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DS. Senado, Pleno, núm. 168, de 02/09/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 78

celebrada el miércoles, 2 de septiembre de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a los problemas derivados de la precipitada implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 671/000186 acceso a la educación; reforma de la enseñanza; universidad GPS


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir desarrollando políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades. 662/000205 desarrollo sostenible; urbanismo GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para la liberación de los 75 presos políticos en Venezuela, así como frenar las reiteradas inhabilitaciones de dirigentes opositores, a fin de que puedan concurrir a las próximas elecciones del 6 de diciembre de 2015 e impulsar la presencia de observadores internacionales para garantizar la fiabilidad de dichos comicios. 662/000206 Venezuela; derechos humanos; elecciones; misión de observación; política exterior; prisionero político; verificación del escrutinio GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a promover un Pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres. 662/000207 consenso político; igualdad hombre-mujer; violencia doméstica GPS


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y de su Protocolo, hecho en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000176 Andorra; acuerdo bilateral; doble imposición; evasión fiscal


Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000177 acuerdo internacional; fondo CE; región de Bruselas-Capital; sistema bancario


Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruselas el 26 de mayo de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000178 CEEA; Decisión CE; recursos propios; región de Bruselas-Capital


Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 24 de julio de 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000179 Mauritania; acuerdo bilateral; garantía de inversiones; promoción de inversiones


Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000180 Reino Unido; acuerdo bilateral; secreto de Estado


Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000181 Acuerdo de Cooperación; Estados Unidos; política de defensa


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2013. 610/000163 Uzbekistán; acuerdo bilateral; lucha contra la delincuencia


Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2014. 610/000164 Canadá; doble imposición; evasión fiscal; protocolo de un tratado


Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 2014. 610/000165 Croacia; Serbia; acuerdo de estabilización y asociación; adhesión a la Unión Europea


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Angola sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2014. 610/000166 Angola; acuerdo bilateral; pasaporte; política de visados


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012. 610/000167 Marruecos; acuerdo bilateral; transporte internacional por carretera


Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), hecho en Abu-Dhabi el 13 de enero de 2014, junto con una reserva y una declaración. 610/000168 acuerdo bilateral; energía renovable


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Consejo de Ministros de la República de Albania para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Tirana el 17 de febrero de 2015. 610/000169 Albania; acuerdo bilateral; secreto de Estado


Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la protección recíproca de información clasificada, hecho en Kiev el 10 de febrero de 2015. 610/000170 Ucrania; acuerdo bilateral; secreto de Estado


Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Nueva Delhi el 4 de marzo de 2015. 610/000171 India; acuerdo bilateral; secreto de Estado


Protocolo de adhesión del Gobierno de la Federación de Rusia al Convenio de 16 de diciembre de 1988 relativo a la construcción y explotación de una Instalación Europea de Radiación Sincrotrónica, hecho en Grenoble el 23 de junio de 2014 y en París el 15 de julio de 2014. 610/000172 Rusia; adhesión a un acuerdo; material electromagnético


Acuerdo entre el Reino de España y Georgia sobre cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 21 de enero de 2015. 610/000173 Georgia; acuerdo bilateral; lucha contra el crimen


Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2014. 610/000174 Chile; acuerdo bilateral; lucha contra la delincuencia


Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, hecho en Marrakech el 27 de junio de 2013. 610/000175 acuerdo internacional; medios para discapacitados


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar. 621/000140 Derecho penal militar Defensa


Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 621/000143 derecho a la justicia; procedimiento penal Justicia


Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. 621/000144 derecho a la justicia; investigación y desarrollo; procedimiento penal Justicia

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PRECIPITADA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 671/000186 GPS

El señor Álvarez Areces defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 92; en contra, 140.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR DESARROLLANDO POLÍTICAS BASADAS EN UN MODELO SOSTENIBLE DE CIUDADES. 662/000205 GPP

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, como consecuencia de la cual tan solo procede la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Ibarrondo Bajo defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Ibarrondo Bajo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 154; en contra, 23; abstenciones, 63.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS 75 PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA, ASÍ COMO FRENAR LAS REITERADAS INHABILITACIONES DE DIRIGENTES OPOSITORES, A FIN DE QUE PUEDAN CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015 E IMPULSAR LA PRESENCIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD DE DICHOS COMICIOS. 662/000206 GPP

El señor García Carnero defiende la moción.

El señor Gil García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor García Carnero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Aiartza Azurtza, la señora Julios Reyes, el señor Iglesias Fernández y el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Carnero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hace uso de la palabra, por alusiones, el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 5.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 662/000207 GPS

La señora Berja Vega defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

La señora Mendiola Olarte defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

La señora Berja Vega expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, la señora Mora Grande y la señora Julios Reyes por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió, con el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 249; a favor, 103; en contra, 146.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONOCIMIENTO DIRECTO

El señor presidente informa a la Cámara del procedimiento a seguir en el trámite de estos tratados y convenios.

No se han presentado propuestas a estos acuerdos.

La votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto en sentido favorable a la autorización de estos tratados.



CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000176

Intervienen el señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario Mixto, para anunciar su voto negativo, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para anunciar su voto a favor.



ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000177

Intervienen el señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, para anunciar su abstención.

Se autoriza por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM), ADOPTADA EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000178

Interviene la señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario Mixto, para explicar las razones de su voto en contra de la autorización, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000179

La señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario Mixto, explica las razones de su voto en contra de la autorización, y el señor Chiquillo Barber su voto a favor.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000180

Intervienen el señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, para anunciar su abstención en la votación de este y los siguientes acuerdos.

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000181

Intervienen la señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, para explicar su voto en contra; el señor Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Losada de Azpiazu, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. 610/000163

Intervienen el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, para explicar su voto en contra, y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor.



PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. 610/000164

Intervienen el señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario Mixto, para explicar su voto en contra; el señor Losada de Azpiazu, del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar su voto a favor de este y del resto de los acuerdos, y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor de la autorización de este protocolo.



PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO DE 2014. 610/000165

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 3 DE FEBRERO DE 2014. 610/000166

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS Y SU PROTOCOLO DE APLICACIÓN, HECHO EN RABAT EL 3 DE OCTUBRE DE 2012. 610/000167

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN ABU-DHABI EL 13 DE ENERO DE 2014, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN. 610/000168

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN TIRANA EL 17 DE FEBRERO DE 2015. 610/000169

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE FEBRERO DE 2015. 610/000170

El señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario Mixto, explica las razones de su abstención; el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y el señor Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, explican las razones de su voto a favor.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 4 DE MARZO DE 2015. 610/000171

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EUROPEA DE RADIACIÓN SINCROTRÓNICA, HECHO EN GRENOBLE EL 23 DE JUNIO DE 2014 Y EN PARÍS EL 15 DE JULIO DE 2014. 610/000172

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2015. 610/000173

Interviene el señor Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar su voto a favor.

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000174

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.



TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, HECHO EN MARRAKECH EL 27 DE JUNIO DE 2013. 610/000175

Interviene el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor.

Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades manifestadas.

Se pospone la votación de los acuerdos no votados.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. 621/000140 Defensa

El señor López Valdivielso, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 31, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este senador.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 32 a 39, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta senadora.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas 40 a 52, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 53 a 61, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 127 y 128 del GP. Popular en el Senado, y las enmiendas 62 a 92, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 93 a 117, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 118 a 126 y la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 127 y 128 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs y el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000176

El señor presidente recuerda a la Cámara que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto en sentido favorable a la autorización de estos tratados.

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones, 5.



DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM) ADOPTADA EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000178

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones, 5.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000179

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones, 4.



TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000181

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 7; abstenciones, 3.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. 610/000163

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 247 más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; en contra, 3; abstenciones, 4.



PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. 610/000164

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones, 4.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE FEBRERO DE 2015. 610/000170

Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 240 más 1 voto telemático 241; abstenciones, 8.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. 621/000140 Defensa

Se procede a votar. .....................................................16453

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. 621/000143 Justicia


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 621/000144 Justicia

El señor presidente informa a la Cámara de que estos dos proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta, dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1 al proyecto de ley y su propuesta de veto número 1 al proyecto de ley orgánica:

La senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y su propuesta de veto número 2 al proyecto de ley orgánica.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 3 de al proyecto de ley orgánica, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley orgánica, de la señora Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5 al proyecto de ley y la propuesta de veto número 5 al proyecto de ley orgánica, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, la señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. .....................................................16486

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha abstenido en todos los vetos.

Se rechaza la propuesta número 1, con el siguiente resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto telemático, 246; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 17 más 1 voto telemático, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 74; en contra, 152; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 21, más 1 voto telemático, 22.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. .....................................................16487

La votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha abstenido en todos los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 un voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende las enmiendas 30 a 32 al proyecto de orgánica, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador, números 1 a 16 al proyecto de ley, y números 1 a 29 al proyecto de ley orgánica.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) números 17 a 20 al proyecto de ley y números 33 a 40 al proyecto de ley orgánica.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 21 a 25, 27 a 37, 84 a 86 y 91 al proyecto de ley y números 42, 43, 45 a 65, 148 a 152 y 160 al proyecto de ley orgánica

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 38 a 56 al proyecto de ley y números 66 a 96 y 98 al proyecto de ley orgánica.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió números 57 a 66 al proyecto de ley y números 99 a 120 al proyecto de ley orgánica.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 67 a 71, 73 a 83 y 87 a 90 al proyecto de ley y números 122 a 125, 128 a 146 y 153 a 159 al proyecto de ley orgánica.

El señor Represa Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado números 92 a 103 al proyecto de ley y números 161 a 166 al proyecto de ley orgánica.

En turno de portavoces intervienen la señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. .....................................................16514

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 9, 10, 49, 50, 92 a 97, 99 a 101 y 103.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 193 055 y 193 056.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se procede a votar las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. .....................................................16518

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 37, 47, 103, 130 y 161 a 166.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 193 057 a 193 061.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PRECIPITADA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 671/000186 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación no se han presentado enmiendas.

Para efectuar el turno a favor de la moción, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente, señorías.

Esta moción consecuencia de interpelación fue presentada el día 9 de julio y, transcurridos casi dos meses desde esa fecha, mantiene plenamente su vigencia, a pesar de que en el primer punto del petitum se hace referencia a la convocatoria de la conferencia sectorial, finalmente celebrada el 13 de agosto y que, desde mi punto de vista, no ha significado ningún avance apreciable en la solución de los problemas de nuestro sistema educativo como consecuencia de la precipitada implantación de la LOMCE.

El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo, aunque con formas más conciliadoras que el ministro Wert, en el fondo ha dicho lo mismo: ha rechazado la propuesta presentada por las doce comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar la incertidumbre en este inicio de curso como consecuencia de una implantación absolutamente precipitada de la ley, pues los currículos se han hecho a última hora; incluso, a día de hoy, antes del inicio del curso, todavía hay cuatro comunidades autónomas que no los han desarrollado.

Aunque ha habido algún gesto, no se ha entrado en el fondo de la cuestión. La decisión de retrasar una parte de las reválidas mediante dos decretos —el de primaria se hace ahora y el de bachillerato y ESO, según dicen, se tratará más adelante— no supone ninguna flexibilización del calendario de implantación, y tampoco se aborda el cuestionamiento de la propia existencia de las reválidas, que es lo que planteamos. Esas reválidas, como ya se indicó en la interpelación que hice al señor ministro, son un anacronismo; no es verdad que existan en la mayoría de los países europeos —son más bien una excepción— y suponen el rechazo de la evaluación continua y desconfianza en el profesorado; es un elemento que introduce distorsiones de cara al alumnado, pues no trata de evaluar —la evaluación sí se acepta, como sucede actualmente con la ley vigente hasta la implantación de la LOMCE—, sino que pretende una segregación y una discriminación. Como digo, cuenta con el rechazo de la mayoría de los países europeos e incluso es contraria a los planteamientos de la propia OCDE.

El ministro ha entrado en esa consigna propagandística del Partido Popular que consiste en repartir entre las comunidades autónomas un dinero, en parte de procedencia europea, si bien es absolutamente insuficiente para abordar el conjunto de la reforma, e incluso añade elementos propagandísticos —eso parece— al incorporar 24 millones de euros para las ayudas a libros de texto, que aparecen dibujados en el presupuesto después de haber suprimido 98 millones que había por ese concepto en el año 2011. Se sigue adelante con la reforma educativa sin que se cubran las necesidades reales de financiación. Anuncian un dinero insuficiente, que en buena parte, como decía, proviene de Europa, y obligan a endeudarse a las comunidades autónomas. Y esto se hace en un contexto de reparto del déficit que es absolutamente injusto para las comunidades autónomas que tienen las competencias y la asunción del gasto educativo en su mayor cuantía.

Por tanto, en el fondo no aceptan ninguno de los planteamientos que ya estaban orientando muchas comunidades y que nosotros, en esta Cámara, también reivindicamos; hemos pedido la comparecencia del ministro, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión General de Comunidades Autónomas —varias formaciones políticas la han solicitado— pero no se ha recibido ninguna respuesta hasta el momento.

Otro asunto al que instamos en el punto 2 es que en la universidad no ha habido tampoco ningún diálogo con representantes institucionales y con las comunidades autónomas para abordar los graves problemas de financiación, becas y precios públicos. Los datos reflejan que nuestro país tiene una de las tasas universitarias más caras y un sistema de becas que exige más resultados a los que tienen peores rentas. Y a todo ello hay que sumar esa caída de financiación que provoca un grave deterioro en la docencia y la investigación. Si ustedes miran hacia los presupuestos de 2016, a los que ha hecho alusión también el señor ministro, se encuentran con la ridícula cifra de incremento del presupuesto de la universidad: un 0,12 %, y hay que tener en cuenta que desde el año 2011 este presupuesto ha descendido más del 70 %. Por tanto, esa cantidad es absolutamente insuficiente.

Las inversiones en I+D también son menores que en años anteriores, aunque hay un ligero aumento del 2,2 %.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

La ratio en España supone solo el 1,24 % del PIB. Esto significa que va a haber menos dinero para la universidad y para la investigación.

En fin, planteamos que todos los puntos del petitum de la moción presentada se mantengan vigentes y pedimos definir medidas normativas y presupuestarias para corregir esos problemas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora De Haro.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

Aunque luego me extenderé en el turno de portavoces, quiero señalar que yo venía hoy a defender la postura del Grupo Parlamentario Popular en contra de esta moción. Y sinceramente venía con la vana esperanza de que el senador Álvarez Areces, habida cuenta de las modificaciones y de lo que ha acontecido desde que en julio se presentase esta moción consecuencia de interpelación, dado que sí ha habido acontecimientos que pasaré a relatar, iba a retirar la moción en su conjunto o, al menos, en parte, pero veo que hoy comienza su intervención diciendo que mantiene su plena vigencia.

Tenemos que señalar, senador Álvarez Areces, que en uno de los primeros puntos de la moción usted propone convocar urgentemente la conferencia sectorial de educación, que como sabrá se reunió el día 13 de agosto. Es más, el mismo día de la presentación de su interpelación el ministro, recién llegado a sus responsabilidades públicas, manifestó que iba a hablar inmediatamente con la comunidad educativa, con todos y cada uno de los sectores, como así hizo, y con aquellos miembros de las comunidades autónomas que habían tomado posesión, ya que en algunos casos, como consecuencia de las últimas elecciones, ni siquiera habían tomado posesión o no tenían responsables en materia de educación. Eso fue en el mes de julio y, como le digo, la conferencia sectorial se convocó el día 13 de agosto y de ahí salieron una serie de compromisos, tanto por parte de las comunidades autónomas como del propio ministro.

Pero, además, en su anterior intervención también ha señalado que había pedido la comparecencia del ministro, y señoría, el ministro ha comparecido en numerosas ocasiones tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados. Es más, el día 27 de julio compareció en comisión en el Congreso de los Diputados y también en esta misma Cámara ante la Comisión de Cultura, donde incluso habló de compromisos. Por tanto, no se puede acusar al ministro actual —ni tampoco al anterior— de no haber cumplido sus compromisos, pues, como ya he dicho, el primer punto ya es un hecho, ya se ha convocado la conferencia sectorial de educación. Y con el segundo punto de su moción, relativo a recuperar el diálogo con los representantes institucionales del sistema universitario, ocurre exactamente lo mismo, porque no solo se ha encontrado extraoficialmente con el presidente de la conferencia de rectores, sino que también han mantenido numerosas reuniones. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular entiende que todo esto ya se está cumpliendo, y se ha hecho de forma inmediata, en los días posteriores a la toma de posesión del nuevo ministro de Educación.

Como he dicho, me extenderé más en el turno de portavoces, pero ya le digo que entendemos que el calendario de la LOMCE fue objeto de un largo debate. Además, me quiero remitir al hecho de que en épocas socialistas se aprobaron cuatro leyes educativas; de las siete que hemos tenido, cuatro reformas y contrarreformas han sido aprobadas por sucesivos gobiernos socialistas en los años 1985, 1990, 1995 y 2006. Por tanto, no nos parece de recibo acusar de incertidumbre al Grupo Parlamentario Popular.

Asimismo quisiera también señalarle que el calendario de la LOMCE se conocía, y no solo desde su publicación tras un largo debate que duró más de ocho meses. Recuerde usted que solo en el Senado pasó por la Comisión General de las Comunidades Autónomas antes de hacerlo por la correspondiente Comisión de Educación y Deporte, y que posteriormente fue al Pleno, donde fue objeto de un largo y extenso debate; y previamente en el Congreso se habló con numerosos expertos. Por tanto no se nos puede acusar de falta de diálogo, tampoco en la elaboración de la LOMCE, que se publica en diciembre de 2013 y ya en diciembre de 2014 se aprueban los currículos básicos, por tanto ya se sabe el calendario de implantación. Por otro lado, en el debate parlamentario celebrado en el Senado precisamente la disposición final quinta, que regula el calendario de implantación, fue modificada gracias a ese diálogo, ampliándose el plazo para su aplicación.

Por tanto, entendemos que había conocimiento de ello, y lo que no puede suceder es que sean precisamente las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista las que pongan trabas desde el primer momento a la aplicación de la LOMCE. Eso no puede ser, debe primar el interés de los niños, de las niñas y de todos los jóvenes. Y hemos de tener claro que, si queremos llegar a acuerdos en una materia tan importante como la de educación, debemos predicar con el ejemplo. Por eso le pido que, si puede, interceda ante esas comunidades autónomas; creo que hay que cumplir las normas nos gusten o no, pues son unas normas que salen legítimamente de las Cámaras. Les ruego, por tanto —e insisto—, que cumplan las normas por el bien de la comunidad educativa y por el bien de la educación en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para expresar brevemente las razones por las que voy a apoyar la moción presentada por el senador Areces.

Es cierto que se celebró la conferencia sectorial que inicialmente se solicitaba en el texto de la moción, pero hay que aprovechar este debate para hacer una valoración o evaluación de las consecuencias o conclusiones de dicha conferencia desde la perspectiva de establecer si ha servido o no para cumplir los objetivos contenidos en la moción, y la conclusión es que efectivamente el resultado de dicha reunión se aleja mucho de las pretensiones que recogía la moción. De hecho, la mayoría de los participantes en ella manifestaron cuando concluyó que había sido decepcionante, que había sido un monólogo del Gobierno. Obviamente, una reunión celebrada en estos términos no responde a los objetivos fijados en la moción.

Los problemas derivados de la aplicación del calendario de la LOMCE son obvios, y fueron claramente denunciados por doce comunidades autónomas, que en esa reunión del 13 de agosto solicitaron un aplazamiento de la aplicación de la LOMCE ante las dificultades de establecer un calendario que prevé la aplicación de la ley en este curso que está a punto de empezar: en los cursos pares de primaria, en 1.º y 3.º de la ESO y en 1.º de bachillerato. Yo creo que las leyes, efectivamente, hay que cumplirlas hasta que se cambian, pero no sería el primer caso —ni mucho menos— en el que los calendarios fijados en las leyes, ante las dificultades objetivas para su aplicación, se modifican. En esta Cámara mantuvimos un prolijo debate en diferentes sesiones sobre la situación de los registros civiles, y en dos ocasiones la ley cambió los plazos de entrada en vigor de las previsiones que inicialmente se establecían para el registro civil electrónico porque la dura realidad demostraba que era imposible cumplirlos. Por tanto, ante una situación similar: dificultades objetivas para cumplir el calendario previsto en la ley educativa, se puede responder con la misma lógica y racionalidad estableciendo un nuevo calendario. Es exclusivamente una decisión política, que responde a criterios ideológicos y a intereses partidistas, lo que lleva a decir por encima de cualquier circunstancia que hay que cumplir el calendario de la LOMCE sean cuales sean las consecuencias para los alumnos y para las familias, y eso, señorías, no responde a lo lógica de la realidad y de la sociedad. En esa reunión la única flexibilización que admitió el ministro de Educación fue formal: no aprobar los decretos de implantación de la reválida de secundaria y bachillerato, que debía empezar a implantarse en los cursos 2017 y 2018. Efectivamente, ninguna prisa en establecer la aprobación de esos decretos, pero el ministro sí insistió y anunció la aprobación del decreto para la implantación de la reválida de primaria.

En relación con otras cuestiones de la moción, comentaré algo muy rápidamente. Se habla del diálogo para la financiación de la universidad y las becas y, según ha publicado el propio Ministerio de Educación en este mes de agosto que acaba de terminar, en el curso 2014-2015 los becarios universitarios recibieron 100 euros más de media que en el curso anterior, pero a lo largo de la legislatura se ha producido un recorte en el importe medio de las becas de 647 euros; recorte que no va a tener respuesta en lo que es el tercer punto de la moción, el de las reformas normativas, ni con una ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que afronte la corrección de todas estas cuestiones. Si bien es cierto que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya prevé, afortunadamente, una tasa de reposición del 100 % entre los docentes, no lo es menos que esta medida se toma tras haber reducido en 30 000 el número de profesores a lo largo de estos años y cuando, además, la previsión presupuestaria para el 2016 en materia de becas solo supone un incremento de 2,8 millones, cantidad que no va a resolver esa caída del importe medio de las becas a la que hacía referencia hace unos minutos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el voto favorable de mi grupo parlamentario a esta moción, como no podía ser de otra manera, señora De Haro. Me imagino que a estas alturas del debate y de la legislatura no le va a sorprender que mi grupo parlamentario se posicione a favor de cualquier moción que vaya en contra de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa, y usted sabe que no somos una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista y que no es la ideología lo que nos mueve a rechazar esta ley. La hemos debatido por delante, por detrás, de un lado y del otro, con lo cual ya sabemos que este grupo parlamentario siempre ha dado argumentos más que fundados en cuestiones pedagógicas, procedimentales y también de carácter educativo para rechazar una ley que a todas luces es nociva.

Entendemos que es una ley nociva para el conjunto del sistema educativo español, pero también, y muy particularmente, para el sistema educativo vasco. Partimos de puntos de partida distintos, partimos de concepciones distintas de lo que tiene que ser un sistema educativo y de cómo hay que articularlo legalmente y partimos también del reconocimiento, desde el minuto cero, de que el calendario de aplicación de la LOMCE era inviable, y se lo dijimos, y le señalamos además dónde estaban cada uno de los puntos en los que teníamos problemas. Es imposible, con el procedimiento administrativo vasco en la mano, aprobar los currículos educativos en los tiempos establecidos por el calendario de aplicación de la LOMCE. Se lo dijimos desde el minuto cero y el ministro anterior se obcecó en mantener este calendario con el único objetivo —y todos hemos visto que se ha ido cumpliendo— de que al final de la legislatura los números y las cifras de fracaso y de abandono escolar cambiasen; y lo hacen, no porque se haya reducido el fracaso o el abandono, sino simplemente porque han trasmutado estos estudiantes en riesgo de fracaso o de abandono en otro tipo de estudiantes, manteniéndoles dentro del sistema al utilizar mecanismos como la segregación temprana, por ejemplo, la formación profesional básica.

