalimentaria, de la producción agroalimentaria ecológica. En Vizcaya, el 30,6% de los operadores de producción vegetal tienen el Label Ecológico, el 37,1% de la producción animal, el 26,1% de los elaboradores y el 7,7% de los comercializadores. La extensión de cultivo ecológico en superficie en Euskadi —donde la agricultura es lo que es, porque nuestro país es como es— ha crecido un 11% en 2010 y un 13% en Vizcaya; y los que conocen Vizcaya saben que no tenemos precisamente grandes extensiones de terreno aprovechables para la agricultura.

El principal cultivo ecológico está en la vid, que creció un 12% con respecto al año anterior. Una vez más, el mundo del vino —no quiero decir nada con ello, pues me refiero al cultivo y a la industria del vino— nos vuelve a enseñar cuál es la vía que tiene que seguir la agricultura en general. La única manera de prestigiar un sector es prestigiar lo que produce; y yo se lo repito siempre a todo el que me quiera escuchar. En cuanto a la pesca, la única vía para prestigiar a los pescadores es que el pescado, el producto que ellos generan, tenga prestigio. En la agricultura sucede lo mismo, lo que significa que hemos de generar un producto prestigioso y de calidad; así ocurre con el vino y así debemos intentar que suceda con todo lo demás. Si prestigiamos el producto prestigiamos al productor; si prestigiamos al productor prestigiamos el sector; y si




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prestigiamos el sector prestigiamos el entorno en el que se desarrolla todo eso; el entorno rural en este caso y, en el caso de la pesca, el desarrollo litoral.

Pero no solamente hemos de hablar de dinero o de puestos de trabajo, sino también del tema medioambiental. Evidentemente, la agroindustria ecológica es medioambientalmente mucho más sostenible que cualquier otra y tiene muchísimas más externalizaciones desde el punto de vista medioambiental que cualquier otra, pero también salimos ganando en lo que respecta al bienestar animal. A todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la multifuncionalidad de la agricultura y de todo esto podríamos haber estado hablando no solo al referirnos a la agricultura ecológica, sino también a la agricultura tradicional, que se ha acabado sustituyendo por una agricultura más industrializada.

Por otra parte, esta es además una oportunidad de crecimiento. Siempre nos referimos a los problemas de desarrollo, de cuotas, etcétera, pero según un documento de la Fundación de Estudios de Agricultura Orgánica, existe un mercado de agricultura orgánica de 44,5 billones de euros. Entre los diez países con mercado más amplio en agricultura orgánica se encuentra, en primer lugar, Estados Unidos y después Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza, Japón, Austria y, por último, el Estado español. En cuanto al consumo per cápita, ocho de los diez países que más gastan en agricultura orgánica son europeos: Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Liechtenstein, Suecia, Alemania y Francia. Por otro lado, la agricultura del Estado español aparece en otro punto del estudio como la tercera productora de agricultura ecológica a nivel europeo y casi mundial, lo que quiere decir que las oportunidades de negocio están ahí. Por lo tanto, estaríamos cubriendo todos los flancos: el empleo, el negocio, la posibilidad de expansión, y además tenemos un montón de externacionalizaciones desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del bienestar animal y desde el punto de vista del desarrollo rural.

Yo creo que no podemos ni debemos discutir más este asunto, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Se ha presentado una moción, que evidentemente es buenista y que se ha mejorado en la medida de lo posible, pero también estoy convencido de que si lo dejamos aquí, volverá a ser otro papel precioso que entre en el cajón. Los puntos de esta moción —no recuerdo extactamente cuántos son— deberíamos desarrollarlos convenientemente en comisión, uno por uno, porque hay trabajo por hacer y merece la pena porque esta es la vía en la que debemos trabajar.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

(El senyor senador pronuncia la seva primera frase en aranès.)

Senyores i senyors senadors, per posicionar-nos sobre aquesta moció. Mirin, m’agradaria començar aquesta intervenció en el torn de posicionament, tot i que no ho podré fer, perquè no és fàcil des d’aquesta tribuna transmetre l’entusiasme que jo vaig sentir amb els productors d’aquesta agricultura o tradicional que deia el senador Cazalis, m’ha agradat la seva expressió, perquè en realitat és veritat i jo també m’hi refereixo al llarg de la meva intervenció. Com els deia, vaig veure en l’entusiasme dels interlocutors amb qui vaig tenir l’oportunitat de parlar una franca diferència del que passa en l’agricultura convencional, perquè realment jo crec que perceben la possibilitat i la potencialitat del treball que estan fent, hi creuen i saben de la importància de la seva feina. Per aquesta raó, em sembla que, tot i que sovint se’ns fa feixuc parlar i escoltar d’agricultura, aquesta moció i aquest debat mereixen la pena, i també fer-los amb tot el respecte per aquestes persones.

Buscant material a l’hora de preparar el debat, he trobat un article fantàstic de la senyora Milagros Pérez-Oliva on fa un paral·lelisme entre el periodisme i la pagesia, i especialment tots els problemes que té l’agricultura. La veritat és que m’ha sorprès, perquè la senyora Milagros Pérez-Oliva parla dels tomàtecs i de quina manera la nostra agricultura ha patit un procés en què els aliments en aquest moment arriben fins i tot de les Antípodes. Podem menjar cireres a la tardor o raïm al mes d’abril, però és veritat que en aquest procés els pagesos han perdut el control de les seves produccions i, si bé és cert que els productes que tenim al mercat —parlem dels tomàtecs— tenen més capacitat de resistència, poden guardar-se molt més temps a les cambres, creixen més de pressa, superen millor les plagues, la veritat és que quan comprem tomàtecs tots enyorem el




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gust dels tomàtecs que menjàvem a la nostra infància o aquells tomàtecs que podem menjar si encara tenim la sort de fer un petit conreu a l’hort de casa. Aquesta és una realitat que segurament ha format part de les seves converses alguna vegada.

És veritat que l’agricultura ecològica s’ha consolidat, ja se n’han donat xifres. Jo en donaré alguna que no s’ha dit i que crec que pot ajudar també a fer-nos una idea de quina és la situació d’aquest sector. Estem parlant d‘1 845 000 hectàrees que s’han inscrit l’any 2011, un creixement d’un 11,76% i això es produeix en un moment en què justament les explotacions agrícoles —diguem-ne tradicionals, però serien les de caràcter industrial— rebaixen les seves expectatives. Per donar una altra xifra, hem deixat de cultivar exactament en aquests deu últims anys 1,3 milions d’hectàrees del que és l’agricultura industrial.

Per tant, aquesta moció és important, senyor Cotillas. Li torno a agrair l’esforç que no havíem fet en aquests últims debats que hem tingut sobre matèries agrícoles. És un pas important, perquè crec que amb les aportacions de les diferents esmenes s’ha millorat substancialment la seva moció, però és veritat també que encara no som ni de bon tros on hauríem de ser des del punt de vista dels passos que hem de fer per acabar de consolidar, des de la perspectiva de les administracions, tota la tasca que es fa en els agricultors, en aquest cas d’agricultura ecològica.

A mi m’ha agradat que la senadora del Grup Mixt parlés del problema dels transgènics. És un problema que no és senzill, però s’ha d’abordar, perquè és fonamental. En aquest sentit, nosaltres presentarem una moció a la Comissió d’Agricultura perquè és veritat que en aquest moment —parlo de Catalunya— és pràcticament impossible sembrar blat de moro que no sigui transgènic, pels problemes de contaminació, i tot el blat de moro que no sigui transgènic l’hem d’importar d’Itàlia, amb uns costos altíssims, i uns problemes evidents per als productors de granges i de carn ecològica. Són problemes que s’han d’abordar, vostè ho ha dit, però és cert que estem fent un pas i amb consens, conjuntament, amb alguns compromisos del Govern, que crec que són importants. Val la pena que el fem i el fem plegats. Insisteixo, s’han de fer passos decidits en aquesta direcció. Crec que el senador Cazalis ho ha expressat molt bé.

Les perspectives de l’agricultura ecològica, tant des del punt de vista de la creació de llocs de treball, de tot el que té relació amb els nous mercats que estan creixent, en el cas d’Espanya també és evident que si només 1 de cada 4 famílies consumeix productes ecològics, una vegada al mes, i encara hi ha més d’un 30% de ciutadans d’aquest país que no coneixen les propietats dels productes ecològics, i el nostre consum és a la cua de tots els rànquings, és obvi que hem de fer un esforç per conscienciar la nostra societat que el consum de productes ecològics és positiu. Ho és per al sector, però sobretot per al medi ambient i per a la nostra salut. Per tant, crec que aquí alguna de les claus importants d’aquest debat.

Hem de conscienciar i formar la nostra societat perquè no consumeixi allò que en l’argot se’n diu alimentació amb productes chatarra —permetin-me l’expressió, però s’utilitza en aquest sector—. I és important, perquè com deia, aquí ens hi juguem moltes coses, però sobretot la més important de totes és la salut, amb tot el que es deriva d’aquesta afirmació.

Hem de treballar, hem de veure de quina manera aquests productes poden arribar al mercat. La seva posició encara no és bona. Els productors tenen problemes perquè els costa accedir a economies d’escala, perquè són explotacions petites, i també és veritat que només un 40% d’aquests productes tenen avui un espai a les grans superfícies on es pugui accedir amb facilitat. Tenim problemes de poder canalitzar aquests productes als mercats de proximitat. Espanya només consumeix un 1% de les seves produccions agràries en circuits curts, de proximitat, mentre a França aquesta xifra està per sobre del 25%. Aquí hi ha un repte importantíssim i és un repte, en aquesta, bàsicament de les administracions, que han de facilitar els camins perquè els productors puguin accedir o arribar a col·locar els seus productes de manera fàcil a aquestes grans àrees de producció i, al mateix temps, en circuits curts de proximitat.

Hi ha hagut alguns moviments —i amb això acabaré— importants en l’àmbit de la gastronomia i de la restauració, com són l’slow food i el quilòmetre zero, que crec que van en aquesta direcció, que ajuden a la sortida i la projecció dels productes ecològics. És una tendència que anirà a més, indubtablement, i crec que hem d’ajudar des de les administracions, ho torno a dir, que sigui més fàcil del que ha estat fins ara. Veient les xifres, Déu n’hi do l’evolució que s’ha fet.

Senyores i senyors senadors, si és veritat que som el que mengem, crec que hem de fer passos en la direcció de menjar productes de qualitat i en aquest sentit hem de fer tot el que sigui




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a les nostres mans, perquè tenim l’obligació d’ajudar aquests agricultors, que han apostat per fer productes de qualitat i una agricultura respectuosa amb el medi ambient i, sobretot, amb la nostra salut, els hem d’ajudar perquè el seu producte i la seva tasca arribi a la gran majoria de la nostra societat, perquè això, sense cap mena de dubte, serà en benefici de tots.

Gràcies, senyors senadors, senyores senadores, senyor president. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, en este turno nos gustaría posicionarnos sobre esta moción, aunque no voy a poder hacerlo, porque evidentemente no es fácil desde esta tribuna transmitir el entusiasmo que yo sentí con los productores de esta agricultura ecológica o tradicional, como decía el senador Cazalis. Me ha gustado su expresión. Tiene usted razón y a lo largo de mi intervención yo también me voy a referir a ella. Pero, como digo, vi el entusiasmo de esos interlocutores con los que tuve la oportunidad de hablar y hay una franca diferencia respecto a lo que sucede con los productores de la agricultura convencional, pues me parece que ellos sí perciben la posibilidad, la potencialidad de la labor que se está realizando, creen en su trabajo y conocen la importancia que reviste su trabajo. Por esta razón, me parece que, aunque a menudo nos puede resultar fatigoso hablar y escuchar cuestiones relativas a la agricultura, esta moción y este debate merecen la pena. Y también vale la pena hacerlo por el respeto que sentimos por todas estas personas.

Buscando material para poder preparar este debate, he encontrado un artículo fantástico de la señora Milagros Pérez Oliva en el que realiza un paralelismo entre el periodismo y la agricultura y los problemas a los que la agricultura se enfrenta. Me ha sorprendido, puesto que la señora Milagros Pérez Oliva habla de los tomates y de cómo nuestra agricultura ha experimentado un proceso en el que los alimentos llegan, incluso, de las antípodas y podemos comer cerezas en otoño o uvas en abril. Pero es verdad que, como parte de este proceso, los campesinos han perdido el control de sus producciones, y aunque es cierto que los productos que encontramos en el mercado —hablemos de los tomates— tienen mayor capacidad de resistencia, pueden guardarse en las cámaras durante un mayor lapso de tiempo, tienen mejor resistencia a las plagas, cuando compramos los tomates todos echamos de menos el sabor que tenían los tomates de nuestra infancia o aquellos que aún podemos comer si tenemos la suerte de tener un huerto propio. Es una realidad que seguramente ha formado parte de sus conversaciones en alguna ocasión. Así que es cierto que la agricultura ecológica se ha consolidado y ya tenemos cifras. Yo voy a dar también alguna cifra que no ha sido mencionada y que me parece que puede ayudar a hacernos una idea de cuál es la situación de este sector. Estamos hablando de 1 845 000 hectáreas que han sido inscritas en el año 2011, un crecimiento de 11,76%. Y todo esto tiene lugar en un momento en el que precisamente las explotaciones agrícolas —podemos llamarlas tradicionales, pero serían las explotaciones agrícolas de carácter industrial— están rebajando sus expectativas y, por dar otra cifra, hemos dejado de cultivar en estos últimos diez años 1,3 millones de hectáreas de agricultura industrial.

Así pues, esta moción es importante, señor Cotillas, y le agradezco una vez más su esfuerzo, un esfuerzo que en materia agrícola no habíamos realizado. Me parece que es un paso importante, porque con las aportaciones de las distintas enmiendas se ha mejorado sustancialmente su moción, pero también es verdad que ni de lejos hemos llegado donde deberíamos estar teniendo en cuenta todos los pasos que deben realizarse para acabar de consolidar, desde la perspectiva de las administraciones, toda esta labor realizada por los agricultores y concretamente de la agricultura ecológica.

Me ha gustado que la senadora del Grupo Mixto hablara del problema de los transgénicos. Es un problema que no tiene nada de sencillo pero que debe abordarse, puesto que es fundamental. En este sentido, nosotros vamos a presentar una moción en la Comisión de Agricultura, porque es verdad que en la actualidad —y ahora hablaré de Cataluña— es casi imposible sembrar maíz que no sea transgénico por los problemas de contaminación, y tenemos que importar de Italia todo el maíz que no sea transgénico, con unos costes muy elevados y con problemas evidentes para los productores de granjas y, en este caso, de agricultura ecológica. Son problemas que deben abordarse —usted lo ha señalado—, pero también es verdad que estamos dando un paso adelante, y me parece muy importante hacerlo desde el consenso y de la mano con algunos




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compromisos del Gobierno. Insisto en que debemos dar pasos decididos en esta dirección, y el senador Cazalis lo ha expresado muy bien.

Las perspectivas de la agricultura ecológica se pueden considerar tanto desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo como de todo lo relativo a los nuevos mercados que están creciendo. En el caso de España resulta evidente que si una de cada cuatro familias consume productos ecológicos una vez al mes, y aún tenemos más de un 30% de los ciudadanos de este país que no conocen las propiedades de los productos ecológicos y nuestro consumo está en la cola, al final de todos los ranking, es evidente que debemos hacer un esfuerzo para fomentar el consumo de productos ecológicos, que es positivo para el sector y, sobre todo, para el medio ambiente y para nuestra salud. Esta es una de las claves de este debate.

Tenemos que concienciar y formar a nuestra sociedad para que no consuma lo que en nuestra jerga se llama alimentación con productos chatarra —me permitirán la expresión, pero en este sector esa es la denominación que recibe—. Y es importante porque nos estamos jugando muchas cosas pero, sobre todo, la más importante de todas, que es la salud y todo lo que de esta afirmación se deriva.

Así pues, tenemos que trabajar; debemos ver de qué forma estos productos pueden llegar al mercado. Su posición todavía no es buena, los productores tienen problemas en acceder a las economías de escala, son explotaciones pequeñas y tan solo un 40% de estos productos en la actualidad tienen un espacio en las grandes superficies donde se puede acceder con facilidad. Tenemos problemas para poder encauzar todos estos productos en los mercados de proximidad; España tan solo consume un 1% de sus producciones agrarias en circuitos cortos, circuitos de proximidad, mientras que en Francia esta cifra supera el 25%. Por tanto, hay un desafío muy importante, fundamentalmente de las administraciones, que son las que deben facilitar estas sendas para que los productores puedan colocar sus productos de forma sencilla en estas grandes áreas de producción y a la vez también en circuitos cortos de proximidad.

Se han visto algunos movimientos importantes —y con esto termino— en el ámbito de la gastronomía y de la restauración, el slow food o kilómetro cero va en esa dirección y ayuda a la salida y a la proyección de los productos ecológicos. Sin duda, es una tendencia que va a ir a más y, en este sentido, las administraciones tenemos que ayudar, una vez más, para que esto sea mucho más fácil de lo que lo ha sido hasta ahora.

Por otro lado, fijándonos en las cifras, considero que hemos realizado una buena evolución. Señoras y señores senadores, si es verdad que somos lo que comemos, me parece que tenemos que dar pasos en esta dirección y comer productos de calidad.

Por tanto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos porque es nuestra obligación y debemos ayudar a estos agricultores que han apostado por ofrecer productos de calidad, por una agricultura que respete el medio ambiente y, sobre todo, nuestra salud. Tenemos que ayudarles para que su labor y su producto lleguen a la gran mayoría de nuestra sociedad, porque, sin duda alguna, ello va en beneficio de todos.

Gracias, señoras y señores senadores, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Vull començar la meva intervenció fent un reconeixement explícit al senyor Cazalis, quan ha dit que la modernitat és tornar als orígens. Crec que són paraules sàvies i ens posen davant de la tessitura d’aquesta situació en què ens trobem en l’actualitat.

També vull fer un cant a favor d’aquesta agricultura i ramaderia, d’aquest sector agrocial. Podríem dir que és la de la calma, la de la tranquil·litat i de les coses ben fetes, la de la proximitat, la que té cura del territori, de les persones, com molt bé ha dit el senador Boya, del que mengem, d’allò que es transmet.

I crec que això no exclou, perquè sembla que es pugui deduir de tot el que hem estat dient aquí que la resta d’agricultura no tingui el seu valor, evidentment, la resta de pagesos i ramaders també estan fent molt bé la seva feina. Però aquesta és una opció molt assenyada, molt ajustada a la realitat. Entre altres coses, no vull parlar ni donar més xifres, perquè contínuament n’estem




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donant i la realitat és que aquest tipus d’agricultura i agroproducció social ens està donant unes línies de cap on hem d’anar.

L’agroindústria s’està convertint en un refugi —i perdoneu que utilitzi la paraula refugi— de joves que no troben feina en altres sectors. Això també ho hauríem de tenir en compte, com molt bé han dit, són negocis petits, microempreses, familiars, de proximitat, que no estan fent cap tipus d’estrall en el nostre entorn. Quan es parla de la petjada de carboni, es parla d’un tipus de comercialització de tot tipus de productes on la proximitat, la immediatesa, està renyida amb el que hauria de ser. Estem tornant als nostres orígens, al que feien els nostres avis, els pagesos, els ramaders, en diferents territoris. Nosaltres, des de Catalunya, i de l’entorn de Lleida —d’on jo provinc— som una demarcació on les distàncies són molt grans. Hi ha diferent orografia, una forma diferent de produir tant agricultura com ramaderia, però això no treu que hi hagi, com bé s’ha dit, aquesta il·lusió d’aquestes persones que han iniciat aquest camí decantant-se per l’agricultura i la ramaderia ecològiques.

El que sí que voldria comentar al senador Cotillas és que siguem capaços d’aprofitar el que s’ha fet abans. Abans, la senadora del PSOE ja ho ha dit, que s’havia fet una bona tasca. Des del Govern espanyol l’any 2008 ja es va fer un pla per fomentar la producció agrícola ecològica. Des de Catalunya també ho estem fent. Que no esdevingui això, el fet que ho hagin fet uns o uns altres, un element per excloure qualsevol tipus d’actuació. Recuperem-ho, posem damunt de la taula.

En definitiva, crec que l’esperit que s’ha deduït de tot això és que s’ha fet molt bé, s’ha felicitat el senador Cotillas, però que no quedin aquestes manifestacions que s’han visualitzat mitjançant la moció en paper mullat. Que hi hagi una actuació decidida i que aquestes mesures que es puguin arribar a emprendre i aquest mandat que es fa a l’executiu del Govern espanyol sigui clar, que davant de la negociació fonamental que tenim al davant nostre, com és la PAC, que es parli d’agricultura ecològica.

També voldria demanar-li que recordi —i li tornaré a fer una i diverses vegades més— el social farming. La majoria d’agricultura social es basa en l’agricultura ecològica i de proximitat, perquè és l’única manera de sobreviure per a aquest tipus d’empreses, de negocis, de cooperatives. Per tant, tinguem-ho en compte, que estan arrelant la gent al territori, perquè volem un territori que sigui equilibrat territorialment i això ho hem de fer entre tots nosaltres —des de l’Administració central a les administracions autonòmiques i locals—. Per tant, anem tots en la mateixa via.

Crec que hem fixat un full de ruta, tots hem arribat a un consens, crec que en aquest cas la gent que ens dediquem a l’agricultura i a la ramaderia en aquesta cambra progressem adequadament. Que això no quedi en forat, sinó que sigui una actuació que es pugui fer de forma continuada i a veure si s’arriba a aquestes condicions per donar el suport a l’agroindústria ecològica, que és el que tots volem.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría empezar mi intervención haciendo un reconocimiento explícito al señor Cazalis cuando ha dicho que la modernidad significa volver a los orígenes. Creo que son palabras de sabiduría que nos colocan en la situación en la que nos encontramos actualmente.

También me gustaría hacer una pequeña alabanza de esta agricultura, de este sector agrosocial, de esta ganadería que es la de la calma, la tranquilidad, la proximidad, la de las cosas bien hechas, que cuida de su territorio, de las personas y, como ha dicho el senador Boya, de todo lo que comemos, de lo que se transmite.

De todo lo que hemos dicho podría deducirse que el resto de la agricultura carece de valor. Evidentemente, los demás agricultores y ganaderos realizan una tarea encomiable, lo están haciendo muy bien, pero es una opción muy sensata, muy ajustada a la realidad. Tampoco quisiera dar ahora más cifras, porque constantemente estamos refiriéndonos a ellas. La realidad es que este tipo de agricultura y de producción social nos están marcando las líneas hacia las que debemos avanzar.

Por otra parte, la agroindustria se está convirtiendo en un refugio —y lamento tener que utilizar este término— para los jóvenes que no encuentran trabajo en otros sectores, y este aspecto también deberíamos tenerlo en cuenta. Como ya se ha dicho, se trata de negocios pequeños,




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familiares, de proximidad, microempresas que no causan ningún tipo de estragos en el entorno. Por ejemplo, cuando se habla de la huella de carbono, se está hablando de un tipo de comercialización de toda clase de productos donde la proximidad y la inmediatez están reñidas con lo que debería hacerse. Estamos volviendo a nuestros orígenes, a lo que hacían nuestros abuelos, los agricultores y ganaderos de otros tiempos en distintos territorios. En Cataluña, el entorno de Lérida —de donde procedo— es una demarcación donde las distancias son muy amplias, tenemos una orografía distinta y diferentes formas de producir tanto en la agricultura como en la ganadería, pero esto no quita, como ya se ha dicho, que haya una ilusión de todas las personas que han tomado esta senda y se han decantado por la agricultura y la ganadería ecológicas.

Me gustaría comentar al senador Cotillas que debemos ser capaces de aprovechar todo lo que ya se ha hecho, como ha expresado la portavoz del Grupo Socialista, quien ha dicho que el Gobierno español trabajó muy bien en el año 2008, que es cuando se elaboró un plan para fomentar la producción agrícola ecológica. En Cataluña también lo estamos haciendo; es decir, que lo hayan hecho unos u otros no debería ser un elemento para excluir ningún tipo de actuación. Por tanto, recuperemos todo aquello, pongamos sobre la mesa lo ya realizado.

En definitiva, creo que puede deducirse que la labor realizada ha sido positiva y felicitamos al senador Cotillas por ello. Pero, por favor, que estas manifestaciones que se visualizan en la moción no se queden en papel mojado, que haya una actuación decidida y que se puedan implantar estas medidas, que este mandato que transmitimos al Gobierno español sea claro, que ante la importante negociación que es la PAC se hable de agricultura ecológica.

Asimismo me gustaría pedirle que recuerde —y lo voy a hacer en múltiples ocasiones— el social farming; es decir, que la mayor parte de la agricultura social se basa en la agricultura ecológica y de proximidad porque es la única forma de sobrevivir para este tipo de empresas, de negocios o cooperativas. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta. Además, es una forma de arraigar a las personas en su territorio, que quieren un territorio equilibrado, y tenemos que lograrlo entre todos —la Administración central y las administraciones autonómicas y locales—. Así pues, avancemos todos a una.

Me parece que ya hemos fijado una hoja de ruta, todos hemos alcanzado un consenso y que, en esta ocasión, aquellos que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería en esta Cámara estamos progresando adecuadamente. Espero que esto no caiga en saco roto sino que se convierta en una actuación continua y que alcancemos estas condiciones para ofrecer todo el apoyo necesario a la agroindustria ecológica, que es lo que todos deseamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de nada quiero manifestar mi agrado por la transaccional que se ha alcanzado —debe ser que hablar de agricultura y de buena alimentación nos pone a todos de buen humor porque prácticamente todos los portavoces estamos de acuerdo.

Se ha hablado de cifras y, hasta la extenuación, de la importancia que la agricultura y la ganadería tienen para el sistema productivo español, no solamente porque generan empleo y riqueza sino porque fijan la población en el territorio —el despoblamiento de los núcleos rurales es un problema enorme, que va creciendo en España—, estructuran el territorio —son actividades difícilmente deslocalizables— y constituyen una reserva de materia prima de enorme valor para la seguridad alimentaria de nuestro país.

Pero es que la agricultura y la ganadería ecológicas en nuestro país no solamente son las mejores de la Unión Europea sino que son muy poco conocidas en nuestro país. Es decir, producimos un volumen cada vez mayor, generamos cada vez más empleo en la agricultura y la ganadería ecológicas y en sus industrias de transformación y, sin embargo, todavía tenemos el problema de que sean mucho más y mejor valoradas fuera, concretamente en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, que en España. Por tanto, es una actividad económica que en España no ha tocado techo, que sigue creciendo exponencialmente en los últimos años —ya




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se ha hablado aquí de los planes de apoyo que se aprobaron en la anterior legislatura y que es necesario que se continúen—.

Pero también es necesario afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector ecológico, y uno de ellos, como acabo de mencionar, es el escaso conocimiento y, por tanto, el escaso consumo que estos productos tienen en el mercado nacional. Por ello, algunas de las propuestas que se han incluido en los epígrafes están encaminadas precisamente a reforzar la presencia de este tipo de alimentos en los mercados nacionales y en las distribuidoras internacionales. Es verdad que muchas veces no son suficientemente valorados y apreciados porque hay una enorme confusión con la catalogación de este tipo de productos. Cuando uno va a comprar al mercado se encuentra con productos naturales, biológicos, artesanales, frescos, saludables, y eso genera una enorme confusión en el consumidor, que no acaba de entender las diferencias que hay entre unos y otros. Por ello, es bueno que se apueste por el logotipo, por el eslogan que se ha elegido en la Unión Europea para apostar por la agricultura ecológica.

Un segundo problema que se recoge, o, al menos, se esboza su solución en la enmienda transaccional que vamos a apoyar, es la necesidad que tiene el sector de poner en valor las consecuencias positivas que tiene para los ciudadanos. Son alimentos seguros, son alimentos que además tienen un efecto beneficioso sobre el medio ambiente puesto que no utilizan en su producción sustancias sintéticas, sustancias químicas como pueden ser plaguicidas o herbicidas, y, por tanto, tienen un efecto beneficioso para el medio ambiente y, sobre todo, para la lucha contra el cambio climático.

Podíamos continuar hablando de las bondades de la agricultura y la ganadería ecológicas en España y de la importancia que tienen en cuanto a la creación de empleo —es especialmente importante en estos momentos, puesto que España ya se dirige prácticamente a los 6 millones de parados—. Esta puede ser también una buena alternativa o solución para dar empleo a personas jóvenes que deseen asentarse en el territorio, en el medio rural.

En definitiva, señorías, apoyamos la enmienda transaccional a la moción que ha presentado el Grupo Popular. Pensamos que desde su inicio hasta ahora se ha mejorado enormemente y que recoge básicamente los principales problemas que tiene el sector. Lo importante a partir de ahora es que hagamos un seguimiento de cada uno de los epígrafes que componen la moción.

Por tanto, señorías, agradecemos el trabajo que se ha hecho entre todos. Agradecemos también al grupo proponente, al Grupo Popular sobre todo que haya aceptado el espíritu general de la enmienda de sustitución que planteó el Grupo Parlamentario Socialista, que espero que cuente con el mayor respaldo de la Cámara. La agricultura y la ganadería ecológicas son un sector agroalimentario en expansión que requiere el apoyo para que España siga siendo líder en este sector. Por cierto, y dentro de España, Andalucía y después Cataluña son las comunidades autónomas que más agricultura y ganadería ecológicas tienen. Por tanto, aunque sea egoístamente, también es una moción que interesa mucho a mi comunidad autónoma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, decía la senadora Coves en su primera intervención que le sorprendía que el Grupo Parlamentario Popular hubiera presentado una moción sobre agricultura ecológica. Le quiero decir, con todo el cariño y todo el respeto, que no debería sorprenderse, o que se seguirá sorprendiendo con las propuestas que el Grupo Parlamentario Popular va a traer a esta Cámara, porque no nos conoce bien. El Grupo Popular está en el terreno, está con los sectores, está con los ciudadanos, conoce sus problemas porque los vivimos, conoce también sus ilusiones y sus deseos porque nos los cuentan, y conoce lógicamente el resultado de sus esfuerzos porque, como digo, está allí con ellos, en el territorio. Por lo tanto, realmente nos sentimos lo que debemos ser y lo que somos, sus servidores y también sus representantes. El Grupo Popular ya ha traído a esta Cámara en esta legislatura —con modestia, pero es así— algunas propuestas en materia agrícola —unas a este Pleno, otras a la Comisión de Agricultura del Senado—, en las que no nos hemos centrado en aquella parte del sector agroalimentario que más beneficios produce, que más




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personas mantiene en el empleo o que más sale adelante por sí misma. Nos hemos encargado de traer a esta Cámara, de traer aquí, al centro de Madrid, al debate en la sede parlamentaria donde están muy presentes los territorios, a aquellos colectivos, a aquellos sectores, aquellas propuestas que pueden beneficiar a quienes menos visibles están, a quienes más dificultad tienen para encontrar los mercados, a quienes más dificultad tienen para mantener su vida en el medio rural, a quienes más problemas se les pueden plantear para seguir haciendo lo que hacen muy bien.

