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DS. Senado, Pleno, núm. 37, de 24/10/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 20

celebrada el miércoles, 24 de octubre de 2012

ORDEN DEL DÍA

3. MOCIONES

3.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la bonificación de las tarifas de los servicios aéreos y marítimos regulares para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

(Núm. exp. 662/000041)

Autor: GPMX

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000013)

4.2. CONOCIMIENTO DIRECTO

4.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000014)




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5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.1.1. Enmiendas al Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, adoptadas en la IV reunión de las Partes, hecho en Mónaco el 12 de noviembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000034)

5.1.2. Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000035)

5.1.3. Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 15 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000036)

5.1.4. Canje de Notas, de fechas 20 de abril de 2007 y 20 de junio de 2011, entre el Reino de España y la República Francesa para la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio de 1959 relativo a la pesca en el río Bidasoa y la bahía de Higuer.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000037)

5.1.5. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000038)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.

3. MOCIONES

3.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la bonificación de las tarifas de los servicios aéreos y marítimos regulares para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Autor: GPMX

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El señor Quintero Castañeda defiende la moción.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones, informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas presentadas.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, así como los señores Fuentes Curbelo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

2534

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto de ley.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones, informa de que la propuesta de veto de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ha sido retirada.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto por 3 votos a favor, 230 en contra y 7 abstenciones.

Comienza el debate del articulado.




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El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 25, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende la enmienda número 69, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 26 a 43, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor el señor Montilla Aguilera da por defendidas las enmiendas números 44 a 68, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas números 87 a 121, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas números 70 a 86, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 76 votos a favor, 152 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 161 en contra y 75 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 150 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 8, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 227 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 9, 11 y 13, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 152 en contra y 87 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 10, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 163 en contra y 70 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 152 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 14, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 157 en contra y 82 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 15 y 16, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 86 votos a favor y 156 en contra.

Se rechaza la enmienda número 17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 16 votos a favor, 154 en contra y 73 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 18, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 91 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 19, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 164 en contra y 75 abstenciones.




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Se rechaza la enmienda número 20, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 78 votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 21, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 74 votos a favor y 168 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 22 y 25, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 152 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 23, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, 91 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 24, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 22 votos a favor, 152 en contra y 69 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 69, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 94 votos a favor y 149 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 26 y 29, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 151 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 78 votos a favor y 164 en contra.

Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 164 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 24 votos a favor, 151 en contra y 67 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 31, 32 y 34, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 152 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 23 votos a favor, 152 en contra y 66 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 12 votos a favor, 152 en contra y 79 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 36, 37 y 39, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 152 en contra y 17 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 38 y 40, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 76 votos a favor, 151 en contra y 14 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 90 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 78 votos a favor y 164 en contra.

Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 86 votos a favor, 151 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 44 a 46, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 152 en contra y 20 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 47 y 48, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 163 en contra y 75 abstenciones.




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Se rechazan las enmiendas números 49 y 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 152 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 227 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 151 en contra y 88 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 53 y 55, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 164 en contra y 70 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 164 en contra y 75 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 10 votos a favor, 151 en contra y 81 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 12 votos a favor, 157 en contra y 74 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 59, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 85 votos a favor, 157 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 152 en contra y 87 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 61 y 66, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 91 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 163 en contra y 74 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 152 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 157 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 65 y 68, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 151 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 17 votos a favor, 152 en contra y 73 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 87 a 91, 93 a 96, 99, 109 y 110, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 155 en contra y 76 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 92, 97, 98, 100 a 108, 111, 115 y 117, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 225 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 112 a 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 18 votos a favor y 224 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 116 y 118, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 80 votos a favor y 162 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 119 a 121, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 153 en contra y 78 abstenciones.




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Se rechazan las enmiendas números 70, 73 a 78 y 83, del Grupo Parlamentario Socialista, por 78 votos a favor, 152 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 71, 79, 81 y 86, del Grupo Parlamentario Socialista, por 79 votos a favor y 163 en contra.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Socialista, por 74 votos a favor, 164 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 80 y 82, del Grupo Parlamentario Socialista, por 72 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 84 y 85, del Grupo Parlamentario Socialista, por 91 votos a favor y 152 en contra.

Se aprueba el proyecto de ley por 146 votos a favor, 4 en contra y 91 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

4.2. CONOCIMIENTO DIRECTO

4.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

2572

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones, informa a la Cámara de que el embajador de la República de Croacia, el señor Neven Pelicarié, se encuentra presente en la tribuna de invitados.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Sañudo Aja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Agramunt Font de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el proyecto de ley orgánica, por asentimiento de la Cámara.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones, informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.1.1. Enmiendas al Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, adoptadas en la IV reunión de las Partes, hecho en Mónaco el 12 de noviembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.2. Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.3. Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 15 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

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5.1.4. Canje de Notas, de fechas 20 de abril de 2007 y 20 de junio de 2011, entre el Reino de España y la República Francesa para la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio de 1959 relativo a la pesca en el río Bidasoa y la bahía de Higuer.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.5. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

El señor Muñoz-Alonso Ledo presenta los dictámenes de la Comisión.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la Cámara.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones, informa de que quedan concedidas las autorizaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se reanuda la sesión. Señorías, ocupen sus escaños.

3. MOCIONES

3.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA BONIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS REGULARES PARA LOS RESIDENTES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANARIAS Y DE LAS ILLES BALEARS, Y EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.

(Núm. exp. 662/000041)

AUTOR: GPMX

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 3. y 3.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado dos enmiendas, una, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, otra, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, el señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señorías, no es la primera vez que traigo a esta Cámara, tanto en Pleno como en comisión, una moción parecida, y créanme que si soy reiterativo en un tema como éste es porque es de vital importancia y trascendencia y más en los tiempos que corren para los territorios no peninsulares, para Baleares, Ceuta, Melilla y para las islas Canarias.

Quiero, en primer lugar, de verdad, agradecer a todos los grupos el acuerdo transaccional al que hemos llegado sobre esta moción, la cual pasaremos a la Presidencia y a los grupos en breve. Empezaré la intervención agradeciendo tanto al portavoz del Grupo Socialista, Fuentes Curbelo, por la enmienda que ha presentado y por el trabajo que siempre realiza sobre este tema, como al senador del Grupo Popular, Mateu Istúriz, el interés que siempre ha mostrado por intentar llegar a un acuerdo y a un consenso en materia de transporte. También quiero agradecer de manera especial —y lo digo aquí también en la tribuna—, la solidaridad y comprensión que han tenido con el tema de transporte tanto la senadora Candini, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por el apoyo que siempre ha dado a este tipo de mociones que presenta mi grupo, como al senador Martí del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que también siempre ha sido muy comprensivo con todos estos temas, y al Grupo Parlamentario Vasco porque siempre ha entendido el tema y nos ha apoyado, lo que quiero agradecérselo personalmente.

En el Pleno del Senado del pasado 13 de septiembre se aprobó una moción que insta al Gobierno del Estado a «mantener, siempre que sea compatible con la disponibilidad presupuestaria, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión a los residentes». El texto aprobado por la Cámara difiere de lo que establece la disposición adicional septuagésima segunda de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, en la que se indica que los cambios que se acometan «nunca podrán suponer una disminución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio». Hasta ahora se prestaba una ayuda del 50% y unos servicios que, como he dicho, no pueden ser mermados.

Las bonificaciones aplicables sobre la tarifa de los servicios aéreos y marítimos regulares en el transporte aéreo para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han sido y son un elemento fundamental de cohesión territorial, económica y social de dichos archipiélagos y de los territorios de Ceuta y Melilla, más en momentos como este en el que toda España está pasando una de las peores crisis que se recuerdan.

Por ello, si no logramos esta cohesión territorial, alejaremos más del continente a estos territorios que no son continentales y que están alejados, lo que conllevaría, evidentemente, que




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se mermarán los servicios básicos del territorio, porque no estamos hablando exclusivamente de transporte, sino de lo que supone el transporte para estos territorios, que son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Y conlleva prácticamente el todo, pues todos los servicios básicos, como sanidad, educación, etcétera, dependen del transporte.

Por ello, en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, en concordancia con lo aprobado por la Cámara Alta, se establece en la disposición adicional décima que la ministra de Fomento podrá fijar mediante orden ministerial las cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo destinado a los territorios no peninsulares y nos preocupa que la ministra de Fomento pueda hacerlo, porque podría abrir la puerta a la reducción del 50% de la bonificación.

Obvio es decir que para los Gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la garantía de accesibilidad al transporte aéreo y marítimo es fundamental. Accesibilidad que pasa necesariamente por una oferta adecuada de frecuencias, rutas y unos precios razonables para los usuarios.

Cuestionar la validez de esta política es entender el territorio español como un territorio continuo, y no es así.

Nos preocupaba la introducción en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de la modificación mediante una orden ministerial de esta cuantía. Esta preocupación es la que ha dado pie a presentar la moción que hoy estamos debatiendo.

El establecimiento de las tarifas máximas bonificables en un mercado en el que conviven compañías tradicionales y compañías de low cost podría llevar a la desaparición de las primeras y dejar la accesibilidad de estos territorios solo para los mercados caprichosos de las compañías de bajo coste, lo cual sería negativo para estos territorios.

Como ustedes bien saben, hace pocas semanas ha cerrado temporalmente Islas Airways, una compañía que hacía las rutas interinsulares en Canarias. Esto ha supuesto un duro golpe para el transporte aéreo, concretamente, para el transporte interinsular de Canarias, porque nos deja con una sola compañía, Binter Canarias, que aunque es verdad que ha anunciado que no subirá los precios —será porque ya los tiene en el límite de la obligación de servicio público—, es evidente que los monopolios y, en este caso, en algo tan fundamental para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, como es el transporte, en concreto, el aéreo, nunca son buenos.

Este cierre no es igual en magnitud al de Spanair, que generó muchas dificultades y cancelaciones para los usuarios y también una subida de los precios de las demás compañías, así como una falta de oferta por parte de estas. Hoy en día esto es palpable. Lo digo porque esta mañana me he metido en diferentes compañías que vuelan regularmente a Canarias y Baleares y he intentado sacar diferentes billetes, tanto para mañana como para diciembre, para que vean los precios. Puedo decirles que hoy, por ejemplo, día 24, volar a Tenerife Norte en turista, con el descuento de residente, cuesta 501 euros, y esta misma mañana, a las siete y cuarto, quedaba una plaza. Eso es lo que cuesta.

Y para que no digan que solo he comprado uno para hoy, lo he comprado también para el 13 de diciembre, y cuesta en turista, quedan tres plazas, 492 euros. Y la tarifa reducida son 380 euros, quedando una plaza para diciembre. Esto con el descuento de residente. Imagínense, estamos hablando de 501 euros, es decir, el billete para ir hoy a Canarias cuesta 1000 euros. Viajar hoy de Madrid a Nueva York cuesta 1110 euros y hacerlo a Canarias, 1002 euros. Eso es real, y lo he comprobado en varias compañías de las que vuelan regularmente a Canarias. Si a ustedes les parece que estos son precios razonables… Evidentemente, creo que estamos en un mundo de locos.

¿Por qué digo todo esto? Porque con la primera parte de la transaccional que hemos firmado intento conseguir que se garantice esta subvención; si no, esa cohesión de la que el ministerio tanto habla y que todos queremos no existiría. No existe ya, estamos muy alejados y esto nos aleja mucho más. Pienso que debe garantizarse la bonificación del 50% —y lo pongo en mi primera parte— pero a la vez hay que buscar otros mecanismos para que el dinero público destinado a la subvención sea rentable a los usuarios. Digo esto porque desde que empezó la subvención del 50% —antes era del 36% y ahora es del 50%, o sea, ha aumentado el dinero público, el dinero de todos, que se destina a esta subvención— los usuarios nunca han visto una rebaja en los billetes, solo se benefician las compañías. Imagínense lo perverso que es que yo como compañía diga que hoy solo tengo cinco plazas para viajar a Canarias o Baleares y las venda a 2000 euros, porque quiero y porque puedo, y hemos de viajar obligatoriamente porque desgraciadamente no




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podemos ir en otro transporte, sea por temas de salud, de trabajo, de estudios, de deportes o cualquier otro asunto —peor aún es cuando se trata de temas urgentes, sanitarios o de trabajo—. Si la compañía quiere que cueste 2000 euros, el Estado va a pagar 1000; es más, como el Estado le va a pagar el 50%, puede pensar en ponerlo a 5000 euros para que le pague 2500. Esta es una práctica abusiva de las compañías que creo, sinceramente, que nosotros como representantes territoriales —y el ministerio, también— hemos de intentar mejorar para que no sean las compañías aéreas las que se lleven las subvenciones en vez de los usuarios.

En el primer punto de la enmienda transaccional presentada conjuntamente con las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios Popular y Socialista lo que intento es que se investiguen pormenorizadamente las rutas aéreas en los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Solicito que se investiguen todas las rutas y que se garanticen un mínimo de frecuencias a unos precios asequibles y reales. Y si en esa negociación que tiene que llevar a cabo el ministerio con las compañías estas no ceden, tenemos un argumento que se llama las OSP con el que podemos obligar a las compañías a cumplir determinadas frecuencias, servicios y precios. Es fundamental hacerlo, no podemos esperar más. No se puede seguir estafando a los usuarios y poniendo en jaque a comunidades autónomas como Canarias y Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El segundo punto se refiere tanto a las conexiones entre Canarias y Baleares con el exterior como a los trayectos interinsulares. Antes he comentado que viajar de Madrid a Nueva York puede costar 1100 euros y 1002 euros de Madrid a Tenerife, pero también tengo que plasmar aquí el abusivo coste que soportamos los de Canarias y los de Baleares cuando hemos de viajar entre islas, algo fundamental para nosotros. Imagino que lo entienden pero para nosotros viajar de una isla a otra es como ir de una ciudad a otra en el territorio peninsular, es como ir de Segovia a Madrid a trabajar o al médico, o a estudiar, o a realizar una actividad deportiva o cultural. Nosotros eso lo tenemos que hacer a través del avión y del barco, con lo cual en Canarias y Baleares ese mismo servicio supone un coste medio superior al 180% si lo comparamos con el transporte en la Península. Y estoy hablando en tiempo y en distancia. Treinta minutos en Canarias y Baleares para un no residente supone un gasto de 170 euros, evidentemente para un residente la mitad porque estamos subvencionados, mientras que 30 minutos en la Península supone, por ejemplo, 9 euros en el AVE si nos trasladamos de aquí a Segovia. Pero es que además se puede utilizar otro tipo de transporte, desde el autobús hasta el coche e incluso la bicicleta si quiero cogerla, y evidentemente en los territorios archipelágicos no tenemos esa posibilidad.

En el tercer punto, sobre las directrices que hay que adoptar, yo ponía en mi moción original el billete punto a punto. No lo incluyo aquí, pero sí que hay que estudiar en este punto esa posibilidad. Es decir, dar la posibilidad de que en aquellos territorios que no tienen conexión directa, como el caso de Baleares y Canarias que son islas que no tienen conexión directa, no se cargue doble pasaje. Yo tengo que viajar de El Hierro a Lanzarote y pagar el pasaje de El Hierro a Tenerife que cuesta 170 euros. Después tengo que pagar otros 170 euros de Tenerife a Lanzarote, cuando lo que yo quiero es ir a Lanzarote en conexión directa. Creo que tenemos que volver a recuperar ese sistema de punto a punto que teníamos en el año 2006 para contribuir a la cohesión territorial de toda España, pero también a la cohesión interterritorial entre los dos archipiélagos.

Y para terminar, señor presidente, el último punto de esta enmienda transaccional que hemos presentado, es para dedicar los mayores esfuerzos desde el Ministerio y las compañías para que el sistema automatizado de residencia sea ya una realidad. Yo lo he hablado con muchos compañeros senadores de diferentes partidos, y no puede ser que el desconocimiento —perdonen que lo diga— de alguien en Madrid sobre una realidad archipelágica estipule la obligación de algo tan arcaico como el certificado de residencia. Nosotros, los partidos políticos, tanto el que sustenta al Gobierno como los que estamos en la oposición, debemos ser capaces de hacer entender a la ministra y a su ministerio que eso es algo arcaico y surrealista. Se pretende perseguir el fraude, pero se puede falsificar mucho más —desgraciadamente está demostrado—, y no entiendo que nos lo impongan porque a alguien que no entiende la realidad se le ocurra que esa es una manera de reducir el fraude. Perdone que se lo diga, pero no se ha reducido el fraude porque ahora se puede defraudar más con una simple fotocopia que todos podemos imprimir. Un niño de 13 años puede quitar el nombre y poner el nombre y el DNI que le dé la gana y ya está, ya todos somos canarios. Hoy en día




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cualquier persona de España, con el DNI de Jaén y un certificado puede volar. Y eso lo ha impuesto desde aquí alguien que no tiene conocimiento de la realidad canaria. Yo me niego a aceptarlo y entre todos tenemos que conseguirlo.

Termino, señor presidente, agradeciendo otra vez a todos los grupos parlamentarios la comprensión que han tenido con este asunto y que hayamos llegado a una enmienda transaccional por el bien de todos. Voy a estar muy vigilante, se lo digo al señor Mateu, del Grupo Parlamentario Popular, y al Gobierno, para que esto se cumpla porque es capital para Baleares, para Ceuta, para Melilla y para Canarias. Y si no es así, aquí estaré otra vez para seguir reivindicando, ya por pesado, algo que creo que los canarios de todos los partidos, de Baleares, Ceuta y Melilla entienden y comprenden. Espero que así ocurra también con el ministerio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Se ha presentado a la Mesa una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. Por consiguiente, decaen las enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) Entiendo su intervención agotada.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? Tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor vicepresidente.

Buenos días, señorías. Nuestra posición va a ser la de apoyar esta moción. Como en otras tantas ocasiones, el señor Quintero ha presentado el grave problema que tiene la gente que vive en las islas. Entre otras razones pensamos que tenemos que apoyar esta moción porque el asunto de tarifas máximas bonificables en un mercado en que concurren las compañías tradicionales con las de bajo coste, deja a aquellas en peligro de extinción. Y de esa forma no se puede asegurar ni garantizar la accesibilidad de los ciudadanos que viven en islas como Canarias y Baleares. No se puede y no debemos dejar un derecho fundamental, como es el de circular libremente, exclusivamente en manos del mercado, ya que no deberíamos estar sometidos solamente a las leyes del mercado. Nuestras leyes deben ayudar a la cohesión social y no estar únicamente en función de la rentabilidad económica. También debemos atender al aspecto social, porque pensamos que en democracia la libertad de circulación es fundamental, y para preservar ese derecho los representantes del pueblo debemos estar atentos para que este realmente se garantice.

Hay un concepto que no solemos comentar aquí y que para nosotros es vital, sobre todo desde el punto de vista económico. Si por una parte para un canario o para un balear puede resultar caro un billete, hay que pensar también en la cantidad de horas que necesita para poder trasladarse. Es decir, que si a cualquier persona de dentro de la Península le cuesta llegar a Madrid tres o cuatro horas, a estos señores les lleva todo un día con los costes que eso supone, y si encima no se les garantiza que puedan andar libremente y con unos costes razonables, la discriminación es doble. Nosotros pensamos que Canarias nos viene bien económicamente porque con ella Europa llega hasta la mitad de África, y eso nos favorece y nos posibilita tener una plataforma europea muy importante en el continente africano, pero eso tiene un coste.

Luego además de las económicas, son muchísimas las razones, como las sociales, las derivadas de las libertades fundamentales y otros muchos derechos, las que confluyen en un simple billete de avión, que puede suponer el cielo o el infierno. Intentemos quedarnos aunque sea en la mitad.

Muchísimas gracias, señorías. Mi grupo parlamentario apoyará esta moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Martí.




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El señor MARTÍ JUFRESA: President, senyories, molt bon dia.

La proposta de Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que recentment ha presentat la ministra en el seu punt 2.4 diu textualment un dels objectius: Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de transportes. I precisa en un paràgraf: En particular, y con arreglo a este objetivo, se tendrán presentes de forma especial las necesidades de acceso de la Península a sus archipiélagos, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como las conexiones interinsulares.

Per tant, el nostre grup celebra que s’hagi pogut arribar a aquesta transaccional que dóna concreció, que posa a un nivell molt més concret aquest enunciat genèric del pla que va presentar la ministra. Perquè efectivament estem parlant del dret a la mobilitat, estem parlant del dret a la mobilitat de milers i milers de ciutadans i ciutadanes del nostre país i aquest dret a la mobilitat no només es pot expressar en genèric sinó que cal concretar-lo.

Per això, vull enunciar el suport del Grup de l’Entesa a aquesta transacció, que fa aquestes concrecions absolutament imprescindibles i necessàries, i dóna peu a que les garanties i les facilitats que aquests ciutadans i ciutadanes es mereixen tinguin la possibilitat de ser efectius i reals.

Les obligacions de servei públic ens sembla un instrument imprescindible i adequat; precisar la bonificació també i, evidentment, les facilitats del registre automàtic, que s’hauria de poder posar en marxa quan abans millor, crec que complementen aquest nivell de concreció. Per això també vull felicitar la tenacitat del senador Narvay Quintero i expressar-li de nou, des d’aquesta tribuna, que el Grup de l’Entesa, sempre que es tracti de defensar la igualtat d’oportunitats de persones i territoris i aquesta manera d’entendre Espanya, diversa, respectant la seva pluralitat, les seves especificitats però alhora amb igualtat d’oportunitats i de drets, ens tindrà al seu costat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señor presidente, señorías, buenos días.

La propuesta del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que ha presentado recientemente la ministra dice en su punto 2.4 que uno de los objetivos es reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de transportes. Y precisa en un párrafo: En particular, y con arreglo a este objetivo, se tendrán presentes de forma especial las necesidades de acceso de la Península a sus archipiélagos, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como las conexiones interinsulares.

Por tanto, mi grupo parlamentario celebra que se haya podido llegar a esta enmienda transaccional que concreta este enunciado genérico del plan que presentó la ministra. Porque efectivamente estamos hablando del derecho a la movilidad de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, un derecho que no solo se puede expresar en genérico, sino que hay que concretarlo.

Por ello quiero anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario de Entesa a esta transaccional que hace estas concreciones absolutamente imprescindibles y necesarias, dando pie a que las garantías y las facilidades que estos ciudadanos y ciudadanas se merecen tengan la posibilidad de ser efectivas y reales.

Las obligaciones de servicio público nos parecen un instrumento imprescindible y adecuado; precisar la bonificación, también, y evidentemente las facilidades del registro automático que se tendría que poner en marcha lo antes posible y que complementan este nivel de concreción. Por ello también quiero felicitar la tenacidad del senador Narvay Quintero, y expresarle una vez más desde esta tribuna que, siempre que se trate de defender la igualdad de oportunidades de personas y territorios y esta forma de entender España, una España diversa, respetando su pluralidad y sus especificidades, pero a la vez la igualdad de oportunidades y derechos, va a tener al Grupo Parlamentario de Entesa a su lado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.




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La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.

Únicament per manifestar el nostre suport a la moció posteriorment transaccionada pel senador Narvay Quintero.

El senador Narvay Quintero és d’aquells senadors que, de manera molt constant, ens va recordant la importància del concepte de territori i la cohesió del territori. La cohesió del territori també passa, no únicament des d’un punt de vista de la reorganització territorial, sinó la capacitat de donar sortida als drets, en aquest sentit també, drets d’igualtat pel que fa al tema de la mobilitat. El tema del servei públic com a concepte de mobilitat ha d’anar de punta a punta i ha de ser garantit.

Per això creiem que és de plena justícia que aquests condicionants i aquestes necessitats es puguin solucionar i que els canaris tinguin de ple dret exactament els mateixos drets que d’altres d’àmbit territorial.

Únicament manifestar el nostre suport.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Quiero solamente manifestar nuestro apoyo a la moción del senador Quintero, que ha sido posteriormente transaccionada.

