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DS. Senado, Pleno, núm. 171, de 09/09/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 79

celebrada el miércoles, 9 de septiembre de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial, ponga en marcha todas las medidas necesarias que faciliten la creación de un Registro Nacional de Pacientes. 662/000208 estadística de sanidad; registro de datos GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el sector pesquero. 662/000209 Islas Canarias; acuicultura; política pesquera GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 destinadas a la atención a la dependencia. 662/000210 asistencia a las personas de edad avanzada; ayuda a los discapacitados; presupuesto del Estado GPCIU


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 621/000150 ayuda a la modernización; empresa pública; institución pública; reforma administrativa Hacienda y Administraciones Públicas


Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 621/000151 administración pública; jurisdicción contencioso-administrativa; procedimiento administrativo; responsabilidad administrativa; sanción administrativa Hacienda y Administraciones Públicas


Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. 624/000005 aborto; protección de la infancia Sanidad y Servicios Sociales

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN EL SENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL, PONGA EN MARCHA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN LA CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 662/000208 GPP

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se produce el desalojo de la tribuna de público.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 149; en contra, 17; abstenciones, 64.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SECTOR PESQUERO. 662/000209 GPP

La señora Larriba Leira defiende la moción.

El señor Maldonado i Gili defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

La señora Julios Reyes defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de esta senadora y la señora Armas Pérez.

El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Larriba Leira expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 148; en contra, 73; abstenciones, 21.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016 DESTINADAS A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 662/000210 GPCIU

La señora Rivero Segalás defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y la señora Lima Gozálvez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Andrés Prieto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 96; en contra, 144; abstenciones, 5.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 621/000150 Hacienda y Administraciones Públicas


PROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 621/000151 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor presidente informa a la Cámara de que estos proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta, dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

En nombre del Gobierno, hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1, al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y su propuesta de veto número 1, al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y la propuesta de veto número 3 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, presentadas por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 4 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y la propuesta de veto número 4, al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, de la señora Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 2 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y la propuesta de veto número 2 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y la propuesta de veto número 5 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. .............................................................................. 16901

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido voto a favor de todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 235 más 1 voto telemático, 236; votos emitidos, 235 más 1 voto telemático, 236; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 148; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. .............................................................................. 16902

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 40 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y números 1 a 116 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, inicialmente presentadas por este senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) números 140 a 184 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y números 240 a 272 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 88 a 133 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y números 150 a 239 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

La señora Sequera García defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico números 233 a 280 y vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado e incorporadas al Informe de Ponencia, y las números 327 a 380 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió números 41 a 87 y 134 a 139 al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y números 117 a 144 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico números 185 a 232 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el Informe de la Ponencia como consecuencia de todas las enmiendas introducidas en su texto, y las números 273 a 326 al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas al al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. .............................................................................. 16932

Hacen uso de la palabra el señor Bildarratz Sorron y el señor Sanz Pérez para pedir una aclaración al señor presidente sobre las propuestas de modificación.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 193 664 y 193 765.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se procede a votar las enmiendas al Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. .............................................................................. 16937

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 624/000005 Sanidad y Servicios Sociales

El señor Fernández Pérez, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Julios Reyes defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 4, presentada por esta senadora del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Mora Grande defiende la propuesta de veto número 6, presentada por esta senadora del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Llinares Cuesta defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mullet García y la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart y la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ................................................................................. 16967

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha ejercido su derecho, absteniéndose en todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 8, más 1 voto telemático, 9.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242, más 1 voto telemático, 243; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 242, más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242, más 1 voto telemático, 243; a favor, 83; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7 más 1 voto telemático, 8.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 1 a 4.

La señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto, dio por defendidas sus enmiendas 5 a 9 en el turno de defensa de su propuesta de veto.

La señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 19 a 23.

El señor Cazalis Eiguren da por defendidas las enmiendas 29 a 33, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas 10 a 14, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 15 a 18, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rivero Segalás defiende las enmiendas 34 y 35, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

La señora Berja Vega defiende las enmiendas 24 a 28, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora De Aragón Amunárriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mora Grande, la señora Julios Reyes y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs y el señor Sedó Alabart por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Aragón Amunárriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hace uso de la palabra la señora Mora Grande para solicitar votación separada de unas enmiendas.

Se procede a votar. ................................................................................ 16981

Se rechazan todas las enmiendas.

El señor presidente informa a la Cámara de que al existir solicitud contradictoria para que la votación sea pública o secreta, se debe someter a votación el procedimiento que deba aplicarse.

En relación con este asunto, hacen uso de la palabra el señor Espinar Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la solicitud de que la votación sea secreta.

Se aprueba, en un solo acto, la proposición de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN EL SENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL, PONGA EN MARCHA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN LA CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 662/000208 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se le había presentado originalmente una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Espinar. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto, por lo cual se entiende que la enmienda del senador Espinar decae.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Comparezco ante ustedes una vez más, representando al Grupo Popular, para defender y discutir —y tratar de convencerlos— una moción que se nos antoja importante; y no porque la presentemos nosotros, sino por el asunto que intentamos sacar adelante. Se trata, simplemente, de instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y con el Consejo Interterritorial, a crear un registro nacional de pacientes. No se trata nada más que de eso, lo cual es mucho. Dicho así parece sencillo, pero creemos que tiene una trascendencia importantísima, definitiva, para poder seguir mejorando algo que todos tenemos que mimar, que es el Sistema Nacional de Salud o el servicio sanitario.

Es una moción que, como digo, se nos antoja oportuna. Es una reivindicación de todas las comunidades autónomas, de todos los profesionales de las comunidades autónomas, de todas las especialidades y de todas las profesiones sanitarias. No es una moción ideológica, y no es que tenga nada contra las ideologías, yo milito en un partido con una ideología determinada, me defino como liberal, con lo cual estoy encantado de tener ideología y de estar en el Partido Popular; pero esta moción no es ideológica. Y creo que es importante que se traiga al Senado, a esta Cámara, que por algo se llama Alta —alta y baja, negro y blanco, todo el mundo se queda siempre con lo alto y con lo blanco—. Además hemos sido capaces de tener la sensibilidad durante varias legislaturas —yo llevo dos— de acertar en presentar y sacar a debate cuestiones respecto a las que la ciudadanía nos pide que lleguemos a acuerdos. Es verdad que este es un acuerdo que nos está pidiendo la ciudadanía. Por cierto, queridos compañeros senadores y senadoras, todos somos potencialmente enfermos. Es más, yo no sé si existe la salud total. Y como esto es así, creemos que es importante llegar a consensos de este tipo.

¿Dónde nos movemos hoy para hablar de crear un registro nacional de pacientes? El concepto nacional no tiene ninguna imposición, es un concepto global. Pues bien, nos movemos en una de las mejores sanidades del mundo. Cuando subimos a esta tribuna hemos de decir que tenemos una de las mejores sanidades públicas, financiada públicamente; no es gratuita —es una palabra que hace mucho daño—, está financiada públicamente, y, por cierto, es muy cara porque es muy buena, y además, con una cartera de servicios universal y dentro de un distrito sanitario único europeo. Ahí nos movemos; nos movemos en una de las mejores sanidades del mundo. Debo decirles que no es chovinismo, sino que todos deberíamos sentirnos muy orgullosos y decir siempre que podamos en una Cámara como esta que nuestra sanidad está entre las cuatro o cinco mejores del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenemos unos magníficos profesionales y a que tenemos una organización sanitaria que nos hemos dado todos, y además ha conseguido y consigue resultados de los que nos deberíamos sentir profundamente orgullosos.

También nos movemos en un mundo donde la salud es un derecho solo del 20 % de la población mundial. Creo que también hay que decirlo. Nos movemos en un mundo donde el derecho consolidado de la salud —evidentemente desde la perspectiva de un país democrático como el nuestro, con la tradición sanitaria y cultural que tiene— es un derecho solamente del 20 %.

Además, hemos de decir que estamos moviéndonos en un concepto evidente: el de que una vida no tiene precio —concepto moral contundente—, pero que la sanidad tiene un coste y es limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada? Que hay que hacer una cartera de servicios pactada, universal y concluyente porque si no, se nos gripa el sistema, y si se nos gripa, como un coche, un magnífico sistema como el que tenemos, se rompe de forma irreversible.

No es baladí decir también que estamos en un distrito único sanitario europeo, que estamos enlazados para potenciarnos, no para controlarnos, no para limitar las funciones que tienen las comunidades autónomas, cualquier institución o cualquier país, sino para potenciarnos todos y que el ciudadano europeo se sienta dentro de un sistema sanitario público, de financiación pública de primer orden. Por eso, respecto al debate sobre el modelo sanitario público-privado, diré que no se puede privatizar la sanidad; esa discusión es banal, no conduce a nada. Estamos en un sistema europeo, y así se refleja en el Tratado de Maastricht modificado en Ámsterdam y Lisboa —yo tuve la oportunidad de estar allí representando, precisamente, al Senado la legislatura pasada—: «La sanidad en los países signatarios de Lisboa es de financiación pública. Prohibición de servicio libre.» Por tanto, no se puede privatizar. Así pues, la discusión privado-público es absurda, no conduce a nada, y el modelo está definido entre todos los países que pertenecemos voluntariamente a la Unión Europea.

Dicho que nos movemos donde nos movemos, dicho que es una magnífica sanidad, también diré que tiene sus debilidades. La debilidad es la que está planteando el Grupo Popular en esta Cámara: el registro nacional de pacientes, que es una reivindicación de todos los profesionales, de todas las comunidades autónomas, de todos los países que pertenecemos a la Unión Europea, y es definitivo que este Senado tenga, una vez más, una actitud —con c y con p— significativa en relación con estos temas y que esté a la altura de las circunstancias.

Es verdad que ya hay registros, como el biomédico —entre nuestros compañeros de todos los partidos hay profesionales de la sanidad y a algunos los identifico muy bien—, pero no es el registro nacional de pacientes; hay registros de trasplantes, de historias clínicas, de altas, de satisfacción… Bien, pero están un poco descoordinados. Eso no ha impedido que tengamos una magnífica sanidad, pero sí ha impedido que no tengamos más potencialidad, algo que nos exigen nuestros ciudadanos y que nos exigimos nosotros mismos, porque todos somos potencialmente enfermos.

Evidentemente, como no puede ser de otra forma, debe haber una colaboración intensa y permanente con las comunidades autónomas —separados valemos mucho menos que juntos, y en el ámbito sanitario esto es concluyente. Luego me referiré a los trasplantes— y garantizando la confidencialidad con la Ley Orgánica de protección de datos, y desde luego con consentimiento informado. Lo que estamos planteando tiene garantías, tiene datos, tiene contundencia y tiene mucha profundidad y mucho estudio.

¿Qué significaría no hacer esto? En mi vida profesional, y también en la no profesional, yo siempre me planteo qué pasaría si hago o no hago tal o cual cosa, para saber la trascendencia que ello tiene. La potencialidad de hacer un registro nacional de pacientes es definitiva. Podríamos estar mucho tiempo hablando de ello, pero limitándonos al que tenemos, que creo es suficiente, diré, en primer lugar, que el registro nos potencia a todos, a todas las comunidades autónomas, a todas las instituciones, a Europa, a todos los países, pero sobre todo, a todos los ciudadanos, a los cuales nos tenemos que dedicar, y hablo de ciudadanos-pacientes, no de enfermos. Esto es clave y positivo. En segundo lugar, sería un índice de calidad asistencial, y la calidad no es una moda, es una necesidad objetiva de los sistemas público-sanitarios. Así pues, si no creamos este registro, perderíamos esta posibilidad. Además, sería una auditoría interna permanente. Nos permite ver cómo lo estamos haciendo. Las auditorías internas no son un castigo; en calidad no existe el castigo, sino el premio, el reconocimiento de que se hace bien, y eso siempre es positivo. También nos proporcionaría datos globales de supervivencia, de morbilidad y de mortalidad, y eso también es muy importante, porque permite una estimación prospectiva y retrospectiva de lo que estamos haciendo en fármacos para todos. Asimismo, nos proporcionaría información sobre los resultados de las terapias que estamos haciendo y que luego hay que medir. En calidad sanitaria hay que medir todo, pero no para recortar, sino para mejorar. También nos daría información dinámica sobre las etapas del diagnóstico y sobre las etapas de los resultados —cuando se hace bien, nos proporciona una información permanente—, y, desde luego, es imprescindible para la investigación. ¡Qué importante es la investigación, la I+D+i+d de divulgación!

Para buscar la complicidad de los ciudadanos es imprescindible un registro nacional de pacientes, y no hacerlo conlleva su responsabilidad. Por ello, apelo a que seamos capaces de dejar a un lado las ideologías —y sé que estamos en un periodo peculiar de nuestra vida política— y que cada uno podamos contar en nuestros territorios que no es bueno votar en contra de esta iniciativa, con las modificaciones que hemos introducido y que hemos aceptado gustosamente porque han mejorado el texto, y es que no hemos tenido ninguna duda en aceptar lo que nos proponía un compañero senador que milita en Podemos y que nos ha proporcionado una serie de datos, porque era mejor.

Eso es lo que se pretende, porque hablamos precisamente de eso, y además nos da una profundidad importante en los estudios demográficos. La demografía es clave para poder utilizar los recursos necesarios; es importante saber si hay más o menos jóvenes, si hay más mujeres, si son de edad avanzada o no, para administrar los recursos sanitarios, que son magníficos pero que hay que mimar porque son escasos, porque si no, se nos gripa y porque no son ilimitados, y la limitación se establece en ambas Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso apelo, con todo respeto, a que seamos capaces, una vez más, de llevar esta iniciativa adelante, pues lo hemos hecho muchas veces en el Senado y hemos sido pioneros en ciencia e investigación. De hecho va a salir muy pronto publicado un informe de ponencia, aprobado por todos en comisión y que hemos debatido durante mucho tiempo, sobre fondos éticos, fondos de investigación, micromecenazgo y mecenazgo. Pongámonos la mano en el corazón y tengamos la nobleza de apartar el periodo en el que vivimos para sacar adelante algo que reivindican todos los compañeros, todos los profesionales y, sobre todo, los ciudadanos de este país para mejorar un sistema sanitario que todos nos hemos dado y que considero que puede ser imitado, por muchos motivos, en el resto del mundo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, señor presidente. Mi intervención va a ser breve.

Simplemente queremos celebrar la posibilidad de que se generen consensos como el que se ha producido entre el Grupo Popular y mi grupo en esta moción. Nosotros proponíamos incluir algunos elementos de redacción que tuvieran que ver con la finalidad de la creación del registro, que es mejorar la calidad de la atención sanitaria; con la protección de datos y con que el registro sea escrupuloso en su tratamiento. Se han aceptado y, por tanto, hay consenso, por lo que vamos a votar a favor de la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on senatori jaun-andreok. Buenos días a todos.

Hablamos de registros de pacientes, senador Alarcó, y en su moción se pide la creación de un registro nacional de pacientes, esencialmente para fines de investigación en prácticamente todos los campos de la salud. En la parte dispositiva se enumeran las soluciones que tendría este registro y se menciona concretamente controlar el alcance estadístico de las enfermedades, la eficacia de los fármacos o las características de los enfermos. En la parte expositiva se habla de investigación clínica, evaluación de resultados de salud, aprobación y financiación de medicamentos innovadores, mejora de la calidad asistencial, fijación de precios, impacto de medicamentos o tecnologías sanitarias. Todo esto ligado a la identificación personal de estas, que es lo que aparece en la parte expositiva. Todo esto, a lo que usted llama registro de pacientes, senador Alarcó, no deja de ser una historia clínica, evidentemente. En el caso de los registros de enfermedades concretas sería una historia clínica centrada en una enfermedad o en un grupo de enfermedades. En el caso del registro general, como entiendo que se propone en esta moción, sería una historia clínica al uso, porque para la investigación son importantes todos los datos, absolutamente todos, que ya deben estar incluidos en una historia clínica; si acaso, para los registros, a lo mejor no hacen falta los datos de filiación.

Evidentemente es importantísimo conocer la enfermedad actual y sus antecedentes, por supuesto los antecedentes personales y familiares, los hábitos y el medio en el que vive el paciente, los datos de examen general, el segmentario, las consideraciones y técnicas diagnósticas, los estudios complementarios, las pautas del tratamiento y su seguimiento y los resultados de este, todo lo que rodea a la epicrisis y al estado posterior de curación del paciente. Eso es una historia clínica, porque cada investigación se realiza cruzando todas estas variables o algunas de ellas, y eso es así. En el cáncer se cruzan antecedentes personales y familiares y todo tipo de datos, que tienen que estar en algún sitio y, evidentemente, también en el registro. Por eso digo que estamos hablando de una historia clínica al uso.

En el País Vasco llevamos años implantando la historia clínica electrónica, con mucho esfuerzo, porque ha supuesto un cambio en los hábitos de los profesionales y unos retos técnicos y tecnológicos importantes. El profesional que estaba acostumbrado a hacer su trabajo en papel y lo hacía bien y con muy buenos resultados se encuentra con que un día no funciona la impresora, al día siguiente se ha caído la red y al siguiente se ha desconfigurado algo, y ha habido un arduo trabajo de los técnicos y de los profesionales para llegar a este punto, con mucho esfuerzo, como digo. Pero poco a poco se ha ido potenciando ese registro de información asistencial dentro de la propia historia clínica electrónica. En el caso vasco en un programa llamado Osabide Global, tanto de atención primaria —y hablo del caso vasco— como de especialidad hospitalaria.

El objetivo es facilitar el trabajo asistencial a los profesionales de la salud a través de una información accesible, incorporando datos relevantes generados durante el propio proceso asistencial. Esto permite obtener una información real y actualizada —importante lo de actualizada— directamente desde el documento nuclear de cualquier acto médico, como es la historia clínica. Todo esto se puede obtener, por supuesto, con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de datos, porque las historias clínicas lo cumplen. A partir de aquí, se obtienen los datos anonimizados generales necesarios para la mejora de la investigación y de la propia gestión. Todo ello —digámoslo así, ahora que está de moda— en un solo acto, en el acto de la historia clínica.

La generación de registros específicos implica dedicar recursos de profesionales sanitarios, especialmente el recurso tiempo, a la creación, y lo que es más importante, al mantenimiento —vuelvo a repetir la importancia del mantenimiento— del propio registro, en paralelo a la historia clínica original del paciente. Nosotros, senador Alarcó, y creo que todos los que estamos aquí, entendemos que los profesionales deben dedicarse esencialmente a la atención sanitaria de sus pacientes —que además es lo que quieren y les gusta hacer— y a registrar la información necesaria para que esté disponible para la atención médica y no rellenar registros paralelos que lo único que hacen es gastar el recurso tiempo, porque la explotación de la información registrada durante la atención sanitaria supone poner a disposición de estos mismos profesionales gran cantidad de información que puede ser utilizada con fines de investigación, de evaluación de la atención sanitaria o para todo lo que usted decía en su parte expositiva. Se trata de simplificar y no de duplicar esfuerzos para conseguir el mismo fin. Después habrá que estudiar, implementar y mejorar los mecanismos que ya existen para compartir la información con otros profesionales e investigadores que estén fuera de esa red. Y eso es muy importante, es esencial. Pero eso no significa tener un registro en paralelo. Además, esto nunca ha sido un problema, se puede mejorar y se puede tener mucha disponibilidad, pero hasta ahora no ha sido un problema. Nadie se niega a compartir datos clínicos.

Por tanto, a nuestro juicio, tanto la investigación clínica como la evaluación de resultados en salud deben estar basados en la información registrada en las historias clínicas de los pacientes y no tanto en registros específicos en paralelo, pues estos contienen los datos necesarios para poder optimizar su atención y para facilitar la información necesaria para estudios estadísticos e investigaciones, y todo eso debidamente anonimizado, garantizando la Ley Orgánica de protección de datos.

Voy a hacer algunas consideraciones extras. No conocemos —por lo menos yo no conozco— que en ningún país se haya creado un registro de pacientes global y genérico —yo no lo conozco, pero si es así, usted nos lo puede aclarar—, por su dificultad y precisamente por su inviabilidad técnica. A nivel internacional sí hay experiencias, muchas experiencias de registro de enfermedades o grupos de enfermedades concretas, como el cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares; las hay, evidentemente que sí, y en España también, en concreto, el registro con mayor cobertura es el del cáncer.

Actualmente, después de catorce años de descentralización sanitaria, los registros de poblaciones globales de cáncer que están consolidados son 14, y en su conjunto cubren una población de 12,5 millones de habitantes, más o menos, lo que representa el 27 % de la población general. Existen otros 5 registros en fase de consolidación que si se acaban consolidando, evidentemente podrían llegar a una cobertura del 53 % de la población. Sin embargo, no es fácil que los 5 registros que existen se consoliden.

Hay comunidades autónomas que no tienen ni un solo registro de pacientes, porque resulta costoso y difícil. Hay un proyecto que quiero mencionar, porque creo que también esta Cámara algo tiene que ver: el nuevo registro de enfermedades raras, aprobado por el Consejo Interterritorial, que va a suponer un reto enorme para las comunidades autónomas y que no va a estar listo antes de cinco años, por lo que supone de problemático. Por lo tanto, en este contexto, senador Alarcó, viendo que técnicamente consideramos que no es viable —aunque usted puede considerar que sí, pero reconocerá que nosotros podamos considerar que no—, si la herramienta adecuada para obtener los datos es la historia clínica electrónica, si existen y se pueden mejorar los sistemas de intercambio de información y no cuesta un trabajo añadido para los profesionales, la vía, senador Alarcó, para nosotros, no es el registro nacional, sino, en todo caso, la mejora de los sistemas de intercambio de información.

No votar favorablemente esta moción no significa no trabajar en la mejora del sistema sanitario —eso se lo puedo asegurar, porque vengo del país que vengo— ni poner trabas, ni mucho menos, a la investigación —y lo digo por la misma razón, porque el País Vasco es un ejemplo en investigación, en investigación biomédica, y en eso que usted siempre dice que es la I+D+i+d—. Por lo tanto, no votar a favor de esta moción no quiere decir que no estemos a favor de esto; quiere decir que nuestro concepto es diferente, que basamos nuestro desarrollo en otra vía, que es la de la historia clínica, porque creemos que el tiempo de los profesionales debe ser para la atención sanitaria; para la investigación también, pero la recogida de datos, que la hacen los profesionales de primera línea de trabajo, tanto especialistas como médicos generales, debe ser a través de la historia clínica.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, president. Bon dia, senyories.

Miri, sobre el paper, el registre de pacients, destinat a gestionar i a aprofitar les dades que té tot el sistema sanitari públic, sembla absolutament raonable. Sembla raonable per utilitzar aquestes dades en investigació, i per utilitzar aquestes dades per tenir més coneixement sobre la salut. Però també ens sembla una qüestió massa seriosa per debatre-la en una sola moció i d’una manera molt poc concreta. Per què dic això? Miri. Arran d’una decisió política de fa uns mesos, a Catalunya hi va haver una gran discussió sobre el Big data, sobre el registre de pacients a gran escala. I, arran d’aquesta proposta del Conseller Boi Ruiz, de crear un gran programa que es diu VISC, en el qual hi ha totes les dades dels registres de pacients, es va decidir fer un document sobre bioètica i dades de salut. És un document que els recomano, que es diu «Documento sobre Bioética y Big data de Salud. Explotación y Comercialización de los Datos de los Usuarios en la Sanidad Pública». Está hecho por l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, dirigit per Maria Casado i d’altres col.laboradors. En aquest document, s’extreuen una sèrie de recomanacions, recomanacions que tenen molt a veure amb la nostra societat i les nostres dades. I una de les recomanacions que es fa és que, en aquests moments, en la nostra societat és necessari crear la cultura perquè la ciutadania sigui conscient de la privacitat de les seves dades. Perquè tots sabem que, quanta més informació tenen de nosaltres, qualsevol, més poder tenen sobre les nostres conductes i sobre nosaltres, per les coses bones i per les coses dolentes. Però sí que és veritat que falta aquesta consciència col.lectiva de la importància que tenen les nostres dades i de l’ús que se n’ha de fer. També recomanava el document informar i formar la ciutadania sobre el fet real de què vol dir anonimitzar les dades. És a dir, que ningú no sàpiga que jo sóc aquesta persona que té VIH o un càncer o una sèrie de malalties. I ser conscient que, a vegades, anonimitzar no vol dir tirar enrere, que després no puguem desanonimitzar. També és important alertar de les necessitats de redefinir el que són les dades personals.

Potser valdria la pena tornar a legislar sobre què són realment dades personals. També és important, i cal empoderar la ciutadania, perquè sàpiga tots els avantatges, riscs i beneficis a l’hora de cedir les seves dades, per molt que li diguin que seran anònimes. Aquestes són algunes de les recomanacions, n’hi ha unes quantes més, però jo he triat les que em semblaven més importants. Per què li diem això? Li diem això perquè ens sembla que un registre de pacients, tot i que va cap al camí adequat, sí que és veritat que el que fa és que la gent hagi de ser molt conscient de què es farà amb les seves dades de salut, que són les dades més sensibles que tenim. Perquè diuen moltíssima informació sobre nosaltres. I, per tant, són unes dades que donen molt poder a qui les percep. Si vostè posa registre de pacients al google, el primer que li apareixerà són una gran quantitat de pàgines de la indústria farmacèutica que parlen de malalties concretes i de productes concrets, no hi ha res de dolent, en això. Però sí que és veritat que la indústria farmacèutica, entre d’altres, té molt d’interès en tenir moltes dades. Per tant, és molt important que aquests registres, aquestes big dades estiguin anonimitzades. Ja saben que diuen que big dades és igual a big business. I per què diuen això? Perquè és veritat. Com més dades posseeixi, com més dades pugui creuar de diferents coses, més possibilitat tinc també de treure’n un negoci. I, desgraciadament, en salut, això va passar a Anglaterra, amb el National Health Service i la seva política de privatització, el que va ser en un procés d’anonimització de dades, les van creuar amb les dades que tenien les assegurances privades, provocant que, a algunes persones, se’ls augmentés la quota de la seva assegurança privada, pel fet que coneixien malalties que abans no coneixien. Per tant, quan parlem de registre de pacients, hem de posar l’alerta de com serà aquest registre, qui l’anonimitzarà i qui el gestionarà. Perquè en aquests moments no existeix una figura especialista en gestionar aquest registre de pacients.

Per tant, no només estem parlant de salut, sinó que estem parlant de quines dades hem de treballar, quines són les dades personals i quines no, quines hem d’anonimitzar i qui gestionarà aquestes dades. I tot això, a mi em sembla que en una moció no es pot recollir, bàsicament perquè és un tema massa complicat i que encara està a les beceroles per poder-lo dur a aquesta Cambra i proposar-lo.

Per tant, amb tots aquests dubtes sobre la taula, el nostre posicionament serà d’abstenció. I li dic per què, senyor Alarcó. No és una qüestió en aquest cas política —bé, política també, ja sap que jo defenso que aquí en aquesta tribuna el que més fem és política—. Però, sobretot, perquè és una qüestió de prudència i de racionalitat. Miri, estic convençuda que tots nosaltres ens sentiríem orgullosos que, gràcies a l’anàlisi de totes les dades de salut, poguéssim anar millorant la sanitat —i jo crec que aquest serà el camí— crec sincerament que aquest serà el camí, però també li he de dir que en aquests moments tenim encara massa coses pendents, hem de fer primer a, b, c, per poder arribar al Big data que vostè ens proposa. Jo crec que això encara està molt lluny de ser possible. Independentment que les dades pertanyin a les comunitats autònomes o a l’Estat —jo, en això, no hi vull entrar— perquè el que tinc molt clar és que les dades ens pertanyen a cadascú de nosaltres. I com que cadascú de nosaltres està en una situació de vulnerabilitat, com quan un està malalt, i va al seu metge i li explica què li passa i per què li passa —i aquest professional ho posa dins d’un ordinador— a partir d’aquell moment nosaltres comencem a ser una mica més febles. I és molt important que aquesta garantia que la nostra salut mai no serà utilitzada per res que no sigui per a l’àmbit sanitari o d’investigació, estigui realment blindada. Sincerament, crec que en el nostre sistema encara hi ha massa forats com per donar-li aquesta oportunitat.

Per tant, nosaltres votarem abstenció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Buenos día, presidente. Buenos días, señorías.

Sobre el papel, el registro de pacientes, destinado a gestionar y a aprovechar los datos que tiene todo el sistema sanitario público, me parece muy razonable para utilizar estos datos en investigación y para tener más conocimientos sobre la salud; pero también nos parece una cuestión demasiado seria para debatirla en una sola moción y de una forma muy poco concreta. ¿Por qué lo digo? A raíz de una decisión política de hace unos meses, en Cataluña hubo una gran discusión sobre los big data, sobre el registro de pacientes a gran escala; a raíz de esta propuesta del consejero Boi Ruiz de crear un programa que se llama VISC, en el cual estén todos los datos de registro de pacientes, se decidió hacer un documento sobre bioética y los datos de salud. Es un documento que les recomiendo y que se llama «Documento sobre bioética, explotación y comercialización de los datos de los usuarios en la sanidad pública», elaborado por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y dirigido por María Casado y otros colaboradores. En este documento se extraen una serie de recomendaciones que tienen mucho que ver con nuestra sociedad y nuestros datos. Y una de las recomendaciones es que en estos momentos en nuestra sociedad es necesario crear la cultura para que la ciudadanía sea consciente de la privacidad de sus datos. Porque todos sabemos que cuanta más información tiene de nosotros alguien, más poder sobre nuestras conductas tiene y también sobre nosotros, para lo bueno y para lo malo, pero es verdad que falta esta conciencia colectiva de la importancia de nuestros datos y del uso que se tiene que hacer de ellos. También recomendaba el documento informar y formar a la ciudadanía sobre el hecho real de lo que significa anonimizar los datos; es decir, que nadie sepa que yo soy esta persona que tiene el VIH o que tiene un cáncer o que tiene una serie de enfermedades, y ser consciente de que a veces anonimizar no significa ir para atrás, para que después no podamos desanonimizar. También es importante alertar de las necesidades de redefinir los datos personales.

A lo mejor valdría la pena volver a legislar sobre qué son datos personales, importantes también, y hay que empoderar al ciudadano para que sepa cuáles son las ventajas, riesgos y beneficios a la hora de ceder sus datos, por mucho que le digan que van a ser anónimos. Estas son algunas de las recomendaciones. Hay más, pero he escogido las que me parecen más importantes. ¿Por qué decimos eso? Porque, aunque nos parece que un registro de pacientes va por el camino adecuado, la gente tiene que ser muy consciente de lo que se va a hacer con sus datos sobre salud, que son los más sensibles que tenemos porque dan mucha información sobre nosotros. Y son datos que dan mucho poder a la persona que los percibe. Si usted escribe en Google «registro de pacientes», lo primero que aparecerá es una gran cantidad de páginas de la industria farmacéutica que hablan de enfermedades concretas y productos concretos. Y no hay nada malo en eso, pero la industria farmacéutica, entre otras, tiene mucho interés en tener muchos datos, así que es muy importante que esos registros o big datas estén anonimizadas. Y, de alguna forma, big data es igual a big business. ¿Por qué?



Porque cuantos más datos se puedan cruzar más posibilidades se tendrán de hacer un buen negocio. Eso ya sucedió en materia de salud en Inglaterra con la privatización de NHS, cuando, en un proceso de anonimización de datos, estos se cruzaron con aquellos que tenían los seguros privados, provocando que aumentase la cuota del seguro privado de algunas personas porque se dieron a conocer enfermedades que no eran públicas hasta ese momento. Por tanto, hay que estar alerta respecto de cómo va a ser este registro, quién lo va a anonimizar y quién lo va a gestionar, porque en estos momentos no existe una figura especialista en gestionar este registro de pacientes.

No solo estamos hablando de salud, sino también de los datos con los que tenemos que trabajar; hay que saber qué datos son personales y cuáles no, cuáles debemos anonimizar y quién los va a gestionar. Y me parece que todo eso no se puede recoger en una moción. Es un tema demasiado complicado, y que todavía está en sus inicios, como para traerlo y proponerlo en la Cámara.

Con todas estas dudas sobre la mesa, nuestra posición va a ser la de abstención. Y le diré por qué. No es solo una cuestión política —aunque también, por supuesto; ya sabe que defiendo que lo que más hacemos es política—, sino básicamente de prudencia y racionalidad.

Estoy convencida de que todos nosotros nos sentiríamos orgullosos de que, gracias al gran análisis de todos los datos sobre salud, pudiéramos mejorar la sanidad. Y ese va a ser el camino, pero en estos momentos tenemos todavía demasiadas cosas pendientes. Tenemos que hacer a, b y c hasta llegar a los big data que usted nos propone; y todavía estamos muy lejos de que eso sea posible. Independientemente de que los datos pertenezcan a las comunidades autónomas o al Estado —ahora no voy a entrar en esa discusión—, tengo claro que nos pertenecen a cada uno de nosotros. Cuando estamos enfermos vamos al médico, le explicamos lo que nos ocurre, por qué nos pasa, y ese profesional introduce esos datos en el ordenador, y a partir de ese momento empezamos a ser un poco más débiles. Es muy importante, pues, tener la garantía de que nuestra salud nunca se va a utilizar para nada que no se refiera realmente al ámbito sanitario de investigación, es decir, que esos datos estén blindados. Y creo que en nuestro sistema todavía hay demasiados agujeros como para que exista esa oportunidad. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Com a comentari previ a aquesta moció, voldria assenyalar que nosaltres trobem que aquesta proposta és poc concreta. L’abordatge és tan genèric, que no acaba proposant res clarament. Demana posar en marxa les mesures necessàries per a facilitar i ens preguntem quines són aquestes mesures. Aquí, certament, hem de manifestar que en una primera llegida d’aquesta moció, ens aborden algunes inquietuds perquè, malgrat que persegueix una bona finalitat, no en tinc cap dubte i a més a més, coneixent el talant del senador Alarcó, no en tinc cap dubte, ens planteja d’entrada dubtes respecte a temes de competències, identificació, necessitat, model, costos, entre alguns que, a priori, et vénen al cap. A banda de la centralització d’informació que pot comportar aquesta mesura, perquè estan parlant d’identificació de pacients i de dades clíniques, no únicament de tenir un registre de pacients. L’anàlisi d’aquesta informació ara, en aquest moment, és competència de les comunitats autònomes i no del ministeri. Ens planteja qüestions. Llegint la moció podríem pensar: què ens estan dient? Que les comunitats autònomes envien la informació i es gestionarà per part de no sé qui sabem i després ens retornaran aquestes dades a consulta? O pot ser que no sigui això el que ens plantegen, però en tot cas no queda definit en aquesta proposta.

D’altra banda, no es parla de respectar els models d’identificació actuals de cada comunitat autònoma, ni tan sols de mancomunar els identificadors ja existents. Temes que també s’haurien de posar al damunt de la taula, i amb la introducció de les esmenes del grup de Podemos sí que alguns han quedat més aclarits, identificació d’aquests ciutadans —per què hi ha tendència a utilitzar un únic identificador— confidencialitat, autorització dels ciutadans a gestionar aquesta informació, cost del manteniment d’aquesta tramesa d’informació, no tan sols dins del sistema comunitat autònoma-ministeri, sinó dins dels propis sistemes existents a cada comunitat autònoma caldria conèixer quines són les funcions del ministeri en relació a aquest nou projecte, qui gestionarà, de quina manera.

A banda d’aquesta voluntat de centralitzar les dades —ja li torno a dir. que és competència de les comunitats autònomes— l’anàlisi detallada de pacients i patologies, podem estar d’acord amb què les funcions, o la proposta, pugui anar determinada a gestionar aquestes dades per trobar respostes en algunes patologies, o tenir accés a més informació per a donar resposta a aquestes patologies i, des del punt de vista de la ciutadania, en l’anàlisi de la moció sembla que tot té una tendència a orientar que es milloraran les condicions assistencials i nosaltres creiem que amb aquesta proposta no és així. Ho trobem un brindis al sol perquè, a més a més, ens posa dificultats que es podrien presentar amb aquest registre nacional que vostè diu, a la seva utilització en àmbits de tipus més territorials, més reduïts, amb variables i condicionants que són diferents als estudis que es puguin dur a terme en aquests territoris en qüestió. A més, a nivell territorial, a Catalunya ja hi ha registres en aquest sentit, però sabem que no hi ha el mateix grau de maduresa a totes les comunitats autònomes i hauríem de començar a tenir implantats els sistemes i a mirar què fem de tota aquesta informació, com en fem un bon ús, però, per a nosaltres, no passa per establir un sistema únic que vulgui igualar i uniformitzar tot això, el que passa és per tota la informació que tinguem a cada lloc, que la puguem compartir, estem més per aquí. No sabem el grau de maduresa que hi ha a cada comunitat autònoma, no ho sabem. A Catalunya s’ha treballat molt en aquest sentit, fins i tot ens hem equivocat a l’hora d’implantar alguns sistemes i hem hagut de rectificar, perquè no és una feina fàcil i és una feina molt delicada, perquè hem de partir de la premissa que les dades són del pacient, per tant, és un tema molt sensible quan estem treballant amb aquesta informació.

Per tant, creiem que és preferible que la col.laboració de la informació sigui col.laboració en xarxa, de diferents registres, sobre variables prèviament acordades i en estudis d’àmbit supraterritorial. En aquest sentit, recordar que Espanya ja forma part d’iniciatives europees en aquest sentit. Tenim la European Network of Cancer Registers, també estan en el Registre Europeu de Malalties Rares o Minoritàries, pensem que no és necessària la fórmula d’aquest registre de pacients a nivell nacional, per efectivament trobar la manera, en xarxa, de posar tota la informació a l’abast en aquest nivell que ja s’està duent a Europa. Per tant, compartim que és bo que la informació estigui a l’abast per tal de poder estudiar estadísticament les malalties o poder tenir coneixement de les característiques del malalt, però no veiem que aquesta proposta, que és molt inconcreta, pugui ser efectiva, i menys a aquestes alçades. Però això, i perquè entenem que en un món globalitzat les solucions d’informació no passen per ser úniques o uniformes, pensem que el que cal és que puguin ser compartides, que les informacions puguin ser compartides. Nosaltres, per l’experiència que tenim en digitalització de les dades clíniques, apostem per la potenciació de la interoperabilitat entre els diferents sistemes d’informació.

Si vostès estan parlant d’un registre nacional de pacients únicament, des del punt de vista més tècnic, el ministeri té totes les eines en aquest moment per fer un registre de pacients a través de la història clínica digital. Això ja poden fer-ho. Si volen anar més enllà, nosaltres pensem, en resum, que el més eficient és compartir la informació però no allunyar-la dels registres de gestió dels diferents àmbits de responsabilitat sanitària. Per una senzilla raó, de sentit comú, perquè la proximitat dóna fiabilitat i dóna eficiència al tractament de les dades.

Per això, malgrat que entenem que hi ha bona voluntat, pensem que aquesta moció ens situa en un brindis al sol, pensem que hi ha molta més feina per fer, que sona molt bé parlar d’aquest registre nacional de pacients però, en aquest moment, no tenim la maduresa suficient en el tractament de les dades i menys a nivell de totes les comunitats autònomes, perquè aquesta proposta assoleixi la finalitat que diu perseguir.

Per això, i perquè ja els dic que no estem d’acord amb el fet de donar suport a una proposta que no ens proposa cap sistema —no sabem qui gestionarà aquestes dades, de quina manera— nosaltres no ens sentim còmodes donant suport, ens manifestem a favor de la finalitat que diu perseguir, però no compartim el sistema ni pensem que el registre nacional de pacients sigui la fórmula per aconseguir el que diu aquesta moció.

Per tot això, em sap greu, senyor Alarcó, perquè si hagués de votar d’acord amb el seu tarannà evidentment li votaria fins i tot que sí, perquè és un bon company i una persona absolutament oberta al diàleg i a parlar dels temes, però, pel contingut de la moció, em sap molt greu però votarem que no.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Como comentario previo a esta moción quiero señalar que esta propuesta nos parece poco concreta; su abordaje es tan genérico, que no acaba proponiendo nada claramente. Se pide que se pongan en marcha las medidas necesarias para facilitar…, y nos preguntamos cuáles son esas medidas. Ciertamente, al leer por primera vez esta moción se nos plantearon algunas inquietudes, porque, a pesar de que su buena finalidad está clara —no me cabe la menor duda, sobre todo conociendo el talante del señor Alarcó—, como digo, surgen dudas sobre competencias, identificación, necesidad, modelo, costes o centralización de la información que puede comportar esta medida. Porque se habla de identificación de pacientes y datos clínicos y no solo de un registro de pacientes. Bien, el análisis de esta información en este momento es competencia de las comunidades autónomas, no del ministerio, y nos plantea varias cuestiones. Leyendo la moción podríamos pensar: ¿Qué nos están diciendo: que las comunidades autónomas enviarán la información, esta se va a gestionar por parte de no sé quién, y luego se devolverán los datos para consulta? ¿O no es eso lo que nos plantean? En todo caso, no queda definido en la propuesta.

Por otro lado, no se habla de respetar los modelos de identificación actuales de cada comunidad autónoma o de mancomunar los identificadores ya existentes, temas que también se tendrían que poner sobre la mesa. Con la introducción de la enmienda de Podemos algunos de estos extremos han quedado un poco más aclarados, como la identificación de esos ciudadanos —porque hay tendencia a utilizar un solo identificador—, la confidencialidad, la autorización de los ciudadanos para gestionar esta información, el coste del mantenimiento de esta, no solo en el sistema comunidad autónoma-ministerio, sino también en los sistemas existentes en cada comunidad autónoma, o conocer las funciones del ministerio en relación con este nuevo proyecto y quién lo va a gestionar y de qué forma.

Aparte de la voluntad de centralizar los datos —repito que es competencia de las comunidades autónomas— y del análisis pormenorizado de pacientes y patologías, estamos de acuerdo con que la propuesta persiga encontrar y gestionar esos datos para dar respuesta a esas patologías o tener acceso a más información a tal fin. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, del análisis de la moción se puede decir que las condiciones asistenciales van a mejorar. Pero creemos que no es así, que de alguna forma es un brindis al sol. Además, con ese registro nacional se podrían presentar una serie de dificultades a la hora de utilizar esos datos en un ámbito territorial más reducido, con variables y condicionantes diferentes a los estudios que se puedan realizar en esos territorios en cuestión. Por otra parte, en Cataluña ya existen registros en ese sentido, pero sabemos que no hay el mismo grado de madurez en todas las comunidades autónomas, por lo que deberíamos empezar por tener implantados los sistemas y saber hacer un buen uso de toda esa información. Y en nuestra opinión eso no pasa por un sistema único que iguale y uniformice todo, sino porque podamos compartir toda la información que tengamos en cada una de las comunidades autónomas. Repito que no conocemos el grado de madurez de cada una de las comunidades. En Cataluña se ha trabajado mucho en este sentido, e incluso nos hemos equivocado a la hora de implantar algunos sistemas y hemos tenido que rectificar, porque esta no es una tarea fácil, sino muy delicada. Debemos partir de la premisa de que los datos son del paciente, por lo que trabajar con esa información es un tema muy sensible.

Por tanto, creemos que es preferible que la colaboración sea en red entre distintos registros sobre variables previamente acordadas y en estudios de ámbito supraterritorial. A este respecto quiero recordar que España ya forma parte de iniciativas europeas, como la red europea de enfermedades de cáncer, o un registro europeo de enfermedades minoritarias. En definitiva, pensamos que no es necesaria la fórmula de un registro a nivel nacional para encontrar la manera de que toda la información se ponga en red al nivel que ya existe en Europa. Pensamos que es bueno que la información esté al alcance de todos para poder estudiar estadísticamente las enfermedades o tener conocimiento de las características del enfermo, pero no creemos que esta propuesta, muy inconcreta, pueda ser eficaz y efectiva, y menos en estos momentos, porque creemos que en un mundo globalizado las soluciones para la información no pasan, repito, por ser únicas o uniformes, sino que deben ser compartidas, que las informaciones se pueden compartir. Por nuestra experiencia con la digitalización de los datos clínicos, apostamos por la potenciación de la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información.

Si ustedes están hablando de un registro nacional de pacientes únicamente desde un punto de vista muy técnico, en estos momentos el ministerio ya dispone de todas las herramientas para poder llevarlo a cabo a través de la historia clínica digital. Eso ya se puede hacer. Pero si quieren ir más allá, pensamos que lo más eficaz es, repito, compartir la información, pero no alejarla de los registros de gestión de los distintos ámbitos de responsabilidad sanitaria, por sentido común: porque la proximidad da fiabilidad y eficiencia al tratamiento de los datos.

Por todo ello, a pesar de que reconocemos su buena voluntad, pensamos que esta moción es un brindis al sol. Hay mucho trabajo por hacer. Está muy bien hablar de un registro nacional de pacientes, pero en estos momentos, insisto, no tenemos la madurez suficiente en el tratamiento de los datos —y menos al mismo nivel en todas las comunidades autónomas— para que esta propuesta consiga la finalidad que persigue.

En resumen, como no estamos de acuerdo con apoyar una propuesta que no nos propone ningún sistema —no sabemos quién va a gestionar esos datos y de qué forma—, no nos sentimos cómodos apoyando esta moción. Repito que estamos a favor de la finalidad que persigue, pero no compartimos el sistema ni pensamos que el registro nacional de pacientes sea la fórmula adecuada para conseguir el objetivo de esta moción.

Lo siento, señor Alarcó, si fuera por su talante votaría a favor, porque es usted un buen compañero y una persona absolutamente abierta al diálogo y dispuesta a hablar de todos estos temas, pero, aunque me sabe muy mal, por el contenido de la moción vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Qué duda cabe que estamos ante una moción de enorme trascendencia, no solo para los enfermos, sino para todos los profesionales que se dedican a la investigación. Evidentemente, los que hemos hecho investigación en hospitales y en la universidad a la hora de comenzar a trabajar siempre hemos echado en falta no disponer de una buena base de datos. Por tanto, el Partido Socialista valora y apoya la enorme trascendencia que supone disponer de datos de los pacientes para poder investigar, para avanzar en el tratamiento de pacientes con cáncer, para avanzar en el costo de los medicamentos, para avanzar en la evolución de los pacientes, en su seguimiento, supervivencia, etcétera. Es decir, entendemos que la disponibilidad de los datos de pacientes a nivel central es una base importante. Y también entendemos que eso no es fácil. En cualquier caso, se trata de seguir una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere, efectivamente, que todos los países dispongan al más alto nivel de una base de datos para la investigación, una investigación que no solamente puede ser clínica, sino también epidemiológica, universitaria u hospitalaria, y que todos los que hemos trabajado en este mundo sabemos lo importante que es. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en España ya se ha producido un avance importante en este sentido; de hecho, ya hay siete registros que están funcionando muy bien. Aparte del registro oncológico, tenemos los de distrofia muscular, de enfermedades raras —fue tratado en este Pleno, y lo apoyamos—, de espina bífida, de lupus eritematoso, de errores congénitos del metabolismo y también el de instrucciones previas sobre cuidados y tratamientos de la salud o con motivo de fallecimiento.

Es decir, no partimos de cero, sino de un avance importante en todos estos aspectos. Pero, efectivamente, para poder seguir avanzando tenemos que disponer de esos datos, y hay que contar con las comunidades autónomas y con los profesionales de la salud, que son los que inician el proceso. Por tanto, es necesario que haya una planificación informática. Es necesario que el Consejo Interterritorial de Salud planifique la manera de recoger los datos; que estos estén informatizados perfectamente; que se puedan estudiar y valorar de acuerdo con criterios de control; y también que haya una seguridad para los pacientes. Por cierto, esa seguridad ya está resuelta, puesto que en la historia clínica y en los datos que se aportan nunca figura el nombre del paciente —está en el anonimato—, aunque de alguna forma se define el proceso del enfermo. Por consiguiente, entendemos, repito, que esta moción supone un avance pero no resuelve las necesidades actuales de la investigación.

En cuanto a lo que ha dicho el señor Alarcó sobre la aceptación de los tres puntos de la enmienda de Podemos, tengo que recordarle, senador Espinar, que no es correcto que el Grupo Popular haya aceptado los tres. Por ejemplo, ha obviado —no sé si lo ha leído— la expresión: «…sin que pueda cederse a empresas privadas ni pueda externalizarse su procesamiento.» Como digo, de los tres puntos que usted ha presentado, esta parte, que es muy importante, no ha sido incorporada al texto, luego repito que no es verdad que el Grupo Popular haya aceptado la enmienda en su totalidad.

En cualquier caso, valoramos y apoyamos esta iniciativa, pero tenemos que ver los inconvenientes de la moción. Por un lado, señor Alarcó, el PP no garantiza que no pueda cederse a empresas privadas la información obtenida por los servicios sanitarios, los médicos, los investigadores, los centros de salud, las empresas, etcétera, o que su procesamiento no pueda externalizarse. Este es un problema importante, y el texto de la moción no resuelve este punto. Por otro lado, la moción del Grupo Popular reconoce —léanlo al final— que la recogida de datos es muy tediosa y que va a suponer un esfuerzo al que deben dedicarse recursos. Y eso supone una importante inversión; y es verdad, porque pensar que en el Ministerio de Sanidad puedan figurar los datos de todos los pacientes es una utopía, es imposible. Hay que centrarse, pues, en los registros que ya tenemos e ir avanzando en otros nuevos.

Vemos que la moción presenta dos déficit importantes, que hacen que revisemos nuestra decisión al respecto, que no nos gustan en absoluto. Y también existe una contradicción: por un lado, en la moción del Grupo Popular se dice que esta iniciativa exige una gran inversión y que la recogida de datos es tediosa. Bien, se supone que hay que emplear a profesionales de la informática, que hay que poner de acuerdo a médicos e investigadores y canalizar los datos desde los servicios regionales de salud al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la moción también dice que no supone coste económico alguno. Como digo, es una contradicción absoluta: si dicen que la recogida de datos es importante, que además es tediosa, y que requiere una gran inversión, no se puede luego adjuntar un documento en el que se diga que no supone coste económico alguno.

Señor Alarcó, señores del Partido Popular, ¿en qué quedamos? Apoyamos la investigación, apoyamos a los profesionales de los hospitales, de atención primaria, de la universidad, apoyamos cualquier iniciativa de investigación en favor de los enfermos, apoyamos que se conozca el seguimiento de los tratamientos, la evolución y la supervivencia en la cirugía, en los tratamientos de oncología y en todas las enfermedades que hemos señalado antes. Pero vemos que esta moción del Grupo Popular se presenta, curiosamente, al final de la legislatura. Es muy llamativo que la presenten ahora, al final de la legislatura, cuando ya no hay tiempo de poner de acuerdo a las comunidades autónomas y ni siquiera habrá tiempo de convocar al Consejo Interterritorial de Salud.

Por tanto, el Grupo Socialista, dejando claro que apoya la iniciativa y también el registro de pacientes, se va abstener.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Bethencourt.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, señorías, para desmarcarme de cualquier crítica posterior, quiero agradecer sinceramente a los portavoces de todos los grupos el tono de su intervención. Creo que es un requisito que tenemos que fomentar cada vez más.

En segundo lugar, ¡qué papelón, querido José Vicente González Bethencourt, senador y médico! ¡Qué papelón! ¡Qué pena!

Si hay un idioma internacional, ese es el de la medicina. Es el esperanto de la humanidad, con el que todos nos entendemos y en el que la ideología no tiene peso. Y creo en las ideologías, lo hago con pasión, pero este no es un tema ideológico. Para que el niño o la niña que nazcan hoy —nacerán menos de los necesarios, pero nacerán—, tenga una morbimortalidad perinatal de casi cero… (Una mujer que ocupa la tribuna de público se desnuda el torso mostrando el lema «yo decido», mientras grita «libertad para abortar; mi cuerpo, mis normas»).

El señor PRESIDENTE: Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen la tribuna del público. (Los servicios de la Cámara proceden al desalojo de la tribuna de público).

Continúe, senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Como iba diciendo, el niño o la niña que nazca hoy en España tiene al nacer una morbimortalidad de 0,01 %. Cuando la madre vaya a dar a luz, tendrá la morbimortalidad y la atención de los mejores profesionales del mundo. Cuando necesite una intervención quirúrgica entrará en quirófanos con profesionales que le darán una garantía casi absoluta. Y eso, señores, es así gracias a que en España tenemos una sanidad pública que es la suma de la sanidad de las comunidades autónomas, que no tiene ningún déficit distinto a la sanidad española. No hay que tener ningún miedo.

Señor Cazalis, como siempre, nos entendemos muy bien. Le comprendo muy bien. Esta es una necesidad bibliográfica, técnica, que piden, incluido el País Vasco, mis compañeros y los suyos. Por cierto, la unidad de medida, el tiempo de duración de una legislatura es de cuatro años, no uno. El cuarto año es igual de importante que el primero, querido compañero. ¿Es que en el cuarto año, como es el último y hay elecciones, no se puede hacer nada? ¿De qué estamos hablando? ¿No será esa una excusa? Es importantísimo que no haya ninguna duda. La protección de datos está en una ley orgánica, aprobada, por cierto, casi por mayoría absoluta. Y los que la pusieron en duda también votaron a favor.

Y, por supuesto, no se trata de un gasto. Dice usted, señor González Bethencourt, que hay una contradicción. Si usted dijera a sus compañeros del hospital donde trabajaba lo que ha dicho aquí, tendría un porvenir muy dificultoso. Le voy a dar un dato. Llevo treinta y nueve años dando clase, y en mi cátedra preparamos a los MIR, a residentes de todo el país. Y les hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué hay que hacer para mejorar los datos de un país, incluida la estadística europea —porque va a haber un registro europeo sanitario—? La respuesta es: un registro nacional de pacientes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Y si en la respuesta no figura «registro nacional de pacientes», la pregunta se ha suspendido y no se aprueba el MIR. ¿Por qué molesta que la palabra «nación» sea inquisidora para el control de unos datos, cuando eso está garantizado? Señores, ¡por favor!

Les voy a dar otro dato que creo que es definitivo. Somos —y debemos decirlo con pasión y con orgullo todos y de todos los partidos— el primer país del mundo, y lo llevamos siendo veinticuatro años seguidos, incluido este —la estadística se publicó hace dos días—, en donaciones de órganos y en trasplantes por cada 1000 habitantes. Y eso lo organiza la Organización Nacional de Trasplantes. Es imprescindible un registro de trasplantes nacional para que, por ejemplo, los riñones que uno tiene la suerte de poder donar a esa gran comunidad —donde yo aprendí a hacer trasplantes de páncreas— que se llama Cataluña vayan a otro cuerpo maravillosamente bien y den vida. ¿Por qué no ponemos las cosas en su sitio? La Organización Nacional de Trasplantes es el registro nacional más solidario, sin fronteras, más auténtico, más marca Europa y más marca de este país que existe en nuestra historia. ¿Por qué? Porque es solidario, porque es técnicamente perfecto, y lo ha sido, repito, veinticuatro años seguidos. Porque cuando uno hace un trasplante no pregunta de dónde vienen los órganos; cuando uno opera, opera bien, con un resultado determinado, pero no tiene ninguna ideología. Insisto: pongamos las cosas en su sitio. Esto es importantísimo.

En los minutos que me quedan, les pido modestamente, encarecidamente, que todos podamos salir… (Rumores) —se oye demasiado a la gente, y eso que yo también hablo cuando estoy ahí, con lo cual, mea culpa— … de esta Cámara Alta, no Baja, que tiene una misión fundamental en relación con la ciencia, que tiene la misión de solucionar todos los problemas que se puedan a la ciudadanía, porque cuando esta enferma no tiene ideología —ni la terapéutica—, que podamos salir, digo, diciendo que hacer un registro nacional de pacientes, que pronto será un registro europeo de pacientes —y ya tenemos un registro nacional de trasplantes—, es importantísimo para que mejore la calidad de lo que estamos dando. Repito que es importante.

Para terminar, quiero decir al doctor Cazalis que el 80 % del gasto sanitario lo engendramos los profesionales, como tiene que ser. No solamente tenemos que saber odontología, hematología o cirugía, sino que debemos ser racionales en su correcta utilización, con las herramientas correctas, para poder hacer una medicina más eficaz. Y eso se llama registro nacional de pacientes, que no es ni público ni privado, sino que está protegido en un país democrático por la Ley Orgánica de protección de datos. No tengan ninguna duda.

Voy terminando.

Llevo ocho años en esta Cámara y nunca había oído en esta tribuna —y mire que he oído cosas, todos las hemos oído— que un senador le diga a otro de otro partido: te has confundido diciendo que sí al PP. Eso ha hecho José Vicente González Bethencourt, senador canario del Partido Socialista, que le ha dicho a Podemos que se ha confundido al aceptar lo que ha aceptado. Yo no lo he vivido nunca, aunque es verdad que ocho años en el Senado no es mucho en comparación con la experiencia que tienen otros senadores que llevan mucho más tiempo. Esto es algo increíble, menudo papelón (Rumores). Ayer dialogué con el senador Espinar y me propuso una serie de cosas que eran absolutamente razonables; y, como son razonables, las proponga quien las proponga, el Partido Popular no tiene ningún anticuerpo —ya que hablamos de sanidad— que le impida aceptarlas con nobleza y decirlo en público y aquí.



Espero que eso nunca nos limite a la hora de mejorar el tratamiento de los ciudadanos, que somos todos los pacientes. Y lo que añadió fue muy sencillo. ¿Cómo que usted quitó, si es una modificación, señor González Bethencourt? Es una modificación y, como lo es, se corrige, se constata con su grupo, se aprueba y se firma; y, una vez firmado, se toma la resolución.

En definitiva, y quiero decirlo en público…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Ya termino. Pero se me ha interrumpido, señor presidente. Le pido un minuto nada más.

El señor PRESIDENTE: Ya lo he tenido en cuenta, senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Acabo ya. El señor Espinar añade tres puntos que son absolutamente lógicos y que se han incorporado.

Para terminar, quiero agradecerles a todos el tono utilizado en esta moción. Les pido y sugiero que recapaciten, porque es muy importante que en esta Cámara se apruebe por unanimidad, o por lo menos con una mayoría franca, esta moción que mejora el tratamiento de nuestros ciudadanos y pacientes.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 149; en contra, 17; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SECTOR PESQUERO. 662/000209 GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas. Una, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora Julios y de la senadora Armas, y otra, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Larriba. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora LARRIBA LEIRA: Buenos días, señor presidente. (Rumores).

Señorías, traemos a este Pleno...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Larriba. (Continúan los rumores).

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Cuando quiera, senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.

Traemos a este Pleno una iniciativa que tiene por objeto llamar la atención del Gobierno sobre algunos aspectos que preocupan al sector pesquero español.

Por lo que respecta a la gestión del caladero nacional, el Gobierno ha cumplido el compromiso de revisar los repartos de cuotas realizados en la anterior legislatura. Sin embargo, como todos ustedes saben, todavía se hace necesario adecuar los niveles de flota a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, no solo desde el punto de vista medioambientalista, sino también socioeconómico. Estos objetivos han de especificarse por medio de planes de ordenación de las distintas flotas, en conjunción con las comunidades autónomas, en lo referente a la pesca en aguas interiores que son de su plena competencia, de tal manera que alcanzando límites biológicos seguros se permita el mantenimiento de la actividad a largo plazo, especialmente en las zonas altamente dependientes de la pesca. Para ello, se debe analizar pormenorizadamente cada segmento de flota atendiendo al caladero en el que desarrolla su actividad y a las especies a las que dirige su labor.

El ministerio ha avanzado sustancialmente en esta dirección a lo largo de la legislatura poniendo el acento en las personas que viven del mar, defendiendo especialmente la actividad pesquera de los segmentos de flota más vulnerables, como lo ha hecho con las embarcaciones del xeito y del racú, ante la prohibición de pescar con redes de deriva.

Pero hay que seguir haciendo frente a los intentos descabellados de ciertas organizaciones ecologistas, algunas de ellas, por cierto, ligadas a intereses de empresas petrolíferas, para que se prohíba el arrastre de fondo a partir de los 600 metros sobre la base de estudios científicamente poco rigurosos que menosprecian el daño enorme que se puede hacer a las economías costeras con las medidas que proponen. Por eso, es necesario, especialmente en los fondos donde se permiten las artes de pesca de arrastre, impulsar el mapeado de zonas sensibles de pesca; estudios, por cierto, en los que España ha sido pionera, de modo que las medidas que se adopten no estén basadas en estudios cargados de demagogia, sino que resulten del respeto a los trabajadores y a la buena planificación de la actividad pesquera.

Desde esta tribuna hemos instado al Gobierno a desarrollar un sistema que posibilite la transferencia de cuotas individuales, las ITQ, por especie entre las empresas. Esto sigue siendo necesario por varios motivos. En primer lugar, porque a medio plazo este sistema no parece el más apropiado para ciertas actividades de pesca de bajura, que requieren, de momento, un sistema propio basado en la corresponsabilidad individual y colectiva, expresada esta, quizá, a través de las cofradías de pescadores. Sin embargo, tenemos que convencer a nuestros socios europeos de que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para atender debidamente el requerimiento de explotar las pesquerías al nivel de rendimiento máximo sostenible.

En nuestra opinión, el sistema de cuotas transferibles es el más eficaz para la autorregulación de las pesquerías industriales y de altura e, incluso, el de algunas unidades de pesca de cerco. La experiencia española así lo avala y ello ha permitido adaptar el tamaño de nuestra flota a las posibilidades de pesca a medio y largo plazo. El ideal sería un sistema global para Europa en el que estas cuotas individuales fueran plenamente transferibles en todo el mercado común. Pero esto, hoy en día, y con la jurisprudencia que defiende que las cuotas pertenecen a los Estados miembros, no es posible. No obstante, creemos que la asignación de estos derechos a las empresas mediante un sistema análogo a los regímenes de concesión administrativa, donde estos derechos pudieran ser pignorables sin que el Estado perdiera su titularidad, no solo es posible sino deseable, porque permite una concentración de los derechos de manera racional y con cargo a la iniciativa privada sin el concurso de recursos públicos estableciendo, eso sí, los oportunos límites para evitar situaciones de monopolio u oligopolio. Señorías, creemos que esta cuestión debería estar incluida en los planes de ordenación pesquera aunque solo sea para indicar la dirección en la que se enmarca la acción del Estado.

No quiero dejar de señalar la necesidad de incentivar una dimensión de la flota en equilibrio con los recursos disponibles y que cumpla, además, con unos niveles óptimos de empleo, evitando la sobrecarga de las unidades y con ello la fatiga del trabajo, mejorando la calidad de la dura actividad que realizan los trabajadores del mar.

En cuanto a los planes de descarte y posibilidades de pesca para el próximo año, todos ustedes saben que, tras la reforma de la política pesquera comunitaria, la nueva regulación obliga a desembarcar todas capturas que realice un buque pesquero en el desarrollo de su actividad, prohibiendo expresamente los descartes, es decir, prohibiendo que se devuelvan al mar, vivas o no, las capturas no deseadas, bien porque no alcanzan la talla mínima o porque el pescador no dispone de cuotas para esa especie que descarta. Esto plantea graves problemas en las pesquerías mixtas o multiespecie porque, aunque se ha avanzado mucho en estas artes selectivas, no hay manera de evitar las capturas incidentales de especies no deseadas, lo que impide a estas pesquerías alcanzar sus niveles de rendimiento máximo sostenible.

El caso de España es especial. En las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, a diferencia del resto de los Estados miembros, a España solo se le asignaron cuotas sobre las pesquerías principales y no sobre las accidentales, que están inevitablemente presentes en estas y que, según el reglamento antiguo, debían devolverse al mar. Ahora ya no es posible y habrá que paralizar la pesquería principal en cuanto se alcancen ciertos niveles de captura de especies accidentales que, ahora sí, cuentan sobre la cuota. Esta situación no deja de suponer cierta alteración en las condiciones del tratado de adhesión, que es preciso cuantificar y describir, así como proponer las soluciones adecuadas a corto, medio y largo plazo. Desde luego, es el momento de apoyar la reconversión de los buques hacia la utilización de artes de pesca más selectivas y, quizá, el de proponer una revisión de las cuotas a las que España tiene derecho.

A pesar de los aumentos de cuota obtenidos por el Gobierno actual para la flota española y de las medidas de gestión adicionales para compensar los desequilibrios existentes entre la capacidad y esfuerzo de nuestra flota pesquera y las posibilidades de pesca, todavía se hace necesario la utilización de paradas temporales planificadas con ayudas públicas para minimizar, temporal o puntualmente, la existencia de segmentos de flota y modalidades por caladeros en los que persiste sobrecapacidad. Así lo contempla la nueva política pesquera comunitaria al integrar la paralización temporal como una medida biológica de equilibrio en las pesquerías, y se pone a disposición de los Estados miembros a través de las ayudas del Programa horizonte 2020.

Señorías, debo destacar a este respecto que el considerable incremento de las posibilidades de pesca para la flota española que se ha producido a lo largo de esta legislatura se ha debido, en gran medida, a la política de control e inspección de la actividad que ha mantenido el Ministerio de Agricultura. Sin un equilibrio entre el esfuerzo pesquero y los recursos disponibles, no es posible garantizar al sector la actividad en el futuro y el abastecimiento del mercado comunitario. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario pide al Gobierno que asegure un acceso suficiente a las cuotas en pesquerías pelágicas del litoral como la caballa, el jurel, la anchoa o la sardina, intentando reducir las sanciones ocasionadas por la negligencia del Gobierno anterior. Le pedimos también que distinga claramente los stocks de bacaladilla del norte y sur como independientes, así como que intensifique los estudios para dilucidar si otros stocks están delimitados adecuadamente.

En relación con los acuerdos pesqueros a los que se refiere el punto tres de nuestra moción, quisiera decirles que en materia de pesca es esencial la participación activa e influyente en el proceso de toma de decisiones político y legislativo de la Unión Europea. El sector pesquero español es fundamental en la economía de Europa por su importancia estratégica, desde el punto de vista del abastecimiento alimentario, máxime ante una creciente demanda de alimentos. Se debe, por tanto, mantener con firmeza una posición en las negociaciones internacionales y no nos cabe duda de que así lo ha hecho este Gobierno. Desde febrero de 2012 se han rubricado dieciséis acuerdos de pesca con terceros países, algunos de los cuales estaban bloqueados al inicio de la legislatura, como los de Marruecos, Gabón, Senegal o Guinea Bissau.

Señorías, la Unión Europea es el mayor mercado de productos de la pesca del mundo e importa el 60 % del pescado que consume. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada tiene un grave impacto sobre los entornos marinos y supone una competencia desleal con el sector pesquero español. Por ello, desde esta tribuna pedimos al Gobierno que inste a la Comisión Europea a que las medidas de inspección y control aplicadas con tanto éxito por España se extiendan al resto de los Estados miembros, evitando así que los productos importados busquen vías de entrada más laxas en el mercado comunitario, compitiendo de manera desleal con nuestros productos y poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria.

Pero todo esto, señorías, no es suficiente. Debemos reconocer el importantísimo papel que juegan nuestras empresas de capital mixto ubicadas en terceros países. Se necesita un marco comercial adecuado que liberalice las importaciones de ciertos productos básicos, algo que precisa nuestra muy desarrollada industria de transformación. No tiene lógica, por ejemplo, que el abadejo de Alaska entre en la Comunidad Europea en mejores condiciones arancelarias que la merluza argentina o namibia, y lo mismo es válido para el gambón argentino. Señorías, es ineludible la revisión al alza de los contingentes libres de arancel, así como la eliminación de trabas que entorpecen y alargan los trámites administrativos para permitir la entrada en territorio español y comunitario de productos que en la mayoría de los casos son capturados por nuestra flota de empresas mixtas o que resultan indispensables para la buena marcha de nuestra industria transformadora de productos de la pesca.

En cuanto al Plan estratégico de la acuicultura española al que nos referimos en el último punto de nuestra moción, quiero decirles que, efectivamente, la Secretaría General de Pesca ha finalizado el Plan estratégico plurianual de la acuicultura española 2014-2020, y que para su correcta planificación espacial se ha estado trabajando en el rediseño del sistema de información geográfica, tarea que se verá reforzada en los Presupuestos Generales del Estado 2016 con el aumento de la dotación que ha presentado el Gobierno para respaldar los trabajos llevados a cabo por Foessa, a través de un convenio con la Fundación Biodiversidad. El objetivo, a nuestro juicio, es fijar con claridad cuáles son las áreas susceptibles de instalación de este tipo de industrias para, una vez definidas dichas áreas, procurar que la tramitación administrativa, desde la aprobación de la inversión hasta el comienzo de las obras, no supere los seis meses.

Señorías, sin ecología no hay economía. La vinculación empresarial con la biodiversidad es evidente y su realidad se ve afectada si la perdemos. De ahí que instemos al Gobierno a dar continuidad a los trabajos llevados a cabo por Foessa y a desarrollar el plan estratégico de la acuicultura española, en colaboración con las comunidades autónomas, para que esta actividad pueda desplegar todo su potencial y lograr el objetivo, para el horizonte temporal 2030, de que la acuicultura española lidere en términos productivos y económicos esta actividad en el ámbito europeo, reforzando su papel dinamizador en las zonas rurales y litorales, creando empleo y garantizando a los consumidores productos de calidad y procesos sostenibles.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.

La nostra és una esmena, com la immensa majoria d’esmenes que hem portat en la història parlamentària de l’Estat, que intenta moltes coses. Intenta, en primer lloc, millorar el text. Intenta que sigui una moció de consens, i sobretot intenta ajudar el sector i també respectar les competències. És curiós que encara haguem de parlar de respecte competencial, però es lo que hay, que diuen en castellà.

Per tant, hem fet una esmena el redactat de la qual no desvirtua en absolut el redactat del grup proposant, el Partit Popular. El primer punt es manté. Al segon hi afegim —i ho diré en castellà perquè ho entenguin bé—: «Para ello se tendrán en cuenta las singularidades de la flota mediterránea en la elaboración de los citados planes». Si mirem el mapa de l’Estat, veurem que la pesca espanyola pesca a molts llocs, i és molt diversa i és molt plural. Es pesca al Mediterrani, es pesca al Cantàbric, es pesca a diferents oceans... Per tant, el que demanem és que aquesta moció, que té bona voluntat, que està ben dirigida, que té bones intencions, però —sempre hi ha un però— que no respecta les competències autonòmiques, tingui en compte aquestes singularitats de la pesca del Mediterrani, una pesca de costa, que és la que afecta a Catalunya i a totes les autonomies que toquen el Mediterrani. El punt 3 el mantenim. Al punt 4 hi afegim «Donar suport financer a les comunitats autònomes, amb l’objectiu de desenvolupar aquest pla estratègic d’aqüicultura», perquè aquesta activitat es pugui desenvolupar en tot el seu potencial. És una altra aportació per respectar les competències autonòmiques. I el cinquè és un redactat que diu «Establir una definició específica i diferenciada per a la flota d’arrossegament, costera o de litoral, acompanyada d’un pla de suport a les mesures per a les activitats pesqueres artesanals i de proximitat». Per tant, és una altra aportació a la diversitat de la pesca.

No sé quina serà la voluntat del Partit Popular; no ho sé. Si se’ns acceptés l’esmena, votaríem encantats. Ens afegiríem a aquesta voluntat de consens. Si no s’accepta l’esmena ens abstindrem. No hi votarem en contra perquè hi veiem una voluntat —com ha dit la portaveu del Partit Popular que ha presentat la moció— d’ajudar el sector, de respectar, d’aportar... Per tant, no la veiem una moció negativa. Però sí que hi ha una greu malaltia, hi ha un tumor que cal extirpar, i nosaltres aportem aquesta esmena per la manca de respecte institucional des del punt de vista de les competències autonòmiques. Si la nostra no ha de ser una esmena acceptada, ens abstindrem. Demanarem que el Partit Popular faci un últim esforç, perquè amb totes les esmenes que s’aporten ‒no només la de Convergència‒ aquesta moció podria ser molt millorada, una moció que quedaria molt reforçada. I seria una moció de consens, i aquesta és la nostra voluntat.

Res més i moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Nuestra enmienda, como la inmensa mayoría de las que hemos presentado en la historia parlamentaria del Estado, intenta muchas cosas: mejorar el texto, que sea una moción de consenso y, sobre todo, ayudar al sector y respetar las competencias. Es curioso que aún tengamos que hablar del respeto competencial, pero es lo que hay, como dicen en castellano.

Planteamos una enmienda cuyo redactado no desvirtúa en absoluto el del grupo proponente, el Grupo Popular. El primer punto se mantiene. En el segundo, añadimos —y lo diré en castellano para que se entienda bien—: Para ello, se tendrán en cuenta las singularidades de la flota mediterránea en la elaboración de los citados planes. Si miramos el mapa del Estado vemos que la pesca española se realiza en muchos sitios, es muy diversa y plural; se pesca en el Mediterráneo, en el Cantábrico y en distintos océanos. Por tanto, lo que pedimos es que esta moción, que tiene buena voluntad, está bien dirigida, tiene buenas intenciones pero —siempre hay un pero— no respeta las competencias autonómicas, tenga en cuenta las singularidades de la pesca del Mediterráneo, la pesca de costa, que es la que afecta a Cataluña y a todas las autonomías lindantes con el Mediterráneo. Mantenemos el punto tres. Y en el punto cuatro añadimos: Apoyar financieramente a las comunidades autónomas con el objetivo de desarrollar el Plan estratégico de acuicultura, para que esta actividad se pueda desarrollar en todo el ámbito competencial. Sin duda, esta aportación va dirigida a respetar las competencias autonómicas. El redactado del quinto punto señala: Establecer una definición específica y diferenciada para la flota de arrastre costera o de litoral, acompañada de un plan de medidas de apoyo a las actividades pesqueras artesanales y de proximidad. Esta es, por lo tanto, otra aportación a la diversidad de la pesca.

