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DS. Senado, Pleno, núm. 169, de 03/09/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 78

celebrada el jueves, 3 de septiembre de 2015

ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000157 fraude fiscal; publicidad; sentencia Hacienda y Administraciones Públicas


Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 621/000148 Derecho fiscal; control fiscal; fiscalidad; formalidad administrativa; infracción administrativa Hacienda y Administraciones Públicas


Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000156 política de armamento; política de defensa; presupuesto extraordinario Presupuestos


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 621/000141 carrera profesional; ejército Defensa


Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 621/000142 procedimiento civil Justicia


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 621/000145 biodiversidad; desarrollo sostenible; protección del paisaje Medio Ambiente y Cambio Climático


CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia sanitaria. 592/000019 servicio sanitario GOBIERNO VASCO GOBIERNO DE NAVARRA

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000157 Hacienda y Administraciones Públicas


PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. 621/000148 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor presidente informa a la Cámara de que estos dos proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta, dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.

El señor Burgos García, vicepresidente segundo de la comisión, presenta los dictámenes.

En nombre del Gobierno, hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Comienza el debate de totalidad.

La señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley orgánica:

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley orgánica, presentadas por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley orgánica, presentadas por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, al proyecto de ley.

La señora Marra Domínguez defiende la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley orgánica, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. .....................................................16572

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido voto a favor de todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 146; abstenciones, 7.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 147; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 83 más 1 voto telemático, 84; en contra, 151; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 146; abstenciones, 7.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. .....................................................16573

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha abstenido en todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 14 más 1 voto telemático, 15.

Se rechaza la propuesta veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Se rechaza la propuesta número 4, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda 4 al proyecto de ley orgánica.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador, números 1 a 22, al proyecto de ley, y números 1 a 3 al proyecto de ley orgánica.

La señora Julios Reyes defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora, números 128 a 132 al proyecto de ley.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 23 a 44 al proyecto de ley y números 9 y 10 al proyecto de ley orgánica.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 60 al proyecto de ley y números 5 a 8 al proyecto de ley orgánica.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió números 63 a 111 al proyecto de ley y números 11 a 14 al proyecto de ley orgánica.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley números 112 a 127 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el informe de la ponencia, como consecuencia de todas las enmiendas introducidas en su texto, y números 15 a 18 al proyecto de ley orgánica.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Regalado de los Cobos y la señora Ripoll Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ripoll Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000156 Presupuestos

La señora Guerrero Rosado, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 4.

El señor Espinar Merino defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Osés Ramírez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla y el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Osés Ramírez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. .....................................................16612

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido voto a favor de todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 217 más 1 voto telemático, 218; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 140; abstenciones, 58.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 218 más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto telemático, 219; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 141; abstenciones, 57.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 219 más 1 voto telemático, 220; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 142; abstenciones, 58.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219 más 1 voto telemático, 220; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 145; abstenciones, 54.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 145; abstenciones, 56.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000157 Hacienda y Administraciones Públicas

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16613

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Votación). 621/000148 Hacienda y Administraciones Públicas

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16615

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación). 621/000156 Presupuestos

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 7 y 22, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 8 a 13, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 14 a 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

La señora Vicente González defiende las enmiendas 23 y 24, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16628

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. 621/000141 Defensa

El señor López Valdivielso, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno de portavoces interviene el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 1 a 25 del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por el señor Iglesias Fernández.

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 26 a 31, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 32 a 36 y 38 a 55, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 56 a 60, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

El señor Álvarez Villazán defiende las enmiendas 61 a 66, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Durán Vadell, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16640

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 621/000142 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. .....................................................1660

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, que se ha abstenido en todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto telemático, 215; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 62; en contra, 142; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto telemático, 215; a favor, 62; en contra, 139; abstenciones, 13 más 1 voto telemáticos, 14.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 1 a 32.

El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas 33 a 91, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 92 a 124, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 184 a 256 y 258 a 260, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas 125 a 183, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Arias Navia defiende las enmiendas 261 a 284, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16672

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 191 y 261 a 284.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 193 200 a 193 203.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 621/000145 Medio Ambiente y Cambio Climático

La señora Mariño Ortega, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Yanguas Fernández da por defendida la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer da por defendida la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sanz Jerónimo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. .....................................................16689

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido voto a favor de todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 204 más 1 voto telemático, 205; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto telemático, 206; a favor, 67 más 1 voto telemático, 68; en contra, 134; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 69 más 1 voto telemático, 70; en contra, 135; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto telemático, 206; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133; abstenciones, 4.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 43 a 47.

El señor Fuster Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, defiende sus enmiendas 179 a 185.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 42, presentadas inicialmente por este senador, y da por defendida la enmienda 48, también del Grupo Parlamentario Mixto, presentada inicialmente por la señora Capella i Farré.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 123 a 131, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas 49 a 53, 56, 58, 62 a 64, 68, 69, 74, 75 y 78, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 81 a 122, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 157 a 178, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

El señor Medina Tomé defiende las enmiendas 132 a 156, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Socas León, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas. .....................................................16704

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA. 592/000019 GOBIERNO VASCO GOBIERNO DE NAVARRA

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Se levanta la sesión a las cero horas y diez minutos del viernes, 4 de septiembre.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000157 Hacienda y Administraciones Públicas


PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. 621/000148 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1., 9.1.4. y 9.1.5.

El señor PRESIDENTE: Estos proyectos de ley van a ser debatidos de manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.

Para la presentación de los dictámenes, en nombre de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene la palabra el senador Burgos García.

El señor BURGOS GARCÍA: Buenos días, senadores; buenos días, señor ministro.

Subo a la tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, dos dictámenes; el primero es el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicada el 31 de julio de 2015 y se tramita por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 5 de agosto.

A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto: la número 1, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 2, de los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; y la número 4 del Grupo Socialista.

Además, se han formulado 132 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma: 1 a 22, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; 23 a 60, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 63 a 111, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i de’Unió; 112 a 127, del Grupo Parlamentario Socialista; y 128 a 132, de la señora Julios Reyes, del Grupo Mixto.

El segundo dictamen se refiere al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que tuvo su entrada y fue publicada el 17 de agosto de 2015. Se tramita por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 24 de agosto.

A este segundo proyecto de ley se presentaron 4 propuestas de veto: la número 1 de la señora Mora Grande, del Grupo Mixto; la número 2 de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3 de los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y la número 4 del Grupo Socialista.

De otra parte, se presentaron 18 enmiendas: 1 a 3 del señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; 4, de la señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto; 5 a 10, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 11 a 14 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió y 15 a 18 del Grupo Socialista.

El pasado 26 de agosto se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia para informar el proyecto de ley: por el Grupo Popular, doña María del Mar Angulo Martínez y doña Carlota Ripoll Juan; por el Grupo Socialista, doña María de los Ángeles Marra Domínguez y don Nicanor Sen Vélez; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, don Ferran Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, don José Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco, doña Rut Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto don Isidro Martínez Oblanca.

Para informar del proyecto de ley orgánica designó, por el Grupo Popular a María del Mar Angulo Martínez y a doña María Encina Regalado de los Cobos; por el Grupo Socialista a don Joan Lerma Blasco y don Juan María Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió a don Ferran Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya a don José Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco a Rut Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto a don Isidro Martínez Oblanca.

Dichas ponencias elevaron a la Comisión sus informes. En el del proyecto de ley introducían como modificación las enmiendas número 61 y 62, presentadas por el Grupo Popular, así como la corrección de un error material en el preámbulo. En cuanto al proyecto de ley orgánica, se mantenía en sus propios términos el proyecto remitido por el Congreso de los Diputados. Acto seguido, la comisión procedió a dictaminar ambos proyectos. Tras el debate correspondiente, se votaron las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas. Posteriormente, se debatieron las enmiendas. Finalmente se sometieron a votación uno tras otro los textos propuestos por las ponencias en sus informes, resultando aprobadas ambas por 16 votos a favor y 10 en contra.

Han presentado votos particulares al proyecto de ley el Grupo Mixto respecto de las enmiendas 1 a 22 y 28 a 132; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió respecto de la propuesta de veto número 3 y las enmiendas 63 a 111; el Grupo Socialista respecto de su propuesta de veto número 4 y las enmiendas 112 a 127; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 1; los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 2; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya respecto de las enmiendas 23 y 44 y respecto de las enmiendas 45 a 60. Además, el Grupo Socialista insta en su voto particular a la vuelta al texto del Congreso en la parte enmendada por las enmiendas aprobadas en Comisión.

Los votos particulares presentados al proyecto de ley orgánica son los siguientes: el Grupo Mixto respecto de las enmiendas 1 a 3; la señora Mora Grande, del Grupo Mixto, respecto de su propuesta de veto número 1 y la enmienda número 4; el Grupo Catalán de CiU respecto de las enmiendas 11 a 14; el Grupo Socialista, respecto de la propuesta de veto número 4 y las enmiendas 15 a 18; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 2; los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de su propuesta de veto número 3; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de las enmiendas 9, 10 y 5 a 8.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno trae hoy al Senado el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria y el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y la publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Los objetivos de ambas normas son potenciar la lucha contra el fraude, reforzar la seguridad jurídica tanto de los contribuyentes como de la Administración tributaria en su acción y reducir los litigios en esta materia con una regulación más precisa y clara de todos los procedimientos de gestión del sistema tributario.

Señorías, podemos decir con toda propiedad que el sistema tributario es un reflejo fiel de un país. La estructura de la Administración tributaria, las leyes que la regulan, su capacidad de recaudación, la eficacia de los funcionarios que en ella trabajan, los resultados de la lucha contra el fraude, su imbricación en el contexto internacional, la sencillez y modernización de su modelo fiscal y, sobre todo, la equidad de sus impuestos nos dicen bien a las claras de qué país estamos hablando y cuáles son los objetivos, las ambiciones legítimas de ese país.

El Gobierno ha mantenido una línea muy definida en materia económica con el objetivo prioritario, exclusivo, de salir de la crisis económica y promover la creación de empleo. Hoy tengo el honor de presentar en el Senado estos dos proyectos de ley relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, con la confianza de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para que las cosas mejoraran en España, para que funcionáramos mejor como país. Lo que hemos hecho ha sido bueno para España, ha mejorado la vida de los españoles y, sobre todo, ha abierto las puertas de par en par a un futuro de mayor progreso y bienestar para todos.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha dado una gran importancia a la política fiscal y a la modernización del sistema tributario para conseguir sus metas económicas de crecimiento y creación de empleo. Sin duda, esta política ha sido —ya lo fue en el pasado— uno de los instrumentos más eficaces de cuantos hemos utilizado desde el comienzo de la legislatura, cuando fraguamos la estrategia de salida de la crisis, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, y lo hemos hecho aplicando una reforma fiscal que está siendo determinante en el crecimiento y la creación de empleo.

Los resultados que hemos ido consiguiendo estos años contrastan claramente con los resultados de los años anteriores, cuando, lejos de utilizar la política tributaria para parar el golpe de la crisis, para atender las causas de esa crisis y corregirlas, lejos de realizar una reforma fiscal que amortiguara incluso el daño social que amenazaba al país, lo que se hizo fueron palancas tributarias que agudizaron esta crisis. Y es que no se puede definir de otra manera el hecho de que en dos ejercicios la pérdida de recaudación tributaria fuera de 70 000 millones de euros, algo que no ocurrió en ningún país de la OCDE, y menos después de que el conjunto de las administraciones públicas consiguieran un superávit de más del 2 % de producto interior bruto. Obviamente perdiendo 70 000 millones de euros y sin dominar el caballo del gasto público, se incurrió en un déficit de 11 puntos negativos de nuestro producto interior bruto; es decir, que pasamos de 2 puntos positivos a 11 negativos, 13 puntos de recorrido a la baja en la gestación del déficit público. Y todo ello iba unido a otros factores que se habían ido descuidando en nuestra economía, siendo el más importante —e insisto en ello— el del endeudamiento externo y la pérdida de competitividad que se estaba revelando, y que nos convirtió en un país muy vulnerable respecto de la crisis financiera internacional.

Estaba claro que de esa manera estaba ocurriendo lo que estamos llamando pérdida de recaudación, que se producía, además, en unos ámbitos como el del impuesto sobre sociedades. Y si era inevitable que ocurriera en el pago que realizan de dicho impuesto las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la desaparición de 300 000 de ellas, lo que ya no está claro es la pasividad del Gobierno anterior ante el hecho de que las grandes compañías de España apenas pagaran dicho impuesto, una circunstancia que realmente podemos calificar de auténtico escándalo.

En el año 2011 el tipo efectivo sobre el resultado contable positivo de los grupos consolidados en España se situaba en el 3,8 % de media, lo que significaba que grandes compañías pertenecientes al Ibex 35 en España tenían un tipo efectivo de gravamen del 0 %. Ese mismo año, en el 2011, los pagos a cuenta de los grupos consolidados empresariales ascendieron a 7626 millones de euros, mientras que en el 2014 esos mismos grupos pagaron de forma fraccionada y anticipada a la Hacienda Pública 19 905 millones de euros. De 7626 a 19 905. Menos mal que gobernaba la derecha..., menos mal que realmente hubo un Gobierno con un cierto impulso y decisión a la hora de equilibrar de dónde vienen las fuentes de recaudación tributaria en España. En fin, eso de la derecha lo he dicho con cierta ironía. Ya sabemos que en nuestra sociedad no se debe hablar con ironía, pero, perdónenme, es que en este momento ya es inevitable recurrir a ella, y permítanme que la utilice incluso a primera hora de la mañana. (Risas.— Aplausos). Y es que, créanme, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se trata de situaciones difíciles de aceptar cuando uno se enfrenta a ellas.

Pocos imaginaban entonces, después de aquellas elecciones generales de noviembre de 2011, que España iba a estar en las condiciones en las que se encuentra actualmente, sorprendiendo con una recuperación económica que llegó rápidamente y superando cualquier pronóstico optimista, una recuperación que iba a ser tan acusada que íbamos a pasar en apenas tres años de ser el país que ponía en riesgo la estabilidad de la zona euro a ser el que lideraría el crecimiento y la creación de empleo, incluso frente a otros Estados que en 2012 sin duda se encontraban en mejores condiciones económicas y financieras que nosotros. Todo esto sucede en tres años; entre el 2012 y el 2015. Es evidente que ello no es consecuencia de una coyuntura internacional favorable, como se repite y utilizan algunos como excusa, señorías, porque, en primer lugar, la coyuntura internacional sigue cargada de zozobra; o sea, que en el discurrir de la economía mundial de favorable hay lo justo, hay factores que juegan a favor, pero siempre hay otros que ensombrecen ese discurrir de la economía global.

España, afortunadamente, hoy está a la cabeza del mundo en desarrollo, en crecimiento económico, en generación de renta y, lo que es más importante y necesario para nosotros, los españoles, en creación de empleo. Y lo está —tengo que insistir— por lo que estamos abordando esta mañana, por razón de la política tributaria que hemos aplicado estos últimos años. Y voy a explicar también ahora mismo por qué, para enlazar con el contenido de estos proyectos de ley que en sí mismos completan todo un planteamiento de política tributaria en esta legislatura.

En el año 2012 estábamos ante un continuo deterioro de las bases imponibles, estábamos ante tensiones de gasto que sencillamente no podíamos financiar ante la insuficiencia de los impuestos para financiar ese gasto público y, en concreto, el propio gasto del Estado del bienestar. Es esa la razón por la que durante la primera fase de tratamiento de la crisis nuestro proyecto era estabilizar las finanzas públicas, incluso recurriendo a un incremento de impuestos limitado en el tiempo y equitativo en su distribución. Insisto, subimos los impuestos de manera limitada en el tiempo y equitativa en su distribución. La reforma impositiva realizada en el 2012 recuperó recaudación, gracias fundamentalmente a que consiguió una mayor aportación de las grandes empresas al impuesto sobre sociedades y una mayor contribución de las personas con mayores ingresos a través de un gravamen temporal en el impuesto sobre la renta. Fue una decisión comprometida y orientada a la salida de la crisis para que los impuestos también evitaran que tuviéramos que apelar a una reducción más intensa del gasto público, por eso insisto en que lo hicimos con equidad tributaria, de la misma manera que ahora, cuando este año 2015 hemos bajado los impuestos, lo hemos hecho subrayando y haciendo que mejore la equidad de nuestro sistema tributario.

También es cierto que en julio de 2012 tuvimos que apelar a una subida del IVA, que estaba recomendada por todas las instituciones europeas y por el Fondo Monetario Internacional, pero que no afectó al tipo superreducido porque es el que se aplica a productos de primera necesidad, incluyendo los culturales y, por tanto, el que sirve para proteger la cesta de la compra básica de las personas con menores niveles de renta en España, que pagan el tipo superreducido. También limitamos la subida del tipo reducido para que no afectara a sectores estratégicos de la economía como es el resto de la alimentación, los transportes de mercancías y, por descontado, sectores de actividad económica tan importantes como el turismo y la hostelería.

Estas decisiones en política tributaria consiguieron que no disminuyeran los ingresos en un momento de recesión económica —en el año 2012 caímos en materia de actividad incluso por encima del 2 %, en este caso un 2,1 % negativo—; los ingresos, sin embargo, crecieron respecto del año anterior un 4,2 %. ¿De dónde venía ese incremento de la recaudación? Venía de que realmente hubo 7000 millones de euros más de recaudación en el 2012 sobre el 2011 en un contexto de recesión económica. De esos 7000 millones de euros la aportación del impuesto sobre sociedades ascendió a 3344 millones de euros. Es decir, las grandes empresas de nuestro país aportaron la mitad de la subida de la recaudación del año 2012, mientras que la suma del IRPF y del IVA aportaba 2777 millones de euros, teniendo en cuenta que en el IRPF la aportación de las personas que teníamos más capacidad económica, más renta fue muy superior, puesto que el gravamen complementario era fuertemente progresivo, desde el 0,75 % para las rentas inferiores a 7 puntos para las rentas superiores. La subida de impuestos fue equitativa, muy equitativa, y limitada en el tiempo, porque es ahora en 2015 cuando estamos bajando los impuestos: el IRPF y el impuesto sobre sociedades.

Entre 2012 y 2013 los pagos a cuenta de las grandes empresas y grupos se incrementaron en 7066 millones de euros, mientras que los de las empresas de reducido tamaño se rebajaron en 387 millones de euros. Las empresas de reducido tamaño pagaron menos porque había menos actividad económica y, por tanto, el esfuerzo recayó exclusivamente sobre las grandes empresas que operan en España. Permítanme que destaque que las reformas en el ámbito tributario, y en concreto en el impuesto sobre sociedades, también contribuyeron de manera decisiva a acelerar el proceso de desapalancamiento del sector privado a través de instrumentos como la limitación de la deducción de los gastos financieros y del Fondo de comercio o la supresión de la libertad de amortización. Eso hizo que los pasivos financieros netos del sector privado, que se habían reducido desde el 67 % del PIB en 2008 al 53,5 % en 2011, es decir, bajaron 13,5 puntos porcentuales del PIB en tres años, se redujeran en 39 puntos porcentuales del PIB desde 2012 hasta hoy. Esto parece muy técnico, parece de especialistas financieros, pero esta es la clave de la salida de la crisis de España, el desapalancamiento del sector privado, la reducción de los pasivos financieros netos de España. Fíjense, señorías, 39,2 puntos porcentuales del producto interior bruto, que significa que las compañías no financieras, las sociedades no financieras han bajado la deuda privada en 260 000 millones de euros desde el año 2012 hasta hoy, han tenido el reconocimiento del mercado y eso ha permitido una recapitalización de 300 000 millones de euros, que es lo que han recobrado en términos de valoración de su capital propio. Y también ha bajado la deuda privada de los hogares en 130 000 millones de euros desde el año 2012 a julio de 2015; las empresas 260 000 millones de euros y 130 000 millones de euros las familias. Las familias han tenido un incremento de la riqueza financiera neta del orden de 420 000 millones de euros, lo que representa un incremento del 51 %. Por tanto, estamos ante una de las palancas de la salida de la crisis y del crecimiento económico. ¿De dónde viene el crecimiento económico? ¿Por qué la gente consume más? ¿Por qué hay recuperación económica? Viene de estos movimientos financieros. Las políticas económicas y las políticas tributarias tienen que velar para que esos cambios financieros tan profundos se distribuyan equitativamente entre las diferentes capas sociales que componen España.

En el éxito de estas reformas en términos de desapalancamiento del sector privado la política tributaria tiene mucho que decir, y el reconocimiento de los mercados a las reformas, que refuerza la solvencia de los agentes, permite que haya una reactivación del crédito bancario, que busca rentabilidades donde ese crédito es más necesario, en la pequeña y mediana empresa, en los negocios que comienzan que pueden y deben ser los más rentables.

En definitiva, lo que hace todo esto es que aumenten y mejoren las bases de recaudación y, por tanto, que se recupere recaudación. Esta política fiscal es la que permite, junto al control del gasto público, reducir el déficit y que España recupere credibilidad internacional; una credibilidad que mientras estuvo bajo mínimos hizo que estuviéramos no solo al borde del rescate sino del colapso financiero, y que hoy vemos con muchísima más tranquilidad, más confianza, lo que hace que, obviamente, también se incremente sustancialmente la inversión extranjera en nuestro país e, insisto, se recomponga ese plano financiero que es clave para asentar la recuperación económica de España.

Una vez que en la segunda mitad del año 2013 se estabiliza la recaudación de los impuestos, la recaudación aportada por nuestro sistema tributario deja de caer, lo que permite que el Gobierno haga también una política presupuestaria más neutra en cuanto a actividad económica, y de esa forma la actividad económica empieza a superar la recesión.

En 2013, ya tomamos medidas muy importantes en apoyo a la fiscalidad de los emprendedores, dando cumplimiento a nuestro programa electoral —por cierto, el punto clave del programa electoral en materia tributaria era el apoyo a los emprendedores—, y empezamos a aprobar las reformas tributarias en esta misma Cámara, obviamente, en el Senado de España. Así, empezamos con la reducción en los dos primeros años del impuesto sobre sociedades; del IVA de Caja; el apoyo a los inversores de proximidad, los business angels; la deducción por inversión de beneficios; los incentivos fiscales fuertes a la I+D+i; las medidas para dinamizar el mercado inmobiliario de arrendamiento, las socimis, que tanta importancia han tenido, y siguen teniendo, en España en la recuperación del sector inmobiliario; la bajada de retenciones a autónomos de menores ingresos, los que facturan menos de 15 000 euros; los nuevos estímulos para seguir reduciendo el endeudamiento que tanto daño había hecho a la economía, favoreciendo la refinanciación o reestructuraciones de deuda; iniciativas para mejorar la competitividad; la armonización de la imposición sobre depósitos bancarios, etcétera. Por tanto, ya empezamos a tomar medidas tributarias, como la tarifa plana de las cotizaciones a la Seguridad Social, que está también en la base de los estímulos fiscales para el crecimiento económico y la creación de empleo. También en el año 2013 pusimos en marcha la comisión de expertos para la reforma de nuestro sistema tributario que, con sus planteamientos y sus ideas, dieron lugar a iniciativas que ya se han tenido en cuenta en el proceso legislativo español para bajar los tributos desde 2015.

Voy a insistir en que, en 2014, las bases imponibles se incrementan un 2,6 %, después de 6 años consecutivos de descensos. Esto es importantísimo porque estamos hablando de que los tributos están girando sobre nuevas bases imponibles, lo que significa que hay más empresas y que los agentes económicos, que son los que devengan esos impuestos, tienen mayor capacidad económica. Eso supone un incremento de bases imponibles que, repito, se produce por primera vez en el año 2014. Este incremento no obedece a que hayamos subido los impuestos; al contrario, responde a la mejora de la actividad económica que se está fraguando ya desde finales de 2012, que se plasma en la balanza por cuenta corriente, y es a mediados de 2013 cuando se concreta en el final de la recesión económica de nuestro país.

Por tanto, todo ello se estimula, insisto, desde la tributación, y en el año 2014 se crean más empresas en España. El PIB crece un 1,4 %, se crean 400 000 puestos de trabajo, y eso abre el escenario para que, por fin, podamos bajar impuestos en materia tributaria, la recuperación de la recaudación hasta situarse en torno al 38 % del producto interior bruto, y la mejora de la situación económica es lo que nos permite bajar impuestos desde comienzos del año 2015. Y lo hemos hecho de forma decidida, incluso valiente, porque las bajadas de impuestos de 2015 están programadas desde la primavera de 2014. Sin duda, estamos hablando de un escenario que todavía muchos ven incierto en el año 2015, pero que el Gobierno va confirmando con sus mejores pronósticos y sentando con sus políticas.

La rebaja final media en el IRPF, después de que tomáramos también la decisión de adelantar la bajada programada para enero de 2016, es muy sustancial respecto al IRPF a finales de la legislatura anterior. La rebaja llega al 27,4 % para el 72 % de los contribuyentes, que son los que cuentan con unos ingresos inferiores a 24 000 euros; además, para los que cobran un salario de hasta 12 000 euros al año —los llamados mileuristas— será del 100 %. Estos contribuyentes directamente dejan de pagar el impuesto y ni siquiera tienen retenciones en su nómina.

Junto al IRPF también ponemos en marcha en el año 2015 una bajada del impuesto sobre sociedades en España, que tendrá continuidad en el año 2016.

¿Y cómo va la recaudación este año? Pues este año, señorías, les puedo adelantar en la mañana de hoy que, según cifras de la Agencia Tributaria —cifras provisionales, hasta agosto—, en el período enero-agosto del año 2015 la recaudación tributaria en España está creciendo por encima del 5 %, absorbiendo, por tanto, una bajada de impuestos que ya hemos hecho en el mismo período de más de 2600 millones de euros. Esta es nuestra realidad tributaria; y detrás de esa realidad tributaria existen avances en la recaudación del IVA que pagan las pequeñas y medianas empresas. Hasta agosto, la recaudación del IVA de pymes está creciendo del orden del 12 %. No está mal. ¿Qué es lo que revela esta cifra? Revela dos circunstancias: primera, que estamos en una recuperación económica muy sólida y lo más positivo es que se traslada al empleo y, segunda, que la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, porque no se puede recaudar tanto como estamos recaudando si no fuera porque estamos corrigiendo con mucha eficacia un fraude que se había extendido en nuestra sociedad; incluso, entendiéndolo, comprendiéndolo, aceptándolo, como respuesta a la crisis económica, cuando era al contrario ya que cuanto más se incurre en fraude fiscal más se ahonda la crisis económica y, por tanto, ahora estamos viviendo exactamente el proceso contrario. Es imposible explicar incrementos de recaudación tributaria como los que estamos viviendo solo desde la propia circunstancia de una economía en crecimiento porque, además, no tiene inflación, con lo cual el crecimiento en términos nominales es inferior al crecimiento en términos reales. Por tanto, es materialmente imposible.

Todo ello, obviamente, anima a seguir con estas políticas de bajada de impuestos. Están programadas en los presupuestos para 2016 bajadas del impuesto sobre sociedades y, no cabe duda, que con estas recaudaciones en claro progreso podremos plantearnos también a corto plazo nuevos descensos de figuras tributarias en nuestro país, nuevos descensos de impuestos, que vayan estimulando la actividad económica y garantizando con los incrementos de recaudación la consecución de los objetivos de déficit público. Por eso, estamos creciendo a la cabeza de Europa y, por eso, estamos creando empleo. Esa es la obligación de un gobernante: manejar adecuadamente los mecanismos fiscales que tiene a su disposición para convertirlos no solo en una recaudación financiadora de servicios públicos, que es absolutamente fundamental, sino en una recaudación compatible y estimulante de la actividad económica y en ello mucho tiene que ver mucho la política de lucha contra el fraude.

Señorías, la desigualdad marca un gran objetivo de carácter social en la salida de la crisis económica. La política tributaria puede y debe contribuir a que la recuperación económica se dirija también a evitar la desigualdad excesiva entre los españoles. Por eso, las rebajas fiscales que hemos introducido este año, como ya he descrito, van precisamente orientadas a mejorar el grado de desigualdad de los ciudadanos españoles. Gracias a nuestra reforma fiscal, hay más personas con rentas bajas que han dejado de pagar este año por el IRPF; gracias a nuestra reforma fiscal, las rentas medias y bajas pagan menos impuestos este año que a comienzos de la legislatura anterior; y gracias a nuestra reforma fiscal, las familias numerosas, las que tienen a su cargo a personas con discapacidad y las monoparentales cuentan con ayudas directas de Hacienda por valor de 1200 euros anuales, desde enero del año pasado. Por tanto, estamos favoreciendo también lo que llamamos más técnicamente un impuesto negativo sobre la renta.

Este es el camino y el futuro de la política tributaria avanzada: luchar para combatir la desigualdad a través de cambios, de rebaja de impuestos y mediante la introducción de impuestos negativos destinados a los colectivos que necesitan la mayor protección del Estado: la familia, la mujer trabajadora que ha sido madre y las familias con personas discapacitadas a su cargo. Otros plantean utilizar ayudas directas, pero insisto en que lo que estamos haciendo con la tributación es estimular que esas personas participen en la actividad económica y que, por tanto, con su actividad contribuyan al progreso económico del conjunto de los españoles. Por tanto, nosotros preferimos insistir en bajar los impuestos para estimular la actividad y beneficiar especialmente a las rentas medias y bajas, estableciendo siempre un mínimo exento que constituye de por sí una renta.

Quiero también insistir en la concienciación de los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos. Desde luego, si todos pagáramos los impuestos que nos corresponden, podríamos bajarlos más rápidamente todavía. Aquí está la prueba de cómo va realmente el aumento de recaudación consecuencia de la lucha contra el fraude que lleva adelante la Agencia Tributaria. Estamos haciendo que esa lucha contra el fraude, que ciertamente tiene una gran eficacia en sus resultados, permita la financiación de la bajada de impuestos. El fraude a la Hacienda pública no se puede tolerar porque es el mayor enemigo de la equidad y de la justicia fiscal. Por eso, estamos impulsando con leyes —como la que hoy traigo a esta Cámara— una administración tributaria más eficaz y moderna, y una mejora sustancial tanto en los resultados de recaudación como en la concienciación fiscal del conjunto de la sociedad.

Señorías, desde el año 2012, la Agencia Tributaria está recaudando cada ejercicio en la lucha contra el fraude el equivalente a más de un punto del producto interior bruto. En 2014 se consiguió la mayor recaudación de la historia, 12 318 millones de euros, y los resultados del primer semestre de este año constituyen el mayor arranque de un ejercicio, con 6611 millones de recaudación, un 20 % más que en el primer semestre del año pasado. En estos tres primeros años y medio de legislatura ya se han recaudado más de 41 000 millones de euros —exactamente 41 396 millones de euros—, es decir, casi 5000 millones más que en los cuatro años anteriores de legislatura, y que son fruto del esfuerzo que se ha hecho en la prevención y en la lucha contra el fraude fiscal.

Los implicados en el fraude —como expresión genérica— son defraudadores; es decir, personas físicas o jurídicas que toman deliberadamente la decisión de defraudar en el pago de sus impuestos. Eso es lo que hay que perseguir, la insolidaridad de esas personas y empresas: personas que tienen nombres y apellidos, y empresas con su correspondiente razón social; personas y empresas contra las que hemos estado actuado estos años sin que nos haya importado quiénes eran, cuáles eran sus nombres, su afiliación política o su relevancia económica o social. Y, a partir de ahora, seguiremos haciéndolo con los nuevos medios que facilitan estos dos proyectos de ley.

Señorías, los resultados de la lucha contra el fraude son sobresalientes y son realmente el ejercicio de una voluntad política. El Gobierno fue firme desde el primer momento en el impulso de la lucha contra el fraude a través de iniciativas adoptadas en diversos ámbitos. Por un lado, con medidas de gestión, que han intensificado las actuaciones de la Agencia Tributaria. Aquí debo destacar el Plan especial de intensificación de actuaciones, aprobado el año pasado, que ha contado con la colaboración de los sindicatos de funcionarios y que ha permitido incrementar los ingresos directos de actuaciones de control casi un 25 % respecto al año 2014. Este incremento ha supuesto a su vez una mejora en la retribución del personal de la Agencia Tributaria. Entre las medidas de lucha contra el fraude, en esta legislatura figura de manera especial la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, que incluye, entre otras medidas, la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero en el modelo 720. Después de tres ejercicios de vigencia, más de 197 000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor de 126 300 millones de euros. Señorías, 126 300 millones de euros identificados en esta segunda parte del año 2015 que no estaban identificados a comienzos del año 2012. ¡126 300 millones de euros! Esto es actuar con transparencia y normalizar la posición financiera de los agentes económicos en nuestro país. Esta situación permite ensanchar las bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes fiscales en España cuyas declaraciones fiscales no sean congruentes con los activos o rentas que tengan en el exterior. Tras las declaraciones presentadas el primer año, además de informar, los contribuyentes han ido actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero durante los dos ejercicios siguientes, reflejando separadamente aquellos que han sido extinguidos o revocados —aproximadamente 16 000 millones de euros en 2014 y 12 700 millones de euros en 2015—, y aquellos en los que se produce una alteración de valor superior a 20 000 euros —hasta 70 000 millones de euros en 2014 y casi 46 000 millones de euros en lo que llevamos del año 2015—. Por otra parte, es evidente que todos los convenios que ha firmado España con países que en origen fueron paraísos fiscales ha ido normalizando la situación de los contribuyentes de nuestro país, evitando el fraude que supone la ocultación de bienes en el extranjero.

Una de las iniciativas que más llama la atención en el Proyecto de Ley Orgánica y en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley general tributaria que hoy traemos a la Cámara, y que representa el broche a la reforma fiscal que les he descrito —me perdonarán sus señorías por haberme extendido en este asunto, pero si no, no se entendería a cuento de qué traemos al final de la legislatura estos proyectos de ley—, es la publicidad; dar publicidad durante los próximos meses a la lista de deudores de mayor cuantía con la administración y al contenido esencial de las sentencias firmes por delito fiscal.

Esa publicidad, que se ha conocido más popularmente como la lista de morosos, de deudores de mayor cuantía con la administración, podrá estar lista a final de año y, por tanto, publicada y difundida, cumpliendo el compromiso del Gobierno.

No hace falta que insista en aclarar que estas medidas no son un fin en sí mismo. El objetivo del Ministerio de Hacienda no es someter al escarnio público a nadie, a deudores o defraudadores, sino que ante el señalamiento de los hechos punibles, esos deudores y defraudadores modifiquen su conducta, su actitud, y se comprometan con el cumplimiento fiel de sus obligaciones tributarias.

Por tanto, lo que estamos haciendo en realidad es promover un instrumento que evite el fraude fiscal, un instrumento adicional a los que hemos ido introduciendo para incentivar el pago voluntario de deuda e impuesto. Lo que quiere el Gobierno es que todos los ciudadanos —insisto en la idea— y las empresas paguen lo que les corresponde y en el momento en que les corresponda; y, en especial, aquellos que tienen más medios para hacerlo. Algunos no lo hacen voluntariamente porque se parapetan detrás de la confidencialidad que otorgan las leyes, con carácter general, a los datos fiscales, y piensan que sus actos no van a ser conocidos por sus familiares o vecinos, ni mucho menos por sus clientes. Lo que hacemos ahora es levantar ese velo que oculta la identidad de aquellos ciudadanos y de aquellas empresas que han sido insolidarias y que han hecho un uso indebido de su capacidad económica. Por tanto, a partir de ahora quedan advertidos de que si se encuentran en esa situación lo que tienen que hacer es regularizarla cuanto antes, porque la falta de solidaridad que han demostrado hasta ahora ha perjudicado a la propia recuperación económica de España.

Esperamos que con esta medida, que introduce la transparencia en la lucha contra el fraude y la morosidad, aquellos que no parecen temer las multas y sanciones, aquellos que desprecian las leyes y se creen que están por encima de los demás cuando se trata de pagar impuestos, se lo piensen dos veces antes de defraudar. Si hasta ahora podían hacerlo pensando que nadie iba a conocer su secreto, a partir de la entrada en vigor de la ley sabrán que sus actos, además de la correspondiente sanción económica o judicial, serán de dominio público y pueden tener consecuencias sobre sus relaciones sociales y profesionales. Además de mayor transparencia, la sociedad también demanda que la administración cuente con instrumentos eficaces para hacer frente a las estructuras más sofisticadas de fraude que aprovechan los contribuyentes que tienen más capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley general tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma. Actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias. Se trata, por tanto, de abordar los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal.

Además, para combatir la economía sumergida se mejora el método de estimación indirecta de las bases imponibles en los casos en los que la administración no dispone de los datos necesarios para su cálculo. Esto mejorará la seguridad jurídica al especificar legalmente el origen de los datos a utilizar y su aplicabilidad, tanto en la determinación de sus ingresos —ventas— como en la de sus gastos —compras—, y dota a la administración tributaria de un mejor instrumento contra la economía informal. Asimismo, la ley aclara y precisa el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea necesario en relación con obligaciones y derechos correspondientes a ejercicios no prescritos. Me parece importante destacar que en los casos de indicio de delito fiscal se modifica el procedimiento. Hasta ahora la norma general supone que cuando aparecen estos indicios el caso se remite al juez o a la Fiscalía, pero se paralizan las actuaciones administrativas y no se practica la liquidación, lo que perjudica a la Hacienda pública. A partir de ahora, la Agencia Tributaria podrá continuar con el procedimiento para liquidar y recaudar las cuantías defraudadas, a expensas de la decisión judicial. Con esta medida se busca adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado dentro del respeto a las garantías del proceso judicial.

Finalmente, la reforma introduce modificaciones para reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los casos, también se amplía la facultad de los órganos de la administración tributaria para dictar decisiones interpretativas o aclaratorias de carácter vinculante que eviten así el conflicto de interpretaciones. También se abren nuevas líneas de colaboración entre contribuyentes y administración para fomentar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias y se sientan los fundamentos legales del proyecto de suministro inmediato de formación para la gestión del IVA en tiempo real, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017, después de las pruebas piloto que se desarrollarán en 2016.

Respecto a las medidas para incrementar la seguridad jurídica, se establecen nuevos plazos, más amplios, para el procedimiento de inspección y se mejoran las reglas para su cómputo, de manera que el contribuyente conozca claramente cuál es la fecha límite del procedimiento. Estos cambios suponen una importante simplificación de la normativa vigente, con reglas más claras y garantistas que contribuirán a una mayor eficacia administrativa y a una reducción significativa de la conflictividad tributaria en este ámbito.

Por otra parte, se aprueban medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad, mejorando la regulación de los procedimientos y promoviendo la utilización de los medios electrónicos en todas sus fases. Entre otras novedades, se potencia el sistema de unificación de doctrina intratribunales y en el procedimiento abreviado se acortan algunos plazos de resolución.

Señorías, a lo largo de estos años el Gobierno ha impulsado una reforma de nuestro sistema fiscal que no está completa y, por eso, el Gobierno debe tener también la aspiración de continuar en la próxima legislatura con otros ámbitos de esa reforma fiscal. Se trataba de modernizar nuestro sistema tributario, de hacerlo más justo, equitativo, más eficiente en términos económicos y, por supuesto, también más eficaz en la lucha contra el fraude fiscal.

A pocos meses del final de legislatura podemos decir que la política que hemos impulsado ha tenido importantes consecuencias positivas, tanto en la realidad socioeconómica de España como en la mejora de la equidad del sistema y en la persecución de las prácticas fraudulentas. La reforma que proponemos ahora de la Ley general tributaria incide especialmente en este último aspecto. Insisto, el objetivo es mejorar la conciencia social de todos y estimular el pago voluntario mediante la persecución de los fraudes y deudas de mayor cuantía.

España puede vivir unos años de crecimiento económico y de creación de empleo que devuelvan el bienestar y las oportunidades que hemos perdido con esta crisis. Esa no es una esperanza o una quimera sino todo lo contrario, es una posibilidad cierta y real que podemos alcanzar si continuamos con políticas como la que estamos proponiendo en esta Cámara. En ese escenario se hace imprescindible intensificar la lucha contra la economía sumergida, que es la que hurta los derechos sociales a los trabajadores, y contra el fraude y las deudas tributarias, que atentan contra el Estado, contra el Estado de bienestar y obliga al resto de los ciudadanos a pagar con sus impuestos más de lo que les correspondería si todos los ciudadanos pagáramos los impuestos en la medida en la que estamos obligados.

Estamos, pues, empeñados en conseguir no solo esa sociedad del bienestar sino también mejorar en términos equitativos para conseguir una sociedad más justa. Y eso incluye una estructura fiscal más equitativa en la que todo el mundo pague los impuestos para que podamos seguir reduciéndolos; ya lo estamos haciendo en el año 2015, especialmente para las rentas medias y bajas.

Ese ha sido el ánimo, el contenido, el objetivo de la política tributaria desarrollada estos años y es el objetivo de la reforma que hoy traemos al Senado de España. Se trata de un objetivo, que estoy seguro de que es compartido por todos los grupos políticos de la Cámara, y es el objetivo por el que el Gobierno solicita el respaldo a estos proyectos de ley por parte de los grupos políticos de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

La propuesta de veto número 1 al proyecto de ley orgánica es de la senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mora, por tiempo de quince minutos.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señorías, señor ministro.

Hemos presentado una propuesta de veto al proyecto de ley orgánica en lo referente a la modificación del nuevo artículo 135 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque entendemos que esta modificación es un mero maquillaje, es una reforma efectista de cara a las elecciones generales y tiene poco sentido, entre otras cosas porque ha habido muy poco debate, no se ha admitido ninguna enmienda ni ninguna transacción y no habido ninguna negociación con ningún grupo. Además cuenta con el dictamen contrario del Consejo Fiscal y de la mitad del Consejo General del Poder Judicial.

Es una ley, a pesar de lo que haya dicho el ministro, que crea desigualdad, porque no lucha ni contra los grandes defraudadores ni contra el gran fraude. Es muy loable la lucha contra el fraude fiscal, con la que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con la forma de luchar contra él. Nos parece que el fraude es una lacra muy importante contra la que hay que luchar y por el que la sociedad española muestra un gran interés, y sobre todo es más grave cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor notoriedad y mayor es la responsabilidad pública de los defraudadores.

No podemos compartir ni comprender cómo se publicita esta ley como un adalid en la lucha contra la injusticia social y fiscal cuando en realidad lo que se está haciendo es respaldar a los grandes defraudadores y permitirles pagar por su anonimato. Esta ley va a permitir que las grandes corporaciones tengan tiempo suficiente para establecer un fondo de contingencia en su contabilidad para pagar por su anonimato.



Esa es la realidad, es puro populismo normativo en un asunto que es bastante importante para la sociedad y en el que hay un rechazo social indiscutible.

Por otra parte, nosotros entendemos que la reforma no debe hacerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que el encuadre jurídico debería ser en el Código Penal. Para nosotros, obviamente, y solo hay que leer la exposición de motivos de esta ley, esta medida tiene un carácter retributivo y aflictivo. De hecho, si uno la lee con detenimiento comprobará que la exposición de motivos lo avala, aunque se intente decir que no es así. Incluso hay numerosa jurisprudencia que afirma que la publicidad de sanciones tiene una naturaleza sancionadora, y como tal entendemos que el encaje debería hacerse en el Código Penal.

Como dijimos ayer en la Ley de enjuiciamiento criminal, entendemos que cualquier reforma penal, ya sea de una ley sustantiva o de una ley procesal, debe hacerse con suficiente consenso, con acuerdo y con la intervención de los operadores jurídicos penales, criminólogos y penalistas, ya que en la práctica, cuando se prescinde de ellos muchas veces nos encontramos con que la aplicación de esta normativa viene poco a orientar las penas de reinserción que postula el artículo 25 de la Constitución.

En cuanto a que tiene una naturaleza aflictiva y sancionadora, entendemos que el régimen transitorio medio que se aplica en la disposición transitoria es inconstitucional y es contrario al artículo 9.3 de la Constitución respecto a la irretroactividad de las posiciones sancionadoras y no favorables de derechos. De la exposición de motivos se desprende que viene a coincidir con los mismos principios de la pena; es decir, esta medida tiene un carácter de retribución, prevención general y prevención especial. Nos preguntamos cómo se pretende que el carácter de esta medida pueda ser útil para la prevención general cuando en realidad la ciudadanía va a admitir o va a asimilar que a los ricos, a los millonarios no se les va a aplicar esta norma. Consideramos que, de cara a la prevención general, no tiene ningún sentido.

En cuanto a la prevención especial, este grupo privilegiado va a poder salvarse de la aplicación de esta norma pagando; tampoco va a ser efectivo para ellos. Por lo tanto, entendemos que no tiene ningún sentido. Esta reforma, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, nos parece una tomadura de pelo a la ciudadanía.

En la exposición de motivos se dice también que la finalidad de la norma es reforzar los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas. No entendemos cómo puede sostenerse que se va a utilizar la publicidad para luchar contra el fraude cuando en realidad no se aplica la norma a los mayores defraudadores, que van a poder saltarse esta norma; defraudadores que realizan conductas muy reprochables y que tienen conductas totalmente insolidarias. No lo podemos comprender. Además, nos parece absolutamente contradictorio utilizar el principio de transparencia en la lucha contra el fraude fiscal cuando en realidad en ningún momento se plantea dar publicidad a las personas que se acogen a la amnistía fiscal, y sería interesante para la prevención general en cuanto que contribuiría a evitar el fraude de cara a posteriores procedimientos extraordinarios de regularización tributaria. Tampoco se han planteado en ningún momento dar publicidad a los grandes defraudadores por sanción administrativa y que paguen por ello. Tampoco se han planteado en ningún momento hacer pública la lista Falciani de grandes contribuidores con fortunas en el extranjero y paraísos fiscales, lo cual ayudaría a la conciencia social de que hay que contribuir en España, de que hay que contribuir en tiempos de crisis en el Estado español, que, desde luego, es lo más patriótico, como les gusta a algunos comentar. Nos parece una reforma exigua que protege a los grandes defraudadores y que es mero maquillaje.

No podemos comprender, ni compartimos tampoco, que otros delitos del Código Penal que tienen bienes jurídicos igualmente protegidos en el mismo título, como los delitos contra la Seguridad Social, del Título XIV del Código Penal, no han sido incluidos en esta reforma. Por ese entendemos que realmente es un puro populismo mediático.

No entendemos tampoco absolutamente nada, por eso pensamos que esta reforma es una reforma efectista con vistas a las elecciones, que no prevea la publicidad para otros bienes jurídicos igualmente importantes para la sociedad, o incluso más, que son delitos muy graves contra intereses generales: los delitos de corrupción. Según el último CIS de julio de 2015, para la población española el segundo problema mayor en el Estado después del paro es la corrupción. Incluso para los votantes del PP este también es el segundo problema. Si realmente quieren evitar el fraude y que esta medida sirva para evitar estas conductas, como bien ha dicho el ministro hace un momento, ¿por qué no se incluyen los delitos del Título IX del Código Penal, delitos contra la Administración pública, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones fiscales? Entendemos que el motivo es el uso electoralista de la ley. Estos delitos de corrupción socavan la confianza en las instituciones y en la democracia, son un ataque directo a la convivencia colectiva y son precisamente los delitos sobre los que mayor reprobación social existe. Por tanto, hacemos una llamada de atención para que tengan a bien introducirlos en algún momento. Hemos presentado este veto porque entendemos que va destinado a vender humo de cara a las elecciones y que los ciudadanos merecemos y necesitamos leyes que resuelvan nuestros problemas, no como esta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa, han presentado dos propuestas de veto: la número 1 al proyecto de ley y la número 2 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Buenos días, señorías.

Aunque no esté presente, quiero agradecer al ministro que tenga la deferencia de venir al Senado a presentar sus proyectos de ley. Creo que es el único que lo hace con cierta regularidad, lo que es de agradecer.

Quiero empezar la intervención de defensa de este veto que presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, junto con el senador Joan Saura, denunciando una vez más el disparate legislativo que estamos llevando a cabo. Vamos a discutir 37 proyectos de ley en dos meses, 9 proyectos de ley en este Pleno, y es un disparate. Esto de mesurar la legislación a partir del peso, de la cantidad de papel que eres capaz de poner encima de la mesa no sirve para nada. Quiero recordarles que el 36 % de los proyectos de ley que hemos discutido en esta legislatura han sido por el procedimiento de urgencia; hoy también. Esto quiere decir que este Gobierno es incapaz de realizar una cierta planificación legislativa o que voluntariamente degrada el trabajo de los legisladores. Una vez más, quiero reiterar que el Senado no solo sigue sin reformar, sino que lo estamos degradando con la mala calidad del trabajo legislativo que realizamos en estas condiciones.

Para defender el veto, voy a seguir el hilo argumental que ha utilizado el ministro en su presentación y en aspectos que no ha dicho hoy pero que dijo en la defensa que realizó en el Congreso.

En primer lugar, el ministro Montoro ha afirmado que el sistema tributario es un espejo muy fiable de la situación de un país; en el Congreso decía: de la moral de una sociedad, y yo añadiría: de la moral de los Gobiernos. Su modelo fiscal y la equidad de sus impuestos nos dicen de qué país estamos hablando y cuáles son sus objetivos y ambiciones. Tiene toda la razón. Luego haré referencia a un aspecto tan central que informa, explica y justifica un modelo tributario, un sistema fiscal.

Como siempre, ha realizado una crítica a la herencia recibida —es un clásico de esta legislatura—, para pasar a continuación a loar la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha justificado tanto la subida de los impuestos como la rebaja recientemente aprobada. También ha hecho un breve comentario sobre la amnistía fiscal, y ha subrayado la implicación de este Gobierno en la lucha contra el fraude y la potenciación de la Agencia Tributaria. Asimismo, ha hecho referencia, como no podía ser de otra manera, a la publicidad de los condenados por fraude fiscal. Por último, ha cerrado su intervención, como suele hacer, con una encendida defensa de las bondades económicas, sociales y de mejora de la equidad de nuestro sistema fiscal.

Señorías, a pocas semanas del final de la legislatura me permitirán que en la defensa de este veto haga un breve resumen del mandato del Gobierno de Rajoy. A diferencia de lo que opina el ministro de Hacienda, creo que los pilares básicos sobre los que este Gobierno ha construido sus políticas eran y son erróneos.

Ustedes, señorías del Partido Popular, prisioneros de su ideología neoliberal y de su supeditación a los dictados de la troika, han realizado un diagnóstico incorrecto de los motivos de la crisis, y el tratamiento dado ha tenido efectos nefastos. Y no solo hablo de los niveles de paro, de los incrementos de las desigualdades producto de sus políticas y del altísimo nivel de pobreza y de pobreza infantil; no solo hablo de una deuda desbocada. Por cierto, me sorprende, nos sorprende a todos y a todas que el ministro de Hacienda nunca hable de la deuda pública que tiene este país. Estamos casi en la cifra de 1 billón de euros, al cien por cien de nuestro PIB, y la deuda no existe. Es una especie de misterio que solo se puede explicar y justificar en que, como es dato negativo, no interesa hablar de él.

Su política proactiva, la única que han realizado, ha sido la devaluación interna como factor para ganar competitividad, pero, señorías, seguimos instalados en el mismo modelo productivo de baja calidad; es decir, no hemos aprendido nada de esta crisis. Es cierto que hay crecimiento —luego haré referencia a él—, es cierto que hay creación de empleo —también lo matizaré—, pero es que este Gobierno no ha aprendido nada de los motivos de la crisis, que no solo fue la crisis financiera y cómo nos afectó, no solo fue la burbuja inmobiliaria, sino que España tiene un modelo productivo de bajísima calidad, y donde se da el crecimiento, donde se está creando empleo sigue siendo en los sectores de baja calidad, muy frágiles y vulnerables a cualquier coyuntura global económicamente negativa.

Crecemos, sí, ¿pero con qué costes sociales? Diga lo que diga el señor ministro, crecemos gracias a Dragui, al precio del petróleo, a la convertibilidad del euro, a la inestabilidad de otros destinos turísticos; crecemos gracias a un ajuste muy duro impuesto a las clases populares; crecemos, sí, pero de forma desigual, con mayores desigualdades sociales, crecen las rentas de capital, pero no las del trabajo. Como decía antes, seguimos siendo muy frágiles. Miren lo que ha pasado estos últimos días con la crisis china. La economía española crece, pero, insisto, sobre pilares muy frágiles, lo que la hace muy vulnerable. Estamos creando empleo; es evidente que los datos de empleo crecen respecto de los años de destrucción de empleo, pero es un empleo precario y en sectores, insisto, muy vulnerables.

Decía el señor Montoro que el sistema tributario es el espejo de la moral de una sociedad, y es verdad. En nuestro país se pueden distinguir claramente dos sectores: una ciudadanía comprometida y consciente de sus responsabilidades fiscales, que es la mayoría, y una minoría parasitaria e inmoral apoyada por gobiernos como este, un Gobierno que en los momentos más agudos de la crisis se permitió hacer una amnistía fiscal que no logró los objetivos, los ingresos por los que se justificó y representó una verdadera afrenta hacia los contribuyentes. En España el modelo fiscal no es equitativo. Que para los del PP los socialistas lo hicieran peor no es ahora el debate; el debate ahora es qué hace el Gobierno de Rajoy, cuáles son sus políticas y qué leyes nos presenta.

Mi partido criticó con mucha fuerza a Zapatero cuando dijo aquello de que bajar impuestos era de izquierdas; creemos que fue un grave error. Pero en cuanto a lo derechas e izquierdas, les expondré unos datos: En el año 2003, último año completo del Gobierno de Aznar y en plena bonanza económica, el ingreso por el impuesto sobre sociedades era de 22 000 millones de euros; en 2007, en plena expansión económica, ese ingreso era de casi 45 000 millones de euros; en 2011, último año socialista, fue de 16 611 millones de euros; en 2014, según datos de la Agencia Tributaria, ese ingreso fue de 18 713. Pero lo que no ha dicho el señor Montoro es que del 2013 al 2014 fueron 1232 millones menos de ingresos y 2000 más que en 2011. Todo es bienvenido, señorías, pero esto tampoco es como para tirar cohetes. La cotización de las grandes corporaciones fue, como ha dicho el señor Montoro, del 3,8 %, pero actualmente es del 5,3 %. Es decir, que este Gobierno sigue instalado en una prima a las grandes corporaciones.

Señorías, en el año 2014 se incrementaron todos los impuestos, excepto el de sociedades, cuya recaudación, como antes decía, disminuyó en 1232 millones de euros. Pero es que el 68 % de los incrementos que se han producido en 2014 respecto a 2012 se basan en impuestos indirectos, con lo cual seguimos instalados en un sistema poco equitativo, ya que los impuestos indirectos son los menos progresivos que existen.

Pero aún les daré más datos. De las 35 empresas del IBEX 35, 34 están presentes en paraísos fiscales. En 2013 se contabilizaron 810 filiales, un 44 % más que en 2012. La inversión española en paraísos fiscales representa casi una cuarta parte del total de la inversión en el exterior, y un 12,4 % es inversión circular, es decir inversión que sale de España y vuelve al país después de pasar por un paraíso fiscal. El 26,4 % de la inversión española en el exterior son préstamos de empresas españolas a sus filiales. Y otro dato: según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas en 2013 fue, como decía antes, del 5,3 %, en tanto que las pymes pagaron un 16 %. ¿Qué equidad hay en un impuesto sobre sociedades donde las pymes pagan el 16 % mientras que las grandes corporaciones pagan el 5,3 %? Podemos decir que con los socialistas ese dato era del 3,8 %, pero ¡Menuda ambición! ¿En qué han mejorado ustedes? ¿A qué viene tanta palabrería para justificar luego el crecimiento de solo un punto y medio cuando las pymes pagan, insisto, casi tres veces más que las grandes corporaciones?

Antes de hablar del compromiso y la efectividad de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal quiero hacer referencia a otro aspecto que siempre se ignora en los debate sobre fiscalidad y a los que este Gobierno nunca hace referencia y es la elusión fiscal, es decir, todos aquellos instrumentos legales que existen, porque el Gobierno quiere, para eludir impuestos. Estoy hablando de las sicavs, de las empresas de tenencia de valores extranjeros, de los abusos de los precios de transferencia, de los préstamos intragrupos, de la deslocalización de intangibles y de toda una serie de figuras que permiten que en este país las grandes corporaciones y las grandes fortunas eludan sus impuestos, y esto nunca sale a debate. Este Gobierno nunca ha hecho referencia a estos mecanismos de elusión fiscal y nosotros creemos que también es un factor que grava la equidad del modelo tributario español. Si mala es la elusión, peor es el fraude fiscal; estamos hablando de casi 60 000 millones de euros de los que el 72 % proviene de las grandes empresas y grandes fortunas a las que no solo se les permite eludir, sino que a su vez defraudan. Está claro, y hay mucho estudios al respecto, que si fuéramos capaces de recaudar la mitad —que nos pondría en la media europea— de lo que se defrauda fiscalmente, incorporaríamos casi un 2,5 de PIB en ingresos tributarios.

Quiero hablar también de la Agencia Tributaria. Según el ministro de Hacienda, este Gobierno la ha reforzado, lo cual es una gran mentira. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria y recordar que a lo largo de esta legislatura la Agencia Tributaria ha estado envuelta en polémicas, escándalos, ceses, etcétera. Les podría recordar el caso Nóos, los escándalos respecto a las donaciones al Partido Popular y el cese de un inspector que llevaba el caso de la gran empresa Cemex y que fue acompañada de la dimisión del jefe de Dependencia y Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; podría hablar de los 320 ceses, dimisiones y cambios realizados en las principales y más sensibles áreas de la agencia; del último y muy reciente cese del delegado de la Agencia Tributaria en la región de Murcia por haber facilitado al magistrado encargado la información pericial del caso de corrupción de Novo Cartago, que afecta de lleno al PP de Murcia.

Una Agencia Tributaria, por otra parte, colapsada, con más de 1400 funcionarios que están en auxilio judicial, nada menos que la cuarta parte de los inspectores, maltratada presupuestariamente y con falta de personal —estamos por debajo de la media de la OCDE—. Una agencia que el ministro de Hacienda dice que va a reforzar, pero de tal manera que la disposición final octava del Proyecto de Ley del modelo tributario nos dice que esta ley, como todas estas últimas que estamos aprobando, no puede representar ningún incremento del gasto de personal ni de recursos. ¿Cómo va a reforzar la Agencia Tributaria si añade una disposición final que dice que sí pero sin que cueste un duro? O hablamos de la multiplicación de los panes y los peces o, señorías, no se entiende.

Quisiera finalizar refiriéndome a dos aspectos. Respecto a los defectos del modelo tributario español, estamos hablando de que el modelo está afectado por cuatro rufianes que defraudan, por cuatro aprovechados que eluden, o estamos hablando de un modelo enfermo desde el punto de vista social. Yo creo que tenemos un modelo tributario socialmente enfermo, porque no grava a los que más tienen, es injusto, no prima la equidad, la desproporción en la aportación entre las rentas del trabajo es evidente, es un modelo que permite a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones la elusión fiscal y no se combate con eficacia el fraude fiscal porque la Agencia Tributaria no tiene los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo.

Por último, quisiera terminar diciendo que con este modelo tributario lleno de escándalos, que prima a los más poderosos, que carga en las espaldas de las clases populares todo lo que representa el esfuerzo tributario, es un milagro que en España aún la gente quiera contribuir pagando sus impuestos, porque la pedagogía que hace este Gobierno con sus políticas fiscales es un desastre. Y por ello pido el apoyo a este veto.

Gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha añadido. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté han presentado la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y la número 3 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo voy a hablarles de las razones para vetar estos dos proyectos de ley en cuestión, pero no puedo resistirme, obviamente, a hacer referencia a la intervención del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a pesar de que no nos acompañe en estos momentos, en primer lugar, como hacía el señor Guillot, para agradecerle su presencia para presentar los proyectos. Si bien, de su intervención ha dedicado en torno a una hora, más de tres cuartos de hora, a hablar no de los proyectos de ley sino de otras cuestiones. Ha venido a explicarnos lo de siempre, lo que podría servir para presentar cualquier proyecto de ley y lo que, por supuesto, seguro que volveremos a escuchar dentro de pocas semanas con motivo de la presentación de los presupuestos: que los socialistas lo hicimos muy mal, que el Gobierno de Mariano Rajoy, con él de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo está haciendo de maravilla y que somos la envidia del mundo mundial. Una intervención de pura propaganda, con un balance triunfalista de su gestión.

Yo voy a añadir algunas cosas de las que el señor ministro se ha olvidado en su intervención. Se ha olvidado de hablar, por ejemplo, de que el déficit, efectivamente, se ha reducido, pero quienes más han contribuido a la reducción del déficit no ha sido la Administración central, solo hay que repasar el cuadro que aprobamos en el mes de julio, han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Es verdad, al señor ministro también se le ha olvidado hablar de la deuda, como decía el señor Guillot, porque no es que estemos cerca del billón es que lo hemos pasado. En junio, la deuda de España era de 1 053 025 millones de euros, es decir, en esta legislatura, gracias a la gestión del señor Montoro también —supongo, porque todo debe estar en el activo—, España se ha endeudado en más de 300 000 millones de euros, se le ha olvidado decirnos esto. Sí, es cierto que ahora se han bajado algunos impuestos, pero se ha olvidado de decirnos que antes de bajar un poco algunos de estos impuestos —sobre lo que ya hablamos en su momento— prácticamente los subió todos; también se ha olvidado de decirnos eso. Se ha olvidado de decirnos que gracias a la herencia recibida han podido utilizar el Fondo de reserva de la Seguridad Social, y de este fondo de reserva han sacado más de 43 000 millones para pagar las pensiones; también se ha olvidado el señor ministro de eso. Y se ha olvidado de decirnos los recortes substanciales que ha efectuado este Gobierno a las políticas del Estado del bienestar: a educación, a salud, a dependencia, a innovación, y, por supuesto, las consecuencias que eso ha tenido y tiene sobre la pobreza en nuestro país. También la pobreza ha crecido, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos independientes y organizaciones como Cáritas. La pobreza ha crecido también, supongo que gracias a la gestión, porque si ha crecido a lo largo de este periodo algo tendrá que ver el Gobierno, no digo que en todo, pero algo tendrá que ver el Gobierno. Eso por no hablar del empleo y de la calidad del empleo que se ha creado. Entre otras cosas, esto, aparte de en el total de horas trabajadas, se refleja también en los ingresos de la Seguridad Social. Porque, señorías, después de que ciertamente la economía dejara de caer y empezara a crecer, este Gobierno acabará la legislatura con prácticamente el mismo empleo que había en el año 2011, que era una situación preocupante, no digo que no, por supuesto que lo era, y también con unos ingresos de la Seguridad Social, con la salud de la Seguridad Social mucho más deteriorada de lo que lo estaba en el año 2011. También de eso nos podía haber hablado el señor ministro. Pero ha dedicado los últimos minutos de su intervención a hablarnos de las leyes, y eso es lo que yo voy a hacer.

Los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya hemos presentado un veto tanto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información en materia fiscal como al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria.

Comienzo refiriéndome al primero de los proyectos mencionados. El objetivo del proyecto de ley, según se desprende de su preámbulo, es aplicar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales y de las sentencias dictadas por los tribunales, con los límites que, obviamente, marca la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio de publicidad de las normas y a su aplicación específica a las sentencias firmes por fraude fiscal.

A tal fin, el proyecto añade un nuevo artículo, el 235 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el acceso público a los datos personales contenidos en las sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando, que tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda pública. Su anclaje constitucional es, obviamente, el derivado del artículo 31.1 de la Constitución, que define nuestro sistema tributario como justo, y la obligación de que todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 se refiere a esta obligación y considera que la lucha contra el fraude fiscal es un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos y que es inherente a un sistema tributario justo del que habla precisamente la Constitución.

Ahora bien, la regulación que recoge el proyecto de ley, a nuestro entender, es timorata, insuficiente y no conseguirá los objetivos que dice perseguir sino que puede que alcance algunos contrarios. No responde a las demandas sociales de más transparencia, después de los bochornosos espectáculos que hemos visto y vivido protagonizados por defraudadores y corruptos que se han acogido a la amnistía fiscal; no digo que sean todos corruptos, pero sí defraudadores. La utilización de este mecanismo por personas imputadas y la alarma social que ello ha provocado hace necesaria la publicación de los datos de las personas beneficiarias de la amnistía para asegurar la transparencia y la lucha contra el fraude, el blanqueo y la corrupción. Pero el proyecto de ley no solo no lo contempla sino que prevé que solo se hará pública la identidad de los infractores tributarios si han sido condenados y no han abonado la cuota y la correspondiente sanción; es decir, se publicará el nombre de los defraudadores condenados, pero no de los que hayan pagado. Solo conoceremos la identidad de aquellos que no han querido o no hayan podido pagar o avalar. La identidad del defraudador condenado, con recursos económicos, y que pague continuará siendo opaca, y esto no es transparencia, señorías.

¿Por qué lo regulan así? Es lo que yo me pregunto, porque ustedes saben que no puede uno escudarse en el artículo 18.4 de la Constitución. Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la C-92 y la C-93, de 9 de noviembre de 2010, referidas a la interpretación de los artículos 18 y 20 de la Directiva 95/46, y a los artículos 7 y 8, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respecto a la validez de las disposiciones del derecho de la Unión, que establecen la publicación de datos personales de las personas físicas, nos dicen que el derecho a la protección de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta sino que debe ser considerado en relación con su función en la sociedad. A pesar de ello, el Gobierno ha querido, después de varios borradores, descafeinar el texto, y muchos pensamos por qué.

Una segunda razón que motiva este primer veto es también la oportunidad perdida que supone no haber aprovechado este proyecto de ley para regular otros comportamientos defraudatorios de gran trascendencia para la Hacienda pública como son los delitos de fraude a la Seguridad Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas públicas.

Señorías, paso ahora a comentar también las razones que han motivado la presentación de nuestro otro veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley general tributaria. Según el preámbulo del mencionado proyecto de ley, sus objetivos serían los siguientes: el reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria y la reducción de la litigiosidad en esta materia; la prevención del fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias; y el incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración. En definitiva, mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y más eficaz.

Nosotros compartimos estos objetivos, lo que ocurre es que, desde nuestro punto de vista, el texto articulado del proyecto de ley no cumple con los objetivos que dice perseguir en su preámbulo. Consideramos que la Ley general tributaria, por supuesto, constituye un pilar básico para el correcto funcionamiento de nuestro sistema tributario, teniendo que adaptarse, obviamente, a las transformaciones del ordenamiento jurídico y a la práctica tributaria de nuestro país. De ahí que señalemos que no compartimos por insuficientes las medidas e instrumentos del proyecto de ley. En primer lugar, porque no responde a las demandas sociales de más transparencia —a eso me he referido cuando hablaba del veto al proyecto de ley orgánica—. El escándalo que supuso la amnistía fiscal, los casos conocidos de defraudadores y corruptos, así como por la regulación de este proyecto de ley orgánica y por la regulación del nuevo artículo 95 bis de la Ley general tributaria, este proyecto no solventa el problema de transparencia y de credibilidad cuando más lo necesita la Administración.

En segundo lugar, motivan también nuestro veto las relevantes deficiencias en la regulación del denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria en materia de prescripción o en la articulación de las infracciones y sanciones, por un lado, y la prescripción, por otro, como pone de relieve, por ejemplo, el informe del Consejo de Estado que reprocha la regulación de estos preceptos que contiene el proyecto de ley, considerándolos, además, no acertados y poco respetuosos con los principios constitucionales.

En tercer lugar, en lo referente a las actuaciones inspectoras, si bien nosotros compartimos la necesidad de ampliar los planes de las actuaciones —que, por cierto, fueron reducidos por este Gobierno—, no puede admitirse la desnaturalización de la prescripción como a nuestro entender propicia el texto del proyecto de ley.

En cuarto lugar, el proyecto de ley viene a consagrar en materia de delito fiscal la garantía de la impunidad. Podríamos decir que ya se instauró con la reforma del Código Penal, que ya ha hecho desaparecer las penas para quienes regularicen su situación tributaria. La desaparición de este delito arrastra, además, a otros posibles delitos conexos relacionados con él como el blanqueo. El proyecto de ley insiste en considerar la regulación como el verdadero reverso del delito, concepción esta que, por supuesto, nosotros rechazamos de plano.

En quinto lugar, el proyecto de ley, al introducir regulaciones de cuestionable viabilidad constitucional, desde nuestro punto de vista, otorgando a la Administración potestades de límites imprecisos, puede incidir negativamente en el principio de seguridad jurídica y especialmente en el de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Todo ello después de una reforma fiscal, a la que sí que se ha referido el ministro, que ha comportado, desde nuestro punto de vista, un tratamiento más favorable a las rentas más altas y a las rentas de capital. Solo hay que ver dónde se concentrarán las mayores bajadas de impuestos: en aquellas personas, en aquellos contribuyentes —que no son muchos— que ganan más de 300 000 euros. Hoy, señorías, el sistema tributario es más injusto y menos equitativo y a ello habríamos de sumar esta modificación de la Ley general tributaria que consagra la desigualdad entre los contribuyentes, que verán cómo la norma se aplica con rigor a la mayoría y que comportamientos defraudatorios o elusivos más graves pueden relajarse por las impugnaciones de los contribuyentes de mayor capacidad económica y por la utilización de la ingeniería fiscal. Referente a esto hemos presentado algunas enmiendas para tratar de corregir esta cuestión.

En sexto lugar, la reforma que comporta el proyecto de ley deja de lado y orilla una reforma que sería más ambiciosa, que afrontara las necesidades reales, los nuevos problemas de aplicación de nuestro sistema tributario derivados de la globalización y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Ello pasa por reforzar el papel de la Agencia Tributaria debilitada después de esta legislatura —también a eso se han referido algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra—, carece de los medios adecuados y se ha debilitado en la lucha contra el fraude. Se trata de que la Agencia Tributaria, además, pueda hacer esta labor de lucha contra el fraude cada vez de manera más coordinada, por supuesto, con otras administraciones, y, especialmente, también con otros países en el marco de la Unión Europea.

Igualmente es necesario, desde nuestro punto de vista, plantearse la lucha contra el fraude, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas y hacerlo por razones éticas y morales, pero también por razones sociales y económicas. No puede ser que, con unos tipos medios mayores que la media de la Unión Europea, la recaudación del PIB nos sitúe en la cola de los países de la Unión Europea. España debería liderar, a nivel europeo e internacional, acciones en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Desde luego, pensamos que estos instrumentos que aprobaremos no van a ayudar mucho.

Señorías, estos problemas a los que me refería al final de mi intervención no existen o no son prioritarios para estos dos proyectos de ley. Por tanto, no se prevén en las normas las modificaciones legales que faciliten la lucha contra estas prácticas delincuenciales.

Para resumir y acabar, estamos ante una reforma parcial, limitada y con numerosísimas deficiencias de la Ley general tributaria que no responde a los problemas de nuestra situación tributaria de hoy en día y ante una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que servirá en el fondo para encubrir a aquel defraudador que, aunque esté condenado, pague. Todas estas son razones suficientes para plantear estos dos vetos y solicitar la devolución de los proyectos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió ha presentado la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, como en otras ocasiones, vaya en primer lugar mi reconocimiento al señor Montoro porque es el único ministro que viene a presentar prácticamente todos los proyectos. Hasta ahora los presentaba, pero lo que ha hecho hoy ha sido un tanto peculiar: ha dedicado aproximadamente un 10 % de su tiempo de intervención a presentar los dos proyectos y un 90 % a hablar de su libro, con lo cual nos habilita a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a dedicar un 10 % de mi tiempo a presentar el veto que hemos propuesto y un 90 % a presentar un veto sobrevenido al libro del señor Montoro.

Nuestro grupo ha presentado un veto al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria a pesar de que, si uno lee las primeras líneas del preámbulo de la ley, la verdad es que coincide con su contenido. ¿Es necesaria una reforma de la Ley general tributaria después de unos años de vigencia en unos tiempos en que la economía ha evolucionado de forma importante? Sí. ¿Es necesaria para luchar contra el fraude? Sí. ¿Es necesaria para incrementar la seguridad jurídica de todos los que intervienen? Sí. ¿Sería necesaria para reducir la litigiosidad en relación con el ámbito tributario? Sí. Por tanto, alguien puede pensar: ¿y por qué presentan un veto? Porque coincidimos en el desiderátum, pero este no se cumple ni se concreta —antes al contrario— en el texto propuesto. Desde nuestra óptica, el texto propuesto no incrementa la seguridad jurídica; al contrario, yo creo que la disminuye y abre puertas a que se incremente la litigiosidad. Se consolida el concepto de que la mayor parte de los contribuyentes tiene como objetivo defraudar y, por tanto, se les cercenan algunos derechos y posibilidades que la legislación actual ampara. Es verdad que puede incrementar la lucha contra el fraude, pero entendemos que se queda absolutamente corto.

Aparte del veto hemos presentado todo un conjunto de enmiendas que voy a defender posteriormente. Las voy a defender por moral, por dignidad, porque dan ganas de subir a la tribuna y decir: las doy por defendidas; ya que al final van a prosperar las mismas tanto si utilizo todo el tiempo como si no. Como decía el señor Guillot, estamos en un periodo de final de legislatura donde van pasando las leyes como si fuera esto una cadena de producción veinticuatro horas al día. No se admite ninguna enmienda y algunas de las que se admiten son exclusivamente del Partido Popular, lo cual nos deja un poco desanimados. En todo caso, vamos a presentar nuestras enmiendas; algunas son meramente técnicas y otras tienen más contenido. No obstante, hemos presentado un veto al proyecto porque, a pesar de coincidir con la necesidad de una reforma de la Ley general tributaria, la realidad es que no hay ninguna otra coincidencia.