El senador Narvay Quintero es de aquellos senadores que, de forma muy constante, nos van recordando lo importante que es el concepto de territorio, y la cohesión de este territorio. Y la cohesión de este territorio no solo tiene que ver con la reorganización territorial, sino también con la capacidad de dar cobertura a los derechos, en este caso derecho de igualdad por lo que se refiere a la movilidad. El servicio público y la movilidad tienen que ser garantizados de punta a punta del territorio.

Es de justicia que se puedan solucionar realmente estos condicionantes y estas necesidades, y que, en todo caso, los canarios de pleno derecho tengan los mismos derechos que los ciudadanos de otros territorios.

Manifestamos, pues, nuestro apoyo a la moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Efectivamente, esta es la cuarta vez que este asunto viene al Pleno del Senado en forma de iniciativa de control: como interpelación —que vimos en el mes de mayo de este año—, como moción que aprobó la Cámara en el mes de junio, nuevamente como moción en el mes de septiembre y ahora esta nueva moción. Lo que quiere decir, al fin y al cabo, que este es un asunto que no se ha resuelto satisfactoriamente hasta el día de hoy y que en los territorios no peninsulares sigue habiendo muchísima preocupación e incertidumbre por las verdaderas intenciones del Gobierno sobre las ayudas para viajar en estos territorios, o entre ellos y la península.

El Grupo Socialista sigue defendiendo los mismos objetivos que se aprobaron en el mes de junio de este año, y que coinciden con lo que planteaba en principio la moción del senador Quintero y con una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que reflejaban globalmente esa preocupación de que hablo y las garantías que necesitan este tipo de bonificaciones; de ahí la transacción.

El Grupo Parlamentario Socialista sigue defendiendo que se garanticen las bonificaciones del 50% y que no se vinculen —como se hizo en la moción del Grupo Popular en el mes de septiembre— con las disponibilidades presupuestarias, dado que se trata de un derecho que garantiza la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de los territorios no peninsulares. Seguimos defendiendo que se establezca una tarifa máxima en los trayectos archipelágicos y de las ciudades autónomas con la península, similar a la que ya se aplica entre las islas, y que se adecuen las obligaciones de servicio público a las directivas de la Unión Europea, para que las tarifas se consideren desde el origen al destino sin que el viajero tenga que abonar el suplemento que se derive de las escalas que tengan que hacer las líneas que no disponen de conexiones directas.




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Además, insistimos en la necesidad de que el Gobierno implante de manera generalizada y definitiva el sistema de acreditación de la residencia automatizado, que ahora mismo solo algunas empresas aéreas y marítimas utilizan. En ese sentido iba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que trataba de liberar a los ciudadanos de los territorios no peninsulares de la obligación de tener que viajar con tres documentos: la tarjeta de embarque; el documento nacional de identidad y el certificado de empadronamiento.

No nos cabe la menor duda de que, cuando el Gobierno mira los créditos de las bonificaciones para viajar en los territorios no peninsulares, lo hace con la intención de recortarlos, como se han recortado otras partidas en los Presupuestos Generales de 2012 y en el Proyecto de Presupuestos de 2013, que se está debatiendo en el Congreso. El Gobierno ya tomó algunas decisiones relevantes sobre este asunto: de entrada, mandar a sus senadores que trajeran a esta Cámara una propuesta que condicionaba —que era lo grave— estas ayudas a las disponibilidades presupuestarias, lo que abría una puerta a su reducción, si no a su supresión en el futuro; esa era nuestra preocupación. Y también tomó el Gobierno otra medida relevante, con la excusa de combatir el fraude: exigir el certificado de empadronamiento para poder viajar, retrotrayéndonos al siglo pasado en la época de las tecnologías de la información y las comunicaciones; un auténtico sinsentido estas prácticas del siglo pasado ahora.

En este asunto, solo en una cosa estamos de acuerdo con el Partido Popular: hay que combatir el fraude. Hasta ahí, de acuerdo; pero no en esas medidas que se pretendía tomar y por las que se vislumbraban las intenciones del Gobierno. En el Pleno del 12 de septiembre, la propia ministra de Fomento, tratando de justificar los recortes a las subvenciones para viajar, aseguró que había unos 231 pasajeros en el mercado interbalear, en las Islas Baleares, que habían consumieron más un millón de euros y habían hecho más de 60 trayectos. Dijo también que en el segmento intercanario se financió a 1809 pasajeros que hicieron más de 30 viajes de ida y vuelta al año, es decir que se movieron de una isla a otra, bien en barco o en avión, unas tres veces al mes. Además, dijo que había 33 pasajeros, 22 de ellos localizados —esas fueron sus palabras, no está mal la matización— que habían realizado más de 200 trayectos, más de 100 de ida y vuelta; claro, es que, si sales de una isla, normalmente tienes que regresar, y no se puede hacer a nado, así que no hay otra posibilidad.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el fraude no se combate poniendo a los ciudadanos extrapeninsulares bajo sospecha, poniéndolos en el punto de mira, ni obligándoles a llevar todos esos documentos cada vez que tengan que subirse a un barco o a un avión. Francamente, creo que quien puso esos datos en manos de la señora ministra le ha hecho un flaco favor, porque eso no es vigilar la eficacia y la eficiencia de los fondos públicos. Es una auténtica vergüenza que, con esa velada insinuación, se haya puesto en duda el proceder de tantos ciudadanos que, por las razones que sea, están obligados a moverse, bien dentro de su territorio o bien a la península. Eso no es entender lo que es un archipiélago; eso no es entender lo que es la necesidad de viajar en territorios alejados o fragmentados por motivos diversos: médicos, empresariales, familiares y, alguna vez también, de ocio, para pisar el resto de España y el resto del mundo, ¿por qué no? Esperemos que no tengan la pretensión de que los ciudadanos españoles y residentes en esos territorios no nos relacionemos con los de otras comunidades; de que no mantengamos relaciones sociales, comerciales, humanas, culturales con el resto de los ciudadanos españoles, en condiciones de igualdad. Con argumentos como los que esgrimió aquí la señora ministra, nos dio la impresión de que lo que pretende el Gobierno puede ser mantenernos encerrados, cada uno en su correspondiente territorio.

Por otra parte, el ministro Soria —que, cada vez que va a Canarias, trata de justificar los recortes del Gobierno, se dedica a poner en duda la solvencia de nuestra comunidad y, sobre todo, a añadir crispación en la política de Canarias, en lugar de fomentar la necesaria cooperación entre las instituciones— contribuye también a la ceremonia de la confusión diciendo que ese supuesto fraude en la utilización de las ayudas para viajar se produce también con el típico soldadito peninsular español, que se empadronó cuando hizo el servicio militar y todavía, hoy en día, sigue empadronado en Canarias, lo que creo que es una auténtica barbaridad. Eso está en los periódicos: es un insulto a los miles y miles de ciudadanos españoles que han hecho el servicio militar en Canarias y que no están empadronados ni están cometiendo ningún fraude.




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Creo que han hecho bien los senadores y senadoras del Partido Popular de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla explicándoles a sus compañeros del Gobierno lo que entraña vivir en territorios alejados y fragmentados, como Baleares y Canarias, haciéndoles comprender que estas ayudas no son una bonificación graciosa del Gobierno sino una obligación del Estado para con los ciudadanos de este país. Llevar el AVE a Galicia, Cataluña o Valencia es avanzar en la cohesión territorial y avanzar en la adecuada conectividad de los territorios de nuestro país; avanzar en la cohesión territorial y en la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es garantizar —esa es la palabra, y consta en el texto que se ha transaccionado— las bonificaciones a las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los territorios no peninsulares.

Me alegra que en el texto que se ha transaccionado acepten garantizar las ayudas y renuncien a vincularlas a las disponibilidades presupuestarias, que es lo que abre la puerta a su recorte o a su supresión en el futuro. Nos temíamos que, en este caso, nos podía pasar como en otros tantos en que, al menos en la situación de Canarias, las partidas destinadas en el Proyecto de Presupuestos de 2013 se han visto recortadas, si no anuladas, lo mismo que los créditos destinados a la desalación de agua de mar, cuando hay islas cuyo consumo de agua procede al cien por cien de la desalación, y muchísimos más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe, por favor.

El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.

Si el Gobierno se sintiera tentado de recortar las subvenciones en Canarias, podría ocurrir lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. La estrategia del Gobierno en algunos territorios, de suprimir las ayudas para viajar, de suprimir las ayudas para la producción de agua potable o para otras cuestiones, como el Plan de Infraestructuras Turísticas, el Programa europeo de ayudas a agricultores y ganaderos —en el caso de Canarias—, el desplazamiento de los deportistas de deporte base, deporte escolar, que acuden a las competiciones nacionales….

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor FUENTES CURBELO: Acabo, señor presidente.

Decía que esta estrategia del Gobierno con algunos territorios es lo que hace que Canarias y los territorios más alejados se puedan sentir abandonados a su suerte.

Concluyo anunciando que aceptamos el acuerdo que se ha pactado y damos las gracias al senador Mateu, al señor Antich, a la portavoz de Convergència i Unió, al senador Martí, a la senadora Leanizbarrutia y al senador Quintero por haber conseguido un acuerdo que recoge las aspiraciones de los territorios no peninsulares en esta materia.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. La presencia del portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara en el Pleno del día de hoy tiene la finalidad de significar nuevamente el firme compromiso del Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, con la mejora de la conectividad con las islas Canarias y con las islas Baleares. Este firme compromiso se ha puesto de manifiesto siempre, como todos ustedes saben, en todas las intervenciones en las que he tenido el honor de ser el portavoz de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara; me refiero en concreto a las intervenciones de junio, de septiembre, y también a las intervenciones en las comisiones.

Por supuesto, el compromiso del Grupo Parlamentario Popular es importante; pero más importante es el compromiso que ha asumido el Gobierno de España por medio de la señora ministra de Fomento que, ya durante su primera comparecencia, para explicar su programa político, el pasado 14 de marzo, afirmaba que nuestro segundo pilar será el reafianzamiento del papel del regulador y del supervisor que garantiza la prestación del servicio, especialmente en lo que se refiere a seguridad, eficiencia económica, calidad, sostenibilidad medioambiental y accesibilidad; y, también, señorías, a las bonificaciones y obligaciones de servicio público en el




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transporte aéreo y marítimo en territorios no peninsulares, que serán claves en esta etapa; y me gustaría destacar la especial importancia del esquema de bonificaciones aplicadas en los billetes de transporte adquiridos por los ciudadanos residentes en las regiones no peninsulares. Durante su intervención, la señora ministra resaltó que el Gobierno iba a continuar apostando por este tipo de bonificaciones como elemento clave para acortar distancias; repito, señorías: como elemento clave para acortar distancias. Desde luego, se consideraba el único método válido para que los ciudadanos de las islas tuvieran las mismas oportunidades. Asimismo, durante la presentación del PITVI en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado día 26 de septiembre, la señora ministra se comprometió —por cierto, señorías, un plan muy ambicioso que contiene un análisis detenido y realista de las necesidades estructurales de nuestro territorio, además de contar con la importante colaboración de la financiación privada para su ejecución— y ratificó su compromiso de garantizar y defender los derechos de los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Señorías, como ustedes pueden entender por la intensa actividad del Grupo Parlamentario Popular en esta materia de la conectividad, lo que pretendemos es muy sencillo: que nuestros compatriotas de esos territorios queridos puedan lograr una libertad de movimiento en las mismas condiciones que los residentes en la península y que el hecho de la insularidad o la ubicación de las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de África no supongan una desigualdad en el acceso a las oportunidades culturales, económicas, de ocio, etcétera, de que dispone el resto de los ciudadanos españoles. Queremos destacar —como he dicho en todas y cada una de mis intervenciones en esta Cámara— que lo realmente imprescindible es tener una España simétrica, una España de igualdad de oportunidades. Este compromiso con los residentes de los citados territorios también ha sido puesto de manifiesto muy recientemente durante la comparecencia de altos cargos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de España, como consecuencia de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Así, el señor Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Viviendas y presidente de SEPES, en su comparecencia del pasado 5 de octubre, afirmó que, lógicamente, los presupuestos del ministerio son una pieza básica para la estabilidad económica de España y una ayuda a la política presupuestaria del mismo, cuyo objetivo irrenunciable es la disminución del déficit de las administraciones públicas en su conjunto. La previsión es de hasta el 4,5% del PIB para el año 2013 —como todos ustedes saben; pero, a pesar de esta dificultad, el señor Catalá señalaba el destino de una partida de 270 millones de euros para subvencionar el precio del billete aéreo de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Pese a las dificultades —añadía, a las que se había referido al principio de su intervención—, se mantiene la bonificación del 50% en los territorios insulares, en Ceuta y Melilla; y se continuará con la política de 2012 de aplicar las medidas que refuercen el control del acceso a dichas bonificaciones —aquí quiero recordar la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista—, de modo que garanticen que estamos dando el mejor uso posible a esos recursos de los ciudadanos españoles, que son de todos y que se asignan a un determinado número de españoles para que viajen desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hacia la península o en rutas insulares. Estas bonificaciones también se aplicarán —según decía el señor Catalá— a los residentes extrapeninsulares en el transporte marítimo, destinando para ello una partida de 48 millones de euros.

Señorías, por todo lo establecido y dicho, el compromiso del Gobierno del Partido Popular es irrefutable. Así, a modo de resumen general de las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, contamos con 332,58 millones de euros destinados a la subvención y ayuda al transporte de pasajeros, y de 25,04 millones para el transporte marítimo, que no hay que olvidarlo. Como medida coadyuvante para lograr la fortaleza del transporte aéreo y el crecimiento del tráfico en los aeropuertos, no nos olvidamos del capítulo previsto para la sociedad estatal AENA. En AENA se siguen manteniendo las ayudas a la estacionalidad, a las conexiones y a las aperturas de nuevas rutas, con una serie de subvenciones que ahora no enumeraré, porque serán objeto de análisis en la Comisión de Presupuestos de esta ilustre Cámara.

Si seguimos trabajando de esta manera con el transporte aéreo y marítimo, seguiremos generando más del 10% del producto interior bruto con la atracción de los turistas internacionales a nuestro territorio. Les quiero dar unos datos para demostrar que esta garantía, esta fortaleza que se da a estas bonificaciones, a estas ayudas, genera una cantidad elevada a la riqueza nacional. No hay que olvidar que el turismo es parte esencial de la economía española ni que 4 de cada 5 turistas




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que vienen a nuestro territorio entran por vía aérea. Les voy a dar unos datos muy importantes para el sector turístico, fundamental, insisto, para el desarrollo económico de nuestro país. Hasta el mes de julio, han entrado en España 25 millones de turistas y han dejado unos ingresos de 23 877 millones de euros. Como verán, señorías, estas cifras son muy relevantes y merecen la pena de ser cuidadas. Su gasto medio se ha incrementado en un 7% —estamos hablando de 107 euros diarios—, y el gasto medio durante su estancia se ha incrementado a 956 euros.

Después de estos datos económicos y para alejar fantasmas que han aparecido en esta Cámara tras algunas intervenciones en las que se han vertido expresiones como que las iniciativas legislativas del Partido Popular son mociones meramente filosóficas que no garantizan la cohesión territorial, o que somos retóricos y con poca acción, o que diluimos nuestros compromisos y características en la actividad del Ministerio de Fomento; y para aclarar que nuestro compromiso es fundamental y que el Partido Popular cree a pies juntillas en la cohesión territorial y en solidaridad entre los territorios, les hago esta descripción detallada del compromiso que tiene el Partido Popular con la mejora y continuidad de la conectividad con estos queridos territorios que he mencionado. Dentro de este compromiso, que no es estático sino dinámico, sigo exponiendo los avances del Gobierno de España en esta materia. ¿Se acuerdan ustedes de la moción del 13 de septiembre, en la que les dije que las líneas sometidas a obligación de servicio público, las cuatro líneas en el archipiélago canario, estaban a punto de ser adjudicadas? Pues ya estamos, señorías, en la fase de redacción del contrato y empezarán a funcionar próximamente.

Hablábamos también en aquel momento de la línea directa Menorca-Madrid. Ya se ha publicado —es otro avance— en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, se publicó el día 4 de octubre. Ahora, como saben todos ustedes, disponemos de dos meses para enviar ofertas para poder adjudicarla y ponerla en marcha a la mayor brevedad posible. Lo mismo podíamos decir —también lo hablábamos el día 13— de la línea de helicópteros entre Ceuta, Málaga y Algeciras, y de su adjudicación a Cathelicopters, que pretendemos poner en marcha muy brevemente. Por ultimo, respecto al SARA, el Sistema de Acreditación de Residencia Automático, se está trabajando en estrecha colaboración con las compañías aéreas, sistemas de reserva y otros departamentos ministeriales. Este sistema ya está disponible y en plena funcionalidad desde el pasado 1 de octubre en que lo entregó el Ministerio de Fomento, y ahora se está trabajando en la implementación de los cambios informáticos en los sistemas de emisión de billetes de compañías y sistemas de reservas Amadeus, Galileo y Sabre; trabajo que va a culminar en los próximos meses y, así, el residente acreditará su condición de manera automática sin necesidad de presentar el certificado de residencia al embarcar. Hasta el momento, la única compañía aérea que lo ha utilizado ha sido Binter Canarias, el día 4 de octubre empezó a trabajar con ella, y los resultados iniciales son más que satisfactorios.

Señor presidente, voy terminando. Reitero el compromiso del Gobierno de España con la conectividad de los ciudadanos de Baleares, Ceuta, Melilla y las islas Canarias.

Y, en el capítulo final de agradecimientos, agradezco el tono amable, cordial y constructivo del senador Quintero, con el que hemos llegado a acuerdos en el seno de la Comisión de Fomento, y el de todos los grupos que han aportado su grano de arena a la adopción de un acuerdo que, desde luego, es beneficioso para todos los ciudadanos —que por ellos trabajamos— de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Señorías, ¿puede entender esta Presidencia que queda aprobada la moción por asentimiento, dada la existencia de una transaccional firmada por todos los grupos? (Asentimiento.)

Queda aprobada.




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4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000013)

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, el señor Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

Como presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, les presento el dictamen de la comisión sobre el Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Como ustedes saben, este proyecto de ley consta de una exposición de motivos, 7 artículos, 2 disposiciones adicionales y 5 disposiciones finales, y se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han presentado dos propuestas de veto: la primera, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; y la segunda, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa. De otra parte, se han formulado 121 enmiendas al articulado, distribuidas de la siguiente forma: 25 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; 1 del Grupo Parlamentario Vasco, 43 del Grupo Entesa, 35 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y 17 del Grupo Socialista.

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas se reunió el pasado día 16 de octubre a efectos de debatir y dictaminar el proyecto de ley y se rechazaron las propuestas de veto y las enmiendas. La comisión aprobó como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados por 16 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El veto de los senadores Guillot y Saura ha sido retirado.

Se mantiene viva la propuesta de veto de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Presentamos veto a este proyecto de ley por dos grandes grupos de motivos.

En primer lugar, creemos que con este proyecto de ley se pretende formular una vez más una reforma meramente cosmética, con la que se persigue eludir el problema de fondo: dar una respuesta adecuada a la necesidad que se deriva incluso del déficit de las cuentas públicas; la necesidad de una reforma fiscal profunda que permita reconstruir un sistema tributario suficiente, progresivo y equitativo, que financie de forma justa el Estado del bienestar. Un sistema fiscal que no se limite exclusivamente a proveer, en este momento de forma insuficiente, de los recursos que precisan las administraciones, sino que actúe como un instrumento de redistribución de la riqueza. Pero no hay voluntad de acabar con una realidad en la que, en la práctica, son las rentas del trabajo y los impuestos indirectos los que más proveen de recursos a las administraciones, manteniendo una escandalosa situación de privilegio para las rentas del capital. Son los impuestos indirectos los que cada vez ganan una presencia mayor en el monto global de la recaudación de




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las administraciones, en detrimento de los impuestos directos; y además se abunda en decisiones que van constituyendo un sistema fiscal cada vez menos progresivo.

Obviamente, además de producir lo que es evidente, consecuencias económicas, consecuencias en las cuentas del Estado, todo ello va generando opinión en la sociedad. Ayer se nos hacía entrega de la encuesta del CIS que se realizó el pasado mes de julio para conocer la opinión pública sobre las políticas fiscales. Los resultados son concluyentes: el 88% de los españoles creen que los impuestos que se cobran en nuestro país no se hacen con justicia, que no es cierto que pague más quien más tiene; el 88% de la población española.

Se mantiene un sistema que conlleva una presión fiscal de las más reducidas de la eurozona —diez puntos menos que la media de la Unión Europea a Quince—, que además se ha visto reducida en los últimos tiempos sobre la base de sucesivas desfiscalizaciones. En España, desde 2007, la presión fiscal ha bajado seis puntos, y ello a pesar de que, como también refleja el estudio sociológico del CIS, la mayoría de los españoles, con mucha racionalidad y en un momento de crisis en el que las necesidades aumentan, nos dicen que estarían dispuestos a pagar más impuestos por unos servicios públicos de más calidad.

El segundo bloque de argumentos que nos llevan a presentar este veto está en que los contenidos del proyecto no expresan claramente una firme voluntad de luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Vuelvo a hacer referencia a la encuesta del CIS: el 92,2% de los españoles piensa que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, y piensan bien. No tendrán los datos de la Agencia Tributaria, no tendrán los datos del sindicato de técnicos de la Administración tributaria, pero son conscientes de que el fraude fiscal es una realidad presente en nuestra sociedad. Funcas señala que, mientras que la economía española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se cuadruplicó. Diferentes estimaciones sitúan el volumen de la economía sumergida en nuestro país entre el 20% y el 25% del producto interior bruto. Un reciente informe elaborado por la organización internacional Tax Justice Network, en un estudio sobre 145 países, que representan el 92,8% del PIB mundial, concluye que España es la décima potencia mundial en fraude fiscal, cuantificándolo en el 22,5% del producto interior bruto; en Europa, solo Italia y Grecia nos superan. El volumen del fraude fiscal equivale al conjunto del gasto sanitario en nuestro país. Son índices escandalosos.

Además, en España hay otros indicadores. El dinero en metálico supone el 10% del producto interior bruto, frente al 5% que representa en la zona euro o el 6% que representa en Estados Unidos. Circulan 111 millones de billetes de 500 euros, siete veces más que en 2002, el 64% del valor del efectivo, en manos de los españoles.

Y el fraude, como todo en nuestra sociedad, es clasista. Cuando desde las administraciones se presentan públicamente campañas que pretenden evidenciar una voluntad de lucha contra el fraude, los ejemplos que se citan siempre son los del fontanero que viene a hacer una reparación a casa o el de quien nos vende un electrodoméstico. Pero el fraude en nuestro país, que según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda puede moverse en torno a los 89 000 millones al año, se distribuye de una forma muy clara: 72% imputable a grandes empresas y grande patrimonios; 17%, a las pymes; 9%, a los autónomos, a esos fontaneros o pintores que aparecen como imagen pública del fraude; y 2%, al sector no empresarial.

Si buscamos, además, una evaluación de las distintas reformas, planes y proyectos que se han puesto en marcha en nuestro país, tenemos que concluir que, seguramente por falta de medios, pero también por falta de vocación política, nunca se ha logrado una eficacia mínimamente defendible y presentable en materia de lucha contra el fraude. ¿Para qué ha servido la tipificación como delito fiscal en el Código Penal? ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco están cumpliendo condenas en nuestras cárceles por fraude fiscal? Del fraude fiscal como delito solo se habla en algunas ocasiones buscando elementos puntuales, eso sí, muy llamativos, que permitan trasladar una imagen de vocación de lucha ante los medios de comunicación. El último ejemplo es el de la reciente Operación Emperador, contra organizaciones chinas. De alguna manera, yo creo que, realizando una labor sin ninguna duda encomiable de investigación y de persecución, se ha montado una operación de imagen pública que va bastante más allá del trabajo policial o del trabajo de jueces y fiscales. De nuevo se he resucitado la figura de Fu Manchú, pero alterando el orden. En el Ancien Régime, primero iba el No-Do y después la película de Fu Manchú;




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actualmente, se mete a Fu Manchú en el No-Do de las tres de la tarde y en el de las nueve, seguramente con un protagonismo absolutamente sobredimensionado.