No sé cuál será la voluntad del Grupo Popular, no lo sé. Si aceptan la enmienda votaremos encantados a favor, añadiéndonos a esa voluntad de consenso, pero, si no la aceptan, nos abstendremos. No votaremos en contra porque vemos buena voluntad, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular que ha presentado la moción; como digo, vemos voluntad de ayudar al sector, de respetar y de aportar, así que no vemos que sea una moción negativa. Pero aportamos esta enmienda porque consideramos que sí hay que extirpar un tumor, y es la falta de respeto institucional desde el punto de vista de las competencias autonómicas. Por lo tanto, si nuestra enmienda no es aceptada, nos abstendremos. No obstante, queremos pedir al Grupo Popular que haga un último esfuerzo porque creemos que con todas las enmiendas que se aportan, no solo la de Convergència, esta moción quedaría muy reforzada y se lograría el consenso, y esa es nuestra voluntad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Paso a defender las enmiendas presentadas a esta moción por Coalición Canaria, también con el espíritu de poder conseguir, entre todos, un acuerdo que cuente con la unanimidad de esta Cámara. Nosotros entendemos que las enmiendas que hemos presentado no desvirtúan la redacción, sino que pretenden incorporar algunas de las especificidades y características del sector pesquero en Canarias.

En Canarias estamos haciendo un esfuerzo por recuperar el sector primario y, dentro de este, especialmente el de la pesca. Es un elemento fundamental, dentro de la apuesta decidida que estamos haciendo en Canarias para diversificar la economía en nuestro archipiélago, para el desarrollo de las islas, para la creación de empleo y también para el autoabastecimiento alimentario de nuestra comunidad.

Por ello, planteamos las siguientes enmiendas. En relación con el punto 1, proponemos incorporar la necesidad de que se tengan en cuenta las alegaciones que en su momento presentó la Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en la materia. Estas alegaciones ya han sido consensuadas con todo el sector pesquero de las islas, la ministra las conoce y se ha comprometido a estudiarlas. Nos parece importante que se incorpore este añadido en la moción porque el actual redactado del borrador de la orden que va a regular el arte y las modalidades de pesca marítima, que establece el plan de gestión para los buques censados en el caladero canario, ha suscitado una fuerte contestación por parte de los pescadores canarios; por todos, pero sobre todo por los de las islas de Gran Canaria y de Lanzarote en lo que se refiere al número de autorizaciones de nasas y a su tamaño. El sector no entiende que se justifique un recorte tan drástico como el que se plantea en este borrador de la orden sin los pertinentes estudios que lo avalen, ya que esa disminución que se plantea pone en riesgo la pesca en algunas islas —las dos que he comentado— debido a que bastantes unidades de estas islas se dedican en exclusiva a este arte de pesca.

El número de nasas autorizadas no puede ser el mismo para todas las islas, ya que la superficie de la plataforma insular varía en su dimensión de unas islas a otras, lo mismo que el porcentaje de aguas exteriores, cuya regulación es competencia del Estado. Las aguas interiores, señorías, se fijan uniendo los vértices de las diferentes islas y en algunos casos, como los citados de Gran Canaria y Lanzarote, son prácticamente nulas por las características geográficas de esas islas, de su entorno. En el caso de Gran Canaria, existe mucha superficie de agua exterior y mucha plataforma, de ahí que los pescadores de esta isla aspiren a poder recuperar las setenta y cinco nasas que había con anterioridad.

La segunda enmienda plantea, en relación con el punto 2, que, a la hora de trabajar y definir las cuotas y las posibilidades de la flota pesquera, se atienda al artículo 17 del Reglamento europeo, que específicamente dice que en el establecimiento de las cuotas se deben favorecer las pescas tradicionales respetuosas con el medioambiente y que favorecen el ahorro energético y generan economía local, como es el caso, precisamente, del tipo de pesca que realiza la flota pesquera canaria. Esto no se ha aplicado así —y pongo el ejemplo más reciente— en el reparto de la cuota del atún rojo, según el cual Canarias, de las 3000 toneladas, solo tiene asignadas 100. Para que tengan una idea práctica de la repercusión que supone esta medida, les diré que un solo cerquero gallego tiene la misma cuota asignada que toda la flota canaria, y en la última campaña la ridícula cuota asignada a Canarias se agotó el primer día. Creemos que el Gobierno de España tiene que hacer valer ante la Unión Europea el artículo que les he comentado porque así podría crecer la cuota asignada a Canarias sin afectar a otras comunidades autónomas.

En el siguiente turno haré algunas reflexiones en torno al resto de los puntos de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente. Intervengo aún con el tono quebrado porque hace unos minutos conocí la pérdida de un gran amigo y compañero, militante histórico de mi pueblo.

En cuanto al paquete de enmiendas que nosotros presentamos, tiene que ver con que consideramos que el Grupo Popular presenta una loa y un esfuerzo de dar incienso al Gobierno que nos preocupa, porque le pide al Gobierno que continúe haciendo lo mismo que ha hecho en estos cuatro años y que ha perjudicado gravemente al sector pesquero. Para empezar, ha minusvalorado la importancia de este sector reduciendo las dotaciones presupuestarias a la mitad en cada uno de los ejercicios presupuestarios; ha hecho una política que ha creado conflicto en el sector por las decisiones erráticas que ha tomado y que han hecho que los pescadores hayan tenido que salir muchas veces a la calle; también ha creado un conflicto en el reparto de cuotas que ha conseguido enfrentar a diferentes comunidades, a diferentes artes, a diferentes flotas, y ha realizado una gestión que ha supuesto la pérdida de licencias que teníamos y que daban actividad a nuestros buques en muchos países del mundo. Por lo tanto, nos parece que el Gobierno rehúsa sus responsabilidades en la materia, está buscando siempre culpables —en la Unión Europea, en la Comisión, hoy hemos visto de nuevo cómo se le echa la culpa de todo a los ecologistas— y, en ese sentido, pensamos que debe haber un Gobierno que se ocupe de los problemas de la pesca y para empezar podría hacerlo con una cuestión que plantea la moción, como es el tema de los descartes, señorías, porque en el año 2016, dentro de unos meses, habrá que aplicar esta medida y ni las comunidades autónomas ni el sector saben lo que hay que hacer con esta cuestión.

Por eso planteamos una enmienda, que es una alternativa, con diez puntos: pide que se impulse la política de acuerdos pesqueros para los buques, sobre todo los que quedaron sin actividad; que se negocie ante la Comisión y el Consejo Europeo el incremento de las posibilidades de pesca y que el resultado de esas negociaciones se haga en un reparto justo para flotas, para las diferentes artes y también para los distintos territorios; que se acaben de ordenar los caladeros nacionales, evaluando la interacción entre arte y recurso y los equilibrios entre recurso, mercado, empleo, impacto en el empleo en los territorios, etcétera; que se promuevan iniciativas en la Unión Europea para que sean viables nuestras flotas cuando haya que aplicar la política de descartes; que se dé prioridad a la producción nacional en las industrias de transformación de nuestro país y exigir condiciones de trazabilidad y responsabilidad social y ambiental en las producciones pesqueras, tanto nuestras como en el caso de la Unión Europea, y que afectan a muchos sectores —ya se ha discutido aquí del atún y del mejillón gallego—; que se busque el apoyo del Instituto de Oceanografía en coordinación con los centros de investigación de las comunidades autónomas, el CSIC, etcétera, para investigar y potenciar la investigación de especies que sean de interés para los sectores pesqueros, de la utilización de las diferentes artes —por ejemplo, para para los descartes—, el medio marino, la acuicultura, la búsqueda de nuevos productos y subproductos de la pesca, en definitiva, buscar y utilizar la investigación en apoyo del sector; aumentar la presencia de los científicos en los foros donde se toman decisiones que afectan a nuestra flota; modificar el programa operativo nacional para permitir que todos los sectores puedan acceder al nuevo fondo europeo de la pesca —en este momento hay sectores que no pueden acceder por distintas prohibiciones reglamentarias—; que la pesca ilegal se persiga no solo con sanciones, sino también con vigilancia, utilizando nuevas tecnologías, dándole más medios, con la política de formación, y llevar a cabo medidas de carácter social que equiparen los derechos de los hombres y mujeres del mar con el resto de los trabajadores, que les den nuevos derechos, como la prestación de desempleo, o afronten el tema de las enfermedades profesionales.

Entendemos que estas son las medidas que el Senado le debe dar al Gobierno, un Gobierno que, por cierto, se va a ir y yo creo que hay que pedir al nuevo Gobierno que haga algo muy diferente de lo que está haciendo este.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Tiene la palabra la senadora Larriba, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño y muy brevemente, porque yo creo que todos los enmendantes han reconocido estar de acuerdo con el fondo, les parece bien el fondo de esta moción, por eso yo les pido que la apoyen.

Señor Maldonado, no veo ninguna razón en la moción que le lleve a pensar que no se van a respetar o que no se están respetando las competencias de las comunidades autónomas —creo que lo he dicho en otra ocasión—. Yo creo que están ustedes hipersensibilizados con esta cuestión, de verdad que no veo ninguna razón que le pueda llevar a usted a sospechar que no se respetan; de hecho, se reconocen las competencias que las comunidades autónomas tienen en aguas interiores y en marisqueo. Desde luego, señor Maldonado, en Galicia lo tenemos clarísimo, clarísimo.

En cuanto a las enmiendas de Coalición Canaria, debo indicarle que el proyecto que regula el caladero canario se está elaborando de acuerdo con el procedimiento establecido, que incluye la consulta al sector y, por supuesto, a la comunidad autónoma.

Y en cuanto al número de nasas que usted plantea aquí, es una cuestión técnica, no política, que tiene que ver con el esfuerzo pesquero. No es un tema para debatir en esta Cámara, sino que, como digo, es un tema técnico.

Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, en primer lugar, quisiera presentarle al senador Fidalgo mis condolencias por el fallecimiento de su compañero y amigo.

Tengo que decirle que lo que nos presenta, más que una enmienda, es una moción por la amplitud, pero es cierto que, sustancialmente, usted está recogiendo la mayor parte de lo que nosotros planteamos en nuestra moción. Lo que sí se ve claro es que el fondo le ha gustado en una gran medida pero la forma no; quizás no haya acertado yo con la redacción. Le animo a apoyarla y, si no fuera así, le animo a que presenten ustedes otra moción, pero ya le digo: ha tenido usted cuatro años para presentarla y lo oportuno sería, por lo menos, respaldar esta.

Para terminar, entre las cosas que ha comentado usted y que pide en su enmienda está la prioridad arancelaria para algunas especies. Esto no es posible, usted sabe que no es posible; lo que se puede hacer es abrir el contingente libre de arancel —que es lo que nosotros estamos proponiendo—, sobre todo para las especies que pescan nuestras empresas.

Tal como comenzaba en mi intervención, tenemos claro que ustedes están básicamente de acuerdo con el fondo y, por tanto, vamos a rechazar estas enmiendas.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Lamentamos que no acepten ninguna de las enmiendas presentadas, ni por nuestro grupo ni por ningún grupo. Parece que el espíritu de consenso que todos hemos planteado a la senadora del Grupo Popular no ha hecho mucha mella para intentar conseguir un acuerdo en esta iniciativa, cuando para Canarias son verdaderamente importantes los elementos que nosotros planteamos.

Señoría, no se trata de una sensibilidad subjetiva, se trata de una inmunidad adquirida objetivamente por las agresiones sufridas por la pesca en Canarias con los últimos acuerdos, y esa inmunidad genera el recuerdo de una memoria que tenemos reciente de lo que ha ocurrido con cuestiones que usted llama probablemente técnicas, pero que son las que dan de comer a los pescadores, al sector pesquero y que generan muchos empleos. Esas cuestiones técnicas que nosotros planteamos son las que tienen que ser defendidas políticamente por el Gobierno de España. Y si usted aquí les da la poca importancia de que como son cuestiones técnicas no hay que valorarlas, entonces volveremos a estar en las mismas circunstancias en que hemos estado hasta ahora: en un proceso de deterioro y de desaparición de la flota pesquera canaria desde que hemos incorporado a Canarias en la Unión Europea, por no respetar las especificidades de nuestro territorio. Por lo tanto, no son cuestiones secundarias, son cuestiones importantes y son cuestiones que tienen que ser defendidas, desde nuestro punto de vista, por el Gobierno de España ante la Unión Europea. Y digo esto porque, además de los elementos que he incorporado en las enmiendas que acabamos de defender, en los otros puntos de la moción tenemos cosas que señalar; en aras del consenso no las expresamos objetivamente por medio de una enmienda, pero sí se las voy a decir ya que he visto que, por lo visto, no tiene ningún interés en reflexionar sobre las enmiendas que hemos planteado Coalición Canaria.

En relación con el tercer punto, seguir impulsando la ampliación de acuerdos pesqueros con países no comunitarios, pido también el respaldo de la Cámara porque es necesario que se priorice que en estos acuerdos no se perjudique a Canarias. Y lo digo de forma consecuente, porque las consecuencias del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania para Canarias han sido catastróficas, lo han sido para el sector extractivo, pero también lo han sido para el puerto de la Luz y el puerto de Las Palmas en la isla de Gran Canaria. En concreto, la no autorización de la descarga pelágica en el puerto de Gran Canaria —y esto no es una cuestión técnica— ha dificultado, ha generado pérdidas de puestos de trabajo por no haber descarga pelágica del congelado en la isla de Gran Canaria, y además, no se nos permite la pesca de los cefalópodos a la flota de la isla, no se permite nada de pesca a la flota cefalopodera que teníamos en las islas Canarias en general; ambas cuestiones se eliminaron en el acuerdo firmado en 2012. Lo que nosotros planteamos, señorías, como es lógico, es que se permita tanto la pesca de los cefalópodos por parte de la flota canaria como la descarga pelágica en la isla.

Tenemos que seguir trabajando y debemos hacerlo de mutuo acuerdo ambas administraciones ante la Unión Europea, porque es necesario recuperar la situación en que estábamos antes de 2012. No se justifica la prohibición de la pesca de cefalópodos por parte de nuestra flota, creemos que tenemos una petición fundada y justificada dada la cercanía que tienen ambos territorios, Canarias y Mauritania, y el número de barcos cefalopoderos que tenemos en Canarias, que no son muchos. Lo que pedimos es que se permita la pesca de un contingente razonable que no perjudique en absoluto a la flota mauritana, como no se la ha estado perjudicando durante todos estos años atrás, y, por supuesto, que se permita, como había antes, la descarga de una parte de las 250 000 toneladas que supone el total de lo que se está pescando en estos momentos.

Además, planteamos que se incorpore en los convenios algo que nos parece muy importante dentro de la cooperación: tenemos en Canarias un proyecto muy importante conjuntamente con Mauritania, el Macapel, mediante el cual estamos transfiriendo la experiencia pesquera que tenemos en Canarias, nuestro saber hacer, nuestro know how, en el puerto y en la pesca a este país hermano, a Mauritania, y esto debería propiciar la posibilidad de permitir la pesca y el desembarco del volumen de pesca pelágica congelada que teníamos hasta hace poco en los puertos de la Luz y de Las Palmas. Según los cálculos de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, Fedeport, conseguir el desembarco de esta mercancía podría generarnos unos 2000 empleos directos e indirectos, de ahí, señorías, que Coalición Canaria considere que la autorización de esta actividad tendría una importante repercusión en el archipiélago, sobre todo en el puerto de Las Palmas.

Y para concluir, en relación con el cuarto punto, el Plan estratégico de la acuicultura española, como saben, Canarias es una comunidad pionera en el desarrollo de la acuicultura, prácticamente está concluido el plan estratégico de canarias en este sector y tenemos también un importante desarrollo de I+D+i en esta actividad. Por todo ello, nos parece importante que se tengan en cuenta los planes estratégicos de las comunidades autónomas en el caso de que lo tengan —como es el caso de Canarias, que sí lo tenemos— y que, desde luego, cuando se desarrolle el Plan estratégico de España se tenga en cuenta el importante volumen de costa que tenemos en Canarias y la relevancia que está teniendo este sector en la economía de nuestro archipiélago.

Lamento que no se acepten las enmiendas y, por tanto, nosotros no podemos apoyar esta moción.

Gracias. (Aplausos del señor Díaz Tejera).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Anuncio también mi rechazo a la moción. No se trata solo de que, como viene ocurriendo con frecuencia en los últimos meses, las mociones del Grupo Popular sean propagandísticas, de autobombo del Gobierno y del Partido Popular, sino que además en ésta en concreto prácticamente se nos pide que demos un aprobado a lo que ha sido la política en materia pesquera del actual Gobierno a lo largo de la legislatura.

La moción no deja de ser un balance de esa política pesquera, balance que en la moción obtiene una nota elevada y por eso se pide que se profundice en las acciones desarrolladas. Y esas acciones desarrolladas no han impedido ni una reducción en el peso de la flota —en el número de buques— ni una caída en el empleo ni tan siquiera en algo que podemos compartir y en lo que se ha realizado un cierto esfuerzo: en los estudios de seguimiento de la realidad de las especies y de las posibilidades de captura, pues los resultados de los mismos han sido lo suficientemente fiables como para poder establecer una estrategia o una previsión de la marcha de las capturas de esas especies a corto plazo.

En esta campaña de verano hemos visto dos ejemplos arquetípicos o característicos. En primer lugar, la sardina, la humilde sardina que durante mucho tiempo fue una especie de bajo precio, accesible a la mayoría de los ciudadanos: en esta campaña se ha producido una caída espectacular en las capturas de sardina que no había sido anunciada por los estudios realizados; incluso, en manifestaciones públicas de los expertos que participaron en esos estudios, y con un ánimo autojustificativo, se dieron explicaciones muy poco plausibles, como que esto es cíclico, que cada equis años se puede producir una caída en la reproducción y en la captura, etcétera. En segundo lugar, también de forma sorpresiva, una costera que significaba un porcentaje de los ingresos de la flota muy importante, como es la del bonito, en esta campaña ha tenido un volumen de capturas reducido que ha situado los ingresos en unos niveles preocupantes, a pesar de que tanto en el caso de la sardina como en el del bonito del norte el precio para el consumidor, obviamente, se tuvo que disparar.

Tampoco podemos compartir las críticas que se han realizado en la presentación de la moción a las organizaciones ecologistas en tanto en cuanto cuestionen la práctica del arrastre, que, innegablemente, tiene unas consecuencias medioambientales negativas, eso es incuestionable. Se puede discutir sobre el impacto mayor o menor, pero vincular ese cuestionamiento a intereses relacionados con las petroleras es una descalificación carente de fundamento. En este país el propagandista de las petroleras, como hemos podido comprobar incluso en sus intervenciones en esta Cámara, es el ministro Soria, que es quien ha intentado generalizar prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, en el entorno de Canarias y también en el mar Cantábrico.

Finalmente, en la moción se hace referencia a que se insta al Gobierno a seguir trabajando en las cuotas correspondientes para el próximo año. Ya veremos qué gobierno hay el próximo año para aprobar esas cuotas, pero si empieza esos trabajos, como asturiano, tengo que recordarle al Gobierno la reciente sentencia de hace mes y pico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la Orden Ministerial de 2014 para 2015, que fijó el reparto de la cuota de xarda —que decimos nosotros, de caballa—, que discriminó clarísimamente a la flota pesquera asturiana, que por eso fue impugnada ante los tribunales y que obtuvo sentencia favorable reconociendo tal discriminación. Por lo tanto, sea cual sea el gobierno que haya de fijar la cuota para 2016, que corrija los criterios establecidos para 2014 y 2015 y que establezca algún mecanismo de compensación por los perjuicios generados a la flota pesquera asturiana.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

Hemos oído muchas cosas y la verdad es que todo lo que nos ha contado la senadora Larriba nos suena mucho: es prácticamente lo que recogimos en el primer documento de consenso en la comisión de pesca, un documento del que nos felicitamos todos; luego, cuando hemos empezado a hablar pormenorizadamente, hemos empezado a tener otro tipo de desafinamientos, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que lo que ha dicho suena a aquello que firmamos a principios de legislatura y, además, le felicito por su exposición porque ha sido una muy buena exposición, como no podía ser de otra manera.

En cuanto a la parte dispositiva de la moción, en principio entendemos que los planes de ordenación del caladero nacional ya están hechos —falta el canario y es evidente que hay que completarlo— y, en mi opinión, se hizo con mucho trabajo y tampoco es cuestión de andar tocando los planes cuando no hace falta. Por lo tanto, podríamos estar de acuerdo en finalizar el mapa de planes que hay en el Estado.

En cuanto al punto 2, preparar los planes de descartes —que es uno de los apartados en el que se habla de ello—, creo que ahí se está trabajando bien, entre otras cosas porque el problema es muy grave y puede ser mucho más grave. Se está trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas —de hecho, AZTI-Tecnalia, que es la tecnológica de pesca y alimentación del País Vasco, está involucrada en varios de los proyectos para la minimización de los descartes, algunos financiados por el Gobierno vasco y otros por la propia Secretaría General de Pesca— y se ha creado una mesa estatal para la eliminación de descartes. Aquí, hilando un poco con la moción anterior, quiero decir que esta Mesa estatal de eliminación de descartes en un principio se llamaba Mesa nacional de eliminación de descartes, pero a alguien le chirrió mucho eso de mesa nacional y se puso mesa estatal —para que vea el senador Alarcó que no solo nosotros hablamos de cosa nacional, aunque en aquel caso no fue—. Por lo tanto, estamos también de acuerdo con los descartes.

En cuanto a trabajar las cuotas y posibilidades de pesca para el próximo año, hace poco ha habido una reunión en la Secretaría General de Pesca. Nos preocupa el tema de la anchoa porque el secretario general de Pesca dijo que iba a utilizar un nuevo mecanismo de flexibilidad interanual de cuotas —lo cual nos da un miedo espantoso, pero habrá que ver qué es lo que sale de todo eso— y entendemos que lo suyo es trabajar las cuotas y las posibilidades de pesca para aumentarlas y para repartirlas de la manera más adecuada posible, porque lo que sí es evidente es que hay un punto al que no podemos volver: al de la pesca olímpica, eso queda absolutamente descartado. Parte de los problemas que estamos sufriendo ahora vienen precisamente por haber trabajado de esa manera, y los primeros interesados en que eso no sea así es el propio sector, porque a la fuerza ahorcan y se han dado cuenta de que realmente es la peor manera de gestionar un caladero.

Por lo demás, entendemos que las cuotas y las posibilidades de pesca hay que asignarlas en función de los recursos disponibles y la sostenibilidad de las pesquerías, porque si no se hace así no va a ser viable, pero también sobre la base de los históricos de capturas. No se puede desvestir un santo para vestir otro, no se puede desvestir un santo tradicional para vestir otro y, sobre todo, si los históricos de capturas han servido, sirven y tendrán que servir para negociar las cuotas ante la Unión Europea, evidentemente, luego no podemos hacer nosotros lo contrario cuando estemos discutiendo de las cuotas en las aguas estatales.

Por otro lado, estamos de acuerdo con lo que se ha dicho de la pesca ilegal, pero estará usted de acuerdo conmigo, senadora Larriba, en que aumentar la cuota de lomos de atún extraarancelarios de 20 000 a 30 000 toneladas no es acorde con esta norma, porque esas toneladas no vienen de pesca totalmente legal o, por lo menos, vienen de pesca no controlada. En este sentido, quiero recordar al Grupo Socialista que también estamos de acuerdo con lo que plantea en el punto 5 de priorizar la utilización de los productos pesqueros nacionales en nuestra industria, pero también votaron a favor de la ampliación del contingente de 20 000 a 30 000 toneladas. Por lo tanto, me parece que estamos hablando de cosas diferentes y estamos haciendo excepciones cuando probablemente solo nos venga bien a nosotros.

Por último, se habla de desarrollar el Plan estratégico de acuicultura española. Me alegro de que diga en colaboración con las comunidades autónomas y que no diga en coordinación. Y me alegro de que diga en colaboración porque entendemos que el Gobierno español pueda tener su plan estratégico, pero la acuicultura es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma vasca consagrada en el estatuto de autonomía, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, con la palabra colaboración, que es de igual a igual, podríamos estar de acuerdo.

Aun así, vuelvo a repetir que, estando de acuerdo con esa vuelta al consenso del comienzo de la legislatura, los distintos pormenores que hemos tenido en otros temas no nos permiten ser tan optimistas como la senadora Larriba con todo lo bueno que se ha hecho. En consecuencia, no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor; por lo tanto, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Senyor president, des de l’escó estant, si m’ho permet.

Respecte d’aquesta moció, el de la pesca és un tema que sempre ens hi aproximem amb molta prudència. Venim d’un text en què a l’inici de la legislatura es va consensuar una posició compartida per tots els grups, i des d’aquesta perspectiva no havíem presentat esmenes. La veritat és que aquesta moció ens ha semblat que té un to —



com deia el senador Iglesias— de ser una moció balanç del conjunt d’una legislatura, i per tant, ens semblava —i ho ha dit la senadora Larriba— que la forma tenia poc a veure amb aquella moció que ens va portar a un consens.

Nosaltres no estem d’acord amb el to optimista d’aquesta moció. Entenem que en l’àmbit de la pesca hi ha en aquests moment encara qüestions greus per resoldre. Se n’ha parlat d’algunes. Sabem que el nostre és un país que té una dependència exterior molt important en l’àmbit de la pesca. L’aqüicultura hauria de pal·liar en certa manera aquesta dependència, però no ho està fent. També sabem sobre la situació de les espècies comercials —se n’ha parlat també— que en aquest moment el 59 % de les que disposem d’informació està per sota dels mínims de la seguretat biològica, un 14 % està per sota dels nivells d’emergència, etcètera. Des d’aquesta perspectiva, entenem que s’hauria d’abordar aquesta qüestió amb un altre discurs. Va ser exactament amb el tema dels descartes, que és un tema important. Entenem que la situació de descartes en aquest moment és absolutament insostenible. S’han de fer coses i s’han de prendre mesures que evitin aquesta situació. Des de la nostra modesta opinió, entenem que la qüestió passa certament perquè es reculli el rol de les obligacions científiques i que siguin de compliment obligatori, perquè d’alguna manera és el que ens garantirà que estarem fent un ús sostenible del recurs pesquer.

L’aqüicultura —ho torno a dir— és un element important, un element absolutament estratègic, però és cert que no es pot aprovar el que ha passat en aquests últims anys des del punt de vista de l’aqüicultura quan hi ha inversors que diuen que han trigat 14 anys a obtenir una llicència per poder fer una explotació d’aquestes característiques. Des del nostre punt de vista —i ho diuen les xifres de les pròpies associacions—, això ocasiona una pèrdua de 1.700 llocs de treball directes i 2.500 d’indirectes.

Nosaltres, repeteixo, no teníem cap esmena en aquesta moció, però ens hauria agradat que l’esperit de consens hagués continuat vigent. Veiem que no és així i per aquest motiu, senyor president, el nostre vot serà contrari a aquesta moció.

Gràcies.

Señor presidente, si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

La pesca es un tema al que siempre nos aproximamos con mucha prudencia. Venimos de un texto en el que, al inicio de la legislatura, se consensuó una posición compartida por todos los grupos y, por lo tanto, desde esta perspectiva, no habíamos presentado enmiendas. La verdad es que esta moción nos ha parecido que tiene el tono, como decía el senador Iglesias, de un balance del conjunto de una legislatura y, por tanto, nos parece, como ha dicho la senadora Larriba, que la forma tiene poco que ver con aquella moción que nos llevó a un consenso.

Nosotros no estamos de acuerdo con el tono optimista de esa moción. Entendemos que en el ámbito de la pesca en estos momentos hay cuestiones realmente graves aún por resolver —se ha hablado de algunas de ellas—. Sabemos perfectamente que el nuestro es un país que tiene una dependencia exterior en el ámbito de la pesca muy importante, la acuicultura debería paliar en cierto modo esta dependencia y no lo está haciendo, y también conocemos la situación de las especies comerciales —se ha hablado también de ello—: en estos momentos, el 59 % de las que se dispone información están por debajo de los mínimos de seguridad biológica, un 14 % está por debajo de los niveles de emergencia, etcétera. Por lo tanto, desde esa perspectiva, consideramos que habría que abordar esta cuestión con otro discurso. Se produjo en el tema de los descartes y entendemos que la situación en estos momentos es absolutamente insostenible; hay que hacer cosas y hay que tomar medidas que eviten esta situación. Desde nuestra modesta opinión, la cuestión pasa sin duda porque se recoja el rol de las obligaciones científicas y que estas sean de cumplimiento obligatorio, porque de algún modo es lo que nos va a garantizar que estaremos haciendo un uso sostenible de los recursos pesqueros.

La acuicultura —vuelvo a decirlo— es un elemento importante, absolutamente estratégico, pero no se puede aprobar lo que ha pasado en estos últimos años en la acuicultura, cuando hay inversores que dicen que han tardado 14 años en obtener una licencia para montar una explotación de estas características. Desde nuestro punto de vista —y lo dicen las cifras de las asociaciones—, esto ocasiona una pérdida de 1700 empleos directos y 2500 indirectos.

Nosotros, repito, no hemos presentado ninguna enmienda a esta moción, pero nos habría gustado que el espíritu de consenso hubiera seguido vigente. Viendo que no es así, y por ese motivo, señor presidente, nuestro voto será contrario a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, el sector pesquer és un sector que històricament està en crisi. És veritat que, en els últims anys, està avançant, està superant obstacles i fins i tot albira una possibilitat de refer-se; però segueix en crisi. Li ha afectat la crisi econòmica, li han afectat les normes europees, li han afectat polítiques dels dos Governs —no només PP, PP i PSOE— que no eren totes les que reivindicava el sector, i d’alguna forma, segueix en crisi, tot i que va fent camí.

Ens preocupen especialment determinades polítiques pesqueres que, lluny d’afavorir la competitivitat del sector, segueixen reticents a establir modificacions que permeten un major rendiment pesquer; per exemple, l’assignació de quotes de la tonyina vermella entre els pescadors del litoral mediterrani, el que se’n diu bajura mediterránea. Espanya ha aconseguit més fons econòmics de la Unió Europea, però malauradament cal lamentar novament que aquest increment de fons no ha repercutit per igual a les comunitats autònomes. Per exemple, Catalunya manté una distribució de fons similar a la d’anteriors programes operatius, on Catalunya va ser considerada zona de no convergència i rebia un repartiment inferior. Així, el repartiment dels fons que va fer el Govern d’Espanya va posicionar Catalunya, des del punt de vista pesquer, en el cinquè lloc, quan el pes de Catalunya, i del sector pesquer, està situat a la tercera posició. Per tant, de sortida, hem trobat que la política autonòmica no és una política que afavoreixi la pesca catalana.

Deia la senadora Larriba que «aquí todo el mundo ha valorado las formes». No? Pero nos preocupa el fondo. Sap què passa? Que en aquest país les formes i el fons han d’anar lligades. I si no que li preguntin al ministre de Defensa, el ministre Morenés, que parla de formes i de fons. Per tant, sento molt la no acceptació de l’esmena, una esmena que pretenia bàsicament centrar la moció i que pretenia quadrar el cercle —cosa difícil, ho sé, perquè la pesca estatal és plural i diversa, com hem dit abans—. Ens hauria agradat molt l’acceptació de l’esmena.

Senadora Larriba, el seu to, la seva forma d’exposar la bondat de la moció, fa que ens abstinguem. Perquè, com es diu en castellà, lo que el cuerpo me pide, el cor a mi em demana votar en contra. Però el cap em demana abstenir-nos. Ens abstindrem per visualitzar davant el sector pesquer la bondat que pugui haver en part d’aquesta moció i no hi votarem en contra, malgrat que hi ha una manca de respecte institucional des del punt de vista de les competències autonòmiques, com he dit abans. No es respecten les competències autonòmiques, i això, senadora Larriba, és el que no ens permet votar-hi a favor, i el que no ens permet —malgrat el seu to, la seva forma d’intervenir, el seu missatge de respecte als altres grups— votar-hi a favor. Allò del fondo y la forma.

La veritat és que a mi no em sorprèn el no a les esmenes. I no em sorprèn perquè, malauradament, en aquesta legislatura, el no, la paraula no, forma part de l’ADN del Partit Popular; forma part de la política parlamentària del Partit Popular. Li he de ser sincer. Sé que els membres del Partit Popular que formeu part de la Comissió de Pesca us heu fet un fart de buscar consens. I acabaré agraint alguna persona que sé que ha intentat arribar a consensos, i n’hem arribat. Però el no forma part de l’ADN del Partit Popular.

Com deia, sento molt aquesta no acceptació de l’esmena de Convergència ni de les altres esmenes. Perquè escoltant el senyor Iglesias no entens perquè no s’accepten, i escoltant el portaveu socialista no entens perquè no s’accepten. Sí que ho entens, perquè vostès, senyories del Partit Popular, s’han passat quatre anys dient no, no, no. No a qualsevol aportació dels grups de l’oposició; aportacions de millora, d’addició, de substitució, del que vulguin. I aquest no fa que vostès puguin arribar a ser el primer partit del món que entri al Llibre dels Rècords Guinness. Perquè la paraula no l’hauran fet servir més que mai. Són els campions del no. A mi m’entristeix. M’entristeix perquè el nostre grup vol defensar les competències autonòmiques, vol defensar el sector pesquer; tot, el català i l’estatal, tot. El nostre grup s’ha fet un fart de presentar iniciatives i demés i no ens n’hem sortit. I no ens n’hem sortit malgrat el to de la senadora Larriba, que sé que buscava consensos.

Vull acabar la meva intervenció agraint —i vull fer-ho en positiu, perquè en política s’ha de ser honest— l’actuació del portaveu, el senyor Enrique López Veiga, que durant aquests quatre anys ha tingut una actitud de diàleg —almenys amb el nostre grup, i crec que amb tots— i de buscar consensos. Vostès, a la Comissió de Pesca, no són l’exemple del Partit Popular, però en general el Partit Popular ha tingut una actitud durant quatre anys de manca de consens parlamentari, de no voler acceptar esmenes d’addició, de substitució ni de millora en cap dels segments socials. I això no ha anat només en detriment de la vida política —que també—, ni només de la política parlamentària —que també—, sinó que ha anat en detriment de la societat. Han perjudicat la societat catalana, però pensin que també la societat espanyola.

Suposo que aquesta pot arribar a ser l’última iniciativa parlamentària de pesca que es vegi aquesta legislatura. Sento que malgrat la voluntat de diàleg no hàgim pogut arribar a més consensos. Com ha dit el senador Cazalis, es va començar amb uns consensos problemàtics, es va iniciar amb acords i vàrem arribar a propostes inicials, però hem acabat batent el rècord del no. I això a mi, com a parlamentari, m’entristeix, perquè no només perjudica l’oposició, que no ha pogut introduir, millorar i participar en la vida parlamentària en les aprovacions, sinó que perjudica els sectors, en aquest cas el sector pesquer, i especialment el català. Per la manca de respecte a les competències autonòmiques, el sector pesquer català no té aquelles ajudes de tota mena —legislatives, econòmiques, estructura, etc.— que es mereix i que necessita.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pesquero es un sector que históricamente está en crisis. Es cierto que en los últimos años está avanzando, está superando obstáculos e incluso tiene una posibilidad de rehacerse, pero sigue en crisis: le ha afectado la crisis económica, le han afectado las normas europeas y le han afectado políticas de los dos gobiernos, no solo del PP, sino también del PSOE, porque no eran todas las que reivindicaba el sector. Por lo tanto, de algún modo sigue en crisis, pero va haciendo camino.

Nos preocupan especialmente determinadas políticas pesqueras que, lejos de favorecer la competitividad del sector, siguen reacias a establecer modificaciones que permitan un mayor rendimiento pesquero, por ejemplo, la asignación de cuotas al atún rojo entre los pescadores del litoral mediterráneo, lo que se llama bajura mediterránea. España ha conseguido más fondos económicos de la Unión Europea, pero hay que lamentar, nuevamente, que este incremento de fondos no haya repercutido por igual en las comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña mantiene una distribución de fondos similar a la de los anteriores programas operativos, en los que Cataluña fue considerada zona de no convergencia y recibía un reparto inferior. Así, el reparto de los fondos que hizo el Gobierno de España posicionó a Cataluña, desde el punto de vista pesquero, en el quinto lugar, cuando el peso de Cataluña y del sector pesquero está situado en la tercera posición. Por consiguiente, nos parece, de partida, que la política autonómica no favorece a la pesca catalana.

Decía la senadora Larriba que aquí todo el mundo ha valorado las formas, pero nos preocupa el fondo. ¿Sabe lo que pasa? Que en este país las formas y el fondo deben ir de la mano, deben ir ligados, y si no que se lo pregunten al ministro de Defensa, al ministro Morenés, al hablar de forma y de fondo. Por lo tanto, siento mucho la no aceptación de esta enmienda que, básicamente, pretendía centrar la moción, pretendía cuadrar el círculo, cosa difícil, lo sé, porque la pesca estatal es plural y diversa, como hemos dicho antes. Por consiguiente, nos habría gustado mucho la aceptación de la enmienda.

Senadora Larriba, su tono, su forma de exponer la bondad de la moción hace que nos abstengamos porque, como se dice en castellano, el corazón me pide votar en contra, pero la cabeza me pide abstenerme, y nos vamos a abstener para visualizar ante el sector pesquero que la bondad que pueda haber en parte de esta moción hace que no votemos en contra, a pesar de que hay una falta de respeto institucional desde el punto de vista de competencias autonómicas, como he dicho antes. No se respetan las competencias autonómicas y esto, senadora Larriba, es lo que no nos permite votar a favor, a pesar de su tono, de su forma de intervenir y de su mensaje de respeto a los otros grupos. Esto es lo del fondo y la forma.

La verdad es que a mí no me sorprende el no a las enmiendas porque, lamentablemente, en esta legislatura el no, la palabra no, forma parte del ADN del Partido Popular, forma parte de la política parlamentaria del Partido Popular. Le tengo que ser sincero: sé que los miembros del Grupo Parlamentario Popular que forman parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación han hecho todo lo posible por buscar el consenso y acabaré agradeciéndoselo a alguna persona que sé que lo ha intentado, y hemos llegado a alguno, pero el no forma parte del ADN del Partido Popular.

Siento mucho la no aceptación de la enmienda de Convergència y de las otras enmiendas, porque escuchando al señor Iglesias no se entiende por qué no se acepta, y escuchando al portavoz socialista no se entiende por qué no se acepta; bueno, sí que se entiende, porque ustedes, señorías del Partido Popular, se han pasado cuatro años diciendo no, no y no, no a cualquier aportación de los grupos de la oposición, aportaciones de mejora, de adición, de sustitución, y ese no, fíjense, hace que ustedes puedan llegar a ser el primer partido del mundo que entre en el libro de los récords Guinness, porque la palabra no la habrán utilizado más que nunca, son los campeones del no. Y eso me entristece porque nuestro grupo quiere defender las competencias autonómicas, quiere defender a todo el sector pesquero, al catalán y al estatal, a todo el sector. Nuestro grupo no ha parado de presentar iniciativas y no hemos conseguido nada, a pesar del tono de la senadora Larriba, que sé que buscaba consensos.

Quiero acabar mi intervención en positivo, porque en política hay que ser honesto, y dar las gracias al portavoz senador López Veiga, que durante estos cuatros años ha tenido una actitud de diálogo, al menos con nuestro grupo y creo que con todos, y de buscar consensos. Ustedes no son el ejemplo del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación porque, en general, el Partido Popular ha tenido una actitud durante estos cuatro años de falta de consenso parlamentario, de no querer aceptar enmiendas de adición ni de sustitución ni de mejora en ninguno de los segmentos sociales, y eso ha ido no solo en detrimento de la vida política y de la política parlamentaria, sino también de la sociedad. Yo me quejo por la sociedad catalana, pero piensen que han perjudicado también a la sociedad española.

Supongo que esta puede llegar a ser la última iniciativa parlamentaria de pesca que se vea en esta legislatura y siento que, a pesar de la voluntad de diálogo, no hayamos podido llegar a más consensos. Lo ha dicho el senador Cazalis: se empezó con unos consensos programáticos, se empezó con acuerdos, llegamos a propuestas iniciales, pero hemos acabado batiendo el récord del no, y eso a mí me entristece como parlamentario, porque no solo perjudica a la oposición, que no ha podido introducir mejoras ni participar en la vida parlamentaria con sus aportaciones, sino que también perjudica al sector, en este caso al pesquero, y especialmente al catalán, que por la falta de respeto a las competencias autonómicas no tiene las ayudas de todo tipo, legislativas, económica, estructurales, etcétera, que se merece y que necesita.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Ben, nós lamentamos que o Partido Popular non acepte ningunha das achegas que facemos na nosa emenda. Nin unha só das dez medidas que propoñemos. E témoslle que dicir que a nós, o contido da moción do Partido Popular, todo ese incenso derramado que sería obxecto de mellor causa, nos parece inaceptable, porque vén a dicir que todo siga igual.

Eu teño que diferenciar tamén a intervención da senadora Larriba do texto da moción, porque aquí o que estamos debatendo é o texto da moción. E aínda o diferenciaría máis da xestión do goberno, que é o máis importante que hai que valorar. E eu entendo que o Partido Popular utilice a empatía natural da señora Larriba para esconder as súas propostas e a súa xestión. Porque, miren, para nós é inaceptable dicir que todo siga igual; bendicir unha xestión que rebaixa a dotación e os programas da Secretaría de Pesca; unha xestión que está demasiado acostumada, xa o vimos no debate, a buscar culpables: a culpa é da Unión Europea, a culpa é dos ecoloxistas... Todo para esconder o que realmente están facendo. O que realmente están facendo é unha xestión torpe, que rebaixa o número de licenzas que tiña a flota española, e os pescadores vense sos e teñen que andar polo mundo buscando onde pescar, eles sos, ou resignarse ao despece, ou, como dicía a película, poñerse Los lunes al sol.

E iso foi o que pasou cos diversos tratados. Aquel tratado do malvado Zapatero, que conseguira 110 barcos para Mauritania, ou 240 con Marrocos, pois desapareceron, tiveron limitacións graves cando se renovaron e sufriron un serio recorte e rebaixa nas condicións. O mesmo pasou ca rebaixa nas posibilidades de pesca no ano 2015. Señora Larriba, no xurelo do Cantábrico, menos do 26 %, no xurelo do golfo de Biscaia menos do 26 %, no galo de augas ibéricas menos do 39 %, na pescada de augas ibéricas menos do 15 %, na xarda, xa se dixo, menos do 15 %. Incluso a ministra chegou a dicir que era un éxito. E logo cando fixeron ese reparto non se nos di por parte do Partido Popular, nin o goberno explicou como se vai facer no ano 2016, e eu espero que non sexa como se fixo no ano 2015, que se fixo un reparto caprichoso. E aquí quedou claramente manifestado, onde todas as comunidades autónomas quedaron insatisfeitas, todas as flotas quedaron insatisfeitas, todas as artes quedaron insatisfeitas. E mentres tanto, o goberno non fixo nada por achegar estudos científicos que melloraran a súa capacidade negociadora, tanto en Bruxelas como aquí á hora de facer o reparto.

E, por exemplo, nada se ten feito, e nós por iso o poñemos nas nosas propostas, (que non é só unha negación, senón, que nós achegamos en positivo), para incorporar ao programa operativo nacional diversos tipos de axudas para as que se pode utilizar o novo fondo español marítimo e da pesca, como son as axudas para as paradas por toxinas, que prexudican claramente a Andalucía e a Galicia e non é posible utilizar, ou diversas axudas ás mariscadoras, onde se ven prexudicadas as mariscadoras galegas ou de Huelva, ás que non se poden acoller porque a súa actividade non está asociada a un barco, como esixen os regulamentos comunitarios. Habería que tomar medidas para fortalecer a flota artesanal e non se está facendo. E desde logo, aquí tamén quedou moi en evidencia, o Goberno non ten que mirar para outro lado, qué se vai facer coa política de descartes, que dentro duns meses imos ter que aplicar, senón que é o Goberno quen ten que dicirlle ás flotas e ás comunidades autónomas cómo se vai xestionar este importante reto que ten a flota española na nova política da Política Pesqueira Común.

E o Goberno ten esquecido a política social, tendo en conta as condicións difíciles en que desenvolve o seu traballo a xente do mar, como é adecuar o catálogo de enfermidades profesionais ás novas doenzas que van xurdindo, ou traballar en coeficientes redutores para a xubilación anticipada, e outras reivindicacións que hoxe expuxen na quenda de emendas. Como non se teñen ocupado en mellorar a comercialización e a transformación, primando as producións nacionais, en prexuízo de moitos sectores que xa se teñen citado, como é o caso do mexillón galego ou do atún.

Polo tanto necesitamos unha política que poña en valor a importancia do sector pesqueiro para empezar, que xa foi rebaixado por este Goberno á categoría de Secretaría Xeral, que se traballe en Europa para aumentar as posibilidades de pesca e aquí fagamos un reparto xusto que non prexudique a ninguén e que non sexa, sobre todo, nin caprichoso, nin prepotente, como se fixo pola anterior Secretaría de Pesca, que obrigou precisamente ao cese do seu responsable nunha crise de goberno que o Goberno quixo ocultar. Hai que traballar en resolver as cuestións que se derivan da nova política pesqueira común, xa dixemos, como é a política de descartes, da que o sector non sabe qué vai pasar. Hai que traballar por conseguir actividades en terceiros países e, xa se dixo aquí_, Canarias o dixo, os galegos o dicimos, todos perderon na política de recortes e de restricións de licenzas con terceiros países. Hai que impulsar o traballo científico en investigar recursos, especies de interese para a pesca, hai que apoiar os centros de investigación, que están totalmente desafiuzados polos recortes orzamentarios, e hai que estar presentes nos foros onde se debaten e discuten as cuestións que afectan ás nosas flotas. Hai que mellorar, señores do Partido Popular, a diplomacia pesqueira de España, que co «diplomático» señor Cañete, encheu este sector de grandes fracasos ao longo do mundo.

Polo tanto, a diferenza entre a súa proposta conformista e a nosa, que é de renovación nas políticas pesqueiras, é abismal, por iso non podemos votar a favor desa moción que o que pretende é bendicir a mala xestión destes anos. A proposta de actuación que creo que o Senado ten que facerlle ao goberno que se vai non vale, señora Larriba, para o goberno que vén. Non recollen os contidos, nin as propostas. Nós propoñemos propostas alternativas, políticas diferentes, porque o que está facendo non vale e por iso nós votaremos que non.

Moitas grazas.

Nosotros lamentamos que el Partido Popular no acepte ninguna de las aportaciones que hacemos en nuestra enmienda, ni siquiera una sola de las diez medidas que proponemos, y tenemos que decirles que a nosotros el contenido de la moción del Grupo Popular, todo ese incienso derramado que sería objeto de mejor causa, nos parece inaceptable, porque quiere decir que todo va a seguir igual.

Tengo que diferenciar la intervención de la senadora Larriba del texto de la moción, porque lo que estamos debatiendo aquí es el texto de la moción. Y aún lo diferenciaría más de la gestión del Gobierno, que es lo más importante que hay que valorar. Entiendo que el Grupo Popular utilice la empatía natural de la señora Larriba para esconder sus propuestas y su gestión. Para nosotros es inaceptable decir que todo tiene que seguir igual, es decir, bendecir una gestión que rebaja la dotación y los programas de la Secretaría de Pesca, una gestión que está demasiado acostumbrada, como ya vimos en el debate, a buscar culpables: la culpa es de la Unión Europea o de los ecologistas. Lo que quieren es esconder lo que realmente están haciendo, que es una gestión torpe que rebaja el número de licencias que tenía la flota española. Los pescadores se ven solos y tienen que andar por el mundo buscando dónde pueden pescar, resignarse al desguace o, como decía la película, ponerse los lunes al sol.

Esto es lo que pasó con los distintos tratados, por ejemplo, con aquel del malvado Zapatero que había conseguido 110 barcos para Mauritania, o 240 con Marruecos. Pues bien, desaparecieron, tuvieron limitaciones graves cuando se renovaron y sufrieron un serio recorte y una rebaja en sus condiciones. Lo mismo pasó con la rebaja de las posibilidades de pesca en 2015. Señora Larriba, en el jurel del Cantábrico, menos del 26 %; en el jurel del Golfo de Vizcaya, menos del 26 %; en el gallo de aguas ibéricas, menos del 39 %; en la merluza de aguas ibéricas, menos del 15 %; en la sardina, menos del 15 %. Incluso la ministra llegó a decir que había sido un éxito. Después, cuando hicieron ese reparto, ni el Partido Popular ni su Gobierno nos explicaron cómo se iba a hacer en 2016. Espero que no sea como se hizo en el año 2015, en el que hubo un reparto caprichoso con el que todas las comunidades autónomas, todas las flotas, todas las artes, quedaron insatisfechas. Mientras tanto, el Gobierno no hizo absolutamente nada por aportar estudios científicos que mejoraran su capacidad negociadora tanto en Bruselas como aquí a la hora de hacer los repartos.

Por eso nosotros incluimos en nuestras propuestas —y no es solo una alegación, sino una aportación en positivo— la incorporación en el Programa operativo nacional de distintos tipos de ayudas, como el nuevo fondo español marítimo y de la pesca, o, por ejemplo, las ayudas para paradas por toxinas, que perjudican claramente a Andalucía y a Galicia, cuya utilización no es posible. O distintas ayudas a las mariscadoras gallegas o de Huelva, por ejemplo, que se ven perjudicadas ya que no pueden acogerse a aquellas porque su actividad no está asociada a un barco, como exigen los reglamentos comunitarios. Habría que tomar medidas para fortalecer la flota artesanal, lo que no se está haciendo. Asimismo, quedó aquí muy en evidencia que el Gobierno no puede mirar hacia otro lado. Tiene que pensar qué se va a hacer con la política de descartes que dentro de un mes vamos a tener que aplicar. Y es el Gobierno el que tiene que decirle a las flotas y a las comunidades autónomas cómo se va a gestionar este reto tan importante que tiene la flota española en la nueva política pesquera común.

El Gobierno olvidó por completo la política social, teniendo en cuenta las condiciones difíciles en que desempeña su actividad la gente que trabaja en el mar, como adecuar el catálogo de enfermedades profesionales a las nuevas enfermedades que van surgiendo o trabajar en coeficientes reductores para la jubilación anticipada y otras reivindicaciones que he expuesto hoy en el turno de enmiendas. Como tampoco se ocuparon de mejorar la comercialización y transformación, primando las producciones nacionales con perjuicio para otros sectores como, por ejemplo, es el caso del mejillón gallego o del atún.

Por lo tanto, necesitamos una política que ponga en valor la importancia del sector pesquero —esto ya ha sido rebajado por este Gobierno a la categoría de secretaría general—. Para empezar, necesitamos que se trabaje en Europa para mejorar las posibilidades de la pesca. Aquí tenemos que hacer un reparto justo, que no perjudique a nadie y que no sea ni caprichoso ni prepotente, como se hizo por parte de la anterior Secretaría de Pesca, que obligó precisamente al cese de su responsable, una crisis que el Gobierno quiso ocultar en su momento. Tenemos que trabajar ahora las cuestiones que se derivan de la nueva política pesquera común —ya lo dijimos—, como es la política de descartes, sobre la cual el sector no sabe qué va a pasar. Tenemos que trabajar por conseguir actividades en terceros países, y algo que ya se ha dicho aquí —Canarias ya lo ha dicho y los gallegos también lo decimos—, y es que todos perdieron en la política de recortes y de restricciones de licencias con terceros países. Tenemos que impulsar el trabajo científico para investigar recursos, especies de interés para la pesca, etcétera. Asimismo, hay que apoyar los centros de investigación, que están totalmente desahuciados por los recortes presupuestarios. Y también tenemos que estar presentes en los foros donde se debaten y discuten las cuestiones que afectan a nuestras flotas. Señores del Partido Popular, hay que mejorar la diplomacia pesquera de España, que con el señor Cañete, tan diplomático, ha llenado este sector de grandes fracasos alrededor del mundo.

Por lo tanto, la diferencia entre su propuesta, que es conformista, y la nuestra, que es de renovación de las políticas pesqueras, es abismal. Por consiguiente, nosotros no podemos votar a favor de esa moción que pretende bendecir la mala gestión de todos estos años. La propuesta de actuación que el Senado le va a hacer al Gobierno que se va, señora Larriba, no vale ya para el Gobierno que viene porque no recoge los contenidos y las propuestas que le presentamos. Nosotros planteamos propuestas alternativas, políticas diferentes, porque lo que se está haciendo no vale y por eso votaremos que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Señorías, quisiera hacer puntualizaciones a las cosas que los distintos grupos han comentado en este turno de intervención.

La primera es al señor Maldonado con respecto a los temas competenciales de los que él siempre está tan alerta.



Quiero recordarle que el Partido Popular aprobó en el año 1993 una ley que dejaba clara la competencia de las comunidades autónomas, tanto en aguas interiores como exteriores. Fue una ley que el Partido Socialista no apoyó y que recurrió, pero el Tribunal Constitucional sentenció dándonos la razón. Por tanto, le ruego que no dude del compromiso del Partido Popular con este tema competencial en materia de pesca porque creo que esta es una muestra muy clara de la posición del Partido Popular.

En relación con el caladero canario, señora Julios, quisiera hacer también algunas precisiones. La normativa actual del caladero canario es muy antigua y dispersa, como usted bien sabe, y no responde a la realidad de Canarias. Sabemos que se ha llevado a cabo un trabajo de actualización de esa normativa, que se va a plasmar en una nueva orden ministerial y que se adaptará a la realidad de las pesquerías de Canarias, caracterizadas por una pesca artesanal con artes de pesca muy específicas y una presencia abrumadoramente mayoritaria de la flota de artes menores.

Se ha trabajado sobre la base de las alegaciones y observaciones recibidas tanto del sector canario como del propio Gobierno de Canarias, por lo que entiendo que las consideraciones que hace usted en su enmienda son innecesarias. Hay que destacar que en todo el proceso la Secretaría General de Pesca ha contado con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía, cuyo asesoramiento ha sido fundamental para poder tomar decisiones sobre las prácticas permitidas, con el fin de continuar avanzando hacia una pesca sostenible.

Sin duda, uno de los aspectos que ha suscitado mayor controversia ha sido el uso de las nasas para peces. Este es un arte de pesca, como usted sabe, muy poco selectivo, que ejerce una gran presión sobre el recurso y cuya utilización en Canarias está muy extendida. Con la nueva norma se va a crear un registro y un censo específico de nasas para poder tener así constancia de qué barcos de entre los que faenan en el caladero usan este arte. En Galicia se ha hecho. Con este censo cada barco tendrá sus nasas identificadas, todo ello con el fin de conocer la realidad del uso de este arte de pesca de manera que se puedan hacer evaluaciones sobre el impacto que está teniendo y estudiar posibles ampliaciones o no de su uso en las islas que así lo reivindiquen. Como digo, con esta nueva orden que se está elaborando se culminaría un intenso trabajo, iniciado a comienzos de la legislatura, de ordenación no solo del caladero canario, sino de todos los caladeros, y que ha producido como resultado la publicación de una orden para cada uno de ellos.

En relación con los planes de descartes, y como ya se ha dicho aquí, entran en vigor en enero de 2016 y es necesario participar de manera activa en todo el proceso de elaboración para que estos sean flexibles, con el fin de que la adaptación a la norma comunitaria se produzca de la manera menos traumática posible. Por ello pedimos al Gobierno que siga actualizando la información disponible de la flota de pabellón español sobre descartes pesqueros, así como las posibles medidas de innovación por parte de empresas tecnológicas que puedan minimizar el efecto de esta obligación, como también los estudios de selectividad.

Como bien saben, la investigación científica y los estudios técnicos permiten conocer el estado de los principales stocks de interés para nuestra flota y profundizar en el conocimiento de los fondos marinos. La contribución de la investigación española sobre recursos pesqueros ha sido capital para la gestión de nuestras pesquerías, pero no solo en el caladero nacional, sino en aguas comunitarias e incluso fuera de ellas. Por eso insistimos al Gobierno en la necesidad de seguir trabajando activamente en la obtención de datos básicos que permitan el mejor asesoramiento científico y a que se siga apostando por la realización de campañas pesqueras y oceanográficas, muy especialmente las que llevan a cabo los tres buques de la Secretaría General de Pesca.

Por cierto, señor Iglesias, no podemos compartir la escasa valoración de los estudios científicos españoles que ha hecho en su intervención. Si me lo permite, quisiera hacerle una recomendación en relación con esa complicidad entre algunas ONG y empresas con intereses petrolíferos. Le recomiendo que se entere de lo que la Pew Foundation está haciendo en los caladeros del Gran Sol y los problemas que su actuación está conllevando.

En relación con los acuerdos pequeros, quiero reiterar que desde el inicio de la presente legislatura el Gobierno ha contribuido de manera muy positiva con sus gestiones a la ampliación de red de acuerdos de pesca con terceros países. Como les comentaba en mi anterior intervención, hay 16 actualmente en vigor más otro recién rubricado, que es el de Liberia, frente a los 12 que había al comienzo de la legislatura.

Señora Julios, lo que usted plantea sobre los cefalópodos debe enmarcarlo en esta planificación de acuerdos de pesca y también en las empresas conjuntas para las que, con nuestra intervención, estamos pidiendo una visión más amplia. Creemos que España debe seguir impulsando ante la Unión Europea las negociaciones de nuevos acuerdos pesqueros que contribuyan al aumento de posibilidades de pesca para la flota española, como los que puedan producir los que se están estableciendo con Kenia y Tanzania. De este modo se completarían los acuerdos de la flota atunera en todo el Índico.

Asimismo, se están manteniendo conversaciones para llegar a acuerdos pesqueros con Sierra Leona, y en la zona del Pacífico con Kiribati o las Islas Cook. Estos acuerdos permiten la actividad de los buques en condiciones de seguridad jurídica y durabilidad difícil de alcanzar de otro modo en ciertos países, al tiempo que garantizan el acceso al mercado comunitario de productos de la pesca en condiciones de seguridad sanitaria y jurídica, contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria y garantizando el empleo directo e inducido generado por esta flota. Se afianza, además, la presencia de la Unión Europea en los foros internacionales y se llena de valor la dimensión externa de la política pesquera comunitaria.

Señor Cazalis, le anticipo que, según las informaciones que tenemos, le va a caer una tarjeta roja a Tailandia gracias, precisamente, a lo que hemos hecho en esta Cámara en este sentido. Le recuerdo nuestro planteamiento: ni lomos ni latas, ni latas ni lomos que procedan de la pesca ilegal.

Señorías, para terminar, quería decirles que no ha sido intención de esta moción enmendarle la plana al Gobierno, porque mi grupo es absolutamente consciente de la labor titánica que se ha realizado durante esta legislatura para darle un giro a la percepción negativa que en Europa se tenía de nuestro sector pesquero, un sector que estaba bajo sospecha de pesca ilegal. A esta opinión contribuyó una política excesivamente laxa en el control del caladero nacional, que llevó a la Comisión a imponernos dos pesadas sanciones por sobrepesca, en 2009 y 2010, que han hipotecado al sector, principalmente al de la pesca artesanal de cerco, que ha visto disminuido su cupo de una manera brutal, 105 000 toneladas, que equivalen a la cuota española de tres años y que han supuesto un serio revés a economías ya muy afectadas por las restricciones generales a la actividad y agravadas por la actual situación de paro.

Nuestra iniciativa está orientada a dar un impulso adicional ante la perspectiva de la inminente entrada en vigor del reglamento de descartes; a la necesidad de alcanzar, en términos generales, una explotación de los recursos pesqueros en el ámbito del rendimiento máximo sostenible, en cumplimiento de los acuerdos de Johannesburgo; y está orientada a incidir en la importancia de la dimensión exterior de la política pesquera comunitaria. Pretendemos con ella reiterar la posición de liderazgo que el sector acuícola español debe alcanzar en el ámbito europeo.

En definitiva, señorías, es hora del ajuste fino y de la presentación de planes globales que muestren, ante la Comisión y ante nuestros socios europeos, nuestra opinión concreta sobre cómo dar cumplimiento a estos objetivos con una política realista y concreta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 148; en contra, 73; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016 DESTINADAS A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 662/000210 GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas. (Rumores). Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero, cuando haya silencio en el hemiciclo. (Continúan los rumores).

Guarden silencio, por favor.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Bé, senyories, el Grup Parlamentari de Convergència i d’Unió ha aportat aquesta moció per posar sobre la taula una problemàtica que existeix a Catalunya, que existeix arreu de l’Estat espanyol, una problemàtica que és ara i que afecta a persones que no tenen alguns recursos que els havíem de donar i no tenen temps. Per això, hem cregut oportú posar damunt de la taula aquesta problemàtica. I la posem emmarcats en l’ambient que el Grup Parlamentari del PP, i el Govern, en la presentació dels pressupostos, en una realitat optimista, de realitat econòmica de clara millora ens presenta.

Intentem definir aquesta recuperació de forma recurrent en el que han estat denominant indicadors de recuperació. Ahir mateix, el senyor Montoro ens en recordava alguns. En paraules de l’Executiu, el impacto favorece el crecimiento y el efecto de la recuperación. Hacen que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. Malgrat la reducció de la despesa en desocupació, i de la càrrega financera del deute públic, no veiem pas increment en partides socials que, durant la crisi, van patir davallades molt importants.

Així, doncs, l’executiu central ha estimat un estalvi de prestacions de desocupació per import de 5480 milions d’euros i un estalvi dels interessos del deute per import de 2000 milions d’euros. D’aquest estalvi, 7500 milions d’euros, tan sols un 1 %, ha estat utilitzat pel Govern per atendre la dependència. Una partida de 75 milions d’euros. (El senyor vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència).

Senyories, tots els ciutadans tenen dret de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones amb dependència. Això, no perquè ho digui el grup de Convergència i d’Unió, això és perquè ho diu la llei vigent i és un dret dels ciutadans. En l’actualitat, Sanitat reconeix una llista d’espera d’unes 433 852 persones, un 37 % del total, dels que tenen dret a un ajut. Això es deu a que, com que l’aplicació de la llei es va fer de forma gradual, l’1 de juliol es van incorporar a la llista de dependents els de grau de dependència moderada. I ens deixa en una situació similar a la del 2009, recorden senyories? No vam saber donar resposta, teníem un problema similar i, a més a més, vam causar molta frustració a molts dependents que esperaven aquests ajuts que resava la llei. La diferència és que, en aquell moment, estàvem parlant del desenvolupament de la llei i en aquests moments estem parlant de la finalització de l’aplicació d’aquesta llei. Aquest calendari d’aplicació, a més a més, va ser aturat, per part del Govern, quan va començar a governar, per la situació de crisi, prioritzant els dependents de gran dependència o de dependència greu. Però la veritat és que, segons dades del Govern, més de 90 000 persones amb gran o greu dependència, encara estan per atendre. La resta són de dependència moderada.

En definitiva, no ho han fet bé, ni amb els uns ni amb els altres. Així les coses, en aquests moments, segons l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, unes 100 000 persones han mort esperant un ajut. L’increment de 75 milions d’euros, segons aquesta mateixa associació, que queden regulats en els pressupostos per a la dependència, es trigarien 25 anys en atendre a aquestes persones que en aquest moment tenen la problemàtica. És obvi que la majoria no disposa, ni molt menys, d’aquest temps.

El finançament de la dependència hauria d’estar repartit entre el Govern central, les comunitats autònomes i els copagaments dels que reben el servei. Avui, la participació financera estatal es troba en el nivell més baix des de l’entrada en vigor de la llei, no arriba ni a un 20 %, quan li correspondria un 50 %. A més, l’any 2012 es va eliminar el finançament anomenat de nivell acordat amb les comunitats autònomes. Alguna veu del ministeri, fins i tot —segons recollien alguns mitjans— va assenyalar que no es facil para las comunidades autónomas atender de pronto a todos los moderados. Ja els ho dic jo, i tant com no n’és de fàcil! No ho és perquè, en aquests moments, com és en el cas de Catalunya, estem assumint el 80 % del cost. Si féssim el mateix pels nostres dependents que ha fet l’Estat, en aquest moment, 94 000 dependents que estan atesos a Catalunya haurien quedat fora del sistema. No és fàcil, senyories, no és fàcil per Catalunya i no és fàcil per ningú. Però, certament, amb aquesta partida pressupostària de 75 milions, vostès, el que aconseguiran és asfixiar les comunitats autònomes que no podran atendre, o ho faran amb els recursos propis, si en disposen. I parlen d’una partida d’ampliació de crèdit. Nosaltres pensem que això hauria d’estar reflectit en els pressupostos perquè és un problema real, que el tenim ara, i ja el tenim quantificat. En definitiva, no donen resposta. Són insuficients per a l’atenció de la dependència. Aquests anys, durant aquesta legislatura, s’ha patit una disminució de 1490 milions d’euros, sense tenir en compte que hi hauria un augment progressiu de beneficiaris. El ministre, en la seva primera compareixença al Congrés, anunciava amb satisfacció que s’havia acabat el període d’implantació de la llei. Aquesta satisfacció nosaltres no la podem compartir. Perquè no es tracta només d’aplicar i implantar les lleis, sinó que donin respostes a les solucions, a les problemàtiques, i en aquest cas no ha estat una solució. El president Rajoy, a més a més, qüestionava la seva viabilitat. Jo els ho diré. La llei és viable, però és viable si s’hi destinen els recursos necessaris. Altrament, només serveix per a frustrar expectatives de la gent.

Els deia, començava la meva intervenció dient que el Govern ha anunciat una recuperació econòmica, en la presentació dels pressupostos. El senador Bel, no fa massa, en aquesta Cambra, ja va posar negre sobre blanc com aquesta recuperació afectava les comunitats autònomes. Que, si bé participem en bona part de la disminució del dèficit, no participem dels augments impositius que ha dut a terme el Govern central.

Per tot això, nosaltres, perquè hi ha aquesta problemàtica, perquè el Govern diu que en aquests moments està en disposició de poder atendre-la, la qual cosa no s’havia pogut fer fins ara, proposem dues solucions, que vindrien a donar solució immediata a molts afectats per la dependència i al seu entorn familiar, que passen per dues vies. La primera, augmentar amb 150 milions d’euros l’aportació estatal al nivell mínim del sistema d’atenció de la dependència, per tal d’aproximar aquests recursos de l’Estat, el 50 % del cost real que assumeixen les comunitats autònomes. I, per altra banda, restituir aquest nivell acordat, que van suprimir el 2012, la qual cosa, al nostre entendre, reconeix d’un augment del finançament estatal al sistema de dependència, d’uns 283 milions d’euros.

Senyories, jo penso que és un problema que afecta Catalunya i que afecta tots els territoris, és un problema real que afecta la dignitat i la facilitat de la vida de moltes persones, i, si bé podem discutir si la quantificació i podem afegir xifres de més o xifres de menys, perquè és molt difícil de quantificar, entenem que tothom estarà d’acord que, si el problema el tenim ara, si hi ha gent patint, i el Govern diu que té les eines per donar-hi solució, no ens podem quedar de braços creuats, no podem esperar la tramitació dels pressupostos, i per això jo demano el suport a la nostra moció i demano al Grup Popular que, d’aquí a la tramitació dels pressupostos, tinguin en compte aquesta problemàtica i la puguem veure solucionada i no n’haguem de parlar en el tràmit dels pressupostos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha presentado esta moción para poner sobre el tapete una problemática que existe en Cataluña y que existe en todas partes del Estado español; una problemática actual que afecta a personas que, además de no tener los recursos que habría que ofrecerles, no disponen del tiempo. Por eso hemos puesto sobre el tapete este asunto, y lo hacemos enmarcado en un ambiente optimista y de clara mejora económica con que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno presentan los últimos presupuestos.

Intentamos definir esta recuperación de forma recurrente en los denominados indicadores de recuperación, y ayer mismo el señor Montoro nos recordaba algunos. En palabras del Ejecutivo, el impacto favorece el crecimiento y el efecto de la recuperación hace que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. A pesar de una reducción del gasto en desocupación y de la carga financiera de la deuda pública, no vemos incremento en partidas sociales que durante la crisis sufrieron reducciones muy importantes. Así pues, el Ejecutivo central ha estimado un ahorro de prestaciones de desocupación por importe de 5480 millones de euros y un ahorro de los intereses de la deuda por importe de 2000 millones de euros. De este ahorro de 7500 millones de euros el Gobierno solo ha utilizado un 1 % para atender a la dependencia, una partida de 75 millones de euros. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, todos los ciudadanos tienen derecho a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas con dependencia. Y no porque lo diga yo, no porque lo diga el Grupo de Convergència i d’Unió, sino porque la ley vigente dice que es un derecho de los ciudadanos. En la actualidad, Sanidad reconoce una lista de espera de 433 852 personas, un 37 % del total de los que tienen derecho a una ayuda. Eso se debe a que como la aplicación de la ley se hizo de forma gradual, el 1 de julio se incorporaron a la lista de dependientes los de grado de dependencia moderada, lo que nos deja en una situación similar a la de 2009. ¿Recuerdan, señorías? No supimos dar respuesta ante un problema similar y causamos mucha frustración a muchos dependientes que esperaban estas ayudas que rezaba la ley. La diferencia es que en aquel momento hablábamos del desarrollo de la ley y ahora estamos hablando de la finalización de la aplicación de esta ley. Este calendario de aplicación fue parado por el Gobierno cuando empezó a gobernar por la situación de crisis, priorizando a los dependientes de gran dependencia o de dependencia grave; pero la verdad es que, según datos del Gobierno, más de 90 000 personas con gran o grave dependencia todavía no tienen atención y el resto son de dependencia moderada.

En definitiva, no lo han hecho bien ni con los unos ni con los otros. Así las cosas, hasta este momento, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unas 100 000 personas han muerto esperando una ayuda. Según esta misma asociación, con el incremento de 75 millones de euros que quedan regulados en los presupuestos para la dependencia, se tardarían veinticinco años en poder atender a las personas que hoy viven esta problemática. Es obvio que la mayoría no disponen, ni mucho menos, de este tiempo.

La financiación de la dependencia tendría que repartirse entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los copagos de los que reciben los servicios. Hoy en día la participación financiera estatal se halla en el nivel más bajo desde la entrada en vigor de la ley, no llega ni a un 20 %, cuando le correspondería un 50 %. Además, en el año 2012 se eliminaron las financiaciones de nivel acordado con las comunidades autónomas; alguna voz del ministerio, incluso —según recogían algunos medios—, señaló que no es fácil para las comunidades autónomas atender de pronto a todos los moderados. Ya les digo yo: ¡pues claro que no es fácil!, no es fácil porque en estos momentos, como en el caso de Cataluña, estamos asumiendo el 80 % del coste; si hiciéramos lo mismo con nuestros dependientes que lo que ha hecho el Estado, en estos momentos 94 000 dependientes que han sido atendidos en Cataluña habrían quedado fuera del sistema. No es fácil, señorías, ni para Cataluña ni para nadie, pero, ciertamente, con esta partida presupuestaria de 75 millones ustedes lo que van a conseguir es asfixiar a las comunidades autónomas, que no podrán atender o bien lo harán con los recursos propios, si los tienen. Y hablan de una partida de ampliación de crédito. Nosotros pensamos que esto tendría que estar reflejado en los presupuestos, porque es un problema real que lo tenemos ahora y ya está cuantificado. En definitiva, no dan respuesta y son insuficientes para la atención de la dependencia. Estos años, durante esta legislatura, ha habido una disminución en la atención a la dependencia de 1490 millones de euros, sin tener en cuenta, además, que habría un aumento progresivo de beneficiarios. El ministro, en su primera comparecencia en el Congreso, anunciaba con satisfacción que se había terminado el periodo de implantación de la ley. Nosotros no compartimos esta satisfacción, porque no se trata solo de aplicar e implantar las leyes, sino de que den respuesta a las problemáticas, y en este caso no se ha dado una solución. El presidente Rajoy, además, cuestionaba su viabilidad. Yo les voy a decir que la ley es viable, pero es viable si se le destinan los recursos necesarios, si no, no sirve más que para frustrar las expectativas de la gente.

Empezaba mi intervención diciendo que el Gobierno ha anunciado una recuperación económica en la presentación de los presupuestos. El senador Bel hace poco, en esta Cámara, ya puso negro sobre blanco cuando explicó cómo afectaba esta recuperación a las comunidades autónomas, y decía que si bien participamos en buena parte de la disminución del déficit, no participamos de los aumentos de tipos impositivos que ha realizado el Gobierno central.

Por todo ello, nosotros, porque existe esta problemática, porque el Gobierno dice que en estos momentos está en disposición de poder atenderla —cosa que no se había podido hacer hasta ahora—, proponemos dos alternativas que vendrían a dar solución inmediata a muchos de los afectados por la dependencia y también a su entorno familiar: la primera, incrementar con 150 millones de euros la aportación estatal al nivel mínimo del sistema de atención de la dependencia para aproximar estos recursos del Estado al 50 % del coste real que asumen las comunidades autónomas y, la segunda, restituir este nivel acordado que suprimieron en el 2012, lo cual, a nuestro entender, requiere de un aumento de la financiación estatal en el sistema de dependencia de unos 283 millones de euros.

Señorías, yo pienso que este es un problema que afecta a Cataluña y afecta a todos los territorios, es un problema real que afecta a la dignidad y a la facilidad de la vida de muchas personas, y, si bien podemos discutir si a la cuantificación le podemos añadir cifras de más o de menos porque es muy difícil de cuantificar, sí que entendemos que todo el mundo estará de acuerdo con que si el problema lo tenemos ahora, si hay gente sufriendo, si el Gobierno dice que tiene las herramientas para dar la solución, no nos podemos cruzar de brazos, no podemos esperar la tramitación de los presupuestos, y por ello yo pido el apoyo a nuestra moción y pido al Grupo Popular que, de aquí a la tramitación de los presupuestos, tenga en cuenta esta problemática y la podamos ver solucionada, de modo que no tengamos que volver a hablar de ella en el trámite de los presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez):

En turno en contra, tiene la palabra la senadora señora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Entro a analizar directamente el cuerpo de la moción. Señalan, en primer lugar, que no se aprecia en estos presupuestos una recomposición del gasto social. El Grupo Parlamentario Popular duda de que la palabra adecuada sea la de recomposición del gasto social, puesto que si hay algo que caracteriza a este Gobierno es que nos ha devuelto a la senda del crecimiento y de la creación de empleo, garantizando además la sostenibilidad del Estado del bienestar, que estaba de capa caída tras el paso de los gobiernos socialistas.