Es imposible, vuelvo a reiterarlo, que se cumplan los calendarios de aplicación de la LOMCE en los términos establecidos en la ley, y lo saben. Y no es que haya una voluntad de poner obstáculos, es que es imposible, con el procedimiento administrativo en este caso de la comunidad autónoma vasca, que se aprueben los currículos a tiempo. Porque, a diferencia de lo que hace su Gobierno, nuestro Gobierno sí que busca el consenso en todas sus actuaciones normativas, también en la elaboración del currículo; tiene una fase de consultas con la comunidad educativa y con los sindicatos que nosotros vamos a cumplir siempre a rajatabla. Una ley educativa tiene que nacer única y exclusivamente con consenso, esa es la única garantía de que efectivamente vaya a funcionar, y así tienen que ser también los currículos. Y en el ámbito de aplicación de nuestras competencias exclusivas, como son los currículos educativos, nosotros nos atendremos siempre a este procedimiento de consulta y de participación de la comunidad educativa.

Me sorprende que en su intervención con motivo de la moción diga que el punto 1 ya lo han cumplido, porque efectivamente ya se ha convocado una conferencia sectorial, y que el punto 2, que habla de flexibilidad y demás, está en la agenda del ministro, que con su talante ya lo ha demostrado y que está tomando medidas en este sentido. Bueno, pues aprueben la moción. Apruébenla. Si la moción insta al Gobierno a hacer cosas que según usted ya está haciendo, no tendrían por qué tener ningún problema para aprobarla. Si ustedes se escudan una y otra vez en el argumento del diálogo, en que se ha hablado y ya se ha convocado, háganlo.

Es verdad que la LOMCE la hemos debatido muchísimo y durante muchísimo tiempo —el anteproyecto lo estuvimos debatiendo durante prácticamente un año—, pero no es menos cierto que de las aportaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado ustedes han hecho caso cero, absolutamente ninguno, y eso no se llama diálogo, eso se llama monólogo, como bien ha señalado anteriormente el senador Iglesias. Eso es un monólogo, eso es una imposición, eso es aprovecharse de la mayoría absoluta que tiene uno para imponer un modelo educativo que no necesitamos, que no nos sirve y que desde luego no vamos a poder aplicar; es más, es totalmente indiferente a los procedimientos de aprobación de los currículos de las comunidades autónomas.

Por lo tanto, como no podría ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta moción. Háganlo ustedes también, y así veremos que su discurso no son solamente palabras y que, efectivamente, en este nuevo ministerio existe la voluntad de trabajar con las comunidades autónomas y los agentes educativos y de establecer un diálogo —y un diálogo implica a las dos partes—, cooperación y colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Mientras no lo hagan, lo que veremos es que ustedes, su grupo parlamentario y el nuevo ministro siguen la tónica del predecesor, la de aprovechar la mayoría absoluta para imponer unilateralmente estas medidas de carácter educativo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Bon dia, president, senyories.

La moció presentada ens permet posar de manifest dos aspectes fonamentals que al Grup de l’Entesa ens preocupen enormement. Per una banda, la impossibilitat de l’aplicació del calendari de la LOMCE.I així ja ho vam advertir en el darrer Ple del 7 de juliol, en el control del govern, al ministre Méndez de Vigo en el Ple del 7 de juliol. D’altra banda, les dificultats d’accés a estudis universitaris d’aquells alumnes procedents de famílies amb pocs recursos econòmics; dos problemes que tindran conseqüències nefastes.

I és que en el cas de l’aplicació del calendari de la Llei 8/2013, la LOMCE, com en altres lleis que es legislen sense tenir en compte les conseqüències que comportarà fer-ho d’aquesta manera de pressa i corrents, per exemple, com a cas il·lustratiu, el passat 9 de juliol al BOE es va publicar l’Ordre 1361, de 2015, per als centres en l’àmbit de gestió del ministeri. Aquí s’estableixen els aspectes bàsics a partir dels quals els centres haran de fixar determinats aspectes organitzatius, pedagògics i relacionats amb l’avaluació contínua o l’atenció a la diversitat. El text feia referència constant a uns annexes que no s’acompanyaven en la publicació i que no van ser publicats fins el 21 de juliol. Avui som dia 2 de setembre, i en el mes d’agost les escoles estan tancades. De debò creuen que és possible aplicar tot el que l’ordre preveu en el curs 2015-2016 a 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat? Tenen la més remota idea del que suposa per als equips directius i docents adaptar els projectes de centre a aquesta normativa a un mes i poc de la seva publicació a inici de curs, tenint en compte que a l’agost no es treballa?

Només ens queda treure com a conclusió que el ministeri té un desconeixement total del funcionament del sistema educatiu. Assistim a una invasió, com mai, de les competències autonòmiques en educació i al menyspreu constant i reiteratiu dels milers de docents de tot el país, que són els veritables artífexs a l’hora de fer realitat el funcionament de l’educació pública, sistema públic educatiu. Mai no se’ls ha tingut en compte. Per tant, és impossible aplicar els preceptes legals dictaminats pel ministeri per al curs 2015-2016.

I un altre problema que cal afrontar de forma imminent és l’increment d’alumnes que abandonen els estudis universitaris; més de 73 000 des del 2012 i, d’aquests, 51 000 el darrer curs. No és difícil determinar les causes d’aquest descens: la pujada de les taxes universitàries, beques insuficients per a les necessitats de les famílies i l’enduriment dels requisits per obtenir aquestes beques, i això ha afectat, sobretot, als alumnes que procedeixen de famílies amb dificultats econòmiques. Un cop més, s’han adoptat mesures que accentuen la desigualtat, que marginen i impedeixen l’ascens social als joves de famílies humils. Si és cert el que s’ha dit en nombroses ocasions en aquesta Cambra, que els joves són el futur del país i que cal oferir-los oportunitats perquè rebin la millor qualitat educativa i rebin una bona formació, aquest Govern no està sent coherent amb el que diu i amb el que fa. Mentre hi hagi un sol jove que no pugui fer realitat la il·lusió de cursar estudis superiors per manca de recursos econòmics, el Govern haurà fracassat i demostrarà la seva incapacitat i la ineptitud per trobar els mecanismes per garantir-ho. I els recordo que l’educació és un dret.

En resum, aquest Govern ha fet una gran actuació interpretant el paper de garant de la millora la qualitat educativa, però quan ha de demostrar aquest interès per l’educació en l’adopció de mesures concretes, el que realment ens mostra és la veritable obsessió per degradar l’educació pública i convertir-la en un reducte irrecuperable, deixant, això sí, en un lloc privilegiat i promocionant a la privada. No sé què entenen per interès general. No puc entendre el poc sentit de responsabilitat per part del Govern, el poc que li importa legislar de qualsevol manera. Són conscients que les mesures legals que estan aprovant aquests dies, de pressa i corrents, afecten milions de persones? Aprenguin a escoltar. Escoltin les comunitats autònomes com a administració propera al territori i a la comunitat educativa. Escoltin a les institucions universitàries, escoltin, dialoguin, consensuïn les mesures normatives. Aquestes institucions, precisament, persegueixen això, la millora de la qualitat educativa, i no es pot afrontar si en el Govern no hi ha voluntat de destinar-hi els recursos suficients per garantir-ho.

Això és el que pretén la moció a la qual donarem suport des del convenciment que l’educació és un assumpte d’Estat que cal afrontar des del diàleg, el consens i el compromís dels governs de destinar-hi els recursos suficients com a inversió en la millora del propi país. (Aplaudiments).

Buenos días, presidente, señorías.

La moción presentada nos permite poner de manifiesto dos aspectos fundamentales que preocupan mucho a nuestro grupo. Por un lado, la imposibilidad de la aplicación del calendario de la LOMCE, como ya advertimos al ministro Méndez de Vigo en el Pleno del 7 de julio. Por otro lado, las dificultades de acceso a estudios universitarios de aquellos alumnos procedentes de familias con pocos recursos económicos; dos problemas que tendrán consecuencias nefastas.

Llevan a cabo la aplicación del calendario de la Ley 8/2013, la LOMCE, deprisa y corriendo, al igual que sucede con otras leyes que se legislan sin tener en cuenta las consecuencias que ello comporta. A modo de ilustración, el pasado 9 de julio en el BOE se publicó la Orden 1361, de 2015, para los centros en el ámbito de gestión del ministerio. Ahí se establecen los aspectos básicos a partir de los cuales los centros deberán fijar determinados aspectos organizativos, pedagógicos y aquellos relacionados con la atención a la diversidad o la formación continua, y se mencionaban aspectos que no estaban en la publicación y que no fueron publicados hasta el 21 de julio. Estamos a 2 de septiembre, y en el mes de agosto las escuelas están cerradas. ¿Realmente creen ustedes que es posible aplicar todo lo que la orden prevé en el curso 2015-2016 en 1.º y 3.º de ESO y 1.º y 2.º de Bachillerato? ¿Saben lo que supone para los equipos docentes adaptar esta normativa a un mes vista de la publicación e inicio de curso, teniendo en cuenta que en agosto no se trabaja?

Solo podemos sacar como conclusión que el ministerio desconoce absolutamente el funcionamiento del sistema educativo. Asistimos a una invasión, como nunca, de las competencias autonómicas en educación y al desprecio constante y reiterado de los miles de docentes de todo el país, que son los verdaderos artífices a la hora de hacer realidad el funcionamiento del sistema público educativo. Nunca se les ha tenido en cuenta. Por tanto, es imposible aplicar los preceptos legales dictaminados por el ministerio para el curso 2015-2016.

Y otro problema que hay que afrontar de forma inminente es el aumento de los alumnos que abandonan los estudios universitarios; más de 73 000 desde 2012 y, de estos, 51 000 en el último curso. No es difícil determinar las causas de este descenso: el aumento de las tasas universitarias, becas insuficientes para las necesidades de las familias y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas, y esto ha afectado, sobre todo, a los alumnos que proceden de familias con dificultades económicas. Una vez más, se han adoptado medidas que acentúan la desigualdad, que marginan e impiden el ascenso social a los jóvenes de familias humildes. Es cierto lo que se ha dicho en numerosas ocasiones en esta Cámara, que los jóvenes son el futuro del país y que hay que ofrecerles oportunidades para que reciban la mejor calidad educativa y una buena formación, pero este Gobierno no está siendo coherente con lo que dice y con lo que hace. Mientras haya un solo joven que no pueda hacer realidad la ilusión de cursar estudios superiores por falta de recursos económicos, el Gobierno habrá fracasado y demostrará su incapacidad e ineptitud para encontrar los mecanismos para garantizarlo. Recuerdo que la educación es un derecho.

En resumen, este Gobierno ha hecho una gran actuación como garante de la calidad educativa, pero cuando tiene que demostrar este interés adoptando medidas concretas, lo que demuestra es la verdadera obsesión por degradar la educación pública y convertirla en un reducto irrecuperable, dejando, eso sí, en un lugar especial a la privada. No sé qué entienden por interés general. No puedo entender el poco sentido de responsabilidad del Gobierno, lo poco que le importa legislar de cualquier forma. ¿Son conscientes ustedes de que las medidas legales que están aprobando estos días, deprisa y corriendo, afectan a millones de personas? Aprendan a escuchar. Escuchen a las comunidades autónomas como administración cercana al territorio y a la comunidad educativa. Escuchen a las instituciones universitarias, dialoguen, consensuen las medidas educativas. Estas instituciones, precisamente, persiguen la mejora de la calidad educativa, y no se puede afrontar si en el Gobierno no hay voluntad de destinar recursos suficientes para garantizarlo.

Esto es lo que pretende la moción a la que vamos a dar apoyo con el convencimiento de que la educación es un tema de Estado que hay que afrontar con diálogo, con consenso y con el compromiso de los gobiernos de destinar los recursos suficientes en esta inversión de mejora del propio país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president, senyories, molt bon dia.

Estem pràcticament al final de legislatura i diríem que en aquests moments el que toca és fer balanç i fer balanç de l’aspecte prioritàriament que ens ocupa en aquesta moció, que és el tema de l’educació. Hem retrocedit molt en educació, molt. Jo faré referència a tres aspectes: un és la LOMCE, del qual ja n’hem parlat moltíssimes vegades, un altre són els temes dels pressupostos i un altre aspecte seria el tema de les beques.

Del tema de la LOMCE ja n’hem parlat moltes vegades. És una llei feta contra tothom, contra les comunitats autònomes, contra el sistema educatiu en general, contra el professorat, contra els alumnes; en definitiva, és una llei a la qual no ha donat suport ningú, absolutament ningú. Gens de suport per part de les entitats més representatives del món educatiu. Com hem dit moltes vegades, i no ens cansem de repetir-ho, es tracta d’una llei ideològica, una llei que ens fa retrocedir en molts i molts aspectes, una llei que he de dir que va en contra de Catalunya, en contra de la cohesió social i, evidentment, en contra de la immersió lingüística. La immersió lingüística és garant de cohesió a Catalunya i aquesta llei la penalitza i va absolutament en contra seu. Per això ens hem manifestat reiteradament en contra d’ella amb una oposició total.

Dit això, és evident que les grans competències en matèria educativa estan en mans de les comunitats autònomes, i últimament, en la Conferència Sectorial d’Educació, ja s’ha posat de manifest la posició contrària de la majoria d’elles pel que fa al calendari d’aplicació . No és possible, com ja han dit altres portaveus, dur-la a terme en els termes que s’ha establert, és pràcticament impossible. Per tant, vostès l’estan tirant endavant en contra de totes les condicions i el que és evident i s’està veient és aquesta necessitat imperiosa que tenen vostès de imposar, imposar sigui com sigui, perquè en definitiva anava en el seu programa electoral.

Si parlem de pressupostos, sorprèn que en uns pressupostos tan eufòrics i triomfalistes com els que estan presentant, i que en definitiva sembla que ens estan parlant de tota la recuperació econòmica, no tinguin en compte la manera de compensar aquelles famílies que s’han vist més perjudicades per la crisi. I posaré un exemple: la partida destinada a l’educació compensatòria, garant de l’equitat, cau un 2,6 %, és a dir fins a 5 milions d’euros solament, solament perquè ja el curs passat hi va haver una baixada del 90 % és a dir d’uns 48 milions d’euros que anaven destinats a aquest programa. L’educació compensatòria és una eina fonamental i bàsica en l’educació i en el foment de la cohesió social per compensar aquestes desigualtats i per a la prevenció de les grans conseqüències derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics i molts altres. Això no s’ha tingut en compte i no poden vostès presumir que estan fent polítiques socials, sinó tot el contrari.

Si parlem de les beques, aquesta és una altra de les partides garants de l’equitat i de la igualtat, i de nou es veuen maltractades pel Govern en aquests pressupostos. Són absolutament insuficients. Sí, ens parlen d’un augment del 0,2 %, però resulta absolutament insuficient. A més, és injust tenint en compte el cost de la vida a les diferents comunitats autònomes, i a l’hora de determinar els costos fixos i els variables que conformen la totalitat de les ajudes percebudes pels estudiants suposa una desigualtat tremenda. Jo diria que només a Catalunya 6500 universitaris han perdut l’ajuda per pagar la matrícula a causa de les noves exigències derivades. Per tant, a les persones amb més problemes econòmics se’ls exigeix més que a la resta per accedir a la universitat. Per tant, atempten, una vegada més, contra les desigualtats, i en definitiva, perjudiquen aquells que menys possibilitats tenen.

Finalment, deixin-me dir que nosaltres també havíem sol·licitat la compareixença del ministre d’Educació, perquè clar, és molt bonic arribar aquí amb bones paraules, quan en realitat li queden quatre dies, i no acceptar compromisos. Per tant, reiterem des del nostre grup parlamentari que ens agradaria que vingués a la comissió pertinent i ens parlés precisament de la LOMCE. En definitiva, veiem que aquesta llei no es pot tirar endavant, s’ha de retirar, va en contra de tots i això és el que haurien de fer. Encara tenen aquí una oportunitat per poder rectificar, encara que estiguem al final de la legislatura, i si bé això no és gaire probable, és el que desitgem.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos prácticamente al final de la legislatura y en estos momentos lo que procede es hacer balance del aspecto que nos ocupa en esta moción, es decir, la educación, materia en la que hemos retrocedido mucho. Voy a hacer referencia a tres aspectos: uno, la LOMCE; dos, los presupuestos;



y tres, las becas.

En cuanto a la LOMCE, ya hemos hablado de ella muchas veces. Se trata de una ley hecha contra todo el mundo: contra las comunidades autónomas, contra el sistema educativo en general, contra el profesorado, contra los alumnos; en definitiva, es una ley a la que no ha dado apoyo nadie, absolutamente nadie. No ha tenido ningún apoyo por parte de las entidades más representativas del mundo educativo. Como hemos dicho muchas veces, y no nos cansamos de repetirlo, se trata de una ley ideológica, una ley que nos hace retroceder en muchos aspectos, una ley que debo decir que va en contra de Cataluña, en contra de la cohesión social y, evidentemente, en contra de la inmersión lingüística. La cohesión lingüística garantiza la cohesión en Cataluña y esta ley la penaliza y va absolutamente en su contra. Por eso nos hemos manifestado reiteradamente en contra de ella con una oposición total.

Dicho esto, es evidente que las grandes competencias en materia educativa están en manos de las comunidades autónomas, y últimamente, en la Conferencia Sectorial de Educación, ya se ha puesto de manifiesto la posición contraria de la mayoría de ellas en cuanto al calendario de aplicación. Es prácticamente imposible, como ya han dicho otros portavoces, llevarla a cabo en los términos que se proponen. Por lo tanto, ustedes la están sacando adelante en contra de todos y es evidente que se ve esta necesidad imperiosa que tienen ustedes de imponerla, cueste lo que cueste, porque iba en su programa electoral.

Cuando hablamos de presupuestos, sorprende que en unos tan eufóricos y triunfalistas como los que están presentando, en los que parece que nos están hablando de toda la recuperación económica, no tengan en cuenta la manera de compensar a aquellas familias que se han visto más perjudicadas por la crisis. Voy a poner un ejemplo: la partida destinada a educación compensatoria, garante de la equidad, cae un 2,6 %, cuando ya el año pasado hubo una bajada de unos 48 millones de euros destinados a este programa. La educación compensatoria es una herramienta fundamental y básica en el fomento de la cohesión social para compensar desigualdades y para la prevención de las consecuencias que se derivan de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y muchos otros. Esto no se ha tenido en cuenta, y no pueden ustedes presumir de estar haciendo políticas sociales, sino todo lo contrario.

Si hablamos de las becas, otra de las partidas garantes de la equidad y de la igualdad, de nuevo se ven maltratadas por el Gobierno en estos presupuestos. Son absolutamente insuficientes. Nos hablan de un aumento del 0,2 %, pero, repito, resulta absolutamente insuficiente. Además, es injusto teniendo en cuenta el coste de la vida en las distintas comunidades autónomas, y a la hora de determinar los costes fijos y variables de las ayudas percibidas por los estudiantes supone una enorme desigualdad. Solo en Cataluña 6500 universitarios han perdido la ayuda para pagar la matrícula por las nuevas exigencias derivadas de la ley. A las personas con más problemas económicos se les exige más que a los demás. Por tanto, atentan, una vez más, contra las desigualdades. En definitiva, perjudican a aquellos que tienen menos posibilidades.

Por último, déjenme decir que nosotros también habíamos solicitado la comparecencia del ministro de Educación, porque es muy bonito llegar aquí con buenas palabras, cuando en realidad le quedan cuatro días, y no aceptar compromisos. Por tanto, reiteramos desde nuestro grupo parlamentario que nos gustaría que viniera a la comisión pertinente y nos hablara precisamente de la LOMCE. En definitiva, vemos que esta ley no se puede sacar adelante, hay que retirarla, va en contra de todos y eso es lo que deberían hacer. Todavía tienen aquí una oportunidad para poder rectificar, aunque estemos al final de la legislatura, lo que si bien no es muy probable, es lo deseable.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: En este turno de portavoces, en primer lugar, quiero agradecer a todas las formaciones parlamentarias del Senado que han intervenido, salvo el Grupo Popular, que se ha mostrado contrario, que hayan apoyado esta moción, con argumentos que comparto plenamente y que ratifican una vez más que ha sido una ley que ha tenido en contra a todo el mundo: la comunidad educativa, el profesorado, las comunidades autónomas, las instituciones, las familias; en definitiva, una ley que ha nacido en contra de la opinión de la mayoría de los estamentos educativos.

Mientras debatimos sobre la LOMCE, el señor Wert está en París y el nuevo ministro nos hace nuevas promesas, pero hechos, ninguno. En la reunión de la conferencia sectorial de agosto ha habido buenas palabras, pero no ha habido ningún acuerdo que haya ido en una dirección real de consenso. Por eso mantenemos y ratificamos nuestra posición.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que hayan dividido el decreto de reválidas en dos no significa nada, no ha alterado el calendario ni lo ha flexibilizado; el calendario sigue igual. Las reválidas previstas para ESO y bachillerato están, en el curso 2016-2017, sin efectos académicos, y en el siguiente con pleno efecto. En el fondo, en relación con el concepto de reválida, que no hay que confundir con evaluaciones externas —la mayor parte de los países europeos no realizan reválidas en el sentido que aquí se quiere defender—, el ministerio ha dicho en junio —y nadie lo ha desmentido— que iba a ser un test, que iba a haber un ranking de centros, etcétera; en definitiva, una serie de cuestiones de fondo que no se han abordado.

Por otra parte, hay numerosos problemas en el inicio de curso; problemas que afectan a la organización de los centros y a la planificación de la enseñanza. Toda esa negativa a dar mayor tiempo al desarrollo de los currículos para hacerlos de acuerdo con la comunidad educativa ha impedido que la organización escolar se haga adecuadamente. Lo notaremos porque lo están sufriendo ya las familias, los profesores y los centros.

Por otro lado, en la conferencia sectorial se han prometido recursos que, una vez analizados, vemos que carecen de validez significativa en el conjunto de los problemas que tenemos, como las becas o el problema de la financiación de la universidad, que no ha sido abordado. No es cierto que se hayan reunido con algún estamento importante de la universidad, con la representación institucional o con las comunidades autónomas, para abordar el problema de la financiación de la universidad. La única respuesta es la que vemos reflejada en los presupuestos —de ello debatiremos—, pero el presupuesto de la universidad aumenta en una cifra verdaderamente ridícula, el 0,12 %, en un contexto de reducción, desde el inicio de esta legislatura, del 70 % de su presupuesto. En cuanto a las becas, pasa exactamente igual. La partida presupuestaria destinada a las becas sufre un incremento de un 0,19, ni siquiera llega al 0,2 %, 3 millones de euros. Pero ¿ustedes creen que esta es una respuesta adecuada a las necesidades de las familias cuando la CRUE ha hecho un estudio al inicio de este verano en el que demuestra que la cuantía media de las becas ha caído casi 700 euros en el periodo analizado? ¿Creen ustedes que con esa ridícula cantidad se puede hacer frente a las nuevas necesidades que tiene actualmente la sociedad española, en donde hay un número mayor de personas afectadas en cuanto al acceso a la beca? Luego están las dificultades respecto a su mantenimiento y el endurecimiento de los requisitos. Esa no es la solución de los problemas.

Es imposible que se diga que hay ya una respuesta porque el ministro dice que se ha reunido con ellos. También el señor Wert se reunía y no tenía ningún efecto, más que el contrario, porque no daba una solución real a los problemas que se planteaban.

La universidad, como decía, no solo tiene este problema, sino también el de las tasas o el del decreto 3+2, sobre el que la mayor parte de las universidades españolas se manifestaron en contra, al menos, por la falta de diálogo. Asimismo, falta un modelo de financiación y la tasa de reposición, aunque ahora se reconoce el 100 % después de haber sido reiteradamente pedida —hay que decirlo con toda claridad—, en modo alguno restituye la situación de deterioro que se ha producido a lo largo de estos años. Entre las distintas modalidades de enseñanza hay más de 30 000 profesores menos en el sistema educativo, una parte de ellos en el sistema universitario, en los equipos de investigación. ¿Simplemente con poner en el presupuesto que se admite la tasa de reposición del 100 % está todo arreglado? No, no, ha habido un deterioro real. Un deterioro real que hay que contradecir con una serie de políticas para que se regenere nuevamente una situación distinta con consenso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya en este sentido manifestando la necesidad de que el señor ministro comparezca mediante una petición de esta Cámara en la Comisión de Comunidades Autónomas. En esta Cámara el señor ministro habrá venido a la Comisión de Cultura, pero a la de Educación no ha venido porque he pedido la comparecencia, al igual que han hecho otras formaciones políticas, y no ha acudido. A la de Comunidades Autónomas tampoco y por eso lo reitero. Asimismo, muestro el agradecimiento a las formaciones políticas de esta Cámara que apoyan dicha moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De Haro.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos discutiendo una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que tiene el texto que tiene, senadora Martínez. Es una moción que pide al Gobierno una serie de actuaciones en tres puntos concretos. Dos de los casos se están llevando a cabo, en el margen que va desde la interpelación objeto de esta moción, de manera continuada y reiterada en un mes escaso, incluyendo agosto —recordemos que estamos en un periodo con agosto por medio—.