Dicho esto, voy a presentar el veto al libro del señor ministro. El señor ministro ha venido aquí, como preámbulo de las elecciones —todo se entiende, hoy el presidente del Gobierno hablaba de si serían el día 13 o el 20 de diciembre—, y alguien podría entender que toda esta vorágine legislativa que se está produciendo al final del mandato forma parte simplemente de la precampaña electoral del mes de diciembre. En todo caso, los ciudadanos juzgarán. Pero, con motivo de estas leyes, el señor ministro comparece en el Senado —cosa que siempre es de agradecer— y empieza a hacer un repaso de la política del Gobierno en el ámbito tributario y fiscal a lo largo de los últimos cuatro años. No toca, pero este no deja de ser siempre un tema interesante. Y, claro, algunos de los logros señalados por el señor ministro, nosotros se los tenemos que matizar. Alguien me podría decir: no toca, pero sí toca porque estoy vetando la intervención del señor ministro, que no las leyes.

El señor ministro se ha jactado de que esta ha sido una buena legislatura, en la que el déficit de las administraciones públicas se ha reducido de forma importantísima y se ha incrementado la recaudación fiscal, y ha dado datos en relación con la recaudación del año 2015 que después mencionaré.

Veto a la reducción del déficit de las administraciones públicas. Veto a la totalidad. La reducción del déficit de las administraciones públicas se ha llevado a cabo prácticamente de forma exclusiva por parte de las administraciones territoriales: comunidades autónomas y corporaciones locales. Pueden repasar los datos de los últimos cuatro años. El ministro se ha olvidado de recordarlo. Se ha olvidado de recordar el gran esfuerzo que han hecho las corporaciones locales; de recordar el gran esfuerzo que se han visto obligadas a realizar las comunidades autónomas. La reducción del déficit de las administraciones públicas en el Estado español durante los últimos cuatro años lo han protagonizado las administraciones territoriales. Por tanto, no es de recibo que esta medalla se la pretenda adjudicar exclusivamente el Gobierno del Estado central. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los objetivos de consolidación fiscal. Resulta paradójico que ustedes —yo hablo de mi libro—, posteriormente a estas leyes, presenten una ley de modificación presupuestaria que incrementa en 856 millones la partida del Ministerio de Defensa. ¿Esto se compensa a las comunidades autónomas, se compensa a las corporaciones locales? Por supuesto que no. Por tanto, reducción del déficit público sí, pero con dos grandes protagonistas: comunidades autónomas y corporaciones locales.

Se ha producido un incremento sustancial de la recaudación fiscal según el ministro. En primer lugar, porque se exigió un incremento de impuestos que no aparecía en su programa electoral y, posteriormente, gracias a esta sabiduría implícita de los miembros del Gobierno. Pues bien, tanto en uno como en otro caso —que no voy a discutir—, este incremento de la recaudación fiscal del que se jacta el señor ministro no ha beneficiado ni en un euro a las comunidades autónomas, que son las que se han visto abocadas a reducir más su déficit. Ni en un euro. Porque el incremento de recaudación del IVA, por el incremento de los tipos impositivos del IVA, el incremento de recaudación del IRPF, por el incremento de los tipos impositivos del IRPF —ninguno de los cuales figuraban en el programa electoral del Partido Popular—, han beneficiado exclusivamente al Gobierno central. Las comunidades autónomas no han visto ni un euro de este incremento de recaudación fiscal.



Porque lo que les beneficiaba su participación del 50 % se veía reducido en el Fondo de suficiencia. Por tanto, en ningún momento este incremento de recaudación fiscal, que no deja de ser un incremento del esfuerzo fiscal de cada uno de los ciudadanos de este Estado, ha beneficiado a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales. Exclusivamente ha beneficiado al Gobierno central. Y el señor ministro no lo ha recordado.

El señor ministro casi termina su intervención haciendo un repaso de la recaudación de los diferentes tributos a lo largo de este 2015. Y con satisfacción dice: A lo largo de 2015 la recaudación ha incrementado un 5 % —felicidades, señor ministro—. Y, además, sepan ustedes que la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas ha incrementado un 12 % —felicidades, señor ministro—. Entonces, la pregunta de mi grupo es: Si tanto ha incrementado la recaudación del IVA, ¿por qué no cumplen su compromiso de reducir el IVA cultural, como se comprometieron públicamente ministros y presidentes del Gobierno? (Aplausos). ¿Por qué no lo cumplen? ¿Por qué no aprovechan este gran incremento de la recaudación del IVA, que hoy ha anunciado el ministro, para cumplir su compromiso? Yo me comprometo a decirles que no será una medida electoral, será una medida de justicia, una medida con la que se comprometieron y que no están cumpliendo. Y no la están cumpliendo por partida doble, porque incrementaron el IVA cultural cuando no lo llevaban en el programa electoral y dijeron que cuando la recaudación lo permitiese lo reducirían, y no lo están reduciendo.

Hoy yo echo en falta una cosa, señor ministro —aunque no está el señor ministro aquí delante—, señores del PP, que junto a este anuncio del incremento del 12 % de la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas, ustedes hayan anunciado: Vamos a cumplir nuestro compromiso y vamos a reducir el IVA cultural, tal y como habíamos anunciado. Porque si no, estos anuncios no tienen credibilidad. Mi pregunta es: ¿Y este anuncio de recaudación de un 5 % de todos los tributos, me pueden explicar en qué va a beneficiar a la financiación de las comunidades autónomas? ¿Cataluña, aunque podríamos poner cualquier otra comunidad como ejemplo, va a beneficiarse en algo de este sobreesfuerzo del conjunto de la economía que paga más impuestos? Ya se lo contesto yo. No se va a beneficiar. ¿Las corporaciones locales se van a beneficiar? No se van a beneficiar. Aquí hay unos cuantos alcaldes. Hace pocas semanas habrán recibido una bonita notificación de la liquidación de la participación en tributos del Estado. La mayoría de ustedes, como yo mismo en mi ayuntamiento, tendrán liquidaciones negativas. Y el concejal de Hacienda me pregunta: Oye, alcalde, si incrementa tanto la recaudación, como están diciendo los del Gobierno central, ¿por qué me mandan liquidaciones negativas de la participación en los tributos del Estado? La verdad es que no es fácil contestarle, pero yo me esfuerzo y le contesto, aunque, como digo, no es fácil. Y la contestación es esta: Este incremento de recaudación que se está produciendo, se lo está apoderando exclusivamente el Gobierno central y no deja que participen en él ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales.

En base a esto presentamos un veto no solo al proyecto de ley, sino a la intervención que hoy mismo ha realizado el ministro presentando estos dos proyectos de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

Por el Grupo Socialista, para defender el veto número 4 al proyecto de ley orgánica, tiene la palabra la senadora señora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna con el objetivo de hablar de estos dos proyectos de ley. Por cierto, dos proyectos de ley a los que el Grupo Socialista presenta vetos, también lo hicimos en el Congreso y, por lo tanto, solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados. Pero no puedo por menos dejar de hacer referencia a la intervención del señor ministro.

Que el señor ministro diga que viene a esta Cámara a presentar estos proyectos de ley, que de los más de cincuenta minutos de intervención no haga referencia, apenas en cinco minutos, a hablar de ellos, realmente es vergonzoso, señorías del Partido Popular. Miren, es vergonzoso que el señor ministro utilice esta Cámara para dar mítines que no se cree nadie, nadie, señorías del Partido Popular, y que la abandone, por cierto, sin escuchar al resto de los portavoces de esta Cámara; que hable de las bondades de la economía y no diga la verdad porque realmente no dice la verdad, oculta información; que no tenga en cuenta factores externos, como la caída del precio del petróleo o la bajada del euro frente al dólar, o bien decisiones del propio Banco Central Europeo, decisiones, por cierto, que se han tomado en los últimos años y que el Partido Socialista ha venido reclamando a lo largo de toda esta legislatura. Es vergonzoso que no hable de cómo el Gobierno de Rajoy ha incrementado la deuda pública. Portavoces anteriores han hecho referencia a estos datos. Deuda pública cercana al cien por cien; estamos hablando de más de un billón de euros, más de 300 000 millones de euros de incremento con el Gobierno del señor Rajoy en esta legislatura. Es vergonzoso que el ministro no hable de cómo han vaciado la hucha de las pensiones: 37 700 millones de euros menos; de 66 815 millones de euros que teníamos a finales de 2011 —por cierto, durante toda la legislatura del Partido Socialista se incrementó esta hucha de las pensiones—, ahora tenemos 39 520 millones de euros y el recurso del Partido Popular siempre es recortar, vaciar la hucha de los pensionistas, poniendo en peligro el futuro de muchísimos ciudadanos de este país.

Sería conveniente, por ello lo solicito aquí, que ustedes, señorías del Partido Popular que en teoría tienen comunicación directa con el señor ministro, le recomendasen al ministro que se leyese encuestas tan importantes como las de Cáritas, la del CIS o, por ejemplo, la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que nos dice que la población en riesgo de pobreza y de exclusión social avanza en España sin precedentes, el 29 % en este momento. O le hablasen de los recortes que se han realizado a lo largo de esta legislatura en bienestar social, salud, dependencia, educación… o le hablasen de la precariedad y la temporalidad del mercado de trabajo en nuestro país.

Para entrar más en el debate, porque mi objetivo a lo largo de estos quince minutos que tengo es hablar, precisamente, de estos dos proyectos de ley, sería conveniente que le recomendasen también al señor ministro que se lean estudios sumamente rigurosos que ya existen disponibles de cómo ha perjudicado y los efectos que ha tenido la reforma fiscal. Quiero recomendar algunos de los estudios, como es el caso del Fedea —por cierto, una fundación dependiente del Ministerio de Hacienda—, que nos viene a decir que los más beneficiados son los contribuyentes cuya renta está integrada mayoritariamente por rentas del ahorro, ganancias de patrimonio y también sujetos a rendimientos mobiliarios e inmobiliarios superiores al 90 % de renta; y los menos beneficiados son, precisamente, aquellos contribuyentes con actividades económicas o bien del trabajo y con una renta superior al 90 %. En definitiva, este estudio nos viene a decir que el 1 % de contribuyentes más ricos, con más patrimonio, más riqueza, se van a llevar de esta rebaja fiscal tanto como 14 millones de contribuyentes, algo realmente vergonzoso.

Para no seguir hablando del señor ministro, quisiera centrarme ya en este proyecto de ley, que es el objetivo que tenemos los socialistas aquí. Reitero, es un proyecto de ley para el que pedimos la devolución al Congreso de los Diputados, y son varias las causas que nos llevan a hacerlo. En primer lugar, porque se han venido dilatando plazos, se ha venido retrasando su elaboración, y los numerosos problemas que presentaba inicialmente no se han resuelto, por el contrario, siguen muy vigentes con la modificación parcial que trae el Gobierno a esta Cámara.

Es un proyecto de ley que no cumple con la finalidad que en él se declara. Por cierto, ninguna de las declaraciones que en él se hacen se va a cumplir. Así, no se incrementará la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos, muy al contrario, habrá mayor inseguridad jurídica, ni va a disminuir los niveles de litigiosidad; por el contrario, se incrementarán a la vez que harán más ineficaz la gestión de los tributos. Por lo tanto, no contribuirá, como bien se recoge en el mismo proyecto de ley —y sería conveniente que lo modificaran en esa línea— al cumplimiento efectivo del mandato del artículo 31 de nuestra Constitución y, por consiguiente, a la consecución de un sistema tributario que sea más justo y más equitativo, que es el objetivo que se debería tener con estos proyectos de ley.

Se trata, por tanto, de reformas parciales, limitadas, defectuosas, insuficientes, en especial en materia de publicidad de comportamientos defraudatorios. Se constata la renuncia del Gobierno del señor Rajoy a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la vergonzosa amnistía fiscal; una amnistía fiscal que tiene graves consecuencias económicas, además de ser muy cuestionable éticamente tanto para la sociedad en su conjunto como para la Hacienda pública. Es una medida tremendamente injusta y, además, el secretismo con el que el Gobierno del señor Rajoy ha venido ocultando a sus beneficiarios genera un rechazo unánime por parte de la ciudadanía. Son innumerables los medios de comunicación que han venido hablando de esta vergonzosa amnistía fiscal, que no solo ha servido para regularizar fondos hasta entonces ocultos a la Hacienda pública, sino que ha ido más allá, y ha sido tremendamente injusto para el resto de los ciudadanos al ocultar el origen de estos fondos, que en muchos casos proceden de actuaciones claramente delictivas.

Y no quisiéramos pensar mal, pero la pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno del señor Rajoy, por qué el Partido Popular no quiere hacer pública la identidad de personas, de sociedades y demás entidades que se acogen a esta amnistía fiscal. Solo el mantenimiento de este artículo 95, tal y como viene formulado, tal y como viene planteando en este proyecto de ley para el Grupo Parlamentario Socialista constituye una clara causa de oposición y de veto a este proyecto de ley.

De igual manera, no podemos compartir que el Gobierno de Rajoy no haga pública la identidad de los infractores tributarios; es decir, personas físicas y jurídicas que han sido sancionadas por la comisión de infracciones tributarias; hablamos, pues, de fraude fiscal, cuando estos hayan abonado la totalidad de la cuantía correspondiente a la sanción.

Fíjense en lo terrible e injusto que es esto; es decir, que aquellos que pagan eluden que su identidad sea publicada. Esta medida es, como digo, terriblemente injusta, además de claramente elitista. Con ello se nos dice que con independencia de la cuantía del fraude, de la infracción tributaria que se haya cometido, aquel contribuyente que posea recursos suficientes para evitar que su identidad se haga pública dejará de figurar en estas listas.

Señorías, con estas medidas del Partido Popular se está atentando contra el principio de igualdad, además de contra los de justicia y equidad que deben regir siempre en un sistema tributario. Ahí están la críticas fundadas que proceden del Consejo General del Poder Judicial así como del Consejo de Estado, sin contar con que no se haya recabado ningún informe pertinente del Consejo Económico y Social, de especial transcendencia en la regulación de estas materias.

En consecuencia, son numerosas las críticas que se hacen —reitero—, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado; críticas y deficiencias que en estas leyes hacen referencia a la prescripción, no resultando permisible una imprescriptibilidad máxima o incluso incoherencia en los propios plazos de la actuación inspectora. Es un proyecto de ley que instaura garantías de impunidad en materia de delito fiscal, que con la reforma del Código Penal hace la excusa absolutoria, permite la exención de pena a quien regularice su situación tributaria. Desaparece, por tanto, el delito de regularización, arrastrando a delitos conexos, incluso blanqueo de capitales cuando regularizamos la situación tributaria. De ahí que insista en que esta regularización de la situación tributaria viene a ser, de hecho, un verdadero reverso del delito, una concepción de delito fiscal con la que estamos completamente en contra y ya se ha reiterado esa posición contraria por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Cuando se introducen estas regularizaciones se está cuestionando la viabilidad constitucional e incidiendo negativamente en principios fundamentales como el de seguridad jurídica. Habrá mayor inseguridad jurídica, pero sobre todo también se está cuestionando la igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Por tanto, no es admisible que se legisle en función de la capacidad económica, en función de la distinta capacidad que tienen de recurrir los actos que en su día se dicten a su amparo. Porque cuando lo hacen, señorías del PP, lo que provocan con este proyecto de ley es que aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica agoten todos los recursos en vía administrativa judicial, lo que claramente nos lleva a un sistema tributario más injusto, en la medida en que aquellos que tengan mayores recursos serán también los que podrán recurrir dichas sentencias. Tampoco este proyecto de ley va a reducir niveles de litigiosidad; por el contrario, señorías, se van a incrementar estos niveles. Señorías del Partido Popular, ¿acaso creen ustedes que aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica no agotarán todos los recursos existentes para regularizar su situación tributaria para que desaparezca el delito, incluso el blanqueo de capitales? Todo lo contrario, estas personas agotarán hasta el último recurso. Por tanto, se incrementarán los niveles de litigiosidad, con el objetivo de que desaparezca el delito, incluso el de blanqueo de capitales. Una norma que se aplica con todo rigor para la mayoría, por cierto, en tanto la corrección y sanción de comportamientos defraudatorios o elusivos más grandes puedan quedar impunes para aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica.

En consecuencia, señorías, con este proyecto de ley tenemos un sistema tributario más injusto, con mayor discriminación, menos equitativo, que va a favorecer la redistribución de la carga tributaria orientada a favorecer a contribuyentes con mayores ingresos y ello nos va a llevar a una cruel desigualdad. Además de las deficiencias, de los problemas que acabo de enumerar, con estos proyectos de ley se está renunciando también a hacer frente a uno de los mayores problemas que en este momento tenemos en la sociedad española, se renuncia a fortalecer el papel de la Agencia Tributaria, de luchar eficazmente contra el fraude y la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la jurisdicción no cooperativa. Se renuncia, en definitiva, a la necesidad de incrementar los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados especialmente a la lucha contra el fraude fiscal que permita situar a España en la media de los mayores países de la Unión Europea y paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en dicha agencia. Esta renuncia se evidencia en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno del señor Rajoy renuncia a incrementar los efectivos necesarios en esta Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal. En estos Presupuestos Generales del Estado se está recortando en casi 700 efectivos en esta agencia para la lucha contra el fraude fiscal. Pasaremos a tener 16 813 efectivos en 2016 frente a los 17 143 previstos. Así, señorías del PP, mal vamos a poder luchar contra esta lacra del fraude fiscal en nuestro país.

Se olvidan de la urgente e imperiosa necesidad que dice el Gobierno del señor Rajoy de adoptar medidas que restablezcan la independencia y la objetividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que aporten seguridad y tranquilidad a sus funcionarios, que acaben con las constantes injerencias que por parte del Gobierno del señor Rajoy se están haciendo en la Agencia Tributaria, unas injerencias, señorías del Partido Popular, que están causando una daño irreparable para luchar contra el fraude fiscal. Se renuncia por parte del Gobierno del señor Rajoy, en la práctica, a adoptar medidas concretas de lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales; no se han adoptado medidas de modificación legal necesarias para la legislación tributaria; no contempla infracciones específicas aplicables al comportamiento de algunas entidades financieras y consultoras que colaboran en el fraude y la evasión fiscal de grandes contribuyentes, sean estas personas físicas o empresas multinacionales.

En definitiva, señorías del PP, se olvidan de medidas necesarias que respondan a una determinación en la regeneración democrática de este país, algo que es realmente vergonzoso.

Termino ya, señorías. Esta es una reforma injusta, defectuosa, chapucera y desigual de la Ley General Tributaria y del proyecto de ley orgánica, que no aborda las modificaciones legales necesarias y urgentes para luchar con eficacia y equidad y con todos los medios humanos y materiales contra el fraude y la evasión fiscal de los contribuyentes con mayor capacidad económica.

Por todo ello, pedimos el apoyo de esta Cámara a estos dos vetos que presenta el Grupo Socialista a estos proyectos de ley y su devolución al Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Marra.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta mañana quiero defender, en nombre del Grupo Popular, nuestro voto en contra de las propuestas de veto presentadas, pero sobre todo será un voto a favor de estos dos proyectos de ley que trae el Gobierno porque nuevamente son dos proyectos de ley que suponen un nuevo hito importante —lo decía el señor ministro— para el desarrollo de una estrategia fiscal, que comenzó en el minuto uno de la legislatura y que con estos proyectos de ley se perfecciona. Estrategia fiscal que ha explicado perfectamente el ministro Montoro, a quien, como portavoz del Grupo Popular, quiero agradecer su presencia para explicar todas y cada una de las leyes, todos y cada uno de los proyectos de ley a lo largo de la legislatura, y han sido muchos, no solo al final, sino desde el principio de la legislatura. También quiero agradecer el contenido, el trabajo y los resultados, que, como él muy bien ha explicado, requieren tiempo, porque explican por qué traemos hoy estos proyectos de ley y cuál ha sido la trayectoria, que culmina con la presentación de estos proyectos de ley.

Hace algo más de tres años, en el año 2011, subí a esta tribuna y dije que era un honor para mí presentar el primer compromiso del Partido Popular —primer compromiso cumplido—: traer a las Cámaras el Proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria que ustedes tanto han denostado y de la que tanto han abominado a lo largo de tantas sesiones plenarias ha demostrado ser la llave que, una vez más, como ocurrió con otros gobiernos del Partido Popular, ha abierto la puerta del crecimiento y la creación de empleo, que hoy la mayoría de los portavoces han tenido que reconocer. Es un punto de inflexión, aunque llegue al final, reconocer que se está creciendo y creando empleo, a pesar de todos ustedes, que, como hoy, han presentado vetos prácticamente a todas y cada una de las leyes que el Gobierno del Partido Popular ha traído a esta Cámara en materia económica. Ese fue nuestro primer compromiso, esa fue nuestra primera ley.

España hoy, como decía el ministro, triplica el crecimiento de la Unión Europea y se crea empleo a un ritmo del 3,2 %. Asimismo, se elevan las previsiones de crecimiento hasta el 3,3 % para 2015. También se habla de la posibilidad muy real, que tenemos en la mano, de crear más de 1 millón de empleos entre 2014 y 2015.

Estas dos leyes, como les decía, son un hito importante, pero también ha habido otros hitos importantes. Asegurar el Estado del bienestar fue decisivo, señorías. Hoy, la senadora del Grupo Socialista, la señora Marra, se ha empleado a fondo al utilizar la palabra vergonzoso. Vergonzoso fue dejar más de 8 millones de facturas sin pagar, siete de cada diez facturas sociales. Eso hizo el socialismo, dejar la educación, la dependencia, la sanidad sin pagar y que fueran otros los que pagaran sus facturas.

Ahí estuvieron esos mecanismos, como el Fondo de pago a proveedores o el Fondo de liquidez autonómico, para pagar esas facturas, salvar 400 000 empleos y evitar una caída de tres puntos en el PIB, porque las facturas no se pagan con demagogia; algo sí hemos aprendido todos —menos quizá ustedes— de la crisis. Evitar el rescate fue vital. Usted hablaba de la hucha y yo hablo de los pensionistas que este año han recuperado 2085 millones de euros en poder adquisitivo, de esos pensionistas que, con el rescate, hubieran tenido que sufrir recortes importantes en sus pensiones, y que han visto cómo con un Gobierno popular se ha podido, no solo mantener —en vez de recortar como ustedes—, sino subir las pensiones todos los años, manteniendo también nuestro gasto social.

A algunos les podrá parecer que fue ayer, pero lo cierto es que en este tiempo hemos ido poniendo en marcha muchos compromisos: Esa Ley de emprendedores que ustedes también vetaron; esas tarifas planas para autónomos que ustedes también vetaron; esas medidas a favor de la creación de empleo que han ocupado un papel prioritario y central en la agenda política y económica del Gobierno de España, pero no en estos últimos meses de legislatura, sino que desde el minuto cero el Gobierno se ha empleado a fondo teniendo como eje vertebrador de todas sus políticas la creación de empleo.

En cuanto a la reforma fiscal, hablaban ustedes hoy de los efectos tremendamente negativos de dicha reforma, y el senador Bel se preguntaba en qué han beneficiado las políticas del Partido Popular a Cataluña. Pues han beneficiado a cientos de miles de autónomos catalanes que, porque ser españoles, han visto cómo se rebajaban las retenciones desde el minuto cero hasta el último decreto-ley aprobado por el Gobierno de España, bajando las retenciones al 15 % con carácter previo para que puedan tener mayores oportunidades de seguir creando empleo; o esas familias numerosas para las que se aprobó un impuesto negativo, una paga de 1200 euros al año —de 100 euros al mes por anticipado—; o esas familias que tienen dependientes, hijos o mayores, a su cargo y a los que podrán atender con mayor facilidad.

En definitiva, señorías, esa rebaja fiscal es la más social, justa y equitativa con la que hemos contado. A pesar de que ustedes se rían saben muy bien que esta atiende y defiende sobre todo a los que menos capacidad tienen, saben muy bien que a los contribuyentes que menos renta tienen es a los que más apoya, esas rentas con ingresos menores a 24 000 euros que tienen una rebaja superior al 23,72 % en el IRPF, ese 1 600 000 personas que han dejado de tributar por el IRPF o esas pequeñas y medianas empresas que han visto cómo se rebaja su impuesto sobre sociedades.

El cambio, señorías, es fruto del esfuerzo de toda la sociedad y es también fruto de una política económica y de las reformas que se han ido desarrollando, y es tremendamente injusto que después de tantos meses de no haber apoyado una sola medida, sean ustedes incapaces de reconocer ni el acierto de las reformas emprendidas ni el esfuerzo hecho por toda la sociedad. De hecho su líder, el señor Sánchez, decía hace un año que la recuperación económica se iba a esfumar, pero lejos de esfumarse, como hoy confirmaba el ministro, los ingresos tributarios siguen aumentando, y si los ingresos tributarios están aumentando a pesar de que hemos bajado los impuestos en este último año es porque hay más actividad económica, es porque se está creando empleo, es porque hay más riqueza, y de eso, senador Bel, se benefician todas las familias, todos los empresarios que crean empleo y todas las personas en toda España. Cuando se crea riqueza, cuando se crea empleo, y por tanto, como hoy ha explicado el ministro, cuando suben los ingresos tributarios un 5 %, cuando aumentan los ingresos por el impuesto sobre sociedades hasta un 27 % en los pagos a cuenta, significa que hay más riqueza y que hay más para repartir entre todos, y el Gobierno del Partido Popular está cumpliendo con su compromiso: en cuanto tenemos asegurado el pago de los servicios fundamentales, seguimos bajando los impuestos. Por eso, ese Decreto Ley 9/2015 ha venido a adelantar lo que teníamos pensado para el año 2016 al año 2015 porque supone devolver más a todos los españoles, por supuesto también a los catalanes que son españoles, porque son españoles, y supone también una palanca importante para seguir afianzando el crecimiento y la creación de empleo, como muy bien ha demostrado la reforma fiscal. Por lo tanto, nos estamos beneficiando todos de ese crecimiento y creación de empleo que esa reforma fiscal está demostrando.

Esos han sido los pilares de nuestra política fiscal, señorías, por eso siempre decimos que hemos sido capaces en el Partido Popular, y lo hemos tenido que hacer a pesar de ustedes, de encontrar en la política fiscal una magnífica forma de hacer política social y políticas de igualdad. Han vuelto con ese discurso que ustedes se traen de los ricos y los pobres que no puede esconder la realidad de que hicieron justo lo contrario de lo que dicen. Díganme de que presumen y les diré de qué carecen. Fueron ustedes los que permitieron, y lo ha dicho el ministro, lo tengo que recordar, que el impuesto sobre sociedades cayera en recaudación desde 45 000 millones de euros hasta 16 000 y, ¿quiénes eran los que menos pagaban? Las grandes empresas y los grupos consolidados. Lo ha dicho el ministro, muchas grandes empresas del Ibex 35 llegaron a pagar 0 % en el impuesto sobre sociedades, y ustedes mirando para otro lado; el tipo medio estaba en el 3,8 %, y ustedes mirando para otro lado; el impuesto sobre sociedades caía en recaudación un 63 %, sobre todo en las grandes empresas, y ustedes mirando para otro lado. Esa es la realidad, en estos tres años hay aumentos de 52,6 % en el 2012, aumentos del 26,3 % en el 2013 en las grandes empresas, en las pequeñas empresas sin embargo en los pagos a cuenta de las pymes en el impuesto sobre sociedades hay un -6,1 % en el 2012 y un -15,5 % en el 2013.

No se puede venir aquí, señorías del Partido Socialista, a repetir los mismos argumentos que nos daban en abril, en septiembre o en diciembre del año 2012, no pueden venir a decir lo mismo porque los números les desmienten porque hablan con claridad de la realidad de las políticas y hablan también de resultados. Yo entiendo que ustedes, que han votado todo en contra, cuando ven estas cifras piensen a ver si pueden mentir otra vez para ganar unas elecciones. Pues lo tienen difícil porque los argumentos no pueden ser los mismos y porque la política fiscal del Partido Popular ha demostrado que ha sido un instrumento importantísimo para salir de la crisis.

Lo mismo ocurre si hablamos de la lucha contra el fraude, que es de lo que tratan estas dos leyes fundamentalmente, y tenemos también argumentos. No empezamos hoy la lucha contra el fraude, tenemos aprobada la Ley 7/2012, la más ambiciosa de la democracia en la lucha contra el fraude fiscal con la limitación a 2500 euros del pago en efectivo, o sobre todo esa obligación de declarar las cuentas, los bienes y todo tipo de derechos en el extranjero que han permitido aflorar 124 500 millones de euros que con ustedes estaban ocultos a la Hacienda pública española. Como decía muy bien el ministro los proyectos de ley que hoy traemos son un broche a esa lucha contra el fraude fiscal que empezó en el minuto cero y que viene a reflejar la importancia que estamos dando al sistema tributario que es más justo, más transparente y más eficaz también con estos proyectos de ley. Esta ley es para reducir la litigiosidad con facultades a los órganos de la Administración Tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias, o esa previsión también para hacer efectivo ese nuevo sistema de gestión del IVA del suministro inmediato de información, para fortalecer la seguridad jurídica, y se elimina un complejo sistema de dilaciones y de interrupciones no imputables a la Administración, para lo que se amplía también el procedimiento de inspección. Y, sobre todo, señorías, para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, porque el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias es clave en un buen sistema tributario e incentivarlo es nuestra obligación. Y ahí está la clave de todo lo que se regula en cuanto a la publicidad. Tenemos que plantear que ese derecho o esa obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que consagra el artículo 31 de la Constitución, ese deber de todos de contribuir tiene su reverso en el derecho que tenemos todos a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y también el fomento de todos los instrumentos de prevención en la lucha contra el fraude que incentiven el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios. Eso es lo que viene a explicar la oportunidad y la necesidad de estas medidas, eso es lo que viene a explicar también su bondad, en la medida en que nos van a acercar a donde queremos llegar, y eso es lo que da respuesta también a algunas preguntas, como esa posibilidad de que paguen antes de tener sentencia firme. Eso es lo que voy a tratar de explicar.

Lo cierto es que también me sorprende que una vez más en la lucha contra el fraude fiscal tengamos que mirar a la izquierda y les encontremos a ustedes, a los de la izquierda, mirando para otro lado. Porque escuchándoles podría parecer que son ustedes los máximos defensores de publicar los nombres de los defraudadores y de los deudores a la Hacienda pública, pero son ustedes los que están una vez más intentando impedirlo con su voto, una vez más intentando impedir con su voto y con sus vetos que se adopten nuevas medidas contra el fraude fiscal, una vez más son ustedes los que votan en contra. Es el Partido Popular el que hoy viene a proponer la publicación de la identidad de quienes han sido condenados en sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública, por delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario público y por delitos de contrabando, y la publicación también, con la modificación de la Ley General Tributaria, de la lista de quienes tienen deudas y sanciones superiores a un millón de euros, en definitiva, la lista de quienes causan un mayor perjuicio a la Hacienda pública y, por tanto, a toda la sociedad. Se presenta al final de la legislatura, sí, pero viene a culminar muchas medidas que se emprendieron antes, senadora Mora, muchas medidas que han demostrado su efectividad, como ese modelo 720, como esa limitación del uso en efectivo y como tantas y tantas medidas incluidas en la Ley contra el fraude fiscal. Por lo tanto, es una ley que vuelve a ser una acción contra el fraude integral, contundente y rotunda y un paso importante, tanto en transparencia como en eficacia, por eso no entendemos cómo pueden votar en contra.

Como les decía, ese artículo 31 es el que justifica ese bien jurídico que es el deber de contribuir al pago de los servicios por parte de todos y ese derecho de todos a exigir el pago de los contribuyentes, de todos los contribuyentes. Esa obligación de los poderes públicos de asegurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias deriva en que la publicación, señorías, no es un fin en sí mismo, como recuerda y deja muy claro el informe del Consejo General del Poder Judicial. La publicación no es un fin en sí mismo, es un instrumento para incentivar el pago voluntario de los que intentan no pagar o de los que intentan esconderse tras la confidencialidad de la que gozan los datos o la información tributaria y tratan de esconderse y no pagar. Por lo tanto, un instrumento para hacer que paguen.

En segundo lugar, en cuanto a cómo se conjugan los distintos derechos, de los que algunos portavoces han hablado, principio de publicidad de las actuaciones judiciales, derecho al honor y protección de la intimidad y artículo 31 de la Constitución española, el informe del Consejo General del Poder Judicial lo deja muy claro: Existen razones de interés público que justifican esta reforma. El reforzamiento de los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas, prevención y represión del fraude fiscal y el impulso de la lucha contra el fraude fiscal incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias son los intereses que deben primar sobre los derechos individuales a la intimidad y a la protección de datos.

Por tanto, en otro párrafo, el Consejo General del Poder Judicial señala que la publicidad de estas condenas cumple fundamentalmente una función de lucha contra el fraude fiscal. Y ustedes quieren impedir con su veto que aprobemos una medida importante de lucha contra el fraude fiscal que lleva consigo la publicación de esos datos. Por consiguiente, eficacia y transparencia; eso es lo que justifica esta medida. Los límites, señorías, están en la proporcionalidad: solo sentencias firmes, solo lo que se considera probado por una resolución judicial. Son límites jurídicos, señorías, no políticos.

En cuanto al carácter sancionador o no sancionador o procesal, también se pronuncia el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes saben que no es una medida sancionadora. Estas medidas no tienen necesariamente una naturaleza sancionadora, precisamente porque existe un interés público, el sostenimiento de los gastos públicos, que conlleva el deber de todos a pagar, como consagra el artículo 31 de la Constitución, y que marca también el carácter procesal y no sancionador de la medida.

En definitiva, señorías, tenemos un proyecto de ley que pone el broche a esta lucha contra el fraude fiscal, que hemos intensificado, y en el que hemos trabajado desde el minuto 1 de la legislatura. Hay nuevas medidas con las que demostramos que, más allá de la demagogia, es el Partido Popular el que, una vez más, pone la firmeza, pone la contundencia...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Y es el que también está poniendo a disposición de todos los españoles los recursos que se generan con las medidas que hemos ido aprobando. Y ustedes, una vez más, con estos vetos, están tratando de impedirlo.

Nosotros votaremos a favor de la ley. Les invito a que retiren los vetos y a que se sumen a la lucha contra el fraude fiscal con medidas en pro de la transparencia y de la eficacia.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. ¿Va a compartir turno? (Asentimiento).

Gracias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Me sumo a las expresiones de agradecimiento por la presencia del ministro, aunque debería reconocer que la presentación de este proyecto en el Congreso de los Diputados se llevó a cabo prácticamente en los mismos términos que ha utilizado hoy, y no ha sido precisamente una intervención exitosa. Si en el Congreso de los Diputados estos proyectos solo dieron lugar a una enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista, tras la intervención del señor ministro en el trámite en el Senado ha cosechado cuatro vetos. En mi opinión, la razón de que se hayan presentado los vetos tiene mucho que ver con la forma de la intervención del señor ministro entonces y de nuevo esta mañana en esta presentación. Si la argumentación fundamental para la formulación de estos proyectos es el balance de la política fiscal de este Gobierno, que ha sido impugnada de forma reiterada, proyecto tras proyecto, por el conjunto de las fuerzas de la oposición, es lógico que la respuesta de esas fuerzas sea reproducir el rechazo que se manifestó a los proyectos anteriores. Desde esa perspectiva, y por coherencia, aunque no haya formulado veto en nombre de Izquierda Unida, apoyaré los vetos del resto de los grupos parlamentarios.

Entrando brevemente en la argumentación del señor ministro, este nos decía que la apuesta del Gobierno por la lucha contra el fraude fiscal tiene como colofón estos dos proyectos y que, a lo largo de la intervención que desde el ministerio y, como instrumento eficaz, de la Agencia Tributaria se ha desarrollado, se ha avanzado de forma notable en la lucha contra el fraude fiscal. Sin que yo vaya a defender en ningún caso la política en la materia de gobiernos anteriores, de los gobiernos del Partido Socialista, que dieron lugar —es verdad— a la situación que denunciaba el señor Montoro en el sentido de que los grupos consolidados al final de la legislatura del señor Zapatero contribuían al impuesto sobre sociedades solo con el 3 %, no puedo reconocer que el conjunto de medidas articuladas que forman parte de estos dos proyectos haya significado un vuelco en esa situación.

Ayer, un medio de comunicación digital reflejaba que una empresa señera de nuestro país —voy a decir el nombre: El Corte Inglés, porque está publicado— desde el año 2011 ha pagado cero euros por el impuesto sobre sociedades y que en la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2014 la mayor parte de sus beneficios —en concreto, 103 millones de euros— respondían a compensaciones fiscales. Es decir, ustedes, formalmente, han articulado un mecanismo de lucha contra el fraude y a la vez han abierto la mano de los mecanismos que propician la elusión fiscal. Han abierto una autopista para que ni tan siquiera sea necesario correr el riesgo de defraudar e incurrir en delito. La elusión fiscal que, de alguna forma, se pretende encarrilar o, al menos, paliar con estas reformas, ha visto cómo sus oportunidades se han ampliado gracias a las reformas del Partido Popular. Es difícil reconocer esa vocación de lucha contra el fraude fiscal, cuando en la regulación que se introdujo del delito fiscal se subió el umbral para que el importe del fraude diera lugar a una responsabilidad penal. Es difícil creer que hay una voluntad seria de perseguir el delito fiscal cuando se produce una situación de exención de responsabilidad penal si quien cometió el delito fiscal regulariza su situación con la Hacienda pública. Yo creo que es el único delito que hay en nuestro Código Penal en el que si uno compensa el daño desaparece la responsabilidad penal. La vieja institución del arrepentimiento espontáneo, que significaba una reducción de la pena, se lleva a sus últimas consecuencias en el caso del delito fiscal, puesto que ya no es una reducción o un atenuante de la pena sino que se convierte en un caso de exención de la responsabilidad penal. Es difícil pensar que hay esa voluntad de lucha contra el fraude fiscal si se aprueba una amnistía fiscal —llámese proceso extraordinario de regularización— que ha permitido a conocidos delincuentes en otros ámbitos —porque es cierto que el fraude fiscal aparece en multitud de ocasiones vinculado a otros delitos relacionados con la corrupción— regularizar sus situaciones con la Hacienda pública. Y el señor ministro de Hacienda se podrá felicitar porque ello haya significado un incremento de la recaudación, pero los demás no nos podemos felicitar porque haya significado un incremento de la impunidad simultáneamente a ese incremento de la recaudación. Ese mensaje que se envía a la sociedad es absolutamente destructivo. Es el mensaje que refuerza que quien tiene dinero puede hacer lo que quiera en este país, porque pagando consigue que sus responsabilidades penales sean anuladas.

Por eso, respaldaremos los vetos que se han planteado, y en el trámite de enmiendas intentaremos mejorar el proyecto para que de verdad se aproxime a los objetivos que tan grandilocuentemente ha enunciado el señor ministro en su intervención y que también se reflejan en el preámbulo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

Señora Angulo, no haga demagogia, no venda que estamos en contra de intentar luchar contra el fraude, cuando la realidad es que con esta ley orgánica lo que ustedes van a hacer es defender a los grandes defraudadores millonarios que son capaces de pagar por su anonimato. Esa es la realidad, se mire como se mire. Por supuesto, vamos a mantener el veto, y en este turno voy a comentar los datos que nos han expuesto tanto el señor Montoro como usted.

Nos han comentado que han hecho un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude y que, de hecho, han conseguido unas cifras récord de ingresos en la lucha contra el fraude que están destinadas a reducir los impuestos. Nos hablan de 40 000 millones de euros, pero son datos absolutamente engañosos, porque ustedes están incluyendo en esa contabilidad tanto el dinero de declaraciones complementarias como las cantidades afloradas con la amnistía fiscal, y eso no tiene nada que ver con el fraude; por lo menos, las declaraciones complementarias. Sería muy interesante, pues, que dieran desglosados esos datos.

Por otra parte, nos comentan que todos esos millones aflorados suponen, por supuesto, el gran éxito de esta política y de todas estas reformas legislativas, pero la realidad es que todos esos millones no suponen ni el 15 % total de la economía sumergida. Según todos los informes, el fraude y la economía sumergida están entre el 20 y el 25 % del PIB. Según los datos de Gestha, equivale más o menos al 24,6 % del PIB, lo cual supone 253 000 millones de euros. Hay un crecimiento de 60 000 millones desde que se inició la crisis. Como dato mucho más visible podemos decir que el 77 % del fraude fiscal en nuestro país queda impune; o sea, que mucho éxito realmente no hay. Y el motivo de que quede impune el 77 % del fraude fiscal es que ustedes destinan el 80 % de los recursos de la Agencia Tributaria a perseguir los pequeños fraudes, las irregularidades de los autónomos y de las pymes y solamente destinan el 20 % de los recursos a luchar contra el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, de los grandes capitales y de las grandes corporaciones, que representa las tres cuartas partes del fraude en España. Así que, por favor, no nos hable de demagogia. Ustedes dieron órdenes a la Agencia Tributaria para cruzar datos de las empleadas del hogar cuando cambió la regulación o, por ejemplo, para cruzar los datos de los abuelos emigrantes retornados. De ahí es de donde sacan la lucha contra el fraude. Por favor, no nos hable de demagogia.

Para luchar contra el fraude sería fundamental —esta es nuestra propuesta— ampliar los medios de la Agencia Tributaria, pero en el presupuesto para 2016 se cuenta con 33 millones de euros menos y 3191 efectivos menos que en 2010. Ustedes están explotando al funcionariado —permítanme la expresión—, que, por supuesto, está dando de sí y ejerciendo su función pública de una forma absolutamente eficaz y encomiable, pero en realidad sin medios. Están forzando, sobre todo, a sacar cantidad y no calidad.

Nos ha hablado de mejorar la litigiosidad con las reformas que han hecho, pero la realidad es que se invierte muy poco en investigación y en formación. Y hay que decir que el 50 % de las liquidaciones de la Agencia Tributaria son tumbadas por el Tribunal Económico-Administrativo y el resto de tribunales. Me parece un dato bastante llamativo que demuestra que realmente necesitan medios personales. Eso sería luchar contra el fraude fiscal. Además, la Agencia Tributaria, precisamente por falta de medios humanos y falta de inversión en formación, tiene una deuda pendiente en relación con sus liquidaciones de 51 millones de euros. Desde que empezó la crisis en 2007, se ha producido un aumento del 88 % de la deuda pendiente de cobro. Me parecen datos bastante llamativos.

En cuanto al modelo 720, con el que se vanaglorian de aflorar dinero del extranjero, Montoro nos ha hablado ahora mismo de 126 000 millones, y usted, de 124 500, que en realidad corresponden también a bienes y rentas ya declarados en cuanto que las declaraciones complementarias, a la vez que se creaba el modelo 720, no subieron —si no, desde luego, tendrían que haber subido—. Sin embargo, desde el año 2013 han disminuido muchísimo, entre otras cosas, porque quienes se han acogido a la amnistía fiscal no han realizado esas declaraciones complementarias...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando, por favor.

La señora MORA GRANDE: Voy terminando.

En los datos sobre el modelo 720 ustedes incluyen, por ejemplo, la renta de los pensionistas extranjeros que viven en España, que tienen sus bienes y rentas en España y que tributan aquí y en su país; y, desde luego, no podemos hablar de fraude fiscal. Así que, por favor, no nos hable de demagogia. Vamos a ver si nos responde a estos datos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Aprovecho este turno de posicionamiento respecto de los vetos para hacer una exposición general del que será el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley. Y les voy a explicar por qué. Entendemos que este proyecto de ley, sin ser suficiente ni una medida exclusiva para acabar con el fraude fiscal, mejora algunos aspectos de la Ley general tributaria de 2003, que ya reguló esta materia.

Las obligaciones tributarias, entendidas estas como la obligación de todos ciudadanos a contribuir a los gastos generales y a la redistribución de la riqueza del territorio en el que viven, son un derecho de configuración legal y, por tanto, superior, en cuanto a rango y su defensa, a otros derechos que pueden verse afectados por esta norma, como el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Esto, como decía, ya estaba previsto en la Ley general tributaria del año 2003, pero es cierto que en la publicación de los datos de los defraudadores fiscales se encontraban exentos los grandes defraudadores.



Y este proyecto de ley viene a corregir precisamente esta laguna; por tanto, entendemos que es positivo.

Pero no todo lo que dice esta modificación de la ley nos parece adecuado o suficiente, y en este sentido reitero mi posicionamiento inicial. Se establecen una serie de excepciones a la publicación de los datos de los defraudadores fiscales, como es el caso de aquellos que, de forma previa a la emisión de la sentencia firme, puedan reparar el daño causado. Entendemos que esto juega en beneficio de aquellos que cuentan con los recursos económicos suficientes como para poder reparar el daño causado y que, una vez más, se discrimina a los pequeños defraudadores respecto de los grandes defraudadores, que, al fin y al cabo, son el objeto de este proyecto de ley. Es una pega, es evidente que no es un proyecto de ley que agote el fraude fiscal, pero entendemos que es mejor de lo que teníamos hasta ahora.

Hay otra discrepancia de carácter casi casi filosófico —me imagino que los juristas disfrutarán debatiéndola—, en el sentido de si la medida relativa a la publicación de los datos personales de los defraudadores fiscales se considera una pena o no. Es una cuestión casi epistemológica para los juristas, pero es importante tenerla en cuenta e introducirla en el debate. Nosotros consideramos que sí es una pena, ya que priva del derecho a la intimidad y al honor a los ciudadanos, pero siempre con el objetivo de buscar dos principios: la prevención general y la prevención especial. Como decía antes, los derechos específicos configurados legalmente han de tener primacía sobre estos otros. Pero también es cierto que, si admitimos que es una pena —y es muy difícil que nos puedan convencer de que esta publicación de los datos no lo es—, esta no puede ser aplicada con carácter retroactivo. Este es un principio que viene avalado por la Constitución y por el propio régimen jurídico.

Por tanto, consideramos que esta ley supone una mejora, porque, efectivamente, introduce el elemento disuasorio que supone la publicación de los datos para todos los defraudadores. Por ello, mi grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, aunque mantiene discrepancias puntuales con el proyecto de ley, y entendiendo que por sí mismo no va a ser suficiente para acabar con el fraude fiscal, pensamos que introduce mejoras que consideramos beneficiosas, no solo ya para el lavado de cara que puedan tener algunos partidos políticos respecto de los defraudadores fiscales que ha habido en torno a sus filas, sino para el conjunto de la economía y la ciudadanía en general.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador señor Guillot.

¿Va a compartir turno? (Asentimiento).

Gracias.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, antes lo ha hecho el ministro de Hacienda, el señor Montoro, y luego usted, señora Angulo, en su intervención. Siempre tienen expresiones de desprecio de la izquierda. Solamente la izquierda española ha hecho cosas mal. Bien, ha tenido momentos más positivos y otros más negativos, pero quiero recordar una cosa: nunca nunca en la historia de España, ustedes, los conservadores, han apoyado la conquista de ningún derecho. Los derechos en este país los ha conquistado la izquierda. Y siempre con su oposición. Con lo cual, relájese. Relájese. (Aplausos).

El modelo tributario español es injusto. No es equitativo. Incumple un principio básico: el de la progresividad. Incumple un principio tan elemental como el de que pague más quien más tiene. Y eso es por sus políticas, que están plasmando una realidad que se ve muy clara en cifras. El impuesto sobre sociedades no solo ha disminuido en 2014 respecto de 2013, sino que las grandes corporaciones solo pagan un 5,3 % de sus beneficios. Y las pymes, un 16 %. Explique usted cómo es posible. Y no me hable de Zapatero, hábleme de ahora. Hábleme de por qué las pymes pagan un 16 % y las grandes corporaciones, un 5,3 %. Hábleme de cómo puede ser que el 47,3 % del total recaudado sean impuestos indirectos, que es lo menos progresivo que existe. Hábleme de por qué las rentas del trabajo hoy son ya el 80 % de la base imponible del IRPF. Hábleme de por qué solo los impuestos indirectos de 2012 a 2014 crecen el 68 %. Hábleme del fraude fiscal. Hablemos del fraude fiscal. ¿Es poco o mucho lo recaudado? Antes la senadora portavoz de Podemos ya hacía una referencia a desglosar las cifras. Repito: ¿es poco o mucho? Si es por el esfuerzo que ha realizado la inspección de la Agencia Tributaria, es mucho. Si es por la voluntad de este Gobierno, es poquísimo. Ustedes han ido degradando la Agencia Tributaria, y no solo con sus escándalos, no solo con su manipulación —se ha llegado hasta a filtrar datos de Esperanza Aguirre; se atreven a todo; pero, eso sí: ceses—, sino que presupuestariamente han ido laminando su capacidad de intervención, sus posibilidades, sus recursos, su personal.

Señora Angulo, usted está de acuerdo con la disposición final octava de esta ley, que dice: Las medidas incorporadas en esta ley se implementarán sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. ¿Cómo vamos a reforzar la Agencia Tributaria? ¿Cómo va a ser esta agencia efectiva en la lucha contra el fraude? Señora Angulo, la inversión española en paraísos fiscales representa casi una cuarta parte del total de la inversión exterior española. Estamos hablando de una realidad, y la intento plasmar con datos de la Agencia Tributaria que avalan que este modelo no es equitativo, no es progresivo y que con este modelo fiscal no paga más quien más tiene.

En cuanto a la elusión fiscal, ustedes tienen dos variables: nunca hablan de la deuda pública —también ha hecho usted caso omiso de hablar de un aspecto tan importante— y nunca hablan de la elusión fiscal, es decir, de todas las estratagemas y triquiñuelas que algunos utilizan para no pagar impuestos. ¿Usted está de acuerdo con las sicavs? ¿Usted está de acuerdo con las empresas de tenencia de valores extranjeros, nuestro particular paraíso fiscal, que representan el 22,1 % de la inversión que llega a España y no es productiva? ¿Usted está de acuerdo con los préstamos intragrupo, con la deslocalización de intangibles que permitió a Amancio Ortega ahorrarse 325 millones de euros de 2009 a 2013 en los convenios de doble imposición? Si usted está de acuerdo con todo esto, usted está favoreciendo la elusión fiscal, que es legal pero es inmoral, y más en un país que ha atravesado y atraviesa una situación social tan delicada.

Me dice que esta ley es el broche final de esta legislatura. ¿Sabe cuál es su broche final? Que seguimos con más de 4 millones de parados. Este Gobierno perfecto, este Gobierno que lo hace todo tan bien, sigue con más de 4 millones de parados y con un incremento brutal del trabajo precario, con lo cual, se está produciendo una precarización de la sociedad.

Se incrementan la pobreza y la exclusión, cuestiones de las que ustedes nunca hablan, y especialmente se incrementa la pobreza infantil. Se incrementan también las desigualdades. La aportación del trabajo a la renta nacional ha disminuido en estos años. Continúan los desahucios. Aparecen nuevas formas de pobreza: pobreza energética, pobreza laboral… El 12 % de los trabajadores y trabajadoras, aunque tenga trabajo, no llega a final de mes, no pueden garantizar unas mínimas condiciones de vida. Con lo cual, señora Angulo y señorías del PP, es mentira que el esfuerzo lo hayamos hecho todos; el esfuerzo lo han hecho la clase trabajadora, las capas populares y las capas medias. Los de siempre, los suyos, no han realizado ningún esfuerzo, ninguno. Tampoco lo han hecho a nivel de la contribución fiscal. Quienes aportan en los impuestos son aquellos que también han pagado los efectos de la crisis. Esto es lo que ustedes han conseguido. Pagarán la crisis socialmente, con más pobreza, con más desigualdad, y encima pagarán los impuestos. Y los que la provocaron ni pagan impuestos ni han pagado los costes de esta crisis. Este es el colofón de su política.

Permítame también hacer referencia a lo que antes decía usted sobre la estabilidad presupuestaria. Mire, la estabilidad presupuestaria ha sido uno de los gravísimos errores de las políticas de la Unión Europea, en primer lugar, porque se han incumplido. El objetivo de reducción al 3 % del déficit en 2013 no lo ha cumplido nadie, y no solo no lo ha cumplido nadie sino que ha significado una distorsión tremenda para nuestras sociedades, nuestras economías y, fundamentalmente, para el empleo. En 2008, la Confederación Europea de Sindicatos alertaba de ello y proponía que había que reducir medio punto por año —si la hubiéramos hecho caso ya estaríamos en este 3 % o acercándonos, dependiendo de cada país— y así poder liberar recursos para potenciar el crecimiento económico y, sobre todo, para poder proteger a aquellos que estaban sufriendo con mayor impacto la crisis. Ustedes hicieron caso omiso de eso, porque entre los paseos de Mariano Rajoy con Angela Merkel se impuso que había que cumplir, con toda la ortodoxia y rigidez del mundo, unos objetivos que eran incumplibles. Se lo dijimos en 2012 en el debate de esta ley y así lo ha demostrado la realidad.

Con lo cual, señora Angulo, yo, sin despreciar a la derecha —la necesitamos, porque al final es un factor de estabilidad de nuestra democracia—, les pediría, y sobre todo a usted, mayor rigor intelectual, un mejor manejo de los datos y, sobre todo, que piense alguna vez que aquellos que han pagado la crisis, aquellos que están pagando sus impuestos, aquellos que en definitiva están levantando el país, son los que ustedes desprecian más.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Por el grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño, porque voy a intentar ser breve y aprovechar este turno de portavoces para matizarle algunas cuestiones a la señora Angulo.

Dice la señora Angulo que no nos preocupemos porque el incremento de la recaudación beneficia a todos los españoles, y yo lo quiero discutir esta afirmación. Beneficia a todos los españoles, pero no a todos por igual, porque el incremento de recaudación se centra más en determinadas comunidades autónomas y, en cambio, no beneficia a esas comunidades. Muestra de ello es la evolución de los presupuestos. Por tanto, beneficia a todos los españoles pero, como digo, no a todos por igual, y a algunos el incremento de la recaudación les provoca un incremento del déficit fiscal.

Segunda matización. Dice usted: hemos encontrado la fórmula de hacer política social a través de la política fiscal, porque el incremento de la recaudación se está destinando a actividades de política social. Yo debo decir que estoy en desacuerdo con esta afirmación y se lo voy a intentar demostrar. Primero, una parte importante de las políticas sociales del Estado español son desarrolladas por las comunidades autónomas, que tienen competencia, en su mayoría, en enseñanza, en educación, en servicios sociales y en sanidad. El incremento de recaudación —he insistido, se lo he dicho y usted no me lo ha desmentido— no ha beneficiado para nada a las comunidades autónomas, el incremento de recaudación ha sido monopolizado exclusivamente por el Gobierno central. Por tanto, primer elemento que desmiente su afirmación. Segundo elemento: el señor Montoro ha dicho que la recaudación se ha incrementado un 5 % en lo que va de año. Dado que hay este incremento, tendremos que ver cómo se materializa en la política social, en el gasto social.

Señorías, tengo aquí el libro amarillo que les muestro: Presupuestos Generales del Estado para 2016. Página 111, cuadro 3.2.1: Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2016. Resúmenes por políticas de gasto. Gasto social: incremento, 0,4 %; incremento de todo el presupuesto, 1,2 %. Incremento de la recaudación, 5 %. ¿Esto es una política social a través de la política fiscal? Sus datos lo desmienten pues se incrementa mucho menos el gasto social de lo que se aumenta el conjunto del presupuesto; se incrementa mucho menos el gasto social que la recaudación.

Por lo tanto, continuamos manteniendo nuestro veto a la Ley general tributaria y nuestro veto a la intervención del señor ministro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, he escuchado en esta tribuna a algunos portavoces agradecer al señor ministro su presencia aquí, y la verdad es que no lo entiendo, porque esa es la obligación del Gobierno, venir a presentar las leyes. Me parece a mí que el que un ministro venga y otros no no significa que haya que agradecérselo al ministro que viene, sino criticar al que no viene. (Aplausos). Y el señor Montoro ha venido hoy a hablar desde esta tribuna —aunque ha salido corriendo—, pero no ha llegado todavía a comparecer en lo que va de legislatura en la Comisión de Hacienda, a pesar de haberlo solicitado a finales de 2011 el Gobierno de España —él—. Por lo tanto, las medallas ya se las pone él —no se las pongamos nosotros—, porque a eso es a lo que ha venido, a contar su película y a ponerse esas medallas, y a criticar a los demás. Si se analiza su discurso, los méritos se los achaca al Gobierno, pero subliminalmente él es el gran hacedor, de este período y del anterior, aunque se olvida de que ese título en el periodo anterior lo tenía su compañero Rato, sobre el que ahora no corresponde hablar. El ministro Montoro sigue esa técnica de tú habla bien de ti, que luego la gente no sabe quién lo ha dicho. (Risas). Eso es lo que hace constantemente aquí —y lo han señalado otros portavoces—. No nos ha hablado de la deuda estratosférica que nos va dejar este Gobierno durante cada uno de los días, festivos incluidos: 240 millones más de deuda ha dejado este Gobierno. Son 300 000 millones más de deuda. Tiene la capacidad de incrementar la recaudación y de incrementar la deuda; eso es asombroso. Ese incremento ha sido el mayor del mundo, ahí sí somos campeones.

Quieren olvidar 2012. Este Gobierno comenzó a principios de 2012, pero también se lo quieren dar al Gobierno anterior. Porque fue en 2012 cuando subió la prima de riesgo 300 puntos —no a 300, a 600—. Fue en 2012 cuando salieron de este país más de 200 000 millones de euros, fue en 2012 cuando la Bolsa se desplomó y fue en 2012 cuando en este país tuvo lugar un rescate a la banca. Pero parece ser que eso tampoco está en el discurso del Partido Popular.

Nos repiten lo de la caída de la recaudación de los 70 000 millones, pero no dicen que en 2007 España, con el Gobierno socialista, tuvo un superávit primario —durante cuatro años superávit presupuestario, pero en 2007 superávit primario— y que se recaudaron 200 000 millones de euros en este país —más que nunca, ni tan siquiera hoy—. Por tanto, contextualicemos el momento en que se produce esa caída de impuestos.

¿Crecemos más? Claro que sí. ¿Pero sobre qué está sustentado este crecimiento? Habrá que pensar en los datos del último trimestre, fundamentalmente en el consumo, en la demanda interna y sobre todo en los sacrificios que se han hecho por mucha gente. Pero, ojo, hay que ser prudentes —lo hemos dicho muchas veces— no sea que se pare ese viento de cola que empuja a las economías europea y española y el barril de petróleo suba o el euro comience a equipararse más al dólar y nuestra competitividad y nuestra deuda sufran.

¿Sube el empleo? Sí, pero bajan las cotizaciones, cuestión que hay que analizar seriamente en este país, sobre todo con el dato de ayer. Ojo, ya no tenemos esa línea ascendente de creación de empleo. Por lo tanto, no lancemos las campanas al vuelo en ese aspecto.

La recaudación sube el 4 %, pero lo previsto era el 5,4 %. El bono a diez años está al 2,3 %, pero estaba previsto el 1,3 %.

Si hablamos de déficit, las comunidades autónomas están haciendo pensar a todo el mundo que el déficit en este año nuevamente tampoco se va a cumplir. Por lo tanto, medallas las justas.

Centrémonos en esta ley, centrémonos en lo que hoy debatimos aquí. Al final de la legislatura, con prisas y con trampas, hoy debatimos la tantas veces anunciada Ley de publicidad de defraudadores. Fue en 2012 y desde esta tribuna cuando el señor Montoro anunciaba como medida estrella de la lucha contra el fraude fiscal esta publicidad; el señor Rajoy lo repetía en el Congreso, hasta hoy. ¿Quiere esto decir que a partir de ahora sabremos quiénes son condenados por defraudar o quiénes deben a Hacienda más de un millón de euros? No, al menos no de todos. En el último borrador, después de los informes preceptivos —es su estilo— introducen una salvaguardia para que solo sufran el escarnio de ver su nombre, físico o jurídico, publicado en esa lista aquellos que están arruinados y no pueden pagar. A los pudientes, a los de mayor capacidad económica —que son los que más defraudan y los que más deben curiosamente— bastará con que paguen o avalen su deuda antes de producirse la sentencia firme para que su nombre no figure en esa lista. Así de sencillo. Es injusto, pero no nuevo en la práctica del Partido Popular.

En 2012 reformaron el Código Penal —aquí sí se dieron prisa—. Su artículo 305, que es el que trata del delito fiscal, establecía también una salvaguardia para que se les rebajase dos grados la pena a los que cometiesen delito fiscal, de tal forma que no tuviesen que pisar cárcel —que es lo que más teme este tipo de gente—. El mensaje que se transmite por los despachos de asesoramiento fiscal a sus clientes es muy claro: tranquilos, defraudad, no paguéis, solo tenéis que hacer una reserva económica por si tenéis la mala suerte de ser pillados antes de que prescriba y se os imputa, y si veis que va a producirse una sentencia firme, hacéis el aval y pagáis y vuestro nombre no saldrá y vosotros no iréis a la cárcel. Esto es lo que se ha hecho. Si añadimos la incalificable amnistía fiscal... ¿Por qué no se aprovecha la modificación de esta ley ahora para publicar también los nombres de los beneficiados? ¿Quizá porque queden aún por salir nombres significados de dirigentes del Partido Popular? No lo sé, pero debería aprovecharse, porque, al final, se sabrá.

Vemos por qué nadie puede tomarles en serio cuando viene aquí el ministro a decir que la lucha contra el fraude fiscal está dentro de sus prioridades, y mucho menos cuando, año tras año, han reducido en los presupuestos los efectivos de la Agencia Tributaria —en los presupuestos de 2016 hay 9 millones menos y 671 empleados menos; 1 800 efectivos menos tiene la agencia en estos cuatro años—, por no hablar de los continuos escándalos y dimisiones en la unidad de grandes contribuyentes, por no aceptar tratos de favor hacia ellos, politización, uso partidista de la agencia constantemente. Hoy sabemos por los medios de comunicación que el Partido Popular irá al final a juicio por la caja B, cosa que a través de la agencia han tratado de evitar.

Miren, señorías, lo dicen los datos: somos el país con mayor fraude fiscal y economía sumergida de toda Europa —más del doble de la media—. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Somos los primeros en deuda tributaria, no en la otra —de esa, ni hablamos—, y también lo somos en dudoso cobro. En estos momentos, tenemos 50 000 millones pendientes de cobro en la Agencia Tributaria. Mientras, tenemos que escuchar al señor Montoro presumir de los magníficos resultados obtenidos cada año. Éxito tras éxito, la deuda tributaria crece y crece. Eso también habría que explicarlo. La recaudación sube, y la deuda sube: asombroso. Claro que, para eso, el ministro es experto en maquillaje y cocina datos, como presupuestar menos de lo obtenido el año anterior en la lucha contra el fraude y así poder vender después que se superan los objetivos. Un dato: en 2014 se recaudaron 11 500 millones en la lucha contra el fraude, en 2015 se presupuestaron 9300 y luego se recauda mucho más, con lo cual, se colocan otra medalla porque hemos superado los objetivos. Es mucho más experto todavía, como hemos visto hoy aquí, en esa retórica añeja de repetir sus mantras una y otra vez, por si al final alguien los cree, y en hacer lo contrario de lo que dice sin complejos, aunque hay alguna portavoz de su grupo que le supera. Así, ha intentado vendernos la última rebaja fiscal de 9000 millones de euros en el IRPF, cuando se ha demostrado y publicado que los realmente beneficiados de la misma son los que tienen mayores rentas. Sí, y no lo decimos nosotros, lo dice Fedea, un organismo público acreditado que depende del Gobierno. El 1 % han recibido de esta rebaja fiscal más que 14 millones de contribuyentes.

Por eso, señorías, no solo vetamos esta ley, sino que vetamos toda la política fiscal del Gobierno del Partido Popular. ¿Saldremos de esta crisis? Sin duda, pero saldremos debilitados como país, con mucha más desigualdad, con menos derechos sociales y más precariedad. Las políticas del Gobierno del Partido Popular han frustrado el presente y el futuro a mucha gente, pero han cuidado a otros, a los que menos necesitan: a los suyos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Váquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar este turno de portavoces agradeciendo al grupo de senadores nacionalistas vascos su voto a favor de estos proyectos de ley.

Quiero utilizar los términos del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial para contestar a la senadora Martínez en cuanto a lo que sobre el carácter sancionador o procesal de la medida, que dice que no tiene necesariamente una naturaleza sancionadora. Precisamente el que no tenga naturaleza de sanción garantiza —con esto doy respuesta también a algunas cuestiones que han planteado otros portavoces— que la publicidad se va a aplicar a todas las sentencias que se dicten a partir de la entrada en vigor, es decir, que va tener efectos inmediatos, porque, en caso contrario, solo se aplicaría a los delitos que se cometiesen de ahora en adelante. Por eso también, por sugerencia del informe del Consejo General del Poder Judicial, senadora Mora, se da la oportunidad a quienes están ya inmersos en un proceso judicial de evitar la publicidad mediante el pago de la cuantía por criterios estrictamente jurídicos, no políticos.

Ha insistido usted hoy en que si van a ser los millonarios, si van a ser cargos públicos… También lo dijo en la Comisión; es decir, usted ya va presuponiendo quiénes van a ir corriendo a pagar antes de que tengan sentencia. No sabemos quiénes van a ir pagar, pero sí quiénes ya fueron corriendo a pagar, como algún dirigente de su partido. Tuvimos que leer: Monedero paga 200 000 euros para evitar una sanción fiscal. Sabemos quién fue corriendo a pagar para evitar una sanción, insisto. Así que no tiren piedras, y mucho menos a colectivos, partidos o grupos políticos, porque los defraudadores son personas. Quienes cometen infracción o quienes no pagan sus deudas con Hacienda en tiempo voluntariamente son personas. (Aplausos). Y resulta que ustedes, como partido, no son los que guardan la caja de las esencias de la virtud —alguno de ustedes, una persona, estaba guardando un dinero que hacía más de dos años que tenía que haber ingresado en la cuenta de Hacienda Pública, que es la cuenta de toda la sociedad española—. Por lo tanto, señorías, no utilicen esos término —espero— nunca más.

En segundo lugar, en la lucha contra el fraude fiscal se establece un procedimiento específico para asegurar que Hacienda cobra el dinero, que se puede practicar la liquidación y el cobro, aun cuando se aprecien indicios de delito fiscal. Vuelvo a decir que son leyes que luchan contra el fraude fiscal, leyes que pretenden no solo la transparencia, sino también la eficacia. Esa modificación, ese título VI de la ley que pretende adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado es una demanda de toda la sociedad española —algo que se nos exige a todos los poderes públicos y que, por tanto, el Grupo Popular ha entendido que se hacía necesario contemplar en esta ley—, así como garantizar el cobro de las deudas derivadas de la forma más grave de defraudación tributaria que existe, que es el delito contra la Hacienda pública. Pero, además, supone superar el injustificado trato a favor que habría con respecto a los meros infractores administrativos.

Pero, además de estas cuestiones puntuales, voy a dar respuesta a algunos de los temas planteados por otros portavoces. Senador Bel, le vuelvo a decir que no se puede distinguir de esa manera entre lo micro y lo macro —ya hemos mantenido este debate en muchas ocasiones en esta Cámara—. Todos estamos en el mismo barco y nunca ha sido tan importante tener claro que nos jugamos lo mismo. Cuando se genera crecimiento y empleo, cuando crecen los ingresos tributarios, hay más recaudación por IVA, hay más recaudación por IRPF y hay más recaudación por sociedades porque se crea riqueza y porque se crea empleo, y los beneficiados somos todos, lo somos en la microeconomía y lo somos en la macroeconomía.

Dice usted que Cataluña no se ha beneficiado en absoluto de las políticas del Partido Popular. Se lo repito, señoría, los catalanes, como el resto de los españoles, se han beneficiado de la reforma fiscal, de que el Gobierno del Partido Popular se haya asegurado de garantizar los servicios públicos fundamentales. Pero, además, el apoyo financiero a Cataluña en estos años se llama más de 40 000 millones de euros. Eso es compromiso con los catalanes, pero también es lealtad hacia una Administración que era incapaz de asumir, no solo el pago de sus deudas, sino también de servicios tan fundamentales como los hospitales, los colegios o los servicios sociales. Eso es prestar apoyo de verdad.

Y enlazo con lo expresado por los portavoces de la izquierda, a quienes no sé por qué les molesta lo que les digo. Si juntos se pronuncian, si juntos vetan y en todo coinciden, yo también les doy nuestra opinión sobre esos vetos que ustedes presentan y que, como digo, coinciden prácticamente en todo. Y tengo que decir a toda la izquierda en su conjunto, que nos ha recordado el tema de la deuda, que garantizar los servicios sociales, garantizar el empleo y bajar los impuestos es nuestra política social, que no la suya; la suya es dejar a deber los servicios sociales, es no bajar nunca los impuestos —nos lo acaban de decir— y es hacer en materia de igualdad lo contrario de lo que predican y mantener un tipo efectivo cero para las grandes empresas. Esa es su política, señorías, y se lo tengo que decir.

Dicen ustedes que el ministro no ha hablado de la deuda, pero la diferencia ahora es que la deuda se paga, y en la deuda que tenemos en este momento están incluidos esos 192 000 millones de euros, que —



ahora sí— hemos destinado a financiar los servicios sociales y de los que ustedes, como les he dicho, dejaron a deber siete de cada 10 facturas.

Senador Guillot, usted nos dice que la izquierda siempre garantiza los derechos. Yo debo responderle que no, porque garantizar los derechos no es solo asegurar que se prestan, sino también que se pagan. Y esta es una gran lección que también hemos aprendido cuando ustedes han estado en el Gobierno: cuando los servicios se dejan de pagar, las empresas los dejan de prestar. Nuestra política fiscal y económica ha permitido pagar los cientos de miles de facturas que el tripartito dejó a deber en Cataluña, senadores Guillot y Montilla; hemos pagado esos más de ocho millones de facturas, que han permitido salvar 400 000 empleos y facilitar el cobro a los 300 000 proveedores en toda España. Esa es la mejor política social que conocemos. (Aplausos). Por lo tanto, si quieren garantizar los derechos, páguenlos y no dejen las facturas a deber porque si no, pasará lo que pasó: que hospitales y conciertos empezaron a cerrarse y a donde tuvo que acudir el Gobierno del Partido Popular.

Lo saben todos ustedes muy bien, por eso les pone muy nerviosos. Su política social es la de poner el Estado del bienestar en quiebra; esa es la única política social que nos han demostrado que conocen.

Miren, no estoy hablando del pasado, sino del presente más real y del futuro que nos esperaría con ustedes. Hablo del presente más real y el ministro ha hablado del presente más real. Es que donde se destruía empleo, ahora hay más de un millón de puestos de trabajo en dos años; es que donde se cerraban empresas y medio millón de proyectos empresariales en tres años, ahora crece el número de autónomos y de pymes a un ritmo cada vez más intenso; es que donde ustedes congelaban pensiones, ahora están garantizadas y recuperan poder adquisitivo; es que donde ponían en quiebra el Estado del bienestar, hoy, senador Bel, en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 que usted ha sacado a relucir hay 7463 millones más destinados a educación, sanidad y servicios sociales, que vendrán muy bien a todas las familias que más lo necesitan; y es que donde se resignaban al rescate, hoy crecemos al 3 %. No tenemos fórmulas mágicas, señorías, pero hay un proyecto serio y eficaz que ustedes tienen que reconocer, el sentido común. Mientras sus admirados socios de Grecia siguen en la espiral de deudas y rescates, en España estamos hablando de ser el país que más crece y donde se crea empleo.

Y no nos han dicho señorías de la izquierda, señorías del PSOE, cuál es su política fiscal, cuál es su modelo fiscal, cuál es su política tributaria y qué es lo que harían ustedes. ¿Copiar a los que estaban hasta hace pocos días en Grecia? ¿Volver a aquellas políticas de improvisación, como aquella de los 400 euros que nos llevó a la ruina? La crisis ha sido una gran lección, pero ustedes parecen ser los únicos que no han aprendido nada de nada. Han estado cuatro años contra todo y contra todos, a lo suyo. No han estado ni para el pago de las facturas, no han estado para la ley de estabilidad, no han estado para la rebaja fiscal que hemos aprobado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente. Ni siquiera estuvieron ustedes para aprobar los 400 euros para los parados de larga duración, y hoy no están tampoco para aprobar nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal, ni para la crisis ni para las reformas ni para la recuperación, y mucho menos para el empleo, ustedes a lo suyo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto a los dos proyectos de ley.

Vamos a votar, en primer lugar, las propuestas de veto al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003. Comenzamos votando la propuesta de veto número 1.

Tengo que decirles que la señora Cunyat ha hecho uso de la votación telemática y ha votado afirmativamente a las propuestas de veto a este proyecto de ley, sumaremos ese voto al que resulte aquí en el hemiciclo. Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1 de la senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 87 más 1 voto telemático, 88; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Perdón: se anula la votación, porque la propuesta de veto número 1, de la senadora Mora, era al proyecto de ley orgánica, que votaremos posteriormente.

Votamos la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley, que es de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 146; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 83 más 1 voto telemático, 84; en contra, 151; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 146; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto al proyecto de ley, pasamos a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. En el caso de este proyecto de ley orgánica, la senadora Cunyat, haciendo uso de su derecho a votación telemática, se abstiene.

Comenzamos votando —esta vez, sí— la propuesta de veto número 1, de la senadora Mora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 14 más 1 voto telemático, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta veto número 3, de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto a los dos proyectos de ley, pasamos al debate de las enmiendas.

Comenzamos con la enmienda número 4, de la senadora Mora, al proyecto de ley orgánica.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, presidente. Voy a hacer uso de la palabra desde el escaño.

Intervengo simplemente para manifestar que estamos muy cansados, señora Angulo, mucho, porque es un asunto sobre el que ya se ha pronunciado un juez. No nos hable a nosotros de corrupción, cuando ustedes son los campeones de la corrupción. (Protestas). No tendría tiempo en este turno... (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Continúe, senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Perdonen, pero jamás les he abucheado ni les he insultado ni nada por el estilo. Por favor, escúchenme. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Puede continuar, senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: No tendría tiempo para relatar aquí un listado con todos los nombres de los cargos públicos que tienen ustedes en los tribunales enjuiciados por corrupción y fraude fiscal. (Rumores).