Estamos ante un tiempo nuevo, una vez completado el calendario progresivo de la implantación de la ley, con un aumento de los créditos destinados a la atención a la dependencia. Así, dentro de las políticas de gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para el próximo año, 7 de cada 10 euros están comprometidos con las personas mayores y la Ley de dependencia. El presupuesto del Imserso para el próximo año crece un 3,26 % respecto a 2015, recuperando los niveles del ejercicio 2011, lo que demuestra que este Gobierno continúa con la tendencia del incremento presupuestario iniciado en los dos ejercicios anteriores, porque desde el año 2013, el presupuesto se ha incrementado en 223 millones de euros, teniendo en cuenta además que se mantienen los programas de prevención de la dependencia. Aquí está el compromiso continuado y no una recomposición con el gasto social.

En segundo lugar, en la moción critican la participación de la financiación estatal, y en particular solicitan aumentar en 150 millones el nivel mínimo. Vaya por delante que la Administración General del Estado siempre ha cumplido con la obligación de contar con créditos necesarios para transferir a las comunidades autónomas las cantidades devengadas en concepto de nivel mínimo, y en aquellos casos en que las cantidades consignadas no resultaban suficientes se han tramitado las oportunas ampliaciones de crédito, de tal forma que siempre se ha garantizado esta financiación. Para mayor concreción, debo decir que estas cantidades son objeto de cálculo a lo largo de todos los meses, de manera que la cantidad definitiva vinculada a este concepto resulta imposible de conocer con anterioridad a la finalización del año, por lo que venir hoy aquí a solicitar una ampliación de 150 millones —que podían ser 135 o 185— carece de validez.

Sobra decir que en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia la gestión corresponde a las comunidades autónomas y, por su parte, al Estado le corresponde garantizar la igualdad y equidad del sistema. Para esto último, el Estado utiliza instrumentos normativos de coordinación general y financieros para garantizar una misma cuantía para la atención a las personas en situación de dependencia, con una prestación efectiva y en función de su grado, cualquiera que sea el lugar donde residan.

Señorías, la financiación de la dependencia se asienta en dos instrumentos normativos: por una parte, la Ley de dependencia propiamente y, por otra, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre —que no entendemos por qué silencian en su moción—, y de esta forma el Estado cumple con su obligación de que las aportaciones de Estado y comunidad autónoma estén equiparadas.

En tercer lugar, en cuanto a la solicitud de recuperar el nivel acordado, la misma Ley de dependencia establecía que el período de aplicación del nivel de protección acordado iba desde la propia entrada en vigor de la ley —año 2007— hasta el año 2015. Ustedes plantean en su moción que este nivel acordado se recupere en el año 2016, por lo tanto, van en contra incluso del propio espíritu de la ley, y por eso no podemos admitirlo. A mayor abundamiento, en esta misma Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se recoge una financiación adicional para las comunidades autónomas. Y es el propio Tribunal de Cuentas, no el Partido Popular, el que en su informe de fiscalización señala que a través de tales créditos se compensa con creces la suspensión del nivel acordado, toda vez que las cifras asociadas a la financiación adicional superan las transferencias en concepto del nivel acordado. Así, desde el año 2009, por este concepto se han transferido a las comunidades autónomas más de 9200 millones de euros.

En cuarto y último lugar, hablan también de la participación de la financiación estatal en el sistema y dicen que no alcanza ni a financiar el 20 % de los costes del sistema. Pues tengo que decirles que esta afirmación también resulta falsa, y para ello me voy a remitir al Informe 1035/2014, del Tribunal de Cuentas, que señala que con los datos correspondientes al ejercicio del año 2012, la financiación del nivel mínimo de protección a cargo del Imserso representó el 19,71 %. Los previstos en la Ley 22/2009 recibieron un importe que representó el 29,52 %. Sumando ambos, se cifran en un 49,23 %, lejos de ese 20 % al que se refiere en su moción. Así, por tanto, se da cumplimiento al artículo 32 de la Ley de dependencia.

Por todo ello, vemos cómo con el Gobierno del Partido Popular, y a pesar de los malos augurios, se ha potenciado la dependencia. Hemos sido vigilantes del cumplimiento de la ley, se han impulsado líneas de colaboración consensuadas a través del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales con las comunidades autónomas y, lo más importante, se garantiza, sin exclusión, el derecho subjetivo de todas las personas valoradas como dependientes a la prestación que en cada caso les corresponda. Por todo ello, y por las razones expuestas, mi grupo votará en contra de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Vamos a compartir el turno. Intervendré brevemente desde el escaño, en nombre del Grupo Mixto.

La moción nos permite, al final de la legislatura, pensar en cómo ha afrontado el Partido Popular el desarrollo de la Ley de atención a la dependencia y hacer un poco de historia. En mi opinión, el Partido Popular ha visto la Ley de atención a la dependencia como una parte de la herencia recibida, como una carga frente a la que ha reaccionado con desafección. Y lo ha expresado a través de los recortes presupuestarios, haciendo que el porcentaje de participación de la Administración General del Estado en el coste de la Ley de atención a la dependencia nunca alcanzara lo establecido en la propia ley y tendiera a disminuir. Dada la situación financiera de las comunidades autónomas y otras reformas impulsadas por el Partido Popular, ello se ha traducido en un incremento, a través de la figura de los copagos, de la aportación realizada por los dependientes, lo cual, por supuesto, Izquierda Unida en ningún caso comparte. En el ejercicio en el que estamos, después de que el Partido Popular retrasara la aplicación de la ley a los dependientes moderados, por fin estos se han incorporado al sistema, pero habría que decir que, más que incorporarse al sistema, se han incorporado a la lista de espera del sistema. Las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado ni tan siquiera con el incremento producido van a permitir satisfacer las necesidades de estos nuevos dependientes que han entrado en el sistema.

Concluyo. Según el informe que conocen sus señorías, elaborado por los directores y responsables de los centros de servicios sociales, con las previsiones de financiación planteadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 serían necesarios al menos veinticinco años para poder acabar con las listas de espera. Esto significa que la Ley de la dependencia sigue languideciendo y no garantiza la atención necesaria a quienes han alcanzado ya la calificación de personas dependientes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Es la primera vez que intervengo en el Pleno y quería decir que la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán plantea un contenido que nosotros compartimos, pero ojalá no habláramos de dependencia, sino de atención a la promoción de la autonomía personal, que habláramos de las personas con necesidades de apoyo. Pensamos que este concepto dignifica mucho más a las personas de las que estamos hablando. Lo que el Grupo Parlamentario Catalán plantea en su moción es razonable, pero nosotros pensamos que este aumento presupuestario no soluciona el problema real con el que nos encontramos. Consideramos que este aumento presupuestario para el próximo año 2016 es un insulto a las familias y a las personas que necesitan apoyo. Como han comentado nuestros compañeros de CiU, hablamos de 1400 millones de euros de recortes y, por tanto, este aumento no compensa los recortes sufridos. Creemos que el objetivo tiene que ir más allá. Tenemos que hablar de una ley que puede mejorarse, y, evidentemente, esas mejoras tienen que ir acompañadas de una dotación presupuestaria que asegure su implantación real.

Discúlpenme, pero da igual que hablemos del Gobierno estatal o del Gobierno en el territorio catalán, pues durante todos estos años hemos sufrido unos recortes salvajes que han afectado a uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar; hablamos de educación, de sanidad, de servicios sociales, etcétera. Esos recortes se incorporarán en el futuro en los libros de historia que estudiarán nuestros jóvenes porque estas políticas que están llevando a cabo están desmantelando poco a poco nuestro Estado de bienestar. En la moción que ustedes plantean pretenden volver a lo marcado en 2012. Nosotros pensamos que tendría que tener carácter retroactivo, que esas cantidades que no se han gastado durante todos estos años también deberían incorporarse.

Al Gobierno y al grupo que le apoya quiero decirles que la semana pasada aprobamos un presupuesto extraordinario de más de 850 millones de euros para un programa específico de armamento en tiempos de paz. Explíquenme ustedes cómo vamos a decir esto a las familias, a las personas que necesitan apoyos, cómo se lo vamos a explicar. Yo no me veo capaz de hacerlo. Vemos que hay dinero para algunas cosas pero para otras siempre falta. Ahora hablamos de personas. Hablamos de un sistema de atención a la dependencia que crea empleo, que fomenta la innovación, la tecnología, la investigación. Hablamos de un sector maravilloso, señorías, de un pilar fundamental.

Y, señorías, si me permiten, dejando el tema presupuestario al margen, quiero decir que necesitamos revisar en profundidad esta ley, centrándonos, por ejemplo, en la economía del cuidado. La mayoría de cuidadores son mujeres, tres de cada cuatro cuidadores son mujeres. Hablamos de uno de los sectores productivos más precarios, un sector que, además, promueve la economía sumergida, que, como consecuencia, conlleva vulnerabilidad y nulidad de derechos laborales. Por todo esto, nosotros planteamos que la solución debería ser una revisión en profundidad de este sector y, evidentemente, de la ley.

Para concluir, señorías, nosotros hemos decidido abstenernos porque no compartimos al cien por cien lo que plantean en su moción, ya que pensamos que debemos ir más allá y hacer esa revisión que estamos comentando. No podemos olvidarnos de la gran desigualdad que existe entre las diferentes comunidades autónomas. A mí me ha costado encontrar datos fiables, he tenido dificultades, me he encontrado con una gran opacidad. A veces hablamos de cantidades, pero esas cantidades no solucionan el problema real; tenemos que empezar a hablar de la situación real de las personas y a partir de ahí ver cuáles son las necesidades y cuánto valen, y entender que no estamos hablando de gasto social, sino de una inversión social dirigida a que nuestra ciudadanía, nuestra sociedad vaya mejor.

Gracias por escucharme. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, especialmente por su esfuerzo, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

Volvemos de nuevo a hablar de la Ley de dependencia. Esta mañana hemos hablado de muchas cosas; todo ya está muy hablado y muy discutido en esta legislatura, no sé si para bien, pero al menos hemos debatido sobre ello.

La Ley de dependencia, señorías, fue aprobada en la legislatura del presidente Zapatero. En su día, nosotros, como Grupo Vasco, valoramos la voluntad de la ley pero votamos en contra porque suponía y supone una inadmisible invasión competencial en un área en la que ya las diputaciones vascas actuaban antes de la propia Constitución de 1978, como es el área de la asistencia y apoyo social y, además, porque la ley no mostraba claramente una viabilidad económica, como dijimos en su momento. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible, y lo ha hecho eliminando las expectativas de aquellas personas que creían tener, y que de hecho tienen, un derecho subjetivo, pues dichas expectativas al final no se han cumplido.

Estábamos en esto cuando llegó el Gobierno actual, que modificó los tres aspectos medulares de la ley: el calendario, las cuantías y la financiación. Las primeras modificaciones se realizaron ya en diciembre de 2011, nada más comenzar la legislatura. Pero mucho más sustanciales fueron las introducidas en el Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012, primero, en el calendario de incorporación de las personas beneficiadas a los servicios y prestaciones de atención a la dependencia; en julio de 2012, se pospuso la incorporación de las personas valoradas con los grados I y II hasta julio de 2015; en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cambio, mantuvimos el calendario original. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Respecto a las cuantías, mientras el Estado, en julio de 2012, redujo entre el 15 y el 20 % las cuantías de las prestaciones de la ley, es decir, la de cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal y la vinculada al propio servicio, en el País Vasco las hemos seguido manteniendo sin reducción alguna.

Y en cuanto a la financiación —sobre ello ha hablado la senadora del Grupo Popular—, les diré que el Estado se comprometió a compartir el 50 % del nivel mínimo con las comunidades autónomas. A este respecto, quiero aportar dos datos de 2009 que considero importantes, previos al recorte del Gobierno de Rajoy: la financiación del Estado para los servicios relativos a la discapacidad y dependencia se situaba en el 9,1 % y el 19,7 %; en el mejor de los casos, nunca llegó al 20 %. Pero según el informe del Tribunal de Cuentas del Estado, al que usted también ha aludido, en 2013, la financiación estatal de los servicios del catálogo de la ley es de un 17,57 %. Con todo esto, en 2013, en Vizcaya, que es el territorio que mejor conozco, se destinaron 306 millones de euros para cubrir la Ley de dependencia. En Guipúzcoa y Álava ocurre lo mismo, pero, evidentemente, en menor proporción por cuestiones de población, etcétera. Por eso, nosotros no podemos más que apoyar cualquier medida que suponga acercar la financiación estatal a lo recogido en la propia ley, sin más, y, como hemos visto, a lo que se ha incumplido de la propia ley desde el inicio de andadura de la norma, tanto en el nivel mínimo como en el nivel acordado, porque este último tenía plazo de finalización pero nunca empezó; por tanto, si nunca empezó, vamos a ver si lo empezamos ahora. Sin duda, también algún día tendremos que discutir cómo se compensa el coste de aplicación de una ley que no ha sido derogada, solo congelada en parte durante estos años en los que las administraciones locales vascas han cumplido escrupulosamente con las cuantías y los plazos sin que el Estado cumpliera con lo que le correspondía.

Por todo esto, señorías, señora presidenta, el voto del Grupo Vasco va a ser favorable a esta iniciativa de Convergència i d’Unió.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Presidenta, bon dia. Senadors, senadores.

Senyories, 1 200 000 persones tenen dret reconegut a la prestació per a la dependència. És una xifra prou significativa, que justifica l’oportunitat i l’encert d’haver legislat sobre les condicions que han de garantir la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència a través d’un conjunt mínim de drets. Una llei de mínims, que ha de garantir l’administració i que és susceptible de ser ampliada per les comunitats autònomes.

Per primera vegada, es reconeix una realitat social que fins a l’aprovació de la llei 39/2006 s’obviava. Gràcies al coratge i a la capacitat suficient per fer-ho, aquestes persones sortien a la llum i quedaven reconegudes socialment a tot l’Estat i per igual, era el primer pas. Va haver-hi crítiques de tota mena però, ningú, avui, no pot negar que es tractava d’un text legal que feia visible una realitat social no reconeguda fins al moment.



De fet, simplement ha estat modificada per paralitzar-la, però no ha estat derogada, doncs apliquin-la!

Els governs han de ser els primers en donar exemple en el compliment de les normes, no allarguin més el patiment de milers de famílies.

Des del passat 1 de juliol, 310 000 dependents moderats haurien de percebre la prestació a la qual tenen dret. Estem parlant, majoritàriament, de gent gran, amb dificultat de mobilitat, de malalts amb principis d’Alzheimer, que alguns han estat completament sols i estem fent referència a l’ajuda per tal de llevar-se, de menjar, de rentar-se. D’altres necessiten l’atenció 24 hores, la qual cosa suposa, per algun familiar, haver de renunciar al lloc de treball per a la seva atenció, entrant en un espiral que agreuja la situació econòmica de les famílies.

Més del 35 % de les persones amb grau reconegut, no perceben la prestació que els pertoca. Ha dit reiteradament el Govern, que estem en una recuperació econòmica imparable, que serem els referents a Europa, la locomotora. Això hauria de traduir-se en l’adopció de mesures tangibles, perquè, sinó, només són paraules que se les emporta el vent.

Al pressupost pel 2016, pel que fa a les partides que han de garantir les prestacions per dependència, aquesta recuperació no ha arribat.

Per donar cobertura a les persones amb dret a prestació, es necessiten 3100 milions més dels que estaven pressupostats. I l’increment efectuat per al 2016, és només de 70 milions. El reconeixement de grau està fet, el càlcul és simple, són faves comptades. Però el nivell matemàtic del Govern és molt deficient, o simplement ideològic.

El finançament ha d’anar repartit entre el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i algun copagament de qui percep el servei. Però la realitat és que, del 50 % que ha d’aportar l’Estat, només s’està aportant el 17 % del cost total. Són les comunitats autònomes, en alguns casos, que estan aportant la diferència. Hem de tornar, un cop més, a destacar la deslleialtat institucional del Govern de l’Estat envers les comunitats autònomes i, d’aquestes, als ajuntaments, que veuen com els seus veïns passen desapercebuts per les administracions amb competències al respecte, i són aquests, els ajuntaments, els que han de garantir als dependents l’atenció necessària perquè puguin tenir una vida digna, torno a repetir, simplement llevar-se del llit, rentar-se, menjar, viure, viure amb dignitat.

Els greuges no acaben aquí. La decisió de suspendre les cotitzacions de la Seguretat Social de les cuidadores no professionals, vol dir condemnar a moltíssimes dones a no tenir una pensió contributiva, a no poder accedir al món laboral. A renunciar a la seva professió per a tenir cura d’un familiar i, per tant, a la pobresa.

Vull destacar que, pel que fa al desplegament de la llei a les comunitats autònomes, s’ha produït una situació que ha creat desigualtat en tot el territori a l’hora de rebre les prestacions o els serveis. Mentre que hi ha comunitats autònomes que creuen en l’esperit de la llei, que el comparteixen, i la seva prioritat són les persones, d’altres, que van votar en contra, l’han deixat d’aplicar o li han passat la tisora amb l’excusa de la crisi. Sí, aquells que tan criticaven la llei no els ha estat difícil oblidar els dependents, al.legant la falta de recursos. Mentre, per altra banda, tiraven endavant una amnistia fiscal per a defraudadors i rebaixaven impostos als que més tenen. És cínic agrair a la ciutadania l’esforç que han fet per tal de superar la crisi.

Mentre a les famílies més riques se’ls suprimeix l’impost de successions, o bé se’ls facilita que s’acullin a una amnistia fiscal, els més desvalguts, la gran majoria, se’ls puja l’IVA, l’IRPF, el rebut de la llum i del gas, el copagament de la dependència o el copagament farmacèutic. No, no tota la ciutadania ha fet el mateix esforç. I en aquesta legislatura ha quedat més clar que mai que no tots els partits són iguals. En el tema de la dependència, ha quedat ben clar quin partit polític té com a prioritat l’atenció a les persones més vulnerables i qui no. Com a exemple, en els pressupostos generals de l’Estat, presentats pel Govern del Partit Popular, per al pressupost del 2015, el Govern havia destinat 1235 milions per a l’atenció a la dependència. En els pressupostos de la comunitat d’Andalusia, per al 2015, solament en la comunitat d’Andalusia, es van destinar 1200 milions, comunitat que, com va dir ahir el ministre, és cert que ha augment les llistes d’espera però per ordre del Govern de l’Estat.

Com deia, només cal veure quin partit polític ha governat en les comunitats autònomes i quin grau de desplegament s’ha produït. L’any 2007, va néixer un dret de ciutadania, un dret que generava ocupació, que ha donat autonomia a les persones i que ha generat drets a dones cuidadores. En definitiva, ha donat dignitat. La inversió en serveis a la dependència té un retorn social molt important. Per això, perquè les persones dependents són una prioritat del nostre grup, i per garantir-los els seus drets, per això donarem suport a la moció.

Gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidenta. Buenos días, senadores, senadoras.

Señorías, 1 200 000 personas tienen derecho reconocido a la prestación para la dependencia; es una cifra bastante significativa que justifica la oportunidad y el acierto de haber legislado sobre las condiciones que deben garantizar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencia a través de un conjunto mínimo de derechos. Una ley de mínimos que debe garantizar la administración y que es susceptible de ser ampliada por las comunidades autónomas.

Por primera vez se reconoce una realidad social que hasta la aprobación de la Ley 39/2006 se obviaba. Gracias al coraje y a la capacidad suficiente para hacerlo, estas personas salían a la luz y eran reconocidas socialmente en todo el Estado y por igual. Era el primer paso. Hubo críticas de todo tipo, pero nadie hoy puede negar que se trataba de un texto legal que hacía aflorar una realidad social no reconocida hasta ese momento. De hecho, simplemente ha sido modificada para paralizarla, pero no ha sido derogada, así que aplíquenla.

Los Gobiernos deben ser los primeros en dar ejemplo en cuanto al cumplimiento de las normas. No prolonguen más el sufrimiento de miles de familias.

Desde el pasado 1 de julio, 310 000 dependientes moderados tendrían que gozar de la prestación a la que tienen derecho. Hablamos de gente mayor con dificultades de movilidad y de enfermos con principios de alzheimer que están completamente solos. Simplemente estoy haciendo referencia a la ayuda para levantarse, lavarse y comer. Otros necesitan atención 24 horas, lo que supone para algún familiar tener que renunciar a su puesto de trabajo para poder atenderlos, entrando en una espiral que agrava la situación económica de las familias.

Más del 35 % de las personas con grado reconocido no perciben la prestación que les corresponde. Se ha dicho reiteradamente —lo ha dicho el Gobierno— que estamos en una recuperación económica imparable, que seremos los referentes en Europa, la locomotora. Eso se tendría que traducir en la adopción de medidas tangibles porque si no, solo son palabras que se lleva el viento.

En cuanto a las partidas que deben garantizar las prestaciones por dependencia en el presupuesto para el 2016, esta recuperación no ha llegado. Para dar cobertura a las personas con derecho a prestación son necesarios 3100 millones más de los presupuestados, pero el incremento realizado para 2016 solo es de 70 millones. El reconocimiento del grado está hecho, el cálculo es simple, pero la capacidad matemática del Gobierno es muy deficiente o, simplemente, ideológica.

La financiación se tiene que distribuir entre el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y el copago de quien percibe el servicio, pero la realidad es que, del 50 % que tiene que aportar el Estado, solo se está aportando el 17 % del coste total. Son las comunidades autónomas, en algunos casos, las que están aportando la diferencia. Debemos volver una vez más a destacar la deslealtad institucional del Gobierno del Estado en relación a las comunidades autónomas, y de estas con los ayuntamientos, que ven cómo sus vecinos pasan desapercibidos para las administraciones con competencias al respecto, y son estos, los ayuntamientos, los que deben garantizar a los dependientes la atención necesaria para tener una vida digna. Vuelvo a repetir, simplemente levantarse de la cama, lavarse, comer, vivir; vivir con dignidad.

Los agravios no terminan aquí. La decisión de suspender las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales significa condenar a muchas mujeres a no tener una pensión contributiva, a no poder acceder al mundo laboral, a renunciar a su profesión para cuidar a un familiar, conduciéndolas a la pobreza.

En cuanto al despliegue de la ley en las comunidades autónomas, se ha producido una situación que ha creado desigualdad en el territorio cuando no se reciben las prestaciones o servicios. Mientras hay comunidades que creen en el espíritu de la ley, que lo comparten y su prioridad son las personas, otras, que votaron en contra, la han dejado de aplicar o la han recortado con la excusa de la crisis. Sí. A aquellos que tanto criticaban la ley no les ha sido difícil olvidar a los dependientes alegando la falta de recursos mientras, por otro lado, seguían adelante con la amnistía fiscal para rebajar los impuestos a aquellos que más tienen. Es cínico agradecer a la ciudadanía su esfuerzo para superar la crisis.

Mientras a las familias más ricas se les suprime el impuesto de sucesiones o se les facilita acogerse a la amnistía fiscal, a los más desfavorecidos se les sube el IRPF, el recibo de la luz y el gas, el copago de la dependencia o el copago farmacéutico. No, no toda la ciudadanía ha hecho el mismo esfuerzo y en esta legislatura queda más claro que nunca que no todos los partidos son iguales. En el ámbito de la dependencia ha quedado muy claro qué partido político tiene como prioridad la atención a las personas más vulnerables y quién no. Como ejemplo, les diré que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, presentados por el Gobierno del Partido Popular, se habían destinado 1235 millones, a la atención a la dependencia y, en 2015, solamente a la comunidad de Andalucía se destinaron 1200 millones; comunidad que, como dijo ayer el ministro, es cierto que paralizó y aumentó las listas de espera, pero por orden del Gobierno del Estado.

Como decía, solo hay que ver qué partido político ha gobernado en las comunidades autónomas y qué grado de despliegue se ha producido. En 2007 nació un derecho de ciudadanía, un derecho que generaba ocupación, que ha dado autonomía a las personas y que ha generado derechos para mujeres cuidadoras; en definitiva, que ha dado dignidad. Además, la inversión en servicios a la dependencia tiene un retorno social muy importante. Por eso, porque las personas dependientes son una prioridad para mi grupo parlamentario, garantizar sus derechos es importantísimo y por ello vamos a apoyar la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.

En primer lloc, haurà notat que quan he parlat de la nostra moció, no m’he volgut remuntar ni a herències ni a coses que havien passat des del començament d’aquesta llei. Sí que els vull recordar, després d’haver sentit els portaveus que, quan es va fer la primera proposta d’aquesta llei, el meu grup parlamentari la va votar en contra, a portes d’unes eleccions i se’ns va titllar de poc sensibles amb aquest tema. I passa una mica això. A vegades el títol de la llei sembla que ens vulgui donar solucions. Però nosaltres, ja en aquell moment, en aquell moment ja vam advertir del que suposava la llei sense una consignació pressupostària i en quina situació deixaria les comunitats autònomes. La veritat és que el temps ens ha acabat donant la raó.

A la senadora del PP, només li voldria fer unes petites apreciacions. Vostè em ve aquí i em diu que la meva proposta carece de validez. Exactament m’ha dit això. Jo li agrairia que digués que no la comparteix, que no li sembla bé, que no està per aquesta labor, o que no li sembla bé que ho presentem aquí i ja ho parlarem en pressupostos. Però no em digui que no té validesa, perquè això els ho explicarà vostè a tota la gent que hi ha a Catalunya i a la resta de l’Estat, que tenen minvat el seu dret de la promoció i de l’autonomia personal. Això és una proposta per donar solucions a problemes que hi són. Per tant, té tota la validesa del món i nosaltres tenim tota la legitimitat per portar-la a aquesta Cambra i intentar buscar una solució. Això per una banda.

D’altra banda, em comenta que el nivell acordat que demanàvem, que es va treure el 2012, no hi cap, perquè la llei tenia previst que això havia de passar entre el 2007 i el 2015. Per tant, com que la llei diu això, problemes fora. No, senyora, doncs si la llei preveu això i per això no es pot recuperar aquest nivell que és bàsic per a donar solució i donar drets als ciutadans, que els hem creat unes expectatives, doncs es canvia la llei perquè sigui vàlida, així de fàcil. Parlem de canviar la llei. Parlem de com ho encabim.

Per altra banda, he d’agrair l’aportació de la senadora Lima, estic d’acord que, fins i tot podíem haver anat un pas més enllà i que aquesta recuperació del nivell acordat podria tenir caràcter retroactiu, té tot el sentit del món perquè són unes consignacions que estaven previstes per la llei que finalment no han estat destinades, absolutament d’acord. També d’acord que fa poc, en aquesta Cambra —i el meu grup parlamentari així també ho va denunciar— que mentre es va anunciant una bonança i una recuperació en els pressupostos per a partides socials, ens trobem després amb modificacions de crèdit i amb augments de partides pressupostàries per a temes com l’armament. Per tant, això també entra en una gran contradicció i pensem que aquests més de 800 milions d’euros que va aprovar el grup de la majoria, podrien estar destinats a donar solució, no a tot el procés, perquè ja li dic que nosaltres vam ser crítics amb la llei i que se li pot donar moltes voltes, a aquesta i a totes les lleis que calgui, perquè al final acabin aconseguint allò per al que han estat fetes. No n’hi ha si s’anuncia que la tenim aplicada i que ha acabat el calendari d’aplicació. El que ens hem de preguntar és si ho hem fet prou bé per donar solució a la gent. La resposta és no, no ho hem fet prou bé. Hi ha gent que està patint, hi ha gent que ha mort amb les expectatives que els havíem creat i no van poder-les tenir.

Per tant, jo penso que aquesta moció té tota la validesa del món, em sap molt greu que el grup majoritari no la recolzi i agraeixo a la resta dels grups que li donin recolzament.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidenta.

Habrán visto que cuando he hablado de nuestra moción no he querido remontarme ni a herencias ni a lo sucedido desde la puesta en marcha de esta ley. Sin embargo, sí les quiero recordar, después de haber escuchado a los portavoces, que cuando se presentó la primera propuesta de esta ley mi grupo parlamentario votó en contra; y votó en contra a las puertas de unas elecciones, de modo que se nos calificó de poco sensibles con este asunto. A veces ocurre eso, pero es que en ocasiones parece que el título de la ley nos quiere dar soluciones y ya en ese momento advertimos de lo que suponía la ley sin una consignación presupuestaria y en qué situación iba a dejar a las comunidades autónomas. La verdad es que el tiempo nos ha acabado dando la razón.

Quiero hacer unas pequeñas apreciaciones a la senadora del Partido Popular. Por una parte, usted ha venido aquí y me ha dicho exactamente que mi propuesta carece de validez. Le agradecería que dijera que no la comparte, que no le parece bien, que no está por esta labor o bien que no lo presentemos aquí porque ya lo hablaremos en presupuestos, pero no me diga que carece de validez porque esto se lo va a tener que explicar usted a toda la gente que hay en Cataluña y en el resto del Estado que ve mermado su derecho a la promoción de la autonomía personal. Esta es una propuesta para dar soluciones a problemas que están ahí. Tiene toda la validez de este mundo y nosotros tenemos toda la legitimidad para traerla a esta Cámara e intentar buscar una solución.

Por otra parte, comenta que el nivel acordado en 2012 no corresponde ahora porque en la ley estaba previsto que se alcanzase entre 2007 y 2015. Por lo tanto, como la ley dice eso, problemas fuera. Pues no, señora, eso es lo que prevé la ley y si no se puede recuperar ese nivel, que es básico para dar solución y derechos a unos ciudadanos a los que les hemos creado unas expectativas, pues se cambia la ley para que sea válida. ¿Por qué no hablamos de cambiar la ley y de intentar incluir esta situación?

Quiero dar las gracias a la senadora Lima porque estoy de acuerdo con que podríamos haber ido un poco más allá y que esta recuperación del nivel acordado podría tener carácter retroactivo. Tiene todo el sentido del mundo porque estas consignaciones estaban previstas por la ley y finalmente no han sido destinadas, de modo que estoy absolutamente de acuerdo. Hace poco, en esta Cámara —y mi grupo parlamentario también lo denunció—, se anunció una bonanza y una recuperación en los presupuestos para partidas sociales, pero después nos encontramos con modificaciones de crédito y con el aumento de partidas presupuestarias para temas como el armamento. Esto también es una gran contradicción y pensemos que estos 800 millones de euros, que no aprobamos, pero que aprobó el grupo de la mayoría, se podrían destinar a dar solución en estos momentos, aunque no sea a todo el proceso. Repito que nosotros fuimos críticos con la ley y que se pueden dar muchas vueltas a todas las leyes, a las que sean necesarias para que al final consigan aquello para lo que han sido elaboradas. No basta con anunciar que ya está aplicada, que ya ha acabado el calendario de aplicación. Nos tenemos que preguntar si lo hemos hecho bien para dar soluciones a la gente y la respuesta es que no, que no lo hemos hecho bien, que hay gente que sufre, que hay que gente que ha muerto con las expectativas que les creamos y que no pudieron alcanzar.

Creo que esta moción tiene toda la validez de este mundo, me sabe muy mal que el grupo mayoritario no la apoye, y doy las gracias a todos los grupos que sí lo van a hacer. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

La Ley de dependencia surgió como un compromiso de aprobar una ley básica de protección a las personas dependientes y una red de servicios sociales dirigida a atenderlos. Además, contaba con el compromiso de crear un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que después del Sistema Nacional de Salud, del sistema educativo y del sistema de pensiones se convirtiera en el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Permítanme que no esté de acuerdo con las consideraciones de algunos portavoces de otros grupos cuando hablan de la insostenibilidad de la ley desde el principio. Se aprobó en 2006 y se hablaba de nueve años de implantación de la ley pero algunos grupos, desde el primer año, ya decían que la ley no iba a ser viable. Me gustaría saber qué hubieran pensado los parlamentarios de aquellas épocas sobre el Sistema Nacional de Salud, sobre un sistema de educación pública para toda la población y sobre el sistema de pensiones. La sostenibilidad de las leyes siempre es posible si hay voluntad política.

Reconocíamos así un nuevo derecho de ciudadanía, el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas de ser atendidas por el Estado, que les garantizaba, en función de su grado de dependencia, una serie de prestaciones que, desde la implantación de la ley, podían ser exigidas administrativa y jurisdiccionalmente. En eso nos empeñamos, y nos empeñamos todos, hasta que el Partido Popular llegó al Gobierno, porque desde entonces se produjo un cambio en el ritmo de implantación de esta ley. El Gobierno del señor Rajoy, y lo han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, aprobó en los primeros meses de legislatura un decreto ley en el que sobre la base de su forma de entender la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad de los servicios públicos, introdujo una serie de recortes que supusieron el inicio del fin del derecho a la autonomía personal como un derecho subjetivo.

Las primeras decisiones que el Gobierno del señor Rajoy tomó en materia de dependencia fueron todas y cada una de ellas para obstaculizar o ralentizar su implantación, así como para mermar los derechos y la calidad en la prestación a los usuarios. Por ejemplo, recortes en la prestación por cuidados en el entorno familiar, más de 827 millones, según el criterio del Partido Popular, todo para ir profesionalizando los cuidados, aunque a día de hoy nos encontremos a lo largo y ancho de todo el país con camas vacías en residencias públicas o con prestaciones tan recortadas que son inviables para que las personas dependientes se puedan ir a residencias privadas. Otro recorte: la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales. Como ha dicho alguna portavoz, en definitiva volvíamos a invisibilizar a madres, a hijas y a hermanas que lastran su desarrollo profesional por el cuidado de sus familiares dependientes.

Por lo que se refiere a la disminución de la intensidad de las prestaciones, hoy nos estamos encontrando con denuncias públicas de padres y madres de niños con parálisis cerebral, grandes dependientes, que han pasado de percibir 470 euros mensuales en 2011, a 270 euros mensuales en este año, mermándose las prestaciones en cada revisión de grado.

Además, se ha producido un endurecimiento del régimen de incompatibilidades entre prestaciones para miles de familias que ya no saben cómo cubrir gastos, actualizando, asimismo, un copago que suponía un importante incremento de la participación de los usuarios del sistema.

Estos recortes han sido los que afectaban más directamente a los usuarios. Pero además los sucesivos presupuestos aprobados por el Partido Popular se acompañaban de otros recortes que han ido afectando al papel del Estado y de las comunidades autónomas, al papel que las administraciones públicas tenían que jugar en la protección de los dependientes. Porque no podemos olvidarnos de algunas cosas, señoría, y es que la Ley de dependencia ponía a prueba la madurez del Estado descentralizado que nos dimos con la Constitución española de 1978, porque el mantenimiento del Sistema de Atención a la Dependencia solo es posible gracias a la cooperación del Estado con las administraciones regional y local, que son las competentes en materia de servicios sociales. En este sentido, el Gobierno del señor Rajoy ha recortado entre 2012 y 2015 más de 1500 millones de euros las aportaciones del Estado, reduciendo estas al nivel mínimo y eliminando el nivel acordado a través del cual las comunidades autónomas recibían más de 300 millones de euros.

Señoría del Partido Popular, ¿aportaciones equiparables? Totalmente falso. Usted ha aludido a los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas. Le voy a leer lo que dice el último informe de este tribunal. Año 2014: De los 9200 euros de coste medio al año por cada dependiente soportado por las administraciones públicas, la financiación finalista del Estado está en torno a 2000 euros. Señoría, 2000 euros. El resto, los 7200 euros, son aportados por las comunidades autónomas. Lo que debiera ser un derecho subjetivo, sus políticas lo están convirtiendo en un derecho reconocido en muchos casos solo por vía judicial.

Varios extractos de fallos judiciales expresan la realidad que el Ministerio de Sanidad oculta. Porque, como ustedes sabrán, el ministerio no publica las bajas del Sistema de Atención a la Dependencia. ¿Se imaginan que el Ministerio de Empleo no publicara los datos de desempleados? Inconcebible, ¿no? Pues el Ministerio de Sanidad no hace públicas las bajas ni las causas del Sistema de Atención a la Dependencia. Y, como les decía, si leemos los fallos judiciales encontramos algunas frases significativas que reflejan la realidad del sistema en la actualidad. Frases como: anormal funcionamiento del servicio público; abandono a su suerte durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento; enriquecimiento injusto por la resolución tardía de los expedientes. Y así muchísimas más. Esta es la realidad, se mire por donde se mire; realidad que ayer el ministro en esta tribuna se negó a aceptar cuando habló de las listas de espera y del número de usuarios.

Con esta realidad, entenderán no solamente que estemos de acuerdo con la moción que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, sino que nos parezca insuficiente la cuantía que piden que se implemente en los Presupuestos Generales del Estado. Tengan en cuenta que para que el sistema se pusiera al día y las 433 000 personas dependientes que están en listas de espera percibieran la prestación, haría falta un suplemento de 3000 millones de euros. Repito, de 3000 millones de euros.

Voy a finalizar con una respuesta a la portavoz del Grupo Popular, porque usted ha jugueteado con los números haciendo una demagogia impresionante, pensando que el resto de portavoces salimos aquí y no sabemos de lo que hablamos. Ha mezclado la Ley 22/2009, de financiación autonómica, con la Ley de promoción de autonomía personal. Le digo una cosa: estaríamos de acuerdo si esas partidas que van de la Ley 22/2009 a las comunidades autónomas fueran finalistas para dependencia, pero usted, señoría, sabe que no lo son, y sabe que toda esa financiación adicional que ha mezclado con la Ley de autonomía no se está cubriendo para el Sistema de Atención a la Dependencia en las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Antes de nada, tomo la última reflexión que hace la portavoz del Grupo Socialista porque quiero recordarle que, como he dicho, en concepto de esta financiación adicional por parte de la Ley 22/2009, se han destinado más de 9000 millones para atender a la dependencia. Pocas lecciones pueden darnos los diferentes grupos cuando el 62 % del presupuesto total del ministerio se destina a consolidar la Ley de dependencia; 5,9 puntos más que el anterior Gobierno, por lo que ni nos quedamos de brazos cruzados ni tampoco es una cuestión ideológica, como algún portavoz ha manifestado esta mañana. Dejen ya de una vez de apoderarse de lo social, por favor. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Estos presupuestos culminan el proceso de aplicación progresiva contemplado en la Ley de dependencia y lo hacen consolidando la prioridad que a la atención a la dependencia se le ha dado en los últimos ejercicios. Se garantiza la igualdad y la equidad del sistema, estableciendo un baremo de valoración común que se aprobó en la legislatura anterior, con un catálogo de servicios y prestaciones idéntico, con un mismo plazo legal para la resolución y unos mismos efectos retroactivos, así como una financiación pública sujeta a los mismos criterios. Este es el contenido de los derechos subjetivos que la ley configura y que el Gobierno del Partido Popular ha mantenido y garantizado. Si hablamos a fecha de 31 de diciembre de 2014 comprobarán que tenemos más beneficiarios con prestación, menos personas pendientes de recibir prestación, más servicios profesionales, más empleo y más cobertura. Hay un aumento y una consolidación en los servicios de ayuda a domicilio, de centro de día y de atención residencial, así como de las prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal, que es lo que va a crear empleo. Hemos mejorado el catálogo de servicios y prestaciones al ampliar a todos los grados de dependencia la prestación para asistencia personal, cuando con el anterior Gobierno era solo para los grandes dependientes, lo que ha hecho que se haya duplicado esta prestación.

No sé qué reto de futuro tendrán ustedes —me dirijo al Partido Socialista— pero en el Partido Popular sí tenemos retos de futuro porque tenemos la aspiración de continuar gobernando.

Queremos apoyar la atención domiciliaria para personas mayores dependientes. Como ven, la derecha tiene una postura sincera en materia de dependencia porque creemos en las personas y, también, en sus oportunidades —en esto me quiero acercar a la postura manifestada por la portavoz de Podemos—. Hemos reforzado la atención a los menores mediante el acuerdo de los criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla. Y todo ello, señorías, a pesar de que heredamos un sistema en quiebra, con un desfase presupuestario de 2700 millones y con una deuda con la Seguridad Social de 1034 millones de euros. A ver quién invisibiliza a quién, señorías del Partido Socialista.

Me voy a referir también a lo indicado por la portavoz del Grupo de CiU, del grupo proponente de esta moción. Por supuesto que tiene toda la legitimidad del mundo para cifrar en cuánto quieren ustedes aumentar la partida presupuestaria en materia de dependencia, pero yo me refería a que en materia de dependencia el nivel mínimo de protección de las liquidaciones mensuales no es matemático sino que depende de otros criterios, como pueden ser el número de personas beneficiarias con la prestación efectiva que la están recibiendo y el grado de dependencia. Por eso, a priori no podemos acotar la cuantía de la partida presupuestaria ni ampliarla a un determinado volumen porque, como digo, no es un criterio justo y preciso sino que depende de ese número de personas que estén asumiendo esa prestación efectiva.

Podemos hablar también de los datos de la financiación a Cataluña en materia de dependencia y así le podré decir que en el período 2007-2015, a través del nivel mínimo y del nivel acordado, se han transferido a Cataluña más de 1700 millones de euros.

Por su parte, el Partido Socialista vuelve aquí a reclamar lo que no son capaces de poner en marcha cuando gobiernan. Asúmanlo, a ustedes se les fue de las manos la dependencia. No creían en la atención a la dependencia porque habían convertido el carácter excepcional de las prestaciones económicas en mayoritario. Ustedes no apostaban por el empleo en materia de dependencia y, así, el Tribunal de Cuentas hablaba de un sistema de subsidios.

Ahora, con el Partido Popular, se impulsa la creación de empleo. Ustedes tenían un sistema absolutamente desorganizado. Así, el Tribunal de Cuentas señalaba en su informe sobre la aplicación de la ley en el periodo 2007 a 2011 que se habían detectado expedientes duplicados y de personas fallecidas que estaban dentro del sistema y por las que las comunidades autónomas recibían financiación. Esto también lo publicaron ustedes, ¿verdad?

Hablan de lista de espera cuando una de cada tres personas españolas en lista de espera en materia de dependencia reside en Andalucía, y es que, como digo, ustedes vienen a pedir aquí lo que no son capaces de cumplir donde gobiernan. Por ejemplo, la media nacional del periodo medio de reconocimiento de la prestación es de 49 días y en Andalucía de 300.

Ustedes mantenían un sistema colapsado, complejo y desigual, poniendo en riesgo, tanto el derecho de los ciudadanos, como la universalidad del sistema en condiciones de igualdad. Por tanto, ¿qué lecciones nos va a dar el Grupo Socialista con un recorte de financiación de 234 millones de euros y más de 300 000 dependientes a la espera de recibir ayudas? Ustedes utilizan la dependencia solo como filón contra el Gobierno y para sacar rédito político, y si no explíqueme a qué viene la foto hecha en Castilla-La Mancha, de todos los portavoces y miembros de los distintos partidos políticos, a excepción del Popular, que se unieron en esa falsa defensa de la dependencia, cuando realmente era una unión de perdedores con el objetivo de desbancar al Partido Popular de su responsabilidad para ponerse ellos al frente del poder. Eso sí, ya retomarán la defensa de la dependencia cuando se acerquen las elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por favor, llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 96; en contra, 144;



abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 621/000150 Hacienda y Administraciones Públicas


PROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 621/000151 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor presidente da lectura los puntos 7., 7.1., 7.1.1. y 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Estos proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.

Para la presentación de los dictámenes tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, el senador Sanz Ruiz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, subo a la tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, los dictámenes correspondientes a estas dos leyes. Por un lado, el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público, y, por otro, el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; ambos tuvieron su entrada y fueron publicados el día 31 de julio tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el pasado día 12 de agosto pero se amplió hasta el día 19 del mismo mes.

Se presentaron las siguientes propuestas de veto al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público: veto número 1 que presenta el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; veto número 2 que presenta el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y d?Unió; veto número 3 que presentan los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; l veto número 4 que presentan la señora Almiñana Riqué y otros, del Grupo de la Entesa también, y veto número 5 que presenta el Grupo Socialista.

Al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se han presentado también cinco vetos: veto número 1 que presenta el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; veto número 2 que presenta el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y d’Unió; veto número 3 que presentan los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; veto número 4 que presentan la señora Almiñana Riqué y otros, del Grupo Entesa también, y veto número 5 que presenta el Grupo Socialista.

Respecto a las enmiendas al primer Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público se han presentado doscientas ochenta y cuatro enmiendas: enmiendas 1 a 40 que ha presentado el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; enmiendas números 41 a 87 y 134 a 139 que ha presentado el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y d’Unió; las enmiendas números 88 a 133 y 233 a 280 que ha presentado el Grupo Entesa; las enmiendas números 140 a 184 que ha presentado el Grupo Vasco en el Senado; las enmiendas números 185 a 232 que ha presentado el Grupo Socialista y las enmiendas números 281 a 284 que ha presentado el Grupo Popular en el Senado.

Al segundo Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se han presentado trescientas ochenta enmiendas distribuidas de la siguiente forma: las enmiendas números 1 a 116 que ha presentado el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; las enmiendas números 117 a 144 que ha presentado el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; las enmiendas números 150 a 239 y 327 a 380 que ha presentado el Grupo Entesa; las enmiendas números 240 a 272 que ha presentado el Grupo Vasco en el Senado y las enmiendas números 273 a 326 que ha presentado el Grupo Socialista.

El pasado 26 de agosto se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que acordó designar ponencia para los dos proyectos de ley con la siguiente composición e igual en ambos proyectos de ley: por el Grupo Popular los senadores De las Heras Muela y la senadora Romero Bañón; por el Grupo Socialista la senadora Sanz Murillo y el senador Sen Vélez; por el Grupo Catalán de Convergència y d’Unió el senador Bel Accensi; por el Grupo Entesa el senador Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco la senadora Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto el senador Martínez Oblanca. La ponencia relativa al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público elevó a la comisión su informe en el que se introducían las enmiendas números 281 a 284, presentadas por el Grupo Popular manteniéndose en lo restante el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por el contrario, la ponencia relativa al segundo proyecto de ley propuso mantener en su integridad el texto recibido del Congreso de los Diputados. Acto seguido, la comisión procedió a dictaminar los dos proyectos en el orden citado. Tras el debate correspondiente se votaron las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas, y posteriormente se debatieron las enmiendas. Finalmente, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia respecto al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público, resultando aprobado con 16 votos a favor y 10 en contra. Se votó luego el Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas con el mismo resultado: 16 votos a favor y 10 en contra.

Al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público se han presentado votos particulares: el Grupo Mixto, respecto a la propuesta de veto número 1 y a las enmiendas 1 a 40; el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y d’Unió, respecto a la propuesta de veto número 2 y a las enmiendas 41 a 87 y 134 a 139; el Grupo Socialista, respecto a su propuesta de veto número 5 y a las enmiendas 185 a 232; el Grupo Vasco en el Senado respecto a las enmiendas 140 a 184; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa , respecto a su propuesta de veto número 3; la senadora Almiñana Riqué y otros, también del Grupo Entesa, respecto a su propuesta de veto número 4; y el Grupo Parlamentario Entesa respecto a las enmiendas 88 a 133 y 233 a 280. Además, el Grupo Socialista insta en su voto particular a la vuelta al texto del Congreso en la parte enmendada por las enmiendas aprobadas en la comisión. Por otra parte, en este proyecto de ley se han corregido dos errores materiales en el artículo 87.4 y en la disposición final tercera.

Al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se han presentado también votos particulares: el Grupo Mixto, respecto a la propuesta de veto número 1 y a las enmiendas 1 a 116; el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y d’Unió, respecto a la propuesta de veto número 2 y a las enmiendas 117 a 144; el Grupo Socialista, respecto a su propuesta de veto número 5 y a las enmiendas 273 a 326; el Grupo Vasco en el Senado respecto a las enmiendas 240 a 272; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa , respecto a su propuesta de veto número 3; la senadora Almiñana Riqué y otros, también del Grupo Entesa, respecto a su propuesta de veto número 4; y también el Grupo Entesa, respecto a las enmiendas 150 a 239 y 327 a 380. Por último, se ha corregido también el error material aparecido en el último párrafo del apartado 2 de la disposición derogatoria única.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. (Aplausos).

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, después de su tramitación en el Congreso de los Diputados, tengo el honor de representar al Gobierno para presentar ante el Senado dos proyectos de ley que intervienen en el desarrollo de un ámbito que afecta diariamente a la vida cotidiana de todos los ciudadanos: las administraciones públicas.

Se trata del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público; ambos forman parte de la amplia reforma que el Gobierno ha emprendido desde el inicio mismo de la legislatura en el ámbito de las administraciones públicas.

Quisiera resaltar para empezar, en este trámite en el Senado como Cámara de segunda lectura y como Cámara de representación territorial, la importancia capital de las administraciones en su conjunto para el funcionamiento de nuestro Estado y cómo una relación ágil, precisa y fiable entre todas ellas puede incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de los administrados.

Como ya he señalado en otras ocasiones, la Administración pública es sin ninguna duda la columna vertebral del Estado, su fortaleza o su debilidad afectan al país en su conjunto, la agilidad o lentitud con que responda a sus ciudadanos, la transparencia u opacidad de sus actuaciones y la colaboración y coordinación entre todas ellas nos van a indicar si estamos ante un Estado moderno y abierto, integrado en la sociedad y plenamente democrático o ante un Estado estancado, que no avanza al compás de lo que lo hacen sus ciudadanos y no facilita su progreso económico y social. Para seguir avanzando en ese primer modelo de Estado, hoy defendemos ante la Cámara estos dos proyectos de ley como instrumentos valiosos para conseguir que nuestras administraciones hagan más fácil la vida de los ciudadanos, que les den una respuesta rápida y adecuada a sus demandas, que eliminen el mayor número de trabas y obstáculos que puedan surgir entre sus relaciones, las relaciones entre las propias administraciones pero también fundamentalmente en las relaciones entre Administración y administrados, todo ello, por supuesto, dentro del respeto al sistema constitucional de distribución de competencias establecido en nuestra Constitución, configurando una regulación básica de las administraciones que deberá completar cada comunidad autónoma con las peculiaridades propias de su organización interna.

Señorías, la presentación de esos proyectos a final de legislatura no puede entenderse sin una referencia somera a las actuaciones llevadas a cabo en estos años en relación con la modernización de las administraciones públicas a través de las reformas y otras iniciativas que han mejorado la eficiencia del servicio que prestan a los ciudadanos. En estos más de tres años y medio de legislatura, la política del Gobierno respecto a la Administración pública ha tenido que moverse en una dualidad complicada, pero inevitable; por un lado, teníamos que resolver graves problemas que afectaban a su funcionamiento y que no podían postergarse porque ponían en riesgo el objetivo de la recuperación económica; por otro lado, hemos emprendido una reforma estructural, que trata de evitar que esos problemas vuelvan a reproducirse en el futuro y para crear un nuevo edificio administrativo, un edificio que sea, como acabo de decir, un modelo de transparencia, agilidad, modernidad, eficacia y eficiencia.

El Gobierno ha actuado desde el principio con determinación, porque ninguno de los cometidos que deseábamos afrontar podía ni debía aplazarse. Necesitábamos actuar urgentemente porque el fuerte desequilibrio de nuestras cuentas públicas nos había alejado del cumplimiento de los objetivos de déficit público y nos había situado a las puertas del colapso financiero como país y del rescate por parte de las instituciones bancarias y porque la falta de liquidez de las administraciones territoriales había disparado la morosidad y tenía a miles de empresas —de pequeñas empresas y autónomos, pero también de grandes empresas, de multinacionales que actúan en España— al borde de la asfixia económica o incluso de la desaparición. Para combatir esta situación adoptamos varias medidas en el ámbito de la Administración, que, a la vez, introducían ahorros en el gasto público y redimensionaban su estructura para adaptarla a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Nada hay más peligroso para la continuidad en la prestación de los servicios públicos de capital importancia para los colectivos más vulnerables que una situación de grave desequilibrio de las cuentas públicas. Por ello hubo que adoptar diversas medidas, muchas medidas que supusieron un esfuerzo notable pero que van teniendo su recompensa actualmente, como se desprende de los datos económicos finales por todos conocidos.

Entre las mencionadas iniciativas, debo recordar la puesta en marcha de medidas de austeridad en la plantilla de la Administración que nos llevaron a incrementar las horas trabajadas y aplazar la paga extra del mes de diciembre del año 2012, al tiempo que se reducía el número de empleados mediante la no renovación de algunos puestos temporales y la implantación de una tasa de reposición muy limitada, de manera que, como recordarán sus señorías, solo cubría el 10 % de las bajas y exclusivamente en los servicios esenciales. En este ámbito, hay quienes nos acusan de haber descapitalizado la función pública y de haber aplicado una política de reducción de personal que ha puesto en peligro el propio sistema, el propio servicio público. Por el contrario, oímos constantemente decir que no hemos hecho nada y que España tiene una Administración elefantiásica que es insostenible; pero ni una cosa ni la otra se corresponden con la realidad. Durante la pasada legislatura, se dio la paradoja de que mientras en el sector privado se destruían 3,5 millones de empleos, en el sector público no cesaba de incrementarse la nómina de trabajadores, y con ello el gasto público.

Con las medidas que hemos adoptado en esta legislatura, la plantilla total de las administraciones públicas está hoy situada a niveles similares a nuestra anterior etapa de Gobierno, cuando finalizamos nuestra etapa de Gobierno a comienzos del año 2004. De hecho, si en el período 2004-2010 el número de asalariados públicos creció un 11,4 %, desde entonces hasta el final de 2014 ha disminuido en casi un 10 %. El resultado es que hoy tenemos una Administración profesional y sostenible, y con unas dimensiones adecuadas para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Quisiera aprovechar este momento para reiterar mi reconocimiento y el del Gobierno a los empleados públicos, a todos aquellos que con su esfuerzo y también con su profesionalidad y su entrega han colaborado decisivamente a que hoy España esté en la senda de la recuperación económica. (Aplausos). No hubiera sido posible que hoy estuviéramos liderando el crecimiento económico en la zona euro, y sobre todo la creación de empleo en la Unión Europea, si no hubiera existido esa gran profesionalidad de nuestra Administración pública.

Es por ello que el Gobierno, que está compensando los esfuerzos de la sociedad civil, que está compensando los esfuerzos del conjunto de los ciudadanos, tiene también la obligación moral de compensar el esfuerzo de los funcionarios —siempre con el criterio de prudencia y marcado por la austeridad del conjunto del gasto—, pero hoy las propias recaudaciones de nuestras administraciones públicas, la tributaria, la que deviene del mayor crecimiento económico permite también atender mejor a la necesidad de compensar a nuestros funcionarios.

Por ello, el Gobierno está adoptando medidas —que ya hemos aplicado este año—, como son la devolución de una cuarta parte de la paga que retiramos en el año 2012; unas medidas que también van a tener continuidad en el próximo Consejo de Ministros. El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley en el que se contendrá la devolución de otro 25 o 26 % del total de la paga retirada en el año 2012 junto a la recuperación de los días de libre disposición, de manera que los funcionarios públicos tendrán, como consecuencia de la decisión del Consejo de Ministros del próximo viernes, el mismo número de días de libre disposición que cuando se les retiró en julio de 2012.

Por tanto, estamos en esa política de compensar esfuerzos y estamos convencidos de que los funcionarios públicos devolverán esa política con la mejor entrega, con la mayor profesionalidad y apostando también por la mejora de la calidad de los servicios públicos. Estamos también en la etapa de evitar que la política de no reposición de los efectivos merme la condición y la calidad de los servicios públicos. Para el año próximo estamos estimando tasas de reposición del 100 % prácticamente en todas las funciones esenciales del Estado: en la defensa nacional, en la seguridad del Estado, en la seguridad ciudadana, en la representación exterior y en los servicios esenciales que sostienen el Estado de bienestar como la sanidad, la educación y el conjunto de las prestaciones sociales de nuestro país. Por supuesto, siempre remarcando que los funcionarios que luchan contra el fraude, que los funcionarios que ejecutan la Administración de Justicia de España tienen una labor realmente encomiable en nuestro tiempo para hacer de esta España una España sólida, segura y comprometida con el Estado de derecho.

Por otro lado, en el ámbito de esas medidas urgentes a las que hacía referencia, el Estado desde el comienzo de la legislatura apoyó a las administraciones territoriales desde el convencimiento de que no existen compartimentos estancos cuando de lo que se trata es del objetivo conjunto del bienestar de los españoles. Frente a quienes en anteriores gobiernos decían que cada palo aguantara su vela, que cada institución respondiera por sí misma, la posición del Gobierno de España actual ha sido atender las necesidades de financiación del conjunto de nuestras administraciones públicas y, por descontado, atender prioritariamente las necesidades de financiación y de liquidez de nuestras administraciones territoriales encargadas de prestaciones del Estado de bienestar tan importantes y tan sensibles.

Es cierto que para atender esa política nos hemos endeudado más, esa es la causa del incremento del endeudamiento de las administraciones públicas que, por otro lado, tanto se critica, y no deja de ser razonable que se critique, pero es razonable en el sentido de que la crítica debe incorporar el objetivo de reducir el nivel de deuda pública y no tanto censurar el incremento de deuda pública que ha ido a financiar el Estado de bienestar de los ciudadanos. Por tanto, era mucho mejor recurrir a ese incremento de deuda pública para evitar también los peores efectos económicos que hubieran tenido lugar como consecuencia de la restricción presupuestaria en nuestro país. Gracias a ese endeudamiento todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos han podido tener abiertos sus hospitales, sus ambulatorios, sus consultas, sus colegios y han podido desarrollar las prestaciones sociales no como en otros años, como en 2012, en que no había dinero material para atenderlas. A cambio, comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo de austeridad en la gestión de sus recursos y se han eliminado duplicidades administrativas. Se han suprimido empresas públicas —como ahora destacaré— y se adoptaron también iniciativas que desde el primer momento comportaban un profundo cambio de la Administración cuyo objetivo era atender las demandas de una sociedad más moderna, por tanto, comprometer a la Administración con su papel impulsor de una etapa de crecimiento económico y de creación de empleo. En ese proceso de transformación y reforma administrativa ha tenido una importancia decisiva la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, conocida por sus siglas, CORA.

Desde su comienzo, la CORA ha desarrollado una intensa labor, primero, de diagnóstico, de análisis y planificación, para que la reforma pudiera realizarse a partir de propuestas rigurosas y suficientemente estudiadas y lejos de cualquier improvisación. El resultado de aquella tarea, como en su día dijo el presidente del Gobierno, fue la radiografía más minuciosa que se haya hecho nunca de nuestro sector público en la democracia. A partir de ese diagnóstico, fuimos aprobando todo un conjunto de medidas, de iniciativas, de forma que hasta el momento se han activado 222 medidas, cuyo objetivo era simplificar y agilizar el funcionamiento de la Administración; reducir cargas para ciudadanos y empresas, especialmente en la apertura de negocios de actividades económicas; eliminar posibles duplicidades y mejorar la cooperación de las distintas administraciones públicas; reducir costes y coordinar los servicios comunes en el Estado, y racionalizar la llamada Administración institucional.

La CORA ha ido ofreciendo resultados trimestrales a lo largo de su vida, y hoy me parece necesario destacar que de los prácticamente tres años de legislatura, en los dos últimos años de funcionamiento se han suprimido 2297 entes públicos, 103 solo en el último trimestre, correspondiendo 107 a entes públicos del Estado, 754 por las comunidades autónomas y 1436 por las entidades locales.

En cuanto a los ahorros, superan los 500 millones de euros solo en la centralización de los contratos de los ministerios y organismos públicos estatales. Señorías, 500 millones de euros llevamos ahorrados desde que está funcionando la central de compra y gestionando centralizadamente la adjudicación de los contratos públicos que, obviamente, son los que pesan en el capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado; mientras que la cifra total de ahorro entre todas las administraciones asciende a 22 300 millones de euros, que significan los ahorros que se han propiciado para los ciudadanos, procedentes, en suma, de menores trámites administrativos, de menor carga administrativa que han soportado los ciudadanos. A ello hay que sumar los 5000 millones de euros de ingresos por ventas de participaciones empresariales. En total, 29 600 millones de euros de ahorro por la aplicación hasta el momento de las medidas contenidas en el informe para la reforma de las administraciones públicas.

Quiero citar también que otra de las actuaciones es el plan de gestión del patrimonio inmobiliario, en marcha desde 2012, donde se programó la venta de 15 553 inmuebles, más del 50 % de los cuales se han puesto ya en el mercado, habiéndose adjudicado hasta la fecha inmuebles por un valor superior al 306 % de lo previsto, hasta alcanzar los 486 millones de euros.

Pero si los ahorros son importantes todavía lo es más asentar un modelo, como vengo insistiendo, de Administración pública que realmente pueda incluso promover la aprobación de leyes que pretendan un marco jurídico moderno y eficaz pero que adopten una menor armadura burocrática del Estado y afronten los desafíos de la sociedad digital, que está cambiando a gran velocidad y la estructura administrativa se había ido quedando anticuada. Así, las distintas normas e iniciativas puestas en marcha estos años han permitido medidas novedosas, como la implantación de la factura electrónica; el desarrollo de servicios más eficientes para los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, como citas previas, portales o servicios compartidos entre administraciones, que producen ahorros tanto para los ciudadanos y las empresas como para la propia Administración y la plataforma de la contratación única que he citado anteriormente y cuyas consecuencias he descrito.

En suma, quiero darles cuenta también de lo que está siendo la puesta en vigor del punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado, en las que están participando las distintas administraciones públicas desde el mes de enero, que ascienden a más de 3,5 millones, de las cuales, 487 103 se han tramitado en los últimos treinta días y más de la mitad de las facturas que se han tramitado electrónicamente pertenecen a entidades locales.

Actualmente, son 7679 las entidades locales adheridas al sistema de factura electrónica, de las que casi el 95 % están haciendo uso de él. Entre estos municipios, hay 27 con más de 200 000 habitantes. Prácticamente, todas las comunidades autónomas de España, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, están adheridas, forman parte del sistema y lo están utilizando con gran éxito. Me gustaría también destacar que se han adherido 42 universidades, de las que 39 ya lo están utilizando.

En esta misma línea de la reforma de la Administración se enmarca la elaboración de los proyectos de ley que hoy examinamos. La primera se centra en el Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a efectos de regular las relaciones externas entre las administraciones públicas y los administrados. La segunda afronta la regulación sistemática de las relaciones internas de las administraciones.

¿Qué modelo de Administración pública están auspiciando estas leyes? El eje de la reforma, insisto, es la consecución de una Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, una Administración que elimine el papel en sus relaciones con ciudadanos y empresas. Esto significa que los administrados podrán realizar sus gestiones en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche y utilizar el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de cuál sea el organismo al que se dirige. Para facilitar esta posibilidad, todas las administraciones deberán tener un registro electrónico o incluso podrán adherirse al de la Administración General del Estado. Significa también que no habrá que aportar ningún tipo de documento que ya esté en poder de la Administración. Es decir, ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar algún trámite porque le falte un documento que haya sido expedido por otra Administración, y tendrá que ser esta Administración a la que se ha dirigido el ciudadano la que obtenga las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente. En este sentido, me gustaría destacar que cada Administración deberá contar con un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, cuidando de que se conserven en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde su emisión. Todo esto supone una significativa reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas cuando se relacionen con cualquier Administración pública. Además, se facilitará un procedimiento administrativo exprés para supuestos de menor complejidad, que obligará a adoptar una resolución en un máximo de treinta días, con la consiguiente reducción de costes. Para facilitar estas relaciones electrónicas, se potenciará el uso de claves que se facilitarán en el momento de realizar trámites administrativos, mientras que el uso de la firma electrónica avanzada o reconocida solo se exigirá para trámites más relevantes y complejos.

Por supuesto, los ciudadanos van a seguir teniendo derecho a realizar gestiones de manera presencial, si así lo desean, o a solicitar la ayuda de los funcionarios para presentar documentos electrónicamente en el caso de que no estén habituados a su uso. En cambio, las empresas sí estarán obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, de la misma manera que ya lo hacen, por ejemplo, con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria, cuyo modelo de gestión es un ejemplo de eficacia.

Por otro lado, estamos hablando de una Administración abierta a la participación de los ciudadanos y empresas que se relacionan con ella, ya que la ley va a garantizar el derecho constitucional de participación de ciudadanos y empresas en el proceso de elaboración de la norma, con independencia de la Administración que las impulse, pues todas las normas se aplican a todos.

En la línea de las mejores prácticas de los países de nuestro entorno, se incrementa la participación de la sociedad en la elaboración de las normas mediante cuestionarios que recogerán la opinión de los ciudadanos y las empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad o no de su aprobación, los objetivos y las posibles alternativas.

Asimismo, para mejorar la seguridad jurídica y la trasparencia las administraciones elaborarán un plan normativo que será público, en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o reglamento que vayan a ser aprobadas el siguiente año. Posteriormente, las propias administraciones revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para analizar sus efectos y el grado de cumplimiento de sus objetivos.

Por otra parte, las administraciones deben relacionarse por medios electrónicos, tanto internamente como entre sí. Para ello utilizarán plataformas de intermediación que permitan compartir documentos. Además, se creará un inventario único y público de todos los organismos y entidades para que puedan ser conocidos por los ciudadanos y empresas. Con la misma filosofía, se creará un registro estatal en el que se incluirán todos los órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado y todos los convenios que esta tiene suscritos con el resto de las administraciones.

El Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público incide asimismo en la política de consolidación fiscal puesta en marcha a lo largo de esta legislatura, estableciendo nuevas causas de disolución de entidades, por ejemplo, cuando estas se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no cumplen el fin para el que fueron creadas. En la misma línea, para mejorar el control sobre los organismos estatales se evaluará periódicamente el cumplimiento de sus objetivos. Además, se impondrán condiciones exigentes para que la creación de cualquier nuevo organismo estatal esté plenamente justificada y sea económicamente sostenible. Igualmente, se potencian —merece la pena que esto se destaque en la Cámara— los instrumentos de colaboración entre las administraciones públicas, que permiten, mediante el diálogo y la cooperación, resolver los problemas de los ciudadanos. En este sentido, se incorpora una regulación completa de los órganos de colaboración, con especial atención a las conferencias sectoriales, los convenios y las encomiendas de gestión, mecanismos todos ellos a través de los cuales se pueden eliminar duplicidades, aprovechar sinergias y, en definitiva, contribuir a una mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

Para finalizar, me gustaría destacar el excelente trabajo que han realizado en los últimos años los funcionarios encargados de esta modernización administrativa tan necesaria para adaptar la Administración pública a las necesidades de la sociedad. En este sentido, les anuncio que el próximo día 15 se va a someter a la Comisión de estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones la aprobación del Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, por el que se creará un marco de referencia para la implicación de todos los actores y recursos del Estado en ese proceso con el objetivo de adaptar los servicios públicos a las necesidades reales de los ciudadanos.

Señorías, la España actual, esta España que está saliendo de la crisis, que está enfocada a la globalización y que, sobre todo, aspira a aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento y empleo, ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Es para esta nueva España para la que estamos preparando una nueva Administración. Es la España de un futuro que cada vez es más presente, la España que se relaciona a través de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, que se informa y realiza sus gestiones a través de internet y que no quiere oír hablar de hacer cola delante de una ventanilla para rellenar un impreso, una España que no puede esperar y a la que por eso mismo queremos dar una respuesta desde hoy mismo.

Ese es nuestro compromiso como Gobierno y este debe ser el compromiso de todas las administraciones públicas. La prioridad es el ciudadano y hacia el ciudadano deben estar enfocados todos nuestros esfuerzos de modernización, trasparencia, dinamismo y eficiencia, al margen de cuál sea la Administración que presta el servicio público.

Durante mucho tiempo se ha extendido la percepción de que los procedimientos administrativos y la burocracia frenaban las iniciativas de la sociedad y suponían un lastre para el progreso. Afortunadamente, eso es algo que se ha ido corrigiendo. Pero necesitamos ir más allá para contar con una Administración más moderna, profesional, ágil, eficiente y trasparente, que actúe de manera acompasada con lo que necesitan los ciudadanos y las empresas. Por eso vienen estos dos proyectos de ley a la Cámara hoy aquí.

Estamos convencidos de que una economía cada vez más global y competitiva y una sociedad avanzada, como ya lo es la española, requieren de una Administración dinámica, que facilite la vida de los administrados, que dé una respuesta precisa a sus demandas y que proponga y promueva unas relaciones libres de trabas y obstáculos.

Los proyectos de ley que presentamos hoy contribuyen a este objetivo, persiguen esa finalidad. Es por eso, señorías, por lo que pido a la Cámara, a los grupos políticos presentes en la Cámara su apoyo.

Muchas gracias, señoras y señores senadores, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

El senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado la propuesta de veto número 1 al Proyecto de Ley de régimen jurídico y la propuesta de veto número 1 al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común.

Su señoría tiene la palabra para la defensa agrupada de las dos propuestas de veto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El señor ministro de Hacienda nos decía al final de su intervención, como colofón y de alguna manera reproduciendo una idea que había introducido en diferentes momentos de su discurso, que la prioridad de estas reformas es el ciudadano. Intentaré demostrar en la defensa de los dos vetos que no es así.

El Gobierno del Partido Popular, desde que asumió tal responsabilidad, en parte argumentando motivos económicos: ajustar la Administración al cumplimiento de los objetivos de déficit, pero, sin duda alguna, también con una gran carga ideológica, ha visto la Administración pública española —y el preámbulo de la Ley del sector público así lo refleja también— como un problema, como un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, frente a la que hay que adoptar medidas para facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Estas son las razones últimas del primer proyecto, que también se reflejan en el segundo. Parten, desde esa visión neoliberal, de un error, y es que la Administración española, cuando llegó el Partido Popular a asumir la responsabilidad del Gobierno, estaba sobredimensionada. Los datos lo desmienten. Según Eurostat, España es el cuarto país con menos funcionarios por habitante, solamente tienen menos: Austria, Portugal e Italia. En Alemania tienen un funcionario por cada 29, en Francia uno por cada 27, mientras que en España tenemos uno por cada 36. La OCDE, midiendo el parámetro desde la variable fuerza laboral, tiene como media en el conjunto de sus Estados un 16 % de trabajadores públicos; España un 13 %. Pero desde el inicio, el Gobierno del PP ha desarrollado una batería de iniciativas para reducir el número de funcionarios y también el ámbito de la Administración General del Estado, proyectando esta estrategia sobre comunidades autónomas y sobre ayuntamientos. El señor ministro nos ha dado un dato en su intervención: supresión de 2900 entes públicos. Y ahora, con este proyecto, con el primer proyecto, se limitan la facultad de autoorganización de las administraciones locales, fundamentalmente de la autonómica, y la libertad para regular un sistema institucional del que hasta ahora disponían esas comunidades autónomas para uniformizar estructuras, lo cual resulta incompatible con un modelo de Estado de las Autonomías.

Igualmente, resultan incompatibles con este modelo las previsiones que se introducen en el proyecto para incrementar la posibilidad de intervención de la Administración General del Estado sobre estas otras administraciones, partiendo de una evidente ampliación del concepto de regulación básica del régimen jurídico de las administraciones públicas, que inspira el conjunto del proyecto. Sirva como ejemplo ese inventario del sector público estatal, autonómico y local gestionado por la Intervención General del Estado. Es la Intervención General del Estado la que establece qué entes y organismos de otras administraciones deben configurarlo.

De otro lado, el proyecto de ley abunda en facilitar la reducción del sector público, propiciando que órganos e instituciones creados por ley puedan desaparecer, transformarse o fusionarse por real decreto. Si en su momento se tomó la decisión de crear estos órganos porque resultaban necesarios, y de hacerlo además con rango legal, esta pretensión de deslegalización de su desaparición, transformación o fusión, obviamente rompe con una función reconocida a las Cámaras por la decisión política de los legisladores en el marco de las competencias que la Constitución les reconoce.

Tampoco compartimos que una obligación, que constituye un avance —obligado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2010 y la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de septiembre de 2010—, sobre responsabilidad patrimonial, se plasme ampliándola a la que se deriva de la acción del legislador. Estamos de acuerdo en que se amplíe a la responsabilidad patrimonial que se produce como consecuencia de la acción del legislador, que aprueba normas que posteriormente son declaradas inconstitucionales y que durante su vigencia produjeron actos que dieron lugar a esa lesión patrimonial.

Sin embargo, no se contempla la misma responsabilidad para las situaciones de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la aprobación de la toma de decisiones que confrontan con la normativa europea. La regulación que se establece es tan restrictiva que exige que se haya invocado en el recurso o en la demanda. En opinión de Izquierda Unida ello supone una cortapisa inaceptable para la exigencia de tal responsabilidad.

Finalmente, discrepamos de la regulación que en el texto se contiene de la conferencia sectorial, que únicamente abunda en el carácter vinculante de los acuerdos para los no discrepantes y que hace que estos sean exigibles ante el orden contencioso-administrativo en el caso de que no se cumplieran.

Paso a defender —porque estoy ya en la mitad del tiempo— el veto relativo al Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común. Se trata de un texto —permítanme el calificativo— pretencioso en tanto en cuanto aspira a ser una normativa de nuevo cuño —el señor ministro ha destacado las novedades contenidas en él—. Sin embargo, sigue siendo heredero y mantiene en gran parte contenidos de la Ley de procedimiento administrativo de 1958, a la que no supera en muchos ámbitos. Ello hace que no acabe de resolver los viejos problemas reales de duplicidad e ineficiencia a los que también hacía referencia en su intervención el señor Montoro.

En la búsqueda de la funcionalidad del procedimiento administrativo, el texto, en opinión de Izquierda Unida, sacrifica derechos y garantías de los ciudadanos. Y lo hace avisado, lo hace teniendo conocimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, muchas de las cuales no se toman en consideración, así como del Consejo de Estado, también ignoradas, y de una experiencia de los últimos años que sería perfectamente trasladable a este ámbito: los avances en garantías que se han ido introduciendo en materia tributaria, en ocasiones por exigencia de las directivas europeas. En cambio, sí se tiene en cuenta esa experiencia en el ámbito tributario a la hora de imponer obligaciones a los ciudadanos, lo que supone un obvio desequilibrio.