Hoy hablamos de agricultura ecológica, pero hemos hablado de protección de las razas autóctonas en el ganado; tenemos mociones relativas a la castaña o a la economía agraria en la montaña. Por lo tanto, estamos con los ciudadanos en aquello que les preocupa.

Tenemos una idea muy clara de cuál es nuestra actividad política, la nuestra y la del Gobierno de España: ayudar a los españoles a salir de la crisis, además, garantizando un mayor bienestar para todos, independientemente del lugar en donde vivan, independientemente de que lo hagan en la ciudad, en la gran urbe o en el mundo rural, en ese mundo en el que todavía en muchos aspectos sigue estando aislado, sigue teniendo mayores dificultades para subsistir pero que es fundamental para fijar la población, para mantener cohesionado el territorio, para mantener nuestras tradiciones, para mantener nuestra cultura y para mantener también una economía real, sostenible y sostenida en el tiempo. Eso es lo que entendemos que está haciendo la agricultura ecológica, la agricultura tradicional: volver a los orígenes. Si hablamos con muchos de los agricultores y ganaderos de nuestros territorios de poner adjetivo a su actividad, nos dicen que realmente no les aporta ni mucho ni poco, generalmente les proporciona discusión, debate y problemas; que propongamos medidas, soluciones que les ayuden a hacer mejor su trabajo, con más calidad, a obtener mayores recursos y, por lo tanto, mayor fruto de su esfuerzo y de su dedicación.

En el territorio del que yo vengo, Castilla-La Mancha, la agricultura ecológica ha crecido de manera exponencial —somos la segunda comunidad en extensión en materia de agricultura ecológica de toda España, la primera si eliminamos la parte que tiene que ver con la ganadería extensiva, con la parte dedicada al sector forestal y del ganado—. ¿Por qué está creciendo? Porque hay ayudas de la Administración, porque esas ayudas de la Administración ahora llegan, ahora las cobran y, por lo tanto, los agricultores no se ven ahogados financieramente; porque, además, se dan unas circunstancias climatológicas del terreno que permiten obtener una mayor rentabilidad en el sector ecológico —por ejemplo, en el secano y en producciones como pueden ser la vid o el olivar— que en otras. El haber ampliado, el haber introducido el sector de agricultura ecológica, más allá del sector hortofrutícola, en sectores como el vino, el aceite, la ganadería, evidentemente está generando una mayor oportunidad de riqueza, una mayor oportunidad de empleo y una mayor oportunidad de permanencia en nuestro territorio. Sigue siendo un sector modesto en cuanto a los números, en cuanto a las cifras —el 3% de la población se dedica a él, 30 000 trabajadores, pequeñas y medianas empresas, agricultores a título principal—, pero sigue siendo un ejemplo de algo que el Grupo Popular hemos dicho siempre y seguiremos diciendo, y es que nuestros agricultores, nuestros ganaderos son los primeros interesados en mantener su entorno, en mantener el lugar donde viven, en mantener el lugar donde trabajan, en hacerlo productivo pero para siempre, con sostenibilidad, en el tiempo. Por ello son los primeros que están adaptando su actuación a dos ideas: una, al mantenimiento del suelo, al mantenimiento de los niveles de agua, al mantenimiento de la estructura rural y, al mismo tiempo, lógicamente, a atender la demanda de productos, que cada vez es mayor. He aquí la dicotomía entre alimentar una población creciente que necesita cada vez una producción más intensiva y, al mismo tiempo, producir de una manera que genere más calidad, aunque menos producción, que genera, por lo tanto, un valor añadido en la calidad y no tanto en la producción.

El mayor problema que nos comentan siempre es su visibilidad, la búsqueda de canales de comercialización, hacerse visibles para el consumidor, que el consumidor entienda lo que producen, cómo lo producen, sus ventajas y, por lo tanto, también el valor añadido de consumir. Y eso es lo que pretendíamos hoy con esta moción que ha generado este debate y que ya por eso es importante.

Pero, además, quiero agradecer a los grupos parlamentarios sus propuestas que demuestran claramente que cuando el Grupo Popular tiene la pretensión —siempre— de ayudar a los ciudadanos lo hace no desde la verdad absoluta sino escuchando a los demás, y que cuando




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ustedes presentan propuestas que suman, el Grupo Popular está abierto a aceptarlas, a integrarlas, a hacerlas suyas y transmitirlas al ministerio. Y, si vuelven ustedes a leer las intervenciones del señor ministro en el Diario de Sesiones en esta Cámara, comprobarán que en la hoja de ruta del ministerio tiene una importancia fundamental todo lo que es poner la agricultura en el debate político, todo lo que es poner la agricultura en el primer nivel de la acción política, todo lo que es conseguir los mejores resultados en las negociaciones en Europa para nuestros agricultores. Y en todo ese todo entran aquellos sectores más incipientes, aquellos sectores que tienen más dificultad y aquellos sectores que todavía son modestos en la producción agropecuaria como puede ser la agricultura ecológica.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios, menos por el Grupo Mixto, a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 239; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.4. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE LOS CARBURANTES EN ESPAÑA.

(Núm. exp. 662/000044)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.4. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa del senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo de quince minutos, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quería comenzar mi primera intervención... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Alique.

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Cuando quiera.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención felicitando al pueblo americano, al pueblo de los Estados Unidos, que ayer votó y, sobre todo, y de manera muy especial, al presidente Obama, que revalida su mandato, su Presidencia, lo cual creo que es bueno no solo para el pueblo americano sino también para la Unión Europea, y para que sepamos que no solo con austeridad sino fundamentalmente con políticas de estímulo al crecimiento se sale de la crisis y se crea empleo, como está haciendo el presidente Obama en los Estados Unidos.

Señorías, durante el pasado mes de octubre, como ustedes conocen, se emitieron dos informes: uno por la Comisión Nacional de la Energía y otro por la Comisión Nacional de la Competencia. Ambos tenían un denominador común, y era poner de manifiesto la opacidad, la falta de competencia y las ineficacias que caracterizan al sector de los carburantes de automoción en España. Esta circunstancia ya por sí sola exige que el Gobierno actúe para defender el interés general, pero, máxime en un momento como en el que nos encontramos, se necesita una




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respuesta urgente; un momento en el que el maltrecho bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores y también de la precaria competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, de los autónomos, están siendo profundamente dañados por el elevado coste de los combustibles. Tanto es así que, precisamente, el coste de los carburantes es una de las principales causas de la alta inflación que está padeciendo la economía española, incluso antes de que se dejara sentir la injusta subida del IVA que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular a partir del día 1 de septiembre. (Por cierto, el precio de los combustibles en España es de los más altos de Europa antes de impuestos.)

Quizás convenga recordar que los carburantes de automoción no son un artículo de lujo, sino un factor de primera necesidad para las actividades económicas y para la movilidad de las personas, hasta el punto de que para las economías domésticas representa el coste de los carburantes un 4,41% sobre el gasto total familiar, es decir, unos 1300 euros anuales.

De todo ello dan buena cuenta los informes a los que he hecho referencia, dos informes que focalizan la ausencia de eficiencia competitiva del sector de los carburantes de automoción como la principal causa de los elevados costes que tienen que pagar los consumidores y las empresas. Más concretamente, ambos organismos señalan que uno de los principales orígenes de este problema es el poder significativo de mercado que tienen los operadores con capacidad de refino para el aprovisionamiento del carburante tanto en el segmento mayorista como en la distribución minorista a través de las gasolineras.

Señorías, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía subrayan que precisamente los tres grandes operadores —Repsol, CEPSA y BP— dominan el sector en su conjunto por tres motivos fundamentales: en primer lugar porque tienen el control sobre la producción nacional a través de sus refinerías, hasta el punto de que su capacidad de producción —señala Competencia— les permite aprovisionar hasta el 90% del gasóleo y prácticamente el cien por cien de la gasolina. Y eso significa que las importaciones apenas tienen un reflejo en los precios finales. En segundo lugar porque estos tres grandes operadores ejercen una importante influencia sobre una empresa que es CLH, encargada del almacenamiento, distribución y transporte de los carburantes a través precisamente de su participación en sus órganos de control y en su accionariado. En tercer lugar porque estos tres grandes operadores son los propietarios de la mayoría de estaciones de servicio. Entre estos tres operadores controlan 6 de cada 10 puntos de venta y 7 de cada 10 litros que se venden al público. Eso —dice Competencia— explica la linealidad de precios en la venta al público.

En definitiva, señorías, y teniendo en cuenta estas circunstancias, cabe preguntarse —como han hecho estos dos organismos que he citado— qué es lo que ha conducido a ello y qué hay detrás precisamente de esta insuficiente y preocupante falta de competencia y de dominio de unos pocos operadores. Son precisamente estos dos informes los que dan una respuesta clara a esta pregunta y es la siguiente: que hay una existencia de pocos oferentes y también la existencia de una intensa concentración empresarial que tiene su origen en importantes barreras de entrada en los sectores del refino y de las gasolineras. Les doy un dato: no se pone en marcha una refinería desde los años setenta —el siglo pasado—, a pesar de que ha habido peticiones.

Señorías, estos dos informes de estos dos organismos abren un debate sobre la existencia o no de presuntas prácticas contrarias a la competencia en el sector de los carburantes. En otro informe, la Comisión Nacional de la Competencia da una respuesta a esta pregunta. Dice que, en efecto, independientemente de cual sea el comportamiento de estos operadores, las características estructurales del mercado de los carburantes en España facilitan situaciones restrictivas de la competencia. Este es el problema, un problema respecto del cual el Gobierno no puede mirar para otro lado ni hacer tampoco de don Tancredo, sino muy al contrario, tiene que tomar una decisión y dar una respuesta urgente porque es el Gobierno el que tiene la competencia para ello. Porque, según explican estos organismos, esta situación permite que estos tres grandes operadores disfruten de unas ventajas sustanciales con respecto del resto de otros operadores. Les daré otro dato: entre los tres controlan el 75% de la cuota de mercado. Es un porcentaje excesivamente alto, máxime si tenemos en cuenta lo que ocurre en los países de nuestro alrededor, y les cito un ejemplo, el caso de Italia, que entre los tres principales operadores no llegan a controlar ni siquiera el 50% del mercado.




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Señorías —y esto es importante—, no parece de recibo que unos pocos, muy pocos, estén haciendo caja a costa de millones de consumidores y de empresas, especialmente de pymes y de autónomos, máxime en una situación tan grave como la que estamos sufriendo, en cuyo contexto es claramente injustificable e incomprensible no ya el precio alto de la gasolina y del gasóleo, sino, y sobre todo, los excesivos y crecientes márgenes que tienen los operadores en España con estos productos.

La propia Comisión Nacional de la Competencia recuerda en este sentido que precisamente desde el inicio de la crisis —desde el año 2007— han incrementado sus márgenes de beneficio hasta un 20%, muy por encima de sus homólogos europeos. Y todo ha ocurrido no solo partiendo de niveles previos mucho más altos que los que presentan otras economías de nuestro entorno, sino también compatibilizando estas subidas o incrementos en los márgenes de beneficios con las importantes caídas de la demanda, incluso llegando al 20% de caídas de ventas.

Señorías, la suma de todas estas circunstancias no hacen nada más que acentuar la sospecha de que su capacidad para influir en el precio de los carburantes ante la ausencia de competencia les permite intentar compensar, y yo diría más que compensar, las caídas de ventas con aumentos injustificados y tremendamente perjudiciales para el conjunto de la economía, para los precios. Esta actitud, no solo poco eficiente desde el punto de vista económico, sino también tremendamente insolidaria desde el punto de vista de la economía social, está contribuyendo a que se produzca un deterioro permanente en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en la competitividad, como he dicho anteriormente, de las empresas, especialmente de las pymes y de los autónomos, y esto, sencillamente, es inaceptable en unos momentos de crisis económica en los que crece el paro, crece la recesión, aumenta el Gobierno los impuestos, las tasas, los precios públicos, se recortan prestaciones sociales, se aplican políticas de rebajas de salarios, y todo ello favorecido por las políticas neoliberales y antisociales del Partido Popular.

En definitiva, la carestía de los carburantes y esa falta de competencia suponen un deterioro en términos de demanda y de competitividad que estos dos organismos dicen que hay que ponerles pies en pared, es decir, que hay que poner punto final. Por eso le proponen al Gobierno, que es quien tiene la competencia en materia de planificación y de regulación básica en el sector de los hidrocarburos y también de ordenación de la economía, 23 medidas precisamente para fortalecer la competencia, y las proponen no solo en el segmento mayorista sino en el segmento también minorista, y además le aconsejan estos dos organismos que se hagan de manera simultánea para que sean efectivas. Es decir, propone dar una solución global para resolver problemas como, por ejemplo, romper las barreras existentes y facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio en hipermercados, centros comerciales o autopistas, y aquí les vuelvo a dar otro dato. Un país como Francia tiene un 60% de sus estaciones de servicio en centros comerciales grandes o medianos, y en España solo tenemos un 3%. Eso hace que no se favorezca, como sí ocurre en Francia, que se dinamice la competencia y que se compita por los precios. En segundo lugar, para abrir el mercado y para fomentar la trasparencia. ¿Cómo? Revisando la duración máxima de los contratos de suministro en exclusiva que tienen los grandes operadores con muchas estaciones de servicio y también prohibiendo a las petroleras que pueden aconsejar precios a las estaciones de servicio. En tercer lugar, rompiendo las barreras que existen y facilitando la entrada en el sector del refino para facilitar el aprovisionamiento del carburante a otros operadores. Y para finalizar, regular y controlar la actividad de CLH y desarrollar un régimen de incompatibilidades para los órganos de gobierno de esta compañía y limitar también la participación en el capital por parte de las grandes operadoras, así como su derecho a voto.

Estas son algunas de las recomendaciones que merecen una reflexión serena pero, sobre todo, una respuesta urgente por parte del Gobierno, porque hay dos cosas que están claras. La primera, que la distribución de carburantes en las estaciones de servicio en España presentan de media unos precios muy altos, más elevados que la media de la Unión Europea antes de impuestos, y en segundo lugar, que la evolución de los márgenes brutos de distribución a corto y medio plazo indican que es propio de un mercado poco competitivo. Y precisamente tener un mercado poco competitivo y al mismo tiempo tener unos precios elevados es esa la consecuencia, es decir, que se tienen precios elevados de los carburantes porque precisamente es un mercado prácticamente cerrado para otros operadores. Y en este sentido hay que actuar y hay que actuar ya, y por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista apelamos al consenso, apelamos al trabajo




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en el Parlamento, en este Cámara, para crear una ponencia para que en un plazo breve de tres meses estudie precisamente las propuestas de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, y lo que es muy importante, para que escuche a todos los afectados, no solo al sector del carburante, sino también al sector de los transportistas, a los consumidores, en definitiva, a todo aquel que tenga algo que decir, y además que se haga, ¡fíjese!, con la participación del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Creemos que es importante que en esa ponencia participe el Gobierno, ¿para qué? para determinar las líneas maestras de las reformas que se deben efectuar con el mayor consenso político de los grupos parlamentarios. El objetivo no es otro que el precio de los carburantes no siga siendo un lastre para, como he dicho anteriormente, el poder adquisitivo de los ciudadanos y para la pérdida de competitividad de nuestras empresas, de manera muy especial para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Y finalizo. Y con esto también devolver al mercado de los carburantes a la senda de la competencia que nunca ha debido ni debe abandonar.

Por eso, señorías, les pido el apoyo a esta moción que creo que es constructiva, que no adelanta ninguna propuesta, pero que cree que esa ponencia puede estudiar las propuestas que tenga que poner en marcha el Gobierno para resolver esta grave situación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el senador Martínez Oblanca del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Como certeramente señalaba el senador Alique en su intervención, debería preocuparnos este asunto de los precios de la gasolina y del gasóleo dado que es un tema que tiene enorme impacto y repercusión en las economías familiares, en el sector del transporte, en la industria, en la agroganadería, en las pymes, en el turismo, en el comercio y en todo lo referido a la sociedad en su conjunto.

Hace un mes y medio tuve oportunidad de formular en el Pleno del Senado una pregunta al ministro de Industria, Energía y Turismo sobre el abusivo incremento del precio de los carburantes producido en las fechas veraniegas con récords históricos. La misma tarde que el ministro, señor Soria, respondió a mi iniciativa, se reunió con representantes de las petroleras para que, según sus propias palabras, procedieran a un ajuste de precios, pero la cruda realidad es que, tras muy ligeras oscilaciones, los surtidores han vuelto a alcanzar puntos próximos al récord de precio durante el mes de octubre, y por eso creo que es muy oportuno que se hable de nuevo en el Parlamento sobre este asunto.

Nuestra enmienda de adición respeta el texto propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en su moción, pero incorpora dos nuevos puntos que a nuestro criterio son materia especial de la acción de gobierno y también son claves para comprender una parte de la escalada feroz del precio de los carburantes en España que grava y agrava el bolsillo de los ciudadanos. A nosotros nos resulta tan incomprensible como peculiar que frente a las clarísimas recomendaciones y advertencias que desde hace años vienen formulando la Unión Europea y nuestra propia Comisión Nacional de la Competencia, otra Comisión Nacional, en este caso la de la Energía, cuya función es decisiva en el tema de los carburantes, no se haya puesto en el lugar de los consumidores, con lo cual en España tenemos que sufrir unos precios abusivos producto de un oligopolio que ha encontrado amparo y protección precisamente entre quienes deberían defender sobre todo y por encima de todo los intereses de los ciudadanos. La pregunta que cabe formular ante esta escalada de precios es la siguiente: ¿Quién defiende al consumidor de la voracidad de unas petroleras que acaparan más del 70% del mercado en España? Aquí no existe la competencia, no existe ahora ni tampoco se ha permitido que existiera desde que hace más de cinco años se empezase a alertar, a través de informes concluyentes, sobre la inexistencia de competencia, lo que arrastraba a abusivos precios e incrementos de los precios de la gasolina y del gasoil. Por eso en Foro creemos que hay que darle un repaso y una actualización a la Ley del Sector de Hidrocarburos del año 1998, y en todo caso apremiar a la Comisión Nacional de la Energía para que se ponga de parte de los intereses de los ciudadanos, de los consumidores, y no se haga el longuis ante este atropello consentido cada vez que un consumidor doméstico o profesional acude a un surtidor.




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Cada reportaje penaliza a las economías familiares, arrastra a transportistas, agricultores y pescadores, lastra la competitividad de nuestra industria, y todo ello merma las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo en un país que galopa dramáticamente hacia los seis millones de parados.

El Gobierno tiene también una cuota importante de responsabilidad en el actual encarecimiento de los precios de los carburantes. El clamoroso incumplimiento de los compromisos electorales del PP y de investidura de Mariano Rajoy ha llevado a la subida del IVA el pasado 1 de septiembre del 16 al 21%, que también se ha aplicado a los carburantes, incluso a los impuestos estatales sobre consumos específicos e igualmente a los impuestos autonómicos que ya repercuten en los consumidores de algunas comunidades, como es el caso de Asturias. Resulta que el propio ministro de Industria, Energía y Turismo califica los precios de inasumibles y desproporcionados. Entonces el Gobierno ¿a qué se dedica para corregirlo? Porque cada vez que un conductor se acerca a la gasolinera en España se está produciendo un acto inasumible y desproporcionado en definición del mismísimo ministro del ramo.

Algo más que circunloquios ministeriales de Pasapalabra está obligado a hacer el Gobierno, y por eso también nosotros le instamos en nuestra enmienda a que aplique ya medidas de naturaleza fiscal que rebajen el precio final de los carburantes, singularmente incrementados tras la subida del IVA en el 5% realizada el pasado 1 de septiembre. Si eso supone descenso alguno sobre la recaudación de Hacienda, nuestra enmienda reclama que ese impacto se traslade sobre los beneficios de las operadoras del oligopolio español.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

El Foro Asturias ha presentado una enmienda y, efectivamente —he tenido ocasión de hablar con el señor Martínez Oblanca—, comparto plenamente lo que dice. Ya le he explicado que el hecho de no admitirla no tiene que ver con su contenido, sino porque creo que, desde el punto de vista formal, desfiguraría la propuesta original y adelantar propuestas concretas. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta moción para crear una ponencia de estudio sobre el mercado de los carburantes, con el objetivo de facilitar el consenso de todos los grupos políticos sobre una moción que pretende, ya digo, crear esa ponencia para estudiar un tema de actualidad —de mucha actualidad— sobre el que urge tomar una decisión de manera urgente, sobre todo después de conocer esos informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre todo cuando ellos mismos concluyen que es precisamente la falta de competencia la que hace posible que tengamos precios elevados antes de impuestos, en España, más caros que el resto de la Unión Europea o que una buena parte de la Unión Europea, y que haya márgenes de beneficios de los operadores en España muy superiores a los de sus homólogos en el resto de Europa.

Todo esto perjudica claramente al poder adquisitivo de los ciudadanos y perjudica claramente a la competitividad de las empresas —de las pequeñas y medianas empresas— y de los autónomos. Las propias asociaciones de transportistas nos han dicho que ha subido de un 30 a un 40% lo que supone el gasóleo en el coste de explotación de este tipo de empresas, lo cual es muy grave y hace que peligre el futuro de las mismas, sobre todo porque una de las cosas que van bien en España, que son precisamente las exportaciones, dependen en una buena parte también del transporte por carretera.

En segundo lugar, esta moción, que pretende ser constructiva y que no debería contar con el rechazo de nadie, también pretende poner en valor a esta Cámara y la utilidad de los senadores en un trabajo sobre el estudio de una situación de actualidad y de necesidad de resolver, como es el precio de los carburantes. Por eso yo creo que si el grupo mayoritario, el Partido Popular, como me ha adelantado, dice que no, sería, sinceramente, incomprensible, sobre todo porque la moción también es muy respetuosa.

Fíjense, no adelanta propuestas —ya lo he dicho—; tiene como objetivo el estudio, y de ese estudio las propuestas, y lo que pretenden es el consenso de los grupos parlamentarios. Pero no




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se queda ahí, también quiere que participe el Gobierno como último que tiene que tomar la decisión en esa ponencia, y tampoco se queda ahí, lo que pretende es que se escuche a todo el que tenga que decir algo, no solo al sector de los carburantes, sino también que vengan los transportistas y que vengan también los consumidores.

Por tanto —y termino—, esta ponencia tiene como objetivo estudiar, tiene como objetivo escuchar y tiene como objetivo proponer las líneas maestras de lo que debe ser una reforma en toda regla para que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas y los autónomos no sufran estos precios elevados de las gasolinas, de los gasóleos, de los carburantes, y para que no se siga perdiendo competitividad por parte de las empresas, y de manera muy especial, de las pymes y de los autónomos. Pero la decisión final de aprobar o no esta moción la tendrá lamentablemente el Grupo Parlamentario Popular, que es el mayoritario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una moción sobre el precio de los carburantes que toma como base el informe reciente de la Comisión Nacional de la Competencia. Yo celebro muchísimo que el Partido Socialista haga caso al fin, en 2012, a un informe de dicha comisión en el que se ponen de manifiesto las consecuencias del oligopolio del mercado de los carburantes de automoción en España.

Se han perdido, eso sí, más de tres años desde que la comisión elaborase un primer informe en el que con claridad meridiana se señalaban varias recomendaciones —cinco para ser más concreto—, dirigidas principalmente a las administraciones públicas y al Poder Legislativo. Durante todo ese tiempo ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni el Grupo Parlamentario Socialista que lo apoyó, tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, hicieron otra cosa que ignorar este primer y concluyente informe, así como los que posteriormente elaboró esa misma Comisión Nacional de la Competencia, constatando lo que es un atropello para los consumidores de gasolina y gasóleo en España, y que tiene una incidencia total en la economía de todos los ciudadanos.

Hoy, con un Partido Socialista que tras los resultados de las elecciones autonómicas y generales de 2011 ya no tiene capacidad significativa en la mayoría de las administraciones públicas, ni en el Congreso ni aquí, en el Senado, los socialistas exhiben la necesidad de aplicarse en combatir a las petroleras y reclaman rapidez y eficiencia al Gobierno para introducir de forma progresiva la competencia en el mundo de los carburantes. Bienvenidos al club.

Con absoluta seguridad muchísimos españoles agradecerán al Grupo Parlamentario Socialista que ahora manifieste ese gran interés por introducir la competencia en el mercado petrolero de nuestro país, aunque supongo que esos mismos españoles se preguntarán por qué no movieron ustedes un dedo en estos años en los que tuvieron amplísima capacidad parlamentaria para legislar y adoptar medidas ejecutivas para corregir el oligopolio de los carburantes que ha llevado a los precios históricos de récord en la gasolina y el gasóleo.

Y ese es el drama contradictorio que ha hecho y hace que los políticos y la política sea hoy una actividad denostada por nuestros conciudadanos. La contradicción, el mensaje de quita y pon sobre un mismo tema dependiendo de si se está en el Gobierno o en la oposición. Ustedes, los socialistas, reclaman ahora exactamente lo mismo que despreciaron durante toda la pasada legislatura, y es oportuno recordar que en este mismo asunto de los carburantes el Partido Popular trató inútilmente desde la oposición de hacer valer los argumentos, los razonamientos y las recomendaciones que se recogen en los diferentes informes de la Comisión Nacional de la Competencia.

Incluso en el verano de 2008, en julio, Mariano Rajoy propició una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados ante la crisis generada por las subidas de precios de los carburantes: julio de 2008, comparecencia del señor Rodríguez Zapatero a instancias de ochenta diputados del Partido Popular.

¿Y qué hace ahora el Partido Popular, que está gobernando y a punto de celebrar el primer aniversario de su victoria electoral? Pues no ha hecho nada para propiciar la entrada de la




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competencia en el mercado petrolero español y la bajada de los precios de los carburantes. Al revés, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno se ha superado el récord histórico en los surtidores de combustible para la automoción, y contrariamente a lo que figura en su programa electoral y en sus compromisos de investidura, se han subido los impuestos y nada menos que un IVA del 21% repercute hoy en el precio final de los carburantes.

Cuando Rajoy se quejaba en el año 2008, el IVA estaba en el 16%; hoy está en el 21%, eso sí, tenemos al ministro del ramo quejándose por las esquinas de las petroleras, pero sin tomar medidas efectivas. Tal parece que se trata de ganar tiempo anunciando que se están estudiando medidas de naturaleza impositiva, que se están analizando los llamados contratos de abanderamiento o que se está pendiente del resultado de reuniones con los responsables de las compañías que operan en este sector y que acaparan más del 70% del mercado. Pero la realidad para el ciudadano que se acerca a un surtidor para repostar es que los precios por disparatados son disuasorios, hasta el punto de que hay un derrumbe en el consumo de carburantes, con una caída del 6,3% en los nueve primeros meses de este año y que en septiembre, en el mes en el que entró en vigor el 21% de IVA, se produjo un descenso histórico en el consumo, con un 13,6%. Otro logro ruinoso de la política impositiva de Rajoy y de Montoro, contraria a su propio compromiso electoral y como se ve de efectos demoledores para la propia Hacienda pública española.

La moción va a contar con mi voto favorable, más que nada porque entre la inacción del Gobierno y la actividad parlamentaria, me quedo por supuesto con la ponencia, aunque tengo todas las dudas del mundo sobre sus resultados a efectos prácticos para que los ciudadanos no seamos atracados como secuela de un oligopolio inaceptable. Lamento que el autor de la moción, el senador Alique, no haya aceptado mi enmienda, pero como seguro que hablaremos en más ocasiones de los precios de los carburantes, seguiremos intentándolo.

Me sorprende negativamente que se anuncie el rechazo del Grupo Popular, lo que supondría una formidable pirueta política para justificar exactamente lo contrario de lo que reclamaban en la pasada IX Legislatura por la vía de la iniciativa parlamentaria extraordinaria y encabezada por el propio Rajoy. Resultaría además incongruente porque esta renuncia clamorosa del Grupo Popular a esa postura política de estos años pasados supondría también el bloqueo de una iniciativa parlamentaria que propone que los senadores se preocupen, se ocupen y trabajemos en una ponencia parlamentaria a estos efectos.

Creemos que una Cámara representativa como es el Senado tiene que ejercer en este tema de los carburantes toda su capacidad para orientar al Gobierno y hacerlo además con urgencia, porque a la paradoja de los dos grandes partidos cambiándose los papeles en función de si están en el Gobierno o si están en la oposición, se suma la perplejidad que causa un Gobierno que por boca de sus ministros —el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos— llevan dos meses quejándose del elevado precio de los carburantes en España, dos meses desde aquello de precios inasumibles y desproporcionados y así seguimos, y tiene toda la pinta de ir para muy largo.

El Gobierno está en la obligación de explicar por qué si en España tenemos los mismos aprovisionamientos y las mismas tecnologías que en otros países de nuestro entorno, aquí los ciudadanos españoles pagamos unos precios finales de los más caros de Europa. Y, naturalmente, el Gobierno está en la obligación de corregir esos precios de la gasolina y del gasóleo si los considera desproporcionados e inasumibles, pero corregirlos con urgencia, porque cada día que pasa es un día que penaliza a consumidores, transportistas, agricultores, ganaderos, a nuestra industria, a las economías familiares y a toda España.

No estamos ante un problema exclusivamente de regulación administrativa de los precios, estamos también ante una Comisión Nacional de la Energía que lleva años inhibida en el atropello a los consumidores que supone el oligopolio de los operadores españoles.

Esa comisión se ha creado para defender los intereses de los ciudadanos y no está cumpliendo de forma efectiva la función para la que fue creada. Por eso, el Senado debería ir mucho más allá de una ponencia de estudio, mucho más allá, y actuar con mucha más urgencia; aunque es de reconocer que esta moción del Grupo Parlamentario Socialista propone unos plazos ciertamente breves para lo que se estila en los trabajos parlamentarios. Aun así, cada día que pasa, cada hora, cada vez que un consumidor, un conductor o una empresa acude a un surtidor se está produciendo un atropello amparado y consentido que merma la capacidad económica de los españoles,




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penaliza nuestra competitividad y añade un lastre adicional a nuestra industria, incapaz de competir en los mercados internacionales, a los que acude en clara desventaja. De ahí a la deslocalización o al cierre, solamente hay un paso.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra la señora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko, egun on senatariok.