Si a ello le sumamos que pocos meses antes de la presentación de este proyecto se ha decretado una amnistía fiscal en una sociedad en la que —lo vuelvo a decir— la mayoría, el 92,2%, cree que hay mucho o bastante fraude fiscal, ya me dirán ustedes qué credibilidad tiene este proyecto de ley y cómo pueden los españoles entender que de él se deriva la voluntad política de acabar con el fraude fiscal. Y si a ello sumamos también que se presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el que hay una rebaja del 7,7% en el presupuesto de la Agencia Tributaria, la herramienta más clara para luchar contra el fraude, y que, fruto del trabajo de los técnicos de la Administración tributaria, a lo más que se llega —datos de 2011— es a detectar el 17% del fraude fiscal —conclusión: el 83% se va de rositas—, creo que tenemos motivos más que fundados y más que suficientes para mantener este veto.

Vuelvo a la encuesta del CIS: el 73,3% de los españoles cree que se hace o muy poco frente al fraude fiscal; y el 75,6% de los españoles cree que se deberían dedicar más recursos a la lucha contra el fraude fiscal. Eso dicen los españoles. El Gobierno dice que hay que rebajar el 7,7% el presupuesto de la Agencia Tributaria.

Finalmente, no creo que pueda resultar verosímil y creíble que este sea un proyecto comprometido con la lucha contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal cuando mantiene hasta sus últimas consecuencias la regulación de lo que ha sido la configuración en nuestro país de los paraísos fiscales internos, las Sicav. No hay ninguna previsión en el proyecto de reforma del tratamiento de las Sicav —cuando hable de las enmiendas parciales explicaré las alternativas que planteamos en mi grupo—, a pesar de que esa situación de privilegio ha permitido que a lo largo del primer semestre del año en el que estamos algunas de estas Sicav hayan obtenido revalorizaciones en su capital de hasta el 50%.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para explicar el voto en contra de la propuesta de veto que ha defendido el senador Iglesias, y que presentan los senadores Iglesias y Mariscal, dado que la otra propuesta de veto ha sido retirada.

La primera gran razón, señorías, para votar en contra de estos vetos es la propia ley. Esa es la primera y gran razón. Es una ley necesaria, es una ley oportuna y sobre todo es una ley tremendamente ambiciosa la que presenta el Gobierno para intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Ha sido duro, senador Iglesias. Usted ha hecho un discurso particularmente duro contra el Gobierno socialista, como duros son los datos que, efectivamente, aparecen publicados en la encuesta del CIS y que señalan que el 92,2% de los españoles creen que se hace poco o muy poco en la lucha contra el fraude. Pues, si me lo permiten, señorías, esta ley, que hoy va a defender el Grupo Popular en el Senado, es más que nunca oportuna y necesaria. Y esta ley viene a demostrar que la lucha contra el fraude es, como dice la encuesta del CIS, una de las grandes prioridades de los españoles, pero es también una gran prioridad —lo ha sido así desde el minuto cero— para el Gobierno del Partido Popular, de la política económica del Partido Popular y para el Ministerio de Hacienda del Partido Popular. La ley modifica ocho textos legales, además de regular específicamente la limitación del uso de efectivo; y contiene medidas dirigidas específicamente a atacar los nichos de fraude, el fraude a gran escala y el fraude a pequeña escala —porque es una ley que llega a todo—, con medidas novedosas, como la investigación patrimonial o las medidas cautelares o esa obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero.

La ley viene a dar respuesta a una necesidad que hemos entendido urgente, como es la de reforzar a la Agencia Tributaria poniendo a su alcance todos los medios normativos y jurídicos para combatir todas las formas de economía sumergida y de fraude fiscal. Entendemos que tenemos en esta ley una auténtica reforma, que el Gobierno presenta hoy aquí y que ha preparado en los seis primeros meses de Gobierno, con todos los informes. Por eso digo que ha sido una auténtica prioridad para el Gobierno desde el minuto cero, porque desde el principio se han adoptado medidas contra el fraude. Sí, señorías,




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medidas contra el fraude desde el mes de marzo. Además, el Gobierno ha planteado una acción clara, firme y rotunda contra los defraudadores en todos los sentidos. Porque esta ley no viene aislada; va acompañada de una acción integral y contundente también contra el fraude laboral y a la Seguridad Social —ahí ya empieza a haber los primeros resultados— y acompañada asimismo, como ustedes saben muy bien, del endurecimiento de las penas y sanciones máximas así como de otras medidas complementarias en el ámbito penal.

Usted sabe muy bien, senador Iglesias, que esa acción integral está ya en marcha, y que la ley que votamos hoy es un paso importantísimo más en esa dirección. Por lo tanto, hay en definitiva una acción clara, firme y contundente del Gobierno contra los defraudadores, con medidas coordinadas, coherentes y complementarias que el Gobierno ha diseñado desde el compromiso con la responsabilidad para generar los recursos necesarios para atender los servicios públicos y ese Estado del bienestar y también con la necesidad de erradicar esos comportamientos fraudulentos e indeseables en cualquier sociedad. Y, por supuesto, desde el compromiso del Gobierno con la transparencia, que incluye sacar a la luz, prevenir y también atacar cualquier forma de actividad económica sumergida o de conducta fraudulenta.

Nosotros entendemos, señorías, que esa acción clara, firme y contundente del Gobierno debe ser una acción de todos, y debería serlo también de todos los grupos de esta Cámara con un voto a favor de esta ley y, por tanto, con un mensaje claro de apoyo y respaldo al Gobierno en esa lucha sin cuartel que ha emprendido contra el fraude. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Yo estoy convencida de ello.

Ustedes en su propuesta de veto dicen que contiene una serie de medidas orientadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, pero hoy pretenden impedir y obstaculizar que se pongan en marcha esas medidas. Y ustedes, en su propuesta de veto, también dicen que comparten la exposición de motivos de la ley y que la mayoría de las medidas que articula este proyecto son positivas, pero a pesar de que les parecen positivas pretenden devolver esas medidas al Gobierno y retrasar, impedir y obstaculizar la entrada en vigor de esta ley. Por tanto, señorías, les pedimos que retiren esa propuesta de veto, como han hecho con un texto idéntico los senadores Guillot y Saura, a quienes agradezco la retirada de una propuesta de veto que no tiene ningún sentido.

Hablan ustedes de trabajar en convenios de información, pero el Gobierno ya está trabajando en la posibilidad, y en el seno de la OCDE, en nuevos acuerdos de intercambio de información, de manera que hoy podemos obtenerla sobre bienes situados en territorios como Panamá o Andorra, donde antes no se podía. Desde luego, esa línea de trabajo de abrir nuevos canales de información ya existe y el Gobierno trabaja ya en ella.

Dicen ustedes querer acabar con los paraísos fiscales, y critican con dureza esa regularización extraordinaria, que no amnistía, que, como saben muy bien, se aprueba en un contexto de necesidad acuciante y urgente de adoptar medidas excepcionales de recaudación. Y es que el Gobierno se ha visto obligado, como nunca había ocurrido, a tomar medidas duras y excepcionales para obtener los recursos necesarios que permitan financiar los servicios —¡como si ustedes no lo supieran!—, una medida que viene amparada con todas las recomendaciones de la OCDE y de organismos internacionales, que se ha aplicado en numerosos países de nuestro entorno, que se aplicó también por Gobiernos socialistas, y una medida que pretende ampliar el número de contribuyentes y aflorar, sacar a la luz y poner bajo el control de la Hacienda española patrimonios, bienes y rentas que antes no lo estaban, bien porque estaban ocultos en el extranjero, bien porque estaban simplemente como economía sumergida.

Pero ustedes saben muy bien lo más importante, senador Iglesias, y es que esa regularización, como anunció el ministro desde el principio, no viene aislada, porque con la entrada en vigor de esta ley que hoy debatimos se aprueba una medida importante, y es que a partir de ahora todos los contribuyentes tienen la obligación de informar sobre cuentas, valores, títulos y también sobre los bienes inmuebles que tengan en el extranjero, declarándose, además, la imprescriptibilidad, de tal manera que las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas no se considerarán prescritas. En este sentido es evidente que este proyecto de ley es un complemento ideal para ese plan de regularización extraordinaria de marzo, y es que, al final, con esta ley hay mucho más que voluntad política, señoría. Mire, la voluntad política no se expresa solo hablando, no se expresa solo con palabras y menos aún poniendo propuestas de veto. La voluntad política es acción, la




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voluntad política es firmeza y la voluntad política se escribe en las leyes. Y en este proyecto de ley la voluntad política de prevenir y sobre todo de luchar contra el fraude la ha escrito el Gobierno.

Saben ustedes muy bien que esta ley recoge medidas rotundas en contra del fraude fiscal, y por eso sobre todo merece nuestro apoyo. Es más que una ley necesaria; yo creo que es una ley más necesaria que nunca, la están demandando los españoles. Sabemos muy bien que tenemos que aplicar medidas rotundas porque, y en eso estamos de acuerdo, el fraude fiscal es una lacra social por todo lo que tiene de injusto por cuanto tiene de insolidario. Y más injusto, más insolidario y más lacra social es todavía en un contexto de crisis grave y en un contexto de esfuerzos que estamos haciendo todos los españoles. Por eso, acabar con el fraude fiscal es más necesario que nunca porque tiene una consecuencia directa en la disminución de ingresos y, por lo tanto, porque la única forma de asegurar el Estado del bienestar es asegurar los recursos necesarios para poder pagarlos, no nos podemos permitir la situación que hemos estado viviendo durante los últimos años, con una caída en la recaudación de 70 000 millones de euros, solo desde el año 2007, que tiene que ver, por supuesto, con la caída de la actividad económica, pero que tiene también relación —no nos cabe duda— con ese aumento de la economía sumergida y del fraude fiscal, al que usted hacía referencia. Por eso también es más necesario que nunca acabar con esa situación. Porque el Gobierno tiene que ser capaz de generar los recursos necesarios que le permitan garantizar la prestación de los servicios públicos y tiene que ser capaz también de generar esos recursos que hoy por hoy se nos están escapando a todos los ciudadanos por culpa del fraude. Y también es una lacra social, porque ese incremento del fraude, porque ese fraude fiscal supone un ataque directo a la actividad económica, especialmente a la actividad de pymes y autónomos, supone una competencia desleal que es necesario erradicar; es necesario proteger a esa gran mayoría de emprendedores, y proteger esa actividad es un paso necesario para la salida de la crisis. Saldremos de la crisis, y salir de la crisis es incompatible con unas cifras importantísimas de fraude fiscal. Por eso también esta ley es más importante y más oportuna que nunca.

Quiero transmitir el mensaje de que estamos dispuestos a hacer lo necesario y a poner sobre la mesa todas las medidas para poner a los defraudadores contra las cuerdas, para ponérselo imposible. Eso se hace con operaciones —usted también lo mencionaba—, y hoy es un buen día también para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Operación Emperador, por operaciones que permiten, como veíamos la semana pasada, el desmantelamiento de tramas con una estructura compleja al servicio de presuntos delitos como la evasión fiscal o el blanqueo de capitales. Es vital acabar con los efectos perniciosos que esas organizaciones pueden suponer para nuestra economía en términos de pérdida de ingresos y, como digo, en términos de una competencia desleal absolutamente corrosiva y destructora de pequeñas y medianas empresas y de pequeños negocios. Y operaciones como esa suponen también un aviso a navegantes y un mensaje claro de la capacidad del Estado y del empeño del Gobierno en acabar con ese tipo de trabas. Pero no solo con operaciones de ese tipo, también con las leyes, como digo, también con este proyecto de ley. Vamos a apoyar este proyecto de ley porque es oportuna, es necesaria, más oportuna y necesaria que nunca, pero es también una ley, señorías, más ambiciosa que nunca. El ministro Montoro ha definido esta ley en materia de fraude fiscal como la más ambiciosa de la democracia. Es una ley que se produce, además, en un momento en el que los datos, con un incremento del 16%, hasta los 7144 millones de euros, hasta el mes de agosto, en la recuperación de dinero por la Agencia Tributaria, avalan el acierto de las acciones emprendidas por la agencia, de las líneas directrices, pero avalan también la profesionalidad y el compromiso, que tenemos que resaltar hoy, del personal al servicio de la Agencia Tributaria. Es una ley ambiciosa, señorías, porque introduce medidas radicalmente novedosas para atajar nuevas formas de fraude y que aprovecha también la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa y la experiencia en control tributario, medidas como la limitación de pagos en efectivo a 2500 euros en operaciones en las que participen empresarios o profesionales.

Senador Iglesias, señorías, todos sabemos muy bien que el uso de efectivo y su relación con el fraude es una preocupación extendida porque en muchos casos está en el origen de operaciones y de actividades que se esconden a la Administración, y esa limitación ha dado ya lugar a regulación en muchos otros países de nuestro entorno en el tema del uso de efectivo. No había sido así en nuestro país, y eso lo hace esta ley.




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Aparecen en esta ley medidas como la exclusión del régimen de módulos a todos aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, siempre que esos empresarios tengan un volumen de rendimientos superior a los 50 000 euros al año en las actividades sometidas a la retención del 1%, como fontanería, carpintería, etcétera.

En definitiva, como digo, estamos hablando de pasos importantes aprovechando la experiencia de nuestra normativa y del control tributario en nuestro país, así como la experiencia de lo que se ha aprobado en otros países. Y se están dando pasos importantes en la dirección de la transparencia, de no dejar resquicios a quienes intentan escaparse del pago de tributos. Se incluye un endurecimiento de sanciones por resistencia o por obstrucción a las actuaciones de inspección. Se modifica el embargo de bienes para impedir el vaciamiento patrimonial de sociedades justo antes de su liquidación. O la inversión en el régimen del IVA, esa inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias, de modo que el sujeto adquiriente solo pueda deducirse el IVA soportado cuando acredite que ha ingresado el IVA repercutido.

Termino, señorías. Es una ley ambiciosa porque aborda todos los posibles frentes de fraude. Porque trata de impedir el desarrollo de esas nuevas formas de fraude más planificado o más organizado en torno a estructuras empresariales y jurídicas que va directamente a las bolsas de economía sumergida. Y es una ley ambiciosa porque nace en un contexto que se incardina en una estrategia global, con acciones en el ámbito del fraude laboral y a la Seguridad Social, y también porque hay en marcha una reforma del Código Penal con el endurecimiento de las penas máximas para los contribuyentes que evadan impuestos, especialmente si lo hacen en una cuantía grande o a través de una trama organizada o de un grupo criminal.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señora presidenta.

Falta tiempo, porque es mucho el contenido. Es un gran proyecto de ley, un buen proyecto de ley que recoge aspiraciones demandadas por los españoles, como usted mismo ha repetido. Y por eso vamos a apoyarlo.

Termino reiterando la importancia de que esta ley salga también del Senado con el apoyo de todos los grupos políticos, como un mensaje contundente, firme, de querer acabar con el fraude en el tiempo más breve posible.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Intervendré brevemente. Señorías, lo que arma —permítaseme la expresión— a un político es el reconocimiento por la sociedad y la credibilidad. Y el principal problema de este proyecto de ley, más allá de los contenidos que serían susceptibles de enmienda —por lo que, en coherencia, hemos formulado enmiendas parciales que luego enumeraré—, es la falta de credibilidad del Gobierno a la hora de plantear la lucha contra el fraude.

Esa falta de credibilidad se deriva fundamentalmente de los actos propios del Gobierno. Porque la exposición de motivos de esta ley va contra los actos propios del Gobierno. De esos actos propios del Gobierno, el último: parece que hay un serio riesgo de que se produzca la extradición del señor Falciani, quien, a través de la información que transfirió a la Agencia Tributaria española, permitió el conocimiento de 130 000 cuentas corrientes en Suiza que estaban fuera del control de la fiscalidad española y que abrían la puerta a la posibilidad de recaudar 6000 millones de euros.

Si ese es el mensaje de firmeza en la lucha contra el fraude que el Gobierno y el Partido Popular quieren trasladar a la sociedad española, puede escribir lo que quiera en el Boletín Oficial del Estado, puede sacar adelante con la mayoría absoluta más aplastante los proyectos de ley que tengan en su enunciado los términos lucha contra el fraude fiscal, que nadie se lo va a creer.

También va contra el contenido de la exposición de motivos el otro acto propio, la amnistía fiscal. Llamemos a las cosas por su nombre. Amnistía fiscal que, además, está fracasando en sus




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objetivos. ¿Y por qué fracasa en sus objetivos? Porque a pesar de abrir una puerta enorme para la regularización de situaciones de fraude enquistadas durante mucho tiempo, resulta que el Gobierno tampoco tiene credibilidad frente a los defraudadores. Los defraudadores no creen que el Gobierno vaya a ir a por ellos. Los defraudadores no creen que este proyecto de ley sea una amenaza para ellos. Y por eso los defraudadores no se acogen a la amnistía fiscal del Gobierno, de ahí que los resultados obtenidos por la misma sean tan parcos. No hay credibilidad ni ante la sociedad española ni ante los directamente implicados en la cuestión: los propios defraudadores.

Y concluyo. La amnistía fiscal, además de ser inútil, además de ser un mensaje equivocado a los españoles, es éticamente reprobable. La portavoz Popular hacía referencia al respaldo de organizaciones internacionales, pero las que yo conozco no son nada partidarias de las amnistías fiscales. Pero —y dejo las preguntas en el aire—, ¿qué hubiera pasado si los implicados en la Operación Dragón se hubieran acogido a la amnistía fiscal? ¿Qué hubiera pasado si el señor Urdangarín se hubiera acogido a la amnistía fiscal?

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.

El fraude fiscal es sin duda un problema a combatir desde múltiples ámbitos: desde la educación y el fomento de valores, como la solidaridad, hasta la utilización del Código penal y cuantas herramientas disponga de facto el sistema democrático.

En una época de crisis como la presente la necesidad de luchar contra el fraude se multiplica. Debería ser, sin duda, la primera fuente de obtención de ingresos antes de subir impuestos o de recortar gastos, especialmente si estos son de carácter social. No pagar los impuestos siempre debería ser motivo de sanción económica, penal y social, pero es especialmente grave cuando muchos ciudadanos lo están pasando mal con la crisis, bien porque están en paro, bien porque se recortan sus prestaciones sociales.

El actual proyecto de ley se circunscribe a un ámbito concreto de actuación, el de modificación de una normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera. Un ámbito que precisa de modificaciones sustanciales y urgentes para intensificar y mejorar la eficacia contra el fraude, pero que por sí solo no es suficiente para asegurar que la lucha sea efectiva y eficaz. Es, por tanto, un proyecto de ley insuficiente en el que no se abordan modificaciones del ordenamiento jurídico que, dentro del ámbito competencial de las Cortes, mejorarían notablemente la eficacia de todas las administraciones contra el fraude fiscal, penalizando con mayor rigor los comportamientos de quienes eluden e incumplen sus obligaciones con el sostenimiento de las cuentas públicas.

Precisamos de una reforma legal ambiciosa y omnicomprensiva destinada a revisar las penas establecidas para los delitos económicos, modificar regulaciones fiscales que permitan un gravamen discriminatoriamente beneficioso de las rentas obtenidas y eliminar los elementos que facilitan la creación de bolsas de fraude. Para ello sería preciso que esta ley incluyese, además, medidas de carácter penal, modificaciones del régimen penal. Una reforma del Código penal de manera que el delito contra la Hacienda pública sea mayor que el establecido para la insolvencia punible. Una revisión de la figura del duelo eventual en lo referente a delitos fiscales de manera que se imposibilite su utilización como vía de escape para los defraudadores. Un endurecimiento del tratamiento de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal. También precisaría de una modificación de la Ley concursal, de forma que quienes se acojan a ella no puedan, tras dar por liquidadas sus deudas fiscales, reanudar la actividad económica. Señorías, lo que se trata de impedir es que un empresario, utilizando de forma fraudulenta el procedimiento concursal, acuda a una liquidación dentro del mismo pagando cantidades absolutamente ridículas a sus acreedores, entre ellos la Hacienda pública, para que con la autorización de intermediarios pueda adjudicar en la liquidación los activos de la sociedad concursada por un precio más bajo que el del mercado. Eso le permite, además, que con otra razón social pueda continuar de hecho con la actividad anterior. Aunque esta actuación va en contra de lo pretendido en el espíritu de la Ley concursal, es cierto que no está expresamente prohibida por la ley, y esa es una de las modificaciones que yo hecho en falta en este proyecto de ley.

También deberíamos modificar el régimen de las Sicav, como lo hicieron en su día las diputaciones forales en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, asimilando su tributación a las del tipo




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máximo del impuesto sobre sociedades. Su tributación se igualaría a la del tipo general en vez de tributar al 1%. El problema básico está en que la configuración financiera y mercantil de los requisitos de las Sicav es lo suficientemente laxa —seguramente no de forma intencionada— para permitir dicha utilización fraudulenta, mientras que en el resto de instituciones de inversión colectiva no es así.

Hemos de tapar todas las vías de agua, absolutamente todas. Además de estas medidas legales, también debemos incidir en aspectos sociales, culturales y educativos que favorecen el fraude fiscal, y eso sí que es tarea de todos. Hay una labor que debe comenzar en las escuelas, continuar en las familias y que debe conducir a una concienciación al respecto que permita incluso la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude. En definitiva, tenemos que cerrar todas las grietas y evitar mediante la educación, y también mediante la legislación, que estas no se produzcan en el futuro.

Nos vamos a abstener en este veto, pese a que compartimos buena parte de los argumentos empleados en su defensa por el senador Iglesias. Y lo haremos así porque entendemos que, aunque insuficiente, como ya he argumentado, y aunque ineficaz, como argumentaré durante el turno de defensa de las enmiendas, consideramos que el proyecto de ley presenta mejoras en la lucha contra el fraude y, por tanto, en conciencia nuestro voto ha de ser positivo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Cataluña, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias. Buenos días, señorías.

Comienzo mi intervención diciendo que nos hubiese gustado dar apoyo a esta ley, y prueba de ello es que no hemos presentado veto. Y ello es así porque algunas de las medidas que contempla las consideramos por supuesto necesarias y las calificamos como positivas, aunque creamos que la ley en su conjunto carece de la suficiente ambición. No podremos hacerlo, entre otras cosas, porque, al menos en comisión, el grupo mayoritario no ha considerado ninguna de nuestras enmiendas, tampoco las de otros grupos de la oposición. Enmiendas hechas con el objeto no de presentar una enmienda a la totalidad o enmendar la plana, no de sustituir, pero sí de completar o mejorar este proyecto de ley que consideramos susceptible de mejora.

Un elemento esencial como una ley de estas características, por todas las razones que se han expresado aquí y que en parte compartimos, debería contar con más apoyos que los del partido del Gobierno, aunque aritméticamente el Partido Popular no los necesite. Pero también hay que decir que ustedes no lo propician, seguramente porque para el Gobierno el objetivo de esta ley —no digo exclusivamente, pero sí en parte— es compensar o tapar la fallida —y digo fallida por los resultados— amnistía fiscal; amnistía fiscal que nosotros ni avalamos ni entendemos, como creemos que tampoco lo entiende la sociedad española. La amnistía, además de injusta y antiejemplarizante, es ineficaz, a pesar de la dulcificación reglamentaria que ustedes han realizado facilitando más las cosas a los defraudadores para que puedan aflorar rentas y capitales, incluso más allá de lo que preveía en sentido estricto el texto de la ley en una primera interpretación. Por cierto que esta ley, la que hoy nos ocupa, no tiene una memoria cuantificada de sus objetivos, cosa que sí tenía la amnistía fiscal aunque no se esté cumpliendo, como también se citaba antes en esta tribuna, ni por aproximación.