Hay insuficiencias en las garantías de los ciudadanos denunciadas por estos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado en algunas cuestiones que pueden parecer menores. Así, es motivo de enmienda que no se reconozca expresamente en el texto algo que sí ocurre en materia tributaria —como posteriormente explicaré—. Me refiero a la posibilidad de solicitar un aplazamiento por parte del administrado en las comparecencias a las que se le convoca. Pero afecta a cuestiones de bastante más enjundia, como que no sea preceptivo consignar en el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador la hora en que se cometió la presunta infracción, lo cual es clave —el tema de las sanciones en materia de tráfico va a ser un ejemplo recurrente en mi argumentación—, o que, para que los documentos formalizados por funcionarios con la condición de autoridad hagan prueba, salvo que se acredite lo contrario, no se entienda que resulte imprescindible que el funcionario haya constatado los hechos de forma personal y directa, y que deba ratificarlo si el administrado los discute. En esta cuestión hay amplísima jurisprudencia con relación a esas mismas infracciones de tráfico. Yo creo que el mayor volumen se da en los casos de multas por aparcamiento.

También supone un escaso respeto a las garantías ciudadanas que en la aplicación de la prohibición de reformatio in peius no se tenga en cuenta cada pretensión individualmente considerada.

Igualmente rechazamos el hecho de que no forme parte del expediente administrativo la información auxiliar, no solo porque limita las obligaciones de trasparencia que hemos asumido como legisladores, sino porque reduce la capacidad de defensa e intervención del administrado, en tanto en cuanto estas cuestiones auxiliares en muchos casos expresan cuál es la voluntad real de la decisión de abrir el expediente. También rechazamos que no se prevea que el interesado pueda subsanar aquello a lo que le haya emplazado la Administración después de transcurrido el plazo concedido para ello, siempre y cuando todavía no se le haya notificado la resolución correspondiente.

En relación con otras cuestiones, discrepamos del proyecto planteado porque no se prevé la nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía —así lo planteó y lo exigió en su informe el Consejo General del Poder Judicial—, ni que tampoco sean motivo de nulidad las disposiciones contrarias al derecho de la Unión Europea, como planteó en su informe el Consejo de Estado. Nos parecen desafortunadas las previsiones de esa nueva tramitación simplificada del procedimiento.

En relación con la generalización del procedimiento administrativo electrónico, que valoraba como un elemento muy positivo el señor ministro, somos una población muy envejecida; es algo que hemos debatido en esta Cámara en diferentes ocasiones. Eso significa que un número muy importante de ciudadanos no va a poder utilizar estos procedimientos, que no se establecen como obligatorios pero van a ser el procedimiento administrativo normal. Si no hay —en la ley no aparecen— mecanismos de apoyo a estos ciudadanos para que puedan acceder en cualquier momento del procedimiento, se van a ver indefensos e imposibilitados.

Igualmente, creemos que el proyecto vulnera la jurisprudencia constitucional en relación con la competencia de las comunidades autónomas, que obliga a no interferir en su organización interna —el proyecto lo hace al señalar órganos competentes para determinadas actuaciones—, a no imponer órganos de control estatal —y los impone— y a no regular un modo concreto de ejercer las competencias autónomas.

Finalmente, rechazamos la plasmación de ese procedimiento de clemencia on line en sí, eximiendo el pago de multa al denunciante que se autodenuncie o denuncie a otros y además proporcione elementos de prueba.

Creemos que estos motivos son suficientes para plantear un veto al proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa, han presentado la propuesta de veto número 3 al Proyecto de Ley de régimen jurídico y la propuesta de veto número 3 al Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común.

Para su defensa agrupada, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, iniciamos ya en este Pleno el festival legislativo. En este momento vamos a tramitar dos proyectos de ley y luego vendrán cinco leyes más. Todo ello en medio de un delirio legislativo que llega a tal extremo, señorías del Grupo Popular, que ustedes hoy van a aprobar en el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común el artículo 132.1, que dice literalmente: «Anualmente, las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.» Imagínense ustedes cómo este Gobierno, con este disparate legislativo que nos ha impuesto a lo largo de esta legislatura y especialmente en este último tramo, es capaz de elaborar un plan normativo si no saben lo que va a hacer desde un punto de vista de iniciativa legislativa. Señorías, hay que tener cuajo para que ustedes propongan este plan, y más después de la experiencia de este mandato, y todo ello en un Senado que sigue sin reformarse.

En la defensa de los vetos que presentamos el senador Saura y yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, quiero referirme, en primer lugar, a la intervención del ministro Montoro en la presentación de estos dos proyectos de ley. Lo que más me maravilla del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas es su esfuerzo, su afán por intentar convertir los defectos en virtudes. Y en su intervención lo ha bordado. Solo él es capaz de defender lo indefendible: las políticas del Gobierno de Rajoy respecto de la Administración pública y, en concreto, la Administración General del Estado. Cuando el ministro Montoro afirma que el objetivo de su gestión ha sido dotar a la ciudadanía de unos servicios públicos modernos y eficientes, propios de una sociedad moderna, miente. Las únicas políticas de este Gobierno en el ámbito de la Administración pública se han regido por dos grandes variables, y el senador Iglesias ya ha hecho referencia a una de ellas. En primer lugar, el Gobierno del PP cree que las administraciones públicas españolas están sobredimensionadas y hay que reducirlas; y, en segundo lugar, que hay una gran descoordinación y es necesario uniformizar, aunque ese proceso de uniformización contemple la invasión competencial.

Las políticas de Rajoy respecto de la Administración pública y los empleados públicos han supuesto recortes, degradación de los servicios públicos e invasión competencial; y, últimamente —imagino que por las premuras electorales y la pérdida de votos—, gestos electoralistas, como el retorno aplazado, por tramos, de la paga extraordinaria de 2012.

Señorías, ¿no recuerdan ustedes que en esta legislatura se han destruido más de 400 000 puestos de trabajo públicos? ¿No recuerdan los recortes salariales, la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y funcionarios o la pérdida de las pagas extraordinarias? ¿No recuerdan la degradación de los servicios públicos, no solo por los recortes, sino por lo que ha representado la congelación de las tasas de reposición de las plantillas? ¿No se acuerdan de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y su impacto negativo en el ámbito local y de las continuas invasiones competenciales, justificadas con el objetivo de la eficiencia, que, desgraciadamente, se repiten en estos proyectos de ley? Luego me referiré a esto último.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, llevado por su entusiasmo, llegó a afirmar —hoy no lo ha hecho aquí, pero sí lo hizo en el Congreso— literalmente: «No se entienden las críticas que siguen afirmando que no hemos hecho nada en el ámbito de la Administración pública.» Y estén atentos a lo siguiente. Llegó a decir: «Que se lo pregunten a quienes están trabajando en la función pública.» Que se lo pregunten, dice.

Pues miren, señorías, gracias a este Gobierno se ha levantado toda una serie de mareas integradas por empleados públicos, que no solo defienden sus salarios y condiciones laborales, sino también los servicios públicos. El señor Rajoy lo ha hecho tan mal, que un colectivo tan singular como el de los jueces se le ha soliviantado, algo inédito en la historia de la España democrática. Ustedes, el Gobierno del señor Rajoy, han conseguido que todos los jueces digan: basta.

Otra novedad es que en la presentación de estas leyes se hace referencia a la deuda pública. Antes lo ha explicado el señor Montoro, y lo ha justificado diciendo que se ha generado para garantizar el Estado de bienestar y las pensiones. Las pensiones no, señorías, porque para poder pagar las pensiones ustedes han echado mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y el Estado de bienestar, tampoco. En este mandato la deuda ha aumentado unos 30 puntos del PIB, 300 000 millones de euros, aproximadamente. Según el Gobierno, según el señor Montoro, ministro de Hacienda, se ha reducido el déficit y se han incrementado los ingresos. Es evidente que se han producido grandes recortes en el gasto público. ¿Cómo se explica, entonces, esta elevadísima deuda? Aquí hay un misterio. Si ustedes incrementan los ingresos, reducen el déficit y recortan, ¿cómo podemos estar en esos niveles de deuda, con ese incremento tan exponencial? Además, les recuerdo que el plan de estabilidad que ustedes tanto cacarean tenía dos objetivos: reducir el déficit por debajo del 3 % y reducir la deuda por debajo del 60 % del PIB. Y estamos ya en el 100 %. La explicación de este misterio es sencilla: por el rescate bancario, que ha tenido unos costes elevadísimos y ha incrementado la deuda, pero, evidentemente, no ha incrementado el déficit por los acuerdos que se tomaron con Bruselas.

Entrando ya en los contenidos concretos de ambos proyectos de ley, quiero empezar por una cuestión muy grave y una agresión muy reiterada a lo largo de esta legislatura: la invasión competencial, es decir, el progresivo proceso de recentralización que está llevando a cabo este Gobierno con la legislación sectorial que se va aprobando. Ayer tuvimos un debate sobre estas cuestiones a raíz de las reformas del Tribunal Constitucional. Yo soy de los pesimistas respecto de la superación de los conflictos territoriales presentes —y el más grave con Cataluña—, y lo soy por varias razones: por el exacerbado nacionalismo del que hace gala el PP, porque estamos frente a un choque de trenes entre nacionalismos, porque el anticatalanismo da votos, lo mismo que el antiespañolismo en Cataluña y, sobre todo, por el proceso de renacionalización que está sufriendo la Unión Europea. La reversibilidad de la eurozona, tal como amenazó el ministro de Finanzas alemán al Gobierno griego, o los anuncios de la posibilidad de poner fin a la zona Schengen realizados por Merkel y Hollande indican la debilidad de la Unión Europea, una Unión, señorías, que para España es un atajo, un espacio para superar contracciones históricas que nosotros solos somos incapaces de resolver. Aun siendo pesimista, valoro como un inmenso desastre que el PP, en unas circunstancias tan delicadas, no solo sea incapaz de proponer nada en positivo, sino que se haya dedicado, ley tras ley, a recentralizar. Y en estas también.

Siguen ustedes haciendo una lectura abusiva del artículo 149.1 de la Constitución.



En estas dos leyes siguen los artículos 103 y 105, que poco apoyo constitucional les da. Dejan a las comunidades autónomas sin opción ninguna de desplegar su capacidad de desarrollo legislativo, detallado exhaustivamente, por ejemplo, en la regulación de los órganos colegiados. Implementan un modelo concreto de Administración electrónica. Establecen con carácter de norma básica un conjunto de trámites de obligado cumplimiento. Y también con el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público invaden competencias. En su título II se entrometen en ámbitos de organización administrativa e institucional de las comunidades autónomas, lo que impide a estas la adopción de medidas que les corresponden en el ámbito de sus competencias para defender sus intereses y sus propias políticas organizativas. Se llega hasta el extremo de que la posibilidad de crear nuevos organismos dependerá de la decisión del Gobierno del Estado, apoyada por un criterio de sostenibilidad económica. Primero, es inaudito que el Estado tenga que decir sí o no. Y, segundo, es un disparate que el criterio básico sea la rentabilidad financiera o económica de un nuevo organismo, porque hay muchos aspectos de la función pública que no tienen rentabilidad. Esta tiene que leerse en términos sociales y no económicos.

Otras cuestiones que justifican el veto del senador Saura y mío es la desproporción que se plantea entre los objetivos de funcionalidad y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas.

Y nos preocupa también todo lo relacionado con la tramitación electrónica. Creemos que es el futuro, pero ese futuro hay que implementarlo más como un derecho que como una obligación. Imponer hoy una tramitación electrónica obligatoria es ignorar la fractura digital que existe en este país. Y también supone ignorar —a no ser que se dote de medios, que no aparecen en los proyectos de ley— a los pequeños ayuntamientos para que puedan hacer frente a su implementación.

Termino mi intervención, senyor president, señalando que estos dos proyectos de ley no son la respuesta a la demanda ciudadana de una Administración más ágil y eficiente, tecnológicamente más avanzada, permeable a las necesidades y demandas sociales, y también más transparente y cercana. Por todo ello presentamos estos vetos, para los que pedimos su apoyo.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Las senadoras Almiñana y Sequera, y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté han presentado la propuesta de veto número 4, al Proyecto de Ley de régimen jurídico, y la propuesta de veto número 4, al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común.

Para su defensa agrupada, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos una vez más ante unos proyectos de ley que son de gran trascendencia y, desgraciadamente, tramitados de un modo —por decirlo educadamente— poco respetuoso con las prácticas parlamentarias. Lamento de veras verme obligado a comenzar mi intervención con estas consideraciones acerca del procedimiento usado por la mayoría en la tramitación de los proyectos de ley. Muchos de ustedes seguramente considerarán que, a fin de cuentas, es ya una práctica normalizada en esta legislatura, a la vista de la reincidencia con que ha ocurrido. Sin embargo, y precisamente por estar ante el final de la legislatura, pretendo dejar claro que no nos resignamos a un modo de actuar; y espero y deseo que no vuelva a producirse en esta Cámara, porque respetar el Parlamento y, si me lo permiten, hacer gala del buen parlamentarismo no consiste simplemente en respetar el Reglamento. Por supuesto, el Gobierno y el Grupo Popular respetan el Reglamento, faltaría más, pero no es suficiente. El Congreso de los Diputados y el Senado han de servir para estudiar y discutir las leyes, para buscar acuerdos que permitan mejorarlas, para poner en común opiniones y soluciones a los problemas que hemos de estudiar, no solo para aprobarlas como un mero trámite, que es lo que estamos haciendo. No me cabe ninguna duda de que eso contribuiría al prestigio de nuestras Cámaras y a mejorar la calidad de nuestra democracia, pero lo que ocurre en la práctica parlamentaria que estamos viviendo, especialmente durante estos últimos meses, es justamente lo contrario.

Abordamos hoy los proyectos de ley de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo de las administraciones públicas, a los que las senadoras y los senadores socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presentamos sendos vetos, que defiendo en este trámite. Se trata de leyes importantes, de esas leyes que deberían tener vocación de durabilidad porque estructuran la organización de nuestras instituciones y sus procedimientos. Las estructuras y los procedimientos deberían poder sobrevivir a gobiernos de diferentes signo, por lo que no parece razonable que se tramiten como se están tramitando, simplemente por la necesidad de finalizar una determinada agenda legislativa. Supongo que ustedes aluden a que han de cumplir sus compromisos electorales, pero eso no es así en todas las materias, pues han demostrado con creces su capacidad para incumplirlos, algunos especialmente. Por tanto, no hay razones para la tramitación tal como se está realizando. Porque, señorías, como ustedes saben, estos proyectos prevén su entrada en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, además, hay un año más de tiempo para que las distintas administraciones adecuen sus normas, leyes y reglamentos a ellos. Esta es una previsión lógica, a la vista de la complejidad técnica y jurídica de los proyectos, pero ¿es lógico que leyes de este tipo se aprueben al final de la legislatura? Da la impresión de que lo que se pretende es dejar las leyes aprobadas sin tener que asumir ninguna responsabilidad en su desarrollo. Y eso es gratis; no hay coste económico, evidentemente. En eso no miente la memoria.

Señorías, estos proyectos pretenden sustituir leyes de larga trayectoria que fueron el resultado de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y que han servido para el funcionamiento de las instituciones bajo gobiernos distintos. El primer problema que suscitan ambos textos o, mejor dicho, la suma de ambos, deriva de la decisión del Gobierno de abordar una reforma integral y estructural de la normativa aplicable a las administraciones públicas, tanto en su relación entre ellas como con los ciudadanos y otros agentes externos a aquellas, y realizarla mediante dos proyectos de ley: el de régimen jurídico del sector público y el del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A nuestro juicio, liquidar la vigente Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, es un enfoque erróneo. Lo dice acertadamente el Consejo de Estado en su dictamen, al afirmar textualmente: El enfoque que inspira la reforma articulada en torno a los anteproyectos de ley de referencia no entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro ordenamiento. Antes bien, supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativo positivo español, generando una fractura del tratamiento sistemático que tradicionalmente han recibido el régimen de organización y funcionamiento de las administraciones públicas y la regulación del procedimiento administrativo. Tal ruptura —continúa el Consejo de Estado—, lejos de servir al fin de la clarificación y simplificación que pretende alcanzar, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su influencia para lograr una adecuada regulación de todas las materias. Fin de la cita.

Y, efectivamente, nosotros tampoco hemos encontrado una justificación suficiente para su sustitución, tal como se hace. Nuestro grupo está a favor de las medidas que permitan la modernización de la justicia, la modernización de nuestras administraciones públicas, del conjunto de nuestras administraciones públicas, reformas que permitan a estas ganar en eficacia, en calidad, en eficiencia. ¿Ocurre esto con sus proyectos de ley? No vemos en ellos un avance respecto de la regulación vigente en materia de organización del funcionamiento de las administraciones públicas de procedimiento administrativo y, en cambio —a ello se ha referido el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra y también lo aprecia el propio Consejo de Estado—, vemos en estos proyectos multitud de errores, contradicciones, duplicidades y defectos técnicos que producirán más confusión e inseguridad jurídica. Lo han puesto de manifiesto numerosos profesionales del derecho y académicos; pero esos defectos no han podido ser analizados por las Cámaras, y especialmente por el Senado, por el modo y las fechas en las que se han tramitado los proyectos. Y lo más grave, a nuestro juicio, es que existen serias duda sobre su adecuado encaje constitucional. Estas leyes están llamadas a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, no lo duden ustedes.

Les decía que estamos a favor de reformas que mejoren el funcionamiento de nuestras administraciones, pero estas han de respetar el contenido y el espíritu de nuestra Constitución, que no establece una relación jerárquica entre los distintos niveles de Administración, sino que les atribuye determinadas competencias que han de ejercer con arreglo a la ley. Tanto en un proyecto como en el otro se entremezclan normas básicas con preceptos que no tienen ese carácter y atribuyen el carácter de básico a materias que no deben tener ese alcance. Así pues, estos dos proyectos desbordan ampliamente las competencias estatales. Nuevamente nos encontramos con proyectos de ley de carácter expansivo, que sobrepasan los límites constitucionales de la legislación básica e invaden y limitan competencias de las comunidades autónomas. Establecer las normas básicas del conjunto de las administraciones públicas españolas no consiste —no puede consistir— en fijarlas con tal grado de detalle —el Tribunal Constitucional lo ha establecido de manera insistente— que en la práctica se impida el ejercicio del autogobierno.

Las comunidades autónomas con competencias exclusivas, competencias de desarrollo o de ejecución en estas materias han de ver respetadas estas competencias. Lo que ocurre es que estos cambios legislativos limitan incluso su capacidad de autoorganización. A ese respecto conviene recordar, por ejemplo, la existencia de jurisprudencia constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que avala la competencia de las comunidades autónomas para crear, modificar y suprimir los órganos y entidades administrativas y, por tanto, también de conformar libremente la estructura de su Administración, tal como recoge el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que regula los principios de organización y funcionamiento de la Administración de la Generalitat, artículo que quedará gravemente afectado con una interpretación de las normas básicas como la que hacen, en este caso, estos proyectos de ley. Por no hablar del artículo 159.1 del mismo Estatuto de Cataluña, que otorga a la Generalitat competencias en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo. O de la ley que desarrolla dicho artículo, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Y ello nos lleva un poco al auténtico motivo que les mueve con estos proyectos de ley, que es seguir aplicando con contumacia una agenda de restricción del autogobierno. Porque, en efecto, ustedes no creen de verdad en el Estado de las Autonomías, y por eso en cada propuesta legislativa dan una vuelta de tuerca a la recentralización. Y estos dos proyectos de ley son un claro ejemplo de esa recentralización, sobre la base del informe relativo a la reforma de las administraciones públicas, el informe CORA, básicamente elaborado por abogados del Estado con una determinada orientación, pero rechazado, como ustedes saben, por la mayoría de las comunidades autónomas.

Finalmente, como todos los proyectos de ley, especialmente los tramitados al final de esta legislatura, la previsión de coste cero para las administraciones públicas en lo que se refiere a su aplicación es una cuestión que, como ustedes saben, es una auténtica ficción: ni será de coste cero para la Administración central ni tampoco para las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Solo ha habido que oír los deberes que tendrán las administraciones públicas a partir de la aprobación de estas leyes y su entrada vigor, que nos ha explicado hace un rato el señor Montoro. Solo hay que pensar en eso, y si esos deberes u obligaciones se pueden hacer a coste cero. A coste cero, no, ni tan siquiera para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; y mucho menos para el resto de las administraciones.

En fin, señorías, estas son razones suficientes para la presentación de estos vetos y la propuesta de devolución al Gobierno. En todo caso, permítanme que exprese también mis dudas fundamentadas acerca de que estos proyectos vayan a tener el impacto y el recorrido de la Ley 30/1992, a la que pretenden sustituir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Señorías, les informo de que vamos a continuar con el debate de las propuestas de veto hasta el final. Si este debate terminara antes de las cuatro de la tarde, suspenderíamos el Pleno hasta esa hora. Y en ningún caso se votará antes de las cuatro.

Las propuestas de veto número 2 a ambos proyectos de ley han sido presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Para su defensa agrupada, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Estamos tramitando conjuntamente estas dos leyes, algo que a nuestro grupo le parece un acierto porque los motivos de los vetos a ambas son prácticamente idénticos. De hecho, es una ley que se desdobla en dos, que se tramitan a la vez. El ministro de Hacienda ha vuelto a venir para presentar las leyes; y se lo volvemos a agradecer, aunque, obviamente, tendría que ser lo normal. Yo creo que se lo toma como su espacio electoral semanal en el Senado: viene, habla cinco minutos de la ley que tiene que presentar, y después vuelve a hablar de su libro. Y hoy tocaba anunciar que el viernes va al Consejo de Ministros la devolución de una cuarta parte de la paga de los funcionarios. Pues bien, supongo que eso prestigiará a la Cámara, pero es una costumbre que no es propia del ministro —tengo que decirlo—, aunque se ha acentuado a lo largo de las últimas semanas. Y yo voy a hacer lo mismo: voy a presentar mi veto a las dos leyes —intentaré hacerlo de forma resumida—, y después voy a utilizar mi espacio electoral semanal desde la tribuna del Senado para vetar la intervención del ministro, su intervención semanal.

Nuestros vetos a las dos leyes se fundamentan, esencialmente, en cuatro razones o motivos. Una primera es más bien de orden técnico. Y pasa lo mismo que con la mayoría de las leyes —lo mismo ocurrió la semana pasada—: que podríamos estar de acuerdo en su globalidad con los principios generales sobre los que se fundamenta cualquiera de las leyes que ustedes presentan, pero el problema es cómo se concretan esos principios. En todo caso, el primer motivo es que, a través de estas dos iniciativas legislativas, ustedes desdoblan la antigua Ley 30/1992, que, efectivamente, merecía una actualización y modernización. Dividen un cuerpo legislativo en dos; y eso, que en principio puede parecer inocuo, desde nuestra perspectiva no lo es porque entendemos que va a generar más inseguridad jurídica, no tanto en un primer momento, que también, sino con posterioridad, en modificaciones posteriores de estas leyes que pueden ser de forma absolutamente autónoma, lo que va a generar más problemas al administrado y también al conjunto de las administraciones. Y esta no es una opinión exclusiva de nuestro grupo ni de otros grupos que también vetan la ley por motivos similares, sino que diferentes sectores de la doctrina jurídico-administrativa del Estado español también se han pronunciado en este sentido, como lo hace asimismo el Consejo de Estado. Por tanto, entendemos que es motivo bastante. No creemos que esté suficientemente justificado regular ad intra y ad extra las relaciones de la Administración.

Un segundo motivo, en el que después me extenderé con más detalle, es que entendemos que con estas dos leyes, con estos dos cuerpos legislativos, el legislador pretende una vez más ir más allá de la regulación de los principios básicos, de la regulación básica que le corresponde al Estado, y hace una invasión de competencias absolutamente clara en relación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esto, por nuevo, que no lo es, no debemos dejar de manifestarlo. De hecho, ha sido una constante a lo largo de estos últimos años, y solo hace falta ver los recursos interpuestos por este motivo, no solo por la Comunidad Autónoma de Cataluña, que también, sino por muchísimas otras comunidades. Y varias comunidades autónomas han anunciado que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad por estas dos leyes si se aprueban con los textos emanados del Congreso de los Diputados. Esto, en cuanto al segundo motivo.

El tercer motivo es que, bajo los principios de intentar alcanzar la eficacia en la gestión pública y en el ámbito de la Administración pública, se está produciendo —el informe CORA era un avance, la verdad es que no engañaba, y ya lo dijimos en aquel momento— una constante regulación, procediéndose a la recentralización absoluta en el conjunto del Estado Español. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Las muestras son infinitas, y en el momento de las enmiendas señalaremos algunas. Esta situación se está produciendo como una lluvia fina, aunque a veces parece ya una tormenta o granizada que está cayendo en los diferentes ámbitos de la Administración. Evidentemente, se pretende dejar sin margen de maniobra, no solo a las corporaciones locales, sino también a las comunidades autónomas. Creo, sinceramente, que se equivocan con este planteamiento, y repito que ya lo dijimos cuando examinamos el informe CORA. Pero ¿qué se puede esperar si se regula sobre la base de un informe en el cual se vetó la participación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales? Un informe realizado exclusivamente por la Administración General del Estado sirve como base para todos los textos legislativos que, como ha dicho el ministro, a lo largo de estos dos últimos años han entrado en las Cámaras. Evidentemente, si tú haces un informe que no pretende nada más que recoger un diagnóstico y unas propuestas de solución y en él ignoras a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, lo que consigues es la recentralización, la readquisición de poder por parte del Estado central y el menoscabo de las competencias de las corporaciones locales y, por supuesto, de las comunidades autónomas. Esta recentralización es otro de los motivos por los que presentamos veto a los dos cuerpos legislativos que estamos analizando en este momento.

Pero aún hay un tercero, que creo que ya ha puesto de manifiesto el senador Montilla, con el que estamos absolutamente de acuerdo. Como sucede en otros textos legislativos, se imponen una serie de obligaciones que, por supuesto, no tienen coste cero, sino un coste económico importante para la Administración local y la Administración autonómica, y no se las dota de recursos financieros adicionales. Esta ha sido una constante a lo largo de estos cuatro años, como también en otras legislaturas. Dotar de mayores competencias, en este caso de mayores obligaciones, a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas sin haberlas consultado, sin haberlo pactado con ellas y sin darlas mayores recursos financieros es otra forma de debilitar y menoscabar estos dos niveles de administración que al fin y al cabo también forman parte del concepto general de Estado, pero no se las tiene en cuenta en la regulación. Y no voy a discutir si estos costes son muchos o pocos; creo que son muchos e importantes, y todavía más para determinados niveles de administración. Pero no es que no se ofrezcan líneas específicas de financiación para la implementación de estos nuevos requisitos, algunos de los cuales son absolutamente razonables y compartimos —no nos duelen prendas reconocerlo—, sino que en el caso de las corporaciones locales llevamos años, legislaturas, esperando la nueva ley de financiación de las haciendas locales, que ni está y, por palabras del ministro, ni se la espera, al menos en esta legislatura; y en cuanto a las comunidades autónomas, ayer discutimos una moción —lo hacemos en cada Pleno— sobre este modelo de financiación obsoleto, que no ha funcionado, injusto y que infrafinancia a las comunidades autónomas, pero no se busca ninguna solución, aunque fuese transitoria y específica, para la aplicación de estos nuevos requisitos.

Por todo esto presentamos dos vetos y, obviamente, aunque no compartamos la literalidad de los otros, ya les avanzo que vamos a apoyar los vetos que han presentado los demás grupos parlamentarios.

Me quedan tres minutos y, aunque no voy a agotarlos, sí quiero hacer un comentario en relación con el planteamiento del señor ministro en cuanto al sacrificio y el esfuerzo realizado por los funcionarios. Evidentemente, nuestro grupo comparte este sacrificio y esfuerzo pero no que este se haya realizado de forma generalizada; y tantas veces insiste el señor ministro, tantas veces insistimos nosotros. El esfuerzo de consolidación fiscal en el Estado español ha sido absolutamente desigual en todos los aspectos. En cuanto a la reducción del déficit, el nivel de administración que menos déficit ha reducido —lo pueden buscar en cualquiera de los parámetros— ha sido la Administración central; los que más, obviamente, las corporaciones locales y las comunidades autónomas, cuyo volumen ha sido mucho mayor.

Hoy el señor ministro nos ha comentado en el Senado algunos datos de su planteamiento semanal —no tengo aquí las cifras y no las voy a repetir para no equivocarme, pero me guio por los porcentajes—. Respecto al número de entidades y organismos que se han reducido o cancelado, comparen los porcentajes y busquen cuál es el nivel de Administración que más los ha reducido. Las corporaciones locales, en términos absolutos, evidentemente, han sido las que más han cumplido estos objetivos y la que menos los ha cumplido y a la que más le está costando es a la Administración General del Estado. Por tanto, el señor ministro ha venido aquí a ponerse medallas, y me parece razonable en época electoral, pero nosotros tenemos que explicar, primero, que estas medallas no son suyas, son de otros niveles de administración, y que seguramente las más pequeñas le correspondan, en este caso, al Gobierno estatal.

Por consiguiente, mantenemos nuestro veto y, obviamente, les pedimos que voten favorablemente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la propuesta de veto número 5 a la Ley de régimen jurídico y otra propuesta de veto, también número 5, al Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con la venia.

Si se pudiese resumir la intervención del señor ministro, sería algo así como: qué guapo soy, qué bien lo hago y, como dice mi compañero Jesús Martín, si tengo un espejo, me pido relaciones conmigo mismo. Eso es lo que ha hecho, con la diferencia, mi querido portavoz de Convergència, de que siempre repite, como una letanía o un mantra, un discurso único, y, de vez en cuando, con la excusa de una ley, incorpora un punto, aunque no tenga nada que ver con ella. Por ejemplo, hoy, invito a cualquier senador a que busque algún comentario sobre la Ley de procedimiento administrativo común que se está discutiendo aquí. No ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, en la intervención que leyó —y no suele ser lo habitual en él; de hecho, al hablar de hechos imponibles, sujetos imponibles, gravámenes, cuotas, etcétera, no lee— no dijo nada sobre el procedimiento administrativo común, pero fue muy detallista con lo de las casas que ha vendido. A mí me parece muy bien que detalle cuántas casas ha vendido, pero me hubiera gustado escuchar algo respecto al régimen jurídico del sector público, sobre todo porque lo que ha planteado de la Administración electrónica ya está en vigor. Otra cosa es que de la exposición teórica a la realidad haya una gran distancia y, como me han dicho algunos alcaldes del Partido Socialista, muchos ayuntamientos en España ni siquiera tienen internet, con lo cual las dificultades de acceso son mayores.

Pero permítame que haga un paréntesis en esta exposición para referirme a lo que podríamos denominar una cuestión previa. Y esta cuestión previa, señor presidente, con su benevolencia, me lleva a decir que, en materia de dependencia y para el año 2015, el Gobierno de España ha destinado 1200 millones de euros para toda España. El Gobierno andaluz ha destinado, solo para Andalucía, 1131 millones de euros. Esto es parte de la realidad; y, como quiera que antes no hubo respuesta, para que conste en el Diario de Sesiones diré que, de igual forma que algunos usan las gafas negras para mirar a Andalucía, otros usamos las gafas con el aumento debido para apreciar la realidad, la grande y la chica, de la vida cotidiana de los andaluces y andaluzas. En segundo lugar, como una diputada por Huelva ha afirmado unos datos sobre el paro, tengo que decir que, de cada cien nuevos empleos que se crean España, treinta son andaluces; dice que en España el paro se ha reducido en un 8 %, y en Andalucía lo ha hecho en un 10 %; y que esos 178 000 ocupados, según la EPA del segundo trimestre de 2015, suponen un aumento de un 7 % con respecto al 2014, cuando los datos oficiales sobre España en su conjunto lo sitúan en más de un 2 %. Cierro este paréntesis como cuestión previa que me habían pedido los compañeros de Andalucía y, con su permiso, voy a retomar la intervención sobre el texto del que estoy obligado a hablar.

¿Por qué razón planteamos veto? En primer lugar, si tanta identidad sustancial tienen las dos leyes que hasta han planteado que se debatan juntas, ¿por qué no es una única ley? Esta es la primera pregunta. Han querido que se debatan juntas porque tienen una gran identidad. Entonces, ¿por qué no es una única ley? Porque no es verdad eso que dice algún abogado de la CORA, que no todos, y tampoco el Consejo de Estado, de que la tradición jurídica española es que estén separadas. Eso es falso. Según la tradición jurídica española, el procedimiento jurídico y el régimen jurídico están en el mismo texto. ¿Por qué es difícil escindir el procedimiento y el régimen? Porque lo propio de ese sujeto estatutario, lo propio del derecho administrativo, es regular un sujeto jurídico excepcional, que es la Administración pública que tiene facultades y prerrogativas exorbitantes y unos privilegios que no tiene el sujeto individual. ¿Por qué razón? Porque la Administración pública es la que vela por el interés general. Por eso tiene la facultad de autotutela; por eso establece el derecho; por eso no caben interdictos de recobrar la posesión o interdictos de obra nueva contra la Administración pública; por eso denuncia, instruye, falla y ejecuta las sanciones, es decir, es juez y parte. Por esas razones que les cito tienen facultades desorbitantes las administraciones públicas del sistema jurídico continental, entre las cuales están la española, la francesa, la italiana, la alemana, etcétera.

¿Qué tres razones argumentamos? Razones en torno a confusión e inseguridad jurídica, razones en torno a restricción de derechos de ciudadanía y razones en torno a lo que se puede llamar autonomía política. Ayer el senador Caballos realizó una intervención muy pedagógica y didáctica en la que todos pudimos captar lo que en el fondo estaba planteando. A mí me pareció una intervención muy ilustrativa sobre estas dos leyes. De fondo, a mí me parece que no se termina de metabolizar que el nuestro no es un Estado como el francés, que el nuestro es un Estado autonómico. Podría decir que hay un poder del Estado, el Poder Judicial, que todavía no se ha enterado de que estamos en un Estado autonómico. Todavía no hemos trasladado al Poder Judicial lo que sí hemos hecho en el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo; nos falta que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas culminen la estructura del Poder Judicial. Lo dice la Constitución, pero, aun así, todavía no lo hemos conseguido.

Por su parte, en el ámbito político lo que no se termina de metabolizar o digerir —no estoy hablando de tolerar, aceptar o soportar, no hablo de eso, sino de metabolizar como parte de nuestra identidad política— es el hecho de que en el artículo 2 de la Constitución, junto a la palabra «unidad», también se usa la expresión «autonomía política». ¿Qué quiere decir eso? Pues que la legitimación de origen que tiene el Gobierno de España a través de las elecciones generales también la tienen las comunidades autónomas cuando la gente se expresa en las urnas. Las comunidades autónomas no son entidades de gestión, no son entes instrumentales, sino que son entes políticos con autonomía política para autoorganizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se organizan como estimen libérrimamente oportuno; que el único límite que tienen es la Constitución, y que su voluntad política se expresa en las urnas y en los parlamentos territoriales. ¿Por qué viene esto a cuento? Porque con los artículos 147 y 151 ustedes consiguen cambiar una realidad por otra y transmutan un órgano político, un órgano de colaboración multilateral, un órgano de colaboración voluntaria entre las comunidades autónomas; cambian esa realidad y la transforman en una Administración pública en sí misma con auctoritas, la que se gane, pero sobre todo con la potestas de decidir algo: un acto administrativo; y luego, el que no lo cumpla, se puede ir a la jurisdicción contenciosa para recurrir contra lo que no la ha cumplido; y el que no ha ido no tiene responsabilidad, y el que ha votado en contra no tiene responsabilidad. Lo cierto es que cualquier acuerdo que se adopte ahí, aunque sea por unanimidad, como quiera que ese órgano no tiene capacidad ni para interpretar las leyes —solo son acuerdos políticos—, ha de ser refrendado en sus comunidades autónomas; cuando su gobierno lo refrenda, es cuando tiene valor político.

Lo que es un órgano de cooperación bilateral o multilateral —la bilateral serían las comisiones ad hoc entre el Gobierno de la nación y cada comunidad autónoma, este sería un órgano voluntario de colaboración multilateral— no pueden transformarlo en un instrumento para aherrojar con esa especie de cinturón de hierro que se les pone a las comunidades autónomas y establecer: si usted ha asistido y ha estado de acuerdo, da igual o no que lo haya refrendado su comunidad autónoma, si usted no lo respeta, yo voy a la jurisdicción contenciosa como si fuera una Administración pública que ha decidido un acto administrativo para hacer que se le imponga, haciendo uso legítimo de la coacción, que es lo que define al Estado: el monopolio del uso de la coacción de una administración respecto a otra. Con lo cual es un instrumento que busca una administración para imponerle un criterio a otra o a otras, en función de lo que es un mero órgano de colaboración política, de colaboración voluntaria, de colaboración multilateral. Esto ya lo planteé en la comisión y pedí que me pudieran explicar esta transmutación de naturaleza política en naturaleza administrativa, con potestas, con capacidad de imperio, de imponer una decisión que sea susceptible de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El segundo asunto que se plantea respecto a la propia autonomía política es lo que podríamos llamar la autonomía de cara a la asamblea legislativa, en términos autonómicos o en términos de Cortes Generales; es lo que llaman plan normativo sobre el plan de leyes que ustedes quieren desarrollar o el plan de reglamentos que ustedes quieren desarrollar. El plan de leyes que quiere desarrollar una Cámara lo decide la Cámara y es esta la que lo cambia. Da igual que al comienzo establezcan un plan en un sentido u otro, porque la Cámara siempre tomará libérrimamente la decisión que estime oportuna. Y lo mismo que se plantea para las leyes se plantea también para los reglamentos, sin necesidad de tener que ajustarse a un plan. Lo que resulta ridículo es proponer que uno haga un plan y que no se preocupe, porque, si luego no lo respeta, lo único que tiene que hacer es explicar por qué. Entonces, ¿cuál es el sentido de plantear eso? Los propios abogados del Estado y los propios interventores, que son los autores materiales de esto, en el fondo lo que se plantean es algo así: no permitamos que los políticos, que al fin y al cabo no forman parte de un cuerpo de élite del Estado, decidan, así como así, qué leyes o qué reglamentos hacer y a qué ritmo; no: establezcamos que tienen que someterse a un calendario determinado. Si esto se hubiese aplicado en esta legislatura, imagínense ustedes las posibilidades que habríamos tenido. Sin embargo, vamos a intentar imponérselo a lo que venga; para el futuro, se impone eso, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de la soberanía —estamos en el ámbito de la soberanía para todos los españoles— o el ejercicio de la libertad de las cámaras legislativas. Es el título VI de la Ley de procedimiento administrativo.

En cuanto a la confusión y a la inseguridad, ya les decía que me parece que esa mezcla del régimen jurídico y administraciones públicas, pero que tiene elementos de procedimiento, o de ley de procedimiento que tiene elementos de régimen jurídico y administraciones públicas, crea una situación de confusión que no tiene nada que ver con la realidad. La ley vigente tiene ya prácticamente un cuarto de siglo; un cuarto de siglo de una ley con un amplio grado de consenso, que tuvo una reforma muy importante en el año 1999, que a mí me pareció positiva, respecto al régimen del silencio administrativo y los recursos. Sin embargo, se esperaba que ahora se pudiera modificar incorporando en esa reforma lo que ya está pacífico en quienes ejercen la jurisdicción contencioso-administrativa, los magistrados de lo contencioso-administrativo, y entre los analistas. Por ejemplo, se planteaba la posibilidad, y lo he dicho en varias ocasiones, de que los recursos administrativos fueran potestativos. La inmensa mayoría de los recursos administrativos no se estiman porque la propia Administración ya ha estudiado el asunto y, salvo situación excepcional, que para eso está el recurso de revisión, mantiene su criterio porque no es un criterio improvisado; esto no es soplar y hacer botellas, así no salen las resoluciones administrativas, sino que, al contrario, un recurso es algo estudiado por bastantes servidores públicos y hay que partir de una posición de respeto y de una presunción de legalidad de esa decisión de la Administración pública. Así, puesto que la inmensa mayoría de los recursos no son estimados, no tiene sentido mantener los recursos como un presupuesto de admisibilidad para luego ir a lo contencioso-administrativo. Si no, es algo así como decir: ¿usted quiere ir a lo contencioso? Vale, pero espérese unos cuantos meses, porque tiene que presentar antes recurso de alzada para poder ir luego a lo contencioso; si no, no. El planteamiento es: si usted quiere presentar recurso de alzada lo presenta, y si no, no, y puede usted ir directamente a lo contencioso. Eso estaba aceptado en general por la doctrina y pensábamos que igual esta reforma se aprovechaba para ir afilando y engrasando el instrumento magnífico de la Ley 30/1992, que todos los opositores a las administraciones públicas ya conocen.

Sin embargo, ¿qué es lo que hace este proyecto en cuanto al procedimiento administrativo común? Mantiene la dicción exacta de la Ley 30/1992, y no solo verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios, también comas, puntos y comas, puntos y aparte, todo. ¿Cuál es la diferencia? Cambian el numeral. Antes les decíamos a los alumnos de la facultad: la nulidad absoluta, la nulidad de raíz, la patología más grave de un acto administrativo, artículo 62; procedimiento, el 102; la anulabilidad o patología relativa, ¿dónde está?, en el 63; ¿procedimiento?, artículo 103. ¿Qué han hecho ahora? El 62 pasa a ser el 47 y el 63 el 48. Han cambiado los numerales.



Hay un programa informático —el otro día lo expliqué en la reunión del Grupo Socialista— en varias universidades —a mí me consta que lo hay en la Carlos III, porque mi hija se acaba de examinar del trabajo de fin de grado— y, cuando se manda un trabajo, el programa informático lo compara respecto a todo lo publicado en internet para poder ver cuánto hay de plagio y cuánto de original. Si mandásemos este proyecto del procedimiento administrativo común a ese programa informático, nos daría un porcentaje de plagio altísimo, porque no es que copien párrafos exactos de la Constitución, eso lógicamente lo hacen muchas leyes, es que copian un montón de artículos, y con una precisión inmensa, ya digo.

¡Santo cielo!, me falta tiempo (Risas).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, su intervención tiene mucho interés, pero tiene que acabar.

El señor DÍAZ TEJERA: Me quedan todavía los argumentos sobre la restricción de derechos de la ciudadanía.

En cualquier caso, presidente, como luego tenemos el turno de portavoces, la goleada la seguiremos conduciendo luego. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díaz Tejera, le puede la pasión.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Con carácter previo al debate de los vetos y como viene siendo ya costumbre por parte de los diferentes portavoces, todos, salvo el senador Bel, defienden en esta tribuna algo diferente al veto que han presentado, incluido el senador Díaz Tejera. Pero ya hablaremos de todo ello, ahora voy a referirme a las cuestiones previas.

Senador Iglesias, dice usted que el Gobierno ha cargado ideológicamente contra el resto de las administraciones públicas, con una visión neoliberal, sobre el dimensionamiento o no de la función pública. Y yo le digo que el Gobierno en estos ya casi cuatro años se ha dedicado a sacar a este país de la crisis en la que otros nos metieron.

Senador Guillot, le ha hecho gracia el tema de la referencia al incremento de la deuda pública, y creo que sería justo que alguna vez reconocieran usted y su grupo, Iniciativa per Catalunya Verds, que, entre el Fondo de liquidez autonómica aportado por el Estado, el Plan de pago a proveedores y el déficit tarifario, solamente por esos tres conceptos, el incremento de la deuda se sitúa cerca de los 200 000 millones de euros, de los 300 000 en los que se ha incrementado la deuda pública de este país.

Senador Montilla, trámite poco respetuoso con las prácticas parlamentarias. Que yo sepa —y no está aquí el senador Montilla— este proyecto de ley lleva desde enero en las Cortes. El anteproyecto de ley se publicó en enero. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Y en esta Cámara lleva desde el 31 de julio el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, una vez sometido al trámite de enmiendas, y el día 26 de agosto se sometió a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y prácticamente tres semanas después, hoy, en el Pleno.

Senador Bel, el señor Montoro dice que ha venido a su espacio electoral. Dos cuestiones a ese respecto. A mí me parece, no ya bien, sino muy bien, porque eso es hacer política, que es lo que usted, yo y el resto de los senadores hacemos cuando comparecemos en tribuna pública. En segundo lugar, debería estarle agradecido porque creo que es el ministro que más veces ha comparecido en esta tribuna, y me alegra que sea así. Sobre el ajuste desigual de la consolidación fiscal, dos datos. A través de los Presupuestos Generales del Estado, se han aportado 33 000 millones de euros para las pensiones y el desempleo. Y a través del FLA y solamente para la Comunidad Autónoma de Cataluña, cerca de 40 000 millones de euros. Hablemos de todo, porque eso también forma parte de la consolidación fiscal.

Senador Díaz Tejera, un breve comentario sobre la identidad sustancial de estos proyectos de ley y su debate conjunto. Creo que es facultad de la Mesa de esta Cámara decidir que hayan venido de forma conjunta. Los tratamos de forma separada en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, pero, como digo, creo que es facultad de la Mesa de la Cámara decidir que lo hagamos de forma conjunta, y a mí me parece perfecto.

Pero cinco y cinco fueron los vetos presentados a ambos proyectos de ley, otra cosa es lo que se ha dicho en esta tribuna, que, repito, salvo el senador Bel, se ha hablado de todo menos de los vetos que se presentaron en el registro general de la Cámara. Además, según el carácter o el origen ideológico de quien los ha presentado, básicamente se definen en tres. Todos ellos, como habrán oído los pocos senadores que nos están escuchando, acusan a estos proyectos de ley de recentralizadores, de invasores competenciales, de unilaterales; hablan de que suponen un retroceso democrático, un desborde competencial, una política restrictiva al autogobierno de las comunidades autónomas, algo muy similar a lo que vienen diciendo en prácticamente todos los proyectos de ley durante esta décima legislatura.

Nada más lejos de la realidad, señorías, esa no es la voluntad del Gobierno de España y del grupo parlamentario que le sustenta en el Congreso y en el Senado. Entendemos que ninguna de las dos leyes tiene carácter centralista y que tampoco se pretende la aniquilación de régimen competencial alguno. Además, los proyectos de ley se elaboran con los técnicos de los ministerios y con el más amplio sentido democrático; no como otros, que seguramente la democracia que les ampara sería aniquilada el mismo día en el que accedan al poder.

Pero aquí se ha hablado sobre el exceso de regulación y la invasión competencial de estos proyectos de ley. En primer lugar, cabe señalar y resaltar, senador Díaz Tejera, que ni el informe del Consejo de Estado, ni el del Consejo General del Poder Judicial en sus respectivos informes han observado vicio de inconstitucionalidad alguno en ambos proyectos de ley. Concretamente, el Proyecto de Ley de régimen jurídico en el sector público en su mayor parte resulta de aplicación únicamente a la Administración General del Estado y tiene carácter básico solo en una pequeña parte del proyecto de ley, dejando un amplio margen de desarrollo normativo al resto de las administraciones públicas en el ejercicio de su autonomía autoorganizativa.

Señorías, el Estado tiene título competencial suficiente para declarar básicas las partes que lo son, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1., 18.ª, 13.ª y 14.ª Sobre el carácter básico del sistema de supervisión continuo en el sector público institucional y si afecta o no a la competencia exclusiva de autoorganización de las comunidades autónomas, señorías, resulta fundamental contar con unos principios generales que rijan la forma de actuar de las entidades y organismos y que sean comunes y básicos para el conjunto del sector público institucional, así como contar con un sistema de supervisión continua de las entidades que permita a todas las administraciones poder hacer un seguimiento, en especial, en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, para que luego no tengamos la sorpresa que desgraciadamente tuvimos a finales del ejercicio 2012.

Cabe recordar, además, que el Tribunal Constitucional ha configurado el régimen jurídico de las administraciones públicas como una materia que incluye, al menos, la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las administraciones públicas, en sentencias de dicho tribunal 32/1981, 76/1983, 214/1989 y 35/1982. En todo caso, la supervisión continua se establece como principio general del sector público institucional, de manera que será cada administración, repito, cada administración, la que decida cómo ejecutarlo.

Se ha hablado también de la regulación básica de los convenios, de si el régimen jurídico de los convenios se regula con excesivo detalle, excediendo los límites de lo básico e impidiendo el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas. Nosotros, nuestro grupo, el Gobierno, consideramos que la regulación de los convenios debe tener carácter básico; en cualquier caso, el objetivo fundamental en esta materia es regular, por primera vez de manera completa, un régimen jurídico común y de carácter básico de los convenios suscritos por las administraciones públicas y empresas públicas. Por tanto, incluso siguiendo recomendaciones fijadas por el Tribunal de Cuentas para regular el régimen jurídico de los convenios, se incluye por primera vez un régimen jurídico completo y básico de dichos convenios, sin perjuicio —y lo subrayo— de que las comunidades autónomas puedan dictar la normativa de desarrollo que consideren oportuna en legítima defensa de su autogobierno.

Se ha hablado también sobre si la regulación de los consorcios excede también ese carácter básico y los límites de las bases. Para nuestro juicio, consideramos necesario mantener la regulación con carácter básico del régimen jurídico de los consorcios, en línea con lo ya previsto hasta ahora en la Ley 15/2014, de racionalización del sector público y otras medidas de carácter administrativo.

Se ha hablado también sobre el carácter obligatorio de los acuerdos de las conferencias sectoriales cuando el Estado ejerce competencias de coordinación y si se excede o no de los límites de lo básico. Señorías, que los acuerdos sean jurídicamente vinculantes salvo para quienes han votado en contra fortalece las conferencias sectoriales como órganos de cooperación y aporta seguridad jurídica al clarificar la naturaleza jurídica de sus acuerdos y añadir nuevas garantías al especificar sus posibles vías de impugnación. En nada, señorías, en nada afecta a la capacidad decisoria de la comunidad autónoma porque, en todo caso, si así lo estima oportuno, puede votar en contra.

Se ha hablado también sobre si se cuestiona o no la estructura de la norma y la distribución por materias entre el Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común y el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público, así como su regulación en dos leyes independientes. Pero, señorías, la decisión acerca de la estructura de ambos proyectos obedece, simple y llanamente, a un criterio de oportunidad y no a un criterio jurídico concreto, senador Díaz Tejera, pues forma parte de la discrecionalidad legislativa que también, como las comunidades autónomas —lo entenderá usted—, tiene la Administración General del Estado.

No sé si en el turno de vetos se ha hablado del tema de las agencias estatales, pero sí se hizo el otro día en la Comisión de Hacienda. La finalidad del proyecto de ley es simplificar los tipos de entidades y organismos públicos del sector público institucional, y para ello se han incorporado a estos proyectos de ley aquellos elementos positivos de gestión que había en las leyes de agencias, como la gestión de objetivos o su evaluación continua, y se ha superado un modelo jurídico que hasta ahora no había funcionado.

Sobre si suprimir o no la gestión compartida de los servicios comunes, se trata de una medida de eficiencia en el uso de los servicios públicos. En los meses de elaboración de este proyecto se han valorado las implicaciones de la regulación propuesta en materia de gestión compartida de los servicios comunes, habiendo concluido que, siguiendo un criterio de racionalización, es preciso atenernos a lo que establece la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Sobre si los ciudadanos están obligados o no al uso de los medios electrónicos. Esta obligación para todas las personas jurídicas se considera, según ustedes, excesiva y deja sin efecto el derecho de las personas a elegir el medio con el cual se relacionan con la administración. Nada más lejos de la realidad, podrán optar por cualquiera de las formas: electrónicamente o a través y con la ayuda de un funcionario público. La definición de los colectivos obligados a relacionarse a través de los medios electrónicos con las administraciones ha sido objeto de análisis por un grupo interministerial creado ad hoc. Este grupo, constituido por expertos en la materia, realizó análisis exhaustivos de cada una de las medidas contenidas en los proyectos de ley, asegurándose de que se incorporaban a la redacción las mejores prácticas y se cumplían todas las normativas exigidas en la legislación europea.

Sobre si se comparte o no la decisión de suprimir las reclamaciones previas en la vía civil y laboral y que esto suponga una restricción a los derechos. Señorías, la experiencia ha demostrado la escasa utilidad práctica de estas medidas, que en la mayoría de los casos suponen un retraso innecesario a los interesados para que puedan interponer la oportuna demanda y actuaban como una protección adicional para las administraciones públicas. Asimismo, su eliminación resulta coherente con uno de los objetivos previstos en los proyectos de ley: la simplificación y agilización de los procedimientos.

Termino, señor presidente. Se tiene en consideración el exigir a los interesados que indiquen el código de identificación del órgano al que dirigen la solicitud y que ello puede resultar una carga administrativa desproporcionada. Señorías, la existencia de un código de identificación es la garantía del buen funcionamiento del registro electrónico y una forma ágil y automática, que además ahorrará tiempo a todos, a los ciudadanos y a las administraciones; será cada administración la que decida el modo en que lo exige, si aparece ya por defecto en el formulario correspondiente o si se realiza mediante una consulta en una base de datos. Este requisito ya ha sido exigido en otras leyes, como, por ejemplo, en la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas, y funciona muy bien en todas las administraciones públicas. Asimismo, se recuerda que el proyecto obliga a que las oficinas de asistencia en materia de registros faciliten a los ciudadanos el código de identificación si estos lo desconocen. Igualmente, las administraciones deberán mantener y actualizar en sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes para facilitar su más fácil y rápida consulta por los ciudadanos y las empresas.

Sobre si incluir una mención a las especialidades forales del País Vasco. Señorías, en la disposición adicional primera del Proyecto de Ley de régimen jurídico ya se ha recogido la mención a las instituciones forales vascas en los términos en que lo estaban hasta ahora en la vigente Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Como el ámbito subjetivo de este proyecto de ley es el mismo que el del Proyecto de Ley de régimen jurídico, no se considera necesario replicar la misma inclusión.

Señorías, ahora ya sí concluyo. Con estos proyectos de ley nuestras administraciones serán más eficientes —ese es el fin—, serán totalmente electrónicas con el paso del tiempo, tendrán una mayor seguridad jurídica y tendrán una mayor calidad normativa. Los procedimientos para los ciudadanos y las empresas serán más ágiles y más económicos, y la transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas será total.

Finalizo, por tercera vez, pero ahora ya con carácter definitivo. Señorías, al contrario que ustedes con los vetos que han presentado, nosotros creemos que estos proyectos de ley garantizan la eficiencia, avanzarán en la transparencia del conjunto del sector público y de sus administraciones y facilitarán sus relaciones con los ciudadanos y las empresas. Y reitero: no recentraliza nada, no invade competencia alguna y, finalmente, a pesar de lo que ha manifestado el senador Bel, incorporará importantes ahorros a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto del sector público.

Para finalizar, y dirigido al senador Díaz Tejera, leo literalmente lo que recoge la parte dispositiva final del informe del Consejo de Estado —leo literalmente—: «Por último, importa subrayar que las consideraciones contenidas en el presente dictamen no pueden ser entendidas como una oposición a la reforma administrativa que se encuentra en curso y que anima el presente anteproyecto —punto y seguido—. Tales consideraciones se ciñen a destacar la inadecuación de la metodología y los criterios relativos a la sistemática normativa empleada en el presente anteproyecto para instrumentar una reforma —y ahora subrayo— que, a juicio de este Consejo de Estado, es pertinente y necesaria».

Votaremos en contra de todos los vetos.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Permítame, señor portavoz del Grupo Popular, una consideración previa en respuesta a la que usted expresó al inicio de su intervención. Yo creo que la defensa de los vetos no está concebida para que los portavoces que los defendemos vengamos aquí a leer los vetos y a atenernos estrictamente a sus contenidos. Esos vetos ya están en el boletín oficial de la Cámara, ya son conocidas las razones fundamentales que los argumentan y creo que mi obligación en este trámite es hacer un esfuerzo de razonamiento, de razonamiento con el ánimo de intentar convencer a la Cámara de la conveniencia de respaldar el veto, aun siendo consciente, por la experiencia de estos tres años en la Cámara, de que ese esfuerzo de razonamiento, al menos hasta el día de hoy, nunca ha conseguido su objetivo. Pero que sea un objetivo inalcanzable no me debe sumir en la melancolía, sino que, en todo caso, debe mantener el cumplimiento de la obligación que como parlamentario, como representante de una fuerza política, tengo de traer aquí las razones por las que, en nuestra opinión, este proyecto de ley, o el que toque en cada momento, no es el más adecuado. Porque, además, el señor Montoro no vino aquí a leernos el proyecto de ley, ni siquiera el preámbulo, a lo largo de su exposición; en relación con los contenidos de los dos proyectos, no creo que haya dedicado ni tan siquiera la mitad del tiempo, sino que habló de una serie de cuestiones relacionadas con la política general del Gobierno de don Mariano Rajoy en lo que afecta a las administraciones públicas y una vez más destacó la voluntad del Gobierno de, en estas fechas tan señaladas, articular la devolución de una parte de la paga extraordinaria retenida a los funcionarios públicos, y eso es legítimo. Igualmente legítimo es que los demás utilicemos esta tribuna, con todo respeto, para decir lo que consideremos más oportuno.

Entro ya en las argumentaciones articuladas por el portavoz del Grupo Popular en relación con los proyectos. Respecto al del sector público, a pesar del esfuerzo de razonamiento que también ha realizado el señor portavoz del Grupo Popular, es incuestionable, a la vista del articulado concreto, que tiene dos objetivos: el primero, seguir abundando en la reducción del sector público, de ahí que, como usted mismo explicaba, la razón fundamental para articular este mecanismo de supervisión continua es detectar inmediatamente qué otro organismo hay que suprimir. El segundo gran objetivo del proyecto de ley del sector público es homogeneizar, y el concepto de homogeneización, que no digo yo que sea un concepto irracional en ningún caso, sí es cierto que en determinadas circunstancias puede establecer algún tipo de fricción con el concepto de autoorganización al que tienen derecho las diferentes administraciones.

En relación con lo que se ha argumentado en torno a las conferencias sectoriales, doy mi humilde opinión: el que se establezca el carácter obligatorio y vinculante para quien no manifieste una discrepancia con el acuerdo, hasta el punto de que pueda ser exigible en vía contencioso administrativa, al contrario de lo que al parecer se pretende —y lo manifestaba el señor senador del Grupo Popular rotundamente— no va a fortalecer las conferencias sectoriales, pienso que es un tremendo error que va a poner en cuestión las propias conferencias sectoriales. ¿Por qué? Porque va a obligar a que, en vez de hacer los esfuerzos de aproximación y negociación en la búsqueda del acuerdo, dado que de la decisión se deriva una responsabilidad, la mayoría lo que harán será intentar salvar esa responsabilidad y, por lo tanto, se manifestarán contrarios al acuerdo adoptado, sin perjuicio incluso de que pudieran hasta estar de acuerdo e hipócritamente después asuman en la práctica su planteamiento. Pero el consejero que está reunido en esa conferencia sectorial, que después tendrá que dar explicaciones en primer lugar a su presidente y después al Parlamento de esa comunidad autónoma, me temo que va a aplicar el principio de precaución, y el principio de precaución se puede acabar convirtiendo en un instrumento de demolición de las conferencias sectoriales.

Destacaba el señor senador portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también dentro del Proyecto de Ley de procedimiento, que hay plenas garantías de constitucionalidad a la vista de los informes elaborados por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no aplican al conjunto del proyecto esa fe y esa aceptación de los contenidos de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y proyectan los mismos sobre todos los aspectos que hacen referencia a las garantías de los ciudadanos, de los administrados? Porque otros contenidos de estos informes no han tenido reflejo en el proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento.

Dos cuestiones finales. Una, el tema de la generalización del procedimiento telemático en la tramitación de los procedimientos administrativos. Las nuevas tecnologías, como decía la vieja frase hecha, avanzan una barbaridad y, en general, esos avances son positivos, pero la proyección de los mismos a una velocidad desmesurada —como la que se deriva de las propias exigencias de estas nuevas tecnologías y de sus constantes procesos de cambio— está generando en este sistema económico y social en el que vivimos nuevos fenómenos de desigualdad, y ahora esos nuevos fenómenos de desigualdad se van a proyectar también en la relación de los administrados con las administraciones públicas por la aplicación de estas nuevas tecnologías. Al final, quien puede obtener un beneficio más inmediato de las mismas son, efectivamente, las grandes empresas que tienen todos los sistemas informáticos actualizados por delante de la administración, además de que tenemos otro problema con la compatibilidad porque las inversiones en el desarrollo de esos sistemas en la administración están a años luz por detrás de las de las grandes empresas.

Ese ciudadano que va a tener que seguir haciendo la cola en una administración que, como consecuencia de los ajustes y recortes aplicados, tiene menos funcionarios para atenderle, tiene menos dependencias públicas de atención presencial para atenderle, va a ver cómo, inevitablemente, se reproduce el «Vuelva usted mañana» de don Mariano de Larra, y va a ver cómo su procedimiento en papel se va a retrasar en la tramitación respecto al fulgurante trámite telemático de la gran corporación. Y ese es otro elemento de desigualdad incompatible con que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y debemos serlo también ante la administración.

Y ahora sí, la última consideración: la supresión de la reclamación previa civil y laboral. Reconozco que es un tema que me suscita dudas, como me suscita dudas la propuesta del Grupo Socialista de que desaparezca el recurso de alzada. La reclamación previa en vía civil y laboral tiene que ser —así fue concebida y otra cuestión es que en la práctica no se haya cumplido en los objetivos— una oportunidad de rectificación de la Administración ante una decisión que puede dar lugar a responsabilidades demandables en el ámbito civil o en el ámbito laboral. Prescindir de ellas significa que el ciudadano debe perder toda esperanza de que la Administración sea capaz de rectificar, de reconocer que se equivocó y de dar satisfacción a sus pretensiones y derechos. En el ámbito laboral, que era donde con mayor frecuencia había que acudir a la reclamación previa, no es que fuera un porcentaje significativo el de estimación de las reclamaciones previas, pero en algunos casos sí se resolvía la cuestión a través de la reclamación previa, evitando el procedimiento ante el juzgado de lo social. Y eso sí que suponía esos ahorros para los ciudadanos a los que se refería en su intervención el señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, que con esta decisión, obviamente, no se van a producir.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.

Senador De las Heras, teniendo en cuenta que los proyectos de ley entran el 31 de julio y se aprueban el 9 de septiembre, estando el mes de agosto por en medio —y espero que no nos diga o no me diga que no nos gusta trabajar, porque ya sería el colmo—, creo que es razonable afirmar que así no se tramitan dos proyectos de ley de la importancia y de la enjundia que tienen estos; creo que esto es de sentido común. De la misma manera que no es razonable que tengamos que discutir 33 proyectos de ley, 4222 enmiendas y 89 vetos en dos meses, e insisto: no se atrevan a decir que no nos gusta trabajar. Yo creo que todo esto forma parte del sentido común y ustedes legislativamente llevan una temporada que el sentido común, como mínimo en la tramitación de los proyectos de ley, lo han abandonado. Esta es una primera cuestión.

Una segunda cuestión. Si distintos grupos con tales diferencias ideológicas estamos insistiendo en que en demasiados proyectos de ley se producen invasiones competenciales, por algo será, por algo será. Yo ya sé que niega la mayor —es su obligación como portavoz del Partido Popular—, pero empieza a ser preocupante, como mínimo les tendría que alarmar, que tantos grupos —repito, de distintos collares— insistan en que hay una invasión competencial en demasiados proyectos de ley. Y esta invasión competencial, este proceso de recentralización es muy negativo porque la situación territorial en España no es sencilla: hay un conflicto abierto en las relaciones entre Cataluña y España, cada uno encontrará o definirá quién es el responsable —yo me imagino quiénes son los responsables para usted—, pero hay un conflicto abierto y estas prácticas, esos pellizcos competenciales continuados no solo irritan, sino que hacen cada vez más difícil explicar que puede haber una solución dialogada, porque si en esto ya son capaces de invadir competencias, imagínese usted si nos ponemos a discutir de los grandes problemas.

Una tercera cuestión. El señor Montoro, en la presentación que hizo tanto en el Congreso como en el Senado, justificaba la deuda pública en que así garantizamos los sistemas públicos, el Estado del bienestar, las pensiones, el FLA, etcétera. Una pregunta casi por curiosidad intelectual: ¿El rescate bancario tiene algo que ver con la deuda pública? Porque no aparece nunca. Cuando discutamos los presupuestos tendremos más oportunidad de hablar y discutir más a fondo sobre esta cuestión.

Un cuarto elemento es la sostenibilidad financiera como criterio para la creación de nuevos organismos, aparte de la crítica que hemos realizado todos los grupos que hemos presentado veto al hecho de que sea el Estado el que al final tenga la última palabra. Señoría, en los servicios públicos muchos organismos no son rentables, ni tienen por qué serlo económicamente ni pueden autofinanciarse; son deficitarios por definición y son deficitarios no por voluntad o por una mala gestión, sino por los objetivos y las funciones sociales que cumplen. Por lo tanto, nos preocupan muchísimo estas limitaciones, porque forman parte de un código de valores y de una manera de entender la Administración pública que está radicalmente alejada de la nuestra.

Por último, dos cuestiones. También me sorprende que hablemos de la Administración Pública y, aparte de agradecer el esfuerzo y el sacrificio de los empleados públicos —yo le añadiría, con cierto sarcasmo: a la fuerza ahorcan—, no digan nunca el destrozo laboral que ustedes han provocado en el empleo público: se han perdido 400 000 puestos de trabajo, ha habido recortes salariales y recortes en los días de vacaciones. Ya sé que ahora están prometiendo, porque se acercan las elecciones, que todo esto se va a recuperar, que todo esto va a ser jauja, pero hasta el momento ha habido un destrozo laboral impresionante, en algunos momentos mayor que en el sector privado, y esto es responsabilidad de este Gobierno, eso ha sido así porque este Gobierno ha querido. Y como resultado de ello han ido apareciendo mareas ciudadanas, mareas de empleados públicos —la naranja, la verde, etcétera—, que, como decía antes en mi intervención, tenían un doble objetivo: la defensa de sus condiciones de trabajo y salariales y la defensa de los servicios públicos.

Y para terminar, la tramitación electrónica. En muchas de las intervenciones que he escuchado en los vetos hay dos alertas: una, que en España existe una fractura digital importante —lo digo para que lo piensen, porque el papel lo aguanta todo, pero luego está la realidad— y otra, que en España hay muchísimos pequeños ayuntamientos sin demasiados recursos o nulos recursos y con dificultades organizativas. La pregunta es cómo se va a realizar la tramitación electrónica en estos pequeños ayuntamientos o por estos ciudadanos y ciudadanas que no cuentan con capacidades para hacerlo. No me diga —porque en el papel puede quedar bien, pero en la realidad no— que habrá un funcionario ad hoc que se preocupará de esta gente; eso no va a ser así y, además, va a crear diferencias y desigualdades entre la ciudadanía.

En definitiva, señor De las Heras, le reitero las razones de nuestro veto: consideramos que estos dos proyectos de ley no cumplen el objetivo deseado, que es poner en pie una Administración pública más eficiente, más transparente y al servicio de la ciudadanía.

Gràcies, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Senador De las Heras, quiero comentarle dos cuestiones, no con el ánimo de convencer a los senadores presentes —primero, porque son pocos y, segundo, porque creo que todos tienen ya su criterio—, pero sí para que conste por enésima vez en los Diarios de Sesiones de esta Cámara.

Ustedes hablan del FLA constantemente y afirman que el FLA ha sido fundamental para conseguir los objetivos de consolidación fiscal. A uno hasta le entran dudas y piensa: A ver si es que estás equivocado, a ver si no sabes lo que es el FLA. Y uno se dice: Vamos a ver, hagamos una composición de lugar. ¿Qué es el FLA? El FLA es un sistema de financiación, de tesorería, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. El Estado, el Gobierno central, la Administración General del Estado, presta un dinero que será devuelto a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. ¿Puede este dinero generar la prestación de nuevos servicios públicos o de los servicios públicos del ejercicio? No. Este dinero sirve para financiar el poco déficit asignado a aquel nivel de administración, o sirve, en el caso de las corporaciones locales, para hacer frente al pago de proveedores de ejercicios anteriores. Estos recursos, estos miles de millones que dice que han llegado a Cataluña, no se quedan: son simplemente financiación de tesorería y van a ser objeto de devolución con sus correspondientes intereses. Me pueden decir: No, que este año no han pagado intereses. Es verdad que este año no los hemos pagado, pero los dos años anteriores pagamos intereses a un tipo que no nos cobraban ni las entidades financieras. Le hablo de la experiencia de mi ayuntamiento, pero podemos hablar de cualquier otro. Durante los dos primeros años, los préstamos del FLA han sido los más caros que hemos tenido. Este ejercicio, obviamente, son los más baratos, pero son préstamos. Por tanto, esto no sirve para la consolidación fiscal, no son ingresos que vayan directamente al presupuesto de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no son mayores ingresos, no son más recursos para las corporaciones locales ni para las comunidades autónomas: son préstamos. Si las circunstancias no hubieran llevado a que las entidades y el sector financieros hubiesen cerrado la financiación a las comunidades autónomas y corporaciones locales, estos préstamos serían realizados por parte de estas entidades o por parte de este sector. ¿Por qué se cerraron estas fuentes de financiación? Se cerraron porque el sector financiero entendía —entiende todavía hoy— que, obviamente, corporaciones locales y comunidades autónomas están absolutamente infrafinanciadas para las competencias que deben ejercer. Por tanto, no les genera credibilidad que puedan hacer frente, con un sistema de financiación absolutamente debilitado, a sus obligaciones futuras. La falta de credibilidad ha sido esta y el incumplimiento constante de los acuerdos de financiación —no voy a hablar aquí de los incumplimientos en relación con Cataluña, que han sido muchos—.

Por tanto, cuando hablen del FLA digan claramente que es un préstamo que Cataluña va a tener que devolver. No son ingresos que se traten como cualquier transferencia corriente, no son ingresos de capítulo IV o de capítulo VII; no, son simplemente préstamos que se deben devolver. Eso no sirve para lo que ustedes dicen, es decir, para conseguir los objetivos de consolidación fiscal; al contrario, sirven para financiar el déficit que, además, está absolutamente restringido por parte de la Administración General del Estado.

Segundo —no voy a agotar el tiempo—. Senador De las Heras, ustedes dicen que en los vetos de todos los textos legislativos manifestamos que son recentralizadores y que no respetan las competencias de las comunidades autónomas. ¡Claro!, lo decimos en todos los textos legislativos porque todos los textos legislativos que llegan a esta Cámara van en la misma dirección. Una pregunta: si a cada ley se presentan cinco, seis o siete vetos y en todos ellos todos los grupos, tan variopintos ideológicamente, estamos coincidiendo en que invaden competencias y que son recentralizadores, ¿no pueden al menos reflexionar? Quizá tengamos razón porque todos estamos diciendo lo mismo: se lo está diciendo Izquierda Unida, se lo está diciendo Convergència i Unió, se lo está diciendo el Grupo Socialista, se lo está diciendo Entesa; en definitiva, se lo estamos diciendo absolutamente todos. Quizá tengamos razón. Dicen que repetimos lo mismo, y repetimos lo mismo porque todos estos textos llegan a esta Cámara de la misma forma.

No voy a ser yo el que abogue por el diálogo en estos momentos respecto a Cataluña —y soy una persona absolutamente dialogante— porque creo que el senador Guillot lo ha dicho muy claro. Incluso aquellas personas bienintencionadas que en Cataluña entienden que debe haber un acuerdo Estado español-Cataluña les dejan en ridículo. Cada texto legislativo les deja en ridículo. ¿Por qué? Porque les ha sido imposible explicar esta situación. Les ha sido imposible explicar por qué ha pasado lo que ha pasado con la lengua en cada colegio; les ha sido imposible explicar cuáles han sido los incumplimientos en el sistema de financiación; les ha sido imposible explicar cualquiera de los textos legislativos que ha entrado en esta Cámara. Y no lo digo por mí —ya saben que estamos como estamos—, sino que lo pueden utilizar como un elemento de reflexión porque cada vez queda menos gente en Cataluña que entienda que esto se puede resolver, no mediante diálogo —evidentemente, cualquiera que sea la solución va a tener que ser dialogada—, sino mediante acuerdo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta. Con la venia. Buenas tardes, señorías.

Señor De las Heras, si los 46 millones de españoles fueran todas y todos afiliados al Partido Popular, no tendría nada que decir porque, en general, la actitud respecto al Estado autonómico ya viene de cuando se redactó el Título VIII de la Constitución. Y lo entiendo. Cada uno tiene sus posiciones ideológicas y esas cosas forman parte de la vida, de su ideología, de sus creencias, y hay que entenderlo. Pero la sociedad española es plural y muy diversa en términos territoriales, en términos culturales, en términos idiomáticos, en términos geográficos, etcétera.

En la redacción de un texto uno se plantea su sentido, si tiene voluntad de permanencia en el ordenamiento jurídico; y fíjense que estamos hablando de un texto, la Ley 30/1992, que va a cumplir un cuarto de siglo; es decir, hay que legislar para el conjunto de los españoles y con voluntad de permanencia. La Ley del procedimiento administrativo es un plagio de la Ley 30/1992, con la incorporación de que los sábados son inhábiles. Le invito a que me diga alguna aportación creativa en ese texto, a excepción de dos reglamentos del año 1993, procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial de la Administración, que se incorporan a la ley tal cual están, y también la Ley de Administración electrónica, que está en vigor.