Nik uste dut errekinen inguruan hitz egiten ari baino, ari garela energiari buruzko hausnarketa bat, oso sendoa, egiten, errekinak direla-eta. Lehiakortasuna, esaten ari gara gure ekonomiak lehiakorra behar duela izan. Lehiakortasuna izan ahal izateko, kosteak jaitsi egin behar dira. Batzuetan esaten dugu enplegua ere nolabait, flexibilitatea edo behar duela, baina ez diogu horrenbeste garrantzia ematen errekinari edo energiari.

Gure talde honek askotan, nik uste dut, betiko kantinela horretan esaten ari gara energiaren kostua handiegia dela gure Estatu honetan. Europako batez besteko prezioaren gainetik ari gara, garestiagoa da hemengo errekina, eta benetan ulergaitza da ze ikasi izan dugunean eskaera eta eskaintzaren legearen oinarria, bada konturatzen gara eskaera gutxitzen denean, eskaintza asko dagoenean, prezioak jaitsi egiten direla. Baina Espainian ez. Espainian argi dago ekonomiak behera egin duela, jarduera asko galdu egin dela, baina prezioak ez dira jaitsi, igo egin dira. Orduan, non dago lege hori? Eskaintza eta eskaeraren arteko lege hori. Hemen badirudi lege horrek, kasu honetan, ez duela inongo eraginik izan.

Beste aldetik, esaten ari gara eta aurretik hitz egin duten senatariok esan dute, bada PYMES edo txikiak edo ertainak diren enpresen kontra eta baita ere hiritarren aurka. Nik esango nuke hau dela ekonomiaren hanka bat, beste zutabe bat, baina ez bakarrik PYMES edo hiritarrena, badirudi txikiaren aurkakoa; bai dala, baina azken batean da gure ekonomiaren aurka. Gure ekonomia dago oinarrituta txiki eta ertainak diren enpresetan eta horiek, halako prezioekin, ez dute ezer irabazten, galtzen. Nik errekinaren atzean ikusten dut beti arrantzale bat, nekazari bat, garraiolari bat, bai, baina halako makroekonomikoak diren kontuetan, bada horiek galdu egiten dira eta multzo hori handia da. Zenbat jendek galdu du lana aspaldi honetan, azkeneko garai honetan? Orduan, lehiakortasuna ez da bakarrik, ekonomiaz hitz egiten dugunean, enpleguaren prekarietate, enpleguaren flexibilitate horretan oinarritu behar. Baita ere hitz egiten dugunean lehiakortasunaz hitz egin behar dugu energiaren kosteaz.

Egia esan, oso gai konplikatua izan da energia. Kasu honetan da ponentzia bat errekinaren inguruan. Bale. Baina energiaren mundu hori, nik askotan eta aitortu behar dut saiatu naizela ikasten, ulertzen, zenbat diren benetan kilowatio baten kostea, zenbat balio duen, zein margenekin ibiltzen den, zenbat kostatzen duen benetan. Ze, klaro, egiten ari gara «deficit tarifario» dela eta ez dela, baina benetan ez dakigu zein margenekin ibiltzen diren halako enpresa handi hauek.

Orduan, nire zalantzak ditut ponentzia bat antolatuta hori ere argituko den. Baina nik uste dut ona dala, batez ere ponentzia bat martxan jartzea, ez bada ezer lortzen ere. Behintzat sentsibilizatuko dugu. Eta zenbat eta sentsibilizazio gehiago, bada lortuko dugu egunen batean, PSOE edo PP boterean egonda, halako organismo bai konpetentziarena, eta bai energiarena, bada jendea sentsibilizatuagoa izatea eta politika benetan egitea. Azkenean, gure edo Estatuaren ekonomiaren alde. Eta ipini beti enpresen interesen aurretik, herriaren interesa. Gure ekonomiaren interesa. Eta azken batez, gure ziurtasunaren interesa. Hemen energiari buruz hitz egiten ari garenian, ez gara sekula jartzen pentsatzen zer nolako garrantzia ziurtasunaren inguruan. Zer garrantzia duen.

Egia esan, beste aldetik ere, oso nahasketa handia dago. Petrolera batek dauzka interesak gasera batean, hidrauliko energiarekin sartuta dagoena erosten ditu eolikoak... orduan ez dakigu azkenean baita ere energia, interes horiek, non hasten diren eta non bukatzen diren. Non dagoen benetan lehiakortasuna eta non ez. Orduan, nik uste dut edozein gobernu batek beharko lukeela halako koadro argi bat eta aurretik ipini herriaren interesa, enpresa handien interesa baino.

Zalantzak agertzen ditut gure taldearen aldetik, honekin zerbait lortuko ote dugun. Baina iruditzen zaigu informazioa dela demokraziaren lehenengo oinarria. Informazio zehatz bat izanda beharbada guk halako operadoreen aurretik ditugun errezeloak ere uxatu egin ditzakegu. Beraz, ez da bakarrik interes politikoa, baita ere interes enpresariala. Hemen hitz egiten ari garen




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operadora batzuk dabiltzala, lehiakortasun-lege horretan ez dabiltzala ondo funtzionatzen, badaudela indikadore batzuk non esaten diguten benetan ez dagoela lehiarik, zeren Europan dauden batez besteko prezioaren gainetik dabiltza, orduan eurentzako da oportunidade bat, baita ere operadoreentzako, esplikatzeko azkenean benetan zeintzuk diren beren politika enpresarialak.

Gure aldeko botoa agertuko dugu hemen eta pena bat da halako oinarrizkoa, zeren ekonomiaz hitz egiten ari garenean, oinarrizkoa den gai batetaz, adostasun hori ez lortzea, bada boterean dagoen, eztakit, taldearen aldetik. Nik uste dut Gobernuari interesatzen zaiola gehien jakitea benetan nola mugitzen diren enpresa guzti horien politika enpresarialak. Eta operadoreei ere interesatzen zaie hau aurrera eramatea, batez ere argitzeko edo garbitzeko beren burua. Baina bueno, pena bat izango da, Partido Popularrak onartzen ez badu ponentzia hau martxan jartzea, eta beste batean izango da.

Eskerrik asko.

Muchas gracias. Buenos días.

Señores senadores, yo creo que en lugar de hablar del asunto de los carburantes estamos haciendo una reflexión acerca de la energía y de la competitividad. Decimos que nuestra economía ha de ser competitiva, pero para poder ser competitivos debemos reducir los costes. Algunas veces nos referimos a que el empleo ha de ser flexible y no damos tanta importancia al asunto de la energía y los carburantes.

En esta eterna cantinela eterna nuestro grupo siempre está diciendo que el coste de la energía es demasiado alto en nuestro Estado. Superamos siempre la media de los precios de Europa. Los carburantes aquí son mucho más caros, lo cual es difícil de comprender. Como sabemos, según la ley de la oferta y la demanda, cuando se reduce la demanda la oferta es mayor y, por lo tanto, los precios se reducen. Sin embargo, en el caso de España esto no sucede. Es evidente que en España la economía se ha reducido y que hemos perdido muchísima actividad, sin embargo, los precios no se están reduciendo sino aumentando. Por lo tanto, ¿dónde está la ley de la oferta y la demanda? Parece que esta ley no funciona o no está influyendo en este caso.

Por otra parte, hemos escuchado decir a varios senadores que las pymes y los ciudadanos están sufriendo las consecuencias. Es cierto que esta es una de las columnas de la economía, pero no solo sufren los pequeños empresarios. Al fin y al cabo, estamos actuando en contra de toda nuestra economía, ya que la misma se basa en el funcionamiento de estas pequeñas y medianas empresas, las cuales no tienen nada que ganar con este tipo de precios sino todo que perder. Cuando nos referimos a este ámbito yo veo siempre al pescador, al agricultor, al transportista, sin embargo, al hablar de este tipo de temáticas macroeconómicas siempre nos olvidamos de todos ellos, cuando es un grupo enorme el que se ve afectado y muchísima la gente que ha perdido su empleo durante estos últimos meses. Por lo tanto, no deberíamos referirnos siempre a la flexibilización del empleo, sino también a los costes que estamos sufriendo.

El asunto de la energía es muy complejo. En este caso se propone una ponencia sobre los carburantes. Confieso que he tratado muchísimas veces de saber, de entender realmente, cuál es el coste del kilowatio, cuánto cuesta y qué márgenes tenemos. Porque, claro, siempre estamos diciendo que es una industria deficitaria, pero no acabamos de saber qué tipo de márgenes manejan estas grandes empresas.

Tengo mis dudas acerca de la organización de esta ponencia. No sé si vamos a conseguir aclarar realmente todos estos aspectos. Pero creo que es positivo, no obstante, el establecimiento de esta ponencia. Aunque no consigamos nada en concreto, podremos lograr al menos una mayor sensibilización; y quizá algún día, tanto si está el PSOE como si está el PP en el poder, podamos crear un organismo, como el de la competencia o el de la energía, de modo que la gente esté más sensibilizada y nosotros podamos realizar políticas más positiva, mejores. Al fin y al cabo, trabajamos por la economía de nuestro Estado y debemos favorecer los intereses de los ciudadanos y de nuestra economía, por encima de los intereses de las empresas. Se trata de nuestros intereses, de nuestra seguridad. Cuando hablamos de los intereses, nunca pensamos en la importancia que tiene la seguridad, precisamente.

Por otra parte, lo cierto es que hay una gran confusión. Por ejemplo, una petrolera tiene intereses en una gasera, una empresa involucrada en el sector hidráulico puede compra eólicas, etcétera. No sabemos realmente dónde empiezan ni dónde acaban los intereses de los que




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hablamos, dónde hay realmente competitividad y dónde no hay competitividad. Desde mi punto de vista, el Gobierno, sea el que fuere, debería diseñar un cuadro claro y favorecer siempre los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de las empresas.

Como decía, nuestro grupo tiene dudas sobre si conseguiremos algo con esta iniciativa. Sin embargo, nos parece que una información concreta es la primera base de la democracia. La información sería la forma de dejar de lado los recelos que suscitan todos estos intereses empresariales. Estamos hablando de una serie de operadoras que manejan el mercado y que no están funcionando bien según la Ley de la competitividad, puesto que hay una serie de indicadores que nos dicen que realmente no hay competitividad; en Europa las medias son inferiores a las nuestras, y eso es una gran oportunidad para estas operadoras. Con ello, estoy explicando cuáles son las políticas empresariales de estas operadoras.

Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Es una pena que, cuando hablamos de economía, de cuestiones tan básicas, no podamos conseguir un consenso mayor con el grupo que sustenta al Gobierno, que está en el poder. Al Gobierno le interesa más que a nadie saber realmente cómo se mueven las políticas empresariales de todas estas operadoras. Y también a las operadoras les interesa apoyar esta iniciativa; sobre todo, para aclarar la información y para aclararse ellos mismos. Es una pena, ya digo; porque si el Partido Popular no acepta que se constituya esta ponencia,si no se puede poner en marcha; será en otra ocasión.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyora presidenta.

Senyories, jo voldria en primer lloc manifestar el nostre suport a aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista. El preu dels carburants és un motiu de preocupació al nostre país i també és una preocupació que té un caràcter més global, no ens enganyem. La preocupació per l’increment dels preus de l’energia, en general, és una preocupació europea i una preocupació global també.

En el nostre cas, el que sí que podem constatar, anant a dades dels darrers mesos, és que, per exemple, l’IPC harmonitzat del mes d’agost, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, situa la inflació en un 2,7 davant del 2,2 del mes anterior, i l’atribuïa, el mateix Institut Nacional d’Estadística, principalment a la pujada dels preus dels carburants. Com vostès saben, els preus dels carburants depenen d’una sèrie de factors. Uns primers factors són els costos i els marges d’aprovisionament que inclouen el preu del cru més els costos i els marges de refí, si la producció és nacional —en el nostre cas, desgraciadament, aquesta és irrellevant ja que com vostès saben suposa exclusivament un 0,2% del consum—, o l’adquisició del carburant en els mercats internacionals més les assegurances i els nolis fins al territori del nostre país, tractant-se, en aquest cas, d’hidrocarburs importats. Depenen també dels costos i els marges en tota la cadena logística, des de la sortida del carburant de la refineria fins a la distribució a la benzinera. I depenen també, a més a més, d’altres factors —els que citava, per exemple, el senador del Foro Asturias—, aquells que tenen relació amb la imposició, amb els impostos: l’IVA, l’impost especial d’hidrocarburs i l’impost sobre vendes minoristes que té, com vostès saben, un tram estatal i un tram autonòmic; és a dir, el 42% si parlem del gasoil o el 47% si parlem de la gasolina. Aquesta és la incidència en el preu final que paga el consumidor.

En nombroses ocasions observem com una evolució a l’alça en els preus del barril de Brent, que ens serveix de referència, s’acaba traslladant bastant ràpidament al preu final del consumidor; mentre que les baixades de la cotització del Brent es traslladen més lentament i no tan proporcionalment, a vegades, al preu final al consumidor. Aquesta és la percepció ciutadana que hi ha. I el que és evident, i així ho assenyalen els darrers informes als quals també s’ha fet referència per part dels senadors que m’han precedit en l’ús de la paraula —fonamentalment, l’informe de la Comissió Nacional de la Competència i també el de la Comissió Nacional de l’Energia—, és que el marge brut de distribució en el nostre cas, en el cas d’Espanya, està entre els més alts de la Unió Europea. Així, mentre que entre 2007 i 2010 el marge brut de distribució de la gasolina ha crescut en el Regne Unit un 2% i a Itàlia un 12%, a Espanya ha crescut un 20%, en




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allò que fa referència a la gasolina, i aquest increment és més espectacular en el cas del gasoil, òbviament —entre altres coses—, per la pròpia composició de les nostres instal·lacions de refí a les quals després faré referència.

Les causes d’això poden ser diverses. A Espanya, d’entrada, ha caigut més el consum de carburants que en altres països; aquesta és una dada a considerar. En segon lloc, Espanya és un dels països amb un més alt grau de concentració en la propietat de refineries; de fet no s’ha construït cap refineria nova des dels anys setanta. Segurament també, una tercera causa és aquella que té relació amb el nostre mix, al que feia referència abans: Espanya importa gasoil refinat, i exporta gasolina refinada, i això es deu, com vostès saben, a la gradual dieselització del parc automobilístic espanyol. Això incrementa els costos logístics del dièsel i, possiblement, explica una part d’aquest diferencial de preus respecte d’altres països. Una quarta causa seria el paper de l’operador logístic, de CLH, i l’acaparament de les infraestructures d’emmagatzemament i transport per les grans operadores majoristes, que és un element que dificulta, evidentment, la transparència i que segurament no afavoreix les condicions de competència. Una cinquena seria el fet de la integració de les grans operadores a les quals també s’ha fet referència en darreres intervencions, que tenen pràcticament tot el procés, des de l’extracció i l’adquisició, al refí i fins a la distribució. Aquest també pot ser algun element que pot dificultar la competència. Una sisena seria les comentades dificultats per a l’obertura de noves estacions de servei —sobre això s’ha parlat molt— fruit de la convergència i solapament —les dues coses—, de legislacions i d’autoritzacions de tot tipus i de totes les administracions. Això segurament també juga a favor de les estacions ja establides. Una setena serien els problemes que suposen les vinculacions contractuals a llarg termini, l’existència de relacions contractuals a llarg termini en el subministrament exclusiu que determinades estacions de servei tenen i que poden dificultar a les operadores establir o ampliar la seva base d’estacions de servei; les estacions de servei independents, de fet també, com s’ha dit abans, realment són de l’ordre d’un 20% en el nostre país. I una darrera causa que potser caldria afegir és el problema derivat dels vincles entre els operadors, així com les asimetries d’informació i les recomanacions de preu, en establir preus màxims a les seves estacions de servei, el tema de les abanderades, per part d’alguns operadors, fets que també podrien dificultar la competència.

Per tot això, nosaltres subscrivim la moció del Grup Socialista, una moció que no va contra ningú, ni contra el Govern, òbviament, ni contra ningú; conscients també que el problema no és nou i que les mesures a posar en marxa per millorar la competència i, per tant, per millorar la protecció al consumidor, són i seran limitades també, no ens enganyem. No ens enganyem perquè també el Govern —els governs—,en una economia de mercat i en un sector liberalitzat, el marge que té per incidir en aquests aspectes és un marge reduït. Ara, és un marge que s’ha d’aprofitar en la mida que es pugui; un marge en activitats com el transport o tot el conjunt de la logística i de la distribució per millorar la competència. I en aquest sentit, analitzar en profunditat aquesta situació, escoltar els actors, tots els actors de la cadena, jo crec que seria positiu perquè sense cap mena de dubte podria ajudar a tots plegats a fer propostes que puguin ajudar al consumidor, i que puguin fer més eficient i més competitiu el sector dels carburants d’automoció a Espanya.

Res més, gràcies.

Gracias, señora presidenta.

Señorías, manifiesto nuestro apoyo a esta moción que ha presentado el Grupo Socialista. El precio de los carburantes es un motivo de preocupación en nuestro país, pero la preocupación tiene un carácter más global, no nos vamos a engañar. La preocupación por el incremento de los precios de la energía, en general, es una preocupación europea y una preocupación global también.

En nuestro caso, yendo a los datos de los últimos meses, podemos constatar que, por ejemplo, el IPC armonizado del mes de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa la inflación en un 2,7% frente al 2,2 del mes anterior, y este mismo instituto lo atribuía principalmente a la subida de los precios de los carburantes. Como ustedes saben, los precios de los carburantes dependen de una serie de factores. Los primeros son los costes y los márgenes de aprovisionamiento, que incluyen el precio del crudo, los costes y márgenes de refinos —la producción nacional, en nuestro caso, es irrelevante, solo supone un 0,2% del consumo—, o la




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adquisición del carburante en los mercados internacionales más los seguros y los fletes hasta el territorio de nuestro país, al tratarse en nuestro caso de hidrocarburos importados. También dependen de los costes y de los márgenes en toda la cadena logística, desde la salida del carburante de la refinería hasta la distribución en las gasolineras. Además, dependen de otros factores —como, por ejemplo, los que ha citado el senador de Foro Asturias—, aquellos que tienen relación con la imposición: el IVA, el impuesto especial de hidrocarburos y el impuesto sobre ventas minoristas, que tienen, como ustedes saben, un tramo estatal y un tramo autonómico: el 42%, si hablamos del gasóleo, o el 47%, si hablamos de la gasolina. Esta es la incidencia en el precio final que paga el consumidor.

En numerosas ocasiones observamos cómo una evolución al alza en el precio del barril de Brent, que nos sirve de referencia, acaba trasladándose con bastante rapidez al precio final del consumidor; mientras que las bajadas de la cotización del Brent se trasladan más lentamente, y algunas veces no tan proporcionalmente, al precio final del consumidor. Esto es lo que perciben los ciudadanos. Es evidente, y así lo señalan los últimos informes, a los que también se han referido los senadores que me han precedido en el uso de la palabra —fundamentalmente, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia y el de la Comisión Nacional de la Energía—, que el margen bruto de distribución en nuestro caso, en el caso de España, está entre los más altos de la Unión Europea. Así, mientras que entre 2007 y 2010 el margen bruto de distribución de la gasolina creció en el Reino Unido un 2% y en Italia un 12%, en España ha crecido un 20% en lo que se refiere a la gasolina, y el incremento es más espectacular en el caso del gasóleo, por la composición de nuestras instalaciones de refino —entre otros motivos—, a las que me referiré después.

Las causas de esto pueden ser distintas. En España, de entrada, ha caído más el consumo de carburantes que en otros países; este es un dato a considerar. En segundo lugar, España es uno de los países con más alto grado de concentración de refinerías en propiedad; de hecho, no se ha constituido ninguna refinería nueva desde los años setenta. Y la tercera causa tiene relación con aquello a lo que me he referido antes: que España importa gasóleo refinado y exporta gasolina refinada. Esto se debe, como ustedes saben, a la paulatina dieselización del parque automovilístico español. Esto incrementa los costes logísticos del diésel y posiblemente explica una parte de este diferencial de precios respecto a otros países. La cuarta causa es el papel del CLH, el acaparamiento de las infraestructuras de almacenamiento y transporte por las grandes operadoras mayoristas, elemento que dificulta la transparencia y que seguramente no favorece las condiciones de competencia. El quinto motivo es el hecho de la integración de las grandes operadoras, a las que también nos hemos referido en otras intervenciones, que se ocupan prácticamente de todo el proceso: desde la extracción y la adquisición, hasta el refino y la distribución. Este elemento también puede dificultar la competencia. El sexto motivo lo constituyen las comentadas dificultades por la apertura de nuevas estaciones de servicios. Se ha hablado mucho sobre ello. Seguramente, el hecho de la convergencia y el solapamiento —las dos cosas— de legislaciones y autorizaciones de todo tipo y de de todas las administraciones juega a favor de las estaciones ya establecidas. El séptimo motivo son los problemas de la existencia de relaciones contractuales a largo plazo para el suministro exclusivo que tienen determinadas estaciones de servicio, que puede dificultarles a los operadores establecer o ampliar su base de estaciones de servicio; las estaciones de servicio independientes en nuestro país alcanzan el 20%, como se ha dicho. Y una última causa que habría que añadir es el problema derivado del vínculo entre los operadores y las asimetrías de recomendaciones de precios e información de algunos operadores para establecer precios máximos en las estaciones de servicio, lo que podría dificultar también la competencia.

Por todo ello, apoyamos la moción del Grupo Socialista, una moción que no va en contra de nadie —obviamente, no va contra el Gobierno, ni contra nadie—, conscientes también de que el problema no es nuevo. Esta cuestión viene de lejos y las medidas para mejorar la competencia y para mejorar, por tanto, la protección del consumidor son y serán limitadas; no debemos engañarnos. No nos tenemos que engañar porque también el Gobierno —los Gobiernos—, en una economía de mercado y en un sector liberalizado, tiene un margen reducido para incidir sobre estos aspectos. Ahora bien, es un margen que se debe aprovechar en la medida en que se pueda; un margen en actividades como el transporte, o en la logística o la distribución, para mejorar la competencia. Sería, pues, positivo analizar en profundidad esta situación, escuchar a los actores,




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a todos los sectores de la cadena. Sin duda, podría ayudar a realizar propuestas a favor del consumidor que puedan hacer más eficiente y competitivo el sector de los carburantes de la automoción en España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president. Molt bon dia.

És evident que el sector dels carburants a Espanya es troba caracteritzat actualment per un creixement continuat dels seus preus en els darrers anys i per una manca de competència del sector, tal com indiquen la Comissió Nacional de la Competència i la Comissió Nacional de l’Energia. Aquest fet és significativament important en el context de crisi econòmica que estem i tenint en compte les importants conseqüències, tant en el sector productiu com en els ciutadans del nostre país. És molt difícil entendre que, davant de la davallada constant de la demanda, els preus que paguem no parin de pujar.

Quatre dades significatives en aquest sentit: des del 2008 fins al 2011 el consum de les gasolines ha caigut un 7,9% el 2008, un 6,2% el 2009, un 7,9% el 2010 i un 6,7% el 2011. I si ens referim a la caiguda del consum del gasoil, ens trobem en els mateixos anys amb una caiguda d’un 5,3%, un 7,2%, un 2% i un 6,7%, respectivament. Per tant, estem funcionant a l’inrevés de les lleis de l’oferta i la demanda, i tot això, evidentment, cal clarificar-ho: no és normal que quan baixi la demanda, pugin els preus; alguna cosa no va bé.

D’altra banda, jo crec que convé també saber d’on surt el preu final dels carburants i quin és el marc legal que els regula per saber, almenys, o intentar esbrinar on radica el problema i com es pot actuar. En el preu de venda al públic dels carburants i combustibles es poden distingir tres components bàsics: el preu abans d’impostos, l’impost sobre el valor afegit i els impostos sobre els consums específics. En relació al primer, el preu abans d’impostos, és cert que es ve situant per damunt de la mitjana europea, per la qual cosa, i atès que en aquest tram el Govern no pot incidir de manera directa, el que cal és incentivar la competència de mercat entre els diferents operadors de carburants, facilitant l’entrada al mercat de nous operadors en aquest sentit i, per tant, tots entenem que aquí el Govern alguna cosa hauria de fer. En relació a l’IVA —altres que m’han precedit en l’ús de la paraula ja ho han comentat— hem passat del 16% al 21%, i és evident que això suposa una pujada de preus important i significativa. És a dir, per posar un símil en el camp de la medicina, els efectes secundaris del fàrmac potser acabin empitjorant el malalt. I aquesta és la realitat en la qual ens trobem. I el tercer i, finalment, és en relació als impostos de consums específics. Els productes petroliers estan gravats aquí per dos tipus d’impostos: el primer, l’impost sobre hidrocarburs, regulat per la Llei 38/1992, de 28 de desembre, en què s’estableixen les taxes per als diferents productes, diferenciant-se més de quinze tipus impositius segons el tipus de producte; i el segon, un impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs creat per l’article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives que, a la vegada, té dos tipus d’impostos, un que correspon a l’àmbit estatal i un altre que correspondria a l’àmbit autonòmic. A tall d’exemple, i per si pot servir de marc de referència, veiem una mica quins preus teníem en cadascun d’aquests trams i en cadascun d’aquests impostos el dia 22 de setembre de 2008. En les gasolines, per exemple de 95 octans, el preu abans d’impostos es situava a 0,59 euros/litre, l’impost d’hidrocarburs era de 0,37 euros/litre, l’impost especial era de 0,038 euros/litre i l’IVA del 0,16%, que feia un preu global d’1,16 euros/litre. I si això ho mirem en el camp del gasoil d’automoció, ens situem que el preu abans d’impostos era de 0,69 euros/litre, l’impost d’hidrocarburs era de 0,27 euros/litre, l’impost especial era de 0,033 euros/litre i l’IVA del 0,16%, que feia que el preu global fos d’1,16 euros/litre. Per tant, en aquest context, és fàcil veure des del 2008 i fins a l’actualitat, els preus que tenim i quina és la situació. És a dir, la demanda ha baixat i els preus que estem pagant són evidentment molt superiors.

En aquest context també cal destacar que nosaltres som dependents de l’exterior d’un 85%-90% aproximadament del conjunt de l’energia que estem consumint en aquest país. I com en altres ocasions jo ja he reiterat, dic una vegada més que no tenim una política energètica, atès que no hem definit quin és el nostre mix energètic amb una previsió de vint anys vista. Malgrat els diferents treballs que s’han realitzat per les diferents comissions, malgrat de les proposicions no de




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llei aprovades en el Congrés del Diputats i aquí en el Senat, i malgrat haver-ho parlat de manera reiterada, ni el Grup Socialista en l’anterior legislatura, ni actualment, sembla que l’energia sigui un tema d’Estat i una preocupació de país. Per tant, doncs, és evident que no definir quina és l’estratègia energètica d’un país afecta, de manera negativa, als preus que nosaltres estem pagant.

Tot i que les bases de la reforma s’haurien d’establir pels reguladors sectorials en exercici de les seves atribucions, es pot considerar, i nosaltres considerem adequada, la constitució d’aquesta ponència d’estudi sobre la situació del mercat dels carburants d’Espanya en el si de la Comissió d’Indústria. (El senyor president ocupa la Presidència.) Entre altres tasques entenem que aquesta ponència hauria de tenir, entre les seves funcions, l’anàlisi, amb caràcter urgent i prioritari, de les causes que han motivat aquesta situació que jo els acabo d’exposar, així com l’actual marge de benefici de les companyies que operen en aquest sector. És evident que la ponència també hauria de proposar actuacions o mecanismes necessaris per incentivar, com deia abans també, la competència de mercat entre els diferents operadors de carburants, facilitant l’entrada de nous operadors en aquest sector.

Nosaltres no podem entendre que el Partit Popular sembla que a priori s’hagi manifestat en contra d’aquesta ponència, quan en realitat la feina prioritària que també tenim aquí és, quan hi ha un problema, atendre’l i, a més a més, tal com es planteja el context de la ponència es tracta d’un estudi, no treu cap conclusió. En definitiva sempre creiem que és positiu fer aportacions al Govern en la línia que pot ajudar a arreglar i d’alguna manera a tenir en compte quina és la situació actual del sector.

Nosaltres donem suport a aquesta ponència, entenem que hi ha un problema, que les coses no van bé, i que és evident que alguna actuació cal fer. I l’actuació que ens proposa, en aquest cas, el senador Alique, nosaltres la compartim i per tant, doncs, li donarem suport.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Es evidente que el sector de los carburantes en España se ha venido caracterizando durante los últimos años por un crecimiento continuo de los precios y por la falta de competencia, tal como indican la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía. Son hechos significativamente importantes en el contexto de crisis económica en que nos encontramos y teniendo en cuenta las importantes consecuencias que tiene tanto en el sector productivo como entre los ciudadanos de nuestro país. Es muy difícil entender que, ante el declive constante de la demanda, no dejen de subir los precios que pagamos.

Hay tres datos significativos. En primer lugar, desde 2008 hasta 2011 el consumo de las gasolinas ha caído un 7,9% en 2008, un 6,2% en 2009, un 7,9% en 2010 y un 6,7% en 2011. La caída del consumo de gasóleo durante los mismos años ha sido del 5,3%, 7,2%, 2% y 6,7% respectivamente. Por lo tanto, estamos funcionando al revés que las leyes de la oferta y la demanda, y esto se debe clarificar: no es normal que, cuando baja la demanda, suban los precios; algo no funciona bien.