Pero bien, la realidad es que el propio ministerio ha reconocido en diversas intervenciones públicas que ha caído la recaudación de algunas figuras impositivas, también porque el fraude ha aumentado. Nos lo recordaba el señor Montoro en esta tribuna precisamente hablando del IVA. La verdad es que compartimos esta reflexión, pero lo importante es ver cómo se reacciona. Y ello no puede ser solo con declaraciones, y ni tan siquiera solo con iniciativas legislativas necesarias —no digo que no— como la que hoy nos ocupa. Pero es incongruente tener como prioridad la lucha contra el fraude fiscal, cosa que estoy seguro que compartiríamos los que aquí estamos presentes, y plantear como plantea el Gobierno —hablando por ejemplo del presupuesto de la Agencia Tributaria para el año 2013— una reducción respecto al presupuesto del año 2012 en los presupuestos del 2013, que justo ayer empezaron a discutirse en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, se prevé que los gastos de personal se reduzcan en más de un 8%, y el presupuesto




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de la agencia en su conjunto un 7,7%. Para que se hagan una idea, la Agencia Tributaria española dispone aproximadamente de 27 000 trabajadores frente a los 122 000 que tiene Francia. No es que la ponga como un modelo a seguir, pero la comparación sí evidencia una desproporción de gran magnitud. Y yo me pregunto cómo se luchará contra el fraude, aunque se disponga de esta nueva normativa, con menos recursos para hacerle frente. Porque, además, señorías, como ustedes saben, la cultura de la fiscalidad, de la corresponsabilidad de todos para financiar lo común no está suficientemente arraigada en nuestro país, y eso también lo refleja la encuesta del CIS. Y a pesar de ello y de que el fraude está más extendido de lo que todos quisiéramos, también es verdad que el grueso no está en las rentas del trabajo, sino en las del capital; no está tanto en las personas físicas como en las jurídicas; y tampoco lo está tanto en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos como en las grandes empresas y en las corporaciones que disponen, en algunos casos, de ramificaciones en paraísos fiscales y de servicios de asesoramiento que no se lo ponen fácil a la Agencia Tributaria ni a sus profesionales. El peso en la contribución a la Hacienda pública de las rentas de trabajo y de capital ha continuado descompensándose a favor de las primeras en estos años, y ello no es de recibo, y lo digo también con todo lo que significa de autocrítica.

Señorías, necesitamos reformar los mecanismos institucionales, y especialmente europeos, para luchar contra el blanqueo de capitales y contra el fraude fiscal, sobre todo en lo que se refiere a los paraísos fiscales, algunos de ellos situados —hay que recordarlo— dentro de la propia Unión Europea. Porque hemos oído decir en algunas ocasiones al señor ministro de Hacienda que el problema de las finanzas públicas ha sido la caída de la recaudación en estos tres o cuatro años de unos 70 000 millones de euros, prácticamente 7 puntos de nuestro PIB, justo el importe en el que, como ustedes saben, evalúan algunos estudios el fraude fiscal en España, en tanto que otros lo llevan incluso hasta los 90 000 millones de euros.

Si todos los españoles y las empresas que actúan en nuestro país cumplieran sus obligaciones tributarias, no solo cumpliríamos nuestros compromisos con la Unión Europea, sino que no serían necesarios los recortes presupuestarios que en estos momentos se están aplicando. De ahí que la lucha contra el fraude sea tan importante y de ahí que nos hubiera gustado que ustedes hubieran sido capaces de tener una actitud más receptiva y cómplice para con las enmiendas que hemos formulado los diferentes grupos de la oposición.

Es difícil pedirnos exclusivamente una adhesión a sus propuestas, aunque compartamos, por supuesto, como he dicho, una parte del contenido de la ley que hoy se nos somete a consideración. ¿Por qué no elaborar los programas integrados de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social? ¿Por qué no elaborar un informe anual sobre la economía sumergida y el fraude fiscal para que pueda ser objeto de debate parlamentario y pueda servir de orientación a la Agencia Tributaria en sus cometidos? ¿Por qué no tener también por parte del Gobierno una actitud que consideramos ha de ser más proactiva en la Unión Europea para la erradicación de los paraísos fiscales y la modificación de la directiva del ahorro para mejorar la comunicación?

Algunos de estos paraísos fiscales continúan siéndolo en parte aunque hayan salido de la lista de la OCDE. La portavoz del Grupo Popular hacía referencia a que países como Andorra o Panamá ya facilitan información, y Suiza también lo hará a partir del año 2013, pero otros todavía no, por no hablar de una situación injusta en la que nos encontramos, que es un cierto dumping fiscal por parte de algunos miembros de la Unión Europea, como Irlanda, Luxemburgo e incluso Holanda. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Porque pensamos que es en el contexto internacional, y especialmente en el europeo, donde el Gobierno ha de llevar la iniciativa, aunque algunos de nuestros socios comunitarios seguramente no tengan especial interés.

Para concluir, señorías, esta ley significa un avance y no lo negamos, aunque también pensamos que es insuficiente. Seguramente una ocasión perdida para haber abordado de una manera más global y completa unos objetivos que seguro que muchos de los presentes en esta Cámara compartimos, pero que una vez más ustedes no han tenido del todo en cuenta con esa escasa receptividad. Ello hace que, a nuestro pesar, no acabemos dando apoyo a este proyecto de ley aunque, evidentemente, como he dicho al comienzo de mi intervención, nos hubiera gustado hacerlo.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente. Señorías.

Voy a fijar la posición de mi grupo en relación con el veto presentado por los señores Iglesias y Mariscal y defendido por el señor Iglesias, y utilizaré después el resto de mis turnos tanto para presentar las enmiendas como para posicionar a mi grupo en relación con la propuesta del Gobierno.

Señor Iglesias, no vamos a apoyar su veto, es más, vamos a votar en contra utilizando prácticamente una parte de su propia argumentación. No la voy a reproducir, pero ha sido muy explícito al fijar cuál es la situación en estos momentos en el Estado español en relación con el fraude fiscal. Lo ha cifrado en cantidades ingentes de millones de euros que suponen una menor recaudación para la Administración tributaria española, para los diferentes niveles de Administración tributaria en el Estado español. Estas cantidades permitirían cumplir fácilmente los objetivos de déficit de los cuales estábamos discutiendo el día de ayer y a la vez permitirían evitar algunos ajustes presupuestarios que son muy dolorosos.

De hecho usted ha citado —y yo ahora lo vuelvo a hacer— la encuesta de opinión pública y política fiscal del CIS, encuesta que en relación con el ejercicio 2012 conocíamos el día de ayer. Esta encuesta fijaba precisamente que ante la pregunta de si usted cree que hay mucho, bastante, poco o nada fraude fiscal, el 92% de los encuestados entiende que hay mucho fraude fiscal en España. Y si miramos esta misma encuesta con perspectiva histórica, ustedes podrán apreciar cómo esta cifra, este porcentaje elevadísimo de gente que cree que hay bastante o mucho fraude fiscal, ha evolucionado y lo ha hecho al alza, pues hace tres años esta cifra no alcanzaba el 82%. Por tanto, tenemos que ser sensibles a esta realidad y si el 92% de los españoles creen en este momento que hay bastante o mucho fraude fiscal, algo tendremos que hacer para combatir este fraude fiscal, con lo cual nosotros entendemos que debe haber una ley cuyo objetivo sea la lucha contra el fraude fiscal.

Si ustedes comprueban otra de estas preguntas que nos ha facilitado la encuesta del CIS recientemente, en el sentido de si los encuestados creen que la Administración hace lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal, el 72% —creo que también lo ha citado el señor Iglesias— considera que se está haciendo poco o muy poco para luchar contra el fraude fiscal. Es más, si vuelven a la perspectiva histórica de esta encuesta, podrán apreciar que a lo largo de los últimos diez años esta percepción se ha incrementado en 30 puntos, es decir, un 30% más de la población cree que no se hace lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal.

Por tanto, ante el veto mi grupo se plantea: ¿la situación será mejor o será peor si no hacemos nada, si no legislamos al respecto? Obviamente, será peor. ¿Que la propuesta del Gobierno es mejorable? Sin duda, y eso lo acreditan las ochenta y cinco enmiendas que se han presentado en esta Cámara, lo que también da una muestra de que la mayoría de los grupos queremos hacer aportaciones para mejorar esa ley. En todo caso, ahora estamos debatiendo si no hacemos nada y devolvemos la ley o tramitamos la ley. Y ante esta tesitura, mi grupo no tiene ninguna duda: se debe tramitar una ley para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. Otra cosa será después el contenido de la ley, pero algo se tiene que hacer. Y cuando algo se tiene que hacer para luchar contra el fraude, existen mecanismos: uno, el legislativo, imprescindible, estamos aquí. ¿Que se disponga de más medios materiales? También necesario e imprescindible —no es el objeto del debate del día de hoy, pero tendrá que serlo en algún momento—. ¿Que se disponga de más recursos humanos para la lucha contra el fraude? También imprescindible —y tendremos que discutirlo en algún otro momento—. ¿Que se incremente la colaboración entre las diferentes administraciones tributarias? También imprescindible. Algo quiere avanzar la ley, aunque nosotros entendemos que se avanza poco en este aspecto; en cualquier caso, entendemos que está clarísimo que se debe tramitar una ley en esta dirección.

También compartimos algunos de sus argumentos, senador Iglesias. ¿Que se debería modificar el sistema tributario español? Seguramente. ¿Que se debe hacer más justo? También. ¿Que debe ser más eficiente? También. Pero en este momento no estamos discutiendo el sistema tributario español, estamos discutiendo una serie de medidas para reducir el fraude fiscal. Ha




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introducido algún elemento —creo que también lo ha hecho algún otro portavoz— como son las Sicav. Me parece bien, quizá tengamos que hablar de la reforma de las Sicav. Lo que no sería justo —y creo que no es acertado— es establecer un paralelismo entre Sicav y fraude fiscal, en todo caso, elusión fiscal, pero no es lo mismo. El fraude fiscal se produce cuando hay contribuyentes que no pagan cuando deben pagar de acuerdo con la legislación. Si la legislación es laxa o si la legislación hace tributar poco a determinados contribuyentes, se debe cambiar la legislación, pero eso no es fraude fiscal. Por tanto, las Sicav no son una forma de encubrir fraude fiscal, al contrario.

Una última referencia sobre la amnistía fiscal que yo creo que también tiene cierta relación. ¿Qué es una ley de amnistía fiscal? ¿Qué ha sido una ley de amnistía fiscal a lo largo de nuestra historia tributaria? Simplemente un reconocimiento de la incapacidad, de la impotencia ante la lucha contra el fraude fiscal. Cuando la Administración tributaria no es capaz y no tiene las armas suficientes para descubrir el fraude fiscal, pide a los defraudadores que, bajo ciertas condiciones, declaren aquellas rentas que la propia Administración tributaria se ve incapaz de descubrir, de aflorar y de hacer tributar. Por tanto, todas las medidas que se tomen para luchar contra el fraude son medidas que podrán evitar que dentro de unos años algún Gobierno tenga que volver a poner encima de la mesa una ley de amnistía fiscal que no es nada más —como les estaba diciendo— que la constatación de la incapacidad o la impotencia de la Administración tributaria para aflorar dichas rentas y patrimonios ocultos.

Por tanto, mi grupo va a votar en contra del veto presentado por los senadores Iglesias y Mariscal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

El Grupo Socialista va a votar en contra del veto presentado por los senadores Iglesias y Mariscal, no porque no estemos de acuerdo, puesto que coincidimos en bastantes puntos de su exposición de motivos, sino porque consideramos —como han dicho aquí otros portavoces— que es importante que cualquier medida, cualquier avance en la lucha contra el fraude se comience a aplicar lo antes posible, y con la devolución del proyecto no se lograría ese objetivo. Por lo tanto, en principio, nosotros no queremos que se devuelva esta ley.

Esta ley establece una serie de modificaciones legales que reconocemos suponen un avance en la prevención y lucha contra el fraude, aunque consideramos que son a todas luces insuficientes ante la gravedad del problema que todos compartimos.

Esas grandes bolsas de fraude —cuyos datos se han ofrecido pero hay que recordarlos para contextualizar y poner en su sitio esta gravedad— nos llevan a que casi un 25% de nuestro PIB esté fuera del control fiscal, lo que supone en torno a 80 o 90 000 millones de euros menos de recaudación a las arcas del Estado. Hay datos curiosos: tenemos 6 puntos menos de ingresos tributarios que la media europea cuando tenemos 8 puntos más de presión fiscal. Por tanto, se nota claramente que algo pasa en España que no pasa en otros países donde esas bolsas de fraude están en torno al 11 o 12%, es decir, exactamente la mitad que en nuestro país. España ingresa el 35,1% de su PIB por recaudación fiscal, por ingresos tributarios cuando, por ejemplo, Francia ingresa el 50,7%, una diferencia de bulto ese 50,7% sobre el PIB francés.

Otro dato que puede servir de anécdota son los billetes de 500 euros, más de cien millones de billetes de 500 euros, casi 60 000 millones de pesetas que, evidentemente, no están todos en manos de los chinos, sino que suponen, como también se ha dicho aquí, una parte muy elevada del dinero que circula en el resto de los países; esos billetes que no circulan evidentemente están escondidos en algún lugar.

El senador Iglesias se preguntaba qué habría pasado si se hubiesen acogido a la amnistía fiscal los implicados en la Operación Emperador. Pues bien, no les dé ideas porque todavía están a tiempo de acogerse hasta finales de noviembre pero, evidentemente, habrían cotizado solamente el 10% y habrían quedado libres de cualquier tipo de penalización o multa.

Nosotros somos partidarios de redoblar la eficacia. Sé que la senadora Angulo saldrá a esta tribuna y dirá que todo es responsabilidad del PSOE, ese disco que ya llevamos escuchando




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desde hace casi un año; incluso ha llegado a decir al senador Iglesias que parecía que el veto lo presentara contra el PSOE, cuando el veto se plantea a una ley que el Gobierno trae a esta Cámara; evidentemente, se podía haber hecho más y haber hecho antes, sin lugar a dudas, pero los ciudadanos quieren que resolvamos los problemas de hoy, y cada periodo histórico, cada momento tiene que tener sus prioridades.

Por todo ello, siempre hay que incrementar la prevención y la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pero más en estos tiempos en que los ciudadanos están sufriendo recortes e incrementos de impuestos, en definitiva, inmersos en una crisis de la que no han sido responsables, y en estos momentos resulta muchísimo más injusto ver que siguen existiendo enormes sinvergüenzas, defraudadores, insolidarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales, como lo hacemos la inmensa mayoría, y que está claro —incluso coinciden en ello los datos económicos— que si cumpliesen no habría habido ni recortes ni subidas de impuestos, incluso todos los que pagamos podríamos pagar menos. Esta es una causa que en estos tiempos nos exige a todos mucho más.

Por ello, debería ser considerada por el Gobierno y por todos nosotros una política de Estado. Ahora mismo la lucha y la prevención contra el fraude fiscal debe centrarse en la agenda política como una prioridad absoluta por lo que significa en términos y cuantías económicas, pero también por lo que significa en términos de equidad y de justicia social. Nos parece insuficiente, dada su importancia. Por eso, igual que otros grupos, a través de más de ciento veinte enmiendas, queremos mejorarla, hacerla más eficaz y dotarla de mayor ambición. Debería ser posible, pues no estamos hablando aquí de intereses partidistas o ideológicos ni de una ley que no sea de todos. Hoy no hablamos de una reforma fiscal sobre la que, evidentemente, tendremos modelos distintos, pues ya habrá tiempo de hablar de ello. Hoy no vamos a hablar de por qué el 40% de los asalariados de este país pagan más impuestos que su jefe. Hoy no vamos a hablar de por qué las empresas pagan una media del 11,6% de sus beneficios cuando el tipo tributario está en el 30% o el 25%. Esa es la reforma fiscal que hemos anunciado que queremos estudiar y presentar y que el Gobierno lleve a cabo. Hoy se trata simplemente de hablar de cómo mejoramos el modelo actual.

Señoría, además de parecernos insuficiente, no estamos de acuerdo con su lógica y con el relato que ha hecho el Gobierno. En primer lugar, suben los impuestos y llevan a cabo los recortes. En segundo lugar, establecen una amnistía fiscal para los defraudadores y, en tercer lugar, luchan contra el fraude. Pensamos que tenía que haberse hecho al revés y no comprendemos su lógica.

Otras cosas que tampoco entendemos y que tienen que ver con la voluntad real del Gobierno es que no exista una memoria de objetivos cuantificada en esta ley, que en el Presupuesto para este año 2012 la Agencia Tributaria haya tenido un 7,7% menos de recursos que el año anterior y que en la inspección fiscal solamente se vaya a cubrir una de cada diez bajas de las que tenga ese cuerpo, pues el presupuesto de personal de la Agencia Tributaria va a disminuir el 8,3%. Si de verdad pretenden luchar, no lo entendemos, sobre todo cuando estamos muy por debajo de otros países como Alemania o Francia.

Señoría, al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría sumar sus votos a esta ley y acordar con el Gobierno y los demás grupos no solo cómo prevenir el fraude y luchar con mayor eficacia contra él, sino también que todos juntos trabajemos en hacer la pedagogía fiscal necesaria —muy necesaria en estos tiempos— que genere en la ciudadanía una mejor conciencia tributaria. A ello, evidentemente, no contribuye la amnistía fiscal —perdón, la regularización extraordinaria, como les gusta llamarla—, que le pedimos que derogue, pues, además, se está demostrando absolutamente ineficaz.

Nosotros presentamos propuestas sensatas: más recursos a la Agencia Tributaria, más competencias a la inspección fiscal, más coordinación, con una base de datos compartida entre todas las administraciones públicas, planes plurianuales estratégicos más ambiciosos —pues los objetivos se cumplen siempre en junio y julio—, cierto control parlamentario a los planes de objetivos, incidir en la investigación de las grandes bolsas de fraude —más allá de lo fácil de controlar al controlado—, estudios periódicos y públicos de economía sumergida, crear una oficina de lucha contra el fraude, establecer el límite de pago en efectivo entre particulares o actuar de forma mucho más proactiva en la firma de convenios con otros países para una mayor colaboración e intercambio de información en la lucha contra los paraísos fiscales, que son, fundamentalmente, la cuna del fraude.




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Sinceramente, creo que se trata de propuestas sensatas que intentan mejorar técnicamente y en su eficacia esta propuesta de ley, con el único fin de añadirle valor, en definitiva, de mejorarla. Por lo tanto, si no aceptan ninguna de ellas demostrarán, nuevamente, que sus manifestaciones de que desean el acuerdo y el diálogo son falsas y que están instalados en la hipocresía política, lo cual sería una pena, señoría. Esta es una cuestión muy importante, una cuestión de Estado —repito—, aunque solo fuera porque con reducir a la mitad el fraude fiscal los españoles podríamos recuperar los servicios perdidos, su calidad y los impuestos subidos, que ya ahogan a la gran mayoría de nuestros conciudadanos, que están generando situaciones límite en muchos millones de hogares españoles y que, día tras día, alteran la propia convivencia y quiebran la paz social.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno de portavoces, tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré respondiendo al senador Iglesias, que hablaba de credibilidad. Si hay algo que determina la credibilidad en un político es hacer lo que dice y decir lo que va a hacer. Y, señoría, a lo largo de estos meses de debates y de Plenos hemos tenido la oportunidad de escucharles a ustedes hablar de la necesidad de luchar contra el fraude fiscal, en todos y cada uno de los debates que hemos tenido en este Pleno. Ustedes votaron o argumentaron en contra de la estabilidad porque había que luchar contra el fraude; votaron en contra de la modificación de la Ley de Estabilidad, del Fondo de Liquidez Autonómico porque había que luchar contra el fraude. En cada una de las mociones sobre política tributaria, sobre política fiscal, sobre cualquier tema económico que se ha debatido han reiterado ustedes la necesidad de luchar contra el fraude. Pero hoy, cuando viene a este Senado, a esta Cámara, una ley con infinidad de recursos legales, de instrumentos jurídicos poderosos y efectivos que permiten prevenir y luchar contra el fraude, ustedes pretenden devolverla al Gobierno y, claro, hay que dar muchas vueltas para explicar eso. Eso sí es un problema de credibilidad, senador Iglesias, ustedes sí tienen un problema de credibilidad. Votaron en contra de la estabilidad presupuestaria porque hay que luchar contra el fraude, pero hoy, que se trata de aprobar la ley que permite luchar contra el fraude, hoy tienen que hablar de otras cuestiones para justificar un veto que no tiene ninguna justificación, para explicar que intentan devolver la ley al Gobierno a pesar de que no tiene ninguna explicación. Ustedes mismos se lo niegan en su argumentación; ese intento de devolver esa ley al Gobierno, ese intento de obstaculizar, ese intento de impedir que se ponga en marcha un instrumento de rango legal, un instrumento efectivo y poderoso al servicio de la prevención y la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país es lo que les resta toda credibilidad, pero, señorías, se les resta a ustedes. Esa es la verdad de ese voto.

No se pueden utilizar los datos de forma perversa, de forma maniquea. Es verdad que según la encuesta del CIS hay un 92,2% de españoles que dicen que hay mucho o bastante fraude. Pues precisamente por eso es si cabe más necesario aprobar esta ley, porque ese es el fraude que existe antes de la aprobación de la ley. No van a echar la responsabilidad de esos datos, de esa opinión que existe, al Gobierno del Partido Popular; esa opinión es para preocupar, pero es para trabajar y para avanzar en contra de ese fraude.

Es verdad que hay un 73,3% de españoles que dicen que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos contra el fraude fiscal. Senador Vázquez, no lo dice el Partido Popular. Aplíquese el cuento: ocho años de Gobierno Socialista y el resultado es que de cada diez españoles más de siete opinan que se ha hecho poco o muy poco contra el fraude fiscal; y tenía usted que haber visto los episodios de autocomplacencia que hemos visto en el Gobierno del señor Zapatero al respecto. Por eso es más necesario que nunca —lo decía también el senador Bel— aprobar una ley contra el fraude fiscal. En ese sentido, creo que es un día importante, pero también nos jugamos la credibilidad haciendo lo que decimos, porque la voluntad política la plasmamos con nuestros votos, la voluntad política la plasmamos votando lo que decimos.

Señorías, han vuelto a hablar de la regularización fiscal. Dicen —lo he indicado en mi primera intervención—: regularización que se complementa con esta ley, porque ahora se introduce algo que nunca se introdujo en este país, que es la obligación de suministrar información sobre las




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cuentas o sobre los bienes de que se dispone en el extranjero, endureciendo, además, de manera importante el régimen sancionador previsto para todos aquellos que mantengan activos ocultos, incluso con esos tipos máximos superiores al 50% en el IRPF para todas aquellas rentas que se descubran y que no se hayan declarado.

Señorías, eso es una regularización, a diferencia de las que aplicaron Gobiernos socialistas. Primero, porque se va a tributar a un 10%; no es gratis, como las que se aplicaron en los años 84 y 91, señorías del Grupo Socialista. Esas sí que les salió gratis a los defraudadores, las que aplicaron Gobiernos socialistas, no la regularización que se aprobó en el mes de marzo. Y, como digo, va a acompañada por una acción integrada, que curiosamente hoy reclama el Partido Socialista, reclama Entesa, aunque saben muy bien que esa acción integrada es precisamente la que marca la diferencia y la que está haciendo el Partido Popular.

Por eso yo decía —y creo que tenemos toda la razón para decirlo— que es una ley ambiciosa, porque por primera vez esta ley contra el fraude fiscal se integra en una estrategia global y se elabora con un enfoque coordinado integral, porque por una vez se integra con una reforma del Código penal que propone la elevación de penas máximas y porque por primera vez también, senador Montilla, se produce un ataque frontal y coordinado contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, y usted lo sabe. Ya se han emprendido acciones importantes y ya hay resultados que han permitido aflorar más economía sumergida, con un incremento del 29,6% en empresas y del 47% en trabajadores durante el primer semestre respecto al mismo semestre de 2011. Estas acciones de ataque a los delitos fiscales y al fraude laboral y contra la Seguridad Social son el mejor ejemplo de la voluntad del Gobierno de afrontar de manera coordinada e integral, con un enfoque global, la lucha contra el fraude.