¿Se podía haber hecho una reforma concreta, muy específica, de la Ley 30/1992 para incorporar que los sábados no sean hábiles? Sí. Es algo muy específico y se podía haber hecho. ¿Se podía haber aprovechado para abordar los asuntos que son pacíficos entre los que trabajan en la jurisdicción contencioso-administrativa, los prácticos, o los teóricos en el ámbito del derecho administrativo? También. Por eso en nuestras enmiendas hay un conjunto de sugerencias que son pacíficas en la doctrina. En general, las dos corrientes básicas, la más progresista y la menos progresista, coinciden en que son asuntos pacíficos, no discutibles, pero no se ha aprovechado ni una cosa ni otra. Incluso le invité en comisión a que me citara algún magistrado de lo contencioso o algún profesor de derecho administrativo que haya realizado algún comentario positivo a este respecto. Yo le cité uno que no es un rojo desalmado: el profesor Santamaría Pastor. Es verdad que hay un catedrático de Alcalá de Henares que tiene una orientación más progresista cuyos comentarios son críticos, pero no estoy usando ese argumento de autoridad académica; estoy usando argumentos de autoridad académica del profesor Santamaría Pastor cuando hace una valoración muy crítica del texto.

Y todo esto, salvando la buena voluntad de los dos o tres abogados del Estado, amigos suyos, que han elaborado el texto junto con dos o tres interventores. Porque no es casual que en el registro de los organismos autónomos —ahora se llaman organismos públicos— haya dos especies: organismos autónomos y entidades públicas empresariales, junto con las sociedades mercantiles, el consorcio, las autoridades administrativas independientes y esa otra criatura que nadie conoce: los fondos sin personalidad jurídica. Ya lo pregunté en comisión: ¿qué es un fondo sin personalidad jurídica para que se califique como Administración pública? ¿Qué es eso? En fin, habrá que contratar una agencia de detectives para que lo localice; habrá que ponerlo en busca y captura para averiguar la naturaleza de esa entidad.

Pues bien, le tengo que decir que lo que tiene usted en la mano, señoría —dicho con todo respeto—



, no es el informe del Consejo de Estado. El informe del Consejo de Estado es un tocho que tiene el grosor de tres dedos míos, que no son precisamente muy flaquitos. De este grosor es el informe del Consejo de Estado. (El señor De las Heras Muela muestra un documento). No, señoría, es como cinco veces lo que usted me está indicando. Lo tengo arriba y, si quiere, se lo puedo proporcionar. De haber sido así, habría usted leído cómo el Consejo de Estado ridiculiza estos dos textos cuando cita como argumentos el título competencial, 149.1.13 y 14, la planificación de la actividad económica y la Hacienda. Lo ridiculiza, porque el título competencial es el 149.1.18. Ese sí: el régimen jurídico básico de las administraciones públicas; pero no estos dos. Yo comprendo que usted lo repita, pero, si lo hubiera comprobado, hubiese visto que no tiene nada que ver. La cita concreta que les digo, en torno al respeto a la tradición jurídica, es la que he mantenido anteriormente. Hasta el punto de que, en la misma práctica, ustedes vienen al surco del razonamiento, porque establecen que se debata conjuntamente; luego podría ser como hasta ahora ha sido en la misma Ley 30/1992, que se llama Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992.

¿Qué intento trasladarles con este razonamiento? Antes les dije que había tres razones en torno al respeto a la autonomía política de las comunidades autónomas y al respeto a la autonomía de la gestión para sus propios intereses en relación con la Administración Local. Me parece que es un texto muy antiautonómico y muy antiautonomía local por una razón; fíjese en el dato que les voy a dar. Aquí hay varios presidentes de comunidades autónomas: el presidente Lucas, el presidente Montilla, el presidente Fabra, el presidente Bauzá o el presidente Marcelino Iglesias, que ha estado por aquí; es decir, muchos. ¿Me plantea usted que la Administración General del Estado le va a decir a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma que no puede crear un organismo autónomo, una sociedad pública, un fondo, un consorcio, una autoridad administrativa e independiente o una sociedad mercantil, porque ella, Administración General del Estado, decide si pueden o no crearla porque tiene que evaluar si es eficiente, si cumple los criterios de sostenibilidad financiera, o no? Porque el registro que controla el interventor general le da carácter constitutivo. Hay dos tipos de registros: uno le da publicidad frente a terceros, que son los registros de asociaciones. Ahora mismo, tres personas nos ponemos de acuerdo, creamos una asociación y ya se ha constituido una sociedad jurídica irregular. Ya contrata, vende y compra, porque se inscribe para que tenga publicidad frente a terceros, para que la gente sepa que esa sociedad se llama pim, pam, pum... ¡Fuego! Ya existe la vida jurídica, la de la asociación, pero la de la fundación no. Si queremos crear una fundación, hasta que no esté registrada no existe. Lo que intento decirles es que esas fundaciones públicas, esas sociedades públicas o ese organismo autónomo, esa sociedad mercantil, cualquiera de estas criaturas, si no están registradas, no existen. Y para estar registradas la Administración General del Estado tiene que decir: acepto que esté registrada. La Administración tributaria le da un número, pero, mientras no le dé el número y no esté registrada, no existe. Por tanto, quien tiene esa capacidad y competencia decide si otra administración territorial puede tener o no ese organismo autónomo.

Puedo entender que, para dar cobertura al hecho de podar la selva de los entes instrumentales, hayan planteado una ley, la de régimen jurídico, en la que meten la LOFAGE, la que está en vigor —ahí no hay modificación; otra vez es el corta y pega—, la mayoría de la Ley de Gobierno —dejan en vigor otras partes—, y que después razonen el podado de estos entes instrumentales. Pero junto al podado, que sobre todo es del Estado, como antes ha explicado pedagógicamente el senador Bel, crean esa figura del inventario, que es una manera de poner un cinturón de hierro mediante el cual limitan la autonomía.

El senador Montilla hablaba del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo voy a hablar del Estatuto de Autonomía de Canarias. Si usted lee los artículos 30, puntos 1 y 2; el artículo 31, apartado 4; y el artículo 32, apartados 6 y 8, ¿qué ve? La libertad de esa comunidad autónoma para crear sus propias instituciones, sus propios organismos, su propia organización. Es el sentido primigenio de la autonomía política: que se autogestiona y se autonorma. El límite es la Constitución, el bloque de constitucionalidad, pero se autogestionan como estime oportuno. Pues el carácter constitutivo del registro imposibilita que pueda establecerlo. No le repito lo de la conferencia sectorial, porque el razonamiento del senador Iglesias me parece que ha sido muy claro. Imagínese usted que es consejero de su comunidad autónoma, la que sea, y va a esa reunión de la conferencia sectorial, donde se discute cualquier política sectorial, y usted dice: ¿Cómo? ¿Que si yo estoy de acuerdo aquí, luego, si hay algún problema, me van a recurrir, para imponer esto, a la jurisdicción contenciosa? ¿Ad cautelam? Se habla de las guerras preventivas, de la diplomacia preventiva, de los aplausos preventivos; pues, en este caso, preventivamente, ponga que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no quiero que luego se utilice un instrumento para obligarme a hacer lo que no quiero.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, presidenta.

Le ruego que me responda a estas cosas concretas que he planteado, y no a lo que dije en comisión, porque yo procuro respetar cada acto e incorporar nuevos argumentos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señora presidenta.

Como casi todos, senador Díaz Tejera, venimos a contar nuestro libro, unas veces con mejor provecho y otras no tanto. Voy a intentar dar respuesta a alguna de las cuestiones que han planteado los portavoces en el turno de réplica de los vetos.

Senador Iglesias, sobre el origen de los vetos y la conveniencia o no de debatirlos en este acto parlamentario o utilizar su legítimo turno en su defensa para anteponer, como ha hecho el senador Díaz Tejera y algún otro compañero más, otras cuestiones que nada tienen que ver con el veto presentado en el registro general, como usted comprenderá, senador Iglesias, usted, como todos los miembros de esta Cámara, es libre de hacer lo que estime oportuno en el tiempo que tiene para defender este veto o cualquier otro a otro proyecto de ley. Estoy más de acuerdo con usted en aquello de que pueda haber una fricción en el autogobierno, pero de la fricción, de los pellizcos que decía el senador Guillot, a que se esté limitando, coartando… Repito —creo que lo comenté en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas—, no conozco a ninguna comunidad autónoma que haya dejado de ejercer competencia alguna en las materias que le son propias.

En cuanto a la administración electrónica, senador Iglesias, y que las grandes beneficiadas son las grandes empresas, por mi experiencia en un ayuntamiento capital de provincia, le puedo decir que hay alguna empresa del IBEX 35 que le ha costado un imperio transmitir sus facturas al portal municipal. Aquí habrá de todo, como en botica.

Senador Guillot, sobre los plazos de las leyes y el sentido común, que seguramente muchas veces sea el menos común de los sentidos, y si hay invasión competencial o no. Vuelvo a repetirle lo que le decía al senador Iglesias, y es que yo creo que puede haber fricción, lógica natural en el ámbito parlamentario en el que nos desenvolvemos. Este es el Senado de España, algunos de ustedes son senadores en representación de su comunidad autónoma y otros son electos, como lo pueda ser yo, y cada uno actúa en función de lo que aquí está representando. Yo, sinceramente, me niego a pensar que mi grupo político esté forzando a esa invasión competencial, a ese desborde.

Sobre la solución dialogada en Cataluña, senador Guillot, ¿qué quiere que le diga? Dos no discuten si uno no quiere, pero es que uno parece que está dispuesto a discutir de todo.

El rescate bancario, senador Guillot, supuso una garantía fundamental para los depósitos de millones de ciudadanos españoles que, si no, hubieran visto perdidos los depósitos que legítimamente tenían en sus cuentas y libretas.

Sobre el destrozo laboral que usted atribuye al Gobierno de España, perdóneme que se lo diga, aunque le toque de forma colateral, pero le tengo que decir que otros generaron tres millones y medio de desempleos. ¿Se acuerda?

También ha hecho una mención y crítica a la tramitación electrónica de estos proyectos de ley, a la fractura digital que hay en España y si los ayuntamientos están o no están preparados, esos 8200 ayuntamientos que tiene este Estado. Tenemos un ejemplo clarísimo en la respuesta que prácticamente el 99 % de los ayuntamientos de España dieron a la tramitación electrónica de sus planes de empleo y a sus planes de acción en el fondo estatal y en el FEI. Se trata de un ejemplo clarísimo de que los ayuntamientos españoles están total y absolutamente preparados para la tramitación electrónica.

Senador Bel, sobre el FLA y sobre si el Estado lo que hace es prestar a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas ese dinero y que esos dineros sean devueltos. ¡Nada más faltaba, senador Bel, que no fueran devueltos! Además, tienen un interés lógico. Este año, como usted bien recordaba, coste cero. Es la garantía para seguir adelante. ¿Me quiere decir usted a mí qué hubiera hecho Cataluña sin el acceso al fondo de liquidez autonómico? ¿Tenían acceso a otro tipo de financiación que no hubiera sido al FLA, incluso más barata, con lo cara que fue el primer año? Me gustaría, aunque sea luego en el pasillo, me respondiera.

¿Lo estamos haciendo mal? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es sacar a este país de la inmensa ruina en que lo dejaron otros.

En cuanto a que si todos los vetos y consideraciones del resto de los grupos políticos van en la misma dirección y que la situación catalana debe ser tratada a través del diálogo, tengo que decir que vamos a ver cuándo empieza el Gobierno de Cataluña a intentar ejercer ese diálogo con el Gobierno de España.

Senador Díaz Tejera, creo que sería caótico que 46 millones de españoles fueran todos militantes del Partido Popular. Creo que sería malo para España, pero de momento nos basta con que más de 11 millones de españoles nos dieran el respaldo, dieran el respaldo al presidente Rajoy para que ejerza el Gobierno como lo está haciendo, de forma ejemplar.

Sobre los amigos abogados del Estado que tenemos unos y otros, habrá de todo, como en botica también. Habrá abogados del Estado que confían más o tengan una cierta connotación política y otros que tengan una de forma de opinar diferente. En cualquier caso, la abogacía del Estado me merece tanto respeto que no haré más consideración.

¿Quiere que le diga algo sin personalidad jurídica? El FLA es un fondo sin personalidad jurídica, no tiene personalidad jurídica.

Sobre si el Consejo de Estado ridiculiza estas leyes, vuelvo a repetirle: Consejo de Estado, Boletín Oficial del Estado, número de expediente 274/2015, Hacienda y Administraciones Públicas, referencia a la misma. Procedencia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asunto: Anteproyectos de la Ley de régimen jurídico del sector público. Fecha de aprobación: 29 de abril del 2015. Texto del dictamen. Y le he leído el párrafo final porque yo creo que es concluyente: Esta reforma es pertinente y necesaria. Pertinente y necesaria.

Respecto del tema de los consorcios y agencias —ahora le responderá en el turno de enmiendas mi compañera ponente, la senadora Romero—, se ha aprobado una transaccional precisamente para evitar estas cuestiones.

Y finalizo —no creo que emplee los casi tres minutos que me quedan—, evidentemente, volviendo a rechazar los vetos que han presentado ustedes. Lo que ha pretendido el Gobierno de España, y lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular dándole su apoyo, es conseguir una Administración más moderna, que esté tecnológicamente dispuesta a dar respuestas rápidas y eficientes, fundamentalmente a quienes nos debemos, a los ciudadanos, a las empresas; una Administración cuya gestión sea transparente y eficaz. El Gobierno, senador Díaz Tejera, ha evaluado con sus funcionarios —con los que tiene, que son seguramente los mismos que tenía cuando ustedes estaban en el Gobierno— la situación de sus estructuras administrativas y ha trabajado duro durante estos años para adaptarlas a ese futuro que todos queremos que sea mejor y que, además, es el futuro que nos demandan nuestros ciudadanos. Por todo ello, y concluyo, solicito de mi grupo el voto en contra para los diez vetos presentados a ambos proyectos de ley.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Se levanta la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión

Por favor, cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto al Proyecto de Ley de régimen jurídico y al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo.

En primer lugar, vamos a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de régimen jurídico.

La senadora Cunyat ha utilizado el voto telemático y ha votado afirmativamente a favor de las propuestas de veto.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235 más 1 voto telemático, 236; votos emitidos, 235 más 1 voto telemático, 236; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 148; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazados los vetos al Proyecto de Ley de régimen jurídico, vamos a pasar a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de vetos a los proyectos de ley, pasamos al debate de las enmiendas a los dos proyectos de ley, que se realizará también de manera agrupada.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias ha presentado las enmiendas 1 a 40 al Proyecto de Ley de régimen jurídico y las enmiendas 1 a 116 al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Me temo que, por primera vez, tendré que agotar los treinta minutos para la defensa de ciento cincuenta y seis enmiendas, sin que, seguramente, logre defenderlas todas. Las doy por defendidas. (Aplausos). Intentaré explicar de la forma más razonable posible las que pueda.

En relación con el primer proyecto, el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público, presentamos una enmienda para adicionar una nueva letra l) al apartado 1 del artículo 3, que incorpora como principio general la no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad. Presentamos otra enmienda al artículo 4 para modificar el apartado 1 y añadir un nuevo apartado 3. En cuando al apartado 1 y en relación con los principios de intervención, se modifica para que cuando las administraciones públicas limiten el ejercicio de derechos no se produzcan discriminaciones y se garantice la plena accesibilidad de las personas con discapacidad. En relación con el apartado 3, se trata de garantizar que se cumplan los principios y normas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal e inclusión de las personas con discapacidad. Presentamos otra enmienda para modificar el apartado 1 del artículo 14 fijando un plazo máximo de diez días para que el órgano incompetente para resolver que recibe una solicitud traslade las actuaciones al competente. También proponemos la modificación del apartado 4 del artículo 23 sustituyendo el término invalidez por anulabilidad en relación con las actuaciones de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención; nos parece que es un término mucho más ajustado al ámbito administrativo. Proponemos la modificación del apartado 2 del artículo 25 para que la potestad sancionadora no sea delegable. Igualmente, planteamos la modificación del apartado 4 del artículo 27; el texto señala que las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica, y nosotros añadimos: «...en perjuicio del presunto infractor o infractor.» Así lo plantea también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a que la analogía está prohibida in malam partem, pero no en sentido positivo.

Presentamos otra enmienda para la modificación del apartado 4 del artículo 28 en cuanto a la responsabilidad, introduciendo que la responsabilidad de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan será en todo caso subsidiaria.

En otra de nuestras enmiendas proponemos la introducción de un nuevo apartado en el artículo 28 que introduzca las acciones u omisiones que no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa cuando sean realizadas por menores de 14 años, o por quien carezca de capacidad de obrar, o cuando concurra fuerza mayor, o cuando haya salvado su voto en decisiones colectivas, cuando se pusiese la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones administrativas, o cuando sea consecuencia de la deficiencia de un programa informático ofrecido por la Administración para el cumplimiento de las obligaciones. Esto ocurre en materia fiscal. Les podría citar un ejemplo chusco ocurrido en los últimos días, pero no tengo tiempo.

Con la presentación de otra de nuestras enmiendas proponemos la modificación del apartado 6 del artículo 29, para que en los supuestos de infracción continuada se imponga la sanción en su grado superior, tal y como plantea y propone el Consejo General del Poder Judicial en su informe. Asimismo, se propone la modificación del artículo 30, que regula la prescripción, para que este artículo pase a denominarse: extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y extinción de las sanciones administrativas. Este cambio viene motivado porque se añade un nuevo apartado 4 para que la prescripción se aplique de oficio por la Administración, así como un nuevo apartado 5 que prevé la extinción de la responsabilidad por fallecimiento y los supuestos de extinción de las sanciones administrativas: pago, compensación, condonación o fallecimiento.

Igualmente, proponemos modificar el artículo 31, apartado 1, y añadir los nuevos apartados 3, 4 y 5, en relación con los principios de responsabilidad. En el apartado 1 modificado se introduce una redacción acorde con la jurisprudencia al respecto del principio non bis in idem. En el apartado 4 establecemos la regulación para sancionar los hechos susceptibles de ser calificados como infracción por más de un precepto legal. Y en el apartado 5 proponemos que una acción que haya sido tomada en consideración como agravante, o para elevar la gravedad de la infracción, no sea, además, sancionada como una infracción independiente.

Modificamos también el artículo 23.4, que hace referencia a esa novedad de la responsabilidad patrimonial del legislador. Creemos, como dije en la defensa del veto, que la redacción planteada es cicatera y no acorde con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —Sentencia de 26 de enero de 2010— y con sentencias reiteradas del Tribunal Supremo; valga como ejemplo la Sentencia de 17 de septiembre de 2010. Nosotros planteamos que se prescinda de la exigencia de tener que haber invocado esa concurrencia de inconstitucionalidad de la norma en el recurso o la demanda. Modificamos el apartado 5 del artículo 32 en el mismo sentido que el apartado 4, pero en lo que hace referencia a las normas contrarias al derecho comunitario.

Modificamos el artículo 33, responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, en el que proponemos introducir una mejora técnica modificando el orden de los apartados. Proponemos un nuevo apartado 7 al artículo 38, que regula la sede electrónica, para que se garantice la accesibilidad universal a personas con discapacidad. Modificamos igualmente el artículo 39, con referencia al portal de Internet, para que esté garantizada la plena accesibilidad.

Proponemos la supresión del artículo 50.2.d., en relación con los trámites preceptivos para la suscripción de convenios, pues se prevé que cuando estos sean plurianuales la aportación del Estado estará condicionada a los Presupuestos Generales del Estado, lo cual provocará, sin ninguna duda, una parálisis en la suscripción de convenios o en la aplicación de los mismos cuando el resto de las administraciones no reciban los recursos inicialmente comprometidos.

Modificamos la letra c) del artículo 51, sobre extinción de los convenios, estableciendo un procedimiento garantizado de la resolución por incumplimiento reiterado por uno de los firmantes.

Por otra parte, proponemos la supresión del capítulo I del título II, que regula el sector público institucional —artículos 81 a 83—, pues entendemos que conlleva una auténtica recentralización al pretender que se configure un inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado.

Proponemos la adición de un nuevo punto 3.º al artículo 84.1.a. —composición y clasificación del sector público institucional estatal—, para que también formen parte del mismo cualesquiera otros que estén creados por ley. Asimismo, pretendemos la supresión del artículo 87, que trata de la transformación de las entidades integrantes del sector público institucional estatal, por no ofrecer garantías para el personal la regulación introducida. En cuanto al artículo 87 —como alternativa, por si no se produjera esta supresión— proponemos su modificación, para que la transformación de algo que se creó por ley no se lleve a cabo a través de un real decreto, sino por ley. Pretendemos la supresión del artículo 94, fusión de organismos públicos, por no ofrecer suficientes garantías. Y, alternativamente, que deba ser por ley. Asimismo, alternativamente, pretendemos la modificación del apartado 3 del artículo 94 para que se negocien las condiciones de fusión en lo que respecta al personal con sus representantes. Nos gustaría que se suprimiera el artículo 95, gestión compartida de servicios comunes, ya que, en nuestra opinión, abre un mecanismo de destrucción de empleo público. Pretendemos también la modificación del apartado 1 del artículo 96, disolución de los organismos públicos estatales, para que deban ser disueltos por ley. También pretendemos añadir un nuevo apartado 4 al artículo 96 con el fin de que se respeten los derechos colectivos del personal. En otra de nuestras enmiendas planteamos la supresión del artículo 97, sobre liquidación y extinción de organismos públicos estatales, toda vez que no se contempla que en el plan de corrección de desequilibrios, que podría evitar esa liquidación, se introduzcan medidas de ajuste, sino solo aportaciones.

Proponemos la supresión del capítulo IV del título II, de los consorcios, pues entendemos que supone una recentralización. Proponemos también la modificación del artículo 121 —subsidiariamente, si no se produce su supresión—, sobre el régimen de personal, facultando a los estatutos de los consorcios para establecer el régimen de provisión de efectivos y las condiciones de trabajo.

Hemos planteado la modificación del artículo 125.2, derecho de separación, para establecer un procedimiento más garantista y penalizando las separaciones no motivadas en causa grave. Proponemos la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 126 —subsidiariamente, si no se produce la modificación— para que los estatutos del consorcio regulen los efectos de la separación de uno de los consorciados asegurando los principios de estabilidad institucional ante la dificultad de establecer una regulación uniforme por ley. Planteamos la supresión del título III, relaciones interadministrativas, que introduce una regulación unilateral, sin diálogo ni consenso, con una omnipresencia del Gobierno central, introduciendo una regulación de las conferencias sectoriales que no resuelve los déficits actuales, tal y como tuve ocasión de argumentar con anterioridad en defensa del veto.

Se presenta otra enmienda con la que planteamos la supresión de la disposición adicional décima ya que permite a la Administración General del Estado incumplir con la obligación de hacer aportaciones a los consorcios si algún otro miembro del mismo no lo hace. En otra de nuestras enmiendas introducimos una disposición adicional nueva, régimen jurídico de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., reconociendo que la misma se siga regulando por su legislación específica y solo de forma supletoria por lo previsto en esta ley.

Finalmente, en relación con este proyecto pretendemos la supresión de la disposición derogatoria única e), que contempla la derogación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales, para mejorar los servicios públicos, porque supone prescindir de la norma subsidiaria estatal para las comunidades autónomas que disponen de instituciones similares.

En cuanto al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común, tiene aún más enmiendas. Proponemos la modificación del artículo 1, apartado 2, supone una mejora técnica ante una redacción confusa que podría plantear la posibilidad de que se modificaran los plazos por vía reglamentaria. Pretendemos añadir un nuevo apartado 3 al artículo 2, para introducir que la suspensión del plazo para resolver ha de ser mediante acuerdo expreso y motivado contra el que no cabe recurso. Cuatro enmiendas afectarían al artículo 5 que habla de la representación. En relación con el apartado 1 introducimos en el mismo que se regule la representación de las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar, y en el apartado 6 se añade un párrafo que establece la posibilidad de que el interesado ratifique las actuaciones realizadas por un representante que no haya acreditado su representación. Asimismo, añadimos un nuevo apartado 8, para regular la revocación de la representación y un nuevo apartado 9, para regular la renuncia del representante a la representación.

Planteamos la modificación del artículo 8, en relación con los nuevos interesados en el procedimiento, suprimiendo que los intereses de estos, que dan lugar a que sean notificados, hayan de ser, además de legítimos —como señala el texto— directos. La supresión nos parece que es más respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

En cuanto al artículo 9, sistemas de identificación de interesados en los procedimientos, proponemos la supresión del último párrafo del apartado 2 por imponer la firma electrónica pues, frente a lo argumentado por el portavoz del Grupo Popular, muchos ayuntamientos no están en condiciones de asumir esta realidad.

Igualmente, pretendemos la modificación del apartado 2 del artículo 12, sobre asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, para que se entienda que esa asistencia debe extenderse no solo a la solicitud, sino también a la presentación de documentos adjuntos, así como a la consulta de los expedientes.

Hemos presentado otras dos enmiendas al artículo 13. Con una se añadiría la letra i) al objeto de establecer la obligación de las administraciones públicas de tener una red de oficinas presenciales para atención a los ciudadanos y que los centros de trabajo de las administraciones públicas cuenten con los medios humanos y materiales imprescindibles para despachar los asuntos en esta nueva realidad en la que hay que apoyar a quienes no tienen capacidad para utilizar las nuevas tecnologías.

Proponemos la supresión del apartado 3 del artículo 14 y, alternativamente, la modificación de los apartados 2 y 3 y la adición de un nuevo apartado 4 al objeto de excluir de la obligación de relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica —normalmente están formadas por personas físicas, así, pensemos en una comunidad de bienes de una plaza de garaje que se ha recibido en herencia—. Aceptamos que en el apartado 3 se plantee que sí se pueda imponer esta obligación cuando tengan capacidad económica y técnica para ello. Y en el apartado 4 planteamos que cuando en un procedimiento haya obligados y no obligados a seguir el trámite electrónico, se establezca un trato igualitario a partir de la no obligación.

Proponemos la supresión del apartado 5 del artículo 16 y, alternativamente, la modificación de los apartados 1, 4 y 5 de dicho precepto. Enmendamos el apartado 1 para que la anotación de la salida de documentos desde los registros deba ser obligatoria y no meramente potestativa, como plantea el proyecto. En el apartado 4, queremos aclarar que solo quien no esté obligado a relacionarse con medios electrónicos podrá presentar escritos. Y en el apartado 5 pedimos que se fije un plazo máximo para la digitalización por la Administración de los documentos que recibe en soporte papel.

También presentamos otra enmienda al artículo 16 para añadir un párrafo previo a la letra a), aceptando que los documentos puedan presentarse en las oficinas de atención presencial.

Pedimos la modificación del artículo 17.1, que se refiere al archivo de documentos, para que se contemple la posibilidad de que las administraciones públicas se puedan adherir a plataformas de custodia de documentos electrónicos en régimen de prestación de servicios de confianza.

Pretendemos modificar el artículo 18.1, colaboración de las personas, para acotar una redacción, en nuestra opinión excesivamente abierta, para que los informes que la Administración pueda recabar sean solo aquellos de los que ya dispone la persona obligada y en el formato en que esta la tenga, que no le impongan un formato y, además, no conlleve la cesión no consentida de información recibida por funciones profesionales.

Igualmente, hemos presentado otra enmienda para modificar el artículo 19.2, comparecencia de las personas, para que, igual que ocurre en el ámbito tributario, se pueda pedir por los interesados un aplazamiento de la fecha de la comparecencia por razones justificadas.

Artículo 21. Obligación de resolver.



Pedimos la modificación del apartado 3 para que el plazo máximo de tres meses se empiece a computar desde que haya entrado la solicitud del interesado en el registro del organismo competente o, si es un momento anterior, desde el transcurso de diez días desde que entrase en el registro de un organismo que no resulta competente para su resolución.

Con la presentación de otra enmienda pretendemos la modificación del apartado 1 del artículo 22, suspensión del plazo máximo para resolver; en la letra d), suspensión por haber solicitado informe preceptivo, proponemos la reducción del plazo de suspensión de tres a dos meses, de conformidad con el informe del Consejo de Estado. Transcurrido el plazo continuará el procedimiento pero no podrá dictarse resolución, según nuestra enmienda, sobre el fondo hasta que no se emitan los informes preceptivos. Además, se añade un supuesto más de suspensión, en un nuevo apartado h), para que esta se produzca cuando para la resolución del procedimiento resulte determinante una resolución que ha de dictar otro órgano administrativo o un tribunal.

Proponemos modificar el apartado 2 del artículo 24. No cabe recurso contra la desestimación por silencio administrativo cuando el acto devenga consentido y firme de acuerdo con lo previsto en el artículo 110.

Artículo 25. Falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio. En primer lugar, para que el transcurso del plazo para resolver sin que haya resolución también provoque la caducidad en los procedimientos contractuales de resolución; y, en segundo lugar, que en los supuestos en que el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado la interrupción del plazo para resolverlo sea por un tiempo máximo igual al de la duración total del procedimiento y transcurrido este se resuelva.

Presentamos dos enmiendas al artículo 32. La primera lo es al apartado 1 en relación con la ampliación de los plazos concedidos para aclarar que cuando sean varios los interesados en el procedimiento bastará que pida esa ampliación cualquiera de ellos; y la segunda, al apartado 2, para que funcione el silencio positivo en relación con la solicitud de ampliación de plazos.

Pedimos la modificación del apartado 1 del artículo 33, tramitación de urgencia, para que baste que lo solicite uno de los interesados cuando son varios los interesados en el procedimiento.

Artículo 34. Pedimos cambiar su rúbrica y añadir a la que ya tiene: actuación administrativa automatizada. También pedimos añadir un nuevo apartado 3 que la regule, a tenor de lo establecido en el artículo 41 del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

Solicitamos la modificación del artículo 35. Para ello hemos presentado dos enmiendas que hablan de la motivación, añadiendo a la letra e) del apartado 1 que sean motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho también los acuerdos de suspensión de los plazos máximos para resolver recurso. Y lo mismo en la letra f) en relación a los actos que rechacen la solicitud de informes no preceptivos.

Planteamos la modificación del artículo 36 que regula la forma, estableciendo la obligación de las administraciones públicas de volcar los actos administrativos electrónicos al soporte oportuno para hacérselo conocer al ciudadano por el canal que previamente este hubiera solicitado.

Presentamos la modificación del apartado 4 del artículo 40, sobre notificación, introduciendo nuevas exigencias más garantistas para el ciudadano y acordes con jurisprudencia consolidada.

En relación con el artículo 41 también presentamos dos enmiendas, una de supresión y, alternativa o subsidiariamente, de modificación del apartado 1 para condicionar a que resulte necesaria y proporcionada la opción de que la Administración pública pueda establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas con medios económicos y técnicos o por su profesión.

Hemos presentado otra enmienda al artículo 41, apartado 6. Frente a lo que el proyecto sienta en el sentido de que la no admisión del aviso al correo electrónico proporcionado por el interesado para la puesta a disposición de la notificación, no invalida la notificación, enmendamos para que tal incumplimiento impida que la notificación sea plenamente válida.

Pretendemos modificar el apartado 2 del artículo 43 ampliando de diez a quince días el plazo para que se entienda rechazada una notificación por medio del correo electrónico desde la puesta a disposición de la misma sin que se haya accedido por el interesado a su contenido. Pretendemos también la nulidad de pleno derecho con la modificación del artículo 47.1.b) para que también lo sean los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía cuando la incompetencia sea grosera u ostensible, como sugiere el informe del Consejo General del Poder Judicial. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren el derecho de la Unión Europea, como a su vez plantea el Consejo de Estado.

Presentamos cuatro enmiendas al artículo 48 sobre anulabilidad. Pretendemos modificar el apartado 3 para que, además de las actuaciones administrativas fuera de tiempo, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo se añada que también dan lugar a anulabilidad en los procedimientos iniciados de oficio en los que se haya producido la caducidad conforme al artículo 25.1. b).

Planteamos tres nuevos apartados, 4, 5 y 6 al artículo 48. El 4 sería que los motivos de anulabilidad no podrán ser subsanados por la resolución que se dicte en vía de recurso; el 5 sería que el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no implicará por sí solo la anulabilidad de los actos dictados sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda, y el 6, que la actuación de las autoridades y personas en las que concurra causa de abstención no implicará necesariamente la anulabilidad de los actos en los que intervenga.

En cuanto al artículo 49, sobre límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad, realmente el proyecto mantiene el contenido literal de la Ley de procedimiento administrativo de 1958. Nuestra enmienda añade tres nuevos apartados, los números 3, 4 y 5, incorporando la consolidada doctrina jurisprudencial según la cual, anulado un acto de naturaleza sancionadora, no podrá dictarse un nuevo auto sancionador relativo al mismo hecho. Y respecto a los procedimientos no sancionadores, se introduce la previsión de que tras la anulabilidad únicamente cabrá iniciar un nuevo procedimiento por una sola vez.

Respecto al artículo 50, que regula la conversión de actos viciados, pretendemos que se añada que debe haber un trámite de audiencia a los interesados y una notificación subsiguiente. En relación con el artículo 51, sobre la conservación de actos y trámites de los procedimientos en los que se declare la nulidad, también se pretende garantizar el trámite de audiencia y la correspondiente notificación. En cuanto al artículo 52, sobre convalidación, nuestra enmienda excluye de la subsanación los actos anulados por resolución administrativa o judicial que se añade en un nuevo apartado 5, para que también en estos supuestos haya que conceder trámite de audiencia a los interesados y posterior notificación.

En cuanto al artículo 55, sobre actuaciones previas al inicio del procedimiento, pretendemos fijar una duración máxima de estas actuaciones que no sea superior a la mitad de la duración del procedimiento. Asimismo pedimos que en todo caso se establezcan garantías de notificación a los interesados de su inicio y conclusión. Pero, además, que en los procesos sancionadores en los que se haga sin intervención del interesado se motive por qué se realizan esas actuaciones previas sin dicha intervención, haciendo constar, además, que su práctica no interrumpirá la prescripción de las infracciones.

Al artículo 56.2, hemos formulado una enmienda de modificación para que se puedan adoptar medidas provisionales y sea preceptiva la audiencia del interesado.

Proponemos también modificar el artículo 56.5 para que las medidas provisionales puedan ser sustituidas por otras que plantee el interesado y la previsión de que también quedarán sin efecto en los casos en los que se produce la caducidad. Proponemos, asimismo, la adición de un párrafo nuevo, el 6, para que se notifique a todos los interesados los acuerdos de la adopción, modificación y alzamiento de las medidas que podrán ser objeto, a su vez, de recurso independiente.

La enmienda 64 propone modificar el artículo 57 que regula la acumulación. Se completa la regulación de la acumulación de los procedimientos administrativos, concretando los siguientes extremos relevantes: que podrá acordarse en cualquier momento previo al trámite de audiencia; que también podrá acordarse la posterior desacumulación; que los acuerdos de acumulación y de desacumulación deberán ser comunicados; que no determinará retroacción de actuaciones; y que no afectará al cómputo del plazo máximo para resolverlo.

La enmienda 65 modifica el artículo 58 relativo a la iniciación de oficio. La enmienda explicita los contenidos mínimos que debe tener el acuerdo de iniciación de oficio: órgano, tipo de procedimiento, plazo de resolución, etcétera.

La enmienda 66 modifica el artículo 60.2 para que en los procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de una orden superior, la orden exprese también la hora de los hechos en los que supuestamente se cometió la infracción. Y lo mismo con la enmienda 67, que modifica en el artículo 61.3 para que, cuando el procedimiento se inicie por petición razonada de otro órgano, las peticiones concreten la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos y también la fecha y la hora en que se produjeron los hechos.

La enmienda 69, que modifica el artículo 63.3, se justifica porque la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos sancionadores en una situación de infracciones continuada debe ser, además de ejecutiva como exige el proyecto, firme.

En otra enmienda proponemos la modificación del artículo 67, párrafo segundo, relativo a las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pretendemos añadir que en el cómputo del plazo de un año de prescripción del derecho a reclamar, éste se contará desde el momento en que se haga pública la resolución administrativa o la sentencia que declare esa responsabilidad si el interesado no hubiese sido parte, y en los demás casos desde que el alcance del daño quede definitivamente fijado.

Hemos formulado la enmienda 73 al artículo 68, sobre la subsanación y mejora de la solicitud. Introducimos una modificación para que, en coherencia con la previsión del artículo 73.3, se permita a los interesados subsanar, agotado el plazo que se les concedió, si lo hicieran antes de que se les notificara la resolución expresa.

Al artículo 70.4 hemos formulado dos enmiendas que tratan del expediente administrativo. Como contradice el principio de trasparencia la limitación que se establece al acceso de los interesados a la información auxiliar porque no forman parte del expediente, subsidiariamente planteamos que se modifique para que forme parte del expediente esa información auxiliar, al menos en los casos en que contenga datos relacionados con la intención, finalidad o motivación de los actos administrativos.

La enmienda número 79, que modifica el artículo 75.3, propone que los actos de instrucción, cuando deban desarrollarse con personas que tienen alguna discapacidad, se realicen de la forma más adecuada para que los interesados de forma motivada puedan solicitar un aplazamiento.

Al artículo 77.4 hemos formulado la enmienda número 80 para que, en los procedimientos sancionadores, los hechos declarados no existentes por resoluciones judiciales penales que resulten firmes vinculen a la Administración. Con el apartado 5 se pretende que se incremente la exigencia con la finalidad de que los documentos formalizados por funcionarios como condición de autoridad que hacen prueba de los hechos reflejados, salvo que se demuestre lo contrario, reflejen los hechos que hayan sido constatados directa y personalmente por el funcionario, añadiendo la demanda de que sean también ratificados por estos funcionarios si son denegados por los denunciados conforme con la jurisprudencia reiterada.

Presentamos dos enmiendas al artículo 82. La primera para que la Administración asista en los trámites de audiencia en los que haya consulta de expedientes electrónicos a aquellos interesados que no están obligados a seguir este trámite; y la segunda para añadir un nuevo párrafo sexto explicitando que la no formulación de alegaciones no impide a los interesados interponer los recursos correspondientes.

En cuanto al artículo 85, apartado 3, proponemos la terminación de los procedimientos sancionadores fijando que el incremento del porcentaje de reducción de la sanción previsto en un 20 % pueda llegar hasta el 35 %, pero que no quede abierto como plantea el texto.

Al artículo 88, sobre la resolución, proponemos dos enmiendas, una, apartado 1, para que el plazo de alegaciones concedido cuando se resuelvan cuestiones conexas no planteadas por el interesado no sea inferior a 10 días; y otra, al apartado 2, para que la prohibición de reforma in peius tome en cuenta cada pretensión individualmente considerada en la aplicación de este principio por sentencia reiterada por el Tribunal Supremo; la última conocida del 24 de mayo de 2014; la última que conozco.

En la enmienda formulada al artículo 89 pedimos que en la propuesta de resolución de procedimientos de carácter sancionador también se incluyan los criterios de graduación de la sanción que se propone.

Al artículo 90, relativo a las especialidades de la resolución de procedimientos sancionadores, hemos formulado la enmienda 91 para que se incluyan los criterios de graduación aplicados a la reducción que se produce en virtud del artículo 85, para que también se presenten alegaciones cuando la tipificación o calificación se haya modificado, y para que no se exijan intereses de demora sobre la sanción hasta la finalización del plazo de pago voluntario fijado por la resolución que ponga fin a la vía administrativa. En el apartado 4 rechazamos la automática ejecutividad de la resolución dictada por el procedimiento complementario para determinar la cuantía de la indemnización por daños a la Administración, y planteamos que solo sea cuando se agote la vía administrativa.

Me quedan unas cuantas que intentaré explicitar después en el turno de portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado al Proyecto de Ley de régimen jurídico las enmiendas 140 a 184, y al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de la 240 a la 272.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Las voy a dar de forma global todas por defendidas por si acaso a la hora de exponer los criterios y las justificaciones se me quedase alguna en el tintero y porque, además, quiero hacer dos distinciones respecto de los tipos de enmiendas que hemos presentado. Siendo dos proyectos de ley que vienen a regular materias sumamente permeables entre sí, como es el ámbito de la Administración pública y su régimen jurídico y de procedimiento administrativo común, muchas veces las enmiendas tienen mucho que ver las unas con las otras; por lo tanto, no voy a hacer una distinción por proyectos de ley, sino por el contenido de las mismas.

En este sentido, hay una serie de enmiendas de carácter técnico que lo que pretenden, con toda la buena intención, es mejorar técnicamente el texto aportando claridad o simplificando algunos de los procedimientos que vienen recogidos en el mismo. Esas, tal cual, las voy a dar por defendidas, sobre todo porque no tengo la capacidad técnica ni el conocimiento del procedimiento administrativo de algunos de los senadores que me han precedido. Por tanto, es casi mejor que quien esté interesado en ellas vaya a la literalidad del boletín del Senado porque serán mucho más claras, mucho más exactas y concretas de lo que pueda serlo yo. Pero sí me quiero detener en alguna de las enmiendas que hemos presentado que son, bien hay que decirlo, la mayoría de ellas de carácter competencial.

Visto que alguno de los portavoces del Partido Popular niega la mayor de que, efectivamente, en los proyectos de ley no hay invasión competencial, voy a dedicar algunos minutos —no todos los que tengo, pero sí algunos— a demostrarle que, efectivamente, haberlas haylas, como las meigas. Hay invasiones competenciales y son graves, tan graves que impiden que, pese a la buena voluntad manifestada por los grupos parlamentarios y por el Gobierno en este caso a la hora de transaccionar algunos de los puntos contenidos en nuestras enmiendas, no podamos modificar nuestro voto. Porque son invasiones competenciales que afectan fundamentalmente a nuestra capacidad de autoorganización como comunidad autónoma, que nos asiste, en virtud de lo establecido por el Estatuto de Guernica, pero que compartimos también con resto de comunidades autónomas; por lo tanto, con el permiso de los portavoces, me arrogo la representación del resto de comunidades autónomas cuando vengo a reclamar aquí que se respeten nuestros ámbitos competenciales, sean estos exclusivos, que per se lo son, o sean estos compartidos con los órganos centrales del Estado.

En este sentido, la mayoría de las enmiendas de carácter competencial, al menos aquellas más sustantivas y a las que yo voy a hacer referencia con mayor hincapié, se ubican en el Proyecto de Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Me gustaría llamar la atención sobre la enmienda 141, que presentamos al artículo 9, un artículo que entra a regular aspectos relativos a la forma de relación que se establece entre una administración y la Cámara legislativa a la que se adscribe. Y esto nos parece que es algo sumamente grave, porque nadie, ni siquiera las estructuras centrales del Estado, tampoco ningún artículo constitucional, otorga privilegios o capacidad a ningún órgano del Estado cara a establecer cómo tiene que regirse la relación entre una Cámara legislativa y la administración de su territorio. Esto va en contra de la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas y, en este caso, de la Comunidad Autónoma Vasca. Se lo decimos nosotros y, como igual a nosotros no nos cree porque puede pensar que nuestro punto de vista está viciado ya de inicio, se lo está diciendo también el Consejo de Estado, que no son para nada sospechosos ni de nacionalistas ni de nada de eso; además, el propio argumentario del Consejo de Estado viene a recoger sentencias del Tribunal Constitucional que echan en cara el proyecto de ley en este mismo sentido, concretamente la sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981.

La enmienda 145 no es la única que viene a tratar esta cuestión, pero voy a utilizarla como ejemplo de otra nueva invasión competencial en la que incurre este proyecto de ley: el caso de los delegados de gobierno. A los delegados y a los subdelegados de gobierno se les da, mediante este proyecto de ley, más competencias o más funciones de las que ya tenían. Lo que venimos a pedir nosotros con nuestra enmienda es que no se modifique la Lofage, que es la ley que actualmente viene a regular el ámbito competencial de los delegados y de los subdelegados de gobierno. La delegación de gobierno es un órgano con reconocimiento constitucional y estatutario, cuyas funciones son la dirección de los servicios estatales en la comunidad autónoma y la coordinación entre ambas administraciones, el mismo nivel de reconocimiento que el de los presidentes de las comunidades autónomas, el lehendakari en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, como representante ordinario del Estado en cada comunidad autónoma. La práctica hasta ahora, con la Lofage en la mano, nos viene a decir que, efectivamente, ya ha habido muchas veces problemas de interpretación o de solapamiento de ambas funciones. Vuelvo a decir que las funciones tienen el mismo rango; ambas encuentran cobertura tanto en los estatutos de autonomía como en la Constitución. Incertidumbre sobre la delimitación de funciones, por tanto, de los dos; de uno como director, digamos, de la Administración central del Estado en el territorio de una comunidad autónoma, y del otro como máximo representante dentro de una comunidad autónoma; y también respecto de las funciones de coordinación que se atribuyen a los delegados del Estado en la Lofage, y que ahora están mucho más ampliadas.

Hay una duplicidad más que evidente, todavía más con esta ley que supuestamente viene a solucionar cuestiones de duplicidades y de solapamientos con órganos bilaterales y multisectoriales que ya existen y que hoy en día están funcionando y que son realmente los artífices de la coordinación y la cooperación entre Estado y Administraciones autonómicas; incluso la propia Dirección general de coordinación de competencias cita al Ministerio de Hacienda.

Por lo tanto, lo que venimos a pedir es que no se modifique —se podría decir que es una enmienda a la totalidad de este precepto— la Lofage, que si ya de por sí está teniendo problemas de duplicidades, con esta nueva regulación no hace sino incentivarlas.

La enmienda 148 al artículo 49.4 viene a establecer límites a la duración de los convenios suscritos por las Administraciones públicas. Viene a decir que solamente pueden ser de 4 años, prorrogables a uno cuando se dan una serie de circunstancias, que automáticamente detalla durante casi 6 párrafos; viene a regular prácticamente la letra de los convenios que pueden suscribir las Administraciones públicas. Excede con creces la atribución competencial del Gobierno central para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Esto no son bases, esto es casi, casi como un manual de instrucciones de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer a la hora de establecer convenios. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional a través de varias sentencias —yo solamente he recogido lo que viene en las dos últimas, que son la sentencia 130/2013 y la sentencia 141/2014, por ser más recientes—, viene a decir —y abro comillas—: «El Estado, al establecer el común denominador normativo que encierran las bases, no puede hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por las comunidades autónomas de políticas propias mediante las competencias de desarrollo legislativo que le son propias. El objetivo fundamental, que no único, de las bases de esta materia es la de garantizar a los administrados un tratamiento común entre ellas».

Es evidente que cuando ustedes vienen a establecer casi de forma reglamentaria los contenidos, la duración y la forma en la que tienen que estar suscritos los convenios, se están excediendo y con mucho de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por cierto, jurisprudencia que ustedes tienen a bien que otras instituciones tengan que cumplir a rajatabla. Aplíquense el cuento. Hemos visto durante toda la legislatura la cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes se pasan por el arco del triunfo, hablando castizamente. Aplíquense el cuento, porque quizá con la ley que están preparando les podría caer una inhabilitación. Quién sabe.

La enmienda 149 se ocupa de la cuestión convenios. Son varias las enmiendas que hacen referencia a los diferentes artículos que regulan los convenios. Por ejemplo, una que afecta directamente a esta Cámara, que viene a establecer que los convenios entre las comunidades autónomas serán comunicados al Senado por el Ministerio de Hacienda. Pues bien, la cuestión de los convenios entre las comunidades autónomas no está regulada por ninguna ley, por ninguna norma ni por ningún reglamento, sino por la propia Constitución que en su artículo 145.2 deja bien claro cuál tiene que ser el proceder a la hora de establecer los convenios; y ninguno de ellos dice que se tenga que comunicar a las Cortes y mucho menos que deba hacerse por el Ministerio de Hacienda. Es una enmienda menor, pero viene a poner en claro que la invasión competencial del proyecto de ley es como el aceite desparramado, se extiende por todas partes.

La enmienda número 150 al artículo 55.2 habla también de la resolución de los convenios, otra cuestión que viene a regular este proyecto de ley. ¿Qué margen va a quedar entonces a las comunidades autónomas o al resto de administraciones públicas a la hora de establecer con quien quieren conveniar? Pues absolutamente ninguno. Otra vez se vuelven a exceder en su competencia de regulación básica.

Lo mismo ocurre con los artículos 82.1 y 83, respecto al inventario del sector público, a los que hemos presentado bastantes enmiendas, porque es evidente que otra vez se vuelven a exceder en la atribución de sus competencias y de nuevo incurren en un error garrafal de concepto que se repite a lo largo de todo el proyecto de ley, y es la similitud o equivalencia que ustedes establecen entre el sector público y administraciones públicas. Y no tiene nada que ver, son cuestiones distintas. Lo uno no es lo otro ni tanto monta ni monta tanto. Son cuestiones totalmente diferentes, y en ese sentido los juristas son muy extensos y han hablado durante mucho tiempo de las diferencias que tiene que establecer la propia legislación para distinguir lo que es sector público y Administración pública. Hemos visto, además, que esa confusión es la que ha llevado a una mala regulación de algunos aspectos, que gracias a Dios hemos conseguido solucionar vía enmienda, con los consorcios, porque se identificaba a los consorcios única y exclusivamente como Administración pública cuando siendo sector público no están sujetos a su mismo régimen jurídico.

En cuanto a los consorcios locales, lamentablemente no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Ustedes lo regulan absolutamente todo, como sucede con los convenios; no hay prácticamente aspecto normativo que ustedes no regulen, además mediante una ley de estas características. ¿Qué margen normativo entonces va a quedar a las comunidades autónomas para regular estos consorcios locales sobre la base de sus competencias en materia de régimen local? Lo discutimos cuando se tramitó la Ley del régimen local y lo volvemos a discutir ahora. Es que la ley no puede ser exhaustiva a la hora de establecer reglamentariamente cómo funcionan todos los ámbitos de la Administración pública, solamente de aquellos que son competencia suya, porque la misma capacidad de establecer procedimientos administrativos comunes del Estado respecto de sus competencias lo tienen las comunidades autónomas respecto de aquellas que son de su competencia exclusiva; exactamente la misma legitimidad y el misma origen. Por tanto, hemos tenido que presentar 83 enmiendas a ambos proyectos de ley denunciando esta situación.

Otro ejemplo más, el artículo 140 regula los principios de las relaciones interadministrativas y se atribuye mediante el uso de la palabra «coordinación», que es una palabra que ustedes meten constantemente en el proyecto de ley, la capacidad de tutela a la Administración General de Estado de las administraciones autonómicas y locales. Es una interpretación espuria del principio del deber de colaboración entre administraciones públicas que ustedes, siendo un principio consagrado, admitido y reconocido por todas las administraciones públicas, que además tienen siempre en cuenta a la hora de establecer su propia normativa, lo utilizan como excusa para numerosas invasiones competenciales. Tantos registros únicos, tantos puntos de acceso a la información únicos, tantas ventanillas únicas son en sí elementos positivos que pueden facilitar mucho la tramitación de expedientes administrativos y la relación entre la ciudadanía y la administración pública, pero ustedes han utilizado instrumentos que pueden ser válidos para hacer una invasión de las competencias que les son atribuidas y excederse de lo lógico y legal, también en este caso.

En la enmienda 158 al artículo 148 volvemos a establecer aquí la misma diferenciación que hace el Consejo de Estado en su informe respecto a coordinación y cooperación, y son muchísimas las enmiendas que tienen una justificación similar. Queremos decir que la Administración General del Estado no es nadie para coordinar porque la coordinación es algo de obligado cumplimiento, mientras que la cooperación es algo que parte de la voluntariedad. Por ejemplo, es paradigmático el caso de las conferencias sectoriales y la regulación que se introduce en este proyecto de ley. La participación en una conferencia sectorial es de carácter voluntario; por tanto, ninguna decisión que emane de dichas conferencias puede ser de obligado cumplimiento ni para aquellos que forman parte ni para aquellos que votan en contra de sus resoluciones. Sin embargo, en este proyecto de ley ustedes invierten el orden lógico de las cosas y hacen que las decisiones adoptadas por una conferencia sectorial sean de obligado cumplimiento para todos excepto para aquellos que votan en contra. ¿Y si yo no quiero formar parte de una conferencia sectorial? ¿O también las van a hacer obligatorias? Es decir, intentar que a través de las conferencias sectoriales se coarte la capacidad decisoria que puedan tener en este caso las administraciones públicas de las comunidades autónomas, me parece sinceramente un auténtico despropósito.

Señorías, he intentado resumir los principales argumentos competenciales que encontramos en este proyecto de ley y que nos obligan a mantener nuestro voto en contra. Vuelvo a reiterar que agradezco la disposición tanto de los portavoces del grupo parlamentario como del ministerio para encontrar puntos de acuerdo, y lamento que si esto no ha podido ser así, denote que, efectivamente, estos proyectos de ley no solo no tienen la intención de mejorar la eficacia de las administraciones públicas, sino que están profundamente impregnados de contenido ideológico, legítimo, por otro lado. Se lo he dicho en comisión y lo reitero también ahora, totalmente legítimo. Pero es preferible que estas cosas se hagan abiertamente, planteando una modificación o una variación de las normas de juego con las que nos hemos dotado desde el periodo constitucional hasta ahora, que no por la puerta de atrás, a poquitos, intentando siempre introducir nuevas disposiciones, nuevos artículos, que vayan limando poquito a poquito, como una gota que no deja de caer, las competencias de las comunidades autónomas. Si hay que tener un debate territorial, se tendrá, pero que sea con luz, con taquígrafos, y abiertamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos al Proyecto de Ley de régimen jurídico, enmiendas 88 a 133; y al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común, enmiendas 150 a 239.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Como son enmiendas idénticas a las defendidas de manera muy pormenorizada por el senador Iglesias, las doy por defendidas para no alargar más este Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Segundo bloque de enmiendas al Proyecto de Ley de régimen jurídico, enmiendas 233 a 280 y vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, incorporadas al informe de Ponencia; y en lo que respecta al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común, enmiendas 327 a 380.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

En el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público hemos registrado 48 enmiendas al texto, que paso a detallarles brevemente. Nuestras 3 primeras enmiendas buscan clarificar y dotar de mejor técnica legislativa a este proyecto de ley. Con la enmienda 233 proponemos limitar el contenido de la norma a las disposiciones que solo son aplicables a la Administración del Estado y al sector público estatal, suprimiendo las disposiciones de carácter básico aplicables a todas las administraciones públicas. Para esto, se propone el cambio del título a Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y del sector público estatal.

La enmienda 234 propone reordenar los títulos, capítulos y artículos del proyecto de ley mediante la creación de un libro I, con la rúbrica «Régimen jurídico del sector público», que recoja las disposiciones aplicables a todas las administraciones públicas y de un libro II, «De la Administración General del Estado y del sector público estatal», que recoja las disposiciones que no tienen ese carácter básico.

La siguiente enmienda, la 235, corrige el ámbito de aplicación de la ley, regulado en el artículo 2, para recuperar el ámbito subjetivo de la normativa vigente sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y evitar que el texto propuesto invada la autonomía en materia de organización y funcionamiento que recoge la Constitución a las Cortes Generales y a otros órganos constitucionales.

La enmienda 237 modifica el artículo que regula las encomiendas de gestión de actividades materiales o técnicas para posibilitar que estas puedan ser realizadas tanto por entidades de derecho público, como por entidades de derecho privado, siempre que se integren en el sector público respectivo.

Las enmiendas 239 y 240 modifican el artículo 25 para mantener la regla vigente, avalada por el Tribunal Supremo, de no aplicabilidad de los principios de la potestad sancionadora al ejercicio de la potestad disciplinaria de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.

Las enmiendas 242, 243 y 275 modifican el capítulo 5 del título preliminar para adecuar su contenido al objeto del mismo, excluyendo los aspectos reglamentarios. Se trata de recoger solo algunas disposiciones generales sobre el uso de los medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos y para el funcionamiento y relación entre estas. Por tanto, se suprimen los artículos que tienen un marcado carácter reglamentario o que deben estar recogidos en la regulación sectorial de la materia.

La enmienda 244 corrige la organización propuesta de la Administración General del Estado para que esté integrada exclusivamente por ministerios, manteniendo la regulación actual, mucho más racional, que excluye a la presidencia del Gobierno.

Las siguientes tres enmiendas —245, 246 y 247— recuperan el texto vigente de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado sobre la regulación de las funciones de los ministros, los secretarios de Estado y los subsecretarios.

Hemos registrado un conjunto de enmiendas —250 a 254 y 257 y 258— para clarificar y mejorar la composición y clasificación del sector público institucional estatal que regula el artículo 84. Una de las críticas del dictamen del Consejo de Estado era la relativa a la supresión de la figura de la agencia estatal dentro de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Con las enmiendas 250, 254, 270 y 274 recuperamos este tipo de entidades, que ofrecen mucha más flexibilidad al esquema organizativo del sector público institucional del Estado. En otro sentido, no compartimos la idea de incluir como parte del sector público institucional estatal a las autoridades administrativas independientes, a las universidades públicas no transferidas y a los fondos sin personalidad jurídica. Las enmiendas 251, 252, 253, 257, 258 y de la 263 a la 268 modifican el texto en este sentido.

Siguiendo con las recomendaciones del Consejo de Estado, también conviene la adaptación de la definición de los organismos públicos estatales, que regula el artículo 88, ya que no comprende las autoridades administrativas independientes, como las que se encargan de la supervisión o regulación de sectores económicos. La enmienda 255 modifica esta definición y la enmienda 256 corrige esto mismo en el artículo 95, que regula la gestión compartida de servicios comunes.

Asimismo, la enmienda 260 propone modificar el régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales para explicitar que solo la responsabilidad patrimonial que corresponda al empleado público, miembro del consejo, será directamente asumida por la Administración General del Estado.

En este mismo sentido, la enmienda 262 modifica el artículo 135, donde se regula la responsabilidad del empleado público como miembro del patronato de una fundación estatal.

La enmienda 271 suprime la disposición adicional vigésima, ya que no está justificado que el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, se pueda considerar como autoridad administrativa independiente, dado que de los 9 miembros de la comisión rectora del FROB, todos natos, 5 son altos cargos de la Administración General del Estado.

Las enmiendas 272 y 273 incluyen dos disposiciones adicionales para clarificar que el Consejo de Seguridad Nuclear, el Instituto Cervantes, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta ley, dadas las particularidades específicas de la gestión de estas entidades.

Finalmente, con la enmienda 276 pretendemos suprimir la disposición final tercera, que incluye modificaciones de la ley del Gobierno que requerirían de una iniciativa legislativa específica y, por tanto, de una tramitación independiente de este proyecto de ley.

Y en cuanto al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, hemos presentado las enmiendas 327 a 380. La 327 y la 328 se refieren al título, al contenido y al objeto de la ley, porque entendemos que es necesario mantener la estructura normativa propia del derecho administrativo tal y como la conocemos, manteniendo en un solo texto los aspectos del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de todas las administraciones públicas.

La enmienda 329 pretende suprimir el apartado 2 del artículo 1, porque creemos excesiva la reserva de ley para trámites adicionales, siendo más adecuado regularlos por normas reglamentarias.

La enmienda 330 pretende mantener el redactado de la Ley 30/1992, para facilitar la interpretación y evitar por ello que las sociedades mercantiles o fundaciones se rijan por el derecho administrativo. Y proponemos añadir un nuevo artículo 2 bis, donde se regulen las normas relativas a la abstención de intervención en un procedimiento.

En el capítulo que se refiere a los interesados en el procedimiento, hemos presentado las enmiendas 332 a 335. Concretamente, la 333 pretende una adición en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 6, donde se recoge el cumplimiento de las garantías que establece la legislación de protección de datos en los registros electrónicos de apoderamientos, tal como recomienda el dictamen del Consejo de Estado.

En la enmienda 335 consideramos la necesidad de hacer mención expresa a la asistencia del personal de la Administración al interesado en el caso de examinar el expediente por medios electrónicos, sobre todo cuando se trate de personas mayores o con discapacidad o desconocimiento de sistemas informáticos.

En el capítulo que trata las normas generales de actuación hemos presentado las enmiendas 336 a 346. En ellas entendemos que el registro de salida debe ser obligatorio y no potestativo. Es un dato relevante para el cómputo de plazos. También pretendemos garantizar que aunque los registros sean electrónicos las oficinas de registro físicas se mantengan. Se establece la obligación genérica de que el administrado debe cooperar con la Administración y evitar la intervención indiscriminada por parte de esta sin amparo legal. También pretendemos garantizar al interesado la información sobre el responsable de cada procedimiento a los efectos que se deriven y correspondan. No creemos conveniente que se puedan superar los plazos máximos de tramitación, y se debe establecer que el sentido negativo del silencio administrativo se da cuando la Administración es la que realiza la transferencia o cesión de facultades relativas al dominio público o al servicio público, y recoger expresamente el sentido negativo cuando se reclamen importes a la Administración. También debe aclararse que en la desestimación por silencio administrativo el plazo para la presentación de recursos sobre la desestimación queda abierto antes del acto de notificación de resolución expresa, y no después.

Al capítulo de términos y plazos hemos presentado las enmiendas 347 a 350. En ellas establecemos que es innecesario el cómputo de plazos por horas porque inducen a confusión. En las enmiendas presentadas recogemos también la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Supremo, donde se entiende que el día que expira el plazo será el día equivalente a aquel en que tuvo lugar la notificación. Debe establecerse también que la ampliación de plazos y la declaración de trámite de urgencia debe surtir efectos para todos los interesados en el procedimiento y no exclusivamente a quien lo haya solicitado.

En el capítulo de eficacia de los actos, hemos presentado las enmiendas 351 a 353. No compartimos que se consideren nulas de pleno derecho solamente las resoluciones que vulneren una norma reglamentaria sin considerar los demás rangos de normas, porque se está modificando de esta manera el régimen de nulidades del derecho administrativo. Entendemos que la enmienda da mayor seguridad jurídica. También debe recoger el texto, como garantía legal, la debida constancia acreditada de la notificación en el expediente.

En cuanto a nulidad y anulabilidad, hemos presentado las enmiendas 354 y 355, en el sentido de determinar qué se entiende por requisitos esenciales para la adquisición de facultades y derechos en relación con la nulidad. Esto ofrecería más seguridad jurídica. Y también deben incluirse como causa de nulidad aquellos actos que vulneren el derecho de la Unión Europea.

En el capítulo de iniciación del procedimiento, hemos presentado las enmiendas 356 a 362 en los siguientes términos: por un lado, se pretende fijar un plazo para actuaciones previas del procedimiento, y por otro, definir las condiciones en las que se pueden dictar medidas provisionales e incluir la obligación de notificar, conceder trámite de audiencia y derecho de recurso antes de dictar las medidas provisionales, para mayor seguridad jurídica, tal como establece el informe de Consejo General del Poder Judicial.

La supresión del apartado 6 del artículo 66 es fundamental para garantizar y facilitar el acceso mediante la prestación de solicitudes de los administrados. Supone erradicar el principio antiformalista, y, consecuentemente, una quiebra en nuestro derecho administrativo. Es necesario establecer una posible ampliación del plazo de presentación de documentación porque es una realidad irrefutable que en muchos casos no depende del propio administrado sino de otras instituciones que demoran en facilitar la documentación necesaria.

Al capítulo sobre la instrucción del procedimiento hemos presentado las enmiendas 363 a 365. En ellas se pretende suprimir el apartado 1 del artículo 77, porque no procede mezclar el enjuiciamiento civil en el procedimiento administrativo, solo genera confusión y puede llegar a vulnerar garantías a los ciudadanos. Incluimos, tal como establece el informe del Consejo General del Poder Judicial, que el valor probatorio de hechos constatados por funcionarios solo se considerará cuando la constatación haya sido personal y directa.

Al capítulo de finalización del procedimiento, hemos presentado las enmiendas 366 y 367. No consideramos oportuno establecer en qué casos el instructor deba ser también quien resuelva. En atención a la jurisprudencia, entendemos necesario introducir la previsión de que no interrumpirán la prescripción los recursos administrativos o judiciales seguidos para obtener la declaración de nulidad y que la caducidad producirá automáticamente el alzamiento de las medidas provisionales.

A la tramitación simplificada del procedimiento hemos presentado la enmienda 368, en la cual pedimos que se suprima el apartado 2 del artículo 98, porque entendemos que la medida corresponde a un reglamento de recaudación.

A la revisión de los actos en vía administrativa, hemos presentado la enmienda 369, porque entendemos que es necesaria la obligatoriedad de la notificación a los interesados de la declaración de lesividad.

A los recursos hemos presentado las enmiendas 370 a 375. Atendiendo a la doctrina administrativa, entendemos necesario que el recurso de alzada sea potestativo, facilitando el acceso del interesado a la justicia contencioso-administrativa sin dilaciones. Debe considerarse interpuesto en plazo el recurso dirigido a un órgano incompetente para su resolución, a causa de una omisión en la notificación de los recursos que procedan o de error en la notificación, ante el órgano al que procede presentar el recurso. Debe aclararse de forma expresa que la caducidad se aplica también en procedimientos contractuales de resolución. Eso mejoraría la seguridad jurídica, tal como dictamina el Consejo de Estado.

En el título VI se regula la iniciativa legislativa y hemos presentando la enmienda 376. La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria tienen carácter de institución jurídica, por lo que es más oportuna su regulación en una norma de rango legal única. Por eso, pedimos la supresión del Título VI entero.

Para finalizar, hemos presentado la enmienda 379 a la disposición final séptima, con la pretendemos dejar constancia de que es fundamental para facilitar a los municipios de menos de 5000 habitantes la adaptación a la norma, por tener menores recursos, tanto humanos como financieros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.

El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha presentado las enmiendas 41 a 87 y 134 a 139 al Proyecto de Ley de régimen jurídico, y las enmiendas 117 a 144 al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Aunque subo con muchos papeles, voy a intentar ser breve en la defensa de las enmiendas. Doy por defendidas todas las enmiendas, las veintisiete que hemos presentado al Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común, y el resto, la números 41 a 87, que hemos presentado al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

Muy brevemente me voy a centrar en las enmiendas 117 a 144, presentadas al Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Más allá de algunas enmiendas de carácter más o menos técnico, la mayoría de estas enmiendas —la 117 al artículo 6, la 118 al artículo 9, la 119 al artículo 10, la 120 al artículo 12, la 121 al artículo 13, la 122 al artículo 13, y así sucesivamente; no las voy a nombrar todas— tienen un denominador común, que es que con esta ley no se está regulando lo que nosotros entendemos por legislación básica, sino que se llega al detalle minucioso no solo en cuanto a la legislación de desarrollo, sino también reglamentaria, e incluso en algún caso, de orden ministerial. Nos parece que deja sin margen a comunidades autónomas y a corporaciones locales, que la capacidad de organizarse en algunos ámbitos para estos dos niveles de Administración desaparece completamente, y que, obviamente, no respeta el estatuto de Cataluña —ni otros, pero el que a nosotros nos importa es el de Cataluña—. Por tanto, todas estas enmiendas van encaminadas en muchos a casos a suprimir la aplicación a comunidades autónomas y entidades locales, porque son ellas las que deberían regularlo, y a flexibilizar este concepto de legislación básica, que en esta ley, como en otras, ustedes hacen extremadamente extensivo.

Voy a tratar con más detalle —aunque tampoco mucho— las enmiendas al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público. Aquí también tenemos claramente una invasión de competencias en relación con la Generalitat de Catalunya y a este respecto hemos presentado algunas enmiendas. También hay algunas de carácter técnico, aunque son las menos.

Las enmiendas 53 a 57 se refieren a los convenios, porque entendemos que no tiene sentido limitar los convenios a cuatro años ni que los convenios suscritos por el Estado solo tengan validez si posteriormente se les dota de presupuesto, lo que nos parece una situación asimétrica y que genera inseguridad al resto de administraciones que tengan que firmar convenios con la Administración General del Estado.

Las enmiendas 58 a 60 afectan a los artículos que regulan las funciones de los delegados y subdelegados, esencialmente en aquellas competencias que se les asignan de coordinar las administraciones, las corporaciones locales o la Administración autonómica. Entendemos que esta no es la función de un delegado o de un subdelegado en pleno siglo XXI y en un Estado descentralizado como pretende ser el español. Quizá alguna de estas funciones sea más propia de los antiguos gobernadores civiles que de los delegados y subdelegados actuales.

Respecto a las enmiendas 61, 62 y 63, referentes a la regulación del inventario, nosotros consideramos que estos inventarios, regulados de forma tan detallada, son razonables para la Administración del Estado pero no para las corporaciones locales y las comunidades autónomas, de acuerdo con su capacidad de autogestión y autoorganización. Por ello, las enmiendas van encaminadas a eliminar la aplicación de los artículos 82 y 83 a la Administración Local y a las comunidades autónomas.

Las enmiendas 64 y 65 hacen referencia a las entidades públicas empresariales, y las enmiendas 66, 67, 68 y 69, a los consorcios, en los que detectamos excesiva fijación por parte del legislador por regular hasta detalles casi insignificantes. En todo caso, nos consta que se ha llegado a una transaccional en relación con la enmienda 175, del Grupo Parlamentario Vasco, que mejora algo el redactado, aunque mantenemos estas cuatro enmiendas relativas a los consorcios.

Las enmiendas 70 y 71 se refieren a las relaciones interadministrativas; las enmiendas 72 a 75, a las conferencias sectoriales, y la enmienda 76, a las comisiones bilaterales, que ustedes llaman de cooperación. Las conferencias sectoriales, desde nuestra óptica, no tienen que coordinar nada. Cuando uno coordina está por encima de los coordinados, con lo cual se socava su concepción inicial. La verdad es que la regulación de las conferencias sectoriales —lo ha dicho algún portavoz a lo largo de este debate— se la podrían haber ahorrado perfectamente, y seguramente hubiesen generado muchos menos problemas de los que va a generar esta regulación. Más allá de los comportamientos estratégicos que pueda tener algún consejero, pretenden ser una llamada al orden a aquellas comunidades autónomas díscolas respecto a la política fijada por el Gobierno del Estado. Por tanto, entendemos que se deberían suprimir. No las hemos suprimido en todos los artículos, pero si ustedes se fijan en las enmiendas, prácticamente todas van encaminadas en esta dirección.

Las enmiendas 77 y 79, referentes a las relaciones electrónicas entre las administraciones, también van en la misma línea. Tendrían que ser la Administración Local y la autonómica las que regulasen el alcance de estas relaciones con sus administrados.

La enmienda 80 hace referencia al Consejo de Seguridad Nuclear, para que se continúe regulando a través de una legislación específica.

En todo caso, doy por defendidas todas las enmiendas. Simplemente, me gustaría volver a hacerles la reflexión que les he hecho antes. Tendríamos que hablar de legislación básica. Sin embargo, esta no es legislación básica; es una intromisión clara en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, y ya les avanzo que la Generalitat de Cataluña va a recurrir estas leyes si se aprueban con los contenidos que están encima de la mesa. Más allá de la buena voluntad de los portavoces del Grupo Popular y de la cordialidad, intuyo que no ha habido capacidad de negociar ninguna enmienda con nuestro grupo. Por tanto, aunque fijaré mi posición en el turno de portavoces, les adelanto ya que será contraria a la ley en la medida en que esto no se solvente, y dudo que pueda hacerlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto a la Ley del régimen jurídico de la Administración pública, las enmiendas 185 a 232 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por el informe de la ponencia como consecuencia de todas las enmiendas introducidas en su texto; así como las enmiendas 273 a 326 al Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.

Lo comprendo: si estuviera en su lugar, sería mejor para mí; en vez de aguantar sucesivos, múltiples y variados chaparrones dialécticos por goleada, los concentraría para que fueran menos las goleadas y los chaparrones dialécticos. Lo entiendo. Pero, sinceramente, sin ánimo de incitarlo a que me vuelva a llamar vanidoso, soberbio y faltón, como hizo en la comisión, por explicarle diversos asuntos jurídicos, le diré que llevo varias décadas dando clase de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho.

Cualquier senador puede presentar cualquier ley, de lo que sea: de mecánica cuántica, de cosmología o de derecho administrativo, cualquiera. Solo que, antes de llegar a la comisión o al Pleno, tiene que haberse informado de los que han estudiado mecánica cuántica, cosmología o sobre partidos de fútbol. Da igual, cualquier asunto que conozca un ser humano puede conocerlo cualquier otro sin ningún problema. Y este no es un debate entre juristas, eso es una estupidez; es un debate entre los que trabajan en un ámbito concreto del derecho, que no es solo el derecho público en general, sino una rama específica: el derecho administrativo; como decía Werner, el derecho administrativo es el derecho constitucional en concreto. Y así, cuando se debate la diferencia entre un recurso y otro, la caducidad o la prescripción, la nulidad o la anulabilidad, la diferencia de regulación en el ámbito del derecho privado o del derecho público, puede ocurrir lo que me dijo una vez un senador y con mucha razón: «Oye, no expliques las cosas, no hace falta, tú di: Esto es lo que pensamos, y se acabó». El que lo entienda, bien, y el que no, también. Lo que ocurre es que me es imposible hablar de ello sin tratar de explicarlo, de razonar, motivar y exteriorizar hasta el más mínimo argumento para intentar convencer. Si no es así, no hay conversación, sino monólogos sucesivos, y del debate parlamentario no se entera nadie, a excepción, no de todos los ponentes, sino de aquellos que se hayan leído todo el texto, y no solo la exposición de motivos, el articulado o las disposiciones, sino los informes de los órganos consultivos.

Por eso, antes, cuando apunté las características de los dos textos, le dije que son restrictivos de los derechos de la ciudadanía, porque había una práctica del principio antiformalista, que existe en el ámbito del derecho administrativo y no en el ámbito procesal, no en el ámbito privado. Incluso le puse un ejemplo que siempre utilizo en la facultad, el de una señora de Tenteniguada, de la montaña de Gran Canaria, que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero que, con su modestia dice: «No me gusta pagar tanto dinero por la tasa de la basura. Estoy en contra.» Eso, al escribirlo con esa sencillez, aunque no use ninguna expresión ritual como: «Esto es un recurso de alzada ante VE... y bla, bla, bla» —todo ese tipo de expresiones rituales que les gustan a los que creen que saben Derecho y no se enteran—, si tiene voluntad impugnatoria, ya es un recurso. No importa que no le llame así: es un recurso, porque prima el principio antiformalista.