Dicho esto, quiero añadir que, por mucho que el dictamen del Consejo General del Poder Judicial señale que esta medida tiene un carácter no sancionador, vuelvo a insistir en que la mitad del Consejo General del Poder Judicial dice que sí, que el Consejo Fiscal dice que sí y que la jurisprudencia dice que cualquier publicidad de sanciones tiene una naturaleza sancionadora; da igual cómo lo diga.

Al resto de cuestiones técnicas que he planteado en mi veto ni ha contestado, no ha comentado absolutamente ninguna, ni siquiera me ha dado su opinión al respecto. ¿Por qué razón técnico-jurídica no se incluyen en los delitos de Seguridad Social, por ejemplo, los delitos de corrupción? Deme la motivación jurídica para no incluirlos, y en cuanto al resto contésteme a las cuestiones técnicas.

Y dicho con todo el respeto: aunque levanten la voz, no van a tener más razón. (Rumores).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las siguientes enmiendas al proyecto de ley. El senador Iglesias, las números 1 a 22, y la senadora Julios, las enmiendas 128 a 132. El senador Iglesias también ha presentado las enmiendas 1 a 3 al proyecto de ley orgánica.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, expondré las tres enmiendas que afectan a la ley orgánica y, a continuación, las correspondientes al proyecto de ley de reforma ordinaria general tributaria.

En relación con la ley orgánica, en la enmienda 1 planteamos la modificación de la letra a) del apartado 1 del nuevo artículo 235 ter, de la Ley Orgánica 6/1985, para que a los artículos 305, 305 bis y 306, del Código Penal, se unan el 307, 307 bis y 307 ter, también del Código Penal, con la finalidad de incluir en la publicidad de las sentencias por fraude no solo las que hacen referencia al fraude fiscal sino también las que hacen referencia al fraude a la Seguridad Social. Los argumentos que se exponen en el preámbulo del proyecto de ley para justificar la publicidad en los supuestos de fraude fiscal serían perfectamente proyectables hacia la realidad del fraude a la Seguridad Social. En ambos casos hay un interés general perjudicado y, por otro lado, en el caso del fraude a la Seguridad Social, como el sistema se financia con las cotizaciones, se produciría también un grave perjuicio, como se argumenta en relación con el fraude fiscal. Y, finalmente, si llegáramos a una situación en la que por insuficiencia en los recursos que ingresa la Seguridad Social, en parte como consecuencia del fraude, no hubiera recursos suficientes para pagar las prestaciones, habría que acudir a su financiación a través de los impuestos. Por otro lado, el umbral que abre la calificación de fraude como delito en el caso de la Seguridad Social es exactamente el mismo que abre los supuestos de delito contra los presupuestos generales de la Unión Europea, que sí entrarían en la redacción que incluye el proyecto de ley, en tanto en cuanto vienen reflejados en el artículo 306.

Presentamos otra enmienda, la número 2, en la que planteamos una modificación de la letra b) del apartado 2 del nuevo artículo 235 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, además, del nombre, apellido, denominación social del condenado y, en su caso, del responsable civil, se dé publicidad a la provincia donde hubiera estado domiciliado de forma efectiva en la fecha de los hechos delictivos.

La tercera enmienda propone la supresión del párrafo tercero del nuevo artículo 235 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que no se procederá a publicar la sentencia condenatoria por fraude fiscal en los casos en los que el condenado pagase la totalidad de la cuantía del perjuicio a la Hacienda Pública con anterioridad a la firmeza de la sentencia. Si no se produce esta supresión, al final, se acabará publicando en este listado solo la identidad de quienes se encuentren en situación de insolvencia. Nuestra enmienda, en todo caso, guarda relación directa y es coherente con las que en su momento presentamos al Código Penal para que no fuera una eximente que quien defraude pague antes de que se le notifique que está siendo investigado.

Al Proyecto de Ley ordinaria de reforma de la Ley general tributaria hemos presentado otro bloque de veintidós enmiendas. La primera modifica las letras e) y f) del artículo 43, sobre la responsabilidad del contratista y subcontratista por las cantidades que debe retener a trabajadores y otros empresarios.

Con otra enmienda se modifica el apartado 6 del artículo 81, aclarando que el cómputo de los seis meses cuyo transcurso determina el fin de la vigencia de las medidas cautelares se iniciará al día siguiente al que se notifiquen estas al obligado tributario, porque entendemos que es una garantía que refuerza la seguridad jurídica.

En otra enmienda planteamos la modificación del nuevo artículo 95 bis, publicidad de las situaciones de incumplimiento relevantes de las obligaciones tributarias, para que también se dé publicidad a la provincia del domicilio de los deudores. Además, con nuestra enmienda queremos mejorar las garantías de notificación, prescindiendo que para que se dé por hecha la notificación baste con que haya un intento de la Administración tributaria para notificarla. En la misma enmienda proponemos incrementar el tiempo de accesibilidad a los listados de morosos, que en el proyecto está fijado en tres meses. Nosotros planteamos en la enmienda que se amplíe a seis meses.

Para evitar dilaciones, introducimos una enmienda al artículo 135.1, que regula la tasación pericial contradictoria, añadiendo un nuevo párrafo en el que se establece que los responsables de las deudas tributarias en los procedimientos recaudatorios deberán promover la tasación pericial contradictoria en la primera impugnación que realicen de la declaración de responsabilidad adoptada, sin que pueda reservarse el derecho a plantear este procedimiento de tasación pericial contradictoria en momentos posteriores.

Con otra enmienda queremos introducir un nuevo apartado en el artículo único. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 5 declarando que las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que lleven a cabo las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y en relación con tributos e ingresos de derecho público propios de estas surtirán efecto en todo el territorio nacional. Esta enmienda satisface fundamentalmente las necesidades de los ayuntamientos que se ven imposibilitados de practicar embargos fuera del término municipal para recaudar de las deudas tributarias.

También planteamos un nuevo apartado en el artículo único, para modificar la letra a) del apartado 1 del artículo 42, estableciendo la presunción iuris tantum de que el administrador de una persona jurídica y su representante en un negocio jurídico son causantes o colaboradores de las infracciones tributarias cometidas a efectos de que afronten la responsabilidad solidaria por ello.

En otra enmienda planteamos un nuevo apartado en el artículo único que modifica el artículo 66, sobre plazos de prescripción, para igualar los plazos de prescripción administrativa y penal en cinco años con carácter general y en diez años en los supuestos de delito y delito tipificado como agravado en el Código Penal.

También proponemos un nuevo apartado al artículo único para añadir una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 96, para que se dé publicidad a la identidad de las personas físicas y jurídicas que se acojan a procedimientos de regularización administrativa de carácter extraordinario, así como a cualquier otro tipo de amnistía fiscal, dando publicidad también a la cuantía de sus bases imponibles y cuotas declaradas.

Se propone otro nuevo apartado en el artículo único para introducir un nuevo artículo 95 quater que, en relación con la publicidad de contribuyentes relevantes por su contribución tributaria en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, afectaría a quienes declaren rentas de más de 1 millón de euros y, en el impuesto sobre sociedades, a quienes tengan ingresos de más de 45 millones de euros. Como tuvimos oportunidad de manifestar diferentes portavoces en el debate de los vetos, el tipo por el que han contribuido al impuesto sobre sociedades los grupos consolidados en el año 2013 fue del 6 %. Es necesario que la sociedad conozca esta situación. Se dará publicidad a lo que he explicado anteriormente siempre que el tipo medio de la contribución por estos impuestos sea inferior al tipo medio de la contribución de los contribuyentes de una dimensión similar.

Presentamos otra enmienda al artículo único para introducir un apartado nuevo que modifica el apartado 6 del artículo 170. La enmienda pretende que la Administración tributaria pueda acordar la prohibición de disponer de los bienes muebles e inmuebles de una sociedad, aunque el procedimiento recaudatorio no se dirija contra esa sociedad, cuando se hubieran embargado al obligado tributario, al responsable cierto, acciones de esa sociedad y el obligado tributario ejerza el control efectivo de la misma.

Presentamos otra enmienda para introducir otro nuevo apartado en el artículo único para crear una nueva disposición adicional vigésimo tercera a fin de que a la devolución de ingresos derivados de procedimientos tributarios no le resulten de aplicación los artículos 33 y 34 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que las entidades financieras se empeñan en aplicar para retener fondos durante ocho semanas.

En otra enmienda planteamos una disposición adicional nueva, con la finalidad de que el Gobierno promueva periódicamente la elaboración, por expertos independientes, de un informe de evaluación de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral que sea debatido en las Cortes y en los Parlamentos autonómicos, de manera que tengan la oportunidad de adoptar medidas al respecto.

Proponemos también un nuevo apartado del artículo único con otra disposición adicional nueva, con el fin de que el Gobierno establezca fórmulas de coordinación entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas y locales, favoreciendo, incluso, la creación de una base de datos fiscales única. Asimismo, proponemos una nueva disposición adicional para que, en el plazo de tres meses, el Gobierno presente un proyecto de ley en el que se acuerde la creación del cuerpo superior técnico de Hacienda; ello posibilitaría habilitar a 8500 técnicos para realizar funciones superiores a las que vienen desarrollando hasta este momento. Esto sería, sin ninguna duda, un instrumento eficaz de lucha contra el fraude.

En otra nueva disposición adicional proponemos que el Gobierno propicie un acuerdo en el seno de la OCDE para la obtención de información sobre actividades en paraísos fiscales. Asimismo, presentamos una nueva disposición transitoria para que, en el plazo de un mes, el Gobierno tome las medidas necesarias para publicar quiénes se acogieron a la regularización extraordinaria establecida en el Real Decreto Ley 12/2012, la famosa amnistía fiscal.

Con otra enmienda planteamos una modificación de la disposición final quinta, que a su vez modifica la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Se trata de reducir de 15 000 euros a 2500 euros la cantidad que se puede pagar en efectivo en aquellas operaciones en las que alguna de las partes, sea profesional o empresario, no tenga domicilio fiscal en España y no actúe a su vez en calidad de empresario o profesional. Asimismo, con esta enmienda proponemos aumentar las sanciones de lo pagado en efectivo en un 50 % cuando se incumplan los límites legales del pago en efectivo.

En cuanto a la disposición sexta, añadimos un nuevo apartado 6 bis, modificando el apartado 6 del artículo 121, para aumentar la seguridad jurídica a través de la prescripción. La actual redacción está dando lugar a una investigación por parte de la Comisión Europea por entender que la normativa vigente puede ser contraria a los tratados. En idéntico sentido y por el mismo motivo, proponemos una nueva disposición final que modifique la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.

Por último, proponemos una disposición final nueva que modifique el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, al suprimir el apartado 3 del artículo 8 para que, en consonancia con otra enmienda anterior, puedan embargar bienes fuera del municipio sin que tengan que intervenir para ello la Agencia Tributaria o la comunidad autónoma.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente, comentaré las enmiendas que el Grupo de Coalición Canaria ha presentado al Proyecto de Ley de modificación de la Ley general tributaria.

Las enmiendas números 128 y 132 tienen como objetivo mejorar la gestión tributaria y la recaudación de las administraciones locales. Todos tenemos conocimiento de las dificultades que estas tienen en la gestión tributaria. Nosotros planteamos que se suprima el apartado 3 del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de reguladora de las haciendas locales. Consideramos que es necesario que se supere la actual limitación de los posibles embargos bancarios que puedan realizar las administraciones, fundamentalmente las locales, y sobre todo la no capacidad que estas tienen para realizar embargos fuera de su ámbito territorial, aunque se demuestre que sus deudores posean bienes y derechos en otros territorios. Nos parece que con esta enmienda se podría resolver esa problemática. También en esta línea planteamos la adición de un apartado al artículo 5 que tiene como objetivo, en correspondencia con lo que acabo de decir, que puedan tener efecto en todo el territorio nacional las actuaciones que en materia de recaudación ejecutiva lleven a cabo las respectivas administraciones locales.

En la enmienda 129 planteamos una mejora técnica para facilitar que se puedan llevar a cabo las comprobaciones de las responsabilidades solidarias, ya que desde nuestro punto de vista están provocando problemas en todo el procedimiento de recaudación.

La enmienda 130 pretende introducir una disposición adicional con el objetivo de que las entidades financieras no puedan retener los fondos durante ocho semanas, que es lo que en estos momentos está ocurriendo por la interpretación que están haciendo dichas entidades en la aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley 16/2009, de servicios de pago.

Por último, la enmienda 131 va en la misma línea que otra que acaba de defender el portavoz de Izquierda Unida. Se propone una disposición adicional para que se contemple algún mecanismo de evaluación de la economía sumergida, del fraude fiscal y del fraude laboral. En la estrategia de recaudación del fraude y a la hora de perseguir el fraude fiscal entendemos que es importante que exista algún mecanismo validado científicamente y de alguna forma comparable, puesto que las administraciones, los responsables políticos y los responsables públicos deben tener un soporte técnico —validado, como digo— para poder conocer el impacto de las medidas que se están adoptando. Por ello planteamos que el Gobierno ponga en marcha procedimientos, a través de expertos o de organismos independientes, que periódicamente hagan un análisis de la evolución de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral. Y esta información ha de reflejarse de forma desagregada según territorios, según sectores económicos y según impuestos. Entendemos que este informe debe hacerse en colaboración con las comunidades autónomas e implicar también a las administraciones locales, y debe presentarse y ser debatido tanto en Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos, de manera que estos puedan instar a los Gobiernos respectivos a la puesta en marcha de las medidas correctoras que se consideren oportunas a la luz de la información. Es importante que sean indicadores comparables para que pueda hacerse una comparación a lo largo del tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos corresponde al proyecto de ley, enmiendas 23 a 44, así como al proyecto de ley orgánica, enmiendas 9 y 10. Y el segundo bloque a las formuladas al proyecto de ley, enmiendas 45 a 60, y al proyecto de ley orgánica, enmiendas 5 a 8.

Para la defensa del primero, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Seré muy breve, ya que el senador Iglesias ha defendido de forma muy pormenorizada las enmiendas que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, que son idénticas a las que presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Pero antes quiero hacer referencia a cuatro aspectos que han salido durante el debate anterior. Creo que hoy la portavoz del PP ha traspasado una línea roja al colocar en el debate político a un ciudadano, a una persona del ámbito privado, Juan Carlos Monedero, que no tiene ninguna causa judicial abierta. Creo que en eso tendríamos que ser muy prudentes y respetuosos. Otra cosa es lo que podamos discutir entre nosotros que, como mínimo, siempre tenemos el derecho de intervenir por alusiones. En esto tendríamos que ser muy prudentes y respetuosos especialmente, insisto, porque no hay ninguna causa judicial abierta, sino cerrada, en torno a él. Y más aún si esto viene de una portavoz que ha compartido escaño con dos senadores, como el señor Bárcenas o el señor Granados, que están como están. (Aplausos). Con lo cual, insisto en que, si no queremos emporcar más los debates, como mínimo no debemos meter en ellos a la gente que no se dedica a la política, que no tiene cargo político alguno y que, hasta que no se demuestre lo contrario, es honrada.

La segunda cuestión es lo de Grecia. Grecia es ahora un sonsonete, imagino que electoralista, que ustedes van repitiendo, pero les quiero recordar que quien remató y acabó de hundir Grecia es un amigo del señor Rajoy, el señor Samarás, porque el señor Tsipras no ha tenido tiempo suficiente para poder realizar nada. Les quiero recordar que el tercer rescate va a ser un desastre porque no va a solucionar ninguno de los graves problemas que tienen la sociedad y la economía griega.

En tercer lugar, si quieren hablar de finanzas públicas, empecemos por el Ayuntamiento de Madrid, sigamos con la Comunidad Valenciana, continuemos, por ejemplo, con Castilla-La Mancha… (Rumores). Si quieren pedir la palabra, pídanla, está aquí el presidente. Ya verán que en las próximas semanas los nuevos gobiernos autonómicos empiezan a descubrir verdaderos agujeros negros y muchas facturas no pagadas. Además, yo me atrevo a preguntarles: ¿Ustedes creen que el Gobierno del Partido Popular va a dejar todas las facturas pagadas, con un billón de deuda pública? ¡Qué va a pagar!

Y, por último, la gran crítica que puedo realizar a la acción del Gobierno es que ustedes decidieron, este Gobierno decidió que el peso y los sacrificios de esta crisis recayeran, exclusivamente, en las espaldas de aquellos que no tenían ninguna responsabilidad. Esto es lo que ha pasado durante estos cuatro años. Los que no tenían ninguna responsabilidad —sean trabajadores, clases populares, capas medias, mujeres, niños— han tenido que soportar el peso de la crisis. Estos mismos sectores son los que han tenido que soportar una mayor carga tributaria y, con esta mayor carga tributaria y con todo esto, se ha podido salvar la banca y se han podido rescatar tantas cuestiones, excepto a las personas. Esta es mi gran crítica a la acción de este Gobierno y de este partido.

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa del siguiente bloque de enmiendas, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores y senadoras socialistas hemos presentado cuatro enmiendas al Proyecto de Ley por el que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que son las enmiendas 5, 6, 7 y 8, y dieciséis al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, la Ley general tributaria, enmiendas 45 a 60. Comentaré la mayoría de ellas de manera muy breve.

Por lo que respecta al primer texto, al proyecto de ley orgánica, nuestras enmiendas número 5, de supresión, y número 7, de modificación, pretenden cambiar el preámbulo del proyecto a fin y efecto de que sea coherente con la propuesta de un nuevo articulado, al pretender introducir los artículos 307, 307 bis, 307 ter y 308, del Código Penal, en el texto del proyecto para que se consideren comportamientos defraudatorios para la Hacienda pública los delitos de defraudación a la Seguridad Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas.

En segundo lugar, nuestras enmiendas números 6, de supresión, y 7, de modificación, pretenden la supresión del penúltimo párrafo del preámbulo para que sea coherente con la enmienda número 8, de supresión, a fin de evitar la no publicación de los datos personales de las sentencias firmes condenatorias cuando los condenados o responsables civiles hayan satisfecho o consignado la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda pública con anterioridad a la firmeza de la sentencia.

Por lo que hace referencia a las enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley general tributaria, una serie de ellas tienen relación con la publicación de la identidad de las personas físicas y jurídicas en distintos supuestos. Cuando la infracción tributaria sea superior a 30 000 euros —enmienda número 46—, cuando se hayan acogido a los denominados procedimientos extraordinarios de regularización tributaria, o sea, a las amnistías fiscales —enmiendas 47 y 50—, mandatando al Gobierno para que efectúe su publicación en el plazo de quince días, mediante la enmienda número 52.

La enmienda número 48 propone una modificación del artículo 27 en materia de actuaciones inspectoras. Aunque compartimos la necesidad de ampliar los plazos, consideramos que no se puede desnaturalizar la figura de la prescripción.

Las enmiendas números 49 y 59 proponen suprimir el artículo 252 a fin de evitar que el hecho de regularizar la situación tributaria conlleve o comporte la desaparición del delito fiscal y de otros delitos conexos como, por ejemplo, el de blanqueo.

A continuación, presentamos una serie de enmiendas que consideramos necesarias para hacer frente al fraude y a la elusión fiscal en un contexto de economía globalizada. Así, la enmienda número 51 regula la creación de un nuevo impuesto, el impuesto sobre detracción de rentas en abuso de derecho, a fin de evitar la ingeniería fiscal de determinadas multinacionales. Y la enmienda número 55 mandata al Gobierno un plan de acción contra la evasión de la base imponible y el traslado de beneficios. Es sobradamente conocida y absolutamente escandalosa la actuación de algunas multinacionales en nuestro país, con un volumen de facturación considerable y, como ustedes saben, con una contribución a la Hacienda pública absolutamente simbólica o ridícula.

Asimismo, las enmiendas números 53 y 54 tienen relación con la Agencia Tributaria, emplazando al Gobierno a incrementar el número de sus efectivos en 5000 a lo largo de un período de cuatro años, así como para tomar las medidas necesarias para asegurar su independencia y autonomía. En el transcurso del debate, diversos portavoces han puesto de relieve la infradotación de medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria si lo comparamos con agencias tributarias de otros países de nuestro entorno, así como la necesidad de garantizar su autonomía y su independencia, que se ha visto gravemente afectada —otros portavoces también se han referido a ello— durante esta legislatura.

Por último, quiero mencionar nuestra enmienda número 57, que plantea tipificar el ofrecimiento de fraude fiscal por parte de personas, entidades financieras y empresas consultoras y asesoras, porque también es un escándalo —y ha habido casos que han sido motivo de atención de los medios de comunicación y de la opinión pública estos últimos años— que empresas y personas hagan un ofrecimiento para delinquir, porque eso es, y no otra cosa, el fraude fiscal.

Con la aceptación de estas enmiendas o de alguna de ellas, sin duda, mejorarían sustancialmente los proyectos de ley y ayudarían a tener un sistema tributario más justo, al que contribuirían todos los españoles, que es lo que mandata la Constitución. Lamentablemente, veremos qué opinión les merecen las enmiendas al Partido Popular —en la comisión no les merecieron mucha consideración—; supongo que la portavoz del Grupo Popular nos volverá hablar de otras cosas, nos recitará las consignas del boletín de noticias del carrer Génova, por supuesto, dejando de lado todo el rigor que sería exigible en una persona de su cualificación. Porque, efectivamente, si usted quiere hablar de financiación autonómica, hablamos cuando quiera, pero, por favor, con un poco de rigor. Existen unas excelentes publicaciones del Banco de España de las que se pueden extraer estadísticas y datos. Entonces, seguramente usted vería que se ha equivocado de Generalitat, que además de la de Catalunya hay otra, y que una cosa es dejar facturas en los cajones, si están contabilizadas, porque al día no se paga, supongo que ustedes tampoco, y otra cosa es pagar mal y tarde. Le animo a que mire cómo pagaban las comunidades autónomas en el año 2010, dónde estaba situada la Generalitat de Catalunya y dónde está hoy, porque mejorar no ha mejorado, ni en plazo de pago a proveedores ni, por supuesto, en deuda. Mire los boletines del Banco de España o cualquier otra estadística, lo digo para hablar con un poquito de rigor y no hacer pura y simplemente absoluta demagogia utilizando no sé si el boletín de Génova o ni eso.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha presentado al proyecto de ley las enmiendas 63 a 111 y al proyecto de ley orgánica las enmiendas 11 a 14. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

No voy a agotar mi tiempo, ni mucho menos. Simplemente voy a dar por defendidas las 49 enmiendas, 63 a 111, que ha presentado mi grupo a la reforma parcial de la Ley General Tributaria. Ya hemos manifestado anteriormente que era una ley que debía ser modificada, pero que la modificación no iba en la dirección correcta. Muchas de estas enmiendas son de carácter técnico y otras son de más contenido. No voy a repasar cada una de ellas, pero me van a permitir marcar las líneas generales, ya que pretenden conseguir lo que establece el preámbulo del proyecto de ley: generar mayor seguridad jurídica, reducir la litigiosidad entre Administración y administrado y generar una Administración tributaria más eficiente. Por ello, no voy a proceder a la defensa de cada una de ellas, pero sí de algunas, como, por ejemplo, la 72, que modifica el artículo 95 a efectos de que la publicación de los deudores tributarios por incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias sea más homogénea; es decir, si se ha decidido excluir a los que pagan —y no vamos a decir nosotros que no estemos de acuerdo en cuanto que hayan restituido su obligación—, no nos parece justo que se excluya únicamente a estos, ya que sí se procede a la publicación de aquellos obligados tributarios que hayan suspendido el ingreso de la deuda tributaria o la hayan aplazado, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones el impago de estas deudas puede ser debido a la viabilidad económica de la empresa. Solo se exime de la publicación —como ya se ha dicho en diferentes ocasiones en esta tribuna— al que tiene la capacidad, al que tiene los recursos para poder pagar, no al que tiene la voluntad o el reconocimiento.

Hay otra enmienda que también han presentado diferentes grupos y que nosotros no solo presentamos en esta ley sino que la venimos presentando en diferentes leyes y la volveremos a presentar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Me refiero concretamente a una disposición adicional nueva a efectos de que se pueda ampliar el ámbito de actuación territorial de los entes locales para el embargo de las deudas tributarias, un problema endémico que no acabamos de resolver.

Prácticamente todas estas enmiendas son las mismas que ha presentado mi grupo en el Congreso de los Diputados. Hemos añadido dos: la 109, a efectos de suprimir la disposición final sexta, que hace referencia al impuesto sobre sociedades, y la 102, que hace referencia a la creación de una nueva tasa estatal. Doy todas ellas por defendidas.

En relación con Proyecto de Ley Orgánica por el que se regula el acceso y la publicidad de determinadas informaciones contenidas en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, hemos presentado tres enmiendas, 11 a 13, que doy por defendidas. Solo voy a comentar brevemente la número 11. Esta enmienda —creo que todos los grupos que han presentado enmiendas la han planteado también en este sentido o en otro muy similar— refleja la opinión de algunos votos particulares emitidos por algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial y propone la ampliación de la publicidad del contenido de las sentencias no solo en relación con los artículos 305, 305 bis y 306 del Código Penal, sino que se debería ampliar, desde nuestro punto de vista, al 307, 307 bis, 307 ter y al 308; es decir, a aquellos que hacen referencia al impago de las cuotas a la Seguridad Social, así como el delito de disfrutar indebidamente de subvenciones públicas. Por tanto, pido su voto favorable para esta enmienda.

Finalmente, quiero hacer un comentario específico sobre la enmienda número 13 que hemos presentado a este proyecto de ley orgánica. Esta enmienda pretende añadir una disposición adicional al artículo único de la ley con el fin de que, igual que está regulada la cancelación de los antecedentes penales, cuando se produzca esta, se proceda también al bloqueo de la publicación de las sentencias por fraude fiscal. Entendemos que la rehabilitación es un elemento que no hay que dejar de tener en cuenta; por tanto, si entendemos que procede la cancelación de los antecedentes penales, también se debería proceder a la eliminación de la publicidad de estas sentencias. Doy por defendidas todas estas enmiendas y les pido su voto a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta al proyecto de ley las enmiendas 112 a 127 y la vuelta del texto remitido por el Congreso en lo modificado por el informe de la ponencia como consecuencia de las enmiendas introducidas en su texto, y al proyecto de ley orgánica las enmiendas 15 a 18.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista ha presentado al Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley general tributaria un total de 16 enmiendas, que dan continuidad a la propuesta de veto que nuestro grupo también ha presentado a este proyecto de ley, y 4 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, sobre el cual también hemos presentado un veto.

Para nuestro grupo, el proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria presentado por el Gobierno podría haber cumplido ampliamente la necesidad que demanda la sociedad y no solamente una modificación muy pequeña, que para nosotros también supone un rechazo. Los socialistas nos oponemos frontalmente a la decisión adoptada por el Gobierno de no publicar la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, hecho que para nosotros tiene una gran importancia, ya que oculta una información que todos los ciudadanos de este país deben conocer: el nombre de aquellos que han incumplido las obligaciones tributarias con su país y, por ende, con sus ciudadanos.

Pero los cambios legislativos que nuevamente el Gobierno del Partido Popular trae a esta Cámara nos siguen sorprendiendo.



En este caso, y respecto del sistema tributario español, hemos escuchado decir al señor ministro de Hacienda en este mitin ya de campaña electoral que nos ha ofrecido aquí esta mañana, en el que ha destinado unos 15 minutos de la hora para hablar de estas leyes y a decirnos lo bien que lo han hecho, y ha soltado perlas como la de que estamos a la cabeza del mundo, pero sin especificar si se trata del primero, del segundo o del tercer mundo, o incluso de otro diferente, que es muchas veces del que parece hablar; o que la economía va viento en popa y que el aumento de la inversión extranjera es indicativo de que las cosas van un poco mejor. La verdad es que en el mitin interno que nos ha ofrecido el ministro esta mañana no ha mencionado datos relevantes de la realidad de este país, datos que entiendo que ha omitido por ser negativos. Pero en algo sí coincidimos, y es en que sigue siendo prioritaria la persecución de los defraudadores y la recuperación de los dineros defraudados para las arcas públicas, las de todos.

Señorías del Grupo Popular, estas modificaciones vienen a ser una continuidad de la política tributaria y fiscal llevada a cabo desde su llegada al Gobierno: más impuestos y cargas para los que menos tienen, y menos para los que más. Esa ha sido la única dirección que ha marcado su política. Pero esto no es algo que digamos solo nosotros, lo dice la gran mayoría de los españoles, y por mucho que el ministro suba aquí a hablarnos de sus sueños más que de la realidad que viven cada día los españoles, las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy han sido aplicadas a fuego a los ciudadanos de nuestro país, a las rentas más bajas y a la clase trabajadora, y esta situación se refleja en los diferentes barómetros de los centros de investigación sociológicos de este país en diferentes ámbitos de la vida y de la sociedad. Así lo atestigua el Instituto de Estudios Fiscales en su último informe, donde señala que la valoración sobre el cumplimiento fiscal y sobre el fraude está bajo mínimos históricos; o en el barómetro del pasado mes de julio del CIS, donde se dice que el 67 % de los españoles cree que la situación económica en España es en general mala o muy mala, y casi el 78 % dice que la situación económica en España después del último año también es mala o muy mala.

Por tanto, señorías del Grupo Popular, su política económica sigue estando muy cuestionada por los ciudadanos de este país; 7 de cada 10 la desaprueban y 8 de cada 10 dicen que estamos peor que hace un año. Y yo les pregunto, señorías, ¿creen ustedes que los españoles se equivocan? Tras escuchar las declaraciones del ministro imagino que consideran que los españoles se equivocan cuando puntúan negativamente su acción de gobierno. Y cuando preguntamos a los ciudadanos por el fraude, lo ven como una de las causas más importantes; piensan que uno de los grandes problemas que tiene la Hacienda pública española es la impunidad de los grandes defraudadores, o mejor, de quienes defraudan al Estado evadiendo los impuestos correspondientes, o lo que es lo mismo, robando a los demás algo que es para beneficio común.

Señorías, nuestro grupo considera que los datos sobre la opinión de los españoles en relación con el fraude fiscal y a la amnistía fiscal llevada a cabo por el Partido Popular es suficiente argumento para modificar los dos proyectos de ley que aquí debatimos, y en ese sentido hemos presentado una enmienda a la totalidad para corregir la voluntad del Gobierno del Partido Popular de no publicar la lista de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Nosotros proponemos su publicación en una de nuestras enmiendas. Tampoco se publica la lista de los defraudadores por delito fiscal que compren su indulto, algo que se plantea también en nuestra enmienda 18. Asimismo tampoco se publica la lista de los defraudadores por sanciones administrativas por debajo del millón de euros, y mi grupo parlamentario propone que se publiquen todas las sanciones, lo que significa más transparencia para todos los ciudadanos respecto de estas vergonzosas prácticas. Por otra parte, proponemos que se publiquen las deudas por fraude con la Seguridad Social.

Entre los aspectos a destacar de la Ley contra el fraude fiscal es muy llamativo el hecho de que la exposición de motivos sea prácticamente seis veces mayor que el propio articulado, recogiendo el texto, como aspecto más importante, un nuevo artículo a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Me refiero al artículo 235 ter).

Como continuación al detalle del texto, me gustaría que nos aclararan lo relativo a las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado y la desindexación de los datos, aspecto que se recoge en el párrafo décimo quinto de la exposición de motivos, porque cuando publicamos una información en el Boletín Oficial del Estado cualquier persona puede tratar esa información personal sin consentimiento del afectado, ya que los boletines oficiales en el artículo 3.j) de la Ley Orgánica de protección de datos son considerados una fuente accesible al público en general.

Señorías, la amnistía fiscal es una deslegitimación del sistema fiscal porque premia a los que defraudan, castiga a los que cumplen con sus obligaciones y atenta contra los principios de justicia y equidad. La amnistía fiscal, se mire como se mire, es una medida vergonzosa que no es digna de un país democrático como es el nuestro; porque si estamos en un Estado de derecho esto demuestra que no todos tenemos los mismos derechos ni las mismas obligaciones, y la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie vemos cómo siempre es el dinero el que abre todas las puertas, entre las que están las del Gobierno y las de las leyes. Por eso nos hemos opuesto profundamente a esta amnistía fiscal, porque para que unos sinvergüenzas puedan blanquear el dinero defraudado —ricos, defraudadores e impunes—, para eso los ciudadanos honrados de este país han tenido que ver cómo se ha subido el IVA del 18 al 21 %, o el IVA reducido del 8 al 10 %, cómo se ha gravado la compra de vivienda del 4 al 10 %, cómo se han subido los tramos del IRPF desde el 0,75 % hasta el 7 % —y esto también lo indició el ministro en su intervención—, cómo ha subido la luz, el gas, los peajes, los impuestos a los carburantes, las tasas judiciales; cómo han perdido las bonificaciones para la contratación a mayores de 45 y 59 años y las bonificaciones a mujeres que se reincorporan después de la maternidad; cómo se ha abaratado y legitimado el despido con una indemnización de 20 días por año trabajado; cómo se han reducido las prestaciones por desempleo, la ayuda a los jóvenes parados que viven con sus padres; cómo se ha dejado a cero la tasa de reposición en la mayoría de los puestos de los funcionarios públicos, la reducción en los programas de investigación y desarrollo en un 25 % o la reducción en los presupuestos destinados a la sanidad pública en más de un 22 %, cuando no se cubre la falta de médicos o de profesionales de enfermería tanto en el medio rural como en el medio urbano, y de eso los municipios rurales de Castilla y León podemos dar buena fe.

Hemos visto cómo el Gobierno también ha sido cómplice del cierre de ambulatorios, de centros de salud, de servicios de urgencias, donde se han sumado 456 medicamentos retirados de la financiación pública, han suprimido el transporte sanitario gratuito a pacientes oncológicos, han reducido las ayudas a la dependencia, se han eliminado las ayudas a menores y personas con discapacidad, con recortes en los gastos educativos en más de un 31 % y las becas para los jóvenes que no pueden pagarse una carrera, la subida de las tasas universitarias, las becas de formación a docentes universitarios, el aumento del IVA del 4 al 21 % en material escolar, recortes en las bibliotecas públicas, subida del impuesto de bienes inmuebles, recortes en las ayudas a las energías renovables y programas de medioambiente, paralización de los proyectos generadores de empleo en las cuencas mineras, hay casi 12 millones de personas en situación de riesgo y exclusión y 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza, y esto lo dice Cáritas. Han demolido muchos de los servicios públicos que prestábamos los ayuntamientos rurales como han sido las escuelas de atención primaria, que hemos tenido que cerrar por falta de cofinanciación. Ustedes han llevado a cabo la legislatura de la emigración, donde casi 400 000 personas en edad de trabajar, principalmente jóvenes de nuestro país, han tenido que emigrar y buscarse el pan en otros países, y han dejado fuera de los controles sanitarios a casi 800 000 inmigrantes en situación irregular que conviven diariamente en nuestro país sin asistencia sanitaria, poniendo en riesgo la salud de estas personas y del resto de los ciudadanos.

Su Gobierno durante estos cuatro años solamente se ha dedicado a recortar en todos los ámbitos de la sociedad, aumentando los impuestos de las clases medias y trabajadoras, a mentir, como les indicó nuestro secretario general federal el otro día en el Congreso de los Diputados, y a vender unos raquíticos logros, que solamente se han conseguido a raíz de las acciones exteriores llevadas a cabo por las instituciones europeas y mundiales, en el ámbito de la financiación de la deuda y los mercados bursátiles, deuda que ustedes han elevado del 68 % del producto interior bruto, como aquí también se ha indicado por algún otro portavoz, a prácticamente un 100 %, con un aumento que roza los 300 000 millones de euros y una reducción de casi un 50 % en la caja de las pensiones, y decenas y decenas de recortes que en este turno no me da tiempo a enumerar.

Señorías, su política fiscal y tributaria se ha basado en que paguen los que menos tienen porque somos más y no contamos con medios para defendernos y presionarles, como hacen las grandes corporaciones. Ustedes pasarán a la historia como el Gobierno de los incumplimientos electorales, como los generadores de la deuda, el Gobierno de la emigración de nuestros jóvenes y de la exclusión social, el de la amnistía a los defraudadores y el Gobierno del partido de los escándalos por corrupción, un buen currículum que puede ofrecer un Gobierno de mentirosos.

Señora Angulo, por si el día de mañana alguno de los miembros del Gobierno puede salir fuera de nuestro país y lo puede decir, allí donde sea, en los foros en los que esté, le informo de que según la encuesta de condiciones de vida del INE, en la que se basa el umbral de la pobreza, este ha pasado de un 20,4 a un 22 en 2014, el año inmediatamente anterior a este. Si vemos los datos del indicador AROPE, también elaborados por el INE, la tasa sube al 29,2 % el número de personas en situación de pobreza real, y fuerte incremento de la pobreza infantil, que sube a un 35,4 %, 1 de cada 3 menores está por debajo de esta ratio.

En lo que se refiere al pago de facturas —porque usted cuando baja aquí entra en un estado de bucle y constantemente nos repite lo mismo, igual que hace en la Comisión, es como otro minimitín que también nos ofrece cuando sube a la tribuna, como si se estuviera dirigiendo a unos ciudadanos para que votasen en unas elecciones—, la inmensa mayoría de las deudas de los ayuntamientos pertenecen a los gobiernos del Partido Popular. El patrimonio de las sicavs —que es otra noticia que sale hoy en prensa y a la cual algún portavoz de nuestro grupo y de otros grupos ya han hecho referencia—, de los multimillonarios españoles, ha crecido ajeno a la crisis y se dispara un 7,3 %. Señorías del Partido Popular, las mentiras por mucho que se repitan no dejan de ser mentiras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sen.

Turno en contra. Senadora Regalado.

La señora REGALADO DE LOS COBOS: Gracias, señor presidente.

Yo voy a ser muy breve, porque tenemos un día muy duro por delante y porque además algunos de los intervinientes precedentes no han hablado de las enmiendas, no las han defendido, nos han obsequiado con sus mantras de siempre, así que no sé si tienen mucho interés en defender las enmiendas que habían mantenido para el Pleno.

He agrupado las enmiendas por temas porque muchas coinciden y dicen lo mismo. En las enmiendas 1, 7, 9, 11 y 17, que se refieren a que se podía haber ampliado a otros delitos como el fraude fiscal o el fraude en la recepción de subvenciones, la modificación del proyecto se limita al ámbito del fraude fiscal y no puede desligarse de la modificación introducida en la Ley general tributaria, por lo que creemos que no es procedente. Aunque no discrepamos del concepto, no a través de esta iniciativa.

Las enmiendas 2, 6, 10 y 16, tratan de la inclusión de la provincia y domicilio del condenado en el momento de la comisión de los hechos delictivos, no aportan información relevante en relación con los fines perseguidos y se podría incurrir en contradicción con otras normas garantistas de la privacidad.

Con las enmiendas 3, 4, 8 y 18, personas que podrían evitar la publicidad de su nombre conforme a las recomendaciones efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en su informe, se introduce una excepción a la publicidad de acceso en los casos en los que se haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuantía de lo defraudado a Hacienda. Si nuestro objetivo es la lucha contra el fraude fiscal y esta medida sirve para que paguen, nos parece lógico lo recogido en la ley. Si paguen o no paguen se van a publicar los nombres, los defraudadores no tienen ningún acicate para pagar antes de la sentencia. Los impuestos son sobre las rentas o beneficios, y los que no pagan, lo serán de todo tipo. No hay ricos o insolventes, hay quien cumple y paga, y quien no cumple y es insolidario, cada uno en la medida de sus posibilidades. No entiendo ninguno de los motivos que he oído para no poner esto en marcha.

Las enmiendas 5, 6, y 15 se refieren a lo mismo. Como hemos dicho en relación con enmiendas anteriores, repetimos que esta modificación se limita al ámbito del fraude fiscal y no se considera procedente ampliar la modificación de la ley orgánica a los delitos contra la Seguridad Social.

La enmienda 12 es la relativa a que sea el juez y no la ley quien haga la valoración. A nosotros nos parece que una norma de esta naturaleza debe ser lo más objetiva posible, por lo que incluir valoraciones de otra naturaleza, como una apreciación del juez, puede determinar situaciones de discriminación no justificables en atención al objetivo que se persigue.

En cuanto a la enmienda 13, relativa a la cancelación de antecedentes penales, si bien se ha discutido el posible carácter sancionador de la publicidad de la condena penal, habiéndose señalado en alguna ocasión que la publicidad supone una pena adicional, no es ese el tratamiento que se le ha dado por la legislación y jurisprudencia. El carácter sancionador de la publicidad y su no consideración como pena determina su no confusión con los antecedentes penales a todos los efectos.

La lucha contra el fraude fiscal debe considerarse una de las prioridades de cualquier gobierno democrático y contar con el apoyo de la sociedad. El dinero que los defraudadores no aportan a las arcas públicas es, en conclusión, dinero que pagamos el resto de los ciudadanos que sí cumplimos con la ley, incluidos aquellos a los que más esfuerzo les cuesta ganarlo. El objetivo es que todos paguemos lo que nos corresponde para que nos corresponda pagar menos. Es necesario ponderar adecuadamente los distintos intereses que se pretenden salvaguardar y, en el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, frente al interés del condenado se alza el interés público. El bien jurídico protegido en estos casos ha sido elevado a rango constitucional. Lo que se pretende es que nadie se ampare en la confidencialidad de los datos fiscales para ser insolidario con el resto de ciudadanos. La cesión de datos necesita una regulación por ley, de ahí la presentación de la presente ley orgánica, y los datos que se publiquen se referirán a delitos tasados y siempre contra la Hacienda pública, manteniendo la privacidad de otros datos y otros implicados que no hayan sido condenados. Es una práctica habitual en otros países, como Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, etcétera. Estas medidas, como ha dicho el ministro, no son un objetivo en sí mismo sino que se promueven como un instrumento para evitar el fraude.

La verdad es que estamos un poco aburridos de la excusa del electoralismo o del latiguillo de que siempre favorecemos a los ricos. Todos nos presentamos a las elecciones, y me imagino que su negativa permanente, su postura obstruccionista y la constante reclamación victimista de algunos, olvidando su propia responsabilidad, no será por la proximidad de las elecciones, como podríamos pensar algunos. Me parece a mí que aquí mitineamos todos, señor Sen. (Rumores).

No vamos a votar a favor de ninguna enmienda porque no creemos que mejoren el texto del proyecto, que consideramos bueno, pertinente y eficaz en la lucha contra el fraude.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Regalado.

Tiene la palabra, senadora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente. Buenos tardes, señorías.

Quiero dar las gracias también al señor letrado de la comisión, al conjunto de funcionarios y a sus señorías, que han trabajado tanto y tan duramente en estas leyes tan importantes, relativas a la lucha contra el fraude fiscal, a la reducción de la litigiosidad y al incremento de la seguridad jurídica tanto de la administración como de los administrados.

Por comenzar por el final, señor Sen, le diré que creo que o no se ha leído la ley o se ha equivocado porque le recuerdo que estábamos en el turno de defensa de las enmiendas. (El señor Sen Vélez: Como el ministro). Como el ministro, no. Podría entender que actuase como el ministro en el turno de portavoces, pero en el turno de enmiendas lo que tendría que demostrar es que las ha leído, las ha estudiado y las puede defender. Eso es lo que tenía que hacer en este turno pero, bueno, qué le vamos a hacer. (Aplausos).

No voy a caer en ese error, pese a que también el señor Bel ha dado alguna de las enmiendas por defendidas. Sé que defender las enmiendas que presenta un solo grupo supone un tiempo, pero tener que argumentar el voto en contra de mi grupo parlamentario a las enmiendas supone mucho más tiempo. Por lo tanto, quiero empezar mi intervención pidiendo disculpas por si no puedo contestar alguna de las enmiendas que ustedes han presentado pero, en cualquier caso, estoy a su disposición para hacerlo después.

Empezaré hablando de la potenciación de la lucha contra el fraude. Ha quedado más que demostrada en la presente legislatura la firme decisión del Gobierno de actuar en este ámbito. En ese sentido, las enmiendas 31 de la Entesa, que corresponde a la 9 de Izquierda Unida, al artículo 95, y 47 de la Entesa y 115 del Partido Socialista, al artículo 95 bis, en relación con la cesión de información respecto a los obligados tributarios que pudiesen acogerse a procesos de regularización extraordinaria, se considera que en la medida en que dichos sujetos se acojan a un mecanismo de regularización legalmente aprobado, su situación no difiere, desde el punto de vista de la eventual publicidad de su identidad, de la de cualquier otro obligado que, en uso de los procedimientos establecidos en la norma para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hubiesen presentado cualquier tipo de declaración o autoliquidación tributaria, por lo que se considera que no debe en ningún caso dispensarse a los primeros un trato diferente en lo pertinente a la aplicación estricta del principio de reserva de los datos tributarios consagrado en el artículo 95 de la Ley general tributaria.

Respecto a la enmienda 33 de la Entesa, correspondiente a la 11 de Izquierda Unida, al artículo 95 quáter, el mero hecho de obtener un determinado volumen de rentas netas por parte de los ciudadanos no es justificación suficiente para alterar la reserva de datos tributarios consagrada en la Ley general tributaria, además, por imperativo constitucional.

La enmienda 72, de CiU, propone introducir modificaciones en los apartados 1.b) y 4. del artículo 95 bis. Señores de Convergència i d’Unió, el fraccionamiento de la deuda es un subtipo de aplazamiento, sin que sea necesario explicitarlo en el precepto. La no inclusión de deudas que no hubiesen ganado firmeza en vía administrativa conllevaría el vaciamiento de la medida, ya que la mera interposición del recurso implicaría la no publicación, consiguiendo un efecto perverso en relación con lo pretendido, potenciando eventualmente la litigiosidad con el único objetivo de evitar la publicidad.

También han presentado enmiendas a la legislación armonizada fiscal y tributaria, y los foros internacionales intergubernamentales.

En cuanto a la enmienda 39 de la Entesa y la 17 de Izquierda Unida sobre una nueva disposición adicional, la información sobre actividades en países o territorios calificados como paraísos fiscales, el Gobierno español se ha comprometido ya al intercambio automático de información financiera, tanto en el contexto de la Unión Europea como de la OCDE.

En cuanto a la enmienda 55 de la Entesa y 122 del Partido Socialista, sobre una nueva disposición adicional referida a la coordinación internacional para luchar contra la evasión fiscal de las empresas multinacionales, tengo que decir que esta disposición establece una mera declaración de intenciones que no debe contenerse en una norma jurídica.

Al margen de lo anterior, España participa activamente en los grupos de trabajo internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, la OCDE y el G20, y sus resultados, en buena parte, y con referencia específica al BEPS, ya se encuentran incluidos en la Ley del impuesto sobre sociedades.

En cuanto a la enmienda 57 de la Entesa y 124 del Partido Socialista, también respecto a una disposición adicional, le diré que en esta nueva disposición la tipificación y el ofrecimiento de esquema de fraude fiscal por parte de personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras, con la incorporación de normas administrativas en la Ley general tributaria, o penales, para luchar contra la colaboración en comisión de infracciones y/o presuntos delitos vinculados a la elusión fiscal, ambos sectores del ordenamiento jurídico incorporan ya en la actualidad dichas figuras.

Por otra parte, también han hecho hincapié en la Agencia Tributaria. El señor Sen decía antes algo muy genérico, que vale para todo, como una muletilla, pero por más que se repitan mentiras no se van a convertir en una verdad. Hablan de la Agencia Tributaria como si para este Gobierno fuera una institución poco importante o se hubiera dejado de lado. En este momento la Agencia Tributaria cuenta con una plantilla que casi llega a los 27 000 efectivos. Es importantísimo saber que los medios tecnológicos con los que cuenta son de tal envergadura que se puede decir que son los más avanzados de este país.

Los resultados están ahí: nunca se ha recaudado más en la lucha contra el fraude fiscal. Las excepciones en la limitación de la oferta de empleo público, señoría, no se produjeron durante el Gobierno del Partido Popular, pero no lo quieren recordar. Simple y llanamente, nosotros lo hicimos porque no había dinero para costearlo, pero realmente ha sido en el sector de la lucha contra el fraude fiscal donde realmente hemos hecho las excepciones correspondientes a la tasa de reposición de personal. El Plan especial de intensificación de actuaciones aprobado el pasado año —en colaboración con los sindicatos de funcionarios, por cierto— ha permitido incrementar los ingresos directos de actuaciones de control un 25 % por encima de las previsiones. Por otro lado, desde el año pasado hemos apostado por mejorar la dotación de medios materiales y humanos pero, por lo visto, la selectiva memoria de algunos, como antes les decía, les impide recordar que en momentos en los que el número de funcionarios de la Administración pública en general aumentaba, los de la Agencia Tributaria disminuían. La oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria en estos años supone la incorporación de 2038 trabajadores entre el turno libre y el de promoción interna; otros 244 funcionarios se han trasladado voluntariamente desde otras áreas del sector público, con recursos y excedentes, y otros 50 lo acaban de hacer este pasado mes de julio. Desde la creación de la Agencia Tributaria, en 1992, no se habían convocado ofertas extraordinarias de esta importancia, lo que refleja nuevamente la voluntad política de este Gobierno. Creo que esto da cumplida respuesta a las enmiendas presentadas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El conflicto de aplicación de la norma es un tema importantísimo porque esta se desarrolla para hacer frente a las estructuras más sofisticadas de fraude que aprovechan los contribuyentes que tienen más capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley general tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma. Se trata de actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias.

En cuanto al tema de la interpretación de la norma, y por nombrar alguna enmienda, me referiré precisamente, señor Sen, a la 113 del Grupo Socialista, al apartado cinco del artículo único, que supone la modificación del artículo 43.1. La redacción propuesta no supone aportación alguna respecto al texto del proyecto; antes al contrario, resulta limitativa en atención a la eventual responsabilidad por actuación de representante de aduanas no regulada o sometida a la normativa aduanera. Para una enmienda que presentan respecto a esto, resulta que usted ni la comenta.

Respecto a las enmiendas 23 de la Entesa y 1 de Izquierda Unida al apartado cinco del artículo único, para modificar el artículo 43 de la Ley general tributaria, el diseño del precepto en su concepción original sigue siendo plenamente válido a los efectos perseguidos y no se considera oportuno establecer en el sistema de responsabilidades, habida cuenta los conceptos tributarios a que se refiere la norma, una responsabilidad que ascienda a la totalidad de la cadena de subcontrataciones, en la medida en que cada contratante solo debe responder de aquellos subcontratos en los que sea parte. La unión de este precepto con los párrafos g) y h) del mismo apartado 1 del artículo 43 pueden llevar a análogo resultado.

En cuanto a la enmienda 65 de Izquierda Unida, en la que se propone eliminar la letra e) del apartado 1 del artículo 43, quiero decir que esta modificación se produce como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. Por tanto, todo representante aduanero puede actuar en nombre y por cuenta del comitente. En este sentido, se debe extender la posibilidad de incurrir en responsabilidad subsidiaria a dichos representantes.

Paso al tema de la prescripción del derecho a comprobar e investigar de la Administración tributaria. La reforma que se presenta incorpora una aclaración de carácter trascendente: explicita en el texto positivo la interpretación del conjunto normativo que regula el derecho a comprobar e investigar por parte de la administración y enfatiza el distingo conceptual que existe entre este derecho y el derecho a liquidar, con la finalidad de superar los problemas interpretativos que esta materia ha suscitado y que están focalizados tradicionalmente, como todos sabemos, en el ámbito de la comprobación de la corrección de determinados créditos fiscales y en la legalidad de su compensación, deducción o aplicación. Respecto a ello, también se han presentado diferentes enmiendas. Por nombrar alguna, me referiré a la 67 de Convergència i d’Unió, relativa al artículo 66 bis. La más reciente doctrina del Tribunal Supremo en esta materia —sentencias de los días 4, 18 y 26 de febrero— ha dejado sentado el criterio de que el derecho a comprobar de la Administración tributaria no está limitado, en la medida en que las operaciones objeto de comprobación surtan efectos en relación con las obligaciones tributarias respecto de las que no haya prescrito el derecho a liquidar, sin que exista límite temporal alguno en este sentido.

Por otra parte, las actuaciones y procedimientos en cuanto a la aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda pública son de gran importancia, en tanto en cuanto esta ley estipula un nuevo título VI. Como consecuencia de la reforma de la regulación del delito contra la Hacienda pública llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, se hacen precisas determinadas modificaciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, para establecer un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar su cobro aun en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un procedimiento penal, al ser este uno de los cambios más significativos operados en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.

Señoría, es cierto que se han presentado muchísimas enmiendas a este bloque, sobre todo por el Grupo de Convergència i d’Unió —aunque en estos momentos no veo al senador Bel—. Me referiré a la enmienda número 89, relativa al cambio de ubicación del título VI. Señorías, pedir un cambio en la ubicación del nuevo título VI no compromete en modo alguno la seguridad jurídica, en la medida en que su contenido es claramente diferenciable del resto de actuaciones desarrolladas en el ámbito de la aplicación de los tributos. Esta puede ser una de las enmiendas más banales que haya presentado Convergència que, por otro lado, también ha presentado otras enmiendas muy sustanciosas, que podremos comentar después si lo desean.

Otro bloque importante de esta modificación de la Ley general tributaria está dedicado a reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. También la presente reforma introduce modificaciones para reducir esa conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los casos se amplía la facultad de los órganos de la administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de carácter vinculante que eviten así el conflicto sobre su interpretación. Y aunque se ha presentado otro bloque de enmiendas referidas a la seguridad jurídica, también es necesario hablar de procedimientos informáticos, telemáticos y electrónicos. Esta es una materia muy importante porque no solo beneficia a la administración sino también al administrado.

Respecto a la reducción de la conflictividad por el incremento de la seguridad jurídica, quiero comentar la enmienda número 19 de Izquierda Unida, que se corresponde con la enmienda número 41 de la Entesa, a la disposición final quinta, nuevo apartado, que supone la modificación de la Ley 7/2012 respecto a la limitación de los pagos en efectivo, que es un aspecto muy importante. Quiero decirles que los límites cuantitativos vigentes, tanto en relación con el importe de la sanción como con el plazo de prescripción de la infracción, son adecuados y proporcionados a la finalidad de limitar los pagos en efectivo. En el caso de pagos de personas físicas no domiciliadas en España, y que no actúen como empresarios o profesionales, el límite superior se determinará atendiendo a las peculiares circunstancias que puedan darse.

Respecto a procedimientos informáticos, telemáticos y electrónicos, quiero comentar al menos la modificación del apartado 2 del artículo 246, en relación con la enmienda número 88 de Convergència i d’Unió. En esta ley se apuesta por fomentar el uso de los medios electrónicos, extensivo a la puesta de manifiesto del expediente. Los obligados a recibir comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos quedan obligados a interponer las reclamaciones económico-administrativas siempre por esta vía.

Señor presidente, he tratado de ajustarme al tiempo.

Señorías, creo haber demostrado con esta intervención que subir a esta tribuna y dar las enmiendas por defendidas es la parte fácil. Es verdad que el trabajo de las enmiendas es complicado y arduo, y más aún cuando hablamos de legislación tributaria. Sin embargo, en mi grupo parlamentario decidimos trabajar desde el primer día hasta el último. Eso es lo que estamos haciendo, a diferencia de otros, como usted bien ha demostrado, senador Sen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Ripoll.

Señorías, antes de iniciar el turno de portavoces, les comunico que, una vez finalizado este turno, no se votarán las enmiendas, sino que iniciaremos el debate de los vetos al Proyecto de Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento del crédito por importe superior a 856 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Por tanto, a partir de las cuatro de la tarde votaremos las enmiendas de la ley que estamos debatiendo y los vetos del proyecto que comenzará a debatirse una vez finalizado este turno de portavoces.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias, que compartirá el tiempo con el señor Espinar.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente.

En el rechazo a las enmiendas que hemos formulado se ha argumentado que no resultaba posible incorporar la publicidad de las sentencias en los casos de fraude contra la Seguridad Social, en tanto en cuanto se establecía una vinculación directa con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley general tributaria. En este sentido, hay que hacer un llamamiento a la experiencia de esta Cámara. El grado de vinculación de proyectos o de materias a incorporar en los proyectos ha sido a lo largo de esta legislatura lo suficientemente laxo como para que no deba haber ninguna dificultad en la incorporación de la enmienda que planteamos, con el fin de que también se publiciten las sentencias condenatorias en casos de fraude a la Seguridad Social. Es más, dado que en el proyecto se incorpora una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se podría haber introducido este contenido en dicha reforma, con lo cual, en términos formales, si me permiten la expresión, quedaría niquelado.

En relación con otros argumentos planteados para el rechazo de nuestras enmiendas, me referiré a las reservas del Consejo General del Poder Judicial relativas a que no se dé publicidad en aquellos supuestos en los que el condenado pague antes de que la sentencia sea firme, y, por lo tanto, resarza a la administración pública de los perjuicios causados. Siento un gran respeto por el Consejo General del Poder Judicial pero me parece que, en este caso, ha extremado su cautela por la protección de los derechos fundamentales, cuando también la experiencia en esta legislatura es que ante limitaciones de esos derechos fundamentales mucho más groseras que las que se plantean en este proyecto, no ha sido —y vuelvo a utilizar una expresión coloquial, si me lo permiten— tan tiquismiquis. Creo que la reserva del Consejo General del Poder Judicial responde a que intuye las motivaciones últimas del planteamiento de esta reforma al final de la legislatura y que, por eso, ha agudizado su fiscalización sobre el planteamiento propuesto.

Dos últimas cuestiones. Se rechaza también la enmienda en la que se plantea que se publicite la provincia de quien haya sido condenado por fraude fiscal o sea un gran defraudador. No creo que este dato incremente el grado de limitación del derecho fundamental a la intimidad, una vez que se da publicidad al hecho condenatorio y se da publicidad a su identidad.

Por último, en ese debate reiterado en torno al compromiso del Gobierno con el fraude fiscal, ya en mi primera intervención en relación con los vetos hablaba de los mecanismos de elusión. Otros portavoces han destacado el papel de las sicavs como una especie de paraísos fiscales internos; pero no nos olvidemos de las socimis, que eran una figura muerta que ustedes activaron en su reforma de 2012, que para el presente ejercicio prevén una inversión de 2900 millones y que tienen ya un valor bursátil de 6000 millones que, como saben ustedes, tienen un tratamiento anecdótico en el sistema fiscal español.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Buenos días.

La senadora Mora se ha referido de manera extensa en este Pleno a la ley orgánica, y yo me voy a referir a la ordinaria.

Quizás les vamos a sorprender, pero encontramos algunos elementos positivos en esta ley. Entendemos que esta ley favorece las investigaciones a diez años, que van a permitir aflorar fraudes antiguos y va a favorecer la aparición de pruebas y de nuevos mecanismos de investigación. Por tanto, saludamos la ley en ese sentido. Sabemos que inspectores y técnicos de Hacienda también están valorando la posibilidad de investigar el fraude sofisticado, en particular, el caso de las sociedades pantalla. Por ello, creemos que esta ley favorece en cierta medida la transparencia. En ese sentido, vamos a apoyar buena parte de las enmiendas presentadas por el senador Iglesias, por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya y por el Grupo Socialista porque consideramos que ensanchan las posibilidades de actuación de los inspectores y técnicos de Hacienda.

Dicho esto, lo que ustedes nos proponen es un parche que mejora en algo la Ley general tributaria actual, pero entendemos que no responde a los problemas estructurales, a los problemas de la arquitectura tributaria de nuestro país, fundamentalmente relacionados con el cambio que se ha producido en el mundo del trabajo y en la estructura del producto interior bruto de nuestro país. En 2011 sucedió una cosa que resulta extraordinaria para un país como el nuestro y es que las rentas del capital empezaron a pesar más en el producto interior bruto que las rentas del trabajo. Esa es una tendencia que se viene dando desde los años ochenta, que se está manteniendo y va a ir a más en los próximos años si se mantiene la estructura productiva de nuestro país. Eso significa que, en un país en el que tres de cada cuatro euros que reciben las administraciones públicas vienen del bolsillo de los ciudadanos, en forma de IVA o IRPF, un 75 % de los ingresos se perciben del trabajo y de las familias, mientras que más del 50 % de las rentas son del capital, muchas de ellas de grandes capitales.

Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la estructura tributaria de nuestro país? El problema fundamental es que son las pyme, los asalariados y las familias quienes están cargando con la mayor parte de los impuestos mientras hay quienes están pagando muchos menos impuestos que los demás o, sencillamente, no están pagando. El problema fundamental de la arquitectura tributaria de nuestro país es que hay mecanismos todavía para que haya quien pague muy pocos impuestos. Entendemos que es un problema que deriva de un debate mucho más amplio sobre el modelo productivo, que vamos a tener extensamente en esta Cámara y que ya está instalado en nuestra sociedad: si queremos ser un país que produce cosas, si queremos ser un país que añade valor y queremos ser un país que compite en salarios altos y en derechos o, por el contrario, queremos ser, como parece que nos llevan las políticas de los gobiernos de este país desde 2010, un país que compite en salarios bajos y un país que compite perdiendo derechos y con fiscalidad baja. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Nosotros competimos en atraer capitales porque no somos capaces de tener un modelo productivo dinámico, que añada valor a la economía y, por tanto, necesitamos bajarle los impuestos a las grandes empresas y cargar a las familias, a los autónomos y a las pyme con más impuestos.

Se ha dicho en esta tribuna que estaba aumentando la recaudación del impuesto sobre sociedades. Miren, no es cierto. No sé si verán el gráfico que les muestro, pero esta es la recaudación hasta 2014: aumenta la recaudación del IRPF hasta 2014, aumenta la recaudación del IVA hasta 2014 y se reduce la de sociedades. Y, ¿por qué se reduce la recaudación sobre sociedades cuando la estructura de nuestro país hace que haya más rentas del capital que del trabajo? Porque quienes pagan el impuesto sobre sociedades son las pyme y ustedes las han machacado. El problema es que ustedes han machacado a las pymes y que estas están cerrando y quienes sí generan ingresos, que son las grandes empresas, no pagan impuestos. Ese es el problema fundamental de nuestro país. (Rumores). Tengo tiempo, señorías, gracias. Vivimos en un país en el que desde 2008 la población pierde año a año poder adquisitivo mientras las empresas del Ibex 35 han incrementado sus beneficios en más de un 70 %.

El problema es que ustedes están generando una estructura económica en este país que solo sirve para peces grandes; el problema es que la mayoría social no tiene acceso al crecimiento económico y además está ahogada por una estructura fiscal; y, efectivamente, cuando ustedes dicen que hay que bajar los impuestos a la gente, probablemente tengan ustedes razón, probablemente la gente de nuestro país está ahogada, pero la gente de nuestro país está ahogada porque no juega al juego de la economía en las mismas condiciones en las que juegan otros, en las que juegan las grandes empresas. Lo que necesitamos, lo que necesita este país es una estructura tributaria, es una arquitectura de la Hacienda pública que haga que todo el mundo juegue con las mismas reglas del juego.

Además, y concluyo para que no se ponga nerviosa su señoría, tenemos un país en el que los inspectores y técnicos de Hacienda calculan el coste del fraude fiscal en más de 70 000 millones de euros al año. También los inspectores y técnicos de Hacienda nos dicen que más del 80 % de ese fraude es gran fraude fiscal, no es pequeño fraude, no son chapuzas en casa, no es no pagar el IVA cuando te arreglan la caldera; estamos hablando de gran fraude fiscal. ¿Y dónde dirige la Administración pública sus esfuerzos cuando investiga el fraude fiscal? Pues más del 70 % de sus recursos están destinados al pequeño fraude; es decir, tenemos una Agencia Tributaria del mundo al revés, que está saturada y que, además, carece de presupuesto suficiente para financiar lo que necesitamos. Invirtamos en investigar fraudes, porque son más de 70 000 millones de euros los que se le están detrayendo a está país de oportunidades de recuperación para salir de la crisis.

Les anuncio que, como probablemente el Grupo Popular no va a admitir enmiendas a este proyecto de ley, como no admite enmiendas a ninguna, vamos a abstenernos por entender que es una ley positiva pero insuficiente.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta. Señorías, voy a ser breve.

Como viene siendo habitual, en el debate de estos dos proyectos de ley el Grupo Popular pone de manifiesto su insensibilidad hacia las propuestas y enmiendas de la oposición. Ninguna de las enmiendas parece merecer su atención ni su apoyo. Es verdad que ustedes tienen mayoría absoluta, pero las mayorías absolutas se tienen y también se pierden, y tener mayoría absoluta no significa tener la razón o tener toda la razón. Por eso es preocupante el grado de sectarismo y de falta de sensibilidad demostrado a lo largo de esta legislatura por la mayoría del Partido Popular, que creo sinceramente que se volverá en contra de ustedes. No se extrañen si cuando necesiten socios no los encuentran.

Señorías, los dos proyectos de ley que estamos analizando son dos ocasiones perdidas; una ocasión perdida es la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la adición del nuevo artículo 235 ter regulando el acceso público a los datos personales contenidos en las sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando, que tienen como objeto perjudicar a la Hacienda pública. Es una pérdida porque ustedes son conscientes de que la mayor parte de la ciudadanía tiene la percepción de que en nuestro país hay fraude fiscal, más fraude fiscal que en otros países, y que quienes más defraudan son, obviamente, las rentas más altas.

Porque señorías, ¿por qué recaudamos entre 7 y 8 puntos menos del PIB que la media comunitaria si nuestros tipos impositivos están por encima de la media? Las razones son complejas y diversas, pero una de ellas es esa percepción ciudadana de que las rentas más altas no pagan, que tienen asesores fiscales que aprovechan las rendijas, los agujeros de nuestra legislación para optimizar, para hacer ingeniería fiscal, y en otros casos porque si no se paga no pasa nada, si la Agencia Tributaria descubre el fraude, se regulariza, se paga y aquí se acaba el caso. ¿Cuántos condenados por fraude fiscal a la Hacienda pública están en nuestras prisiones? —y no es que yo crea que todo se ha de arreglar con el Código Penal en la mano, ni mucho menos—. Muy pocos, si lo comparamos con personas que están por otros delitos menores. Por eso es necesario dar publicidad a los deudores condenados por sentencias firmes, porque es necesaria una condena moral y social para aquel que defrauda a la comunidad y también para hacer pedagogía.

De las primeras declaraciones del señor Montoro hablando de la publicación de las listas de morosos, hemos acabado con la regularización que realiza el proyecto de ley que estamos analizando, que es claramente insuficiente e inadecuado. Se acaba dando un trato de favor a aquellos que puedan regularizar sus deudas a posteriori, beneficiándose no solo de una minoración en las sanciones y las penas como consecuencia administrativa y penal, sino también mediante un trato de favor en el sistema de publicidad e información pública, a pesar de su conducta insolidaria y de la alarma social que provocan comportamientos de este tipo.

Señorías, hablaba al comienzo de mi intervención de dos ocasiones perdidas, y, sin ningún género de dudas, el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo es, pero también es una ocasión perdida la modificación de la Ley General Tributaria por el tipo de proyecto que el Gobierno y el grupo que le da apoyo nos presenta. Los objetivos —conviene recordarlo— son: reforzar la seguridad jurídica de la Administración y de los administrados, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa y la aplicación de los tributos. Lo que ocurre después es que al leer el texto articulado del proyecto de ley es difícil llegar a la conclusión de que se puedan conseguir estos objetivos. Como en otros proyectos de ley una cosa es el preámbulo, la exposición de motivos, generalista y compartible, la declaración de intenciones, y otra el texto articulado. Las medidas e instrumentos del texto son claramente insuficientes, especialmente después de que el Grupo Popular haya manifestado su nula predisposición a aceptar alguna enmienda de los grupos de la oposición. Ello conlleva que el texto contenga relevantes deficiencias en la regulación del conflicto de aplicación de la norma tributaria; que la nueva regulación de las actuaciones inspectoras pueda desnaturalizar la prescripción; que se consagre en materia de delito fiscal la impunidad, en consonancia con la reforma del Código Penal que ustedes hicieron; que se otorgue a la Administración tributaria potestades de límites imprecisos que puedan producir inseguridad jurídica, y que no se aborden los problemas reales de nuestro sistema tributario. En fin, la lucha efectiva contra el fraude y el blanqueo y el reforzamiento de la Agencia Tributaria no salen fortalecidos después de estos dos proyectos. Estas y otras razones que hemos expuesto a lo largo del debate motivan que nuestro grupo parlamentario vote en contra de ambos proyectos de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente para posicionar el voto de mi grupo y hacer algún comentario respecto a la intervención de la portavoz del Grupo Popular. La verdad es que agradezco el tono, agradezco la predisposición, el problema es que, como en cualquier otro proyecto de ley, prácticamente no nos admiten ni una enmienda. Por tanto, agradecemos la voluntad, pero la realidad es la que es.

Respecto a la ley orgánica, no hemos presentado veto y no vamos a apoyar los vetos, porque entendemos que sí se debe hacer una modificación de la ley orgánica correspondiente, pero no estamos de acuerdo con algunos aspectos del contenido y, por tanto, nos vamos a abstener. Pero las discrepancias con la Ley General Tributaria son más de fondo. Entendemos que perdemos una oportunidad, y aunque haya —como algún otro portavoz ha puesto de manifiesto— alguna mejora sustancial en algún aspecto, en otros empeora la regulación actual de la Ley General Tributaria. Por ello, vamos a votar en contra de la Ley General Tributaria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señora presidenta.

En esta, como en muchas leyes fiscales o económicas, el Partido Popular no acaba de entender la nueva situación. No estamos en un momento como los tradicionales, donde meterse con la oposición e intentar descalificar sus argumentos era suficiente. Estamos en una situación que viene de muchos años de crisis económica muy profunda, con un nivel de desempleo muy evidente y con un grado muy alto de deslegitimación social, desde luego para el Gobierno, pero también para los otros grupos políticos en general y para las políticas públicas. Hay un grado de deslegitimación muy evidente que, en el caso concreto de una ley como esta, que hace referencia fundamentalmente al fraude fiscal, debería ser objeto de un cuidado muy especial por parte del Gobierno. Lejos de eso, y aunque algunos miembros del Senado hayan aplaudido, que es de agradecer, la presencia del ministro para la presentación del proyecto de ley —es de agradecer en el sentido obvio de que es el único que lo presenta—, es impresentable que venga exclusivamente a la presentación. Lo cierto es que hay que venir al debate, a defender sus propuestas y a no dejar que se deslegitime su actuación. Por consiguiente, hay que estar presente todo el debate para escuchar y para hacerlo interactivo, porque ya se han terminado, se han acabado ya las épocas en las que podía salir el presidente del Gobierno a contestar las preguntas en la televisión; ya ha tenido bastante con las críticas que le han hecho. Y el ministro tiene que hacer lo mismo, tiene que estar dispuesto a escuchar a los demás y, si hace falta, modificar su criterio sobre la marcha. Podría haber hecho aquí una oferta a toda la oposición que mayoritariamente le ha criticado el proyecto —barata, además—, para intentar legitimar su opción. Barata porque, si el propósito fundamental de este proyecto es intentar cubrir los huecos existentes con la reforma de la Ley General Tributaria, intentar cubrir los huecos que hacen posible fundamentalmente la baja recaudación, lo primero que tendría que hacer, lógicamente, es explicar qué huecos se han producido y cómo pretende taponarlos.

En segundo lugar, en cuanto a intentar la legitimación del sistema fiscal español, la perseguida transparencia que propone la siguiente ley, podría haber dicho perfectamente que estaba dispuesto a publicar la lista de defraudadores, cosa que está esperando todo el mundo, porque no es para nadie un secreto que, de repente, uno de los que nos recomendaba las mayores actuaciones contra el fraude fiscal y de lucha por la recuperación económica, como era el señor Rato, se ha revelado claramente como un mal ejemplo. ¿Cuántos malos ejemplos más podemos tener en el Gobierno, o fuera, que nos dicen lo que tenemos que hacer y luego están defraudando? No lo sabemos, pero lo tendríamos que saber, y el Gobierno debería ser el primer interesado en que eso ocurriera. El señor ministro tendría que decir: Sí, nuestro propósito es que no sea solo un castigo —diga lo que diga el Consejo General del Poder Judicial—, sino que nos sirvan de ejemplo personas que probablemente son ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Pero nunca nos vamos a enterar, porque —lo dije claramente en la comisión— resulta que las empresas que no tienen una rentabilidad suficiente porque son obsoletas, porque no tienen los costes lo suficientemente bajos para competir en el mercado o porque no tienen la suficiente financiación, han dejado de pagar los impuestos. Lógicamente, cuando sean condenadas, no van a poder pagar tampoco, pero no hay dolo en su actuación; habrá un delito, pero no hay voluntad de defraudar.



Probablemente hay imposibilidad de pagar, pero no va a poder rehacer luego su posición porque va a tener el estigma de que es un defraudador fiscal permanente y va a dejar de ser fiable para sus potenciales clientes. Por el contrario, aquel que ha dejado de pagar pudiendo hacerlo, porque va a poder pagar a continuación la sanción que se le imponga, va a quedar oculto para la sociedad que es un defraudador y va a poder continuar con su actividad, engañando a Hacienda o a quien se presente, porque no vamos a saber que ese señor o esa sociedad no era de fiar. Por tanto, es una mala actuación que el Gobierno tendría que corregir; y el ministro podría decir que sí, que, como el propósito del Gobierno es una mayor transparencia y una mayor legitimación, acepta una enmienda similar aunque fuera transaccional. Pero no, está ausente. El sistema no es interactivo; nosotros decimos y ellos callan, o simplemente no escuchan, que es lo que está pasando.