En segundo lugar, conviene saber de dónde sale el precio final de los carburantes y cuál es el marco legal que lo regula para tratar de comprender dónde radica el problema y cómo se puede actuar. En el precio de venta al público de los carburantes y combustibles se pueden distinguir tres componentes básicos: el precio antes de impuestos, el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos sobre los consumos específicos. El precio antes de impuestos se viene situando por encima de la media europea; hecho que requiere ―visto que el Gobierno no puede incidir en este tramo de forma directa de forma directa― incentivar la competencia entre los operadores de carburantes, facilitando la entrada en el mercado de nuevos operadores; el Gobierno debería hacer algo en este punto. En el IVA hemos pasado del 16% al 21%, lo que supone una subida de precios significativa, ya lo han comentado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Con un símil médico, los efectos secundarios del fármaco acaban afectando al enfermo. En cuanto a los impuestos sobre consumos específicos, los productos petrolíferos están gravados por dos tipos de impuestos: el impuesto sobre hidrocarburos, regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, por la que se establecen las tasas para los distintos productos, y se diferencian más de 15 tipos impositivos según el producto; y el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, creado por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de




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medidas fiscales y administrativas que, al mismo tiempo, crea dos tipos de impuestos, uno de ámbito estatal, y otro de ámbito autonómico. Como referencia, podemos recordar los precios de cada uno de estos tramos y de cada uno de estos impuestos el día 22 de septiembre de 2008: en las gasolinas de 95 octanos, el precio antes de impuestos se situaba en 0,59 euros/litro, el impuesto sobre hidrocarburos era de 0,37 euros/litro, el impuesto especial era de 0,038 euros/litro y el IVA era de 0,16 euros/litro, lo que daba un precio global de 1,16 euros/litro. El precio del gasoil de automoción antes de impuestos era de 0,69 euros/litro, el impuesto de hidrocarburos era de 0,27 euros/litro, el impuesto especial era de 0,033 euros/litro y el IVA era de 0,16 euros/litro, lo que hacía que el precio global fuera de 1,16 euros/litro. Es fácil ver la situación, al comparar los precios de 2008 con los de ahora: la demanda ha bajado y los precios que estamos pagando son evidentemente muy superiores.

El tercer dato significativo a considerar es que dependemos del exterior para obtener el 85-90% aproximadamente de la energía que consumimos. Insisto —ya lo he dicho en otras ocasiones— en que no tenemos una política energética, visto que no hemos definido nuestro mix energético a 20 años vista. A pesar de los trabajos que han realizado las distintas comisiones, a pesar de las proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y a pesar de haberlo hablado de forma reiterada, ni para el Grupo Socialista ―en la anterior legislatura― ni para el Gobierno actual parece que la energía sea un tema de Estado y una preocupación para el país. Sin embargo, es evidente que la falta de definición de la estrategia energética del país afecta de forma negativa a los precios que pagamos.

A pesar de que los reguladores sectoriales, en el ejercicio de sus atribuciones, deberían establecer las bases de la reforma, se puede considerar adecuada ―y nosotros así lo hacemos― la constitución de esta ponencia de estudio sobre la situación de los mercados de los carburantes en España, en el seno de la Comisión de Industria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Desde nuestro punto de vista, esta ponencia debería tener entre sus funciones el análisis con carácter urgente y prioritario, de las causas que han motivado la situación que les acabo de exponer, así como el actual margen de beneficio de las compañías que operan en este sector. También debería proponer las actuaciones o mecanismos necesarios para incentivar, como decía antes, la competencia entre los distintos operadores de carburantes, facilitando la entrada de nuevos operadores en el mercado.

No podemos entender que el Partido Popular se manifieste en contra de esta ponencia, cuando nuestro trabajo prioritario es atender los problemas cuando se presentan. Además, tal como se plantea, es evidente que se trata de un estudio, no hay ninguna conclusión. Siempre es positivo hacer aportaciones al Gobierno para ayudarle, en este caso, a ver cuál es la situación actual del sector. Por nuestra parte, apoyamos esta ponencia. Entendemos que existe un problema, que las cosas no van bien, y que es evidente que hay que actuar. Y la actuación que nos propone el senador Alique, en este caso, nos parece bien y, por lo tanto, le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, en primer lugar, a los grupos políticos que han intervenido y que han manifestado su apoyo a esta moción, que creemos que es constructiva. Esperemos que, a pesar de la conversación de ayer, el Grupo Parlamentario Popular rectifique y también la apoye.

Señorías, el portavoz de FACUA dijo recientemente que consideraba que la liberalización que había culminado a finales de los años ochenta —es decir, con un Gobierno del Partido Popular—, fue un fraude. Y comentaba él que dijeron que iban a mejorar los servicios y a bajar los precios, y que no había sido así. Bien, esa es la opinión del portavoz de FACUA, pero lo cierto y verdad es que la falta de competencia —lo han dicho la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía— provoca que los precios de las gasolinas y de los gasóleos y los márgenes de beneficios de los operadores del mercado de los carburantes en España sean muy superiores a la media de la Unión Europea. Esto perjudica, como he dicho anteriormente, a los consumidores, a los ciudadanos, que dedican al gasto de carburantes un 4,41% de su gasto total anual. Y




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perjudica también la competitividad de las empresas, de manera muy especial de las pymes y de los autónomos, que reconocen que el gasóleo supone un coste del 40% de la explotación.

Es conveniente, por tanto, centrar la cuestión. Llenar el depósito de la gasolina hoy cuesta 10 euros más que hace un año y, si es de gasóleo, 8,8 euros más; un 14% más, si se trata de gasolina, y un 12% más si es de gasóleo. Si le preguntamos por qué al que nos sirve la gasolina o el gasóleo, nos dirá que él no es el responsable, que se le preguntemos a las petroleras. Y si se lo preguntamos a las petroleras, nos dirán que trasladan el incremento de la cotización internacional y los costes de distribución. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué tenemos los precios antes de impuestos de la gasolina y del gasóleo en nuestro país son más altos que la media de la Unión Europea?

Vamos a entrar en esta cuestión. Los precios de los carburantes en nuestro país están compuestos de tres elementos fundamentales: el primero es el coste del carburante en el mercado internacional; el segundo, el coste de la imposición; y el tercero, el margen empresarial. El primer elemento, el coste del producto, sea importado o de refino, es muy similar en España y en el ámbito de la Unión Europea; por tanto, las diferencias aparecen en los márgenes que tienen los operadores y en la imposición. Si hablamos de la imposición, debemos concluir que España es uno de los países que menos grava, hasta el punto de que el impuesto por litro es inferior en un 23,5% a la media de la Unión Europea. Por el contrario, los márgenes de beneficio de los operadores en España son muy superiores, hasta el punto de que, en términos de precio por litro, el margen de los operadores en el mercado español es un 27,3% superior a la media de la eurozona. El resultado es determinante: el margen de beneficios de los operadores del mercado de los carburantes en España, por cada litro de gasóleo o de gasolina, es 15 céntimos, frente a los 13,3 céntimos, como media, de la Unión Europea. Esto no lo digo yo, lo dice la página web de La Moncloa, del Gobierno de España, refiriéndose al 27 de agosto.

La conclusión es evidente: si los márgenes de los operadores de carburantes en España fueran parecidos a los márgenes de los operadores de carburantes en el resto de la Unión Europea, quienes se beneficiarían serían los consumidores, porque podría bajar hasta un 2,4% el precio de la gasolina y un 1,7% el precio del gasoil, con cifras referidas al tercer trimestre.

Señorías, señores del Partido Popular, si su respuesta para negar esta moción, la creación de esta ponencia, es que el ministro ya se ha reunido con los grandes operadores de las petroleras, pues miren ustedes: el precio de la gasolina ha sido en este puente un 4,5% superior al de la misma semana del año anterior, y el del gasóleo un 8% superior al de la misma semana del año anterior. Si su respuesta es que el Gobierno va a introducir algunas de las medidas de la Comisión Nacional de la Competencia o de la Comisión Nacional de la Energía, pues, sinceramente, no nos vale. ¿Saben por qué? Porque el ministro de Industria pidió a principios de año otro informe a la Comisión Nacional de la Energía para que le dijese qué se debería hacer para reducir el déficit tarifario y ¿saben lo que hizo el ministro con ese informe de la Comisión Nacional de la Energía?: lo tiró a la papelera. Ni ha aplicado el céntimo verde, ni ha aplicado los impuestos sobre tecnologías maduras ya amortizadas, como la nuclear o la hidráulica. ¿Saben lo qué han hecho?: han hecho un parche fiscal. Un parche fiscal que va a suponer una mayor recaudación, el 80% de la cuál la pagan los ciudadanos y las empresas; hasta tal punto, que las empresas se han revelado —como les decía antes—, porque creen que están poniendo ustedes a la industria en riesgo con esos altos costes energéticos. Es más, a mí me han mandado, como a ustedes, un documento con todas las cartas abiertas al Gobierno que han enviado a los medios de comunicación; la última, hablando de indolencia, es decir, de insensibilidad del Gobierno. Esperamos tener, en el trámite parlamentario correspondiente, cuando la iniciativa llegue a esta Cámara, la oportunidad de introducir modificaciones y de apostar por que la industria española sea competitiva; y no lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular, que supone pérdida de puestos de trabajo en un sector tan importante.

Por tanto, no queremos que los informes se queden en papel mojado, como ocurrió anteriormente. Además, sospechamos que lo único que quiere hacer el Partido Popular es marear la perdiz y difundir la idea de que el Gobierno está haciendo algo para que bajen los precios de la gasolina y del gasóleo, cuando en realidad saben que no es así. Y afirmo esto porque precisamente —y esto es importante— lo que el Gobierno sabe es justo lo contrario: que lo más probable es que los precios de los carburantes suban. ¿Y saben por qué? Por dos razones. La primera es porque




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la Comisión Europea, con las políticas ultraliberales de la derecha, encabezadas por la señora Merkel, cuyo alumno aventajado es el señor Rajoy, les va a presionar para que suban ustedes la carga fiscal sobre los carburantes, porque es mucho más baja que la que tienen países como Grecia, Portugal o Italia; sobre todo, en un momento en el que las Comisión Europea le ha tirado de las orejas al Gobierno y ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 diciéndoles que la previsión de déficit será el triple de lo que dice el Gobierno: que no será del 0,5%, sino del 1,5%, como ya dicen tambuién el Fondo Monetario Internacional y otros servicios de estudios, como el del BBVA. ¿Y saben qué consecuencias tendrá eso? Que habrá más paro, que habrá más recesión, que habrá más recortes y más medidas que perjudicarán a los ciudadanos. Esto, junto con que el año que viene desaparecen las ayudas a los biocarburantes.

Estas dos circunstancias, unidas a otras de que hemos hablado esta mañana, justifican una intervención normativa rápida, y por eso hemos propuesto esta moción para la creación de esta ponencia: para fortalecer la competencia y para que los precios de los carburantes no sigan siendo un lastre para el poder adquisitivo de los consumidores y para la competitividad de las empresas españolas. Tener los precios antes de impuestos de las gasolinas y los gasóleos más altos, y tener unos márgenes de beneficios de las petroleras mayores que el resto de la Unión Europea es simplemente vergonzoso e inaceptable; máxime, en unos momentos en los que las pymes y los autónomos lo están pasando mal y muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, porque hay más paro, hay más recesión, hay más impuestos, más tasas, más precios públicos, más recortes sociales, menos salarios, y todo eso es fruto de las políticas antisociales y neoliberales —como decía anteriormente— del Partido Popular. Y todo esto ocurre mientras que los oligopolios económicos y empresariales de forma impúdica y desvergonzada anuncian incrementos en sus cuentas de resultados.

Por eso proponemos esta moción, para que, entre todos, desde el Parlamento podamos contribuir a bajar el precio de los carburantes y que no tenga tanta influencia en la inflación, que saben ustedes que perjudica a la actividad económica.

Y termino ya, señor presidente. Todo esto se puede resolver a coste cero; solo hay que tener voluntad política, hay que tener determinación, y actuaciones normativas que en el Grupo Parlamentario Socialista queremos que se impulsen desde esta Cámara, desde el Parlamento, con el consenso, para que el Gobierno las lleve a cabo en un plazo breve. Y, como decía anteriormente el señor Montilla, esta moción no va contra nadie, señores del Partido Popular, ni siquiera contra el Gobierno; va a favor de los ciudadanos, va a favor de las empresas, de las pymes y de los autónomos, que merecen tener unos precios de los carburantes mucho más bajos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, muy buenos días a todos.

La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía, a instancias del actual Gobierno, han emitido sendos informes en materia de carburantes, que son los que han dado pie al Grupo Socialista para solicitar la creación de una ponencia.

Es curioso que ahora, cuando están en la oposición, se den tanta prisa, y parece que están muy preocupados. Es cierto, como se diagnostica en esos informes, que existe una preocupante falta de competencia en el sector de los carburantes. Es cierto que los precios que los consumidores tenemos que pagar por las gasolinas y los gasóleos son elevados y están muy por encima de la media europea. Y es cierto que los márgenes y los beneficios de las empresas del sector se han visto incrementados en estos últimos años. También es cierto que estos asuntos no son nuevos —ya se ha dicho por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra— y que estos no son los primeros informes que esas comisiones nacionales, de la Competencia y de la Energía, han emitido, como también es cierto que el pasado mes de agosto —lo recordaba el senador Montilla— los carburantes alcanzaron un precio récord en nuestro país que supuso cinco décimas de aumento en el IPC y llevó al ministro Soria a decir que esas subidas eran inasumibles.

Sí, todo esto es cierto, pero también lo es que entre los años 2002 y 2011 el precio del petróleo se ha cuadruplicado, que ha subido un 441%, y que gracias a que el petróleo cotiza en dólares y




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el euro se ha apreciado con relación a la divisa americana esa subida ha sido solo del 300%. Pero es que en esos diez años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC en este país ha subido el 32%, por tanto, el precio del petróleo se ha disparado, ha subido mucho más que el resto de los bienes y, lógicamente, mucho más que los salarios y que las pensiones, que están ligadas al IPC.

Ahora, cuando el Grupo Socialista parece estar tan preocupado por este asunto, me van a permitir que recuerde un dato: en el año 2008, cuando las familias españolas tenían que pagar 400 euros más que dos años antes por el transporte y los carburantes, el entonces presidente Zapatero justificó esa subida diciendo que es evidente que ningún Gobierno puede poner freno a la escalada en el precio de los carburantes. El señor Alique lo recordará, porque esa frase la pronunció en el Congreso de los Diputados, y él era diputado el día 2 de julio del año 2008.

Nosotros estamos de acuerdo con el entonces presidente Zapatero con eso de que no se puede poner freno a esa escalada de precios. Pero nosotros vamos más allá, y creemos que además es preciso tomar medidas para que en nuestro país tengamos una gasolina y un gasóleo a precios similares a los de los países de nuestro entorno, pues, en caso contrario —lo han dicho otros portavoces—, no somos competitivos, y eso lastra a nuestras familias, a las pymes, a nuestra industria y a la economía en general.

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha dado pie a esta moción dice algo muy importante: que durante el año 2011 los precios y los márgenes de los carburantes de nuestro país siguieron estando entre los más altos de la Unión Europea y por encima de las economías de un tamaño comparable al nuestro. Eso sucedía cuando gobernaba el presidente Zapatero, y esta es una situación con la que es imprescindible que acabemos cuanto antes.

Creo también que es preciso recordar otro dato importante: estos informes de las dos comisiones nacionales que han dado pie a esta moción son los últimos, pero —repito que es muy importante— no son los únicos que esas entidades han emitido en materia de carburantes en los últimos años. Estoy seguro de que el Grupo Socialista recordará —lo ha dicho el señor Martínez Oblanca— que la Comisión Nacional de la Competencia emitió un informe en el mes de septiembre del año 2009 en el que denunciaba las numerosas barreras a la entrada y a la expansión de nuevos operadores en los segmentos minorista y mayorista del mercado de carburantes. Y en ese informe se decía también que eso podría estar restando intensidad competitiva y podía explicar en parte el diferencial de precios y de márgenes con respecto a otros países. Y no dudo —lo recordará también el Grupo Socialista— de que en ese informe del año 2009 se recomendaba al Gobierno, es decir, a su Gobierno, que tomara varias medidas destinadas a paliar los efectos de esa situación. En un informe posterior, fechado en el mes de marzo del año 2011, que tenía por objeto valorar el grado de cumplimiento de la recomendaciones hechas en el del 2009, se decía que, a pesar de los casi dos años transcurridos desde el informe anterior, el Gobierno socialista no había tomado medidas efectivas para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas. Y ese Gobierno se marchó en el mes de diciembre del año pasado sin haber tomado tales medidas; es decir, como diría el señor Alique, mirando para otro lado y haciendo de don Tancredo.

Lo que les tengo que decir es que el actual Gobierno está preocupado por el tema y está afrontando la situación. Recordarán ustedes que el ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor Soria, dijo dos cosas importantes hace dos meses en el Pleno de esta Cámara. La primera, que desde el año 1998 la distribución de carburantes en España está liberalizada y tiene que responder a principios de competencia, libertad de mercado y transparencia, por lo que no se pueden establecer precios máximos en los carburantes. Y la segunda, que dentro del precio de la gasolina y del gasóleo hay tres componentes diferenciados. Voy a repetir lo que dijo el ministro. El coste del carburante —es el primero de ellos— está referenciado normalmente al precio del barril del petróleo y es muy similar en todos los países de la Unión Europea. El segundo componente es el tributario, es decir, la carga fiscal que los distintos países aplican, que en España es inferior al promedio de la Unión Europea. Y el tercer componente es el comercial, que va incorporado a cada litro de gasolina o gasoil. Y recordarán que el ministro dijo que en este tercer componente es donde existe una diferencia con los países de nuestro entorno, que es el que hace que el precio final, en términos de venta al consumidor, sea en España mayor que la media de los precios de los países de la Unión Europea.




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El ministro nos anunció que cuando acabara su comparecencia en ese Pleno se iba a reunir con los responsables de las principales operadoras del sector para instarles a que ajustaran los precios y redujeran sus márgenes comerciales. Esa reunión dio sus frutos, y en tan solo dos semanas el precio de la gasolina 98 cayó un 7,11% y el del gasóleo, casi un 3%. Y desde entonces, y a pesar de la subida del IVA, la rebaja ha oscilado entre el 8 y el 2,6%, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

A nosotros nos sorprende que el Grupo Socialista, después de la pasividad de su Gobierno ante las reiteradas recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de la Competencia en esta materia, ahora quiera crear una ponencia. Estén ustedes tranquilos, porque el actual Gobierno... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, señor presidente.

Estén tranquilos —les decía—, porque el actual Gobierno no solo ha anunciado sino que también está estudiando las medidas necesarias para acabar con esa concentración del negocio, de la que nos hablaban algunos portavoces, en tres compañías que tienen una posición hegemónica y controlan el 60% de las gasolineras de este país, para acabar con los elevados márgenes en los carburantes de automoción, para acabar con las trabas burocráticas que dificultan la competencia necesaria para rebajar el precio final, y para acabar con ese posible fenómeno bautizado como cohetes y plumas, es decir, que cuando sube el precio del petróleo el de la gasolina sube como un cohete, mientras que, a la inversa, cuando baja el petróleo las gasolinas bajan como una pluma.

Para tomar estas medidas y, como decía el portavoz socialista, como es preciso dar una respuesta urgente, se ha constituido un grupo interministerial que está poniendo una especial atención en el contenido de las medidas recomendadas en esos informes y en la implicación jurídica y legislativa que estas tienen. Este grupo planteará modificaciones legislativas a la Ley de Hidrocarburos del año 1998 y al Real Decreto Ley 6/2000 que implementarán los efectos deseados para mejorar las condiciones de funcionamiento del mercado de carburantes y que sirvan para bajar el precio de las gasolinas y el gasóleo. Por tanto, no se necesita ninguna ponencia...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Sí, señor presidente.

... ya que esta supondría duplicar esfuerzos y además podría interferir en la marcha del análisis técnico que ese grupo está realizando, es más, que está ya finalizando. Por eso, vamos a votar en contra de esta moción.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada, al no haber sido aceptada la enmienda del senador Martínez Oblanca.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 89; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Núm. exp. 621/000015)

El señor presidente da lectura a los puntos 6, 6.1 y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Ruiz, por tiempo de cinco minutos. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno se tramita por el procedimiento de urgencia. Tuvo su entrada en esta Cámara el día 25 del pasado mes de octubre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 29 de octubre... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Ruiz.

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio. Gracias.

La señora RUIZ RUIZ: Decía que el plazo de enmiendas finalizó el 29 de octubre de este año.

A este proyecto de ley se han presentado tres vetos y un total de 151 enmiendas. El primer veto ha sido presentado por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. El veto número 2 ha sido presentado por la senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, la senadora Pineda Balló, el senador Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y el veto número 3 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las 151 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma. Las enmiendas 1 a 24, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; doce enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; cincuenta y una enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; veintisiete enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; treinta y tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; y cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

El día 5 de noviembre la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen, introduciendo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, Grupo Socialista, así como el senador Iglesias Fernández y el senador Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, y los senadores Guillot Miravet, Saura Laporta, la senadora Almiñana Riqué, el senador Boya Alós, el senador Bruguera Batalla, el senador Martí Jufresa, el senador Montilla Aguilera, la senadora Pineda Balló, el senador Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.




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En primer lugar, la propuesta de veto número 1, del senador Jordi Guillot Miravet y el senador Joan Saura Laporta.

Para la defensa de este veto tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos define en su primer párrafo sus propios objetivos. En él se dice que es un proyecto de ley para generar empleo y para no disminuir la protección medioambiental.

El senador Jordi Guillot y yo mismo hemos presentado un veto por la sencilla razón de que este proyecto de ley —cuando sea ley— ni genera empleo ni protege medioambientalmente el medio natural del Estado español. Creo que este proyecto de ley ejemplifica, es un paradigma de la política medioambiental del Gobierno del Partido Popular, que tiene cuatro o cinco características. La primera es que el Gobierno del Partido Popular considera el medio ambiente como una cosa marginal, como una cosa sin importancia. Eso se demuestra o se refleja desde el nombre del ministerio. En todos los países importantes de la Unión Europea hay un ministerio propio de medio ambiente, y en algunos países, como Dinamarca, hay dos ministerios, de medio ambiente y del tema del cambio climático, mientras que en el Estado español existe un ministerio, junto con agricultura y alimentación, que no permite que el ministro, por más tiempo que le dedique, pueda hacer una política medioambiental. Por otro lado, creo que el presidente del Gobierno no ha citado en todo lo que va de legislatura ni una sola vez la expresión cambio climático o medio ambiente. Merkel, Sarkozy, Hollande y Obama en su campaña electoral sitúan como uno de los grandes retos de la humanidad el cambio climático y proponen políticas nacionales en relación con este tema.

Por tanto, la primera característica de la política medioambiental del Gobierno es que para ellos, para el Gobierno, la política medioambiental es una política residual. La segunda característica es el centralismo. Lo explicaré después y pondré ejemplos, pero todo el proyecto de ley está atravesado por un eje de centralismo, de recentralización y de intento de recuperar competencias que hoy son de los Parlamentos autonómicos. La tercera característica es un retroceso en las políticas más avanzadas que se han hecho de medio ambiente y sostenibilidad en el tema de costas, el tema de aguas o el tema de los residuos. Y una cuarta característica es la no participación. Todas las directivas que salen de la Unión Europea en relación con el medio ambiente insisten reiteradamente en la necesidad de la participación, pero, como luego les demostraré, el Gobierno del Partido Popular y, muy en concreto, este proyecto de ley no cuentan con ninguna participación. Por tanto, política marginal, centralismo, retroceso en políticas sostenibilistas y falta de participación.

Este proyecto de ley me recuerda una frase que dijo Ramón Folch, creo que uno de los científicos más reconocidos tanto en nuestro país como internacionalmente, sobre los retos que él llamaba de la sostenibilidad. Decía que teníamos que superar tres sectores de la población: uno, los defensores del viejo orden; dos, los que están asustados por el nuevo orden; y tres, los indiferentes. Y he de decirles que el Gobierno del Partido Popular, en relación con los temas medioambientales, está situado en los defensores del viejo orden.

Yendo en concreto al proyecto de ley diré, señorías, que trata cuatro cosas tan dispares como patrimonio natural, residuos, aguas y la modificación de la Ley del Mercado de Valores. En relación con este último ámbito, globalmente estamos de acuerdo, por lo que no voy a poner ninguna objeción, pero sí quiero hablar del patrimonio natural, de los residuos y de las aguas.

Patrimonio natural. ¿Qué propone el texto del proyecto de ley? Dice lo siguiente: En aquellos territorios o en aquellas zonas territoriales donde haya distintos niveles de protección el Gobierno se reserva la unificación o la coordinación, pudiendo disminuir el nivel de protección y al margen de las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, que en patrimonio natural, donde el problema si se quiere crear empleo está en la gestión de los espacios naturales, del patrimonio natural, el Gobierno nos propone simplemente quedarse con la competencia, abrir la posibilidad de disminuir la protección y no dejar la participación de las comunidades autónomas. Y aquí surge lo siguiente. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el artículo 144, apartados 2, 3 y 4, dice clarísimamente que eso es competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña; que en el caso de que haya un territorio compartido con otra comunidad autónoma se ha de coordinar, pero sin el




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Gobierno central; y que en caso de que la protección afecte a un nivel de protección del Estado español se ha de solucionar en la Comisión Bilateral Cataluña-Estado. Lo mismo pasa en el Estatuto andaluz, es decir, que el Gobierno lo que hace en este punto, insisto, es simplemente disminuir el nivel de protección y quedarse con la competencia de las comunidades autónomas. Y surge una pregunta: en este primer ámbito, de patrimonio natural, ¿cómo se crea empleo? ¿Cómo se va a crear empleo? No se va a crear empleo de ninguna manera. El empleo se crearía si el Gobierno hiciera políticas de inversión o políticas de estímulo fiscal que significaran gestionar los parques naturales, los espacios naturales, con más gente y con más inversiones. Por lo tanto, en el primer ámbito, los dos objetivos que motivan, según el Gobierno, la definición de esta ley no se cumplen, no se crea empleo y, en cambio, se disminuye el nivel de protección.

Segundo ámbito: el tema de los residuos. Con una perspectiva de futuro creo que es el más grave, porque ¿en qué se resume prácticamente la modificación de la Ley de Residuos? Se resume en lo siguiente. En estos momentos, cada día en el Estado español se producen de veinticinco a veintiocho millones de envases de bebidas de plástico o de aluminio; repito: de veinticinco a veintiocho millones. En el año 1997, con un Gobierno del Partido Popular, la ministra entonces, Isabel Tocino, avanzó de forma voluntaria un sistema de recogida de residuos, de reutilización de residuos, que se llama depósito, devolución y retorno. Es decir, cuando se vende el envase lleno se cobra una ínfima parte que, luego, si se devuelve el envase, se resarza, en definitiva, lo que se ha pagado. En 1997 la ministra de Medio Ambiente del Partido Popular abrió esa vía, contando sus bondades. En 2011, el año pasado, con la Ley de Residuos, se volvió a abrir esta vía, no de forma obligatoria, pero se abría. Este sistema de reutilización tiene las siguientes ventajas: es bueno para el medio ambiente —estoy seguro de que se acabaría ese espectáculo lamentable a menudo en las montañas o en las playas de envases de aluminio o de plástico abandonados—, es bueno para las administraciones públicas, porque no tienen que recogerlos, y es bueno porque pasamos de un material que no se va a utilizar a un buen material para reciclaje.

Piensen ustedes que en la mayoría de países de la Unión Europea este sistema se produce y, en concreto, muy especialmente en Alemania, donde se reutiliza el 98,5% de los envases que se producen; repito: el 98,5%. La pregunta es: ¿cómo es posible que el proyecto de ley de residuos que se trae al Congreso y al Senado contemple la supresión del artículo que abre la posibilidad a ese tipo de reciclaje y de reutilización? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se hace? Luego, en la réplica, puedo intentar explicar mi versión o mi juicio del porqué. Piensen, además, que entre los estudios que hemos tenido los miembros de la Comisión de Medio Ambiente hay estudios solventes —y no solo uno— que hablan de la creación de 14 000 puestos de trabajo si se adopta este sistema de depósito, devolución y retorno. Por lo tanto, en residuos, ¿cómo se va a crear empleo sobre la base del proyecto de ley? No se va a crear ningún empleo. En definitiva, ¿por qué se elimina un sistema de reutilización y de reciclaje que se inició en 1997, de forma lenta, pero en 1987, con una ministra del Partido Popular y, posteriormente, con una ministra del Partido Socialista?

Tercer ámbito de actuación: la Ley de Aguas. Aquí quiero destacar dos aspectos de la modificación que se lleva a cabo. El primero hace referencia a la regulación o a la normativa de las masas de agua subterráneas. El proyecto propone que la Junta de Gobierno determine en cada caso si hay sobreexplotación acuífera, y en el caso de que así sea, que haga planes y programas de actuación. El proyecto de ley suprime un trámite absolutamente necesario que es la consulta al Consejo del Agua, y dice además, en contra de la directiva europea, que se puede añadir agua externa a las masas de agua subterráneas.

Es decir, es un proyecto de ley que concentra otra vez las decisiones en la Junta de Gobierno; soslaya, en contra de la Directiva Marco del Agua, la necesidad de participación, y abre la puerta —o dice que es posible— a una aportación externa de agua cuando eso va absolutamente en contra de la Directiva Marco del Agua.

El segundo aspecto de la Ley de Aguas que se modifica hace referencia al Plan Especial del Alto Guadiana, un acuífero sobreexplotado donde se permite la compra y la venta de derechos de agua. Y la pregunta es: ¿quien tiene derechos de agua y los quiere vender es porque no utiliza el agua? ¿Quien compra derechos de agua es porque va a utilizar agua? El resultado es que va a haber una sobreexplotación de un acuífero que ya está sobreexplotado. Y la pregunta es por qué.

En todo caso, lo que me interesa destacar es que los objetivos del proyecto de ley que aparecen en el primer párrafo, y que fueron las primeras frases que dijo el ministro de Agricultura,




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Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso, de generar empleo y de no menguar la protección no se cumplen en absoluto en este proyecto de ley. ¿Cómo se va a crear empleo en la política de patrimonio natural con las decisiones que se quieren adoptar? No solo no se crea empleo en residuos, sino que se aparta o se excluye la posibilidad de un sistema medioambiental bueno y que va a crear empleo.

Y en tercer lugar, en el tema de aguas, evidentemente no se va a crear ningún empleo.