Pues bien, algo que ya había consolidado el Tribunal Supremo, que establece que eso es un recurso aunque no lo llame así, porque prima el principio antiformalista, se lo cargan aquí. ¿Por qué se lo cargan? Porque se establece que hace falta un modelo de solicitud para dirigirse a la Administración pública, y si alguien usa otra expresión distinta a ese modelo, otro modelo distinto, o no ha llegado a tiempo a coger una copia de esa instancia para dirigirse a la Administración y usa otro castellano, por ejemplo, a mano, no se acepta a trámite. ¿Cuántas veces tiene uno que explicar que ninguna ley exige que las instancias tengan que presentarse a ordenador o a máquina, y que a mano valen? ¿Cuántas veces, cuando uno tiene en ese momento un bolígrafo en rojo y va a firmar en rojo, le dicen: ¡No, no firmes en rojo, que eso no se puede hacer!? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Qué ritualización de cartón piedra es esa que no está en ningún lado? Se puede firmar de cualquier manera, en cualquier color, y mientras uno lo exprese en un castellano claro, no se exige ninguna otra cosa.

Ese principio antiformalista se lo cargan aquí, porque en determinados asuntos, si no se usa la solicitud tal cual se ha establecido por la Administración no se acepta a trámite esa solicitud. Eso supone la denegación del principio antiformalista y es un retroceso en términos de derechos de ciudadanía.



¿Por qué hay confusión? ¿Por qué hay inseguridad jurídica? Porque teníamos una Ley de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común y cualquier servidor público, cualquier opositor en toda España, acudía a ese texto y sabía a lo que acudía. Ahora, al separarlo y al mezclar cosas del procedimiento en la ley del régimen jurídico y las del régimen jurídico en la del procedimiento, se generan espacios de confusión sobre el contenido del texto, transmuta órganos políticos de colaboración voluntaria entre distintas comunidades autónomas y los convierte en una Administración pública que dicta actos, resoluciones.

Señor Bel, para precisarle esta parte de la que hemos estado hablando, le diré que el Gobierno de España sí puede hacer esto que le estoy diciendo, puede hacerlo: pero no en la conferencia sectorial. Cuando son competencias en las que se ejercen funciones de coordinación, el coordinante está exactamente en función de su superioridad —lo tiene consolidado el Constitucional— cuando es un acto o una resolución del Estado como Administración pública; esa función sí la puede hacer, pero no es la conferencia sectorial el vehículo para hacerla posible. Ese es el planteamiento: que las conferencias sectoriales dan a luz fórmulas de cooperación multilateral, pero no son una Administración pública territorial que tiene la potestas de dictar actos, ni mucho menos normas del Estado, y ni mucho menos hacer interpretaciones de normas; no lo pueden hacer, no es su función.

Hemos planteado un conjunto de enmiendas. Yo no voy a explicar las noventa enmiendas en estos veintitrés minutos y veintitrés segundos que me quedan, porque no me daría tiempo, pero sí me gustaría que pudieran acusar recibo de los argumentos que esgrimo; no de lo que esgrimí en comisión, porque ya han tenido tiempo de consultar y de que les escriban textos para leer aquí, sino de lo que ahora estoy razonando para intentar ver cuáles son las tesis por las que no se acepta esto.

Por ejemplo, en muchas ocasiones les he planteado: ¿Por qué no se regula la figura del presidente en los órganos colegiados? No está contemplado. Puede darse el caso de que haya órganos colegiados sin un presidente que convoque, presida, abra y cierre la sesión. No se plantea en los artículos 15 a 18 la regulación de los órganos colegiados en las tareas y competencias del secretario. Se puede dar el caso de un órgano colegiado que esté presidido y dirigido por un secretario con un conjunto de competencias que en la actualidad no son propias de un secretario.

En el artículo 19.3.c), ¿por qué se impide la abstención? ¿Por qué se le prohíbe a un servidor público que en un órgano colegiado se pueda abstener, si no está identificado con la conclusión que se pueda adoptar? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

En el artículo 109.2, para mí es un misterio inescrutable por qué razón se establece la independencia de la autoridad administrativa independiente de todo interés económico y comercial. ¿Qué quiere decir eso, que de otros intereses que no sean económicos ni comerciales sí puede ser dependiente? No, yo creo que el prelegislador —como se dice ahora— quiere decir que esa autoridad administrativa independiente lo sea de cualquier grupo de interés o de cualquier interés público o privado, una fórmula omnicomprensiva que excluye cualquier tipo de dependencia de esa autoridad administrativa.

Considero que han mejorado el texto en la antigua disposición adicional tercera, que hoy es la segunda, respecto al enganche de las comunidades autónomas. Antes, el sistema electrónico tenía una fórmula en virtud de la cual, si no te enganchabas al sistema de interoperatividad que respetaba el esquema nacional de seguridad, tenías que demostrar que tu sistema era más eficiente; si demostrabas que era más eficiente, podías tener el tuyo; si no demostrabas que el tuyo era más eficiente, te tenías que enganchar al de la Administración General del Estado previo pago; si no pagabas, no te podías enganchar. Modificaron esa disposición adicional tercera, ahora está la disposición adicional segunda y lo plantea de una forma mucho más general.

Antes les explicaba las enmiendas relativas al sistema de recursos. ¿Por qué razón en el sistema de recursos sigue imponiéndose que los recursos sean un requisito de procedibilidad, sean un presupuesto procesal exigible para que la ciudadanía pueda acceder a lo contencioso-administrativo? Yo sigo sin entenderlo. Si el planteamiento es ampliar derechos de la ciudadanía, dejemos al ciudadano o a la ciudadana que presente el recurso de alzada, si así lo quiere, para que un órgano superior evalúe la decisión de un órgano inferior, y si no quiere presentarlo, que no lo haga. Es decir, si quiere acudir directamente a la jurisdicción contenciosa, lo puede hacer, y si no quiere, que lo deje. En cualquier caso, que sea algo que decida el propio ciudadano o la propia ciudadana.

Por eso les decía esas tres líneas en mi análisis: restricción de derechos de ciudadanía, confusión e inseguridad jurídica, y la autonomía política o local, la autonomía para la gestión de sus propios intereses, que no vuelvo a explicar porque lo he hecho ya en dos ocasiones y no he acusado recibo de lo dicho aquí. No hablo de lo fantaseado y no dicho pero hay que decir, no, señorías, me refiero a lo específicamente dicho aquí.

Les quiero hablar de la enmienda 298, porque hay algo que no entiendo. Se plantea el tema de la nulidad y la anulabilidad. Como ustedes recordarán, la nulidad es una patología absoluta, la más grave; en ella se hace la ficción jurídica de que nunca ha existido ese acto. La anulabilidad en cambio tiene efectos desde el momento en el que se declara en adelante. Pero, insisto, en la nulidad se hace la ficción jurídica, que se remonta atrás en el tiempo, y desde que se dicta, ya ese acto es nulo —es decir, se borra a todos los efectos, por tanto, nunca ha existido—. Como he dicho, se trata de una patología muy grave, que se repele, se expulsa, se le echa fuera del ordenamiento jurídico y que supone indemnizaciones, y que el paso del tiempo no lo subsana. En el caso de la anulabilidad, el paso del tiempo puede subsanar y hay un plazo de cuatro años para iniciar el procedimiento. Pero, como digo, el caso de la nulidad absoluta es una patología tan grave que el ordenamiento hace la ficción de expulsarlo del ordenamiento, de indemnizar y no poner un plazo concreto.

Pues bien, señorías, ¿por qué razón no se acepta la enmienda en la que planteamos que cuando se va contra el Derecho de la Unión Europea —que es de efecto directo y preeminente respecto del nacional—, es nulo de pleno derecho, y sin embargo sí se acepta la nulidad cuando se vulnera una disposición reglamentaria? Yo no lo entiendo. Lo apropiado es que si se puede en lo menos, que es cuando se vulnera una disposición reglamentaria —cualquier decreto u orden, una circular o un bando de un ayuntamiento, de las que hay cientos de miles—, se pueda en lo más. Insisto, ¿por qué se plantea la nulidad cuando se vulnera una disposición reglamentaria, que es una norma subordinada y complementaria a la ley, que concreta y especifica el mandato general y abstracto de la ley, y no se plantea cuando se vulnera el Derecho de la Unión Europea, que, insisto, es preeminente sobre el nacional y de aplicación directa? Me gustaría, pues, que me argumentaran algo al respecto.

He escogido de las noventa enmiendas que hemos presentado las que me parecen que no deberían tener problema en ser acogidas por ustedes desde el punto de vista de la voluntad que les anima. Enmienda 286. Fíjense ustedes qué paradoja: en el ámbito criminal un ciudadano puede mentir, tiene derecho a hacerlo, no tiene por qué incriminarse y ¿por qué, entonces, se plantea en el ámbito administrativo una fórmula tan genérica como que los ciudadanos están obligados a colaborar con la administración pública, a facilitar las inspecciones y a facilitar los informes? Lo que mi grupo plantea en esta enmienda 286 es la obligatoriedad de colaborar en los supuestos previstos por la ley. No puede ser que para unos determinados bienes jurídicos, que son los primarios, esté establecido que el ciudadano pueda mentir en lo que le afecta, en tanto que en el ámbito de la administración pública se le imponga la obligación de una forma genérica. Nosotros proponemos que se plantee de una forma tasada y en los supuestos previstos por la ley.

Paso a explicarles otras enmiendas. Por ejemplo, la enmienda 232, que presentamos por el propio prestigio del texto que sale. Es decir, el título competencial que tiene el texto es el artículo 149.1.18. Ustedes hablan del artículo 149.1, puntos 13 y 14. Les recuerdo que el Consejo de Europa ridiculiza la cita de esos dos puntos del artículo 149.1. Ahora no vamos a estar compitiendo, leyendo unos y otros los párrafos que más convengan a las tesis que defendemos, pero les aseguro que en la introducción del informe del Consejo de Europa se explica perfectamente que el artículo 149.1.13, sobre la planificación económica general, y el 149.1.14, sobre las bases de la Hacienda no tienen nada que ver con este asunto, que el título competencial que da pie a estas leyes es el 149.1.18, sobre las bases jurídicas de las administraciones públicas. De ahí la propuesta de la enmienda 232.

Además, hay dos enmiendas, la 231 y la 230, que tienen que ver con los canarios, con los de Baleares, con los de Ceuta y con los de Melilla. La enmienda 231 precisa la situación de las bonificaciones de los pasajeros y los vehículos cuando se trasladan de unas islas a otras —porque no está contemplado el supuesto de los vehículos—. La enmienda 230 es relativa a una reforma que se hizo en el año 2013 en la Ley de Presupuestos del Estado, que a mí me parece de una crueldad que no se soporta en nada. El transporte de las personas con movilidad reducida desde que llegan al aeropuerto hasta el avión, hasta el año 2013 estaba dentro de la bonificación, sin embargo, a partir de esta Ley de Presupuestos de 2013 se ha excluido. Nosotros proponemos que se vuelva a incorporar con la misma regulación que estaba antes de 2013 y que se incluya en esa bonificación.

A través de la enmienda 226 planteamos que se mantenga la figura de las agencias estatales, porque las que han sido creadas han dado buen resultado. Pero no hay que confundir esto con los fondos. Yo antes le preguntaba si me podía decir un fondo sin personalidad jurídica y me contestó que el FLA. Yo le dije: ¡Magnífico! A continuación le hacía una segunda pregunta —porque para eso le había hecho la primera—: ¿Usted cree que el FLA es una administración pública? ¿Verdad que no? El FLA no es una administración pública, es un fondo de recursos, es un fondo de dinero. Entonces, ¿por qué razón, siendo un fondo sin personalidad jurídica —aunque está en el sector público—, lo meten como si fuera una administración pública? Incluso el FROB —F-R-O-B, por si acaso tienen dificultades por mi acento para entenderlo— se plantea como una administración pública, pero no es una unidad organizativa de la administración pública, sino un instrumento de ordenación del ámbito financiero.

La enmienda 225 coincide con otra exposición anterior respecto al Consejo de Seguridad Nuclear, tiene su legislación específica.

La enmienda 227 tiene que ver con la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Es una ley que estaba ya en vigor. Todo lo que planteó el ministro esta mañana —que tenía que ver con esto, no con las funciones de agente inmobiliario vendiendo casas— cuando hablaba de la Ley del régimen jurídico del sector público —aunque de la ley de procedimiento administrativo no dijo nada— respecto a la administración electrónica está ya en esta Ley 11/2007, de 22 de junio.

Vuelvo a plantear en lo que tiene que ver con la enmienda 190 la posibilidad de que se extienda a todo servidor público que esté presente en un órgano colegiado. Además, en la enmienda 273 sugerimos de nuevo recuperar la denominación. ¿Por qué estos dos textos en sí mismos no se llaman ley de régimen jurídico y administraciones públicas y procedimiento administrativo común? No habría ninguna dificultad. ¿Por qué, si tiene que ver con la vieja materia? Pero, aunque a mí no me ha gustado esto, lo he acatado porque ese ha sido el criterio que se ha seguido. El argumento que se me da es que es discrecional. ¡Pues, claro, podía ser tanto de una manera como de otra! Si hasta ahora ha sido así, desde el año 1992 —ha pasado casi un cuarto de siglo— y ha dado un buen resultado —porque seguimos viviendo de la Ley 30/1992—, y dado que el argumento histórico es falso, ¿por qué no mantenerlo en esos términos?

La enmienda 193 se refiere a la prohibición de la analogía en el ámbito de las infracciones. Prohibir la analogía en el ámbito de infracciones es correcto cuando esa analogía perjudica al presunto infractor, pero cuando no es así, cuando es en favor del presunto infractor, entonces sí hay que mantenerla. De ahí la propuesta de la enmienda 193.

La enmienda 280 se refiere a un error conceptual, a cuando se habla de que son nuevos interesados. Realmente no son nuevos interesados, ya eran interesados cuando se inició el expediente; otra cosa es que los autores del expediente desconocieran la existencia de esas personas. De ahí la sugerencia de no llamarles nuevos interesados, sino interesados desconocidos en ese momento.

Enmienda 297, la declaración de urgencia para una parte —para una parte no, es una expresión incorrecta porque las partes son en el proceso—, repito, la declaración de urgencia debería ser no para uno de los interesados en el procedimiento sino para todos los interesados en el procedimiento, porque, si no, se da una desigualdad en el tratamiento de los intereses que se están evaluando en ese procedimiento administrativo.

En la enmienda 283 se hace una sugerencia respecto al registro de la administración pública. ¿Por qué razón? Porque de igual forma que todo lo que entra se tiene que registrar, también da una gran seguridad jurídica si todo lo que sale se tuviera que registrar. A mí me gustaría que ustedes me pudiesen argumentar qué tienen en contra de que todo lo que salga de una administración pública se registre —fecha y a qué administración o a qué autoridad se dirige—. ¿No les da seguridad jurídica a todos los que participan en el procedimiento si en vez de la palabra «podrán registrarse», se pone la palabra «deberán registrarse? Da seguridad en todo el tráfico jurídico público.

Enmienda 282. La expresión «los derechos» está dirigida exclusivamente a los que tienen capacidad de obrar. Vamos a hacer una precisión. En un expediente administrativo no solo participan los mayores de edad, también un menor de edad cuando afecta a sus intereses —por ejemplo, un estudiante de secundaria al que le afecta un expediente que está en la Consejería de Educación de su comunidad o en territorio del ministerio—. Por eso, la expresión que hay que poner ahí tiene que ver con todos los ciudadanos, no solo con los que tienen capacidad de obrar.

¿Qué intento plantear con todas estas enmiendas? Que hay que tratar de proporcionar en la medida de lo posible menos confusión y más seguridad jurídica de como está planteado en los dos textos. Que hay que intentar paliar ese esfuerzo que se hace con las conferencias sectoriales de imponer, como si fueran una especie de sargento de hierro —como aquella película de Clint Eastwood, en la que el sargento de hierro impone a los otros cuál debe ser su comportamiento—, que solo sea posible cuando un acuerdo lo conviertan en acto, resolución o norma del Estado. Si se convierte en eso, entonces sí hay un instrumento —porque es una administración territorial que exige su respeto y vincula a todos—, pero si solo son acuerdos políticos entre representantes públicos, no están obligados, insisto, porque, si no, la mayor parte de ellos, estén o no de acuerdo, van a seguir diciendo de manera preventiva: Por si acaso, para que no me obliguen ante la jurisdicción contenciosa, prefiero decir que no estoy de acuerdo; así, el grado de vinculatoriedad será distinto.

Tengo especial interés en conocer cuáles son los argumentos que ustedes esgrimen en relación con los recursos administrativos. ¿Por qué razón creen que es imprescindible que los recursos administrativos se tengan siempre que interponer y que no sea potestativo de cada ciudadano o ciudadana interponerlo, si quiere, y que pueda ir directamente a la jurisdicción contenciosa, si quiere? Cuando se plantean las reclamaciones civiles o laborales tienen un sentido distinto, y en este caso sí planteamos algunas sugerencias como que se avise en el ámbito de la jurisdicción social, porque eso supone cambios en el procedimiento laboral. Pero en el caso de los recursos administrativos, el recurso de reposición ya es potestativo, que lo que dictó el órgano lo reconsidere o no. En el caso del recurso de alzada está establecido como un presupuesto procesal, como un requisito de procedibilidad, como un requisito para admitir o no el recurso contencioso-administrativo. Si antes no ha interpuesto el recurso de alzada —siendo preceptivo—, no puede interponer el recurso contencioso-administrativo. Y dado que la inmensa mayoría —ya lo he explicado en esta sesión varias veces— de los recursos de alzada no son estimados y que la propia administración que tiene una relación de jerarquía de un órgano con otro, el que ha establecido un criterio, ¿qué sentido tiene perder un montón de meses para que un tercero imparcial —que llama Perfecto Andrés Ibáñez el tercero en discordia— pueda decir si esa decisión de la administración pública se ajusta o no al ordenamiento jurídico?

Son propuestas cargadas de voluntad de mejora de los dos textos, que me parecen absolutamente razonables y sensatas, y espero con auténtica pasión ver cuáles son las razones que se esgrimen para no aceptarlas.

Como ya le había dicho en dos ocasiones al señor Represa en su momento —lo voy a repetir, a ver si a la tercera hay alguna posibilidad— aquello de Pedro García Cabrera —el poeta gomero— de «A la mar fui por naranjas/cosa que la mar no tiene/metí la mano en el agua/ la esperanza me mantiene», espero que en esta ocasión al meter la mano en el agua, señora, haya alguna naranjita para echarnos ahora pues todavía no hemos almorzado.

Gracias, presidente.

Amigo Guillot, me sobran tres minutos y diecinueve segundos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Senador Díaz Tejera, aunque soy de la Comunidad Valenciana, no sé si tendré alguna naranja para darle, pero intentaré explicarle y razonarle por qué las enmiendas no han podido ser aceptadas.

En primer lugar sí me gustaría —como ya hice en la comisión— agradecer a todos los portavoces de los grupos en el Senado su trabajo y su colaboración en la aportación de estas enmiendas. Hemos podido transaccionar dos enmiendas con el Grupo Vasco y no hemos podido aceptar ninguna más, lamentándolo mucho, después de un estudio detallado de cada una de ellas.

No coincidimos, evidentemente, en que en estas dos leyes que se debaten en esta Cámara haya restricción de derechos a los ciudadanos y haya invasión de competencias de las comunidades autónomas. Intentaré explicarlo a lo largo de mi intervención.

Una de las enmiendas comunes a ambos proyectos de ley ha sido por qué se establecía en un cuerpo único legal, cuando no en dos cuerpos legales. Evidentemente, como ha dicho antes mi compañero, no obedece a ningún criterio técnico, podían perfectamente haber estado reguladas en dos cuerpos legales, pero eso es competencia y discrecionalidad del legislador, y el legislador ha considerado conveniente legislarlos y regularlos en dos cuerpos diferentes: uno, para recoger las relaciones entre las administraciones —entre ellas, interadministraciones—, y otro, para recoger y regular las relaciones entre las administraciones y los interesados, siempre teniendo como base y como prioridad el interés y el beneficio de los ciudadanos.

Me tienta, señor Díaz Tejera, saltarme el orden —creo que lo voy a hacer— que tenía y empezar del final al principio contestando en lo que pueda a tres de sus enmiendas.

Cuando se habla de los fondos públicos sin personalidad —y además está recogido en la ley—, en ningún caso se dice. Se regula por primera vez y se recoge dentro de una legislación básica que no estaba, no con ningún carácter restrictivo, sino simplemente con el carácter de que esté recogido de una manera muy básica en una legislación básica de Ley del sector público. Creo que es lo correcto, no se incluye como administración pública, y si usted se ha leído la ley —yo también tengo la mala costumbre de leerme las cosas—, sabrá que está en el apartado segundo dentro de las entidades del sector público, no de la administración pública; se recoge de una manera muy breve. Su única finalidad era que, ya que no estaba regulado en ninguna ley básica y sí se estaban ejecutando —por ejemplo, el FLA—, hubiese una legislación que lo recogiese. No ha habido ninguna otra finalidad a la hora de referirse a los fondos sin personalidad jurídica.

Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que cualquier administrado acuda a la administración y que el papel que presente sirva como un recurso, pero es que la ley no dice lo contrario. La ley lo único que dice es —además, es lógico, lo escriba en papel de servilleta, en papel de folio, a mano o a máquina—, nombre y apellidos de la persona que lo solicita para identificarse, objeto —qué es lo que recurre—, a quién va dirigido y qué es lo que pide. Así lo recoge la ley; establece que las administraciones, en el caso de que lo puedan hacer electrónicamente, les deberán facilitar un modelo, que los interesados, señor Díaz Tejera, podrán o no utilizar; luego, su uso es voluntario. Es una obligación de la administración ponerlo a su disposición, pero es un uso voluntario que hace o no el administrado, y la administración, evidentemente, si es voluntario, tiene la obligación de recogerlo. Por tanto, no existe esa restricción de derechos a la que usted hacía referencia en este apartado.

Sigo un orden porque me gustaría contestar en la medida que el tiempo me lo permita a todos los grupos parlamentarios. Quiero decir que tampoco se pueden aceptar aquellas enmiendas que pretenden incluir de una manera detallada los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad porque ya está aplicándose, ya está recogido entre los principios generales de las relaciones interadministrativas. En estos principios están recogidas la garantía y la igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones.

Se ha debatido también, sobre todo por CiU, PNV, los grupos nacionalistas, sobre los convenios y la invasión de competencias en esta materia. En absoluto estamos de acuerdo, y después de haber estudiado sus enmiendas, lamentablemente no vamos a poder aceptarlas porque entendemos que no se excede de los límites de lo básico ni se impide el desarrollo normativo por la comunidad autónoma. Consideramos que la regulación de los convenios tiene que tener un carácter básico, que el objetivo fundamental de este proyecto de ley es regular por vez primera de una manera completa un régimen jurídico común y de carácter básico de todos aquellos convenios suscritos por las administraciones públicas, por las entidades y por los organismos públicos, vinculados o dependientes, o por las universidades públicas. ¿Y ello para qué? Pues, señorías, para garantizar una mayor seguridad jurídica, para tener un mejor control de la sostenibilidad financiera, de los compromisos que se hayan adquirido vía convenios. Para ello, como muy bien ha hecho referencia el senador Díaz Tejera en sus argumentos, el Estado se apoya en el título competencial que le otorga el artículo 149 de la Constitución española, que, en su punto 18, atribuye la competencia para regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, y en sus puntos 13 y 14, la competencia exclusiva para establecer las bases y llevar a cabo la coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia sobre la Hacienda general. Sobre esa base competencial hay que regular unos contenidos mínimos que deben caracterizar a un convenio, para que este reúna unas mínimas garantías jurídicas. ¿Y ello, por qué? Porque si reúne esas mínimas garantías jurídicas, va a ser independiente de quien lo subscriba, porque se va a poder mejorar su control económico, se va a poder garantizar mucho mejor su sostenibilidad financiera y, en definitiva, se va a poder lograr una gestión más eficaz de los recursos.

Con estos objetivos se cubre por primera vez una laguna jurídica que tantas veces había puesto de manifiesto la jurisprudencia y la doctrina para ganar en seguridad jurídica, y, además, se recogen expresamente las propuestas contenidas en el Informe 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre de 2010. ¿Por qué? Porque en él se recomendaba la sistematización del marco legal de los convenios, su tipología y el establecimiento de los requisitos para su validez. También decía que había que tener relación con los convenios de colaboración que se subscriben entre entidades dependientes y la Administración General del Estado y que, como no estaba previsto su registro en esos convenios que suscribían las entidades locales con la Administración General del Estado, era muy difícil cuantificar su número y el volumen de recursos que se canalizan por esta vía. El Tribunal de Cuentas además destaca expresamente —leo textualmente— que «la definición del objeto es deficiente, lo cual reviste especial importancia a efectos de delimitar el convenio y fijar el alcance de las obligaciones asumidas. Se ha podido comprobar —y sigo leyendo textualmente— la existencia de deficiencias, como la ausencia de causas de regulación y de extinción distintas del transcurso del plazo de vigencia.»

Por tanto, señorías, siguiendo las recomendaciones fijadas por el Tribunal de Cuentas, para regular el régimen jurídico de los convenios se incluye por primera vez un régimen jurídico completo, básico y exhaustivo de los convenios que, en absoluto, invade las competencias de las comunidades autónomas; y no las invade porque las comunidades autónomas pueden dictar la normativa de desarrollo que estimen oportuna. Pero es cierto que para otorgar una mayor seguridad, y puesto que también estamos hablando de dinero público, es necesario que haya una legislación básica unitaria en todo lo relativo a los convenios. Además, siguiendo las recomendaciones del mismo Tribunal de Cuentas, también decimos que es necesario regular los consorcios, a los que luego me voy a referir.

Me gustaría detenerme en las enmiendas a las que se ha referido el Grupo Vasco, la senadora Martínez, en lo relativo al capítulo II, sobre las competencias de los delegados del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado, y el senador Bel. No estoy en absoluto de acuerdo con ellos. No las hemos podido aceptar porque no entendemos que invadan competencias de las comunidades autónomas —precisamente lo que se evita es la duplicidad en ámbitos competenciales— y la finalidad del proyecto es racionalizar la estructura administrativa de la Administración General del Estado. Por ello, se apuesta por una administración periférica —que serían delegaciones y subdelegaciones del Gobierno— para tener un funcionamiento administrativo mucho más ágil, se reordenan las competencias —no se asumen ni se amplían— entre los órganos superiores y directivos de los departamentos ministeriales y se mejora la eficiencia y funcionamiento de los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno, reordenando y completando sus funciones, y así, se facilita y posibilita la tramitación de asuntos por procedimientos electrónicos. En ningún caso, hay invasión de competencias de las comunidades autónomas.

Tampoco se puede aceptar la enmienda de CiU, relativa al carácter básico del sistema de supervisión continua del sector público, porque entendemos que es fundamental contar con unos principios generales que rijan la forma de actuar de las entidades y de los organismos autónomos que sean comunes y básicos para el conjunto del sector público institucional. Hay que señalar también que el Tribunal Constitucional ha configurado el régimen jurídico de las administraciones públicas como una materia que incluye, al menos, la regulación de la composición, estructura y competencia de los órganos de las administraciones públicas, así como su organización.

En todo caso, señorías, la supervisión continua se establece como un principio general y básico, y será cada administración la que decida cómo ejecutarlo.

En cuanto a las enmiendas que se refieren a la supresión de la gestión compartida de los servicios comunes, quiero decir que es una enmienda que no se ha podido aceptar porque lo que se pretende con este proyecto es seguir un criterio racionalizador y lograr una mejor y mayor eficiencia en los recursos.

En relación con los consorcios, donde sí hemos podido transaccionar dos enmiendas con el Grupo Parlamentario Vasco, quiero decir que se considera necesario mantener la regulación con carácter básico del régimen de los consorcios y que también se ha regulado este proyecto siguiendo las recomendaciones del informe 1106 del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los consorcios del ámbito local —ahí sí había problemas— y era algo que habían puesto de manifiesto los interventores de estos consorcios. Había una regulación legal insuficiente y una imprecisa redacción de muchos de los estatutos, lo que era una fuente de inseguridad jurídica. Para solventar esta laguna, se ha recogido por primera vez en este proyecto una regulación completa y común de los consorcios, aclarando su definición y sus actividades, así como su presupuesto, su régimen de personal, etcétera.

Tampoco se pueden admitir aquellas enmiendas que pretenden eliminar el principio de coordinación porque esto es algo reconocido y recogido por la sentencia del Tribunal Constitucional y más recientemente por la sentencia 111, de 24 de mayo de 2012, que dice que la coordinación es una facultad que guarda estrecha conexión con las normas y las competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella facultad como complemento inherente, encontrándose ínsita no solo en toda competencia básica, sino en la facultad de coordinación. Esa facultad de coordinación es la que nos hace enlazar con la defensa de las conferencias sectoriales y justificar el rechazo a las enmiendas que se han presentado a las mismas. Los acuerdos de las conferencias sectoriales no invaden competencias de ninguna Administración ni tampoco de las comunidades porque solamente tienen carácter obligatorio para aquellas que los suscriban y hayan votado favorablemente. Si una comunidad autónoma no quiere que tenga carácter obligatorio, no tiene más que no votarlo. Únicamente son obligatorios cuando el Estado ejerce funciones de coordinación, funciones de coordinación que el propio Tribunal Constitucional —como acabamos de mencionar— le otorga y que además tiene su base en el artículo 149 de la Constitución. Por lo tanto, no ha habido invasión de competencias de las comunidades autónomas.

Refiriéndome detalladamente a las enmiendas del Grupo Socialista, a las que se ha referido el senador Díaz Tejera, relativas al transporte marítimo, tengo que señalar que esa bonificación a la que usted se ha referido en los viajes interinsulares para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla era de un 25 % y aceptar la enmienda que ustedes pretenden sería ampliarla al 50 %. Esa bonificación se puso cuando era competencia de la Administración General del Estado. Cuando esa competencia se pasó a las comunidades autónomas, el Estado en un primer momento pensó en suprimirla, pero para descargar y no presionar más el presupuesto de las comunidades autónomas la siguió manteniendo. Pero su enmienda pretende duplicarla en un 50 %, cosa que no es posible.

En cuanto a lo de los residentes, las bonificaciones en los billetes de los residentes y de los vehículos, quiero decir, como usted muy bien sabe, que esto está sujeto a una normativa europea y la normativa europea es restrictiva en esta materia. En este sentido, el reglamento de la Comisión de 17 de junio de 2014 dice que solamente pueden ser subvencionables aquellas que reúnan los requisitos del artículo 51 y en ese artículo se habla exclusivamente del transporte de pasajeros, pero en ningún caso se le permite, ni con una extensa interpretación, que se pueda ampliar esa subvención a los vehículos. Por lo tanto, no se pueden aceptar.

Voy a referirme muy brevemente a la salida de documentos, porque no dispongo de más tiempo. Usted sabe, senador Díaz Tejera, que la notificación surte efectos cuando la recibe el interesado, la salida es una cuestión de ordenación, que podría hacerse a efectos reglamentarios, pero lo importante es que se regule, se proteja y se priorice el derecho de los ciudadanos y se facilite el acceso de los mismos a las administraciones, y tal y como está regulado se amplía. Se podría hacer, como algo voluntario, de hecho se está haciendo en muchas administraciones, que ya tienen un registro de salida, más que nada por cuestión de orden, pero la notificación surte efectos cuando se recibe. Y en cuanto a los recursos, el recurso de reposición siempre ha sido potestativo y el de alzada en algunos casos también lo es, usted sabe que en algunos casos lo es.

También quiero referirme, brevemente, a las enmiendas que se han planteado a la Ley de procedimiento administrativo. Los títulos independientes, en cuanto a la potestad sancionadora y a la responsabilidad patrimonial de la Administración, se considera que no era muy ventajoso tal y como estaba regulado anteriormente en la Ley de 1992. Consideramos que puede agilizar más los procedimientos el estar recogidos en dos trámites especiales dentro de la misma ley que en procedimientos independientes, que ocasionaban más confusión y más inseguridad jurídica.

En cuanto a los colectivos, también se ha hecho mención a los colectivos obligados al uso de medios electrónicos, no podemos estar de acuerdo con las enmiendas presentadas porque los colectivos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos han sido objeto de un análisis en el grupo de trabajo interministerial que se ha creado en materia de Administración electrónica y este proyecto recoge la realidad que ya existe en otros ámbitos, como el tributario y el de Seguridad Social, donde las empresas se están relacionando así con la Administración y la verdad es que casi el 90 % tienen conexión con Internet y les resulta mucho más ágil , más eficaz y más cómodo poder utilizar este medio, sin perjuicio de que se recoge en la ley que habrá siempre un funcionario para ayudar a las personas que no quieran utilizar la vía telemática y opten por la ventanilla.

Por lo que se refiere al deber indeterminado de colaboración de las personas con la Administración, tampoco se aceptan las enmiendas referentes al mismo porque la redacción que se propone es mucho más garantista que la que proponen las enmiendas planteadas. En primer lugar, como novedad, se incluye una limitación al deber de colaboración, igual que la prevista en las normas procesales, de modo que el interesado no tiene que proporcionar a la Administración la información solicitada cuando su revelación atente contra el honor, contra la intimidad personal o familiar o suponga la comunicación de datos confidenciales de terceros, de los que tengan conocimiento, por la prestación de servicios profesionales.

De igual manera, tampoco se aceptan todas las enmiendas relativas a la responsabilidad, a la obligación de resolver y al silencio administrativo, a las que se ha referido el senador Iglesias, del Grupo Mixto, porque se apartan todas ellas del espíritu de este proyecto. Señorías, tampoco pueden aceptarse las enmiendas que se refieren a la publicación de la notificación en el BOE, consecuencia de la Ley de racionalización que se debatió el año pasado en esta Cámara, también en septiembre, y que ha dado muy buenos resultados porque se crea mayor seguridad jurídica ya que todos los interesados saben que tienen un único tablón o un boletín al que acudir, sin perjuicio de que las comunidades autónomas también puedan, si quieren, publicarla en los suyos, pero el estatal es el que va a servir de guía y para dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

Ya ha hecho mención mi compañero a las reclamaciones previas, y eso sí se ha suprimido, senador Díaz Tejera, porque tampoco aportaba ni agilidad ni facilidad a los administrados. Era un requisito previo para interponer un contencioso que alargaba y dilataba el procedimiento indebidamente. (Rumores). Estaremos en ello, lo estudiaremos. Creemos que es mucho más ágil la redacción que se da en este proyecto.

Por último, y refiriéndome a todas aquellas enmiendas que abogan por la supresión del título VI, entendemos que debe mantenerse en la ley por varias razones. Primero, porque contribuye a superar la dispersión normativa existente sobre la materia, incrementando la seguridad jurídica de los interesados. Segundo, porque garantiza el derecho de los ciudadanos al que alude el artículo 105 de la Constitución, ya que hasta ahora ninguna ley con carácter básico garantizaba este derecho de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con independencia de la Administración que los impulsase. Tercero, porque permite incorporar las recomendaciones internacionales en lo que se refiere a una mejor evaluación ex ante y ex post de la calidad normativa. Y, por último, porque los ciudadanos y las empresas tendrán una mayor seguridad sobre los principios, sobre los trámites que tienen que seguir en cualquier procedimiento de elaboración de la normas, con independencia de la Administración, sea General del Estado, autonómica o local, que ejerza esa iniciativa normativa.

Señorías, espero haber aclarado —por lo menos, aunque no convencido, sí aclarado— por qué no podemos aceptar las enmiendas que ustedes han presentado. Creemos que el proyecto de ley recoge en líneas generales lo que era bueno de la Ley de procedimiento del año 1992 y mejora aquellas cosas de esa ley en las que la experiencia ha demostrado que podría ser mejorable.

Por eso, nos vemos obligados a rechazar sus enmiendas. Simplemente, incorporamos las nuestras y las dos transaccionadas con el Grupo Vasco en el Senado, que lo que intentan es mejorar técnicamente el mismo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Romero.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

Senador Iglesias, ¿va a compartir el turno con algún miembro más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Nadie me ha comentado nada al respecto.

Intervengo para concluir la presentación de las enmiendas que hemos formulado a estos proyectos. Me había quedado en las que correspondía al artículo 95 del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo.

El artículo 95 regula la caducidad.



Presentamos una enmienda al apartado 1 para que el interesado pueda eliminar la causa de paralización a él imputable transcurrido el plazo que le fue concedido si lo hace antes de que se le notifique la resolución de archivo.

En el apartado número 3, nuestra enmienda plantea introducir la previsión de que tampoco interrumpirá la prescripción los recursos administrativos o judiciales para obtener la declaración de caducidad para introducir la previsión de que la caducidad produce el alzamiento automático de las medidas provisionales y para introducir que en el procedimiento sancionador, si se produce la caducidad, no cabe iniciar un nuevo procedimiento sancionador, y en los no sancionadores sí se puede iniciar un nuevo procedimiento, pero por una única vez.

En el artículo 96, que regula la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, se introducen diversas mejoras técnicas. Solo podrá acordarse antes del trámite de audiencia seguir este procedimiento. Se fija en cinco días el plazo para que los interesados manifiesten su oposición si lo consideran oportuno, basta que lo solicite uno de los interesados en el caso de que sean varios, pero si habiéndolo solicitado alguno, otros se oponen, se debe seguir el procedimiento ordinario. También para que haya trámite de audiencia cuando la resolución sea favorable, pero solo de forma parcial.

El artículo 97 regula la ejecución, apartado 2, para que en la notificación por parte de la Administración de la ejecución material de la resolución se conceda un plazo de quince días para que se pueda desarrollar un cumplimiento voluntario por el administrado y, además, se le informe de la posibilidad que tiene de pedir la suspensión.

Proponemos una enmienda al artículo 99, relativo también a la ejecución forzosa, para que se notifique y conceda un plazo no inferior a quince días para el cumplimiento voluntario.

Respecto al apartado 2 del artículo 102 relativo a la ejecución subsidiaria, proponemos que cuando la Administración no realice esta ejecución subsidiaria con medios propios, busque como alternativa la solicitud de tres presupuestos y en la adjudicación descarte el que sea más elevado.

Enmendamos también el artículo 104, compulsión para las personas, para que también se conceda un plazo de quince días para el cumplimiento voluntario antes de proceder a estas medidas de compulsión.

Se propone una enmienda al artículo 106, revisión de actos y disposiciones nulos, para que el acuerdo de iniciación de este procedimiento sea notificado a los interesados concediéndoles un plazo de diez días para que formulen alegaciones y aporten pruebas al respecto.

Enmendamos el artículo 107, declaración de lesividad de actos anulables, para que también se notifique a los afectados el acuerdo de iniciación, y el artículo 108, para que en los procedimientos de declaración de lesividad, el órgano competente no pueda acordar la suspensión —sí lo puede hacer en el caso del artículo 106— y, en todo caso, si lo considera oportuno, solicite esa suspensión en el procedimiento contencioso-administrativo. En este sentido se pronunciaba el informe del Consejo de Estado.

El artículo 109, revocación de actos y rectificación de errores, mantiene una redacción que reproduce la de la Ley de procedimiento administrativo de 1958, y planteamos como alternativa una ampliación de la redacción para que se determine el órgano competente, la obligación de notificar el inicio del procedimiento a los administrados, la obligación de conceder trámite de audiencia a los mismos, la notificación de la resolución, la fijación de un plazo máximo para resolver y los efectos del silencio. Adicionalmente, se introduce que cabe incluso la revocación de los actos impugnados mientras no haya una resolución administrativa o judicial firme.

Proponemos una enmienda al artículo 115, apartado 2, interposición de recursos, para que se entienda presentado en plazo aquel que se dirija a órgano incompetente cuando se haga siguiendo las indicaciones de la notificación del acto recurrido —así lo sienta la jurisprudencia— por haber sido un error de la Administración.

En relación con el artículo 117, apartado 3 de la ejecución, enmendamos para que aquella sea automática si transcurre un mes desde que se solicitó y no hay una resolución expresa, y también para que se reconozca la imposibilidad de que una resolución expresa posterior revoque la suspensión. Así se deduce de la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011. En cuanto al apartado 4, proponemos que la prolongación de la suspensión sea también automática cuando, agotada la vía administrativa, el interesado lo solicite en caso de que haya medidas cautelares.

En relación con el artículo 118.1, audiencia del interesado, se suprime el último inciso que impide la aportación en vía de recurso de pruebas no aportadas en el procedimiento; es una enmienda acorde con la jurisprudencia reiterada.

También presentamos dos enmiendas al artículo 119.3, resolución, para que la aplicación de la prohibición de la reformatio in peius, como en otras enmiendas anteriores, se haga teniendo en cuenta cada pretensión concreta y para que se añada un apartado nuevo, el 4, con la finalidad de que la impugnación de un acto o resolución que afecte a una pluralidad, si es formulada por uno de ellos y en el caso de que consiga la estimación de su recurso, se facilite a los demás afectados instar la ejecución de la resolución anulatoria del acto.

Proponemos otras dos enmiendas al artículo 120, la primera para cambiar la rúbrica, añadiendo a la actual, «Pluralidad de recursos administrativos», la frase «Acumulación de recursos administrativos», y la segunda para la adición de un apartado 4 que regule este último extremo de la acumulación en un sentido análogo a lo que se establece en la Ley general tributaria.

Artículo 122, plazos. En este caso hemos presentado una enmienda para trasladar las previsiones de la normativa tributaria a los casos en que se desestima el recurso por silencio y, posteriormente, la Administración resuelve de forma expresa.

Artículo 123, recurso potestativo de reposición. En este caso, al final del apartado 1 añadimos que, si se trata de actos dictados por delegación, el recurso sea resuelto por el órgano delegado.

Respecto al artículo 124, la enmienda plantea una regulación similar a la propuesta en el artículo 122, para el caso de que se desestime el recurso de reposición por silencio y, posteriormente, se produzca una resolución expresa. Finalmente, proponemos un nuevo artículo 126 bis, con el fin de mantener las reclamaciones previas en vía civil y en vía laboral.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño brevemente, porque, después de todas las intervenciones, tanto en comisión como aquí en el Pleno, es difícil ser original a estas alturas de la tramitación del proyecto de ley. Me gustaría, sin embargo, hacer una valoración general, tristemente negativa, de este proyecto de ley, por lo que el mismo supone de invasión competencial. Este es uno más de los hijos de la CORA, ese órgano que el Partido Popular y el Gobierno han elevado casi, casi a niveles de rango constitucional. En vista de cómo ha sido la tramitación de todos los proyectos de ley del Ministerio de Administraciones Públicas durante esta legislatura —todos y cada uno de ellos recogidos en el propio informe de la CORA y a los que las comunidades autónomas ya han dado respuesta—, solo podemos decir que si tiene que darse el debate competencial, se dé abiertamente. Lo dije en la comisión y lo he vuelto a repetir en el turno de defensa de las enmiendas: si tiene que darse ese debate, que se dé abiertamente, pero lo que no es de recibo es que todos y cada uno de los proyectos de ley que vienen del Ministerio de Hacienda hurten siempre competencias a las comunidades autónomas y, en menor medida, a los entes locales. El bloque de constitucionalidad es de obligado cumplimiento para todos —para ustedes y para nosotros— y mientras esto sea así, entiendo que la lealtad institucional obliga a que cada Administración pública trabaje en el ámbito de las competencias que le han sido atribuidas.

Por lo tanto, y lamentándolo mucho, reitero la posición negativa de nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley. No obstante, como no puede ser de otra manera, vuelvo a manifestar nuestra disposición, hoy y siempre, a negociar cuantos proyectos de ley tenga a bien aprobar el Gobierno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Señor presidente, intervengo también desde el escaño, porque voy a ser muy breve, ya que dudo de que mis palabras logren cambiar la postura del Partido Popular y le hagan reconsiderar tanto las enmiendas que hemos presentado como los vetos. Teniendo en cuenta que los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial no lo han conseguido, dudo mucho de que mis palabras les convenzan.

Sí me gustaría destacar dos aspectos que creo importantes. En primer lugar, aunque ustedes reiteren que no se invaden competencias autonómicas, yo les digo que sí, y prueba de ello son los informes de varias comunidades autónomas que constan en el expediente de tramitación de ambos proyectos de ley. En segundo lugar, le querría recordar que miles de ayuntamientos —aunque la ley no entrará en vigor hasta dentro de un año desde su publicación en el BOE, además de contar con otro año para poder adaptarse y cumplir la ley— van a tener que adecuarse al registro electrónico general, van a tener que adecuarse al registro electrónico de apoderamientos, van a tener que poner un punto de acceso general electrónico, un archivo único electrónico, adaptar programas informáticos y equipos informáticos, adherirse a plataformas, poner al día al personal o acceder a conexiones seguras y de capacidad suficiente; y todo ello sin gasto alguno, gratis. Yo no me lo creo, y supongo que la mayoría de senadores de la oposición tampoco se lo creen. Lo que me preocupa es que ustedes sí se lo crean. Les recuerdo que de los 8110 municipios de toda España, 6800 son de menos de 5000 habitantes y van a tener que hacer frente a estos gastos.

Y por último, me gustaría leerles un párrafo: «En definitiva, el enfoque que inspira la reforma proyectada articulada en torno a los dos anteproyectos de ley de referencia no entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro ordenamiento, antes bien supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativo positivo español, generando una fractura del tratamiento sistemático que tradicionalmente han recibido el régimen de organización y funcionamiento de las administraciones públicas y la regulación del procedimiento administrativo. Tal ruptura, lejos de servir al fin de la clarificación y simplificación que pretender alcanzarse, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para lograr una adecuada regulación de tales materias». Página 7 del dictamen del Consejo de Estado del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común.

Nosotros creemos que no son unas leyes oportunas, que no ofrecen simplificar la acción administrativa ni la organización de las administraciones públicas y que no arrojan claridad normativa, más bien, inseguridad jurídica, por lo que rechazamos, como hemos expuesto en los vetos, las leyes presentadas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

Esta mañana el ministro nos recordaba que el Senado era Cámara de segunda lectura y la verdad es que cuando uno constata la tramitación de las leyes durante los últimos meses, concretamente, estas dos, me parece que nos pueden suprimir porque es una Cámara de segunda lectura que no sirve para nada. La Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas va a salir como entró en esta Cámara. Ni una coma se ha introducido.

Ha habido mucha pericia por parte de los compañeros diputados porque deben tener el oráculo de la sabiduría. Nosotros, señorías, hemos de constatar nuestra poca pericia, nuestra ignorancia, porque hemos presentado veintisiete enmiendas a la Ley de procedimiento administrativo común y ninguna ha alcanzado la posibilidad de ser admitida. También hemos de constatar nuestra impericia, nuestra poca sabiduría, respecto a la Ley del sector público, porque nuestras veinticinco enmiendas tampoco han sido objeto de consideración más allá de un estudio llevado a cabo con cariño por los portavoces del Grupo Popular.

En todo caso, ustedes están constituyendo el esqueleto legislativo de un Estado que, quieran o no quieran, es un Estado mucho más centralista, que de Estado descentralizado no tiene nada y un Estado que menoscaba las posibilidades de las administraciones locales y autonómicas. Es el Estado que ustedes quieren, el que ustedes —legítimamente, pues han tenido las mayorías que han tenido—, han decidido constituir. No se extrañen si hay una parte de este Estado que se siente totalmente incómodo en esta configuración.

Entendemos que a partir de la semana que viene, cuando el Congreso de los Diputados —y no quiero decir que no haya habido mejoras en alguna cuestión, porque sería absurdo— apruebe estas dos leyes, en general, estaremos peor de lo que estábamos. Estas dos leyes, en global, no mejoran, no superan la Ley 30/1992, que es la que vamos a suprimir.

Por tanto, presidente, simplemente constato nuestra impericia y nuestro objetivo de intentar mejorar, para ver si de aquí al final de legislatura —no queda mucho— somos capaces de que alguna de nuestras enmiendas llegue a prosperar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador señor Bel.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

En primer lugar, permítame, señor presidente Lucas, que abuse de la condición de ponente del Grupo Socialista para hacer uso de mi condición de canario y decir que, si ya en el ámbito de los billetes aéreos está contemplado el 50 %, no creo que haya obstáculos desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea para que eso se plantee en el ámbito del transporte por barco. La verdad es que no es un argumento esgrimido originalmente por este senador, sino que fue don Francesc Antich, senador por las islas Baleares, quien me lo explicó y razonó. Hablé también con Julio Cruz, senador de la Comunidad Autónoma de Canarias, y no hablé antes con María del Mar Julios, porque ya no me daba tiempo por estar conversando con ellos sobre el tema. Le ruego, señora Romero, que lo mire usted, porque, insisto: si ya en el ámbito aéreo está contemplado el 50 %, no veo que se planteen dificultades para que también esté en el ámbito del transporte marítimo. Primer asunto.

Segundo asunto. Dígame usted alguna razón por la que hay inseguridad jurídica en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, o en el ámbito del procedimiento sancionador. Son dos normas jurídicas de naturaleza reglamentaria, las dos vigentes desde el año 1993 y que están surtiendo efectos en la actualidad. Se exige que sea una acción individualizable, vinculada al servicio público por funcionamiento de alguna Administración pública o algún servicio de gestión indirecta, que se pueda evaluar económicamente y sea indemnizable. Y, a partir de que los médicos digan que la evolución de esa persona ya no puede modificarse, a partir de ese momento tiene un año para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Es un procedimiento muy claro, de responsabilidad objetiva, y que no genera duda alguna. Desde el año 1993 hasta el presente no ha habido problemas de inseguridad jurídica al respecto. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Y en relación con el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo, es lo mismo. Las conquistas y garantías que se han obtenido en el uso del ius puniendi, de la obligación de reprochar, de reprimir, de castigar que tiene el Estado cualquier comportamiento incívico o que vulnere el ordenamiento jurídico, esas garantías que se han conquistado en el ámbito de lo penal, se han trasladado al ámbito de lo civil. Son las mismas modulaciones. Quizá la diferencia esté en torno al derecho a abogado en turno de oficio, pero, como digo, las garantías están consolidadas tanto en el ámbito penal como en el ámbito sancionador. No hay una diferencia de naturaleza jurídica entre los dos, insisto, en el ámbito criminal y en el ámbito sancionador administrativo. Forman parte del mismo ius puniendi del Estado. Luego no había razón alguna para sacarlo de ahí e incorporarlo en ese otro texto.

Yo puedo aceptar —porque usted ha sido una señora en su comportamiento, muy elegante, y le agradezco que se haya leído el texto y que no solamente me haya dicho cuál es su posición, sino que la haya esgrimido, la haya razonado; y le acuso recibo de ese buen estilo y se lo agradezco mucho—, le puedo aceptar, repito, que usted me diga: Mire, preferimos que en lugar de estar ahí, esté aquí. Tanto puede ser que a uno le guste que esté ahí como que esté ahí. Bien, si es que usted me dice que es algo discrecional, libérrimamente escogido en cada momento por el Gobierno de turno y por el grupo parlamentario que lo apoya. Eso lo puedo entender, pero no el argumento de que si sigue estando como en la actualidad genera inseguridad jurídica y que si no estuviese en una norma —esta, la que hoy se va a aprobar— sí generaría inseguridad jurídica. No es así, no se genera tal inseguridad jurídica. Insisto en que es una decisión libérrima que hay que respetar, y que yo respeto, pero no tiene que ver con la seguridad jurídica. Ese argumento no me parece procedente.

Tercer asunto. Yo le sugiero, señora, que, si lo tiene a bien, se lea el texto del apartado 6 del artículo 66 del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común. Quiero leerlo, y pido disculpas al presidente, porque sé que el Reglamento de la Cámara lo prohíbe. El apartado 6 dice lo siguiente: «Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados.» Señora, antes de que entre en vigor este texto esa obligatoriedad no existe. Es decir, en asuntos como las peticiones de vivienda, u oposiciones públicas, oposiciones a plazas de la función pública que se planteen, siempre se presentan modelos para facilitar las cosas en términos de gestión informática. Eso es absolutamente razonable. Pero lo que intento decir es que lo que se indica en el apartado 6 es nuevo, porque si usted se presenta, por ejemplo, a un concurso de la función pública y quiere usar otro modelo de solicitud, que usted establece a mano en castellano, la obligación de la Administración es admitir a trámite ese texto. Así pues, desde el momento en que se obliga a que sea de una forma se está restringiendo la posibilidad, por mil y una razones, por ejemplo, que una persona que esté en cualquier lugar del mundo quiera presentar esa solicitud y no acceda al modelo. Es decir, se le está restringiendo esa posibilidad. Por eso decía que, no solo se genera confusión e inseguridad jurídica al separar dos textos, mezclando régimen jurídico de administraciones públicas —lo básico— y procedimiento administrativo común —lo básico—, que hasta ahora estaban en un mismo texto pero que al separarse genera esa inseguridad jurídica, esa confusión, sino que en este caso es restrictivo en materia de derechos de ciudadanía.

Y un cuarto asunto, señor presidente, y con esto acabo. Todos los argumentos que he utilizado en torno al artículo 151, sobre las conferencias sectoriales, no suponen un menoscabo de la facultad de coordinación que tiene el Gobierno de España. No he argumentado nada en absoluto en contra de la facultad de coordinación. La tiene con respecto a determinadas competencias, y no solo tiene la facultad de ejercerlas sino la obligación de hacerlo. ¡Faltaría más! Pero no estoy hablando de eso, estoy diciendo que el vehículo idóneo para el ejercicio de tal facultad de coordinación no es la conferencia sectorial. Si el Gobierno de España quiere hacerlo, en la Mesa de la Administración pública tiene que dar a luz un acto administrativo, una resolución administrativa o un instrumento normativo en virtud del cual se obligue a respetar ese acto administrativo o ese instrumento normativo. Y si alguien incumple el acto o el instrumento normativo, entonces sí se puede acudir a la jurisdicción contenciosa para obligar a la Administración que no cumple ese instrumento normativo o acto administrativo.

Pero la conferencia sectorial no es eso, la conferencia sectorial no es una Administración pública; es otra cosa, es un órgano político. Yo recuerdo que aquí durante años se han celebrado reuniones del presidente del Gobierno de España con los presidentes de comunidades autónomas, lo que tiene una naturaleza absolutamente política. Y en la sectorial, por ejemplo, del ministro de Justicia con todos los consejeros de Justicia de toda España. También es un órgano político. Y no se puede transmutar un órgano político que no tiene facultades para interpretar una norma jurídica, que no tiene facultades para ordenar a una comunidad lo que tiene que hacer, y en el que, al contrario, se establecen acuerdos políticos multilaterales. Lo relevante es que cambia, que transmuta la naturaleza política de la conferencia sectorial y la convierte en una Administración pública que llega a dictar un acto; y si alguien lo incumple se pueda revisar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Eso es lo que intento decirle, no que la facultad de coordinación se menoscabe por parte del Gobierno de España, sino que tiene que usarla a través del instrumento adecuado y no de la conferencia sectorial.

Este conjunto de propuestas al final pretenden mejorar el texto. Vuelvo a repetir que le agradezco el esfuerzo, la elegancia y la razonabilidad de lo que ha planteado. Pero, desgraciadamente, después de nueve meses de gestación, la montaña ha parido un ratoncito. ¿Por qué razón? Porque, en términos reales, la Ley 30/1992, excepto en que los sábados sean inhábiles, es la misma. Es un plagio de palabras, verbos, adjetivos, comas, puntos y comas… Ni siquiera han cambiado los signos de puntuación. No era eso lo que se esperaba. Hay asuntos pacíficos en la doctrina, que ya establece cosas en las que podíamos haber avanzado. Se pierde una oportunidad, no hay un avance, y el ratoncito es muy simpático porque mantiene los mismos contenidos que el anterior, solo cambian los numerales. Francamente, creo —repito— que es una oportunidad perdida, y de ahí el razonamiento y la posición que ha mantenido el Grupo Socialista. En cualquier caso, agradezco el esfuerzo que ha caracterizado su intervención —es la tercera vez que lo digo—. Usted ha dicho al principio: Estoy tentada de explicar, primero, las razones en contra de las enmiendas del Grupo Socialista. Me alegra, señora, haberla tentado en alguna cosa.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente. Y gracias también a todos los portavoces de los grupos de la oposición por el tono de sus intervenciones.

Señorías, hoy hemos debatido en esta Cámara y vamos a votar una de las reformas más importantes de esta legislatura. Es una reforma, señorías, que atañe, tanto a la cultura, como al espíritu y el funcionamiento de la Administración. Los dos proyectos de ley que en estos momentos estamos debatiendo, y que vamos a votar inminentemente, son los instrumentos necesarios para que la Administración cumpla con sus obligaciones de manera eficaz, facilite su acceso a los ciudadanos, dé una respuesta rápida y adecuada a las demandas que ellos han tenido y elimine los obstáculos que históricamente han existido entre administrado y Administración.

En definitiva, aquí vamos a votar a favor de una Administración ágil y transparente, eficaz y regenerada. Eso es lo que hace, señorías, que haya un Estado moderno y abierto a la sociedad o que, por el contrario, se constituya en un obstáculo para el progreso económico y social y el conjunto de los ciudadanos. Por eso, el Grupo Popular en el Senado va a dar su apoyo a estos proyectos de ley, porque queremos una Administración del futuro, una Administración que facilite y no obstaculice la actividad y la vida de los ciudadanos, que esté al lado de ellos y no enfrente, y que no perjudique sus intereses. Porque, como muy bien ha dicho el ministro, la prioridad del Gobierno, y también del Grupo Popular en el Senado, es el ciudadano, son los españoles.

Señorías, se han hecho muchas reformas estructurales hasta llegar a donde estamos para evitar que pase lo que ocurrió en legislaturas pasadas y en tiempo anteriores. Hemos afrontado la mayor y peor crisis económica y social que se conoce. Y, unida a esa crisis, hemos afrontado una profunda recesión económica y hemos tenido que adoptar medidas muy duras que han supuesto un gran esfuerzo para todos los españoles, medidas que están dando ya sus resultados para salir de esta crisis y que nos indican que, a pesar del esfuerzo y de la incomprensión, estamos en la senda adecuada.

Estas medidas, señorías, eran necesarias para lograr lo que hemos logrado y ser ahora uno de los países que más crece de la zona euro. Se ha pedido también un gran esfuerzo a todos los funcionarios públicos, a quienes desde esta tribuna, en nombre propio y del Grupo Popular, quiero mostrarles nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que están realizando y por dignificar, como lo hacen, la función pública.

Señorías, en la pasada legislatura, mientras se destruyeron más de 3 millones de puestos de trabajo se creó y aumentó la nómina de las administraciones en más del 11 %. El número de asalariados públicos de 2010 a 2014 ha disminuido en más del 9,9 % y eso ha hecho, señorías, que tengamos una Administración pública mucho más sostenible. Y esta reforma pretende avanzar, como he dicho al principio de mi intervención, en la regeneración y la transparencia, garantizando la estabilidad presupuestaria y mejorando la eficiencia y, sobre todo, facilitando la relación de la Administración con los ciudadanos. Por eso, se simplifica la forma de realizar algunos trámites y se abren registros electrónicos para que los ciudadanos puedan presentar los escritos las veinticuatro horas del día y los 365 días del año.

Estos proyectos de ley, al contrario de lo que se ha dicho, no tienen ninguna intención centralizadora. Lo único que se intenta es, con una ley única y sistemática, coordinar la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y las empresas, independientemente del territorio donde estén viviendo, evitando así la duplicidad de actuación de competencias en el ámbito de las administraciones.

Estos proyectos de ley, señorías, llegan después de haber sido elaborados y consensuados con el Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Además, llegan como consecuencia de un informe de la CORA en el que se ponían de manifiesto las necesidades de la Administración pública, los problemas, las medidas a adoptar y la implantación de estas.

Según el informe de la CORA de junio de este mismo año, se han implantado más de 222 de esas medidas, lo que supone casi el 78 % de la ejecución de estas. Eso ha supuesto que seamos uno de los países en Europa de mejor Administración electrónica y salud electrónica, solo por detrás de los países nórdicos; que seamos uno de los países de Europa líderes en lo que a cursos de formación on line se refiere; y ha supuesto también, como ha dicho esta mañana el ministro, y yo quiero repetir, que haya un ahorro para el sector público de más de 22 300 millones de euros y más de 2300 millones de euros para ciudadanos y empresas.

Senador Bel, usted ha hablado de que los diputados tienen el oráculo y que aquí no se acepta nada, criticando y poniendo en duda, una vez más, la Cámara del Senado. Bien, pues las mismas enmiendas que usted ha presentado en esta Cámara las presentó en el Congreso —idénticas enmiendas— y fueron rechazadas. Y me gustaría decirle una cosa: ese Estado al que usted se ha referido, diciendo: por eso muchos no estamos de acuerdo con ese Estado y por eso muchos nos queremos apartar de ese Estado, ese Estado, repito, ha entregado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, como antes le ha dicho mi compañero, más de 40 000 millones de euros del FLA. Uno de cada 3 euros ha ido destinado a Cataluña para atender sus servicios públicos, porque era donde más lo necesitaban, además de los 30 000 millones de pensiones y prestaciones por desempleo. Y ese esfuerzo, señoría, lo ha hecho ese Estado con el que usted ha dicho que no están de acuerdo, que usted rechaza y con el que está descontento. Su autonomía, encabezada por su Gobierno, ha triplicado la deuda que tenía. Cuando llegó había 11 000 millones de deuda, el tripartito la triplicó, y ahora Convergència la ha duplicado y nos hemos metido en el 32,2 % del PIB.

Señorías, ese Estado al que ustedes no quieren y al que hacen causante de todos sus males, no es el causante de todos esos males. Ustedes no tienen un problema de invasión de competencias de autonomía, ustedes tienen un problema de gestión. Por eso, señorías, ciñéndonos otra vez al proyecto de ley que ahora nos ocupa, les pido el voto favorable porque se trata de un proyecto que va a hacer posible la Administración del futuro, que va a hacer la vida más fácil a los ciudadanos —un proyecto en el que se han podido transaccionar dos enmiendas con el Grupo Vasco—, con una Administración mucho más ágil, moderna, transparente, eficaz y eficiente.

Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a dar su apoyo a este proyecto, y pedimos al resto de los grupos políticos que, si quieren sumarse a esta Administración de futuro y facilitar la vida a los ciudadanos y un acercamiento entre ellos y las administraciones, le den también su voto favorable.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar votando las enmiendas del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

En primer lugar, votamos las enmiendas 1 a 40, del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 8; en contra, 151; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco.

Empezamos votando la enmienda 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 18; en contra, 153; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 149, 154 y 156.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 20; en contra, 148; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 140, 160, 171, 172, 177 a 182 y 184.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 150; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 141 a 147, 150 a 153, 155, 157 a 159, 161 a 170, 173, 174 y 183.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 150; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

He dejado fuera de este bloque la enmienda 176, porque los servicios de la Cámara, los letrados, están haciendo una comprobación sobre dicha enmienda.

Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de la Entesa.

En primer lugar, votamos las enmiendas 88 a 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 7; en contra, 151; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 237.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 152; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 269.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 149; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 236 y 243.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 75; en contra, 150; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 233, 234, 260 y 280.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 235, 238 a 242, 244 a 248, 250 a 259, 261 a 268 y 270 a 279.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 71; en contra, 150; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Votamos la enmienda 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 156; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 46, 51, 134 y 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 152; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49, 56, 62, 63, 70, 74 a 76 y 78. (El senador Sabaté Borràs pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Por un error, no hemos pedido votación separada de algunas enmiendas del Grupo de CiU. Si es posible, en este bloque pedimos votación separada de las enmiendas 49, 70 y 75. Y en los otros dos bloques también pedimos votación separada.

El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿puede repetirlas, por favor?

El señor SABATÉ BORRÀS: Las enmiendas 49, 70 y 75.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor SABATÉ BORRÀS: Si me permite, señor presidente, le digo los otros dos bloques ya.

En el siguiente bloque, pedimos votación separada de las enmiendas 52, 68, 84 y 85; y en el siguiente, de las enmiendas 45, 47, 58, 60, 67, 73, 77 y 80.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: De nada.

Entonces, votamos las enmiendas 49, 70 y 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 26; en contra, 150; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 56, 62, 63, 74, 76 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 150; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 41, 43, 53, 54, 81, 82 y 136 a 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 150; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 52, 68, 84 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 150; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 42, 44, 48, 50, 55, 57, 61, 64 a 66, 69, 71, 72, 79, 83 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 45, 47, 58, 60, 67, 73, 77 y 80. ¿Eran estas, senador Sabaté? (Asentimiento).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 150; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista.

En primer lugar, votamos la número 189.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 201.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 86; en contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 221.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 80; en contra, 150; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 188 y 195.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 185, 186, 212 y 232.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 187, 190 a 194, 196 a 200, 202 a 211, 213 a 220 y 222 a 231.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos la enmienda que quedaba pendiente del Grupo Parlamentario Vasco, la número 176. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra).

Sí, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Si no he entendido mal, había una enmienda transaccional con el Grupo Popular sobre la base de la enmienda 176 del Grupo Parlamentario Vasco, con número de entrada 193 765.

El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre, senador Bildarratz, es que esa enmienda transaccional se ha registrado sobre la enmienda 175.

El señor BILDARRATZ SORRON: Lo que ocurre es que hay dos.

El señor PRESIDENTE: Hay dos transaccionales registradas sobre la enmienda 175.

El señor BILDARRATZ SORRON: Hay una confusión.

El señor PRESIDENTE: Por eso, cualquiera de las dos soluciones vale: votar la 176 aparte o votar las dos propuestas de modificación sobre la 175. Por eso pensaba votar las dos propuestas de modificación sobre la 175, y también la 176, que es la que íbamos a votar.

El señor BILDARRATZ SORRON: No tiene mayor trascendencia, más que el grupo mayoritario vote afirmativamente.

El señor PRESIDENTE: Por eso. (El señor Sanz Pérez pide la palabra).

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.

Yo comparto con el senador Bildarratz, y quizás sea un error mecanográfico, que se han puesto dos transaccionales sobre la enmienda 175, cuando realmente la registrada con el número 193 765 va colgada de la percha de la 176 y la número 193 764 sobre la 175.

Ahora creo que tendremos que votar, si me lo permite, presidente, estas dos transaccionales sobre las enmiendas 175 y 176.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Según el informe que me habían dado los letrados, valía cualquiera de las dos soluciones.

Si no hay inconveniente por parte de ninguno de los grupos en aceptar esta errata o error, llámese como quiera, y, en vez de sobre la enmienda 175, la votamos sobre la 176, si no hay inconveniente a esta propuesta de modificación, se anula la votación que íbamos a realizar de la 176 y procedemos a votar las propuestas de modificación del dictamen.

Votamos la primera de ellas, con número de registro 193 764, que es sobre la enmienda número 175 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 167; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Y votamos a continuación la propuesta de modificación con número de registro 193 765 sobre la enmienda número 176 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 237; a favor, 165; en contra, 2; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 151; en contra, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el rey.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Iglesias números 8, 9, 14, 17, 45, 46, 47, 49, 60, 72 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 151; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 1 a 7, 10 a 13, 15, 16, 18 a 44, 48, 50 a 59, 61 a 71, 73 a 80 y 82 a 116.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 7; en contra, 149; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Votamos las enmiendas 243, 244, 252, 262, 265, 270 y 272.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 19; en contra, 150; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 249, 258 y 271.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 19; en contra, 151; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 240 a 242, 245 a 248, 250, 251, 253 a 257, 259 a 261, 263, 264 y 266 a 269.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 150; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos las enmiendas 154, 155 y 172.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 152; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 152, 153, 158, 161, 183, 184, 186 y 203.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 10; en contra, 150; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 150, 151, 156,157, 159, 160, 162 a 171, 173 a 182, 185, 187 a 202 y 204 a 239.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 7; en contra, 151; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 327.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 150; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 329.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 151; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 334, 337 y 338.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 150; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 339.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 340.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 85; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 333, 335, 336, 342, 354, 355 y 369.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242;



votos emitidos, 240; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 357, 370, 371, 374, 377 y 380.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 68; en contra, 152; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 328, 330, 331, 332, 341, 343 a 353, 356, 358 a 368, 372, 373, 375, 376, 378 y 379.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos la 121, 123 y 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 152; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 152; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 144.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 26; en contra, 151; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 137.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 151; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 122 y 143.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 27; en contra, 152; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 118 y 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120, 124 a 127, 129 a 131, 133, 136, 138 a 140 y 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 117, 119, 128 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 22; en contra, 151; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 279.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 77; en contra, 152; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 281, 282, 288, 293, 301 y 316.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 78; en contra, 150; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 286 y 302.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 280, 283, 284 y 311.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 320.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 285.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 150; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 287.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 71; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 273, 304, 317, 318, 321, 323 y 326.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 71; en contra, 150; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 274 a 278, 289 a 292, 294 a 300, 303, 305 a 310, 312 a 315, 319, 322, 324 y 325.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 151; en contra, 88; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (Aplausos).



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 624/000005 Sanidad y Servicios Sociales

El señor presidente da lectura al punto 7.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, el senador Fernández Pérez.

El señor FERNÁNDEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes.

Comparezco en esta tribuna para presentar ante el Pleno el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

La proposición de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 29 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por el procedimiento ordinario.

El plazo de presentación de enmiendas, incluyendo su ampliación, finalizó el 17 de agosto. A esta proposición de ley orgánica se presentaron siete propuestas de veto y treinta y cinco enmiendas.

La ponencia se reunió el pasado 25 de agosto y emitió informe. Se rechazaron por mayoría todas las propuestas de veto, así como todas las enmiendas, manteniéndose el texto de la proposición tal y como fue remitido a esta Cámara por el Congreso de los Diputados, sin más inclusión que una corrección técnica.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 25 de agosto. En dicha sesión se defendieron y votaron las propuestas de veto presentadas, que resultaron rechazadas. Y tras deliberarse sobre las enmiendas presentadas y una vez sometido a votación el informe de la ponencia, este resultó aprobado en los términos propuestos por aquella.

Han presentado votos particulares manteniendo las propuestas de veto todos los firmantes de estas: los senadores Iglesias Fernández, Guillot Miravet y Saura Laporta, las senadoras Julios Reyes, Capella i Farré y Mora Grande; conjuntamente, la senadora Almiñana Riqué, el senador Bruguera Batalla, el senador Martí Jufresa, el senador Montilla Aguilera y la senadora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, han presentado voto particular manteniendo sus enmiendas todos los senadores y grupos parlamentarios enmendantes: el senador Iglesias Fernández, la senadora Julios Reyes, la senadora Mora Grande y los Grupos Parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán de Convergència i d’Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Pérez.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para su defensa.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Sabemos que, por desgracia, es frecuente en esta Cámara que no acudan los ministros —con la excepción del señor Montoro, por todos reconocido y una vez más lo demostró esta mañana— a presentar los proyectos de ley. Si eso es criticable, resulta escandaloso que cuando se presenta una proposición de ley ni haya una argumentación por parte de un ministro porque no es proyecto de ley ni haya una argumentación política inicial del grupo proponente, en la forma que se considere más oportuna, en la que se sienten las bases del debate para que, a continuación, quienes nos oponemos a esa proposición de ley a través de los vetos tengamos una línea sobre la que articular la argumentación, más allá de los contenidos que previamente se hayan reflejado en esos vetos.

Señorías, a lo largo de distintas ocasiones, todavía al calor de una moción —la última— que debatimos ayer, se ha abierto una discusión sobre la conveniencia de utilizar el mecanismo de proposición de ley por parte del grupo que sustenta al Gobierno. En todas esas ocasiones, una de las críticas en la que hemos coincidido todas las fuerzas de la oposición era que aunque resulte legítimo —conforme a la Constitución, conforme al reglamento de la Cámara— el recurso al mecanismo de la proposición de ley, no es menos cierto que, según la intuición que tenemos los grupos de la oposición, no se acude a este mecanismo para expresar la iniciativa del grupo parlamentario, sino para sustituir al Gobierno con el único objetivo de evitar los preceptivos informes que han de acompañar a un proyecto de ley y que no existen en el caso de una proposición de ley. En todos los casos es así, pero en este resulta aún más escandaloso, porque estamos ante una proposición de ley que nace del fracaso de un proyecto de ley que sí contó con todos esos informes preceptivos. Si era la voluntad del Gobierno afrontar la reforma de la Ley de interrupción del embarazo con un proyecto de ley, ¿por qué se acude ahora al subterfugio de una proposición de ley? Si era necesario entonces, sigue siendo necesario hoy el proyecto.

El proyecto que presentó en su día el Gobierno cuestionaba el sistema de plazos en la interrupción del embarazo y, por tanto, afectaba a todas las mujeres que se veían obligadas a acudir a esa intervención, lo que conllevaba una involución de décadas y —es cierto— se correspondía con un compromiso del Partido Popular cara a las anteriores elecciones generales, pero que suscitó no solamente una amplísima movilización social —de la que el Tren de la libertad seguramente fue la expresión más clara—, sino sobre todo —y de ahí que el Gobierno haya retirado el proyecto de ley— una contestación en la sociedad que se extendía a la mayoría del electorado del Partido Popular. Por eso y no por otro motivo, el Gobierno sacrificó al ministro Gallardón y retiró el proyecto de ley, y ahora se presenta esta proposición de ley para hacer un guiño a ese sector minoritario no solamente de la sociedad, sino del electorado del Partido Popular que exige que se cumpla el compromiso electoral. Por eso plantean una reforma que —entre comillas— «solo» afectará, según los datos de 2014, al 3,6 % de las interrupciones del embarazo y que ya no afecta al universo de mujeres en edad fértil que se encuentran ante la necesidad de tomar la decisión de interrumpir su embarazo o la voluntad de interrumpir su embarazo, sino que afecta solo a las jóvenes de 16 y 17 años, con la pretensión de que el rechazo social y el rechazo entre su electorado sea menor que el que suscitó el proyecto del ministro Gallardón.

En todo caso y en coherencia con esta proposición de ley, si ustedes entienden que esta es la única reforma que hay que hacer a la regulación de la interrupción del embarazo y cuentan con mayoría absoluta para sacarla hoy adelante en esta Cámara, como hicieron en el Congreso, lo coherente sería que retiraran el recurso de inconstitucionalidad que presentaron ante el Tribunal Constitucional, porque hay que deducir que, según ustedes, con esta reforma ya resuelven todas sus reticencias ante la Ley de interrupción del embarazo, frente a la que presentaron el recurso de inconstitucionalidad.