Las otras enmiendas también son sencillas. ¿Por qué, señorías, no se publica lo que constituye un delito contra la Hacienda pública: el fraude a la Seguridad Social? Pues no hay otra razón más que la cabezonería del Gobierno de no admitir una enmienda de la oposición. ¿Por qué no podemos saber quién defrauda en lo relativo a las subvenciones públicas? ¿Por qué no saber quiénes son las personas que abusan, por tanto, de la confianza de la Administración y de la gente? ¿Se acuerdan ustedes del fraude del lino y de cuántas cosas oímos en aquel entonces? Pues eso no se podría saber ahora. ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Quizá porque hay algún amigo metido en eso? Pues tampoco lo sabemos, pero la realidad es que aquí tendría que haber una respuesta clara. Y quiero insistir, además, en que estamos en un tiempo nuevo, en el que no vale hacer de pared, porque no se está para descalificar al adversario, porque el adversario en este caso, señorías, no es el Partido Socialista, el adversario es la falta de legitimación de las actuaciones del Gobierno, que ha hecho una amnistía fiscal. Y la respuesta tampoco es la de: y ustedes más, primero, porque no es verdad, porque era el momento de intentar iniciar un sistema fiscal moderno en España y de crear la Agencia Tributaria; y segundo, porque no estábamos en la deslegitimación actual y en la falta de credibilidad de las instituciones como consecuencia de la crisis económica más grave que ha pasado España en su historia y que todavía continúa.

Quiero terminar proponiéndoles un ejercicio, y es que se lean ustedes todas las intervenciones del señor ministro de Hacienda en esta Cámara, y también, si lo desean, en el Congreso. Verán como en todas repite exactamente la misma canción, cuya letra, además, no es cierta; y no viene a defender la ley, viene a defender la gestión global del Gobierno en materia de impuestos. Y no tiene razón. ¿Por qué? Pues por cosas muy sencillas, señorías. Dicen: Tenemos el viento a favor, ¿niegan ustedes el crecimiento? La técnica del ministro es muy sencilla, es la técnica del interrogatorio al testigo hostil y está recogida claramente en cualquier manual. Pero no es así, eso no es cierto. ¿Por qué crecemos más a pesar de que el Gobierno no hace lo adecuado? ¿Por qué no crecen igual todos los países? Por algo muy sencillo, porque no todos los países tienen la misma dependencia del petróleo que nosotros, sino que la mayoría tiene mucho menos; porque no todos los países tienen la misma dependencia de la financiación exterior que nosotros, que es mucha y respecto de la cual tenemos el viento de cola; porque no todos los países tienen la falta de competitividad que nosotros, y cuando ha bajado el valor relativo del euro con respecto al dólar hemos tenido un gran tirón, pero un tirón que se defiende muy mal, porque nuestra competitividad está en entredicho, porque en cuanto recuperamos un poco de demanda inmediatamente perdemos el mercado interior, lo cual quiere decir que no somos competitivos, y también porque no todos los países han llevado el empleo al mismo tipo de precarización al que ha llevado el Partido Popular a los trabajadores españoles. Nosotros hemos rebajado el sueldo, hemos perdido derechos y hemos perdido, por tanto, mucha capacidad de competir, porque hemos estado arruinando la posibilidad de mejorar nuestra demanda interna.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando, por favor.

El señor LERMA BLASCO: Y eso es lo que justifica nuestro crecimiento diferencial en estos momentos con respecto a otros países, y eso tampoco le gusta escucharlo al Gobierno, que siempre dice que atribuimos la recuperación a factores externos. No, la atribuimos a que los factores externos inciden de manera diferente en esta economía que en otras, y para mal, insisto, porque tenemos las posibilidades muy cerradas como consecuencia de las rebajas salariales que nos ha prometido el Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vaya terminando, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Termino diciendo que se abría una oportunidad para el Gobierno, porque precisamente gracias a esos factores externos y a las cosas que haya hecho el Gobierno tenemos la posibilidad de tener un pequeño margen de actuación para poder hacer políticas activas, porque por primera vez mejoraba nuestra recaudación y no nos teníamos que ir únicamente a las restricciones presupuestarias, y esa posibilidad de mejorar el presupuesto con alguna política activa que optimice nuestra competitividad futura y que haga sostenible la situación de crecimiento se la ha cargado el Gobierno haciendo un mitin electoral y un presupuesto de rebaja de impuestos que él no va a aplicar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Bel, usted y yo hemos negociado —incluso los dos, ya no solo los grupos parlamentarios— en alguna ocasión, y hemos podido llegar a acuerdos en otras leyes, como también lo he hecho con el resto de portavoces parlamentarios. En estas es cierto que no se ha dado el caso, también se lo reconozco, pero convendremos en que en otras, sí.

Por otra parte, quiero decirle al señor Sen, que lo acabo de ver, que me alegro mucho de que esté aquí, porque este sí es el turno de portavoces. Ahora es cuando usted y yo podríamos haber tenido un cara a cara divertido, pero claro, tampoco va a poder ser porque ya lo ha utilizado el señor Lerma. Mire, ustedes han presentado de nuevo una enmienda a la totalidad de la política fiscal, de la política tributaria y de la política económica del Gobierno durante toda la legislatura. Es cierto que el ministro ha hecho lo que tenía que hacer pero es que esta ley no cae del cielo; esta ley está enmarcada en un programa de reformas estructurales y de medidas que este Gobierno tenía perfectamente diseñadas desde el principio de la legislatura, y con algo habrá que relacionarlo, no podemos hacerlo con la política fiscal, tributaria y económica de Francia, de Italia, de Bélgica o del Congo Belga; evidentemente, tendrá que ser con la de España, señor Bel.

Por otro lado, decía: siguen ustedes instalados en una realidad que no saben cuál es. La realidad extraña es la suya, la de Los mundos de Yupi es la suya, en la que llevan años viviendo, señor Sen, importándoles bien poco lo que les estaba ocurriendo a este país y a los españoles. Parece que enarbolan ahora la bandera de la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal cuando han votado en contra de todas y cada una de las medidas y reformas que se han propuesto al respecto. Hablan ustedes como si eso del fraude fiscal fuera una novedad, algo desconocido, obviando las amnistías fiscales, tanto la de 1984, del señor Boyer, como la de 1991, del señor Solchaga, por no hablar de qué pasó con la lista Falciani, señor Lerma, que ya no nos acordamos. Esta lista tenía personas con nombres y apellidos, ¿y qué hicieron ustedes? Dormir y callar. ¿Le suena? Pues lo mismo. (Aplausos).

Señorías, también en la Ley de blanqueo de capitales de abril de 2010 tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida votaron a favor, y ahora demandan la revelación de todos los que han podido defraudar. Esto es la conversión de San Pablo, donde dije digo, digo Diego, y viceversa. Ahora no ha habido tal amnistía, ha habido una regularización fiscal extraordinaria, les guste más o menos. Llámenlo como quieran, pero una amnistía como las suyas no ha sido. La regularización fiscal extraordinaria realizada por este Gobierno, que tanto han criticado, ha permitido que más de 140 000 contribuyentes estén registrados en la Agencia Tributaria y que hayan aflorado bases imponibles por valor de más de 100 000 millones de euros. Ninguna diferencia con las suyas, ¿verdad? Exactamente igual: hacemos política.

Que ustedes hablen de paraísos fiscales, ya me parece que hay que tener valor, ya que fueron ustedes los que consintieron que grandes empresas del mismísimo IBEX pagaran el 0 % del tipo efectivo del impuesto sobre sociedades cuando los ingresos por recaudación iban descendiendo hasta los 70 000 millones de euros y con un déficit en este país del 9 %. Esa es la gran defensa de los menos favorecidos frente a los que más tienen, esa es la defensa de la supuesta izquierda de este país, de los progres. Son ustedes los progres. Nosotros defendemos a los ricos y ustedes a los pobres, por eso son progres, le cambian la letrita y queda fenomenal. Pues voy a demostrarles su teoría y van a ver quién tiene razón, si ustedes o nosotros. Son ustedes, los progres, los que congelaron las pensiones con un IPC del 3,7 %; los que bajaron los sueldos a los funcionarios un 5 %; los que no pagaban ni la Seguridad Social de los cuidadores de los dependientes; los que no pagaban las facturas; los que dejaron una deuda comercial descomunal, de 40 000 millones de euros en el Ministerio de Fomento o de 16 000 en el de Sanidad, los progres; 24 000 millones de euros de déficit tarifario (Rumores), con lo que ello supuso para las empresas, que cerraban a razón de 26 000 al año; los que crearon 3,5 millones de parados. Señorías, hicieron el mayor recorte social de la historia, dejando también a un lado que no existe medida más social que crear empleo, que también se les olvidó. Los progres, los que afirmaban que teníamos un sistema financiero en la Champions League, los que dejaron un país en recesión, con una prima de riesgo de más de 600 puntos, sin posibilidad de obtener financiación porque habían perdido la confianza y la credibilidad de los mercados y de la mismísima Unión Europea, y dejaron un país al borde del rescate, con lo que eso hubiera supuesto para España, los progres.

Con este panorama, de los progres, lo que está claramente demostrado es que sus políticas son un peligro para los españoles, eso es una evidencia incuestionable, tanto, que los ciudadanos les enviaron a casa en noviembre del 2011 y expresaron su clara voluntad hace apenas cuatro meses dándoles los peores resultados de su historia, cosa diferente es que hayan llegado a Gobiernos municipales y autonómicos pactando con todo aquello que se movía, eso es distinto, pero ustedes han tenido el peor resultado de su historia —los ciudadanos tontos no son—, y no les importa; hoy mismo acaban de subir a esta tribuna con teorías que sigue emanando naftalina. ¡Esto es increíble! Pretenden vender que tienen el remedio de Fierabrás, el remedio para todos los males del mundo mundial, y, hasta donde yo sé —y no estoy entre los illuminati—, son los mismos que optaron por adelantar las elecciones, porque ni quisieron ni supieron ni pudieron poner solución a la situación, y vendieron un Estado del bienestar ficticio, en el que todo se anuncia y nada se paga. ¡Ay, qué bonito! Los progres. Esas son las verdades del barquero, que todavía hoy no quieren reconocer, y las vergüenzas que tienen que esconder.

La señora Marra le decía al señor ministro que leyera no sé cuántos informes. Quizá los tenga que leer, no sé qué cosas lee el ministro; pero, desde luego, se le nota que sabe. A ustedes quizás les ayude la lectura del libro del exministro Pedro Solbes, las declaraciones del exministro Sebastián o el análisis de sus propios resultados electorales, porque, fíjense, vienen a decir lo mismo. Y es que no se pueden hacer la foto de la ceja, señorías, y luego no saber cómo justificar que ese no era yo, que yo pasaba por allí, que yo no estaba en ese momento. No, no. No, aquí cada palo que aguante su vela; todavía ni tan siquiera han pedido perdón por ello. Luego hablan de la herencia, la herencia, la herencia. ¿Olvidar? No, oiga, no; aprender, aprender. Nosotros también aprendemos de ustedes; sobre todo, de cómo, cuándo, por qué y de qué no hacer las políticas que ustedes aplicaron; de eso, sí que hemos aprendido, creo que se ha notado. Hasta tengo que darle la razón a Pedro Sánchez cuando el pasado 25 de agosto afirmaba que la política económica y de empleo del Gobierno es opuesta a la que el Partido Socialista y Podemos aplicarían, por si a alguien le quedaba alguna duda. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Una adecuada política fiscal, tributaria y económica es el mejor instrumento para hacer una política social justa y equitativa para todos los ciudadanos, y eso se lleva a la práctica con voluntad política, pero también con valor, con decisión, con firmeza, con rigor y protegiendo por igual los intereses de todos los ciudadanos. Se han tomado las medidas que se tenían que tomar, cuando y como se tenían que tomar para llevar este país adelante. Y sí, tuvimos que subir los impuestos. Sí, señor, lo hemos reconocido en diferentes ocasiones, lo hicimos en 2012. Hemos pedido disculpas, no se nos caen los anillos, y lo hemos hecho con total humildad, porque era absolutamente necesario, lo cual, por cierto —de aquellos polvos, estos lodos—, nos permitió también en noviembre de 2014 rebajarlos, llevar a cabo una rebaja fiscal. Por ejemplo, el 70 % de los 20 millones de contribuyentes de rentas medias y bajas ahora va a pagar un 25 % menos de IRPF que con el Gobierno socialista, con los progres —Claro ¡Oh, qué casualidad!— y devolver parte del esfuerzo de los ciudadanos a través de la devolución a sus bolsillos de más de 9000 millones de euros, entre otras muchas medidas. Porque en esta bancada, señorías, no aprendemos economía en dos tardes, venimos aprendidos de casa y, claro, a la hora de ponerlo en práctica eso se nota. Aquí hoy se crean empresas, que son las auténticas generadoras de empleo; se generan más de medio millón de empleos anuales; han descendido un 70 % los impagos; se va recuperando el acceso al crédito de forma consecutiva desde hace dieciocho meses a particulares y empresas; los indicadores adelantados son cada trimestre más positivos; suben el consumo y las exportaciones; crece la inversión y aumenta la confianza empresarial y del consumidor. Hechos, datos, realidades avaladas y reconocidas por todo el mundo menos por ustedes, pero fuera de aquí por todo el mundo, por el G-7, por el G-20, por el FMI, por la OCDE y por las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque, además, hemos recuperado la posibilidad de ir por Europa con la cabeza alta, los deberes hechos y encabezando el crecimiento y la creación de empleo en la Unión Europea.

Señorías, tres de cada cuatro empleos creados en Europa tienen lugar en España. Ese es el resultado de nuestras políticas y del esfuerzo de los españoles, siempre desde la humildad de la gente que está todavía tan mal y reconociendo que queda mucho, muchísimo, por hacer.

¿Qué ocurre, que viene el viento de cola, señor Lerma? (Rumores). Es eso solo, sí, sí. Aquí agotamos la legislatura trabajando, como he dicho anteriormente, hasta el último día, seguros de ir por el camino adecuado. Se han sentado las bases para consolidar lo logrado y seguir creciendo, mientras ustedes siguen enrocados en el perpetuo no por el no, demostrando, nuevamente, ese sentido de Estado que tienen en desuso, escondido en el fondo de un cajón durmiendo el sueño de los justos, y que ni tan siquiera utilizaron en los peores momentos de 2012.

Gracias por apoyar no a este Gobierno sino a este país. Muchas gracias.

Los dos proyectos de ley que acabamos de debatir, señorías, son un ejemplo más de su negativa, pero también lo es de la prioridad que ha tenido para este Gobierno legislar en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como también lo ha sido con el fraude laboral y, en relación con ello, la modificación del Código Penal, suponiendo en su conjunto el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, algo que afecta a la línea de flotación del Estado de bienestar, lo que, en definitiva, beneficiará no solo al presente sino al futuro de todos y cada uno de los ciudadanos.

Sigan ustedes entretenidos en el pasado de nuestros abuelos, mientras nosotros seguiremos trabajando por el futuro de nuestros hijos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ripoll.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000156 Presupuestos

El señor presidente da lectura al punto 9.1.6.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Presupuestos, la senadora Guerrero.

La señora GUERRERO ROSADO: Señor presidente, señorías, en primer lugar, intervengo muy brevemente para agradecer a la comisión que me haya encomendado la tarea de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos del Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de actuaciones del departamento, procedente del Real Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo.

Este proyecto de ley, señorías, tuvo su entrada en el Senado el pasado día 17 de agosto de 2015, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha y tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 24 de agosto de 2015 y se presentaron un total de 5 propuestas de veto y 24 enmiendas, de las cuales, fue retirada la número 6.

Las propuestas de veto se distribuyen de la siguiente forma: la número 1, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 2, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; la 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; la 4, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto y la 5, de la señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por lo que respecta a las enmiendas, su distribución es la siguiente: enmiendas de 1 a 5, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 7 a 13 y 22, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 14 a 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió y enmiendas 23 y 24, del Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión de Presupuestos se reunió el día 7 de julio al objeto de designar la ponencia que habría de informar el proyecto de ley. El día 27 de agosto la ponencia emitió informe por el que se acordó proponer a la Comisión de Presupuestos que se mantuviese en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados y, a continuación, se reunió la comisión, aprobando como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Por último, señorías, para su debate ante el Pleno, se han formulado 6 votos particulares: el del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, por el que se mantienen las enmiendas números 14 a 21, así como el veto número 3; el del Grupo Parlamentario Socialista, por el que se mantienen las enmiendas números 23 y 24; el del Grupo Parlamentario Mixto, por el que se mantienen las propuestas de veto números 1, 4 y 5, así como las enmiendas números 1 a 5; el del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el que se mantienen las enmiendas 8 a 13; el del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el que se mantienen las enmiendas números 7 y 22 y, finalmente, el de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el que se mantiene la propuesta de veto número 2.

Señor presidente, señorías, este es el resumen de la tramitación parlamentaria llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos del Senado del proyecto de ley que se debate a continuación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Guerrero.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Agradezco a los compañeros portavoces que me hayan dejado anticipar la defensa de este veto.

Este veto lo que demuestra es nuestro absoluto desacuerdo con el planteamiento de la modificación de la Ley de presupuestos; modificación que es ya un puro trámite en tanto en cuanto ya se materializó mediante el correspondiente real decreto ley el 14 de mayo.

Estamos en desacuerdo por diferentes motivos que voy a intentar exponer después. Entendemos que esta es una mala praxis; mala praxis desde la óptica estrictamente de gestión presupuestaria; una mala praxis desde la óptica de la transparencia en la utilización de los recursos públicos y es una mala praxis porque es una asignación de recursos obtenidos mediante mayor deuda pública o unas aplicaciones que entendemos que no son nuestra prioridad. Pero, en todo caso, voy a aprovechar para demostrar que esta no es una mala praxis del Gobierno del Partido Popular que se ponga de manifiesto en el presupuesto de 2014, sino que es una mala praxis adquirida, habitual. Es verdad que anteriores Gobiernos socialistas también utilizaban la posibilidad de infradotar los presupuestos del Ministerio de Defensa y después los modificaban a lo largo del ejercicio, pero, en todo caso, nunca superando —a lo largo de los últimos ocho años que yo he revisado— el 17 %. Es decir, se modificaban los créditos presupuestarios y se incrementaban hasta un 17 %. En cambio, ¿cuál ha sido la praxis a lo largo de esta última legislatura? Se lo voy a leer rápidamente. Presupuesto de 2012 —se explica en aquel momento que hay una reducción importante en los gastos de Defensa—: crédito inicial, 6316 millones de euros; modificaciones presupuestarias a lo largo del año: 2749 millones de euros; crédito definitivo: 9066 millones de euros; incremento de la dotación inicial del Ministerio de Defensa: 43,53 %. ¿Eso fue solo un año, una excepción? No. Año 2013: crédito inicial: 5934 millones de euros; modificaciones: 1932 millones de euros; crédito definitivo: 7867 millones de euros; incremento: 32,57 %. Son dos años malos. 2014: crédito inicial: 5739 millones de euros; modificaciones presupuestarias: 1954 millones de euros; crédito definitivo: 7669 millones de euros; incremento: 34 %. Todos estos datos que he facilitado, obviamente, son de los Presupuestos Generales del Estado y de la Intervención General del Estado respecto a las liquidaciones presupuestarias. Pues bien, a 30 de junio de 2015 el crédito inicial era de 5759 millones; las modificaciones presupuestarias en lo que va del ejercicio, incluidos estos 856 millones que hoy van a refrendar aquí, han sido de 1627 millones de euros. Es decir, a 30 de junio han modificado el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 28,26 %. Por tanto, al final de ejercicio el presupuesto del Ministerio de Defensa va a superar en más de un 30 % lo previsto inicialmente, como lo ha hecho en cada uno de los ejercicios presupuestarios. Por tanto, con ustedes el Estado español tiene consolidados unos gastos de Defensa en torno a los 7500, 7800, 8000 millones de euros al año. Eso se puede constatar a lo largo de los últimos ejercicios. ¿Hay propósito de enmienda? Absolutamente ninguno. El proyecto de presupuestos para 2016 establece para el Ministerio de Defensa 5962 millones de euros. Vuelven a infradotar el Ministerio de Defensa, como lo han hecho a lo largo de toda la legislatura. Entendemos que es una mala praxis presupuestaria y que pretenden engañar, porque si ustedes se repasan —la verdad es que es un ejercicio delicioso— todos los libros amarillos de cada uno de los presupuestos y ven cuál es la explicación respecto al Ministerio de Defensa podrán leer: contención del gasto, crecimiento por debajo de la media, crecimiento residual. Claro, se trata de un crecimiento residual en el momento de la presentación, porque después hay modificaciones de más de un 30 %. Ningún ministerio tiene modificaciones de este calado, ninguno. Y esto se repite ejercicio tras ejercicio. Esto es algo absolutamente inasumible en cualquier país democrático. Cuando uno mira las modificaciones y los proyectos de modernización —los tanques, los helicópteros y todos estos elementos que incorporan—, ustedes dicen: Cuando se hizo el presupuesto no se conocían estos programas. ¡Claro que se conocían! ¡Por supuesto que se conocían! Y se sabía que se les tenía que hacer frente, pero, como cada año, no lo presentan en el momento de elaborar el presupuesto y lo modifican posteriormente. ¿Y cómo lo modifican? Con mayor deuda pública, con mayor endeudamiento. Por tanto, la prioridad del Gobierno del Partido Popular es que, cuando tiene la capacidad de endeudarse, dedica ese endeudamiento al Ministerio de Defensa. De aquí nuestras enmiendas. Las defenderá un compañero, pero aprovecho para ponerlas encima de la mesa. Teníamos dos posibilidades: presentar enmiendas de supresión o, ya que el Gobierno nos explicita que tiene la capacidad de endeudarse y cabe pensar que este mayor endeudamiento no va a afectar a los objetivos de consolidación fiscal ni a los de déficit, tenemos que buscar alternativas razonables a este mayor endeudamiento. ¿Y cuáles son en estos momentos las alternativas más razonables? No se trata de no hacer el gasto; si hay capacidad de hacer el gasto, vamos a suplementar aquellos gastos que realmente sí que están infradotados y que suponen un incumplimiento del Gobierno central. Las enmiendas van dirigidas esencialmente a suplementar gasto social, a suplementar aquellas partidas de dependencia que no está cumpliendo el Gobierno central y que tiene que suplementar cada una de las comunidades autónomas, entre otras. Por tanto, lo que queremos poner de manifiesto con este veto es nuestro absoluto desacuerdo y denunciar que en estos momentos las prioridades de nuestro grupo no son mayor armamento ni mayores gastos militares, sino políticas sociales. Alguien puede pensar que esto es demagógico. No, la demagogia es presentar un presupuesto infradotado en un 30 % cada ejercicio presupuestario, y lo van a hacer otra vez en el 2016. Este sí que es un proyecto que se merecería que estuviera el señor ministro para presentarlo y para defenderlo, para que explicara el porqué de esta técnica presupuestaria. Si en cualquier ayuntamiento hiciéramos esto —como saben muchos de los alcaldes que hay aquí—, tendríamos informe en contra del interventor. Sin embargo, y a sabiendas de que el presupuesto no se puede cumplir y no se cumple de forma reiterada porque las obligaciones contraídas son mayores que las presupuestadas, se continúa con la misma táctica presupuestaria, y se va a volver a hacer en 2016. Para 2016 están ustedes presupuestando, de entrada, aproximadamente 1500 millones de euros menos de los que van a gastar. ¿Y cómo sabe que los van a gastar? Porque los han estado gastando a lo largo de estos últimos cuatro años. Y no solo lo hemos denunciado nosotros sino que pueden hacer una cosa: Repásense los informes del Tribunal de Cuentas de cada una de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios. Repasen los informes del Tribunal de Cuentas respecto a la Cuenta General de 2012 y a la de 2013, y lo explicita claramente. Esta técnica presupuestaria es inasumible, no es de recibo en un Estado moderno, en un Estado europeo, en un Estado que pretende hacer bandera de su consolidación fiscal en toda Europa. Cuando en Europa ven esto no genera ningún tipo de credibilidad respecto a las cuentas públicas, no porque se destine mucho a Defensa, que también —la Troika se lo estaba detrayendo a Grecia hace pocos días—, sino porque se infradota constantemente al Ministerio de Defensa.

En todo caso, vamos a mantener nuestro veto y vamos a votar a favor de todos los vetos. Les avanzo también que votaremos a favor de todas las enmiendas, tanto de aquellas que presentan alternativas —como son las de nuestro grupo—, como de aquellas que presentan simplemente alguna supresión porque, al menos, si se suprime no vamos a generar más deuda, no vamos a generar más endeudamiento.

Quiero recordarle al señor ministro —aunque no esté presente— que después de estas modificaciones presupuestarias no podrá dirigirse más a las comunidades autónomas para exigirles unos recortes que son absolutamente inasumibles y que él no está aplicando a sus ministerios, tampoco al Ministerio de Defensa.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por el senador Iglesias.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Formulo este veto en nombre de Izquierda Unida por entender que este Proyecto de Ley de crédito extraordinario para el Ministerio de Defensa supone una vulneración tanto de la técnica presupuestaria como del propio valor político de los Presupuestos Generales del Estado, en tanto en cuanto estos deben ser expresión de las prioridades de la acción política del Gobierno.

Es cierto que la propia denominación de los presupuestos manifiesta, literalmente, que los mismos conforman una previsión de ingresos y gastos y que la normativa presupuestaria establece mecanismos correctores. Pero constituye sin ninguna duda fraude de ley el que, deliberadamente, presupuesto tras presupuesto, se vengan realizando consignaciones presupuestarias que son totalmente insuficientes. Y así lo ha hecho este Gobierno, como también gobiernos anteriores, desde el principio de la legislatura con relación al presupuesto del Ministerio de Defensa, de tal forma que, incluido el importe del crédito al que hace referencia este proyecto de ley, desde el inicio de la legislatura se ha gastado en Programas Especiales de Armamento 4389,76 millones más de lo presupuestado en los respectivos Presupuestos Generales del Estado. El monto global de esta cantidad es equivalente al 76 % del presupuesto de Defensa para el ejercicio 2015.

Estos desfases no responden a que existan dificultades técnicas insalvables para establecer una previsión acertada de gasto. Una parte conforma la herencia recibida, fundamentalmente del Gobierno de don José María Aznar. En 2012 el ministerio reconoció el plan de pagos de los programas —19 programas— del periodo 1997-2006, por un importe de 31 000 millones, estableciendo una previsión de pago de esta cantidad hasta el año 2030. En las comparecencias de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 que se han celebrado en el Congreso hace un par de semanas ya se anunció que, además de la partida correspondiente del Proyecto de Ley de presupuestos para 2016, en ese ejercicio será necesario otro crédito extraordinario más por importe de 1000 millones de euros. Lo que hay con esta práctica es un intento de minimizar ante la opinión pública el volumen, el importe del gasto militar, conscientes de que el mismo genera un rechazo social amplio. También se busca con esta vulneración de la técnica presupuestaria dificultar el control político de las cantidades que se dedican al Ministerio de Defensa, lo que ya de por sí es complicado en el caso de los programas de armamento por el doble mecanismo de financiación que se sigue en relación con ellos: en primer lugar, en la fase de investigación de estos programas especiales de armamento se conceden créditos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo. Después, cuando se produce la recepción del armamento o su puesta en servicio, se efectúan los pagos por el Ministerio de Defensa, que, en teoría, han de servir para devolver las cantidades adelantadas en concepto de crédito. Ese control, que resulta difícil por estos mecanismos, debería ser aún más estricto por parte de las Cámaras y de los representantes políticos de los ciudadanos en tanto en cuanto el 58 % de las adjudicaciones a empresas de Defensa se realizaron en 2013 mediante contratos negociados sin publicidad.

Todo ello pinta una situación que hace que en este momento resulte necesario auditar el estado de los créditos concedidos por importe, según alguna fuente, de 15 000 millones de euros desde 1977, para poder determinar realmente cuál ha sido el monto de los mismos, la finalidad a la que se han dedicado, las fechas de devolución consignadas en los créditos y las cantidades que fueron devueltas. Y debiera también aprovecharse esta circunstancia para auditar los PEA, los programas especiales de armamento, desde la perspectiva de valorar, en primer lugar, su idoneidad y utilidad para la operatividad de las tropas de cada uno de los equipos y, a continuación, su coste, los calendarios fijados de entrega y de pagos. Y ello con un objetivo también claro: poder afrontar una estrategia de revisión de los contratos, fruto de la cual se produzca una nueva reprogramación de las inversiones, y en los casos en que no resulte conveniente mantenerlos, anular las adquisiciones. Así, son cuestionables algunas de las decisiones tomadas en relación con la adquisición de aviones y helicópteros, sobre todo, a la vista de circunstancias que se han producido en los últimos años y que no son asumibles. Me refiero a situaciones como el desarrollo del famoso submarino 580, en el que se están gastando 2000 millones de euros y respecto al que todavía no hay ninguna garantía de operatividad.

También es cuestionable que se hayan adquirido 300 carros de combate de 63 toneladas, que no se pueden transportar en avión porque el límite de carga es de 44 toneladas, y, obviamente, sin un transporte aéreo solo pueden servir para hipotéticos conflictos con nuestros vecinos o, si hay que recurrir al transporte marítimo y el conflicto es distante, probablemente lleguen para el desfile de celebración de la finalización del conflicto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por la senadora Capella.

Para su defensa, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores i senadors, no dejaré pasar la oportunidad de quejarme, manifestar la protesta por las formas y maneras —antes se decía por los senadores que me han precedido—, por la técnica legislativa utilizada en materia presupuestaria y por cómo se hace. Yo no dejaré pasar la oportunidad de quejarme y protestar por las maneras y formas del Gobierno del Estado español y del partido que le da apoyo, el Partido Popular, de legislar, sobre todo en este último tramo de la legislatura, con esa habilitación especial de los meses de julio y agosto en los que se han llegado a debatir —acabaremos de aprobarlas en septiembre— más de 40 leyes. Porque no es bueno ni para la democracia, ni para las instituciones democráticas, ni tampoco es bueno para el Senado, esta institución en la que estamos todos debatiendo hoy. No es bueno porque es una manera de legislar a hurtadillas, sin el debate suficiente. Coincidirán conmigo en que en el tramo final de una legislatura no es bueno —como decía también ayer cuando debatíamos sobre la Ley de enjuiciamiento criminal— debatir sobre proyectos de ley importantes, que afectan a instituciones básicas del Estado, y que en este caso también afectan y condicionan el presupuesto general del Estado, no solo el que se aprobará sino que condicionarán la acción de gobierno del Gobierno que nazca de las próximas elecciones generales.

Para Esquerra Republicana este proyecto de ley que hoy debatimos en este hemiciclo es el enésimo despropósito de un Gobierno que se autodenomina serio. Este es un Gobierno que ha hipotecado a la ciudadanía hasta 2030. Señorías del Partido Popular, ustedes siempre se llenan la boca hablando de herencias recibidas y son los primeros en hipotecar el Estado. Alguien apuntaba con anterioridad que esto no es nuevo, que viene de lejos, pero yo insistiría en un punto: ¿Quién firmó compromisos de compra armamentística por valor de 30 000 millones de euros? Fue el señor Aznar. Les recuerdo que también se aprobó solo con los votos del Partido Popular.

Su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular —antes también se explicaba— ha colapsado el Ministerio de Defensa debido a los pagos que deben realizarse por el cumplimiento de los llamados Programas Especiales de Armamento. Esto se lo he dicho ya en múltiples ocasiones, cuando hemos debatido sobre los Presupuestos Generales del Estado y Esquerra Republicana ha presentado enmiendas en este sentido. Podían haber seguido ustedes el ejemplo de Alemania, que ha reducido en un 40 % el gasto militar y de defensa. Pero no, el ministro no tiene suficiente con esta deuda y, además, le va a sumar 10 000 millones más. Han incrementado en más de 1900 millones el presupuesto de este año en defensa. Hoy debatimos 856 a cargo de la deuda pública y otros 649 millones que han sido pagados con los fondos de contingencia. Realmente, a criterio de Esquerra Republicana, esto es intolerable. Ustedes, mientras tanto, han recortado y recortan en sanidad, educación, dependencia y devalúan los salarios, devalúan los servicios públicos; todo esto mientras legislan en contra de la ciudadanía.

Hablan de populismo, y ustedes son los primeros que lo ejercen y practican. La realidad es que ustedes mienten más que hablan, distorsionan la realidad a su antojo. Si no es suficiente con esto, el próximo Gobierno, como decía, se va a encontrar con el pago de 1000 millones más, que no aparecen en los presupuestos generales para 2016 y que tendrán que pagarse mediante otro crédito extraordinario.

Desde 2012, el Gobierno del Partido Popular ha generado créditos extraordinarios en materia de defensa, que alcanzan los 6 millones de euros. Somos, en definitiva, víctimas de su discurso, que abona la industria armamentística, que abona los presupuestos de defensa y su multiplicación ilimitada, destacando por encima de todo la opacidad del Ministerio de Defensa y el estado de colapso de las propias cuentas ministeriales.

Especialmente grave es financiar créditos extraordinarios a cuenta de la deuda pública para pagar armamento en un momento de crisis, en el que, para reducir la deuda —en parte también generada por este propio gasto militar y armamentístico—, se están exigiendo recortes sociales y laborales a la ciudadanía, así como a las comunidades autónomas y a las entidades locales en su inversión social.

Ustedes, señores del Partido Popular, señorías del Partido Popular, han intentado socializar un discurso que pretendía justificar la necesidad de la austeridad y del sacrificio de la ciudadanía para poder salir de esta crisis en la que todavía estamos inmersos. Mientras tanto, por la espalda —como decía antes—, a hurtadillas, han ido aumentando, año tras año, de forma irracional el presupuesto de Defensa.

Mientras ustedes culpan a la ciudadanía de los excesos, ustedes han ido desguazando poco a poco el Estado del bienestar —nuestro bienestar— y a un precio muy elevado para una población castigada por culpa de excesos.

Ya no sirve hablar de la herencia recibida —estamos en el tramo final de la legislatura— y el despilfarro mirando a otros. Su gestión ha sido, según el criterio de Esquerra Republicana, un auténtico desastre: 30 000 millones de euros de deuda en programas armamentísticos y contratos; 20 000 millones de euros de deuda en una irracional red de AVE; 30 000 millones de euros de deuda acumulada para servir al oligopolio de las eléctricas. Han dilapidado millones y millones de euros en proyectos sin sentido.

Ustedes están usando el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria de un modo perverso. Lejos de atender a las necesidades urgentes e imprevistas, está siendo utilizado, como decía antes, para enmascarar un incremento del gasto del Ministerio de Defensa al margen del gasto asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

Señorías, las partidas del Ministerio de Defensa a las que se asigna el fondo ponen en duda el carácter urgente e imprevisto de estas asignaciones, pues, en todo caso, representan —y nosotros consideramos— una manifiesta negligencia de la previsión que tienen ustedes, año tras año, del gasto del propio Ministerio Defensa. Ustedes están hipotecando un fondo que se creó para atender situaciones verdaderamente imprevistas y urgentes y que, dado el caso, podrían quedar sin la disponibilidad de recursos, que se pretendía resolver con la creación de este fondo.

Ustedes frenan la investigación civil pero en cambio no la militar. El desarrollo de nuevas armas, la I+D militar llegará a los 727 millones de euros, una subida que significa un 43,5 % respecto a 2014. En todo caso, nos sirve de poco porque, en definitiva, terminan haciendo submarinos que no pueden llevar a cabo sus misiones y terminan hundiéndose. Por el contrario, el I+D civil sube solo un 4,8 %.

Rechazamos, pues, este proyecto, por el que se pretende incrementar en 850 millones el gasto en Defensa. Es un sinsentido que, en pleno siglo XXI, perteneciendo a la OTAN, sea necesario este tipo de despilfarro, máxime en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos.

Este no es el modelo que Esquerra Republicana defiende, que nosotros defendemos, es el modelo que ustedes defienden: un modelo opaco, basado en un gasto estratosférico en materia de defensa y que recorta, en definitiva, derechos sociales y sitúa a la ciudadanía en una situación de precariedad.

Por eso hemos presentado este veto y también anunciamos que apoyaremos los vetos presentados por el resto de los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por la senadora Mora.

Tiene la palabra, para su defensa, el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.

No me quiero parecer al cura que regaña a los que van a misa por los que no van, pero sí quiero decir que no estamos ni quince senadores para discutir un crédito de 856 millones de euros. El ministro de Defensa, que ha solicitado a esta Cámara autorización para pedir un crédito de 856 millones de euros, ¿no va a comparecer? ¿No va a venir a decirnos que necesita ese dinero para su departamento? Son un poco alucinantes las condiciones en las que se debate en algunas ocasiones en esta Cámara. Nosotros somos nuevos, pero ya hemos tenido ocasión de fliparlo —como diríamos fuera—. Simplemente, que conste en el Diario de Sesiones la sensación de estupefacción ante la falta de respeto a algunos debates parlamentarios y a algunos procedimientos parlamentarios en esta Cámara.

Hemos presentado una propuesta de veto a este proyecto de ley por el que el Ministerio de Defensa viene a pedir autorización para solicitar un crédito por valor de 856 millones de euros por tres razones. La primera razón que aludíamos en la propuesta de veto era estrictamente técnica: que el mecanismo a través del cual el Ministerio de Defensa pide este dinero es el Fondo de contingencia; y el Fondo de contingencia, señorías, no está para eso; se lo habríamos dicho al señor Morenés, si hubiera venido. El Fondo de contingencia, según dice la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, está para medidas de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Es decir, el Fondo de contingencia está para emergencias. Por cierto, les recuerdo que la Unión Europea nos acaba de pedir que acojamos a 4000 refugiados sirios en nuestro país, un país que tiene más de 47 000 000 de habitantes. Eso sí es una emergencia, para eso sí teníamos que haber abierto el Fondo de contingencia, y no lo hemos hecho. Lo hacemos para esta cuestión, para los 856 millones de euros que el ministro Morenés nos pide su autorización sin venir él a la Cámara a solicitarla. La segunda razón por la que presentamos este veto es que el proyecto de ley falsea los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno viene a presentar año a año los Presupuestos Generales del Estado. Este año parece ser que la consigna es que ustedes, señores del PP —los que están—, presentan unos presupuestos sociales. Hace tres años que ustedes le meten casi 1000 millones de euros al presupuesto del Ministerio de Defensa a través del Fondo de contingencia, de forma que ustedes han consolidado una forma de actuar, que ya es estructural, y han pedido ya más de 3 500 millones de euros de créditos extraordinarios para el Ministerio de Defensa a través del Fondo de contingencia. Y lo hacen siempre en el mismo momento, en el mes de agosto. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando luego se le cuentan a los medios de comunicación y se les explica a la ciudadanía los porcentajes que se destinan a cada gasto en el presupuesto, el porcentaje de gasto social es más alto y el porcentaje de gasto militar es más bajo y quedan mucho mejor.

También les ha recordado la senadora Capella cómo trampean ustedes el presupuesto del Ministerio de Defensa, incluyendo partidas que corresponden al Ministerio de Defensa en las partidas presupuestarias destinadas a otros departamentos, especialmente al de Fomento. Les va a sonar extraño, pero la primera obligación de un gobierno es ser honesto, ser transparente y ser capaz de defender con coraje, delante de la ciudadanía, cuáles son sus medidas, cuáles son sus prioridades políticas y por qué las toman. Hacer argucias y trampas con la contabilidad pública, con los Presupuestos Generales del Estado es no afrontar la primera responsabilidad que tiene un dirigente político, un responsable político y un gobernante: la de ser capaz de explicarle a la ciudadanía por qué hace las cosas.

El tercer elemento en el que basamos nuestra propuesta de veto tiene que ver con la prioridad de gasto. Ustedes han acudido al Fondo de contingencia porque consideraban una emergencia comprar obuses, misiles y fragatas, en definitiva, pagar material armamentístico y militar —se lo ha recordado el senador de Convergència que ha intervenido en las propuestas de veto—. Ustedes tienen una prioridad de gasto con la que absolutamente nadie en este país que no sea representante político del Partido Popular está de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo en que un país en paz necesite ahora mismo, como emergencia, fragatas y obuses? Pero si es que tenemos casi un 20 % de pobreza energética en este país; si es que tenemos desahucios en este país; si es que tenemos una situación de emergencia; si es que tenemos situaciones de pobreza. Acudir al Fondo de contingencia para solventar una situación de emergencia y pedir dinero a los bancos —que son los que van a financiar esta compra— para comprar material militar es absolutamente inexplicable. A cualquiera que se lo explique en la calle no lo entendería. Les iba a decir que deben pisar ustedes poco la calle, aunque, en vista de lo que pisan la Cámara, es probable que la pisen pero que no hablen con gente corriente.

Me contaba el otro día la comandante Zaida Navarro que la nómina de un soldado raso en este país ronda los 1133 euros brutos al mes, es decir, que incluso fijando prioridades de gasto dentro del Ministerio de Defensa, tienen ustedes algunas que cubrir. Tienen ustedes a los soldados rasos de este país que no llegan a mileuristas, que están muy mal pagados. Tienen ustedes problemas de impago con subcontratas que gestionan cocinas del Ministerio de Defensa, porque no están cobrando. Ahora mismo, en Cataluña, hay una subcontrata en la que se han producido ya dos ERE y los trabajadores siguen sin cobrar. Se generan en el ejército problemas, que ya están denunciando algunos de sus miembros, de conciliación de la vida familiar y profesional. Hay problemas presupuestarios en el ejército que no atañen a los obuses ni a las fragatas, sino a los derechos de los trabajadores del ejército, que son los soldados que garantizan la seguridad de los ciudadanos de este país. Eso tampoco lo tiene en cuenta el presupuesto ordinario de Defensa, ni el crédito extraordinario a través del cual ustedes falsean el presupuesto de Defensa.

Lo que compran ustedes son fragatas, misiles y obuses. Cualquiera podría pensar que esta prioridad de gasto es explicable, pero cuando el ministro no viene a hacerlo y se cuela por la puerta de atrás en los presupuestos, lo que uno piensa es que esta no es una medida bienintencionada. Lo que piensa cualquiera en este país cuando ve que el Gobierno del Partido Popular lleva tres años seguidos gastándose más de 3500 millones de euros en material militar en verano, con agosticidad y alevosía, es que el ministro Morenés viene de la industria armamentística; que el ministro Morenés es una persona atrapada en una puerta giratoria; que el ministro Morenés está anteponiendo los intereses de la industria que le pagaba, y muy bien, antes de ser ministro y que le va a pagar —probablemente también muy bien— cuando deje de serlo, cuando la ciudadanía le eche en las urnas, y que está beneficiando a una industria a la que es cercano. Esto que estoy diciendo es muy grave, pero no es extraño en un país como España; no es extraño en el país de las puertas giratorias; no es extraño en el país de los exministros en consejos de administración de eléctricas.

En definitiva, señorías, este crédito de Defensa no se sostiene técnicamente. Este crédito de Defensa es el crédito presentado por un Gobierno cobarde, que no se atreve a explicar a la ciudadanía cuáles son sus prioridades de gasto. Además, esa prioridad de gasto está profundamente equivocada.



Este país, en esta situación, necesita otra cosa que obuses, fragatas y misiles, este país lo que necesita este país es un proyecto para salir de la crisis.

Los señores del Grupo Popular —me queda un pelín de tiempo—, cada vez que discuten con la gente de Podemos, nos dicen: Oiga, es que ustedes critican mucho y es muy fácil criticar cuando no gobiernan. Pues, miren, con este volumen de dinero nosotros tendríamos un plan, que no sería de inversión en gasto social, sino de inversión en tasas de retorno para el Estado. ¿Saben ustedes lo que llevábamos nosotros en nuestro programa para la Comunidad de Madrid por la mitad de valor de este crédito? Un plan para instalar placas solares en los tejados de la Comunidad de Madrid. En un solo golpe, generaríamos una herramienta financiera pública, a través de la cual se instalarían placas solares en toda la Comunidad de Madrid, y terminaríamos en buena medida con el problema de la balanza energética en nuestro país ya que generaríamos dinámicas de autoconsumo en nuestro país y liberaríamos renta de las familias, que ya no tendrían que pagar buena parte de la factura eléctrica de cada año. Además, generaríamos empleo, para recolocar, en la reforma de viviendas y poder llevar a cabo esta medida a quienes han salido de construcción, y podríamos generar también polos de desarrollo e investigación en I+D+i para competir en cuanto a salarios altos e innovación y no en salarios bajos.

El dinero se puede utilizar de otra forma, se puede gastar de otra forma, solo hay que hacer una cosa: anteponer los intereses de los ciudadanos a los de los dueños de algunos de los miembros del Partido Popular. Y parece que los dueños del ministro Morenés no son los ciudadanos, sino la industria armamentística que le ha pagado, y muy bien, antes de ser ministro, y que probablemente le pagará, y también muy bien, después de serlo.

Retiren este proyecto de ley, señorías, porque no se sostiene técnicamente, no se sostiene políticamente y tampoco se sostiene éticamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, estamos discutiendo un tema de una gran gravedad que ha pasado desapercibido ante la opinión pública. El veto que presentamos el señor Guillot y yo mismo tiene dos razones: una es nuestra oposición al programa especial de armamento, a la que luego me referiré, y otra es la forma en la que se está financiando en estos momentos dicho programa.

No voy a entrar en el resto de las modificaciones del Ministerio de Defensa, sino que me voy a centrar en los programas especiales de armamento y en cómo se van a pagar.

En el año 2012 se presupuestaron 495 millones, a los que se añadieron en un crédito especial 1782 millones que se gastaron. En el año 2013 se pasó de 6,8 millones a 879 millones; en el 2014 de 6,8 millones a 920 millones; en el 2015 lo mismo; y en el proyecto de presupuestos que discutiremos dentro de poco hay una partida del 6,8 millones. Es decir, cada año se repite un presupuesto de 6,8 millones, que se amplía con un crédito extraordinario de un importe de 800 a 1000 millones. Y la pregunta es por qué se hace esto, por qué se hace si se sabe que cada año hay que pagar 800 o 1000 millones de euros. Yo solo encuentro una razón —si hay otra, me gustaría que los portavoces del Grupo Popular me lo explicaran—, y es que se quiere esconder, se quiere minimizar el gasto militar. Estamos hablando de 1000 millones. Para que se hagan ustedes una idea: en el presupuesto de 2016, las inversiones del Estado en Cataluña son aproximadamente de 1000 millones de euros. Es decir, que lo que hoy se debe de los PEA, que son 30 000 millones de euros, serviría para financiar durante treinta años las inversiones del Estado en Cataluña. Una cifra absolutamente brutal, bárbara.

Estamos, por tanto, ante un fraude presupuestario, para el cual la única razón que nosotros encontramos es la de esconder y minimizar el gasto militar, porque el señor ministro de Defensa, cuando presenta sus presupuestos, no cuenta esto; cuando los medios de comunicación hablan del tanto por ciento que gastamos en defensa, esto no se cuenta, y hablamos, insisto, de 800 o 1000 millones de euros.

¿Pero qué es esto del PEA? El primer Gobierno de Aznar tomó la decisión de hacer un programa especial de armamento por 20 000 millones de euros; hablo del año 1997 o 1998. En aquel momento, hubo ya muchas críticas desde dos perspectivas: la exageración financiera de la compra y la de que había una compra de una serie de material armamentístico que no era adecuado para la situación política que se vivía. Estas fueron, como digo, dos críticas que el Gobierno desechó, pero que, poco a poco, se fueron convirtiendo en realidad.

Miren ustedes, les voy a leer dos o tres citas del secretario de Estado de Defensa —que son de libro—, del 21 de septiembre del 2011, en las que dice lo siguiente —en la página 838, haciendo referencia a los PEA—: «Se sobredimensionó desde su inicio respecto a la capacidad financiera de gasto asignado a la defensa, priorizando los costosos sistemas de armas convencionales, poco adecuados a los nuevos riesgos y conflictos, sin dar importancia suficiente a sistemas más eficientes.» Es decir, el secretario de Estado de Defensa dice en septiembre de 2011 que esta operación es de excesivo gasto y que no es adecuada a las situaciones de defensa. Pero dice más —y en sede parlamentaria—: «De este modo, quien tomó decisiones de adquisición en ese periodo 1997-2004 difirió a futuros presupuestos y a futuros gobiernos el pago de tales compromisos, de tales obligaciones, inhibiéndose paralelamente del grave problema financiero que se originaría en el futuro, yo diría que un auténtico ejercicio de prestidigitación.» (Es decir, el secretario de Estado dice que hay que hacer prestidigitación.) Y acaba diciendo lo siguiente: «El gasto comprometido en las adquisiciones no puede ser atendido con el nivel de esfuerzo financiero ordinario asignado a la política de defensa.»

Vamos a ver, el segundo responsable del Ministerio de Defensa dice en sede parlamentaria en el 2011 que la operación de los PEA no es adecuada desde el punto de vista militar y que financieramente no se puede sostener y que es necesario un cambio de este programa.

Pero entra el Gobierno del Partido Popular, y el nuevo secretario de Estado de Defensa el 23 de mayo del 2013 reconoce, con palabras más sibilinas, que ese programa no tiene razón de ser, y dice lo siguiente: «Es necesario trabajar en una reprogramación. Estamos trabajando en unas medidas para rebajar y reconducir los PEA. Como saben, además de estos programas de los que he hablado, existen otros trece englobados en esta situación.» A mis preguntas por escrito, el ministro de Defensa me dijo que aún no sabía cómo reprogramaban y cómo reconducían. Esta es la situación de los PEA. Además, la exministra Carmen Chacón dijo un año antes de cesar que no tenía liquidez para pagar esto. Dicho de otra manera, el ministro de Defensa está en una situación financiera insostenible. Todo esto significa que los 20 000 millones de euros iniciales se han convertido en 30 000 millones de euros, y van a seguir subiendo. El secretario de Defensa ha dicho alguna vez 28 o 32. Son 30 000 millones de euros. Son una barbaridad. ¿Cómo se pueden pagar? No se ponen en el presupuesto y así no figura déficit. ¿Qué se hace? Ponerlo en deuda pública. Esta mañana había una portavoz del Grupo Popular que decía que han dedicado a deuda pública 129 millones en servicios sociales. Pues hoy dedicaremos 856 000 a deuda pública por un armamento que está cuestionado no solo por las fundaciones de paz o las ONG importantes, sino por los propios responsables del Ministerio de Defensa, de ahora y de antes.

No sé qué más hay que hacer para retirar esto, no se me ocurre nada más, que es lo que nosotros evidentemente estamos pidiendo, para retirarlo.

Además, hay otra cuestión que es la siguiente: ustedes, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo de su grupo parlamentario, están alargando una operación que solo tiene salida si reprograman tarde o pronto y reducen, en definitiva, este gasto. Es imposible con las cifras que hay en España poder mantener una deuda de 30 000 millones de euros que irá subiendo, además para un material que no es bueno.

Tengo que decir, aunque lo voy a hacer muy superficialmente, que hay que añadir algunas incidencias que complican más todo esto. En los PEA se incluía la compra de un submarino S-80, que, cuando se hizo, tenía un sobrepeso de 75 toneladas y no flotaba, con lo cual se tuvo que hacer una operación, primero, para diagnosticar qué le pasaba —que costó 14 millones de euros—, y, segundo, se retrasó la entrega del año 2015 al 2016 o al 2017, con un coste, según las informaciones, de 800 millones de euros.

Por tanto, señoras y señores del Partido Popular, en los debates parlamentarios a menudo se discute sobre ideas, pero aquí no. Debatimos sobre hechos, sobre que en un determinado momento un Gobierno elige una opción financieramente insostenible, militarmente inadecuada. Yo no estoy diciendo que tenga que desaparecer todo lo de defensa, no, no digo eso, es necesario que exista un ejercicio de defensa responsable, adecuado a las situaciones de ahora, pero los informes de las fundaciones de paz cuestionan muchas cosas que yo no entiendo pero que, para que se entiendan, nosotros hacemos propuestas a través de las enmiendas. Por ejemplo, los carros de combate, la idea de que los carros de combate estaban hechos para la guerra fría —porque los tanques rusos eran muy importantes— y en estos momentos no sirven para nada —lo dice prácticamente todo el mundo—.

Les ruego —no lo van a hacer hoy— que incidan en su partido, en el Partido Popular, en el Grupo Parlamentario Popular, en que no es de recibo —y fíjense que no he querido hacer ni una sola comparación de estas cifras con gasto social, no he llegado a hacer eso—, que no pueden tomarse decisiones que hipotecan no solo el futuro del Estado español, sino además la economía productiva. A menudo se dice que la I+D militar ayuda a la I+D civil. Yo siempre respondo: Díganme ustedes cuántas patentes militares se han hecho en los últimos cinco años. Después de la segunda guerra mundial, sobre todo en Estados Unidos, era cierto que la I+D militar ayudaba o promocionaba la I+D civil. En estos momentos esto no es así, es una excusa simplemente para seguir manteniendo negocios de armamentos que son innecesarios y que nos cuestan mucho dinero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Turno en contra.

Senador Osés, tiene la palabra.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

En primer lugar, por empezar por orden, el veto número 1 presentado por el Grupo Mixto hace referencia al oscurantismo y a que esto supone un fraude de ley. No puede haber fraude de ley alguno en llevar a la práctica un procedimiento legalmente establecido como es la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en este caso, para atender al pago de obligaciones contractuales, para cubrir las necesidades de equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y también —y parece que lo dejamos de lado— para realizar obras en el hospital militar central Gómez Ulla en el marco de las actuaciones relacionadas con el Ébola en España. En cuanto al oscurantismo, al que se alude en la propuesta de veto, no puede haber mayor claridad y transparencia que el debate al que nos sometemos hoy en esta Cámara, al que nos sometimos también en la Comisión de Presupuestos de la semana pasada y a su paso previo también por el Congreso de los Diputados. De hecho, si quisiéramos faltar a esa transparencia y pasar de puntillas en una cuestión como esta, sería mucho más fácil incluirla en el debate de Presupuestos Generales del Estado, donde difícilmente ocuparía más de cinco minutos y no tendría la repercusión ni el enfoque que se le dio en el Pleno del Congreso de los Diputados y que se le va a dar hoy en esta Cámara. Asimismo esta cuestión ha sido explicada también en ambas Cámaras en más de una ocasión. Además, todos los pagos que se han realizado y las previsiones a realizar, la recepción de unidades están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y también en el Boletín Oficial de la Defensa. En lo relativo a la forma, donde más incidían las propuestas de veto era en que fuera un proyecto de ley que convalidara un decreto, en vez de ir incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente son los efectos de la replanificación de la que antes hablaba los que dificultan la posibilidad de generar una previsión anual exacta del importe a destinar para cumplir estos compromisos, por lo que se ha optado por la vía del crédito extraordinario para afrontar estos pagos.

La puesta en servicio del material y, por tanto, la fecha del importe exacto de cada entrega, están sujetas a variaciones que pueden salirse de cada ejercicio presupuestario. El Gobierno decidió, aprovechando esta flexibilidad de la renegociación, que se podrían ir aprobando los pagos a medida que cada encargo fuese entregado por medio de un instrumento perfectamente legítimo, como este del crédito extraordinario. Una cosa es que el compromiso, que su importe esté previsto y otra muy distinta que se fijen unas cantidades en los presupuestos generales sin tener en cuenta que esas entregas estimadas puedan estar no disponibles y en servicio en los tiempos valorados. No tiene sentido dejarlo asentado en una partida y, por lo tanto, atrapado si no hay absoluta certeza de poder disponer de ello dentro del ejercicio presupuestario. En su legítima capacidad, el Gobierno presenta este proyecto de ley que convalida el decreto anterior.

La base jurídica de estos créditos y suplementos que atestiguan que no son ni un fraude de ley ni ilegítimos está en el artículo 55 de la Ley general presupuestaria, que establece la obligatoriedad de esta tramitación cuando haya de realizarse con cargo a los presupuestos generales del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no cuente con el crédito adecuado. Ustedes podrán decir que no les gusta este sistema de pago que el Gobierno establece, que preferirían dejarlo sin pagar, pero lo que no pueden decir de ninguna de las maneras es que nos encontramos ante un fraude de ley.

Por otro lado, respecto al tema del control de la financiación, este tipo de mecanismo no excluye ni dificulta ningún tipo de control, más bien al contrario. Al estar incluido también el Ministerio de Industria, el control puede llevarlo tanto la Comisión de Defensa como la de Industria. Los organismos propios del Ministerio de Defensa y el resto de organismos públicos realizan un seguimiento de la marcha de los programas, siendo estos conducidos en todo momento con los debidos controles.

En relación a la auditoría de los diferentes programas, en el año 2013 se realizó una completa reprogramación que no solo actualizó el techo de gasto de cada programa, sino también sus características financieras, técnicas y militares. Así, la gestión de estos planes especiales de armamento resulta transparente, idónea y necesaria.

En cuanto al veto número 2, presentado por los senadores Guillot y Saura, el objetivo del proyecto de ley no es otro que dotar a las fuerzas armadas de los medios necesarios para el desempeño de su labor profesional. De este modo, los llamados programas especiales de armamento constituyen una necesidad para las fuerzas armadas, por lo que hay coherencia estratégica en su existencia. Nuestra labor consiste en dotar presupuestariamente esas necesidades que los responsables y técnicos de las de las fuerzas armadas deben determinar. En lo relativo al procedimiento, por lo tanto, me reitero en lo expuesto en el primer veto.

Con respecto a su alusión a la deuda pública, le diré que la financiación con cargo a la deuda pública es uno de los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico prevé y, en este caso, se hace uso de él para atender a estos pagos.

En relación al desempleo, la industria del sector genera un empleo cualificado. En España, además, es importante porque genera más de 40 000 empleos que dependen de este sector. Hay empresas que facturan más de 10 000 millones de euros; por lo tanto, quitar estos programas o no hacer frente a los pagos provocaría desempleo y sería muy perjudicial.

Por último, quiero señalar que la cifra de devoluciones que las empresas deben realizar al Tesoro es pública y conocida. En 2015 fue de 117 millones de euros y en el año 2018 será superior a los 200 millones de euros.

En cuanto a la propuesta de veto número 3, ya que todos hacen referencia al uso habitual de esta práctica presupuestaria, el Gobierno seguirá utilizándola siempre que las necesidades y el interés general así lo requieran.

La creación de empleo que depende directamente de este sector es una de las políticas sociales más importantes tanto como la creación de empleo en cualquier otro sector. Como decía, en España hay 800 empresas que dependen del sector que facturan más de 10 000 millones y que también trabajan en I+D+i. A pesar de que, como han dicho en algunas de sus intervenciones, la I+D+i no tiene resultados de hoy para mañana, la investigación es una labor ardua. Está reconocido que la I+D+i militar y los avances tienen repercusión en el ámbito civil porque son importantes.

Asimismo, sería sustancial dejar de hacer demagogia en este asunto, decir de decir que todos estos fondos deberían ir a educación, a sanidad, a servicios sociales, etcétera, porque el Gobierno los dota presupuestariamente. Han dicho que la mayor parte de este tipo de partidas va con cargo a deuda pública; por tanto, el pago de estas necesidades no se hace menoscabando las necesidades del resto de ministerios.

En cuanto al veto número 4 del Grupo Mixto, que también hace referencia a la financiación con cargo a la deuda pública, les diré que la Ley 36/2004 de Presupuestos Generales del Estado para 2015 permite, en su artículo 48, la financiación con cargo a la deuda pública del Estado con la limitación de que el saldo vivo de la misma no supere el límite fijado en dicho artículo. Por tanto, contrariamente de lo que señalan en sus vetos, el mecanismo es totalmente lícito. Se pretende evitar de esta forma la demora de los pagos de aquellos proveedores que los tienen pendientes para no ocasionar perjuicios a terceros.

Por último, matizaré, respecto del veto número 5 del Grupo Mixto, de Podemos, que no se utiliza de forma discrecional, sino que viene motivada por las necesidades reales de mantener bien dotadas a nuestras Fuerzas Armadas para que ejerzan su labor. Usted, senador, ha basado la defensa de su veto en una premisa que no es tal, ya que los 856 millones de euros de los que hablamos no se financian con el fondo de contingencias, sino, como han hecho referencia en otros vetos, con cargo a la deuda pública. Le podrá parecer mejor o peor, pero es así. No se financian con ese fondo de contingencias que usted anunciaba en el veto. Por lo tanto, mi grupo va a votar en contra de los vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Osés.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy breve desde el escaño para decir que me ratifico en la calificación de la técnica seguida como de fraude de ley, una técnica que, como bien saben sus señorías, significa simplemente que se vulnera la ley con la ley y que, en consecuencia, no abre un escenario de impugnación jurisdiccional de la decisión adoptada salvo que se hayan extralimitado las normas básicas.

En relación a la trasparencia, no aparece en los presupuestos generales del Estado porque, como ha dicho algún otro portavoz, impediría ese juego florido de los porcentajes y las comparaciones con las que habitualmente el señor ministro de Hacienda defiende el proyecto presentado, y alteraría los mismos de forma muy notable, impidiendo de manera reiterada, como se hace presupuesto tras presupuesto, que se destaque el importante porcentaje de gasto social; el importante porcentaje de gasto social se alcanza en parte a base, precisamente, de disminuir las consignaciones presupuestarias en cuestiones como estas, en las que se sabe, ya cuando se hace el presupuesto, que se va a acudir a un crédito extraordinario.

Insisto, ¿por qué en los presupuestos generales del 2016 no meten ustedes ya los 1000 millones? Les recuerdo que en su presentación en el Congreso se anunció que iba a ser necesario financiar en el ejercicio siguiente mediante este mismo mecanismo. La mayor parte de los importes que configuran estos créditos extraordinarios no responden al pago de esas entregas cuya periodificación se ha visto alterada, sino que responden al cumplimiento de esa reprogramación de los 30 000 millones del periodo 1997/2006. Por tanto, son perfectamente previsibles.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias.

Decía el senador que este gasto es para un material militar que necesitamos y que tiene que estar actualizado. No, señoría, este es un gasto para proveernos de un gran material militar, el más caro y que el que más beneficios deja en las arcas de la industria armamentística. Le voy a recordar que en 2011 murieron, en la academia de ingenieros de Hoyo de Manzanares, por el mal estado de 55 kilos de dinamita, 5 soldados del GEDE, del cuerpo de dinamiteros; murieron porque el material que estaban manipulando se encontraba en malas condiciones. La práctica habitual con ese tipo de material, un material que caduca cada seis años, es recalificarlo cuando esté caducado para no comprarlo nuevo, porque es un material barato, porque es un material que no deja dinero en las arcas de la industria armamentística.

Ustedes están gastando mucho dinero en gran material militar. Ustedes están gastando mucho dinero en material militar muy caro y se lo están comprando a empresas que tienen relación con el señor Morenés. De lo que estamos hablando es de un ministro de Defensa que no solo antepone el gasto militar a otros gastos que este país necesita, sino que deja, en el propio presupuesto del Ministerio de Defensa, a los soldados, a nuestras fuerzas armadas, en malas condiciones y mal pagados. Tenemos subcontratas, cocinas, trabajadores en suma que no están cobrando lo que tienen que cobrar; tenemos mal material para las maniobras; tenemos soldados que no llegan a mileuristas; y mientras se piden 856 millones de euros para pagar material armamentístico que no necesitamos porque sencillamente las fragatas, los obuses y los misiles no son una prioridad en tiempos de paz. Sí lo son los programas sociales y los programas de inversión en tiempos de crisis, de precariedad y de desempleo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño. Mi grupo parlamentario va a apoyar los vetos porque estamos de acuerdo con la argumentación que se ha ido dando a este proyecto de ley. Pero queremos hacer hincapié en algo que ha comentado el senador Saura. Nos ha recordado que hace relativamente poco tiempo, hace un mes, se presentó una iniciativa sobre la investigación y la posibilidad de acceso a los archivos del Ejército con la que el ministro de Defensa dijo estar totalmente de acuerdo, aunque mencionó problemas de desclasificación, clasificación y, sobre todo, de personal. Pero también señaló que no había presupuesto; es decir, estaba de acuerdo con la iniciativa pero no había presupuesto. Sin embargo, el Gobierno nos presenta ahora un proyecto de ley para conceder créditos para la compra, fundamentalmente, de gran material militar.

Estas prioridades en una democracia como en la que estamos viviendo son absolutamente inadmisibles porque nunca se va a poder investigar nada si todo el presupuesto se gasta en material militar. Hoy la noticia en China es que hay un gran desfile militar porque se conmemora el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha hecho el gobierno chino? Un gran desfile militar; y en ese gran desfile el presidente de China ha anunciado que se van a reducir 300 000 efectivos del ejército; es decir, por lo menos, dándose cuenta de que se tienen que redimensionar las fuerzas armadas de China, ha dicho que van a reducir personal. En cambio, aquí, estamos hablando de créditos extraordinarios y nuestra gran sospecha es que no se quiere decir cuánto se gasta, cuál es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Estos créditos extraordinarios son pequeñas trampas que se van haciendo para confundir al personal en relación con algo tan importante como la defensa.

Sabemos que el Estado español tiene, lógicamente, compromisos europeos. En la última reunión de la Asamblea del Atlántico Norte, el secretario general hizo mucho hincapié en los gastos de defensa que debía tener cada Estado dados los nuevos peligros que acechan a los países y, sobre todo, a la Unión Europea. Pero creemos que esos no son los gastos que se deben realizar en defensa y, en todo caso, este crédito extraordinario debería dedicarse fundamentalmente a investigar, pero desgraciadamente no va a ser así. Por eso, mi grupo parlamentario va a votar a favor de los vetos y en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Como ya se ha dicho reiteradamente, estamos hablando de un crédito extraordinario de 852 millones de euros para los PEA, los programas especiales de armamento, así como un suplemento de crédito de 4 millones de euros para el Hospital Militar Gómez Ulla a fin de realizar una serie de obras relacionadas con el brote de ébola; por cierto, quiero pensar que estas obras ya deben estar realizadas e incluso pagadas, financiadas, como se ha dicho, con cargo a la deuda pública.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para rebatir el argumento de falta de transparencia, de la técnica presupuestaria utilizada, etcétera, ha dicho que una prueba de que no es así es que si esto lo debatiésemos en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, el debate duraría cinco minutos y, en cambio, como estamos debatiendo la cuestión en este proyecto de ley durará dos horas. La pregunta es, ¿acaso tuvimos, en el año 2012, este debate en el Senado? No ¿Y en el año 2013, tuvimos este debate en el Senado? Tampoco. ¿Y en 2014? Tampoco. ¿Qué se hizo en estos tres años? Simplemente, un Real Decreto-Ley que se convalidó en el Congreso de los Diputados. Y este año, en cambio, se hacen las dos cosas. Real Decreto-Ley, en mayo de este año, convalidado en el Congreso de los Diputados y, al cabo de dos meses, el Gobierno, como viene haciendo últimamente, casi en período de descuento, presenta un proyecto de ley. La pregunta, utilizando una expresión que usa mucha el compañero senador Saura, es: ¿por qué? Pues solo hay una respuesta; o hay varias, pero yo voy a dar una, y es que este proyecto se ha tramitado como proyecto de ley precisamente porque hay muy serias dudas de que pase el filtro del Tribunal Constitucional, del tribunal al que llevaron algunos grupos parlamentarios el año pasado el debate del Real Decreto-Ley. Dicho de otra manera, para intentar solventar única y exclusivamente una cuestión, porque tal vez —yo añado: probablemente, con toda seguridad— el Tribunal Constitucional dará la razón a los grupos políticos que interpusieron recurso el año pasado. Para curarse en salud y no, por tanto, para la transparencia o para que hubiese un debate público tranquilo y sosegado, este año, y únicamente este año, se ha tramitado también, no únicamente como Real Decreto-Ley, sino como proyecto de ley.

Estamos hablando —ya se ha comentado— de unas previsiones iniciales de alrededor de 7 millones de euros que se convierten en 852; estamos hablando de alrededor, a lo largo de la legislatura, de 4400 millones de euros cuando inicialmente eran únicamente 27, cerca de 28; es decir, que ha habido un desfase presupuestario del 160 %. Nosotros, los senadores socialistas de la Entesa, no hemos presentado veto a este proyecto de ley no porque no haya razones suficientes, que las hay, sino porque estamos ante un proyecto de ley realmente incongruente, falso. En el caso de que se aprobaran los vetos o uno de los vetos, ¿qué ocurriría? Es evidente que hay unos compromisos contraídos por el Gobierno y no seremos nosotros los que, estemos o no de acuerdo —realmente no estamos de acuerdo—, digamos que no se cumplan los compromisos adquiridos. Por lo tanto, estamos ante un hecho consumado. De ahí que no presentamos veto, pero sí ponemos encima de la mesa enmiendas para resolver esta cuestión, que incidirán básicamente en dos direcciones —lo comentaré un poco más extensamente en el siguiente turno—, en primer lugar, en que los Presupuestos Generales del Estado incluyan esta partida en su totalidad, puesto que es conocida y cierta, y, en todo caso, el desfase que pueda haber ha de ser razonable; y en segundo lugar, en que este debate se haga con tranquilidad, con sosiego, meses antes de presentar los presupuestos en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, para que en un debate sosegado y tranquilo podamos discutir el fondo del tema que son los créditos extraordinarios, los programas especiales de armamento, su utilidad, su necesidad y, en todo caso, su destino.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor portavoz del PP, es difícil defender lo indefendible. Es difícil defender que cuando cada año se presupuestan 6,8 millones se gastan 1000. Usted decía: Esto depende, no se sabe. Mire usted si se sabe que el 23 de mayo de 2013 el secretario de Estado de Defensa dice lo siguiente: Originalmente estaba prevista una cifra que hoy estimamos situar cada año entre 800 y 2000 millones de euros anuales. Es decir, el secretario de Estado de Defensa dijo hace pocos meses que como mínimo iban a ser 800. ¿Por qué aprueban 6,8 si el secretario dijo 800? Pero, además, no ha ocurrido que yo sepa en ningún otro ministerio que un secretario de Estado de Defensa diga que las armas que se han adquirido son poco adecuadas, que son costosas y que el próximo Gobierno deberá hacer un auténtico ejercicio de prestidigitación. No sé si lo recuerdan, pero hace no mucho, hace un año, los periódicos estaban llenos de titulares como este que les muestro: «Un ejército insostenible e hipotecado». ¿Saben por qué hipotecado? Porque los 20 000 millones de euros que el señor Aznar determinó han pasado a ser 30 000 y no se pueden pagar. Como no los pueden pagar, porque ustedes incurrirían en déficit, hacen una trampa: deuda pública. No figuran en el presupuesto; el señor Montoro viene aquí y nos explica cómo controlar el déficit, pero no nos dice que saca por la puerta de detrás, mediante deuda pública, este año 856 millones. Esta mañana, la portavoz del Partido Popular alardeaba de haber destinado 129 millones de deuda pública a servicios sociales; pues esta tarde destinamos 856 a armamento. Esto es, sin entrar en la comparación militar-servicios sociales, simplemente desde la perspectiva de la defensa, insostenible; es hipotecarse; no se puede pagar y tarde o temprano van a tener que reconocerlo. El propio secretario de Estado actual dice en su comparecencia: En el Ministerio de Defensa creemos que no basta con reprogramar los recursos financieros sin tomar medidas ni basta con reconducir el alcance y composición de los programas; estas dos medidas necesarias nos llevan a una tercera medida: la revisión de nuestro sistema de adquisición de estos programas. Hay que reconducir el programa, hay que reducirlo, hay que refinanciar, porque, si no, lo que estamos haciendo es ocultar el gasto militar a la sociedad, esconderlo en el debate de presupuestos e incrementar la deuda pública.

Les agradezco mucho el tono de sus argumentos, pero esos argumentos difícilmente pueden convencer a nadie, no por falta de capacidades, sino porque está clarísimo que esto es un desastre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

¿Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Trataré de abreviar.

Señorías, una vez más tenemos que comenzar denunciando las formas: la utilización abusiva por este Gobierno de los procedimientos de urgencia, de los decretos leyes y la anulación del mínimo debate o intento de acuerdo con otros grupos. Una vez más, su rodillo aplasta cualquier posibilidad de que los representantes de la mitad de los ciudadanos de este país puedan introducir alguna mejora a sus proyectos.

El señor Rajoy pasará a la historia, entre otras cositas, como el presidente que más abusó de los decretos leyes: el 34 % de las iniciativas legislativas lo fueron. Esto, señorías, dice muy poco sobre respeto a la división de poderes y a las buenas prácticas democráticas. Es verdad que nuestra Constitución lo permite, pero solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad, como marca el artículo 86. Claramente, en la mayoría de los casos no ha sido así. Se ha tratado de hurtar no solo el debate parlamentario, sino también los informes de los órganos consultivos. Pero no quedan aquí estas prácticas, tan alejadas de la transparencia y de los hábitos democráticos. A ellas hay que sumarles la introducción —reiteradamente a lo largo de esta legislatura— de enmiendas de calado en la última fase del tramo parlamentario.

¿Pero qué estamos debatiendo realmente aquí esta tarde? ¿La política de armamento de nuestro ejército? Sería un buen debate, y ha habido aquí propuestas distintas, pero no, eso no se debate; aunque lo hemos solicitado reiteradamente. Nuestro grupo está de acuerdo con que se cuente con un ejército moderno y eficaz, acorde con nuestras necesidades como país. ¿Estamos debatiendo acaso el cumplimiento de los compromisos con la industria armamentística? Tampoco. Los socialistas estaríamos de acuerdo en que se pague lo que se deba. ¿Debatimos nuestra participación en misiones internacionales junto a otros países en acciones de carácter humanitario? Tampoco. ¿Nuestros compromisos con las alianzas a las que pertenecemos, como la OTAN? Tampoco. ¿La mejora de los hospitales para luchar contra el ébola? Claro que, no; nadie lo rechazaría.

Lo que hoy debatimos aquí, señorías, no es nada de eso. Yo voy a calificar este debate, que ha tenido otras calificaciones, de absurdo. Porque con este debate vamos aprobar un gasto que, como aquí se ha dicho, ya está aprobado y, posiblemente, pagado. Señorías, reitero que en mayo se aprobó un Real Decreto-Ley que permitía pagar desde el día siguiente de su publicación, al igual que se había hecho en los tres años anteriores de esta legislatura. ¿Qué ha pasado este año, preguntaba el senador Bruguera? Que el Partido Socialista y otros grupos —lo decía él también—



han presentado, después de ese Real Decreto, un recurso de inconstitucionalidad y, como tiene muchas posibilidades de prosperar, con toda seguridad el lobby industrial se ha asustado, no vaya a ser que se declaren nulos los pagos recibidos y no puedan devolverle al Ministerio de Defensa los anticipos que ya habían recibido. Creo que por eso y solo por eso nos obligan a esta farsa, a esta pantomima de debatir una ley innecesaria solo para blanquear el decreto ley y evitar su inconstitucionalidad. Estas son, nuevamente, las formas del Gobierno del Partido Popular.