Por tanto, señoras y señores senadores, estamos ante un proyecto de ley que, insisto, refleja la concepción global del Gobierno en materia medioambiental. Es algo que estorba, que ojalá no estuviera porque, con la idea de agilizar los trámites, se lleva a cabo una política de disminución de la protección y una centralización de las decisiones medioambientales, y como he dicho antes, hago mías las palabras de Ramón Folch, y es que el Partido Popular hace una política medioambiental defensora del viejo orden. Ya sé que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no se asusta, pero estaría bien que empezara a hacerlo ante el nuevo orden y nos trajera propuestas políticas y proyectos que enlazaran con lo que ha de ser un tipo de crecimiento sostenible y no con un tipo de crecimiento que repita los errores que hasta ahora se han producido.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2 tiene la palabra el senador Sabaté por tiempo de quince minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores del Partido Socialista de Cataluña presentamos un veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente porque entendemos que este Proyecto de Ley parte de una contraposición artificial, maniquea entre el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental. Se vuelve a ese viejo orden, como decía el senador Saura, a esa idea de que para crecer económicamente, para generar puestos de trabajo, para generar dinamismo económico hay que rebajar el control medioambiental.

Esta actitud, que en definitiva es la del Gobierno, es totalmente contraria a la opinión mayoritaria y a la sensibilidad dominante en este momento en la Unión Europea, y que recoge la Estrategia 20/20 de la Unión, que precisamente fija como uno de los focos de crecimiento económico, de creación de empleo, de futuro en este horizonte 2020 la economía verde, en definitiva la sostenibilidad medioambiental también como un elemento de impulso económico, de generación de dinámicas positivas y, en definitiva, de generación de puestos de trabajo. En absoluto es incompatible garantizar la protección medioambiental y el desarrollo económico; tenemos innumerables experiencias en los últimos años, en que esta conciencia de protección medioambiental se ha ido extendiendo en nuestra sociedad y en la sociedad europea. Por tanto, este es un dilema falso y en ningún caso puede resolverse con una marcha atrás en lo que han supuesto los proyectos de protección del medio ambiente.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley marca una involución: en realidad lo que se está haciendo es modificar y corregir una serie de leyes de protección medioambiental que precisamente abundan en la sensibilidad a la que hacía referencia de mayor protección, entre otras cosas para garantizar la calidad de vida de la sociedad y también para impulsar la economía, y que se aprobaron con los Gobiernos socialistas desde 2004. Una de las primeras medidas que plantea el Gobierno del Partido Popular en materia de medio ambiente precisamente es una vuelta atrás, una involución clara en la protección del medio y, por tanto, también en la calidad de vida, sin que eso necesariamente signifique en absoluto el estímulo a la economía ni la creación de puestos de trabajo, porque, evidentemente, la desprotección y el favorecer determinados tipos de prácticas empresariales dentro del campo del medio ambiente no necesariamente significa que se vayan a generar nuevos puestos de trabajo.

Está también el pretexto de la simplificación administrativa: hay demasiadas trabas burocráticas, la Administración pone demasiadas pegas —es un discurso y un argumento que venimos oyendo muchas veces por determinados sectores— y, por tanto, de lo que se trata es de simplificar. En realidad lo que se está haciendo es desproteger; desproteger en definitiva los




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espacios que estaban afectados por distintas formas de protección, espacios naturales y en concreto la Red Natura 2000.

Por otra parte, uno de los campos importantes en los que entra este proyecto de ley es en la cuestión del agua, alejándose claramente de la directiva marco de la Unión Europea en materia de gestión del agua, que precisamente hace un esfuerzo importante en insistir en la calidad del agua, en la calidad de los distintos acuíferos. Se apuesta por la mercantilización, se apuesta por la compra y venta de derechos del agua, cuando en realidad de lo que se trataría es de proteger precisamente la titularidad pública de los acuíferos, eso que la Ley del Agua recogía ya a partir de los años ochenta, pero sobre todo, en ningún caso se debería —como hace el proyecto de ley— favorecer la venta de derechos de explotación de los acuíferos antes de la posible recuperación de esos derechos. En el supuesto que se aborda en el proyecto de ley del Alto Guadiana tenemos un caso claro de que en un momento en que se estaban recuperando los acuíferos, la posibilidad de esa gestión, de esa mercantilización, de esa venta de los derechos del agua con prioridad a la posibilidad de recuperar esos derechos para el dominio público realmente lo que hace es poner en peligro la política de recuperación de los últimos años.

Asimismo, este proyecto de ley significa una involución en materia de descentralización hacia las autonomías. El Gobierno cercena las competencias de las comunidades autónomas en materia de policía del dominio público hidráulico. Cataluña tiene reconocida esta competencia en su estatuto de autonomía, el estatuto aprobado en 2006, y precisamente este proyecto de ley pretende recuperar esta competencia para el Gobierno central. Por tanto, asistimos una vez más a una vuelta atrás en unas políticas y en una actitud del Gobierno que preside el señor Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, que marca una clara involución en materia de política autonómica. Las competencias de las comunidades autónomas se ven como una clara intromisión que el Gobierno central intenta evitar. En definitiva, está dando marcha atrás en el despliegue del Estado de las Autonomías y en el reconocimiento de competencias recogidos en los estatutos de autonomía, leyes orgánicas que deben respetarse, sin duda alguna.

En materia de residuos —otro de los campos en los que interviene este proyecto de ley— se está estableciendo de alguna forma el carácter voluntario de los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases y otros a los que aludía también el senador Saura. En definitiva, dificulta la viabilidad del sistema y, una vez más, supone la involución y la vuelta atrás en un asunto fundamental desde el punto de vista de la protección y mejora del tratamiento de esa gran cantidad de envases y residuos que está generando nuestra sociedad, que exige políticas y una determinación muy clara por parte de los Gobiernos.

Señorías, lo que se hace es rebajar las exigencias a los operadores en el tratamiento de los residuos. Se supone que se trata de favorecer la actividad económica y rebajar las trabas administrativas, pero lo que consigue en realidad es favorecer un tipo de prácticas que van totalmente en contra de lo que deberían ser las políticas de sostenibilidad ambiental, en definitiva, de las políticas que proporcionan la calidad de vida de una sociedad avanzada, como es la española en el marco de la Unión Europea, que ha legislado y legisla abundantemente en esa dirección.

Por todo ello, señorías, los senadores del Partit dels Socialistes de Catalunya presentamos un veto al proyecto de ley para su devolución al Congreso de los Diputados y para que se modifique de forma sustancial. En todo lo que pueda modificarse y mejorar la tramitación administrativa estaremos de acuerdo, pero en ningún caso compartimos la idea de la involución, la idea de tratar de favorecer el crecimiento económico rebajando la protección medioambiental y retrocediendo en la sostenibilidad; en definitiva, abandonando el marco de la Unión Europea en el que estamos inmersos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista utiliza este derecho de veto —al que acude de forma responsable y en contadas ocasiones— por tratarse este Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medioambiente, presentado por el Gobierno,




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de una auténtica revisión de leyes muy diferentes, poco relacionadas entre sí y que suponen un retroceso grave en la protección ambiental que rige en nuestro país. Un paso atrás en los avances de años de conquistas de la democracia, de la entrada y aplicación de las políticas europeas y de Gobiernos progresistas que han obtenido conquistas en esta materia. Unas medidas que van en dirección contraria a Europa y a las directivas europeas.

Señorías, solo hace unos días la Comisión Europea, en la evaluación del Programa Nacional de Reformas de España, hablaba del retraso de España respecto de otros países en la aplicación de la legislación ambiental, criticaba las decisiones del Gobierno en torno a las energías renovables y decía que había retos pendientes en materia de gestión del agua, de la contaminación del aire o en la gestión de los residuos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Precisamente ayer, el comisario retomaba y repasaba los mismos retos que acabo de citar.

Este Proyecto de Ley, que modifica la Ley del patrimonio natural, supone un retroceso que, bajo la tapadera de la coordinación —concepto que compartimos—, abre la puerta a las rebajas en cuanto a la protección de los espacios naturales protegidos. Por eso, lo que nosotros pretendemos y vamos a proponer es que se complete con que quede garantizada la máxima protección de los espacios naturales. Consideramos que no se puede admitir que existan otros planes que rebajen la protección en los municipios afectados y que desactiven la protección de nuestro medio natural. Los municipios —y la población que vive en ellos— afectados por entornos de protección necesitan el apoyo de las administraciones públicas, con medidas presupuestarias, no rebajando una protección que justamente no es un problema sino más bien una ventaja.

Respecto a la reforma de los derechos de emisión de CO2, que nosotros creemos necesaria porque este año se pueden aplicar las subastas de los derechos de emisión, creemos que debe acompañarse con la vinculación de los ingresos al gasto en los programas para disminuir esas emisiones. Y por ello, debe destinarse —y la ley lo debe recoger— al Fondo de Carbono.

El cambio climático no es un tema baladí, no es una cuestión menor, es el tema más importante de carácter ambiental que tenemos que resolver. Y estos días, precisamente, en mi tierra, en Vigo, el grupo de expertos de Naciones Unidas de la IPPC decía contundentemente que vamos mal en materia de cambio climático.

La otra medida que el Gobierno introduce en este paquete antiambiental es la modificación de la Ley de residuos, una ley aprobada solo hace unos meses, cuando el Gobierno hizo este paquete. Justamente, en julio de 2011 se concertaron en esta Cámara acuerdos y equilibrios entre los distintos intereses o puntos de vista, de forma que en la adaptación en España de la directiva marco —que esta modificación, por cierto, contradice— se llegó a un equilibrio, concretamente en diversas enmiendas, en el que participamos el Grupo Socialista, el Grupo Convergència i Unió, también en muchas de ellas el Grupo Popular, el Grupo Vasco, Entesa, el Grupo Mixto, Coalición Canaria, prácticamente todos. Es el claro ejemplo del sistema de depósito de devolución y retorno que está contemplado con una serie de precauciones necesarias que dan suficiente garantía de que lo que se va a aplicar y a poner en marcha tiene todas las coberturas y estudios de viabilidad suficientes. En concreto, ese texto que figura en la ley y que está en vigor actualmente es fruto de una transacción entre el Grupo Socialista, Convergència i Unió y el Grupo Popular, que hemos renunciado a posiciones propias para llegar a un equilibrio y a un consenso que hoy el Partido Popular y el Gobierno rompen con esta reforma.

El sistema de depósito es impulsado por una fundación a la que se le ha hecho una campaña de descrédito y que no tiene otro interés que defender el medio ambiente. Es un sistema compatible con los sistemas actuales existentes, un sistema que tiene coste cero para las administraciones públicas, que supone mejoras y disminución de costes a los ayuntamientos, que beneficia al pequeño comercio y que crea puestos de trabajo, como se ha señalado aquí en otras intervenciones.

Por lo tanto, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas —texto refundido que yo quiero recordar aquí que fue realizado por un Gobierno del Partido Popular, que presidía el señor Aznar y en el que el señor Arias Cañete era ministro de Agricultura— introduce la mercantilización del agua, un bien público, concepto que es una conquista de la Ley de Aguas y de la democracia importante, de esas conquistas importantes de la democracia y de la Transición que hemos conseguido entre todos.




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Esta modificación consolida los usos ilegales, la privatización de ese bien público, pone en riesgo los ecosistemas más frágiles y perjudica a los agricultores profesionales y, desde luego, a los jóvenes que quieren incorporarse a la profesión de agricultor, porque encontrarán una tierra a un precio difícil de comprar, un agua a un precio que no podrán comprar, mientras hay grandes propietarios que tienen fincas no trabajadas, con derechos de agua que no usan, que seguramente ni tienen agua, o que han prescrito o caducado, y que ven aumentar sus precios de la tierra en base a ese derecho al agua que pueden vender a otros propietarios. Así pues, la única modificación que es necesaria es aquella que garantice la gestión pública de este bien público. Nosotros vamos a proponer introducir medidas que fortalezcan aún más la gestión pública del agua, medidas como el derecho al tanteo y al retracto por parte del Organismo de cuenca, que se apoyen más los planes hidrológicos como instrumento de planificación y la gestión de las confederaciones hidrográficas. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa de forma especial el ataque al Plan Especial del Alto Guadiana, que prácticamente se desmonta, y con este sistema lo que se está creando, señorías, es otra burbuja, la burbuja del agua.

En resumen, pensamos que esta Ley de Medidas urgentes en materia de medio ambiente no justifica que se mezclen las diferentes cuestiones que se reforman; desde luego, no son medidas de carácter ambiental, no han pasado los informes preceptivos previos, y para ello se ha disfrazado, a través de este trámite de urgencia, para justificarlo; no ha pasado a los órganos de consulta, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni los procesos de participación e información pública; no se ha contado con las comunidades autónomas, que son competentes en la mayoría de las materias que son objeto de reforma; además, son contrarios a las directivas y a los planes de Europa, como hoy decía y ayer recordaba el comisario europeo de Medio Ambiente. Supone también una recentralización para gestionar peor algunos bienes públicos, para gestionar peor los residuos, el agua, los ecosistemas y los espacios protegidos.

Por lo tanto, pedimos la devolución al Gobierno, al Congreso, a través de este veto, que es una facultad que tiene el Senado —que por cierto, el Partido Popular pone en valor— y le pido especialmente al Grupo Parlamentario Popular que lo ejerza.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para un turno en contra tiene la palabra la senadora Pons Vila.

La señora PONS VILA: Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a los tres vetos que han sido presentados por los grupos de esta Cámara.

En primer lugar explicaré qué es lo que pretende el Gobierno con este proyecto de ley. Primero fue un real decreto, y en este momento lo estamos tramitando como proyecto de ley.

El principal objetivo de este proyecto de ley es evitar las consecuencias devastadoras que se derivan del desorden existente desde el punto de vista jurídico. A nuestro entender, la legislación ambiental debe ser clara y debe otorgar seguridad jurídica. Como manifestó el ministro en relación con este asunto, sin normas claras y sencillas, fácilmente aplicables, cualquier intento de proteger el medio ambiente será estéril.

El primer paso para que el desarrollo sea sostenible es que la legislación medioambiental también lo sea. El Partido Popular se comprometió con los ciudadanos de este país a procurarles la mayor seguridad jurídica posible. Consideramos que es el único modo de avanzar, de recuperar la confianza, tan necesaria en momentos como los actuales. Y este proyecto de ley es un ejemplo; y vendrán otros, pueden estar seguros de ello.

Por lo tanto, no se trata de retroceder en materia medioambiental —como aquí se ha dicho—, sino de avanzar. Tampoco se pretende una revisión ideológica, sino poner en orden aquello que hasta el momento no estaba funcionando adecuadamente. Los ciudadanos nos pusieron en el Gobierno para que lleváramos a cabo otras políticas, porque para seguir como hasta ahora ya estaban ustedes, y a la vista de la situación, el cambio era inevitable. Ustedes no tienen el monopolio de la protección del territorio ni de la defensa del medio ambiente; muchos antes que ustedes lo hicieron, y gracias a ellos mantenemos la biodiversidad y la riqueza medioambiental de la que disfrutamos en España. No son los únicos amantes de la naturaleza ni los únicos que ven




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en ella un valor a preservar y que legar a futuras generaciones. Nosotros también, puedo asegurárselo.

Señorías, les puedo asegurar que de los territorios que conforman el Estado español, por ejemplo, la isla de la que procedo, Menorca, la protección del territorio ha venido de la mano de Gobiernos del Partido Popular. Porque también nosotros, los del PP, queremos a nuestro entorno y también queremos protegerlo y cuidarlo, pero sin demagogias ni exclusiones.

En una situación como la actual, de profundas reformas estructurales encaminadas a la reactivación de la economía y a la generación del empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de la legislación ambiental que contribuya a estos objetivos, pasando, como he dicho antes, por una simplificación y una agilización administrativa, una de las bases de nuestro compromiso con los ciudadanos. Se trata, por tanto, de una modificación de los aspectos que consideramos más urgentes. No es un cambio completo del modelo seguido hasta ahora, pero consideramos que todo es mejorable y nosotros nos hemos puesto a ello cumpliendo el mandato recibido de la ciudadanía.

Se ha dicho que el proyecto de ley reforma varias leyes. Es cierto, planteamos la reforma puntual de cinco leyes. El real decreto planteaba la reforma de cuatro, y en el trámite en el Senado hemos planteado la reforma de cinco leyes: el artículo 1, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio; su artículo 2, la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; su artículo 3, la modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; su artículo 4, la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y, como he dicho, en el trámite parlamentario se ha añadido un nuevo artículo, el 5, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Por lo que he oído a sus señorías y por el contenido de los vetos presentados, que todos tratan prácticamente de las mismas materias, daré una respuesta conjunta sobre las modificaciones propuestas, no directamente sobre lo expuesto por cada uno de los portavoces.

En relación con las modificaciones de la Ley de Aguas, no se pretende una recentralización de competencias, sino mantener en el Estado las competencias que la Constitución le atribuye. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de la aplicación del principio de unidad de cuenca, y eso es lo que hace el Estado, aplicar el principio de unidad de cuenca para conseguir así una gestión más eficaz, coordinada, solidaria y eficiente. Creemos que el proyecto de ley presentado clarifica esta situación. Si las demarcaciones hidrográficas se hacen con carácter único y las confederaciones hidrográficas establecen los usos de un determinado río entre las cuencas intercomunitarias, tiene todo el sentido que la policía administrativa y el cumplimiento del respeto a los usos aprobados se prevean con un criterio único. No tiene sentido fragmentar los criterios de aplicación en materia de aguas en función de los tramos del río, porque este es único, los caudales del río son únicos y los caudales ecológicos son únicos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Respecto al Alto Guadiana, puedo decirles que el procedimiento establecido para la cesión de derechos en el ámbito del Alto Guadiana en ningún caso supone una compra-venta libre entre particulares, ya que la transmisión de derechos entre particulares adquiere vigor mediante una concesión administrativa otorgada por la Confederación del Guadiana. Por lo tanto, la asignación de derechos corresponde en exclusiva a las administraciones públicas. En este mismo acto también se cancelará por el organismo la concesión del cedente y su derecho temporal sobre las aguas privadas, lo que favorece la transmisión de derechos privados en concesionales. De cada cesión el cesionario no recibe la totalidad del agua cedida, sino que un porcentaje se reserva para la recuperación del buen estado de la masa de agua, por lo que se considera que es un mecanismo adecuado para la recuperación de un acuífero sobreexplotado.

El sistema de declaración de masas de agua en riesgo, previsto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, pretende agilizar los trámites para dar una respuesta más rápida a los nuevos problemas que pueden presentarse, frente a la actual declaración de sobreexplotación, que consideramos de tramitación más lenta. Por tanto, lejos de poner en riesgo el humedal del Alto Guadiana, creemos que se introduce un procedimiento con un claro objetivo de recuperación del mismo. Precisamente, lo que persigue el régimen establecido es permitir reaccionar con mayor




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rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar la disponibilidad del agua en las masas que cuenten con un plan de explotación. Al igual que antes, el régimen establecido busca una gestión más rápida y flexible, con diversas opciones de actuación, siendo la incorporación de recursos una de las posibilidades, aunque no la única. No se debe limitar la flexibilidad ante situaciones graves de deterioro. No se trata de crear expectativas de que la solución vaya a venir de fuera. El procedimiento establecido permite excepciones en la aplicación de recuperación de costes pero siempre de forma motivada y sin perjuicio de cumplir lo que también establece la Directiva Marco del Agua. De esta forma se busca agilizar la declaración de estas excepciones, dado que la Directiva Marco del Agua remite a su inclusión en los planes hidrológicos, cuya tramitación y modificación se ha demostrado, hasta el momento, lenta y complicada. Solo se han acometido las reformas más urgentes y que impone la situación actual. El Gobierno está estudiando la posibilidad de una reforma más extensa y en profundidad del texto refundido de la Ley de Aguas. Por otro lado, las modificaciones parciales no vulneran en ningún caso, a nuestro entender, lo establecido en la Directiva Marco del Agua, al contrario de lo que se ha afirmado anteriormente.

En relación con las modificaciones que se prevén en la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, pensamos que la modificación que se establece no supone en modo alguno una minoración del grado de protección; antes al contrario, creemos que la nueva norma propone una coordinación que consiste en que un único instrumento se incorpore al régimen que se establece en los distintos instrumentos de gestión que afectan a un mismo territorio. No se prejuzga cuál sea su nivel de conservación ni se modifica; simplemente se procura que exista un solo documento de referencia, por lo que no se produce en ningún caso rebaja en los niveles de protección existentes. Se pretende promover así la transparencia y la claridad, sin merma de protección: un territorio protegido, un único documento de planificación, así de sencillo.

En relación con las modificaciones en esta parte de la Ley de residuos y suelos contaminados les diré que solo pretenden clarificar la aplicación del régimen de gestión. Ustedes olvidan deliberadamente que se mantiene la voluntariedad ―ya sé que eso no les gusta― si bien nosotros precisamos que, por razones jurídicas, las circunstancias motivarían una imposición obligatoria de un sistema de depósito, devolución y retorno. No estamos por la labor porque creemos que lo justo es la voluntariedad y, evidentemente, negamos que la modificación propuesta responda ―aunque el señor Saura no lo ha citado aquí sí que aparece en su propuesta de veto― a un secuestro por parte de los lobbies del reciclaje. Insisto en que no estamos en absoluto de acuerdo con esta afirmación y más bien pensamos que la voluntariedad contemplada es lo más razonable en este momento porque optar por un sistema de SDDR, que solo acepta una parte de los residuos y que rechaza una gran mayoría, no es la solución más adecuada. En ese caso, ¿qué hacemos con lo que no responde a los intereses de este sistema? ¿Quién se hace cargo? ¿Complicamos más la vida a los ciudadanos con más sistemas de recogida? Pensamos que no es el momento y que no es la solución. ¿Vamos a implantarlo ―según nos dijeron los defensores del sistema― porque funciona muy bien en Alemania? Sinceramente, creo que las realidades alemana y española son distintas en muchos aspectos y, evidentemente, también en el caso del residuo.

También cabe recordar que es un sistema que si bien está implantado en Alemania y en otros países, en muchos otros de nuestro entorno, como es el caso de Francia, el Reino Unido, Países Bajos o Bélgica no lo está, y no quiero creer que también todos esos países y todos esos Gobiernos estén secuestrados por los lobbies del reciclaje; sinceramente, creo que es una respuesta demasiado simple.

En el Grupo Popular estamos siendo consecuentes con lo que ya manifestamos en la anterior legislatura en los debates sobre la Ley de residuos. Hablábamos de un establecimiento de carácter voluntario de la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno, y eso es lo que hacemos en este caso. Pensamos que el sistema de depósito, devolución y retorno introduciría unos sobrecostes innecesarios en el sector industrial, no convenientes en la actual situación de crisis económica; provocaría perjuicios para la distribución comercial ―como he dicho, las realidades comerciales de Alemania y España son muy diferentes― porque haría necesaria una gran inversión que no repercutiría en eficacia ni en eficiencia empresarial; introduciría barreras a la libre circulación de mercancías y productos; no minimiza el impacto ambiental por la cantidad de residuos que no se aceptan en ese sistema y, como he dicho, deja fuera una gran cantidad de




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residuos que en este momento sí aceptan los sistemas integrados de gestión. Sin duda, apostamos porque mejoren los sistemas integrados de gestión porque, como he dicho, todo es mejorable y también en el ámbito del medio ambiente.

Por último, en relación con la modificación de la Ley del Mercado de Valores, que por lo que he leído en sus vetos solo cuestiona el portavoz del Grupo Socialista, creemos que va a permitir que nuestra ley se adapte a la normativa comunitaria y que el Estado español pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cumpliendo los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto y participando así del dinero procedente de estas subastas en la parte que corresponde a España, que es algo que se debería haber hecho mucho antes; en este caso, en tiempos del Gobierno socialista que ahora lo reclama.

En relación al destino de los fondos que se van a obtener de estas subastas, hay que recordar que, según la directiva comunitaria, al menos el 50% de estos ingresos deben dedicarse preferentemente a la lucha contra el cambio climático. Nosotros entendemos que con la implementación de políticas, que se decidirán en su momento y veremos cómo es el proceso para tomar esa decisión, no necesariamente deben ir en exclusividad a un fondo de carbono, como se pretende por parte del Grupo Parlamentario Socialista y así se recoge en el veto, sino que hay otras políticas, entre las que podrían estar planes forestales, etcétera, que también podrían ayudar a luchar contra el cambio climático y que podrían nutrirse de estos fondos. No estamos por la exclusividad de destinar esos ingresos al fondo de carbono. Consideramos que en estos momentos lo prioritario es hacer la modificación legislativa para obtener los fondos y, en su momento, ya se decidirá el uso al que se deben destinar dentro de un amplio campo de actuaciones posibles en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Por todos los argumentos expuestos, y a tenor de lo que he intentado explicar, el Grupo Parlamentario Popular rechazará los tres vetos presentados y votará en contra de los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Asistimos una vez más a una retahíla de medidas urgentes por el procedimiento de urgencia. Si en la mayoría de los casos uno no puede evitar recordar el viejo proverbio atribuido a distintos monarcas, pero de forma más generalizada a Felipe II, aquel de vísteme despacio que tengo prisa, en una materia como esta, en materia medioambiental, en la que las consecuencias de las decisiones que se tomen tendrán repercusiones durante distintas generaciones y afectarán, según el acierto o la equivocación, de manera positiva o negativa al medio ambiente durante mucho tiempo, la necesidad de pensar las decisiones que se toman resulta un imperativo.

Como suele ocurrir, además, cuando uno lee con detenimiento el proyecto presentado descubre enseguida que el articulado desmiente la exposición de motivos, que hay una ruptura en el argumento que empieza a ser ya algo generalizable en los proyectos legislativos que llegan a esta Cámara. Si la exposición de motivos dice que las reformas no conllevan merma del principio de protección, el texto no garantiza que la unificación de instrumentos de protección que se plantea, más allá de invadir competencias de las comunidades autónomas a lo que luego haré referencia, no garantiza que dicha unificación sostenga un mayor grado de protección que el que establecían y determinaban las distintas figuras preexistentes. Luego se abre lo que, en mi opinión, es un resquicio harto peligroso: supeditar las necesidades de protección a las necesidades de los municipios, porque uno inmediatamente sustituye municipios por urbanismo, e inmediatamente sustituye urbanismo por especulación, a la vista de la experiencia de nuestra historia reciente.

En los contenidos de la ley, además, se hacen unos planteamientos que cronológicamente han tenido bastante mala suerte. Que este proyecto venga a debate dos días más tarde de la llegada a nuestro país del comisario europeo de Medio Ambiente, que trae unos planteamientos públicamente expresados —imagino que trasladados al ministro del ramo en la reunión que celebraron— que descalifican absolutamente la estrategia de esta ley, expresa una vez más la absoluta disociación que se da entre la política —entre comillas— medioambiental del Gobierno del Partido Popular y las exigencias de la Unión Europea, por más que en el texto legal, como




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siempre, se haga referencia a esa normativa europea. La modificación que se plantea de la Ley de residuos y suelos contaminados supone, como ya han dicho los portavoces que han defendido los vetos que, obviamente, a la luz de mi argumentación vamos a respaldar, una involución por frenar la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno, a pesar de ser esta una estrategia demandada por la Unión Europea y por su comisario de Medio Ambiente y no suponer ninguna novedad en nuestro país.

Los que tenemos ya una edad, podemos recordar que en nuestra infancia, cuando se acudía a la tienda, uno tenía que llevar los cascos, que se recogían, y si no había que pagar un precio por ellos. Esa, además, es una práctica que curiosamente en mi tierra, en uno de sus productos emblemáticos, la sidra, aún se mantiene, salvo en las grandes superficies que han roto, como tantas otras cosas, una larga tradición.

Un reciente informe de la Comisión Europea sitúa a España como undécima en el ranking de gestión de residuos municipales, y denuncia que nuestra legislación, antes de esta reforma, ya era muy laxa; ahora es laxa y permisiva y lo será aún más después de la aprobación.

El comisario, señor Potocnik, de visita a nuestro país insistió en que es necesario acabar con los vertederos y con la incineración, y que los residuos deben dejar de ser considerados un problema para ser vistos como un recurso, más importante aún en tiempos de crisis, pudiendo generar 54 000 empleos con la mejora de su tratamiento, algo a lo que, obviamente, este proyecto renuncia.

Si vamos a los contenidos que guardan relación con el agua, lo primero que hay que decir es que uno se preocupa aún más al escuchar a la portavoz del Partido Popular anunciar una reforma a fondo de la Ley de Aguas, porque indica una voluntad seguramente de mantener la estrategia que vertebra este proyecto y, por supuesto, seguir aplicando medidas que significan desandar.

El agua en nuestro país no es un problema, más allá de que ese cambio climático, que ya no niega nadie ni siquiera los primos, sitúa a nuestro país como uno de los Estados que van a verse afectados de forma más importante en todo lo relacionado con el agua y con la desertización.

El texto abunda en los males históricos de tratamiento del agua en nuestro país, la sobreexplotación y la mercantilización de un bien que es estratégico y escaso. Las políticas de agua en España se han basado en el aumento de los recursos hídricos al servicio del consumo, no en la búsqueda de reducir ese consumo. Somos el cuarto país del mundo con mayor número de grandes presas, 1200, y obviamente apenas quedan ríos sin regular. No tenemos un problema de agua, tenemos un problema de regadíos; basta leer, incluso, los contenidos de la ley. Hay en nuestro país 3,7 millones de hectáreas en regadío que utilizan el 80% del agua consumida. Los servicios a núcleos urbanos representan solo el 14% y la industria consume el 6% del agua. El consumo urbano, además, desciende: desde 1987 a 2010 el consumo por habitante cayó un 24%. Se ha intervenido en el consumo doméstico; se han mejorado las redes de distribución; se han desarrollado iniciativas de mentalización de los ciudadanos, pero no se ha incidido en ningún caso sobre ese 80% del consumo de agua dedicado a regadíos; de esos 3,7 millones de hectáreas en regadío, 1,9 millones, más de la mitad, son regados por los métodos tradicionales de gravedad o a manta, con pérdidas por fuga o evaporación que se sitúan entre el 50 y el 70%. Esta ley debería intervenir para reducir esa pérdida del agua dedicada al regadío porque con inversiones y con cambios de estrategias se llegaría a limitarla a un 15%.

El comisario europeo también señaló en nuestro país que el precio del agua no cubre costes; ni lo cubre en la boca de agua, en el consumo doméstico, ni lo cubre en el regadío. En el consumo doméstico, la media está en 1,57 euros por metro cúbico. A pesar de todo ello, se sigue apostando por aumentar la presencia mercantilizadora y privada en el tema del agua. El 39% de la población es abastecida en el consumo doméstico por empresas públicas; el 36% por empresas privadas, que han subido en muy poco tiempo del 33 al 36%, es decir, un 3%; el 13%, por empresas mixtas y el 8%, directamente por las corporaciones locales. Nuevas concesiones en materia de regadíos abundarán en esta mercantilización y privatización de un bien estratégico al que deben tener acceso todos los ciudadanos de nuestro país.