Hablaban ustedes de los acuerdos sobre intercambio de información. Saben muy bien que esa es una línea de trabajo que ya ha emprendido el Gobierno y saben que a partir del 1 de enero se va a levantar el secreto bancario en Suiza, lo que va a permitir que cada vez haya menos rincones donde los defraudadores, o potenciales defraudadores, puedan esconder esas cuentas, porque cada vez se abren más puertas a la transparencia, y esta ley, con esa obligación de suministrar información, es otro paso importante para abrir más puertas a la transparencia y cerrar todas las puertas y todos los callejones a los defraudadores. Ustedes lo saben y lo reconocen. Sin embargo, lo critican, quizá para justificar un voto negativo a esta ley, que, como digo, no tiene justificación alguna.

Por eso, porque ustedes reconocen, senador Vázquez, que es una política de Estado —y ha de ser así—, el primer paso debería ser un mensaje contundente por parte de los grupos de esta Cámara en el sentido de apoyar hoy una ley que pone sobre la mesa por primera vez instrumentos muy efectivos y poderosos en contra de ese fraude fiscal, pero, a pesar de que ustedes dicen que ha de ser una política de Estado, se emplean a fondo en la crítica. Y esto lo hace un Grupo Socialista, al que posiblemente lo que más le molesta es que el Gobierno del Partido Popular haya traído a la Cámara esta ley en diez meses, cuando ustedes en ocho años han sido incapaces de hacerlo, de traer a esta Cámara las medidas que hoy pone sobre la mesa el Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, sus señorías se han referido a la disminución de recursos en la Agencia Tributaria. Señorías, no se trata de una caída de recursos del 7,7%, como dicen, porque ustedes saben muy bien que a esos 948 millones de consignación directa en los presupuestos hay que añadir los que recibirá la Agencia Tributaria como un porcentaje de recaudación por los ingresos procedentes de los actos de gestión recaudatoria hasta sumar 1329 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,1%, no del 7,7%. En todo caso, no se trata solo de que los recursos sean suficientes, sino de que haya una administración eficiente en la Agencia Tributaria, y, en ese sentido, insisto en que estamos en buenas manos, porque los datos así lo avalan. Esos 7144 millones ingresados hasta el mes de agosto, ese incremento del 16% en los ingresos recaudados hablan del acierto de las actuaciones emprendidas, pero también del trabajo que se está haciendo, del compromiso y de la profesionalidad del personal al servicio de la Agencia Tributaria. Y no solo eso, sino que la Agencia se plantea objetivos mucho más ambiciosos. Cuando se aprobaron los Presupuestos para 2012 ustedes ya decían que como había menos recursos los resultados se iban a resentir. No ha sido así; todo lo contrario, los resultados han sido mucho mejores y, como digo, la Agencia se plantea objetivos mucho más ambiciosos.




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Por todos estos motivos, señorías, reiteramos la petición del voto en contra del veto y del voto a favor de la ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 3; en contra, 230; abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazado el veto.

Iniciamos el debate de las enmiendas al proyecto de ley.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 25, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de estas enmiendas tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores.)

Silencio, señorías, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado veinticinco enmiendas que, superada la fase de veto, aspiran a reforzar la operatividad del proyecto de ley en la consecución del objetivo anunciado de luchar contra el fraude y de contribuir a configurar, con distintas propuestas, un sistema fiscal más justo y progresivo.

Las enmiendas se podrían agrupar en tres categorías: de carácter técnico, aquellas que afectan al modelo fiscal y, por último, las compartidas con otros grupos parlamentarios y que se formulan a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Como enmiendas técnicas, hemos planteado la necesidad de que se extienda la responsabilidad por fraude también a las costas del procedimiento. Igualmente planteamos que se aumente la seguridad jurídica estableciendo que el cómputo de los plazos se establezca desde la fecha de notificación a los afectados de las distintas resoluciones de la Administración. Asimismo, que se prevea la posibilidad de acordar como medida cautelar la prohibición de disponer no solo de bienes inmuebles, sino de bienes muebles de los que son titulares las personas físicas o jurídicas inmersas en los procedimientos sancionadores o recaudatorios. También que se incremente la responsabilidad a los administradores y apoderados mediante la inversión de la carga de la prueba.

Planteamos que se extienda la responsabilidad cuando se produce una doble subcontratación para que este mecanismo de la doble subcontratación no se convierta en un punto de fuga, en un elemento de elusión de las responsabilidades. Igualmente, y con el objeto de que no se produzca una prolongación en la tramitación del procedimiento fruto de medidas dilatorias por los implicados en ellos, planteamos que se limite el momento en que se pueda pedir la tasación pericial contradictoria. Asimismo, creemos necesario que se establezca un compromiso de elaboración de informes periódicos por expertos independientes que analicen tanto la realidad de la economía sumergida y del fraude fiscal como la eficacia de las acciones que, a la luz de este proyecto de ley una vez aprobado, se puedan poner en marcha. Además, que se establezca la coordinación de las administraciones tributarias en los tres niveles de la Administración: central, autonómica y local, y que se tome la decisión de integrar en un único cuerpo de técnicos del Ministerio de Hacienda los cuerpos que en este momento vertebran la Agencia Tributaria. También que plantee y alcance un acuerdo en el marco de la OCDE para la obtención automática de la información de la que disponen los diferentes Estados o administraciones tributarias sobre las entidades y personas físicas que operen en paraíso fiscal.

Finalmente, en este marco de las enmiendas técnicas, queremos que se refleje en el texto legislativo lo que es ya jurisprudencia consolidada de los tribunales españoles, que han venido




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estableciendo los límites del secreto bancario y definiendo la obligación de cooperación de las entidades bancarias con la Administración tributaria.

El segundo bloque hace referencia al modelo fiscal, como apuntaba al inicio de esta intervención. Planteamos que se recupere el plazo de los cinco años de prescripción de la deuda tributaria, de las deudas fiscales, y de la responsabilidad en vía administrativa, y que se amplíe este plazo de prescripción a diez años en los casos más graves. Igualmente queremos que se reduzca aún más el ámbito de la estimación objetiva de rendimientos, ya que creemos que en este momento es uno de los campos abonados para el fraude fiscal y la economía sumergida, o al menos, como apuntaba antes el portavoz del grupo catalán, para la elusión fiscal. Defendemos que no hay ninguna motivación para sostener el trato privilegiado de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo y, en consecuencia, aspiramos a que se integren en la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas físicas los rendimientos del capital, como ocurre con las rentas del trabajo.

No hay, en nuestra opinión, tampoco ninguna razón que aliente a seguir manteniendo el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados en el territorio español. En su día esta figura se pretendió justificar porque se aspiraba a conseguir la presencia en nuestro país de técnicos cualificados, de responsables de multinacionales e, incluso, de científicos e investigadores, y para lo único que ha servido es para dar un trato privilegiado a los futbolistas de los grandes equipos, a los futbolistas extranjeros, en el bien entendido de que beneficia no tanto a esos futbolistas como a los clubes, puesto que en sus contratos se establece el desplazamiento de la carga fiscal hacia las entidades contratantes.

Creemos que hay que modificar el impuesto sobre sociedades. Para ello se debe incrementar la tarifa del 30 al 35 para las bases imponibles que superen el millón de euros, para aquellas empresas que tengan beneficios superiores al millón de euros. La tarifa general, el 30%, por más beneficios fiscales de que se pueda disponer, no ha de dar en ningún caso como resultado que el tipo aplicable, que la carga fiscal resultante, sea inferior al 25%. Algún portavoz, creo que el del Grupo Parlamentario Socialista, ha recordado que la media de gravamen de los beneficios empresariales en el pasado ejercicio se movió en torno al 10%, el tipo efectivo.

Hay que limitar más las posibilidades de pago en metálico. Nuestra propuesta es que sean mil euros y que, además, esta limitación se aplique no solo a los residentes, sino también a los no residentes que —como saben muy bien sus señorías— tienen un límite de 15 000 euros. Instamos al Gobierno a presentar un proyecto de ley para la creación de un impuesto sobre bienes suntuarios —no es ninguna novedad en nuestra tradición fiscal— y planteamos que, como consecuencia y conclusión de un análisis compartido en la mayoría de los países de la Unión Europea, se afronte también la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. Igualmente, queremos que se sustituya el impuesto sobre el patrimonio por un impuesto sobre la riqueza, que se suprima la subida del IVA y que se establezca una nueva regulación de las Sicav, que, para evitar que acaben siendo el refugio fiscal de patrimonios personales o familiares, fije que el número mínimo de participantes en una Sicav sea de 100 y que la participación máxima de cualquiera de ellas, su capital global no sea superior al 5%.

Y concluyo diciendo que a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias planteamos la propuesta de que las plusvalías que perciben las entidades locales se calculen a partir del valor real de los inmuebles y que se establezca una condición a la inscripción en el registro de la propiedad de las operaciones que impida que se inscriba ninguna transacción sin que conste la declaración o la autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, el impuesto de plusvalía.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda 69, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado una única enmienda, la número 69, de modificación del artículo 7, que regula las transacciones y los pagos en efectivo. Como saben sus señorías, en virtud del concierto económico en la Comunidad Autónoma del País Vasco y del convenio de Navarra, las




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reformas de naturaleza tributaria para la persecución del fraude fiscal corresponden a las instituciones de los territorios históricos, a las juntas generales y a las diputaciones forales y también al Gobierno, en el caso del Gobierno foral navarro.

Siendo esto así, sin ninguna duda, en el ámbito competencial de la Agencia estatal de la Administración tributaria, que es la que desarrolla el ámbito competencial del artículo 7 y, por tanto, de la Administración tributaria de régimen común, no lo es en el caso de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni de la Comunidad Foral de Navarra, por cuanto el vigente régimen de concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y de convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra establecen que en sus respectivos ámbitos competenciales son las haciendas forales y la Hacienda tributaria de Navarra las que tienen encomendada la función de controlar la actividad a los empresarios y profesionales y, en consecuencia, son las que disponen de los medios y de la posibilidad de controlar adecuadamente el cumplimiento de la nueva limitación establecida a los pagos en efectivo por este artículo 7.

Teniendo presente, por tanto, la finalidad de lucha contra el fraude fiscal que se predica en el nuevo régimen establecido por el artículo 7 de este proyecto de ley y su íntima conexión con el ejercicio de las competencias de aplicación de los tributos sin imposición de sanciones, que corresponde a la Administración tributaria, y su esquema de descentralización, que resulta del reconocimiento y amparo de los derechos históricos de los territorios forales establecido en la disposición adicional primera de la Constitución —y aquí entramos en el encaje constitucional que tanto suele preocupar a los senadores del Grupo Parlamentario Popular—, la solución más eficaz y más eficiente —son criterios de eficacia y de eficiencia— y la que podría redundar en una mejor aplicación de esta disposición citada sería la que pasara por atribuir las competencias encomendadas con carácter general a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a las respectivas haciendas forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma vasca y a la Comunidad Foral de Navarra. Vuelvo a repetir: hay encaje constitucional y hay, además, un criterio marcado de eficacia y eficiencia respecto de un mejor control del fraude fiscal.

Por ese motivo, nosotros presentamos una enmienda que no es exactamente la cláusula foral que solemos presentar siempre, pero que sí responde a esos criterios de encaje constitucional en primer lugar, y en segundo lugar a criterios de eficacia y eficiencia. Tendrá que empeñarse la señora Angulo para explicar por qué no tienen previsto aceptar esta enmienda.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, números 26 a 43, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quisiera, en primer lugar, fundamentar políticamente el sentido de las enmiendas que presentamos, y lo primero que quiero hacer es establecer de qué estamos hablando en España cuando hablamos de fraude fiscal. Creo que es importante formular cinco preguntas y ver qué respuestas tienen. Estas serían las siguientes: La primera, ¿hay mucho o poco fraude fiscal? La segunda, ¿quiénes son los grandes defraudadores de este país? La tercera, ¿cómo se canaliza el fraude fiscal? La cuarta, ¿estamos ante un fenómeno nuevo o hace tiempo que existe el fraude fiscal? Y la quinta, ¿cuáles son las repercusiones del fraude fiscal sobre las personas? Contestaré muy brevemente a estas cinco preguntas.

En primer lugar, en cuanto a si hay mucho o poco fraude fiscal hay que contestar que sí, que hay muchísimo. Todos los estudios lo sitúan entre un 20 y un 25% del PIB, lo que quiere decir que una cuarta parte de la riqueza generada en España no paga impuestos, mientras que la media de fraude fiscal en la Unión Europea está en un 10%. Es decir, si no existiese ese fraude fiscal podríamos ingresar 89 000 millones de euros. Por tanto, somos uno de los dos países de toda la Unión Europea con mayor fraude fiscal.

En segundo lugar y respecto a quiénes son los que defraudan, según el sindicato de técnicos de Hacienda, el 72 o 73% del fraude fiscal lo producen grandes empresas y grandes patrimonios. Y en este punto quiero decir una cosa. Hemos visto que el Gobierno del Partido Popular desde el primer momento ha lanzado campañas contra el fraude en el cobro del seguro de paro, en lo que estoy de acuerdo; ayer mismo decía la ministra de Sanidad en este hemiciclo que había lanzado




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una campaña contra el fraude sanitario; pero no he visto declaración alguna de ningún ministro, y menos del presidente del Gobierno, en que dijeran que el fraude fiscal en el Estado español se produce fundamentalmente en las grandes empresas y en las grandes fortunas. Se criminaliza, por tanto, a los más vulnerables, pero no a los poderosos, a los responsables del fraude fiscal.

Tercera pregunta, en cuanto a cómo se canaliza el fraude fiscal: hay que decir que fundamentalmente a través de las entidades financieras y algunos —tenía razón el señor Bel— a partir de las Sicav; no todos, pero tampoco se puede decir que ninguno. Por tanto, la canalización del fraude fiscal se hace en el Estado español a través de entidades financieras, en algunos casos de las Sicav, y todo esto hacia los paraísos fiscales.

En cuanto a la cuarta pregunta, si hace mucho tiempo que esto se produce, la señora Angulo hablaba de los siete años del Partido Socialista Obrero Español. Y es cierto, no se avanzó en el fraude fiscal. Pero yo recuerdo que fui diputado en el Congreso de los Diputados en las dos legislaturas del Partido Popular y tuve grandes debates con el señor Costa, que era el secretario de Estado de Hacienda para el fraude fiscal, y miren ustedes, desde 1996, siete u ocho años del Gobierno del Partido Popular y siete u ochos años de Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el fraude no ha hecho más que crecer, y ha habido muchas leyes. Es importante que haya leyes, pero con los instrumentos y con la legislación que ya tenemos se puede hacer frente al fraude fiscal.

Y la última pregunta, cuál es la incidencia del fraude fiscal sobre las personas —se ha dicho ya aquí, creo que el señor Iglesias lo ha explicado—, imagínense no que recuperáramos los 89 000 millones de euros, sino la mitad, que tuviéramos el fraude fiscal que tiene la Unión Europea, el 10%, sería 40 000 millones de euros. Seguro que muchos recortes sociales que se están haciendo no se tendrían que hacer.

Por tanto, la radiografía o el análisis del fraude fiscal en España es que tenemos muchísimo; que las tres cuartas partes del fraude fiscal se produce en grandes fortunas o en grandes empresas; que se canaliza a través de entidades financieras —y esto es muy importante— que van a parar a paraísos fiscales; que no es tema nuevo, ni del Gobierno Socialista anterior, sino que viene de muy lejos, y no se ha avanzado; y que fundamentalmente hoy el fraude fiscal no es solo lo que era ayer. Ayer era luchar por una justicia tributaria, por una justicia fiscal. Hoy el fraude fiscal tiene otra dimensión que es la de contribuir a la supervivencia del modelo social que tenemos, que hoy está evidentemente en apuros. Y este es el gran problema de fondo, en definitiva, del fraude fiscal.

Hablar del fraude fiscal y de los ingresos me lleva a hablar del sistema impositivo que tenemos. Se ha dicho también, creo que por el señor Iglesias u otros portavoces, que en estos momentos nuestro sistema impositivo descansa, por un lado, en el IRPF de los trabajadores. En poco tiempo hemos pasado del 39 al 44%. Me explico. Del conjunto de la recaudación del Estado, en el año 2007 el 39% correspondía al IRPF y ahora corresponde el 44%. Ha aumentado la recaudación de los trabajadores, que significa en el IRPF el 87%. Prácticamente toda la recaudación del IRPF recae sobre las espaldas de los trabajadores, mientras que las rentas del capital han bajado. Y todo esto nos lleva a una disminución de 10 puntos en relación con la recaudación de la Unión Europea. Y esto liga con los debates que tuvimos hace quince días y que tendremos en el presupuesto sobre cuál es el diagnóstico de la crisis. El diagnóstico de los liberales, de la derecha conservadora, del Partido Popular de aquí es que se debe a un exceso de gasto público. Y el debate de hoy, el debate sobre el fraude fiscal nos demuestra una vez más que el diagnóstico es que se debe a los ingresos tanto por el fraude fiscal como por el sistema impositivo que tenemos. Y desde ese punto de vista, nuestras enmiendas lo que intentan es dar respuesta a estos dos problemas: a cómo mejorar la lucha contra el fraude fiscal y a cómo mejorar la recaudación.

No voy a explicar o a concretar todas las enmiendas porque tenemos cuarenta y dos, pero sí voy a señalar tres o cuatro enmiendas de estos dos bloques que indican claramente su orientación o su sentido político y nuestra reflexión en relación con estos temas.

En relación con el fraude fiscal, planteamos claramente tres cuestiones. En primer lugar, la necesidad de un informe anual sobre el fraude fiscal y sobre la economía sumergida que pueda ser discutido en las Cortes y que recoja aspectos como son los territorios y los impuestos. Esto es absolutamente necesario.




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En segundo lugar, la supresión de la amnistía fiscal. La señora Angulo intentaba justificar la amnistía fiscal. Técnicamente podemos dar muchísimos argumentos a favor o en contra, pero hay un mensaje claro a la sociedad que esta percibe, el de que los defraudadores salen ganando. En un sistema impositivo injusto lo que no se puede hacer es dar la imagen y el mensaje de que los defraudadores siguen ganando. Por tanto, es necesario suprimir la amnistía fiscal y crear una oficina de control de la economía sumergida y del fraude fiscal que sea objeto de debate. Es incomprensible que con un fraude fiscal del 25% de la riqueza creada en el Estado español no existan debates en las Cortes.

Y desde el punto de vista de los ingresos, planteamos diversas propuestas, pero quiero señalar cuatro o cinco. La primera es la supresión del incremento del IVA. Todo lo que el Gobierno del Partido Popular dijo del IVA se ha incumplido. Es una subida de impuestos injusta que no contribuye a la recuperación económica y, además, está subiendo el IPC. En definitiva, la subida del IVA ha ido en contra de los intereses de los más vulnerables, porque les afecta más a estos que a las personas que tienen mucho dinero, y además, ha sido ineficaz.

Planteamos también como medidas para incrementar ingresos la creación en el Estado español —como está pasando ya en otros Estados— del impuesto de transacciones financieras, que en el caso de aplicarse como en Francia, estaríamos hablando de 4000 o de 6000 euros. Se propone un impuesto sobre la riqueza que sustituya al impuesto sobre patrimonio, así como dar pasos progresivamente para que la imposición de las rentas del capital se equipare a las rentas del trabajo. Se trata, en definitiva, de tres o cuatro enmiendas desarrolladas en estos dos ámbitos: la necesidad de incrementar la lucha contra el fraude fiscal y, por otro lado, la necesidad de incrementar los recursos.

La señora Angulo ha hecho una intervención, que no sé si calificar de sobreexagerada —no quisiera ofenderla—, sobre las bondades de la ley, que con esta ley se va a solucionar todo. Ojalá. La historia parlamentaria está llena de leyes que no han servido para nada porque no se han aplicado. Y que nadie entienda que estoy diciendo que no hay que hacer leyes. Hay que hacerlas, pero hay que aplicarlas. Y a menudo, cuando se gobierna, se tiene la tentación de crear una ley ante un problema. El ministro de Justicia es un gran experto en esto. Cuando tiene un problema anuncia un endurecimiento del Código penal, a pesar de que somos el país de la Unión Europea que más presos tiene por habitante, más incluso que Inglaterra.

Por lo tanto, aunque no hemos presentado vetos a esta ley, porque tiene aspectos positivos, consideramos que es totalmente insuficiente. Y, más allá de que la ley sea insuficiente, lo grave es que algunas de las medidas concretas que el Gobierno Popular ha aprobado y quiere aprobar van en dirección contraria a su exposición de motivos, y con los medios que hay ahora se puede luchar mucho más contra el fraude fiscal.

Señoras y señores senadores, acabo diciendo lo siguiente: el fraude fiscal es un gran problema que tiene una consecuencia inmediata sobre la vida de las personas, porque la existencia de un fraude fiscal de una cuarta parte de la riqueza del Estado español repercute inmediatamente en recortes y en ajustes de servicios importantísimos y personales como educación y sanidad.

En segundo lugar, las cifras de fraude fiscal y las deficiencias del sistema impositivo injusto que tenemos ponen de manifiesto que el problema del Estado español no es un problema de gasto, pues estamos diez puntos por debajo del gasto público de la Unión Europea, sino de ingresos. Sé que esto va en contra de la ideología neoliberal, pero me gustaría mucho que la realidad concreta del Estado español le hiciera cambiar esa ideología al Partido Popular, por lo menos en este sentido, que diera apoyo a alguna de las enmiendas y que hiciera un trabajo eficaz y fuerte contra el fraude fiscal que permitiera que el Estado español, también en este sentido, tuviera una normalización democrática y de justicia tributaria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Pasamos a la defensa de las enmiendas 44 a 68 del mismo grupo parlamentario. (Pausa.)

¿Senador Montilla, dan por defendidas el resto de las enmiendas? (Asentimiento.) Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel para la defensa de las enmiendas 87 a 121.




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El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo ha presentado treinta y cinco enmiendas y, si bien es cierto que a alguien pueden parecerle muchas, la verdad es que este proyecto de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera modifica muchas leyes, por tanto da para presentar estas enmiendas; enmiendas todas ellas presentadas en positivo, para mejorar el texto. Esperamos que el grupo mayoritario, y esencialmente el Gobierno, sea sensible a alguna de ellas.

El texto modifica diferentes leyes, la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y alguna que otra ley sectorial como la del Régimen Fiscal de las Cooperativas o la relativa al régimen especial de Canarias. Nosotros planteamos enmiendas prácticamente a cada una de estas leyes e incluimos alguna que hace referencia al IAE, que también voy a poder defender de forma específica si el tiempo me lo permite.

De estas treinta y cinco enmiendas, veinticuatro corresponden a enmiendas que afectan a la Ley General Tributaria. De hecho, la parte más importante de la ley también afecta a la citada ley. Estas enmiendas, si quieren, son de carácter técnico pero también tienen cierto contenido político, no les engaño. Nosotros entendemos que se debe luchar contra el fraude fiscal —no tengan ninguna duda— pero a su vez también entendemos que se debe dotar de la seguridad jurídica suficiente, en este caso, al administrado tributario. Y muchas de estas enmiendas precisamente van dirigidas a fijar una mayor seguridad jurídica, algo que también nos tiene que iluminar cuando hablamos de lucha contra el fraude fiscal.

El fraude fiscal se produce en todos los ámbitos. Un señor puede dejar de pagar impuestos, pero entendemos que se debe enfatizar la lucha contra el fraude fiscal entre aquellos contribuyentes o hipotéticos contribuyentes que no pagan impuestos. Se debe luchar contra todos, pero ante una asignación de recursos de lucha contra el fraude, entendemos que se debe incidir más sobre aquellos que no tributan en lugar de sobre aquellos que sí lo hacen pero mal. Y no entiendan mal mis palabras. Debemos luchar contra todos, pero a veces existe la tendencia —y se puede desprender también de la ley— de fijarnos mucho en aquel señor que no ha presentado la declaración de forma telemática cuando tenía que hacerlo y, sin embargo, no miramos qué pasa con aquel señor que no presenta ningún tipo de declaración y que no tributa en ninguna de las bases imponibles en las que debería hacerlo.