Por otro lado, tiene un contenido evidentemente económico y un trasfondo que, aunque no se dice explícitamente en la norma, por el debate que hemos tenido aquí, pretende una vez más hacer un debate a la totalidad sobre una ley que, después de seguir los trámites oportunos, fue aprobada, como es la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa. Una ley, además, que recordemos que es integradora porque no parte, como hizo el Partido Socialista en el año 2004, de una derogación ipso facto de una ley aprobada por un Gobierno anterior. En definitiva, se pretende una derogación insólita, porque por primera vez en la democracia española ya en julio del año 2013, con carácter anticipado, prometen derogarla en el momento en que lleguen al Gobierno. ¡Eso es lo que le preocupa al Partido Socialista y al resto de partidos la educación y su estabilidad! Tenemos que recordar, como dije anteriormente, que de las 7 leyes importantes en materia educativa que desde el año 1970 hemos tenido en España, 4 reformas y contrarreformas han sido llevadas a cabo precisamente por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no venga ahora a hablarnos de estabilidad y certidumbre del sistema educativo

Tenemos que señalar, además, que el debate de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa duró más de nueve meses entre el anteproyecto y su aprobación. Se consultó con todos los estamentos de la comunidad educativa y con diferentes sectores, tanto políticos como económicos y sociales. Se informó por el Consejo de Estado y se tomaron diferentes medidas y modificaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria, muchas en esta Cámara legislativa. Por tanto, sí hubo diálogo. Quiero recordar leyes tan importantes como la Ley de ordenación general del sistema educativo, de 1985, cuya tramitación duró cinco meses, o la Ley Orgánica de educación, la LOE, del año 2006, que duró un poquito más, pero menos que la tramitación dialogada, y con intento de consenso por parte del Partido Popular, de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa. Dicho esto, tengo que señalar que, una vez aprobada, fue publicada en diciembre del año 2013, y recordemos que en diciembre del año 2014 se aprobaron los currículos básicos y, por tanto, se sabía perfectamente el calendario de implantación.

Señor Álvarez Areces, claro que hay problemas en la aplicación, pero esos problemas los están poniendo, desde el primer momento, precisamente dirigentes de su partido, porque en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular esos problemas no existen, cuando el calendario es el mismo, señor Álvarez Areces. Tengo que recordarle, además, que lo primero que hicieron los responsables educativos recientemente elegidos en algunas comunidades, como Valencia o Castila-La Mancha, ha sido modificar el calendario en contra de la opinión de padres y madres. Han modificado el calendario de iniciación del curso; por tanto, no me hable usted, señor Álvarez Areces, de oír a la comunidad educativa porque el Partido Popular sí lo hace.

Dicho esto, hay que señalar que después de la aprobación de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa se han constituido grupos de trabajo en los que han participado la mayor parte de las comunidades autónomas.

Respecto a la conferencia sectorial, señor Álvarez Areces y señor Alturo, en la que ustedes dicen que no se llegó a ningún acuerdo, debo manifestar que llegó a alcanzar, ni más ni menos, que tres acuerdos: en primer lugar, el ministro informó sobre cuáles eran las medidas que se iban a adoptar en los presupuestos que comenzamos a tramitar —están ahora mismo en el Congreso de los Diputados—; en segundo lugar, se llegó a un importante acuerdo: la modificación del real decreto para la regulación conjunta de las evaluaciones externas de primaria, de secundaria y de bachillerato, de manera que se pospuso la regulación de las de educación secundaria y de bachillerato; y en tercer lugar, además, se acordó iniciar un profundo debate de reflexión y de análisis para que participaran las comunidades autónomas. Pero, además, esos compromisos han tenido su reflejo en los propios Presupuestos Generales del Estado. Aquí se dice que son propagandísticos, pero tenemos que recordar que la partida destinada a becas generales es de 1416 millones, señor Álvarez Areces, la mayor de la historia. (Denegaciones del señor Álvarez Areces). Mire usted los presupuestos y su serie histórica. Además, las comunidades autónomas van a recibir 364 millones de euros para la implantación de la LOMCE; la tasa de reposición de profesores vuelve a estar en un 100 %; que los presupuestos recuperan ayudas para libros de texto y material didáctico en 48 millones de euros para 2015 y 2016, incluso para este curso que comienza ahora, en 2015; y el programa Erasmus —tan importante en materia de idiomas— contará con 163,5 millones, incrementándose en más de 2,5 millones. Si eso no son compromisos reales, compromisos serios y una apuesta clara y evidente por la calidad y por la equidad, senador Álvarez Areces, de verdad que va a tener razón Ovidio en el sentido de que lo que no se hace ahora, prepárate que no se hará en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DE HARO BRITO: Esta es la postura que tiene el Partido Socialista. Siento profundamente que no haya acuerdo en una materia tan importante como la educación pero, señor Álvarez Areces, seguiremos trabajando por la mejora de la educación, pese a quien le pese.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 92; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR DESARROLLANDO POLÍTICAS BASADAS EN UN MODELO SOSTENIBLE DE CIUDADES. 662/000205 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado originariamente dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Iglesias, y otra del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Por tanto, decae la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, pero queda viva la enmienda del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, que no ha firmado la propuesta de modificación.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias.

Señorías, con el lema «Desarrollo urbano sostenible: el futuro de la urbanización», la Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, lo que viene llamándose Hábitat III, que trae causa de Hábitat I y Hábitat II, 1976, 1996, 2016.

La primera, Hábitat I, trataba sobre los asentamientos humanos, y Hábitat II sobre la cumbre de las ciudades. Hábitat III quiere evaluar estos 20 años transcurridos y observar qué nuevos desafíos tienen las ciudades, como el cambio climático, la protección y la seguridad; desarrollar, en definitiva, una nueva agenda urbana capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos y al cambio en la función de las ciudades, y abordar la manera de fortalecer el marco institucional de desarrollo. Lo que pretende conseguir, como decía, es un nuevo modelo de desarrollo urbano que logre integrar todas esas facetas.

En relación con la moción, el Grupo Parlamentario Vasco ha querido mejorar la redacción en cuanto a la aclaración respecto del ámbito de las competencias. Esto, senador Cazalis, ya viene recogido en la moción.

Esta iniciativa, como he dicho, trata sobre el futuro de las ciudades, simplemente; eso es lo que persigue, el compromiso de todos para conformar en las ciudades, en nuestro entorno, espacios de calidad para la vida de las personas. Simple y llanamente esto, nada sencillo pero verdaderamente apasionante.

El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, está siendo parte activa en el proceso de preparación de la conferencia internacional Hábitat III, que tiene como objetivo evaluar el proceso de urbanización a escala mundial y abordar los nuevos desafíos y las oportunidades actuales vinculadas, como he dicho anteriormente, con aspectos como el cambio climático, la protección y la seguridad, el desarrollo e implementación de una nueva agenda urbana y el fortalecimiento del marco institucional del desarrollo urbano sostenible y la vivienda.

España es uno de los miembros más activos en la ONU-Hábitat, uno de los principales socios, tanto por la dimensión de sus contribuciones como por su implicación en el desarrollo y ejecución de los proyectos. Este apoyo decidido a la organización se extiende asimismo a la preparación de la conferencia de la que estamos tratando, Hábitat III. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como el Ministerio de Fomento, están muy implicados en este proceso preparatorio, y no únicamente como socios financieros, sino también como promotores de proyectos y de programas.

Tanto desde Nairobi, donde está la sede de la ONU-Hábitat, como desde la representación permanente en Nueva York, se han seguido muy de cerca los trabajos preparatorios y se ha aportado una nueva experiencia ya acumulada a lo largo de estos años. Hay que señalar en este sentido el informe nacional Hábitat III, que trabaja sobre la planificación urbana y ordenamiento territorial, sobre el medioambiente y urbanización, sobre la gobernanza y legislación urbanas, sobre la economía urbana y, en definitiva, sobre vivienda y servicios básicos. En este informe han participado todas las instancias administrativas y, lógicamente, la sociedad civil, presentando este documento en diciembre de 2014.

En las intervenciones en los comités preparativos, tanto en Nueva York como el que va a haber en abril en Nairobi, se muestra la experiencia acumulada de España, de nuestras ciudades, que se han convertido en verdaderos modelos de gestión. Tenemos esa valiosa experiencia internacional, especialmente en Latinoamérica. Es conveniente subrayar ese compromiso de España con el sistema de Naciones Unidas y el multilateralismo activo que estamos practicando. Por ello, España seguirá apoyando tanto el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, Hábitat I, 1976, como la conferencia de Hábitat II en los asentamientos de las cumbres de las ciudades.

En definitiva, el desarrollo sostenible procura a todas las personas el disfrute del entorno de la naturaleza y el paisaje, así como el patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y arquitectónico. La sostenibilidad en que se debate en estos foros internacionales siempre parte de tres apartados: el medioambiental, el social y el económico. Los tres se deben integrar en el concepto de ciudad sostenible. La densidad es clave al hablar de ciudades sostenibles. El modelo ideal es el de la ciudad mediterránea, compacta, densa, compleja, con una mezcla de usos y diversa, pero a su vez muy abierta.

Tenemos la suerte de que en España las ciudades nacieron a través de estas tramas urbanas compactas en líneas generales, y por ello no debemos perder ese espíritu, sino recuperar, proteger y divulgar sus bondades; y estos son los foros en donde nosotros enseñamos esas bondades. La baja densidad, como ustedes saben, no es el modelo más acorde para conseguir estos objetivos, es más costoso, y por supuesto es mucho más invasivo. Las ciudades compactas son más eficientes porque el transporte público funciona mejor, la iluminación pública también, la limpieza, la seguridad. Es importante valorar el espacio público y devolver a los peatones el espacio robado por el automóvil. Si recuperamos el espacio público recuperaremos la vida ciudadana, el comercio, la accesibilidad tanto a las personas con dificultad en su movilidad reducida como a niños y a mayores; recuperaremos la biodiversidad, los planes de movilidad sostenible, que es la apuesta por el transporte público, por el transporte eléctrico, por el transporte sin motor. De esto vamos a hablar en Hábitat III.

Hay que reverdecer las ciudades, incrementar sus zonas verdes, parques, fachadas y cubiertas vegetales, huertos urbanos, arbolados en las calles; apostar por las infraestructuras verdes, proyectos de urbanización multifuncionales que integran una nueva gestión del agua; movilidad, espacio público, biodiversidad, energía, residuos que proporcionan multitud de beneficios ecosistémicos: control de la temperatura, de la humedad, del ruido, del nivel freático, del bienestar personal, de la mejora del paisaje, etcétera.

La Comisión Europea está apostando por este tipo de inversiones. Hay muchas ciudades, y muchos de ustedes han sido sus alcaldes, donde nos han enseñado todas estas cosas que estamos enumerando. Las nuevas tecnologías se deben integrar al servicio de una estrategia inteligente de desarrollo urbano sostenible, y no al revés; hacer ciudades más resilientes, más adaptables a las modificaciones que está provocando el cambio climático; una estrategia alimentaria: huertos urbanos o el concepto de kilómetro cero, es decir, consumir productos cultivados en el propio lugar; el incremento de biodiversidad y biocapacidad, el control de la erosión y desertificación; por lo tanto, la mejora del concepto agua. Hay que apostar por la rehabilitación sostenible de los barrios degradados; no consumir más suelo natural, sino apostar por recuperar zonas degradadas mejorando los envolventes de los edificios, los sistemas de calefacción y la accesibilidad recuperando el espacio público, redensificando si hace falta, dotando de nuevos equipamientos y parques. Es necesaria una nueva gobernanza urbana, lógicamente con la colaboración y la participación ciudadana; mayor transparencia, cooperación pública-pública y pública-privada y, por supuesto, un nuevo concepto, que es la evaluación de los resultados: debemos revisarnos cada poco tiempo.

Estas son algunas de las medidas que España llevará a este encuentro internacional fruto, como les decía antes, no solo de su trabajo y experiencia, sino de una realidad palpable. Son muchas las ciudades y los representantes que han participado en la redacción de este informe, en esta hoja de ruta para Hábitat III.

Señorías, esta moción no persigue otra cosa que el que todas las ciudades de España vayamos de la mano para demostrar la capacidad de gobernanza de nuestras ciudades, con un modelo de ciudad compacta, sostenible y ecológica.

Muchísimas gracias y muy buenos días. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, aunque los contenidos de la moción se pueden compartir en la mayoría de los casos, estos no pueden hacernos olvidar que las ciudades son algo más que espacios físicos; son lugares en los que los ciudadanos aspiran precisamente a alcanzar lo que la moción refleja como uno de los objetivos señalados en Hábitat III: la promoción de la equidad, el bienestar y la prosperidad compartida. Y para alcanzar estos objetivos es necesario algo más que un diseño urbanístico adecuado o una concepción sostenible de la ciudad. Es necesario que en la ciudad se encuentren las respuestas adecuadas a las necesidades de sus ciudadanos. Por eso, es incompatible el pronunciamiento de esta moción con la puesta en cuestión —al calor de la reforma de la Ley de régimen local— del papel de los ayuntamientos. Hay que recordar que en alguna de las fases del debate político de esta reforma se puso en cuestión la necesidad de la existencia de muchos municipios. Asimismo, en aquel debate político se utilizó como uno de los argumentos sobre los que se fundamentaban las reformas propuestas el hecho de que la gestión municipal producía resultados económicos incompatibles con los objetivos de déficit público. Sin embargo, no tardó mucho en demostrarse la falsedad de esa afirmación, pues la experiencia de los últimos tres años es la de que, precisamente, han sido las administraciones locales las únicas —frente a la Administración General del Estado y frente a la comunidad autónoma— que han cumplido esos objetivos de déficit.

La mayoría de los municipios realiza una buena gestión económica, que intenta resolver, además, las preocupaciones fundamentales de sus ciudadanos, lo que no quiere decir que no haya otros municipios en situación de quiebra económica o con un nivel de deuda difícilmente soportable, como es el caso del municipio en el que tiene su sede esta institución del Estado.

Para conseguir los objetivos de equidad, bienestar y prosperidad es imprescindible —como plantea y pretende la moción— que se revierta la decisión de privar a las corporaciones locales de las competencias en materia de servicios sociales a partir del 31 de diciembre de 2015. Este rechazo a uno de los contenidos más destacados de la reforma de la Ley de régimen local surge no solo de las fuerzas políticas de la oposición —como ya tuvimos oportunidad de manifestar a lo largo de la tramitación del proyecto de ley—, sino de todos aquellos colectivos que tienen como ámbito de intervención o actuación el de los servicios sociales. La red pública contra la pobreza o las organizaciones no gubernamentales más destacadas que la configuran, como por ejemplo Cáritas, destacan la necesidad de que existan unos servicios sociales públicos fuertes y que estos pivoten fundamentalmente sobre los ayuntamientos, porque solo desde los ayuntamientos se puede dar satisfacción adecuada a necesidades tan destacadas como las de vivienda o de prestaciones sociales que salgan al paso de las situaciones de necesidad o, incluso, desarrollar planes locales de empleo —lo que a lo largo de muchos años fue un instrumento útil de intervención desde el ámbito local, también puesto en cuestión por la reforma de la Ley de régimen local—, que garanticen los ingresos mínimos para mantener una vida digna.

De ahí que no nos hayamos sumado a la propuesta de modificación del texto a partir de la enmienda de otro grupo y que mantengamos nuestra enmienda.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Ibarrondo, para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño para indicar que no se acepta la enmienda del senador Iglesias y que el artículo 140, sobre la autonomía municipal, está garantizado en la reforma del régimen local.

He intentado explicar cuál es el objetivo de la moción, que no es abrir nuevos debates sobre financiación del régimen local, sobre competencias, etcétera, sino que simplemente pretende lo que he explicado a lo largo de mi anterior intervención.

Las ciudades, gracias a las reformas que están realizando los propios ayuntamientos, están liderando la salida de la crisis, están siendo las auténticas protagonistas. Sin querer ponerme solemne, alguien dijo que el siglo XVIII fue el siglo de los imperios, el siglo XX el de los Estados-nación y el XXI será el siglo de las ciudades y es en ese aspecto, a través de ese foro internacional, en el que quiere trabajar esta moción.

Si me permite una pequeña maldad le diré que algunos de los nuevos gobernantes, tras el último cambio que se ha producido en la gobernanza de las ciudades, están cercenando los potenciales y las autonomías de estos ayuntamientos; están cercenando unos potenciales de proyectos de ciudad emblemáticos o, cuando menos, los están ralentizando y se están acogiendo, como el otro día veíamos en el caso de Madrid, a unas competencias muy trasnochadas como son las del cambio de nombres de calles y, sin embargo, no están apostando por cambios verdaderamente revolucionarios para activar la economía de las ciudades.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Iniciamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.

Antes de nada quiero saludar la última intervención del ponente de la moción que señala que las ciudades van a ser las protagonistas de la recuperación económica. No me cabe ninguna duda de que las grandes ciudades van a ser las protagonistas de la recuperación en este país pero, precisamente, porque están gobernadas por ayuntamientos del cambio.

La moción que ustedes presentan insta al Gobierno a seguir desarrollando políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades. Incluso, el último párrafo de la redacción de la moción dice: «Esto demuestra el compromiso de España con la urbanización sostenible abogando por el desarrollo de políticas basadas en el crecimiento de las ciudades». No sé a qué país se refiere la moción que usted presenta y no sé qué política de ciudades sostenibles se ha seguido en este país en los últimos años. Tengo la sensación de que el problema que nosotros tenemos con la moción que ustedes presentan es que nosotros vivimos en un país diferente al que viven ustedes. Nosotros vivimos en España y en España el modelo de sostenibilidad de las ciudades no solo se refiere a lo ambiental, aunque también, y ahora me referiré a ello.

El modelo de sostenibilidad se tiene que referir a lo social, se tiene que referir a lo económico y se tiene que referir incluso a lo presupuestario, y en ninguno de esos ámbitos, ni en el ambiental, ni en el social, ni el económico, ni en el presupuestario destacan las ciudades españolas en cuanto a los indicadores de sostenibilidad o de justicia social.

Mientras ustedes y yo discutimos en esta Cámara, ahora hay en España más de 3,5 millones de viviendas vacías, al tiempo que se ejecutaban en los últimos años cientos de miles de desahucios. Eso no es sostenibilidad, eso no es utilizar los recursos con cabeza o con sentido común; sostenibilidad quiere decir en buena medida utilizar los recursos disponibles con sentido común y de una forma sensata. Las políticas de vivienda que han seguido el Gobierno de este país y los gobiernos municipales que hemos tenido hasta hace poco no han sido sostenibles, han sido políticas que han permitido que se desahuciara a ciudadanos, incumpliendo, además, algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han señalado que en España se incumple el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, permitiendo que se desahuciara a personas en ciudades y regiones que contaban con viviendas vacías. La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo más de 265 000 viviendas vacías y todavía se ejecutan desahucios.

En materia ambiental, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó hace poco el city ranking dentro del proyecto soot free, según el cual Madrid y Barcelona ocupan, de las 23 ciudades más grandes de Europa, los puestos 15 y 18, respectivamente, en cuanto a nivel de contaminación y emisiones de ozono. Es decir, que en términos de sostenibilidad ambiental las nuestras tampoco pueden considerarse ciudades sostenibles.

Asimismo en materia de gestión del suelo tampoco se puede considerar que las ciudades españolas hayan tenido una gestión sostenible; más bien el suelo se ha visto como una oportunidad de negocio y de atracción de capital que ha generado una situación en nuestras ciudades y regiones de dependencia de la inversión extranjera, en vez de un modelo productivo y de desarrollo que permita a nuestro país invertir en altos salarios, que nos permita invertir en valor añadido y que nos permita un uso del suelo como patrimonio de todos y garantía de derechos. El uso del suelo al que ha instado este Gobierno, y muy en particular el partido que le apoya, desde la aprobación de la Ley del suelo en 1999, es un uso de rapiña, un uso del suelo para beneficio de unos pocos frente a los derechos de la mayoría social, de forma que nosotros no podemos hacer otra cosa que votar en contra de esta moción. No se trata de que no podamos compartir su contenido en cuanto a los principios sino porque señala una realidad que no es la española, señala una realidad que es la que ustedes desearían que hubiera o la que le quieren contar a la ciudadanía en época preelectoral; pero, en todo caso, insisto, esa no es la realidad española.

Lo que sí hacemos es instar al Gobierno y a esta Cámara a que se tome realmente en serio la necesidad de contar con un modelo sostenible de ciudades para España, un modelo sostenible en el ámbito medioambiental, pero también económico, social y de suficiencia presupuestaria. Ustedes saben que la arquitectura institucional de este país ha generado un modelo por el que los ayuntamientos gestionan en torno al 13 % del dinero público, lo cual es manifiestamente insuficiente y algo sobre lo que se viene discutiendo en las administraciones locales, donde se reclama mayor cantidad de dinero, mayor inyección presupuestaria a las ciudades para que sus presupuestos sean sostenibles. Tómenselo en serio, discutan con los actores a los que convocan a la Conferencia Hábitat III —actores con los que hay que discutir—, pero háganlo también sobre todo con la ciudadanía, permitan su participación y abran un debate serio sobre un modelo de ciudad sostenible en el país que realmente tenemos, no en el que le quieren contar a la ciudadanía en periodo electoral.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on senatori jaun-andreok.

El Grupo Vasco ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Popular, defendida por el senador Ibarrondo, con la intención de dejar claro que son muy diversas las administraciones competentes en esta amplia materia del desarrollo urbano sostenible, y al final sí es cierto que no deja de ser la lucha por conseguir un desarrollo humano sostenible.

Es cierto que el Senado solo puede, y solo debe, instar a actuar al Gobierno al que sustenta, pero por esta nueva redacción creemos que sí se refuerza la necesidad de que el propio Gobierno llegue sí o sí a acuerdos con el resto de administraciones competentes, sean autonómicas, locales o europeas.

Es verdad que nos hubiera gustado incluir una Y en el texto, y no hablo de la Y vasca —aunque quizá también—, pero visto cómo ha ido la legislatura y lo acontecido en estos meses, con esta canción de verano que se ha inventado el Grupo Popular, que se titula El rodillón, nos hemos conformado con el texto presentado: virgencita, virgencita que me quede como estoy.

Señorías, es impensable, siendo respetuoso con el reparto competencial vigente, que un desarrollo racional, efectivo y eficaz en el ámbito urbanístico, o probablemente en cualquier otro, se pueda producir solo con la concurrencia y el empeño de una única administración, por mucho que esta se empeñe. Si nos referimos concretamente a la conferencia Habitat III, objeto de la moción, hay que añadir que este trabajo común es todavía más necesario si cabe por las materias que pretende abordar porque se habla de una nueva agenda urbana.

Senador Ibarrondo, respecto a la agenda urbana, la verdad es que ese término, que desde un punto de vista urbanístico puede ser muy concreto, me parece que no es el que estábamos utilizando hasta ahora. El término urbano, empezando por las conurbaciones, ya es otro concepto y, sobre todo, hay un término urbano que no se refiere solamente al espacio físico sino también al de las nuevas tecnologías y al de la información y la comunicación, que hace que el mundo urbano ya lo sea prácticamente todo, por lo que a lo mejor tendríamos que llamarlo de otra manera.

Evidentemente, hablar de la nueva agenda urbana, como digo, significa necesariamente centrarnos en la sostenibilidad ambiental, en el uso eficiente de los recursos naturales, en el cambio climático, en los flujos migratorios, en la integración social, en el acceso a una vivienda adecuada y en la seguridad, pero también, por supuesto, es imprescindible hablar de financiación municipal, de desarrollo económico local, de equilibro territorial, etcétera. Y todo esto, desde luego, no se puede hacer desde una sola administración o un solo Gobierno; hay que hacerlo, obligatoriamente, en colaboración con todos los estamentos gubernamentales y administrativos, y en íntima colaboración, porque no puede ser de otra manera, con la propia sociedad civil.