Concluyo. La ley vuelve la espalda —alguna enmienda lo plantea— a algo que también demandaba en su visita el señor Potocnik: la introducción de fiscalidad verde. Y la ley, y es el último argumento que me lleva a votar a favor, como han dicho otros portavoces, invade competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? ¿El senador Cazalis desea intervenir? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las argumentaciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular —no siempre estoy acostumbrado a oír argumentos— con algunas coincido, con otras no, pero, repito, quiero agradecer el tono de su intervención.

Quiero insistir en el carácter del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, refiriéndome a las cien propuestas que el ministro planteó en su primera comparecencia en el Congreso, cuya primera medida era: el ministro también ha alcanzado el compromiso de simplificar y racionalizar la normativa ambiental, y la segunda: el ministro se ha comprometido a agilizar los trámites administrativos de los procedimientos ambientales. Agilizar siempre es bueno, a pesar de que hay otras cosas más importantes, por ejemplo, una noticia reciente dice que hay 430 000 peticiones de nacionalidad que llevan esperando cuatro años; pues bien, posiblemente sea más importante agilizar la nacionalización de 400 000 personas que los trámites administrativos.

Se ha citado al comisario europeo de Medio Ambiente quien, a la pregunta de un periodista relativa a si el discurso es que hay que suavizar leyes como la de costas o la de impacto ambiental, porque suponen una carga para las empresas, una visión que el ministro y muchos tienen muy clara: los aspectos medioambientales como impedimento, en definitiva, del crecimiento económico, la respuesta del comisario fue clarísima: obviamente, mi mensaje es diferente; no se trata de poner en un lado los costes y la economía y en otro el medio ambiente; el medio ambiente debe ser parte de la política industrial, del transporte, de la economía, etcétera.

La pregunta es, y me gustaría que me contestaran, porque no lo sé: ¿qué medida va a tomar —no sé si decir avanzada o de futuro— el ministro, señor Arias Cañete, en relación con el medio ambiente? Díganme una; yo no la he encontrado. Lo único que he encontrado son recortes, simplificaciones para quitar competencias. Y no es que lo digamos nosotros, los que hemos presentado el veto, las cuatro ONG ecologistas más importantes califican de atentado del Gobierno la protección del medio ambiente, y la Fundación Nacional Nueva Cultura del Agua dice exactamente lo mismo.

Y yendo a la concreción de los ámbitos, ¿no dice el proyecto de ley en su primer párrafo que el objetivo es la generación de empleo?, ¿y no dijo el ministro en su presentación que este era el primer objetivo? Usted me ha argumentado mucho pero no me ha podido decir cómo van a generar empleo. Es decir, se trata de un patrimonio natural que usted dice que hay que simplificar, unificar y coordinar; de acuerdo, pero la pregunta es quién lo hace. ¿Quiere que le lea lo que dice el Estatuto de Autonomía a este respecto? Artículo 144.2, corresponde a la Generalitat en materia de espacios naturales la regulación, la declaración de las figuras de protección, de limitación, planificación y gestión de espacios naturales y hábitats protegidos y situados en Cataluña. Artículo 144.3: La Generalitat, en el caso de espacios naturales que traspasen el territorio de Cataluña, ha de promover los instrumentos de colaboración con otras comunidades. Y también dice que, en el caso de que se trate de espacios de protección estatal, ha de haber una comisión que informe.

¿Ustedes qué hacen con esto? Se lo quedan todo, y usted dice: es que no se disminuye la protección. La pregunta es: ¿qué significa —y estoy seguro de que tendremos tiempo de verlo— cuando ustedes dicen que ese plan se va a hacer con especial disposición? ¿Qué quiere decir especial disposición? ¿No era más fácil decir que se van a mantener las figuras de protección? Ya estaban las figuras de protección y unificación sobre la base de las competencias de los estatutos.

Lo mismo ocurre en relación con los residuos. Fíjese, señoría, la Comisión Europea, en la comunicación 2009/C107 dice lo siguiente: Los Estados miembros pueden y deben introducir sistemas de depósito y retorno. Por tanto, vuelvo a repetir: la Comisión Europea, en su comunicación 2009/C107, dice: Los Estados miembros pueden y deben introducir sistemas de depósito y retorno. Y no solo es Alemania, es también Finlandia, Noruega, y muchos otros países. La pregunta es: ¿por qué lo eliminan?




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Señoría, ha aparecido una información que no sé si es cierta o no, me gustaría que usted me lo confirmara, que dice lo siguiente: un determinado lobby entregó un proyecto de ley de modificación de residuos al anterior Gobierno; el anterior Gobierno no hizo caso, y el proyecto que se nos trae ahora es literalmente el mismo que ese lobby ya presentó. No sé si es verdad; está publicado. ¿Es verdad que el proyecto de ley de residuos que ustedes presentan es exactamente la copia del proyecto de ley que entregó un lobby al anterior Gobierno? ¿Cómo puede usted despachar este asunto diciendo que Alemania es Alemania? Pues bien, Alemania, Finlandia, Noruega, muchos otros países lo hacen, y la Comisión Europea lo recomienda. ¿Cómo puede ser que la Comisión Europea recomiende ese sistema y ustedes lo eliminen? Porque ya no estoy diciendo lo que sería nuestra propuesta: que fuera obligatorio; ya no digo que sea obligatorio, digo simplemente que sea voluntario. ¿Sobre la base de qué lo eliminan? Sobre la base de absolutamente nada. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por tanto, señoras y señores del PP, y no pretendo tener el monopolio de preservar el territorio, insisto en que la ecología y el medio ambiente no son un complemento a la política económica, forman parte de la salida de la crisis. No he querido hablar, por no extenderme, de la necesidad de empleos verdes; es decir, en estos momentos, en Alemania, en Japón, en Holanda, un sector industrial de crecimiento es el de los empleos verdes. Aquí, de esto no se ha hablado en absoluto; es decir, el Gobierno plantea un proyecto que tiene como objetivo crear empleo, pero lo que está haciendo es no solo no crear empleo sino que está excluyendo propuestas y proyectos políticos que lo crean y no plantea en absoluto la industria verde como creación de ocupación.

Por tanto, mantenemos el veto. Insisto en que estamos ante una vieja política y, sobre todo, ante una visión de que el medio ambiente es contradictorio y que puede entorpecer el desarrollo económico, cuando yo creo que el medio ambiente es una oportunidad y que no habrá salida de la crisis sin un cambio de modelo desde el punto de vista de desarrollo. Y no hace falta ser muy entendido para contrastar lo que dice el preámbulo de intenciones y lo que se desprende de los contenidos, en lo que son absolutamente contradictorios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.

En principio no tenía pensado intervenir porque no presentamos veto pero, vista la capacidad de negociación que nos ha ofrecido nuevamente el Grupo Popular, tomo la palabra simplemente para manifestar nuestra tristeza porque teníamos que haber presentado un veto a esta ley. Nuestra posición —esto lo diremos en la defensa de las enmiendas, pues me queda esta duda— era la de votar en contra de los vetos, pues pensábamos que mejoraríamos realmente la Ley de medidas urgentes y que no habría invasiones competenciales ya que corregiríamos aquellos aspectos que nos preocupaban, pero a la vista de cómo se desarrollan los pasos previos y las posiciones del Grupo Popular en este momento, no me queda más remedio que adelantar que, en este caso, no votaremos en contra, sino que nos abstendremos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Brevemente diré que en lo que respecta al patrimonio natural está claro que el Partido Popular nos lleva de rebajas. Hay una rebaja sustantiva de la aportación ambiental. En cuanto a lo que dijo la portavoz sobre las subastas del fondo de carbono le concreto que estamos de acuerdo con esa regulación que es fruto de una directiva europea. No obstante, creemos que se debe garantizar por ley el destino de ese dinero, no vaya a ser que el señor Montoro, una vez que lo ingrese en sus arcas, lo dedique a cosas ajenas a la lucha contra el cambio climático.

Respecto de la modificación de la Ley de Aguas, les recuerdo que el Partido Popular modifica un texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el año 2001. Por cierto, no entiendo el




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objeto, y está claro que la mancha húmeda va a quedar en mancha seca. Si se venden derechos, si se crea un mercado de agua que no se utiliza, que no existe, que solo existe sobre el papel, está claro que quien compre esos derechos va a consumir esa agua. Por lo tanto, se van a intensificar las extracciones y no vamos a cumplir los objetivos fijados en la directiva marco para el año 2015.

Mejoras, decían ustedes. Evidentemente, quien mejora es quien tiene una tierra sin cultivar pero tiene derechos de agua, de agua que no existe y que no usa, que hace subir el precio, que perjudica a los agricultores profesionales, y que ahora, en concesiones públicas, a través de procedimientos públicos, les es fácilmente asequible a precios adecuados; procedimientos públicos conocidos que, por cierto, han demostrado su eficacia tanto para garantizar la calidad de los acuíferos, puesto que el 70% de ese agua va a ellos, como para los agricultores, de los cuales un 30% puede repartirse esas concesiones y no como ahora que tienen que ir a un mercado entre particulares.

Respecto a la Ley de residuos, evidentemente, el Partido Popular da satisfacción a una serie de intereses particulares de empresas que son las que forman los sistemas integrados de gestión porque aunque administran un bien público, como es la gestión de los residuos, no son una administración pública, sino la asociación de determinadas empresas que prefieren, sinceramente, pagar solo lo que pagan, el 30% de lo que recogen selectivamente, y no pagar el 100% que supone la responsabilidad ampliada del productor, tal como exige la normativa europea.

Este sistema no es incompatible con los sistemas actuales. Es más, este sistema de depósito se puede aplicar de forma compatible con los actuales sistemas, incluso, con los SIG actuales, los propios productores pueden implantarlo. Por cierto, nosotros creemos que sería adecuado volver a la redacción anterior, fruto de una serie de equilibrios que veían adecuados los SIG que existían antes y que se aceptaron en la modificación legal anterior.

Insistimos en pedir el apoyo al veto y en que cualquier modificación legal que se establezca de esta serie normativa que el Gobierno presenta se haga con los procedimientos adecuados, con los informes y estudios previos, con los órganos de participación y, asimismo, con la participación de las comunidades autónomas. Esto es lo que les pido a los senadores y, en concreto, a los del Partido Popular para ver si hoy, que es un buen día para América, también lo es para el medio ambiente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, utilizaré el turno de portavoces para fijar algunas cuestiones y pronunciarme definitivamente sobre el voto de nuestro partido, que ya anuncio, lógicamente, que va a ser en contra de los vetos, porque una cosa es lo que ustedes escriben y otra lo que después dicen ustedes, y en este momento estamos en el turno de debate de los vetos que ustedes han presentado, y los vetos que ustedes presentan son a un proyecto de ley que de lo que trata, en lo que quiere incidir, es efectivamente, como se ha dicho aquí, en una cuestión de simplificación, de agilización de medidas ambientales, de eliminar también inseguridades jurídicas y de mejorar la consecución de un uso más adecuado del agua. Pero después, cuando ustedes intervienen aquí, lo que hacen es olvidarse de cuáles son los objetivos de esta ley y dedicarse a hacer una vez más, en esa especie de mítines a los que nos tienen acostumbrados, política o demagogia de la política o demagogia de las intervenciones que nada tiene que ver en absoluto con lo que es el fundamento y las propuestas que vienen en este proyecto de ley. Y entonces nos encontramos con que en los vetos ustedes hablan de recentralizar competencias, de reducir protección, de ignorar las oportunidades que genera la gestión de residuos o de abrir la puerta a la privatización. Incluso aquí se nos ha acusado de ser defensores del viejo orden. Yo les quiero recordar a los señores de Izquierda Unida y a los señores del Grupo Parlamentario Socialista que han presentado los vetos que cada vez que ha habido un avance importante en materia ambiental en este país que se llama España ha sido producido con los Gobiernos del Partido Popular de forma clara y contundente. Esta es una cosa que quiero dejar sentada aquí. (Aplausos.)

La segunda cosa que quiero dejar sentada aquí es que cada vez que hemos ido al desastre económico en este país ha sido con los Gobiernos de la izquierda, especialmente con los




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Gobiernos del Partido Socialista, señor Fidalgo. Esa es la verdad. (Aplausos.) Porque usted, señor Fidalgo, en su veto habla incluso de las razones económicas que nos han llevado aquí y ha hablado de dos burbujas, de la inmobiliaria y de la de agua. No sé si la burbuja de agua se refiere a estas que hacen los niños con el jabón cuando soplan por el tubito. No lo sé. Si aquí hay una cosa que nos ha llevado a la situación que tenemos ha sido un Gobierno del Partido Socialista incapaz de hacer reformas y que nos ha dejado una situación como la que tenemos ahora. Le recuerdo, 9,4% de déficit en este país y más de tres millones de parados generados en el Gobierno del Partido Socialista, y esto es lo que usted quiere solventar en el veto con una simple frase que se refiere a la burbuja inmobiliaria. Pues no es una burbuja inmobiliaria, sino una forma de gestionar que no solo no ha hecho cosas, señor Fidalgo, y que ahora se hacen en este proyecto de reformas sino que, además, se ha dedicado a entorpecer iniciativas que estaban en marcha. Le recordaré por ejemplo una de la que yo fui partícipe. Me refiero a después de aprobar el Protocolo de Kioto —por cierto, gobernando el Partido Popular, se lo recuerdo, Protocolo de Kioto, porque cuando alguien pregunta qué han hecho los Gobiernos del PP le recuerdo que el Protocolo de Kioto se firmó con un Gobierno del Partido Popular—, y después de tres años trabajando con alguno de los compañeros que ustedes tienen en la bancada para diseñar la estrategia española para el cambio climático, en el 2003 llegó el Partido Socialista, la metió en un cajón y nunca más supimos de ella. Esas son las formas de lo que usted nos viene a explicar aquí, de lo que se entorpece y de lo poco que se trabaja desde los Gobiernos del Partido Popular por el medio ambiente. Es absolutamente lo contrario.

Por tanto, señor Fidalgo, he de decirle además que su propuesta de veto tiene dos características muy específicas que voy a resumir de forma clara: Primero, por lo que ya le he explicado, hay en él una falta de rigor total y absoluta, y es que ni fija claramente los términos por los que estamos en esta situación —cuando resulta que usted está hablando de que hay que mejorarla—, ni dicho veto hace nada por el estilo. Segundo, hay una contradicción absoluta en sí mismo, porque cuando se leen algunas de las afirmaciones que usted expone en él, uno entiende que lo que ustedes deberían hacer es apoyar la propuesta de proyecto de ley que hace el ministerio, y es que ustedes hablan en su veto, señor Fidalgo, de que hay que hacer una profunda revisión de los fundamentos del paradigma económico y hablan de cambios a nivel nacional y global en temas ambientales. ¿Y cómo se hace eso, señor Fidalgo? ¿Sin hacer absolutamente nada, como hicieron ustedes, o planteando reformas claras y concretas como las que presenta este proyecto de ley para resolverlo? Por tanto, señor Fidalgo, de ninguna manera podemos estar de acuerdo en un veto que, insisto, tiene esas dos características que le he comentado antes. Es así, léalo usted bien. Si lo han escrito ustedes, léanlo bien; otra cosa es que no lo hayan escrito, pero, repito, si lo han escrito, por favor, léanlo bien.

Por otra parte, hemos tenido una comparecencia en relación con los SDDR y se nos han contado muchas cosas que usted oculta aquí. Por ejemplo, todas sus señorías deberían saber que poner en marcha en España este sistema costaría la friolera de 800 millones de euros. Yo entiendo que para ustedes, que durante su gobierno han estado en el despilfarro, esta les parezca una cuestión baladí, pero a nosotros, señor Fidalgo y señores de la Entesa, no nos lo parece. Por tanto, se trata de una cuestión absolutamente clara. Creo que en estos vetos hay simplemente excusas. Muchas veces yo lo comprendo. Y a los representantes de Izquierda Unida debo decirles que, efectivamente, siempre dicen lo mismo, por lo que no voy a acusarles de incoherencia; es el discurso permanente de la izquierda, que yo entiendo perfectamente, pero que no podemos compartir de ninguna manera. Esto es así de claro.

Y cuando el señor Saura habla de crear empleo siempre confundimos el empleo con el empleo público. Senador Saura, crear empleo en España no es solamente crear empleo público, que es lo que parece que usted ha venido a decirnos con su discurso. Por tanto, aparte de eso, entiendo perfectamente que ustedes están en su línea, línea que nosotros no compartimos, pero al menos no veo ahí ningún sentido más de discrepancia en esa cuestión.

Voy a resumir todo esto de una forma muy sencilla; se lo voy a explicar muy claro. Miren ustedes, en el Grupo Parlamentario Popular en el Senado defendemos cinco cuestiones básicas, cinco aspectos clarísimos que entendemos están perfectamente recogidos en este proyecto de ley. Primero, defendemos el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas. Segundo, apoyamos las actuaciones incluidas de forma clara, como no puede ser de otra manera, en el Plan




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Especial del Alto Guadiana. Tercero, apostamos por la reforma de la Ley de residuos. Por cierto, señor Fidalgo, no han sido unos meses sino casi dos años; la Ley de residuos es de mediados del 2011. Luego ha sido año y medio aproximadamente. Cuarto, apostamos efectivamente por unificar, como ha explicado muy bien mi compañera, los planes de gestión en los espacios naturales y en la Red Natura 2000 para que no confluyan en un mismo espacio geográfico dos, tres, cuatro o cinco figuras de protección como venía haciéndose antes. Por último, y como también ha explicado mi compañera de manera muy clara, apostamos decididamente por adaptar la legislación financiera a la subasta de derechos que va a venir. Partiendo de esas cuestiones coincidimos absolutamente con el planteamiento que hace aquí el Gobierno. Por tanto, no comprendemos ni entendemos lo que está escrito en los vetos ni la defensa que han hecho ustedes aquí de ellos. Reafirmo que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado vamos a votar en contra de estos vetos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Les recuerdo que para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara.

Vamos a comenzar con la propuesta de veto número 1, de los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 66; en contra, 152; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas. Les comunico que, independientemente, de la hora a la que termine este debate, las votaciones no serán antes de las cuatro de la tarde.

Empezamos con las enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas de la 1 a la 24.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Voy a intervenir de forma muy sintética para decir que las enmiendas que hemos formulado se corresponden lógicamente con la argumentación realizada respaldando los vetos planteados por tres grupos parlamentarios de la Cámara.

Por lo que se refiere a la materia de aguas, nuestras enmiendas pretenden que se abra la posibilidad de consulta al Consejo del Agua con carácter previo a la declaración de situación de riesgo para una masa subterránea, y también cuando se apruebe el programa de actuación en estas masas de agua subterránea en situación de riesgo.




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Pretendemos que se proscriba la aportación de recursos externos a las masas de aguas subterráneas en riesgo porque entendemos que ese no es un mecanismo adecuado. Planteamos que se impida el otorgamiento de nuevas concesiones para la extracción de aguas subterráneas. Rechazamos las excepciones al principio de recuperación de costes. Creemos que es necesario mantener las competencias de las comunidades autónomas en materia de policía de dominio público hidráulico, apostando como alternativa por la unidad de gestión de la cuenca mediante el mecanismo de la encomienda de gestión. Finalmente, con este bloque que tiene relación con la regulación del agua queremos impedir la comercialización en el ámbito del Plan Especial del Alto Guadiana porque, como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, ello se traduciría en una intensificación de la explotación de los acuíferos.

El segundo bloque se refiere a espacios protegidos. Creemos que la integración de figuras de protección debe hacerse en todo caso garantizando el mantenimiento del nivel más elevado de protección preexistente frente a las competencias en materia municipal y a los intereses municipales. En relación con los residuos, defendemos que se sostenga el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno y que se avance en su puesta en marcha. Creemos que es necesario ampliar la responsabilidad del productor de residuos hasta la finalización del tratamiento adecuado de los mismos. Demandamos que se exija autorización, y no solo comunicación, para la actividad del negociante, que es reconocida con la misma figura como gestor. Demandamos la necesidad de una comunicación previa a la comunidad autónoma antes de iniciar la actividad también en los casos de la gestión de residuos no peligrosos. Planteamos un calendario más ambicioso de sustitución de las bolsas comerciales de un solo uso para que se sustituyan completamente en el 2018 y, finalmente, planteamos que a partir del 2016 se cree un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso.

Gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para defender las enmiendas que van de la número 52 a la 63 del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora vicepresidenta.

Intervengo desde el escaño para ir aligerando. Haré únicamente dos consideraciones y daré por encima dos razones por las que hemos presentado las doce enmiendas que hoy debatimos.

La primera consideración se refiere al marco competencial. En el Real Decreto 17/2012 no existe prácticamente ninguna mención al marco competencial de las comunidades autónomas, que tienen competencias muy amplias en materia medioambiental que les permite legislar de forma tan eficaz y exigente o más que como pueda hacerlo el Gobierno central. De hecho así lo han hecho, así lo hacen y esperemos que así lo sigan haciendo.

Ni en este proyecto de ley que estamos discutiendo ni en el real decreto en el que se basa se tiene en cuenta el marco competencial. Si hay disfunciones —que puede que las haya y seguro que las hay—, soluciónese donde las haya, en las instancias y en los foros que corresponda, pero no volvamos de nuevo al café para todos porque el café para todos significa siempre e indefectiblemente una recentralización de hecho. De estas reflexiones surgen algunas de las enmiendas que nosotros hemos presentado.

El resto son enmiendas puntuales que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con los residuos, destinadas a intentar mejorar o a intentar reducir los efectos negativos que, a nuestro juicio, tiene la norma que estamos discutiendo. Y no voy a entrar a discutirlas una a una porque somos pocos y estamos todos hambrientos, pero sí quiero hacer una reflexión acerca de en lo que se ha acabado convirtiendo al final esta discusión: los residuos.

El tema de los residuos es vital para esta sociedad y vital para este mundo en el que vivimos, la gestión de los residuos y también la gestión de los no residuos, porque no es limpio quien más limpia, es limpio quien menos ensucia. Pero no podemos analizar este problema con una discusión por trámite de urgencia —que es lo que nos está sucediendo—, un análisis que no debe suponer la contraposición absoluta entre los sistemas SIG y los SDDR, porque al final esta discusión se está resumiendo en una guerra de siglas, una guerra de siglas en un problema que es importantísimo y vital y no podemos reducirlo a cuatro letras, no debemos reducirlo a cuatro letras.




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La solución debe empezar por las políticas de minimización de la generación de residuos —ese es el punto clave, no qué hacemos con los residuos, sino cómo hacemos para que no existan los residuos— y debe terminar por la valoración energética del último, del inservible residuo, del residuo que ya está exhausto como material aprovechable. Pero esto tiene que conllevar una priorización de la reutilización y, como segunda derivada, una apuesta clara por el reciclaje de todo aquello que no se puede reutilizar; insisto, apostando por la reutilización de forma militante.

Ahora bien, señorías, también tenemos que tener cuidado de no desvestir un santo para vestir a otro, que es en lo que al final ha desembocado esta discusión, y por trámite de urgencia no mejora la situación. Yo creo que el Partido Popular tenía que haber serenado la discusión: vamos a ver cómo lo hacemos, hagámoslo lo mejor posible, no desvistamos un santo para vestir a otro, empecemos desde el principio, pero hagámoslo con calma, no por el trámite de urgencia. Y esto es lo que a nosotros no nos gusta. Señorías, lo dicho, estaremos en la discusión en la que tengamos que estar, aportando todo lo que podemos aportar, con calma.

Nos gustaría que nos aceptaran nuestras enmiendas, pero el señor Aparici ya ha dicho que no lo va a hacer y, por lo tanto, no voy a insistir. Ya en la comisión nos avisaron de que no se iba a aceptar ninguna enmienda, ahora aquí no se va a aceptar ninguna enmienda, la discusión se va a seguir simplificando en una discusión de siglas y nos da pena, sinceramente nos da mucha pena. Yo creo que se pierde una oportunidad para mejorar lo que haya que mejorar, para llegar a consensos que puedan ser importantes, porque, vuelvo a repetir, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, y este tema es muy importante como para andar jugando con él.

Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, para la defensa de las enmiendas que van de la número 64 a la 93, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. Desde el escaño voy a defender las que considero más relevantes.

En relación con el ámbito del agua, nuestras enmiendas van, por un lado, a corregir lo que he denunciado, la centralización de poder en la Junta de Gobierno en relación con la definición de masas de agua subterráneas sobreexplotadas y, por tanto, queremos que exista un informe del Consejo del Agua; por otro lado, suprimir la posibilidad de aportaciones externas porque pensamos que va en contra de la Directiva Marco del Agua.

La excepción que el proyecto de ley produce también en relación con la posibilidad de que no se cubran costes, pensamos que también va en contra de la Directiva Marco del Agua y, por lo tanto, planteamos su supresión.

En cuanto al sistema de unidad de cuenca estamos de acuerdo, pero sería razonable que hubiera una encomienda de gestión que permitiera que las comunidades autónomas continuaran haciéndolo. En relación con el Plan Especial del Alto Guadiana, ya he explicado los argumentos por los cuales estamos en contra. Por lo tanto, proponemos su supresión.

Respecto al patrimonio natural y de la biodiversidad, nuestra posición está clara. Se deberían poder coordinar o unificar las distintas zonas de protección, pero con la correspondiente competencia de cada Administración. Es decir, en aquel espacio competencia de una comunidad autónoma debería intervenir la comunidad autónoma. Si se trata de un espacio en el que confluyen dos o tres comunidades autónomas —según dicen los estatutos—, debería ser solucionado entre las dos o tres comunidades autónomas y en caso de un espacio de protección estatal, debería solucionarlo una comisión bilateral.

En cuanto a los residuos, estoy de acuerdo con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Es uno de los temas de futuro. Yo lo he calificado como lo más grave de este proyecto de ley y nuestra propuesta es mantener e ir más allá de lo previsto hasta ahora en la ley aprobada en 2011, es decir, que no solo fuera voluntario sino que en unos determinados ritmos esto pudiera acabar siendo obligatorio. Asimismo, proponemos un nuevo apartado donde las responsabilidades del productor del reciclaje se correspondan con el conjunto de la gestión que este realice. Finalmente, proponemos —tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto— un calendario más acelerado de supresión de las bolsas de plástico comerciales.




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Estas son nuestras enmiendas más importantes, cuya explicación política ya expuse anteriormente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, para la defensa de las enmiendas que van de la número 94 a la 114, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

También desde el escaño doy por defendidas el conjunto de las veinte enmiendas que planteamos los senadores socialistas de la Entesa, en línea con la argumentación que he expuesto en la defensa del veto. Consideramos que se produce una involución y una marcha atrás en todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad —precisamente por esa falsa contraposición entre crecimiento económico y protección medioambiental—, en línea totalmente contraria a lo establecido en la Estrategia 2020 de futuro de la Unión Europea.

Señorías, me gustaría insistir sobre todo en dos enmiendas. En una de ellas pedimos la supresión del apartado doce del artículo primero, que afecta precisamente a las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico. Este es un asunto que ya he planteado con anterioridad y que afecta a las competencias, entre otros, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña reconocidas en el estatuto de autonomía. Se trata de un claro atentado contra las competencias, la descentralización y, en definitiva, un aspecto más del Estado de las Autonomías en línea con lo planteado con anterioridad. Precisamente así no se favorece el diálogo necesario al que el otro día aludía el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, cuando manifestaba su voluntad de dialogar con el Gobierno de la Generalitat. No es precisamente de esta forma como se favorece el diálogo intentando modificar artículos aprobados y vigentes del estatuto de autonomía de las comunidades autónomas, en este caso, de Cataluña.

Otra enmienda importante para nosotros —como todas, pero que me gustaría destacar— es la número 114, en la que proponemos una nueva disposición final. Se trata de una enmienda de adición pues, en la medida en que este proyecto de ley hace referencia a medidas medioambientales, hay un asunto relativo a la gestión del agua que debería abordar. Me refiero a una cuestión que ya planteamos en esta Cámara con motivo de una interpelación y una moción consecuencia de interpelación. En definitiva, hace referencia a la previsión de caudal ecológico para el río Ebro prevista en el Plan Hidrológico de la cuenca de la demarcación del Ebro. Planteamos la necesidad de que la Ley recoja precisamente que cualquier previsión que se pueda hacer en el marco del Plan Hidrológico de Cuenca respete —como no debería ser de otra manera— la Directiva marco en materia de aguas de la Unión Europea, que respete también las conclusiones de la Comisión para la Sostenibilidad del Ebro, que se reunió hace pocos días precisamente, y a la que asistieron representantes del Gobierno de la Generalitat y representantes del Gobierno de España, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, aparte de miembros de la comunidad científica y también representantes de los sectores sociales afectados que forman parte de la comisión, y en cuyas conclusiones, que ya son conocidas, se ratificó que el caudal ecológico del Ebro no debería ser aproximadamente de 3000 hectómetros cúbicos anuales, como prevé el proyecto de plan de demarcación, sino que, en este caso, se entiende que debería oscilar, según años más húmedos o más secos, entre los 7000 y los 12 000 hectómetros cúbicos, como la única forma de garantizar la pervivencia del delta del Ebro, un espacio altamente sensible desde el punto de vista medioambiental y que, en caso contrario, vería amenazada su existencia. Y cuando hablamos del espacio, hablamos también de los que lo habitan, de las comunidades humanas que viven en el delta del Ebro. Es un tema altamente sensible al que el Gobierno debería responder con contundencia y, evidentemente, con la necesaria sensibilidad, aparte de respetar la legislación europea.

Finalmente, proponemos en esta enmienda de adición que se tenga en cuenta, por supuesto, que estamos tratando de una cuenca supracomunitaria, que hay nueve comunidades autónomas afectadas y que, por tanto, se escuche a las nueve comunidades autónomas, que se haga desde el diálogo y desde el respeto, pero atendiendo a las necesidades medioambientales de la zona baja del Ebro, porque, sin duda, podríamos asistir a una catástrofe ecológica y social, por tanto humana, de dimensiones difíciles de prever, pero, en cualquier caso, considerables.




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Sin más, doy por defendidas el conjunto de las enmiendas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, para la defensa de las enmienda números 25 a 51, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Yo también doy por defendidas las enmiendas que hemos presentado, pero sí que quiero destacar algunas, como las que hacen referencia a los aprovechamientos del agua.