Por ello, gran parte de las veinticuatro enmiendas que hacen referencia a la Ley General Tributaria tienen este cariz. Por ejemplo, a nosotros nos parece exagerada una sanción de 1500 euros para aquel obligado tributario que presenta su declaración de forma física pero no de forma telemática, aunque tenga obligación de hacerlo, y nos parece poco una sanción de 150 euros por dato omitido para aquel que ni siquiera la presenta. Por lo tanto, alguna de nuestras enmiendas va precisamente en esta dirección.

Nos parece que en algún caso también se debe aportar mayor seguridad jurídica y concretar algunas de las sanciones o cuándo se pueden aplicar. Hemos fijado alguna otra enmienda al respecto porque entendemos que cuando se sanciona se deben tener claros —y específicamente deben figurar en la Ley General Tributaria— dos conceptos que no lo están: primero, la trascendencia tributaria de los datos omitidos y, segundo, la capacidad económica del contribuyente. Alguna de nuestras enmiendas pretende que en algunos de estos casos, de forma concreta, ante la omisión de datos fiscales se tenga en cuenta a la hora de sancionar la trascendencia tributaria de esta omisión y también, por qué no, la capacidad económica de la persona que omite estos datos. Si no es así, al final se sanciona por igual y en la misma cantidad a aquel albañil que hace remiendos y resulta que se ha olvidado de declarar dos datos por operaciones superiores a 3000 euros, que a aquella entidad financiera que ha dejado de declarar dos datos de similar característica. Por tanto, este es el grupo de enmiendas, que doy por reproducidas y no voy a explicar cada una de ellas, a la Ley General Tributaria.

También presentamos concretamente dos enmiendas a artículos que hacen referencia al impuesto sobre sociedades y tres referidas al impuesto sobre el valor añadido. Respecto a ambos impuestos nosotros entendemos que la lucha contra el fraude fiscal es necesaria e imprescindible, pero también tenemos que tomar medidas de reactivación económica. Por eso, aprovechando que




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hacemos una modificación de la normativa tributaria, introducimos dos propuestas en el impuesto sobre sociedades para recuperar la posibilidad de la libertad de amortización en activos fijos para que las sociedades o empresas puedan tener un incentivo a la inversión y también, por derivación, las personas físicas que desarrollen actividades empresariales. Y en relación con el IVA, como hemos hecho en alguna que otra ley que hemos planteado en esta Cámara, y lo volveremos hacer en la medida en que no nos hagan caso, entendemos que se debe restablecer la tributación a los tipos impositivos del IVA existentes hasta septiembre de este año. En todo caso, no les discutimos que hayan subido el tipo impositivo del IVA, que también es discutible, sino que determinadas prestaciones de servicios y determinadas entregas de bienes que estaban tributando a un tipo reducido o superreducido hayan pasado a tributar a un tipo reducido o a un tipo normal. Lo que pretendemos con estas enmiendas es restituir esta situación.

Hemos presentado también una enmienda al artículo 7, creo recordar, referido a los pagos en efectivo. Ustedes limitan los pagos en efectivo a 2500 y 15 000 euros. Nos parece acertada la posibilidad si no de limitar, al menos de controlar todos estos pagos en efectivo. Y a través de nuestra enmienda pretendemos que en algunas situaciones —estamos hablando de demandas concretas del sector de transportes para el pago de determinados fletes, que en la práctica del día a día se suelen hacer en efectivo— se puedan mantener pagos en efectivo, pero que aquellas personas que intervienen en estos pagos tengan la obligación de comunicarlo a la Administración tributaria. Yo creo que a la Administración tributaria no le debe preocupar que se hagan pagos en efectivo, lo que le debe preocupar es poder controlar dichos pagos. Por tanto, nuestra enmienda deja abierto que se regule reglamentariamente, pero que se posibiliten pagos en efectivo superiores a 2500 euros, con la obligación de notificarlos para que la Administración tributaria pueda controlarlos. Esta enmienda va en esta dirección.

Y hemos presentado un conjunto de enmiendas —creo que son cinco— que tienen por objeto mejorar la lucha contra el fraude en la Administración autonómica y local. Diferentes representantes del Gobierno y portavoces del Partido Popular en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados incorporan en sus discursos la voluntad de reforzar la Administración local y la autonómica, y de dotarlas de todos aquellos medios necesarios para desarrollar su actividad. Pues bien, aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Algunas de estas enmiendas pretenden solventar situaciones y reivindicaciones casi históricas, algo que tengo pocas esperanzas de resolver aquí, pues alguna de ellas nos viene directamente de la Federación Española de Municipios y Provincias a propuesta del área de Hacienda, por ejemplo, del Ayuntamiento de Sevilla, un ayuntamiento con mucha fuerza que recurre a la federación y a este grupo para presentar la enmienda, que entiendo tampoco va a ser fácil que admitan. Pero es una enmienda que pide algo tan sencillo como que la Administración tributaria local o autonómica pueda proceder al embargo de bienes, cuentas bancarias, situados fuera de su demarcación territorial. Y me explico. Un ayuntamiento puede embargar aquellas cuentas bancarias en entidades financieras que tengan sucursal en su término municipal, pero no cuentas bancarias en entidades financieras que no tengan sucursal en su municipio, e idénticamente sucede con las comunidades autónomas. De lo que se trata precisamente es de facilitar que las administraciones tributarias de estas corporaciones locales tengan esta posibilidad, porque sin duda van a poder luchar mejor contra el fraude fiscal y van a poder materializar el cobro de las deudas tributarias de forma más rápida.

También hemos introducido alguna enmienda a efectos de tener una mayor colaboración entre las diferentes administraciones tributarias. Hay una enmienda, que si no recuerdo mal es la número 118, que pretende que las administraciones tributarias autonómicas tengan acceso directo a las bases de datos de la Agencia Estatal Tributaria, y si me lo permiten, con absoluta reciprocidad, a efectos de que los trámites sean rápidos y que las investigaciones en caso de fraude fiscal se puedan ejecutar con la celeridad necesaria, porque, como ustedes saben, los tiempos en determinadas actuaciones de fraude fiscal son imprescindibles. Una investigación de fraude fiscal que se dilata meses puede suponer que, una vez determinada la deuda tributaria, no haya forma de poder cobrarla, de poder hacerla efectiva precisamente porque se han utilizado todos estos meses, esa dilación en el tiempo para desviar todos los activos susceptibles de ser embargados. Entendemos, pues, que este cruce de bases de datos en el ámbito tributario es básico y que tiene que ser objeto de colaboración mutua entre todas las administraciones tributarias. Y también




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incluimos aquí a las locales, aunque evidentemente sus bases de datos son más modestas y limitadas.

Entendemos que es esencial la colaboración interadministrativa, así como poner todos los medios a disposición de los diferentes niveles de Administración; es algo básico y en ese sentido van nuestras enmiendas.

Esta es de forma breve la presentación de las 35 enmiendas, algunas no las he reproducido en su literalidad pero también las doy por defendidas y, en todo caso, termino esta defensa haciendo una apelación esencialmente al grupo mayoritario para que sean sensibles a algunas de ellas. Me resulta difícil entender que de 85 enmiendas no aprueben ninguna, porque eso significaría que ustedes tienen la verdad sobre la legislación de este país y que los demás —aparte de que tengamos un cierto sentimiento de frustración o de que no quieran nuestra colaboración— somos muy malos a la hora de presentar sus enmiendas.

En todo caso, espero que puedan acoger algunas de ellas. Lo digo porque hubo un compromiso por parte del Gobierno, me lo han comunicado ahora desde el Congreso de los Diputados. Nosotros votamos abstención en relación con esta ley allí —tampoco se nos admitió ninguna de estas enmiendas— y se quedó en que se continuaría trabajando para su aprobación en el Senado. Si no se nos aprueba ninguna, obviamente, nuestra responsabilidad tiene un límite —y ya se lo he dicho en varias ocasiones—: si ustedes presentan una ley y nosotros no les presentamos enmiendas, se la vamos a votar a favor; pero si ustedes presentan una ley, nosotros presentamos enmiendas constantemente y no nos admiten ninguna, ustedes van a entender que no podamos apoyarles. Y cuando desde el grupo mayoritario se hace un discurso —que me parece correcto— de que hay determinadas leyes que deben salir de las Cámaras con el máximo apoyo posible, cada uno tendrá que hacer una reflexión personal dentro del ámbito de su grupo en el sentido de: ¿mi grupo ha hecho lo suficiente para que la ley salga con el máximo apoyo posible?, ¿hemos sido sensibles a algunas de las peticiones de los grupos? Y entonces podremos dirimir responsabilidades en relación a si las leyes son o no son apoyadas por la mayoría de los grupos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador.Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señorías.

Continuamos debatiendo este proyecto de ley en unos postulados en los que en lo básico, que es la lucha contra el fraude, todos estamos de acuerdo y en que debemos atajar y luchar todos juntos contra él.

La ciudadanía española, con elevados sacrificios en los diferentes ámbitos, requiere resolver el problema del elevado fraude que tenemos en nuestro país. Ello además requiere una actuación significativamente eficiente por parte de la Administración tributaria, que debe extender su actuación a los contribuyentes llevando a cabo el reparto de forma equitativa de la carga impositiva conforme a su capacidad económica. Esto, que a su vez todos los ciudadanos entenderían como lógico —que cada uno pague a la Hacienda pública según sus ingresos—, es precisamente un hecho que el actual Gobierno del Partido Popular no entiende así y, fruto de su política a día de hoy, ejerce parlamentariamente en solitario todo lo contrario.

La lucha contra el fraude precisa de un compromiso y voluntad de las administraciones públicas responsables de la gestión y del resto de la sociedad, en la que se incluye a los agentes sociales y a la inmensa mayoría de los ciudadanos. De los estudios realizados por entendidos de elevado prestigio en lo referente al fraude fiscal se extrapolan dos conclusiones principales que no podemos obviar: que el cumplimiento tributario de los ciudadanos disminuye cuando aumentan los impuestos con una Administración tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos con un aumento del fraude; que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.

El pasado 28 de septiembre en el Congreso de los Diputados se evacuaban unas cifras que rondaban los 70 000 millones de euros defraudados, cantidad inasumible en un país en crisis




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económica como es España, siendo nuestra obligación eliminar esta amenaza, con el fin de evitar que perdure mucho más en el tiempo.

Nuestro grupo entiende que al PP, al Partido Popular, se le presenta una excepcional oportunidad para conseguir convertir esta ley en una norma consensuada con los demás grupos políticos de esta Cámara que, a su vez, consideramos necesaria. Vemos —como ya dijo mi compañero, el portavoz— medidas positivas, aunque claramente insuficientes para afrontar una lucha eficaz y alcanzar con éxito la prevención, la detección y la posterior sanción del fraude fiscal.

Por este motivo, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales ambiciosas, entendiendo que es perentorio poner en marcha un plan estratégico de lucha contra el fraude. ¿Qué es el fraude fiscal? Dígannos, señores del Partido Popular, lo que les preocupa. ¿Es la factura del fontanero cuando cambia un grifo, o es la factura del albañil cuando azuleja un suelo, en ambos casos a un asalariado, con o sin IVA? ¿Por qué son los autónomos por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas o el sector servicios los que han tomado como ejemplo para esta nueva normativa? El fraude fiscal es simple y sencillamente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda pública lo que le corresponde. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado, que nos permitiría costear esos servicios públicos indispensables que están siendo fuertemente recortados por su Gobierno en estos momentos; y, por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria, por lo cual la ciudadanía podría pensar: si los que más tienen y más defraudan son premiados, señorías, galardonados, señorías, con una amnistía fiscal, yo, que no soy millonario, que soy un asalariado o que tengo y desarrollo mi actividad en una pequeña empresa, si puedo, también defraudaré.

Solamente tenemos que irnos a las cifras, a los números que son los verdaderos y únicos indicativos de esta situación. Es necesario que todos seamos conscientes de si las cifras son o no elevadas; según nuestro criterio son muy elevadas e inasumibles, como ya hemos dicho. Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar que esta cifra fiscal ronda el 25% del PIB —como ya han dicho otros senadores en esta tribuna—, lo cual supone que cerca de 89 000 millones de euros dejan de ingresarse, uno de cada cuatro euros se escapa al control fiscal.

Además, más preocupantes son los datos ofrecidos por la Unión Europea que cifra el fraude de nuestro país diez puntos por encima de la media de nuestros vecinos, de manera que es menester tener claro que solo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos separan de esta media, ingresaríamos anualmente cerca de 40 000 millones de euros, quince veces más de lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo para los peores ciudadanos que tiene este país, que encima de ser los que más defraudan, son los que más tienen.

Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades. Los que no defraudan son, sin ninguna duda, la clase asalariada, ya que encima el Estado se nutre básicamente de estos dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF y, por otra, el impuesto sobre el valor añadido, un impuesto totalmente regresivo, que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto en nuestro país, sobre el que ustedes hicieron no hace muchos meses una voraz campaña contra el anterior Gobierno socialista, con un importante teatro popular, y, sin embargo, hace muy poco, en contra de lo prometido en campaña, han tenido que subirlo.

En el otro extremo de la justicia impositiva estarían los que sí defraudan al Estado y ha quedado perfectamente claro en esta Cámara: más del 72%, señorías, son los grandes patrimonios y las grandes empresas para las cuales poco se dice en esta ley; no son los fontaneros, no son los albañiles por cuenta propia ni son las pymes.

¿Para cuándo se van a hacer las cosas bien en este ámbito? Si nos preocupa, como aquí decimos todos que nos preocupa, y mucho, ¿para cuándo una lucha europea en los paraísos fiscales? Estos sí son los verdaderos responsables de la actual situación que vivimos; estos paraísos que encubren, con beneplácito de todos, a los defraudadores. Por eso, no estamos de acuerdo con la amnistía fiscal y sí a favor de la lucha hasta su erradicación de los paraísos fiscales.




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Mientras las grandes corporaciones se han enriquecido con las aportaciones de las rentas más bajas, de los asalariados que sí pagan sus impuestos, ellos han llevado su dinero fuera y no han pagado al Estado lo que le correspondía pero, en cambio, premiamos su insolidaridad. En este momento, porque es un momento excepcional en la historia moderna de nuestra nación, hay que aplicar la tolerancia cero y la eliminación total de los paraísos fiscales.

El ministro de Hacienda recientemente se echaba las manos a la cabeza, lamentándose de la caída de la recaudación; en cambio, lleva a cabo una amnistía fiscal. ¿Quién entiende esto? Nadie, señorías, nadie, por mucho que se esfuercen en convencer a la ciudadanía con artimañas engañosas y con el «tú, más». No les dan la razón ni los profesionales ni los economistas ni la propia Unión Europea. Qué duda cabe que no podemos permitirnos estos pozos fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de los ingresos tributarios, los cuales se producen por la caída de la actividad económica y por las erráticas medidas adoptadas en materia fiscal en los últimos meses. Este es el verdadero problema, señorías, lo quieran ver o no.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista pivotan sobre dos grandes retos: uno, la lucha contra el fraude, que tiene que ser el alma de la política impositiva del Ejecutivo y hacerla suya cada día, ya que con las lamentaciones no se soluciona nada, para así conseguir aumentar la recaudación a los que más defraudan con una política progresiva y equitativa; consiguiendo este objetivo no sería necesario seguir subiendo los impuestos a las rentas medias, como se ha hecho. Y el otro reto es tener cada día en la agenda política de la Unión Europea la lucha contra el fraude, una lucha permanente y sin tregua contra los paraísos fiscales, alguno de los cuales está en la propia Unión. Nos preocupa, sí, y mucho, y por eso debemos todos tenerlo en cuenta permanentemente, y sobre todo los países de la Unión Europea, en nuestras acciones de Gobierno.

Estamos de acuerdo en poner en marcha una oficina de lucha contra el fraude que informe anualmente del trabajo desarrollado y las líneas a seguir para el siguiente o siguientes ejercicios. Es necesario ser ambiciosos y llevar a cabo un plan integrado de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. Hay que trabajar y establecer metas en esta dirección, comprometiendo —como ya indicó antes aquí la señora Angulo— a todos los países de la OCDE a obtener unos canales de información fluidos, avanzando en la directiva europea del ahorro. También estamos de acuerdo en limitar el dinero en efectivo, incluso entre particulares, a 2500 euros, además de reducir esta cantidad, a partir de los próximos dos años, para la relación entre empresas y particulares. Estamos dispuestos a llegar hasta dónde haga falta para corregir esta situación y por eso hemos presentado esta batería de enmiendas.

Señoría, nuestro grupo está a favor de la lucha contra el fraude y de mejorar la recaudación. Ahí siempre contarán con nuestro apoyo. Pero también tienen que entender que no podemos aceptar que ustedes se fijen solamente en el detalle, en lo pequeño, en ese fraude de barrio, ese fraude de monedas, mientras dejamos que los grandes defraudadores se vayan con las sacas repletas de billetes morados a los paraísos fiscales y que encima luego les llamemos para ponerles las medallas. Que nueve de cada diez españoles — como indican las cifras en la encuesta del CIS—, crean que los impuestos no se cobran con justicia porque consideran que no pagan más aquellos que tienen, aparte de hacernos reflexionar, nos obliga a ponernos las pilas.

Voy finalizando mi intervención.

Me gustaría decir que, en líneas generales, consideramos que una ley de lucha contra el fraude era necesaria, pero no podemos dejar de reconocer que su contenido es fruto de una huida hacia delante, de muy poca dedicación y ambición por atajar y solucionar un mal endémico en nuestro país. Por ello, señores del Partido Popular, esperamos y confiamos que tengan en cuenta nuestras enmiendas para así completar y enriquecer esta nueva normativa.

En cuanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, antes de finalizar mi intervención quiero recordarle que nuestro compañero portavoz no ha dicho en ningún momento que fuéramos a votar en contra, aunque parece que usted ha entendido erróneamente de su intervención que sí lo íbamos a hacer. No es así. También quiero recordarle a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, aunque no lo crea —entiendo que porque no lo conoce—, existe la posibilidad de compatibilizar una mayoría parlamentaria absoluta con el respeto hacia el resto de los grupos. Asimismo, y como decía aquel anuncio publicitario, quiero recordarle que la fuerza sin control no sirve de nada.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Utilizaré brevemente este turno para señalar cuáles son las enmiendas con las que nosotros estamos de acuerdo: son todas aquellas de los diferentes grupos parlamentarios vinculadas al impuesto de las transacciones financieras y al impuesto sobre patrimonio y sociedades —comunes a varios grupos. Nos hemos manifestado en reiteradas ocasiones a favor de la creación a nivel internacional europeo de un impuesto de transacciones financieras de carácter más especulativo, como también de un impuesto sobre el patrimonio y sociedades, relativo a la lucha contra los paraísos fiscales. Asimismo, estamos a favor de las enmiendas que se proponen derogar la amnistía fiscal.

Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos orientadas en esta dirección contarán con el apoyo de este grupo parlamentario.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Intervengo rápidamente para fijar la posición en relación con el proyecto de ley y respecto a las enmiendas de otros grupos.

¿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió está a favor de la tramitación de un proyecto de ley para la prevención y la lucha contra el fraude? Sí, estamos absolutamente de acuerdo, la creemos necesaria, lo hemos reiterado y lo vamos a reiterar. Es más, hemos presentado enmiendas porque estamos convencidos de que esta es una herramienta necesaria, imprescindible, aunque no suficiente. Lo he señalado en mi intervención: se necesitan herramientas legislativas, y estas complementan las que hay; se necesitan herramientas materiales que es una cuestión de más recursos para la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se necesitan herramientas de capital humano y, por tanto, también se necesita dotar de más recursos laborales a la Administración tributaria. En todo caso, no queda ninguna duda, pues nuestra trayectoria nos avala.

Respecto a las enmiendas de otros grupos, nosotros nos vamos a posicionar a favor de algunas, nos vamos a abstener en otras y vamos a votar en contra de otras. No tengo tiempo de fijar la posición sobre cada una de ellas, pero debo decirles que sobre las que vamos a votar en contra no es porque estemos absolutamente en desacuerdo —obviamente en algunas sí—, sino porque entendemos que seguramente no es esta la herramienta legislativa apropiada para hacer frente a algunas de las propuestas que vienen de otros grupos.

Y terminaré con la reflexión final que apuntaba en mi anterior intervención dirigida al grupo mayoritario de esta Cámara, grupo que al fin y al cabo es quien decide qué es lo que prospera o no prospera aquí —y lo digo con todo el respeto—, y lo hace porque así lo han decidido los ciudadanos previamente. Pero, como indicaba anteriormente, si es bueno que determinadas leyes salgan con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestro grupo lo ha demostrado, nuestro grupo ha votado a favor de aquellas leyes que entendíamos que eran necesarias que prosperaran con el máximo apoyo, incluso discrepando en algunos de los artículos de forma importante, y pongo a título de ejemplo la primera vez que trajeron a esta Cámara la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En aquel momento también les advertimos que no podían pretender que se les apoyara siempre por responsabilidad. Y, cuando un grupo —hablo ahora estrictamente por el mío— presenta 35 enmiendas, ya muestra una cierta discrepancia —no en el fondo pero sí en la forma— respecto al texto legislativo, y cuando ve difícil que se le admitan algunas de estas enmiendas, entenderán ustedes que nos va a ser difícil apoyar el texto legislativo. Obviamente, no vamos a votar a favor, y le transmitimos a su formación política y le dijimos al Gobierno que si entienden que nuestro voto sirve para algo tienen que ser sensibles




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a algunas de nuestras propuestas, pues la reflexión que les hacía anteriormente también se la deben hacer: no lo harán todo bien —y nosotros no lo haremos todo mal—, y si nos transmiten que están estudiando algunas de las enmiendas, que en el Congreso no se pueden aprobar pero que van a estudiarse con cariño en el Senado —esta música empieza a ser reiterativa constantemente—, cuando llegan al Senado nos dicen que también lo han estudiado con cariño, que algunas las ven bien pero que tampoco van a poder aprobarse, entonces tampoco va a poder ser que les apoyemos este texto legislativo. ¿Es malo? No. ¿Es mejorable? Sí.

Por tanto, nuestra posición en este caso va a ser la abstención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías del Grupo Popular, acepten alguna enmienda, aunque sea de Convergència, por la forma reiterada en que lo ha solicitado su portavoz, y aunque no sea del Grupo Socialista, para que puedan votar a favor. Nosotros también lo haríamos: si nos aceptasen algunas enmiendas, también votaríamos a favor. Por cierto, senadora Angulo, dice usted que íbamos a votar en contra, pero en ningún momento lo he dicho en mi intervención. Nos estábamos moviendo entre la abstención y el voto positivo si ustedes quisieran aceptar algunas de las propuestas técnicas para mejorar en eficacia, para hacer más efectiva y ambiciosa esta ley, que supone avances, como dije antes, pero me da la impresión de que ustedes continúan sordos, absolutamente sordos, y van a desaprovechar una oportunidad de oro, con ocasión de una ley que no tiene carga ideológica, para poder demostrar eso que tantas veces el Gobierno y el Grupo Popular reiteran sobre su voluntad de diálogo y consenso, que, evidentemente, es falsa, como se demuestra día tras día. Es muy difícil entender que no acepten nada de ningún grupo, pero, ciertamente, continúan instalados en esa autosuficiencia. La portavoz del Grupo Popular viene aquí diciendo que esta es la mejor ley del mundo, que la hace el mejor Gobierno del mundo; están encantados de conocerse porque nadie puede hacer nada mejor y los demás lo que han hecho ha sido siempre mucho peor.