Por eso, tenemos el empeño de que quede claro que instamos al Gobierno, que depende de estas Cortes Generales, a trabajar y a hacer aquello que es de su competencia, y a desarrollar los objetivos que salgan de la conferencia de Quito, en estrecha y leal colaboración con el resto de gobiernos y con la sociedad civil, en el ámbito del Estado y también en el europeo. Además, nos hemos empeñado porque, como ustedes saben, la administración local, los ayuntamiento vascos, están incluidos en el régimen foral y tienen una regulación propia de acuerdo con las disposiciones segunda y tercera de la vigente Ley reguladora de las bases de régimen local, o la disposición adicional octava de la Ley reguladora de haciendas locales, desarrollos legislativos ambos de la disposición adicional primera de la propia Constitución. Esta regulación establece una capacidad normativa y de financiación propia que ejercemos y queremos seguir ejerciendo.

Sí es cierto, senador Ibarrondo, que es un poco osado hablar del mantenimiento de las ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones de servicios y equipamientos públicos después de la ya mencionada por el senador Iglesias, Ley de racionalización, y también por la no mencionada —porque no la hemos tenido— Ley de financiación local. En cualquier caso, dada la inclusión de la enmienda que hemos presentado, entendemos que nuestro grupo puede votar a favor de esta iniciativa, y así lo vamos a hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

He de confesar que, cuando acabé de leer la moción, sentí perplejidad, porque el acuerdo de la moción no dice absolutamente nada. Hoy la intervención del portavoz del Grupo Popular, del señor Ibarrondo, ha mejorado muchísimo el contenido de la moción, pero en ella ni se habla de hábitat ni se habla de nada. Por lo tanto, es una moción que, desde mi punto de vista, no se debería presentar; pero, puestos a ello, debería considerar dos ámbitos importantes: el primero, en relación con el Hábitat II y el Hábitat III, ¿cuál es la aportación ideológica, programática y estratégica del Gobierno?; y el segundo, en relación con los objetivos de Hábitat II, ¿qué ha pasado en España? ¿Se han cumplido o no se han cumplido?

Usted sabe perfectamente que el primer objetivo de Hábitat II es una vivienda adecuada para todos. La pregunta es: ¿este ha sido un objetivo en los últimos tres o cuatro años, o precisamente uno de los grandes problemas de España han sido los desahucios, que imposibilitan una vivienda adecuada para todos? Por lo tanto, el examen de cuál ha sido la concreción, la aplicación de Hábitat en España no es positivo. ¿Por qué? Porque, como usted también ha dicho, las ciudades han sido históricamente, y van a serlo aún más en el futuro, los centros de innovación democrática, de desarrollo del Estado del bienestar, de cohesión social, de espacio público, pero las ciudades de 2015 o de 2016 tienen unos retos que no tenían las ciudades de 1996 con el Hábitat II. Por ejemplo, ¿tenían las ciudades hace veinte años el reto telemático? No, no lo tenían. ¿Tenían las ciudades, hace veinte años, el problema estructural de la pobreza y de la marginalidad? No, no lo tenían. ¿Tenían las ciudades el reto de la vivienda que existe hoy, y en los niveles que existe? No, no lo tenían. En cuanto al reto de la inmigración y al reto de los refugiados, ¿tenían las ciudades estos retos hace cuarenta años? No. Las ciudades se encuentran con nuevos retos y ahí es donde echo en falta en la moción que el Gobierno diga cuál es su propuesta ante los nuevos retos. No sé si ha hecho un documento o no lo ha hecho; la moción dice que ha hecho un documento de balance, pero este debería ser el momento en el que ustedes dijeran, de cara a la elaboración de una nueva agenda urbana, cuáles son los criterios de elaboración que rigen para el Gobierno del Partido Popular. Y especialmente, y usted lo sabe también, en relación con el Hábitat II, en la conferencia de las Naciones Unidas que se celebró en Estambul, aparecía con fuerza la necesidad de desarrollar y concretar mucho el principio de subsidiaridad. No discutiremos aquí si la Ley de administración local es muy buena o no lo es, pero no creo que nadie pueda decir que la nueva Ley de régimen local amplíe la subsidiaridad porque, en todo caso, la recorta.

Nos han presentado una moción en la que no hay balance sobre lo que ha pasado en España, y aunque en muchas ciudades se han hecho cosas importantísimas, no hay balance del Gobierno ni absolutamente nada en relación con cuáles son las propuestas del Gobierno en Hábitat III, ni hay una sola idea en la moción que ustedes plantean. Por tanto, no podemos votar que sí porque, ¿cómo vamos a votar que sí a una ausencia de balance? ¿Cómo vamos a votar que sí a una falta de criterios en relación con los nuevos retos?

Por todo esto, no votaremos favorablemente a esta moción. Pensamos que es una oportunidad perdida, y sí que nos gustaría que el Gobierno nos hiciera llegar el balance y las estrategias de cara a la III Conferencia de Naciones Unidas del año que viene.

En todo caso —insisto— se trata de una oportunidad perdida y de una moción que, a nuestro entender, no dice absolutamente nada y a la que es difícil votar que sí, incluso a pesar de la gran voluntad de votar que sí a un tema como este.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Ibarrondo, alguna vegada ja hem comentat que ens sembla a la cambra les diferents iniciatives que s’hi presentin siguin iniciatives que d’una manera o altra es comprometin a fer quelcom per tirar endavant allò que s’està plantejant. És evident que aquesta moció que vostè presenta és, una vegada més —i li ho dic amb tota l’amabilitat del món, senador Ibarrondo— una moció absolutament retòrica. És a dir, es fa una exposició de motius, en què es parla del desenvolupament urbà sostenible, dels objectius d’Habitat II, dels objectius d’Habitat III, de tot un seguit de qüestions de marcat caràcter d’impacte ambiental, però això és com explicar tantíssimes coses des d’un caràcter general, polítiques que estan compromeses amb les diferents institucions, no únicament de l’Estat espanyol, sinó del conjunt d’Europa. Però això no marca una posició sobre el que vostès creuen que s’ha fet i el que cal fer. A més a més, vas a la part dispositiva de la moció i diu: «el Senat insta al govern a seguir treballant en el seu compromís per desenvolupar polítiques», etc., etc., sense acabar de dir què és el que faran de nou, sense analitzar què s’ha fet i el que creuen que es pot avançar. Nosaltres entenem que vostès formen part del partit que dóna suport al govern, és lògic que d’una manera o una altra avalin tot el que fa, però potser per això mateix, si es pot avalar tot el que fa, poden explicar coses, fins on s’ha fet i el que es pot fer, tan senzill com això. Jo crec sincerament que aquesta moció, i li ho dic amb tota l’amabilitat del món, de veritat, senador Ibarrondo, en algun moment el Ministeri el deu haver abandonat, perquè jo crec que es poden explicar les coses que s’estan fent, es pot comprometre més, bé deu tenir algun full de ruta el Ministeri per fer tot això, per acabar de comprometre’s amb aquesta moció.

Més enllà del cupo que toca, perquè ara toca presentar mocions de cadascun dels diferents partits, esforcem-nos una miqueta més. A més, anem a la part d’allò que diu que caldria fer. Nosaltres creiem que cal posar negre sobre blanc el tema de l’Habitat II, al qual feia referència ara el senador Saura. Home, al nostre entendre, el govern espanyol no ha fet res per ajudar la gent perquè tingués accés a l’habitatge, sinó tot el contrari. No ha permès que els habitatges que són en mans del FROB serveixin per destinar-los a les necessitats reals i socials dels col·lectius de les diferents administracions, no cal dir a les entitats municipalistes. Jo li puc donar un exemple del meu municipi com a alcaldessa que sóc. M’ha costat enormement fer moltes gestions i a hores d’ara encara tenim una gran dificultat. A més, recordi que amb la modificació de la Llei de l’habitatge van arribar a suprimir subvencions i subsidis de préstecs que estaven compromesos en nombroses promocions d’habitatge públic. Recordi que al seu moment vam tenir un debat importantíssim, perquè era un compromís que, per cert, vostès quan eren a l’oposició van votar-hi a favor, arriben, ho treuen, i eren compromisos de plurianualitats amb promocions d’habitatge públic i compromesos amb diferents entitats municipalistes i municipis. Això també és Habitat II.

Per tant, costa molt que, més enllà d’una moció absolutament retòrica, després això es pugui contrastar. S’ha de contrastar, perquè si no, quin paper fem aquí? Senzillament, cobrim el cupo i anem explicant que, en fi, que el dia és blau i no hi ha núvols? Si no, no s’entén.

Pel que fa a l’aspecte ambiental, el govern espanyol ha imposat un peatge de respaldo, que anomena, a les persones que consumeixen electricitat que produeixen a les seves cases, és a dir, amb plaques solars, cosa que vol dir que s’està desincentivant l’autoconsum electrònic i la reducció del CO2. Això també parla de la moció. Doncs parlem-ne, això ho ha fet el govern espanyol.

Les ajudes per afavorir tot allò que té a veure amb els cotxes elèctrics són del tot insuficients. El 2011 eren a l’entorn de 75 milions d’euros. En el govern de 2012 del PP es redueix màxim a 10 milions. El 2013 i 2014 es manté, però ara el 2015 ha baixat a 7 milions. Això és la moció també. De què parlem?

Parlem també de la contaminació i de l’impacte ecològic? En parlem? Escolti, la Unió Europea els diu directament el següent en un escrit que és un autèntic varapalo, que en diuen vostès, per l’alta contaminació de l’aire, no únicament de l’àrea de Barcelona, sinó també de Madrid, on a més a més diuen: Las autoridades autonómicas propusieron también al Gobierno español una revisión de la fiscalidad de los vehículos a motor para equilibrar la relación entre gasolina y diésel, es decir, para reducir la polución de los diésel más contaminantes, pero las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta dichas propuestas. (Dixit Unió Europea.) Per tant, el que li vull dir, senador Ibarrondo, és que això és la realitat, el contrast. Si vostè davant d’això vostè ens diu que no és ben bé així, que és d’una altra manera, però ens ho diu ja a la moció expositiva, perquè si no quin tipus de mocions fem? Ens quedem amb el que tenim? Home, jo considero que una cambra és molt més que quedar-nos amb el que tenim. Almenys, jo vull creure que la política és molt més que tot això, perquè si no de què estem fent, de gestoria? En unes cadires que ens honoren, però el que fem és intentar fer veure que fem coses? No, home, no. Necessitem creure’ns de debò que dintre de la nostra humil responsabilitat passem realment el cotó sobre aquesta responsabilitat i ens preguntem què podem fer més i millor. Si tots plegats hem de fer autocrítica, la fem plegats, però sisplau prou mocions absolutament retòrics. És que no ho entenc, perquè estic convençuda que hi ha tot això que s’incompleix per part del govern espanyol, però fins i tot vostès, com que tenen la voluntat de presentar-ho per cobrir el cupo de les mocions del PP i d’explicar-nos les virtuts del que representa el desenvolupament europeu sostenible, de ben segur que el Ministeri li pot donar algunes referències de feina feta amb què estaríem d’acord, de ben segur, però home, dignifiquem una miqueta la feina, perquè si no difícilment nosaltres ens sentirem a gust a l’hora de tirar endavant unes coses on el que no podem estar és senzillament contents perquè ningú ens tregui les competències. Davant de tot això, no estem a favor de la política de la retòrica, nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Ibarrondo, hemos comentado en más de una ocasión que es muy importante que las distintas iniciativas que se presentan en esta Cámara, de un modo u otro, se comprometan a realizar alguna actuación para avanzar sobre el asunto que se esté planteando, y es evidente que la moción que usted presenta es, una vez más —y se lo digo con toda la amabilidad del mundo, senador Ibarrondo—, absolutamente retórica. El hecho de exponer una serie de motivos en los que se habla del desarrollo urbano sostenible, de los objetivos de Habitat II, Habitat III y de una serie de cuestiones de marcado carácter ambiental es como explicar muchos aspectos de carácter generalista, de políticas comprometidas en las distintas instituciones, y no tan solo del Estado español sino del conjunto de Europa. Sin embargo, esto no marca ninguna posición sobre lo que ustedes opinan que se ha hecho y lo que debe hacerse en un futuro. Además, si vamos a la parte dispositiva de la moción: «El Senado insta al Gobierno a seguir trabajando en su compromiso de desarrollar políticas...», pero sin acabar diciendo exactamente qué es lo que van a hacer, de nuevo sin analizar lo que se ha hecho y lo que ustedes consideran que se puede avanzar en un futuro, entenderemos que forman parte del partido que da su apoyo al Gobierno y, por ello, que es lógico que de un modo u otro avalen todo lo que se hace. En cualquier caso, y precisamente por ese motivo, pudiendo avalar toda su labor, podrían explicar qué es lo que se ha hecho hasta la fecha y lo que se puede hacer en un futuro. Es muy sencillo y, por ello —y se lo digo con toda la amabilidad del mundo, senador Ibarrondo—, considero que en algún momento el ministerio habrá abandonado esta tarea porque podría haber explicado todo lo que se ha hecho y además comprometerse. El ministerio debe tener alguna hoja de ruta para seguir avanzando y comprometerse con esta moción.

Ahora corresponde que los distintos partidos se esfuercen más, en la parte que corresponda a cada uno, y nosotros pensamos que es importante poner negro sobre blanco, por ejemplo, en el Habitat II, como mencionaba ahora el senador Saura. A nuestro entender, el Gobierno español no ha hecho nada para ayudar a la gente a tener acceso a la vivienda sino todo lo contrario. No ha permitido que las viviendas que están en manos del FROB se destinen a paliar necesidades reales y sociales de los distintos colectivos, desde las distintas administraciones, sin hablar de las entidades municipalistas. Le puedo poner un ejemplo, como alcaldesa que soy y es que en mi municipio, ha sido muy difícil, ha implicado muchas gestiones, y, actualmente, seguimos teniendo una gran dificultad.



Además, acuérdese usted, que en la modificación de la ley sobre la vivienda llegaron a suprimir subvenciones y subsidios a préstamos que estaban comprometidos en muchísimas promociones de vivienda pública. Acuérdese usted que, en su momento, celebramos un debate muy importante aquí porque se trataba de un compromiso; y, por cierto, cuando ustedes estaban en la oposición, votaron a favor, pero llegaron y lo anularon, a pesar de que se trataba de compromisos de plurianualidades en promociones de vivienda pública comprometidos con distintas entidades municipalistas y municipios; esto también es Habitat II. Por tanto, es muy difícil.

Más allá de que es una moción absolutamente retórica, esto debe contrastarse. Es importante que se contraste porque, de lo contrario, ¿qué papel desempeñamos aquí? ¿Cubrimos el cupo y explicamos que el cielo es azul y que no hay nubes? De lo contrario, no se entiende.

En cuanto al medio ambiente, les diré que el Gobierno ha impuesto un peaje de respaldo, según lo llaman ustedes, a las personas que consumen la electricidad que producen en sus casas las placas solares, y eso significa que se está desincentivando el autoconsumo electrónico y la reducción del CO2. De esto también se debería hablar en esta moción; hagámoslo. Esto ha sido una obra del Gobierno español.

Las ayudas para favorecer todo lo relativo a los coches eléctricos son absolutamente insuficientes. En 2011, estábamos hablando de 75 millones de euros, pero en 2012, el Gobierno del Partido Popular redujo esa cifra a un máximo de 10 millones; en 2013 y 2014, se mantuvo, y ahora, en 2015, ha bajado a 7 millones. Por tanto, ¿de qué estamos hablando en esta moción?

Hablemos también de la contaminación y del impacto ecológico. ¿Hablamos de estos temas? Hay un escrito de la Unión Europea que es un auténtico varapalo, como ustedes lo llaman, por la alta contaminación del aire, no solo del área de Barcelona sino también de Madrid, que dice que las autoridades autonómicas propusieron también al Gobierno español una revisión de la fiscalidad para equilibrar la relación entre gasolina y diésel, es decir, para reducir la polución de los diésel, más contaminantes, pero las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta dichas propuestas (Unión Europea dixit). Por lo tanto, lo único que me gustaría decirle, senador Ibarrondo, es que esto es la realidad, este es el contraste. Si ante esto usted nos dice que no es así, que es de otra forma y nos da su balance, perfecto, pero es que nos lo dice en la misma moción. De lo contrario, ¿qué tipo de moción es esta? ¿Nos quedamos con lo que tenemos? Parece que una cámara va mucho más allá de quedarnos con lo que tenemos. Quiero creer que la política va mucho más allá. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Somos una gestoría? Tenemos unos escaños, unas sillas que nos honran. ¿Sencillamente intentamos hacer ver que hacemos algo? Necesitamos creer de verdad que como parte de nuestra humilde responsabilidad realmente pasamos el algodón sobre esa responsabilidad y nos preguntamos qué más podemos hacer y qué podemos hacer mejor. Si debemos hacer autocrítica, la hacemos todos; pero, por favor, basta de mociones absolutamente retóricas. Estoy convencida de que todo esto lo está incumpliendo el Gobierno español, pero ya que tienen ustedes la voluntad de cubrir el cupo del Grupo Popular de presentar estas mociones y de contarnos las virtudes de lo que representa el desarrollo europeo sostenible, seguramente el ministerio podría darle algunas referencias de labores realizadas y estaríamos de acuerdo en ese sentido. Pero dignifiquemos un poco nuestro trabajo, dignifiquemos este trabajo porque, de lo contrario, difícilmente nos vamos a sentir a gusto en el momento de sacar adelante una serie de proyectos. Evidentemente, no podemos estar contentos porque alguien nos quite nuestras competencias. Por tanto, como no estamos a favor de la política retórica, vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Esta es la enésima moción que, bajo el epígrafe de «Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como», trae el Grupo Parlamentario Popular a esta Cámara para dejar constancia ante la opinión pública de la inutilidad del Senado, por lo que del Senado hace el Partido Popular. Es esta una moción con un: yo soy gobierno y como gobierno me pido lo que como gobierno no hago o, haciéndolo, lo hago mal. ¿Qué broma es esta la que nos trae el Grupo Popular por la que solicita a la Cámara que tome una resolución que, por mor de legislaciones precedentes emanadas del Gobierno que la propone, hacen materialmente imposible cumplir lo que la moción solicita?

Vienen ustedes aquí hoy a solicitar a la Cámara que esta inste al Gobierno —o sea, a ustedes mismos— a seguir trabajando en su compromiso de desarrollar políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades, configurándolas y adaptándolas bajo los criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental, con el objetivo —dice la moción— de mantener las ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones de servicios y equipamientos públicos para que sean ejemplos de arquitectura y de cultura y, sobre todo, de espacio de calidad para la vida de las personas. Obviaré la redacción. Diseccionemos la propuesta. ¿Qué es seguir trabajando en su compromiso de desarrollar políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades? ¿Es, por ejemplo, derogar, entre otras materias legislativas, la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por la cual ustedes han convertido a los ayuntamientos en ventanillas del: vuelva usted mañana a ver qué dice el ministro y a los alcaldes en bedeles de: a mí lo que me mandan? ¿O es, por ejemplo, derogar el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo? Por el que, entre otros, en su artículo 43.2 mandata que los instrumentos de planificación territorial urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta, lo que permite, por ejemplo, instalar una gasolinera en casco urbano consolidado como residencial junto a una guardería, un centro de mayores o un centro de salud, sin tener en cuenta los riesgos para la calidad de vida de los ciudadanos. ¿O es acaso, por ejemplo, derogar el Real Decreto Ley 20/2011, que obligó a todos los ayuntamientos a mantener el tipo impositivo del IBI de 2011, obligándoles a incrementarlo en un 6 % de media, obviando que muchas de las ponencias nacieron en pleno boom del ladrillo y ninguneando la autonomía fiscal municipal? Por no hablar del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, y del conocido como Plan de pago a proveedores, según el cual ustedes han salvado las facturas de toda España, a cuenta, eso sí, de tres maldades que intencionadamente omiten. A saber: bajo el argumento de que los ayuntamientos somos administraciones y las comunidades autónomas Gobierno —Estado—, en vez de financiar a las comunidades para que estas liquidaran sus deudas con las administraciones locales, manu militari pagaron las facturas de los ayuntamientos a través de la banca a un interés del 6 %, cuando esta lo obtuvo en el Banco Central Europeo al 1 %, con lo que consiguieron tres cosas: primera, financiar somormujamente a la banca; segunda, aumentar la deuda, lo que para no pocos ayuntamientos ha supuesto un 30 % más, siendo, como eran, las administraciones menos endeudadas; tercera, aumentar en diferido la presión fiscal de los ciudadanos, a los que obligaron —y en eso estamos— a pagar durante diez años los intereses de la deuda que les creó otra administración pública.

En definitiva, en cuatro años, este Gobierno ha ninguneado la historia del municipalismo español, primero, negando a los ayuntamientos la financiación adecuada a sus necesidades para, según esta moción, mantener las ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones, servicios y equipamientos públicos, a pesar de que el señor Montoro se comprometió en esta Cámara a traer una nueva ley de financiación local. Claro que pedirle a estas alturas al Gobierno que cumpla alguna de sus promesas es querer que nos toque la lotería sin haber comprado el décimo. Y, en cuanto al ministro, lo vamos dejar porque, visto el borrador de presupuestos, es obvio que su política está entre el mito y la leyenda.

Segundo, fiduciario de lo que acabo de decir, en vez de dotar a los ayuntamientos de financiación, les quitan las mal llamadas competencias impropias, y las propias, para llevarlas a un limbo que se llama pri-va-ti-za-ción, obviando que el ciudadano que necesita una plaza de guardería a quien se la demanda es a su alcalde.

Tercero, quitando la autonomía legislativa. Ya me contarán ustedes cómo se hacen ciudades bien planificadas cuando un decreto ley se pasa por el arco del triunfo —y nunca mejor venido a colación este dicho— los planes de ordenación municipal.

Cuarto, quitándoles, cuando no imponiéndoles, su autonomía fiscal y, para más inri, castigándolos con una regla de gasto que a la vez que consolida una deuda pública a diez años por el llamado Plan de pago a proveedores, impide que sus superávits —que los tienen— los puedan destinar a inversiones o servicios para garantizar a los bancos —eso sí, cómo no— el cobro de la deuda que el mismo Gobierno nos creó. Tanto es así, que insto al portavoz del Grupo Popular a que me diga si conoce algún ayuntamiento de España que haya podido acogerse a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. ¿Sabe usted por qué no lo puede traer? Porque no hay ninguno. ¿Sabe usted por qué? Porque en la misma ley ustedes obligan a los ayuntamientos a aportar un 65 % del presupuesto de esa subvención sin que por otra ley, la de ustedes, la de los superávits, se puedan destinar estos precisamente a la rehabilitación y la regeneración urbanas. Por no hablarles —y supongo que el Gobierno es consciente— de la cantidad de cientos de millones de euros que las ciudades pierden de los fondos Feder por los mismos motivos de dicha regla de gasto.

Señorías, compartirán conmigo que donde no hay mata no puede haber patata, y ustedes, con la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, nos han quitado a los ayuntamientos la mata y ahora vienen con esta moción a pedirnos patatas. Aun así, si mi grupo y el resto de los grupos de esta Cámara no apoyáramos esta moción, ya estarían ustedes diciendo aquí que no queremos ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones y servicios, con equipamientos públicos para que sean ejemplo de arquitectura y de cultura y, sobre todo, de espacio para la calidad de vida de las personas. Eso sí, con una gasolinera al lado. Sí, señorías, sí queremos esas ciudades —yo soy alcalde de una de ellas—, y precisamente porque sí las queremos, aunque no vamos a votar a favor de esta moción, hemos firmado para que puedan tramitarla ante el Gobierno, pero dennos los recursos que nos han quitado para hacer posible esto. Porque, como he referido en alguna otra ocasión en comisión respecto a sus mociones, esta moción podría ser un ejercicio de lengua española genial, porque los estudiantes aprenderían que, entre catáforas y anáforas, el Gobierno es un puro oxímoron.

Señores, seamos serios —y termino—, aquí hay no pocos alcaldes, también del Partido Popular, y francamente no sé con qué criterio van ustedes a apoyar esta moción. Esta moción que han traído aquí hoy es una broma. Devuelvan a las administraciones locales las competencias que les permiten incardinarse a lo que la moción pretende; respeten a esta Cámara y a los ayuntamientos, y para lo que les queda de legislatura, por favor, dejen ustedes de mirarse al espejo y pedirse relaciones. (Risas.— Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muchas gracias.