Pero vayamos al fondo. Invariablemente, el presupuesto inicial que aprueban el Gobierno y estas Cortes asigna al Ministerio de Defensa una cantidad —5778 millones este año—, que se acrecienta año tras año y en el mes de agosto en una media del 40 % del total del presupuesto de Defensa. A 31 de julio, nuevamente, el Ministerio de Defensa tiene la mayor desviación presupuestaria de todos los ministerios y con mucha diferencia: 1951 millones más. Por tanto, se ha pasado de los 5700 millones a 7700 millones. Esto lo publicaba ayer la Intervención General del Estado en la ejecución presupuestaria. Estamos hablando de cantidades muy importantes, señorías.

En lo que va de legislatura este Gobierno ha aprobado créditos extraordinarios por importe de 4400 millones de euros para el Ministerio de Defensa. Van a aprobar —lo han repetido reiteradamente— los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año sin consignar estas cantidades correspondientes a los planes de armamento. En los Presupuestos Generales del Estado figuraban 27 millones para los programas especiales de armamento y han ejecutado, en esta legislatura, 4390 millones: 160 veces más de lo inicialmente presupuestado.

¿Quiere decir esto que el Grupo Parlamentario Socialista no quiere que se pague lo que corresponde? No, y ya lo he dicho. Cuando el anterior Gobierno del Partido Popular aprobó en el año 2002 estos planes había un compromiso de gobierno que hay respetar. Pero lo que el Grupo Parlamentario Socialista pide, una vez más, es que se considere la defensa nacional como una política de Estado, lo que debe obligar al diálogo y al acuerdo, a que los planes de armamento se debatan y consensuen. Pedimos también que asuntos tan sensibles ante la opinión pública, que reciben legítimas críticas ciudadanas en cuanto a la necesidad de estos fondos tan importantes para la defensa del país, se traten con la máxima transparencia y no como se está haciendo, con opacidad. Está claro que los recelos se despiertan cuando hay opacidad, y en el caso de este ministerio, con un ministro tan ligado a la industria armamentística, todavía más. Todo esto hace obligatorio, señorías, que los gastos en defensa se presupuesten inicialmente y que de producirse alguna corrección en ningún caso pueda superar un porcentaje razonable. Que el ministro y altos cargos comparezcan ante el Parlamento y la opinión pública explicando detalladamente en qué se gastan los recursos y no sea posible que, por ejemplo, no sepamos el destino de 400 millones de euros que figuran como no tipificados. No se quejen luego de que se levanten sospechas por el uso correcto de los cuantiosos fondos.

Termino reiterando un mensaje y un compromiso. El buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas, sus arriesgadas y meritorias misiones, su ejemplar compromiso con la democracia española, no pueden quedar empañados por prácticas como la que hoy denunciamos. La transparencia, señoría, legitima, la opacidad crea dudas y sospechas. Por ello, el Partido Socialista estará siempre en disposición de apoyar las políticas de defensa de nuestro país, siempre que se negocien y consensuen y, por supuesto, se abandonen para siempre las malas prácticas que este Gobierno viene realizando año tras año, aunque me temo que, visto lo visto y repitiendo la jugada como lo hace para el presupuesto de 2016, esto no va a ser posible hasta que no haya un nuevo Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Osés.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, responderé un poco a todos los grupos y he de deciros que no busquéis esas intenciones tan oscuras que parece que queréis encontrar en este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene tres objetivos que son muy claros: por una parte, como he dicho, dotar presupuestariamente a las Fuerzas Armadas para hacer frente a las necesidades que presentan y, por otra parte, lo que hemos dicho acerca del hospital —que otra vez lo habéis dejado pasar por alto— que es dotar presupuestariamente las obras del hospital central Gómez Ulla dentro del marco de las actuaciones relacionadas con el ébola.

Ahora iré por el orden de las intervenciones. Senador Espinar, en tu intervención ya me has dejado claro que estáis en contra de que se dote presupuestariamente y se haga frente a estos pagos; pero luego nos has echado en cara que en no sé qué año se produjo un accidente por no contar con los medios necesarios. Vosotros mismos os contradecís: no queréis que se dote presupuestariamente, no queréis que las Fuerzas Armadas cuenten con esos medios oportunos, pero luego si pasa algo la culpa es del Gobierno por no haberlo previsto. (Aplausos). En el resto de la intervención has sido correcto, pero no me ha gustado nada lo que has dicho de que nos debemos a intereses de empresas militares. Si me voy a tu primera intervención, creo que vosotros os deberéis a las empresas de placas solares porque habéis dicho que toda esta partida debería ir a las placas solares que van a poner en Madrid. (Aplausos).

Es evidente que esa partida presupuestaria podría servir para muchas cosas, pero en el caso que nos ocupa sirve para dotar de esos medios, que no decidimos nosotros, sino que son las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa y las personas responsables quienes deben determinar lo que necesita el Ejército —como bien has dicho— en tiempos de paz. En tiempos de paz el Ejército debe estar preparado no solo para la defensa nacional y de la soberanía nacional, sino también para algo muy importante, para las misiones de paz en las que el Ejército se halle incurso en estos momentos o en las que pueda haber. Como has dicho también, dada la situación que se produce actualmente en el mundo respecto a los inmigrantes, son muy importantes las misiones de paz que lleva a cabo el Ejército español en ayuda de estas personas y más en sus lugares de origen. Por tanto, creo que hay que ser un poco más coherentes con lo que se dice en las intervenciones.

El Grupo Socialista no ha intervenido en los vetos, pero también nos ha achacado la puesta en marcha de estos mecanismos. Creo que la respuesta del Partido Socialista sería clara, como ha hecho siempre: no pagar. Aquí nos encontramos con un Gobierno responsable que tiene que hacer frente a su responsabilidad de gobierno y en este caso se trata de atender pagos de una industria que en España es muy importante, de una industria que en España ocupa a más de 40 000 personas, como he dicho antes, de una industria que genera más de 10 000 millones de euros al año y de una industria que tiene más de 800 empresas en este país. Nuestra responsabilidad como Gobierno, a pesar de los vetos y de que no sea una medida muy popular, no tenemos ningún tipo de complejo en decir que estamos a favor de nuestras Fuerzas Armadas, de dotarlas presupuestaria y también extrapresupuestariamente, como es el caso, de dotar a las Fuerzas Armas de esa modernización y de esos medios oportunos que necesitan para realizar una labor tan importante aquí en España y también en el exterior.

Nada más, señorías, y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Osés.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar votando las propuestas de veto al proyecto de ley que acabamos de debatir.

La senadora Cunyat ha hecho uso de su derecho a la votación telemática y ha votado en sentido afirmativo a todas las propuestas de veto, voto que sumaremos a lo que resulte de la votación en el hemiciclo.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 217 más 1 voto telemático, 218; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 140; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218 más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto telemático, 219; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 141; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de la senadora Mora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 219 más 1 voto telemático, 220; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 142; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219 más 1 voto telemático, 220; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 145; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 145; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Por tanto, quedan rechazadas las propuestas de veto de este proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000157 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar las enmiendas de los dos proyectos de ley que hemos debatido conjuntamente esta mañana.

Abran las puertas. (Pausa).

Cierren las puertas.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas del proyecto de Ley Orgánica, y comenzamos por la enmienda número 4, de la senadora Mora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 144; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1 y 2 del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 145; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas números 9 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 145; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5 y 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 6 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 145; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, votamos la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda 12

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 206; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 11; en contra, 145; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 13; en contra, 206 abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 15 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 16 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 143; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 140; en contra, 73; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Votación). 621/000148 Hacienda y Administraciones Públicas

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003.

Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. Votamos la número 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13, 21 y 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 78; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 2, 4 a 12, 14, 15, 17, 19 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios, votamos las enmiendas 130 y 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 143; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 128, 129 y 131.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 1; en contra, 145; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 25 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 148; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 35, 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 23, 24, 26 a 34, 36, 37, 39, 41 y 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 145; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 45, 47 y 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 143; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 50 a 60

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 145; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas 102, 104 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 63, 64, 85, 86, 87, 89 y 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra, 145; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 7; en contra, 143; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos las enmiendas 83, 84 y 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 9; en contra, 143; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 71, 95, 99, 100, 101, 103, 110 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 8; en contra, 203; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 74, 76 a 79, 81, 90, 91, 98 y 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 207; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 7; en contra, 143; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 66 a 70, 73, 75, 80, 82, 92 a 94, 96, 97, 105 y 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 116.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 115 y 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 141; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 114.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 112 y 118 a 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 142; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 62 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 144; en contra, 70; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación). 621/000156 Presupuestos

El señor PRESIDENTE: Señorías, una vez terminadas las votaciones volvemos al debate de las enmiendas del proyecto de ley por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

En primer lugar, el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado las enmiendas 1 a 5. Para su defensa, tiene la palabra su señoría. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor Iglesias. Vamos a esperar a que se tranquilice el hemiciclo.

Señorías, silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías.

Son cinco enmiendas que voy a sintetizar. La primera enmienda que formulé en nombre de Izquierda Unida plantea la supresión de los párrafos primero y segundo del preámbulo en tanto en cuanto, según nuestra interpretación, no se corresponden con la realidad, como tuve oportunidad de exponer en la defensa del veto. Pensamos que se trata de un proyecto de ley que busca sentar un fraude presupuestario para minimizar el gasto de defensa y el impacto que el volumen de este tendría sobre la sociedad española.

La segunda enmienda plantea la supresión del artículo 1, que es el que aprueba el crédito extraordinario. Seguimos pensando que resulta imprescindible afrontar un proceso de revisión de los planes especiales de armamento.

Con otra enmienda defendemos la adición de un nuevo artículo 1 para que, en el plazo de seis meses, se realice una auditoría de estos programas especiales de armamento desde un ámbito independiente, y también en otros seis meses otra auditoria de los créditos concedidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a las empresas responsables del desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de armas en el ámbito de la I+D.

Con otra enmienda planteamos la introducción de una disposición adicional nueva para que en diez meses el Gobierno presente un proyecto de ley para la reducción de la importante deuda que en el ámbito militar se ha generado.

Finalmente, planteamos la introducción en el proyecto de una disposición adicional nueva para que hasta la aprobación de la ley a la que hacía referencia la enmienda anterior se suspendan los pagos correspondientes a los planes especiales de armamento.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las enmiendas 7 y 22 y 8 a 13. Para la defensa de las dos primeras, las números 7 y 22, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño para defender las enmiendas de los senadores del PSC.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, si nuestra voluntad fuese la de no pagar los PEA, evidentemente habríamos presentado veto a este proyecto de ley, y en segundo lugar, habríamos votado a favor de los vetos presentados. Ya hemos dicho que estamos ante un hecho consumado, y claro que somos partidarios de que el Gobierno tenga que hacer frente a las obligaciones adquiridas. Diría más: mucho nos tememos que una gran parte de estos 856 millones de euros ya deben estar pagados.

Lo que decimos es que los programas especiales de armamento tienen que estar incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y en este sentido hemos presentado dos enmiendas. La primera pide que se incluyan las partidas adecuadas en los presupuestos del próximo año para atender los programas especiales de armamento y que, en todo caso, la desviación no pueda exceder, a lo largo del ejercicio, del 20 % sobre la cantidad inicialmente presupuestado. La segunda enmienda propone que antes del 21 de mayo del año próximo se remita a las Cortes para su debate una comunicación sobre el contenido detallado de la financiación de los programas especiales de armamento.

En resumen, señorías —y con ello finalizo—, proponemos, en primer lugar, un debate sereno, tranquilo, sosegado y profundo, y en segundo lugar, que las cantidades necesarias se reflejen en los Presupuestos Generales del Estado y que no se produzcan modificaciones tan enormes como las que se han producido a lo largo de esta legislatura.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Las enmiendas restantes de la Entesa las defiende el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Presentamos seis enmiendas. La primera de ellas, como dijo antes el anterior portavoz, es para que nunca más se vuelva a producir un fraude presupuestario como el que existe desde hace años, porque se presupuestan seis o siete millones de euros y se hace una ampliación de crédito de 800 o 900 millones.

La segunda trata de la necesidad de revisar el programa de los PEA reduciendo material armamentístico no adecuado y facilitando partidas de I+D+i.

Presentamos otra enmienda porque es absolutamente necesario reducir la deuda militar del Ministerio de Defensa. En ese sentido, proponemos una auditoría que determine cuáles son las cantidades viables para que el Ministerio de Defensa siga adelante.

Finalmente, pedimos que en diez meses se pueda discutir en el Congreso de los Diputados y en el Senado una reconducción y reprogramación de los PEA.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

También intervendré de manera muy breve para dar por defendidas nuestras enmiendas y manifestar que, efectivamente, tal como ha expuesto el senador Bel en la defensa del veto, es evidente que nuestras enmiendas van justamente en la línea de que haya más inversión en gasto social, especialmente en partidas como educación o sanidad, que han sufrido unos recortes tremendos. Entendemos que este proyecto de ley no va en esa línea, puesto que este gasto es excesivo. Además, habiendo presumido de que los ingresos han aumentado, entendemos que esta es la situación y por esta razón nuestras enmiendas van justamente en este sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

El Grupo Socialista presenta las enmiendas 23 y 24.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Voy a utilizar este turno para defender las dos únicas enmiendas que presenta el Grupo Socialista. Estas enmiendas lo único que pretenden es inducir al Partido Popular al sentido común, porque este proyecto de ley supone un crédito presupuestario por la friolera cantidad de más de 856 millones de euros con cargo a deuda; deuda, por cierto, que con ustedes ha llegado en este país al cien por cien, y creo que esto es bastante grave.

Decía que estas dos enmiendas lo único que quieren es inducir al sentido común porque —también se ha dicho en el anterior debate— las obligaciones a que van destinados estos créditos ya están pagadas. Es un proyecto de ley que lo único que pretende es rizar más el rizo, porque estas obligaciones fueron pagadas en mayo a través de un real decreto que el Gobierno presentó y que fue aprobado en el Congreso de los Diputados.

Lo único que pretende el Partido Popular es evitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Aunque todo depende de cómo ustedes quieran llevarlo a cabo, porque incluso puede decirles que este real decreto es inconstitucional.

La enmienda a la que aludimos, la número 23, pretende incorporar una disposición adicional para que los Presupuestos Generales del Estado contemplen este tipo de créditos. Por cierto, los presupuestos se están debatiendo en el Congreso de los Diputados y es cierto que el programa 122B del Ministerio de Defensa solo incluye —de ahí la sorpresa del Grupo Socialista— para programas especiales de armamento 6,8 millones de euros.

Estos créditos inflan de manera extraordinaria el gasto de Defensa con una cantidad que nos parece no solo escandalosa, sino que pone en evidencia cuáles son las prioridades del Partido Popular.

Con esta enmienda también pretendemos —pensamos que todavía están a tiempo de hacerlo— que el Gobierno no pueda aprobar modificaciones presupuestarias relativas a los créditos destinados a los programas especiales de armamento previstos en los Presupuestos Generales del Estado en una proporción mayor al 20 % de la cantidad inicialmente presupuestada.

Ustedes predican mucho, hablan mucho, pero a la hora de la verdad han tenido la oportunidad de presentar unos Presupuestos Generales del Estado con las cantidades reales, es decir, con sentido común, pero no lo han hecho.

Con la segunda enmienda que hemos presentado pretendemos, a través de otra disposición adicional, que antes del 31 de marzo del 2016 el Gobierno comunique para su debate el contenido detallado de la financiación de los programas de armamento que, además, como bien se ha dicho antes, tiene que ser un debate riguroso, sereno y tranquilo, porque son cuestiones de Estado que afectan a todos los españoles. Por otra parte, las circunstancias que está viviendo este país hacen necesario que estos debates se hagan con tranquilidad. Por eso presentamos estas dos enmiendas.

Espero que sus señorías las acepten porque, de lo contrario, quedaría en entredicho esa rigurosidad y ese saber estar que se supone que tiene que tener un Gobierno.

En todo caso, en el turno de portavoces diremos cuál es nuestra posición respecto del resto de las enmiendas y, por supuesto, del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Vicente.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de leer y escuchar con atención sus intervenciones acerca de las enmiendas, puesto que la mayoría de ellas coinciden en varios argumentos esenciales, no voy a defenderlas una por una, sino a dar una respuesta global a cada asunto.

Creo que no me equivoco si digo —lo comentaba mi compañero— que ustedes no han cuestionado en absoluto ni la partida del hospital ni la del municionamiento, de modo que no sé si lo que pretenden es cuestionar el modo de tramitarlo. Me da la sensación de que en realidad lo que les disgusta es que se destine dinero a armamento, por más que estén continuamente diciendo que no.

Hablan de anular algunos programas. Pues bien, parece que no les resulta prioritario que nuestros hombres y mujeres, cuando van a una zona de conflicto, dispongan de los medios suficientes para poder cumplir con su misión —algo importante— y que puedan volver de una pieza —algo más importante todavía—. Creo que esto es una cuestión de Estado y no debería tener color político.

Aquí se ha comentado en varias ocasiones que eran unos programas iniciados con el Gobierno de Aznar, como si anteriormente no se hubiera gastado en defensa. Evidentemente, había que modernizar el Ejército una vez que la transición ya estaba bien encaminada, pero aparte de eso, que yo recuerde, quien encargó los tres proyectos más caros de nuestra historia —el carro Leopard, la fragata F-100 y el Eurofighter— fue el ministro García Vargas, que era del Gobierno de Felipe González, cosa que me parece estupendo, me parece muy bien y no lo cuestiono en absoluto. Simplemente quiero colocar las cuestiones en su sitio. Ya sé que en todas sus intervenciones el PSOE está haciendo gala de que defiende esto, como es normal por esta razón, pero como se había comentado por otros grupos como si el Gobierno Aznar fuera el único que había decidido de repente enloquecer dotando de armamento al Ejército digo esto porque las cosas tienen que quedar en su lugar.

En tiempos de crisis todo se complica, y es cierto que cuando de repente se encuentra uno con el déficit con que nos encontramos puede parecer difícil pagar. De hecho, una de las cuestiones con que nos encontramos fueron dos años impagados —unos 1800 millones impagados— en el moroso cajón socialista. Entonces, cuando llegamos al Gobierno, con el panorama que nos encontramos, tuvimos que hacer frente a los pagos propios, a los que correspondían al año en que estábamos, y también tuvimos que pagar lo que no había pagado el Gobierno anterior.

Sobre los PEA he oído no solamente ahora en las enmiendas, sino también en los vetos, una cuestión que yo creo que es la que confunde toda esta situación. Ya sé que no les va a gustar de todas maneras la explicación, porque ustedes tienen otros argumentos, pero sí son cantidades previstas, no son imprevistas, son compromisos adquiridos —es algo que decimos continuamente—, pero una cosa es que el compromiso y el monto esté previsto y otra cosa es que el momento exacto de la entrega, que es cuando Defensa lo recibe y que, por lo tanto, es cuando Defensa se ve obligada a hacer frente a los pagos, que ese momento pueda estar valorado en tiempo exacto. Les pongo un ejemplo: cuatro F-400 tenían que haber sido entregadas en mayo de este año, y como no están en servicio no se tienen que pagar todavía.

Ustedes hablan de prioridades, de educación, de sanidad, de gasto social, etcétera, pero en tiempos de crisis les parece de más sentido común apalabrar a principios de año en una partida presupuestaria concreta una cantidad a la que quizá no se tiene que hacer frente en lugar de destinarlo a otras partidas. En mi opinión, es una falta de sentido común.

El decreto ley es un instrumento perfectamente legítimo; ahora bien, el año pasado cincuenta diputados, no contentos con haber dejado intranquila a toda la industria española —porque se trata de muchísimas empresas, como después explicaré— con dos años impagados, decidieron poner un recurso porque no les gustaba la forma de tramitar los créditos extraordinarios, forma que se había utilizado también en alguna ocasión incluso por el Gobierno socialista. Y al final dice uno: Pues muy bien, generamos incertidumbre. El Partido Popular, intentando que eso no suceda, dice: ¿Hay que redundar? Muy bien, pues hacemos un proyecto de ley. Pero ahora traemos un proyecto de ley y resulta que tampoco les gusta, dicen que no, que para qué. Tienen que aclararse. Yo entiendo que muchos preferirían no pagar, pero eso tiene varias pegas: las empresas tienden a querer cobrar, satisfacer sus compromisos y pagar a sus trabajadores.

En cuanto a la opacidad, creo que ya lo ha comentado suficientemente mi compañero. Evidentemente, no es lo mismo estar aquí dos horas debatiendo, más la docena de debates en puntos separados de los órdenes del día del Congreso y del Senado, que incluirlo en un debate macro y de barullo como todos sabemos que es el de los Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara porque ahí tendrían cinco minutos de publicidad.

La cuestión es que todas las intervenciones quedan a disposición de los ciudadanos en audio, vídeo, en la web del Senado, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y no solo eso, porque los pagos realizados, las previsiones, la recepción de unidades, etcétera, están publicados en el BOE y en el Boletín Oficial de la Defensa. Por tanto, la opacidad y la poca transparencia no sé dónde lo ven. Por si no lo saben —puede que no—, en la web de Defensa hay informes pormenorizados programa por programa, descritos hasta la saciedad, con información sobre características, costes de financiación, diferenciación entre fondos provenientes de Defensa, de Industria, gestión y organización, etcétera. Será poco amena su lectura, pero ahí está todo lo que realizó el Gobierno a principios de legislatura cuando renegoció —algo que piden en algunas de sus enmiendas—, resituó los techos de gasto y reprogramó algunos de los programas, lo que a su vez nos ha permitido reducir la deuda en 8000 millones. Hay que estar continuamente encima de esa reprogramación, y esa es una buena razón para pagar a la entrega, porque de esta manera se puede presionar y hacer que las cosas avancen. Es así como funcionan las cosas, como todo en la vida, estando continuamente encima. En cualquier caso, está claro que no se oculta el debate.

He visto que en alguna enmienda piden auditorías, que se audite todo, como si esto estuviera como un barrizal. Pero, señores míos, el Estado tiene sus propios medios de auditoría y todo está perfectamente controlado. El Ministerio de Defensa reformó el sistema de adquisiciones, centralizando en la Dirección General de Armamento y Material toda la responsabilidad de la dirección y control de los programas; ha reforzado el papel como instrumento auditor esencial del Grupo de Evaluación de Costes de la Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos —es difícil decir todo esto seguido—, de todo lo cual el secretario de Estado de Defensa ha dado puntual cuenta en distintas comisiones. A todo esto hay que añadir el Tribunal de Cuentas, que audita e informa públicamente, como alguien ha dicho anteriormente; efectivamente, el Tribunal de Cuenta también informa de lo que se hace bien, sin menoscabo, por supuesto, del control del Ministerio de Hacienda.

La verdad es que me llama la atención que los grupos de oposición, mayoritariamente de izquierdas, que han hecho esos comentarios defienden mucho lo público —que me parece muy bien—, pero parece que el trabajo de auditoría de los funcionarios públicos no les merece confianza; y la cuestión es que ustedes parece que prefieren externalizar —cuando normalmente no lo quieren hacer—. Parece ser que en Alemania se hace, y me parece estupendo que les parezca muy bien que algo se haga bien en Alemania, porque parece que lo demás no les gusta mucho. Me gustaría saber si esa desconfianza en el seguimiento de control de las cuentas se extiende a otros sectores que no sean el de armamento o solamente desconfían de los funcionarios públicos y del control cuando es de armamento.

En cuanto a la necesidad de programas en sí, hay una coherencia estratégica y no voy a entrar en eso porque ya es más una cuestión de todo el debate de defensa que no de este Pleno y, aparte, estoy viendo que me hace falta tiempo.

Senador Saura, en cuanto lo que dijo antes del submarino, a mí me parece que resaltar que un submarino en pruebas tenga problemas..., para eso están las pruebas, pero bueno, usted puede verlo de otra manera. Le voy a leer solamente un párrafo: España ha pasado de ser un fabricante de sistemas convencional a exportar tecnología militar y a adentrarse en la vanguardia de la investigación aplicada a la defensa. La industria de defensa se caracteriza por su eficacia en la integración de grandes plataformas como buques, aviones, óptica espacial, acústica submarina, simuladores aeronáuticos, navales, terrestres, radares... No voy a seguir para no extenderme. Déjeme aclararle que todo esto que digo —y que me parece que no es correcto pretender, como con ese ejemplo, dejar ahí una chinita, como si fuésemos algo así como gente que no opera bien cuando hace cosas en industria, que me parece que dice bastante poco— no lo dice en plan propaganda el Gobierno ocultista de derechas que me honro en apoyar en nombre de mi grupo en plan propaganda, sin que lo dicen Comisiones Obreras y UGT en un informe de principios de este año.

Respecto a la necesidad de que existan este tipo de programas de defensa y de que las cosas se hagan lo mejor posible, las Fuerzas Armadas necesitan armas modernas. Ustedes dicen: Bueno, no, es que... —menos el PSOE que ha dicho que ellos comprenden que esto es así—. Sí, las necesitan. Cuando nuestros hombres y mujeres salen fuera a defender la misión que se les encomienda tienen que ir bien pertrechados. No puede discutir esto y no deberían tender a la mezquindad sobre si se pueda dar un crédito o no, porque luego, cuando pasa algo, son ustedes los primeros en pedir una comisión de investigación, y a mí me parece bien, pero está en contraste y perversión con venir aquí a cuestionar cómo se hace. Es una perversión del discurso.

Además, están haciendo ustedes, hasta cierto punto, una trampa dialéctica, porque atacan estos pagos de Defensa, pero cuando luego van a sus lugares de referencia en las ciudades donde hay industria con armamento, defienden ustedes —como debe ser— con uñas y dientes que se invierta en armamento. ¿O me van a decir que cualquiera de ustedes, cuando vaya a su ciudad de referencia, se va a poner delante de los medios a decir que no se dé un euro más para las industrias de referencia que tenemos porque les parece poco prioritaria la defensa nacional? ¿O simplemente van a decir que no les gusta que el Gobierno lo haga mediante un decreto ley o mediante un proyecto de ley porque lo que quieren es que figure en los presupuestos y que si no, que no lo hagamos? ¿De verdad les parece que esto es lo más importante, si se hace como decreto, como proyecto de ley o se incluye en los presupuestos generales? Son más de sesenta mil trabajadores en más de ochocientas grandes, medianas y pequeñas empresas en ese sector, y dudo que lo más importante sea si se hace mediante un decreto ley. Vayan allí y díganles que sí, que quieren ahorrarse —había una enmienda de sustitución por ahí que lo proponía— todo este dinero de armamento porque lo que quieren es comedores sociales y guarderías y que no se preocupen, que con el dinero que ahorramos les damos una subvención, con lo cual podrán ir allí y comer gratis cuando se queden sin trabajo.

No, señorías, ninguna política social ni ninguna partida presupuestaria es más importante y beneficiosa que tener el propio empleo y el propio sueldo. Sesenta mil personas en cadena sería el desastre que sucedería si de repente se anulan todos estos programas y se achica toda esta industria. No sería algo hermoso.

Llevamos toda la legislatura tratando de explicarles esto. Ustedes no lo quieren ver y, por lo visto, prefieren gente subvencionada y amarrada a sus discursos.

Acabo. Supongo que a estas alturas no les quedará duda de que, en nombre de mi grupo, voy a votar que no a sus enmiendas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Sampedro.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Intervengo desde el escaño.

Dice la portavoz del Grupo Popular, en un discurso que si hubiera hecho un portavoz de Podemos no hubiera tardado en tildar de demagógico y populista, que lo que hay que hacer es defender los empleos de la gente que está en la industria armamentística. Señoría, Indra, empresa que está en la industria armamentística, tiene como accionista mayoritario a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con un 20 % de su capital. ¿Sabe lo que ha hecho la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Indra? Facilitar un ERE de 1850 trabajadores, que es el 10 % de la plantilla de la empresa en España. ¿Dónde? En la división de I+D, en la división de desarrollo, en la que precisamente genera empleo y futuro para esta país. No den ustedes lecciones de creación de empleo con la que están liando en este país. (Rumores).

Nos decía el otro portavoz que ha intervenido en este debate que nuestros soldados necesitan armamento y equipamiento moderno, y que nosotros incurríamos en una contradicción cuando les decíamos que los explosivos que utilizan algunos cuerpos de nuestras Fuerzas Armadas están en ocasiones en mal estado. No, señorías, lo que les estamos diciendo es que esos explosivos son un material militar muy barato, pero ese ustedes no lo renuevan ni lo compran; lo que están comprando ustedes son fragatas, obuses y misiles muy caros porque les interesa que la industria armamentística haga el negociazo que hace con los más de 3500 millones de euros que se han gastado ustedes en créditos extraordinarios, verano tras verano, en el mes de agosto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo sacan de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Porque es muy importante y a ustedes les da igual sacarlo de los presupuestos ya que lo importante es ese gasto militar? No, señoría. Es porque ustedes no se atreven a contar a los españoles que ustedes se gastan 1000 millones de euros más al año en defensa de lo que les cuestan en los Presupuestos Generales del Estado. Queda mucho mejor hacer la propaganda que están haciendo con los Presupuestos Generales del Estado y decir: Estamos haciendo un presupuesto social en el que defensa pesa un tanto por ciento que después corrigen ustedes en el mes de agosto con créditos aprobados con agosticidad y alevosía.

No nos van a dar tampoco lecciones de defensa de los militares. Los militares, cuando van a misiones de paz, necesitan estar bien pertrechados y tener buen armamento. Señorías, ¿saben ustedes cuánto cobra un soldado raso en España? Se lo recordaba antes: 1133 euros brutos al mes. Es decir, un soldado raso en España no es ni mileurista. Paguen ustedes buenos sueldos a nuestros soldados y no den tantas lecciones de cómo tienen que ir pertrechados. (Rumores).

A ver si se puede terminar alguna intervención en esta Cámara sin que la bancada del Grupo Parlamentario Popular chille, berree y patalee.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, dejen terminar al señor orador. Él no ha interrumpido a nadie.

El señor ESPINAR MERINO: Señorías, decir que este crédito sirve para que nuestros militares estén bien pertrechados significa más o menos creer que los militares españoles son como Ironman, porque no conozco ningún militar que vaya pertrechado con una fragata, con un obús o con un misil en la espalda. Tenemos material militar más que de sobra para tiempos de paz. Lo que necesitamos es gasto social y también otras inversiones. Si quieren ustedes gastar dinero en las Fuerzas Armadas, gástenlo en pagar las subcontratas que el Ministerio de Defensa no está pagando, las empresas que están sirviendo a nuestro Ejército y que están teniendo que cerrar y hacer ERE. Gástenlo en adecentar los salarios de nuestros soldados. Gástenlo en que las mujeres que trabajan en el Ejército no tengan que estar denunciando, día sí, día también, problemas para conciliar su vida laboral y familiar. En definitiva, gasten el presupuesto público con responsabilidad, y no en hacer más rica a una industria armamentística, que ya lo es, y mucho. Ustedes lo hacen por lo que lo hacen, porque el señor ministro Morenés está atrapado en una puerta giratoria entre la industria armamentística y el Gobierno.

Por último, antes me decía el señor portavoz del Grupo Popular: Es como decir que ustedes defienden las renovables porque tienen que ver con la industria de las placas solares. Pues miren, nosotros no tenemos una trama Púnica en la que hay empresas vinculadas al sector armamentístico ni hemos puesto a un ministro de Defensa que, diez minutos antes de serlo, era un lobbysta del sector armamentístico. Eso solo lo hace en este país el Partido Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Espinar.

El Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señora senadora, no intente ridiculizar con argumentos. No puede usted decir que lo que proponemos es que los soldados vayan mal pertrechados y que puedan sufrir accidentes, porque es mentira. En definitiva, decir que en mi intervención he abogado por la supresión del Ejército también es mentira. Le pido que no ridiculice y que no lleve el debate a unos extremos que no están planteados.

¿Cuáles son los extremos planteados? En relación con si ha de estar presupuestado o no, el secretario de Estado de Defensa dice que, como mínimo, hay 800 millones de euros; en concreto, hay de 800 a 1000. ¿Por qué no lo ponen? Usted dice: Es que esto no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? ¡Pero si lo dijo en una comparecencia el 23 de mayo de 2013! ¿Por qué no se ponen los 800? Los argumentos con los cuales ustedes justifican no incluir los 800 millones son, permítame decirlo, ridículos. No incluyen los 800 millones de euros para minimizar y, en definitiva, para que no se sepa cuál es el gasto militar.

En segundo lugar, el tema del submarino lo he puesto como un ejemplo de lo caro que es esto. Quiero leer también el texto de su secretario de Estado de Defensa, cuando dice que hay un problema en Navantia en relación con este submarino. Yo he dado dos cifras que ejemplifican el disparate económico de este programa. Localizar qué le pasaba al submarino cuesta 14 millones de euros y repararlo, 800 millones de euros. Las cifras son brutales. El conjunto de gasto de este programa, que empezó en 20 000 millones, está ahora en 30 000 millones. Y yo hacía una comparación: mientras que las inversiones del Estado en Cataluña para 2016 son de 1000 millones de euros, el coste del PEA equivale a más de treinta años de inversiones del Estado en Cataluña.

Finalmente, me gustaría añadir un par de cosas más. Nosotros no estamos planteando que no exista ejército y que este no sea eficiente. Lo que les estoy diciendo es que el propio secretario de Estado de Defensa dijo que el material de los PEA no era adecuado y que estaba financieramente sobrevalorado, lo cual llevaba a una situación insostenible en el Ministerio de Defensa; es decir, que o ustedes hacen frente al problema o el Ministerio de Defensa, como se dice aquí, está hipotecado y es in-sos-te-ni-ble. No lo digo yo, lo dijo el secretario de Estado de Defensa. Y el nuevo secretario de Defensa ha dicho, en contestación a preguntas que yo le formulé por escrito y en comparecencias públicas en el Congreso y en el Senado, que quiere reprogramar y reconducir.

En síntesis, el hecho de que el Estado español tenga un programa de armamento que los propios responsables del Gobierno digan que no es adecuado, que inicialmente costara 20 000 millones de euros y ahora 30 000 millones, que todo eso se intente esconder sin que aparezca en el presupuesto, es absolutamente denunciable. Y se equivocan si intentan utilizar argumentos ridículos, insisto, para defender una posición que es absolutamente inaceptable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

¿Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra. Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente, doña Yolanda.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Sampedro, yo no sé si usted no me ha entendido en mi intervención anterior, pero el Grupo Socialista va a votar en contra de este proyecto de ley. Y vamos a votar en contra, no solo porque consideramos que es un proyecto de ley inútil, sino porque además es una desfachatez presentar un proyecto de ley para aprobar unos créditos que ya están pagados. Llamar créditos extraordinarios a unos gastos planificados desde hace tres años, ¡hombre!, parece que el Gobierno del Partido Popular quisiera llamarnos tontos al resto del hemiciclo, y desde luego no lo vamos a consentir. Por eso le reitero que el Grupo Socialista va a votar en contra.

Al final, usted da la razón al Grupo Socialista cuando dice que han presentado un proyecto de ley porque, a lo mejor, el real decreto podía ser inconstitucional —usted lo decía hace unos minutos—. Por si acaso, decía, hemos presentado este proyecto de ley y, claro, ahora ustedes están en contra porque reconocemos que nos habíamos equivocado. Senadores del Grupo Popular, senadora, esta desfachatez suya y esta ansiedad legislativa de este final de legislatura dan la sensación, no solo a los que estamos en este hemiciclo sino a todos los españoles, de que están desorientados. Este Gobierno del Partido Popular está desorientado porque en cuestiones de Estado tan importantes como esta —que se tienen que debatir de manera tranquila y sosegada, pues se trata de programas especiales de armamento— el debate se tendría que hacer con el resto de los grupos parlamentarios, que se lo han pedido, comparecencia tras comparecencia, al propio ministro y al propio secretario de Estado durante los últimos cuatro años. Pero ustedes siguen su rumbo y, desde luego, las urnas les dirán lo que les tengan que decir, porque se están equivocando muy mucho.

Sí quisiera decir cuál va a ser el sentido del resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos para que entiendan perfectamente que no es que no estemos a favor del fondo, del contenido, sino que, como bien he dicho anteriormente, hay que dar un poco de sentido común a lo que debe tenerlo. Este proyecto de ley es de 856 millones de euros, por cierto, con cargo a deuda —y reitero, con cargo a deuda—. Si hacemos un símil entre los casi 800 millones de este crédito presupuestario y lo que deben las familias españolas, que también son 800 millones, no creo que el Gobierno del Partido Popular presente un proyecto de ley con un crédito extraordinario para pagar la deuda de los españoles. Con lo cual, señorías, entendemos que este proyecto de ley no se ajusta a lo que se tiene que ajustar. El Gobierno no prioriza las demandas de los ciudadanos españoles, como tendría que ser.

Permítanme, además, que le dé otro tirón de orejas al Partido Popular, porque me da la sensación de que estamos viviendo una película de ficción. Se están debatiendo los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados —todavía no ha terminado el trámite parlamentario, este trámite exprés que estamos viviendo en el Parlamento— y si esto es tan urgente y tan predecible —porque lo es—, han tenido la oportunidad de incorporarlo a los propios Presupuestos Generales del Estado y no lo han hecho.

Como decía antes, el programa 122 B, de armamento, es de 6,8 millones de euros. Este proyecto de presupuestos tiene una partida de 856 millones de euros. Eso, señorías, es difícil de explicar. Por eso vamos a votar en contra, porque este proyecto de ley es incongruente por predecible. Y es que hasta el propio título del proyecto de ley es incongruente. Un crédito extraordinario de algo predecible, señorías, lo único que hace es poner parches legislativos, que es lo que están ustedes haciendo y pone de manifiesto la poca planificación que están ustedes teniendo durante toda la legislatura, sobre todo, al final.

Por eso, señorías, les pido valentía para que incorporen las dos enmiendas del Grupo Socialista en los Presupuestos Generales del Estado. Mi grupo estará pendiente para que lo hagan. Les damos esa oportunidad. Y reitero que votaremos en contra. Espero que sus señorías entren en razón en algún momento porque de lo contrario no solo no les entenderemos nosotros, sino que pocos españoles entenderán lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en los últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Vicente.

Tiene la palabra la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

No voy a contestar por orden. Empezaré por el senador de Podemos. Perdone, pero en este momento no recuerdo su nombre. No es nada raro, me cuesta meses quedarme con los nombres. Yo no pretendo dar lecciones de demagogia a su grupo ¡faltaría más!, en eso son ustedes doctores. (Aplausos). Pero me permitirá que le diga que no tienen ustedes tampoco los derechos de autor para hablar del derecho al trabajo, a conciliar y demás. Nosotros también tenemos algún que otro éxito creando empleo en dos crisis consecutivas. Y me parece a mí que usted debería cortarse a la hora de dar lecciones a los demás, teniendo en cuenta que no han gobernado y que, por lo tanto, no han demostrado si realmente serían capaces de generar empleo. Pregunte a los que también han gobernado, a esta otra bancada, porque no es nada fácil. (El señor presidente ocupa la Presidencia).



Y, sin embargo, como le digo, el Partido Popular lo ha hecho en dos ocasiones. Solo le diré una cosa: que les paguemos a los soldados 2000 euros no les va a evitar el peligro de morir si no van en un buen carro de combate o bien pertrechados. Eso no tiene nada que ver. Es otro discurso.

Senador Saura, no sé si nos hemos entendido mal, pero, por no liarnos ahora con los tiempos, no vamos a entrar en eso. En ningún momento le he querido ridiculizar ni pienso que usted me quiera ridiculizar a mí, ni nada. Ya lo aclararemos, porque no he dicho en ningún momento que usted pretendiera quitar el ejército, o algo así. Hemos tenido algún error en la interpretación.

Senadora del PSOE, no tenía ninguna duda de que ustedes iban a votar en contra. Sí creo haberle entendido bien que ustedes creen que hay que dotar al ejército de armamento, así lo ha dicho y a eso me remitía. No, no, en absoluto pienso que ustedes van a votar a favor. ¡Por Dios!, eso sería una barbaridad. No se empeñen. A ustedes no les gusta que paguemos armamento, no les gusta que lo hagamos vía decreto, pero eso no quita para que esto sea perfectamente legítimo. La base jurídica de estos créditos y suplementos se encuentra en el artículo 55 de la Ley presupuestaria, que establece la obligatoriedad de esta tramitación cuando se ha de realizar con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado. Sí le dije que cuando presentaron ese recurso ustedes generaron una incertidumbre añadida porque, evidentemente, ustedes pueden ganar pero también pueden perder. No estoy asumiendo para nada que eso sea así. Le estoy diciendo que en el momento en que judicializan la vida política generan una incertidumbre. Esto es normal —creo que usted lo entenderá— y nos ha correspondido hacer un instrumento más para poder volver a reequilibrar esa confianza, que no es por nada, pero en época de crisis es cuando este tipo de desconfianzas pueden hacer mucho daño. Sé que a ustedes no les importa porque lo han hecho y se han cargado el país dos veces, pero a los demás sí nos importa y luego cuesta mucho volver a colocarlo en su sitio.

En cualquier caso, yo sé que hay grupos en esta Cámara que no lo creen así, pero la defensa nacional para mí, como ciudadana, independientemente como senadora y como representante de mi grupo, está fuera de toda discusión y es una obligación básica del Estado. Y es la que, una vez asegurada, nos permite estar aquí discutiendo si nos conviene un decreto ley o un proyecto de ley, o sí o no, o si son galgos o podencos. Es la que garantiza la soberanía nacional, la integridad territorial y, sobre todo —estoy segura de que lo saben—, es la que nos permite decidir sobre nuestros derechos y libertades.

Por esa razón, a pesar de todo lo que se ha dicho aquí, les pido su voto favorable. Igual que usted me pedía, con la misma sensación de inutilidad, que retirásemos la ley, les pido yo a la vez su voto favorable para un crédito necesario y coherente por encima de esa opinión acerca del procedimiento que, por cierto —reitero—, es perfectamente legal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de este proyecto de ley. Comenzamos con las del senador Iglesias.

Votamos las enmiendas números 1, 2 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 143; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 15; en contra, 144; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas números 7 y 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 142; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 8 a 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 145; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas números 14 a 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 146; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 13; en contra, 143; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas números 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 144; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 142; en contra, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento (procedente del Real Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo).



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. 621/000141 Defensa

El señor presidente da lectura al punto 9.1.7.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa, el senador López Valdivieso.

El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no estamos, por lo que a su contenido se refiere, hablando estrictamente de un nuevo proyecto de ley. Su propia denominación así lo indica: Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. No tiene mejor presentación ni justificación que el contenido del primer párrafo de su preámbulo. La disposición final undécima, dice el preámbulo de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación y que, a estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo que aborde los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley. La Comisión de Defensa del Congreso aprobó, en su sesión de 9 de julio de 2104, el informe de la subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007 de la carrera militar en el que, tras delimitarse el alcance del mandato del legislador, se realizó un análisis de las propuestas realizadas, tanto en relación con cada una de las materias incluidas en aquel como con otras materias contempladas en la Ley de la carrera militar. Dicho análisis concluyó con la formulación de diversas propuestas que ahora son recogidas en esta modificación legislativa, dando así cumplimiento al mandato contenido en la Ley Orgánica 9/2011. Todo esto se refleja en el hecho de que esta ley tiene un solo artículo, un artículo único que recoge modificaciones a un buen número de artículos y a diversas disposiciones transitorias, adicionales y a una disposición final de la Ley 39/2007. Este proyecto de ley que hoy debatimos tuvo entrada en esta Cámara el pasado 9 de julio y, tras diversas vicisitudes, el dictamen de la ponencia fue aprobado por la Comisión de Defensa el día 29 del mismo mes por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Al proyecto se habían presentado 73 enmiendas y ningún veto.

Es indudable, a juicio de este presidente de comisión, que se ha cumplido el mandato legal recogido en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el objetivo perseguido, como muy bien manifestó el senador Abad Benedicto, portavoz del Grupo Socialista, en su intervención en la sesión de la comisión el día 29 de julio. La cuestión que nos preocupa —dijo el senador Abad Benedicto— es si el resultado final es positivo o no para los militares, para nuestras Fuerzas Armadas. Creemos, sin duda, que la respuesta es sí.

Para terminar, quiero agradecer a los ponentes senadores Yanguas, Sabaté, Álvarez Villazán, Abad, Campoy y a la señora Durán Vadell y a todos los portavoces y miembros de la comisión, así como al letrado Fernández Carnicero, la labor y el trabajo realizados en la tramitación de este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Valdivielso.

Pasamos al debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Pausa)

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Senador Yanguas? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? El senador Sabaté tiene la palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Realmente, es un proyecto de ley que, como ha dicho el señor López Valdivielso, presidente de la comisión, lo que hace en realidad es modificar un proyecto de ley anterior. Por tanto, ni siquiera tiene entidad como una ley en sí misma, pese a que es bien cierto que es muy importante para los colectivos de las Fuerzas Armadas a los que afecta. Además, es un proyecto de ley que ha tenido un elevado nivel de consenso en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nos hemos limitado a presentar cinco enmiendas que intentan mejorar algunos aspectos de dicho proyecto de ley, atendiendo a las demandas de algunos de los colectivos afectados.

En la enmienda número 26 al artículo único, apartado catorce —de adición—, proponemos que los suboficiales de la Armada regidos por la Ley 19/1973, de Especialistas de la Armada, puedan acogerse al primer párrafo del apartado número 4 de la disposición transitoria octava igual que el resto de suboficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire.

En la enmienda número 27…

El señor PRESIDENTE: Senador Sabaté, perdone que le interrumpa, pero estamos en el turno de portavoces del debate de totalidad. Luego procederemos al debate de las enmiendas.

El señor SABATÉ BORRÀS: Disculpe, señor presidente, pero había entendido que estábamos en el turno de enmiendas. Luego volveré a intervenir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió, ¿desea hacer uso de la palabra su portavoz? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones). Tampoco hay intervenciones.

¿Quiere hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 25 presentadas por el senador Iglesias.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: No sé dónde está mi compañero Iglesias. En todo caso, doy por defendida la totalidad de las enmiendas presentadas por el señor Iglesias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado tres bloques de enmiendas: 26 a 31, 32 a 36 y 38 a 55.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Pido disculpas. Entendí que había turno de defensa y en contra y que si no lo había, entrábamos en el turno de enmiendas. En cualquier caso, continúo con el discurso anterior.

Estaba hablando de la enmienda número 27 al artículo único, apartado cinco bis. En ella planteamos la necesidad de homogeneizar las condiciones de los militares de complemento que se rigen por la actual ley en vigor con los que se rigen por la Ley 17/1999. Se pide que, cumplidos cinco años de servicio, puedan optar a firmar un compromiso de larga duración hasta los 45 años.

En la enmienda 28 al artículo único, apartado diez bis —nuevo—, planteamos homologar las condiciones de los suboficiales destinados en el Centro Nacional de Inteligencia a la de los demás miembros de su cuerpo y escala.

La enmienda 29 al artículo único, apartado diez ter —nuevo también—, plantea que el Gobierno establecerá mecanismos de seguimiento y análisis de los procesos de evaluación para el ascenso y de los informes personales de calificación. Asimismo, mantendrá informado, en el ámbito de sus competencias, al Observatorio de la Vida Militar y al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

La enmienda número 30, a la disposición final nueva, plantea que el Gobierno, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta ley, proceda a la aprobación de la programación plurianual de plazas, tal y como mandata la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, e informe a las Cortes Generales por el mismo motivo.

Finalmente, con la enmienda 31, de adición, se plantea una disposición final nueva. Proponemos que el Gobierno atienda las expectativas de los integrantes de la extinta escala de la Guardia Real y de determinados integrantes de la escala de tropa del Ejército del Aire que vieron interrumpido su proceso formativo de acceso a la escala de suboficiales.

Estas son nuestras enmiendas. Espero que en el último momento el grupo que da apoyo al Gobierno, el Grupo Popular, tenga la sensibilidad de aprobarlas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Antes de comentar las cinco enmiendas que hemos presentado, porque hemos retirado las enmiendas 32, 34, 47 y 42, quiero decir que prácticamente el 50 % del proyecto de ley que hoy discutimos, relativo a la carrera militar, está destinado a cuestiones honoríficas, y que tal vez tiene el defecto de que no recoge todas las aspiraciones y problemas que tienen los trabajadores de las Fuerzas Armadas.

Desde este punto de vista, quiero destacar cuatro enmiendas. La primera plantea que en un plazo relativamente corto el Gobierno presente un plan de incorporación laboral. La segunda propone que las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas tengan la consideración también de asistencia gratuita. La tercera enmienda hace referencia a que el Gobierno presente en seis meses un régimen retributivo del personal de las Fuerzas Armadas. La cuarta propone que se proporcione al Observatorio de la Vida Militar un presupuesto para funcionar. Para finalizar, la última plantea que, para aquellas personas que tengan una discapacidad sobrevenida, se haga un reglamento que les permita continuar su carrera militar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha presentado las enmiendas 56 a 60.

Para su defensa tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. Intervengo también desde el escaño, y de forma breve.

Como bien ha dicho, mi grupo parlamentario ha presentado cinco enmiendas, de la 56 a la 60, y todas ellas suponen una mejora técnica. Así, por ejemplo, me gustaría destacar muy brevemente la 56 con la que se proponía variar dos de los cinco puntos del artículo 1, entre ellos uno que dice que, en atención a las especiales circunstancias que hayan motivado el pase a retiro o la resolución del compromiso por incapacidad permanente para el servicio producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, el militar podría quedar vinculado con carácter honorífico a las Fuerzas Armadas. Esta, por ejemplo, es una de las motivaciones que mi grupo parlamentario no entiende que no se hayan aceptado, porque son de cajón, son mejoras técnicas sin ninguna connotación política de ninguna clase.

La enmienda 57 lo es también de sustitución. En ella se habla de los ascensos que no suponen un incremento en la retribución. Por ejemplo, para los subtenientes las retribuciones líquidas son menores pues se les aplican los mismos descuentos que a los demás. Pedimos, por tanto, que se considere el empleo de teniente efectivo a los subtenientes y brigadas, a los suboficiales en reserva y a los suboficiales en retiro. Esta enmienda tampoco ha sido aceptada.

La enmienda 58 es también una mejora técnica.

La enmienda 59 es de adición. En ella se intenta recoger lo establecido en la sentencia de 19 de diciembre del 2014 de la sección 5.ª de la Audiencia Nacional dictada en procedimiento, que es firme e irrevocable.

Finalmente la enmienda 60 también es de adición y se justifica porque los ascensos de los empleos de capitán, comandante, etcétera, tampoco tienen efectos económicos.

Consideramos que se podía mejorar la vida laboral de un grupo de trabajadores con una reivindicación histórica y que ahora han visto aquí una oportunidad para reflejar sus necesidades laborales. No ha sido así. Sentimos que nuestras enmiendas no se hayan recogido, pero las hemos querido mantener para que al menos consten en acta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 61 a 66.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Como muy bien ha explicado el presidente de la comisión, don Santiago López Valdivielso, la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, entendió que el proceso de aplicación de la Ley de la carrera militar de 2007, y en especial sus disposiciones transitorias, requerían una evaluación de sus eventuales efectos negativos y sus posibles remedios, y estableció que la Comisión de Defensa del Congreso emitiese un dictamen sobre los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley.

El Grupo Socialista trabajó y se implicó en este proceso que se inició en marzo de 2013 y concluyó en julio de 2014 y, en aras del consenso y del acuerdo necesario en temas como este, votó a favor del dictamen, aun pensando que en este no abordaba todas las cuestiones planteadas. Esto es lo que a nuestro juicio había que hacer para no provocar que hubiera que elaborar una nueva ley con las consecuencias devastadoras que ello podía tener y con el idéntico malestar que ha provocado la primera y el idéntico número de recursos. Ahora nos encontramos ante un proyecto que por voluntad del Grupo Popular o del Gobierno ha atendido muchas, pero no todas, las recomendaciones que el informe de la comisión había incluido por acuerdo de los distintos grupos políticos que lo apoyaron. Un proyecto que se ha tramitado —y permítanme que lo diga— con una inaceptable celeridad y falta de rigor. Como ejemplo de ello diré que hubo que presentar las enmiendas a un texto que no había sido previamente publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Pero una vez más, por responsabilidad, el Grupo Socialista aceptó continuar con el procedimiento. Es verdad que el Grupo Popular ha aceptado a lo largo de este proceso diferentes enmiendas y, es cierto, especialmente todas aquellas que se refieren a la promoción de los suboficiales, la ampliación temporal del régimen transitorio en lo relativo a ascensos, el pase a la situación de reserva, mejoras para los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sufrido discapacidad en acto de servicio, o la revisión del régimen de los militares de complemento. Por eso mismo no entendemos por qué no ha aceptado todas las que nosotros vamos a presentar aquí porque lo único que hacen es mejorar precisamente este proyecto. Por eso presentamos de nuevo 6 enmiendas que entendemos que mejorarían el proyecto de ley y que todavía no hemos perdido la esperanza de que el Grupo Popular las pueda aceptar.

En una de ellas proponemos la modificación del apartado segundo del artículo 77 de la Ley 39/2007 con el fin de armonizar los dos regímenes que coexisten en la misma norma y que provoca una clara discriminación entre oficiales de complemento que ostentan un mismo rango, ejercen idénticas funciones y poseen la misma formación. Obedece, pues, a la necesidad de homogeneizar la regulación prevista en la ley relativa a los militares de complemento, sujetos a la Ley 17/1999, y la de aquellos otros militares de complemento que se rigen por la ley en vigor, ya que los primeros, como he dicho, gozan de la posibilidad de obtener la larga duración de los compromisos firmados con el Ejército hasta los cuarenta y cinco años y la facultad de acceder a la permanencia a través del sistema de formación interna, mientras que los segundos se someten a un restrictivo límite temporal que imposibilita que su vinculación laboral con las Fuerzas Armadas pueda prolongarse más allá de los ocho años, interrumpiéndose, por tanto, su proyección profesional y quedando abocados al desempleo tras agotar dicho plazo.

Otra de nuestras enmiendas pretende clarificar el régimen aplicable a los suboficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentran en servicios especiales en el CNI, estableciendo la igualdad entre ellos y sus compañeros.

Presentamos otra enmienda para que a los suboficiales de la Armada que obtuvieron el carácter de personal profesional permanente por la Ley 19/1973 de especialistas de la Armada se les compute como tiempo efectivo de militar de carrera el permanecido en el empleo de cabo primero especialista veterano y puedan solicitar su pase a la reserva aquellos que, computando los tiempos anteriores, hubiesen cumplido el resto de requisitos necesarios.

Una nueva enmienda pretende dar cumplimiento a un mandato pendiente de la ley pidiendo que el Gobierno proceda a la aprobación de la programación plurianual de plazas a la que se refiere el artículo 18.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, informando a las Cortes Generales de ello.

Por último, proponemos una nueva disposición final para que el Ministerio de Defensa analice la pérdida de expectativas fruto de las sucesivas reformas del régimen de personal de los integrantes de la extinta escala de la Guardia Real y de determinados integrantes de la escala de tropa del Ejército del Aire que vieron interrumpido su proceso formativo de acceso a la escala de suboficiales y formule propuestas para atender y compensar, en la medida de los posible, a estos colectivos. Como ven sus señorías, se trata de enmiendas de tipo técnico que entendemos que mejoran absolutamente el proyecto de ley y no entorpecen para nada el espíritu de este.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Álvarez Villazán.

Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN VADELL: Gracias, presidente.

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, que estamos debatiendo ahora, tal como ha señalado el presidente de la Comisión de Defensa, responde al mandato legislativo expresado en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas por el cual se establecía que el Gobierno debía remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar que fuese el fruto de la experiencia adquirida en su aplicación, y que a estos efectos la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitiese un dictamen con carácter previo que abordase los diferentes elementos del período transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como el retiro del personal discapacitado, considerando en su caso los efectos económicos.

Los pasos previstos por esta disposición se llevaron a cabo, y tras el análisis de cada una de las propuestas realizadas tanto en el dictamen aludido como otras materias recogidas en la propia Ley de la carrera militar, se concluyó con la formulación de diversas propuestas que han sido recogidas en esta modificación legislativa en la que, tal como se ha señalado, se ha intentado el mayor de los consensos por parte de los grupos presentes en la subcomisión del Congreso, no obstante lo cual se han introducido algunas modificaciones vía enmienda, mientras que otras han quedado pendientes de su discusión y posterior votación en el Pleno.

Ese fue el mandato, pero lo sustancial de esta reforma es su pretensión de conseguir por fin un modelo de carrera militar que tenga vocación de permanencia, que permita a los miembros de las Fuerzas Armadas el diseño de vida profesional, personal y familiar al que tienen derecho; un diseño a largo plazo que no dependa de iniciativas legislativas que se vayan modificando cada pocos años, que no genere agravios comparativos continuados en el tiempo y que permita un desarrollo profesional y laboral acorde con las expectativas con las cuales entraron en las Fuerzas Armadas.

Es cierto que la vocación de servicio público que supone pertenecer al Ejército, las especiales circunstancias que acompañan el desempeño de la profesión, unos derechos limitados precisamente por esas circunstancias, hacen que ese diseño de vida profesional no sea ni tan sencillo ni tan previsible como el de las carreras de otros servidores públicos, en las cuales hay poco espacio para la incertidumbre. También es cierto que el componente vocacional que conlleva el hecho de decidir entrar en las Fuerzas Armadas ha supuesto en ocasiones que quizá se olvidasen circunstancias y derechos que, sin tener que ver en nada con las necesidades de la defensa, en ningún otro colectivo se hubiesen pasado por alto. El sentido del deber, de la lealtad, la disciplina, la vocación de servicio, todos esos valores que son consustanciales a un colectivo al que tanto debemos, no puede en ningún caso hacernos olvidar que se trata de hombres y mujeres y de sus familias, con aspiraciones tan legítimas como las del resto de los españoles. Por eso, la fundada aspiración a crecer en su profesión, según unos parámetros objetivos prefijados al inicio de su incorporación en las Fuerzas Armadas, o cuando menos sujetos a los menores cambios posibles y que no se frustren sus expectativas laborales y personales de manera arbitraria o por el capricho del legislador, es lo exigible por el personal al que va dirigida esta reforma. No es una reforma perfecta, no es una reforma que deje a todo el mundo satisfecho, pero no es, creo, la inoperancia ni el antojo de unos u otros parlamentarios lo que hace que esta ley no sea perfecta.

Si son capaces de dejar de lado la confrontación gratuita o el pretendido rédito electoral, que en nada beneficia a los colectivos a los que dicen representar con sus enmiendas, coincidirán conmigo en que el camino de esta reforma no ha sido nada fácil, y no lo ha sido por muchos motivos de los que —deberán también coincidir conmigo— el Partido Popular no es responsable, por lo menos no es el único responsable. Todos cuantos subimos hoy a esta tribuna sabemos de dónde partimos y, siendo honestos, sabemos también que poco más se podía hacer. Y, ¿de dónde partimos? Partimos de los agravios comparativos derivados de la Ley de 2007, concretados, por ejemplo, con el ascenso de determinados colectivos en detrimento de quienes les precedían en el escalafón; partimos de la elevada litigiosidad que la Ley de 2007 ha provocado durante estos siete años; partimos de la jurisprudencia generada por esa litigiosidad a la que hago alusión, jurisprudencia en ocasiones contradictoria, pero que ha debido ser tenida en cuenta a la hora de elaborar el articulado de esta modificación, so pena de incurrir en mayor litigiosidad; partimos de que el personal al que se dirige este proyecto de ley es de una enorme complejidad, como lo son también las consecuencias derivadas en cada colectivo de la aplicación de las sucesivas leyes y normas vigentes hasta el momento. Ello nos lleva —y creo que es lo sustancial a la hora de debatir las enmiendas— al hecho de que en la mayoría de las ocasiones el desagravio de un colectivo trae como consecuencia el agravio, ni previsto ni buscado, de otro colectivo sobre el que se aplicó una normativa distinta. Por eso, aunque el resultado sea imperfecto, el objetivo con el que se ha trabajado ha sido el de resolver en la medida de lo posible los agravios existentes, como si de un complejo sudoku se tratase, y que el resultado no fuese el de crear nuevos agravios. Esa ha sido la cuestión, ese es el objetivo con el que se ha trabajado, sobre todo en el Ministerio de Defensa a partir de las demandas de todos los colectivos expresadas en la subcomisión.

Pero, como he dicho antes, el texto no es perfecto, y no lo es porque ha sido imposible lograr que todos los colectivos, sin tener en cuenta el número de personas que lo formasen, sientan cumplidas todas sus expectativas; alguna queda y su reivindicación, que no diré que no sea justa, es la que de manera literal se recoge en las enmiendas presentadas por los distintos grupos: algunas condiciones para el paso a la reserva; situaciones concretas en el ascenso honorífico del personal militar con alguna discapacidad producida, concretamente, ni en acto de servicio ni como consecuencia de él; situaciones relativas a colectivos concretos como los suboficiales de la Guardia Real, los suboficiales músicos, los cabos primero especialistas de la Armada, los militares de complemento que entraron con una normativa concreta, los suboficiales del CNI; incluso cuestiones relativas a la organización interna de las Fuerzas Armadas, como la elaboración de las plantillas, sin tener en cuenta la exigencia de realizarlas conforme a las necesidades de la defensa. Esas cuestiones son objeto de reivindicación y se recogen en algunas de sus enmiendas.

Debo decir que algunas de estas reivindicaciones ya tienen acomodo en el texto cuyo dictamen hoy sometemos a votación, siempre que se haga una interpretación estricta del articulado. Hablo, por ejemplo, de la disposición transitoria séptima, a la que pueden acogerse algunos de los colectivos mencionados, como los suboficiales del CNI, que pueden pasar a la reserva, ascender en las mismas condiciones que el resto y volver a servicios especiales. Pero hay otras demandas, y eso lo saben también quienes han presentado las enmiendas, que resultan de difícil aprobación sin perjudicar el estatus consolidado de otro colectivo que quedaría afectado, aunque sea de manera indirecta, y saben, porque lo han estudiado, que eso es cierto y que en una cuestión como la que tratamos no hay otro fin que el de conseguir la mejor de las leyes posibles, que su aplicación permita corregir los errores del 2007, que sean los menos los que vean sus expectativas incumplidas y que, en cualquier caso, los miembros de las Fuerzas Armadas se sientan además de reconocidos, protegidos por una legislación que les dé seguridad en el desarrollo de su carrera profesional.

Ya sé que la velocidad de esta reflexión no les disuadirá del mantenimiento de sus enmiendas, pero creo que es mi obligación decirlo en esta tribuna.

En cualquier caso, creo que también hay que poner en valor aquellas cuestiones en las que se ha logrado un gran acuerdo con esta ley, como el artículo 24 bis relativo a la vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas; el apartado 2 del artículo 56 relativo al ingreso en los centros docentes; los relativos a las víctimas de acoso, abuso o agresión sexual; a la conciliación de la vida profesional y familiar y a las víctimas del terrorismo; pero también la disposición transitoria séptima, a la que antes hice alusión, relativa al ascenso de suboficiales, al empleo de teniente.

Con estas y otras cuestiones creo humildemente que se hace algo más que legislar, se muestra el compromiso de casi todos los grupos con reivindicaciones históricas de algunos de los colectivos de las Fuerzas Armadas en temas que no tienen que ver necesariamente con lo económico, que quizás sean incomprensibles para algunos miembros de esta Cámara y que responden a conceptos como el honor o el simple reconocimiento aunque sea tardío a una trayectoria personal y profesional marcada por la vocación de servicio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Durán.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Pido disculpas por no haber estado antes en el turno de defensa de las enmiendas, y le agradezco a la señora Capella que haya dado por defendidas las mías. Un problema de intendencia y un mal cálculo de los tiempos me ha colocado en esta incómoda situación. Aprovecharé este turno de portavoces para, de forma muy sucinta, explicar en términos generales los contenidos de estas enmiendas que dio por defendidas la señora Capella, por respeto a la Cámara y puesto que van a ser sometidas a votación.

Coinciden en gran parte con la calificación que ha hecho la portavoz del Grupo Popular del conjunto de las enmiendas. La mayor parte de las que he formulado en nombre de Izquierda Unida pretenden salir al paso de situaciones de agravio comparativo que se han producido en la aplicación de la vigente Ley de carrera militar, probablemente porque es verdad que en la práctica es imposible prever todas las circunstancias que se pueden dar.

Retiro la enmienda 8 —no sé si en estos momentos será posible— porque, efectivamente, su contenido coincide plenamente con lo que se va a someter a votación.

Planteamos una modificación del párrafo segundo del artículo 24, que propone que la concesión de empleos de carácter honorífico se haga casi de forma automática cuando se den estas circunstancias, prescindiendo del último párrafo, que dice que se podrá excluir esa concesión cuando haya una propuesta motivada. Esta es la diferencia fundamental respecto al texto.

Planteamos la adición de un nuevo apartado 24.bis para que en los supuestos de incapacidad para el servicio producida por actos de servicio o discapacidad sobrevenida exista una alternativa al retiro que permita una carrera profesional adaptada.

En otra enmienda planteamos una nueva disposición transitoria sexta, que hace referencia a los ascensos en la reserva, para establecer medidas compensatorias en relación con los perjuicios producidos por el desarrollo de la vigente ley.

Planteamos la adición de un nuevo punto tercero a la disposición transitoria séptima, ascensos en la reserva, de la Ley 39/2017, para que los oficiales del Ejército del Aire provenientes de las antiguas escalas de suboficiales en las que se permitía el ascenso a oficial y que soliciten el empleo de teniente puedan pedir los efectos económicos desde la fecha en que hubieran alcanzado los veinticinco años de servicio.

Planteamos una modificación de la disposición transitoria octava, punto 4, para que el personal del cuerpo de músicos militares quede incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición transitoria octava y puedan pasar a la reserva por edad y tiempo de servicio en las mismas condiciones que el resto.

Planteamos una modificación de la disposición transitoria octava, sustituyendo la fecha del 30 de julio del año 2013 —que es lo que dice el texto, y hago referencia a una conversación previa con la portavoz del Grupo Popular— por el 30 de junio, porque ese simple mes excluye de la opción a un grupo de suboficiales que pasaron voluntariamente a la reserva a los 58 años con treinta y tres años de servicio.

Proponemos la modificación del artículo 26 para crear un nuevo cuerpo común, el cuerpo de controladores de tránsito aéreo militar, que permita armonizar y unificar objetivos y funciones de quienes se encuentran prestando estos servicios, que tendrían su escala de oficiales y su escala de suboficiales.

Planteamos la modificación de la disposición transitoria primera mediante la adición de un punto 4 para superar la situación de los militares no evaluables para el ascenso, acabando con tal situación.

Planteamos la modificación del punto 7 h) de la disposición transitoria cuarta, que hace referencia a la constitución de cuerpos y escalas, superando la discriminación para el ascenso de los alféreces que obtuvieron su empleo en 2016.

Planteamos la adición de un punto 4 a la disposición transitoria séptima, ascensos en la reserva, para acabar con la discriminación de colectivos como el CNI, a los que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular.

En otra enmienda presentamos un nuevo apartado 5 a la disposición transitoria séptima para prolongar hasta 2005 el periodo para que se acojan a las previsiones de dicha disposición los cabos de la extinta escala de la Guardia Civil. No es esta la ley que regula la situación de la Guardia Civil pero aprovechamos para plantear esta modificación por encontrar una conectividad directa entre ambas materias.

Proponemos la adición de la letra h del apartado 1 del artículo 89, situación de servicios especiales de la Ley de 28 de noviembre del Régimen del Personal de la Guardia Civil para que se reconozca como causa para pasar a la reserva participar como candidatos en las primarias.

Planteamos la adición de una nueva letra i del artículo 109 de la Carrera Militar, servicios especiales.

Finalmente, presentamos varias enmiendas para modificar la disposición adicional y añadir disposiciones adicionales nuevas para que el Gobierno remita en tres meses un proyecto de ley orgánica de modificación del artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2012, de 27, de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para eximir de tasas judiciales a las asociaciones profesionales que defienden intereses colectivos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, este Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, viene mandatado, como ya se ha dicho, por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, este proyecto de ley debería haber sido presentado en un plazo de seis meses. Llega tarde. Y aprovecho para sumarme a las críticas que reiteradamente se han hecho a lo largo de este Pleno a la política del Gobierno por presentarlo ahora, con prisas, con una celeridad que no es recomendable y no favorece el trabajo sosegado del Legislativo, precisamente a final de legislatura. Es un proyecto de ley bastante técnico, que podía haberse presentado sin problemas hace tiempo, y ahora, como recordaba antes el senador Álvarez, portavoz del Grupo Socialista, hemos tenido que trabajar sobre un texto que ni tan siquiera era el definitivo —ya se pidieron disculpas y se aceptaron—. No es por volver a insistir en este tema en concreto, sino para ponerlo como ejemplo de lo que provoca este tratamiento acelerado de un conjunto de proyectos de ley sin el necesario sosiego que debe acompañar el trabajo legislativo, y más cuando, en realidad, no se trata de un tema urgente. Es un tema necesario, ciertamente, que responde a la necesidad de adecuar la legislación a las demandas legítimas de colectivos importantes de nuestras Fuerzas Armadas y que, como se ha dicho también por la senadora Durán, portavoz del Grupo Popular, de alguna forma, responde también a la elevada litigiosidad que ha habido después de la ley anterior y que, por tanto, había que facilitarlo —y no es fácil—, pero sin duda podía haberse hecho con mucho más tiempo y con la necesaria calma para poder haber legislado con la eficacia que la situación demanda.

Eso no quiere decir que el proyecto de ley no sea válido. Ya he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, que valoramos positivamente el elevado grado de consenso al que se llegó en el Congreso de los Diputados. Simplemente, y entendiendo las explicaciones de la senadora Durán, creo que se podría haber hecho un esfuerzo complementario para atender alguna de estas enmiendas que plantean casos concretos y que no acabo de entender por qué no se pueden aceptar para de esta forma resolver situaciones concretas. Aludía en su defensa la senadora Durán a que esto puede afectar indirectamente a otros colectivos. Yo creo que no necesariamente es así, o por lo menos, no en todos los casos. Y como se ha dicho, y es cierto, yo también he hecho referencia a ello en el turno de enmiendas, en realidad nuestras enmiendas responden a demandas legítimas de colectivos afectados y por eso las hemos planteado.

En cualquier caso, valoramos positivamente el proyecto de ley. Globalmente creemos que es válido y esperamos que dé solución, como se ha dicho, a demandas legítimas de personas que tienen derecho a que se les atiendan, a que se reconozcan sus méritos laborales en el seno de las Fuerzas Armadas y que puedan ver cumplidas sus expectativas de promoción profesional y de reconocimiento de su trayectoria al servicio de España dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas.

Por tanto, evidentemente, votaremos a favor de este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente; gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, presidente.

Empiezo mi intervención anunciando la abstención de nuestro grupo, Convergència Democràtica de Catalunya. Lo hacemos por diversas razones obvias. Primero, no es una buena ley la que se aprobará. Hemos recibido a diversos colectivos de militares y todos ellos se quejan de que no es una ley que contemple los déficits estructurales de la ley actual que hoy derogamos. Por tanto, es otra oportunidad perdida para modernizar la carrera militar, para hacer una ley más justa que recoja aspectos que no contemplaba la anterior.

Segundo motivo para nuestra abstención. Como está siendo costumbre en esta legislatura, es una ley sin consenso, sin unanimidad, aspecto muy importante en la política parlamentaria y más en los momentos actuales de desprestigio de la política en general. El consenso y el diálogo son un gran antídoto para el desapego de la sociedad hacia la política. En esta línea, nuestro grupo aquí tampoco ha podido aprobar sus enmiendas; todas ellas, tal y como he dicho en mi anterior intervención, de mejora y destinadas a facilitar la vida laboral de los hombres y mujeres que forman parte de la vida militar.

También quiero aprovechar mi intervención —dado que supongo que será la última ley de defensa de esta legislatura— para dejar constancia de la nula presencia durante toda la legislatura, también en estas dos últimas leyes, del ministro de Defensa. Hoy el señor Montoro —que, por cierto, no es mi ministro preferido— ha tenido respeto institucional y parlamentario de estar presente esta mañana en el debate de las leyes que afectaban a su ministerio. Hay que reconocerle que este es un hecho que ha llevado a cabo en diversas ocasiones durante la legislatura. En cambio, el ministro de Defensa ni está ni se le espera. Podríamos nominarle al premio del ministro ausente. Como dijo mi compañero Feliu Guillaumes en el debate de la ley en el Congreso, esta es una ley vacía, que trata básicamente de temas económicos, de cuestiones honorarias y de poco más. No se han tenido en cuenta los problemas de los colectivos. Es una ley sin alma; no da respuesta a la mayoría de reivindicaciones de los suboficiales; y apreciamos un desprecio hacia un colectivo importante como es el de los oficiales de complemento, y así un largo etcétera que en cinco minutos no puedo enumerar.

Esta es una ley que cronifica la desilusión de los trabajadores del Ejército, de los militares, y entre las labores de este ejército hay que destacar las solidarias, como las actuaciones de apoyo a la población ante catástrofes climatológicas y de otro tipo o las actuaciones internacionales para restablecer o consolidar la paz.

Para nuestro grupo, los ejércitos deben ser instrumentos de paz, no de guerra. Y, ante esta tesitura, ¿con qué ilusión estos hombres y mujeres van a afrontar las dificultades de sus labores si su Gobierno aprueba leyes sin alma, sin valores humanos?