Tiene que venir el señor Saura para recordarle un poco la historia de cuando gobernó durante ocho años el Partido Popular, con el señor Aznar, y retrotraernos a ese principio de la cultura fiscal. En un país donde no había fiscalidad, donde no había impuesto sobre la renta, fue el señor Francisco Fernández Ordóñez, con la UCD, y el señor Borrell, en el primer Gobierno socialista, quienes trataron de hacer pedagogía para crear esa cultura fiscal. Y creo que se consiguió en buena medida. Ahora tendríamos que ponernos de acuerdo para hacer una revisión, haciendo una reforma fiscal adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, y entre todos conseguir la complicidad ciudadana en esta importante lucha contra el fraude fiscal. Pero con posturas como las que ustedes mantienen es muy difícil conseguirlo.

A pesar de ello, no vamos a votar en contra de la ley, nos vamos a abstener, y eso que nos preocupan varios aspectos, más allá del propio articulado, como el hecho de que se quiera lavar la cara de una amnistía fiscal que tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional, y de que nos extraña que ustedes la defiendan a capa y espada, porque los resultados son tan malos, en términos de eficacia, que hasta el ministerio ha dejado de publicar los datos. Sabemos que a finales de agosto solamente se habían recaudado 50 millones de euros de los 2500 millones de euros que se pretendían recaudar.

Nos preocupa también que con la modificación del Código penal, cuya trámitación ahora se encuentra en el Congreso, se intente aliviar a los defraudadores de su responsabilidad penal. Nos preocuparía que se actuase solamente sobre las bolsas del pequeño fraude, que se aluda constantemente por parte del Gobierno al fontanero o al electricista que evitan el IVA, y se olviden las campañas contra las grandes bolsas de fraude, que se sabe dónde están localizadas. El fraude alcanza el 72% entre grandes empresas, profesionales liberales y rentistas, mientras que solamente llega al 2% entre asalariados, al 3% entre agricultores y al 10% entre autónomos. Por lo tanto, todos tenemos que pagar y todos tenemos que cumplir, pero focalicemos la atención y las campañas donde están las mayores bolsas de fraude, porque eso también servirá de ejemplo a los que no defraudan o defraudan poco, para saber que se va contra todos.




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Se ha insistido también en que se elabore una estrategia integral de lucha contra el fraude. Es importante que en España y en Europa se actúe contra los paraísos fiscales activando convenios y que la información internacional sea cada vez mayor.

Nos preocupa que la falta de recursos, que se materializa en menos personal en la Agencia Tributaria, haga menos eficaz, por mucho que se legisle, la consecución de objetivos en la lucha contra el fraude. Van a tener una nueva oportunidad cuando defendamos las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2013. En este sentido, si realmente tienen voluntad de acometer, con mucha más ambición y mucha más tenacidad, el fraude fiscal evidentemente podrán y deberán incrementar los efectivos y los recursos, sabiendo que se amortizan inmediatamente y que recuperan económicamente para el Gobierno, en poco tiempo, lo que se haya incrementado.

Asimismo, queremos expresar dos cuestiones que para mi grupo parlamentario son muy importantes: la mentalización por parte de todos de que la lucha contra el fraude tiene que ser prioritaria, que tiene que estar en el centro del debate político y de las prioridades tributarias y fiscales del Gobierno, de cualquier Gobierno; e, igualmente, que tenemos que intensificar nuestras acciones en la agenda de la Unión Europea y de la OCDE, para conseguir aquello que mencionaba antes, mayor coordinación. Ni más ni menos, se trata de recaudar, de lograr los ingresos suficientes para financiar las políticas necesarias, que no representan otra cosa que el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar tal y como lo hemos conocido.

Cuando el ministro, señor Montoro, se preguntaba dónde estaban los ricos —porque parece ser que no los veía—, seguro que no conocía el dato de que el único ámbito en el que se ha incrementado el consumo en este país, y lo ha hecho en un 30%, ha sido en la venta de artículos de lujo. En la alimentación, en el textil y en el ocio ha disminuido el consumo, pero en los artículos de lujo se ha incrementado y ahí tiene un dato de dónde están esos ricos.

Por tanto, es una lucha tenaz, una lucha sin cuartel, motivando a los agentes porque ya está bien de denigrar a los funcionarios. Ahora decimos que son muy buenos por sus descubrimientos pero, por cierto, reconozcan al menos que algunas de las últimas actuaciones de la Agencia Tributaria, como en el caso de la Operación Emperador, llevaban gestionándose 3 o 4 años y que son los técnicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración judicial las que consiguen esa eficacia. Por lo tanto, hay que motivarlos, en lugar de recordar eso del cafetito o del periódico, que con tanta soltura mencionaba el secretario de Estado de Administraciones Públicas. No vale hablar ahora bien de todos sino que hay que demostrarlo con hechos y ustedes, que soportan el Gobierno actual de este país, tienen esa obligación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días.

Señoras y señores senadores, intervengo en este turno de portavoces para, en primer lugar, aclarar dos cuestiones que han mencionado en sus turnos el senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, señor Bel, y el senador Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, con respecto a la posibilidad de acuerdo respecto de la tramitación de este proyecto de ley de lucha contra el fraude. Antes de nada, he de manifestar al senador Vázquez y al Grupo Parlamentario Socialista que la senadora Angulo, en ningún momento de su intervención, ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista fuera a votar en contra. Por lo que respecta al senador Bel, él es consciente de que había un compromiso en el Congreso de los Diputados de seguir estudiando algunas de las enmiendas, concretamente las números 103, 104 y 118. En este sentido, le diré que algunas se podrían aceptar, incluso podrían soportar una enmienda de sustitución y, por lo que respecta a la 118, no se entendía su contenido porque si no cabe declaración lo único que cabe es sanción. Había también un gran interés por parte del Grupo Parlamentario Vasco respecto de la enmienda número 69 pero, finalmente, y por las razones que voy a explicar a continuación, todas ellas van a ser rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular.




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En política, señorías, todos somos dueños de nuestros silencios —y ustedes serán dueños de su abstención— y esclavos de nuestras palabras o de la aprobación de este proyecto de ley porque, después de más de dos horas de debate, como comentaba con el senador Parro, me suena a melancolía que todos estemos de acuerdo en la lucha contra el fraude pero, finalmente, el único grupo político que parece que va a apoyar este importante proyecto de ley es el Grupo Parlamentario Popular y, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en la lucha contra el fraude creo que no caben distingos de ningún tipo porque tan defraudadores son los pequeños, como los grandes, como las pequeñas o las medianas empresas, como los trabajadores asalariados o como los que se dedican a hacer las ñapas en las viviendas habituales.

En cualquier caso, la cuestión primordial de este proyecto de ley es atajar uno de los problemas fundamentales que vive la economía española: la pérdida de una buena parte de los ingresos tributarios que, desde el segundo semestre del año 2007, inicio de la crisis económica, tantas veces negada por el Grupo Parlamentario Socialista, como puesta de manifiesto por el Grupo Parlamentario Popular, ha llevado a la Hacienda pública española, desde es ejercicio 2007, a la pérdida de 7 puntos porcentuales en términos de recaudación sobre el PIB. Aproximadamente, los ya comentados en esta Cámara 70 000 millones de euros; no es peccata minuta. Señorías de todos los grupos y del Grupo Parlamentario Popular, no se han evaporado. Al dinero le ocurre como a la energía: ni se crea ni se destruye, se transforma. Y en este caso se ha transformado de forma muy importante, o se ha trasladado en este caso, hacia la economía sumergida y el fraude fiscal. En eso creo que estamos todos de acuerdo, que lo importante es erradicar ese fraude fiscal y que afloren una buena parte de esos 70 000 millones de euros.

Este proyecto de ley es muy complejo, afecta a ocho leyes —lo comentaba el senador Bel—: la Ley General Presupuestaria, la Ley General Tributaria, la del IRPF, la de Sociedades, la del IVA, la del Régimen Especial de Canarias, la del Mercado de Valores y la del Régimen Fiscal de Cooperativas. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular agradece sinceramente al resto de grupos el trabajo realizado, por la confección de las 121 enmiendas, de las que 25 son del Grupo Mixto, 1 del Grupo Parlamentario Vasco, 43 de Entesa, 35 de CiU, y 17 de Grupo Parlamentario Socialista.

La postura del Grupo Parlamentario Popular, respecto al proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados, y el porqué rechaza cada una de ellas es la siguiente. Referidas al artículo 1, de modificación de 16 artículos de la Ley General Tributaria, hay 58 enmiendas, prácticamente la mitad del texto que ahora tiene que ratificar esta Cámara. Concretamente, la número 79, del Grupo Socialista y la número 34 de Entesa, pretenden ampliar el plazo de prescripción a cinco años. El vigente plazo de prescripción de los cuatro años fue establecido ya en el año 1998, con la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, y se ha mantenido así en la Ley General Tributaria. Ello quiere decir que el actual plazo de prescripción está ampliamente consolidado en la normativa vigente, sin que se aprecien razones que justifiquen su modificación. La número 70, también del Grupo Socialista, y la 26, de Entesa, proponen ampliar igualmente a cinco años el plazo de dos años establecidos en el proyecto normativo, y esos dos años inspirados en el artículo 71 de la Ley Concursal, en este caso para acciones de reintegración, se consideran adecuados para el mantenimiento del mismo. La número 87, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, propone acabar con la inseguridad jurídica —supuesta— que supone el precepto de no límite al tipo de percepciones patrimoniales recibidas por los socios, que dan lugar a la responsabilidad y excluir las retribuciones que traigan causa en una relación contractual o bilateral.

Señorías del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el presupuesto de aplicar la norma es, a priori, la percepción de cualquier tipo de retribución por los socios, para salvaguardar el principio de responsabilidad patrimonial universal, contemplando la norma propuesta el hecho de que esa percepción quedaría bajo el ámbito de precepto solo para el caso de que lo recibido por el socio debe responder de las deudas sociales. La número 88, también del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, propone suprimir la referencia a la impugnación fundada en la procedencia de la derivación como causa de la pérdida de reducción. ¡Tiene tela! Señorías, si se impugna el acuerdo de declaración de la responsabilidad, conforme a la improcedencia de la derivación de responsabilidad, se debe perder el derecho de reducción por conformidad, al igual que si se




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impugna basándose en la improcedencia de la liquidación, puesto que es asimilable a la liquidación, pero en sede del responsable tributario.

La número 1, del Grupo Mixto, y la número 44, de Entesa, suponen —o dicen suponer— una mejora técnica para potenciar la ratio de deudas cobradas; el contenido de la misma excede del proyecto normativo y, por otra parte, no se observa ni en su justificación, que lo contemplado suponga una ventaja adicional en la lucha contra el fraude.

Las números 71 y 27, de Entesa, pretenden que la responsabilidad subsidiaria de los administradores de sociedades haya de extenderse también a todas las deudas tributarias. Pero en la redacción propuesta de este precepto se está persiguiendo impagos específicos, retenciones a trabajadores y repercusiones tributarias, conceptos ambos que figuran en origen como depósitos en favor de la Hacienda pública.

La número 72 del Grupo Parlamentario Socialista y la 28 de la Entesa proponen el establecimiento de un porcentaje de ingresos más exigente para eludir la responsabilidad. Sin embargo, nuestro grupo considera que el 25% ya es un porcentaje adecuado para el tipo de responsabilidad que establece la norma.

La 89 del Grupo de Convergència i Unió propone suprimir el artículo 1.3 de este proyecto normativo por el que se modifica el apartado segundo del artículo 43 de la Ley General Tributaria bajo la excusa de que el contribuyente, para evitar este supuesto de responsabilidad, podría optar por no presentar las autoliquidaciones y, por tanto, la Administración tarde más tiempo en el conocimiento de la deuda tributaria.

A dicho respecto, señorías, cabe reseñar que con la entrada en vigor de la norma, ante una falta de presentación de autoliquidaciones para evitar el supuesto de responsabilidad, existen suficientes medios legales y operativos en la Agencia Tributaria para detectar tales conductas y aplicar las consecuencias que prevé el ordenamiento jurídico.

La número 90, también de CiU, propone limitar la prohibición de solicitud de aplazamientos en los casos en los que se haya abierto fase de liquidación, momento en el que sí se puede afirmar que las dificultades de tesorería son estructurales y definitivas no meramente transitorias. Si así fuere se estarían limitando los fines de la norma proyectada, esto es, evitar la postergación artificiosa del crédito público como consecuencia de la simple solicitud y aplazamiento o fraccionamiento.

La 91 de CiU es de supresión del artículo 1.4, apartado tercero, con el pretexto de que en la actual coyuntura de crisis económica es fundamental que las empresas puedan aplazar o fraccionar este tipo de deudas, de forma que puedan subsistir y evitar la liquidación de las mismas. Sin embargo, al eliminar esa posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en situaciones de concurso, se evita la postergación artificiosa del crédito público como consecuencia de la simple solicitud de dicho aplazamiento o fraccionamiento.

En la 92, también de CiU, se pretende suprimir el artículo 1.5 sobre el comienzo del plazo de prescripción. Estos supuestos de inicio del período de prescripción están delimitados de forma meridiana porque se establecen por remisión a la norma que regula los supuestos de responsabilidad solidaria.

En la 93, también de CiU, se interrumpe el derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, aunque la acción se dirige inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario, ya que la redacción propuesta en el proyecto de ley —dicen ustedes— iría contra el principio inquisitivo y afectaría gravemente al principio de seguridad jurídica. No obstante, nuestro grupo entiende que si ello se modificara no se tendría en cuenta que el obligado tributario no ha cumplido debidamente y ha declarado por un tributo que no es el que legalmente debe aplicarse,por lo que evidentemente también será rechazada.

La 94, también de CiU, se justifica al amparo de que el precepto debe limitarse a los casos de tributos incompatibles que graven una misma operación, por ejemplo, IVA y transmisiones patrimoniales. Sin embargo, el precepto propuesto debe aplicarse a todos los casos en los que puede concurrir el supuesto de hecho habilitante de la norma, puesto que la ratio legis de la misma es que una acción de la Administración tributaria no se vea perjudicada como consecuencia de una actuación incorrecta del obligado tributario.




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La 95, también de CiU, propone que no debería incluirse el concurso entre los supuestos de suspensión del plazo de prescripción y al mismo nivel que los litigios. Nuestro grupo entiende que debe mantenerse la norma en la redacción proyectada puesto que el concurso, en cualquier caso, señorías de CiU, es un procedimiento judicial.

En la 73, del Grupo Parlamentario Socialista, se propone que aunque no se exija para la adopción de medidas cautelares que se haya comunicado la propuesta de liquidación es necesario precisar que en los procedimientos tributarios son aplicables dichas medidas. En sentido contrario, señorías, con la redacción originaria del precepto, las medidas cautelares se aplicarían en los procedimientos de aplicación de los tributos, es decir, en los procedimientos de gestión tributaria, inspección y recaudación. Si se admitiese su enmienda, dichas medidas cautelares solo serían aplicables a los procedimientos de inspección.

La 96, también de CiU, exige que el régimen de las medidas cautelares debe regirse por los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva requiere también la implementación de una vía sumaria de recurso. Nosotros entendemos que con la redacción actual propuesta se cumple con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica puesto que la medida cautelar debe adoptarse en los supuestos contemplados en los artículos 81.1 y 81.3 de la Ley General Tributaria.

La enmienda número 97, también de CiU, propone suprimir el artículo 1.7 de este proyecto de ley, que hace referencia a los artículos 81.5 y 81.8 de la Ley General Tributaria. Señorías, no estamos de acuerdo porque la cuantía se puede conocer perfectamente con anterioridad, y en cualquier caso la medida deberá adoptarse de forma motivada y proporcional. Además, esa supresión tampoco se justifica adecuadamente sobre la base de que la medida impediría la transmisión de bienes por la sociedad ya que las medidas cautelares pueden ser de diferente índole y no necesariamente la prohibición de disposición de bienes.

La enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Mixto y la número 45 de la Entesa proponen una mejora técnica para garantizar la seguridad jurídica y la eficacia de las medidas cautelares posponiendo el cómputo del plazo desde la fecha del acuerdo hasta la de la notificación. Nosotros consideramos que la enmienda excede con mucho el proyecto normativo y no se observa ventaja adicional alguna en la ley de lucha contra el fraude.

La número 74 del Grupo Parlamentario Socialista, la número 3 del Grupo Parlamentario Mixto y las enmiendas números 29 y 46 de la Entesa pretenden todas incluir los bienes muebles en la prohibición de disponer que regula el precepto ahora modificado. Entendemos que la actual disposición se articula como una medida ejecutiva en garantía de un embargo de acciones, que es una medida ejecutiva del todo ordinaria, considerando a su vez suficiente la prohibición de disponer exclusivamente sobre los bienes inmuebles.

En la enmienda número 98 de CiU se pretende suprimir la expresión «…o parcial…» del apartado 6 del artículo 170 de la Ley General Tributaria. Sin embargo, está plenamente justificado que aunque solo se posea un control «parcial», se pueda adoptar la medida porque en todo caso el supuesto habilitante de la norma exige control efectivo por parte del titular de las acciones o de las participaciones societarias.

La enmienda número 99 de CiU y la número 30 de la Entesa se presentan en coherencia con la enmienda propuesta al artículo 5 de la Ley General Tributaria. Ambas exceden con mucho el acuerdo y la competencia del Tribunal Constitucional.

En la enmienda número 100 de CiU se propone modificar el precepto con el fin de sustituir la cantidad, el límite de los 1500 euros a 150 debido a las graves repercusiones económicas que supondría para autónomos, pequeñas empresas, etcétera, cuya viabilidad depende del abaratamiento de costes no haciendo subir el de las obligaciones tributarias en lo que al régimen sancionador se refiere. Señorías, la enmienda no justifica cuantitativamente por qué se reduce la sanción solo a 150 euros y no a otra cantidad, ni tampoco se tiene en cuenta que la inflación se aplicaría a todo tipo de empresas y no solamente a las pymes o a los autónomos, de modo que esa reducción que ustedes proponen también podría beneficiar a las grandes empresas.

La enmienda número 101, de CiU, pretende que la no presentación de declaraciones por la vía telemática no debe considerarse como infracción tributaria, en todo caso debería considerarse como infracción administrativa. Pero, señorías, las empresas españolas ya vienen cumpliendo de




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forma reiterada y con total normalidad dicha norma, que obliga a la presentación de declaraciones por vía telemática. Lo único que hace esta norma es modificar y aclarar su régimen sancionador.

La número 102 de CiU dice literalmente que la modificación propuesta del artículo 203 de la Ley General Tributaria es extremadamente dura y puede llegar a vulnerar el principio de proporcionalidad. Sin embargo, no se justifica en qué atenta a la infracción de dicho principio, y la infracción no se estima directamente por la mera detención de los hechos tipificados sino que exige la concurrencia de culpa, como en toda infracción tributaria para que en su caso se dé la sanción.

La enmienda número 103 de CiU propone que las sanciones reguladas en el apartado 6 deberán cumplir el principio de transparencia tributaria y de proporcionalidad a la capacidad económica del obligado tributario, pero eso, señorías, ya se garantiza en el sistema tributario español actual, que actualmente tiene en cuenta que la aplicación del principio de proporcionalidad que informa está regulado de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley General Tributaria.

La enmienda número 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, pretende que el inicio del procedimiento sancionador para la imposición de las sanciones no pecuniarias solo debe poder iniciarse una vez notificada fehacientemente. Es similar a alguna otra enmienda presentada por la Entesa.

La número 105 también de Convergència i Unió va en relación con el momento en que comienza el devengo de los intereses de las sanciones y de la norma propuesta. No introduce cambio alguno respecto del sentido de la redacción original, únicamente aclara y explicita el significado del precepto para posibilitar su correcta aplicación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Voy terminado, señor presidente.

Tenía un montón más porque, entre otras cosas, nos hemos comido un turno de portavoces.

Vienen luego algunas referidas al artículo 2 de este proyecto de ley por el que se modifica algún artículo de la Ley General Presupuestaria; luego hay tres del Grupo Mixto y otras tres de la Entesa, respecto al artículo 3 que afectan a las modificaciones sobre el IRPF; otro grupo de seis que afectan al artículo 4 del impuesto de sociedades; cinco que modifican el artículo 5 del impuesto sobre el valor añadido; otras tres que modifican los artículos 19, 20, 22, 33 y 44 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que también votaremos en contra; otra sobre la limitación de los pagos en efectivo, y aquí sí que me gustaría un minuto más de tiempo para dar respuesta a la senadora Martínez sobre su enmienda número 69, en el sentido de que lo que propone es igualar las funciones de las haciendas forales y de Navarra con respecto a la Agencia Tributaria. El control y sanción, señoría, de la prohibición de los pagos en efectivo que superen determinado importe no es una competencia tributaria, sino financiera. Dos, las materias monetarias y financieras son competencia exclusiva del Estado... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...en todo el ámbito nacional.

La distribución de competencias entre varias administraciones podría provocar incluso disfunciones en contra de lo que usted ha argumentado. Y las competencias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo competen en exclusiva al Estado.

Termino ya, señor presidente, aunque se me han birlado treinta minutos.

Señorías, el objetivo de este proyecto de ley va dirigido a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuestión que creo que compartimos todos. En este proyecto de ley se adoptan medidas muy importantes, medidas para impactar directamente en los nichos de fraude ya detectados, medidas que tienden a perfeccionar las normas que garanticen el crédito tributario con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica,... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, Por favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...evitar litigios, de forma que se liberen recursos para obtener un mayor control de las potenciales o potenciales defraudadores.




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Hay otro grupo relacionado con medidas cautelares vinculadas a supuestos con presuntos delitos contra la Hacienda pública, contra la investigación patrimonial... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, silencio. Vaya finalizando, por favor.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...delimitación de los pagos en efectivo (Rumores.) —monten todo el gallinero que quieran, a mí no me pasa como a su compañero, tengo todavía voz, me queda voz— y establecimiento de nuevas obligaciones sobre información de bienes y derechos situados en el extranjero.

Nosotros queremos esto señorías (mostrando unos gráficos.): queremos que se incremente la lucha contra el fraude... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor DE LAS HERAS MUELA: …no como ustedes. Y ahora voten lo que quieran. (Aplausos.— Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, vamos a iniciar la votación de las enmiendas.

Hago constar que es una votación minuciosa ya que hay pocas acumulaciones por parte de los grupos que han presentado dichas enmiendas. (Rumores.) Silencio, señorías.

Empezamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 1, 2 y 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas números 4 y 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 161; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 6 y 7 del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 150; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 9, 11 y 13 del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152; abstenciones, 87.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 163, abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 14 del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 157; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 15 y 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 86; en contra, 156.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda del mismo grupo parlamentario, número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 20.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 78; en contra, 153; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor; 74; en contra, 168.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 22 y 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 22; en contra, 152; abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda número 69.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 94; en contra, 149.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. En primer lugar, las números 26 y 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor; 79; en contra, 151; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor; 78; en contra, 164.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 28 del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 74; en contra, 164; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 30.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor; 24; en contra, 151; abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 31, 32 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor; 79; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor; 23; en contra, 152; abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 152; abstenciones, 79.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 36, 37 y 39.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 152; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 38 y 40 del mismo grupo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 151; abstenciones, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 90; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 78; en contra, 164.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 86; en contra, 151; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 44 a 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 47 y 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 49 y 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 151; abstenciones, 88.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 53 y 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 164; abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 54. (Rumores.—Pausa.)

Se anula la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 10; en contra, 151; abstenciones, 81.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 243; a favor, 12; en contra, 157; abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 58 y 59.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 60.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152; abstenciones, 87.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 61 y 66.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 62.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 63.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 79; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 64.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 157; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 65 y 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 151; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 67.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 17; en contra, 152; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas número 87 a 91, 93 a 96, 99, 109 y 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 155; abstenciones, 76.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 92, 97, 98, 100 a 108, 111, 115 y 117.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 225; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 112 a 114.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 18; en contra, 224.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 116 y 118.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 80; en contra, 162.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 119 a 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones, 78.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos, por último, las correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, enmiendas 70, 73 a 78, y 83.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 78; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 71, 79, 81 y 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 79; en contra, 163.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 164; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas 80 y 82.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Por último, enmiendas números 84 y 85.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el Proyecto de Ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 146; en contra, 4; abstenciones, 91.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

4.2. CONOCIMIENTO DIRECTO

4.2.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000014)

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 4.2. y 4.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Recogiendo la importancia de este texto —para todos, pero fundamentalmente para Croacia—, nos acompaña en nombre del Gobierno de Croacia su embajador, Neven Pelicarié, al que deseamos fortuna en el debate. (Aplausos.)