Creo que en el tratamiento de esta moción hay un problema de lectura y seguramente de una incapacidad personal a la hora de aclarar el objetivo que tiene la redacción, aunque yo creo que es muy sencilla y fácil de entender. Voy a intentar en esta réplica subsanar esos errores iniciales, pero creo que el peso fundamental de sus intervenciones está en no haber leído el informe nacional de Hábitat III, que es el compromiso de Hábitat II de todos los Estados que participaron en esa conferencia internacional que a su vez participaron en Hábitat I. Por las intervenciones que he oído, parece que, si lo han leído, no lo han entendido bien; porque, en ese informe nacional Hábitat en que cada país se ha leído a sí mismo, se ha analizado a sí mismo y ha visto cuáles son sus errores, sus incapacidades y sus necesidades de mejorar ciertos aspectos, se redacta todo y, además, en las conclusiones aparecen los objetivos que se debatirán en Hábitat III.

Paso ahora a contestar las intervenciones de los senadores. El senador Martín Rodríguez ha hablado de todo menos de la moción. Es cierto que le ha puesto el salero y la gracieta descalificadora con que suele acostumbrar sus intervenciones que, personalmente, a mí me parece que no aportan nada a esta Cámara; por lo tanto, no puedo rebatirle porque de la moción de la que veníamos a hablar no ha dicho nada. Ha utilizado —eso sí— ese verbo saleroso y gracioso que no llega a clarificar el objetivo que tiene esta moción.

La senadora Candini me dice lo mismo, que es una moción retórica y que dignifiquemos el trabajo. Pues yo le digo que con este documento está muy dignificado el trabajo de los senadores, de los diputados, de las administraciones locales, de todas las administraciones que hay en España que han participado en la redacción de los datos respecto a qué hay que enseñar en Hábitat III. Este informe de Hábitat III, en su punto 1, Planificación urbana, ordenación territorial, dice cuál es la trayectoria de España, cuáles son sus errores y hacia dónde tiene que ir. Y eso lo vamos a enseñar en Hábitat III, lo mismo se va a hacer con el medioambiente y urbanización, con la gobernanza y la legislación urbanas, con la economía urbana y con la vivienda y servicios básicos. Pero todo esto está recogido en el documento, y yo no sé si lo han leído; todas las administraciones locales y agentes académicos han participado en el consejo de vivienda, en el Ministerio de Fomento, para su redacción y presentación el 16 de octubre de 2016, en Quito. Sus intervenciones son producto no sé si de la falta de lectura o falta de comprensión de este documento, y eso me hace pensar que desconocen lo que pasó en Hábitat II y en Hábitat III, porque el Gobierno lo que está pidiendo es que sigan participando de forma contundente y coliderando los objetivos que nos marcamos para Hábitat III, pero no solamente sobre España, sino sobre todo el planeta, sobre todas las ciudades que están viviendo de esta experiencia que surgió en 1976.

El senador Saura me ha dejado triste, porque yo sé el trabajo que ustedes han realizado en Cataluña respecto a la vivienda, respecto a la política urbanística, respecto a muchos proyectos que aquí se recogen. Me decía que no hay balance; le vuelvo a decir lo mismo: yo no sé si se ha leído este documento, pero de Hábitat II y de Hábitat III hay balance, y cada país se comprometió a redactar sus déficits, sus carencias, sus incapacidades y su voluntad de poder recuperarlos en un encuentro nuevo internacional, Hábitat III. Ojalá no hubiera Hábitat III ni Hábitat IV, porque eso significaría que todo lo hemos hecho perfecto. Y aquí hilvano con el adanismo del senador Espinar, que hasta que han llegado ellos aquí, este país ha sido un desastre: en urbanismo no se ha hecho nada; en políticas de vivienda no se ha hecho nada; en políticas sociales no se ha hecho nada; en políticas de libertad no se ha hecho nada; en políticas de democracia no se ha hecho nada. Ha venido aquí el salvador Espinar a decirnos cómo tiene que ser el modelo; nos ha venido a decir que tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía. Pero esto está redactado con muchos colectivos sociales que han participado en estos sitios. Estoy convencido de que si el señor Espinar ha leído este documento, no ha entendido absolutamente nada.

Ustedes han echado en cara al Gobierno muchas cosas sobre políticas de vivienda en España o sobre actuaciones urbanísticas, pero yo les puedo decir que entendiendo que las ciudades crean oportunidades y la urbanización y la densidad urbana aportan valor si están bien diseñadas y gobernadas, en esta legislatura se han hecho actuaciones o se han aprobado leyes, como la Ley de fomento de la vivienda de alquiler, la ley de las tres erres, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, leyes de buenas prácticas para el saneamiento bancario, actuaciones muy importantes sobre códigos éticos sobre los desahucios, que ha traído graves consecuencias, o la formulación de la dación en pago. Todas ellas son actuaciones que se han hecho a lo largo de estos años, que se recogen en este documento y se van a presentar en Hábitat III.

En esta moción nosotros decimos: España no puede estar al margen de este sector. Sí podemos hacer todas las gracietas, todos los comentarios jocosos, más o menos desafortunados, y podemos hacer toda la demagogia del mundo, pero es que España va a ir con este documento preparado en el 2014 —hemos tenido bastantes meses para poder leerlo y analizarlo— y no podemos estar al margen de nuestro bagaje, de nuestra experiencia, de nuestras ciudades, del conocimiento adquirido a lo largo de la historia. A estos adanistas recién llegados que nos dicen que no hemos hecho nada, les decimos humildemente que hemos hecho todas estas cosas, no el Partido Popular, sino España como nación. Sé el modelo de acampamiento de estos adanistas, el modelo de usar las ciudades, el modelo de violentar la tranquilidad y la paz social de las ciudades; conozco ese modelo, conozco las actuaciones que están realizando ustedes para eliminar elementos del patrimonio nacional de España, la ofensa a la ciudadanía en muchos aspectos de sus ciudades. Todo esto no está recogido aquí pero se podrá comentar en la conferencia Hábitat III que hay que evitar ese tipo de actuaciones.

Pero —y con esto quiero concluir— no podemos estar al margen del paquete 2020 de energía de cambio climático. No podemos estar al margen de la Directiva estratégica temática sobre el medioambiente urbano, cosas que, como he dicho, se vienen haciendo desde hace muchos años, y se lo digo fundamentalmente al adanista Espinar. No podemos estar al margen del Marco europeo de referencia para la ciudad sostenible, o de la Declaración de Toledo, o de los principios que se recogen a nivel europeo en la Carta de Leipzig, en Alemania, sobre las ciudades europeas sostenibles. Y les digo que la batalla principal de la sostenibilidad, que es de lo que habla este documento —que parece que algunos no lo han leído y si lo han leído no han entendido nada—, es seguir trabajando en lo económico, en lo social y en la parte medioambiental de eficiencia energética que se ha realizado a lo largo de estos años —humildemente, mucho—, y vuelvo a decir, no por parte del Partido Popular —que sí ha aportado— sino por todos los grupos y todos los estamentos administrativos de la sociedad española, que es fuerte y que está coliderando, junto con las Naciones Unidas, para alcanzar el objetivo final, que las ciudades puedan ser no solamente sostenibles sino altamente vivibles.

Muchísimas gracias y buenos días. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 154; en contra, 23; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS 75 PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA, ASÍ COMO FRENAR LAS REITERADAS INHABILITACIONES DE DIRIGENTES OPOSITORES, A FIN DE QUE PUEDAN CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015 E IMPULSAR LA PRESENCIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD DE DICHOS COMICIOS. 662/000206 GPP

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero, en primer lugar, saludar la presencia en esta Cámara de la señora Michi Capriles de Ledezma, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y darle la bienvenida. (Aplausos de los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna del público). Gracias, señorías.

Como sus señorías conocen, la señora Michi Capriles, trabaja junto con otras valientes mujeres venezolanas, como Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, preso en Ramo Verde (Aplausos), la esposa de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal del Táchira (Aplausos), también preso del régimen de Maduro, o la diputada María Corina Machado (Aplausos); estas cuatro mujeres, que están hoy aquí, representan no solo la demanda de libertad de sus esposos, sino también la de los 75 presos políticos, muchos de ellos jóvenes, que permanecen sometidos, encarcelados. Muchos de estos jóvenes están encarcelados en una cárcel que se llama La Tumba, a 15 metros en el subsuelo, sin ver la luz. Su delito es protestar por el régimen, salir a las calles y demandar libertad.

Señorías, estas mujeres son hoy la punta de lanza de esa defensa de la libertad para todos los ciudadanos de Venezuela, que debe involucrarnos a todos los demócratas del mundo. Muchísimas gracias, señora Capriles.

Señorías, tal vez algunos de ustedes, seguramente los más antiguos, recuerden como aquí, en esta misma tribuna, relatábamos la trágica historia de una joven de origen español, de origen canario, que se llama Marbella. Marbella vivía en el municipio de Veroes, cerca de la capital de Yaracuy, de San Felipe, en una finca que había heredado de sus padres canarios, cuando aparecieron por allí siete malandros que, esgrimiendo una ley, la ley de ocupación de tierras ociosas, y al amparo de una institución que había creado el régimen chavista, que se llama el INTI, entraron en su finca a tiros y echaron a las siete personas que trabajan allí. Allí se quedaron Marbella y su esposo defendiendo su finca. Quemaron sus galpones y sus tractores. A Marbella la rociaron con gasolina y, con un mechero en la mano, la violaron reiteradamente las siete personas en presencia de su marido, al que, a continuación, le pegaron dos tiros.

Aquella trágica historia fue la primera denuncia que nuestro grupo presentó aquí sobre las barbaridades que estaba cometiendo el régimen chavista en Venezuela. Desde entonces, esta que hoy presentamos es la moción número 52. Son 52 debates los que ha promovido nuestro grupo, a los que habría que sumar un buen número de ellos promovidos de manera incansable y muy elogiosa por el senador Anasagasti, en nombre del Grupo Socialista Vasco. (Rumores). Perdón, del Grupo de nacionalistas vascos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Desde entonces hasta ahora han transcurrido más de diez años y en Venezuela el régimen ha continuado su deriva de manera absolutamente insoportable, hasta convertirla en lo que es hoy: un país sumido en la tragedia, un país que soporta tres graves crisis a la vez. En primer lugar, una crisis política, que provoca que la mayoría de sus líderes más destacados se encuentren encarcelados o inhabilitados, para que no puedan concurrir a las elecciones anunciadas para el próximo 6 de diciembre. En segundo lugar, una crisis económica, consecuencia de la destrucción de todo el tejido productivo, lo que provoca que Venezuela —quién lo diría— hoy no tenga siquiera con qué aprovisionar a sus ciudadanos. Venezuela, que es un paraíso natural, hoy tiene que importar casi el cien por cien de los productos que consume, lo que genera eso que ustedes han visto en la televisión: larguísimas colas de horas y horas para intentar acceder a productos tan básicos como la harina de maíz o pañales para niños. Por cierto, para comprar pañales han de aportar un certificado de nacimiento que acredite que tienen un niño en edad de necesitarlos. Y, como consecuencia de todo esto, se ha producido una tremenda crisis social.

Señorías, en Venezuela, durante el régimen chavista han sido asesinadas más de 250 000 personas; solo en el último año, 25 000. Son cifras de guerra, porque esa es la situación que padece la población. Venezuela tiene hoy 1 500 000 personas exiliadas, muchas de ellas en España —algunos presentes en esta tribuna—, gente que ha tenido que huir de su país porque no soportaba la represión.

Esta moción número 52 que presentamos hoy pretende tres cosas, que son las principales demandas de la oposición venezolana: la libertad inmediata de los 75 presos políticos; que cesen y queden sin efecto las inhabilitaciones que se están ejerciendo de manera arbitraria y sin ningún pronunciamiento judicial por un tribunal administrativo, la Procuraduría General de la República —lo que equivaldría en España al Tribunal de Cuentas—, sin ninguna competencia judicial, y que el próximo día 6 de diciembre, en que han sido convocadas elecciones parlamentarias —que ya veremos si se celebran—, pueda existir la presencia de observadores internacionales cualificados dirigidos por la Unión Europea, en lo que a nosotros respecta, y, si es posible, por la OEA. Estas son nuestras tres peticiones.

Pero desde entonces hasta ahora han ocurrido muchas cosas en Venezuela. Estas 52 iniciativas a las que yo hacía referencia han venido denunciando en esta Cámara cada uno de los atropellos que se producían, centrados fundamentalmente en cinco líneas de actuación. La primera, la ocupación —que no expropiación— de tierras e industrias. Aquí, señorías, hemos denunciado la ocupación en el Estado Guárico, de Hato La Vaca, perteneciente a los Solórzano, una familia de españoles. Aquí hemos denunciado, por ejemplo, cómo se avasalló y se ocupó el matadero industrial de Barinas o cómo se han ido ocupando terrenos prácticamente en todos los Estados del país, en Zulia, en Táchira, en Cojedes, en Portuguesa, en fin, en toda la geografía de la república. Esa ocupación de las propiedades y esa destrucción de la producción han conducido a ese desabastecimiento que hoy padece Venezuela.

La segunda línea de actuación, señoría, ha sido silenciar a los medios de comunicación. Aquí denunciamos, por ejemplo, lo que ocurrió con la red de emisoras de Radio Caracas Televisión, 37 emisoras cerradas a la vez; o lo que ocurrió con Globovisión; o lo que ocurrió con otro medio más modesto, el Carabobeño; o lo que sigue ocurriendo con el único resquicio que queda de libertad, el diario El Nacional, que tiene a sus dirigentes y a sus directivos con la orden expresa de salir del país, e incluso alguno de ellos expatriado, como aquí hemos conocido la versión de su director y editor, Miguel Henrique Otero.

La tercera línea de actuación ha sido la persecución de los líderes políticos, no consentir de ninguna manera la disidencia. Señorías, aquí no solo denunciamos lo que ocurre hoy con el alcalde Ledezma, lo denunciamos ya hace años, cuando, después de ganar la primera elección, el Gobierno de Chávez usurpó sus funciones, le destituyó de competencias y cogió sus competencias y sus presupuestos con el ánimo de que se aburriera. Y denunciamos aquí también no solo la prisión que hoy sufre Leopoldo López, sino también cuando, siendo alcalde de Chacao, fue inhabilitado de forma arbitraria, desoyendo cómo se había pronunciado sobre ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí denunciamos no solo la situación que vive ahora María Corina, inhabilitada por el presidente de la Cámara de Diputados, que es quien ha ordenado su inhabilitación a través de la Procuraduría por haber no declarado —hecho incierto— 1,5 dólares, un dólar y medio; lo denunciamos también hace unos años, cuando, por atreverse en la Cámara a decirle a Chávez: «Chávez, expropiar es robar» fue inmediatamente desposeída de su título de diputada y fue agredida. Esa persecución la podríamos añadir a más líderes. Recuerdo, por ejemplo, que aquí denunciamos también la historia de Richard Blanco, hoy diputado de la república, que entonces trabajaba como jefe de seguridad del ayuntamiento, a quien, sin ninguna orden judicial, se metió ocho meses en una cárcel de delincuentes comunes.

Señorías, la cuarta línea de actuación del régimen ha sido suprimir la separación de poderes. Seguramente algunos de ustedes han visto imágenes del expresidente Chávez o del presidente actual dando órdenes a través de la televisión a los jueces. El caso más significado, que también denunciamos aquí, fue el de la juez María Lourdes Afiuni, que por tomar una decisión cumpliendo las órdenes de un tribunal superior de la Organización de los Estados Americanos, el propio Chávez dijo, a través de su programa Aló Presidente: «Esa juez es una bandida, deténgala ya, métanle treinta años», y acto seguido la fiscal ordenó su detención, la juez le colocó treinta años y la metieron en una cárcel donde había presas que habían sido condenadas por ella. No quiero relatarle, porque son inenarrables, las barbaridades de todo tipo, que no se pueden reproducir en esta Cámara, que sufrió esa mujer.

¿Qué ha hecho también con el Poder Legislativo? Dictar leyes habilitantes, que siguen ahora mismo en vigor. En Venezuela, el presidente de la república tiene una ley, que le ha otorgado el Parlamento a su dictado, que le permite saltarse el Parlamento para tomar cualquier decisión por grave que sea, para modificar cualquier ley o para hacer cualquier pronunciamiento. Esa aniquilación, señorías, del Estado de derecho, de las libertades y de la propiedad, se ha hecho, además, de manera enormemente cruel. Recuerdo, por ejemplo, uno de los casos que citamos aquí, el del comisario Simonovis y su esposa Bony, cuya tragedia, cuya tortura física y psicológica sobrepasan los límites como para poder contarlo aquí con la debida cortesía parlamentaria. Piensen lo peor, pues no alcanzarán a imaginarlo.

Señorías, como les decía antes, en Venezuela la tortura, la presión psicológica, el acoso a todo lo que no sea del régimen es una situación que ya resulta insoportable. Y estas son, señorías, algunas de las razones que nos han llevado a presentar esta moción, una moción que tiene como objetivo conseguir dos cosas: En primer lugar, mantener el foco de atención internacional —y por ello lo traemos al Parlamento español— sobre la situación que vive el país. Todos los opositores, que conforman un amplísimo abanico de partidos políticos, desde el centro derecha, pasando por la derecha, la izquierda y hasta la izquierda más extrema dentro del ámbito democrático, todo ese abanico de partidos que conforman Mesa de la Unidad Democrática nos han pedido que mantengamos la atención, pues mientras haya un foco internacional pendiente de la situación de Venezuela, esta, aun siendo difícil, será todavía soportable. Y en segundo lugar, pedir que el Gobierno de España actúe de la manera más diligente, rápida y eficaz posible para conseguir esos tres objetivos: que los presos políticos puedan salir, que las inhabilitaciones queden sin efecto y puedan concurrir a las elecciones todas aquellas personas que deseen hacerlo, y que haya una observación electoral internacional cualificada para garantizar, al menos, algo de prudencia en la manipulación de las elecciones. No estamos hablando de que cuatro, seis u ocho senadores o diputados vayan allí tres días antes de las elecciones. Lo que técnicamente se denomina observación cualificada es una observación de larga duración de forma que haya una presencia de profesionales de la observación electoral durante un período de al menos cuatro meses en el país.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya terminando.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino ya, señor presidente.

Creo, señorías, que esta moción es sensata y razonable; y es, sobre todo, lo que nuestros hermanos venezolanos y la causa de la libertad y de la democracia merecen.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para defender esta única enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta moción del Grupo Parlamentario Popular. Como no puede ser de otra forma el Grupo Socialista quiere mostrar su mejor disposición a la hora de impulsar todas aquellas medidas e iniciativas parlamentarias que puedan contribuir a la normalización democrática, al respeto de los derechos humanos y al avance de la democracia allí donde esta tenga un déficit, como en esta ocasión es Venezuela. Por ello consideramos positiva cualquier medida que incida en garantizar el normal desarrollo de las instituciones democráticas en ese país hermano que es Venezuela, lo que constituye en este caso el objeto de la moción.

Sin embargo, y aun compartiendo los términos generales en ella recogidos, echamos en falta, y este es el objeto de la enmienda que presenta mi grupo, un concepto importante, una palabra a la que ningún demócrata de ningún país democrático del mundo puede renunciar por difíciles que sean las circunstancias. Me refiero a la palabra diálogo; siempre diálogo, diálogo como base necesaria para impulsar cualquier proceso democrático, y es precisamente lo que pedimos en esta enmienda: instar al Gobierno venezolano y a las partes a que no renuncien nunca, por difícil que sea la situación, a mantener un diálogo. Somos conscientes de la dificultad y de los intentos fallidos que se han producido en épocas anteriores de entablar este diálogo, pero creo que es casi de obligado cumplimiento para un país democrático como el nuestro, que esta Cámara, sede de la soberanía popular, no renuncie nunca a instar a las autoridades venezolanas a entablar ese diálogo. Yo espero que la enmienda, que es perfectamente asumible, sea compartida por todos los grupos y especialmente por el grupo proponente, el Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.

Tiene la palabra el senador García Carnero, para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente, senador Gil, amigo Ander, yo sé que es usted una persona sensible a los temas de derechos humanos, sé que lo hace usted con la mejor voluntad y sé que en nuestro reciente viaje a Venezuela tuvo la oportunidad de conocer una realidad mucho más dura que aquella que pudiese imaginar; pero también sé, señoría, que lo que usted nos pide en esta enmienda es que añadamos un punto y establezcamos un clima de diálogo con el Gobierno de Venezuela, y eso es como pedir al lobo que duerma con los corderos y que dialogue con ellos. Yo sé, y los venezolanos también, que eso es absolutamente imposible, pero aun así, señorías, vamos a aceptar ese punto e incluirlo. Y lo vamos a hacer por dos motivos: para no cerrar nunca, ni en las peores dificultades, las puertas al diálogo, pero también señorías, porque hoy es un día importante. En estos diez años, largos diez años, en los que nosotros hemos presentado 52 iniciativas y un paquete no menor que presentó el senador Anasagasti, es la primera vez que el Grupo Socialista va a apoyar una moción, la primera. En diez largos años ¿cuántas iniciativas ha presentado el Grupo Socialista? Cero, ninguna. ¿Qué ha hecho el Grupo Socialista respecto de toda esta larga sucesión de mociones e interpelaciones? Mantener siempre una actitud de no apoyo, pero sí de apoyo al Gobierno, al Gobierno de Venezuela.

Hay aquí algunas perlas que si ustedes mismos las leyeran ahora sentirían vergüenza. Aquí se ha dicho, señorías, por algunos senadores que están presentes en la Cámara que el de Venezuela era un régimen democrático y que sus decisiones eran legítimas. Aquí hemos escuchado a ministros, señorías, negarse a cumplir los mandatos de este Parlamento. Aquí se aprobó una moción pidiendo que el Gobierno presentase una queja formal, y el ministro Moratinos, de manera inédita, no solo no la cumplió, sino que dijo que no la iba a cumplir. Estamos dispuestos, señorías, no a olvidar, sino a pasar todo eso y a que esta, que es la primera vez que el Grupo Socialista va a apoyarnos, no sea solo la primera y de forma simbólica sino que sea la manera de llevar a la conciencia de la izquierda democrática de España que lo que se está ventilando en Venezuela no es una cuestión de derechas ni de izquierdas; es una cuestión de libertad, de democracia o de dictadura. (Aplausos). Gracias, señorías. Y eso no tiene valor si lo dice alguien que representa a un partido de centro derecha. Escuchen ustedes, por ejemplo, lo que dicen personas tan prestigiosas e indubitadamente demócratas y de izquierdas como Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff o Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, el partido homólogo del Partido Socialista de toda la vida; escuchen lo que dicen y verán que no es un discurso nuevo, es un discurso de reclamo y de apoyo.

El senador Anasagasti recordará, como yo, cuando Henry Ramos le pedía al senador Barranco, en un acto en Caracas, una capa, un apoyo, recordándole aquel que durante tantos años los socialistas venezolanos le brindaron al PSOE de España. Senador Gil, para que este sea un primer paso en el convencimiento de luchar todos juntos contra la dictadura —porque no tiene otro nombre, no hay que buscar eufemismos, lo que se vive en Venezuela no es una democracia, es una dictadura impuesta por un populismo insoportable que ha conducido al país a la situación que vive—, en aras de conseguir ese consenso y esa unidad, estoy dispuesto, en nombre de mi grupo, a incorporar la enmienda.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.

Turno en contra. (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Aiartza.

Senador Aiartza, han pedido la palabra cuatro miembros de su grupo parlamentario, voy a ser generoso en los tiempos, pero procuren ajustarse al tiempo que se les ha concedido.

El señor AIARTZA AZURTZA: Sí, señor presidente, voy a ser muy breve, dado que somos muchos ahora en el Grupo Mixto.

Los miembros de la coalición Amaiur siempre hemos seguido con mucha atención el devenir de los acontecimientos de Venezuela, dado que los lazos de amistad que unen al pueblo vasco con el pueblo venezolano vienen de lejos, y siempre en esta relación nos hemos guiado por los principios de respeto a la voluntad popular democráticamente expresada por los pueblos, y en este caso por el pueblo venezolano, porque para nosotros es sumamente importante que las relaciones entre los pueblos se basen en la no injerencia y en el respeto de los procesos políticos libres y democráticos. Reconocemos que en Venezuela hay gravísimos problemas, por supuesto, como en otras partes del mundo y de la región, problemas que nos preocupan enormemente.