En la defensa de esta proposición de ley —cuando se presentó— se han utilizado fundamentalmente dos argumentos falaces. El primero, que las jóvenes utilizan la interrupción del embarazo de una forma frívola, como una especie de método anticonceptivo más. Eso lo desmiente el dato que les proporcionaba hace unos minutos, en el sentido de que solo el 3,6 % de las intervenciones de interrupción del embarazo en 2014 se practicaron en jóvenes de 16 y 17 años.

El segundo argumento es que, como señala incluso el preámbulo de la proposición de ley, la norma que ustedes pretenden enmendar, la norma vigente, margina a los padres que no se enteran de las decisiones de sus hijas menores de interrumpir el embarazo y de esa manera, según su argumentación y según el preámbulo de la proposición de ley, no pueden cumplir con la obligación de velar por sus intereses que les impone el Código Civil. Pero la ley vigente, el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, dice literalmente: «Al menos uno de los representantes legales deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta exigencia cuando la joven alegue de forma fundada que ello le generará un conflicto grave». Y en la práctica, ¿cuándo se ha dado esta situación con la ley vigente? Pues según los datos de 2014, sobre ese 3,6 % de interrupciones del embarazo a menores de edad, se produjo la información al representante legal en el 87,62 % de los casos.

Es esta una reforma que no solo atenta contra los derechos de las mujeres y que no es comprendida por la mayoría de nuestra sociedad, sino que tampoco es comprendida más allá de nuestras fronteras. Las observaciones finales del Comité de derechos humanos de Naciones Unidas adoptadas el pasado 20 de julio, tras el examen del VI Informe periódico de España sobre la aplicación en nuestro país del pacto internacional de derechos civiles y políticos, rechazan claramente esta reforma, como lo ha hecho también el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Ya en el año 2012, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas instaba a España a asegurar una atención especial a la situación de las adolescentes en el acceso al aborto legal y seguro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentó que no se podrá considerar que la tutela legal confiere automáticamente a los padres del menor el derecho a adoptar decisiones sobre los derechos reproductivos de este. Y en el mismo sentido, el Comité de los derechos de niño de Naciones Unidas manifiesta que no se podrá considerar que la tutela legal confiere automáticamente a los padres de un menor el derecho a adoptar decisiones sobre estos derechos reproductivos. Este mismo comité, en sus observaciones generales números 4 y 15, manifestó que los Estados deben permitir el acceso a los menores a los servicios de salud sexual y reproductiva y que estos puedan acceder a determinados tratamientos sin el consentimiento del progenitor, incluido el aborto en condiciones de seguridad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud destaca que para la protección de las mujeres en los supuestos de interrupción del embarazo se debe alentar, pero no exigir, el consentimiento parental.

Finalmente, hay una cuestión procesal de tremenda trascendencia que la proposición no resuelve. El apartado 4 del artículo 9 remite al Código Civil la resolución de los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento. Curiosamente, el proyecto de ley retirado sí regulaba un procedimiento especial para cuando se dieran situaciones de conflicto entre la voluntad de la menor y la voluntad de sus progenitores. El hecho de que no aparezca en esta proposición de ley este mecanismo se puede convertir en la práctica en un obstáculo insalvable, dado que habrá que acudir a un procedimiento ordinario, no a un procedimiento especial —obviamente, cuando debatimos la Ley de jurisdicción voluntaria a nadie se le ocurrió introducir este contenido dentro del proyecto de ley porque, habiendo una contradicción tan clara, resultaba de difícil encaje—, y tener que acudir ahora al procedimiento ordinario, en un sistema de Administración de Justicia saturado, en el que los plazos difícilmente se cumplen y los procedimientos se dilatan, puede abocar a convertir en ilusoria la pretensión de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de una menor que cuente con la oposición de alguno de sus progenitores y que acuda a la Administración de Justicia para que esta resuelva. Esta omisión del proyecto de ley se trata de una nueva vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que señala que debido al factor temporal es particularmente crítico en decisiones relacionadas con el aborto que los procedimientos nacionales garanticen que la decisión se tome con celeridad. Esta proposición de ley en ningún caso garantiza que la decisión se tome con celeridad.

Por lo tanto, en Izquierda Unida consideramos que es necesario que se retire esta proposición de ley y por ello hemos formulado un veto, para el que solicitamos el apoyo de la Cámara desde la perspectiva de entender que una mayoría absoluta es legítima en política, pero que no puede amparar cualquier decisión, que no puede amparar decisiones que afectan de una forma tan grave y tan seria a la vida de mujeres en situación de especial desprotección, de las mujeres más jóvenes, de las mujeres de 16 y 17 años. Por eso solicito el voto favorable de la Cámara a esta propuesta de veto.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora Julios. Tiene la palabra para su defensa.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías.

Coalición Canaria ha presentado también un veto a esta proposición de ley. Entendemos que representa un retroceso en los derechos, en los derechos conquistados por la mujer en una larga lucha en este país desde la democracia hasta aquí y no queremos retroceder ni un paso; además, representa un retroceso precisamente en uno de los temas donde todavía perduran en nuestro país las pautas culturales más duras de discriminación, como es en el ámbito de la sexualidad y en el ámbito de la reproducción; específicamente, se perjudica al sector de la población femenina más joven, a las que se les pretende impedir optar a la interrupción voluntaria del embarazo si no tienen el consentimiento legal de sus representantes legales.

Señorías, no compartimos las razones que dan los promotores del Grupo Popular para estas modificaciones ni en las formas —como ha dicho el senador Iglesias— ni en el fondo. No se sostienen ni se basan en modo alguno en ningún fundamento científico, ni mucho menos en que sea una necesidad social; incluso, yo diría algo más: que se ha fundamentado en un interés absolutamente partidista y en un interés absolutamente electoral porque estamos a las puertas de unas elecciones, por eso se ha hecho también de esta forma.

Además, se pretende provocar confusión en la opinión pública y pretenden presentarse ustedes, el Grupo Popular, en esta iniciativa como los defensores de una sociedad que está pidiendo que se proteja a las menores de 16 y 17 años, como si las menores jóvenes en España estuvieran poseídas por alguna fiebre o alguna moda que les incitase a abortar. Verdaderamente, lo que van a conseguir con esta iniciativa es todo lo contrario, es desproteger a las jóvenes especialmente de 16 y 17 años.

La ley actual —y ustedes quieren generar confusión— reconoce claramente, por supuesto, el derecho de las jóvenes a tomar la decisión de interrumpir su embarazo, pero la ley actual incluye —y no confundan a la ciudadanía— la obligatoriedad de informar a los progenitores o a sus tutores legales. Les he escuchado decir que con esta ley se salvaguarda el derecho de los padres a estar informados; ya está recogido en la ley actual el derecho de los padres a estar informados, es una falsedad que fundamenten esta modificación de la ley en ese argumento que ustedes nos darán dentro de poco. Está recogido en el artículo 13, apartado cuarto, de la ley actual, que lo dice claramente: «Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en estas edades deberán ser informados de la decisión de la mujer». Y establece la exclusión: «Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provoca un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».

Con esta modificación, las mujeres que se encuentren en esta situación no solo van a tener la obligación de informar, sino que, además, van a tener la necesidad de obtener el consentimiento de sus tutores, aunque esto les conlleve un riesgo. Señorías, esto no es proteger a las mujeres en esta edad, ni en ninguna, pero en este grupo de edad menos, esto es desprotegerlas. ¿Qué se pretende con la modificación? Que las mujeres entre 16 y 17 años que se enfrenten a un embarazo no deseado han de tener el consentimiento expreso de sus representantes legales —ellas y todas las demás— para interrumpir dicho embarazo en condiciones de seguridad sanitaria en España, y esto merma la voluntad de estas personas. Señorías, esto no es proteger, esto es desproteger.

La realidad es que tras cinco años de aplicación de la actual ley —la que está en vigor— no se ha producido un aumento de la interrupción voluntaria del embarazo en este grupo de edad, no se ha producido; al contrario, los estudios de la Asociación de clínicas acreditadas, ACAI, nos dice que solo una de cada diez mujeres menores que han interrumpido su embarazo, una de cada diez, han acudido solas a la clínica —repito, una de cada diez—, el resto han ido acompañadas de sus progenitores y de sus tutores. Y esta una de cada diez no ha acudido acompañada por motivos relacionados con el desamparo familiar, por provenir de familias desestructuradas, por estar solas en este país, por tener progenitores con enfermedades invalidantes, porque los progenitores están en la cárcel o porque, por voluntad propia, no quieren saber ni acompañar a la menor o porque abiertamente están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Vuelvo a repetir: una de cada diez son las que han ido solas y ahora, probablemente, no podrán abortar pese a que esa sea su voluntad, obligándolas, por tanto, a no abortar o a aumentar los conflictos en su familia y, por tanto, a ponerlas en mayor riesgo. ¿Dónde está la protección que supuestamente justifica esta modificación de la ley? Van a aumentar las situaciones de riesgo y la desprotección de las mujeres entre 16 y 17 años, especialmente de las que son más vulnerables. Por tanto, sinceramente, entendemos que esta iniciativa es producto de una gran hipocresía, parece más una intención o una salida para contentar a ese sector minoritario de la sociedad que promovió el retroceso de los derechos de la mujer y que promovió lo que afortunadamente se frustró, que fue la contrarreforma del aborto que inició el exministro Gallardón —que a cuenta de esto tuvo que dimitir—, y precisamente se logró frenar esa modificación por el gran rechazo social que había a producir una reforma. La sociedad no está demandando un cambio de la Ley del aborto, lo están demandando algunos votantes del Partido Popular, a los que quieren satisfacer con esta reforma que hoy nos traen. Señorías, no es producto de una necesidad real, de una demanda de nuestra sociedad, es falso y hay que decírselo así a todas sus señorías porque la sociedad no está demandando esta iniciativa, al contrario.

Señorías, esta proposición de ley supone una desprotección para las jóvenes, especialmente para las que se encuentran en una peor situación social, en una peor situación económica —y vivimos en los tiempos duros que vivimos—, pudiendo incluso abocar a las jóvenes que no quieran proseguir con un embarazo contra su voluntad a un aborto clandestino. Esta iniciativa es precisamente contraria a lo que debería ser una obligación del Estado, pues en vez de garantizar que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en las condiciones adecuadas, en las condiciones de seguridad como en cualquier desarrollado, al contrario, están ustedes poniendo en riesgo a las mujeres y también a los profesionales que van a tener que atender a esas mujeres.

Coalición Canaria entiende que esta es una reforma innecesaria y socialmente discriminatoria. Es evidente que las mujeres que quieran abortar y que tengan recursos lo harán en otros países, mientras que las que no tengan esos recursos y esos medios se verán abocadas a un aborto en riesgo, inseguro, clandestino, como en otros tiempos, en los tiempos más oscuros de la historia de España, o tener un embarazo no deseado.

Señorías, lo que nos trae hoy el Grupo Popular supone un nuevo recorte en materia de derechos, supone un nuevo recorte en materia de derechos… (Rumores). Sí, señorías, y les pido respeto a la que en estos momentos está haciendo uso de la palabra, como el que tendré yo cuando los oiga hablar a ustedes. (Aplausos). Supone un recorte de derechos y de libertades, y en este caso del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Defendemos el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, sin dejarlo en manos de terceros, y rechazamos que las mujeres con embarazos no deseados que no tengan recursos económicos vuelvan a poner su vida en peligro en este país, recurriendo a abortos clandestinos. También rechazamos que se vuelva a la inseguridad jurídica para el personal sanitario y, por supuesto, para las mujeres, porque todos sabemos los múltiples procesos judiciales que conllevaron condenas en el pasado por estas razones. Esta modificación de ley, insisto, es un retroceso, restringe derechos, no obedece en modo alguno a una exigencia de la ciudadanía, sino a una política conservadora y a una posición ideológica que defiende el Partido Popular. Y lo grave de esto es que lo haga a costa de nuestro derecho, a costa de los derechos de las mujeres.

Señorías, esta reforma va a dejar a España al margen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que advierte de que las restricciones del aborto solo producen una mortalidad materna —eso es lo que ocurre en el mundo cuando se restringe el aborto seguro: aparece un incremento en la mortalidad materna—; la Organización Mundial de la Salud dice que la ilegalidad del aborto en ciertos países mata incluso hasta a 47 000 mujeres al año. Evitemos que las jóvenes españolas engrosen esta lista, ni tan solo una de ellas, y evitemos que España retroceda en los derechos de la mujer.

En Coalición Canaria defendemos todo lo que he comentado y también apoyamos iniciativas en este sentido que se han aprobado por mayoría en el Parlamento de Canarias. Además, entendemos que estamos en un contexto: esta ley se añade a todas las medidas de recortes que han tomado el Gobierno de España y el Partido Popular en esta legislatura, que incluso han retrocedido en materia de educación sexual, que es un elemento fundamental para la prevención del embarazo no deseado. Lo hemos visto en el ámbito educativo: se han suprimido materias como educación para la ciudadanía, educación ética, que eran las únicas materias que contemplaban la educación sexual en los centros educativos. Y aquí ustedes nos hablan de que quieren proteger. En sanidad ha ocurrido lo mismo: han suprimido todos los programas de apoyo a las comunidades autónomas para las medidas de prevención de embarazos no deseados, y específicamente en el sector joven de la población. Y ustedes, señorías, del Partido Popular, nos hablan de que quieren proteger. Proteger de verdad, señorías, no es recortar derechos, es prevenir, es educar para que la ciudadanía, los hombres y las mujeres con formación, con información y, desde luego, en libertad tomen responsablemente sus decisiones, las que consideren oportunas.

Por eso, Coalición Canaria presenta este veto, para el que pedimos su apoyo. Vamos a votar a favor de los otros vetos que han presentado los demás grupos en esta Cámara. Estamos en desacuerdo con el recorte de derechos que hoy nos presentan en este debate. Y para no consumir más tiempo y dejar a mis compañeros del Grupo Mixto, doy también por defendidas mis enmiendas parciales que pretenden derogar cada uno de los artículos de esta ley.

Señorías, si hoy se aprueba esta proposición de ley, va a suponer un retroceso en los derechos que tanto nos ha costado conquistar a las mujeres en este país, un retroceso en los derechos de la mujer en España.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Julios.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señorías, buena tarde.

En primer lugar, como he hecho en las comisiones y, por tanto, haré hasta el final de la legislatura, o mientras esté aquí, quiero mostrar mi disconformidad con la forma en que el grupo mayoritario de la Cámara y el Gobierno del Partido Popular pretenden actuar hasta el final de la legislatura. Estoy hablando de la forma o del proceder de legislar, de la utilización que hacen de las Cámaras para aprobar en esta última parte de la legislatura leyes de importancia y de calado como la que hoy se terminará aprobando, y, como se ha dicho en las intervenciones que me han precedido, de la utilización de la proposición de ley con la finalidad de burlar la obligatoriedad de los dictámenes y los informes que deben acompañar a los proyectos de ley.

Insisto, entre leyes, proyectos, proposiciones, tratados y convenios en tres meses vamos a aprobar casi un cuarto de lo que se ha aprobado en la totalidad de la legislatura. Para Esquerra Republicana esto es un fraude a la democracia en toda regla, pensamos que hacen un flaco favor a las instituciones y, en especial, al Senado, y, como he dicho y reiterado, denotan un nulo respeto por la ciudadanía. Dirán que es el proceder legislativo correcto, que la ley lo dice, pero que lo diga la ley no quiere decir que sea correcto ni lo habitual y, en definitiva, no deja de ser una manera de legislar a hurtadillas y limitando el debate; el debate en este hemiciclo, en comisión y el debate de la sociedad.

Por más que nos esforcemos, en Esquerra Republicana no alcanzamos a entender cuál es el objetivo de esta proposición de ley. Desde luego, no es lo que dice el título de la proposición de ley, no es una ley que proteja los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años y de aquellas que tienen su capacidad modificada judicialmente. El propio nombre de la ley se aparta de la concepción que debería tener, que no es otra que el ejercicio de los derechos inherentes a la condición humana: el derecho al propio cuerpo, el derecho a decidir, el derecho a la salud reproductiva y sexual. Tienen ustedes una distinta concepción de lo que debería ser y, por tanto, el propio título de la ley denota su intención.

La proposición de ley limita derechos en atención a que el supuesto reforzamiento pasa por impedir que la mujer decida por sí sola. ¿Cómo se protege a las mujeres de 16 y 17 años? Limitando su capacidad de decidir, exigiendo el consentimiento de los padres a aquellas jóvenes de 16 y 17 años que deseen interrumpir su embarazo; las someten, además, en caso de conflicto, a tener que acudir a la jurisdicción civil para que lo resuelva. Es evidente que ustedes desconocen el mundo real, la jurisdicción civil, los tiempos de la Administración de Justicia y qué jóvenes de 16 y 17 años sufrirán las consecuencias de una decisión tardía.

¿Cuáles son los argumentos del Partido Popular para esta modificación legislativa? Básicamente, los basan en afirmar que el aborto es utilizado irresponsablemente por las jóvenes como método anticonceptivo y también afirman que la actual regulación desprotege a las menores y vulnera los derechos y obligaciones de los padres en relación con el ejercicio de la tutela sobre sus hijas; argumentos que para nosotros, para nosotras, para Esquerra Republicana no dejan de ser retrógrados, carentes de argumentos y de fundamentos de carácter jurídico, científico y social. Se trata simplemente de contentar a los sectores más reaccionarios de la Conferencia Episcopal y a alguna parte de sus votantes, al ala más dura de la derecha. Cierto es que esta proposición de ley no es el inicial proyecto de ley que abocó a dimitir al ministro Ruiz-Gallardón, pero a nadie se le escapa que es innecesario, y que lo que hace realmente es castigar a aquellas menores, a aquellas jóvenes que mayor protección necesitan.

Les repetiré lo que ya dije en comisión: existe un informe de la asociación de clínicas acreditadas en interrupción voluntaria de embarazos que dice que de los abortos practicados en el año 2014, el 3,6 % fue de mujeres de entre 16 y 17 años, y que en el 87 % de los casos informaron a sus tutores legales. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una proposición de ley innecesaria, retrógrada, sin base científica alguna. Esta proposición de ley desatiende las recomendaciones internacionales de la OMS, de la ONU, de Amnistía Internacional, porque lo que hacen con esta proposición de ley es poner obstáculos, impedir que la interrupción voluntaria del embarazo se efectúe en condiciones que garanticen la salud, la integridad física y psíquica, y la vida de las mujeres jóvenes. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del año 1979, hasta la actualidad, ha determinado que el Estado español haya firmado todos y cada uno de los acuerdos internacionales que le obligan a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, con igualdad, seguridad y confidencialidad, y este ha sido el sentido de la legislación española hasta ahora.

Señorías del Partido Popular, con esta reforma, una vez más, constatamos su miedo al derecho a decidir. Su confusión es tal que no saben diferenciar entre legitimidad y legalidad. Es legítimo que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia maternidad, sin que su padre, sin que su madre, pueda imponer una gestación no deseada, y, por ello, debería ser legal.

Señorías, si pretenden evitar este tipo de abortos, la mejor manera de hacerlo no es negando los derechos que por naturaleza pertenecen a las mujeres sino mediante una buena educación afectiva, sexual y reproductiva que, necesariamente, debe ser impartida en colegios e institutos —esto a ustedes no les gusta— y que permita a las jóvenes y a los jóvenes ser libres para decidir y ejercer libremente aquello que crean conveniente hacer con su cuerpo. Necesitamos una buena educación no solo en el ámbito escolar sino también en nuestra propia sociedad para, de una vez por todas, desterrar estos conceptos tan retrógrados e impropios de una comunidad del siglo XXI, pero ustedes viajan en sentido contrario al tiempo, porque esto es lo que defienden con sus leyes y con sus políticas. Es necesaria la potenciación de esa educación afectiva, la de las caricias, la confianza, la del diálogo para una relación afectiva y sexual satisfactoria y evidentemente saludable para quienes la practican libremente. Porque, señorías, eso nos haría un poco más libres como personas y como sociedad, aparte también ayudaría a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Desde Esquerra Republicana reivindicamos la gratuidad de los métodos anticonceptivos para la juventud y los colectivos con escasos recursos para acceder a ellos, al igual que el aborto libre y gratuito. Desde Esquerra Republicana defendemos que las políticas en materia de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo tengan dotaciones presupuestarias que garanticen la aplicación de la actual ley vigente, la que se aprobará. La Ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el año 2010, supuso un avance muy importante, sobre todo, en los derechos de la mujer, para que ella pudiera o pudiese elegir sobre su propio cuerpo. Obviamente, la ley vigente se puede mejorar, pero no restringiendo derechos.

Señorías, les guste o no, los derechos reproductivos son derechos de la mujer, pertenecen a la mujer y solo a la mujer, tenga la edad que tenga. Esta proposición de ley significa pérdida de derechos de las mujeres, de las jóvenes, de los derechos por los que muchas mujeres apostaron y lucharon. Muchas mujeres apostamos y luchamos por los que muchos partidos han luchado desde hace décadas. Esquerra Republicana defendía el derecho al aborto ya en el año 1931. Muchas mujeres fueron procesadas y condenadas. Nosotras, las mujeres de Esquerra Republicana y muchísimas mujeres más, las de otros partidos políticos también, lucharemos y continuaremos trabajando para que esta proposición de ley tenga una vigencia limitada, porque se trata de una visión patriarcal y confesional, que no se ajusta a una sociedad del siglo XXI.

Las mujeres debemos ser protagonistas de nuestras vidas, tenemos que serlo en su integridad. Somos dueñas de nuestras decisiones. No necesitamos ni tutelas ni licencias maritales, ni del marido ni del compañero, ni tutelas paternas, necesitamos complicidades, empatía de todos aquellos que nos van a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Las jóvenes adolescentes necesitan apoyo integral. Con esta proposición de ley no lo tendrán.

Por estos motivos hemos presentado veto a esta proposición de ley y anunciamos ya que apoyaremos el conjunto de vetos presentados por el resto de grupos parlamentarios.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por la senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra para su defensa.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

Podemos ha presentado un veto porque entiende que esta modificación de la Ley del aborto solamente tiene una motivación moral y lo único que quiere es recoger un puñado de votos, pero la consecuencia va a ser la vulneración de derechos de la mujer y un retroceso en esos derechos. No podemos estar de acuerdo y presentamos este veto.

Lo primero que tengo que decir es que la premisa en la que ustedes justifican esta reforma es falsa, como les vienen diciendo todos los compañeros que han defendido sus vetos. Explíquenme dónde la Ley Orgánica 2/2010 impide a los padres proteger a los menores o ejercer sus derechos y sus obligaciones del Código Civil. En ningún sitio, sino que se dice todo lo contrario. Por favor, explíquenme dónde pone eso. La regla general es informar a los progenitores y solo en casos excepcionales de peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o que se produzca una situación de desarraigo o desamparo se podrá prescindir de esa información. Por favor, díganme en dónde se justifica esa motivación de su exposición de motivos, porque no la vemos por ningún lado.

Los datos que se han expuesto aquí, que vienen en estadísticas públicas, oficiales y que ustedes están obviando porque les interesa, dicen que las menores que interrumpen su embarazo son muy pocas, son el 3,60 % del total. Se lo vamos a ir repitiendo todos para ver si admiten estas estadísticas, que son públicas y conocidas. De estas menores, que son muy pocas, el 90 % informa a sus padres y, además, este 90 % acude en compañía de sus padres y tienen su apoyo, solamente el 10 % no lo hace. ¿Por qué? No lo hacen porque viven situación de maltrato o de violencia o de desarraigo familiar. Por favor, explíquenme cómo vamos a proteger a estas mujeres si estamos regulando haciéndolas depender de sus maltratadores. A nosotros la sociedad nos vota para proteger a los más desfavorecidos. Esta es la situación. No podemos colocar ni siquiera a una sola mujer en situación de desamparo, no podemos provocar esta situación, no podemos aprobar esta modificación de esta ley. Solamente con una no lo tendríamos que hacer, pero no es una, los datos dicen que son bastantes más.

La consecuencia va a ser que va a haber verdaderos dramas, la consecuencia va a ser poner en peligro la vida de las mujeres, porque obviamente en situaciones dramáticas van a interrumpir su embarazo y lo van a hacer en sitios inseguros, lo que va a provocar un riesgo para sus vidas. Por favor, díganme cómo las vamos a proteger, porque no han previsto ni una sola medida para evitar esta consecuencia. Por favor, díganme cómo las vamos a proteger. En 2014 la compañera de Coalición Canaria ha expuesto los motivos que alegaron las mujeres en relación con la imposibilidad de comunicación de la interrupción del embarazo a sus padres, y los motivos que alegaron fueron bastante potentes: desamparo familiar, tener familia desestructurada, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, progenitores con enfermedades invalidantes o con patologías psíquicas o psiquiátricas incapacitantes. A mujeres emancipadas extranjeras, que viven en España, que trabajan en España y cuyos padres viven en el extranjero, ¿las vamos a obligar a tener un embarazo no deseado porque sus padres no están aquí? Esto tiene poco sentido. Vamos a colocar en situación de desprotección a estas mujeres: o a obligarlas a abortar en sitios inseguros o a tener embarazos no deseados. Explíquenme cómo las vamos a proteger, cuáles son los cauces para protegerlas. También explíquenme cómo vamos a proteger a las menores que sufren abusos sexuales. Les recuerdo que el 80 % de los abusos sexuales en las menores se producen en el ámbito familiar y que están legislando para obligar a estas menores a depender de sus victimarios para interrumpir su embarazo no deseado. Por favor, explíquenme cómo vamos a proteger a estas menores, no han regulado ni una sola medida, en esta modificación, para protegerlas. Esto no se puede consentir.

Aparte de esto, que son los datos, la realidad y las consecuencias que se van a provocar, tenemos que decir también que esta modificación es contraria a la normativa internacional y es incongruente además con la propia normativa del Estado español. Voy a ir enumerando una por una los puntos en que esta modificación supone una incongruencia con las normativas que estamos obligados a cumplir. Por un lado, contraviene la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor. ¿Por qué? Porque esta ley desde hace bastante tiempo coloca a los menores en un estatus que no es al que ustedes ahora quieren hacernos retroceder, colocan al menor como titular de derechos y con capacidad progresiva para ejercerlos. Desde hace tiempo se entiende que la mejor forma de garantizar los derechos de los menores social y jurídicamente es promoviendo su autonomía como sujetos, y ustedes con esta reforma nos están haciendo retrotraernos a hace treinta años, colocando a las mujeres jóvenes como objetos pasivos, sin capacidad para decidir sobre sus vidas. Esta es la realidad. Pero vamos a seguir, el Consejo de Derechos Humanos en un informe muy reciente, de 17 de junio de 2015, de este mismo verano, titulado «La cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica», exhorta al Estado español a la retirada de esta proposición de ley por ser contraria a la normativa internacional de derechos humanos; repito, exhorta al Estado español a la retirada de esta proposición de ley por ser contraria a la normativa internacional de derechos humanos. Explíquenme, lo comenté en la comisión, explíquenme, por favor, por qué estamos contraviniendo las exhortaciones de los organismos internacionales de derechos humanos cuando nos lo están diciendo muy claro; por favor, contéstenlos. Sigo, la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, solicitaba a los Estados que eliminaran los obstáculos, precisamente de la legislación española actual, para que los menores jóvenes pudieran interrumpir el embarazo sin riesgos. Pues lo estamos haciendo muchísimo peor. Sigo, en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, de Naciones Unidas, el Comité de los derechos del niño también recomendaba que se permitiera a los menores poder acceder a determinados tratamientos sin el consentimiento de sus progenitores como, por ejemplo, tratamientos de VIH, servicios de salud sexual, métodos anticonceptivos y abortos en condiciones de seguridad. Esta reforma va a provocar abortos en condiciones de inseguridad, va a poner en peligro la vida de las mujeres. Sigo, otra referencia es nuestra propia normativa, la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente. Así, por la última modificación que se ha hecho este mismo verano, que ha entrado en vigor el 18 de agosto, se establece en el artículo 9.3 —justo el apartado anterior al que ahora vamos o, mejor dicho, van a modificar porque obviamente vamos a votar que no— lo siguiente: se otorgará el consentimiento por representación en las intervenciones quirúrgicas cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. Explíquenme cómo una mujer en estas situaciones dramáticas que estamos explicando no es ni emocional ni intelectualmente capaz de entender lo que es llevar hacia delante un embarazo o no; explíquenmelo y, sobre todo, explíquenme cuáles son los cauces para protegerlas, por favor.

Continúo. Esta reforma es incongruente con la regulación del Código Civil sobre la emancipación —artículo 320 del Código Civil—. El artículo 320 del Código Civil supone que con una emancipación judicial una mujer puede regir su persona y sus bienes, puede comparecer en juicio, puede estar casada, puede tener familia. Explíquenme el ejemplo siguiente: una mujer de 16, 17 años casada, con un hijo, con una familia, tiene un segundo embarazo y en su familia deciden no llevarlo a término. ¿Ustedes le van a obligar a depender de sus progenitores para llevar adelante ese segundo embarazo? Eso es lo que van a provocar. Es un absoluto sinsentido. Pero no solamente es un sinsentido, sino que, además, es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño que dice que hay garantizar que ningún niño sea objeto de injerencias arbitrales o ilegales en su vida privada o su familia. Y esto, señorías, es una injerencia en su vida privada y en su familia. Por favor, explíquenme cómo vamos a proteger a estas mujeres.

Continúo. Es también insostenible e incongruente con nuestra normativa en lo que se refiere a la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Según nuestra legislación en materia penal del menor, un menor es capaz de cometer delitos que van a ser sancionados —delitos considerados muy graves en el Código Penal como, por ejemplo, abusos sexuales— con la imposición de una medida de hasta ocho años en un centro de internamiento, en un centro cerrado, porque consideramos que con esa edad —con 16, 17 años— son suficientemente capaces para entender el significado de lo que hacen y de actuar con respecto a ese entendimiento y, sin embargo, entendemos que una mujer de 16 y 17 años no tiene capacidad para entender las consecuencias de llevar a término o no un embarazo. Explíquenmelo, porque es absolutamente incongruente.

Conclusión. Esto es una vulneración de derechos humanos de la mujer, un retroceso de derechos de la mujer. Esto va a provocar, sobre todo, muchísimo sufrimiento y va a provocar que se ponga en peligro la vida de las mujeres. No deberíamos permitir el colocar a una sola mujer en esta situación de desamparo, porque nosotros no estamos para vulnerar los derechos de los menores ni para vulnerar los derechos de las mujeres sino que precisamente estamos para defender sus derechos y hacer normas que beneficien a las personas más vulnerables. Y no todo lo contrario. Esta reforma es un sinsentido. Explíquenme ahora, por favor, cuáles son los cauces para proteger a estas mujeres de las que hemos estado hablando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Guillot para su defensa.

El señor GUILLOT MIRAVET:



Gràcies, senyor president.

Quisiera empezar la defensa de este veto, que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, con nuestro reconocimiento a una mujer, a Elena Arnedo, a su trayectoria y a su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres. (Aplausos).

Señorías, instalados ya en este aquelarre legislativo —vamos a discutir 16 proyectos de ley en dos semanas sin haber reformado el Senado, como nos comprometimos—, hoy vamos a celebrar el mayor acto de cinismo legislativo que ha realizado Mariano Rajoy, el mayor acto de cinismo legislativo. Hoy nos proponen modificar la Ley del aborto de 2010 con esta reforma parcial que Mariano Rajoy ni se ha atrevido a presentar como proyecto de ley ni ustedes a presentar y defender frente a este Plenario. Es una proposición de ley presentada por el Partido Popular que exige el consentimiento paterno a las mujeres menores de 18 años que quieran abortar. Señorías del PP, antes de cuatro meses la vamos a tumbar, les va a durar poquísimo; esta reforma va a durar menos de cuatro meses porque es una reforma que atenta contra los derechos de las mujeres. (Aplausos).

Antes de entrar en el contenido de la proposición de ley quiero hablar de lo que la señora González Vázquez, portavoz del Grupo Popular en el Congreso —allí sí presentó y defendió la proposición de ley—, denominaba la decisión —con la decisión se refería al aborto—. Luego entraré en el debate de quién y a qué edad se puede tomar esta decisión. Senadores y senadoras del PP, su compromiso electoral «cambiaremos el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida» está claro que queda aparcado. No van a realizar esta parte sustancial de su programa electoral. ¿Por qué? ¿Para no perder votos? ¿Por un cínico electoralismo? ¿Porque fue un error programático proponerlo? Espero, si pueden, que las o los portavoces del PP nos lo expliquen.

Señorías, en España, a lo largo de la legislatura Rajoy, se han practicado unos 440 000 abortos. De ellos, aproximadamente 400 000 lo han sido por voluntad de la mujer, derecho que ustedes negaban. Estamos hablando de que se practican en España aproximadamente 300 abortos cada día. ¿Cómo lo han permitido? ¿Cómo lo han permitido? ¿Por qué echaron atrás el anteproyecto de ley del señor Gallardón, que penalizaba el aborto a excepción de en determinados supuestos? ¿Dónde está su defensa del derecho a la vida? ¿Qué derecho más importante puede haber que el derecho a la vida que es un derecho absoluto? La verdad, no lo entiendo. Si yo estuviera convencido de que el aborto regulado en la Ley de plazos atentara contra el derecho a la vida, no lo dudaría: hubiera cambiado esta ley en el primer minuto de esta legislatura. Lo hubiera hecho, por ejemplo, mucho antes que la reforma laboral. Y lo que no entiendo es cómo ustedes, contando con amplísimas mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado, no lo han hecho. Y menos se entiende aún que hayan soliviantado a la opinión pública a lo largo de más de dos años y medio con el anuncio de una nueva ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo, que menudas polémicas generó, que luego no presentan y que encima les cuesta la dimisión del ministro de Justicia señor Gallardón; un Alberto Ruiz-Gallardón que en su primera comparecencia pública tras su dimisión afirmaba lo siguiente: No hay un solo motivo que se pueda anteponer al deber moral de defender la vida; no hay puesto de trabajo que justifique negar el derecho a la vida; lo único que sé es que me da asco. Este asco del que habla el señor Ruiz-Gallardón, ¿es compartido? ¿Es minoritario o mayoritario en el Grupo Parlamentario Popular? Lo veremos en la votación, aunque, viendo el comportamiento del voto del PP emitido en el Congreso, parece que hay poco asco y mucha docilidad en defender no ya su derecho a la vida, sino los intereses electoralistas del PP. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, para ustedes el cinismo en política no tiene límites, y como muestra un botón. Solo puedo explicarme que no reformen la actual Ley de aborto porque ustedes no creen que el aborto regulado por plazos de nuestra actual legislación y de los países más desarrollados de nuestro entorno atente contra el derecho a la vida. Porque, de no ser así, la única explicación posible es que no creen en nada, solo en votos. Tienen que elegir campo, tienen que elegir campo, ya, de una vez. Espero que sean conscientes de que si los motivos fueran otros, simplemente electoralistas, la cosa sería gravísima. Nos hallaríamos frente a una organización, de las más importantes de nuestro sistema de partidos, capaz de todo, sin ningún código de valores, no fiable en sus compromisos con la ciudadanía. Sería un partido capaz de cambiar creencias profundas de su ideario por un puñado de votos. Sé que entre ustedes hay excepciones, pero, según reflejan las votaciones del Congreso, poquísimas.

Señorías del PP, ustedes han incumplido flagrantemente uno de los puntos básicos de su programa electoral; han arriado, sin ninguna explicación, una de las banderas que con mayor fuerza enarbolaron en los años en los que en este país se conquistaban nuevos derechos civiles, nuevos derechos para las mujeres. Esto les ha pasado por comprometerse electoralmente con los sectores más integristas de la sociedad, por someterse a las presiones de una Conferencia Episcopal, la presidida por Rouco Varela, y por confundir las asistencias a las manifestaciones con votos. Esto pasa cuando se legisla desde principios ideológicos o religiosos, todos muy respetables, pero que no reflejan el interés general, el bien común ni el bienestar, la salud y la libertad de las mujeres, de todas, también de las de 16 y 17 años. Y esto les pasa porque ustedes no acaban nunca de entender que las mujeres son sujetos de derechos, entre ellos e irrenunciable, el de la maternidad deseada, libre y voluntaria. Cambiar la ley de plazos hubiera sido un ataque inadmisible a la autonomía moral de las mujeres españolas. Con todo —y se lo digo de corazón—, bienvenidas sean sus contradicciones, sus incongruencias y sus incumplimientos. Las mujeres de España podrán seguir acogiéndose a una ley: la actual, que respeta sus derechos.

Entro ya en el contenido de esta proposición de ley y en el debate sobre si las mujeres menores de edad pueden o no decidir por sí solas si quieren o no ser madres. Porque, señorías, es de esto de lo que estamos discutiendo, del derecho a que una mujer de 16 o 17 años embarazada sea o no madre, o la imposición de una maternidad no deseada por sus representantes legales; en la inmensa mayoría de los casos —antes se han dado muchas estadísticas—, los padres.

Permítanme, en primer lugar, una aproximación a la realidad de lo que estamos discutiendo. En 2014, del total de mujeres que abortaron, el 3,6 % eran menores de 16 y 17 años, unas 4000. De estas, no llegan a 500, lo hicieron sin informar a sus tutores legales. Y como es difícil desagregar los datos del número de mujeres entre 16 y 17 años, les daré un dato aproximado. En España hay unas 245 000 mujeres comprendidas entre estas edades. Han abortado, pues, un 1,6 % del total; y sin informar a sus tutores legales, el 0,2 % del total. Les recuerdo los datos porque, a veces, oyéndoles a ustedes, parece que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, haya provocado una especie de botellón abortista entre estas jóvenes, y esto es mentira. Los datos son los que son.

Otra mentira es afirmar que la ley vigente permite a las mujeres menores abortar a las bravas. Señorías —antes lo repitieron también portavoces de otros grupos—, el artículo 13.4 tiene tres párrafos: el primero, otorga la decisión a las mujeres; el segundo, señala con toda claridad que deberán informar a sus representantes y a sus tutores legales, y el tercero las exime de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave y cierto de violencia intrafamiliar, etcétera.

Señorías, ustedes están legislando para un colectivo de aproximadamente 500 mujeres, según datos de 2014: las más vulnerables, las más desprotegidas, aquellas que no pueden encontrar un amparo familiar a su deseo de no ser madres. Ustedes están legislando para ese colectivo e, insisto —como decían antes otras portavoces—, esto no está bien, esto es gravísimo y muy preocupante desde un punto de vista social. En realidad, con estos cambios ustedes no protegen, desprotegen a este colectivo, insisto, de lo más vulnerables.

Permítanme que les recuerde lo que afirma el examen de igualdad de las Naciones Unidas, examen que España ha suspendido estrepitosamente. La Cedaw —Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres— ha pedido al Gobierno que no adopte la decisión de que las mujeres entre 16 y 18 años tengan que necesitar el consentimiento de los padres para abortar, ya que les preocupan las repercusiones que puede tener un evento así en la salud de las menores.

Y una pegunta al hilo de lo que fue la intervención en el Congreso. Aquí, como solo ha habido silencio, comprenderán que contra el silencio no hay debate. ¿Las mujeres menores de 18 años son inmaduras o no? ¿No están capacitadas para decidir sobre su derecho a interrumpir el embarazo? El senador Saura y yo creemos que sí. Es más, si son inmaduras para decidir si deben abortar o no, ¡cómo van a ser maduras para ser madres! (Aplausos). ¡Es un disparate! Un disparate de la vida, no de la ideología, no de la moral, no de las creencias religiosas, sino de la realidad. La maternidad tiene que ser algo deseado, algo que una mujer —más aun entre 16 y 18 años— sea capaz de sobrellevar. Nunca puede ser la imposición de unos padres, de unos tutores o de unos representantes legales.

Insisto: no es razonable esta proposición de ley que nos presentan. Es una proposición de ley negativa. Señorías, la edad legal —termino, señor presidente— para mantener relaciones consentidas es de 16 años pero, como en tantos otros aspectos de la vida, el riesgo cero no existe, tampoco en las relaciones sexuales. Por tanto, si una menor de edad se queda embarazada involuntariamente, nadie, nadie, ni el Partido Popular, puede obligarle a ser madre.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté han presentado la propuesta de veto número 5.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, yo al igual que mi compañero, el senador Guillot, también voy a empezar esta intervención reivindicando en mi nombre, en el de muchas mujeres y también en el de muchos hombres, a una mujer, a la ministra Bibiana Aído (Aplausos). Porque gracias a ella y al Gobierno Zapatero, así como a las miles de mujeres que han luchado por nuestros derechos, hoy en España tenemos una Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo que garantiza la salud de las mujeres que deseen interrumpir su embarazo.

Y antes de entrar en la defensa del veto quiero recordarle, señoría, aunque todos los senadores que me han precedido lo han hecho, que su propuesta inicial sobre el cambio, sobre el retroceso que pretendían imponernos de la ley del aborto, fue derrotada porque la sociedad salió a la calle a decirles que no estaban dispuestos a retroceder en derechos y en libertades. Por eso ustedes la retiraron y, de paso, retiraron al ministro Gallardón.

Pero entro ya en materia, señorías; la proposición de ley, que no proyecto de ley, eludiendo así los dictámenes del Consejo de Estado, entre otros, no es una modificación menor; básicamente, porque duele. Y ese es el motivo por el que hemos presentado este veto. Esta modificación afecta a pocas mujeres de la población en general y a pocas de las que abortan cada año en nuestro país. Afecta a las jóvenes que se acogen al apartado 4 del artículo 13 de la Ley 2/2010, que es precisamente el artículo que ustedes proponen modificar. Y aunque ya lo hayan dicho los senadores anteriores, quiero leer este apartado 4 del artículo 13 de la ley vigente hoy en nuestro país. Dice así: En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos, uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer. Esto es lo que hacen casi el 90 % de las mujeres de 16 y 17 años en nuestro país. Pero la norma añade: Se prescindiría de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave manifestado en el peligro cierto de la violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. De esas mujeres y de sus derechos es de lo que hoy estamos debatiendo aquí.

Situémonos. ¿A cuántas personas afecta la norma que nos proponen? Ustedes lo saben, aproximadamente a unas 400, un 0,4 % del total de mujeres que abortan en nuestro país; un 0,2 % de la franja de edad a la que se refiere esta ley. Tienen 16 o 17 años y la mayoría no han tenido suerte. Digo que no han tenido suerte porque viven en entornos desestructurados, tienen padres que no ejercen como tales o están bajo la tutela del Estado. Actualmente, estas menores están protegidas en la ley. ¿Cuál es entonces el interés de desprotegerlas? ¿Por qué el Partido Popular quiere cambiar la ley? Porque quieren hacerlo cuando el Comité de Derechos Humanos en España de Naciones Unidas expresa en su último informe su preocupación por el trámite de esta ley. Le preocupa que esta reforma haga aumentar los abortos clandestinos; o cuando la Cedaw, el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, insistió este verano en que su reforma no fuese adoptada por el Gobierno; y cuando el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica, manifestó que la reforma es una medida contraria a las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, instando también al Gobierno español a retirar una nueva propuesta. ¿Cuál es su interés entonces? Tampoco es a día de hoy una demanda ciudadana mayoritaria. No vemos en las calles gente manifestándose a favor de esta modificación, señorías. Por lo tanto, solo nos cabe pensar que su iniciativa está hecha básicamente en clave electoral. En clave electoral retiraron el proyecto Gallardón y en clave electoral nos proponen ahora esta reforma.

Me gustaría mucho pensar que esto no es así, pero yo no encuentro otra explicación y ustedes no han salido a darnos los argumentos, al principio del debate, para que ahora podamos debatir sabiendo exactamente cuáles son los motivos que hacen que ustedes hayan decidido desproteger a las menores de 16 y 17 años que se encuentran en una situación muy complicada.

Por lo tanto, ante una proposición de ley que genera sufrimiento, aunque sea a pocas mujeres, mi grupo no puede permanecer impasible y si el objetivo es electoralista muchísimo menos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida y agradecerles que estén aquí las personas que nos acompañan en la tribuna.

Me van a permitir —ya lo ha dicho otro senador— que mis primeras palabras sean para expresar un emocionado recuerdo para nuestra compañera Elena Arnedo, una mujer comprometida con el feminismo, una mujer pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. (Aplausos).

Señorías, como voy a empezar leyendo algo que es muy interesante, les digo a los senadores y senadoras del Partido Popular que presten atención especialmente. Les leo: «Con la convicción más grande, defenderé un proyecto largamente reflexionado y deliberado. Un proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y de injusticia, así como aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo». Así comenzaba la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la defensa de la Ley del aborto en el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre del año 2009. Son las mismas palabras que otro 26 de noviembre, pero 35 años atrás, había utilizado Simone Veil, ministra de Sanidad francesa, de un Gobierno conservador, para presentar el proyecto de despenalización del aborto. Y hoy, casi seis años después, fíjense ustedes, lamentablemente estamos aquí defendiendo con todas nuestras fuerzas y nuestras energías ese gran proyecto de ley que fue la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, señorías. (Aplausos). Ustedes nos quieren retrotraer ya no a 35, sino a 40 años atrás en este país y luego se les llena la boca con que somos pioneros en todo el mundo en derechos sociales. Pero, por favor.

Casi todos los argumentos que yo tenía en mi intervención los han repetido todos los senadores y senadoras que me han precedido en el uso de la palabra. Fíjense ustedes, el Gobierno no ha sido capaz de venir aquí, dar la cara y presentar un proyecto de ley. No ha sido capaz. (Aplausos).Nos ha presentado una proposición de ley por la puerta de atrás para eludir todos los informes preceptivos. ¿Esa es la transparencia y la forma que ustedes tienen de dar la cara y de defender sus ideologías? No olvidemos que esta proposición de ley no es una necesidad social, como me dijeron a mí en la Comisión de Sanidad. Yo no he visto por ahí manifestaciones de gente pidiendo que por favor presenten ustedes esta proposición no de ley. Sí que las hemos visto en sentido contrario (Protestas). No se enfaden, señorías; no entremos en un diálogo; no se enfaden, por favor; respeten a esta senadora que está en el uso de la palabra. Les pido respeto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora LLINARES CUESTA: Uno de los principios básicos de todo ser humano es el respeto a la diversidad, el respeto a quienes tenemos opiniones diferentes, porque por eso estamos en grupos políticos diferentes. Porque a mí no me une nada a lo que ustedes piensan, y por tanto, estoy en mi derecho de expresar lo que el Grupo Parlamentario Socialista opina en este sentido.

No hay ni un solo argumento ni científico ni social ni médico ni de seguridad sanitaria para que ustedes presenten esta proposición de ley. Lo único que se pretende es contentar a un sector más reaccionario y del Partido Popular y captar algunos votos, y eso es penoso; un ataque brutal a los derechos de las mujeres, en este caso de las menores de 16 y 17 años, que son personas más vulnerables, para intentar conseguir votos; y eso, señorías, es intolerable. Lo han dicho ya otros senadores y senadoras, pero se lo voy a repetir porque van a salir aquí y van a intentar confundir, no a nosotros, sino a la ciudadanía, que es lo que mejor les va a ustedes, mezclarlo todo y confundir a la ciudadanía para ver si así cazan algún voto.

Estamos hablando de la modificación del artículo 13.4 del Título II que dice específicamente —lo leo textualmente—: En el caso de las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue que esto le provocará un conflicto grave manifestado en peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o que se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Esto es lo que dice la actual ley en vigor, y no lo que ustedes pretenden que diga. Por tanto, no falten a la verdad y no intenten confundir.

La realidad —se lo han dicho aquí— es que desde su entrada en vigor solo el 0,44 % no pudo informar a sus progenitores por esos dramáticos casos que les hemos repetido una y otra vez a lo largo de este Pleno. ¿Dónde está la desprotección de estas menores? Díganoslo, por favor, ¿porque sabe cuál va a ser esa desprotección? La que van a sufrir con la modificación que ustedes pretenden llevar a cabo, porque les van a obligar a la clandestinidad, les van a obligar a practicarse abortos inseguros sanitaria y jurídicamente, y también va a suponer un riesgo para los profesionales. A eso es a lo que ustedes les van a conducir con esta modificación de la actual Ley del aborto; una modificación totalmente innecesaria. Como le he dicho, lo hacen por la puerta de atrás, sin que el Gobierno dé la cara, sin consenso social y sin consenso político. ¿Pero van a continuar ustedes diciendo, después de que se han presentado 7 vetos, que lo que decimos los grupos de la oposición no es cierto, que lo que ustedes quieren es proteger a las mujeres?

Voy a ser repetitiva, pero es que es así. Todas las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Relator Especial de la ONU, han expresado su preocupación por la relación directa que hay entre las leyes restrictivas y el aborto clandestino y su riesgo para la vida y la salud de las mujeres. El aborto inseguro es uno de los factores que más contribuye a elevar las tasas de mortalidad materna, y también es causa de lesiones crónicas e infertilidad, señorías. En los países donde el aborto es ilegal el riesgo de muerte y lesión de las mujeres que buscan interrumpir su embarazo es como promedio 30 veces más alto que en los países donde el aborto está permitido legalmente ¿Eso es lo que ustedes quieren, señorías? Pues eso es lo que están ustedes proponiendo con esta modificación de la ley.

Ustedes le ponen un pomposo nombre a esta iniciativa que dicen que es para la protección de las menores, pero es lamentable que hoy aquí, en esta Cámara, en este Senado, se vaya a producir el atentado más brutal contra los derechos de las mujeres y muy especialmente de las mujeres menores. Eso es lo que va a pasar hoy aquí en el Senado, señorías. Creo que deberían rectificar. Se lo he dicho muchas veces; ayer cuando hablábamos de sanidad y hoy cuando hablo del derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres, para que aquellas que no quieran serlo que tengan garantizadas unas condiciones de seguridad sanitaria y de seguridad jurídica. De eso es de lo que tenemos que hablar. Ya les han dicho que solo el 3,6 % de las interrupciones voluntarias del embarazo son de jóvenes en estas edades. Luego nos dirán, como ya hicieron, que si hay conflicto siempre estará el Código Civil, la Ley de la autonomía del paciente, la de protección de la infancia e incluso la jurisdicción voluntaria. Eso es lo que alegan ustedes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!

Esto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no es tolerable bajo ningún concepto y por eso hemos presentado este veto, porque esta proposición de ley no solo cercena los derechos de las mujeres, sino que también quiebra, les guste a ustedes o no, una situación jurídica impresionante. La ley en vigor se ha aplicado con tranquilidad; no ha habido ningún problema; está garantizada la seguridad sanitaria y jurídica; respeta los derechos de las mujeres; y ustedes al final de la legislatura nos presentan esta proposición de ley a la que llamamos, ya se lo dijimos en comisión, «ley trueque» porque cambia derechos de las mujeres jóvenes por un puñado de votos, y eso es lo que ustedes están pretendiendo con esta proposición de ley.

Señorías, si en España el acceso de las adolescentes al aborto seguro y de calidad se viera obstaculizado por motivos de interpretaciones legales restrictivas deberá tenerse muy presente el impacto familiar y social, sobre todo el impacto sobre la salud y los derechos de las mujeres.

Por todo ello hemos presentado este veto y anuncio también que nuestro grupo votará favorablemente los vetos de los demás grupos. Les pido, con humildad y con respeto, que de verdad no sigan adelante, que aprueben los vetos y que retiren esta proposición. Si no lo hacen tengan la seguridad de que dentro de muy poquito tiempo ésta será una de las primeras leyes que derogará el Grupo Socialista. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Llinares.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna en representación de mi grupo, del Grupo Popular, a defender el derecho y la opinión de una amplia mayoría social que no piensa como ustedes, y por eso no les han votado. No les han votado porque ustedes, cuando aprobaron la anterior ley, no lo llevaban en su programa electoral; fue una ley que presentaron por sorpresa.

Les adelanto también que no compartimos ninguna de las opiniones, de los mantras, en muchos casos de los eslóganes, que algunas de sus señorías presentaron hoy aquí; por lo tanto, vamos a votar en contra de todos los vetos. (Rumores). De lo que hoy tratamos aquí... (Rumores), si me dejan que se lo explique...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor; guarden silencio.

La señora PAN VÁZQUEZ: De lo que hoy tratamos aquí no es de interpretaciones interesadas, aquí de lo que tratamos es de una proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y de las mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

El objeto de la proposición de ley es modificar la legislación en vigor en el punto relativo a reincorporar el consentimiento de los progenitores cuando se trata de un aborto practicado a menores de edad (Rumores, es decir, a niñas, señorías —nuestras niñas, porque en casa las llamamos niñas— de 16 y 17 años, para devolver a los padres y a las madres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas.

Se trata, señorías, aunque a ustedes les haga mucha gracia, porque les veo reírse mucho, de la protección del menor; se trata de la transcendencia de la decisión que tienen que adoptar y del núcleo esencial de esas figuras jurídicas contempladas en el artículo 154 del Código Civil.

Señorías, con esta proposición de ley se establecen dos modificaciones legislativas muy concretas: se elimina el apartado 4 del artículo 13 de la Ley 2/2010 y se modifica el artículo 9.4 de la Ley 41/2002, para proteger a las menores, señorías, sin entrar en el debate de ningún otro de los asuntos, algunos de ellos pendientes todavía de resolución por parte del Tribunal Constitucional. Esta modificación no es contraria ni contradictoria con la legislación vigente. No intenten ustedes confundir a la sociedad.

Señoría, ningún Gobierno hasta el actual ha sido tan sensible con la problemática que afecta a las mujeres y a los menores. Se ha legislado, aunque ustedes se quejen de exceso de legislación; sí, se ha legislado, pero también se han adoptado numerosas medidas que se han dotado presupuestariamente para su desarrollo. Si alguna de sus señorías no la tiene, yo tengo un documento ahí, en mi escaño, de legislación comparada, y en cualquier momento se lo hago llegar.

Señorías, aquí no se quitan derechos. No puede uno quitar lo que no existe ni ha existido nunca. No se puede quitar un derecho que no existe en la actual ley como derecho. Ustedes mismos se contradicen en su argumentación. Hay grupos en esta Cámara que quieren ir más allá, que han presentado enmiendas y que quieren que se modifique a mayores la actual legislación vigente para que se incorpore como derecho lo que actualmente ni la ley en vigor ni ninguna otra ley contempla. Por lo tanto, aquí no se conculcan derechos, señorías.

Señorías socialistas, cuando ustedes presentaron la actual ley en vigor, cuando se presentó a debate, no contemplaba la regulación del consentimiento de las menores a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos en los que finalmente se aprobó en el proyecto de ley. Era una cuestión tan poco pacífica, señorías, que el Gobierno Socialista decidió no incorporarla; fue después en una enmienda cuando se introdujo. Era tan poco pacífica, que en una encuesta del diario El País en aquellos momentos, el 56 % de los votantes socialistas se oponía a que las menores abortaran sin conocimiento de sus progenitores, tan poco pacífica como eso. Era tan poco pacífica que provocó declaraciones de los señores Barrera, Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra, José Bono, etcétera, totalmente contrarios a que se introdujera esta cuestión en la ley. No era pacífica, señorías, porque, además, ellos consideraban —y son palabras de ellos— que no equilibraba adecuadamente la autonomía de las menores con los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela de sus progenitores o tutores.

Señorías, la ley tampoco es contradictoria con la legislación vigente del sistema de protección a la infancia —¡Cómo va a serlo, si este Gobierno es el que más ha hecho en relación con este asunto!—, una legislación que promueve, entre otros, claro que sí, que los menores tienen que ser oídos cuando tengan la madurez suficiente. Este Gobierno, señorías, como les digo, ha trabajado en la protección de los menores, les ha dado y les ha conferido visibilidad y se ha legislado para ello. Y hoy damos un paso más con el proyecto que presentamos para su debate y aprobación en esta Cámara.

El objeto de este proyecto de ley no es la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, no lo es, ni reabrir tampoco su debate, sino que se trata de la necesaria complementariedad de los consentimientos del menor y de sus representantes legales. Y no me cansaré de decirlo, porque este es el objeto del proyecto que hoy presentamos.

Finalmente, señorías, quiero recordarles que la ley en vigor tampoco tuvo el refrendo mayoritario que ustedes han dicho aquí. Es más, quiero recordar que algunos grupos que hoy han presentado veto, en su día votaron en contra de la ley que ustedes han denominado Aído.

Por todo ello, señorías, señor presidente, vamos a votar en contra de todos estos vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, Compromís comparte todas las propuestas de veto presentadas, y también apoyaremos todas las enmiendas y las haremos nuestras. En ellas ya se documenta cómo de innecesaria es esta proposición de ley. Entendemos que no hace falta legislar donde no hay un problema, ya que la actual normativa funcionaba correctamente. Señores del Grupo Popular, se dedican ustedes directamente a secuestrar la actual normativa por fines puramente ideológicos, no para solucionar carencias, que no existían, sino para crear un conflicto bajo el prisma de su ideología. Transforman ustedes las leyes en contra de todos, sin la más mínima intención de buscar el consenso y malgastan el limitado tiempo que tenemos aquí y el esfuerzo dedicado a ello, cuando realmente debían invertirlo en aquello que urge en nuestra sociedad, que es la lucha contra la violencia y la desigualdad, que ojalá les ocupara tanto tiempo como esto.

Esta propuesta miente de principio a fin no solamente en el documentario de justificación, sino también en el propio título. Esta no es una legislación para proteger a ninguna menor ni a ninguna mujer con capacidad, modificada judicialmente, solamente protege su ideología más reaccionaria. No protege a ninguna mujer sino que las castiga, dificulta la solución a sus problemas y las estigmatiza todavía más.

Sufren ustedes de un mal de licantropía política. Se quieren vender de cara a la galería como un partido liberal, contemporáneo y moderno, pero cuando aparece la luna llena sacan la bestia que llevan dentro y aparece el más rancio nacionalcatolicismo.



Supuran ustedes, señores del Grupo Popular, por los poros del peor de los integrismos y no pueden evitar mostrarse como lo que real e ideológicamente son: pura reacción y caspa. (Protestas). Tranquilos, que estamos en cuarto menguante; tranquilos, que no tienen que sacar la bestia todavía. Tranquilícense ustedes y escuchen, como los demás les escuchamos.

No solamente es un acto fallido proponer este tipo de legislaciones, que les delata porque lo hacen con una clara intencionalidad. Saben que son perfectas cortinas de humo para tener ocupados a todos, a los senadores y a la ciudadanía, y escandalizados con estos posicionamientos reaccionarios para que no estemos atentos a sus continuos avatares que llevan a los suyos ante la justicia. Presentan propuestas tan extremas como estas para eclipsar sus escándalos, llámenlos el caso Rato, Gürtel, Rita Leaks, o como quieran, y para alimentar sus raíces ideológicas para contentar a un público más radical y extremista que se ve claramente reflejado y defendido por ustedes.

Saben que esta es la única utilidad que tiene presentar este tipo de leyes, porque cuando pronto llegue un Gobierno normal a este Estado, sin hipotecas confesionales como las suyas, estas leyes de retroceso se van a cambiar. Esta ley está dictada por una jerarquía eclesiástica alejada del sentir de la mayoría de los católicos, afortunadamente, y es que a ustedes, señores del Grupo Popular, les pesa más el rosario que la razón, o tal vez no el rosario sino directamente el cilicio, porque incluso la Iglesia católica es más avanzada en sus planteamientos que ustedes. En la prensa de hoy el propio papa Francisco anunciaba que hace gratuita y más ágil la nulidad matrimonial; mientras que la Iglesia católica, que en teoría les inspira, va avanzando lentamente, ustedes retroceden de manera acelerada.

No les pido que sean progresistas ni modernos, ni adaptados al tiempo, ni que miren al futuro, simplemente les pido que no vayan al pasado, que estén en el presente y que actúen como nos merecemos los españoles. No les pase a ustedes como en la película Regreso al futuro, en la que viajan al pasado y al presente y al final se acaban perdiendo en la Edad Media y en el periodo inquisitorial.

Para finalizar, de la misma manera que hacía míos los vetos, también hago mía la proclama, que habrán escuchado muchas veces, de: señores del Partido Popular, saquen ustedes los rosarios de los ovarios.

Muchas gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.

Amaiur va a votar a favor de todos los vetos presentados porque creemos que las medidas que se proponen no reforzarán la protección de los menores, que es el objeto de la proposición de ley. Además, pensamos que esta medida parte de una posición equivocada: la Ley de 2010 no dice que los menores de 16 y 17 años puedan abortar sin conocimiento de sus padres; todo lo contrario, la ley exige hacerlo para poder abortar; únicamente quedan exentas aquellas que demuestren grave conflicto. Esto hay que dejarlo claro y remarcarlo.

Otro argumento que se ha esgrimido es que los menores utilicen el aborto como un método anticonceptivo, otra mentira que las cifras han destapado. Con los datos del año 2014 en la mano, vemos que de los abortos practicados solamente el 3,6 % fueron de menores, y que de ese 3,6 % de menores que abortaron, el 88 % lo hicieron acompañadas, y las que no lo hicieron justificaron debidamente su decisión; es decir, solo el 0,44 % de todos los casos abortaron sin informar, o, dicho de otra manera, casi todas fueron acompañadas por algún progenitor o tutor.

Por tanto, si no refuerza la protección de los menores y si la necesidad no está justificada por los datos, ¿a qué se debe este interés de protección a los menores de 16 y 17 años?

La semana pasada, en la propuesta de la Ley Orgánica de la Ley de enjuiciamiento criminal, ustedes dejaron fuera de esta protección a los menores de 16 y 17 años, ya que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, estos menores van a poder estar en régimen de incomunicación. Repito, ustedes, la semana pasada, dejaron fuera de esta protección a menores de 16 y 17 años. Resulta que para ustedes aquellos menores no merecen la misma protección que buscan para estas menores. Señorías, lo que ha sucedido es que han querido contentar a una parte de su parroquia después de la marejada que se formó con el intento de reforma de la Ley del aborto.

Tampoco nos sorprende la forma de legislar, a base de recortar libertades, lo que llevan haciendo desde el inicio de la legislatura. Han recortado el derecho a la información, el derecho a la manifestación, el derecho a decidir, pero en este caso, como no han podido hacer todo completo, hoy recortan un poquito justo a aquellas mujeres que más protección necesitan: las menores en situación de conflicto y vulnerabilidad. El problema es que para ustedes la protección se traduce en el «nosotros decidimos por ti». Lástima, que si tan preocupados están de proteger a las menores en situación de vulnerabilidad, no se les ocurra invertir en educación, también en educación sexual, y no se les ocurra invertir en sanidad, en protección social. Pongan medios para paliar esta situación extrema y dejen de limitar nuestras vidas privadas. No se han enterado, señorías, de que lo único que consiguen con estas medidas es reafirmarnos en la necesidad de que debemos ser nosotras mismas, las mujeres, las que decidamos sobre nuestros cuerpos, las menores y las que no lo somos. No admitiremos injerencias en nuestras libertades. Por mucho que ustedes se empeñen, nuestra libertad nos pertenece y nuestro cuerpo también.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok, voy a fijar la posición del Grupo Vasco en el Senado ante este proyecto de ley, y voy a repetir los argumentos que ya se han utilizado esta noche en cada una de las intervenciones que me han precedido, salvo en el turno en contra, obviamente.

Este también es otro argumento. Todos los grupos hemos utilizado los mismos argumentos, hemos presentado las mismas enmiendas y, al final, el Grupo Popular se ha quedado solo en la defensa de este proyecto de ley, una vez más, porque se ha quedado solo muchas veces, pero probablemente, no sé si nunca pero muy pocas veces, con una coincidencia de argumentos y de enmiendas tan amplia como la de esta noche.

Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo una reflexión que me parece importante en este momento. Cuando se discutió en estas Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo, el Grupo Vasco dejó claro que esta no era la ley que nosotros hubiéramos hecho si nos hubiera correspondido hacerla a nosotros solos. Consideramos entonces que el recurso a la interrupción del embarazo es siempre un drama y una situación traumática para la mujer y también para su entorno inmediato; un drama porque quien recurre al aborto no lo hace por gusto, y mucho menos con ligereza o por frivolidad, y no lo hace nunca, paradójicamente, de manera voluntaria, porque sus circunstancias personales, sociales, médicas o de otro tipo son las que no le dejan elegir.

Si la situación creada para la mujer es dramática, sus soluciones también lo son, y eso es un aborto: la consecuencia dramática de una situación dramática y desesperada. Por eso, el Grupo Vasco vio la necesidad de tomar la decisión de buscar una salida lo más digna y segura posible para las mujeres que se encontraban, por avatares de la vida, en esa dramática situación. Y vimos también claramente que la solución no era legislar de mentira, haciéndonos trampas en el solitario sino buscando las vías más sensatas y lógicas e incluirlas en una ley, no hacer una ley que no permitiera nada y después mirar para otro lado para que todo fuera mal o peor. Como digo, buscando las vías para conseguir un equilibrio sensato entre la necesidad de solucionar una situación no deseada y traumática, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y la necesidad de que todo esto se hiciera sin poner en riesgo la vida de aquellas mujeres que, en cualquier caso, decidieran recurrir a la interrupción del embarazo común y con recursos posibles para solucionar su dramática situación. Este fue el ejercicio de responsabilidad que el Grupo Vasco hizo en 2009. No era nuestra ley ideal pero sí fue la única ley que podía salir adelante, fruto del amplio consenso de casi todos los grupos políticos; y esto reza también para el apartado 4, del artículo 3, de la mencionada Ley 2/2010.

Por eso mismo consideramos que no es el momento para proceder a su modificación, esencialmente porque, como hemos visto en esta sesión, hasta ahora no existe el consenso necesario para ello, y cuando hablamos de consenso no hablamos de mayoría solamente, hablamos de consenso entre todas las sensibilidades presentes en estas Cortes Generales, sensibilidades que a veces tienen menos votos y otras tienen más. Ya por sí sola, la falta de consenso entre las fuerzas políticas nos parece suficiente para posicionarnos en contra de este proyecto de ley, pero hay más en el fondo.

Dice el preámbulo que el que las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padre y/o madre, persona que ostente la patria potestad o tutores, según proceda, es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos totalmente de acuerdo. Esto no lo puede discutir nadie, es así. Yo soy padre de adolescentes, y es así.

Prosigue el texto. «Su cuidado —del menor— comprende el núcleo esencial de todas estas figuras jurídicas, y así lo fija el Código Civil en el artículo 154, estableciendo que entre los deberes y facultades del ejercicio de la patria potestad está el de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.» Esto debería ser así siempre, señorías, y no porque lo diga el Código Civil, sino porque debería ser así siempre. Eso forma parte de nuestra ética, de nuestra moral y del derecho natural. Por eso, las referencias a estos preceptos legales no solo no nos pueden servir para justificar este proyecto de ley, sino para todo lo contrario; nos tiene que servir para saber cuál es la normalidad dentro de la familia y poder hacer una excepción a aquello que no es normal.

La redacción del apartado 4 del artículo 13 de la ley vigente no va dirigida a estas familias que han procurado y conseguido, dentro de unos parámetros sociales normalizados, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurar una formación integral. Estos progenitores, padres y madres, tienen garantizado que van a ser, en todo caso, informados de la decisión de la menor, si no los dos, siempre, por lo menos uno. Las menores que han sido educadas en unos valores normales, a las que sus progenitores han procurado una formación integral, con todo lo que eso, conlleva difícilmente se van a plantear no informar a sus progenitores, porque nadie en una situación tan dramática como puede ser la necesidad y la decisión de abortar prescinde de las personas que más le pueden apoyar y que seguramente más quieren y más necesitan.

La ley dice que se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo. No parece que esta situación de conflicto grave sea especialmente compatible con unos progenitores que han procedido de acuerdo con la ética, la moral y los preceptos del Código Civil en los que se justifica este proyecto. Por tanto, la excepción a la obligación de informar es por qué no se cumple eso que dice el Código Civil. Y es precisamente en estas situaciones de no normalidad familiar en las que, por el bien del menor, la decisión de interrumpir el embarazo no debería ser notificada a unos progenitores que, dicho sea de paso, a lo mejor tampoco deberían ser considerados como tales, ni a los ojos del Código Civil ni de la moral ni de la ética, en nuestra sociedad.

Sí es cierto, por lo menos en mi modesta opinión, y es una opinión personal, que en esta situación de conflicto grave los poderes públicos deberían tener un papel protector y buscar las fórmulas para poder ofrecer salidas dignas, razonables y seguras para evitar el recurso de la interrupción del embarazo, y tal vez hubiera sido muy positivo que esto se recogiera en la ley, en la línea de una de las enmiendas que presenta Convergència i Unió, la número 34, a este proyecto de ley. No fue así, aunque tampoco se impide, y esta podría ser una buena línea de trabajo, importante para mejorar la norma vigente, siempre de manera consensuada.

Por otra parte, hay otra realidad, a la que también se ha aludido y que hemos de tener en cuenta: las menores inmigrantes, especialmente en situación irregular y en situaciones especiales, que o bien no tienen un tutor a quien notificar su situación o bien sus padres se encuentran en su país de origen y no pueden dar su consentimiento para proceder a la interrupción del embarazo. La senadora Julios ha pormenorizado muchos de estos casos y lo ha hecho muy bien. En estos casos, ¿qué pasa? ¿Estarían obligadas las menores a mantener su embarazo, independientemente de su situación, porque no pueden acceder a sus padres? Sinceramente, no se entiende. No parece razonable, y además es muy peligroso porque estas menores solas y sin recursos sociales ni económicos van a acabar obligadas a recurrir a abortos ilegales, y eso es lo que teníamos que evitar con la Ley del aborto.

Las estadísticas, ya se ha dicho a lo largo de esta sesión, vienen a refrendar todo esto que estamos diciendo. Por lo tanto, la falta de consenso suficiente, el peligro de maltrato y violencia en los casos de familias desestructuradas y conflictivas y la imposibilidad del cumplimiento de la ley en casos excepcionales son las tres razones principales por las que el Grupo Vasco pide la retirada del proyecto de ley, votará a favor de todos los vetos y se va a abstener en la votación de todas aquellas enmiendas que no son de supresión y que intentan modificar el proyecto de ley.

Y una última reflexión que también se ha hecho —tengo muy poco tiempo, aunque no voy a utilizar probablemente más que este turno y, por lo tanto, pido benevolencia al presidente—. Hace unos meses, allá por marzo de 2004 yo subía a esta tribuna para defender la posición del Grupo Vasco en una moción presentada por la senadora Almiñana que instaba a la retirada del entonces llamado Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. En aquel momento la preocupación de todos era que el anteproyecto planteado saliera adelante y que el Grupo Popular, haciendo uso de su rodillo, la aprobara; incluso algunas voces se cuestionaban la propia existencia de la Ley del aborto y pedían su abolición sin alternativas. Pues bien, señorías, hoy no estamos discutiendo sí o no a la ley, ni estamos discutiendo si la ley debe ser reivindicaciones o plazos, ni los plazos, ni las condiciones, ni los derechos de la mujer, salvo, evidentemente, los de las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo.

Realmente —permítanme la expresión—, con todas las comillas posibles, estamos discutiendo un tema no nuclear para la existencia de la ley; muy importante y vital para estas mujeres de 16 y 17 años en situación de alto riesgo, pero no sustancial para la existencia de la regulación del aborto. Y estamos en esta situación porque el Grupo Popular ha renunciado a utilizar su mayoría absoluta para imponer de forma unilateral aquel anteproyecto con el que nos amenazaba a toda la sociedad allá por marzo del año pasado. Y sinceramente, corríjanme si me equivoco, es la primera y única vez que el Partido Popular no se ha atrevido a utilizar su mayoría absoluta para aprobar una de sus promesas electorales más apreciadas. No ha tenido ningún empacho en modificar el sistema sanitario, la dependencia y la LOMCE; en decir Diego donde dijo digo con la Ley de costas; en aprobar una reforma laboral como la que aprobó; en aprobar una Ley de racionalización municipal nefasta para muchas entidades locales; en aprobar leyes de seguridad nacional que han sido criticadas por todos los grupos por retrógradas, y muchos etcéteras más. No ha tenido problemas para modificar normas tan importantes como estas y, en cambio, en la Ley de interrupción del embarazo no presenta este proyecto de ley. Señorías, debería ser una buena noticia, porque el Partido Popular no ha planteado la reforma como la tenía prevista y porque tampoco ha esperado a la sentencia del Tribunal Constitucional.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Esto, señorías, solo puede interpretarse como una aceptación implícita de la propia Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo hoy vigente, aunque me consta que a algunas de sus señorías no les gusta escuchar esto.

Por todo esto, señor presidente, nosotros anunciamos que vamos a votar a favor de todos los vetos, a favor de todas las enmiendas de supresión y nos vamos a abstener en aquellas enmiendas que plantean alguna modificación de la ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Esta modificación que estamos debatiendo, senadora Pan, no es un problema de legislación comparada, es un problema de ideología. Intentaré explicar otra vez de forma didáctica por qué esta proposición de ley que afecta a las mujeres más vulnerables nos tiene tan preocupados. Les recuerdo que decimos que son las mujeres más vulnerables. ¿Por qué? Porque son mujeres jóvenes, o niñas de 16 y 17 años, con pocos recursos emocionales y pocos recursos económicos, y —como ya hemos dicho— que viven en entornos desestructurados. ¿Qué quiere decir pocos recursos emocionales? Es muy fácil, en la juventud temprana, en la adolescencia o saliendo de la niñez —me da absolutamente igual el nombre que quieran ponerle— no tienen suficientes herramientas para poder gestionar solas un embarazo no deseado, pero la gran paradoja es que ellas no son conscientes de ello, precisamente por eso, porque a esa edad, cuando uno es adolescente, la percepción del riesgo es distinta. ¿Por qué pocos recursos económicos? Veamos, señorías, no nos engañemos, con recursos económicos podrán, sin comunicarlo a sus padres, realizar una interrupción voluntaria fuera de nuestro país; lo podrán hacer. Una chica de 17 años puede ir a pasar un fin de semana con unas amigas a algún sitio y sus padres podrían confiar perfectamente en ella. Por lo tanto, está claro que si hay recursos es más fácil. Pero solo aquellas jóvenes sin recursos económicos están en una situación de riesgo, absolutamente de riesgo, sin una cobertura legal adecuada. Y cuando digo que estas jóvenes viven en entornos muy complicados —ya lo hemos dicho muchísimas veces— hablo de esas jóvenes que tienen violencia intrafamiliar o que simplemente tienen unos padres que no ejercen como tales; son las llamadas familias desestructuradas, esas a las que pertenecen estos menores, a las que ampara el artículo 9, apartado 4 de nuestra ley actual. Ustedes pretenden que, entre el miedo y la angustia de estar embarazadas, empiecen un camino judicial para demostrar que sus padres no ejercen como tales. Mientras, el estado de gestación avanza, porque esto no es un problema que podamos parar y volver a empezar, es que las gestaciones avanzan, y practicar un aborto a las doce semanas no es lo mismo que a las catorce o a las ocho semanas. Eso es algo que hay que tener en cuenta.