A día de hoy, junto con los servicios que están declarados como servicio público hay servicios declarados esenciales, como la generación de energía eléctrica. Por este motivo, hemos propuesto una enmienda que incluyera esta referencia a los servicios esenciales para que este tipo de servicios declarados esenciales pudieran disponer de los mismos regímenes de protección que los declarados como servicio público.

Hemos presentado otras enmiendas que hacen referencia a que el otorgamiento de concesiones comportaría la extinción simultánea del derecho sobre aguas privadas reconocido hasta este momento. Nosotros lo enmendamos pidiendo que se constituya un nuevo apartado, aunque se mantuviera la redacción actual, en el que se dijera que la extinción al derecho solo se produce si hay un requerimiento previo por parte de la administración hidráulica. Como parece que lo que pretende la norma es favorecer la transmisión de titularidades de derechos sobre aguas privadas a públicas, sometido su aprovechamiento a régimen concesional, lo que queremos es tratar de asegurar que si se produce este incremento de caudal, o una modificación de las condiciones en el régimen de aprovechamiento, se extinga este derecho sobre aguas privadas.

Buena parte de la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas que hablaba sobre los acuíferos sobreexplotados, o en riesgo de estarlo en un futuro, pasa a hablar de masas de agua en riesgo de no conseguir los objetivos de encontrarse en buen estado. De esta redacción se desprendía que las masas de agua subterráneas solo podían encontrarse en dos situaciones: que estuvieran en riesgo de no conseguir los objetivos de estar en buen estado o que estuvieran en mal estado; y en ninguno momento se habla de las que están en mal estado. Desde nuestro punto de vista, las que están en mal estado deberían tener la misma protección que las que están en riesgo de no conseguir este buen estado. Son unas correcciones técnicas que entendíamos que podían mejorar el proyecto de ley, pero no he podido ver que se hayan tenido en cuenta.

Por otro lado, en relación con la cuestión de los residuos y suelos contaminados, en el informe que nos ha presentado la presidenta de la comisión observamos que no se han tenido en cuenta nuestras propuestas, de lo que se deriva una disminución de las competencias de las comunidades autónomas en materias tan relevantes —algo de lo que se ha hablado durante toda la mañana— como el sistema de devolución de depósitos de envases y de la utilización de los sistemas colectivos.

En el caso de la utilización de los sistemas colectivos, la modificación propuesta por el artículo 32.3 consiste en trasladar las autorizaciones a nivel estatal, de manera que dejaría de ser imprescindible la autorización de los sistemas por cada una de las comunidades autónomas que operasen. Hace falta insistir en que esta propuesta es del todo inaceptable, ya que supone una disminución de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, pues la redacción originaria de la Ley 22/2011 —que fue objeto de un debate muy intenso, según he podido constatar—, representa un paso atrás altamente cuestionable a nivel jurídico, atendiendo a que en la redacción originaria se hacía compatible tanto la simplificación administrativa como el derecho de las comunidades autónomas a establecer condiciones especiales a la autorización teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En este sentido, no puedo aceptar la modificación consistente en establecer que estas autorizaciones sean válidas para todo el territorio nacional, porque ya sabemos lo que pasa, que aquellas comunidades en las que queremos hacer las cosas un poco mejor, que podemos hacerlas un poco mejor porque llevamos tiempo haciéndolas, se verán afectadas de alguna forma por permisos que van a ser dados en otro ámbito.

Asimismo, quiero recalcar que en la nueva redacción —este texto alternativo al que se ha llegado al final en la comisión— respecto a la implantación de los sistemas de devolución de




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depósitos y retorno de envases, solamente se determinan dos supuestos, y entiendo que le sigue confiriendo este papel residual a su establecimiento. Considero que el esfuerzo que se hace de dar un paso más para intentar compatibilizarlo no es bastante. A pesar de todo, puedo apreciar este esfuerzo pero, desde mi punto de vista, estaba bien como estaba, porque era un texto muy garantista y para aplicar un sistema de devolución y retorno se exigía una viabilidad económica y se tenía que demostrar muy bien demostrado. En todo caso, ahora nos estamos adelantando a una futura aplicación, que todavía no sabemos si va a ser viable o no. Por tanto, dado que hay toda una industria y unas asociaciones que lo están promoviendo, deberían poder seguir insistiendo en esta materia para que, al final, cuando llegue el momento de implantarlo, con todas las garantías necesarias, se viera la necesidad o no de compatibilizarlo con los sistemas actuales, para que estos, que están dando la cobertura integral a todo el sistema de gestión de residuos, sigan siendo viables, sin la pretensión de que ahora, al implantar este sistema, se vean incapacitados para seguir siendo viables y no puedan seguir dando los frutos que están dando hasta ahora que, evidentemente, son apreciables. Por ello, nosotros queremos seguir manteniendo la redacción inicial.

En cuanto a estas medidas urgentes, tengo que decir que, francamente, cuando hacemos leyes que pretenden simplificar la tramitación administrativa y lo hacemos por la vía de la urgencia, aunque finalmente lo tramitemos como proyecto de ley, estamos cortando la previsibilidad normativa que desde el tiempo de los sumerios necesita cada persona en el devenir de su historia para poder desarrollar su negocio, para pensar qué inversiones tiene que hacer, etcétera. En la medida en que vamos dando pinceladas, modificando leyes en una sola norma, en vez de simplificar administrativamente, lo vamos complicando cada vez más. Al final, los despachos de asesores se ganan muy bien la vida, pero, francamente, al administrado, al emprendedor le acaba costando mucho trabajo posicionarse, sobre todo cuando se hace de esta manera, de forma urgente y sin buscar esos necesarios consensos. Por ejemplo, hace unos días el Tribunal Constitucional ha sentenciado a favor de que la palabra matrimonio sea buena para todos, tanto para las nuevas uniones entre personas del mismo sexo como para las personas de distinto sexo, pero durante siete años ha estado este recurso en marcha. ¿Gracias a qué? Gracias a que en su momento el Partido Socialista tampoco buscó ese necesario consenso. Y al final estamos creando una angustia en la sociedad que, francamente, a mí no me gusta. Por eso, querría aprovechar la defensa de nuestras enmiendas para pedir una vez más al grupo de la mayoría esa sensibilidad para buscar puntos de encuentro y de diálogo con el resto de las fuerzas del Senado para reflexionar y, finalmente, promover iniciativas legislativas que sean buenas para todos, para el medio ambiente, que es lo que hoy nos ocupa, y para el tejido económico, que es el fin de esta modificación, como se dice en la parte expositiva de la ley.

Sin más, doy por defendidas las enmiendas y cedo el turno al siguiente portavoz.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, para la defensa de las enmiendas 115 a 147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a 150, del Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista ha presentado treinta y tres enmiendas a este Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, de la 115 a la 147, y en aras de la brevedad, no las voy a reproducir. Daré por defendidas gran parte de ellas, como hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, aunque me gustaría destacar algunas.

En relación con la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, proponemos la enmienda número 134, de modificación, porque consideramos que debemos llegar a un documento integrado, que se realizará cuando en un mismo espacio se solapen distintas figuras de espacios protegidos, y habrá de recogerse el mayor grado de protección medioambiental de las figuras de protección acordadas para este espacio.

En este mismo ámbito, proponemos otra enmienda de adición, la número 136, con la que pretendemos acotar la tenencia y el uso de munición que contenga plomo cuando la caza y el tiro olímpico se ejerzan en zonas húmedas afectadas por el convenio relativo a humedales, de




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importancia internacional, así como las recogidas en la Red Natura 2000 y, por supuesto, las incluidas en los espacios naturales protegidos.

Consideramos importante la enmienda 137, de adición, porque hay que regular la actividad cinegética, sobre todo, en parques nacionales y otras fincas con especies amenazadas, a fin de favorecer el control de sus poblaciones, y no otras circunstancias, como todos sabemos que a veces desgraciadamente se producen.

En el ámbito de residuos, sobre lo que ya se ha hablado mucho esta mañana y seguro que seguiremos haciéndolo en el turno de portavoces, proponemos una enmienda de modificación, la número 139, para establecer la posibilidad cierta de que se garantice que se puedan llevar a cabo los sistemas de depósito y retorno en los supuestos que contempla el artículo 31.2 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, así como ese proceso de transición transparente que garantice la libre concurrencia.

Asimismo, la enmienda número 138 propone la supresión del apartado 2 del artículo 3 porque consideramos que en la redacción anterior de la Ley 22/2011 existían unos controles mucho más amplios que los que permite este apartado y, en este sentido, pretendemos que se vuelva a aquel texto.

Por lo que se refiere a la subasta de derechos de emisión, de la que también se ha hablado esta mañana, en la enmienda número 145 proponemos que se incluya una disposición adicional única que permita que los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisiones se apliquen al Fondo Español de Carbono.

En este mismo ámbito hemos presentado la enmienda número 146, de modificación, para que en la disposición derogatoria única se derogue el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos. Me detengo especialmente en esta enmienda porque, según decían hace unos minutos, uno de los objetivos que ustedes plantean es precisamente la creación de empleo y la protección del medio ambiente y que, para ello, estaban hablando con los sectores implicados. Sin embargo, nosotros también hemos hablado con los sectores directamente implicados con la producción de energía eólica o fotovoltaica; hemos sido líderes mundiales en este ámbito y no solamente por las condiciones de nuestro país para la generación de esas energías limpias renovables sino por los profesionales e industriales que se han dedicado en los últimos años a esta industria. Así, hasta hace muy poco, transferíamos nuestra industria y nuestra tecnología, pero ahora tenemos que ver cómo esos profesionales y esos industriales se tienen que ir a trabajar fuera de España y, en este sentido, hace muy pocos días veíamos una imagen de industriales españoles con el presidente de México, que ahora ya no pueden trabajar en nuestro país porque se encuentran con las dificultades que ustedes les han puesto, incluida la que se recoge en este Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. En este sentido, creo que recuperar la fuerza de ese sector es una oportunidad para seguir generando empleo en lugar de destruirlo, que es lo que se ha hecho en los últimos tiempos, gracias a las medidas que ustedes han aplicado. Seguro que me sale con el déficit de la tarifa eléctrica, pero no me cabe duda de que habrá otras medidas.

Especial mención merecen las enmiendas relativas al agua. La número 116 pretende que los planes hidrológicos de cuenca sean el instrumento fundamental para la planificación y gestión de las cuencas, y que sirvan también como instrumento de articulación.

Asimismo, a través de la enmienda número 119, se solicita que concreten el principio de recuperación de costes pero, sobre todo, creemos que hay que recuperar y atraer figuras a la nueva legislación en cuanto al tanteo y retracto que han de tener los organismos de cuenca para que evitemos esa mercantilización, a la que se ha aludido mucho esta mañana y a la que me voy a referir en relación con el agua.

Por eso, también hemos presentado la enmienda número 122, que hace referencia al Plan Especial del Alto Guadiana. En este sentido, me van a permitir que me detenga un poco más sobre esta cuestión porque soy senador por la provincia de Albacete, nací en Villarrobledo, que es un pueblo que precisamente está enclavado en el corazón del problema, del acuífero 23, y como conocedor de lo que ocurre y después de haber hablado con aquellos profesionales a los que se




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van a dirigir estas medidas, puedo comentarles que precisamente no están muy de acuerdo con esta ley.

Les hablo en nombre —y tengo la autorización para hacerlo, que conste en el Diario de Sesiones— de Julián Morcillo que es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha, que reúne a miles de pequeños agricultores.

El señor Saura en su intervención en el veto se preguntaba, si hay agua que no se usa y ahora va a haber agua que se va a comprar y se va a usar, cómo se pretende que no se sobreexploten más las acuíferos. ¿Cuáles eran las causas? Hay varias teorías en relación con esta cuestión y por qué se produce este cambio normativo que ustedes quieren hacer llegar a los territorios afectados.

Señorías, en Castilla-La Mancha, donde prácticamente se resume el problema, por supuesto, en el Plan Especial del Alto Guadiana, tenemos unos ecosistemas protegidos como reserva de la biosfera, como pueden ser las Tablas de Daimiel, que es un parque nacional, las Lagunas de Ruidera, que es un parque natural, y acuíferos importantes —que ahora se llaman masas, en riesgo de— que mantienen el ecosistema, protegen el medio ambiente, pero también dan de comer a miles y miles de familias en nuestra tierra. Yo tuve la oportunidad el 8 de mayo, también a petición de los pequeños agricultores de la UPA, que son quienes más entienden del problema, de presentar una batería de preguntas para que el Gobierno me contestara en relación con esta cuestión. Ya el 8 de mayo en una pregunta escrita decía: el Plan especial del Alto Guadiana surge del consenso —lo remarco— del conjunto de la sociedad castellano-manchega, ¿tiene previsto el ministerio su eliminación o su revisión? Preguntaba también qué tiene previsto hacer el Gobierno con los casi cinco mil expedientes de regularización de leñosos que cuentan con un informe favorable y, por último, preguntaba qué va a hacer el Gobierno con las dos mil solicitudes de regularización de los agricultores profesionales que están pendientes. En la primera pregunta obtuve una respuesta que ahora comentaré. En la segunda se me contestó que el Gobierno desconoce a qué expedientes de regulación de leñosos se refiere su señoría en la pregunta. Y respecto a la tercera pregunta, estoy esperando la respuesta. Ojalá usted me pueda responder. Seguro que no, pero estaré encantado de, en la proximidad de la comisión, hablar de esta cuestión.

Lo que ocurre fundamentalmente en la gestión del Plan especial del Alto Guadiana es que después de décadas de lucha para que se haga un uso racional del agua, se había llegado a un principio de acuerdo, de consenso, el que nos trajo el plan especial. Ya en el Plan Hidrológico del año 2001 estaba previsto que se implantara, pero se necesitaron siete años más para que viera la luz en el año 2008. ¿Por qué se reclamaba? Porque históricamente en nuestra tierra, que debajo de su barriga —valga la expresión y entre comillas— tiene mucha agua, solo se explotaba por los grandes latifundios, que se dedicaban a cultivos que no eran sostenibles como, por ejemplo, el maíz. Estoy hablando de fincas de 1000, 2000 hectáreas, y no había un reparto de la tierra. Sabe usted que en Castilla-La Mancha y en esa zona la densidad de población es bastante baja. Por lo tanto, la tierra no estaba repartida conforme ahora está, porque ahora sí que existe una agricultura distinta y en manos de muchos propietarios. Se empezó a hacer captaciones que no eran legales, aunque había derechos históricos concesionales, muchos de los cuales están secos y no se extraen; pozos de los que no se ha extraído una gota en décadas, pero que tienen sus derechos. Y cuando empezó la Confederación Hidrográfica, en este caso del Guadiana, a dirigir miles y miles de sanciones a miles y miles de pequeños agricultores que solo querían regar sus pocas hectáreas, casi todas de viña, para mantener su renta familiar, se encontraban con que no podían. ¿Era una actividad lícita, ilícita; era legal? Esa era la lucha que había y que dio lugar a muchas manifestaciones y desencuentros, hasta que al final se llegó a un consenso: un plan especial para que toda esa zona tuviera sostenibilidad medioambiental y también económica. Y lo que se pretendía parecía muy complejo, pero a la vez es muy sencillo; se pretendía que desde la Administración se compraran derechos de agua, concesiones, incluso a través de la compra de fincas, para que después parte de esa agua recuperada se destinara a mantener los ecosistemas de las zonas húmedas, y otra parte a repartirla, sobre todo con una prioridad, a los profesionales, esos profesionales por los que yo preguntaba aquí.

Se constituyó un consorcio que era un órgano rector para que administrara el plan especial; empezaron sus trabajos, seguramente más lentos de lo que todos hubiesen deseado; empezaron a llegar los primeros fondos, seguramente también menos de los que esperábamos, pero se




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empezó a ver la luz. ¿Ahora qué se ve? Porque esos cinco mil peticionarios que tienen un informe favorable hoy y dos mil profesionales que quieren regar su pequeña explotación esperaban que les dieran un título concesional, y ahora les estamos diciendo que tienen que ir al vecino de al lado que tiene agua, pero que no la extrae, o que tiene una gran finca, y que tiene que sentarse con él a negociar el precio del agua. Las guerras del agua no son buenas, por supuesto que no, pero ponerle precio al agua tampoco lo es, y ustedes le han puesto precio al agua.

Ustedes dirán: No, cuando se compre no es que sea un mercado privado, porque después tendrá que haber una autorización por parte de la confederación y destinaremos una parte a recuperar las masas de agua y otra parte la daremos en un sistema concesional hasta el 2035, creo recordar —perdónenme si no es exacta la fecha—. Da igual, porque lo que habrá ya no será un dominio público sobre un bien público que es el agua, sino que habrá un control previo privado, mercantil, que luego tendrá que sancionar un órgano público simplemente.

En las Tablas de Daimiel tuvimos riesgo de que nos quitaran esa protección que teníamos como parque natural. ¿Sabe por qué? Porque ardieron. ¿Cómo se puede entender que una zona húmeda arda? Pues arde, porque cuando le falta el agua, se seca y abajo hay turba, y en ese incendio no se ven las llamas, solo se ve un hilo de humo, pero por debajo hay una combustión que está destrozando todo un ecosistema, con lo que ello lleva implícito para especies protegidas y para toda la zona. Nuestra tierra solo tiene espacios naturales y recursos paisajísticos que proteger, turismo rural asociado, también energía renovable que estábamos explotando, y agua para pequeños agricultores, que es lo que estábamos deseando. Y ahora, a este señor que representa a diez mil asociados, lo que ustedes están haciendo aquí no le gusta. Si usted tiene una opinión, yo tengo otra, será lo menos importante, pero ustedes legislan para los ciudadanos y para los agricultores, y ellos no están contentos con esto que hoy les traen como proyecto de ley y que será una ley.

Por lo tanto, reflexionen, dígannos ahora si han hablado con los profesionales, sobre todo con los agricultores, y por qué ahora vuelven para atrás en esa solución que les gustaba, que incluso hubiese sido más rápida y con más fondos.

Otra posible teoría a lo que decía el señor Saura. Aquí los intereses económicos y los lobbies económicos todos sabemos que pesan mucho. Lo hemos hablado en relación con el tema de los sistemas de depósito, devolución y retorno, y alguien también lo sacaba en relación con si este proyecto de ley que ustedes traen aquí es la copia de algo que alguien le dejó a otro gobierno que no quiso hacerlo y ustedes lo han heredado.

¿Saben lo que ocurre en nuestra tierra? Que allí no tenemos los grandes lobbies económicos que tienen en las grandes ciudades; no tenemos grandes administradores de banco, no tenemos a los señores Rato y todo esto. ¿Saben lo que tenemos? Allí el tema del agua se discute en los casinos, y ahora para comprar agua, para mantener 5 o 10 hectáreas de viña, tendremos que ir otra vez a los casinos para negociar con el que tiene agua.

Muchas gracias en nombre de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ CUEVA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de empezar el turno en contra de las enmiendas, quiero recordarle a mi compañero senador que yo también soy de Castilla-La Mancha, que adoro mi tierra y que no se le olvide nunca que ustedes han estado gobernando veintiocho años allí. Y cuando usted quiera hablamos de Castilla-La Mancha, del agua, de su pueblo y de todo lo que tenga que ver con Castilla-La Mancha y de lo que ha pasado en Castilla-La Mancha en estos últimos treinta años.

Pero hoy nos toca defender estas enmiendas, por lo cual ya anticipo a sus señorías que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las 147 enmiendas. De ellas, 24 son del Grupo Parlamentario Mixto; 27, del Grupo Parlamentario CiU; 12, del Grupo Parlamentario Vasco; 51, del Grupo Parlamentario Entesa, y 33, del Grupo Parlamentario Socialista.

El resumen de las citadas enmiendas conforme al proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados y la valoración que hace de cada una de ellas el Grupo Popular para rechazarlas, es el siguiente. En cuanto a las referidas al preámbulo, la enmienda número 52, del Grupo




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Parlamentario Vasco no procede la modificación de la exposición de motivos en el sentido que se propone, ya que no se incorporan las enmiendas concordantes con esta propuesta de modificación en relación con el régimen jurídico de los sistemas de depósito, devolución y retorno.

La enmienda número 115, del Grupo Parlamentario Socialista, en lo que se refiere al penúltimo párrafo de la exposición de motivos dedicado a los residuos, en coherencia con la no aceptación de las enmiendas propuestas por este grupo en esta materia, se valora desfavorablemente.

Las referidas al artículo 1, enmiendas números 1 y 2, del Grupo Mixto, y las números 66 y 67, de Entesa, que son idénticas en contenido, se valoran desfavorables porque no es razonable querer agilizar el proceso y la toma de decisión y admitir más instrumentos que ralenticen el procedimiento.

Las enmiendas números 3, del Grupo Mixto, y 68,de Entesa, también son idénticas en contenido. Se valoran desfavorables porque no parece lógico quitar algo que la ley solo establece como una posible solución. El propio apartado dos del artículo establece como medida principal la ordenación del régimen de extracciones.

Las enmiendas números 4, del Grupo Mixto, y 69, de Entesa, idénticas también en contenido, se valoran desfavorables porque el sentido general del apartado cuya supresión se solicita es precisamente el contrario, ya que habilita para definir un perímetro en el cual se pueden prohibir nuevas concesiones. La posibilidad en caso de que se haya constituido la comunidad de usuarios de nuevas concesiones dentro del perímetro se contempla solo como una excepción que debe aprobarse en el plan de actuación cuyo objetivo es conseguir alcanzar el buen estado.

Las enmiendas números 5, del Grupo Mixto, y 70, del Grupo Entesa, también son idénticas en contenido, e igualmente se valoran desfavorables porque el texto propuesto recoge las previsiones del artículo 9 de la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea, Marco de Aguas, que obliga a tener en cuenta este principio y a tener en cuenta también en el reparto de costes los análisis realizados en el Plan Hidrológico. La directiva establece la obligación de que los planes de cuenca informen sobre las medidas utilizadas para la aplicación del principio de recuperación de costes. El texto propuesto no es contrario a la directiva y está en línea con el apartado cuatro del artículo 9.

Las enmiendas números 6, del Grupo Mixto, y 71 y 97, de Entesa se valoran desfavorables porque sin la aprobación de las enmiendas números 14 y 15, carece de sentido.

Las enmiendas números 7, del Grupo Mixto, y 73, de Entesa, idénticas en contenido, se valoran desfavorables porque resulta necesario respetar el principio de unidad de gestión de cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 227, de 1988; 161, de 1996; y 30 y 32, de 2011. Este principio es también de obligada aplicación en virtud de la normativa comunitaria. La experiencia acumulada en más de 25 años de la aprobación de la Ley 29/1985 ha demostrado que el mecanismo de la encomienda de gestión es sumamente ineficaz y fuente de continuos conflictos.

Las enmiendas números 8, del Grupo Mixto, y 74, de Entesa, idénticas también en contenido, se valoran desfavorables porque no parecen entrar en contradicción con el texto actualmente vigente, sino que muestran dudas sobre la correcta aplicación que en un futuro los organismos de cuenca puedan hacer del mismo.

Las enmiendas números 25, 26, 29, 30 y 31, de CiU se valoran desfavorables porque no se considera necesario puesto que el concepto de masa de agua subterránea en riesgo está claramente definido en la Directiva Marco del Agua y en todas las guías de desarrollo, y se comprende perfectamente. Por supuesto, dentro de este concepto quedan englobadas también las masas que ya incumplen riesgo de esta probabilidad del incumplimiento de los objetivos ambientales y se consideran en riesgo aquellas masas con probabilidad alta de incumplimiento; en aquellas masas que ya están mal, esta probabilidad es máxima, es decir, de grado uno.

La enmienda número 27, de CiU, se valora desfavorable porque, si bien las exigencias de este artículo suponen un reto en cuanto a los plazos, para la gestión del organismo de cuenca ampliar a dos años la elaboración del plan de actuación parece excesivo para una pronta respuesta, teniendo en cuenta que los estudios necesarios en los que debe basarse el mismo se han elaborado ya para la redacción de los planes de cuenca. Sustituir la obligación de constituir una comunidad de usuarios por tan solo promoverla, resta fuerza a la acción del organismo de cuenca.




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La enmienda número 28, de CiU, se valora desfavorable porque no se considera necesario, ya que cualquier programa de actuación debe incluir, además de las medidas, los elementos cuya inclusión se propone.

En cuanto a la enmienda número 33, de CiU, he de señalar que no se puede realizar la modificación propuesta porque se iría contra la trasposición de la Directiva 91/271, de la Comunidad Europea, que obliga a que dichos límites sean exigibles desde el día 1 de enero de 2006.

En cuanto a la enmienda número 34, de CiU, he de señalar que no es necesario un cambio legal con la legislación actual. En la autorización del vertido se aprueban las obras necesarias y, por tanto, el proyecto. Vincular la autorización del vertido a la aprobación del expediente de contratación de las obras no tiene sentido.

La enmienda número 35, de CiU, no se considera necesaria puesto que los plazos para la prescripción ya están regulados en la legislación sobre procedimiento administrativo.

La enmienda número 53, del Grupo Vasco, se valora desfavorable porque la sentencia de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 4 de noviembre de 2011, declaró la nulidad parcial de la Orden Ministerial MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre la toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. Uno de los motivos es la colisión con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ya que el texto de la Ley de Aguas, anterior al Real Decreto Ley 17/2012, consideraba el coste de la restauración para la valoración del daño. La modificación introducida por el Real Decreto Ley 17/2012 trataba de dar cumplimiento a la sentencia. La enmienda propuesta es contraria a la misma.

Las enmiendas números 64 y 65, del Grupo Entesa, se valoran desfavorables porque el artículo 1, con todos sus apartados, incluido el tercero, introduce modificaciones en el texto refundido de la Ley de Aguas, en prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de la unidad de gestión de cuenca. Dada la situación de escasez del último año hidrológico, no puede prescindirse de estas modificaciones, considerándose fundamentales para la correcta gestión del agua en el futuro.

Las enmiendas números 72 y 96, del Grupo Entesa, y 121, del Grupo Socialista, se valoran desfavorables porque el apartado primero de la disposición adicional séptima se deroga, pues ya queda reflejado en el contenido del artículo 56 de la Ley de Aguas, con una redacción que parece más ajustada a los principios de la Directiva Marco del Agua.

Las enmiendas números 94, de Entesa, y 116, del Grupo Socialista, no se aceptan porque no parece razonable eliminar las medidas de flexibilización introducidas por el Real Decreto Ley 17/2012. Es necesario disponer de un mecanismo ágil para la declaración de una masa en riesgo nada más ser detectado el problema. En línea con la Directiva Marco del Real Decreto Ley 17/2012, prevé que el equilibrio entre recarga, extracciones y necesidades de los ecosistemas se aplique como media a largo, permitiendo flexibilizar la gestión en determinados momentos. La enmienda propone eliminar esa flexibilidad.

La enmienda número 98, del Grupo Entesa, se valora desfavorable porque resulta necesario respetar el principio de unidad de gestión de cuenca hidrográfica intercomunitaria, elevado a principio constitucional, como ya he dicho anteriormente, en sus sentencias 227, 161, 30 y 32. Este principio es también de obligada aplicación en virtud de la normativa comunitaria.

En cuanto a las enmiendas números 99 y 100, del Grupo Entesa, y 123 y 124, del Grupo Socialista, he de señalar que no se entiende su argumentación, puesto que el objetivo de la disposición transitoria, cuya derogación pretende la enmienda, no es otro que reforzar la gestión pública de los derechos concesionales, facilitando la transformación de derechos privados a concesionales.

En cuanto a las enmiendas números 101, de Entesa, y 127, del Grupo Socialista, he de señalar que son medidas que no se consideran oportunas. En su caso, parecería más razonable un precio máximo. La acumulación de derechos debería tramitarse como una modificación de concesión. En cuanto al derecho de tanteo y retracto en los contratos de cesión, el artículo 68.3, vigente, ya establece que el organismo de cuenca podrá hacerlo y también podrá ejercer de ese plazo un




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derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo.

Las enmiendas números 102, de la Entesa, y 128, del Grupo Socialista, no parecen lógicas, ya que el volumen que se utiliza, como establece la legislación vigente, es porque está disponible.

Las enmiendas números 103 y 104, del Grupo de la Entesa, y 120 y 133, del Grupo Socialista, no son necesarias porque esta previsión ya está incluida en la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Tampoco lo son las enmiendas números 118 y 119 del Grupo Socialista. La recuperación de los costes debe basarse en los estudios y previsiones de los planes de cuenca, pero los mecanismos por los que este principio se articule deben dar una respuesta más rápida que la del plan de cuenca que se revisa cada seis años.

La enmienda número 122, del Grupo Socialista, parece más acertada a la redacción actual sobre el porcentaje para la mejora del acuífero que se determinará por condiciones técnicas y ambientales, frente a un porcentaje fijo que en unos escenarios climáticos y de uso pueden ser mucho y en otros poco. El estudio hidrogeológico previo es necesario, ya que el balance general de toda cesión siempre es positivo para el acuífero al reservarse un porcentaje de la misma para su recuperación. En cuanto a la previsión relativa a los Presupuestos Generales del Estado, se considera innecesaria.

La enmienda número 125, del Grupo Socialista, no se considera necesaria, ya que las cuatro definiciones propuestas están ya recogidas en las legislaciones de agua: Recursos disponibles de aguas subterráneas, en el artículo 3, apartado x, del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica. Cuenca hidrográfica, artículo 16 del texto refundido de la Ley de Aguas. Subcuenca, artículo 3, apartado z, del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica. Y demarcación hidrográfica en el artículo 16 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.

La enmienda número 29, del Grupo Socialista, no nos parece lógica porque el texto vigente permite que las comunidades autónomas puedan instar dicha adquisición para fines de interés autonómico. No tiene sentido extender dicha posibilidad a las comunidades de usuarios. Tampoco aceptamos la enmienda número 130 del Grupo Socialista. No nos parece adecuado limitar el margen de actuación del organismo de cuenca y obligar a una concesión colectiva que no siempre es la mejor solución.

La enmienda número 131, del Grupo Socialista, no ofrece ninguna novedad aplicable respecto del texto actual y complica su redacción. La regulación del destino de las aguas utilizadas con fines geotérmicos es un tema importante a desarrollar reglamentariamente, sin que sea necesario complicar la redacción de la ley actualmente vigente.

La idea de la enmienda número 132, del Grupo Socialista no es desdeñable, pero no parece el lugar ni el momento, en plena fase de aprobación de los planes de cuenca, para incluirla.