Venezuela, como país de carácter extractivista de hidrocarburos, ha sufrido siempre injerencias externas enormes, y las sigue sufriendo. No olvidemos que en el año 2002, y no es baladí, sufrió un intento de golpe de Estado. En Venezuela hay oposición que actúa democráticamente, también ha habido mucha violencia, excesos de violencia, ha habido muertes por parte de grupos llamados las guarimbas, excesos de muertes por las actuaciones de las fuerzas del Estado, violencia que todos deseamos que termine.

Estamos firmemente convencidos, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, de que los asuntos venezolanos deben ser resueltos por los propios venezolanos de forma política, pacífica y democrática, siguiendo los cauces que ellos mismos establezcan legal y constitucionalmente, sin injerencia alguna. Por eso siempre hemos sido partidarios y hemos apoyado las iniciativas que desde asociaciones u organizaciones regionales, como Unasur o Celac, se han llevado a cabo y se están llevando a cabo para que el debate político en Venezuela se desarrolle por cauces constitucionales y democráticos.

Estamos de acuerdo con lo que se señala al inicio de la moción, con que se debe trabajar por el entendimiento entre los actores de la vida política venezolana, y esto se debe hacer desde la no injerencia y el respeto, esa debe ser la labor de cualquier institución, incluido este Senado. Por eso compartimos el sentido de la moción y de la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista.

Señorías, que quede claro, en Amaiur siempre hemos rechazado contundentemente que se detenga a personas por su actividad política, sea en Turquía, en Egipto, en Marruecos, en el Estado español o en Venezuela, si es el caso (Rumores). Sí, sí, permítanme que les recuerde, y esto no es baladí, que su propio Gobierno sigue manteniendo a decenas de personas presas por su mera actividad política. (Protestas). Sí, sí, por su mera actividad política, sindical o periodística. Quiero recordar los casos de Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, preso por su actividad política; del director del diario Egin, preso por su actividad política (Rumores), y del secretario general del partido Sortu, Arnaldo Otegi Mondragón, preso por su actividad política (Protestas), cuya libertad ha sido reclamada por expresidentes de Sudamérica, como el señor Pepe Mújica, Lugo o el señor Zelaya. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor AIARTZA AZURTZA: Señorías, voy a terminar.

Amaiur siempre ha estado a favor del diálogo y la negociación; aquí, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aiartza.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Hablo en representación de Coalición Canaria, que, como saben, es un partido nacionalista de Canarias, y en primer lugar, si me permiten sus señorías, quiero transmitir un saludo de todo corazón, en nombre de mi tierra, de Canarias, a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan hoy en este Pleno del Senado.

Todos saben —ustedes desde luego que sí y supongo que también las señorías que nos acompañan hoy aquí— la estrecha relación que nos une históricamente y en la actualidad también al pueblo canario con el pueblo venezolano o al pueblo venezolano con el pueblo canario, hasta el punto de que en Canarias, si me permiten, muchas veces llamamos a Venezuela la octava isla, porque decimos que somos siete islas desde el punto de vista geográfico —ocho si contamos a La Graciosa—, pero en el corazón somos ocho, porque a Venezuela la consideramos la octava isla Canaria. Hay muchísimas familias canarias que viven en Venezuela, y son también muchas las familias canarias que viven en Canarias que tienen allí sus raíces y gran parte de su familia viviendo en estos momentos en Venezuela.

Nosotros vamos a apoyar la moción que hoy se ha presentado. Nos parece importante que se haya aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y también que hoy de lo que se hable en este punto del orden del día sea de Venezuela, solo de Venezuela. El debate propio del proceso preelectoral que estamos teniendo en estos momentos en España debe quedar en un segundo plano, y probablemente así hubiera sido, en mi modesta opinión, si se hubiera hecho el esfuerzo de haber presentado hoy aquí esta iniciativa no solo por un grupo sino por todos conjuntamente. Es mi opinión, pero incluso mi valoración queda en un segundo plano.

Me voy a referir a una declaración institucional que hicimos en el Parlamento de Canarias todos juntos en 2014, después de unos incidentes que, como todos saben, produjeron víctimas en Venezuela. En ella —y con ello concluyo, señor presidente— el Parlamento de Canarias mostró su preocupación y su rechazo a los actos violentos que habían ocurrido en Venezuela, manifestando el pésame y el apoyo a las familias de las víctimas de las manifestaciones que habían tenido lugar. Expresamos también nuestro apoyo a todas las familias canarias que residen en Venezuela ante la situación que se había vivido, así como nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. El Parlamento de Canarias hizo un llamamiento en aquel entonces —y lo volvemos a reiterar en esta intervención— al pueblo venezolano, en especial a los legítimos representantes, tanto a los que están en el Gobierno como a los que están en la oposición, para que sin injerencias desde el exterior se busque de manera pacífica, con consenso y con plenas garantías democráticas, una solución a la inestabilidad que se vive en Venezuela.

Muchísima suerte, con cariño, de todo corazón. Manifiesto nuevamente nuestro apoyo a la moción y deseo lo mejor al pueblo venezolano en el futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No respaldaré esta moción, no porque no crea que los presos políticos que pueda haber en Venezuela no deban ser liberados, no porque no rechace cualquier manifestación de violencia, sino porque creo que, siendo en estos días más necesario que nunca abrir un debate sobre el compromiso de los Estados, también del Estado español, con el respeto a los derechos humanos, cuando estamos viviendo una crisis humanitaria con los refugiados que supone una cotidiana violación de los derechos humanos de decenas de miles de personas, de hombres, mujeres y niños, a la vez creo que cualquier debate sobre derechos humanos ha de conllevar un sobreesfuerzo de objetividad y una renuncia al prisma partidista a la hora de afrontarlo. Y en mi opinión esta moción no realiza ese esfuerzo. En nuestro país esta legislatura no ha sido una buena legislatura para los derechos humanos. Probablemente nunca, ni con este Gobierno ni con otros, la prioridad de la política exterior española haya sido la de expresar ese compromiso riguroso con el respeto a los derechos humanos. En general la prioridad ha sido hacer una interpretación del cumplimiento o la violación de esos derechos humanos a la luz de los intereses económicos de nuestro país, supeditando siempre ese análisis —me temo que todos los gobiernos— a los intereses económicos. Pero en esta legislatura creo que hemos vivido una expresión clamorosa de esa realidad: la renuncia a la jurisdicción universal para no incomodar a un poderoso Estado, algunos de cuyos dirigentes estaban siendo imputados —el término era aplicable todavía— por la Audiencia Nacional. Esa política exterior española, que sigue colocando los intereses económicos como la prioridad, hace que, siendo dramática la situación que vive Venezuela, muy cerca, en México, cerremos los ojos a lo que seguramente hoy es una situación de tanta gravedad o más que la que se vive en Venezuela en relación con los derechos humanos. Amnistía Internacional presentaba el domingo día 30, el Día internacional de los desaparecidos, un informe sobre la situación en México y hablaba de 23 000 desaparecidos y del asesinato de 97 periodistas desde 2007. Egipto, uno de nuestros partenaires comerciales más importantes —una empresa multinacional española va a construir el saneamiento de El Cairo—, acaba de condenar a tres periodistas más de Al Yazira. Turquía acaba de detener a dos periodistas. Egipto, junto con Arabia Saudita, está participando en una operación militar que no cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y a la que España provee armamento. La respuesta del Gobierno es que está garantizado su uso compatible con los derechos humanos, pero todavía hace 72 horas, con el bombardeo de una planta de embotellamiento de agua, provocaba 30 muertos civiles que trabajaban en ella. No nos comprometemos con el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara, donde Marruecos vulnera cotidianamente los derechos humanos de esa población. Y no hablemos ya de la situación en Palestina y la detención administrativa que en este momento lleva a que más de 1000 personas se encuentren privadas de libertad.

Por todo ello, insisto, no votaré en contra de la moción. Realmente no participaré en la votación de la moción, porque creo que la respuesta ha de ser una respuesta global que no dependa del color del Gobierno que viole los derechos humanos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero saludar a doña Michi Ledezma y a las personas que la acompañan en la tribuna. Saben ustedes que tienen nuestro respeto y el cariño de todos aquellos que pensamos que nadie debe estar encarcelado por sus opiniones políticas. Vaya eso por delante.

En segundo lugar, señorías —voy a ser muy breve—, les voy a pedir que escuchen, no sea que cometan ustedes la contradicción de llamar a la convivencia y al diálogo desde la tribuna y después se pongan a patalear en los escaños cuando escuchen a un senador decir alguna cosa con la que ustedes no estén de acuerdo. (Rumores).

Nosotros defendemos los derechos humanos; los defendemos en cualquier lugar y condenamos la resolución por vía judicial de cualquier tipo de conflicto político, así como condenamos cualquier violación de los derechos humanos allí donde se produzca, de forma que estamos de acuerdo con el espíritu de la moción que ha presentado el Grupo Popular y saludamos muy especialmente la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Entendemos que llamar al diálogo es fundamental en cualquier conflicto, también en la situación que se está produciendo en Venezuela, y entendemos que el diálogo debe producirse tanto entre España y Venezuela como entre los venezolanos. Y lo que digo no es algo que nos hayamos inventado los de Podemos, lo ha dicho el papa Francisco, lo ha dicho Ban Ki-moon… (Rumores). ¿También van a abuchear ustedes al papa, señorías? (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ESPINAR MERINO: Las llamadas al diálogo para resolver los conflictos no han sido un invento de Podemos, sino algo que también han hecho personalidades como Ban Ki-moon o el papa Francisco.

Dicho esto, el sentido de nuestro voto no va a ser favorable. Nos vamos a abstener en esta moción, y nos vamos a abstener porque entendemos, no que al Partido Popular le haya dado de pronto un ataque de defensa de los derechos humanos, sino que ustedes hace tiempo que llevan queriendo situar la cuestión de Venezuela en la agenda pública para no hablar de los problemas de los españoles. (Rumores). Porque si ustedes, señorías, quisieran defender los derechos humanos fuera de nuestras fronteras no tendrían que irse tan lejos, aunque está bien que se vayan tan lejos. Hace poco que la Unión Europea nos ha pedido que en la crisis humanitaria producida con los refugiados sirios acojamos a 4000 personas en España, y el Gobierno se ha negado. Y su grupo ha apoyado al Gobierno, que se ha negado, insisto, a acoger a 4000 refugiados sirios.

Pero podríamos hablar también de violaciones de derechos humanos en el territorio español. Hace un rato en esta sesión, cuando la mayoría de ustedes no estaban, hemos discutido sobre el modelo de ciudades y sobre política de vivienda, y discutiendo de política de vivienda les recordaba que en este país hay violaciones de los derechos humanos en materia de vivienda a las que ustedes tampoco han opuesto ninguna resistencia. (Una señora senadora: De eso nada.— Rumores). Yo voy a seguir tranquilo aunque pataleen, se lo digo de verdad. (Protestas). De forma que les anuncio que nos vamos a abstener porque, como saben ustedes, hace tiempo lo que se llevaba cuando se quería condicionar los debates era el filibusterismo parlamentario, y el que ustedes practican ahora es el filibusterismo de la agenda pública.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESPINAR MERINO: Termino, presidente.

El filibusterismo de la agenda pública: hablar de cualquier cosa, menos de los problemas de los españoles; porque, cuando hablamos de los problemas de los españoles y de las soluciones que proponemos, ustedes pierden, gana la gente y les terminan echando.

Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, por iniciativa de unos cuantos senadores de esta Cámara, y de partidos distintos, se creó en el Senado un intergrupo de derechos humanos. En un año hemos recibido a colectivos de todo tipo, hemos presentado mociones incómodas para el Gobierno y hemos estado presentes en actos solidarios de toda índole. No es de extrañar, pues, que, recibida una invitación de la Mesa de la Unidad de Venezuela pidiéndonos interceder para que en su país no haya presos políticos —el chavismo los llama políticos presos—, acudiéramos en visita oficial, del 22 al 25 del pasado mes de julio, a Caracas. El expresidente Felipe González, que se ha incorporado a esta petición recientemente, logró con su viaje mover la opinión pública en relación con la brutalidad del régimen venezolano y poner un ojo internacional en ese país.

Esa es la razón por la que senadores del Partido Popular, del Partido Socialista, de Convergència, de Unió y del PNV estuvimos tres días en Caracas, acercándonos a una realidad tan distorsionada como la venezolana desde que en 1992 Hugo Chávez diera un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Señor Aiartza, el primer golpe de Estado lo da Hugo Chávez (Aplausos), y en ese golpe de Estado muere el hijo del delegado del Gobierno vasco en Venezuela.

Asimismo, quiero recordar a nuestros mayores contándonos una y otra vez lo que significó para ellos aquella visita clandestina bajo la dictadura franquista del diputado laborista Francis Noel-Baker, en 1946, la única en la que se recibió en décadas un apoyo de los llamados aliados. Una visita de esta envergadura fija la atención y hace sentir al perseguido que no está solo en el mundo. Y con esta moción queremos decir a Venezuela que no están solos.

Venezuela es un país para querer, que tiene de todo: petróleo, gas, bauxita, hierro, pesca, asfalto, playas paradisíacas, llanos interminables, cumbres nevadas, la Gran Sabana, el Orinoco, Canaima, Los Roques, pocos habitantes y un lugar geoestratégico al norte de América del Sur, bañado por el Caribe. Con estas cualidades debería ser hoy el país puntero de América, y no lo es por culpa de un sistema que ha empobrecido al país, lo ha desabastecido, lo ha enfeudado a Cuba, le ha quitado a una juventud bien formada las esperanzas de un futuro provisor, lo que les obliga a emigrar, mientras que la inseguridad ciudadana y el delito común matan a 25 000 personas al año. La justicia es un apéndice del Ejecutivo y la inflación hace que el bolívar no valga absolutamente nada. Tiene, además, 75 presos políticos y unos medios de comunicación sin papel y amenazados constantemente, mientras el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, con sus programas semanales de televisión insultan a todo aquel que no comulga con sus ideas totalitarias.

Le voy a quitar al senador Gil una imagen bonita que él utilizó. Superficialmente, Venzuela es conocida, además, por sus reinas de belleza, hermosas mujeres que tienen el récord de concursos ganados. Pero tiene además otras misses con las que hemos estado en este viaje: madres coraje, mujeres de acero inoxidable, perseguidas ellas y sus maridos por tener un pensamiento propio. Michi Capriles de Ledezma, que hoy nos acompaña junto a su hija, es la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Mujer organizada, nos recibió en el aeropuerto y nos acompañó durante los tres días de estancia. Nada más llegar fuimos a su casa, donde, como aguerrido tigre enjaulado, en su arresto domiciliario pasea su marido por el delito de haberle ganado dos elecciones a Hugo Chávez, algo imperdonable en una Venezuela roja, rojita, que no podía tolerar un contrapoder de este tipo en la capital de Venezuela. ¿Y qué es lo que hizo? Quitarle todas sus competencias, nombrar un ministro para Caracas, y este año quitarle la libertad con la excusa de que estaba conspirando. ¡Claro que estaba conspirando!, pero en favor de la democracia, y eso no es una conspiración sino un trabajo de cualquier ciudadano libre y sensible. Porque todo vimos las escenas brutales de su detención, y ante ese abuso su mujer ha estado en Alemania, en Bélgica, en Madrid y en cada lugar donde se le invita batallando por la libertad de su esposo, con quien estuvimos. Y lo encontramos lúcido, sereno y esperanzado, a pesar del anuncio de Maduro de un puño de hierro chavista para él ante la justicia.

Patricia Gutiérrez —Pat— es la esposa de Daniel Ceballos, 31 años, alcalde de San Cristóbal, en Táchira, y preso desde marzo de 2014 por una supuesta rebelión civil dentro de las protestas contra el Gobierno que sacuden el país. Ante esta persecución, Patricia se presentó a las elecciones y logró la alcaldía de San Cristóbal, mientras sigue luchando por la libertad de su marido, ahora en prisión domiciliaria en el Helicoide de Caracas, donde estuvimos durante dos horas ante las rejas de entrada y no nos dejaron visitarle, a pesar de haber formulado la petición en tiempo y forma.

Lilian Tintori, mujer apasionada y encantadora, es la esposa de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana y exalcalde de Chacao, preso por llamar a manifestarse contra el Gobierno, lo que es legal en cualquier país democrático. Campeona deportiva y expresentadora de un programa de televisión sobre deportes extremos, es una figura muy popular que ha trabajado activamente por causas como los derechos humanos, servicios para los ciegos y los sordos y en contra de la violencia doméstica. En esos tres días hemos sentido su energía y su liderazgo y su pelea para que su marido, encerrado completamente solo y aislado en una reducida celda en la presión militar de Ramo Verde, pueda salir de una cárcel en la que no nos dejaron entrar. Nos pasamos las dos horas de rigor en la cancela para, al final, recibir un no del coronel de la plaza. Y este viernes parece que le van a dictar una sentencia condenatoria.

María Corina Machado es una diputada a la que le han inhabilitado por una decisión administrativa. Anteriormente Diosdado Cabello le había quitado su acta por aceptar el cargo de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, donde denunció la situación venezolana, a pesar de haber sido la diputada electa con mayor cantidad de votos. Es reconocida como una de las voces más enérgicas del Parlamento venezolano, y en un debate le dijo a la cara al presidente Chávez, en 2011, que sus expropiaciones no eran expropiaciones sino robar. Lógicamente, el chavismo la persigue; pero ella no se arruga, y nos recibió en el aeropuerto y estuvo en la firma de la Declaración de Caracas, donde pedimos elecciones limpias, libres, con observadores electorales y la libertad de todos los presos políticos, objetivo de esta moción.

También estuvimos con otras mujeres de una pieza: esposas, madres y hermanas del resto de presos políticos, que nos contaron sus vivencias, amarguras y preocupaciones. Un estudiante que había pasado un año en la cárcel por haber hecho una huelga de hambre ante la oficina de las Naciones Unidas tuvo que salir por la puerta de atrás del hotel para que no le volvieran a detener —inmenso hotel, por cierto, en la Plaza de Altamira, que solo tenía como huéspedes a nosotros y a cuatro chinos—. ¿Quién va a ir a Venezuela en estas condiciones?

También solicitamos estar con el Gobierno y con víctimas chavistas, porque queríamos abarcar todo el campo parlamentario. Ni nos contestaron a nuestra demanda.

La última vez que estuve en Caracas fue hace cuatro años, cuando acudí como invitado a observar unas elecciones legislativas con el ejército metido hasta en las urnas electorales y con unas sospechosas máquinas captahuellas. He vuelto ahora, y cada vez encuentro Caracas más fea, más sucia, más abandonada, sin jardinería, sin nuevas casas y edificios, con un parque automovilístico achatarrado, mientras recordaba la Caracas poderosa, moderna, con autovías y edificios nuevos por todas partes, con seguridad en sus calles, con su gente amable y cantando por las esquinas y saboreando sus arepas en fuentes de soda, llenas de gente amable, divertida y generosa.

Pero nuestra visita no le gustó al presidente Maduro, que la calificó de irritante y vomitiva. Yo le sugerí que se tomara un Alka-Seltzer, porque no es de recibo que un jefe de Estado de un país democrático se dedique a insultar a todas horas a quien discrepe de su parecer. Llamó, asimismo, sicario al presidente Rajoy, y este llamó a consulta al embajador venezolano sin comprender por qué Maduro le había dado ese tortazo. García-Margallo le apuntó:



por la visita de los senadores. ¡Bingo!

También recibimos una andanada del inefable Diosdado Cabello, un personaje más peligroso que una piraña en un bidé, que tiene un programa de televisión con el ilustrativo nombre de Con el mazo dando, y del llamado defensor de los derechos humanos, al que pedimos que nos recibiera. Y el insulto fue su respuesta.

Todo esto dibuja un país en el que todas las encuestas dicen que dejó de ser chavista y que tiene el sol de espaldas, mientras la Mesa de la Unidad comprende a partidos de todo el arco ideológico, de la derecha a la izquierda y la extrema izquierda. Con su tarjeta única tienen todos los boletos para ganar las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre si estas son libres y son democráticas, aunque nadie se fía de esta fiera herida, como el régimen, porque Maduro hará todas las trampas posibles para violentar el resultado, mientras el país corre el riesgo de una explosión social ante las colas, el hambre, el desabastecimiento y la necesidad de contar con una economía y una moneda fiable fuera del influjo cubano.

Nuestra visita les animó, y si logramos la solidaridad del mayor número de parlamentarios en el mundo, no solamente de esta Cámara, que vamos a lograr, eso que habremos logrado para conseguir una Venezuela libre, democrática y, sobre todo, de los venezolanos.

También hay que recordar algo muy importante: Venezuela es un país en donde no se respeta el Estado de derecho. Venezuela es un caso de preocupación internacional por la no independencia del sistema judicial. Los jueces son casi todos provisionales, o sea nombrados y destituidos a dedo, y actúan según las instrucciones del Poder Ejecutivo. La manera en que operan todos estos jueces es dictando medidas cautelares al inicio de cualquier procedimiento; y así, en Venezuela hay más de 75 presos políticos y más de 2000 personas en régimen de presentación, todos castigados para criminalizar la disidencia. Los funcionarios venezolanos ya no tienen argumentos para justificar los atropellos jurídicos que cometen todos los días.

¿Cómo se puede explicar a los venezolanos y al mundo entero el atropello cometido —vuelvo a repetirlo— contra el alcalde Antonio Ledezma, al que hemos aplaudido —sobre todo a su señora esposa—, y la violación cometida a la propia justicia en este caso? Y se llevan a un alcalde sin que medie un papel ni una orden. Otro caso es el de Leopoldo López, al que, sin tener antecedentes penales, tienen preso sin que se cumplan los más elementales derechos humanos en un juicio sin pruebas, donde se le ha negado su derecho a defensa no admitiendo pruebas ni testigos. Casos como estos de antijusticia son innumerables.

Me quedan veinte segundos, que voy a utilizar solamente para pedir nuevamente el voto afirmativo a esta moción. Venezuela es un país para querer. Las personas que están hoy en la tribuna están beligerantemente en favor de la democracia y de los derechos humanos. Aquí no se trata de injerencia en la situación política interna de Venezuela. Los derechos humanos no son de España, no son de Venezuela, no son de Francia…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente. Termino.

Son universales, y porque son universales y porque pedimos que se aplique la justicia, fundamentalmente una justicia independiente, pedimos que se apruebe esta moción y animamos a todas las personas que están siendo perseguidas a que continúen su lucha.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, en nombre de nuestro grupo parlamentario, Entesa pel Progrés de Catalunya, también quiero saludar a la señora Capriles y a la delegación que le acompaña. Nuestros mejores deseos para ellos, para el señor Ledezma y para todo el pueblo de Venezuela.

Entendemos que se debe abordar la situación en Venezuela a partir de dos premisas. La primera, incuestionable, es la necesidad de defender la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Como digo, es una premisa incuestionable. Pero también debe tenerse en cuenta el respeto a la soberanía de los pueblos y, por tanto, el respeto a la soberanía de la República de Venezuela.

Hay que respetar las especificidades de la cultura política de cada región, de cada país. Tenemos experiencias negativas cuando se intenta diseñar los regímenes políticos en otros países que no son el mundo europeo, el mundo occidental o el mundo norteamericano, con voluntad de extender la democracia y desde una actitud de buenismo que a veces puede ser preocupante. Pero es bien cierto que la necesidad de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos pasa por encima de cualquier otra consideración. Y también es importante —a ello hacía referencia el senador Anasagasti— el recuerdo y el agradecimiento a los apoyos internacionales que los demócratas españoles recibimos durante la larga noche del franquismo. En muchas ocasiones fueron escasos, pero cuando se produjeron realmente fueron importantes por el coraje que dieron a los defensores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos en nuestro país. Por eso, hay una doble obligación por parte del pueblo español y de sus representantes parlamentarios en el compromiso del respeto a esas libertades, a la democracia y a los derechos humanos allí donde sea necesario.

Nuestro grupo parlamentario comparte el espíritu y la letra de la moción y, por tanto, los senadores socialistas de Entesa vamos a darle nuestro apoyo porque es necesario pedir, y pedimos y exigimos, la libertad de los presos políticos. No es de recibo, no es democrático, no es aceptable. Es denunciable, y así lo hacemos. Y tampoco es de recibo, no es aceptable y es denunciable la inhabilitación de representantes políticos que tienen legitimidad democrática, inhabilitación con la que se intentar impedir el ejercicio de la democracia y de la representación que tienen en nombre del pueblo de Venezuela, que les ha votado. Y, por supuesto, compartimos la necesidad de que una delegación de la Unión Europea participe como observadora en las futuras elecciones legislativas del 6 de diciembre de este año. Es necesario que las elecciones legislativas en Venezuela tengan las máximas garantías posibles. Es necesaria esa presencia internacional, y precisamente una de las misiones y obligaciones de los países democráticos de la Unión Europea, de la que formamos parte, es contribuir a garantizar esa libertad, esa democracia en Venezuela, al igual que debemos hacerlo en cualquier parte del mundo.