Hablando de alma y de sentimientos humanos, quiero aprovechar el que creo que será el último debate sobre Defensa en esta legislatura para dejar constancia, por enésima vez, de mi tristeza y mi rechazo al maltrato histórico de los Gobiernos españoles del PP y del PSOE a un colectivo que fue obligado por Franco a participar en una guerra en aquellos oscuros tiempos de la dictadura y que, después de muchos años, sigue sin ser reconocido a pesar de haber sido plasmado en una ley. No ha sido reconocido por los diversos ministros de Defensa, los señores Trillo, Bono y Morenés, la señora Chacón, etcétera. Me refiero a los veteranos del Ifni y Sáhara, hombres valientes, honestos y demócratas. Este grupo de excombatientes obligados por el franquismo forman parte de los soldados desilusionados con España y con los políticos españoles. Cada día quedan menos, van muriendo poco a poco, solo piden respeto y reconocimiento y que se cumpla la disposición adicional de la Ley de defensa que, a propuesta de este portavoz, incluye la norma actual que establece que se les debe un reconocimiento.

Acabo mi pequeño y humilde pero sentido reconocimiento a este colectivo olvidado por España, y lo hago en la persona de uno de sus líderes: un hombre incansable y digno, al que la salud no le permite seguir luchando por sus compañeros. Me refiero a Josep Riatost. (El señor senador continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones). «Josep Riatost, gracies per la teva lluita infatigable. Estic segur que la teva lluita no haurà estat un va......i que no caurà en un sac buit i foradat.»

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, presidente.

Señorías, la reforma que abordamos a través del proyecto de ley que nos ocupa se circunscribe principalmente al régimen transitorio de la Ley de la carrera militar y trae causa de la disposición final duodécima de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, aprobada en 2011.

Con este propósito se constituyó en la Cámara baja una subcomisión que prolongó sus trabajos durante más de un año, concluyéndolos el pasado verano con la aprobación de un dictamen que, si bien apoyamos —reconociendo la labor realizada—, quedó por debajo de las expectativas que tenían algunos de los sectores afectados y también mi grupo parlamentario.

Pero no olvidemos, además, que estos trabajos —y por extensión, el texto de la reforma que nos ocupa— tiene una causa y un antecedente remoto en la Ley de la carrera militar, aprobada en el año 2007 por iniciativa del Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, pero con un amplísimo apoyo parlamentario. Esta reforma pretendía adaptar las Fuerzas Armadas a las nuevas necesidades de la Defensa y al papel de nuestro país en la esfera internacional, actuando específicamente sobre un elemento fundamental, el régimen del personal militar que, en definitiva, es el principal y más valioso recurso con el que cuentan nuestros ejércitos. En este sentido, conviene señalar que el cambio de modelo de la carrera militar no fue un hecho aislado sino en conjunto y en coherencia con otras reformas realizadas en las dos legislaturas anteriores: la de la Ley Orgánica de la defensa nacional, la Ley de tropa y marinería y las nuevas reales ordenanzas; proceso que culminó con la aprobación de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En relación con el texto remitido inicialmente por el Gobierno a esta Cámara, el texto que hoy debatimos, señorías, se ha visto mejorado notablemente en su tramitación, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados. Nos hubiera gustado que también hubiera sido así en esta Cámara, pero no ha sido posible, como ya ha señalado mi compañero el senador Álvarez. El texto inicial para la reforma del régimen transitorio era muy insuficiente. Si nos preguntan si estamos totalmente satisfechos con el resultado, una vez incorporadas algunas de estas propuestas, diría que totalmente no, pues hay cuestiones que no se han recogido, como aquellas que tienen que ver con las disposiciones transitorias, la programación plurianual de plazas o el seguimiento y análisis de los sistemas de evaluación. Sabemos que el Gobierno comparte esos objetivos, pero no ha tenido a bien incorporarlos a la ley. No obstante, en términos globales, sí estamos satisfechos con el resultado.

En cualquier caso, señorías, con esta reforma probablemente no podamos dar por concluido el debate sobre todas las cuestiones que afectan a la profesión militar, al modelo de Fuerzas Armadas, pero lo que sí se debería dar por zanjado es el debate sobre el régimen transitorio para centrarnos fundamentalmente, de una vez por todas, en las cuestiones que realmente importan: cuáles son los cambios necesarios que habremos de abordar para contar con las Fuerzas Armadas que el país necesita y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros militares, ahora y de cara al futuro.

Señorías, para los socialistas la cuestión fundamental que nos preocupa es si el resultado final es positivo o no para los militares, para nuestras Fuerzas Armadas, especialmente para los afectados por el régimen transitorio. Creemos, sin duda, que la respuesta es que sí —como ha dicho mi presidente de la comisión—, especialmente en lo que se refiere a la modificación de las tres disposiciones transitorias: la sexta, la séptima y la octava. Además, también es positivo por la incorporación de demandas de colectivos como los suboficiales y otros militares que, por su discapacidad, han perdido la posibilidad de seguir con su profesión, u otro personal apto con limitaciones que puede seguir desarrollando otras especialidades, o los militares de complemento. Finalmente, creemos que es positivo por las medidas incorporadas para proteger a las víctimas de los delitos de acoso o agresión sexual y el agravamiento de las medidas para penalizar a quienes los cometen.

Por todo ello, señorías, y atendiendo a estas mejoras, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Abad.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, presidente.

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007 han transcurrido ocho años de aplicación que han generado multitud de colectivos descontentos —producto de las disfunciones de la aplicación de esta ley—, más de 30 000 contenciosos por recursos presentados por perjudicados, lo que a su vez ha provocado una cascada de sentencias de diversos contenidos jurídicos que condicionan, naturalmente, cualquier planteamiento.

Señorías, legislar en materia de personal es siempre asunto delicado por los derechos profesionales y personales que se ven afectados. Si, además, conciernen a la Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas, aun en mayor medida, teniendo en cuenta la natural aspiración al ascenso de todo militar. Y si tiene lugar, como es el caso, tras una profunda transformación de las Fuerzas Armadas, debido a la profesionalización y modernización de sus estructuras, se explica de manera palmaria que en 25 años, vayan ya cuatro reformas con esta. También explica que con las sucesivas integraciones o reescalonamientos por la reducción de escalas, producto de la modernización, numerosos colectivos militares se hayan visto afectados en cuanto a sus expectativas. En este sentido, es de destacar la actitud de todos ellos, de todo el personal que ha sufrido alteraciones durante su carrera, por necesarias que estas fueran.

Para finalizar la exposición de presupuestos o premisas, deviene paradigmático en este debate tener muy en cuenta que la reforma necesariamente debía contar con un dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que dirigiera el contenido de dicha reforma. En consecuencia, señorías, el refrendo de la comisión, aprobando con 38 votos favorables de los 39 emitidos el texto elaborado por la subcomisión creada al efecto, establecía ya un marco de difícil desconocimiento, más aún si tenemos en cuenta que toda asociación y prácticamente la mayoría de los colectivos afectados comparecieron, mediante sus representantes, presentando propuestas al respecto, además de contar con el visto bueno del consejo de personal y del Consejo de Estado. Así las cosas, se han incorporado enmiendas que han ampliado los beneficiarios de la reforma, minimizando los grupos de militares que podían quedar fuera de su alcance.

Por las premisas expuestas, hay que destacar el altísimo grado de maduración proveniente del Congreso de los Diputados, fruto, como ya se ha dicho aquí, del amplísimo acuerdo alcanzado, que se demuestra por las escasísimas enmiendas que han permanecido latentes en este debate.

En todo caso, lamento no haber podido atender todas y cada una de las demandas, aun siendo consideradas justas de manera individualizada, y a las que junto con mi compañera, la señora Durán, de la que destaco su dedicación y preocupación por resolver hasta el último fleco de esta reforma, hemos sido sensibles. Les puedo asegurar que hemos tenido muy en consideración todas las reivindicaciones y demandas, y que hemos llegado hasta donde ha sido posible llegar.

Mas, generados derechos adquiridos, ya por vía legal o por vía judicial, lo cierto es que en materia de personal en muchos casos es difícil atender una parte sin afectar al todo, o al resto del frágil equilibrio de derechos resultantes de sucesivas reformas. Para asegurar lo bueno a muchos no nos ha sido posible conseguir lo mejor para todos, pero puedo afirmar con satisfacción que, aun siendo plenamente conscientes de no poder solucionar la totalidad de las disfunciones existentes, sí hemos sido capaces entre todos de solucionar la gran mayoría de ellas sin crear nuevos problemas. Por tanto, hemos obtenido un resultado que puede ser mejorado —como todo— pero que pone fin a la gran mayoría de los agravios existentes.

Es pues, señorías, y concluyo, una reforma reglada que consolida un modelo de Fuerzas Armadas moderno, propio de nuestro país y de nuestro entorno, que cierra muchas heridas y no abre ninguna nueva, beneficiando en su conjunto a las Fuerzas Armadas y con ello a la seguridad y a la defensa de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Campoy.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las enmiendas al articulado de este proyecto de ley. Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 13, 14 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 14; en contra, 142; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223;



a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 5, 12, 17, 18, 21, 22, 23 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 3; en contra, 143; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 4; en contra, 202; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas números 26 a 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 61; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 67; en contra, 141; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 140; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 35, 36, 38, 43, 45, 46, 48 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 205; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 40, 41, 44, 49, 50, 53, 54 y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 1; en contra, 142; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas números 56 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 7; en contra, 146; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 57, 58 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra, 205; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 61, 62, 63, 65 y 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 61; en contra, 143; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 197; en contra, 4; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 201; en contra, 4; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 621/000142 Justicia

El señor presidente da lectura al punto 9.1.8.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Comparezco en la tribuna para presentar el dictamen del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 6 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba el día 17 de julio, fue ampliado hasta el día 23 de julio del presente año 2015.

A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto y 284 enmiendas. El día 30 de junio la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera. Don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 25 de agosto para emitir su informe en el que no introducía modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión se reunió para dictaminar el mismo día 25 de agosto y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Presentaron votos particulares a este dictamen el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los Grupos Parlamentarios Mixto, Entesa pel Progrés de Catalunya, de Convergència i d’Unió, Socialista y Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Iniciamos el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1, presentada por el senador Iglesias.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lo que el preámbulo de este proyecto de ley destaca como objetivo más importante es la difusión de la aplicación de las nuevas tecnologías, afirmando que, a pesar de que la vigente Ley de enjuiciamiento civil, 1/2000, de 7 de enero, y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ya habían sentado las bases para propiciar el uso de estas nuevas tecnologías, lo cierto es que, a día de hoy, no se ha logrado una generalización en la aplicación de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos.

Sin ninguna duda, todo ello es cierto. Sin embargo, compartiendo esta reflexión y antes de dar el paso —como hace el proyecto— de intentar imponer su uso, el prelegislador, el Gobierno, debiera preguntarse por qué no se ha producido esa generalización y seguramente no se formula esa pregunta porque la única respuesta lógica a ello no le gusta, no quiere llegar a esa conclusión incómoda. No ha sido así, en primer lugar, porque no se ha producido la extensión del modelo de oficina judicial por falta de voluntad política y por falta de recursos económicos en medios humanos y en medios materiales. Y, en segundo lugar, porque las inversiones imprescindibles en el sistema informático no se han realizado tampoco. De ahí que deba expresar, en nombre de Izquierda Unida, nuestro escepticismo hacia la idea que en el fondo el Gobierno refleja en este proyecto, de que debe ser otra ley la que consiga los objetivos que no lograron las dos leyes anteriores, y todo ello sin garantizar esas inversiones. Nos tememos que ante esa realidad no caben órdagos arbitristas, que es lo que realiza este proyecto de ley, como el de declarar que las nuevas tecnologías advendrán sobre la Administración de Justicia el 1 de enero de 2016, porque la práctica va a demostrar que no es posible, lo que también de forma segura va a generar frustración.

En estos contenidos a los que me acabo de referir, el proyecto de ley nos aboca a una situación similar, y por las mismas razones, a la que se vino dando, y se sigue dando todavía, en relación con el Registro Civil electrónico, al que diferentes reformas legales le fueron poniendo fechas sucesivas para su entrada en vigor y aplicación, sin que hasta el día de hoy se haya logrado. Donde no hay oficina única de notificaciones, las previsiones de la ley van a resultar absolutamente inviables.

Por otro lado, este ucase legislativo, en el sentido de que el 1 de enero de 2016 se tendrán que aplicar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, ignora que hay competencias de Justicia transferidas a las comunidades autónomas y que en esas competencias transferidas a las comunidades autónomas una parte importante es la de los medios materiales. No sé si pretende que las inversiones que no ha realizado el Gobierno de la nación las realicen las comunidades autónomas de aquí al 1 de enero de 2016. Si esa es la pretensión, me temo que resulta igualmente inviable por la situación económica y financiera de las comunidades autónomas.

Hasta este momento, lo único que se ha producido en torno a las inversiones de la Administración General del Estado en la generalización de la aplicación de las nuevas tecnologías ha sido el discurso político del ministro de Justicia, el señor Catalá, que desde finales del mes de abril —que yo haya rastreado— ha comprometido 35,8 millones de inversión en nuevas tecnologías entre 2016 y 2017, lo cual casa mal con la obligación de que el 1 de enero estén ya generalizadas.

La segunda gran cuestión de la reforma que plantea el proyecto de ley es el papel de los procuradores, sobre los que, desde el preámbulo, no escatima ditirambos como colaboradores de la Administración de Justicia. No seré yo quien ponga en duda la magnífica labor, la cualificación profesional de los procuradores de los tribunales —mi padre, que en paz descanse, fue procurador de los tribunales—. Son imprescindibles en nuestro sistema procesal, aunque en algunos momentos se haya abierto el debate político sobre su necesidad. Coincido plenamente en que nuestro sistema procesal vigente exige el papel protagonista de los procuradores, pero Izquierda Unida no comparte, ni comparto yo en el ámbito personal, que ello se deba traducir en que se les incorpore, como hace el proyecto, nuevas funciones sustituyendo a los funcionarios, que eran los que hasta ahora las venían desarrollando. Además, estamos convencidos de que con esta decisión no se busca agilizar los trámites y el procedimiento, sino que simplemente se busca reducir personal, transferir a unos profesionales privados funciones que hasta ahora venían desarrollando funcionarios. No es la primera vez que proyectos del Gobierno en materia de justicia apuestan por ello. Ejemplos son los últimos que hemos debatido en esta Cámara: primero, el intento de que la gestión de los registros civiles la llevaran los registradores mercantiles y posteriormente también los registradores de la propiedad; después, en la última reforma, la atribución en la jurisdicción voluntaria a los notarios de funciones y actividades que hasta entonces se habían desarrollado en el ámbito de la Administración de Justicia por funcionarios. Ahora son los procuradores el colectivo sobre el que el Gobierno pone sus ojos y su confianza para reducir la actividad de los funcionarios en la Administración de Justicia. Además, si las funciones son desarrolladas por los procuradores, los costes, que hasta ahora eran asumidos por la Administración de Justicia, se transferirán a los litigantes.

Asimismo, de alguna manera se favorece una justicia a dos velocidades. Quien pueda pagar al procurador para que desarrolle estas funciones, probablemente —no siempre, pero sí en algunos juzgados saturados de trabajo y bloqueados— conseguirá que su procedimiento vaya más rápido, como consecuencia de la agilización de los trámites desarrollados por el procurador, que aquel otro ciudadano que no dispone de recursos para abonar los derechos y honorarios del procurador y que tiene que esperar a que sea el secretario quien ordene al funcionario correspondiente, el agente judicial en muchos casos, que desarrolle estas tareas. Por ello, y en coherencia, rechazamos que los procuradores puedan desarrollar acciones consustanciales a la condición de funcionario, porque para poder propiciar que desarrollen estas tareas propias de los funcionarios y para que sea eficaz el desarrollo de esa tarea hay que reconocerles inevitablemente la capacidad de certificación sobre las comunicaciones realizadas. Si ellos realizan la comunicación solo ellos pueden certificar que se ha producido.

Discrepamos también del guiño corporativo que se hace en esa misma línea en los colegios de procuradores, atribuyéndoles la posibilidad de que se les encomiende la realización de las subastas como entidad especializada, al igual que se intentó en su momento, como decía antes, con los registradores mercantiles en relación con la gestión del sistema informático.

Finalmente formulo este veto en nombre de Izquierda Unida por otros dos bloques de contenidos del proyecto. El primero es el que hace referencia a la sucesión procesal en el procedimiento de ejecución, sin introducir ninguna salvedad que amplíe la protección del ejecutado, en un momento, además, en que estos procedimientos están alcanzando especial relevancia como consecuencia del aterrizaje en nuestro país de fondos de inversión, fondos buitre, que adquieren a precio de saldo grandes paquetes de créditos fallidos, y después, en algunos casos, ya con los procedimientos de ejecución en marcha, sustituyen a la entidad financiera en dichos procedimientos.

Y el último bloque de discrepancia se refiere a la forma, en nuestra opinión pacata e insuficiente, en la que se introduce jurisprudencia de la Unión Europea en relación con el control judicial de las cláusulas abusivas, tras esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012. Entendemos que se proyectan los mecanismos de control judicial de las cláusulas abusivas exigidos por esta sentencia de forma absolutamente insuficiente.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora Capella.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Sin que sirva de precedente y con el ánimo de poder votar mi propio veto, lo doy por defendido, sin que ello signifique que no guarde el respeto debido al hemiciclo o a los miembros de esta Cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos con una ley más del Ministerio de Justicia en este final de legislatura que creo que tiene como objetivo hacer parecer que la justicia se ha modernizado y agilizado en estos cuatros años. Yo ayer comentaba en otro veto de otro proyecto de ley de justicia que en estos cuatros años no se ha modernizado ni agilizado la justicia, sino todo lo contrario, los conflictos que se han producido en el área de justicia con los profesionales, los abogados de los juzgados, no habían ocurrido nunca, incluso llegando al extremo de la huelga. También les decía ayer que en un reciente barómetro del Consejo General de la Abogacía, a la pregunta de si la justicia funcionaba bien o muy bien, o mal o muy mal, solo el 16 % de los encuestados decían que bien y el 77 % decían que mal. A la segunda pregunta sobre si había empeorado o mejorado, solo el 14 % decía que había mejorado, y el 50 %, que había empeorado. Es decir, yo creo que hoy es patrimonio común de todo el mundo que las cosas en justicia no han ido bien, se han producido muchos conflictos y no ha experimentado una modernización, cuestión esta que es eterna prácticamente. Creo que la justicia es el único aparato del Estado que se ha modernizado muy poco desde la democracia, muy poco; incluso desde el punto de vista territorial, siendo conscientes de la unidad de la justicia, no ha habido ninguna adecuación, por simple y sencilla que fuera, a la estructura territorial del Estado español, que no es unitario sino un Estado de las autonomías.

De todas maneras, cuando digo que en estos cuatro años no se ha modernizado ni agilizado la justicia no estoy diciendo que no hayan pasado cosas, a nuestro entender no positivas. Hay cinco o seis elementos que ejemplifican el resultado de las políticas del Ministerio de Justicia.

La primera es que de forma grave, al inicio de la legislatura, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial significó transferir competencias importantes del Consejo General del Poder Judicial, la instancia de gobierno de los jueces, al Ministerio de Justicia, por lo tanto, hoy hay toda una serie de competencias, que no relataré por no alargarme, que pertenecen a este ministerio.

La segunda es que ha sido el Ministerio de Justicia el que, ante el alud de asuntos pendientes que tenía, ha decidido intentar que no entren aspectos de la justicia en Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando las tasas se impusieron —que luego se rectificó parcialmente por la gran contestación que hubo— para que entrara menos gente en el servicio público de la justicia; o que cuando el tema hipotecario se lo dimos a los registradores; el de la jurisdicción voluntaria, a los notarios, y en esta ley a los procuradores se les dota de más funciones, lo que estamos haciendo es externalizar un servicio público como la justicia, y a menudo mercantilizando y privatizando. Por tanto, no podemos olvidar ese otro aspecto de la justicia.

Y también está el hecho de que haya sido una política de justicia absolutamente centralista y uniformista. En muchos estatutos existe la instancia del Consejo de Justicia, que no pretende ser descentralizadora del ministerio, sino desconcentradora; es decir, el poder está, evidentemente, en Madrid, por decirlo así, pero hay consejos de justicias que no funcionan.

Simplificando mucho, no solo no hemos modernizado ni agilizado sino que hemos dejado una herencia negativa de la justicia en cuando a la reducción de derechos, a la independencia del Consejo General del Poder Judicial y a la desconcentración necesaria. Estos contenidos se han agravado con una estrategia que el Gobierno del Partido Popular ha utilizado en muchos ámbitos, en muchos ministerios, pero especialmente en este, que es presentar enmiendas el Grupo Popular una vez que la ley se ha presentado.

Hemos visto cosas tan esotéricas como que en el Proyecto de Ley de nacionalización de los sefardíes y obtención de la residencia española, en el Congreso el Grupo Popular presentaba unas enmiendas, que se aprobaban, y en el Senado presentaba unas enmiendas para eliminarlas. Hemos visto cómo en el Registro Civil, después de muchas enmiendas, hemos aprobado una ley que no define el modelo de Registro Civil. Y hemos visto muchas leyes y proyectos de ley donde importantísimas enmiendas del Grupo Popular se elaboraban después de la redacción de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Fíjense, en esta ley que debatimos hay exactamente 23 enmiendas del Grupo Popular que hacen referencia a asuntos tan importantes como los siguientes: la modificación de la disposición adicional primera, que es la utilización mediática de los medios telemáticos; es decir, todo lo que hace referencia a los medios telemáticos aparece con una enmienda en el trámite en el Senado. Ni el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial ni nosotros hemos tenido tiempo de responder a eso, porque no lo conocíamos. O, por ejemplo, otra a la disposición transitoria primera, que hace referencia al juicio verbal. Otra enmienda se refiere a la presentación de los documentos del Ministerio Fiscal. Otra, a la disposición final 7.2, define el expediente jurídico electrónico; a estas alturas, hay una enmienda que define el expediente electrónico. O a la disposición duodécima, que habla de la digitalización de los proyectos estatales. Es decir, nos hemos encontrado con una serie de leyes cuyas enmiendas en el Congreso y especialmente en el Senado nos han dejado indefensos. No hemos podido responder con enmiendas porque no hemos tenido tiempo, y tenemos textos que no contemplan el informe de los organismos consultivos pertinentes.

¿Qué dice este proyecto de ley? Voy a señalar tres o cuatro cuestiones. Si no se hubiera presentado este proyecto de ley no habría pasado nada. Luego les preguntaré qué pasará al día siguiente de aprobar este proyecto, en qué se notará el cambio en la justicia. Hay tres medidas estelares del Gobierno —el ministro lo dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y de alguna manera se intuye en la exposición de motivos—: la primera es que el 1 de enero de 2016 las comunicaciones en el mundo de la justicia van a ser telemáticas. Yo le decía el otro día: esto es magia; es chasquear los dedos, a ver qué pasa. Los vamos a chasquear, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún plan —yo no conozco ninguno, no sé si alguien de ustedes conoce alguno— serio para que en cuatro meses podamos hacer esto, sobre todo si tienen en cuenta que hay ocho sistemas informáticos distintos y que hay comunidades con competencias en Justicia con las que no se ha hablado. Dicho de otra manera, me apostaría un euro contra lo que ustedes quisieran a que esto va a ser imposible, y esa es la gran apuesta estelar.

¿Por qué es una gran apuesta estelar? Porque ya que el Gobierno no ha modernizado cuando le tocaba la justicia, ahora plantea una fecha después de las elecciones, dice: Ahora sí que la vamos a modernizar —sin plan y sin recursos—. El otro día un portavoz del Grupo Popular, no sé en qué comisión decía: Para el año que viene tenemos 50 millones de presupuesto. Yo le dije: Hombre, el problema es que debemos solucionar el año 2015 para que 2016 funcione, porque esto no funciona.

Otra propuesta importante es la relativa a los juicios verbales, después de los problemas que ha habido desde su instauración. Son juicios rápidos, y el proyecto plantea que exista un documento por escrito de contestación a quien presenta la demanda. Esto significa volver atrás y acabar con una instancia, con un mecanismo que funciona, hasta tal punto que el Consejo General del Poder Judicial en su dictamen dice: «Esta propuesta que hace el Gobierno del Partido Popular supone una dilación en la duración del proceso; supone un retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales. La ventaja de mayor inmediatez, rapidez y agilidad aconsejan mantener la actual configuración.» No entiendo por qué introducen este elemento, me gustaría que alguien me lo explicara, porque el Consejo General del Poder Judicial parece que tampoco lo entiende; mejor dicho, lo entiende, dice que retrasará el procedimiento y propone que se mantenga absolutamente igual.

Luego está el tema de los procuradores, que independientemente del buen trabajo que hacen, de los buenos profesionales que son y de que tienen un doble trabajo —uno privado de representación y uno público de relación con la Administración—, no nos parece oportuno que se complementen funciones que son clarísimamente públicas, como, por ejemplo, la certificación, que es clarísimamente pública. Esto va a significar —y lo dice también el Consejo General del Poder Judicial— la posibilidad de una justicia a dos velocidades. En todos los proyectos de ley que ustedes nos han ido presentado —el de la jurisdicción voluntaria, en donde uno tiene la posibilidad de casarse o separarse en el notario pagando, o en el de los registradores con la hipoteca, o ahora con los procuradores— se abren dos justicias: las que se pueden pagar van a ser rápidas, y las que no, van a tardar. El otro día me decía una señora en Barcelona que para casarte en el Registro Civil tenías que esperar ocho meses, y ella, como se casaba por segunda vez, podía aguantar ya que sabía cómo era. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Finalmente, respecto a las competencias de las comunidades autónomas, no les voy a leer todo lo que tengo, ni el artículo 152 de la Constitución, que dice que hay que establecer supuestos y formas de participación y de organización de las demarcaciones judiciales teniendo en cuenta, evidentemente, el carácter unitario de la justicia, ni las competencias que dice el estatuto. Pero no se dice nada de las competencias de las comunidades autónomas, o mejor dicho, lo que se dice es recentralizador, como siempre; o sea, es un hilo conductor de toda la obra legislativa del Gobierno.

Por tanto, pueden comprender que si pensamos esto presentemos el veto. Seguro que ustedes no pensarán lo mismo, porque, de lo contrario, no estarían en estos escaños o votarían de forma distinta. Insisto, es un veto a una ley que se hace, a nuestro entender, para ocultar las deficiencias de la política de justicia del Gobierno del Partido Popular, que constantemente en las leyes que nos presenta intenta incluir elementos para que parezca que se moderniza, como el que hemos visto esta mañana o ayer —no lo recuerdo—, de los seis meses de la instrucción, o ahora el de la comunicación telemática. Pero no se van a cumplir, y lo que de verdad se necesita es una justicia ágil y próxima, porque, en definitiva, la justicia lo que hace es defender el derecho de todo el mundo, pero especialmente el de las personas que lo necesitan más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Saura.

Pasamos a debatir la propuesta de veto número 4, firmada por los siguientes senadores: señora Almiñana, señores Boya, Bruguera, Martí, Jufresa, Montilla y Sabaté y la señora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Estamos tratando una modificación puntual sobre la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil que, a nuestro juicio, es improvisada —la podríamos calificar de parche— e insuficiente. Creemos que el proceso civil necesita una reforma más general, más global, y no la que nos propone el Gobierno.

Por otra parte, a lo largo de esta legislatura, ha sido una constante en los proyectos de ley remitidos por el Gobierno legislar no en función del interés general —al menos de lo que nosotros entendemos por interés general— sino en función de los intereses de determinados grupos o corporaciones que salen beneficiados de la nueva norma, de la modificación normativa.

En otras leyes, en otros proyectos de ley, en otras normas legislativas los beneficiarios han sido, por ejemplo, los notarios o los registradores. En este proyecto de ley se da un paso más en la velada intención del Gobierno y del Partido Popular de seguir privatizando parte del servicio público de la justicia, y, en este caso, en este proyecto de ley, los beneficiarios van a ser los procuradores, que verán incrementadas sus funciones y se convertirán en colaboradores de la Administración de Justicia con capacidad, por ejemplo, para realizar notificaciones, certificaciones, etcétera.

Esta externalización, esta privatización provocará un incremento de los costes en los procedimientos, y sus consecuencias serán evidentes: en primer lugar, perjuicios para gran parte de la población, y, en segundo lugar, como ya se ha comentado, una justicia a dos velocidades, una justicia más rápida para quien la pueda pagar y una justicia mucho más lenta para quien no disponga de suficientes recursos. Entendemos, además, que esta ley atenta contra el principio constitucional de tutela judicial efectiva, que, en definitiva, es el motivo más importante que nos ha llevado a presentar este veto.

Y hay otra razón, que también ha comentado algún portavoz, y es que nuevamente nos encontramos ante modificaciones sustanciales introducidas vía enmienda en el Congreso de los Diputados por el Grupo Popular. Si no he contado mal, en el Congreso han sido exactamente cuarentaicuatro, sin informes preceptivos —por ejemplo, uno básico y fundamental sería el del Consejo General del Poder Judicial—, y además se ha evitado el debate público, el debate político y el debate parlamentario. Y en esta casa, el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado veinticuatro enmiendas, sobre las que, naturalmente, el resto de los grupos hemos podido opinar pero no hemos tenido el suficiente tiempo ni la posibilidad de presentar enmiendas alternativas.

Señorías, y con esto finalizo, nuestro veto a este proyecto de ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento civil se resume en cuatro cuestiones fundamentales: en primer lugar, atenta contra la tutela judicial efectiva; en segundo lugar, da un paso más hacia la privatización de la Administración de Justicia, y, por tanto, impone una justicia a dos velocidades; en tercer lugar, introduce, a través de pretendidas enmiendas técnicas, modificaciones legislativas sustanciales importantes, de gran calado, para evitar su estudio y su posible crítica; y, en cuarto lugar, con este proyecto de ley la justicia no avanza como servicio público.

Estas son sucintamente las razones que nos han llevado a la presentación del veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto devolutivo a su reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, que no es sino una enmienda a la totalidad de toda su política en materia de justicia.

Su gestión, su mala gestión, nos ha hecho transitar por las tasas judiciales, la injusta justicia gratuita, el Registro Civil y sus encomiendas a los amigos, la nueva planta judicial, la jurisdicción voluntaria, la justicia universal, el Código Penal, la ley mordaza, los ERE encubiertos del Poder Judicial, la cosmética reforma del Consejo General y ahora, igual que ayer, una nueva reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal y hoy, una nueva reforma de la Ley de enjuiciamiento civil. Una nueva reforma y los objetivos de siempre: mercantilización, privatización y perjuicio para los ciudadanos.

Todas sus actuaciones en materia de justicia pasan o por concesiones a determinadas corporaciones, o por su obsesión y afán privatizador, o por un vuelta al pasado. Y es que esta es la manera que tiene su Gobierno de entender la justicia en España. En este caso, bajo un señuelo de la modernización, presentan una reforma de la jurisdicción civil para quien pueda pagársela —como siempre, una justicia para ricos y otra para los demás; una justicia de dos velocidades, como se ha dicho—. ¿Para qué hacen esto? Para convertir un servicio público al final en un mercado, eso sí, sin invertir de verdad en el propio servicio y afectando de manera muy grave al núcleo esencial de la actividad judicial. Esta reforma, señorías, esta ley, es el reconocimiento más evidente de su enorme fracaso en sus políticas de justicia.

Bien, señorías, nos presentan un parche más, que no tiene encaje alguno, para modificar aspectos muy puntuales de una ley centenaria, mientras que lo más adecuado, señorías de la derecha, hubiera sido analizar con profundidad y globalmente la justicia en nuestro país para realizar un correcto diagnóstico que nos lleve a hacerla más eficaz, más eficiente y más ágil, a la par de abaratar los costes a los ciudadanos. Pero no, y a estas alturas de la película, mucho menos.

Hoy nos planean una reforma que, según los propios operadores jurídicos, no es necesaria ni urgente, al contrario, es una vuelta al pasado, un retroceso muy importante en la justicia civil española. ¿Qué objetivos pretenden con su proyecto? (Los anteriores senadores lo decían.) Primero, la obligación de utilizar los medios electrónicos para los actos de comunicación y presentación de escritos desde el próximo día 1 de enero de 2016 —una imposición más a todos los profesionales de justicia—, sin preocuparse de si se puede, de si se tiene capacidad, de si existen inversiones, de si se invaden o no competencias autonómicas. Pero ustedes con esto van a poder decir que con el nuevo uso telemático ya han cumplido con su programa electoral, que era modernizar la justicia en España. Señorías, ya no se lo cree nadie, es otra falacia más. En toda la legislatura no han dado ni un solo paso serio para esa deseada modernización y para que eso sea una realidad.

También se ha hablado de los procuradores. Quiero que conste desde el principio todo el respeto del Grupo Socialista y todo nuestro reconocimiento a su excelente trabajo, no vaya a ser que se utilice torticeramente nuestra posición. El Grupo Socialista no puede compartir que su propuesta sea, por un lado, asegurar la figura del procurador como cooperador de la Administración de Justicia y que, por otro, se aumente el número de procedimientos y trámites donde el procurador es obligatorio, porque ello, lo único que va a conllevar es a privatizar aspectos básicos del procedimiento civil y de las garantías inherentes a los actos de comunicación y auxilio. Lo que de verdad les están haciendo a los procuradores es debilitarles. Sí, porque, con la falsa premisa de salvar la profesión reforzando sus funciones, por detrás están abriendo una puerta para que el que pueda pagar tenga una mayor agilidad y rapidez en los trámites —y esto supongo que lo saben—, que está poniendo en pie a los propios profesionales del sector, a los propios colegios de procuradores, porque se les desnaturaliza y se les aleja de las funciones originarias que dieron sentido a su existencia. Esto, por lo tanto, es privatizar. Porque se agilizarán los trámites de aquellos que puedan pagar —de las grandes corporaciones, de los bancos— ¿y del resto de los mortales? Se lo decía al comienzo: es crear una justicia a dos velocidades. Si hasta ahora las notificaciones las hacían los funcionarios, y de forma gratuita, desde hoy, desde mañana, lo harán los procuradores, pero cobrando por cada notificación claro. Esto se llama privatizar, es decir, poner bajo la explotación y administración de un tercero —privado en este caso— los servicios del Estado. Y esto no es una mera definición, es que será un hecho real ilegal cuando se apruebe esta ley. Pero, además, con esta ocurrencia, o lo que es peor, con este interés de proteger a determinadas corporaciones, la aplicación práctica de esta reforma va a dar lugar a interpretaciones contradictorias en los propios tribunales de justicia. Por lo tanto, señorías, están viendo que, de momento, todo lo que estamos diciendo los grupos de la oposición significa que esta ley carece de sentido.

Con este proyecto de ley ustedes trastocan otro aspecto: el juicio verbal. Desde ahora el juicio verbal será escrito y, en muchos casos, sin vista. Ustedes, de un plumazo, acaban con la oralidad, la agilidad, la rapidez y la inmediación. Eso es un retroceso más que nos devuelve al pasado y perjudica, sin duda, la tutela judicial efectiva.

Señorías, con su reforma no aportan rapidez ni agilidad a los procesos, sino todo lo contrario. Desde hoy, como les hemos dicho, serán más caros para los ciudadanos. Esto es justo, justo, justo lo contrario de las tendencias de los países de la Unión Europea y justo lo contrario de lo que pretende y prevé la Constitución y la propia Ley de 2007. Y no lo decimos los socialistas, lo dice —se ha comentado antes— el propio Consejo General del Poder Judicial que indica que con esta medida se provocarán dilaciones en los juicios.

Señorías, les digo otro aspecto negativo de su reforma: la modificación de la prescripción del Código Civil que ustedes proponen. Entiendo que modifican la norma porque sí, sin ninguna razón, sin ninguna necesidad ni justificación, sin atender a la Comisión de Codificación y sin los informes preceptivos de los órganos consultivos. Esto no es sino un verdadero fraude de ley. Después de todo esto, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es su objetivo? En todo caso, reducir las estadísticas de litigiosidad —parece que solo es eso—, sin darse cuenta —o sí, no lo sé— que la minoración de la prescripción en determinadas acciones personales va a conllevar consecuencias muy negativas para los propios afectados, porque van a ver mermados su posibilidad y su periodo para reclamar. Pero, claro, como no van a poder reclamar, es verdad que se van a reducir los litigios. Que no, señorías, lo que se está haciendo es perjudicar y cercenar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Comento otro aspecto pernicioso de su reforma. Dicen que van a dar mayor protección a los usuarios y consumidores. Es otro cuento más. Los perjudicados serán, como siempre con ustedes, los que menos tienen, y los beneficiarios, también como siempre con ustedes, los que se aprovechan de sus propios cambios. Por favor, dejen de perjudicar con sus reformas a los españoles. Nos presentan una ley que no es muy extensa en su articulado, es verdad, pero que contiene cambios fundamentales en la organización del proceso civil que afectan también a otros ámbitos de la justicia. Modifican y transforman una ley con cuatro aspectos básicos para ustedes: el fomento de las nuevas tecnologías, la mejora del juicio verbal, la revisión de las cláusulas abusivas y el acortamiento de los plazos en la prescripción. Pero solo son fundamentales para ustedes, porque no los reclama nadie, no lo ve necesario nadie. Al contrario, todos vemos que es una reforma con graves deficiencias técnicas, con una privatización añadida a la justicia y con un perjuicio en la eficacia y en la eficiencia de la Administración de Justicia. Es una ley de la que todos estamos diciendo a través de enmiendas que de tapadillo va a conllevar el reajuste y la revisión de otras leyes que ustedes no se han atrevido a traer al Parlamento, o, incluso, que están ya en vigor y que van a modificar bajo el paraguas de eso que ustedes llaman mejoras técnicas.

A estas alturas de la película solo les haría dos preguntas. Primera pregunta: ¿Va a contribuir esta reforma a solucionar o, por lo menos, a paliar los profundos problemas de la justicia civil en España? Segunda pregunta: ¿Va a mejorar esta reforma el acceso, la práctica y el desarrollo del proceso civil en nuestro país? La respuesta —porque ustedes no van a contestar— es evidente: No, esta ley no va a contribuir a mejorar los problemas de la justicia, porque lo único que va a generar es un paso atrás, y muy negativo, en cuanto a su efectividad.

Esta no es una ley especialmente afortunada. Al contrario, es absolutamente desafortunada porque va a privatizar elementos esenciales del propio proceso civil. Tampoco es una ley técnicamente apropiada, porque no va a responder a los problemas conocidos y reales de la jurisdicción civil. Y es que es tan desacertada que va a provocar un evidente efecto atentatorio contra los derechos de igualdad, de discriminación y de tutela judicial efectiva, recogidos en la propia Constitución.

Esta reforma debiera obedecer de verdad a un plan ordenado para la mejora de la justicia y de la jurisdicción procesal civil, pero, como no va a ser así, por eso el Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto devolutivo, esta enmienda a la totalidad, como decía al comienzo, a toda su política de justicia.

Esta reforma es innecesaria ya que no mejora un servicio público. Esta reforma no responde a una demanda urgente de la sociedad española ni a la de los profesionales del derecho ni de la justicia. Esta reforma no favorece a ningún demandante de justicia civil en España. Esta reforma, señorías, solo responde a facilitar la privatización de aspectos básicos del proceso civil, y, sobre todo, su reforma conllevará una justicia más lenta, más ineficaz y más injusta. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía —decía Séneca—, y ustedes están en eso: zarandeando sin piedad el proceso civil en España en la búsqueda de no sé qué santo grial.

Señorías, de verdad, para lo poco que les queda, no menoscaben más los derechos de los españoles y no hagan más injusta nuestra justicia en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora señora Dueñas, doña María del Carmen.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de entrar en el fondo de lo que nos trae hoy aquí y manifestar nuestro voto en contra, como no podía ser de otra manera, de estos cinco vetos presentados a la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, quiero decirle, senador Rodríguez Esquerdo, que serán los ciudadanos los que, con su voto, determinen lo que le queda en el Gobierno al Partido Popular. Desde luego, no serán ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, serán los ciudadanos los que avalen el trabajo que ha hecho este Gobierno desde el primer minuto de su gestión. (Aplausos).

Señorías, nos oponemos rotundamente a estos vetos porque, con el objetivo que persiguen, están diciendo no una vez más a una reforma que tiene un fin muy claro, que no es otro que seguir avanzando en la necesaria y demandada por los ciudadanos modernización de la justicia. Se trata de seguir trabajando para hacer una justicia más rápida y eficaz, para reforzar las garantías del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y servir mejor a la finalidad de certeza en las relaciones jurídicas, para así reducir la litigiosidad, simplificando para ello el régimen jurídico de la prescripción. A todo esto, y a mucho más de lo que recoge este proyecto de ley, están ustedes, una vez más, diciendo que no. Lamentablemente, señorías, estoy convencida de que esto lo hacen más por su confrontación política —como demostraba el senador Rodríguez Esquerdo al final de su intervención— contra todo aquello que provenga del Gobierno del Partido Popular que por un razonamiento lógico y coherente con la técnica legislativa.

Como dije en comisión, señorías, ninguno de los vetos entra en el fondo de la ley, ninguno entra a valorar de manera objetiva su espíritu modernizador, con el que les puedo garantizar que nace esta reforma de la ley y que supone una clara mejora para todos los ciudadanos, lo que al final pretendemos lograr mediante la actividad legislativa. Todos los grupos que han presentado estos vetos repiten el mismo mantra, y aquí lo hemos vuelto a escuchar esta tarde: la privatización, el castigo a la Función Pública, el castigo a los servicios públicos, el castigo, en definitiva, a los ciudadanos. Ese es el argumentario que se repite una y otra vez. Y yo les puedo garantizar —



y me ciño estrictamente a este Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil— que carece de fundamento, porque esta ley es plenamente garantista y respetuosa con la actividad y con todos los operadores jurídicos que intervienen en la Administración de Justicia.

Permítanme, señorías, que me detenga en alguna de las consideraciones que se han planteado por ustedes en sus vetos. Por cierto, senador Bruguera —no le veía—, decían que no habían tenido tiempo, que no había habido plazo, que si las enmiendas presentadas por el Grupo Popular... Da la sensación de que quieren hurtar a nuestro grupo la posibilidad de presentar enmiendas. Nosotros tenemos plena libertad y tenemos criterio para enmendar cualquier iniciativa. No sé si todos los grupos podrían decir lo mismo.

Centrándome en el texto de los vetos y en alguna de las argumentaciones que aquí se han presentado, concretamente, en relación con lo reseñado por el Grupo Mixto, por Entesa y por el Grupo Socialista, respecto al aumento de protagonismo que confiere esta ley a los procuradores y a su colaboración con la Administración de Justicia —el Grupo Socialista como un punto privatizador, mientras que el Grupo Mixto habla de justicia a dos velocidades—, tengo que decirles, señorías, sobre ambas observaciones, que este proyecto de ley, como otros proyectos normativos más recientes del Ministerio de Justicia, ha tratado de avanzar en la misma línea que venía realizándose por unos y otros gobiernos anteriores con independencia del color político, confiriendo mayores facultades a los procuradores y ampliando su papel como profesional colaborador de la Administración de Justicia. Por cierto, senador Rodríguez Esquerdo, el presidente del Consejo de Procuradores de España manifestó su satisfacción con las atribuciones que les confería el presente proyecto de ley.

Hablan de justicia a dos velocidades. Es curioso, señorías, piden alternativas, y cuando se les dan, tampoco les gusta. Hablar de justicia a dos velocidades, a nuestro juicio, supone un prejuicio, pues descalifica a unos profesionales dando por hecho que no van a ser capaces de hacer su trabajo con criterios de igualdad y de seguridad jurídica, una desconfianza plena en los funcionarios, en los servidores públicos y, en este caso, también en los procuradores, que, desde luego, no compartimos.

Siendo plenamente consciente de la importante función de los procuradores en la actividad de la Administración de Justicia y en su relación con los ciudadanos, lamento que algunos de los grupos muestren cierto malestar, denuncien o arremetan contra este hecho que se refleja en esta ley, contra ese merecido papel que van a desempeñar los procuradores después de esta reforma.

Las palabras van por un lado y lo que recoge el veto va por otro, senador Rodríguez Esquerdo. En su veto el Grupo Socialista hace referencia a que este proyecto de ley es una concesión más a los procuradores, y prosigue —cito textualmente—: «..., a una determinada clase de administradores de justicia a la que —dice su grupo— desagrada profundamente ver a los justiciables o, incluso, a los abogados, y que considera las vistas como algo innecesario.» ¿Qué está queriendo decir con esa afirmación, senador Rodríguez Esquerdo: que a los procuradores españoles les molesta tratar con sus clientes, con los abogados? Estoy convencida de que compartirá conmigo que es una expresión absolutamente desafortunada.

Señorías, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, ya puso de relieve la necesidad de potenciar la figura del procurador. Lo teníamos y lo tenemos muy claro. Esta reforma surge, entre otras razones, por la necesidad de realizar una regulación complementaria de las funciones del procurador, concretamente, los actos de comunicación, y sin que ello resulte incompatible ni genere conflicto con su originaria función de representación, ni suponga un incremento de los actos en los que sea preceptiva la intervención del procurador.

En definitiva, señorías, se mantiene el actual sistema dual de posibilidad de realizar los actos de comunicación, bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por los procuradores. Esta es una realidad que así consta en el texto del proyecto de ley. Y, señorías, algo importante, será el litigante el que decida si estos actos procesales han de ser ejecutados por el procurador o por los funcionarios judiciales. A nuestro juicio, esto implica una mejora significativa con la que va a contar el justiciable, sin que ello suponga —puedo afirmarlo sin temor a equivocarme— ni una justicia a dos velocidades ni su privatización.

Otra de las cuestiones que se han planteado en relación con el fomento de las nuevas tecnologías es la escasa confianza que tienen sus señorías en que esta necesaria modernización sea una realidad en la Administración de Justicia. Pues bien, este proyecto de ley tiene ese objetivo. Existe una ambiciosa planificación por parte del Ministerio de Justicia en esta materia. Efectivamente, ese objetivo está a la vuelta de la esquina, el 1 de enero de 2016. En este sentido, les voy a dar un dato porque sería muy extenso si me refiriera a todo lo que se está trabajando en ese plan tecnológico que está desarrollando el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, señorías, actualmente los sistemas informáticos LexNet, para asegurar el cumplimiento del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil en las órdenes jurisdiccionales, tanto de lo Social, de lo Contencioso-administrativo y Civil, están listos ya para su uso, en producción, por cualquier colectivo profesional y administración pública.

También rechazamos la argumentación de los grupos parlamentarios Entesa y Mixto en cuanto a la ambigüedad de las competencias del juez para determinar la existencia de cláusulas abusivas en el procedimiento monitorio, porque el objetivo de este proyecto de ley es, en todo caso, y siguiendo las recomendaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, garantizar al consumidor una protección efectiva de sus intereses de forma clara y precisa.

Con respecto al orden de sucesión procesal, que también alegan en sus vetos, tampoco lo podemos compartir, señorías, dado que estimamos que el deudor queda suficientemente protegido con el régimen propuesto.

Respecto a la crítica que también han hecho sus señorías a la reforma del juicio verbal, especialmente el Grupo Socialista, en concreto a la exigencia de que la contestación sea escrita y la posibilidad de renunciar a la vista —porque alegan que ello va a privar de inmediatez al procedimiento—, tengo que decirle, senador Rodríguez Esquerdo, que, tras quince años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han sido los diferentes operadores jurídicos los que han demandado la introducción de modificaciones en la regulación del juicio verbal, a fin de que se refuercen las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. En ese sentido también quiero responderle a esas dos preguntas que usted formulaba al final de su intervención; hubiera sido interesante que esas dos preguntas las hubiera hecho a su Gobierno, cuando el Partido Socialista estaba al frente de las políticas de justicia en este país, porque critican mucho este proyecto y tienen poca confianza, pero la modernización no fue un fuerte, precisamente, en las políticas de justicia socialista. Centrándome en la reforma del juicio verbal, la finalidad es evitar la indefensión de las partes al permitir que actúen en igualdad, sin que ello suponga demora en su tramitación, a diferencia de lo que se alega.

Concluyo, señorías. Por todas las razones expuestas, como ya les he anunciado, votaremos en contra de los cinco vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Dueñas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora señora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señorías.

Podemos va a apoyar los vetos presentados, en realidad por el mismo mantra al que se ha referido, que están exponiendo todos los compañeros en sus vetos. Por un lado, nosotros estamos a favor del mantenimiento de los servicios públicos en manos exclusivamente públicas.

Nosotros entendemos que dar protagonismo a los procuradores no es una forma de agilizar la justicia. No la compartimos porque se le está dando una potestad a la profesión de los procuradores —como la certificación de los actos de emplazamiento o citación— que es de los funcionarios públicos; no compartimos que esa potestad pase a manos de una profesión privada como la de los procuradores. (Tengo que decir, como abogada, que personalmente respeto bastante esa profesión.)

Voy a decir lo mismo que han dicho los defensores de los vetos. Nos parece un cambio radical porque se va a fomentar una justicia a dos velocidades. Compartimos que esto va a suponer una justicia a dos velocidades: quien pueda pagar va a ver agilizados los trámites en un procedimiento y quien no lo pueda hacer va a ver cómo las notificaciones, cómo el procedimiento, van a ir a otros ritmos —porque, evidentemente, muchísimos juzgados están bastante atascados por falta de medios—. Por tanto, pensamos que esto va a provocar un elitismo de la justicia, que no compartimos.

Hay algo que se podrían haber planteado respecto a la agilización y a este cambio que se está produciendo respecto a la función de los procuradores. ¿Qué pasa con la asistencia jurídica gratuita a los procuradores de oficio? No se dice nada al respecto. Recordemos que son cientos de miles los procedimientos en España que entran cada año en los tribunales en los que el ciudadano solicita justicia gratuita, y el procedimiento lo lleva un procurador de oficio. Se podría haber obligado, si se querían agilizar los trámites, a que, con la justicia gratuita, fuera una obligación del procurador realizar este tipo de notificaciones y certificaciones. Sin embargo, no es así. En realidad, la mayoría de los ciudadanos que acuden a los tribunales con justicia gratuita, por no decir el cien por cien, van a tener esta justicia de segunda velocidad en cuanto que van realizar las notificaciones los funcionarios y no los procuradores de oficio.

Si se quiere agilizar la Administración de la Justicia, entendemos que hay que apostar por dotarla de medios. España está a la cola de Europa en inversión en justicia, y ese es un problema. Hay 10 jueces menos por cada 100 000 habitantes que la media europea. Según Jueces para la Democracia, hacen falta más de 1000 juzgados en España para responder a los intereses de la ciudadanía. Es ahí donde debería invertirse para agilizar la justicia. Además, hacen falta más personas, más personal —como trabajadores sociales, psicólogos— que den apoyo a los jueces en procedimientos penales, penitenciarios y de familia. Esa es otra forma de agilizar también la justicia al dotarla de una mayor calidad y que sea una justicia más justa.

Entendemos perfectamente que los procuradores estén de acuerdo con las reformas. Obviamente, van a tener mucho más trabajo. En realidad, actualmente, con todas las nuevas tecnologías están perdiendo absolutamente protagonismo, están perdiendo trabajo y están perdiendo funciones. Es una forma de volver a ser actores en un procedimiento donde están dejando de tener una función. Pero de esta manera se va a provocar una justicia para ricos y una justicia para pobres, que no compartimos.

Por otra parte, tampoco compartimos la nueva figura de la sucesión procesal del artículo 540 de la Ley de enjuiciamiento civil. Entendemos que va a dar alas a los denominados fondos buitre. En España, en la mayoría de las sucesiones procesales, el sucesor ejecutante es un fondo buitre. De hecho, el destino favorito de los fondos buitre en Europa, después de Reino Unido y de Irlanda, es España. Entendemos que se les va a dar alas a estos especuladores con estas reformas en cuanto que se les va a posibilitar la interrupción en cualquier momento del procedimiento, algo que no sucedía antes, incluso después de la fase de oposición a la ejecución, sin posibilitar al deudor ni siquiera poder tener audiencia y sin prevenir ningún tipo de condonación, cuando el fondo buitre ha adquirido el crédito o la deuda a un precio mucho menor de lo que él la tiene y la va a ejecutar por la cantidad íntegra, sin que haya dotado al deudor de ningún tipo de beneficio. Estimamos que esto va a suponer fomentar la actuación, dudosamente legítima, de estos fondos y un enriquecimiento injusto del especulador en detrimento del deudor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Imponer obligaciones en textos legales sin proveer de los medios imprescindibles para que esas obligaciones se desarrollen aboca al fracaso de la ley que lo aprueba, y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es qué va a pasar, no digo ya el 1 de enero de 2016, día inhábil, que estará todo el mundo felizmente recuperándose de la larga noche de fin de año, sino el 2 de enero. Me preocupa el 2 de enero, cuando abra la puerta el secretario, entonces ya letrado de la Administración de Justicia probablemente, y se encuentre con que esa mañana entran documentos por escrito porque no es posible de ninguna manera, por las carencias del propio juzgado, porque no tiene la oficina única de notificaciones u otras carencias del sistema informático, dar cumplimiento a esta ley; eso es lo que me preocupa fundamentalmente. El Boletín Oficial del Estado es muy importante. Las leyes que aprobamos tienen tremenda trascendencia en la vida de los ciudadanos, y por eso debemos de ser muy cuidadosos con lo que sale de estas cámaras, pero no tienen capacidades y poderes mágicos. Si no hay un sistema informático que lo permita, ya puede la ley ponerse arriba o ponerse abajo, que la utilización de las nuevas tecnologías en el procedimiento solamente será una espada de Damocles sobre el propio procedimiento, sobre cómo interpretar qué ocurre en esa realidad, qué respuesta y qué solución dar en cada uno de los juzgados.

En cuanto al papel de los procuradores, deciden los litigantes, pero los litigantes son iguales ante la ley —lo dice nuestra Constitución— pero no son iguales en su capacidad económica. No es lo mismo una gran empresa que un pensionista. La gran empresa tendrá el procurador, que realizará todos los actos que esta ley le habilita para desarrollar; el pensionista tendrá que esperar, insisto, a que el agente judicial, en el orden que le fije el secretario, dé cumplimiento a esos otros actos procesales, a esas notificaciones que ya realizó el procurador de la empresa.

En relación con las cláusulas abusivas, queremos, aparte de no compartir algunas de las modificaciones que el Grupo Popular incorpora en sus enmiendas en este trámite, ampliar la capacidad del juez de evaluar el carácter abusivo o no de las cláusulas, más allá de lo que prevé el precepto en relación con los procesos monitorios. Esa es la finalidad de nuestras enmiendas. Finalmente, sobre la cuestión de la sucesión procesal nos parece que lo mínimo sería —articulamos una enmienda al respecto— que antes de aprobar la sucesión procesal a favor de uno de estos nuevos acreedores sobrevenidos como consecuencia de las respuestas dadas a la crisis del sistema financiero, el juez escuche al deudor y tome después la decisión que proceda, pero que al menos haya un trámite de audiencia del deudor al que se le comunique esa sucesión procesal y éste tenga la oportunidad de argumentar su conformidad o disconformidad con la misma; si cree que es justa o injusta la novedad en la situación del acreedor, en este caso en vía ejecutiva.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente.

Señorías, con respecto al contenido de este proyecto de ley no tenemos una opinión crítica, pero sí tenemos un gran escepticismo, por lo que voy a intentar explicarme en estos minutos. Aquí hay cuatro ideas clave: la primera, que se ha citado una y otra vez, la modernización de la justicia, uno de los grandes objetivos de este proyecto de ley, pero sin recursos materiales ni recursos humanos. La segunda, los procuradores porque, tal como se ha evidenciado aquí, adquieren un protagonismo especial. La tercera, las nuevas tecnologías que van a entrar el 1 de enero de 2016, con ese concepto de cero papel. Y la cuarta idea clave con la que voy a empezar a desarrollar mi exposición sería el balance del Ministerio de Justicia, del Gobierno en el ámbito de la justicia.

Como estamos tramitando el último proyecto de la Comisión de Justicia, entiendo que es totalmente procedente hacer una valoración de estos cuatro años, de los objetivos que marcó el Gobierno en esta Cámara y de lo conseguido basándonos en una serie de indicadores objetivos importantes a la hora de medir.

En cuanto a los objetivos, el señor Gallardón planteaba una reforma de la Justicia —leo textualmente— «escuchando a todos y tendiendo la mano para hacer del diálogo un resorte fundamental de la misma». Todos los presentes van a estar de acuerdo conmigo en que el diálogo no ha sido uno de los resortes fundamentales de este Gobierno en ningún ámbito, especialmente en el de la justicia. Decía el ministro: El elemento diferencial que este ministro —el señor Gallardón—, que este equipo aspira a introducir no es el diagnóstico del problema, ni tan siquiera el de las fórmulas para su solución, se trata de otra cosa, de la ejecución; es decir, se trata de los resultados. Pues bien, a la hora de valorar los resultados, si bien es cierto que ha descendido por cuarto año consecutivo el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles, sorpresivamente, el número de asuntos resueltos en este último año por el sistema judicial ha sido inferior al del año 2011. Estos datos no me los he inventado yo; son datos de la memoria del 2014 del Consejo General del Poder Judicial; datos objetivos.

Si hablamos de modernización, el resultado es mucho peor, con lo cual las medidas que se han adoptado o no han sido las adecuadas o no han estado funcionando debidamente. El problema para la modernización y la aplicación de las nuevas tecnologías, a 1 de enero 2016, es de recursos materiales. Cuando, al debatir esta falta de recursos, se requirió a la senadora Dueñas su opinión en la Comisión de Justicia, su respuesta fue que en los presupuestos de 2016 habría un incremento, si no recuerdo mal, de un 3,5 % para todo aquello que tuviera que ver con la modernización y las nuevas tecnologías. Pero lo curioso es que si tal modernización tiene que producirse el 1 de enero de 2016, es evidente que estos presupuestos no van a destinar más recursos a dar solución a algo que ya tendría que estar en marcha.

Yo conozco la situación vasca y, en otras comunidades, la impotencia que me han transmitido diferentes operadores jurídicos. En Euskadi llevamos años con un sistema informático que nada tiene que ver con el LexNet; el nuestro es el Justicia SIC: el sistema de información para los profesionales y en un futuro también para los ciudadanos, con el objetivo de cerrar el acceso universal al expediente judicial electrónico. Este instrumento permite: presentación telemática de demandas y otros escritos, consulta del estado de tramitación de los asuntos, consulta, señalamiento y vistas, servicio de jurisprudencia a los diferentes juzgados y tribunales del País Vasco, recibo de notificaciones y notas de aviso a profesionales, gestión, designaciones, cambios y sustituciones, y en un futuro —esto es lo importante— acceso y comunicación con los intervinientes, es decir, con los ciudadanos. Pero no sabemos todavía si va a ser posible la compatibilidad con el sistema LexNet; por lo que les pediría una actitud positiva para enfocar un trabajo que durante muchos años se ha venido realizando. Porque dicen los expertos que el sistema es objetivamente mejor que el LexNet. Si se tiene que poner en marcha, póngase, pero que se compatibilice.

Esta es la situación vasca. La otra es la que nos vamos a encontrar en otras comunidades autónomas que no han desarrollado el sistema informático de la misma manera. Sabemos que si no ha habido formación, que si no ha habido recursos, no va a ser posible; no vaya a ocurrir lo que con el Registro Civil, que tenía que estar en marcha en julio de 2015 y se ha tenido que aprobar, mediante una serie de disposiciones adicionales, la reforma para que lo esté en el año 2017, intentando solventar la llevanza de los registros civiles, etcétera; no vaya a ser que aprobemos algo que verdaderamente no sea posible llevar adelante, tal como nos tememos.

Para ir finalizando abordaré las cuestiones planteadas como consecuencia de las disposiciones europeas. La Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior todavía presenta, en nuestra opinión, deficiencias para su trasposición. Hay que hacer una serie de adecuaciones causadas por las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en la línea de lo manifestado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2012.

Se plantean una serie de modificaciones que, tal y como se ha comentado, afectan de forma importante a las funciones de los procuradores de los tribunales, en cumplimiento de lo definido en el Libro Blanco de Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, porque tienen que ser conscientes de que con la gestión del Ministerio de Justicia no se ha hecho más que abrir frentes con diferentes colectivos. En estos momentos son los procuradores, pero en otros fueron los secretarios judiciales o los notarios. Es decir, se han ido creando una serie de conflictos que no nos llevan a ninguna parte, principalmente por no llegar a un verdadero acuerdo con el resto de los grupos y romper esa máxima que el ministro Gallardón expresó en esta Cámara, la de que el primer objetivo del ministerio que iba a dirigir era precisamente el del acuerdo, el del diálogo, cosa que, como todos hemos dicho, no se ha cumplido.

Con este sistema, con el que, como también se ha dicho aquí, se podrían crear dos tipos de justicia, lo cual es verdaderamente preocupante, el grupo mayoritario no ha logrado resolver esta duda; una duda que puede ser objetiva, tal y como viene en el texto, que ustedes van a resolver diciendo que no va a haber una justicia a dos velocidades, que no va a haber una justicia distinta para el que puede y para el que no puede. Ustedes tienen, en definitiva, que resolver esos problemas que se han ido planteando aquí, porque son verdaderamente importantes y nos preocupan. Pero, además, no dan con los criterios que entendemos tienen que ser objetivos para que se exprese esa modernización de la justicia que tanto se necesita.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo Parlamentario de Entesa? (Denegaciones).

Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo no ha presentado propuesta de veto, pero aun así coincidimos con algunos de los puntos expresados en las cinco propuestas de los que sí lo han hecho. Y no lo hemos hecho, al igual que tampoco presentamos enmienda a la totalidad en el Congreso, con el deseo de poder llegar a acuerdos.

En la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2015, el ministro de Justicia, el señor Catalá, manifestó que este proyecto de ley se presentaba con varios propósitos y, concretamente, con cuatro objetivos: la incorporación de las nuevas tecnologías para ser capaces de llevar la nueva sociedad de la información a la Administración de Justicia; la mejora del juicio verbal; una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas, y la actualización del régimen de prescripción de las acciones personales del Código Civil.

En mi grupo valoramos positivamente el hecho de que con este proyecto se intente un objetivo compartido: modernizar y agilizar la Administración de Justicia; compartimos, por lo tanto, el objetivo. La Generalitat de Catalunya, que tiene competencias en la Administración de Justicia, está haciendo ya una gran apuesta en Cataluña siendo pionera en la implantación del expediente judicial electrónico. De ahí que hayamos presentado enmiendas en este punto y para que se nos permita, una vez esté homologado por el Consejo General del Poder Judicial todo este nuevo sistema de la Ley de enjuiciamiento civil, a las comunidades autónomas la regulación reglamentaria de los aspectos que tienen que ver directamente con las competencias en materia de justicia, a los efectos de determinar en qué supuestos será o no obligatorio el uso de medios electrónicos en las notificaciones, citaciones, emplazamiento o requerimientos en función del grado de implantación de las tecnologías de la información y comunicación en el respectivo ámbito territorial. Por lo tanto, consideramos que se trata de avanzar de manera decisiva en lo que debe ser una Administración de Justicia que ciertamente la ciudadanía percibe que ha quedado absolutamente retrasada en este esfuerzo de modernización y digitalización del expediente electrónico.

El Gobierno de la Generalitat, el conseller de Justícia, Germà Gordó, y todo su equipo, y los conselleres que le han precedido, han dado buen ejemplo de lo que es impulsar de manera decisiva esa nueva administración electrónica en el ámbito de un poder judicial que queremos más ágil, más efectiva y más eficaz, un motivo más por lo que decidimos no presentar el veto al presente proyecto.

Por lo que a la actualización del régimen de prescripción de las acciones personales del Código Civil se refiere, en este proyecto de ley la disposición final primera dispone una reforma del Código Civil para que las acciones personales prescriban a los cinco años frente a los quince actuales. Aquí sí que nosotros discrepamos, tal y como argumentamos en nuestra enmienda 243, porque no parece nada coherente esta reducción teniendo en cuenta que no se reduce el plazo de veinte años previsto para la prescripción de la acción hipotecaria, lo cual resulta criticable al no ser preciso un plazo tan largo como demuestra la práctica. Para evitar tratamientos diferentes proponemos equiparar ambos plazos en diez años. El de cinco años lo consideramos corto a todas luces, máxime con la tradición amplia en nuestro derecho de los 15 años que supone además una drástica modificación. El de 20 queda desproporcionado y 10 sería, desde todos los puntos de vista, un plazo mejor. Asimismo, este proyecto de ley posibilita que los procuradores sean también profesionales colaboradores con la justicia, y al respecto quería replicar algún aspecto que otros portavoces han citado al criticar la función de los procuradores. Mi grupo va a defender su función y va a recordar al Grupo Socialista, por ejemplo, que fueron leyes impulsadas precisamente en legislaturas y por gobiernos socialistas las que abrieron la posibilidad de que el procurador pudiera realizar actos de comunicación. Lo que posibilitaría la reforma en esta necesidad de un proceso más ágil y eficaz es que haya una capacidad de certificación de actos que ya se está realizando de acuerdo con la ley vigente; con el necesario auxilio de testigos o de cualquier otro medio idóneo, por ejemplo, sistemas de reproducción de imagen o de sonido. Ahora les estamos diciendo que tengan esta capacidad de certificación, pero que a la vez tenga una validez no iuris et de iure, sino iuris tantum, y se admitiría prueba en contrario o recurso.

Por lo que a los medios se refiere, los propósitos objetivos de este proyecto de ley no son materializables a coste cero; cierto es que este Gobierno se empecina en ello y se ha convertido en un lamentable mantra que se va repitiendo en las disposiciones finales de los proyectos de ley que presenta. En esta ocasión nos congratulamos que no haya reincidido en tal disparate, pero no podemos dejar de insistir en la inviabilidad de la materialización de los proyectos de ley si no se asume de antemano que la Administración de Justicia debe ser adecuadamente dotada de medios materiales y personales para cumplir los objetivos de las reformas.

Como ya he dicho al inicio de mi intervención no hemos presentado veto, igual que no presentamos la enmienda a la totalidad en el Congreso, con el deseo de poder llegar a acuerdos. Nuestra postura es la máxima predisposición al acuerdo puesto que consideramos que era necesario aprobar un proyecto de ley para la modernización de la Administración de Justicia, pero resulta que el grupo mayoritario, el Grupo Popular, aprovechó finalmente la fase de enmiendas en el Congreso para resucitar un proyecto de ley que estaba muy bien apartado, que estaba muy bien en los archivos de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y como se archivó el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, el Grupo Popular decidió presentar cinco enmiendas que causaron claramente una oposición radical de los colegios de abogados, de los profesionales y de cuantos intervienen en el proceso. ¿Por qué mezclar la asistencia jurídica gratuita, mediante una disposición final, concretamente la tercera, con un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil?

Señores del Grupo Popular, no es de recibo. Esto requería lo que el mismo ministro de Justicia dijo: Aparcamos el proyecto de asistencia jurídica gratuita porque vamos a buscar el consenso; y resulta que por la puerta de atrás se introdujeron en la Comisión de Justicia del Congreso una serie de enmienda que rompen claramente ese consenso. Es una lástima, porque mi grupo quería dar apoyo a este proyecto de ley, y lamentablemente, de no producirse una rectificación en el trámite del Senado —de momento no están ni las enmiendas presentadas por su grupo—, a no ser que se acepten las enmiendas que presentamos mi grupo o los demás, no vamos a poder dar apoyo a este proyecto, aunque de momento nos abstenemos en la votación de los vetos.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Dueñas, tras la exposición de todos los vetos, tras oír a todos los portavoces de este Senado y tras su laxa defensa de la ley, los socialistas no tenemos más opción que reafirmarnos en la presentación de nuestro veto.

Otra vez ustedes solos frente al mundo y hasta el final; hasta el final y solos frente al mundo. Siempre dicen que ninguno de nosotros, los portavoces de la oposición, entramos en el fondo de las leyes; nunca las estudiamos ni entramos en el fondo; siempre los portavoces de la oposición repetimos los mismos mantras, las mismas ideas; siempre, nos copiamos unos a otros. Dicen que estamos confundidos, que las críticas, por ejemplo, en justicia, siempre son las mismas; las de todos; son siempre las mismas. ¿Por qué será? Igual es que se lo tienen que hacer mirar; igual es que los confundidos son ustedes y no está confundido el mundo; quizás los confundidos son ustedes.

Esta reforma que hoy nos traen —se lo intentamos decir antes— no pretende otra cosa sino privatizar, mercantilizar la justicia española, que es lo que llevan haciendo en todos sus años de gobierno; conceder prebendas a determinadas corporaciones; su obsesión por privatizar, por volver a los viejos tiempos son, en fin, objetivos que el Ministerio de Justicia ha tenido a lo largo de estos casi cuatro años con el ministro anterior y con el actual ministro, porque yo creo —permítanme que haga una crítica constructiva— que responden a la visión que la derecha tiene de la justicia, una justicia para ricos y otra para pobres; una justicia para quien la pueda pagar y otra para los demás; una justicia rápida para unos y una justicia lenta para otros; un servicio público que deja de serlo para perjudicar gravemente al núcleo esencial en este caso de la actividad jurisdiccional civil.

Hoy con su reforma están dejando ver algo más: ese enorme fracaso de las políticas. Ha entrado en esta Cámara, y a falta de pocos días para que finalice su absoluto mandato, un parche más, que modificará aspectos muy puntuales y básicos de la Ley de enjuiciamiento civil, del proceso civil en nuestro país. ¿Por qué durante este tiempo que han tenido no han analizado con profundidad, seriedad y realidad los problemas que aquejan a la justicia? ¿Por qué no han realizado un diagnóstico? ¿Por qué solo contrarreformas? Ah, que eso lo tenía que haber hecho Zapatero; tenía que haberlo hecho Zapatero, y como no lo hizo Zapatero, ustedes tampoco.

Señora Dueñas, señoría, la de hoy es una reforma innecesaria —lo han dicho todos—, es una vuelta al pasado, es una reforma sobrante, porque obligan a utilizar medios electrónicos y telemáticos sin preocuparse de si se puede o no, de si hay medios o no, de si se tienen competencias o no. Enseguida dirán —se lo decía antes— que el Partido Popular ha avanzado hasta el apagón del papel en la Administración de Justicia, pero no va a ser verdad, tan solo van a dañar ese papel. Pretenden salvar a los procuradores —reitero el respeto hacia esa profesión y su reconocimiento— y dice que el presidente del Colegio de Procuradores está encantado de la vida con su reforma. ¿Habla usted con procuradores y procuradoras? (Asentimiento). Sí. Pues con los que he hablado yo están encantados de los nervios. Cuando tengan que ir a entregar alguna notificación, no voy a decir a ningún barrio específico de alguna ciudad, pero están encantados de los nervios.

Dicen que aseguran la figura del procurador como cooperador de la Administración, aumentando el número de procedimientos en los que el procurador tiene que intervenir obligatoriamente, y con ello consiguen debilitarles y, sobre todo, privatizar aspectos básicos del procedimiento civil; refuerzan sus funciones, pero les alejan —lo decía antes— de sus originarias competencias, y provocan —también se lo hemos dicho todos, seguramente estamos todos confundidos— una justicia de dos velocidades. Y como dijo un entrenador de baloncesto que ganó un campeonato mundial: Esto no es baloncesto, esto es pri-va-ti-zar.

Esta reforma no tiene ningún sentido. Todos hemos hablado del juicio verbal. Es absolutamente absurdo que ustedes pretendan decir ahora que los juicios verbales se hagan por escrito, que se termine la oralidad y vuelvan a los antiguos juicios de cognición. ¿Es un avance volver hacia atrás?

Si hablamos de absurdo, es dañina, incluso, la modificación de las prescripciones con un único objetivo de reducir la litigiosidad en los procedimientos y en los juzgados, sin entender que la minoración de determinadas acciones personales va a conllevar consecuencias muy negativas a los afectados, perjudicando, eso sí, una vez más, a los que menos tienen y perjudicando el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Señores de la derecha, nos presentan un proyecto de reforma del proceso civil con ese velo de la modernización, de la eficacia y de la economía procesal y de la rapidez, pero lo cierto y palpable es que ustedes nuevamente presentan una privatización añadida que perjudica a la propia Administración de Justicia, un reajuste de varias leyes —también se lo hemos dicho— que va a afectar directamente al núcleo central de un servicio público tan importante para los españoles. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Antes les preguntaba, y lo hago ahora de otra manera a ver si es posible que me contesten, ¿creen de verdad que esta reforma va a remediar o corregir profundamente los problemas de la justicia civil en España? ¿Creen ustedes de verdad que esta reforma va a mejorar el acceso, la práctica, el desarrollo del proceso civil en nuestro país? ¿De verdad lo creen ustedes? Si ustedes contestan que sí, no se lo creería nadie, porque a esta Cámara nos traen una ley que no va a responder ni a dar solución alguna a esos problemas ciertos y conocidos de la justicia en España.

¿Transgrede la Constitución? También lo hemos dicho y también nos habremos equivocado, seguramente, porque quebranta los derechos de igualdad, de no discriminación y de tutela judicial efectiva que protege nuestro máximo texto legal.

Durante su Gobierno han tenido tiempo —se lo decía antes— de poner en marcha un plan de mejora para la Administración de Justicia, un plan que reconozca los problemas y que plantee soluciones reales en todos los ámbitos jurisdiccionales. Pero no ha sido así. Han aprovechado estas reformas y estas nuevas leyes para mercantilizar, para favorecer a los amiguetes y desfavorecer y menoscabar los derechos de los ciudadanos, y ahora lo pretenden hacer lo mismo —algo que no habían tocado mucho— en el ámbito civil. Por eso es por lo que los socialistas mantenemos nuestro veto devolutivo que, como les decía antes, es una enmienda a la totalidad a toda la política de justicia del Partido Popular durante su mandato.