En las referidas al artículo 2, enmiendas números 9, del Grupo Mixto, y 75, de Entesa, se menciona en el apartado 1 el área protegida, denominación que no existe en la ley, dado que los planes de gestión de los espacios Natura 2000 ya tienen su propia regulación en el artículo 45 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales disponen igualmente de su propia normativa. Se entiende que el artículo debe seguir refiriéndose a los espacios naturales protegidos. En el apartado 2, la enmienda prejuzga la capacidad que tienen las administraciones competentes en determinar el grado de protección que deben dar a un espacio en el que se solapen varias figuras de espacios naturales protegidos y el contenido que deben tener.

En la enmienda número 10, del Grupo Mixto, y en la 76, de Entesa los planes e instrumentos de gestión, ZEC y ZEPA, no tienen vocación de instrumento de ordenación del territorio, sino que persiguen el mantenimiento o restablecimiento de un espacio en un estado de conservación favorable. Por lo tanto, la vocación y objetivo de estos planes e instrumentos es diferente.

Por otro lado, la propia Directiva Hábitats 6.3 y 6.4 establece el procedimiento para dirimir posibles conflictos entre cualquier tipo de plan, programa o proyecto sectorial no solo urbanístico y de infraestructuras que se proponga ejecutar en un espacio de la Red Natura 2000; procedimiento recogido en el artículo 45 de la Ley 42/2007. La enmienda propuesta no se ajusta al espíritu de estos artículos de la Directiva Hábitats, por lo que se informa también desfavorablemente.




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Y lo mismo ocurre con las enmiendas números 36 y 37, de CiU. Es deseable y susceptible de incorporarse a la normativa básica la coordinación y la planificación de las distintas figuras de protección coincidentes en un mismo espacio.

En la enmienda número 38, también de CiU, la garantía de que la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 tendrá en cuenta las particularidades regionales y locales ya se encuentra específicamente recogida en el artículo 41.1 de la Ley 42/2007, en línea con lo establecido en el segundo artículo de la Directiva Hábitats. No obstante, es necesario que se tenga en cuenta a aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en esos lugares.

En cuanto a la enmienda número 54, del Grupo Vasco, las distintas figuras de protección pueden tener diferentes órganos competentes sin que pueda o deba existir prevalencia de uno sobre otro; preferiblemente la redacción actual, que si hubiera lugar no impide realmente lo que se propone.

En la enmienda número 55, también del Grupo Parlamentario Vasco, el Gobierno tiene potestad para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley en el ejercicio pleno del marco competencial. Por lo tanto, la eliminación de «en el ámbito de sus competencias» no se considera adecuada. Asimismo, la inclusión de la referencia a «previa consulta con las Comunidades Autónomas» supone una injerencia innecesaria en el ejercicio de dicha competencia. Se remite a la normativa que con carácter general regula el ejercicio de esa consulta y garantiza la participación de las administraciones en el proceso decisorio. La adición de «en el ámbito de sus competencias» en ese apartado, en el que se faculta al Magrama para el desarrollo reglamentario de un procedimiento, ya se ha determinado como de su competencia en el texto legal, artículos 42 y 44. De igual manera que en el segundo apartado la adición de «en el ámbito de sus competencias» resulta redundante puesto que se trata de la facultad de regular los procedimientos para los que tiene competencia en virtud de los artículos 45.5 y 45.6.c).

Las enmiendas números 105, de la Entesa, y 134, del Grupo Socialista prejuzgan la capacidad que tienen las administraciones competentes en determinar el grado de protección que deben dar a un espacio en el que se solapan varias figuras de espacio natural protegido.

En cuanto a la enmienda número 135, del Grupo Socialista, la supresión de este apartado supone la eliminación de que los planes de gestión ZEC y ZEPA deban tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en esos lugares. La garantía de que la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 tendrá en cuenta las particularidades regionales y locales ya está específicamente recogida en el artículo 41.1 de la Ley 42/2007, en línea con lo establecido en el segundo artículo de la Directiva Hábitats. No obstante, también es necesario que se tenga en cuenta a aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares.

En la enmienda número 136, del Grupo Socialista, hay que distinguir varias cosas. La vigilancia de la prohibición contenida en el citado artículo es un tema de vigilancia ambiental en el territorio cuya competencia, por ser un aspecto de gestión de las citadas zonas húmedas, corresponde a las comunidades autónomas. La evaluación de su cumplimiento parece más propia de los planes de gestión de las citadas zonas húmedas que no de una ley. En cualquier caso, una evaluación anual del cumplimiento de esta prohibición, como se propone, parece excesiva. La referencia a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es imprecisa y confusa y de cualquier modo no es la propia de una ley que trata de conservar el patrimonio natural y la biodiversidad.

En cuanto a la enmienda número 137, del Grupo Socialista, las acciones cinegéticas diferentes al control de poblaciones ya están prohibidas en los parques nacionales, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Los planes y programas de recuperación son instrumentos de gestión que aprueban las comunidades autónomas en el marco de sus competencias. En ellos se señalan las actividades compatibles permitidas y prohibidas en relación con la conservación y recuperación de las distintas especies amenazadas.

Las referidas al artículo 3, enmiendas números 11 del Grupo Mixto, 77 y 78 de Entesa y 39 de CiU, en el artículo 21.2.b) se establecía una previsión de fomento de la reutilización y reciclado a través de los sistemas de depósito de evolución y de retorno, en los términos previstos en el




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artículo 31.3. Este artículo, el 21.2, se ha eliminado con el objeto de evitar interpretaciones o desarrollos desajustados con los objetivos de la Ley de residuos. Por otra parte, teniendo en cuenta que dicho artículo remitía para su aplicación al artículo 31, se considera más claro unificar en un único precepto el régimen de los SDDR para evitar incoherencias o ambigüedades interpretativas. Así se establece como principio general su aplicación con carácter voluntario con el límite de algunos supuestos en los que se pudiera determinar que la opción más adecuada sí sea un sistema de depósito de devolución y retorno. Todo el régimen de los SDDR se recoge finalmente en el artículo 31 para unificar y clarificar su regulación, como hemos manifestado anteriormente.

En cuanto a las enmiendas números 13 y 19 del Grupo Mixto, 79 de Entesa, y 40, de CiU, la modificación por el real decreto ley de la redacción del artículo 31.2 d) se produjo en respuesta a la gran inquietud generada en relación con el planteamiento de futuro de la gestión de los residuos y la posibilidad de la implantación de un SDDR con carácter obligatorio. Por ello se optó por la modificación de la redacción de estos apartados a través del real decreto ley delimitando con mayor precisión el alcance de la aplicación de los sistemas de depósito, devolución y retorno.

Las enmiendas números 14, del Grupo Mixto, y 85, de la Entesa se refieren a las actuaciones de las autoridades competentes en relación con las medidas e instrumentos económicos, lo que está ya recogido en el artículo 16.1 de la Ley 22/2011. El impulso de la cooperación y colaboración se encuentra ya recogido como función de la Comisión en el artículo 13.1.a).

Las enmiendas números 15 del Grupo Mixto, 87 de la Entesa, 44 y 45 de CiU y 61 del Grupo Vasco se refieren a la trasposición hecha del artículo 15.2 de la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea relativa a los residuos en coherencia con la redacción dada al artículo 17.8, segundo párrafo de la ley, puesto que la directiva permite que sea la norma interna del Estado la que delimite hasta dónde llega la responsabilidad del productor inicial del residuo. El alcance, dada la responsabilidad del productor, está en la Ley 22/2011, y es el adecuado para garantizar la trazabilidad del residuo hasta que llega a manos de su gestor profesional. A partir de ese momento se considera que es ese gestor o profesional quien debe acreditar la correcta gestión del residuo. En el segundo inciso esta incorporación no es necesaria ya que, como se reconoce en la propia enmienda, se encuentra ya recogida en la previsión del artículo 20.3 de la Ley 22/2011.

En cuanto a las enmiendas números 16, 17 y 18 del Grupo Mixto, 88, 89 y 90 de la Entesa y 46, 47 y 48 de CiU, aunque la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea permite que el régimen de autorización se aplique a los negociantes y agentes, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se ha reservado el régimen de autorización para aquellas actividades cuya ejecución precisa de una instalación física cuyas condiciones de funcionamiento deben ser comprobadas con carácter previo a su puesta en funcionamiento y para aquellas empresas que van a operar en dichas instalaciones cuyos procedimientos de trabajo y capacitación deben ser verificados antes de iniciar la actividad. En este caso los negociantes de la actividad solo tienen un carácter comercial, como se define en la letra k) del artículo 3 de la Ley 22/2011. Consiste fundamentalmente en la compra y posterior venta de residuos, por lo que los requisitos que deben cumplirse son más de carácter administrativo.

Respecto a las enmiendas números 20 del Grupo Mixto, 81 y 82 de la Entesa, 42 de CiU, 59 del Grupo Vasco y 141 del Grupo Socialista, en línea de la simplificación normativa el real decreto ley modifica el artículo 32.3 eliminando la multiplicidad de utilizaciones previstas, una por cada comunidad autónoma, para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y estableciendo una única autorización válida para todo el territorio del Estado siguiendo las directrices marcadas por la Directiva de Servicios así como la ley que la traspone, Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de actividades de servicios y su ejercicio. El procedimiento garantiza también la participación de las comunidades autónomas a través de la remisión a la Comisión de coordinación en materia de residuos, en la que están representadas todas ellas, de la documentación relativa a la solicitud de autorización. Se considera que este régimen supone un equilibrio adecuado entre la unidad de mercado y la posibilidad de manifestación por parte de las comunidades autónomas de sus peculiaridades a través de la Comisión de residuos.

Enmiendas números 24, del Grupo Mixto, y 86, de Entesa. La aplicación de las medidas del apartado 1 del artículo 16 será decisión de la autoridad competente y esta decidirá en cada caso el alcance de las medidas y procedimientos de control que se establezcan con respecto a cada una.




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En cuanto a la enmienda número 49, de CiU, la previsión de la inexistencia del ánimo de lucro se encuentra ya recogida en el artículo 32.3 en relación con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Se considera que con esta previsión es suficiente. Será el sistema colectivo, que no puede tener ánimo de lucro, el que decida qué tipo de entidad quiere en su caso constituir o contratar como entidad administradora sin que sus características deban quedar predeterminadas por la ley.

En cuanto a las enmiendas números 50, de CiU, y 63, del Grupo Vasco, a través del apartado 2 de la disposición derogatoria se ha buscado una mejor sistematización del marco jurídico de ordenación de los residuos, así como una mejor salvaguarda de la seguridad jurídica, de manera que no se creen riesgos de confusión ni de prevalencia de normas en el marco jurídico. De ese modo, queda una norma con rango de ley. Hay que tener en cuenta que hasta el momento todas las normas que regulaban las especificidades propias de los flujos de residuos están contenidas en normas reglamentarias, con la excepción de la Ley de Envases. Esta excepción tiene un origen circunstancial en el momento en el que se tramitó y aprobó la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos, que traspone la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, la que la ley de residuos aprobó en 1998, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. La inexistencia de una norma con rango legal que diera cobertura con carácter general a las obligaciones en materia de residuos dio lugar a la necesidad de que la trasposición de la directiva de envases se efectuara con norma de rango de ley. Estas circunstancias se encuentran hoy ya superadas, por lo que la tramitación de esta nueva Ley de residuos creemos que es el momento adecuado para reordenar y sistematizar el marco jurídico de los residuos y encajar la ordenación de los envases en dicho marco.

En la enmienda número 57, del Grupo Vasco, la mención explícita del reciclado como objetivo de la recuperación del residuo en un sistema de SDDR no es necesaria, puesto que bajo el término «tratamiento», tal y como se define en el artículo 3.q) de la Ley 22/2011, ya quedaría englobado el reciclado.

En las enmiendas números 58 del Grupo Vasco, 107 del Grupo de Entesa y 140 del Grupo Socialista, respecto a la posibilidad del establecimiento del SDDR por parte de las comunidades autónomas, no se considera oportuno, ya que la previsión del artículo 31.3 —en el que se establece que la aprobación de las normas que en su caso se adopten en materia de responsabilidad ampliada del productor se llevarán a cabo por el real decreto aprobado en Consejo de Ministros— se ha hecho para garantizar la unidad de mercado y, además, se incorporan otras cautelas como la viabilidad técnica, económica, el conjunto de impactos ambientales, sociales y sobre la salud humana y el respeto a la necesidad de garantizar un correcto funcionamiento del mercado interior.

En la disposición adicional nueva, las enmiendas números 111, del Grupo de Entesa, y 145, del Grupo Socialista, proponen dedicar los ingresos obtenidos por las subastas de derechos de emisión al Fondo Español de Carbono. De la enmienda se intuye que se está refiriendo al fondo de carbono previsto en la Ley de Economía Sostenible que, de acuerdo con el Real Decreto 1494/2011, recibe la denominación de Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. En su caso, habría que corregir la redacción de la denominación del fondo. Al margen de lo anterior, hay que tener en cuenta que la Directiva 2003/87/CE plantea que al menos el 50% de los recursos obtenidos de las subastas deberían dedicarse a una serie de fines relacionados con la lucha contra el cambio climático.

En la disposición derogatoria nueva, en las enmiendas números 102, del Grupo de Entesa, y 146, del Grupo Socialista, se asegura que el suministro energético nacional, superados con creces los objetivos previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, el exceso de la potencia instalada en determinadas tecnologías, junto con el valor de las primas asignadas, supuso un sobrecoste al sistema de 2000 millones de euros en 2010, cifra que continúa incrementándose año a año por el exceso de potencia instalada respecto de la planificada.

En definitiva, señorías, voy a terminar ya porque se me acaba el tiempo y esto es muy largo —la parte técnica es lo peor que nos puede tocar defender porque es gastar saliva y tiempo—, diciéndoles que el concepto que les quiero transmitir en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, es que agilizar y simplificar no tiene por qué ser sinónimo de suprimir o de rebajar las exigencias en materia medioambiental, sino más bien todo lo contrario. El criterio debe ser fácil de entender,




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debe ser claro para tramitar y debe ser también exigible de una manera rigurosa. Yo creo que este es el mejor procedimiento para mantener una buena política en materia medioambiental.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

¿Por el Grupo de Convergència i Unió? (Denegaciones.) El senador Maluquer tampoco hace uso de la palabra.

¿Por el Grupo Socialista? El senador Fidalgo tiene la palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero mandar un saludo afectuoso a aquellos que nos siguen por Internet en el canal Senado.

Quiero responder a alguna de las afirmaciones del Grupo Parlamentario Popular, ya que, por el reparto de turnos, nunca podemos contestar a lo que este dice en el último turno, y quiero rectificar, porque evidentemente nosotros venimos aquí a hacer política. Se trata de eso, es nuestro oficio y nuestra función, por cierto, muy digna.

He echado de menos una mayor defensa del Grupo Parlamentario Popular de la ley que presenta el Gobierno. De alguna forma creo que la argumentación de su defensa era mejorable, y creo que esa es su función. Y también creo que deben comportarse con más humildad en cuanto a los logros del Gobierno. Hombre, que el Partido Popular hable sobre el cambio climático me parece muy atrevido cuando evidentemente nosotros tenemos que reivindicar que la estrategia de cambio climático la aprobó el Gobierno socialista, que fue quien puso una secretaria de Estado dedicada solo a ese tema. Por cierto, personas como Cristina Narbona, creo que tiene un prestigio reconocido, y por ello formó parte del Panel de Naciones Unidas sobre el documento de sostenibilidad ambiental Río+20. En todo caso, lecciones del partido, cuyo actual presidente del Gobierno hizo las bromas que hizo sobre el cambio climático, las justas.

Y quiero reprochar al Partido Popular que se tome tan a la ligera la costumbre de cambiar consensos. Construir consensos lleva tiempo, es muy serio y hay que valorarlo. El volver a construirlos cuando se rompen es difícil, y en temas como el de las costas, los residuos o el agua es difícil conseguirlo. Así pues, cuando tengamos un consenso, procuremos no romperlo. Es fácil venir y aprovecharse del rodillo absoluto para cambiar todo aquello que no nos gusta, pero la responsabilidad de un gobernante debe poner en valor esas conquistas que suponen aquellos logros que, por ser de todos, no son de nadie, y en ese sentido debemos acostumbrarnos, y creo que es una buena tradición valorarlo.

En cuanto a nuestras enmiendas, quiero resaltar una, en la que pedimos recuperar el apoyo para las energías renovables, y lo decía ayer el comisario de Medio Ambiente, entre otras cosas. Yo creo que es un sector que merece el apoyo de todos porque supone tecnología en la que España es puntera y un valor añadido que es nuestra capacidad para exportar trabajo, contratos, empresas y puestos de trabajo en el exterior, algo que es estratégico para nuestra economía. Todos los días decimos que es necesario salir al exterior. Pues aquí somos punteros y, por tanto, es necesario hacerlo. Pero, además, quiero decir otra cosa. Nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos muchos recursos naturales, entre ellos, el sol, el viento, etcétera, y es posible que en el futuro tengamos que hacer esa apuesta por las energías renovables.

Por otra parte, y como no podemos repasarlo todo, permítanme que haga alguna reflexión sobre ese consenso que hoy rompemos sobre la gestión de los residuos. Aquí llegamos a una transacción que se refiere al artículo 21 de la ley en vigor donde se preveían una serie de cautelas; una transacción que quiero concretar que en el Senado eran las enmienda 83 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y la número 127 del Grupo Parlamentario Popular, donde se preveía que hay que demostrar la viabilidad técnica y económica, los impactos sociales y tener en cuenta los informes previos para implantar un sistema de devolución. Y en ese sentido pretendemos que se vuelva a esos acuerdos que están en la ley. Lo demás, lo que se hace con




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este cambio es reabrir una tensión que estaba cerrada, porque cuando se acordó la ley, los grupos que luchaban en sus posiciones, tanto para el sistema de devolución como para los SIG actuales, llegaron a una conformidad respecto de la posición que se recogía en esa ley y que algunos grupos hemos transformado en un texto transaccional.

Yo creo que ahora se reabren esas tensiones, y a mí eso me parece muy preocupante, por cierto, un sistema que se implanta en muchos países, que yo creo que no hay que desprestigiar y que, por cierto, apoya —también lo vimos en las comparecencias— la industria recuperadora. Estamos hablando de más de 1000 empresas con 75 000 puestos de trabajo que valoran como de muy alta calidad los materiales que se recuperan a través de ese sistema. Un sistema —hay que decirlo— que en la anterior ley era así y es posible implantarlo de forma compatible con los sistemas existentes; este sistema no va contra otros sistemas y lo que hace la ley en ese sentido es hacer imposible el otro sistema que crea competencia.

Por cierto, es mentira lo de los costes —y no vamos a estar desmintiendo todos los días esas cosas—. El coste que han dicho ustedes aquí es lo que dicen los SIG actuales —que tienen intereses evidentes—, que no han hecho un estudio sobre sus costes ni sobre sus datos ni dan los datos de lo que se produce en residuos de envases pero sí han estudiado lo que dice la competencia para desprestigiar el sistema de devolución, lo que a mí éticamente me parece reprochable. Es verdad que el único estudio público que existe es el que hizo Eunomia para la Fundación Retorna, todos podemos acceder a él y conocer sobre qué bases se realizó. En fin, no voy a continuar con eso. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

He de decir algo respecto a la Ley de Aguas. Hay un texto cuya característica principal es que recoge una conquista: que el agua es un bien público. Nosotros queremos evitar que eso deje de ser así e impulsar todo aquello que pueda ayudar a la mejor gestión pública de un bien público como es el agua, a potenciar los organismos de cuenca, a potenciar la función de los planes hidrológicos, a continuar con programas como el Plan Especial del Alto Guadiana, etcétera. Es evidente que ahí están los frutos, ha habido muy buenos resultados.

El vender derechos crea un mercado especulativo —se le quiera llamar como se quiera— y va a haber un mercado entre particulares, por lo tanto, dejará de ser un bien gestionado públicamente. A mí me parece mal que continuemos con esta fiebre privatizadora. Lo público tiene su espacio y lo privado tiene el suyo, pero hay cuestiones públicas —por la Constitución y por otras normas que nos hemos dado— como son el agua y las costas, que ustedes están privatizando; evidentemente, continuarán con los hospitales, continuarán con las pensiones, y a mí eso me preocupa.

Debemos pensar en el futuro, el futuro no va a ser privatizar la costa ni regalar la costa, el futuro no va a ser mercantilizar el agua, el futuro tiene que pasar por el reciclaje y la máxima reutilización de unos recursos que tenemos, que pueden crear empleo y riqueza.

Fíjese lo que le digo: el sistema de devolución y retorno que hoy maldicen se acabará implantando, porque la realidad es así, y probablemente en algún debate nos tendremos que recordar lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. El futuro no va a ser retirar las ayudas para impulsar las energías renovables; las tendrán que reponer, y se tendrán que reponer con Europa y con todo el mundo. Por cierto, quiero hacer un especial señalamiento de nuestra enmienda 146, que es la que defiende y pretende la derogación de ese decreto del Gobierno que suprime las ayudas a las renovables; por cierto, un decreto que el Gobierno de la Xunta de Galicia, del Partido Popular, ha llevado al Constitucional. Por eso yo les pido a los senadores del Grupo Popular que sean gallegos que, en coherencia, voten a favor de la enmienda 146.

Por último, el medio ambiente no puede ser considerado un obstáculo, no puede ser una carga de la que deshacerse, no se puede hacer como con la banca, en la que el Gobierno crea un banco malo, y crear de la misma forma un ministerio malo que se deshaga de toda norma que proteja al medio ambiente, que privatice todo aquello que es privatizable, porque yo creo que nuestra función, la obligación de la Administración pública, es defender el interés general. Por ello en nuestras enmiendas proponemos volver a los consensos, a los equilibrios y a las conquistas de la legislación en vigor en diversos materias, entre ellas, las de residuos y de aguas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aparici.




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El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para acabar este intenso debate.

En primer lugar quiero agradecer a todos los grupos políticos su profesionalidad por mantener el debate y seguir explicando las cosas a esta hora de la comida, que es lo que tenemos que hacer, y, cómo no, quiero agradecer también a mis dos compañeras —la senadora Fernández y la senadora Pons— su ejercicio por intentar explicar —de forma exhaustiva en algunos casos— las razones de por qué vamos a votar una cosa determinada respecto a cada una de las enmiendas presentadas por los grupos políticos. Creo que esto es algo que debo dejar patente aquí y así lo hago.

En segundo lugar quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado valora este proyecto de ley, insisto, porque plasma muchas de las medidas que como grupo hemos venido demandando, y no solo nuestro grupo, sino también la propia sociedad civil en muchísimas ocasiones.

Señor Fidalgo, yo quiero pedir disculpas por si en mi intervención me he equivocado al utilizar alguna expresión incorrecta, es que no le he entendido bien. En cualquier caso, sabe que nunca es esta mi intención. Yo puedo tener el tono de voz que tengo, pero intento mantener siempre la serenidad.

Señor Cazalis, usted sabe que el tono de voz puede expresar simplemente un temperamento, pero mi intención es mantener siempre la serenidad, además de que soy partidario de hablar, de dialogar y de intentar llegar a acuerdos, como hemos demostrado más de una vez. Si no puede ser en este caso, será en otros; no pasa absolutamente nada.

En cualquier caso, me gustaría corregir una vez más al señor Fidalgo pues dice cosas que no son ciertas. Su señoría manifestaba que los datos expuestos aquí sobre los SDDR son datos dados por los propios SIG. No, no, está equivocado. Mire el acta. Esto lo dijo el ISR, que es un instituto independiente. Por cierto, al igual que su compañero preguntaba anteriormente acerca de qué lobby estaba presionando en este asunto, yo podría preguntarle a usted qué lobby está presionando para poner a 20 000 o 30 000 euros el precio de cada maquinita. No lo voy a hacer porque me considero bastante más serio que todo eso. Está muy bien que apoyemos a las renovables y que apoyemos lo que tengamos que apoyar, pero, oiga usted, le recuerdo que en este momento hay que cubrir un déficit tarifario de 24 000 millones de euros. Eso también lo debemos tener presente.

Mire usted especialmente, señor Fidalgo: usted habla permanentemente de protección ambiental y medio ambiente y a nosotros nos gusta hablar de desarrollo sostenible, que es un concepto bastante o muy diferente, ¿sabe usted?, porque desarrollo sostenible significa desarrollo ambiental, desarrollo económico y desarrollo social. Y el peligro es que hablemos solamente de uno de los tres conceptos, porque cuando nos falla una de las tres patas de un taburete, con dos patas nos caemos, estoy absolutamente seguro. Por lo tanto, a nosotros nos gusta hablar de desarrollo sostenible y vamos a seguir trabajando en esa línea. Asimismo estamos absolutamente convencidos de que este proyecto de ley que vamos a aprobar y que se va a convertir en ley apuesta por el desarrollo sostenible en este país que se llama España.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Interrumpimos la sesión hasta las cuatro de la tarde. (Pausa.)

Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.

Saben sus señorías que las que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.

Empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.




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En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 6.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 7.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 20; en contra, 196.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 213; a favor, 3; en contra, 193; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas números 9 a 15.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos la enmienda número 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 17 y 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 19 a la 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 60; en contra, 152; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, finalmente las enmiendas números 23 y 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos las enmiendas números 52 y 53.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 75; en contra, 139; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 54 y 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 20; en contra, 193; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 58 a 62.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 63.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 17; en contra, 196; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, comenzamos con la votación de las enmiendas números 64 y 65.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 4; en contra, 194; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 66 y 67.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 213; a favor, 76; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68 a 70.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 59; en contra, 138; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 71.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 3; en contra, 137; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 138; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 73.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 20; en contra, 196.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 3; en contra, 196; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 75.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 76 a 81.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 82 y 83.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 9; en contra, 150; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 85 y 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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Votamos la enmienda número 87.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 88.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 89 a 91.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 75; en contra, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 92 y 93.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 94.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 59; en contra, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 95 a 98.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 99 y 100.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 58; en contra, 156; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 101 a 104.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 105 y 106.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 155.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 107.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 108 y 109.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 58; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 111.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 112 y 113.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 114. (Rumores.)

Señorías, silencio por favor.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor; 11; en contra, 139; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, empezando por las enmiendas de la número 25 a la número 32.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor; 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 33 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 75; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 36 y 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 15; en contra, 196; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación, señorías, las enmiendas números 38, 39 y de la 42 a la 49.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 76; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 40 y 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 73; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos finalmente las enmiendas números 50 y 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando de la enmienda número 115 a la número 133.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 134 y 135.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 136.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 59; en contra, 138; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 137.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 138 y 139.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 140.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 214; a favor, 75; en contra, 138; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas de la 141 a la 143.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda 144.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda 145.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 76; en contra, 138; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 146 y 147.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 58; en contra, 136; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 148 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 149 del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 60; en contra, 142; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 150 del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 59; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, votamos, a continuación, en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 137; en contra, 63; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Votamos, a continuación, en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 139; en contra, 60; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA POR SEGUNDA VEZ EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, FIRMADO EN COTONÚ EL 23 DE JUNIO DE 2000 Y MODIFICADO POR PRIMERA VEZ EN LUXEMBURGO EL 25 DE JUNIO DE 2005, HECHO EN UAGADUGU EL 22 DE JUNIO DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000045)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1 y 7.1.1. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les anunció... (Continúan los rumores.)

Señorías, les anuncio —insisto— que se va a proceder a votar este primer tratado, porque ha habido un grupo que así lo ha solicitado.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

El primero de los tratados y convenios internacionales tramitado por conocimiento directo del Pleno se refiere al Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010. Se tramita por el procedimiento de urgencia. No se ha presentado ninguna propuesta a este tratado.

¿Alguno de los grupos quiere intervenir sobre este tratado? (Denegaciones.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 214; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado este primer tratado.




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7.1.2. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE UCRANIA AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971.

(Núm. exp. 610/000039)

7.1.3. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CROACIA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y ASUNTOS DE SEGURIDAD, HECHO EN MADRID EL 24 DE OCTUBRE DE 2011.

(Núm. exp. 610/000040)

7.1.4. ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO FORESTAL EUROPEO (IFE) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DEL INSTITUTO EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 28 DE JULIO DE 2011.

(Núm. exp. 610/000041)

7.1.5. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN ASTANA EL 17 DE JUNIO DE 2011.

(Núm. exp. 610/000042)

7.1.6. CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) POR EL QUE SE RECONOCE EL ACCESO AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE LOS FAMILIARES DEPENDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OMT, HECHO EN MADRID EL 31 DE MAYO Y 11 DE JUNIO DE 2012.

(Núm. exp. 610/000043)

7.1.7. ACUERDO SOBRE INMUNIDADES Y PRERROGATIVAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, HECHO EN MADRID EL 15 DE JUNIO DE 2012.

(Núm. exp. 610/000044)

El señor presidente da lectura a los puntos 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. y 7.1.7.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna propuesta a estos tratados internacionales.

¿Algún grupo desea intervenir sobre estos tratados? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización a que se refiere el artículo 94 de la Constitución? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan autorizados.

8. INCOMPATIBILIDADES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2012, EN RELACIÓN CON VARIOS SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000006)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la emisión del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, tomo la palabra para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su sesión celebrada el pasado 23 de octubre, y que se refiere a la situación de los siguientes miembros de esta Cámara: senadora García Carrasco, doña Catalina Montserrat; senador Iglesias Fernández, don Jesús Enrique; senador López Veiga, don Enrique César; senador Martínez Oblanca, don Isidro Manuel.

Señorías, el dictamen fue aprobado por unanimidad de la comisión y, toda vez que se trata de un dictamen favorable, se formula en forma de lista, sin motivación individual, de acuerdo con el




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artículo 16 del Reglamento. Como podrán advertir sus señorías, los senadores y senadoras incluidos en el dictamen han sido designados por sus parlamentos autonómicos respectivos, de Andalucía, Galicia y Principado de Asturias, y algunos de ellos ya fueron dictaminados favorablemente en su día en el primer dictamen aprobado por la comisión, porque ya formaban parte de la Cámara al constituirse tras las últimas elecciones generales.

Como siempre, quiero mostrar mi agradecimiento a los miembros de la ponencia, a los miembros de la comisión y al señor letrado, por su magnífico trabajo durante el desarrollo de las sesiones y por los trabajos realizados.

Concluyo, solicitando el voto favorable de sus señorías para este dictamen favorable sobre la situación de los señores senadores citados, desde el punto de vista de la normativa en materia de incompatibilidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

¿Alguno de los grupos quiere intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede aprobar el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades.

Buenas tardes a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciséis horas y cuarenta minutos.


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