De ahí nuestro apoyo, repito, a la propuesta que se trae hoy a debate y votación en el Senado de España y nuestro deseo de que realmente el futuro del pueblo de Venezuela se consolide en libertad, en democracia y con respeto a los derechos humanos muy pronto, especialmente a partir de las próximas elecciones legislativas.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor, president.

Senyories, en aquesta moció, i per primera vegada des que el català va ser incorporat com a llengua oficial en els debats en aquest Senat, i excepcionalment, faré la meva intervenció en castellà.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en esta moción, y por primera vez desde que el catalán fue incorporado como lengua oficial en los debates del Senado, voy a hacer de forma excepcional mi intervención en español.

Como decía, mi intervención en esta moción será en castellano, cuando siempre es en mi lengua materna, el catalán. Y será en castellano, por deferencia a mucha gente que me consta que hoy en Venezuela está siguiendo este debate por internet. Y también porque hoy tenemos aquí a una luchadora que representa a muchas familias, a sus familiares en prisión o en arresto domiciliario. Ya se ha dicho: esa gran mujer es Michi Capriles, esposa de Antonio Ledezma, político hoy en arresto domiciliario, alcalde de Caracas y anteriormente en prisión. Como digo, también representa a muchas familias de los 75 políticos venezolanos privados de libertad.

Además de a la admirada y querida Michi Capriles y a su hija, también quiero saludar a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan, entre ellos, a Tamara Suju, un ejemplo de persona en el exilio que no puede ejercer su profesión desde la libertad.

Como dice la moción presentada por el Grupo Popular, yo tuve la suerte de ser uno de los cuatro senadores que visitó oficialmente Venezuela y que pudo ver en primera persona la situación de indignidad democrática en la que viven los políticos opositores o incluso algunos ciudadanos que, sin ser políticos, denuncian la dictadura existente en Venezuela. Por ejemplo, hablamos con un chico que estuvo en la cárcel y que nos explicaba que estuvo en prisión porque pasaba por allí y lo detuvieron y encarcelaron —después tuvo que salir por la puerta de atrás del hotel—. Y se ha convertido en un luchador, lo han hecho un revolucionario de la paz y la libertad.

Los cuatro senadores representábamos a diferentes partidos políticos —yo, a Convergència, por parte de Cataluña—. Y la verdad es que a pesar de representar un amplio abanico parlamentario e ideológico, los cuatro estuvimos de acuerdo en presentar esta moción, que en principio iba a ser conjunta, de los cuatro grupos parlamentarios. Me gustaría que constara en acta este hecho, porque, por un problema de fechas de agosto y de trámite, mi grupo —y supongo que también los otros dos— no pudo añadirse a esta moción. Lo hago ahora.

Por tanto, esta moción —estoy seguro de que mi amigo Dionisio así lo hará constar— nace en ese viaje y con la voluntad de ser conjunta. También lo ha dicho la portavoz canaria, y estoy de acuerdo: debería ser una moción conjunta, de todos los grupos. Pero al menos los cuatro viajamos con esa voluntad.

Y, querido y admirado senador Dionisio, la segunda intervención me ha desilusionado. Hoy no tocaba retrovisor. Con tu voluntad de consenso, de diálogo, de ánimo y de lucha, tu segunda intervención me ha decepcionado y creo, repito, que hoy no tocaba el retrovisor.

Dicho esto, quiero mostrar mi agradecimiento —lo cortés no quita lo valiente— al parlamentario Dionisio García, que sí llegó a tiempo de presentar la moción, lo que nos permite hoy debatir esta importante iniciativa.

También quiero que conste en acta la adición del Grupo de Unió Democràtica. Su portavoz, Salvador Sedó, me ha pedido que así constara, y con ello le agradezco que nos ceda el tiempo que les podía corresponder. Y es que en diez minutos es difícil explicar la situación que este senador ha vivido en la Venezuela del Gobierno actual.

En primer lugar, como se ha hablado de injerencia aquí y allí —qué tristes estas coincidencias—, quiero dejar constancia de que nuestra visita tenía solo tres objetivos, solo. Primero, visitar a los presos políticos para ver su estado físico y anímico y darles apoyo, cómo no. Segundo, contactar con las entidades que luchan por recuperar la libertad democrática en Venezuela, entre ellos, la Mesa de la Unidad Nacional, y también con las familias de los presos políticos, con los políticos inhabilitados y con las familias de las víctimas. Tercero: entrevistarnos con representantes del Gobierno para hacer llegar la petición de libertad para los presos políticos, para pedir que las próximas elecciones sean realmente democráticas y para pedir al Gobierno del presidente Maduro que autorice la presencia de observadores internacionales que garanticen que no habrá juego sucio en el proceso electoral. Este tercer punto era cosa imposible pues, como pueden comprender, para el Gobierno del presidente Maduro el hecho de que fuéramos a hablar de derechos humanos, de libertad y democracia no le interesaba en absoluto. Como pueden ver, ninguno de estos tres objetivos, ninguno, habla de descalificar a nadie ni de entrometerse en la política interna de Venezuela; solo hablan de democracia, libertad y derechos humanos.

Señorías, este senador volvió triste y esperanzado. Triste al ver la represión que lleva a cabo el Gobierno del presidente Maduro —no me extenderé en ello porque el maestro Anasagasti lo ha explicado bien y voy a intentar acotar el tiempo para intentar acabar todo lo que quiero decir, todos mis sentimientos y todas sensaciones—. Triste al ver cómo la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas están privados de los enseres básicos: en la mayoría de las familias falta comida, en Venezuela escasea casi todo, ¿y saben qué le preocupa al Gobierno? Solo la oposición. ¡Qué triste! Triste por ver políticos entre rejas o encerrados en sus domicilios, como Antonio Ledezma y ahora Daniel Ceballos —ambos anteriormente en la cárcel—, o simplemente inhabilitados, como María Corina Machado, solo por no compartir las prácticas dictatoriales del Gobierno. Pero esperanzado, esperanzado porque el pueblo venezolano está preparado para dar respuesta a la violencia física y jurídica, a ambas, con la lucha pacífica a través del voto democrático y con la lucha a través de las palabras.

Yo he vuelto de Caracas, señorías, cargado de libros que me han dado, libros que denuncian la situación de Venezuela: La carrera más larga. Conversaciones con Lilian Tintori; Asdrúbal Aguiar, luchados patriota, Memoria de la Venezuela enferma. A callar que llegó la revolución, de Paola Bautista de Alemán; Historia inconstitucional de Venezuela, un montón. ¿Sabe por qué he traído estos libros, señoría? Porque la lucha, la revolución de Venezuela será la revolución de las palabras, no la de la violencia ni de la sangre. Con las palabras, con la lucha es como avanzará Venezuela; con el consenso, Ander, con el consenso.

Señorías, he vuelto esperanzado porque he visto el papel de la mujer en Venezuela —lo ha dicho todo el mundo, pero tengo que repetirlo—. Durante mi larga carrera política he ido a diversos países en conflicto y quiero dejar constancia de que en ningún otro país del mundo he encontrado una legión de mujeres como las mujeres de los políticos venezolanos encarcelados y reprimidos en Venezuela. Quiero que mi intervención sea un canto a la libertad por la democracia en Venezuela. Quiero, también, que sea un homenaje a este grupo de mujeres —encabezadas hoy por Michi— sin miedo, en un país donde el miedo forma parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos; ellas son la luz en un oscuro túnel de la dignidad y de los derechos humanos. Michi, llévate mi admiración y cariño, hazles llegar a Lilian Tintori, a María Corina Machado, a Patricia, esposa de Daniel Ceballos, a todas las mujeres de los presos, a las madres y esposas de las víctimas el mensaje de que en la política española muchos parlamentarios están a vuestro lado. Si bien no nos dejaron entrar en las cárceles para ver a vuestros esposos, nuestro corazón y nuestros sentimientos sí traspasaron las paredes de las lúgubres cárceles, donde estén encerrados permaneceremos a su lado. Como dijo el Che Guevara: «Hasta la victoria siempre», que será solo a través de las urnas.

Por eso quiero agradecer a todos los senadores y senadoras que voten a favor de esta moción, porque esta es una moción que quiere ser un mensaje de esperanza a los políticos oprimidos y al pueblo venezolano.

Y acabo con dos citas de Gandhi: «La violencia es el miedo a los ideales de los demás». Y otra que dice: «Recordad que a lo largo de la historia siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre». La democracia no, la tiranía sí. Libertad para Venezuela. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, permítanme que me sume a la bienvenida a todas esas personas, ciudadanos y ciudadanas venezolanos que hoy nos acompañan en la tribuna del Senado y especialmente a la señora Capriles y a su hija, que amablemente nos acogieron durante la visita de este grupo de senadores en la que tuve la suerte de participar. Bienvenidos, bienvenidas, estáis en vuestra casa.

Señorías, quiero comenzar mi intervención —sí, senador Dionisio García—, agradeciendo la oportunidad que nos brinda su presentación para hablar y, sobre todo, para llegar a un acuerdo mayoritario en esta Cámara sobre la situación que vive Venezuela. Después de escuchar a todos, a todos los portavoces que han intervenido en esta tribuna, me reafirmo aún más en lo que dije en mi primer turno de intervención: en la necesidad de ese diálogo. Y diré más, diálogo y respeto, el mismo respeto que pedimos para nosotros, senador Dionisio García, cuando fuimos insultados en Venezuela como senadores, el mismo, para todos; diálogo y respeto. (Aplausos).

En primer lugar, quiero recordar que la urgencia principal que tenemos en estos momentos respecto a Venezuela es la lucha por el restablecimiento pleno de los derechos y de las libertades básicas de sus ciudadanos; sin ese pilar no se puede desarrollar una sociedad en plenitud, ni tampoco se puede sostener un Estado mínimamente democrático, ni ese Estado puede generar lo más importante, que es bienestar y progreso a sus ciudadanos. En la situación actual, si además el Gobierno de Venezuela controla la mayoría de los poderes, monopoliza el control de los recursos para ejercerlo y silencia a los medios de comunicación, el acto de hacer política en libertad, de hacer oposición, deja de ser un acto democrático y se convierte en un acto de dignidad, que yo calificaría en muchos casos de heroísmo, en un acto que yo calificaría —este sí— de revolucionario, en una revolución donde triunfarán los votos y no las botas.

Y en esta fase se halla Venezuela, hasta el punto en que a día de hoy, como se ha dicho aquí, se están vulnerando importantes libertades democráticas, derechos políticos de muchos ciudadanos: en concreto, 75 presos que por motivos políticos cumplen condena en la cárcel con procesos arbitrarios —y esto no es algo que digan sus señorías, es algo que han señalado en repetidas ocasiones organismos como Naciones Unidas o Amnistía Internacional—; en esta lista de presos está el líder de la oposición —se ha citado aquí—, Leopoldo López, quien, por cierto, seguramente el viernes será tristemente condenado sin que en todo el proceso de su juicio se haya aportado ni una sola prueba, ni un solo testigo que lo inculpe. Quiero mandar desde aquí todo el apoyo a Leopoldo López, a su familia y a todas aquellas personas que defienden la causa de Leopoldo; también a Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, a Daniel Ceballos y a todos aquellos líderes políticos que se encuentran encarcelados; asimismo —y también se ha dicho aquí—, a aquellos políticos que han sido injustamente inhabilitados, curiosa fórmula para quitarse de en medio a alguien que no comulga con las posiciones del Gobierno.

Señorías, en nombre de mi grupo quiero pedir en esta tribuna alto y claro, para que nadie tenga ninguna duda, la libertad de los presos políticos, que se propicie, además, el regreso de los exiliados, así como la visita y participación desde ya en las próximas elecciones legislativas —que espero que se produzcan el 6 de diciembre— de observadores internacionales, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Y esto no es decirle a nadie lo que tiene que hacer, esto simplemente se llama hablar de democracia y transparencia sin dudas; no son injerencias, es transparencia y democracia. Y si lo hace el señor Maduro, decía recientemente el ex presidente Felipe González —cuya visita a Venezuela también quiero poner en valor—, el señor Maduro demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país se merece. Palabras que hoy quiero subrayar.

Y por cierto, desde aquí también quiero dar un afectuoso abrazo, aunque sea en la distancia, a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y a otras muchas mujeres que están dando la cara y proclamando por todo el mundo el derecho a la libertad de sus maridos, de sus hijos, de sus familiares, que no es solo la libertad de sus familiares, sino que es la libertad y la democracia en Venezuela. Ellas representan sin duda una fuerza y una voz sin fronteras en la lucha por la libertad por todo el mundo que no quiero dejar de reconocer y de felicitar.

El contenido y la intención de esta moción, así como la enmienda añadida, van precisamente en esta línea: garantizar de manera urgente la representatividad política en Venezuela de cara a las próximas elecciones e instar a las partes a un diálogo fluido y honesto para llegar a acuerdos con el horizonte de la democracia y el consenso.

Pero lo urgente tampoco nos puede distraer de lo importante, y en este caso es importante fijarnos precisamente en las consecuencias derivadas de la nefasta actuación política del Gobierno actual de Venezuela, porque en realidad Venezuela vive una triple crisis: socioeconómica, de seguridad ciudadana y de libertades básicas. Me cuesta entender cómo en un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo los salarios de los ciudadanos estén siendo laminados por una inflación descontrolada que a día de hoy, este año, puede situarse en un 170 %; donde la producción y la importación de bienes no está funcionando, como tampoco están funcionando los canales de distribución de bienes básicos, con colas de días enteros de los ciudadanos venezolanos en los supermercados para adquirir productos básicos, colas que pudimos ver en nuestra visita. Y la situación, lejos de mejorar, empeora día a día.

La inseguridad galopante, alimentada por la propia situación económica, hace que cada 20 minutos sea asesinado un venezolano porque el Estado de derecho no existe o es tremendamente débil en muchos lugares; más de 25 000 asesinatos al año con un altísimo grado de impunidad en un país de 30 millones de habitantes. Y allí donde no hay seguridad solo puede existir el miedo, el atraso y el fracaso social. Con estos ingredientes se ha formado un círculo vicioso de decadencia, de caos e incluso de violencia que puede llegar a ser peor si no se impone la cordura, una cordura que precisamente debe ir de la mano de la celebración de elecciones con todas las garantías democráticas, porque la democracia, señorías, es ni más ni menos que la cordura de los pueblos. Y ni hablo de oídas ni hablo basándome en lo que algunas agencias de información hacen llegar ni mucho menos condicionado por mis afinidades o mis motivaciones ideológicas, lo hago como demócrata, y sobre todo tras haber visto en primera persona, no solo en este viaje, sino en otros que he realizado a Venezuela con anterioridad, la situación y las consecuencias de esta nefasta gestión política.

Senador García Carnero, quiero poner en valor el ambiente que reinó durante la visita que realizamos allí los cuatro senadores, dejamos a un lado nuestras legítimas diferencias políticas, incluso nuestras propias siglas, dejamos a un lado los protagonismos, dejamos a un lado en aquel momento que tenemos a las puertas unas elecciones generales en este país, y espero de hoy también dejemos eso a un lado, lo espero de verdad porque creo que los ciudadanos venezolanos lo agradecerán; estamos a lo que estamos hoy, aquí. Y en esa visita, como decía, pudimos comprender la magnitud de la crisis que allí se palpa en el aire, porque además de afectar muy severamente a los bolsillos y a las neveras de los venezolanos, supone una brutal crisis política, social y económica. La consecuencia de contemplar de primera mano la realidad social venezolana es clara: los senadores participantes, como decía, nos olvidamos de nuestras siglas. ¿Por qué, senador García? Pues porque cuando fallan las instituciones democráticas, cuando nos falta lo más básico, que son los derechos humanos, lo que nos une, lo que nos debería unir como demócratas es la defensa de los derechos al margen de cualquier otro interés, como digo, legítimo, electoral o político; antepongamos en todo momento eso. Hoy mi grupo quiere situarse en esa posición, al margen de que me cueste renunciar a ponerle el espejo retrovisor al Partido Popular, que yo también podría hacerlo aquí, sobre hechos del pasado; es algo que yo también podría hacer, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a renunciar a esa debilidad de hacer política barata porque haya unas elecciones a la vuelta de la esquina y voy a anteponer los intereses generales de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos, que fue lo que nos pidieron que hiciéramos durante nuestra visita a aquel país. Además, considero que esta moción tiene doble importancia: por un lado, estamos hablando de los graves problemas que vive Venezuela en los puntos que se señalan en la moción y que compartimos plenamente, pero por otro, señorías, la estabilidad en Venezuela tiene una importancia decisiva en procesos muy importantes que se están viviendo en la región: el proceso de paz en Colombia, el proceso de apertura en Cuba, las relaciones económicas que España mantiene con países del entorno, de todo eso estamos hablando.

Por lo tanto, y ya finalizo señor presidente, renunciamos a hacer electoralismo, señor Dionisio García —se lo digo con todo el afecto y respeto después de todo lo que usted y yo hemos hablado sobre esta cuestión— y vamos a dar apoyo a esta moción, le agradecemos el apoyo a la enmienda que hemos presentado y esperamos que, en breve, las elecciones limpias y democráticas sean la mejor oportunidad para que los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela decidan en libertad quién quieren que guie el futuro de su país.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Gil, querido amigo Ander, cuando me dice, me sugiere y me guía por dónde debo o no dirigir mi último turno la verdad es que me anima a que hable de eso que usted no quiere que hable. Y me digo: ¿Por qué no quiere que hable?

Empecé contándole una trágica historia y le voy a contar otra y voy a hacer una reflexión —el senador Anasagasti dará fe de cuanto digo porque lo vivió—. Yo creo que era el año 2004, uno de los primeros viajes que hicimos a Caracas, donde tuvimos la oportunidad de compartir una cena con un grupo de universitarios y profesores españoles que estaban allá en Caracas, que estaban muy próximos al despacho del entonces presidente Hugo Chávez y que nos contaban y se jactaban del enorme papel que ellos estaban haciendo allí: estaban haciendo la revolución del socialismo del siglo XXI; ellos eran los que hablaban de abrir un periodo constituyente y allí oí yo hablar por primera vez de círculos, y le añadían un nombre: hablaban de círculos bolivarianos. Estas cuestiones, que ahora escuchamos aquí con asiduidad, a mí me resultaron sorprendentes y yo pensé que eran unos trasnochados radicales de izquierda que habían ido allí a hacer no sé qué ensueño. Escuchaba también entonces a gente sensata venezolana que decía con frecuencia: Esto no es Cuba, en Venezuela no van a ocurrir esas cosas. Me recuerda cuando ahora aquí oigo a algunos españoles que dicen: Esto no es Venezuela, acá no pueden ocurrir males bíblicos de esa naturaleza.

Señoría, entre aquellos jóvenes universitarios que estaban allí hemos podido reconocer un tiempo después a alguien que hoy es muy famosos aquí, se llama Juan Carlos Monedero. Lo que este dirigente y su grupo hicieron en ese país no me lo tiene que demostrar nadie porque lo vi yo, lo escuché yo, no necesito ningún tipo de acreditaciones. No sé si era de eso de lo que no quería usted que hablara, pero eso es una historia que viví allí y no pensé que fuera tan trágica como la de Marbella, pero ojo, que a lo mejor lo es.

Y lo que quería añadir, porque dicen que no es tiempo de enfrentamientos… (Protestas) ¿Qué quieren, que hable de cuando ustedes votaron aquí en contra de una resolución de la Internacional Socialista? (Protestas.— Aplausos) ¿Quieren que les diga eso? (Fuertes protestas). ¡Pues entonces escuchen con atención! (Fuertes protestas). ¡Escuchen con atención! (Fuertes protestas.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor GARCÍA CARNERO: Ustedes no saben lo que son diez años seguidos escuchando… (Protestas). Senador Ander Gil, diga a los suyos que se callen (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Señorías, escuchen al señor García Carnero, igual que han escuchado a los demás oradores, hagan el favor.

El señor GARCÍA CARNERO: La reflexión, señorías, es que en Venezuela muchos demócratas no pensaban que iban a llegar a esta situación. Creo, senador Ander Gil, que usted es un hombre bien comprometido con los derechos humanos, y lo creo también de muchos socialistas de bien, claro que sí, pero no sé cuánta capacidad de influencia tiene usted sobre su grupo o sobre su partido, ojalá mucha, ojalá mucha… (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor GARCÍA CARNERO: Ojalá tenga mucha usted, señoría, para hacerles ver el error en el que pueden caer. (Protestas.— El señor López Águeda, señalando a la tribuna: ¿Adónde quiere ir? Venezuela, Venezuela). Sí, señoría. Algunos de esos que predicaban allí y a sus sucesores aquí, sin haber ganado las elecciones ni ellos ni ustedes, les han colocado en el poder, eso ha ocurrido (Fuertes protestas). Y deseo, señoría…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, guarden silencio, por favor.

Continúe, senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

A Podemos lo conocí yo en Venezuela, ¿sabe usted? (Protestas), y me temo que ustedes están cayendo en la torpeza en la que cayeron los venezolanos demócratas de bien hace muchos años. (Protestas). Sí, a ustedes no les gusta que les digan estas cosas, que les digan que su camino ha sido de apoyo a la transición, cada vez más dura, que ha sufrido el chavismo en Venezuela. Pues no, señorías, ustedes han tenido una actitud bastante reprochable. Hoy han decidido cambiar (Fuertes protestas.— El señor López Águeda, señalando a la tribuna: ¿Adónde quiere ir? ¿Adónde vamos?). Sí, senador López, en esta tribuna se habla en libertad, no hace falta que usted me diga de qué tengo que hablar, no hace falta que las personas que están ahí, a las que conozco desde hace muchos años, muchos años, señoría (Protestas.— El señor López Águeda: Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando?), le digan lo que pienso yo y lo que piensa mi grupo. Me estoy dirigiendo a ustedes, señorías, les estoy pidiendo que no caigan en la torpeza de dejarse arrastrar por el populismo y la tentación fácil del poder. Eso es lo que estoy diciendo, porque eso ocurrió en ese país, señorías, allí también pensaban que las cosas no iban a llegar tan lejos (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor, guarden silencio.

El señor GARCÍA CARNERO: Señor presidente, señorías, si tienen la paciencia de escucharme (Protestas), si hubieran tenido ustedes la paciencia de leerse los cincuenta y dos Diarios de Sesiones que recogen cuál ha sido su posición (Protestas), hoy probablemente estarían mucho más callados y mucho más pesarosos de no haber cambiado de actitud mucho antes (Protestas).

Señorías, yo creo que el viaje ha sido positivo. Fíjese, senador Gil, en un solo viaje de cuatro días usted ha conseguido que su grupo parlamentario cambie de posición, imagínese cuando lleve doce o catorce lo podrá conseguir.

(Denegaciones del señor Gil García.— Rumores). Aunque a ustedes nos les haya gustado esta parte, a mí me parecía necesaria, señorías, porque en la historia de Venezuela esta transición tan bárbara de la democracia a la dictadura más absoluta no ocurrió de repente, ocurrió con un largo proceso a través de los años, y es necesario conocerlo y recordarlo.

Agradezco, señorías, a todos aquellos grupos que han expresado su deseo de apoyar la moción.; aquellos que han manifestado que se van a abstener, allá su responsabilidad y si cuando llegue el momento de ver los votos alguien decidió votar en contra, también allá con su responsabilidad. A pesar de estas protestas que ustedes, airadamente, han mostrado, la sesión de hoy me deja satisfecho. (Rumores). Sí, señorías, por primera vez vamos a conseguir una mayoría muy amplia en esta Cámara —parece que incluso a su pesar, que no les gusta que se lo recordemos— en apoyo de la libertad, de la democracia, en un país tan próximo y tan querido por nosotros como Venezuela.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (El señor López Águeda pide la palabra).

¿Senador López? (Protestas).

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Por alusiones, señor presidente. (Protestas).

Solo quiero decir que este grupo mantendrá su voto por respeto a todos los representantes venezolanos que hay hoy aquí, a pesar de que este no era el contenido de la iniciativa ni tampoco su espíritu, que iba a ser de todos los grupos políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, senador López.