Les anuncio que votaremos a favor de todos los vetos presentados, porque al final la reforma que ustedes están planteando no responde a ninguna exigencia de la sociedad española, de los profesionales del derecho ni de los demandantes de justicia. La reforma que ustedes están planteando solo mercantiliza aspectos fundamentales del procedimiento civil, lo que va a hacer que nuestra justicia sea más lenta, más ineficaz, más injusta y más insegura. Y no se olviden que, al final, con actuaciones como estas en el ámbito jurisdiccional, están llevando a la práctica ese dicho de que la justicia no existe, que solo existe la opinión de los injustos, y en este caso, esa opinión es la suya y los injustos son ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, por lo pronto, les digo que vamos a rechazar los vetos porque hemos presentado una reforma que, independientemente de las discrepancias que puedan manifestar los grupos en esta Cámara, busca una justicia eficaz, ágil y cercana para todos los ciudadanos. Rechazo esa afirmación de justicia para ricos y justicia para pobres que tanto les gusta utilizar en sus argumentarios. Hablamos de una justicia para todos, para todos los ciudadanos de este país, que es en lo que está trabajando el Gobierno del Partido Popular.

Y, señorías, senador Rodríguez Esquerdo, sí hemos hablado con muchos procuradores y le reitero que están satisfechos con esta reforma. Me acaban de trasladar un escrito del Colegio de Procuradores de Málaga, cuyo decano manifiesta, textualmente: «Nos sorprende desagradablemente que grupos parlamentarios, como pueden ser Partido Socialista e Izquierda Unida, que en su momento manifestaron su incondicional apoyo, hayan modificado sus criterios con la presentación de estos vetos.»

Senador Rodríguez Esquerdo, reforzar el papel de los procuradores es una cuestión, como he dicho en mi anterior intervención, que vino avalada por el Consejo General del Poder Judicial y también por el Pacto por la Justicia que firmaron los grupos mayoritarios. Por cierto, como apuntaba la senadora de Convergència i d’Unió, los procuradores ya están realizando actos de comunicación, lo que va a permitir esta reforma es que tengan una mayor capacidad en la certificación: no va a ser necesario que vayan acompañados de dos testigos, como ocurre a día de hoy, o que tengan que aportar sistemas de reproducción de imagen o sonido; además, se va a admitir que si alguien no está de acuerdo con ello se pueda oponer a este acto. Intervención de los procuradores, señoría, que va a ser aún más necesaria a partir del 1 de enero del próximo año, fecha límite a partir de la cual la presentación de escritos y documentos, así como la realización de actos de comunicación procesal, se realizarán electrónicamente a través del sistema LexNet.

Yo puedo entender perfectamente su desconfianza porque en la anterior legislatura ya escuchamos aquello de la modernización de la justicia, pero solo podemos cambiar las cosas trabajando y avanzando, y el compromiso de este Gobierno es trabajar y mejorar la situación de la justicia. Ya en esta legislatura hemos trabajado en diferentes programas, como el CORA, que conocerán sus señorías, en el que vamos a seguir trabajando de cara a 2016 en tres líneas de actuación fundamentalmente: justicia digital y en red, justicia abierta y justicia innovadora.

También entendíamos que era preciso —



como se ha dicho ya aquí— reforzar las garantías del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en el juicio verbal. Así, se incluye la obligación de la contestación escrita, trámite que —estamos convencidos— no va en detrimento de la realidad, como se ha señalado, y que está avalado además en el informe del Consejo Fiscal, donde se dice que con este acto se refuerza la igualdad procesal entre las partes, ya que ambas conocen la posición de la contraria con anterioridad a la celebración de la vista.

En cuanto a los procesos monitorios, como bien saben sus señorías hay que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido asunto Banco Español de Crédito. Esta modificación que incluimos va a permitir al juez un mejor y exhaustivo control de las cláusulas abusivas en aquellos contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios, que tienen especial entidad en los contratos de operaciones bancarias y procesos hipotecarios; y todo ello, señorías, respetando en todo caso los principios de contradicción, audiencia e inmediación de las partes.

En cuarto lugar, como he dicho anteriormente al referirme al proceso de modernización y agilización de los procedimientos judiciales, la trascendencia que supone este Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil en cuanto al funcionamiento de la justicia, la digitalización de procedimientos y trámites mediante el papel cero, la comunicación electrónica entre operadores jurídicos y con los ciudadanos y la gestión procesal a través del expediente judicial electrónico —en el que, por cierto, ya venimos trabajando en esta legislatura—, ha tenido su reflejo presupuestario en el proyecto de presupuestos generales para el próximo ejercicio. A tal fin, el presupuesto para 2016 destina un total de 78,52 millones de euros; concretamente, en cuanto al apartado de inversión en modernización de la justicia, el dato que recogen los presupuestos es de 64,62 millones de euros previstos a tal fin, lo que se traduce en 17 millones adicionales en relación con el ejercicio presupuestario pasado. Y dentro de esta inversión, señorías, quiero señalar la partida de 20,76 millones de euros a través de la línea justicia digital, con la que se persigue conseguir la digitalización de los procesos para disponer de servicios más ágiles, simples y papel cero, así como avanzar en las comunicaciones sobre la base de dispositivos móviles tanto para profesionales como para los ciudadanos y conectar a la justicia con otras administraciones relevantes en el proceso judicial.

En cuanto al régimen de la prescripción, a la simplificación y unificación de los plazos de prescripción en las acciones personales, tengo que decirles, señorías, que se ha realizado siguiendo los trabajos y las recomendaciones de la Comisión General de Codificación. Con ello vamos a obtener un equilibrio real entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de seguridad de un plazo máximo.

Para ir concluyendo, señorías, permítanme que reseñe, como hice en la comisión, la ampliación de derechos que, a nuestro juicio, supone la modificación que se recoge en la disposición adicional sexta, que afecta al apartado 1 del artículo 20 de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que recoge el derecho de las víctimas a recibir asesoramiento jurídico gratuito desde el momento previo a la interposición de la denuncia con independencia de sus recursos, y también a la defensa y representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. A nuestro juicio, cuestión esta fundamental y que será compartida por todos en aras de una mayor protección y seguridad para las víctimas, ya que esa información previa, detallada, por parte de los letrados es imprescindible para evitar sobreseimientos indeseados o archivos de la causa, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva para las víctimas. En idéntico sentido, me refiero escuetamente a lo recogido en la disposición adicional octava, que afecta a la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, cuestiones ambas, señorías, de justicia y de necesario reconocimiento.

Concluyo, señorías. Como afirmó Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». Y esta ley, este proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, entendemos que es justa. Seguimos trabajando con ese objetivo, que yo creo que debe ser compartido por todos: modernizar la justicia en nuestro país. Lucharemos para hacerlo, se lo garantizo, señor senador Rodríguez Esquerdo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil. La senadora Cunyat ha hecho ejercicio de la votación telemática y se ha manifestado en el sentido de abstenerse a las propuestas de veto.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, presentada por el senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto telemático, 215; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, presentada por la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, presentada por los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto telemático, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, presentada por los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto telemático, 216; a favor, 62; en contra, 142; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto telemático, 215; a favor, 62; en contra, 139; abstenciones, 13 más 1 voto telemáticos, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas. (Rumores).

En primer lugar, las enmiendas del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha presentado las enmiendas 1 a 32. (Rumores). Tiene la palabra el senador Iglesias para defenderlas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdón, senador Iglesias.

Guarden silencio, señorías.

Señoría, comience.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta, una vez que localicé las enmiendas —con estos Plenos voy a tener que hacer un índice de la libreta para poder encontrarlas—. (Aplausos.—Risas).

Señorías, buenas noches. En nombre de Izquierda Unida he formulado 33 enmiendas a este Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, he alcanzado acuerdo transaccional sobre tres de ellas, las números 1, 10 y 14, y paso rápidamente a explicar el contenido de las que no han dado lugar a esas transacciones. (Rumores).

Planteamos la supresión de los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 23, que regulan las funciones de auxilio y cooperación del procurador, entre ellas la facultad de certificar la realización de los actos de comunicación —ya expliqué en el veto los motivos—. (Rumores).

Asimismo, proponemos la modificación del artículo 135.1 para que se mantenga la redacción actual en relación... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Proponemos que se mantenga la redacción actual para las situaciones en que no se pueda hacer la presentación telemática por interrupción del servicio de comunicación. También planteamos una modificación del mismo artículo 135 en su párrafo 4, para que cuando no se puedan presentar en el registro documentos en soporte papel sea posible su presentación en la oficina judicial. (Rumores).

Proponemos la modificación del artículo 152.2, 2.º, con la aclaración de que cuando la comunicación la el procurador de la parte será a su costa, a costa de la parte. (Rumores).

Asimismo, planteamos una mejora técnica del artículo 429 párrafo 1, en relación con las consecuencias de la no presentación en el acto de audiencia del escrito detallado de prueba propuesta en el juicio verbal.

Por otra parte, proponemos una modificación del artículo 438.1 para ampliar en el juicio verbal a quince —en vez de los diez días que señala el proyecto— el plazo para contestar a la demanda. (Rumores).

Introducimos dos enmiendas con una nueva redacción del artículo 441 y del artículo 443.1 para potenciar el papel del secretario judicial en la búsqueda de una conciliación de las partes previa a la vista, intentando que se traslade al ámbito civil lo que ha sido una larga y positiva experiencia en el orden social.

Con otra enmienda pretendemos establecer una nueva redacción del artículo 447.1 para que el trámite de conclusiones sea preceptivo en el juicio verbal —esta es una de las enmiendas transadas—. (Rumores).

Mediante una enmienda modificamos el artículo 540.2, que regula la sucesión en la ejecución, para que —como ya tuve oportunidad de argumentar en la defensa del veto— antes de declarar esta sucesión procesal en la ejecución se dé traslado al ejecutado para que formule alegaciones si lo considera oportuno. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, si quieren que el debate sea más sereno y más tranquilo, dejen que el orador intervenga con tranquilidad. De lo contrario, el Pleno será más duro para todos. O sea, que si quieren hablar, por favor, salgan al pasillo.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Respecto al artículo 617.1, también queremos que se recupere la actual redacción en relación con el procedimiento de tercería de mejor dominio.

Asimismo, hemos presentado una enmienda al artículo 641.3 para que se excluya la posibilidad de que el secretario designe al Colegio de Procuradores como entidad especializada para la subasta —también expliqué las motivaciones en la defensa del veto—.

Enmienda presentada al artículo 815.4, para prescindir, por innecesaria, de la vista previa en la que el juez declare abusivas cláusulas de un contrato entre profesional o empresario y consumidor.

Con otra enmienda se propone un nuevo apartado 11 bis en el artículo único, que modificaría el artículo 111 para que se aplique a la recusación de los secretarios judiciales las previsiones que ya están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, en consonancia y coherencia con este planteamiento, formulamos cuatro enmiendas de supresión de los artículos 116, 117, 118 y 119, por entender que una vez que resulten aplicables —si se estima la enmienda al artículo 111— las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la recusación de los secretarios, ningún sentido tiene que se reproduzcan estos planteamientos en la norma procesal.

Mediante otra enmienda queremos introducir un nuevo apartado sesenta bis en el artículo único, añadiendo un nuevo apartado 4 al artículo 575, en consonancia con el 815, para que en los casos de reclamación de deuda basada en un contrato entre profesional o empresa y consumidor, antes de que el secretario haga el requerimiento de pago el juez aprecie el posible carácter abusivo de las cláusulas. En idéntico sentido, introducimos un nuevo apartado sesenta y dos bis para que se incluya el mismo contenido en el párrafo 4 del artículo 686.

Finalmente, modificamos la disposición transitoria segunda para que se aplique a los procedimientos monitorios en marcha las previsiones del artículo 815 enmendado, en relación con la posible aplicación por parte del juez de la concurrencia de cláusulas abusivas.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Creo que del contenido de mis dos intervenciones anteriores se desprenden los principales fundamentos que justifican la presentación de enmiendas que he hecho. Por lo tanto, las doy por defendidas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Intervendré desde el escaño, señora presidenta, muy brevemente.

Nosotros hemos presentado un total de cincuenta y nueve enmiendas, la mayoría de supresión y en consonancia con las líneas expuestas en el veto: defensa del principio de tutela judicial efectiva, nuestro desacuerdo con la privatización de la Administración de Justicia y en contra de la justicia de dos velocidades, defensa de la Justicia como servicio público y, evidentemente, crítica a la técnica legislativa utilizada en el Congreso de los Diputados de introducción de modificaciones sustanciales sin la necesaria transparencia.

Estas son las líneas generales que inspiran nuestras enmiendas y, concretamente, un grupo de ellas van dirigidas a resolver nuestro profundo desacuerdo con la regulación del juicio verbal y su modificación para que sea realmente verbal, de acuerdo con el consenso que se alcanzó en el año 2000. Asimismo, hay otra serie de enmiendas que intentan resolver el excesivo aumento del número de procedimientos y trámites en los que es obligatoria la intervención del procurador.

Otro grupo de enmiendas se refieren a la privatización de determinados actos procesales, cuestión que nosotros queremos resolver, y pretendemos proteger a la parte más frágil en los supuestos de ejecución hipotecaria entre ejecutante y ejecutado, evitando enriquecimientos injustos en caso de sucesión. Algunas enmiendas van en la línea de nuestra total discrepancia con la manera en que se ha producido la tramitación en el Congreso de los Diputados. Otro grupo de enmiendas que son absolutamente coherentes con la posición de nuestro grupo respecto a la ley de tasas judiciales. Y, finalmente, un conjunto de enmiendas relativas a garantizar la asistencia jurídica gratuita.

Estas son las enmiendas de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas de Convergència i d’Unió. Tiene la palabra, senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo ha presentado setenta y seis enmiendas: una de supresión, treintaiuna de modificación y cuarentaicuatro de adición.

Por bloques temáticos y de forma resumida y sucinta, destacamos las enmiendas números 188 y 189, que vienen a resumir muchas de las enmiendas que ha presentado mi grupo a este proyecto de ley. Son enmiendas que tienen su encaje en lo que estaba ya previsto en el Libro blanco de la justicia, en el anteproyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil que aprobó el Consejo de Ministros el 3 de mayo de 2013, y del que dimana este mismo proyecto de ley.

Cuando hablamos de las funciones de los procuradores, por ejemplo, presentamos las enmiendas 186 a 189 al artículo 23, que dice que corresponde a los procuradores la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de las tareas de auxilio y colaboración con los tribunales. Pues bien, sobre la base de lo que ya se establece en el Libro blanco de la justicia, a nosotros nos gustaría añadir no solo de comunicación, sino los actos de ejecución, un ámbito donde los procuradores podrían realizar gran parte de su actividad. Toda vez que se avanza tanto en las comunicaciones electrónicas, podríamos darles este ámbito de competencias, de ahí nuestras enmiendas números 186 a 189, 228 a 238, 240 y 242.

Cabe destacar también la enmienda 186 al artículo 23 para puntualizar que el procurador habría de ser licenciado en Derecho o titulado de grado en Derecho, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio, porque en estos momentos no está recogida esta previsión de que tenga que ser titulado y, por tanto, daría lugar a intrusismo.

Hay enmiendas destinadas al juicio verbal, como la 222 al artículo 445, que tiene por objetivo que en materia de prueba sean de aplicación al juicio verbal los preceptos reguladores de las diligencias finales y de presunciones del juicio ordinario.

La enmienda 223 versa también sobre el artículo 445, concretamente en su apartado 1, para eliminar el límite de 3000 euros para apelar una sentencia. Basta simplemente acudir al dato empírico del importante número de revocaciones que se producen en apelación para llegar a la conclusión de lo erróneo de la reforma, que ha supuesto dejar al margen de la justicia material un buen número de asuntos cuya resolución es corregida actualmente en segunda instancia. Se trata de una injustificada limitación de derechos propios de nuestro histórico sistema judicial, que no se justifica por la sola voluntad de agilizar la justicia. Además, con esta limitación cada juzgado vería cómo sus sentencias son inapelables en esa cuantía, con la gran inseguridad jurídica que se produce ante la disparidad de criterios que precisamente el proyecto de ley cuida evitar en otros ámbitos.

Hay enmiendas que propician el principio de oralidad, como la 225, para que se establezca la vista oral en la apelación si ambas partes la solicitan, o la 217 al artículo 447 para que en juicio ordinario siempre se conceda un turno de palabra a las partes para formular oralmente conclusiones, para evitar dejarlo al arbitrio o decisión del juez en cada caso.

En Convergència hemos presentado también enmiendas incardinadas en el ámbito competencial: 252 a 255. Una de ellas modificaría el artículo 38 de la Ley de asistencia jurídica gratuita en la redacción de la disposición final tercera, de forma que se respeten las competencias autonómicas para la regulación del sistema a través del cual se subvencionará, con cargo a dotaciones presupuestarias, el coste que genere a los consejos generales y colegios profesionales de abogados y procuradores. Consideramos que debe ser la administración que tiene asumida las competencias en materia de justicia gratuita la que establezca el sistema de subvención del servicio. El previsto en el proyecto obligaría a modificar el sistema de compensación, por ejemplo el utilizado actualmente en Cataluña, para subvencionar el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita regulados y organizados por los colegios profesionales. Además, este cambio implica en la práctica una invasión de la competencia del artículo 106 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalitat la competencia para ordenar los servicios de orientación jurídica, ya que al no poder establecer las condiciones de criterios del otorgamiento de la subvención la capacidad para ordenar el servicio quedaría muy mermada.

En la misma línea, la enmienda 253 modificaría la redacción que esta disposición final tercera del proyecto da a los artículos 15, 22 y 33 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, para preservar las competencias de las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia gratuita, que son las que deberían regular y determinar reglamentariamente la documentación exigida, el requerimiento de devolución de expedientes de justicia gratuita.

Es necesario clarificar que la gestión y responsabilidad directa de la organización de los servicios de justicia gratuita, asistencia letrada y defensa y representación gratuitas compete a los colegios de abogados, en cuyo seno están los colegiados abogados inscritos, y no al Consejo General de la Abogacía Española. De acuerdo con el artículo 104 del Estatut d’Autonomía de Catalunya, corresponde a la Generalitat la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de las competencias de coordinación y homologación que corresponden al Estado para garantizar la compatibilidad del sistema. En este sentido, pretendemos que, una vez homologado el sistema por el Consejo General del Poder Judicial, exista una regulación reglamentaria por parte de las comunidades autónomas con competencias en la materia.

Por otra parte, hemos presentado una enmienda relacionada con el régimen de prescripción del Código Civil —que ya hemos comentado—, puesto que no nos parece bien este acortamiento de los plazos a cinco años dejando otros para veinte. Consideramos que lo mejor sería, por proporcionalidad, diez años de plazo en las prescripciones.

Hemos presentado una enmienda al artículo 239, de adición, para que se prevea la división de la cosa común en el artículo 67 bis.

La 258 es una enmienda de adición de una disposición final nueva para que la referencia a los secretarios judiciales se sustituya por letrados de la Administración de Justicia, en congruencia con dicha modificación en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No vemos muy lógico que hayamos aprobado esta ley previamente a esta modificación y continuemos llamándoles secretarios judiciales.

La enmienda 192, d’Unió, tiene por objetivo, entre otros, introducir la posibilidad de permitir la presentación telemática durante todas las horas que el artículo 130 declara hábiles del primer día hábil siguiente al del vencimiento, sin que tampoco de esta forma se impida o altere la buena marcha del proceso.

Por lo que se refiere al resto de las enmiendas presentadas, las doy por defendidas y pido el voto favorable para ellas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches, señorías.

El Grupo Socialista ha presentado a este proyecto de ley 59 enmiendas que, sin duda, tratan de mejorar el texto impuesto por el Gobierno: 44 de ellas son de supresión, 8 de modificación y 7 de adición. Dando todas ellas por defendidas, señora presidenta, me centraré en cinco bloques.

En primer lugar, me referiré a las que se centran en el desaguisado que van a provocar en el juicio verbal. Presentamos una serie de enmiendas que pretenden evitar lo que ustedes van a propiciar: convertir el juicio verbal en un procedimiento escrito que demorará las vistas, abrirá nuevos plazos y trámites y desvirtuará completamente ese procedimiento. Si no aceptan nuestras enmiendas van a conseguir que se pierdan los principios de inmediación, oralidad y publicidad que para los juicios verbales reconocía la Ley de 2000. Ello significará una evidente pérdida de la tutela judicial efectiva y, además, como señalaba el propio Consejo General del Poder Judicial, una evidente dilación en el tiempo.

Señorías, ¿por qué pretenden volver al viejo juicio de cognición? Es la pregunta del millón de dólares. Esto supone un paso atrás para la justicia y una ruptura sin sentido del consenso que se consiguió en el año 2000 para que el juicio verbal, como su nombre indica, sea verbal de verdad y no escrito, y sirva, además, como un instrumento ágil y formalista que sí buscaba en aquellos momentos una economía procesal. Señorías, llegan al extremo, llegan hasta el absurdo de que con su reforma en el juicio ordinario habrá al menos una vista oral, y en el juicio verbal puede que no exista ninguna vista oral. Esto es una perversión del sistema que tendrá, sin duda, una influencia negativa en los juzgados porque va a provocar, si cabe, un mayor colapso.

Señorías, un segundo bloque de enmiendas se refiere a los procuradores, de quienes hemos hablado mucho, y sus nuevas competencias. Con su reforma —es lo que pretenden evitar nuestras enmiendas— se aumenta un número de procedimientos y trámites que va a obligar la presencia del procurador, resultando que supondrá un incremento en el coste de la justicia para los ciudadanos. Amplían sus competencias en los actos de comunicación, notificación y certificación, y esto, al final, ¿qué significa? Pues significa privatizar una parte muy importante de la justicia.

No queremos, y de ahí esta batería de enmiendas, que en España se genere esa justicia civil de dos velocidades de la que hemos hablado: quien pueda pagar las tasas y depósitos y quien no pueda hacerlo. Ahora, con su proyecto, el litigante paga por acelerar los trámites. Por lo tanto, generan ustedes una falacia más porque, aunque pretenden dotar a los procuradores de más competencias, lo cierto es que les desnaturalizan, ya que pueden perder esa condición —es nuestra opinión— de cooperador necesario de la justicia si el juez o el secretario judicial no le impone determinadas tareas, con la previa autorización del cliente. Otro paso atrás. ¿Por qué se obcecan, por ejemplo, en que el procurador sea el que tenga que citar a los testigos y a los peritos? Todo esto no tiene ningún sentido porque las partes siempre, y de siempre, han preferido ser citados por el juzgado. Ustedes dicen: economía procesal; no, en justicia, como siempre, actúan sin tener en cuenta a los que de verdad saben de esto: los operadores jurídicos o los profesionales de la justicia.

Un tercer grupo de enmiendas se refiere a los medios telemáticos. Es cierto que estamos superando la época del papel, pero para modernizar de verdad nuestra justicia, no de boquilla, son necesarios planteamientos globales y trasversales del uso de las nuevas tecnologías. Primero es necesario creérselo, y después invertir en medios materiales. Ustedes ni han creído ni creen ni han invertido ni invierten. Es necesaria una inversión real para la dotación de medios técnicos suficientes para las oficinas de registro y de reparto, pero también para el resto de oficinas judiciales, para que se puedan tramitar electrónicamente todos los escritos y, sobre todo, con un sistema que no se caiga cada dos por tres. Además, no solo los juzgados, sino los propios colegios de procuradores, deberán adaptarse al nuevo sistema telemático para que se garanticen esas notificaciones. Esto también está levantando críticas en los profesionales del derecho y en los colegios de procuradores. No sé si en el de Málaga, pero en el resto de colegios sí.

No aceptarán nuestras enmiendas, seguro, estamos convencidos, senador Arias, pero el próximo 1 de enero de 2016 será muy complicado que funcione todo bien; no sé si va a ocurrir el efecto 2000 en la justicia civil. Ustedes han cumplido y van a decir que con esto han modernizado la justicia, pero mientras tanto, a partir del 1 de enero del año 2016, en el mundo real, no en el que ustedes viven, los procuradores, los abogados, los jueces, los secretarios, cada mañana, cuando entren en el juzgado, pondrán una vela a San Judas Tadeo para que todo funcione y el sistema no salte y los clientes, los litigantes, no pondrán una vela, pondrán un cirio para que esto no acabe con sus causas o sus causas no sean causas perdidas.

Un cuarto grupo de enmiendas se refieren al engaño que ustedes presentan a los españoles y que queremos evitar, porque su proyecto dice que se conforma de tal manera que van a eximir de pago de tasas a las personas físicas. Dicho así suena hasta bonito, pero no es verdad, es falso, porque van a obligar a ese pago mediante la tasación de costas, pero si el contrario es una persona jurídica eso es diferente. Los ciudadanos pagarán la tasación de costas, pero las personas jurídicas —sabemos todos quienes son personas jurídicas: grandes corporaciones, bancos, grandes empresas— salen favorecidas porque pueden litigar con procuradores y, además, podrán desgravar la tasa y los honorarios. Con ustedes es evidente que siempre pierden los mismos.

En un último apartado me referiré a tres enmiendas en particular, que planteamos individualmente y que ustedes seguro que conocen. La primera es para evitar los enriquecimientos injustos que su ley va a provocar. Para eso proponemos en nuestra enmienda modificar el artículo 540 y, a la par, tratamos de proteger, en el supuesto de las cláusulas abusivas, a los más frágiles y a los menos cuidados en este tipo de contratos y en los procedimientos monitorios.

Proponemos otra enmienda más para modificar el artículo 441 para favorecer la mediación y la conciliación. Por cierto, aprovecho este momento, si me lo permite la señora presidenta, para que conste en el Diario de Sesiones que el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Vasco solicitaron el pasado día 11 de febrero la comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asociación de derecho colaborativo de Euskadi, y todavía ni este senador ni la asociación han obtenido respuesta de la comisión. Decía, tras este paréntesis, que pretendemos modificar el artículo 441 de la Ley de enjuiciamiento civil, ya que queremos favorecer la mediación y la conciliación, dando a los secretarios judiciales la facultad, en el ámbito civil, por la que tan acreditados resultados está obteniendo, por ejemplo, en la jurisdicción social. Es una fórmula para descargar de trabajo a los jueces. Ustedes dicen que el Gobierno trata de fomentar la mediación, pues aquí tienen una buena oportunidad si aprueban esta enmienda. Sin duda, esto sería economía procesal ya que dotaría de mayor rapidez a la resolución de conflictos.

La última enmienda que proponemos es para favorecer la exención de tasas y el derecho a la justicia gratuita de las ONG medioambientales, que han hablado con nosotros —seguro que con ustedes también—. Al igual que se admite la gratuidad de la justicia para otro tipo de asociaciones, el Grupo Socialista, en este caso, se hace eco de las demandas de los principales grupos ecologistas, cuyas ONG también defienden un derecho fundamental como es disfrutar de un medioambiente adecuado, tal y como recoge el artículo 45 de la Constitución. Por tanto, con esta enmienda pretendemos evitar trabas innecesarias para que estas ONG puedan acceder a la justicia, tal y como indica incluso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Consideramos que estas organizaciones no gubernamentales defienden intereses generales en materia medioambiental, por lo que deben tener el derecho de gratuidad de la justicia y la exoneración de las tasas, ya que actúan sin ninguna pretensión económica y utilizando sus propios recursos en defensa de un interés general.

Estas son nuestras 59 enmiendas que, a nuestro entender, mejoran este texto que ustedes pretenden imponer con la mayoría de sus votos. Si no aceptan las enmiendas de los grupos de la oposición, conllevará un perjuicio para este importantísimo servicio público por privatizar aspectos básicos del procedimiento, porque su reforma, si no las aceptan, insisto, hará de la justicia algo más lento, más ineficaz y más injusto.

Por todo esto solicitamos que el Grupo Popular, el grupo mayoritario, el grupo de la derecha en España asuma estas enmiendas y asuma de verdad un compromiso con la justicia española.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a defender las veinticuatro enmiendas del Grupo Popular, con las que queremos mejorar este proyecto de ley. En líneas generales se refieren, entre otras cuestiones ya debatidas, a las competencias y actividades de los procuradores. En este sentido, presentamos la enmienda 261 para mantener la regulación vigente en cuanto a la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan acordar que los procuradores realicen los actos de comunicación. También en este sentido hemos propuesto la enmienda 264, siguiendo una indicación del letrado de la comisión, con el objetivo de unificar los apartados 36 y 36 bis, sobre el traslado de copias, escritos y documentos cuando intervenga el procurador.

En otras enmiendas que están relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como la 262, hacemos hincapié en la obligación de no trascribir las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital, en coherencia con el apartado tercero del artículo 230 del nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también con la Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. En este mismo sentido presentamos la enmienda 272, en concordancia con esa reforma y con la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la justicia.

En la enmienda número 275 proponemos la modificación del párrafo segundo, apartado 1, del artículo 660, ya que está incluido dentro de las medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Con la reforma de esta ley resulta contradictorio que en el caso de que un ciudadano haya elegido el sistema telemático para recibir las notificaciones, se le exija también que se le haga de forma personal. En ese sentido también presentamos la enmienda número 279, para evitar la digitalización de aquellos procedimientos ya existentes en papel a la entrada en vigor de estas disposiciones.

Presentamos otro bloque de enmiendas relativo a las subastas electrónicas, cuyo fin es adecuar estas cuestiones que aprobamos en julio a la Ley de medidas de la reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia.

En cuanto al juicio verbal, quiero destacar la enmienda número 266 para dejar claro que el plazo para contestar a la reconvención es de diez días y no de veinte, como el procedimiento ordinario al que se remite.

Asimismo, presentamos la enmienda 267 en coherencia con la modificación del artículo 415, del procedimiento ordinario, que trae consecuencia de una presentada, y aceptada, por el Grupo Socialista en el Congreso. Se debe excluir el arbitraje como supuesto de suspensión del proceso, pues este es excluyente a diferencia de lo que sucede con la mediación. La enmienda 269 pretende mejorar el control de las cláusulas abusivas. A la disposición transitoria primera presentamos la enmienda 280 para cambiar «sentencia» por «resolución», ya que es sabido por todos que no solo los procesos pueden finalizar por una sentencia, sino también por un auto o decreto.

En la enmienda 283 proponemos una mejora técnica en relación con la disposición final undécima, referente a los graduados sociales. En la 284 proponemos la modificación del apartado 2 y añadimos un nuevo apartado 3 en la disposición final duodécima sobre la entrada en vigor el 1 de enero de 2016 respecto de los procedimientos que comiencen a partir de esa fecha. ¿Y cuál es la finalidad? Pues no es otra que evitar, como decía anteriormente, la digitalización de aquellos procedimientos ya existentes en papel en los juzgados a la fecha de entrada en vigor.

Estas son, en definitiva, algunas de las enmiendas que presentamos y para las que el Grupo Popular, evidentemente, pide su voto a favor.

Ahora voy a intervenir en el turno en contra de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos para fijar la posición de mi grupo parlamentario.

Tal y como nos comprometimos en comisión, este grupo ha trabajado para intentar llegar a acuerdos sobre algunas de las enmiendas presentadas.

Comenzaré por las setenta y siete enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i d’Unió. En ese sentido puedo decir que hemos alcanzado algunos acuerdos vía transaccional. Asimismo, quiero reiterar que hemos aceptado la enmienda 191, que habla de la posibilidad de reclamar que tienen los herederos de los abogados respecto de los créditos a los que tenían derecho. Se trata de una enmienda nueva que dicho grupo no había presentado en el Congreso y que ahora presenta aquí, en el Senado. En este sentido, y en cuanto a aquellas referidas a los procuradores, a su coste, a la extensión de su actividad y a los actos de ejecución, embargo y lanzamiento, creemos que su actuación se debe delimitar a los actos de comunicación, al igual que es a los abogados a los que corresponde la capacidad para formular alegaciones. En cuanto al coste, consideramos que nuestro criterio es claro, ya que el coste debe ser abonado por el poderdante dado que ejerce una opción.

En aquellas que versan sobre la preferencia en las notificaciones o la presentación de escritos por medios telemáticos, esta ya se establece como obligatoria con carácter general. En la enmienda 194 se propone que sea el Gobierno o las comunidades autónomas quienes establezcan cuándo se deben realizar estos actos de comunicación por sistemas telemáticos de forma obligatoria, algo que a nuestro juicio está ya suficientemente regulado en el artículo 273 del proyecto.

Otro grupo de enmiendas versa sobre los consumidores, como sucede con la número 199, que nosotros no consideramos justificada, o con la 200, sobre la competencia en los contratos de transporte. En este caso creemos que ello iría en contra de las normas del derecho europeo, y por tanto, la rechazamos.

Rechazamos también la enmienda 220, en la que se propone que los consumidores no abonen las costas aunque sean condenados. Nosotros consideramos que no hay razón que lo justifique.

En aquellas referentes a la acumulación de procesos, como por ejemplo la enmienda 201, consideramos que debe haber una resolución expresa que lo indique. Respecto a la 202, proponen la condena en costas en caso de temeridad o mala fe, y nosotros creemos que no hay razón para excluir la regla general de vencimiento. La enmienda 207 propone la supresión de la tasa en costas, y en este momento el criterio de este grupo y del Gobierno no es ese; sin embargo, el grupo catalán pide en la 208 incluir que se exijan las de las comunidades autónomas, que ya lo están, lo cual, como les dije en comisión, nos llama un poco la atención.

La 211 se refiere a la cesión en precario. No lo consideramos necesario. En cuanto a la 216, consideramos que diez días son suficientes para contestar a la demanda. Nosotros no estamos de acuerdo en la inclusión de la fase de conclusiones obligatoria en el juicio verbal que presentan en su enmienda número 217 y defendemos que ha de ser facultativa, atendiendo a las pruebas realizadas. También proponen que todas las sentencias sean recurribles en apelación, y no estamos de acuerdo con esta cuestión.

En la enmienda 243 solicitan, como otros grupos, la modificación en materia de prescripción. No la aceptamos y consideramos que ya se ha previsto el equilibrio en esa regulación.

Presentan un grupo importante de enmiendas, necesarias para que el grupo catalán dé su voto favorable a este proyecto de ley, que son las referidas a la disposición final tercera, concernientes a la reforma de la asistencia jurídica gratuita que, evidentemente, nosotros no vamos a incorporar, pero voy a entrar en alguna de ellas. Hay algunas referentes a las tasas, al reconocimiento de la justicia gratuita con independencia de los medios económicos, la prescripción, la exclusión de la vía de apremio en caso de pérdida del beneficio de la justicia gratuita que nosotros, en este momento, no creemos que vengan a mejorar el texto. Otras, como la 252, 253 y 255, hacen referencia al tema competencial, que creemos que está suficientemente claro, siendo las administraciones competentes las que determinarán el sistema de subvenciones. Finalmente, presentan dos enmiendas nuevas en las que proponen la prolongación voluntaria de la vida laboral de los notarios registradores y otros colectivos hasta los setenta y cinco años. En principio nosotros no tenemos por qué ver mal esta enmienda, pero creemos que no es el objeto de esta reforma.

Sobre las enmiendas del Grupo Socialista, las voy a contestar de forma global ya que algunas cuestiones ya han sido abordadas anteriormente, por lo que me voy a centrar en aquellas que hacen referencia a la supresión de la contestación escrita en el juicio verbal. Creemos que la contestación escrita no va precisamente en detrimento de la oralidad, sino que va a reforzar la tutela judicial efectiva. Sobre aquellas que hacen referencia a los procuradores, nosotros no creemos que se les atribuya nuevas funciones en el trámite de ejecución judicial ni de embargo, y sí consideramos que se mantiene el actual sistema de dualidad. Por lo tanto, se pueden realizar los actos de comunicación bien por los funcionarios públicos o bien por los procuradores, lo cual implica una mejora de las opciones con las que cuenta el justiciable. En ningún caso es una justicia de dos velocidades, como se ha dicho durante este debate, ni tampoco una privación de parte de la justicia.

En cuanto a los costes de los actos de comunicación, creemos que el artículo está bien claro en este sentido y es una opción. En lo que se refiere a la conciliación previa a la vista, que proponen que sea con carácter obligatorio, pensamos que esta ha de ser voluntaria. También solicitan establecer el traslado al ejecutado de la sucesión procesal, con lo que no estamos de acuerdo porque, según las normas generales, la cesión de crédito no precisa consentimiento del deudor.

Presentan otras enmiendas, entre ellas una para el control de las cláusulas abusivas —que creo que ha quedado suficientemente explicado tanto por la senadora Dueñas como por mí durante este debate—. Igualmente, formulan una enmienda a la disposición adicional primera. Nosotros también formulamos una que creemos que es más certera que la que presenta su grupo. Piden la supresión de la disposición que hace referencia a la regulación de la prescripción. Nosotros, como decía antes, creemos que la modificación ya se ha hecho a partir de los trabajos realizados por la Comisión General de Codificación y siguiendo un equilibrio entre los intereses del acreedor y la necesidad de establecer un plazo máximo. Por tanto, no estamos de acuerdo.

Tampoco estamos de acuerdo con las enmiendas referentes a la Ley de asistencia jurídica gratuita o la Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Finalmente, incorporan una enmienda, la 183, en la que solicitan que se recoja el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los colectivos medioambientales y la exención de las tasas, que nosotros conocemos perfectamente porque hemos estado reunidos con ellos. Somos conscientes de que esa es una realidad, pero en este momento no podemos recogerla en el texto.

Me voy a referir a algunas de las enmiendas que presenta el Grupo Mixto. Nosotros sí queremos que el procurador sea un auténtico colaborador de la Administración y, por lo tanto, no compartimos aquellas que se refieren a los procuradores. En consecuencia, no las vamos aceptar. En la 18 inciden en la sucesión del ejecutante, y tampoco lo compartimos porque creemos que no es necesario.

La enmienda número 21 propone la eliminación de las subastas por los colegios de procuradores. Creemos que debe dejarse a su consideración.

En otro bloque —igual que hacen otros grupos— hacen referencia a las cláusulas abusivas. Nosotros, evidentemente, consideramos que ya está suficientemente explicado.

Las enmiendas del Grupo de Entesa, que en su mayoría son coincidentes con las de los Grupos Socialista y Mixto, las doy por contestadas globalmente, pero quiero hacer un comentario. Los proyectos de ley entran en el Congreso, allí se formulan enmiendas; salen del Congreso, vienen al Senado, aquí también hay un trámite para formular enmiendas, y niego la mayor de que no hayan podido elaborar, presentar o estudiar las enmiendas porque otros grupos sí lo han hecho. Por lo tanto, creo que esa afirmación que se hizo en uno de los turnos anteriores no se corresponde con la realidad.

Por estos motivos manifiesto nuestro voto contrario a las enmiendas en las que no hemos llegado a acuerdo con los grupos —han sido algunas— y pido, por otra parte, el voto favorable para las enmiendas del Grupo Popular.

Muchísimas gracias.



(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Mixto, ¿hacen uso de la palabra? (Denegaciones). No hacen uso de la palabra.

¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones). No hay uso de la palabra.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones). No hay uso de la palabra.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero celebrar la aceptación de la enmienda 191, que va a posibilitar que los herederos de los abogados puedan reclamar el pago de los honorarios que hubieran sido devengados. Asimismo, manifiesto nuestra satisfacción por las tres transaccionales en las que se ha llegado a un acuerdo, y la decepción porque el resto de las enmiendas no han sido aceptadas. Hemos presentado 77, y una no ha sido aceptada porque se entendía que no se correspondía con el objeto de la ley. Otro argumento dado para no aceptar enmiendas es que no es el momento oportuno o el proyecto oportuno. Debemos discrepar de este argumento porque estamos cansados ya de ver proyectos de ley en los que se están tratando cosas que no tienen nada que ver con el título del proyecto de ley que se está discutiendo. Quiero manifestar lo bueno que tiene que se hayan aceptado algunas, aunque lamentamos que no se hayan aceptado más.

Es un proyecto de ley muy importante, con una tramitación demasiado apresurada y con afectación de derechos constitucionales.

En el trámite del Senado teníamos la oportunidad de introducir mayores garantías y la falta de consenso en este proyecto de ley, sobre todo por lo que a la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita se refiere, mediante la introducción de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la consideramos inaceptable por la oposición radical de los abogados, de los colegios profesionales y de cuantos intervienen en el proceso, así como por la forma en que se lleva a cabo. Debemos recordar que tal proceder no es coherente con la voluntad manifestada ya por el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados porque se buscaba el consenso y, de esta manera, se ha dinamitado este consenso. De verdad que lamentamos que el Gobierno y el Partido Popular se nieguen a pactar una auténtica justicia gratuita, no la que ustedes desean, sino la que los ciudadanos nos reclaman y la que sea fruto del consenso, que es lo que se tendría que haber buscado.

Una oportunidad perdida más —debemos ser conscientes— y, como les decía ayer en el debate de los proyectos de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, las mayorías absolutas pasan, pero las leyes aprobadas se quedan. Por lo tanto, legislar a toda prisa y sin buscar consensos es un craso error. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señor presidente, señorías, anuncio, pues, en este momento que mi grupo se va a abstener en la votación de este proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Con brevedad, señorías.

El Grupo Socialista ha presentado a este aciago Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil cincuenta y nueve enmiendas que, no tengan ninguna duda, arreglarían y aclararían más este despropósito. Enmiendas que buscaban resolver el conflicto que ustedes generan en el juicio verbal; juicio verbal que dejará de ser oral y pasará a ser escrito, ampliándose los trámites y los plazos, y que acabará con los principios de inmediación, oralidad y publicidad, que ya recogía la Ley del 2000. Enmiendas que trataban de evitar volver a los antiguos juicios de cognición. Enmiendas que trataban de evitar que en los juicios verbales no haya oralidad. Enmiendas que intentaban evitar que con las nuevas competencias que se pretenden dotar a los procuradores se privatice a la justicia, se genere una justicia de dos velocidades o se cree una justicia para ricos y otra para pobres, y que los propios procuradores dejen de ser cooperadores de la Administración de Justicia. Enmiendas, señorías de la derecha, que pretendían modernizar la justicia, pero no con la utilización de usos telemáticos que ustedes presentan sin creérselo, sin medios y sin inversión; así, desde luego, el día 1 de enero de 2016 nuestra justicia no va a estar modernizada, porque son necesarios medios técnicos e inversiones ciertas. Enmiendas que trataban de evitar ese fraude que con sus buenas palabras dicen que eximen de pago de las tasas a las personas físicas. Enmiendas que, cómo bien ha quedado claro, pretendían evitar el enriquecimiento injusto, favorecer la mediación y la conciliación y, haciéndonos eco de las peticiones de las ONG medioambientales, que éstas estén exentas de las tasas judiciales y puedan acceder gratuitamente a la justicia cuando defienda los intereses generales.

Estas eran las enmiendas que presentaba al Grupo Socialista y, después de lo visto, es evidente que no se va a aceptar ninguna, y es una pena que esto ocurra. Ustedes seguirán adelante con su absoluta mayoría; con este proyecto de ley generarán un grave perjuicio a la justicia española y a la jurisdicción civil, generarán un grave perjuicio a los ciudadanos litigantes y generarán de nuevo una nueva frustración a los profesionales del derecho y a los operadores jurídicos.

En fin, ya no podemos esperar mucho de ustedes a estas alturas de la película —se lo decía antes—. Todavía, seguramente, nos sorprenderán y nos decepcionarán más a la sociedad española —estamos seguros de ello—, y lo único que esperamos los socialistas es que pase pronto porque ya les queda poco.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador, señor Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Gracias, señor presidente.

Siempre es un placer debatir con el señor Rodríguez Esquerdo, porque aquí tengo una noticia que dice que los procuradores se manifiestan satisfechos con las nuevas atribuciones que les asigna el proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, el Consejo General de Procuradores. No sé si hay alguien contento, pero los que lo están lo dicen públicamente.

Yo lamento que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo con su grupo porque le hemos dado la oportunidad con algunas de las enmiendas transaccionales que se han planteado y que el resto de grupos ha apoyado; el único grupo que no ha participado en ninguna de ellas es el suyo. Por tanto, nosotros, solos, pero usted, más solo que la una.

Señoría, como usted está en campaña, le pido que esté tranquilo, que no se preocupe, que dentro de pocas semanas va a haber unas elecciones y ahí es donde los ciudadanos van a colocar a cada cual donde le corresponde. Esté tranquilo, que vamos a disfrutar todos de un periodo muy entretenido y muy apasionante, y ya veremos el resultado final dónde nos deja a unos y a otros.

Nosotros no estamos de acuerdo con sus valoraciones sobre el juicio verbal, ni con la cuestión de los procuradores, porque, insisto, creemos que la reforma del juicio verbal fortalece la tutela judicial efectiva. Y hablando de los procuradores, parece que usted tenga algo contra ellos porque lo que está haciendo durante toda esta tarde es marear la perdiz, pero apoyar las enmiendas y el proyecto de ley en lo que se refiere a los procuradores, absolutamente nada. Usted marea la perdiz, pero, si quiere de verdad apoyar, ya sabe lo que tiene que hacer.

Ha hablado de las tasas. Otra vez con las tasas. Señoría, en el mes de febrero se revisó el sistema de tasas y se pudo hacer porque la situación económica de nuestro país lo permitió, porque el único desaguisado que hubo aquí fue el que ustedes dejaron en 2011, cuando salieron corriendo. Nosotros, ahora, lo estamos arreglando.

Quiero reiterarle que no estamos de acuerdo con sus afirmaciones sobre las cláusulas abusivas porque, como le dijo mi compañera, había que dar cumplimiento a la normativa y a las sentencias de la Unión Europea.

Quiero valorar positivamente la aprobación de la enmienda 191, de Convergència, y aquellas otras que vamos a transaccionar con el resto de los grupos, salvo el Grupo Socialista. Porque también le planteamos una enmienda al artículo 682, en beneficio del deudor hipotecario, que algunos grupos parlamentarios manifestaron que firmarían, que la apoyarían, pero no se va a poder llevar adelante porque el Grupo Socialista la bloqueó. Por tanto, estamos con los deudores hipotecarios, ustedes no sabemos con quiénes están.

Finalmente, quiero agradecer su colaboración a todos los portavoces, a todos los ponentes; lamentablemente no hemos podido aceptar todas las enmiendas que nos hubiera gustado pero hemos trabajado por intentar llegar a algún acuerdo. El proyecto que debatimos y que vamos a aprobar apuesta por la modernización de la Administración de Justicia, por la reforma del proceso verbal, reforzando la tutela judicial efectiva y evitando la indefensión; potenciando el papel de los procuradores, cuyo trabajo reconocemos explícitamente; adaptando la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en cuestiones tales como la subasta electrónica; reforzando también la protección de los consumidores; estableciendo el control judicial de las cláusulas abusivas y actualizando la prescripción, que es una cuestión de vital importancia para la vida jurídica y económica de los ciudadanos; y reformando la Ley de asistencia jurídica gratuita con la introducción de modificaciones que garanticen la viabilidad del modelo.

Acabo, agradeciendo a los ponentes, como decía anteriormente, y a todos su actitud dialogante, a todos sin excepción, por el diálogo que mantuvimos durante este tiempo y, especialmente, a aquellos grupos con los que hemos podido llegar a algún acuerdo.

Por último, ratifico los motivos del voto negativo de mi grupo al resto de las enmiendas en las que no hemos llegado a ningún acuerdo y nuestro voto afirmativo a las enmiendas del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil.

Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias y votamos, en primer lugar, las enmiendas 12 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 210; a favor, 13; en contra, 192; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3, 13, 16, 19, 20, 22 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 209; a favor, 4; en contra, 191; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 5 a 8, 15, 18, 25 a 29 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 11, de la que han pedido votación separada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 13; en contra, 137; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4, 9, 21, 24, 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 3; en contra, 138; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas 33 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 140; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 66; en contra, 138; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 139; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 34, 37 a 44, 50, 63, 64, 67, 76, 78, 81, 84, 85 y 89 a 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 138; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 35, 36, 45 a 49, 51 a 58, 60 a 62, 65, 66, 68 a 71, 73 a 75, 79, 80, 82, 83 y 86 a 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 138; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 11; en contra, 138; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 104 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 12; en contra, 195; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 94, 105, 107, 110, 111, 112, 114 y 115.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 2; en contra, 195; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 93, 95, 97 a 100, 106, 109, 117 a 121 y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 59; en contra, 135; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 96, 101, 113, 116, 122 y 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 1; en contra, 138; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos la enmienda 191.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 58; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 12; en contra, 193; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 207.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 211.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 213.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 195, 208, 212, 214, 218, 220, 228, 229, 230, 232 a 238, 240, 241 y 242.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 196; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 243.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 185, 193, 201, 204, 206, 221, 223 a 227, 239 y 256.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 10; en contra, 196; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 245, 249, 252 y 253.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 187 a 190, 192, 194, 196, 199, 202, 203, 205, 209, 210, 216, 217, 219, 222, 231 y 255.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 9; en contra, 192; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 198, 200, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 254, 258, 259 y 260.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 10; en contra, 139; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE:



Queda rechazada.

Votamos la enmienda 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 69; en contra, 136; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 125, 127 y 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 138; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 126, 129 a 137, 144, 158, 162, 163, 171, 173, 174, 176 y 177.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 137; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 128, 139 a 143, 145 a 157, 159 a 161, 164 a 167, 169, 170, 172, 175 y 178 a 183.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 57; en contra, 138; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la enmienda 269.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 59; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 275.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 140; en contra, 8; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 279.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 135; en contra, 68; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 283.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 197; en contra, 1; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 261, 262, 266 a 268, 270 a 272 y 280.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 137; en contra, 60; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 263, 264, 265, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282 y 284.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 134; en contra, 4; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 200, sobre la enmienda 186 del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 58; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 201, sobre las enmiendas 1 del senador Iglesias, 92 del Grupo Parlamentario Entesa y 184 del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 59; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 202, sobre las enmiendas 10 del senador Iglesias, 102 del Grupo Parlamentario Entesa y 197 del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 150; en contra, 58; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 203, sobre las enmiendas números 14, del senador Iglesias, y 111 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 149; en contra, 59; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 138; en contra, 62; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 621/000145 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor presidente da lectura al punto 9.1.9.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la senadora Mariño.

La señora MARIÑO ORTEGA: Con la venia, señor presidente.

Presento a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad. A este proyecto, señorías, que fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 9 de julio de 2015, se han presentado 6 vetos y 185 enmiendas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los vetos han sido presentados por el senador Iglesias, por la senadora Capella i Farré, por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, por la senadora Almiñana y otros senadores; por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió y por el Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, se han presentado 185 enmiendas que se han distribuido de la siguiente manera: las enmiendas 1 a 42 del senador Iglesias; las enmiendas 43 a 47 de la senadora Domínguez; la enmienda 48 de la senadora Capella i Farré; las enmiendas 179 a 185 del senador Fuster; las enmiendas 123 a 131 del Grupo Parlamentario Vasco; las enmiendas 49 a 122 de la Entesa y posteriormente fueron retiradas… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por favor. No se oye a la oradora. Aunque sean las nueve y media ruego silencio.

La señora MARIÑO ORTEGA: Decía que fueron retiradas posteriormente las enmiendas números 54, 55, 57, 59 a 61, 65 a 67, 70, 73, 76, 77, 79 y 80. Las enmiendas 157 a 178 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió y las enmiendas 132 a 156 del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia que fue designada para informar este proyecto de ley acordó aceptar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y la comisión dictaminó el proyecto el día 26 de agosto de 2015.

También se han presentado una serie de votos particulares: por el senador Fuster, la senadora Domínguez, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Entesa, además de la senadora Almiñana y otros senadores de otros grupos.

Este es el resumen de la tramitación que tengo el honor de elevar a la consideración de este Pleno y espero que ustedes lo disfruten.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.

La propuesta de veto número 1 está firmada por el senador Iglesias Fernández. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías.

Debatimos un proyecto de ley en el que se pueden observar las características comunes a todos los proyectos de ley que el Gobierno ha planteado a lo largo de esta legislatura en materia medioambiental.

Como otros proyectos, se trata de una reforma innecesaria e inoportuna. La Ley 42/2007 vigente no precisa, en este momento, ser reformada sino, en todo caso, necesita un impulso en su desarrollo, toda vez que no se han aprobado las directrices para la ordenación de los recursos naturales, tampoco se han aprobado los planes sectoriales ni la creación del catálogo español de habitats en peligro de desaparición ni se ha producido una correcta dotación del Fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad.

La segunda característica común a otros proyectos de reforma de carácter medioambiental es la de suponer una recentralización de competencias, como en la mayoría de los proyectos legislativos no medioambientales.

En este proyecto se practica un auténtico desembarco de la Administración General del Estado en todo lo relacionado con la Red Natura 2000 en lo que hasta ahora el protagonismo era de las comunidades autónomas. Prácticamente todas las competencias importantes serán compartidas entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado o serán del Ministerio; a este va a corresponder, por ejemplo, la aprobación de las estrategias de conservación y restauración. También será una orden ministerial la que fije los criterios para la determinación de la existencia de perjuicios en la integridad de los espacios protegidos. Y es necesario destacar la participación de la Administración General del Estado en el medio marino —podríamos recordar el debate que tuvimos en torno al proyecto de parques nacionales—, incluso en la redacción que se introduce en este proyecto de ley, cuando se habla de las competencias de las comunidades autónomas en el medio marino contiguo a espacios protegidos, se reserva para la Administración General del Estado la competencia en la protección de las especies altamente migratorias.

No hay que ser muy mal pensado para llegar a la conclusión de que son estas especies, las altamente migratorias, las que han servido de argumento en diversas ocasiones para salir al paso de proyectos impulsados por el Gobierno de la nación que contaban con el beneplácito del Ministerio de Industria; concretamente me estoy refiriendo a las prospecciones submarinas, frente a las que uno de los argumentos que se utilizaba como elemento de oposición era la repercusión que estas prospecciones tenían precisamente sobre los mamíferos marinos, especies altamente migratorias: cachalotes, delfines... La reserva por la Administración General del Estado de la determinación del grado de protección de estas especies se convierte en una garantía absoluta de que las comunidades autónomas no podrán adoptar medidas de protección en torno a ellas, que se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de esos otros proyectos impulsados desde el Ministerio de Industria. Y conste que esta crítica que hago al desembarco de la Administración General del Estado en torno a las competencias relacionadas con la Red Natura 2000 no me impide reconocer que la gestión que las comunidades autónomas han realizado de esos espacios de la Red Natura 2000 ha sido absolutamente insatisfactoria; que el número de planes de protección y gestión que han sido aprobados a lo largo de estos años resultan absolutamente insuficientes, y que ello es motivo de preocupación justificada por parte de la Unión Europea e incluso del inicio de procedimientos de requerimientos a nuestro país para que se solucione esa cuestión. Lo reconozco; pero la respuesta no puede ser intentar sustituir el papel que debe seguir correspondiendo a las comunidades autónomas por el de la Administración General del Estado.

Otro motivo de discrepancia con este proyecto y, por lo tanto, fundamento del veto, es el hecho de que se reconozca la participación del Ministerio de Defensa en la gestión del espacio aéreo de los espacios protegidos, sobre todo que se le reconozca una facultad de bloqueo a través de la emisión de un informe vinculante cuando sea titular de terrenos afectados por la declaración de protección. Los intereses de la defensa, sin ninguna duda, son relevantes, pero igual o más relevantes aún son los intereses de protección medioambiental.

La tercera característica de este proyecto, coincidente con otros de la misma materia aprobados a lo largo de esta legislatura, es que en su contenido se produce un impulso a la mercantilización de los espacios naturales protegidos. Esta ha sido una constante en todos los proyectos. Para conseguir ese impulso a la mercantilización hay que proceder a degradar el nivel de protección. Si hasta ahora en los monumentos naturales estaba prohibida la explotación de recursos, a partir de la aprobación de este proyecto de ley solo estará limitada a aquellas actividades que resulten compatibles con los objetivos de interpretación, lo cual abre un amplísimo espacio interpretativo sobre qué resulta compatible o no. También se introduce en el proyecto que en los planes e instrumentos de gestión de las zonas especiales de conservación y de las zonas especiales de protección para las aves se deberán tener en especial consideración las necesidades de los municipios. Me surge la duda de si esta modificación legal no permitirá dar cobertura a proyectos que, con el marco normativo de la Ley 42/2007, habían tenido grandes dificultades para su desarrollo. Por ejemplo, el proyecto que planteó en su día Chillida de horadar la montaña en Tindaya, en Fuerteventura.

Finalmente, es motivo también de rechazo de este proyecto y fundamento del veto que haya temas, en opinión de Izquierda Unida relevantes, que no han sido motivo de preocupación del Gobierno a la hora de elaborar este proyecto, y que sigan sin encontrar encaje en él cuestiones como la necesidad de prohibir la munición de plomo en la caza, más allá de la restricciones de su uso en los humedales, que se han aprobado por la repercusión que ello tiene en la salud; que no haya una mayor contundencia frente al uso de cebos envenenados y que no se prevea tampoco mecanismos de reacción inmediata ante la utilización de productos fitosanitarios que hayan generado daños contrastados a especies protegidas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Iglesias.

La propuesta de veto número 2 está firmada por la senadora Capella i Farré.

Tiene la palabra el señor Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendida esta propuesta de veto en los términos presentados por la señora Capella.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 3 está firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura Laporta.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenas noches.

En nombre de Jordi Guillot y en el mío propio, voy a defender el veto posiblemente a la última ley medioambiental que se apruebe en esta legislatura.

Antes voy a hacer una breve reflexión sobre el momento en que se produce la aprobación de la ley. Solo voy a decir tres notas. España es el único país de la Unión Europea importante que no tiene un ministerio de medioambiente específico; existe el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mientras que los presidentes de Gobierno de todos los países, Hollande, Cameron, Merkel, en sus discursos importantes siempre sitúan el cambio climático como un eje fundamental de su acción de gobierno, en España el presidente del Gobierno no solo no lo ha hecho nunca, sino que ha llegado a hacer hace tiempo unas afirmaciones que hacían reír, como el tema del primo. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa electoral del Partido Popular de 2011, de 200 o 300 páginas, dedica una línea al cambio climático. Nos encontramos con un Gobierno para el que el medioambiente es un problema, no es una oportunidad, y para el que el cambio climático prácticamente no existe. Y no tenemos ministra de Medio Ambiente; como mucho, tenemos media ministra de Medio Ambiente. Si ustedes miran la agenda de la ministra, verán que tiene mucho trabajo en agricultura, pero dedica muy poco tiempo al cambio climático.

¿Por qué digo esto? Porque detrás de estos elementos, detrás de la falta de interés del presidente del Gobierno por el cambio climático, la no existencia en el programa electoral del Partido Popular del cambio climático o la falta de un ministerio específico de medioambiente, lo que hay es una concepción determinada del medioambiente por parte del Gobierno del Partido Popular, que es la siguiente: el medioambiente es un problema, estorba; en definitiva, es una piedra para el desarrollo económico. Desde ese punto de vista, la acción del Gobierno en estos cuatro años se ha limitado a no hacer absolutamente nada, o las pocas cosas que ha hecho han significado una involución, un retroceso en relación con las políticas medioambientales que ya existían.

Les pondré cuatro ejemplos: la Ley de costas ha significado una legalización de las irregularidades; la Ley de montes, una especulación en determinados terrenos; la Ley de evaluación ambiental facilita el trasvase de aguas, y la Ley de los parques nacionales antepone los intereses privados a los públicos. Es decir, el Partido Popular ha hecho una política medioambiental en la que ha mercantilizado la naturaleza, ha antepuesto los intereses privados y ha recentralizado competencias. En definitiva, este es el panorama de la política medioambiental.

Desde ese punto de vista, la pregunta es: ¿qué hacemos con esta ley? ¿Qué pensamos de esta ley? En primer lugar, lo ha dicho hace un momento el portavoz del Grupo Mixto, esta es una ley absolutamente innecesaria cuyo único objetivo es quedarse con competencias medioambientales de las comunidades autónomas. La Ley 42/2007 es, sin ningún género de dudas, una de las leyes más avanzadas de Europa ya que incorporaba las exigencias internacionales y era una ley avanzadísima. Esta ley está prácticamente por desarrollar en cuestiones como estas: las directrices para la ordenación de recursos naturales, la aprobación de planes sectoriales, la creación de un catálogo español de hábitats, la correcta dotación del Fondo para el patrimonio natural, el impulso de buenas prácticas y gestión sostenible, etcétera. Es decir, hay un conjunto de actividades que se deberían desarrollar a partir de la Ley 42/2007 que no se ha hecho. Es una ley que se debería haber cumplido, no haberla modificado.

En segundo lugar, algunos de los problemas que señalan y nos han hecho llegar las ONG más importantes son la utilización de munición de plomo en aves que están en peligro de extinción; o que la Agencia de seguridad alimentaria y nutrición haya dicho claramente hace tres años que los niños y mujeres no coman carne de caza; o que se hayan producido en los últimos años 8000 casos de envenenamiento, de los cuales solo a 160 se les ha abierto expediente. Todo esto no está recogido en esta ley; es decir, cogemos una ley anterior, que se ha de desarrollar, no la desarrollamos y no incorporamos los elementos más importantes que existen desde el punto de vista de la modificación y, en tercer lugar, nos quedamos con las competencias de las comunidades autónomas. Merece la pena leer en el Estatuto de Cataluña, pero también en otros estatutos, las competencias que tienen las comunidades autónomas. El Estatuto de Cataluña dice que corresponde a la Generalitat, en materia de espacios naturales, la competencia exclusiva en la regulación, la declaración de las figuras de protección, así como la delimitación, planificación y gestión de los espacios naturales protegidos situados en Cataluña. Y dice más cosas. Pero esta ley no tiene en absoluto en cuenta nada de lo que dice el Estatuto, y hay 25 o 30 artículos en los que lo único que hace el proyecto de ley es añadir simplemente «comunidad autónoma» o «Administración central» a las competencias de las comunidades autónomas.

Por tanto, con este panorama, no solo no podemos apoyar el proyecto de ley, sino que quisiéramos que votaran a favor de nuestro veto, y ello porque es una ley que se inscribe en una falta de política medioambiental por parte del Gobierno del Partido Popular, una ley que no contempla uno de los dos principales problemas de la humanidad, que son el cambio climático y la pobreza. Merece la pena recordar que en la anterior legislatura hubo una comisión que elaboró un libro muy bueno sobre cambio climático de cuyas propuestas no se ha cumplido prácticamente ninguna, como era, para empezar, la elaboración de una ley de cambio climático. Aquí no se recogen los aspectos novedosos que se deberían recoger. Y finalmente se quedan competencias de las comunidades autónomas, algo que no es gratuito, pues supondrá una disminución de la protección del medioambiente y del patrimonio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

El resto de los miembros del Grupo Parlamentario de Entesa presenta la propuesta de veto número 4.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Se han dicho ya varios aspectos por los que este proyecto de ley no responde a las necesidades que tiene nuestro país en materia de medioambiente. La verdad es que a estas horas de la noche tampoco se trata de mencionar las cifras que traía apuntadas; estoy seguro de que no es necesario, pues todos ustedes tienen perfecta consciencia de la situación en que se encuentra el medioambiente en este país. Y la pregunta, como tan oportunamente decía el senador Saura, es la de si esta ley nos va a ayudar a superar esta situación; es decir, si va a ser una ley que nos permita invertir los procesos y que ayude a mejorar la preservación de los hábitats. Yo sinceramente creo que no, y debo decirles que efectivamente no sería suficiente una ley para solucionar los problemas que tiene hoy nuestro medioambiente, que necesita, como el del conjunto del planeta, un cambio de paradigma que debe afectar a nuestros hábitos, pero, sobre todo, a nuestras conciencias.

Estamos de nuevo ante una ley que provoca el veto de toda la oposición, tal y como ha sucedido con muchos de los textos que se han presentado en esta Cámara, pero en especial en los ámbitos legislativos que han afectado a temas medioambientales. Ustedes, además, se han esmerado en modificar, en cambiar y diluir el grado de protección del medioambiente de este país. Lo hicieron en la Ley de costas, en la de evaluación ambiental, en la de parques nacionales, en la de montes, y ahora queda la última, la que hoy debatimos que es la de patrimonio natural y biodiversidad.

En ninguna de estas leyes les ha interesado el consenso, señorías. Todas ellas han contado con un denominador común que se trasluce en la voluntad de reducir o eliminar la protección medioambiental. Poner el medioambiente al servicio de un crecimiento que el papa Francisco definía como el divino mercado no puede estar desvinculado del respeto y la preservación del medio, pues consideramos que es un principio absolutamente fundamental. Se ha dicho que esta es una ley que no mejora la del 2007 por muchas razones: es menos clara, excesivamente reglamentista, no aborda los problemas reales que en este momento se deberían abordar en una reforma de estas características y, en nuestra opinión, adolece de una visión adecuada para la protección del medio. Y añado un concepto que quizá no ha surgido en las intervenciones que han tenido lugar hasta el momento y ahorro aquellos que puedan ser coincidentes con lo ya dicho.

Creo que se debe incorporar a la ley, y en este sentido hablaré luego en el turno de enmiendas, un concepto fundamental para tratar el ámbito medioambiental. Se debe establecer una visión integral del medio y aceptar el reto de incorporar a nuestra legislación los elementos sobre los que se puede fundamentar esta visión integral y que no están en esta ley. Una visión que incorpore a las comunidades que viven en las zonas protegidas, es decir, superar una visión fraccionaria del medioambiente y desarrollar políticas donde el medio se proteja en armonía con las comunidades rurales y sus culturas. Quiero subrayar este término porque me parece muy importante, en armonía con las comunidades rurales y sus culturas. No se puede ignorar que necesitamos una ecología cultural capaz de entender el papel de los usos tradicionales en toda su extensión y lo positiva que ha sido la interacción del hombre en las zonas de montaña garantizando la biodiversidad durante siglos. Sin el ganado, sin el pasto, deja de existir el hábitat diverso.

El medioambiente debe ser un valor y una responsabilidad del conjunto de la sociedad, lo es en todos sus sentidos y de esta afirmación se deriva que los costes y el esfuerzo deben ser socialmente equitativos y deben tener compensaciones para aquellos que hacen un mayor esfuerzo en el objetivo de preservar. Estoy hablando, señorías, del mundo rural, y muchos de ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando, del mundo rural y las zonas que aceptan situaciones de agravio comparativo y de dificultades añadidas que deben ser adecuadamente compensadas. Algo no hacemos bien en esta materia, porque la realidad es que ni la conservación ni la biodiversidad ni la supervivencia del mundo rural están hoy en un buen momento.

Con esta ley ustedes cierran el círculo del desmantelamiento de la legislación ambiental, y lo que es peor, cierran el círculo del desacuerdo y del desmantelamiento de los consensos sobre el medioambiente, y eso, señorías, a nuestro grupo le parece extremadamente grave, entre otras cosas porque resulta sorprendente que a estas alturas no sean conscientes de la fragilidad de su mayoría y del mal uso que han hecho de ella. Como ha sucedido en materia educativa, en sanidad, en materia constitucional o en los conflictos territoriales, ustedes han derribado los consensos sabiendo que eso conduce a un escenario de confrontación en el que sin duda se pierde eficacia, tiempo y solvencia legislativa, pero en especial, señorías, se pierde un valor fundamental a nuestro entender, un principio elemental de la democracia, que es precisamente la solidez y la fuerza que da a un país el acuerdo en lo fundamental, y el medioambiente lo es. Por eso, señorías, los acuerdos fundamentales son los que hacen sólido un Estado, sin duda, no el tamaño de su bandera.

Hoy, más que nunca, debería haber salido de esta Cámara, aunque no es el caso, un mensaje claro, nítido y preciso sobre las virtudes del acuerdo y del pacto y, señorías, solo hemos oído ecos de los gendarmes constitucionales. Malos tiempos para la diversidad: la biológica, la democrática y la que debería hacer posible el patrimonio natural y el patrimonio nacional, señorías, a ustedes que tanto les gusta hablar de patrimonio nacional; patrimonio que algunos queremos compartido y, sorprendentemente, aquellos que dicen defenderlo con tanto empeño se lo apropian para convertirlo en su enseña partidista. Por eso quiero acabar, señor presidente, con una cita de Azaña, porque es cierto que estamos en tiempos en los que el patriotismo está muy llevado de un punto a otro de la geografía española. Decía Azaña que nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo y que nadie tiene derecho a decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada. Esta ley, señorías, no lo es. Por eso, como desde nuestra perspectiva no resulta ni patriótica ni acertada, hemos presentado este veto y votaremos a favor de los demás.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Desde el escaño, doy por defendido el veto de mi grupo a esta ley en los mismos términos en los que lo hice en la Comisión de Medio Ambiente del día 26 de agosto.

Aprovecho para pedir al resto de los grupos de la Cámara el voto favorable a nuestro veto.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

Intervengo para defender la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.

La ley en vigor es una norma ejemplar que regula de forma básica —y no puede regular otros aspectos más que los aspectos básicos— una materia muy delicada pero muy importante, que gestionan de forma pacífica y muy eficaz los Gobiernos autonómicos en un Estado autonómico, que también forman Estado y son Estado. Se trata de una ley que recoge las directivas europeas de hábitat de aves, que crea las áreas marinas, que crea las herramientas necesarias para salvaguardar un patrimonio natural, que tiene una gran importancia en España, hasta el punto de que tenemos el 40 % de las especies de flora y fauna de la Unión Europea.

Esta ley consiguió un gran consenso, pero todavía tiene diversos aspectos que están pendientes de desarrollo. En estos cuatro años de Gobierno, el Partido Popular, no se ha ocupado de ello y, por el contrario, en cada medida, en cada partida económica de los Presupuestos Generales del Estado, los programas destinados a esta materia se han reducido a la mitad. Por lo tanto, aun si hubiera materia que fuera necesario desarrollar y a la que dar cobertura legal, el aspecto, la fórmula y la técnica reglamentaria sería la adecuada; no sería necesario —y no es la mejor técnica— tocar la ley básica en aspectos y materias que se pueden resolver a través del desarrollo reglamentario.

Nos oponemos porque lo primero que hace esta ley es ocupar un espacio de gestión de las tareas y competencias que corresponden a los gobiernos autonómicos y, además, crea una nueva estrategia legislativa que, desde mi punto de vista, es una técnica de laboratorio del anterior secretario de Estado, el señor Federico de Armas, que pretende crear toda una maraña de nuevos desarrollos, de nuevos trámites, de nuevos órganos, de nuevos estudios, de nuevos análisis y de un sinfín de planes que originan un nuevo papeleo para que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas puedan aplicar todas las medidas necesarias para proteger nuestro patrimonio natural y nuestros espacios protegidos. Además, lo hace sin proponer plazos para esas medidas, sin proponer fórmulas para evaluar su cumplimiento; por lo tanto, hace imposible y dificulta que la ley básica actualmente vigente se pueda aplicar. Por cierto, lo hace olvidándose de determinadas amenazas que han surgido a lo largo de este tiempo y que deberían ser recogidas, y en el trámite de enmiendas explicaremos por qué las incorporamos y aportamos nosotros.

Por lo tanto, esta materia no corrige algunas de las demandas —ya las hemos citado— de la sociedad, como la demanda de la justicia gratuita; una demanda necesaria porque las reformas del Partido Popular le han quitado a la sociedad civil el derecho de acudir a los tribunales para, en nombre de todos, defender los intereses del medioambiente.

Por lo tanto, como argumento definitivo, diré que no hay nada más inadecuado que una ley innecesaria, una ley que se mete en una materia pacífica, como son los espacios protegidos, para crear conflictos, porque ya está gestionada de forma eficaz. En este sentido, creo que el Gobierno actúa de este modo porque en su fuero interno considera que todo esto de la Red Natura, de los espacios protegidos, al final son un estorbo para la actividad económica y especulativa de determinados grupos, y supone la última concesión dentro de un rosario de grandes concesiones a los intereses económicos, como la política de cambio climático —a la que ya hice referencia en la pregunta del pasado martes a la ministra— o la modificación de la Ley de responsabilidad medioambiental y la de evaluación ambiental, que responsabilizan a las empresas del daño que causen en los recursos ambientales; o la nueva normativa del régimen de agua que supone que tendrá agua quien la pueda pagar; o la normativa en la gestión forestal, que estos días me duele especialmente por mi provincia, Ourense, que ha sufrido el dolor de una gran catástrofe en materia de incendios, que en ese ámbito solo se ocupa de favorecer los intereses de los grandes grupos, por cierto, abandonando a la gente que cuida esos espacios forestales y del medio rural. Asimismo, han entregado también la protección de unos espacios tan sensibles, delicados y amenazados, como el litoral y la costa, para favorecer su ocupación por industrias y por particulares; un espacio ya sobreocupado y que, por cierto, debido al cambio climático está en grave riesgo de catástrofes que tendremos que llorar en los próximos años debido a la subida del nivel del mar y a la sobreocupación del litoral que favorece, entre otras, la legislación que creó el Partido Popular.

Por lo tanto, pedimos la devolución de esta ley porque creemos que es una reforma innecesaria, que sus políticas deben ser corregidas y, de alguna forma, tendremos un arduo trabajo por delante para recomponer el sistema de protección ambiental que tenía España, que estaba en el camino de ser de los más avanzados de Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Sanz.

La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señor presidente. Buenas noches ya, señorías.

Antes de pasar a utilizar mi turno en contra de los vetos, quiero agradecer a todos los ponentes y a todos los miembros de la comisión el trabajo desarrollado, así como el esfuerzo y la dedicación de la letrada de la comisión.

Por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular apoya rotundamente esta ley y vemos fundamental la reforma normativa que con ella se plantea, ya que hará posible que España sea un país de vanguardia en la protección de su patrimonio natural y de su biodiversidad; una ley que, por supuesto, mejora el régimen de protección, conservación y restauración de nuestra biodiversidad, permitiendo el impulso de actividades coherentes con la conservación de nuestro patrimonio natural que incentiven la actividad económica y el empleo.

Esta ley permitirá corregir errores que se han puesto de manifiesto a lo largo de los más de siete años de su aplicación y, así, mejorar la gestión de los espacios protegidos y también los incluidos en la Red Natura 2000. Por lo tanto, permitirá simplificar y agilizar los instrumentos para la planificación del patrimonio natural, garantizando la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la normativa necesaria de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2020.