No se han presentado ni enmiendas ni propuestas de veto a este proyecto de ley orgánica dentro del plazo que al efecto se señaló.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Turno de portavoces. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto alguien desea intervenir? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señor ministro de Asuntos Exteriores, en ausencia —estuvo en el Congreso, no está en el Senado—, señor embajador, creo que hoy es un gran día para Croacia y para Europa, y sobre todo para el gran debate político que se está produciendo en España en este momento, en que surgen los grandes miedos por que un pequeño país que ha pertenecido a otro resulta que no puede pertenecer a la Unión Europea. Pasa el tiempo y, al final, todo se arregla; y, a pesar de que el otro día el senador Muñoz-Alonso nos decía aquí que nos habíamos empeñado con Kosovo, Kosovo terminará siendo parte de la Unión Europea. Como ahora lo es Croacia, y como lo serán con el tiempo otras pequeñas comunidades europeas.

Nosotros tenemos una gran simpatía por Croacia. Más allá de los escasos dos siglos de independencia del reino croata en la Alta Edad Media, el estatus del país se basó en instrumentos jurídicos que no son muy conocidos en la península ibérica, pero que no son extraños a los pueblos que conforman el Estado español. Me refiero, evidentemente, a la unión personal que se inicia con los pacta conventa con Hungría en el año 1102, una unión simplemente personal, porque ambos territorios independientes mantuvieron sus propias instituciones, sus leyes, siendo solo la persona del rey común a ambos. Luego llegarían los Habsburgo, el Imperio austrohúngaro, hasta la Gran Guerra. Fueron siglos —lo saben bien los croatas— de tira y afloja entre el Gobierno central, el Gobierno real y el Sabor o Parlamento croata, cuando alguna de sus libertades fueron suprimidas y en otros tiempos recuperadas; momentos en los que incluso, en algunas ocasiones, llegó a ser abolido el propio Parlamento croata por la fuerza, que no por la voluntad de sus ciudadanos. Esto no nos resulta extraño en la configuración y en la creación del Estado español. Por eso nos sentimos cercanos en esta ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de los croatas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Anasagasti, un momento, por favor.

Por favor, señorías, ruego silencio y pido a los grupos parlamentarios que las tertulias las hagan fuera del salón.

Puede continuar.




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El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, me debe treinta segundos.

Después vendría el reino de los serbios, croatas y eslovenos y vendría Yugoslavia, un período convulso a finales del siglo XX, que se inicia con la caída del muro y culmina con la desgraciada guerra de Yugoslavia.

Nuestro grupo se felicita por que una vieja nación europea se una en pie de igualdad al resto de naciones europeas. ¿Quién lo hubiera dicho hace veinticinco años? Seguramente, en una encuesta entre sus señorías, muchos ni siquiera hubiéramos sabido que existía Croacia, porque esa era la realidad.

Croacia cumple los requisitos, lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Unión Europea, y es muy necesario que se diga: los principios de libertad democrática, derechos fundamentales, respeto al Estado de derecho, y también los criterios políticos de respeto a las minorías, que son fundamentales, la libertad de mercado y la aceptación del acervo comunitario; y ha realizado las reformas institucionales que han sido necesarias en los tres órdenes. ¿Quién puede pensar que Croacia, en este estado, puede permanecer fuera de la Unión Europea, estando en el corazón mismo de Europa? ¿Va a haber un Estado que niegue a un país, a una vieja nación europea, su participación? ¿Recordamos a Slovodan Milosevic, que no le gustaban todo ese tipo de cuestiones, se oponía a todo y hubo incluso una guerra? El señor ministro García-Margallo dijo en el Congreso de los Diputados que era necesaria la unanimidad para la adhesión —y es bien cierto—; pero ¿habrá un país que se niegue a que un nuevo Estado situado en el corazón de Europa, me da igual que sea más al este o al oeste de esta Unión Europea, forme parte de esta gran familia europea? ¿Las propias instituciones europeas podrían contemplar a ese país fuera de sus instituciones? ¿Es esa verdaderamente la vocación de Europa? Yo no lo creo; yo creo que no lo negaría nadie, ni tampoco España, porque aquí estamos, en el Senado —como anteriormente en el Congreso de los Diputados—, votando por unanimidad el ingreso de Croacia en la Unión Europea. Y es una gran noticia para Europa y para Croacia, y también para aquellas naciones sin Estado, que reivindican su lugar bajo el sol en esta Europa en construcción, aun cuando algunos nos quieran amedrentar con que no va a ser así; pero me temo que pierden el tiempo.

Croacia es un pueblo de cuatro millones y medio de habitantes, aproximadamente, con algo más de 56 000 kilómetros cuadrados, un 11% menos que la extensión española; por poner una referencia, es un país con una extensión menor a la de Letonia. Pero esto no tiene importancia, y no debe tenerla. Croacia es fundamentalmente Europa y cumple los requisitos; y yo diría que los cumple mejor que algunos socios europeos, que llevan años en el club. Estamos convencidos, como grupo parlamentario, de que luego vendrá el resto de los Balcanes: entrará Serbia, y lo apoyaremos, también entusiásticamente; entrará Macedonia, entrará Montenegro y Bosnia Herzegovina, a pesar de las dificultades por la compleja estructura de Estado que tiene. También Kosovo, señor Muñoz-Alonso —que ya hizo sus augurios—, a pesar de lo que dijo usted en el último debate, formará parte de la Unión Europea. Además, estamos convencidos de que, con la aquiescencia de Serbia, entrará Kosovo; y en esto, estamos haciendo cábalas, señor Muñoz-Alonso; usted hace las suyas, y nosotros hacemos las nuestras, y, si quiere, hasta nos jugamos una comida dentro de unos añitos; yo me acordaré, y usted tiene todo el derecho a elegir sitio. Y la historia dirá que ni siquiera Serbia se habrá opuesto.

Es bueno que las viejas naciones europeas continuemos en la construcción europea, en un espacio en el que las distintas naciones se encuentran codo a codo, en pie de igualdad, y con voluntad de cooperación. Ese codo a codo, ese pie de igualdad, esa cooperación es precisamente aquello que no podía ni quería proporcionar, porque aquella teóricamente reconocida posibilidad secesionista, tal y como se reconocía en la Unión Soviética, era —todos lo sabemos, y se decía en todos los manuales de derecho— más teórica que real y práctica en la extinta Yugoslavia, como ayer nos recordó el ministro García-Margallo contestando a nuestra pregunta.

Felicidades de parte del Grupo Parlamentario Vasco a la República de Croacia y a su embajador aquí presente. El Grupo Vasco vota convencido de que este es un gran paso en la Unión Europea que allanará el camino a la solución de muchísimos otros problemas.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Anasagasti; gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Señor embajador de la República de Croacia, bienvenido.

Señorías, cuando estamos ante el reto de aprobar la incorporación de un nuevo Estado a la Unión Europea, es conveniente recordar la importancia de la propia Unión. La Unión Europea es un gran espacio democrático, un gran espacio de progreso, un gran espacio de respeto a los derechos humanos; y también ha sido, y es importante remarcarlo, un espacio en el que, gracias a la garantía de las fronteras de los Estados miembros, se han evitado los conflictos que habían asolado Europa en la primera mitad del siglo XX. Por eso, entre otras razones, se ha contribuido a generar un periodo de paz que estamos seguros de que va a tener continuidad durante mucho tiempo.

Es evidente, con todo, que la Unión Europea tiene, hoy por hoy, insuficiencias todavía. Hemos avanzado desde hace tiempo, desde el Tratado de Maastrich, en la unión monetaria, pero hoy ya es un clamor la necesidad de que la Unión avance hacia una unión fiscal y económica. No es posible simplemente una unión monetaria, una política monetaria, sin unificar las políticas económicas. Esta es la gran asignatura pendiente, hoy más que nunca, en el contexto de la grave crisis económica que asola a la Unión Europea en su conjunto.

El proceso de construcción de la Unión Europea, que todavía está caminando, se fundamenta, entre otras cosas, en la renuncia a elementos importantes de soberanía; este es un hecho fundamental. Precisamente, estamos implicados en la construcción de un espacio federal, que es lo que es hoy en día la Unión Europea, un espacio que todavía debemos culminar. Por tanto, los Estados miembros de la Unión tienen que aceptar y reconocer la necesidad de hacer progresivas cesiones de soberanía, para consolidar precisamente ese espacio común, el espacio de la Unión Europea.

En este contexto, el proceso de adhesión de la República de Croacia ha sido largo; un proceso largo, pero necesario. Largo, no como fruto de la burocracia de la Unión Europea, a la que se achacan a menudo muchos de los males de la Unión; aunque no negaré la existencia de este entramado burocrático que muchas veces hace lentos los trámites, cuando estamos ante la adhesión de un nuevo Estado a la Unión es necesario que el proceso sea lento para que esté bien hecho. Es necesario garantizar la cohesión del conjunto de la Unión, una cohesión en cuanto a los principios democráticos que deben garantizar todos los miembros de la Unión, y la cohesión también en cuanto a los procesos y la situación económica de los distintos Estados miembros. Por tanto, es importante que la Unión exija las garantías necesarias y suficientes para que los Estados que ingresen en la Unión Europea garanticen y den muestras y pruebas contrastadas de su homogeneidad democrática y económica con el conjunto de la Unión.

Es necesario también —y esto es muy importante— garantizar que los Estados que se adhieren a la Unión Europea no estén precisamente en el campo del euroescepticismo institucional. Es legítimo que en las sociedades de la Unión Europea pueda haber dentro de la opinión pública plural y en un contexto democrático, ciudadanos, grupos organizados que puedan manifestar su euroescepticismo, su desconfianza hacia el conjunto de lo que es la Unión Europea, pero no es en absoluto admisible que ese euroescepticismo, como se da en algunas ocasiones, venga de las más altas instituciones precisamente de esos Estados. Por lo tanto, es exigible —y entendemos que en el caso de Croacia se da— esa voluntad de adhesión a la Unión Europea en todo lo que la Unión significa.

Finalmente, como decía también el senador Anasagasti, es importante que recordemos hoy la necesidad de que se avance también progresivamente y con todas las cautelas necesarias, pero sin dilación, en los procesos de adhesión del resto de repúblicas balcánicas que están en distintos grados en este proceso para incorporarse a la Unión Europea: Bosnia Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro, precisamente porque se trata de viejas naciones, de viejos Estados de Europa y que, por tanto, tienen todo el derecho para adherirse, siempre que cumplan con todas estas condiciones, a la Unión Europea.




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Por tanto, desde nuestro grupo, Entesa pel Progrés de Catalunya, nos felicitamos porque esta adhesión esté llegando ya a puerto. Damos la bienvenida a la República de Croacia. Señor embajador: bienvenidos al conjunto de la Unión Europea. Y nos felicitamos de que España pueda hoy aprobar también en esta Cámara, como se hizo en el Congreso, por unanimidad la unión.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Sabaté. Gracias, señoría.

En nombre del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Cámara al señor embajador. Es un placer tenerle aquí. Igualmente, quiero dar la bienvenida a Croacia a la Unión Europea. Esta es una incorporación importante, puesto que abre el sexto paquete de ampliación de la Unión Europea. Es evidente que se incorporan en un momento en que la Unión Europea está viviendo una crisis que está afectando en mayor o menor medida a sus Estados miembros y, a nuestro parecer, en un momento en que la integración en la Unión Europea es insuficiente. Por lo tanto, animamos a Croacia a trabajar codo con codo con todos los Estados miembros para la creación de una Europa más unificada, más consolidada y, sobre todo, mucho más armónica. Estamos convencidos de que Croacia contribuirá a la estabilización de los Balcanes y sabrá transmitir a sus países vecinos su visión europeísta, que siempre ha tenido y siempre ha demostrado, y que le ha llevado hoy a este momento.

Creemos también que es importante que sepan ustedes transmitir su experiencia, el proceso que han vivido en la constitución y consolidación de las instituciones que han formado.

Por tanto, finalizo mi intervención congratulándome desde Convergència i Unió por la adhesión de su país. Una vez más, señor embajador, Croacia, bienvenidos a la Unión Europea.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senadora señora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

Será una breve intervención para mostrar el apoyo del Grupo Socialista y su voto favorable al Proyecto de Ley de ratificación de adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.

Señor embajador de Croacia, damos la bienvenida a los croatas al club de la Unión Europea, después de haber recorrido un largo camino, que se inició allá por el 2003, con la consolidación del Estatuto de adhesión, y que culminará seguro el día 1 de julio de 2013.

Con la entrada de Europa, decía el presidente de Croacia, no seremos grandes, pero tampoco seremos insignificantes. Creo que esa frase intuye alguno de los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, valores como el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la paz; y añadidos a la cohesión territorial, a la cohesión social y a la económica fundamentan el leitmotiv de lo que significa la construcción europea, a la que ahora se suman los croatas.

Quiero hacer una brevísima reflexión de la necesidad, ahora más que nunca, si cabe, de una Unión Europea fuerte por la importancia que tiene para el progreso social y económico de los pueblos que la integran. En un momento de debilidad como las que se conjugan con la crisis global sobrevenida o con la demanda de la deuda soberana, en un momento de amenazas evidentes como la desaceleración mundial o la recesión global, en un momento de riesgo para el equilibrio y para la pervivencia de la Unión, es más que nunca necesario avanzar en propuestas que garanticen una solución a nuestros problemas, y estas se deben realizar desde la política; es verdad que con consenso y con acuerdo, pero desde la política. Hay encrucijadas que tenemos por delante a las que es necesario dar respuestas: la política exterior, la de seguridad, la defensa, la política energética, la del mantenimiento del Estado de bienestar o los desafíos tecnológicos y, fundamentalmente en el lugar que nos ocupa, los económicos. Y esto no quiere decir que desde cada país, y en este caso desde España, no podamos proponer medidas útiles y con horizonte




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que permitan sacar adelante los problemas que nos acechan y que permitan dar credibilidad hacia la ciudadanía.

Ayer comentaba el ministro de Asuntos Exteriores la necesidad de avanzar en un gobierno económico y fiscal de la Unión Europea. Y es verdad, sí, entre otras cosas, porque además sin ello no será posible que funcione la unión monetaria. Tendremos que defender, con humildad, sí, pero con firmeza, que esa unión económica debe incluir una serie de asuntos fundamentales, como el del Tesoro comunitario o que el Banco Central Europeo responda a los intereses de los que integran la Unión y no a intereses especulativos. Es necesario defender con humildad, sí, pero con solidez, la armonización fiscal o la creación de los eurobonos, por ejemplo. Pero también hay que defender en Europa, con vehemencia si es necesario, la generación de políticas de estímulo a la economía que nos permitan salir adelante en esta crisis, porque, como se está demostrando, solo las políticas de ajuste no conducen a su salida.

Se están haciendo cosas, sí, y algunas bien, pero no son suficientes y algunas llegan tarde. Ahí está la virtualidad de quienes realmente conformamos y creemos en la Unión Europea, la de proponer, la de impulsar y la de tomar la iniciativa sin esperar a que nos impongan medidas que no cuentan además con nuestra equitativa propuesta. Para ello es necesario hablar, pactar y, como decía, fundamentalmente creer en ello.

En nombre del Grupo Socialista renuevo mi enhorabuena por la adhesión de Croacia, que ha sido posible debido a la consolidación de las instituciones del país y las reformas estructurales que han permitido la misma. Mi felicitación, señor embajador, en el convencimiento de que su aportación a la construcción europea será importante desde el punto de vista político, económico e institucional.

Y acabo, señor presidente, con una cita. Dice: El ideal de la construcción europea es más válido que nunca porque nos lo imponen las exigencias del mundo de hoy y más aún el de mañana. Esto lo decía Felipe González, en junio de 1985, cuando firmó el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Como ven, señorías, de plena actualidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor embajador de la República de Croacia, bienvenido también a esta Cámara.

Señorías, dice un proverbio croata que el que busca un amigo sin defectos se queda solo. Este proverbio, que podríamos aplicarnos todos, es muy cierto además en estos momentos, donde la Unión Europea está sometida a una profunda renovación, sobre todo desde el punto de vista político y económico. Tenemos defectos en la Unión Europea, lo sabemos, pero también sabemos que solo nosotros, solo Europa es también la solución, es la única solución. Por eso, ahora, aunque haya bastante euroescepticismo, es una muy buena noticia la incorporación de un nuevo país a la Unión Europea.

Como recuerda el señor embajador, aquí presente, el señor Pelicaric, embajador de Croacia en España, en su artículo Vuelta de la República de Croacia a la familia europea decía que en España se habla cada vez más de Croacia, de un pequeño país mediterráneo de costa preciosa y mil islas, de un país que entrará en la Unión Europea en pocos meses, pero también de un país con la naturaleza intacta y gente cercana al espíritu, carácter y costumbres españolas.

España, por tanto, señorías, tendrá otro socio en la Unión Europea, el número veintiocho, pero además en este caso tendrá un amigo y un aliado. Las relaciones entre Croacia y España ya eran muy intensas, como recordaba el embajador, en el siglo XIV, especialmente con la República de Dubrovnik, cuando comerciantes de mi tierra, de Valencia, y comerciantes de Barcelona fundaron una sociedad para comerciar con Hungría, y hablamos del siglo XIV. Pero también en el siglo XV y en el siglo XVI, con el emperador Carlos, España y Croacia tuvieron grandes encuentros y participaron juntos en grandes victorias, como la de Lepanto, y en grandes derrotas, como la de La Armada Invencible. Pero todo esto es historia y ahora aquí venimos a hablar de futuro.

Croacia cree firmemente, ha creído siempre, en su pertenencia a la civilización occidental europea, desde siempre, desde la adopción del cristianismo en el siglo IX hasta los últimos, difíciles, convulsos momentos de su historia en los últimos años. Esto llevó a Croacia a apostar por




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la Unión Europea desde el primer minuto de su independencia reciente, lo que culminará el 1 de julio del año 2013. Ha sido, señorías, un camino largo, difícil y complejo. Hoy entrar en la Unión Europea es formidablemente complejo, es más largo, más difícil y más complejo que lo fue para el resto de los países miembros de la Unión Europea. Y también las prevenciones que hoy suscita la Unión Europea, que no es la misma, como digo, de cuando entró España, ni siquiera la de los Veinticinco de 2004 o la de los Veintisiete de 2007. Lo reconocía la ministra de Asuntos Exteriores de Croacia, la señora Pusic, el día 10 de octubre en una conferencia aquí, en Madrid, donde estuve y pude hacerle alguna pregunta en relación con su región.

Croacia, pues, es el primer país de la sexta ampliación de la Unión Europea y, como he dicho, su proceso de incorporación ha sido más largo, más difícil, más complejo, más duro que el del resto de los países hoy miembros de la Unión Europea. Inició el proceso en el año 2000, con las negociaciones sobre el acuerdo de estabilización y asociación. Se intentó entonces incorporar a Croacia en la quinta ampliación, pero no pudo ser. Finalmente, en 2003 se produjo oficialmente la solicitud de ingreso, que se aprobó ya en junio de 2004, dando, por tanto, a Croacia el estatus de candidato oficial. A finales de 2005 se iniciaron las negociaciones, que solo han culminado ahora. Y será miembro oficial a partir de julio de 2013.

Como ya se ha dicho desde esta tribuna y se dijo en el Congreso, entrar en la Unión Europea es, pues, complicado y largo, y solo es posible —artículo 49— para aquellos países europeos que cumplan las condiciones, los principios del artículo 6 del Tratado de la Unión, que incluye, como ya se ha dicho, la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto al Estado de Derecho y otros criterios adicionales, que incluyen, naturalmente, criterios políticos —se ha dicho hoy— incluye el respeto a las minorías, criterios económicos, como la libertad de mercado, de competencia, y la aceptación de todo el enorme acervo comunitario, etcétera. Pero a todo esto hay que añadir un principio muy fuerte y muy importante: para el acceso de los nuevos miembros es necesaria la unanimidad en todos los momentos del proceso de los veintisiete —a partir de julio, veintiocho— Estados miembros. Y como explicaba el ministro García-Margallo hace unos días, el Club de Berlín, al que él mismo pertenece junto con otros diez ministros de Asuntos Exteriores europeos, ha decidido que los tratados en el futuro se puedan modificar por mayoría cualificada para evitar los bloqueos, salvo una excepción: precisamente la adhesión de un nuevo miembro, que seguirá requiriendo la unanimidad de todos los Estados miembros en cada una de las fases del proceso. Y estoy seguro, señorías, de que me están entendiendo perfectamente.

Por tanto, el futuro es más Europa y con más países. En los Balcanes esperan, en primer lugar, Serbia, también la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro e incluso Bosnia Herzegovina. También están esperando Turquía, Moldavia, Islandia, etcétera. Y no he citado ex profeso a Kosovo, porque Kosovo no está reconocido por algunos países europeos, entre ellos, España, ya que autoproclamó su independencia sin encomendarse a dios ni al diablo. Y mientras Serbia no lo acepte, nosotros tampoco lo haremos, ni entrará en la Unión Europea, señor Anasagasti, mientras Serbia no acepte la condición de independencia de este Estado, autoproclamado independiente, de Kosovo.

El futuro, señorías, es más Europa, pero más Europa con unión bancaria, con unión política, con unión económica y con unión fiscal, como repite el presidente del Gobierno, y con toda la razón, don Mariano Rajoy.

El futuro, señorías, es más Europa, como lo demuestra el ingreso de Croacia, que significa el triunfo de la democracia, de la tolerancia y de la moderación frente a la radicalidad, a los nacionalismos excluyentes, al rencor, a las guerras y a los conflictos.

Señorías, enhorabuena a Croacia. Enhorabuena a Europa. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A la vista de las intervenciones, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. (Fuertes aplausos de los señores senadores, puestos en pie.)

En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley orgánica.

Enhorabuena, señor embajador.




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5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.1.1. ENMIENDAS AL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA, ADOPTADAS EN LA IV REUNIÓN DE LAS PARTES, HECHO EN MÓNACO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000034)

5.1.2. ACUERDO SOBRE UN ESPACIO AÉREO COMÚN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000035)

5.1.3. ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMÍ DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000036)

5.1.4. CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 20 DE ABRIL DE 2007 Y 20 DE JUNIO DE 2011, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA PUESTA EN VIGOR DE DIVERSAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE 14 DE JULIO DE 1959 RELATIVO A LA PESCA EN EL RÍO BIDASOA Y LA BAHÍA DE HIGUER.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000037)

5.1.5. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000038)

El señor vicepresidente da lectura de los puntos 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. y 5.1.5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Gimenez): Para la presentación de estos dictámenes, tiene la palabra el representante de la comisión, el señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Permítame primero que dé contestación a las alusiones personales que me ha hecho el senador Anasagasti en el turno anterior para decir, primero, que acepto su amabilidad de ofrecerme un almuerzo, pero que me deje elegir el restaurante y que ponga un plazo. Y segundo, que el viejo Reino de España nada tiene que ver con la extinta República Federativa Popular de Yugoslavia. Son cosas totalmente distintas. (Aplausos.)

Señor presidente, señorías, los tratados y convenios internacionales que se someten en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que han sido enunciados por el presidente, tuvieron su entrada en esta Cámara el día 19 de septiembre de 2012, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se han tramitado por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de propuestas a los referidos tratados y convenios internacionales expiró el día 1 de octubre de 2012, no habiéndose presentado ninguna alternativa. La comisión dictaminó dichos tratados y convenios internacionales en su sesión del día 11 de octubre de 2012, y acordó elevar a este Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los mismos.

Con estas palabras termino mi intervención y lo dejo a la consideración del Pleno.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en relación con estos dictámenes? (Denegaciones.)

¿Se pueden aprobar los dictámenes por asentimiento? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados y se entiende concedida la autorización.

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.


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