Nosotros decimos que estas mujeres se merecen lo mismo que cualquier mujer: poder abortar sin poner en peligro su vida. ¿Qué creen que harán estas chicas cuando sepan que están embarazadas? ¿Qué creen que harán, aparte de llorar, angustiarse y preocuparse? Seguramente se lo contarán a una amiga, y lo segundo que harán será buscar en internet, seguro que harán eso, porque esta generación hace eso. ¿Y qué encontrarán en internet? Pues encontrarán medicamentos para interrumpir un embarazo. Estas pastillas requieren supervisión médica, son pastillas que se dan hoy en día en nuestro país, siempre supervisado por un médico o por una enfermera, y requieren controles ecográficos. Pero ellas no tienen por qué saber toda esta información, porque no olviden que no valoran los riesgos igual que nosotros, y acabarán adquiriendo estas pastillas sin garantías, sin saber si están adulteradas, y seguramente pagarán un precio demasiado alto por ellas. Estos medicamentos tienen un índice de fallos de entre un 5 y un 9 % y el embarazo seguirá adelante. ¿Y entonces que harán estas chicas embarazadas que se han tomado una medicación que ha fallado y que tendrán miedo y no se lo habrán contado a sus padres porque no están? Pues, seguramente se arriesgarán a ir a una clínica clandestina en un estado más avanzado de gestación poniendo en peligro su vida. O simplemente no sabrán afrontarlo, no sabrán cómo salir de ese entramado, de ese problema, cómo afrontar un miedo a hablar con sus progenitores, unos progenitores que no están, y llevar a cabo un embarazo.

¿Tener un hijo? ¿Criarlo? Yo creo que no es la mejor opción para alguien que no desee hacerlo. Seguramente alguna —y no lo digo por exagerar, lo digo convencida de que es verdad— intentará acabar con su vida. Alguna lo intentará. Lo que está claro es que todas, absolutamente todas, tendrán miedo, dolor y angustia. Y en cualquier caso en el que se produzca una sola muerte, un solo fallecimiento por complicaciones de una mala praxis médica o por un suicidio de una mujer de 16 y 17 años a la que no hemos dado la oportunidad de decidir sobre su maternidad, esta modificación dejará de ser un asunto menor.

Por todo ello, todo el Grupo de la Entesa, todo, absolutamente todo nuestro grupo, los senadores de Iniciativa y los senadores del Partit Socialista, PSC votarán a favor de los vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.

Señorías, como saben, en un tema como este, tradicionalmente Convergència i Unió han mantenido posiciones diversas y libertad de voto, a pesar de que desde hace un tiempo esto se elabora de una manera diferente. Por tanto, yo voy a defender en este breve turno la posición de los senadores de Unió Democràtica de Catalunya, y después, nuestra compañera, Maite Rivero, defenderá la posición de Convergència Democràtica. Así pues, yo fijo la posición de los senadores de Unió en este proyecto de ley orgánica. Desde un primer momento Unió Democràtica se opuso a la ley actualmente en vigor. Consideramos en su momento que había aspectos inconstitucionales. Se presentaron recursos a algunos artículos en el Tribunal Constitucional, que todavía no ha emitido un fallo al respecto. Nuestra oposición a esta ley era tanto por nuestro convencimiento de su inconstitucionalidad como por algunos puntos que considerábamos no adecuados, y uno era que no constara la autorización paterna para las menores de 16 y 17 años para la interrupción del embarazo. Preferíamos que antes que debatir sobre la interrupción o no voluntaria del embarazo, promoviéramos auténticas y eficaces políticas a favor de la familia que pudieran ayudar a las mujeres a decidir, políticas que pudieran ayudar a las jóvenes a prevenir y a evitar embarazos no deseados y políticas que, en caso de embarazo, especialmente en mujeres jóvenes, les ayudara a seguir con el embarazo, así como a sus familias a aportar el apoyo necesario para continuar adelante.

En el debate de la actual ley en 2010 manifestamos nuestra posición contraria a permitir a las menores proceder a la interrupción del embarazo sin el permiso paterno. Considerábamos que era un menosprecio a la patria potestad de los padres. Para nosotros, la familia es el eje vertebrador de la sociedad. Un gobierno no puede apropiarse la responsabilidad que corresponde a los padres, a los progenitores. Defender la familia no es retrógrado ni es ir en contra de las mujeres. Creo firmemente que ninguna mujer interrumpe el embarazo por gusto, especialmente las menores. En una situación tan difícil psicológicamente es cuando más necesario es el apoyo de las familias.

Esta modificación revierte un aspecto de la ley con el que no estábamos de acuerdo. Por tanto, señorías, tanto por coherencia con nuestra posición en el debate de la ley en vigor como por convencimiento de la modificación, para no permitir a las menores interrumpir un embarazo no deseado sin el consentimiento paterno, los senadores de Unió votaremos a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència Democràtica de Catalunya. Como saben, nuestro grupo da libertad de voto en estos temas. Por tanto, no hemos presentado veto a esta proposición de ley. Una vez aclarado esto, paso a hacer una serie de consideraciones generales de tipo objetivo respecto a esta proposición de ley que reza pretender reforzar la protección de las menores y de las mujeres con capacidad modificada judicialmente a la hora de plantearse la interrupción voluntaria del embarazo.

En primer lugar me referiré al porqué. Nosotros consideramos un intento de contentar a una parte del electorado que pudo ver frustradas algunas expectativas que se habían planteado tras la anunciada y fallida reforma de la Ley del aborto; una reforma que, a pesar de su aplastante mayoría y de la contundencia con que ustedes la practican, no pudieron llevar a cabo, principalmente porque no había ninguna reclamación social en este sentido; contestación que ustedes sí consiguieron con su planteamiento —contestación ciudadana— de los grupos de la oposición y también dentro de su propia formación política. Esta reforma no solo tuvo que ser retirada, sino que retiró al ministro Ruíz-Gallardón. Ya anunciamos la falta de oportunidad en su momento y la frivolidad con que pensamos que fue planteada.

En segundo lugar me referiré a la exposición de motivos de la proposición de ley que debatimos. En ella ustedes exponen que la Ley 2/2010 impide a padres y tutores el ejercicio de la patria potestad. Cierto es que hasta la fecha no se requería el consentimiento, pero sí que se requiere que padres o tutores estén informados. En este sentido no se puede afirmar que se impida el ejercicio de la patria potestad. De hecho, la realidad lo confirma: solo un 90 % de ese 3,59 % de menores que abortan, que deciden una interrupción voluntaria del embarazo, lo hacen acompañadas de sus padres o tutores.

El ejercicio de la patria potestad, señorías, además de un derecho, es una cuestión de responsabilidad. Por tanto, velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una educación integral es ejercido o no por natura, más allá de que ello esté regido o no por ley.

He hablado de responsabilidad y del ejercicio de la patria potestad, que puede ser ejercida o no. Esto nos devuelve al 10 % restante de estas menores que deciden abortar, unas menores más vulnerables, que, a nuestro entender, tampoco quedan protegidas con esta proposición. Nos gustaría que formasen parte del 90 % al que nos hemos referido y que, por supuesto, dispusieran de los mismos recursos emocionales y de entorno familiar, que pudieran tomar esa decisión con la ayuda y acompañamiento de sus padres, en cualquier caso y fuera cual fuere su decisión. Pero lo que se esconde tras ese 10 % es el caso de unas menores que no pueden contar con sus padres por distintas razones: unas porque están desamparadas —ya sea porque los padres no ejercen su derecho a la patria potestad o, sencillamente, porque no tienen padres—, otras porque pueden tener padres con convicciones religiosas que ni siquiera les dejen contemplar la posibilidad del aborto, otras porque viven situaciones de violencia familiar y un sinfín de problemas y circunstancias de distinta índole, lo cual provoca que estas menores no puedan contarse dentro de ese 90 % que pueden decidir y están acompañadas. Esta es la realidad. Estos casos deben ser muy bien tratados para garantizar el interés superior del menor, sus derechos y, sobre todo, su proyecto vital.

No se pueden resolver todos estos casos con una simple autorización administrativa. Se debería, además, garantizar la información, el acompañamiento y una tutela profesional tanto para la toma de decisión como para afrontar sus consecuencias.

Señorías, sabemos que si una menor tiene decidido un aborto voluntario, lo llevará a cabo. Por ello, se deben garantizar todas las circunstancias para que se realice por profesionales y pueda ser asistida tanto desde el punto de vista clínico como psicológico y social, adaptando esta asistencia, a poder ser, a cada caso. Sin embargo, no vemos que esta proposición garantice una verdadera protección para estas menores —que existen—.

En tercer lugar, y por último, no encontramos de recibo equiparar, como lo hace esta proposición de ley, a menores de 16 y 17 años con mujeres con capacidad legal modificada. Ser joven no tiene nada que ver con tener disminuidas las capacidades cognitivas o intelectuales. Eso para empezar. Además, esta equiparación lleva consigo, como mínimo, una incongruencia, ya que si bien se da a entender que la menor no está capacitada para decidir sobre su embarazo, sí se la considera apta para responsabilizarse de un hijo. Además, debemos ser conscientes de que hay que ser muy cauto y no tratar con frivolidad la limitación de capacidad legal, ya que esta conlleva la privación del ejercicio de derechos. No todos los casos son iguales. Esta decisión debe ser tomada por un juez. Una mujer puede estar incapacitada legalmente para gestionar su patrimonio, pero puede decidir si quiere ser madre o no, por ejemplo. Tampoco vemos en esta proposición una verdadera protección para las mujeres con capacidad legal limitada si nos atenemos a la literalidad de la propuesta. No.

Cuando ustedes aclaran, señores del PP, nos encontramos con que uniformizan y recentralizan, una vez y todas las veces. Además, legislan con mucha frivolidad a propósito de los derechos de las personas, y cuando dicen legislar para proteger a los más débiles, la realidad nos devuelve el efecto contrario. En cuestiones como las que hoy abordamos, no se pueden hacer amagos como los que hizo el PP con la Ley del aborto del ministro Gallardón. No se deben buscar problemas donde no los ha habido. Este es un ejercicio que para nosotros responde más a la defensa de una ideología que a la defensa del interés general. Nos parece que esta proposición de ley no resuelve lo que dice resolver y su planteamiento a finales de una legislatura, entre tanta vorágine legislativa, no responde ni a la forma ni al debate que este tema se merece, además de estar absolutamente marcado en su tempo de carácter electoralista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente, señorías.

Senadora Pan, de verdad, no son eslóganes. Que salga aquí y nos diga que esto no es un problema sino eslóganes me parece muy triste. No son eslóganes, son dramas, dramas reales. Y voy a ver si soy capaz de explicarles, con palabras muy sencillas, qué es lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley. Cuando una menor de 16 o 17 años se queda embarazada y no se lo dice a sus padres —que sería lo normal y que es lo normal, según los datos que les hemos dado pero que ustedes obvian— es porque no tiene confianza con los padres, porque hay violencia intrafamiliar o por diferentes causas que les hemos explicado todos los senadores y senadoras. Pero a ustedes eso no les interesa, ustedes vienen aquí con su argumentario y ya está. La diferencia es que, con la ley actual, cuando no se lo dicen y se quedan embarazadas, pueden abortar en condiciones de seguridad sanitaria y jurídica y, con esta modificación que ustedes pretenden, estas menores van a abortar pero de forma clandestina, en malas condiciones sanitarias y jugándose la vida. De eso es de lo que estamos hablando, de nada más. Fíjense si es sencillo. Con la actual ley del aborto, la menor que decide abortar lo hace en condiciones y con garantías sanitarias y de seguridad clínica. Ustedes, con esta modificación, les van a obligar a abortar de forma clandestina, en malas condiciones y jugándose la vida. Se lo he dicho con indicadores. Todos los informes —nacionales, internacionales, de los organismos que trabajan en estos temas— dicen que las leyes restrictivas del aborto hacen que aumenten los abortos peligrosos y los riesgos para la vida de las mujeres embarazadas. De eso es de lo que estamos hablando.

Señorías, la actual ley es una muy buena ley, avalada por el Consejo de Estado, avalada prácticamente por todas las fuerzas políticas, por toda la sociedad civil, que da seguridad jurídica y sanitaria a las menores y que, además, estipula la prevención de los embarazos no deseados. Es lo que ustedes no han hecho. Es la parte de la ley que ustedes no han desarrollado, todo lo que tiene que ver con garantizar la educación sexual y con los derechos reproductivos. Eso es lo que ustedes no han hecho y es lo que deberían hacer, una ley que cumpla con la obligación de proteger la vida y la salud de las mujeres, así como de respetar el derecho de las mujeres y de las jóvenes a decidir sobre su maternidad; a decidir sobre su maternidad. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy y aquí.

Ustedes han creado un problema donde no lo había, y miren que tienen problemas para solucionar. En este tema, en el que no había problema alguno, ustedes lo han creado, pero un problema grave, que puede afectar a la salud y a la vida de las mujeres jóvenes; un problema muy grave. Ustedes legislan contra todo —contra la libertad, contra lo que recomiendan las Naciones Unidas, contra lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud—, y lo hacen todo por un puñado de votos. Esa es la realidad. Lamentablemente, eso es lo que ustedes están haciendo.

Volverán a subir aquí y dirán que somos demagogos, pero no, aquí estamos hablando del riesgo que tiene una adolescente, una niña de 16 o 17 años que aborte clandestinamente y de que se está jugando la vida, que si no se lo ha dicho a sus padres, a sus progenitores, es porque está justificado. Mayoritariamente todos tenemos hijos e hijas, y si tienen confianza con los padres, claro que les dicen que tienen un problema de estas características. Por lo tanto, no intenten faltar a la verdad, no nos vengan con argumentos que nada tienen que ver con lo que están legislando. Están legislando si una menor de 16 o 17 años puede abortar con garantías sanitarias o si se juega la vida abortando clandestinamente, porque, desde luego, va a abortar. De eso es de lo que ustedes no quieren hablar.

Se lo pedimos otra vez: retiren esta reforma. Creo que vale la pena que acaben la legislatura como se merece, retirando hoy en el Senado esta reforma y manteniendo la ley actual.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna a proteger a los menores y a no responder a insultos. Proteger a los menores cuando tienen que enfrentarse a una decisión de la trascendencia del aborto y devolver a los padres y madres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en un momento tan importante de sus vidas es lo que el Gobierno y mi grupo apoyarán hoy aquí, en el Senado, y ninguna otra cuestión de las que se hayan planteado aquí. Señorías, espero que el resto de los grupos den libertad a todos sus miembros, porque a mí me consta que hay miembros de diferentes grupos que comparten esta misma sensación y nuestras creencias. Por tanto, no caben interpretaciones más allá que la defensa y la protección del menor y que sus padres o tutores estén informados y puedan aconsejarlos y acompañarlos, si fuera el caso, en una situación tan dramática y excepcional.

Señorías, el aborto no es un tema menor, no hay soluciones fáciles desde ninguna perspectiva; hay multitud de opiniones encontradas tanto científicas, bioéticas, políticas, morales y también de orden religioso en todos los grupos políticos. Nadie aporta soluciones fáciles, nadie convence a toda la sociedad porque en esta materia, como en pocas, el pensamiento individual del ser humano es íntimo y diverso.

El tratamiento superficial, parcial e interesado de esta materia es sencillamente un acto de absoluta falta de respeto a la ciudadanía. No hay un pensamiento único en la sociedad, solo el de algunos grupos que quieren imponer sus criterios y que nos callemos los que expresamos otro sentir y pensamos de otra manera. Eso es lo que hay, señorías. Por eso, me atrevo a decir en esta tribuna que no solo defendemos el criterio del Grupo Parlamentario Popular, sino de todas aquellas personas que se sienten socialistas, nacionalistas, de izquierdas o de cualquier credo e ideología pero que sinceramente creen que una menor tiene que estar más protegida a la hora de enfrentarse a un asunto de esta trascendencia y que su familia, concretamente sus padres, son los que le proporcionan mejor consejo.

Señorías, la gran mayoría de los padres y de las familias son el eje sobre el que nos apoyamos cuando surgen dificultades. Las familias españolas siempre están ahí —cuando alguien está enfermo, cuando hay un miembro en paro, cuando hay que pasar un duelo por un ser querido o cuando hay que tomar decisiones importantes—. Señorías, ustedes les privaron de participar en un asunto tan importante como es enfrentarse a una posible decisión de abortar o no abortar. Nosotros queremos devolver ese papel a los padres que la legislación española, entendemos, les otorga.



Con ustedes, simplemente, en algunos casos se les podría informar.

La mejor escuela de un menor es la familia y, por eso, creemos que es necesario apoyarlo. Ser padre supone unos deberes para con los hijos, pero los padres, señorías, no son el problema, sino parte de la solución cuando una menor se tiene que enfrentar a una situación como la de un embarazo no deseado.

La vivencia de haber abortado o de tener que enfrentarse a adoptar una decisión de estas características provoca en la mujer una huella profunda —imagínense en una menor, que es una persona que no ha completado su madurez—. Nosotros creemos que, además de amparar y proteger a los menores, es necesaria una adecuada política de protección a la familia y a la maternidad. Por ello se diseñó un plan integral de apoyo a la familia que se presupuestó con más de 5400 millones solo para el primer año. Con ustedes todo se reducía al tema del aborto.

Señorías, es además necesario adoptar medidas que permitan hacer frente a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población, así como prestar un apoyo imprescindible a la maternidad y dar reconocimiento a aquellas mujeres que deciden tener hijos. La política de este Gobierno, que apoya mi grupo parlamentario, es la de dar apoyo a la familia y a la maternidad y dar protección a los menores.

Afortunadamente, señorías, las situaciones excepcionales y minoritarias como los casos de violencia —contra los que todos estamos y contra los que todos hemos trabajado— están ya recogidos y protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, y no como ustedes han planteado aquí, que parece que dejamos a las menores en un limbo, al que no se puede acudir y del que no hay salida. Ustedes pretenden hacer de la excepción norma general, y eso es un error a nuestro modo de ver.

Desde el año 2013, con la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, con más de 1558 millones, se ha introducido —entre otras muchas cosas que no tengo tiempo de relatarles— la justicia gratuita a las víctimas, pero también algo que ustedes no habían hecho: se ha dado visibilidad a los menores y se ha hecho prevención. ¿Cómo que no se ha hecho prevención? ¡Claro que sí! Se ha impulsado una mayor sensibilización y concienciación social, por ejemplo, con la campaña «Hay salida» —que no sé si habrán visto, pero ahí ha estado—, cuyas últimas ediciones estaban orientadas a los adolescentes. Además, se ha dado visibilidad a los menores —que con ustedes no existían— al incluirlos en las estadísticas desde enero de 2013, y el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil considera específicamente la violencia de género en los menores.

Como ven, nos preocupan los menores, nos preocupa la violencia y trabajamos para evitar situaciones indeseables. Los presupuestos del año 2016 que ahora están en tramitación recogen ya un incremento del 6,32 % para la erradicación de la violencia. No es cierto que se aboque a las menores a abortos ilegales, no es cierto. España es un Estado de derecho y se persiguen e inspeccionan los centros para que no los haya clandestinos. Yo no conozco ninguno, pero si sus señorías saben de alguno en sus respectivas comunidades autónomas, tienen la obligación de denunciarlo. No vengan a decir aquí que estamos abocando a las menores a abortos ilegales. (Aplausos).

Señorías, la Ley 8/2015 y la Ley 26/2015 reconocen a los menores como víctimas de violencia de género y los protegen frente a delitos como los de abusos sexuales.

El aborto no es un derecho —lo he dicho en mi primera intervención—, a lo que ustedes no han hecho demasiada referencia, pero saben que han refrendado esta afirmación que hago desde esta tribuna con sus enmiendas. Repito, señorías: ustedes no tenían un compromiso con su electorado cuando presentaron la actual ley, y no hubo un consenso ni un refrendo tan mayoritario como dicen. Insisto: 184 votos a favor y 158 votos en contra.

Por lo que se refiere a otras cuestiones que ustedes han querido sacar hoy aquí y que para nada son materia de este debate, la postura de mi grupo parlamentario es bien conocida desde hace tiempo y por ello mantenemos un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Señorías, el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones incluyendo en su programa electoral la reforma que hoy traemos aquí. (Varios señores senadores: No, no, no.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, señorías, y se presentó también con un compromiso de que aprobaríamos un plan integral de apoyo a las familias y a la maternidad para que ninguna mujer tuviera que renunciar a ser madre por razones económicas, laborales o de cualquier otro tipo.

Estamos cumpliendo con nuestros compromisos y vamos a seguir trabajando hasta el último día de la legislatura. Les invitamos a sumarse a ello.

Nada más y muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación las propuestas de veto de esta proposición de ley. Tengo que decir que la senadora Cunyat ha ejercido su derecho a la votación telemática a todos los vetos en el sentido de la abstención.

Empezamos con la votación de la propuesta de veto número 1, del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 8, más 1 voto telemático, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2 presentada por la senadora Julios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 presentada por la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 6 presentada por la senadora Mora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 242, más 1 voto telemático, 243; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 presentada por los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243, más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5 presentada por todos los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242, más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 242, más 1 voto telemático, 243; a favor, 83; en contra, 152; abstenciones, 7, más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243 más 1 voto telemático, 244; votos emitidos, 243 más 1 voto telemático, 244; a favor, 84; en contra, 152; abstenciones, 7 más 1 voto telemático, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas del senador Iglesias 1 a 4.

Tiene la palabra el senador Iglesias para su defensa. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, el texto es simple y, por lo tanto, las enmiendas también son un número reducido. (Rumores). En todo caso, quiero destacar que, obviamente, la enmienda de mayor transcendencia es aquella que plantea la supresión de los contenidos del proyecto de ley. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor, ruego silencio.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Perdón, de la proposición de ley.

Decía la portavoz del Grupo Popular que con esta reforma no se limita o se hace desaparecer ningún derecho, que se trata simplemente de permitir aconsejar a los progenitores a las jóvenes que se encuentran en la situación dramática de tener que decidir si interrumpen o no su embarazo. Si esa es la preocupación real, esta reforma es innecesaria. Eso está resuelto en el texto vigente. Esta proposición de ley va mucho más allá de permitir dar un consejo.

Esta proposición de ley hace desaparecer el derecho a decidir otro derecho: si se utilizan los mecanismos legales que permiten la interrupción del embarazo. Lo dice literalmente el artículo segundo que modifica el apartado 4 del artículo 49 de la Ley 41/2002. En este caso, cuando haya una discrepancia entre el representante legal y la menor, será necesario el consentimiento por parte de los representantes legales; y, si no, la menor se verá abocada a afrontar un segundo drama. Un drama es la interrupción del embarazo; el otro drama será tener que penar por los juzgados españoles con un procedimiento —aún sin determinar, por tanto, el procedimiento ordinario—, viendo cómo el tiempo pasa y cada día que pasa las posibilidades de la interrupción del embarazo se disminuyen.

En nuestras enmiendas a la exposición de motivos planteamos que se reconozca expresamente como un derecho la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí es un derecho diferente. Uno, es el derecho a decidir utilizar los mecanismos legales, y otro el derecho reconocido por esos mecanismos legales: que los poderes públicos deben garantizar el ejercicio de este derecho y facilitar la prestación; que se introduzca en la ley las medidas que resulten más eficaces para desarrollar acciones formativas e informativas; incorporar una mención expresa a los servicios sociales y a los centros sanitarios como lugares de referencia para la formación en salud sexual y reproductiva y para la información y la eliminación del lenguaje sexista. Y para que en este mismo preámbulo también se refleje, que en dicha formación e información se incluyan los derechos de la mujer en tal materia, incluida la libre decisión de ser madre o no, y que se refleje la necesidad de mantener la actual regulación.

En consonancia, modificación del artículo primero incorporando estos contenidos que se avanzan en el preámbulo en virtud de la enmienda; supresión del artículo segundo, que a su vez suprime el artículo 13, apartado 4, de la Ley Orgánica 2/2010 y supresión de la disposición final primera.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Las enmiendas 5 a 9, presentadas por la senadora Julio Reyes han sido defendidas antes.

Pasamos a las enmiendas 19 a 23, que va a defender la senadora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

En la defensa del veto hemos expuesto una por una un montón de situaciones de desprotección de las mujeres que va a provocar esta ley. Hemos pedido una explicación de cómo se las va a proteger, y no hemos tenido ninguna respuesta.

Por otro lado, he argumentado técnica y jurídicamente un montón de normativa internacional que va a vulnerar esta modificación, así como incongruencias en nuestro derecho interno, y no he tenido ninguna respuesta. Lo único que se ha dicho en una mini frase ha sido: no existe un limbo, esto ya está regulado.

Bien, pues voy a explicar el guirigay jurídico que va a provocar esta modificación sin prever qué es lo que tiene que hacer una menor en situación de desamparo o de maltrato si necesita acudir a los tribunales, que es a lo que le van a abocar, a interrumpir su embarazo cuando tiene a sus padres maltratadores en contra.

Según esta reforma, los conflictos se resolverán según el Código Civil, pero no se les ha ocurrido decir a qué hay que acogerse en el Código Civil. Se lo voy a explicar. La única posibilidad sería que utilizáramos el artículo 158 del Código Civil, que es un cajón de sastre, como todos los juristas saben, en el que los jueces pueden, por vía de urgencia en los procedimientos de familia, resolver cuestiones urgentes de los menores cuando hay conflictos con los progenitores. Lo que se dice exactamente es que se podrá dictar cualquier disposición a fin de apartar a un menor de un peligro o evitarle un perjuicio en el entorno familiar. En este cajón de sastre podría entrar. Lo primero que esta menor tendría que hacer, en situación de desamparo, de maltrato, de abuso sexual de su progenitor, es solicitar un defensor judicial mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Mientras tanto el tiempo irá corriendo, y esta menor se tiene que enfrentar a sus padres y solicitar el defensor judicial. Primer paso.

Segundo paso. ¿Cuál es el procedimiento que se va a regular? Porque no solo no lo han dicho, es que no está previsto. ¿Sería el procedimiento de jurisdicción voluntaria? Pues va a resultar que no, porque la mayoría de la jurisprudencia dice que según el artículo 158, cuando se tienen que dirimir cuestiones de controversia en la que hace falta alguna prueba, no puede utilizarse la jurisdicción voluntaria. Por tanto, por aquí no vamos a ir y podría ser lo más rápido. Si se utilizara, lo normal es que se citara a comparecencia a los padres —la menor se tiene que enfrentar a sus padres, viviendo con ellos que son maltratadores, abusadores sexuales—; después la norma indica que se solicite un informe psicosocial, que en Sevilla por lo menos tarda unos dos meses; mientras tanto el tiempo va corriendo en una menor en desamparo. Explíquenme cómo van a protegerla. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Si este procedimiento no sirve, que en la mayoría de los casos puede no servir, el único procedimiento civil posible sería el procedimiento de juicio ordinario. Este procedimiento para nada está previsto para esto. El trámite sería el siguiente: primero, solicitar el defensor judicial; segundo, ir a solicitar al colegio de abogados, abogado y procurador. El tiempo va corriendo. Tercero, poner una demanda. La demanda tarda más o menos un mes en ser admitida. El tiempo sigue corriendo para esa menor. Se emplaza a la otra parte, veinte días. Sumen, ya llevamos dos meses, el tiempo sigue corriendo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a esa menor en desamparo enfrentándose a sus padres, viviendo con ellos? La fecha de juicio en Sevilla suele durar unos seis meses teniendo en cuenta como está la situación de los juzgados, y aquí no cabría petición de medida cautelar, porque precisamente la medida cautelar sería entrar en el fondo del asunto que va a resolver la sentencia. Es decir, que la desprotección de la menor es absoluta. ¿Ustedes creen que una menor se va a enfrentar a esa confusión jurídica que ni los juristas van a saber cómo meterle mano, solicitar abogados, solicitar procurador, defensor judicial, mientras está viviendo con sus padres, maltratadores y abusadores? Esto es un sinsentido. Explíqueme cómo lo van a hacer. Como mínimo, lo que tendrían que haber hecho es prever cómo van a solucionar jurídicamente los conflictos de las menores que están en situación de desamparo cuando necesiten realizar la interrupción del embarazo.

Vuelvo a repetir: ustedes por un puñado de votos van a regular un sinsentido que va a suponer la desesperación y el drama de las mujeres en desamparo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 29 a 33.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño. Hemos presentado cinco enmiendas de supresión, lo que evidentemente creemos suficientemente justificado por nuestra intervención en el turno de portavoces de los vetos.

Por tanto, las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero comprende las enmiendas 10 a 14.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para dar por defendidas nuestras enmiendas, de supresión de estos artículos, porque consideramos que la ley que regula hoy estos derechos tiene que continuar plenamente en vigor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

El segundo bloque comprende las enmiendas 15 a 18.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Senadora Pan, esta cuestión la reabrieron ustedes. Nos han tenido dos años y medio zarandeando a la sociedad, debatiendo, acusándonos de que no defendíamos el derecho a la vida, ¿o es que no se acuerdan de las intervenciones del señor Gallardón o de muchos de sus portavoces? ¿No se acuerdan de los aplausos, de los discursos?

Ustedes tienen dos compromisos electorales: defender el derecho a la vida y la protección de los menores. El primero no lo van a cumplir. Antes le he preguntado quién se hace cargo en el PP de los 440 000 abortos de esta legislatura. ¿Bajo qué conciencia descansan los 300 abortos que se han practicado hoy? Díganlo. ¿Quién se hace cargo? Porque este es un compromiso electoral del cual están convencidísimos. ¿Saben ustedes lo que llegaron a decir en la defensa del anteproyecto del señor Ruiz-Gallardón? ¿O es que no se acuerdan? ¿O es que cree que si usted no lo cita no existe? Vaya al Diario de Sesiones. Ustedes han planteado lo que han planteado, han dicho lo que han dicho y lo han argumentado como han querido.

Y, señorías, no es lo mismo informar que consentir. No es lo mismo aconsejar que consentir. Y en su propuesta ustedes exigen el consentimiento paterno o de los tutores. Y no es lo mismo. La cuestión sería: si todo va bien, como sucede con más del 88 % de los casos de los que estamos hablando, no hay problema. El problema es cuando las cosas van mal, cuando hay conflicto, ¿quién decide, la menor o los padres? ¿Quién obliga a una muchacha de 16 o 17 años —entrando en su lenguaje— a ser madre? ¿Los progenitores? ¿Los tutores? Se quiere lo mejor para ella, pero quien sabe si quiere ser madre o no es ella; quien será madre es ella. Los otros pueden ser abuelo o abuela pero quien será madre es ella, y en el caso de una familia con problemas, mucho peor.

Por tanto, insisto, y con esto termino la defensa de nuestras enmiendas, nadie puede obligar a una mujer de 16 o 17 años a ser madre. Y ustedes, con su propuesta, con su medida, lo van a hacer porque para poder abortar a una mujer de 16 o 17 años se le exigirá el consentimiento de los padres, y en muchas familias esto va a ser conflictivo y van a tener problemas. Y si no lo quieren entender, habrá que cambiar la ley si no la retiran.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió ha presentado las enmiendas 34 y 35.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

El Grupo Convergència Democràtica de Catalunya ha presentado dos enmiendas que pretenden reforzar el carácter de protección que dice tener el proyecto y que a nuestro entender no queda subsanado. Una primera enmienda relativa a garantizar el acompañamiento de profesionales cualificados a las menores de 16 y 17 años con desarraigo, desamparo o posibilidad de violencia familiar. Y una segunda enmienda, para que no se confunda en la ley a mujeres con capacidad legal modificada y a menores de 16 y 17 años. En el caso de las primeras, entendemos que debe primar en todo caso lo que determine la sentencia judicial.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 24 a 28.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora doña Laura Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, las enmiendas 24 a 28 presentadas por mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, son de supresión, tanto del artículo primero como del segundo como de las disposiciones finales primera, segunda, y tercera. Son enmiendas de supresión porque consideramos completamente innecesaria esta modificación legal que no responde a una demanda social. Las leyes han de dar respuesta a las necesidades de las personas, por un lado y, por otro, mejorar la legislación vigente. Sin embargo, esta ley hace todo lo contrario: arrebata las libertades de las mujeres y empeora una situación legal modélica, que es la regulada actualmente por la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

Pero ustedes no la han tenido en cuenta. Estamos a las puertas de unas elecciones generales, y su prioridad es completamente electoralista. Esta reforma deja en la indefensión a las mujeres vulnerables, las más jóvenes, a todas aquellas mujeres cuya situación social y familiar es la más dolorosa, aquellas que no pueden contar con su familia.

El Partido Popular lleva toda la legislatura gobernando contra las mujeres; no han dejado de demostrarlo. En primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular obliga a que una joven, en cualquiera de las situaciones de vulnerabilidad que describe la ley, tenga que pedir permiso para interrumpir su embarazo precisamente a esos progenitores que la maltratan o que la han dejado en situación de desamparo, por ejemplo. Lo que está haciendo su grupo, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular en el Gobierno, con estas reformas es abocar a las mujeres jóvenes al aborto clandestino e inseguro, también a recurrir a técnicas que pondrán en peligro su salud e incluso su vida.

La actual ley del aborto es una buena ley porque cumple con el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados; especialmente, ha disminuido entre las menores de 30 años. Lo que es necesario es promover la educación sexual y no castigar y perseguir a las mujeres; dejen de perseguir a las mujeres.

En segundo lugar, en vez de negar a las mujeres jóvenes su derecho a decidir libremente y sin necesidad del consentimiento de nadie, podrían haber dedicado su esfuerzo durante toda la legislatura a desarrollar la parte de la ley que promueve la educación sexual, la de la promoción de salud sexual y reproductiva.

Si fuesen honestos, hubiesen retirado el recurso del Tribunal Constitucional y presentado una nueva ley, la suya, como han hecho con otros muchos temas. Tenían mayoría suficiente para conseguirlo, pero no lo hicieron, y miren que lo intentaron, con un ministro estrella, Ruiz-Gallardón; un ministro en el que Rajoy apoyaba sus políticas y su confianza, pero la retiraron y no cumplieron una promesa electoral que ustedes sí llevaban en su agenda y en su programa electoral.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora BERJA VEGA: Y el ministro tuvo que dimitir.

El Grupo Socialista siempre ha estado y va a seguir estando al lado de todas las mujeres, independientemente de su edad, y, especialmente, de las mujeres jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, defendiendo sus derechos y las condiciones para que los puedan ejercer. No queremos retroceder en el tiempo más de treinta años. Las mujeres españolas somos ciudadanas con derechos y sabemos perfectamente tomar decisiones por nosotras mismas. No tenemos que pedir permiso ni perdón para ser madres o no. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Buenas noches. Las enmiendas defendidas prácticamente tenían el mismo contenido que los vetos presentados y las intervenciones en los vetos, porque, como todos ustedes saben ya, después de este largo debate, la proposición de ley orgánica, no proposición no de ley, que traemos hoy a esta Cámara consta realmente de un solo artículo. Por tanto, está todo más o menos dicho. Pero no está todo dicho. Aunque ha hecho muy bien la defensa en contra de los vetos mi compañera, la senadora Pan, yo voy a aprovechar este tiempo para hacer alguna matización y para contestar a alguno de los portavoces que han intervenido.

Al primero que quería contestar es al senador de Compromís, pero no está, nos ha insultado y se ha marchado ya. Al senador de Compromís no le voy a contestar, porque aquellas personas que vienen a un Parlamento a insultar sin argumentos, a insultar de la forma que lo ha hecho a los senadores del Partido Popular, por parte de este grupo parlamentario no merecen respuesta. (Aplausos). Cuando aprenda a saber lo que es un Parlamento y a debatir con seriedad y respeto le contestaremos. No merece respuesta de senadores serios como somos los del Partido Popular.

Aparte del senador de Compromís, tengo que decir que a lo largo de todo este debate, de la lectura de todas las propuestas de veto y de todas las enmiendas ha habido un cumulo de descalificaciones hacia el Partido Popular, descalificaciones como que somos retrógrados, opresores, mentirosos, estamos vendidos a una minoría reaccionaria, pisamos los derechos de las mujeres, como es nuestra costumbre, y además no contentamos a nadie y, dicho con desprecio, solo contentamos a los votantes del Partido Popular. En primer lugar, los votantes del Partido Popular son más de 11 millones, que dieron sus votos al Grupo Popular y a este Gobierno para gobernar España. (Aplausos). Casi un 47 % de los españoles. Merecen todo el respeto. Pero aunque fuera un 1 %, merecerían respeto. Cuando hablamos y damos lecciones de democracia y hablamos de minorías y mayorías tenemos que tener mesura y saber dónde estamos. Merecemos respeto y los votantes del Partido Popular también, como cualquiera de los suyos lo merecen. ¡Faltaría más!

Retrógrados. Llegados a este punto y después de estas manifestaciones tan contundentes y tan bien puestas en escena que hemos tenido sobre que aquí vienen todos, menos nosotros parece ser, a defender a las mujeres y no a pisar sus derechos, yo también digo con fuerza y con energía que el Partido Popular siempre ha defendido a las mujeres y sus derechos, defiende a las menores, defiende a los hombres, defiende a los más desprotegidos y lo dice con valentía y sin tener que agachar la cabeza. (Aplausos). Pero también tiene en cuenta todas las demandas sociales y resulta que hoy aparte de decir que estamos vendidos a una minoría, que no es verdad, aparte de decirnos que somos opresores, que no es verdad, no se lo creen ni ustedes, nos han dicho también que somos cínicos, creo que ha sido del senador Guillot. ¿Cinismo el Partido Popular? No. El Partido Popular trae aquí esta proposición de ley orgánica para debatirla con valentía. Otros senadores de otras filas en los pasillos dicen que están de acuerdo y que no querían esto. Otros destacados políticos socialistas han sido valientes de decirlo públicamente y les vamos a hacer un favor, mire por donde, a todos aquellos senadores que no son de nuestro grupo y que tienen problemas de conciencia porque vamos a aprobar este proposición de ley y muchos de ustedes se alegrarán, aunque no tengan la valentía de decirlo. (Aplausos). Nosotros la tenemos.

Aparte de un cúmulo de descalificaciones, ha habido también manifestaciones de falta de respeto total a la libertad de expresión, porque resulta que las minorías que ustedes dicen, que se dice —



y está escrito en los papeles— que son minorías opresoras, reaccionarias, fundamentalistas, que utilizan las plazas públicas para mercadear con el cuerpo de las mujeres —y está escrito—, esas minorías —que no son tales minorías, porque hablan de minorías religiosas, pero les tengo que decir que la religión católica en España no es minoritaria— tendrán tanto derecho a ocupar las plazas públicas como los senadores o como los votantes de Podemos, de Compromís, de Izquierda Unida o del Partido Socialista. ¿O es que solo tienen derecho a utilizar las plazas públicas ustedes? No, solo les gusta cuando ustedes las utilizan. (Aplausos).

Eso no es democracia, ni respeto a la libertad de expresión, ni a la libertad de expresión ideológica ni religiosa. Nosotros lo respetamos. Y al hilo de esto, porque como siempre atacan tanto a la religión, a la Conferencia Episcopal, voy a decir algo, con permiso de mi portavoz y de los compañeros, yo, por ejemplo, soy católica practicante, así tienen otra cosa que echarme en cara, ¿no? Soy católica, apostólica y practicante, ¿y qué? (Rumores). No estamos hablando de eso, pero también hay que respetar esas creencias (Rumores). No, no, es que no se respetan. Se habla de las minorías católicas como minorías opresoras, reaccionarias; no. Eso lo hacen con la religión católica y, ya estamos un poco hartos algunos; con otras religiones no se atreven (Aplausos), con otras religiones que no defienden a la mujer precisamente.

Y después de esto, de esta manifestación, que me ha permitido mi portavoz, hablan del menosprecio a la familia, a la familia y a los padres en su relación con los hijos. Nosotros defendemos a los menores y defendemos a los padres que tienen derecho, según la Constitución española y el Código Civil, a proteger y tutelar a sus hijos. Ustedes, en su Ley Aído, que no le gusta al Partido Popular, no es que no me guste que me lo diga, senador Cazalis, es que esa ley no le gusta al Partido Popular, por eso la votamos en contra y la recurrimos al Tribunal Constitucional y nos sigue sin gustar, en esa ley, ya en el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, privaba a los padres del derecho de tutelar a su hijos y, sobre todo, a las hijas de encontrar esa tutela en sus padres. Y no me digan ustedes que en condiciones normales y en una familia normal, una mujer que se lleva bien con sus padres va a ir a su papá, si puede evitárselo, a contarle que está embarazada, porque todos hemos sido jóvenes e inmaduros, y ustedes lo saben, si le dan la oportunidad de no hacerlo, igual se equivoca y no lo hace.

De lo que es la minoría en España de padres maltratadores o padres que no quieran a sus hijos o no les protejan, hicieron ustedes la norma, la famosa Ley Aído. La mayoría de los padres velamos por nuestros hijos. Yo como madre, pero creo que todos los que están aquí, y como hija, quien más me ha protegido han sido mis padres y quien más pienso que protege a mi hija y mis hijos somos su padre y su madre, mucho más que ustedes, mucho más que la Ley Aído y mucho más que lo que todos ustedes me quieran contar (Aplausos). Eso es puro intervencionismo. Y dicen que nosotros intervenimos, no, ustedes están privando de ese derecho constitucional, de ese derecho constitucional a los padres y a las menores, y eso es intervencionismo puro y duro y a nosotros en el Partido Popular nos asusta como a la mayoría de la sociedad española, sean católicos, sean agnósticos, sean votantes del Partido Popular, sean votantes socialistas. En las familias normales, desde luego, no hay quien no piense que quien mejor puede aconsejar, acompañar, pase lo que pase, sea cual sea la decisión, son sus padres. Y dicen ustedes que solo unas poquitas no piden permiso; aunque fuera una, es una menor y a una menor no se la puede dejar en condiciones de vulnerabilidad como ustedes hicieron con esta ley. Nosotros protegemos a la menor, es lo que quiere hacer el Partido Popular, porque es su obligación, y en caso, como decía la senadora de Podemos y creo que el senador Guillot, de un menor maltratado, si ese conocimiento existe hay que denunciarlo.

El Partido Popular es el único partido, con tantas lecciones que nos dan de democracia y de protección de derechos humanos y de los menores, que ha recogido al menor en la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia como víctima de violencia de género, el único partido. Cuando ustedes gobernaron no se preocuparon (Aplausos).

Tenemos distintos criterios, desde luego, tenemos distintos criterios, y yo lo que quería, al principio, cuando hablaba de las descalificaciones, era un debate serio, aunque este es un debate sobre el que se puede polemizar mucho y se pueden herir muchas sensibilidades de un tipo y otro. Creo que todos nos deberíamos haber respetado y, quitando excepciones, como el Grupo de Convergència i d’Unió o el Grupo Vasco o la senadora Almiñana, los demás grupos, de verdad, han proferido unas descalificaciones y unos insultos al Partido Popular por traer algo que legítimamente puede traer a esta Cámara, que tiene el apoyo y la legitimidad de hacerlo, que no nos los merecíamos. Este debate podía haber sido sereno, desde distintos criterios y diferentes puntos de vista, sereno, no intentando hacer aquí demagogia sobre los senadores o el Gobierno del Partido Popular como los opresores, los que pisoteamos los derechos de las mujeres, la España oscura, volvemos a los años cuarenta… No, en este caso protegemos a los menores y a las mujeres menores. Y mire usted, prefiero que me llamen retrógrada a irresponsable, y este Gobierno es responsable para saber lo que tiene hacer para proteger a sus menores. Este Gobierno está haciendo lo que debe, lo que ustedes no hicieron. Ustedes, que nos dan muchas lecciones sobre cómo hay que defender los derechos de la mujer —hablo, concretamente, al Grupo Socialista—, hicieron leyes fáciles. Y es que es muy fácil decir a una menor: no se preocupe, si se queda embarazada le damos la píldora, y si no toma la píldora, vaya a abortar, que, además, no se entera nadie. No. A una menor no se le puede dejar en esa situación. Y eso es lo que hicieron en el Grupo Socialista. (Rumores).

Y con respecto a determinadas manifestaciones, la senadora Llinares —veo que no está en este momento en el hemiciclo, y no se lo recrimino, ha tenido que salir; no se lo recrimino, porque siempre está— decía: Ustedes, que hacen... Ustedes, que legislan... Porque ustedes... Oiga, lo que hacemos lo hacemos con todo conocimiento, con toda responsabilidad. (El senador Becana Sanahuja: Los demás, no). No digo que usted no lo haya hecho; ojo. Yo no he puesto eso en mi boca, pero, por lo menos, respeten lo que nosotros hacemos.

Y vamos al electoralismo. Senador Guillot, no se preocupe tanto de nuestro programa electoral, preocúpese del suyo, porque dentro de pocos días lo va a tener que exponer en Cataluña. Preocúpese del suyo. No se preocupe tanto del Partido Popular. Ya se lo dije el otro día en comisión. Habla del electoralismo. Bien, ustedes actúan por electoralismo y luego dicen que no tenemos ningún apoyo. Pues estará usted encantado de la vida de que el Partido Popular, con este electoralismo, con el que no sé a quiénes nos dirigimos y por qué a ustedes les molesta tanto, lo vaya a tener. Nosotros actuamos con conocimiento de lo que hacemos y con una ideología. Dice usted: Con su ideología... Oiga, con la nuestra, no va a ser la suya; no la compartimos. (Aplausos). Ahí está la grandeza de la democracia. Tenemos nuestra ideología. Tenemos —y lo digo con la cabeza muy alta— ideología del Partido Popular, valores y principios. Y ni ustedes ni nadie me van a hacer que agache la cabeza ni me voy a avergonzar, porque si me avergonzara no militaría en este partido. Y milito con mucho gusto. (Aplausos).

Es triste que se banalice un debate que creo que es muy serio y muy dramático para las mujeres en esa situación y sus familias. Aquí hemos tenido que oír diferentes manifestaciones: el cuerpo, el cuerpo de la mujer, porque yo con mi cuerpo... Pero la mujer es mucho más que un cuerpo, mucho más. (Aplausos). ¿Nos llaman retrógrados aquellos cuyo argumento es que la mujer...? Miren, la mujer es mucho más que un cuerpo: tiene intelecto, tiene conciencia, alma ética o como le quiera llamar cada uno, y lo que todas tienen son sentimientos. Y una niña menor —mi niña, como decía Dolores, la suya, la de cualquier padre normal— también, y el Partido Popular ha recogido eso en su Ley de violencia de género y su Ley de protección del menor. (Rumores). Señoría de Podemos, no se preocupe, no hay guirigay. Según usted, los jueces no van a saber qué hacer, porque son unos ineptos; el Gobierno es otro inepto... Pero no, hay unas leyes claras de protección al menor y de violencia de género en las que el menor es protagonista, y eso está recogido por el Partido Popular. Lo único que pretendemos para la mayoría de las familias normales, para las niñas en esa situación, es que estén protegidas por aquellas personas que, con todos los respetos para sus señorías, les van a proteger mejor que cualquiera de los que estamos aquí; cada uno, sobre todo, con su familia. Y el Gobierno está para velar por esa tutela y esos derechos del menor y de sus padres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto van a ser tres los intervinientes.

Senadora Mora, tiene la palabra.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

Señoría, me va a perdonar, pero creo que mis intervenciones, aunque hayan sido apasionadas —porque yo soy una mujer apasionada y este tema realmente me apasiona—, han sido de un total respeto. En mi intervención, en ningún momento he faltado el respeto a su señoría en nada de lo que he dicho.

En segundo lugar, usted afirma que la mayoría de los padres protegen a sus hijos. Jamás hemos dicho lo contrario. Por supuesto que la mayoría los va a proteger, pero estamos hablando de las situaciones en las que eso no va a pasar. Y la respuesta a mi intervención, que ha sido bastante técnica y en la que he expuesto toda la vulneración de la normativa internacional y las incongruencias con la legislación interna, ha sido cero.

En tercer lugar, jamás he dicho que los jueces no vayan a saber qué aplicar o que sean ineptos. Eso no ha salido de mi boca. Por supuesto, los jueces son los más competentes que hay en Europa. Jamás he dicho eso; lo que he dicho es que no han regulado el procedimiento, que no está claro. Y la única respuesta que me ha dado a todo lo que he argumentado es: Eso ya está regulado. Pues dígame dónde, porque no me lo ha dicho. Además, ese guirigay —perdónenme la expresión— va a suponer un follón jurídico tremendo, en el que unos jueces van a aplicar una cosa y otros jueces van a aplicar otra.

Lo siguiente que le voy a decir es que ustedes se arrogan un respaldo de la ciudadanía que yo no entiendo muy bien —me refiero a la reforma de esta ley—. Tienen el apoyo del 45 % del electorado. Bien, en 2011 votó el 32,4 % del electorado y, a ustedes, el 45 % del 32,4 %. Perdóneme, pero yo no veo a toda la sociedad votando por la modificación del aborto. Pero le daré más datos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MORA GRANDE: En la última encuesta del CIS, de abril de 2005, en la que se habla de la Ley del aborto, cuando se pregunta a los españoles cuál es el principal problema para ellos actualmente en el Estado español, la Ley del aborto lo es para el 0,0 %. Esta ley afecta personalmente al 0,0 %. En la encuesta del GAD3, de febrero de 2014, se recoge que el 88 % de los españoles piensa que el PP debería buscar el consenso del resto de las formaciones políticas —mucho no lo están buscando— y el 81,8 % cree que el PP no ha buscado consenso —es obvio—. Y, Según la encuesta del Instituto DYM, de febrero de 2014, solo el 8 % está a favor de que la actual ley se modifique en sentido restrictivo. Perdónenme, pero mucho apoyo social para esta modificación no hay.

Ustedes mantienen que, porque en 2011 les haya votado la mayoría de la gente, todos están de acuerdo con lo que hagan en estos cuatro años, pero me parece que eso es pretender bastante y no tiene nada que ver con la realidad. Es lo mismo que decir que porque no hayan modificado la Ley de ejecución hipotecaria, y eso haya posibilitado los desahucios de miles de familias en España, sus votantes estén de acuerdo con eso. Evidentemente, no, así que, por favor, no se arroguen el apoyo de la ciudadanía para esta reforma cuando las cifras dicen todo lo contrario.

Y me encantaría que me respondiera a todas las cuestiones técnicas que le he planteado: dónde se va a regular, dónde está regulada la solución de los problemas de las mujeres en desamparo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para decir que no me parece demasiado serio en este debate oír a la portavoz del Grupo Popular hablar de banalidades. Creo que la primera persona que ha utilizado ese término en este debate precisamente ha sido usted, señoría; insisto en que no me parece serio.

Y me parece triste que se hable con falsedades. Usted dice que con esta proposición de ley se quiere proteger a las familias normales y que la mayoría de las familias en España somos familias normales. ¿Y quién está defendiendo aquí desproteger a las familias normales? ¿Me quiere usted decir, quien de los portavoces que hemos intervenido ha defendido no proteger a las familias normales o no normales o no proteger los intereses de los padres? Por cierto, dice usted que esta ley es para defender los derechos de los padres. Me pregunto qué derechos de los padres se están conculcando, cuando los padres están ejerciendo su derecho, ya que de diez menores que han ido a abortar, nueve lo han hecho acompañadas de sus padres. ¿Qué derechos se están conculcando? No digan falsedades, porque están queriendo confundir a la opinión pública en algo en lo que no tienen razón. Digan las verdaderas razones por las que quieren modificar esta ley, pero no inventen lo que no se puede inventar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En multitud de debates, desde los bancos de la derecha se nos ha acusado a la izquierda de pretender apropiarnos de valores como la defensa de los derechos sociales o la defensa de las libertades. Hoy, con la misma legitimidad, podemos acusar al Partido Popular de querer patrimonializar la defensa de la familia. Desde la izquierda podemos tener visiones diferentes de la familia, e incluso interpretar que son familia algunas uniones que ustedes cuestionan que lo sean, pero no tengan ninguna duda de que desde la izquierda creemos profundamente en la familia y estamos siempre dispuestos a defender los derechos de la familia (Aplausos), de todos los que conforman la familia: de los padres y de las hijas menores de edad que se ven abocadas a vivir el drama de una interrupción del embarazo.

Nos decía la portavoz del Grupo Popular que manejábamos de forma insultante el término «retrógrado». Yo no lo he utilizado en el Pleno, aunque creo que sí en comisión. Sin embargo, al margen de cualquier otra consideración, etimológicamente «retrógrado» es el que pretende volver a una situación anterior —diccionario de la Real Academia Española—. Y ustedes pretenden volver a la normativa anterior al año 2010, por tanto, etimológicamente, son retrógrados. (Aplausos).

Usted decía: queremos defender a las familias normales en una cuestión espinosa como es la interrupción del embarazo. Pues bien, las familias normales están perfectamente protegidas con la legislación de 2010. Y lo están, porque a las familias normales se les reconoce el derecho a ser informadas. Solo se priva de ese derecho a las familias que no son normales, a las que tienen algún problema que genera que la información sitúe en una posición de riesgo a la menor embarazada que quiere interrumpir el embarazo. Por tanto, ya no se trata solo de que sea un porcentaje muy pequeño el que viva esa situación —poco más del 3 %—, sino de que es un colectivo en el que condicionar una parte de los derechos de sus progenitores está justificado para la protección de la menor que forma parte de esa familia.

Finalmente, cuál sea la confesión religiosa de los miembros del Senado es algo que corresponde al ámbito estrictamente privado y no merece ninguna consideración o valoración, ni positiva ni negativa. Lo que puede ser susceptible de crítica es que la posición pública beligerante de quienes representan esa confesión religiosa sea la que condicione la posición política que luego se articula aquí. Es algo absolutamente diferente. Y no estoy diciendo que eso se esté dando, quiero decir que son dos planos distintos: uno es el plano de la confesión en el ámbito estrictamente personal, no susceptible de crítica, y otro, el plano de la posición pública en relación con una cuestión como esta, expresada reiteradamente por quienes representan, desde la jerarquía, esa confesión religiosa.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, buenas noches. Intervendré desde el escaño.

En primer lugar, voy a aclarar nuestra intención de voto. Como señalaba antes, vamos a votar favorablemente todas aquellas enmiendas que son de supresión y nos vamos a abstener en las otras seis enmiendas, que pretenden modificar otros aspectos de la Ley 2/2010. Porque, así como entendemos que esta ley no se debe modificar ya que no hay consenso suficiente, tampoco creemos que sea esta la manera de modificar la ley en algunos otros aspectos.

En cuanto a la intervención de la senadora Aragón, le diré, con todo el cariño que sabe que le tengo, que a mí, como padre, me molesta que se ponga en duda que los que votamos en contra de esta proposición de ley estamos en contra de la familia o estamos dejando a los niños desprotegidos. Perdóneme, senadora Aragón, yo tengo una hija de 13 años —usted lo sabe—, y le aseguro que mi hija me va a informar. Estoy seguro. Y estoy seguro de que me va a informar, porque le obliga la ley. Aquí se propone lo siguiente: Se prescindirá de esa información cuando la menor alegue fundamentadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar —que en mi casa no pasa; por lo menos, no lo creo—, amenazas —que siempre van en la misma dirección: contra mí—, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Eso no existe en mi casa. Por cierto, también deberíamos definir el término «menor», porque estamos hablando de niñas de 16 y 17 años, no de cualquier menor. Para el resto de los menores hay otras vías para las que sí han de tener el consentimiento de sus padres. Por tanto, centremos la discusión en los menores de 16 y 17 años, y centremos la discusión en quien hay que centrarla. No es, probablemente, el caso de ninguno de los que estemos aquí —quiero suponerlo, ya que como con todos ustedes y me los cruzo por el pasillo—. Estamos hablando de situaciones de peligro cierto de violencia intrafamiliar, de amenazas, coacciones, malos tratos o de que se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Eso es lo que se recoge y lo que, de desaparecer, no se va a poder hacer. Por eso apoyamos estos vetos, y por eso seguimos siendo igual de buenos padres y seguimos teniendo igual de buenas familias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Senadora Aragón, usted y yo entendemos la defensa de los derechos de las mujeres de forma muy, pero que muy diferente. De la misma manera que usted ha dicho, como quien no le da importancia, que algunos senadores socialistas y voces relevantes de los socialistas estaban de acuerdo con la proposición de ley que hoy iba a ser aprobada, yo le digo que estoy convencida de que muchos senadores del PP que están en este momento en esa bancada estarían encantados de que la ley no se tocara. Porque lo que usted ha dicho es verdad: esta es una cuestión plural, en la que no tenemos un pensamiento único, y cada uno se debe a su moral. Y ahí entramos en un terreno resbaladizo: la moral, esa que ustedes intentan imponernos cada vez que hablamos de este tema. Lo intentaron con la Ley del aborto, primero, y ahora lo están intentando con esta.

Esta ley lleva cinco años en vigor, cinco, y nadie hablaba de ella hasta que ustedes y el señor Gallardón abrieron la caja de los truenos. Y —lo vuelvo a repetir— al abrir la caja de los truenos volvió el debate, sí, un debate acérrimo en contra de la pérdida de derechos de las mujeres. Y ustedes llevaron a cabo una acción política: retiraron un proyecto de ley. Pero ahora nos la vuelven a colar, con esa moral que, a la que se despistan, se les escapa, una moral religiosa que nos intentan imponer a todos. A todos. Este es un Estado aconfesional, lo dice la Constitución, de la que no hacemos más que hablar estos días. Y en los Estados aconfesionales no se puede legislar con principios religiosos, ha de hacerse con principios cívicos, que den amparo a la mayoría.

Dicho esto, a mi entender esta proposición de ley está basada en sus creencias, en cómo ven ustedes el mundo. Por supuesto, tienen todo el derecho a implementarla, pero se olvidan siempre de los más vulnerables. Y ustedes construyen las barreras más altas cuanto más vulnerable es la población. Explíquenme por qué los adolescentes menores —o niños, me da igual, elijan el nombre que quieran—, que tienen 16 y 17 años, en nuestro país pueden trabajar y pagar impuestos pero no pueden decidir si pueden tener o no un hijo; pueden opinar y decidir si se someten a un tratamiento de quimioterapia o a una amputación, pero no pueden decidir si quieren o no tener hijos; pueden consentir relaciones sexuales y pueden casarse, pero, eso sí, no pueden decidir si pueden o no tener hijos. Me parece un sinsentido, un terrible sinsentido.

Durante todo este rato los distintos grupos hemos expuesto el mismo argumento, eso sí, con distintos tonos o distintos datos. Pero lo que está claro es que todos hemos dicho lo mismo: esta modificación de la ley va aumentar los abortos clandestinos. Porque ya los hay, señora Aragón, ya los hay; no sé exactamente dónde ni cuántos, pero intuyo que los hay. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Esta modificación de la ley va a poner en peligro la vida y la salud de las jóvenes que quieran interrumpir su embarazo. Esta modificación de la ley afecta solo a las menores más vulnerables. Esta modificación de la ley es vista como un retroceso por los organismos que velan por los derechos humanos, no por el Partido Socialista, no por la bancada de la izquierda, no, sino por Amnistía Internacional, por Naciones Unidas, etcétera. En definitiva, señorías, esta modificación de la ley es un ejemplo más de sus políticas de recortes de derechos y libertades. Les guste o no, esto es lo que es.

Señorías —voy terminando—, los ciudadanos de este país hemos tenido que luchar muchísimo durante muchas generaciones y seguramente durante demasiado tiempo para que se reconocieran nuestros derechos más fundamentales. Y las mujeres hemos tenido que hacer el doble de esfuerzo para poder disfrutar de los mismos derechos en pie de igualdad. Todas las mujeres.

El futuro se construye día a día. Hoy no es un buen día, porque consideramos que hoy perdemos un derecho, porque consideramos que hoy damos un paso atrás. Pero todos sabemos que, quizá no mañana, pero en breve, daremos otro paso hacia delante. Y esta vez recuperaremos más derechos y más libertades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Intervendré muy brevemente.

Nuestro grupo ya lo ha manifestado antes: tenemos libertad de voto y, en este sentido, no hemos presentado veto, nos hemos abstenido en los vetos presentados por los otros grupos, y vamos a hacer lo mismo en las enmiendas.

Solo voy a hacer unas apreciaciones de tipo objetivo. No estamos hablando, afortunadamente, de aborto sí o aborto no. Ese debate ya lo tenemos superado. En cuanto a la Ley de 2010, a unos les puede parecer mejor y a otros, peor, pero desde que se aprobó dicha ley han disminuido los embarazos no deseados y los abortos, aunque eso no quiere decir que no sea una ley mejorable. Hablamos de protección a las menores de 16 y 17 años y, por ello, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas, en nuestra opinión muy técnicas y objetivas, para completar el objetivo que decía perseguir esta ley.

Se ha hablado de que debería haber serenidad en el debate. Estamos de acuerdo, no es un tema menor. Efectivamente, es un tema complicado que lleva en sí muchas cargas, no solo a nivel técnico, sino también de contenido religioso, de orden público, e incluso hay muchos matices en esos contenidos. Por eso, nuestro grupo cree que esa serenidad se habría conseguido mucho mejor si estuviéramos emplazados a hablar de este tema al margen de un clima preelectoral, como es el caso. En este sentido, como he dicho, cada uno de mis compañeros votará libremente lo que considere más oportuno en relación con esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, senadora Rivero.

Senador Sedó, tiene la palabra.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente. Brevemente. Ya hemos explicado cuál era la postura de los senadores de Unió Democràtica en relación con la votación de la ley. Nos vamos a abstener en la votación de las diferentes enmiendas. Ya hemos manifestado que, por coherencia con lo que dijimos en su momento en la discusión de la ley actual, votaríamos a favor, pero ese voto a favor no significa que compartamos buena parte de las explicaciones que ha hecho la ponente del grupo mayoritario.

En cualquier caso, nos abstendremos en las enmiendas y, como digo, votaremos a favor de la tramitación del proyecto de ley por entender que las menores deben tener el consentimiento paterno, como ya hemos defendido en el turno de veto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señoría, las familias con problemas también son familias normales. No puedo entender qué es lo normal y qué no lo es en su discurso. (Aplausos).

Vuelven ustedes, señorías del Grupo Popular, a imponernos una proposición de ley que recorta derechos y empeora la legislación actual. Es un nombre engañoso para una propuesta no demandada socialmente y que no responde a ninguna necesidad ni a ningún interés colectivo; y una propuesta que solo responde a intereses partidistas. La mayoría social ha dicho continuamente que no modifiquen la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy el Grupo Socialista vuelve a decir que no lo hagan. Pero ustedes insisten en su política de demolición de los avances conseguidos con los gobiernos socialistas en políticas de igualdad —avances, señorías, no leyes fáciles—. Lo han intentado por todas las vías: oponiéndose a la Ley de 2010, como se ha dicho, cuando había un gran consenso social y político; recurriendo la ley ante el Tribunal Constitucional; y presentando una reforma que tuvieron que retirar porque incluso entre sus filas suponía un problema, algo que le costó la vida política a un ministro. Lo voy a repetir, aunque me digan que pare por la hora que es, porque es un tema para seguir insistiendo y no me voy a callar. Pero, aun así, no han cesado en su intento de modificar una buena ley, una ley aprobada con consenso y que cumple con su objetivo: la obligación de proteger la vida y la salud de las mujeres. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora BERJA VEGA: También la de las jóvenes, respetando su derecho a decidir. Porque ustedes han ocultado deliberadamente la mitad de la ley. Ustedes solo hablan del aborto, pero la ley se llama Ley de salud sexual y reproductiva —sigo insistiendo en lo mismo—. Y esta vez, ¿cuál es la excusa? Una excusa paternalista y falsa, como decía el senador: proteger a las jóvenes.

Llaman reforzar la protección a que una joven en situación de desamparo, por ejemplo, tenga que pedir permiso para interrumpir su embarazo a quienes la han puesto en esa situación o a unos padres maltratadores. ¿Qué están haciendo? Simplemente, como han dicho muchos de mis compañeros en esta Cámara, y yo vuelvo a repetir, abocar de nuevo a las mujeres al aborto clandestino e inseguro. Esta ley no va a evitar que las jóvenes aborten, lo que va a conseguir es despojarlas de sus derechos y hacer que vuelvan a poner en riesgo su salud. Es decir, que, lejos de proteger a nadie, están desprotegiendo a las jóvenes.

¿Qué pasará con aquellas menores que no quieran informar a sus padres de su intención de abortar? El Grupo Socialista y el resto de los grupos se lo hemos dicho una y otra vez, pero también se lo han dicho, como decía la senadora Almiñana, organismos internacionales.

Le repito nuevamente que el número de embarazos no deseados ha disminuido. Ese era el objetivo de la ley socialista, esa que dicen que era una ley fácil, pero una ley que ha llevado a que disminuya el número de abortos. En 2013, último año del que tenemos cifras oficiales, se ha registrado la tasa de abortos más baja de los últimos siete años, especialmente entre las menores de 30 años.

Voy terminando. Señorías, ustedes se han dedicado durante estos cuatro años a dos cosas: una, a recortar derechos, como los del acceso a la sanidad y a la educación; y otra, a abolir libertades conquistadas durante décadas por la ciudadanía. Ahora, cuando estamos al final de la legislatura, hagan el favor de rectificar. Se lo han dicho miles de voces de mujeres que ya están hartas de que cada vez que llegan al poder peligren su libertad y sus derechos de ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Senadora Julios, igual a mí tampoco me parece serio que Coalición Canaria votara en contra de esta ley y ahora cualquiera diría que la hicieron ustedes. Manifiesta que no es serio lo que yo digo, pero nosotros somos coherentes siempre. En su día votamos en contra, y ahora no nos gusta la ley y nos sigue sin gustar.

Senador Cazalis, con todo cariño, yo no doy lecciones de paternalismo a nadie, Dios me libre. Además, he empezado diciendo que consideraba que la mayoría de los padres eran buenos padres, así que no lo malinterprete usted con malicia. También quería decirle que no se trata de información, que estamos hablando de permiso, está clarísimo. Creo que usted sabe perfectamente que nosotros estamos defendiendo el permiso paterno por ser menores de edad.

A la senadora Almiñana quería decirle que la moral no es religiosa, mírelo usted en el diccionario. (Rumores). No. Tenemos nuestra moral, no se nos escapa; la tenemos, y usted tiene la suya. Son diferentes morales, pero la moral no es religiosa. (Aplausos). Y por supuesto, no me lo compare —ya se lo dije en la comisión— con una enfermedad, una embarazo no es una enfermedad. No me puede comparar una situación de un menor con una enfermedad grave a la que atraviesa una menor con un embarazo. No me lo compare.

A la senadora de Podemos no le he contestado antes a todo, pero es que lo trae usted escrito. Nos ha pedido explicaciones, y está continuamente con el explíquenme, les están exhortando… Cuando alude a la declaración de derechos humanos, ¿de qué derechos humanos hablamos? ¿Hablamos del humor negro de alguno de sus militantes? ¿Hablamos quizá de quemar a católicos en una iglesia, como ha manifestado alguno de sus militantes? ¿O hablamos de los derechos de los presos políticos, algo a lo que ustedes votaron en contra? (Aplausos). Tantas lecciones al Partido Popular, tantas explicaciones y tanto que usted nos quieres exhortar y que expliquemos, pues igual ustedes también tienen que explicar cuál es el valor de los derechos humanos, los suyos; los nuestros son los que nosotros consideramos, y defendemos a las mujeres y a los menores con esta ley.

Respecto al Partido Socialista, quería decirle a su portavoz que jamás se me ocurriría mandarla callar, de ninguna de las maneras. No se preocupe, que en nuestras filas nunca le vamos a mandar callar cuando intervenga. Quiero que sepa que normal es la norma, el común de las familias, y también viene en el diccionario. Cuando hablo de lo que es o no normal no lo hago en tono despectivo, que quede claro, para nada vea en ello la intención de decir que los únicos normales somos los del Partido Popular, faltaría más. (Rumores.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: El avance es la igualdad para las mujeres, que lucharon mucho por sus derechos. Ya les he dicho antes lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra ideología y desde nuestra moral —esa que dicen—, pensamos sobre lo que ustedes hicieron en políticas de protección a la mujer menor y en políticas de salud sexual y reproductiva. No nos gustó, su ley no nos gusta y nos sigue sin gustar. No son ustedes los defensores de las mujeres, ni los que han avanzado tanto en los derechos de las mujeres. Si quieren les recuerdo en qué situación dejaron a las mujeres españolas cuando abandonaron el Gobierno. (Rumores). Poco se preocuparon de las mujeres españolas, muy poquito. Se quedaron en paro, en una situación familiar desestructurada, había menores vulnerables en situaciones precarias… Por tanto, ustedes no defendieron tanto las políticas de la mujer, de hecho, después de que ustedes gobernaran, todos se quedaron mal pero especialmente las mujeres. (Rumores.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Para terminar quiero decir, y vuelvo a repetirlo por si hay alguna duda, que la ley no nos gusta y nos sigue sin gustar; la votamos en contra y la recurrimos al Tribunal Constitucional. Y, lógicamente, el Gobierno y el Partido Popular, no el resto de grupos políticos, actuarán cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencia.

Le voy a decir lo siguiente. Nosotros en el Partido Popular amamos la libertad, y hemos luchado por la libertad de este país como todos los demás partidos democráticos (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Sí señor. (Aplausos). Y nosotros, como Partido Popular, hemos luchado como el que más por la libertad de todos los españoles, y hemos luchado como el que más por los derechos de las mujeres españolas, y seguiremos luchando con nuestra moral y nuestra ideología, que la tenemos, así como por nuestra responsabilidad como grupo mayoritario que apoya al Gobierno. Y seguiremos luchando, como hemos hecho hasta ahora, y les pedimos que nos acompañen en esta lucha por la protección de las mujeres menores y de sus familias y sus padres. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Llamen a votación. (Pausa.— La señora Mora Grande pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

La señora MORA GRANDE: Perdón, pero no hemos podido hacer antes la petición de votación separada de las enmiendas 34 y 35, de Convergència i d’Unió. Queremos solicitar, si es posible, votar por separado ambas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Sí, votaremos por separado las números 34 y 35 de Convergència i Unió.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas de esta proposición de ley orgánica.

Comenzamos con las del senador Iglesias. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 11; en contra, 215; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios, votamos las enmiendas 5 a 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Mora, votamos las enmiendas 19 a 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas 29 a 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 242; a favor, 82; en contra, 150; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos las números 10 a 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 81; en contra, 151; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 15 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 217; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 17 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 83; en contra, 151; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i d?Unió, votamos la 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 11; en contra, 219; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 11; en contra, 223; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 24 a 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, han sido presentadas dos peticiones. La primera de ellas por más de cincuenta senadores en aplicación del artículo 97, que establece que la votación nominal será secreta cuando lo soliciten, en el Pleno, cincuenta senadores y en las comisiones un tercio de sus miembros. Por tanto, estos cincuenta senadores solicitan que la votación final, tras la de los vetos y enmiendas, sea nominal y secreta.

También ha sido presentado un escrito del Grupo Parlamentario Popular que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento del Senado, solicita que la votación de la proposición de ley orgánica se lleve a cabo por el procedimiento ordinario público. Como sus señorías saben, el artículo 98 dice: Cuando exista solicitud contradictoria para que la votación sea pública o secreta, en supuestos distintos de los contemplados en el apartado segundo del artículo anterior —que no viene al caso—, la Presidencia someterá previamente a votación, como cuestión incidental, el procedimiento que deba aplicarse.

Por lo tanto, hay que someter a votación el sistema de votación, tal y como establece el Reglamento. (Rumores.— El senador Espinar Núñez pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Espinar.

El señor ESPINAR NÚÑEZ: Solo quiero poner de manifiesto en la Cámara que esta relación entre los artículos 97 y 98 del Reglamento podría llevar al Senado a un bucle infinito que hiciera que desapareciera entre votaciones sobre si la siguiente votación es secreta o no.

Así que le pedimos al Partido Popular que retire esta petición y que se… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ESPINAR NÚÑEZ: ¡Con lo que les respetamos nosotros a ustedes cuando dicen algunas barbaridades! (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Termine, senador Espinar.

El señor ESPINAR NÚÑEZ: Simplemente quiero pedirle al Partido Popular que retire la petición porque, si en cada una de las votaciones en las que se solicita que sean nominales y secretas se solicita esto, a la vez se podría solicitar otra petición para que esa misma votación fuera secreta, y eso nos llevaría al final del Senado, cosa que creo que no desea la mayoría de esta Cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

¿Algún senador del Grupo Popular desea intervenir? (El señor Barreiro Fernández pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, mantenemos la petición que habíamos formulado por escrito. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Votamos si el plenario de la Cámara desea que la votación de esta proposición de ley sea nominal y secreta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 91; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de que la votación sea secreta.

Una vez rechazada, señorías, votamos en un solo acto la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 145; en contra, 89; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches a todos. (Aplausos).

Eran las veintitrés horas y quince minutos.


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