Señorías, hay bastantes novedades en esta ley como, por ejemplo, la incorporación de la información geográfica y perimetral de los espacios naturales protegidos; contempla por primera vez que la información ambiental de los terrenos quede incorporada al Registro de la propiedad y al Catastro, como ustedes mismos han reconocido en alguna ocasión; y también se incorporan, entre otras, por primer vez medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático para minimizar los riesgos e impactos sobre la biodiversidad, aspectos nunca antes contemplados por ningún Gobierno Socialista.

Me gustaría, señor Iglesias, comentar algunas generalidades sobre su veto pero, para no repetirme mucho, voy a contestar globalmente a todos los vetos presentados. Sí le querría decir que, desde luego, esta ley no supone ningún retroceso y que, por el contrario, aporta mejoras significativas en muchos aspectos, como el conocimiento, la conservación y la restauración de la biodiversidad.

Con respecto a las potestades del Ministerio de Defensa, que algunos de ustedes han comentado —el señor Iglesias, del Grupo Mixto, el señor Saura e incluso la señora Capella, que hoy no se encuentra aquí, pero han dado su veto por defendido—, quiero decir que en la disposición adicional decimotercera, tan solo está previsto el informe del Ministerio de Defensa cuando los procedimientos de elaboración de los planes de ordenación de recursos naturales y en los de la declaración y determinación de la fórmula de gestión para los espacios naturales protegidos y espacios protegidos Red Natural 2000, resulten afectados terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas en sus zonas de protección afectos a la Defensa Nacional y, señorías, considero fundamental que si se refieren a intereses relacionados con la Defensa sean ellos quienes se pronuncien.

Al señor Iglesias y al señor Saura quiero decirles que esta ley incrementa notablemente la participación de la sociedad en los objetivos de conservación. Además, crea nuevos instrumentos para aumentar la trasparencia de las políticas de conservación. Asimismo, toma en mayor consideración los factores adversos globales que la amenazan, como el cambio climático.

Esta ley, señorías, clarifica las competencias otorgadas a las administraciones, y lo quiero dejar muy claro porque sé que ustedes hacen hincapié en ello, y en especial en lo relacionado con la conservación del medio marítimo.

Esta ley, señor Saura, no modifica aspectos de la Ley 42/2007 que estén todavía pendientes de desarrollo sino todo lo contrario: impulsa su aplicación a corto plazo.

Con respecto al veto número 2, de la senadora Capella, que se ha dado por defendido, me gustaría concretar que, en lo relativo al incremento de gastos, estos deben proceder de los entes que en cada caso tengan las competencias para desarrollar las bases reguladas en la ley.

En cuanto al veto número 3, me gustaría comentar al señor Saura que esta ley aporta mejoras significativas en muchos aspectos, como el conocimiento, la conservación y la restauración de la biodiversidad. Con respecto al Ministerio de Defensa quiero decirle que esta ley no incluye entre los objetivos de planes de gestión de la Red Natura 2000 las actividades económicas, pero sí prevé la promoción de las actividades coherentes con los valores que justificaron la declaración de los espacios, para contribuir al bienestar de la población y a la creación de empleo.

Con respecto al veto número 4, de Entesa, que ha defendido el senador Boya, también me gustaría aclarar que la modificación parte de la experiencia acumulada durante los años de aplicación de la Ley 42/2007, por lo que no solo era necesaria sino muy oportuna para modernizar la norma, así como para incluir las novedades que se han producido, como es normal, a lo largo de estos años en la política de conservación de la biodiversidad y también para corregir errores de la ley que se han evidenciado en sus años de aplicación. Y sobre las críticas al principio de la conservación de la naturaleza, diré que nada que ver con la realidad ya que la modificación de esta ley se ocupa mucho más de estas cuestiones.

En cuanto al veto número 5, señor Fidalgo, quiero decirle que es totalmente incoherente porque, por un lado, señores socialistas, sostienen que este Gobierno se ha empleado en el desmantelamiento de la legislación ambiental anterior y, por otro, alegan que este proyecto de ley es totalmente innecesario porque en él no hay cambios de orientación ni de filosofía y el texto es prácticamente el mismo que el de la ley vigente. Asimismo, nos llaman la atención sus críticas a la participación porque reitero que este proyecto de ley viene a reforzar la participación del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; además, en algunos de los preceptos que se prevén hay una mayor participación, ya que se han incluido precisamente a petición de las principales ONG ecologistas que participaron en la elaboración del anterior proyecto de ley. Esto es así, lo quieren ver o no, señorías.

La modificación, reitero, no solo era necesaria sino oportuna para simplificar la norma y modernizarla, así como para incluir las novedades que se han producido en estos años, como ya he dicho, y corregir errores. Tengo que decirle, señoría, que muchas de sus afirmaciones no son ciertas.

Quiero agradecer al señor Maluquer su colaboración, sus observaciones y su trabajo. En general su veto es muy generalista —valga la redundancia— pero me gustaría puntualizar que en ningún caso la ley invade cualquier tipo de competencias.

Señorías, como ya ha expuesto nuestra ministra en diversas ocasiones, este proyecto de ley es reflejo de la determinación del Gobierno del Partido Popular por mejorar el régimen de protección de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad que atesora nuestro país, que demuestra el interés del Partido Popular.

Es una obligación moral para todos y, muy especialmente, para los representantes políticos; es un proyecto de ley que sentará las bases, con toda seguridad, para que hoy y mañana podamos seguir disfrutando del importante patrimonio natural y de la rica biodiversidad con la que tenemos la suerte de contar en nuestro país, España.

Por todo lo expuesto, vamos a votar en contra de los vetos presentados.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.

Turno de portavoces.

El Grupo Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. En diez minutos termino. (Risas).

El Grupo Vasco no ha presentado veto a esta norma porque entendíamos que el Estado tiene ámbitos competenciales en los que puede trabajar, debe trabajar y, de hecho, lógicamente debe regular, incluso, hay que adaptar la norma a otras de ámbito superior, europeo, etcétera, y también hay que conseguir una colaboración y una cooperación con las comunidades autónomas, pero no una coordinación sino una cooperación entre iguales con las comunidades autónomas.

Por eso, repito, no hemos presentado veto, porque entendíamos que con nuestras enmiendas sería suficiente —somos inasequibles al desaliento— y podíamos intentar cambiar este texto de forma que fuera satisfactorio para todos, que se adaptara a los ámbitos competenciales y a esa tan manida arquitectura institucional del Estado. Sin embargo, y a pesar de ser inasequibles al desaliento, no ha podido ser. Desgraciadamente, se ha cumplido lo que llevamos sufriendo, por decirlo de alguna manera, durante toda la legislatura y, sobre todo, en este período de histeria legislativa de los últimos meses —hoy es un ejemplo de ello— y no hemos podido negociar nada ni en ponencia, ni en comisión, ni hasta este momento en el Pleno.

Por lo tanto, sin otros cambios que los comentados, lo que nosotros vemos aquí, una vez más, es que el Estado no solamente regula su ámbito competencial, sino que, indefectiblemente, muerde las competencias autonómicas. Es como el escorpión que cruzaba el río, que muerde porque es su carácter. No podemos decir que su rechazo se produzca solo en esta norma sino que es que está en el ADN del grupo mayoritario y no lo pueden evitar.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de los vetos porque no queremos que la ley salga tal y como ha entrado en esta Cámara y tal y como sospechamos que va a salir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señora senadora, le leeré declaraciones de las ONG más importantes de Cataluña en relación con este tema: ONG ambientales exigen el cumplimiento de la actual Ley del patrimonio natural. Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, han reclamado al Gobierno que se emplee a fondo en aplicar la Ley del patrimonio natural más que en modificarla, y temen las desviaciones que el texto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros pueda incluir en su tramitación parlamentaria. Es decir, que no me lo invento yo. Las grandes ONG ambientales, en definitiva, lo que piden es que se aplique, que se desarrolle la ley de 2007 que, como se ha dicho antes, es una de las más progresistas, no ya solo en España, sino de Europa, y que está por desarrollar.

Por otro lado, dicen que no hay vulneración de competencias. He contado —y seguro que alguna me he saltado— dieciocho frases o momentos en los que ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, hay una artículo en la ley actual que dice para qué se emplea el fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad; hay dieciocho iniciativas en las que se puede emplear este fondo pero, ¿qué hace la nueva ley? Añade dos y, simplemente, donde dice que el fondo hasta ahora lo gestionarían las comunidades autónomas, ahora dice que lo gestionarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Así es toda la ley; toda la ley se limita a añadir a la Administración General del Estado en relación con competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

Es cierto que el Estado, el Gobierno central, tiene la potestad de elaborar una legislación básica, pero lo que ustedes hacen no es eso sino que presentan una legislación que impide cualquier tipo de normativa en el ámbito de las comunidades autónomas. Por lo tanto, insisto, esta ley se debería desarrollar y no modificar, y no es una opinión solo nuestra, sino también de las ONG y de la comunidad científica, pero la modificación de la ley que se lleva a cabo consiste fundamentalmente en quedarse con las competencias.

Como he dicho al comienzo de mi intervención, el problema de esta legislatura ha sido que no había política medioambiental porque hasta ahora existe una concepción, que espero que se cambie, y que se trasluce en el programa electoral del Partido Popular de 2011 o en las intervenciones del presidente del Gobierno, en las que se hace patente que este ámbito no es importante y que el medioambiente es un problema. Mientras tanto, vemos que Obama ha introducido el cambio climático en su agenda política.

Les recomiendo, si aún no lo han hecho, la lectura de la encíclica del papa Francisco, que es una lectura estupenda.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente, senadores.

España cuenta con un patrimonio rico y valioso, que no es ajeno a la pérdida de biodiversidad global —esto lo sabemos todos—, si bien algunos programas de conservación de las especies y hábitats han conseguido frenar esa pérdida en nuestro país. Sabemos también que los efectos del cambio climático aumentan los riesgos a los que está sometida la diversidad biológica y, supongo que de ahí deriva su voluntad de reformar la ley que está vigente desde el 2007, para intentar aportar su grano de arena. Pero, senadora Sanz, aunque me ha dicho usted que no invade competencias, como le indiqué en la comisión y he explicado en la parte expositiva de nuestro veto, ¿qué está pasando? ¿Tras la experiencia adquirida desde la aprobación de esa Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, lo mejor que se le ocurre al Gobierno actual y al grupo de la mayoría es cambiar los sujetos de las acciones que hoy corresponden a las comunidades autónomas, es decir, las funciones ejecutivas y de gestión? Esto es un atentado al modelo de Estado que ahora están convirtiendo en un Estado centralizado. Para mi grupo parlamentario este es un paso atrás. No pueden cambiar los sujetos de las acciones y de la gestión de la protección del patrimonio natural y de la naturaleza. No pueden empezar a poner normas en ámbitos que compartimos y en los que debemos coordinarnos.

Estamos ante una reforma del modelo del Estado y la ley que debe proteger y favorecer la biodiversidad no es la mejor para cambiar el modelo de Estado.

Por este motivo, mi grupo parlamentario mantendrá su veto en los términos que les expuse en la comisión y les anuncio que vamos a votar a favor del resto de los vetos presentados, con cuya exposición de motivos estamos de acuerdo.

Muchas gracias. Buenas noches.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

La ley que abordamos es una ley básica. Vivimos en un Estado de las autonomías y, por lo tanto, si la gestión de esta materia corresponde y es función de las comunidades autónomas, el Estado no puede apropiarse de ellas. Además, ¿no es eficaz conseguir la colaboración de las comunidades autónomas en esta materia para gestionar la Red Natura y los espacios protegidos? Incluso, es importante que las comunidades autónomas colaboren entre ellas, pero eso se construye durante años y ahora va a ser complicado volver a conseguir esa colaboración y ese nivel de entendimiento. En muchas ocasiones habrá dudas sobre a quién corresponden determinadas decisiones y va a ser complicado de gestionar. Por lo tanto, ineficaz.

No hay razones para ocuparse de esta materia. La única razón es que, de nuevo, han querido quitar obstáculos en relación con los espacios protegidos para que determinados grupos económicos hagan aquello que quieran y que en determinadas materias que las comunidades autónomas pueden gestionar de forma correcta, intervenga el Estado. No se trata de que el Estado quiera proteger más, sino para desproteger más, pensando de forma inútil y estéril que van a estar siempre en el Gobierno. Este un pensamiento estéril porque no van a estar siempre en el Gobierno y esta ley la van a tener que gestionar otros. Por tanto, doblemente estéril.

Mire si les interesa bien poco la materia —por eso decía que el objetivo de la protección ambiental no es el de esta reforma— que en cuatro años no han desarrollado ninguna materia de las que estaban pendientes de desarrollo. Por tanto, las cuestiones de desarrollo se tienen que plasmar en las figuras correspondientes: en los planes e inventarios pendientes de aprobar, y no cambiando el marco legislativo, que es lo que hacen ustedes. Además, lo hacen creando una maraña de trámites, de figuras de desarrollo y de nuevo desarrollo —lo que en muchos casos correspondería a las comunidades autónomas— que van a conseguir que sea imposible aplicar las directivas europeas de aves o hábitats y que sea imposible dilatar el desarrollo de esta ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por todo esto, van a contar con nuestra oposición.

Pedimos a todos los grupos su apoyo a nuestro veto y nosotros apoyaremos todos los vetos cuyo objetivo pretenda que esta ley sea devuelta a los corrales, que se devuelva al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Quien les oiga a todos ustedes pensará que el Partido Popular es un destructor del medioambiente, aparte de haber acabado con el Estado de las autonomías y no sé cuántas cosas más. Y lo siento mucho, pero tengo que discrepar de esa visión catastrofista. A mi entender —y espero que no se enfaden por lo que les voy a decir—, creo que presentar 6 vetos con estas descalificaciones a una ley que, con un artículo único, lo que hace es modificar algunos puntos de otra ley, según ustedes, fantástica y consensuada, sinceramente me parece una exageración.

Si me lo permiten, calificaría sus vetos de coyunturales. Y lo digo porque estamos muy cerca de unas elecciones generales y hay que elevar el tono, sobre todo el tono de crítica al Gobierno, haciendo, si me lo permiten que se lo diga, bastante demagogia. Hablar de intereses económicos, de la Ley de costas, etcétera, son mantras que hemos estado escuchando durante la legislatura y ahora los juntan todos.

Mi declaración de que con esto se cerraba el círculo de la política medioambiental era algo de contenido positivo, pues considero que el Gobierno del Partido Popular ha hecho una política medioambiental valiente, ha aprobado muchas leyes en un espacio corto de tiempo, además de tener en cuenta muchos temas que ustedes obviaron, sobre todo el relativo al cambio climático, del que ahora parecen tan orgullosos. Usted mismo me ha hablado del presidente Obama, pero Obama es el presidente de uno de los países que más contamina, de uno de los países que no ha reconocido Kioto. Por tanto, me parece muy bien que el presidente Obama esté ahora a favor del cambio climático, pero usted lo nombra como un referente y para nosotros no lo es. Yo lo siento muchísimo, pero no lo es. (Aplausos). Por este motivo, me permito decirle que son unos vetos un tanto coyunturales.

Ustedes consideran que la ley es innecesaria, pero mi compañera ya ha explicado muy bien por qué nosotros sí la consideramos necesaria y, simplemente, daré unas pinceladas.

No compartimos su visión catastrofista. España es un país que cuida su medioambiente y que tiene una política avanzada de medioambiente. Precisamente, nuestra biodiversidad nos hace especiales y reconocidos. Contamos con un montón de zonas declaradas reservas de la biosfera —y le está hablando una senadora que vive en una reserva de la biosfera declarada desde hace más de veinte años— y, precisamente en esta ley, se mejora la definición y la gestión de estas. Por tanto, sinceramente, niego la mayor. O sea, niego que nosotros no protejamos el medioambiente y que España sea un país que tenga grandes problemas medioambientales.



Comparados con Estados Unidos y con otros países, le aseguro que tenemos bastantes menos. Y en cuanto a los que tenemos, estamos trabajando para eliminarlos.

Usted ha hablado de nuestra política de aguas. Hemos hecho una política de aguas que pretendía llevar agua a todas las comunidades autónomas. Hemos aprobado un Plan Hidrológico Nacional que ustedes ahora empiezan a cargarse en las comunidades autónomas para volver otra vez a los problemas anteriores y, sinceramente, repito que se trata de vetos coyunturales por la situación. Nos dice que los presupuestos generales se bajan porque no dedicamos dinero al medioambiente. Esta ley no es una ley de presupuestos, es una ley de política medioambiental, y creo que ahí sí estamos.

Lamentamos la posición del Grupo Vasco, porque no presenta vetos pero se suma a todos los demás porque no hemos aceptado ninguna enmienda. Yo también lamento no haber podido aceptar enmiendas, pero le repito que es una ley que modifica aspectos muy concretos y que lo único que hace es ampliar, e incluso mejorar, la redacción de muchos aspectos.

Hay dos temas muy concretos que no quiero pasar por alto, aunque disponga de poco tiempo. El señor Saura dice que los ecologistas están totalmente en contra de esta ley y que así lo han manifestado. Yo no tengo declaraciones de prensa, porque, como usted sabe, los ecologistas no son muy partidarios de hablar bien del Gobierno, sobre todo si es el del Partido Popular, pero mis informaciones y mis reuniones con miembros de mi partido y ecologistas apuntan a que esa ley sí les gusta. Ellos tienen una concepción muy clara del tema de la justicia gratuita, al que luego me referiré, y querían que se incluyera en esta ley. Y de ahí viene que no haya un apoyo expreso a la misma. Nosotros entendemos que la justicia gratuita no es contenido de esta ley; es un tema de justicia que tiene que ir en una ley de justicia y no en la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Y de ahí viene un poco el desajuste. No la consideran una mala ley. Por lo menos, eso es lo que nos han dicho a nosotros, o sea que en eso no estoy de acuerdo.

Respecto al tema competencial, ustedes siempre están diciendo que nosotros somos centralistas y centralizadores. Simplemente queremos mejorar la gestión. Se ha visto que en algunas comunidades autónomas y en algunos casos concretos la gestión de los espacios naturales es manifiestamente mejorable. Pensamos que con la colaboración de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado esa gestión se puede mejorar. En el texto de la ley que nosotros presentamos aquí para su aprobación se recoge la propuesta de redacción de la disposición final segunda contenida en el informe del Consejo de Estado, lo que, a nuestro juicio, como también al del citado consejo, garantiza su plena adecuación al ordenamiento constitucional de la distribución de competencias. Además, a lo largo de todo el texto se incluyen las disposiciones necesarias que precisan qué competencias corresponden a la Administración General del Estado, con lo cual yo pienso que no hay invasión de competencias ni esa especie de afán recentralizador del que ustedes nos acusan.

Nosotros vamos a rechazar los vetos presentados porque pensamos que es una ley necesaria, una ley que mejora a la que se aprobó hace unos años, precisamente porque ha pasado el tiempo y las cosas en medioambiente han cambiado. Y si hasta el señor Obama ahora cree en el cambio climático y quiere luchar contra él, creo que nosotros tenemos todo el derecho a mejorar esa ley que en estos momentos es mejorable.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, del senador Iglesias.

Tengo que decirles que la senadora Cunyat ha hecho uso de su derecho de voto telemático y ha votado a favor de todos los vetos, con lo cual se sumará al resultado que se obtenga en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 204 más 1 voto telemático, 205; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto telemático, 206; a favor, 67 más 1 voto telemático, 68; en contra, 134; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los senadores de la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 69 más 1 voto telemático, 70; en contra, 135; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto telemático, 206; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, la senadora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado las enmiendas 43 a 47.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Domínguez. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado cinco enmiendas. La enmienda número 43 se refiere al nuevo artículo 27 en materia de estrategias y planes de conservación y restauración. Con ella pretendemos asegurar las competencias correspondientes a las comunidades autónomas en materia de biodiversidad marina. Por ello, la enmienda elimina cualquier tipo de apartado que pudiera resultar ambiguo y que pudiera otorgar competencias a la Administración General del Estado que excedan de aquellas atribuidas por la ley.

En el mismo sentido, la enmienda número 44 pretende suprimir el carácter orientativo que se dan a las directrices de conservación que han de formar parte del Plan estratégico estatal del patrimonio natural, reconociendo a su vez a la Comisión estatal para el patrimonio natural la competencia respecto al seguimiento del cumplimiento de tales directrices.

La enmienda 45 pretende mantener el texto del documento vigente de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad y preservar las competencias de las comunidades autónomas, de conformidad con la distribución competencial en vigor en cuanto a la denominación de los LIC, las ZEC y las ZEPA, cuyo alcance y limitaciones deberán establecerse por las comunidades autónomas según la legislación actual.

Pondré especial dedicación y atención en intentar argumentar el contenido de las enmiendas 46 y 47 por la transcendencia que en la isla de Fuerteventura ello supone. Actualmente, en el inventario de recursos naturales, propiedad del Ministerio de Defensa, consta un lugar conocido como el campo de tiro de Pájara, ubicado en la isla de Fuerteventura, ámbito declarado para la defensa nacional y afecto a su vez como parque nacional de zonas áridas. El citado parque incluye en su interior una zona militar destinada al adiestramiento de distintas unidades militares, y dentro de esta zona militar se encuentra una superficie de 623 hectáreas declaradas LIC, lugar de importancia comunitaria, denominada Cueva del Lobo.

Señorías, es totalmente incoherente que ambos usos se den en el mismo espacio; es decir, un uso militar y a la vez un ámbito de conservación, un LIC reconocido por la Comunidad Europea. Esto ocurre en Fuerteventura y en múltiples sitios de la geografía española. Por ello, las enmiendas 46 y 47 tienen un objetivo común, dado que entendemos desproporcionadas las amplias competencias otorgadas al Ministerio de Defensa en los procedimientos de redacción de los planes de ordenación de los recursos naturales en los que pueden resultar afectados bienes inmuebles de propiedad de Defensa. Son competencias que primarían, según lo presentado en el proyecto de ley, sobre cualquier propuesta de protección de espacios naturales de la Red Natura 2000. La disposición adicional duodécima se contradice con los propios objetivos de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, cuyo régimen básico estriba en la conservación, mejora y restauración del patrimonio natural.

Por ello, la enmienda 46 propone un nuevo texto por el que se prevé que, dentro del plan estratégico estatal del patrimonio natural, instrumento adecuado para ello, se elabore un plan de desafección de usos militares y a la vez un programa de restauración ambiental de los terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas en zonas de protección y afectos a la defensa natural.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez.

El senador Fuster, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha presentado las enmiendas números 179 a 185.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente. Voy a ser breve

Como decía el aragonés Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Seguramente no será bueno, pero les prometo que será adecuadamente breve en cuanto a lo que es esta sesión de la Cámara y a la hora que es.

Señorías, a los aragoneses nos ocupa y nos preocupa el medio natural, como no puede ser de otra manera, y no es casualidad, pues el 10 % del territorio del Estado español es aragonés, y en él vivimos menos del 3 % de las personas. Por tanto, nuestro espacio natural, nuestro medio natural es extraordinario. Decía un ilustre personaje aragonés que en Los Monegros, del que seguramente todos ustedes han oído hablar, la especie a proteger más importante era el monegrino. Por tanto, en esta Cámara, en la Comisión especial de despoblación de montaña y en la ponencia se han dedicado de forma especial a ello en todos los ámbitos de manera trasversal, como no puede ser de otra manera, y también en esta ley deberíamos incluir algunas cuestiones.

Las siete enmiendas de los senadores del Partido Aragonés coinciden con las presentadas por la Asociación Española de Municipios de Montaña y, por supuesto, amplían estos argumentos —que no voy a reiterar porque ya los di en comisión—, que pretendía, si hubiera sido en otro momento, explicar más ampliamente.

Finalizo, señorías, anunciando que además de abstenernos en los vetos, porque no han sido demasiado atendidas las enmiendas de los senadores del Partido Aragonés en casi ninguna ley medioambiental —en la próxima legislatura supongo que la razón de los votos obligará a un mayor diálogo—, y de apoyar las enmiendas que coinciden con las que hemos presentado, también apoyaremos todas aquellas que tienen que ver con la distribución competencial, como no puede ser de otra manera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias ha presentado las enmiendas 1 a 42, y la senadora Capella la 48.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Empiezo por dar por defendida la enmienda de la senadora Capella.

Las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida desarrollan los contenidos del veto que defendí con anterioridad, que no es un veto coyuntural, sino que gran parte de su contenido se corresponde con otros vetos formulados a lo largo de los más de tres años en los que he tenido el honor de ejercer las funciones propias de senador en proyectos relacionados con el medioambiente.

La primera enmienda plantea, en el artículo 5, párrafo 2, añadir tres nuevos apartados, incorporando como deberes de los poderes públicos: garantizar que las zonas dedicadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionen de manera sostenible; desarrollar campañas para que la ciudadanía tenga conciencia del valor de la diversidad biológica y conozca la Red Natura 2000 y eliminar las causas subyacentes de la destrucción de la biodiversidad.

Con otra enmienda, que defendimos en términos similares en el Proyecto de ley de parques nacionales, planteamos la supresión del artículo único, 5, competencia de las administraciones públicas sobre la biodiversidad marina. Entendemos que el proyecto en esta materia es claramente recentralizador y choca con algún estatuto de autonomía, y pensamos que la redacción que se plantea está menos preocupada por la protección que por impedir que las comunidades autónomas puedan obstaculizar proyectos que cuenten con el respaldo del Gobierno de la nación.

Con otra enmienda proponemos la modificación del artículo 10, párrafo segundo, sistema de indicadores, para que expresamente se incorporen entre los indicadores más significativos los ya definidos dentro de la Estrategia marco de estrategias marinas.

Proponemos la modificación del artículo 13, elaboración y aprobación del Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la diversidad para que se suprima la alusión a la colaboración con el Ministerio de Defensa en la gestión de los espacios aéreos y para que en la elaboración del plan se mantenga una vigencia de seis años y no de hasta diez, como prevé el proyecto.

En el artículo 13, elaboración y aprobación del Plan estratégico estatal, se añade un nuevo apartado 5, con la finalidad de que el Ministerio presente en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad una evaluación anual del cumplimiento del plan estratégico.

Con otra enmienda proponemos la modificación del artículo 15.3, para que se añada al listado de espacios de la Estrategia estatal de infraestructuras verdes y tengan una especial consideración las áreas de importancia para la recarga de acuíferos en las zonas con riesgo de inundación y los bosques remanentes.

Con otra enmienda planteamos la supresión del apartado dieciocho del artículo único, que faculta al Ministerio para la aprobación de la Estrategia de conservación y restauración.

Igualmente, modificamos el artículo 27.3 para que se fije un plazo de tres años para la elaboración de los planes e instrumentos de gestión en los que se concreten las estrategias de conservación y restauración.

Mediante otra enmienda defendemos la modificación de los artículos 32.2 y 33.3, fijando el plazo de tres años para la aprobación de los planes e instrumentos de gestión de las áreas marinas protegidas y de dos años para el Plan director de la red de áreas marinas protegidas de España.

Modificamos el artículo 34.3 para que en los monumentos naturales, como hasta ahora, esté prohibida la explotación de recursos, no solamente limitada, como plantea el proyecto.

Pretendemos la modificación del artículo 42.2, que regula la Red Natura 2000, suprimiendo las referencias que el texto contiene a la Administración General del Estado en el sentido de que esta determine el alcance de protección de dichos espacios conjuntamente con las comunidades autónomas.

Igualmente, aspiramos a una modificación del párrafo 4 del artículo 42 para que a la hora de promocionar actividades en los espacios de la Red Natura 2000 sea determinante que las mismas contribuyan a garantizar su estado de conservación favorable.

Enmendamos el párrafo 2 del artículo 43, que hace referencia a los lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación, para volver a la redacción vigente, suprimiendo la alusión a la Administración General del Estado para que sigan siendo, tras esta supresión, las comunidades autónomas las que hagan las propuestas de inclusión en el listado de lugares protegidos.

Planteamos una modificación del artículo 45, no del 44, como por error se refleja en el texto presentado, para aclarar que, como hasta ahora, serán las comunidades autónomas las competentes para declarar las zonas especiales de protección para las aves y zonas especiales de conservación.

Asimismo, proponemos la modificación del artículo 46, no del 45, como se pone en el texto por error, suprimiendo la referencia a la Administración General del Estado en lo que se refiere a la fijación de las medidas de conservación en las ZEPA y ZEP para que sigan siendo las comunidades autónomas, como hasta ahora, las que las determinen.

Enmendamos para modificar el párrafo 1, apartado a) del artículo 46, suprimiendo la referencia a que los planes o instrumentos de gestión de las ZEPA y ZEP deban tener en especial consideración las necesidades de los municipios de su ámbito. Con nuestra enmienda introducimos mayor concreción en el contenido de los planes al señalar que deberán incorporar los objetivos y medidas de las directivas de hábitats y aves.

Pretendemos enmendar el párrafo 3 del artículo 46 para mantener el texto vigente. La reforma condiciona la adopción de medidas a que se dé un efecto negativo significativo sobre la conservación. No creemos que sea imprescindible que se den las circunstancias que justifican este término significativo.

Enmendamos para suprimir el párrafo 4 del artículo 46 en lo relativo a que sea una orden del ministerio la que fije los criterios para la determinación de la existencia de perjuicios a la integridad del espacio protegido.

Enmendamos para modificar el artículo 47, explicitando que son las comunidades autónomas, no las administraciones en general, las que fomentarán la conservación de corredores ecológicos.

Pretendemos suprimir el artículo 48, que hace referencia a la vigilancia y seguimiento. Nuestra enmienda propone mantener la redacción actual, que reconoce que la competencia es de las comunidades autónomas; en consecuencia, la enmienda suprime la introducción de la Administración General del Estado.

Pretendemos modificar el párrafo 1 del artículo 54, relativo a las garantías de conservación de especies autóctonas silvestres, para que se suprima la referencia también a la Administración General del Estado en la adopción de medidas y que sigan siendo las comunidades autónomas, como hasta ahora, las que tomen las que consideren oportuno.

Solicitamos la modificación del párrafo 2 del artículo 54, en este caso suprimiendo la referencia a la Administración General del Estado y sustituyéndola por una a las administraciones competentes, que es lo que dice el texto vigente en lo que se refiere a la prohibición de introducción de especies alóctonas.

Con otra enmienda pretendemos la modificación del párrafo 3 del artículo 54 para introducir que en la elaboración del listado de taxones alóctonos susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas funcionará siempre el principio de precaución.

También queremos modificar el artículo 54, párrafo 4, para que se someta a información pública la evaluación del riesgo que se deriva del hecho de que alguien vaya a importar una especie alóctona y para lo que solicita autorización.

Pretendemos la adición de un nuevo apartado 7 al artículo 54 incluyendo los riesgos fitosanitarios como motivo para suspender el uso de plaguicidas cuando se produzca la muerte de especies protegidas mientras se evalúa el impacto de estos plaguicidas y se les busca una alternativa.

Pretendemos asimismo modificar el párrafo 2 del artículo 56 para que se dé participación al Consejo Estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad en las modificaciones del listado de taxones alóctonos susceptibles de competir con especies autóctonas.

También queremos modificar el párrafo 2 del artículo 57 quitando la referencia a la Administración General del Estado. Son las comunidades autónomas quienes deben establecer un sistema de control de capturas o muertes accidentales de especies protegidas.

Con otra enmienda de adición queremos que se incorpore un nuevo apartado e) en el párrafo 1 del artículo 59, que regula los efectos de la inclusión en el catálogo español de especies amenazadas, estableciendo la obligación de velar por que no se produzcan muertes o impacto derivado de infraestructuras, y debiendo garantizar que dichas infraestructuras son permeables.

Queremos modificar el artículo 61, párrafo 1, para suprimir la referencia a la Administración General del Estado en la autorización para dejar sin efecto las previsiones contempladas en este precepto.

Pedimos la adición de un nuevo apartado 78.2 que regula los objetivos del fondo para el patrimonio natural y de la biodiversidad para que también lo sea contribuir a la puesta en marcha de medidas de adaptación al cambio climático y el fomento de la participación de la sociedad civil en la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Pretendemos la adición de tres nuevos párrafos al artículo 80.1, de infracciones administrativas, para que también sean consideradas como tales las cuestiones relacionadas con el uso de cebos envenenados.

Queremos modificar el párrafo 2 del artículo 8 añadiendo como faltas graves a las que acabo de hacer referencia en relación con los cebos envenenados.

Con otra enmienda pretendemos añadir un nuevo apartado 8 al artículo 81, que regula las sanciones, para que no puedan recibir ayudas públicas quienes hayan sido sancionados administrativamente o condenados en firme penalmente por el uso de cebos envenenados.

Pretendemos la supresión del apartado 70, que reconoce al Ministerio de Defensa la emisión de un informe vinculante cuando sea titular de terrenos afectados por la declaración de espacios protegidos.

Queremos introducir un nuevo apartado 39 bis) introduciendo una regulación a través del artículo 57 bis) del movimiento y traslado internacional de ejemplares vivos de fauna silvestre. Un nuevo apartado 50 bis) modificando la regulación de las especies objeto de caza y pesca, incorporando las exigencias de la directiva de aves en relación con la caza sostenible e introduciendo la prohibición de la munición con plomo.

Planteamos una enmienda para suprimir la disposición adicional única, que establece que no habrá incremento de gasto como consecuencia de la aplicación del proyecto, y una nueva disposición final reconociendo el derecho a la justicia gratuita y a la exención de tasas a las organizaciones no gubernamentales cuando intervengan en materias medioambientales.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 123 a 131.

Para su defensa tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más breve posible e intervendré desde el escaño.

Como usted ha dicho, mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas 123 a 131. Me voy a centrar en tres de ellas, pues el resto son todas sobre temas competenciales.

La enmienda 124 plantea la modificación del artículo único.Trece, porque tal vez no sea descentralizador, pero desde luego sí es recentralizador. En él se plantea la elaboración del Plan estratégico estatal del patrimonio natural por parte del Ministerio de Agricultura junto con el de Fomento y el de Defensa, y después participarán asimismo en la elaboración de dicho plan las comunidades autónomas a través de la Comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, que lo elevarán para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Aquí no se trata de colaborar entre la administración central y las administraciones autonómicas. No, no. Después ya veremos si, a lo mejor, las comunidades autónomas pueden decir algo en la elaboración del plan estratégico, que, además, después es de obligado cumplimiento para todas aquellas administraciones que tienen competencias medioambientales y sobre todo, por supuesto, para las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas. Por lo tanto, igual no es descentralización, pero desde luego recentralización sí.

También quiero comentar la enmienda número 125, que va en la misma línea, respecto al artículo 15, cuando se habla del marco estratégico de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. En el texto del punto 2 de ese artículo se contempla una aplicación del artículo 149.1.23 de la Constitución española, que excede, con mucho, lo básico e incide de forma directa y, a nuestro juicio, evidentemente injustificada en ámbitos materiales de competencias exclusivas de las comunidades autónomas como pueden ser la planificación territorial o la planificación sectorial, y aquí estamos hablando de biodiversidad.

Por último, también quiero mencionar una tercera enmienda de las que hemos presentado, que es la 127, en la que se define el tema de los monumentos naturales. Con esta enmienda perseguimos limitar —como ya se ha dicho también por algún otro portavoz— las excepciones a la restricción de explotación de recursos en los monumentos naturales, sobre todo cuando esas excepciones vienen soportadas en conceptos jurídicos indeterminados de muy difícil concreción como pueden ser, como dice el proyecto —entre comillas— «actividades económicas compatibles con mínimo impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población...» Creemos que esto desde luego sí choca con el objeto esencial de protección de esta ley y por eso hemos presentado la enmienda.

No ha habido manera de que estas enmiendas se hayan podido aceptar ni negociar, evidentemente. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor del resto de las enmiendas. Iba a decir que esperamos que en el trámite, hasta que acabe la ley, se acepte alguna, pero no va a ser así.

Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas: el primero, de la enmienda 49 a 53, 56, 58, 62 a 64, 68, 69, 74, 75 y 78, y el segundo, de la enmienda 81 a 122.

Para la defensa de uno de los dos bloques, tiene la palabra el senador Boya y luego el senador Saura.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Desde el escaño, si me lo permite.

Para ser lo más breve posible, haré una defensa genérica de las enmiendas. Tampoco quiero reiterarme porque algunas de las enmiendas son coincidentes con las del Grupo Socialista. En todo caso quería decir que, desde nuestra perspectiva, efectivamente esta ley hubiera requerido cambios. Sin ánimo de polemizar y de contradecir a la portavoz del Grupo Popular, efectivamente es una ley recentralizadora y que hubiera requerido planificar un texto, porque es confuso, excesivamente reglamentista. No encaja en los términos de una ley básica, cuyo desarrollo, como se ha dicho, debe corresponder a las comunidades autónomas. Efectivamente, la ley debería garantizar el acceso a la información pública —porque no lo hace—, tampoco lo hace con claridad en las directrices de la Red Natura 2000 ni establece una coherencia con los marcos europeos ni los convenios internacionales, que no garantiza.

También quisiera mencionar específicamente nuestras enmiendas 49, 50, 58, 62, 74 y 75 en la línea de la defensa que ha realizado el senador Fuster. Son enmiendas de la Asociación Española de Municipios de Montaña que debiera haber tenido en cuenta el Grupo Popular. Entiendo que son razonables y que tienen una lógica aplastante. Algunos de ustedes que son del mundo rural saben perfectamente de los conflictos que existen en este momento entre las comunidades rurales y los ámbitos necesariamente preservados para la conservación del medioambiente. Pero ese esfuerzo que hace el mundo rural, y muy especialmente las zonas de montaña, debe ser adecuadamente compensado, porque ciertamente, porque esta responsabilidad no puede pesar solo en las pequeñas comunidades rurales, la sociedad debe ser solidaria con ellas. Nos parece que es sencillamente una cuestión de justicia. Estas enmiendas de ninguna manera comprometían excesivamente el texto de la ley y deberían haber merecido un trato diferente y haber sido tenidas en cuenta por el Grupo Popular.

Acabo, señor presidente, pero no quisiera dejar de responder a la portavoz del Partido Popular cuando nos ha acusado en su intervención y nos ha dicho que la defensa de nuestros vetos ha sido puro electoralismo. En el transcurso de esta legislatura —ahora que estamos a finales— todas las leyes que hemos debatido sobre materia medioambiental han tenido el mismo resultado; repito, todas han tenido el mismo resultado. Yo no he recibido nunca una llamada telefónica para consensuar ninguna de las enmiendas que ha presentado mi grupo sobre esta materia.

Usted ha venido a decir que nosotros somos los conversos en esta materia. Mire, no. Yo creo que al menos esta parte de la izquierda de la Cámara no es quien se ha reconvertido en esta materia. Es muy fácil ir a la Hemeroteca y ver los titulares de cuando el señor Rajoy decía que cuestionaba el cambio climático y afirmaba que no podía convertirse en el gran problema mundial —y su argumento era estrictamente sus conversaciones con su primo—. Y podría seguir: el titular de cuando hablaba de los diez magníficos científicos que no podían garantizarle qué tiempo haría mañana en Sevilla y cuestionaba cómo alguien podía decir lo que iba a pasar en el mundo dentro de trescientos años. Efectivamente, el señor Obama está muy preocupado porque la crecida del océano está en este momento afectando a muchas aldeas en Alaska; por tanto, este es un problema.

Señorías, nosotros no somos los conversos. Bienvenidos al club, pero le aseguro que en este momento su nota en materia medioambiental no es alta y el balance de esta legislatura no es bueno.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

No defenderé específicamente las enmiendas que hemos presentado, pero me referiré a los cuatro conceptos que se desprenden de las enmiendas que hemos hecho.

El primero es si esta es una ley necesaria o no y qué opinaban las ONG de esta ley. Nuestra posición es clara: no es necesaria. Yo no he dicho que la ley fuera un desastre, he dicho que no era necesaria. He dicho más: que las ONG decían que hacía falta desarrollarla y no reformarla. Fíjense, las ONG opinan que esta ley no incorpora elementos especialmente graves, pero sí algunos pequeños retrocesos ya valorados, y el único elemento positivo a destacar es la incorporación en el Registro de la Propiedad y en el catastro de las propiedades con protección ambiental, es decir, un aspecto positivo. Está bien, pero no justifica la modificación de la ley, lo que más nos preocupa es que lo que se aprobó no se está aplicando. El director de Greenpeace ha coincidido en que el problema de la ley es su falta de aplicación y en que lo único relevante es la incorporación de las propiedades con protección medioambiental en el Registro de la Propiedad. Es decir, están diciendo que hay que desarrollar la ley y que saludan positivamente el registro, aunque, como he dicho antes, no hace falta una ley.

El segundo tema es el relativo a las comunidades autónomas. Me he dedicado simplemente a mirar páginas —así, un poco a lo bruto— y a señalar en azul cada vez que aparecía la intervención de la Administración del Estado en una competencia autonómica. En esta página hay cinco, en esta también hay cinco, en esta hay dos, en esta hay cuatro; es decir, hay veinticinco o treinta intervenciones de la Administración General del Estado en competencias que, como he leído antes, son de las comunidades autónomas.

La tercera cuestión tiene que ver con el cambio climático. La portavoz del Grupo Popular sonreía a que Obama ahora haya dicho esto. Sí, Obama lo ha dicho tarde, pero lo ha dicho, sin embargo Rajoy, ni tarde ni pronto, no lo ha dicho; Rajoy ni tarde ni pronto, no lo ha dicho. Y a nadie se le escapa que Obama, haya dicho lo que haya dicho, introduce este tema en la agenda política mundial. Y Rajoy no solo no ha dicho esto. Uno de los problemas del Partido Popular —que espero y deseo que se solucione, porque el cambio climático no puede ser capital ni monopolio de nadie— es que en su programa electoral del 2011 —léanlo—, hay una sola frase de cambio climático y no dice nada. Es el único Gobierno, el único Estado importante de la Unión Europea que no tiene específicamente un ministerio de medio ambiente. El ministerio de medio ambiente en materia de cambio climático ha de ser transversal, ha de estar sobre la industria, sobre el tráfico, sobre el tránsito. Aquí basta con leer, durante un par de semanas, la actividad de la ministra de Agricultura, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, no está haciendo prácticamente nada en medio ambiente; está negociando el tema de la leche, que me parece estupendo y es lo que hay que hacer, pero ya no tiene tiempo para hacer de ministra de Medio Ambiente.

Finalmente, el cambio climático. En la legislatura pasada, hubo una comisión mixta Congreso-Senado, que llegó a unas conclusiones que me parecieron perfectas, pero prácticamente no se ha aplicado ninguna. La primera de las conclusiones era la necesidad de hacer una ley sobre el cambio climático. No se ha hecho.

Por lo tanto, señores y señoras senadores, no ha habido una política medioambiental mínimamente digna. Ustedes tienen una concepción del medioambiente como problema del desarrollo económico, que no es verdad. Si me preguntaran qué pienso sinceramente sobre esta ley, diría que es una ley cuyo objetivo fundamental es recuperar competencias de las comunidades autónomas para disminuir los niveles de exigencia medioambiental a los territorios de las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió ha presentado las enmiendas 157 a la 178.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño y brevemente.

Un bloque de nuestras enmiendas, la mayoría, van dirigidas a corregir la sustitución que se hace en todo el proyecto de ley del término «comunidades autónomas» por «administración competente». Por tanto, instamos a volver a lo dispuesto en el texto que se quiere modificar con este proyecto de ley. El resto de las enmiendas quieren imponer una redistribución competencial.

Otro bloque de enmiendas afecta a la biodiversidad marina y a esa atribución de nuevas competencias para la Administración General del Estado. Yo pienso que, como en este mismo Pleno le dije a la ministra en mi pregunta del martes, hay que devolver la gestión del litoral a las comunidades autónomas, ya que los espacios marinos protegidos están íntimamente ligados a los ecosistemas terrestres adyacentes. Por tanto, es importante dejar siempre una continuidad y una unidad de gestión de ese litoral que queremos proteger.

No quiero mencionar ahora las disposiciones que limitan el gasto para la protección, cuando la Administración General del Estado está asumiendo una serie de competencias que antes eran autonómicas y ahora se pretenden llevar a cabo con el dinero y los presupuestos de las mismas comunidades o administraciones que hasta ahora detentaban su gestión.

Diré con respecto a las enmiendas de los diferentes grupos que apoyaremos aquellas que busquen mitigar el cambio climático, la mayor participación de la ciudadanía y la mejora de la trasparencia en todo el proceso de la protección y de fomento de la biodiversidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 132 a 156.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.

Buenas noches. Estamos casi ya bordeando las 12 y esperemos que nos dé tiempo de votar este proyecto de ley.

Debo empezar diciéndole a la senadora Pons que es verdad que el proyecto de ley que estamos debatiendo tiene un artículo 1, pero hay que decir toda la verdad y es que ese artículo modifica más de setenta artículos de la Ley 42. Luego, no se extrañe que se presenten seis vetos. Si hubiese más grupos, seguro que se hubieran presentado muchísimos más.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 25 enmiendas a este proyecto de ley, las números 132 a 156, que doy por defendidas, aunque posteriormente, en el turno de portavoces, haré algún comentario más profundo. Ahora me limitaré a describirlas por objetivos.

Las enmiendas 132 y 150 las destinamos al cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas. La primera, la 132, pretende reflejar adecuadamente el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011-2020, así como las Metas de Aichi, y la segunda, la 150, fomentar la participación de la sociedad civil en la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, cuestión esta que consideramos necesaria e imprescindible para la buena protección de nuestros espacios naturales.

Las enmiendas 133 a 136 las destinamos al inventario del patrimonio y al Plan Estratégico Estatal. Hay que destacar que en ellas proponemos establecer centros de recuperación en las comunidades autónomas suficientemente dotados de medios materiales y humanos; que establecemos la obligación de una evaluación continua del grado de ejecución del plan —y quiero resaltar esto— con la participación efectiva de las comunidades autónomas y añadir determinadas áreas a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, como pueden ser las áreas de importancia para la recarga de acuíferos o las zonas de refugio de especies según proyecciones de cambio climático.

A la protección de espacios, tanto a las áreas marinas como a la Red Natura 2000, dedicamos las enmiendas 137 a 141, que pretenden una mayor concreción de los objetivos y contenidos de los planes de conservación, restauración y gestión, la necesidad de una continua coordinación con las comunidades autónomas, y, fundamentalmente —quiero destacar este asunto—, establecer un límite temporal para los referidos planes a tres años.

Las enmiendas 142 a 148 se refieren a la conservación de la biosfera. Planteamos velar por la máxima protección para las especies autóctonas silvestres, la suspensión inmediata de cualquier programa en los que se usen productos fitosanitarios, regular el movimiento y traslado internacional de ejemplares vivos de especies incluidas en el Catálogo español de especies amenazadas, y, por último, evitar que la presencia de determinadas infraestructuras haga peligrar la existencia de especies amenazadas.

Quiero destacar sobremanera la enmienda 149, que trata sobre especies objeto de caza y pesca; una enmienda que modifica el artículo 62 de la Ley 42 —extensa, amplia, detallada, rigurosa, que vale la pena leer— y que establece condiciones que deben darse para una caza sostenible, que propone la prohibición de la munición con plomo —cuestión ésta a la que nos referimos también en la enmienda 154, donde planteamos una disposición transitoria única— y en la que establecemos un plazo para su prohibición: 3 años, en el caso de caza mayor y 6 años, en el caso de caza menor.

Al capítulo de infracciones y sanciones dedicamos tres enmiendas —la 151, la 152 y la 153—, basadas fundamentalmente en la erradicación del uso de cebos envenenados, incluyendo además la imposibilidad de que aquellas personas que, por sentencia o resolución administrativa firme, hayan hecho un uso ilegal de este producto no reciban subvenciones públicas durante un periodo de 2 años.

También quiero destacar las enmiendas 155 y 156. Me voy a referir primero a la 156, disposición final segunda ter, que propone la obligación de incluir en la Memoria del análisis de impacto normativo la valoración de los posibles impactos que sobre el patrimonio natural y la biodiversidad pudiera producir la aprobación del proyecto normativo que se trate. Y voy a leer la enmienda 155, disposición final segunda bis, porque es curioso lo que ha sucedido a lo largo de hoy. Me refiero a la asistencia jurídica gratuita cuando se ejerza la acción popular relacionada con posibles delitos medioambientales. Esta tarde, durante el debate del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil, el Grupo Parlamentario Socialista planteó una enmienda en términos parecidos. Respuesta del Partido Popular: No toca, no corresponde, es de otra ley. Ahora que lo planteamos en la ley en que supuestamente toca, que es la Ley del patrimonio natural y biodiversidad, se nos dice que no toca. A ver si se aclaran. Dígannos en qué ley toca, para insistir y ser machacones con una cuestión que entendemos de vital importancia.

Termino anunciando nuestro voto favorable a las enmiendas presentadas por el PAR y por Entesa que tienen que ver con medidas relativas a la lucha contra la despoblación en las zonas de montaña y zonas rurales.

No voy a solicitar al Grupo Popular que apoye nuestras 25 enmiendas, porque ya sabemos que es inútil, pero sí que hay que hacer un reproche por enésima vez. Claro, después se quejan de que, cuando hay elecciones, de la naturaleza que sean, nadie quiera pactar con ellos. ¿Pero cómo van a pactar? Si es imposible Hay que explicar bien por qué razón a un proyecto de ley de esta naturaleza se presentan 6 vetos. Todo el arco parlamentario de la oposición está en contra de esta ley y ustedes no son capaces de aceptar ni una enmienda. Así nos va, señorías, y así les va y así les va a ir.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Turno en contra.

Senadora Socas, tiene la palabra.

La señora SOCAS LEÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre las 185 enmiendas que se han presentado al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Dado que la mayoría de las enmiendas han sido debatidas en el Congreso de los Diputados, aquellas enmiendas que son nuevas voy a analizarlas en el primer bloque de mi intervención y, luego, en segundo lugar, me centraré en comentar algunos aspectos que son comunes a todas, además de contestar a cada uno de los grupos.

Las nuevas enmiendas presentadas corresponden al Partido Aragonés, al Grupo Mixto y al Grupo Parlamentario Entesa. Las siete enmiendas que fueron presentadas por el senador Fuster, del PAR, se corresponden con las también siete enmiendas de Entesa. Presentan modificaciones al artículo 3, tratando de completar la definición de las áreas de montaña, pero ya la definición actual incluye, en sentido amplio, todas las características físicas, además de mencionar que estas condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se desarrollan. Por tanto, no lo consideramos necesario.

La redacción que proponen a los artículos 5 y 54 pretende englobar de manera general los deberes de los poderes públicos, pero resulta imposible detallar cada una de las situaciones concretas que se pueden dar en circunstancias particulares. Me refiero a la compensación de los daños de especies amenazadas, que es ya una práctica asumida por todas las administraciones. Por lo tanto, es innecesario entrar en detalle.

También presentan enmiendas al artículo 42, estableciendo la compensación y utilizando el criterio poblacional. Señorías, no se justifica ya que las potenciales limitaciones pueden afectar o no a un sector determinado.



Además, solo menciona las posibles limitaciones, pero no se dice nada de los posibles beneficios derivados de la declaración.

Les quiero decir en cuanto a la modificación del artículo 74, para el apoyo y promoción de las actividades tradicionales, que queda suficientemente recogido en el apartado a). El añadido que proponen restaría efectividad al artículo ya que podría dar a entender que se pretende restringirlos a la planificación o a los planes de ordenación de recursos naturales, cuando la promoción de los conocimientos tradicionales debe abarcar otros muchos campos.

Las cuestiones relacionadas con las enmiendas 74 y 184 han quedado ya recogidas en el nuevo artículo 15 del marco estratégico de la infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Este artículo prevé la redacción y aprobación en un máximo de tres años desde la aprobación de la ley de una estrategia que tendrá en especial consideración, entre otros elementos, las áreas de montaña. Por consiguiente, las comunidades autónomas desarrollarán sus propias estrategias basándose en las directrices de la estrategia estatal.

Entre las figuras de espacios naturales se encuentran tipologías como los paisajes protegidos o los árboles monumentales, para los que no tendría sentido declarar obligatoriamente áreas de influencia socioeconómica, tal y como se propone en las enmiendas 185 y 75, ya que es necesario que sea la administración gestora de estos espacios la que tenga la potestad de decidir si es conveniente o no el establecimiento de una zona de estas características.

En cuanto a las cinco enmiendas presentadas por la senadora Domínguez, del Grupo Mixto, he de decirles que la modificación que propone la enmienda 43 —que coincide con la 160 presentada por CiU— es todo lo contrario a lo que pretende el proyecto de ley, que trata de aclarar las competencias de las diferentes administraciones con responsabilidad en la gestión del medio marino, ajustándolas a la Sentencia constitucional 8/2013, que contempla que la competencia de una u otra administración va a venir determinada por las características y circunstancias objetivas del lugar a proteger, basadas en la mejor evidencia científica.

La enmienda 44 trata de eliminar el carácter orientativo de las directrices, y estas son, como su propio nombre indica, orientaciones que aprobó la conferencia sectorial. Por lo tanto, corresponde a las comunidades autónomas determinar hasta qué punto se acogen a ellas o en qué medida han de ajustarlas a la realidad de sus territorios. Señorías, no se ajustaría al orden constitucional imponer directrices y vigilar su aplicación en materias en que las comunidades autónomas son las únicas competentes.

La enmienda 45, que coincide con la número 11 presentada por el senador Iglesias, del Grupo Mixto, y con la 163, de CiU, propone suprimir en el artículo 42 la alusión a la Administración del Estado. Esto no es aceptable porque es fundamental atribuir con claridad a cada administración la competencia que le corresponde en el medio marino.

La enmienda 46 propone una modificación que no tiene justificación alguna —emprender una política global de desafección para usos militares y de restauración ambiental de los terrenos afectos a la defensa nacional—, cuando se ha demostrado que son plenamente compatibles los intereses legítimos de la defensa con los valores naturales de los terrenos afectos a este fin. A modo de ejemplo, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tienen un convenio vigente, firmado en 2001, para la conservación del medio natural y la gestión de los recursos naturales en instalaciones militares.

Finalmente, la enmienda 47, que se corresponde con la número 35, del señor Iglesias, con la 177, de CiU y con la 116, de la Entesa referidas a la supresión de la disposición adicional 12.ª, no se considera necesaria pues garantiza que los intereses de la defensa nacional estén suficientemente tenidos en cuenta, lo que no siempre ha ocurrido en el pasado por parte de algunas administraciones autonómicas.

Señorías, respecto al segundo bloque, quiero comenzar contestando a las numerosas enmiendas de índole competencial presentadas en general por todos los grupos. Por señalar alguna, aunque no esté presente la señora Capella, me referiré a la número 58 —la única presentada por esta senadora—, que añade una nueva disposición adicional, cuyo contenido rechazamos de plano por ser una propuesta que no es acorde a lo dispuesto en la Constitución. Como saben, la legislación básica estatal no puede ser supletoria de la autonómica, y les recuerdo que el Consejo de Estado ha sido muy claro al analizar esta cuestión diciendo que en ningún caso la modificación de esta ley invade ningún tipo de competencia. Quiero insistir, con respecto a las enmiendas específicas sobre el medio marino, que, como regla general, las funciones configuradas en la Ley 42/2007 y derivadas del artículo 49.1 de la Constitución han de ser ejercidas por las comunidades autónomas en el ámbito terrestre y por la Administración del Estado en el ámbito marino. A lo largo de todo el texto del proyecto de ley se incluyen las disposiciones necesarias para precisar las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en lo relativo a la gestión del medio marino, teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales del Alto Tribunal en esta materia y, en particular, la Sentencia constitucional 87/2013.

Muchas enmiendas a este proyecto de ley proponen que se incluyan las actividades económicas entre los objetivos de los planes de gestión de la Red Natura 2000. Lo que prevé es su promoción, pero siempre en coherencia con los valores que justificaron la declaración de estos espacios y contribuyendo a la creación de empleo. La ley, señorías, ayuda a conseguirlo.

Algunas de las enmiendas mencionan al Ministerio de Defensa. Debo insistir en que únicamente se recabará un informe a este ministerio cuando resulten afectados terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas en zonas de protección a efectos de la defensa nacional. Por lo tanto, resulta obvio que ese es el ministerio que tiene que pronunciarse. Complementariamente, ya que la ley vigente prevé en su artículo 13 que todos los departamentos ministeriales colaboren en la elaboración del plan estratégico, la mención al Ministerio de Defensa en este caso solo consiste en una precisión de lo que ya establece la ley, acotada precisamente a la gestión del espacio aéreo.

El Grupo de la Entesa, aunque haya retirado numerosas enmiendas, tiene 40 que coinciden en contenido con otras tantas del señor Iglesias, del Grupo Mixto, tal y como he venido señalando durante mi intervención. Por eso, además de la ya comentada, quiero destacar que el objetivo de la enmienda 51, de igual contenido que la número 1 del señor Iglesias y que la 132 del Grupo Parlamentario Socialista, es alcanzar la totalidad de las Metas de Aichi; aspectos que están suficientemente recogidos en el artículo 2 y en el Real Decreto 1274/2011, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y biodiversidad 2011-2017, precisamente en aplicación de la ley actual. En la enmienda 63, que coincide con la 142 del Grupo Parlamentario Socialista, el principio de precaución ya figura en el artículo 2, apartado g), por lo que no resulta necesario volver a reiterarlo. La enmienda 64, al igual que la enmienda 143 del Grupo Parlamentario Socialista, contiene una propuesta que rechazamos, ya que las administraciones públicas cuentan con recursos y con la existencia de comités científicos para asesorarlas.

Rechazamos la enmienda 124 del Grupo Parlamentario Vasco, antes mencionada por el señor Maluquer, porque ya está prevista la participación de las comunidades autónomas en la redacción del Plan estratégico estatal de patrimonio natural y de la biodiversidad a través de la comisión que puede actuar en fases muy tempranas en la redacción del plan. Asimismo, en la 128 proponen regular materias como el comercio exterior, que son competencia de la Administración del Estado, y por esta razón no la aceptamos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i d’Unió, quiero aclarar que el patrimonio natural incluye indistintamente el patrimonio biológico y el patrimonio geológico. Por eso, no es necesaria la modificación que propone su enmienda 158. Rechazamos también la 162 porque no podemos aceptar que sean las comunidades autónomas las que regulen la pesca en espacios naturales protegidos porque no se ajusta a la distribución de competencias que se otorga a la Administración del Estado en materia de pesca marítima. Me gustaría mencionar también la enmienda 129, que no aceptamos, porque es imprescindible que las actividades contempladas en esta ley sean ejecutadas con los medios existentes y no signifiquen nuevos gastos para los presupuestos públicos.

Del Grupo Parlamentario Socialista haré mención, además de las ya comentadas, a las enmiendas 147, 149 y 154, que se corresponden con la 67, 77 y 78 de la Entesa. Como forman parte de todos los procedimientos de evaluación de impacto medioambiental las medidas correctoras para permeabilizar infraestructuras y para reducir las muertes por atropello, no se considera necesaria esta adición de la enmienda 147. Por otra parte, la competencia sobre prácticas cinegéticas es exclusiva de las comunidades autónomas. Por tanto, se rechaza la propuesta, la enmienda 149, pues se podrían invadir esas competencias de las comunidades. Asimismo, la utilización del plomo ya está prohibida en los humedales Ramsar, en los de la Red Natura 2000 y en los de los espacios naturales protegidos. De esta manera queda prohibida su utilización en las zonas húmedas, por lo que rechazamos la enmienda 154.

Señorías, después de contestarles me gustaría decirles que, partiendo de la experiencia acumulada durante los más de 7 años de aplicación de la Ley 42/2007, se ha puesto de manifiesto que se debe realizar un esfuerzo para mejorar ciertos aspectos, como la gestión de los espacios protegidos o reforzar la protección de las especies amenazadas, además de incorporar normativa comunitaria o medidas de lucha contra el cambio climático. Consideramos, por tanto, que este proyecto de ley es muy oportuno porque va a actualizar el contenido a las necesidades actuales y a incluir temas que no se habían implementado, además de sentar las bases para una restauración de la biodiversidad española efectiva donde sea necesario; temas novedosos como, por ejemplo, que por primera vez la información ambiental de los terrenos quede incorporada al registro de la propiedad y al catastro. De esta forma, se gana en transparencia y en seguridad jurídica, y se garantiza una mejor protección de estos espacios. Como se protege mejor lo que se conoce, se modifica la forma de establecer los indicadores para elaborar el inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad. Además, incluye una serie de modificaciones encaminadas a adaptar la normativa nacional al Protocolo de Nagoya, y sobre el acceso a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. También se incluyen medidas destinadas a fomentar el apoyo de las administraciones a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios protegidos y se refuerza la responsabilidad de las instituciones en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad.

Señorías, no quiero finalizar sin reconocer el importante trabajo que han realizado todos los grupos, así como el esfuerzo hecho para mejorar el texto de esta ley.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Socas.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Senadora Socas, reconozco que usted ha trabajado fuerte y duro, porque realmente se ha mirado todas las enmiendas y nos ha respondido de una forma respetuosa. Pero como no puedo compartir los argumentos que ha empleado para rechazar nuestras enmiendas, pienso que un poco más de trabajo hubiera permitido llegar a un acuerdo. Porque si de verdad queremos proteger y fomentar el patrimonio natural y la biodiversidad, debemos confiar más en las administraciones que están actuando en estos momentos, por lo que no hace falta sustituir los términos «administración autonómica» por «administración competente», porque esto indica no querer reconocer ni el importante papel ni la función que ejercen estas administraciones que, de hecho, son piezas del Estado del cual nos hemos dotado y del que todos debemos considerarnos parte.

Además debemos dar confianza a los ciudadanos. Esta ley debería favorecer la protección del medioambiente con la desburocratización, agilización y simplificación de todos los procedimientos relacionados con la protección de la naturaleza y de la biodiversidad; y con normas simples y claras que faciliten la actividad con seguridad jurídica. Y ello para que el ciudadano sepa, para que sepan los emprendedores, las consecuencias de una mala práctica o de una acción que atente contra una posible pérdida de biodiversidad. De esta forma conseguiríamos que la intervención de la Administración multiplique las oportunidades que la conservación del patrimonio natural puede dar a nuestra economía y sociedad. No olvidemos que debemos contribuir al esfuerzo internacional para paliar la pérdida de biodiversidad por causa de la actividad humana con leyes que de verdad fomenten políticas activas e imaginativas. Con esta modificación de la ley, que con un único artículo modifica y numera de nuevo otras leyes, vamos a crear un marasmo complejo y no se van a conseguir esos objetivos loables que se lograrían si se hubieran hecho las cosas con más diálogo y buscando realmente esta mejora y este avance. Por todo ello votaremos en consecuencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, para no dejar en el aire algunas cuestiones que se manifestaron tanto en la comisión como aquí y que tienen que ver con el proyecto de ley, quiero, si soy capaz en cinco minutos, dejar claras algunas cosas.

La primera es que el Grupo Socialista, como otros grupos, entiende que esta ley es innecesaria. Pero no solo lo decimos nosotros; el propio informe del Consejo de Estado en su página 22 habla de que las cuatro únicas innovaciones a la Ley 42 están en los artículos 4.3 y 60.2, en cuanto que habilitan a la Administración General del Estado a intervenir en territorios cuya competencia en la materia era, según la Ley 42, de las comunidades autónomas. Hablo de los artículos 53, que ya aquí se ha mencionado, y 55, dedicado a la reintroducción de especies silvestres. Ninguna de estas cuatro cuestiones merece que una ley se modifique. Se pudo haber implantado y obligado a su desarrollo mediante un reglamento.

El Grupo Parlamentario Socialista insiste en que el Partido Popular ha pretendido con esta ley cerrar el círculo y legislar por legislar. Porque si hacemos un análisis del comportamiento en esta materia a lo largo de esta legislatura, comprenderemos —voy a hacer un esfuerzo por resumir— que los hechos los delatan. Vamos a ver algunos.

Todo el mundo o casi todo el mundo, menos el Partido Popular, coincide en una cuestión: la lucha contra el cambio climático será más efectiva desde el momento en que la participación de las energías renovables en el mix energético sea considerable y la disminución de la aportación de las fósiles también lo sea. Pero qué curioso, la primera medida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno del Partido Popular fue un frenazo a las renovables. En paralelo —esto hay que recordarlo—, el ministro desempolvó del baúl de los recuerdos la autorización de las prospecciones a Repsol en Canarias. Así fue. No solo se conformaron con eso, sino que, incluso, mandaron a un barco de la marina para impedir que Greenpeace cumpliera con su obligación. Recuérdenlo. Por cierto, el Tribunal de Arbitraje sobre el Derecho Internacional del Mar ha resuelto que la protesta en el mar es una actividad lícita en relación con la actividad de navegación. Y, sorprendentemente —vean la coherencia del Gobierno—, el mismo Gobierno que autoriza que se hagan prospecciones en una zona, ahora está estudiando proteger el área en cuestión. Viva la coherencia del Gobierno del Partido Popular en esta materia. Ustedes legalizaron la técnica del fracking por la puerta de atrás; ustedes aprobaron la Ley de parques nacionales y la Ley de montes ocultando las verdaderas intenciones. ¿Se acuerdan de aquella famosa enmienda que el senador Fidalgo bautizó como la enmienda Cospedal? ¿Y para qué han hecho la Ley de Montes? Ya aquí se ha dicho la razón.

Continúo con la Red Natura 2000, de la que ahora se habla porque se quiere impulsar. En el año 2012, el secretario de Estado anunció que se esperaba que más de las tres cuartas partes de los planes de uso y gestión de la Red Natura estuviesen concluidos a finales de 2013. En 2015, no hace mucho, la Comisión Europea advierte al Estado español que ha de cumplir con su obligación; más de 996 espacios naturales están sin plan. Y la pregunta que uno se hace es, en lugar de trabajar con las comunidades autónomas para dar realmente un impulso a la Red Natura 2000, ¿por qué diablos se empeñan en hacer una ley que no va a hacer absolutamente nada?

Sigo. Por si acaso la señora Pons me recuerda, porque seguro que lo va a hacer, el cumplimiento de los acuerdos de Kioto —respondo también a la señora ministra que ayer habló de lo mismo— hay que decir, cuando se hable de este asunto, la verdad. ¿Saben, señorías del Partido Popular, en qué periodo se produjo el mayor incremento de emisiones de gases? De 1999 a 2004. ¿Quién gobernaba España en ese momento? El señor Aznar. (Rumores). Y fue a partir del segundo semestre de 2008 —si no me creen me da igual; los datos están en el informe de emisiones de gases de efecto invernadero en España—, cuando, con el esfuerzo de un gobierno serio en esta materia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la emisión disminuyó considerablemente hasta 2012. ¿Qué pasó en 2012? ¿Que de pronto el CO2 se despertó siendo del Partido Popular? No. Lo que pasó en 2012 es que la crisis, fíjense ustedes qué casualidad y qué curiosidad, favoreció la disminución de emisión de CO2.

Pero les voy a decir algo para que cuando hablen de este asunto sean rigurosos. Hay un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que advierte de que las emisiones de CO2 han aumentado en España un 55,52 % en el año 2015, mientras que la producción de renovables ha disminuido en un 31 %. La razón que aporta este organismo, que no es la razón que aporta el Grupo Parlamentario Socialista, pero que asumimos, es que este Gobierno, el suyo, el del Partido Popular, apuesta por las energías más contaminantes.

Y, señorías, podríamos seguir. Porque dicen que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo y, a tenor de los ejemplos que he puesto, y más que hay, uno llega a la conclusión de que ustedes demuestran un día sí y otro también que el señor Rajoy le sigue haciendo caso a su primo.

Señorías, y si hablamos de presupuestos, que tienen que ver con este proyecto de ley, si miramos los Presupuestos Generales del Estado, Programas 4, 5 y 6, Actuaciones medioambientales, en el período 2008-2011 —gobernaba Zapatero—, ¿saben ustedes cuál es la media anual de inversión en los capítulos 4, 6 y 7? 1000 millones de euros; y en el capítulo 6, Inversiones reales, en el mismo período, la media es de 865 millones de euros al año. La media del Partido Popular en los cuatro años, de 2012 a 2015: 368 millones de euros, capítulos 4, 6 y 7, y 349 millones de euros, capítulo 6. Si no me creen, encantado les dejo una hoja de cálculo que hice ayer; se la doy a ustedes, no me importa, para que no me digan que no me ajusto a la realidad. Y en 2016, año en el que todos pensábamos que iba a haber una apuesta del Partido Popular por el medioambiente, hay una sorpresa: capítulos 4, 6 y 7, 368 millones, y capítulo 6, Inversiones reales, 349. Esta es la voluntad política del Partido Popular, porque filosofía sabemos todos, pero aplicarla, aplicar la norma y la ley y apostar por el medioambiente se hace, como decimos en mi tierra, con perras, con voluntad, y eso es lo que les falta a ustedes.

Concluyo, señorías. Ustedes deben hacer un esfuerzo no solo por ser la mujer del César sino por parecerlo, y tienen una fórmula y un medio: los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Hagan un esfuerzo para que empiecen a ser creíbles en esta materia. (Rumores).

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Intervendré desde el escaño, porque es muy tarde y todos tenemos ganas de terminar.

Los objetivos del proyecto de ley que llevamos un rato debatiendo son: proporcionar información sobre protecciones ambientales en el registro de la propiedad y en el catastro, algo que se consigue; mejorar la protección y la conservación de las especies amenazadas; cosa que, a nuestro juicio, también se consigue; incorporar normativa internacional y mejorar la aplicación comunitaria, que también se consigue; y mejorar la gestión de los espacios protegidos, lo que, a nuestro juicio, a juicio del grupo que da apoyo al Gobierno, conseguimos con la modificación de este proyecto de ley, dando cumplida cuenta de los objetivos que perseguimos con el proyecto de ley que vamos a someter a su consideración, y por lo que no hemos aceptado ninguna de las enmiendas planteadas.

Para finalizar, debo decirles que como no puedo, evidentemente, contestar a todo, sobre todo a la batería de acusaciones del señor Medina, al Gobierno de Aznar, al Ministerio de Industria, etcétera, me limitaré a explicar que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular tiene política medioambiental; una política medioambiental que hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta legislatura con todas las leyes y, evidentemente, finalizamos con ésta porque finaliza la legislatura; si no, tendríamos más medidas que implementar y, si ganamos las elecciones y seguimos gobernando, vamos a seguir por esta línea. Creemos en la lucha contra el cambio climático; hemos legislado por ello; a lo largo de toda la legislatura hemos incluido medidas contra el cambio climático en todas las leyes y esta no es una excepción.

La Ley del patrimonio natural es, a nuestro entender, una modificación puntual que mejora un texto anterior, que no invade competencias y que mejora la gestión de nuestro patrimonio y de nuestra biodiversidad. En el Partido Popular legislamos para los ciudadanos en su conjunto; no legislamos para poderes económicos, como me decían antes, ni para organizaciones ecologistas o de otro signo; buscamos el interés general. Para nosotros es una buena ley; mejorable, como todo en la vida, pero es el proyecto de ley que nosotros proponemos hoy para su aprobación.

La nota, como nos han amenazado algunos, nos la pondrán los ciudadanos en las urnas cuando sean llamados a ello. Nosotros aceptaremos el veredicto ciudadano, y espero que ustedes también lo hagan. Le aseguro que personalmente estoy encantada de la conversión de todos, y digo de todos, en la lucha contra el cambio climático; creo que la unidad de acción en el planeta, incluso la de Obama y el Papa, ayudará a la mejora del medioambiente. La política de medioambiente que hace el Partido Popular la hace el Gobierno, la hace el PP, cuyo presidente es Mariano Rajoy; él es quien dirige y marca las líneas políticas, se defina o no se defina contra el medioambiente; él dirige la política que nosotros aquí aprobamos y las leyes que llevamos. Esa es nuestra presentación.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Vamos a votar las enmiendas al articulado del proyecto de ley del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. Votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 11; en contra, 138; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 133; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 12, 38 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 201; votos emitidos, 200; a favor, 62; en contra, 136; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 70; en contra, 133; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 35, 40, 41 y 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 70; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 24, 27, 32, 33, 34, 36 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda de la senadora Capella. Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 12; en contra, 189; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de la senadora Domínguez. Votamos la enmienda 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 135; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 203; votos emitidos, 203; a favor, 69; en contra, 133; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las 43 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 11; en contra, 135; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del senador Fuster. Votamos de la 179 a 185.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 132; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Votamos la 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 13; en contra, 131; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 124, 128 y 130.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205;



votos emitidos, 205; a favor, 18; en contra, 132; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las 125 y 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 16; en contra, 131; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 126 y 131.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 16; en contra, 132; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 131; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario la Entesa. Votamos las enmiendas 64 y 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 64; en contra, 139; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 49, 50 y 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 202; votos emitidos, 202; a favor, 65; en contra, 131; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 58, 69 y 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 134; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 66; en contra, 133; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La enmienda 59 ha sido retirada.

Votamos las enmiendas 51, 52, 53, 56 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 63; en contra, 136; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 14; en contra, 133; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 95, 96, 97, 101, 102, 109 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 203; a favor, 68; en contra, 132; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 87, 93, 118 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 81, 83 a 86, 88, 90, 105, 108, 113, 114, 115 y 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 203; votos emitidos, 203; a favor, 64; en contra, 134; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 82, 89, 92, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 110, 112, 116, 120, 121 y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 133; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas 157, 159 y 161.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 163 a169 y 172 a 174.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 203; votos emitidos, 202; a favor, 70; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 170, 171, 177 y 178.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 160, 162 y 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 19; en contra, 136; abstenciones, 49.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 158 y 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 135; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 136, 148, 149 y 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 61; en contra, 140; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 140, 141, 143, 144, 147, 150, 155 y 156.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 132 a 135, 137, 138, 142, 145, 146, 151, 152 y 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 133; en contra, 69; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. (Aplausos).



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA. 592/000019 GOBIERNO VASCO GOBIERNO DE NAVARRA

AUTORES: GOBIERNO VASCO Y GOBIERNO DE NAVARRA

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

Muchas gracias.

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Buenas noches, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las cero horas y diez minutos del viernes, 4 de septiembre.


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