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la moción. (Aplausos de los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna del público.— El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 662/000207 GPS

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 7.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Iglesias Fernández; una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Socialista, autor de la moción, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la necesidad de promover un gran acuerdo contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, dos cuestiones íntimamente unidas. La mejor, la única si me apuran, medicina contra la violencia de género es la igualdad. La única forma de prevenir la violencia de género es educando en igualdad, viviendo en igualdad y construyendo una sociedad justa en la que hombres y mujeres tengan perfectamente consolidados sus derechos de ciudadanía. Señorías, por desgracia, actualmente eso aún no es así. (Rumores). La violencia de género no disminuye, así nos lo muestran todos los indicadores y así hemos tenido la desgracia de comprobarlo este verano en el que hemos tenido que soportar…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señoría. Por favor, ruego silencio en el hemiciclo, no formen tertulias en los pasillos. Dejen hablar a la senadora.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Hemos tenido la desgracia de comprobarlo este verano, en el que hemos tenido que soportar un repunte de asesinatos machistas como no conocíamos desde 2010. En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que ante estos crueles asesinatos no podemos mirar hacia otro lado, y no queremos mirar hacia otro lado. Como representantes políticos tenemos la obligación de responder de forma contundente ante la violencia de género, decir un no rotundo, evitar la impunidad de los maltratadores, proteger a las víctimas, a sus hijas y a sus hijos. Señorías, tenemos la obligación de dar respuestas contundentes. Las mujeres no son ciudadanas de segunda, no somos ciudadanas de segunda. Por lo tanto, tenemos derecho a una vida libre de violencia.

La violencia machista no es una agresión aislada que sucede de forma casual y queda encerrada entre cuatro paredes en una casa. La violencia machista es el resultado de una cultura patriarcal, una educación diferenciada y el sostenimiento de roles sexistas que generan una sociedad desigual. Nuestra justicia no se puede quedar en las puertas de los hogares, nuestro sistema de protección no puede esperar en el descansillo, nuestras leyes, principios y valores, todo lo que nos hace una sociedad digna, tienen que estar encima de la mesa para que nadie sufra maltrato ante la indiferencia de los demás, para que nadie pierda su vida porque miramos hacia otro lado. Las instituciones hemos de tenerlo claro, necesitamos una intervención implacable contra el machismo porque el machismo maltrata y mata.

Por eso, en el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario y urgente acordar un gran pacto contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, ha sido reconocida y premiada como una de las mejores leyes para combatir la violencia hacia las mujeres y establece un marco legal fuerte para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental. Esta ley fue un ejemplo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos encontrábamos representadas en las Cortes, que entendimos que para acabar con la violencia hacia las mujeres era necesario el consenso político e institucional. Esta ley fue una demanda social y el Gobierno socialista de entonces supo escucharla y darle respuesta.

Ahora, como hace diez años, para el Grupo Parlamentario Socialista la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, algo que ha de traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derecho de ciudadanía; sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada. Por este motivo, es necesario promover y reforzar los mecanismos que la garantizan. Ahora, como hace diez años, la demanda social nos interpela como políticos responsables y como ciudadanas y ciudadanos. La situación de violencia que sufren las mujeres nos obliga a avanzar sin parar hasta conseguir erradicar la violencia de género.

Por todo ello, presentamos esta moción, que propone cómo avanzar hacia el cumplimiento del convenio de Estambul, convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, firmado en 2012 y ratificado por España. Un convenio que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres y propone, entre sus objetivos, en su artículo 1, primero, proteger a las mujeres contra toda forma de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres. Segundo, contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida la autonomía de las mujeres. Tercero, concebir un marco global político y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Cuarto, promover la cooperación internacional para eliminar también la violencia contra las mujeres en otros países. Y, quinto, apoyar y ayudar a las organizaciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz con el fin de adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres.

La sociedad también nos demanda coordinación y suma. El trabajo de las comunidades autónomas en la lucha contra la violencia de género es determinante. Queremos unos presupuestos generales del Estado que garanticen los recursos necesarios para que en todas las comunidades autónomas haya políticas de prevención y protección para las mujeres víctimas, sus hijos e hijas. Para ello, han de aumentar la dotación de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y la asistencia social de las víctimas de violencia de género dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Los Presupuestos Generales del Estado tienen que reflejar la intencionalidad del Gobierno de transformar esta sociedad machista. Además, para prevenir la violencia machista es imprescindible la colaboración coordinada de todas las instituciones. Por esa razón, proponemos la creación de órganos de coordinación contra la violencia de género. Es necesario que los ayuntamientos cuenten con un fondo de apoyo para reforzar la red de centros de la mujer, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 8 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

Necesitamos poner en marcha juzgados especializados en violencia de género y el acompañamiento judicial personalizado. Las mujeres deben tener información sobre el itinerario y procedimiento más seguro desde que ponen la denuncia hasta el final del proceso. La inseguridad que sufren muchas mujeres al ponerse en contacto con algunas instituciones es una de las razones que tienen para no denunciar o retirar la demanda. Es imprescindible facilitar el proceso de denuncia y proteger a las víctimas durante el mismo.

Creemos que es importante establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral de mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Según el estudio realizado este mismo año por la Delegación del Gobierno para la violencia de género sobre la inhibición de denunciar por parte de las víctimas de violencia de género y también la macroencuesta hecha en 2015 sobre violencia de género, uno de los motivos por los que las mujeres no denuncian o retiran la denuncia es el miedo. El 26,56 % de las mujeres no denuncia por miedo a qué ocurrirá después de interponer la demanda. Las instituciones tenemos que velar tanto por que las mujeres se sientan protegidas durante todo el proceso de denuncia y el judicial como por asegurar que la denuncia es la forma más eficaz de combatir el miedo.

Otro de los ámbitos en los que creemos que es fundamental intervenir es en educación. Hemos de activar de forma permanente el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Es imprescindible trabajar sin descanso en las campañas de sensibilización, centrando gran parte de nuestros esfuerzos en el ámbito educativo, en las personas jóvenes, en la denuncia de modelos publicitarios sexistas que generan modelos de sumisión-dominación. Nuestros hijos e hijas reproducen e imitan aquello que consideran idílico, y son muchos los productos comerciales que promueven la creencia de que el éxito tiene que ver con convertirnos en objetos sexuales, traficables en un mercado que consume el cuerpo de las mujeres.

Necesitamos incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género en todas las etapas educativas. Hemos de promover que las generaciones más jóvenes incorporen la perspectiva de género en su forma de ver la vida, en su forma de entender las relaciones entre mujeres y hombres como igualitaria, aprendiendo a identificar el machismo en su entorno y rechazando las discriminaciones sexistas, aprendiendo que la tolerancia cero es la respuesta a la violencia de género.

Y no podemos olvidarnos de los menores. Los menores son víctimas directas de la violencia de género. Por este motivo, es imprescindible poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a los menores víctimas de violencia de género. Los menores que han presenciado la violencia ejercida hacia su madre han de recibir la intervención necesaria para que el daño pueda ser reparado.

También hemos de considerar la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género, tengan certificada, previamente a ocupar su puesto, una formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada. Hemos de garantizar que todos los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de violencia de género conozcan a fondo este tipo de violencia, que es un tipo de violencia muy compleja.

También hemos de ampliar las disposiciones preventivas procesales, punitivas y protectoras de la Ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia hacia la mujer, tal como exige la recomendación general número 19 de la Cedaw y el Convenio de Estambul. Hemos de reconocer como violencia de género todas aquellas actitudes y acciones que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, la amenaza de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad de las mujeres.

Para terminar, necesitamos una revisión de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ya sé que el ministro responsable la ha anunciado para la semana que viene; esperemos que así sea. De hecho, esperamos, de verdad que hayan hecho un buen trabajo y que, tal como preveía la ley, a los diez años de su aprobación se haya realizado un buen estudio y no una faena de aliño sobre la aplicación de una norma que, precisamente por pionera y por tratar de la violencia de género, es una cuestión que corroe las entrañas de nuestra democracia; es una ley fundamental para nuestra sociedad. Tenemos una buena ley, pero hay que aplicarla. Hay que dotarla presupuestariamente y hay que mantenerla viva y adaptarla a la realidad social, compleja y cambiante a la que nos enfrentamos.

Hemos conseguido ser un país con una igualdad legal modélica, pero con una igualdad real ficticia y muy muy deficiente. Las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en todos los ámbitos de decisión, seguimos cobrando menos retribución salarial por el mismo trabajo que realiza un hombre; las medidas de corresponsabilidad siguen siendo insuficientes para poder conciliar nuestra vida personal, laboral y social, y siguen maltratándonos y asesinándonos.

Un Estado democrático y de derecho tiene que ser capaz de garantizar la vida de la mitad de su población y, por otro lado, exigir que se cumpla toda la normativa en materia de igualdad y violencia de género, que es la única forma de prevenir este tipo de violencia. Necesitamos este acuerdo; necesitamos un acuerdo social, político, institucional contra la violencia de género. Solo la suma de esfuerzos es la respuesta más eficaz a esta violencia.

Señorías, especialmente las mujeres víctimas y sus hijos y sus hijas, pero toda la sociedad en su conjunto está esperando de nosotros y de nosotras respuestas rápidas y contundentes a una violencia que asesina y que no para de cobrarse vidas. Es nuestra responsabilidad como representantes políticos y nuestro deber como ciudadanos y como ciudadanas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Berja.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador, señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hay que felicitar a la proponente por traer hoy a la Cámara un tema que ha golpeado a lo largo del verano la conciencia de la sociedad española, que asistió sobrecogida a cómo casi de forma cotidiana se producían fenómenos de violencia de género que significaban el asesinato, la muerte de mujeres o de los menores que estas habían tenido con su pareja.

Como coincidimos con el contenido de la moción, lo único que se plantea es una enmienda que busca que el incremento de las consignaciones presupuestarias en esta materia compense las reducciones que se han ido produciendo a lo largo de los cuatro ejercicios anteriores. Lo cierto es que, aun cuando la previsión de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 conlleva un incremento de 1,5 millones de euros, desde el 2011 se ha producido una disminución de las consignaciones presupuestarias del 17 %, que no se ve compensada en modo alguno con este ligero incremento.

La consignación presupuestaria es muy importante, pero debe ser una estrategia compartida política y socialmente la que dé la respuesta adecuada a este terrible fenómeno. Seguramente, como se apunta en la propia moción, es necesaria una intervención multidisciplinar, desde el ámbito político y desde el ámbito administrativo, que salga al paso del tratamiento que a estos fenómenos de violencia de género se deben dar desde aquellos sectores que de forma más directa perciben el fenómeno en su actividad habitual.

Coincido en la importancia del ámbito educativo para lograr la traslación de valores de educación en igualdad, que se conviertan en el freno, en la conciencia más fuerte y más sólida frente a la posibilidad de desarrollar una acción de violencia de género. Pero también es importante el ámbito sanitario, en tanto en cuanto los profesionales de la sanidad tienen que tener una formación específica para detectar las consecuencias de la violencia de género, sobre manera cuando la víctima no tiene la voluntad de formular una denuncia, y es, por tanto, la información que, desde el ámbito sanitario se pueda hacer llegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía la que permitirá una investigación en esa dirección.

Lo mismo ocurre en el ámbito del trabajo de los servicios sociales, de los trabajadores sociales, que también en el contacto habitual con un número muy importante de personas, de las que un porcentaje relevante pueden ser víctimas de violencia de género, ayude al conocimiento y al inicio de la investigación de estas realidades.

Habrá que desarrollar iniciativas dirigidas también a la forma en que los medios de comunicación tratan estos fenómenos y estas situaciones. Es cierto que, como en el resto de los ámbitos, se ha producido un avance en la manera en que se aborda este fenómeno. Ya no es el sensacionalismo fundamentalmente, sino el intento de hacer un llamamiento a la conciencia ciudadana y provocar un rechazo generalizado de estas prácticas lo que prioritariamente inspira el modo en que los medios de comunicación afrontan estas cuestiones. Pero aún hoy es posible leer en los medios de comunicación que se producen muertes como consecuencia de la violencia de género y no se habla específicamente de crímenes, de asesinatos, de acciones claramente delictivas.

Finalmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de recibir apoyos, medios y formación específica. Hace muy pocos días, la Asociación Unificada de la Guardia Civil hablaba de la actuación ineficaz del cuerpo porque los agentes carecen de preparación específica y de recursos, denunciando que las unidades específicamente dedicadas a investigar y combatir los crímenes de violencia de género, los EMUME, los equipos mujer-menor, inscritos en la Policía Judicial, tienen su sede en las capitales de provincia, lo cual hace que en la zona rural, que es el ámbito fundamental de intervención de la Guardia Civil, los agentes que tienen que afrontar e investigar estos casos carezcan de una formación adecuada para desarrollar las acciones correspondientes.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Quiero que mis primeras palabras sean de condena rotunda de la violencia que se ejerce contra las mujeres, que es el exponente más cruel de la falta de igualdad de la sociedad española. Cada mujer que es asesinada, cada mujer que está sujeta a una situación de maltrato nos recuerda que quedan muchísimas cosas por hacer y muchos compromisos que cumplir. Y eso es lo que nos hubiera gustado alcanzar hoy, un compromiso, una moción aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, como la declaración institucional que realizamos en el Pleno pasado.

El Grupo Parlamentario Popular siempre da la bienvenida a cualquier iniciativa que desde la unidad y el consenso pretenda trabajar por la eliminación de cualquier manifestación de violencia contra la mujer. En esta lucha tan importante, el consenso, el diálogo y la unidad han sido, son y seguirán siendo los mejores aliados. Por esto, a mi grupo parlamentario le habría gustado que esta moción se hubiera consensuado, que se hubieran aceptado las aportaciones de todos los grupos, se hubiera llegado a acuerdos y que entre todos los grupos hubiéramos aprobado una transaccional. Como no ha podido ser, paso a defender la enmienda que hemos presentado y que pensamos que completa, enriquece y mejora la moción que presenta el Grupo Socialista.

Consideramos fundamental seguir tratando la violencia de género como una prioridad y auténtica política de Estado y, por tanto, seguir desarrollando las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, siempre desde el acuerdo, la participación efectiva y la colaboración de todas las instituciones y agentes implicados. Así, el Gobierno debe seguir promoviendo siempre el consenso, la voluntad de mejora y el cumplimiento efectivo e íntegro de lo previsto, tanto en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como de la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016.

Asimismo, cuando se cumplen diez años desde que todos los grupos aprobaron la citada ley de 2004 es el momento de evaluar con diálogo y consenso sus fortalezas y debilidades para poder adecuarla a la nueva realidad social. Por esto, el Grupo Parlamentario Popular considera que en esta moción el Pleno del Senado debería instar al Gobierno a presentar en las próximas semanas en el Parlamento una evaluación de la aplicación de la Ley de medidas de protección integral, con el fin de analizar y proponer los elementos de mejora precisos para seguir desde la eficacia dando una respuesta preventiva, protectora, sancionadora a la violencia contra la mujer. También consideramos que hay que seguir mejorando el marco jurídico de regulación, prevención y lucha contra la violencia, como se ha venido haciendo en los últimos años, a partir del diálogo con las instituciones, con los partidos políticos y con la sociedad en general.

En la Conferencia Sectorial de Igualdad, del 21 de julio, se aprobó el Protocolo de derivación entre centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, gracias al cual quince comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla coordinan sus redes de centros de acogida para mejorar la protección y la seguridad de las víctimas y los menores a su cargo y facilitar su recuperación integral. Con estas medidas se avanza en el establecimiento de una verdadera red nacional de centros de acogida y se produce una mejora sustancial en la coordinación entre las distintas redes autonómicas.

A lo largo de esta legislatura, el Gobierno ha transferido casi 18,5 millones de euros a las comunidades autónomas para la asistencia integral tanto para las mujeres como para los menores, incorporando en esta cuantía la distribución de 5,18 millones a las comunidades aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo; 4,18 millones para garantizar el desarrollo de la asistencia social integrada a las víctimas y 1 millón que se incluye por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado en 2015 destinado a apoyar a las comunidades autónomas en el desarrollo y puesta en marcha de planes personalizados.

Aun así, consideramos que hay que seguir profundizando y trabajando, en coordinación estrecha con las comunidades autónomas y los entes locales, incrementando todos aquellos medios y medidas que puedan servir para mejorar la atención, prevención y lucha contra la violencia de género.

La enmienda que hemos presentado amplía y mejora sustancialmente la moción que ha presentado el Grupo Socialista. Por lo tanto, aceptar esta enmienda supondría mejorar de forma importante los acuerdos y las actuaciones en la lucha contra la violencia de género.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mendiola.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Señor presidente, intervendré desde el escaño.

El meu grup ha presentat una esmena d’addició al tercer punt de la moció. De fet, estem d’acord tant amb la part expositiva com la dispositiva de la moció, però considerem que seria bo que, a part de convocar les comunitats autònomes per establir mesures urgents que en matèria de prevenció, protecció i reparació donin resposta a les disfuncions detectades en l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004 de violència de gènere, també se les convoqui per analitzar i avaluar la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes i per garantir l’aplicació efectiva d’ambdues lleis.

Des de Convergència i des d’Unió, considerem que és necessari avaluar i fer balanç de les dues lleis, que, als 10 i els 7 anys respectivament de la seva aprovació, ja han tingut uns efectes. Es tracta de promoure la seva aplicació efectiva, tant d’aquells aspectes no aplicats com dels que s’hagin revelat insuficients, i de modificar aquells aspectes que en resultin ineficients. Entenem que, amb l’acceptació d’aquesta esmena, la moció esdevé més completa.

Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado una enmienda de adición al tercer punto de la moción, pues estamos de acuerdo tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva de esta, pero consideramos que sería positivo que además de convocar a las comunidades autónomas para establecer medidas urgentes en materia de prevención, protección y reparación que den respuesta a las disfunciones detectadas en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de violencia de género, también se las convoque para analizar y evaluar la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres para garantizar la aplicación efectiva de ambas leyes.

En el Grupo de Convergència i d’Unió consideramos que es necesario evaluar y hacer balance de ambas leyes, que tras los diez y siete años respectivamente desde su aprobación ya han tenido efectos; se trata de promover la aplicación efectiva tanto de aquellos aspectos no aplicados como de los que se hayan revelado insuficientes y modificar aquellos aspectos que lo sean. Entendemos que con la aceptación de esta enmienda la moción deviene más completa.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas de los tres grupos.

La señora BERJA VEGA: Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sin ningún problema. Además, consideramos que completa la reivindicación de la moción. El Grupo Parlamentario Socialista agradece la enmienda, la aportación y la intención de suma a este acuerdo.

También aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán. Consideramos muy importante la revisión de la Ley de igualdad, algo que estamos esperando que ocurra. Esperamos que se evalúe tanto la Ley de violencia como la Ley de igualdad efectiva, y agradecemos también su intención de suma y de acuerdo.

Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, no se entiende bien. Han presentado una enmienda de sustitución que recoge y reitera los puntos que nosotros hemos presentado en nuestra moción, pero olvidan un asunto fundamental. Ustedes presentan una enmienda de sustitución para evitar hablar de acuerdo. Ese es el motivo por el que nosotros vamos a decir que no a esa enmienda de sustitución, porque ustedes evitan hablar de pacto y de acuerdo. Uno de los motivos que ha impulsado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta moción ha sido esa necesidad de pacto y de acuerdo. Si ustedes en su enmienda de sustitución obvian ese acuerdo, a nosotros nos parece insuficiente la sustitución.

Por otro lado, no aceptamos la enmienda porque hay una falta de compromiso presupuestario. Ustedes dicen que van a continuar en la senda del crecimiento de las partidas presupuestarias destinadas a la violencia género. Como muy bien decía el senador Iglesias, esa senda ha sido un poco irregular porque durante el último año se ha producido un incremento de 1,5 millones de euros —y en el turno de portavoces hablaré de ello— pero en los últimos cuatro años, desde el año 2011, las partidas destinadas, tanto a la igualdad de género como a la violencia de género, no diré que han sido recortadas, pero sí sesgadas en un 30 %.

Por lo tanto, esa falta de compromiso para llegar a un acuerdo, así como la falta de un compromiso presupuestario, motivan que nosotros no aceptemos la enmienda de sustitución.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La Presidencia entiende que la segunda enmienda, la del Grupo Parlamentario Popular, no se acepta. (Asentimiento).

Gracias, señoría.

¿Hay turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Vamos a compartir el turno tres senadores del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, solamente utilizaré quince segundos para destacar un hecho que me parece digno de mención.

Este verano la violencia de género ha supuesto —aunque es difícil dar cifras, pues, por desgracia, pueden haberse incrementado durante las últimas horas— el asesinato de 25 mujeres y 8 niños. Al mismo tiempo, en los juzgados de violencia de género se ha dado una situación absolutamente inaceptable e inasumible, y es que en prácticamente la totalidad de los juzgados de violencia de género estaban los jueces de vacaciones y no fueron sustituidos mediante la contratación de jueces sustitutos, por lo que tuvieron que asumir sus funciones los jueces de guardia, que —y probablemente lo hayan hecho muy bien— no están especializados en esta materia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

Lo primero que quiero decir es que estamos bastante sorprendidos por el hecho de que en la anterior moción estuviera el Senado absolutamente lleno, mientras que para hablar de la vulneración de derechos humanos en el Estado español la mayoría de sus señorías estén fuera; y precisamente se ausenta la gran mayoría de los senadores del Grupo Parlamentario Popular. Nos parece bastante significativo respecto al interés que suscitan los derechos humanos en el Estado español.

Nosotros vamos a apoyar esta moción porque nos parece que se produce una vulneración sistemática de los derechos humanos en más de la mitad de la población del Estado. De hecho, durante el verano hemos formulado una pregunta por escrito para solicitar al Gobierno que nos indique cuáles son las medidas de emergencia que han utilizado o que van a poner en práctica, y todavía estamos esperando una respuesta.

No podemos vanagloriarnos de todo lo que se ha invertido últimamente, pues recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado de forma bastante negativa las políticas de igualdad del Gobierno.

Nosotros apoyamos este pacto porque entendemos que hemos de iniciar un diálogo y llegar realmente a un consenso entre todos los grupos políticos para terminar con este drama. Y estamos dispuestos a ello, así como a avanzar en otras cuestiones que consideramos muy importantes para intentar erradicar este gran problema.

En primer lugar, consideramos que habría que implementar las recomendaciones que hace Naciones Unidas, en concreto en un informe bastante reciente, de junio de 2015, del grupo de trabajo sobre cuestiones de discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; recomendaciones que no se han puesto en práctica por España. Igualmente, en la Comisión de Sanidad que tuvo lugar la semana pasada, recordé que este mismo informe exhortaba a la retirada de la proposición de ley sobre la reforma del aborto por vulnerar la legislación sobre derechos humanos. Entonces no se me contestó en la comisión, así que quizá me puedan contestar a esto en el Pleno de la semana que viene.

Entendemos importante trabajar para llegar a un consenso en cuanto a la atención integral especializada de niñas y niños y para garantizar su seguridad, ya que en este campo queda bastante por hacer. Incluso, Save the Children estima que actualmente más de 800 000 niños en España están expuestos a la violencia machista. Para atacar de raíz este problema, nos parece muy importante intervenir en materia educativa y para eso es fundamental crear procesos educativos que impulsen un cambio cultural, deslegitimando la masculinidad tradicional y fomentando prácticas nuevas de masculinidades no violentas. Esto nos parece muy importante y por eso nos gustaría trabajar en esa línea.

Nos parece también fundamental, en la línea de lo que ha dicho el senador Iglesias, que se haga una evaluación profesional de la aplicación de la Ley de 2004, sobre el funcionamiento de los mecanismos judiciales, sobre todo en los juzgados especializados en violencia contra la mujer, y los resultados obtenidos.

Para terminar, nos parece fundamental, para ir a la raíz del problema, que no se hable de violencia de género. En tanto que la violencia es machista, ha de cambiar la nomenclatura en el Código Penal y cabe hablar de violencia machista.

Quiero recordar al Grupo Popular que no haga demagogia con este drama y que no nos venda un aumento de las partidas presupuestarias, porque lo que se dedica para la prevención integral contra la violencia de género es un 26 % menos que en 2010 y la reforma de la Ley del régimen local provocó que se cerraran muchos puntos de encuentro en el despido de muchos profesionales. Este tema es lo suficientemente importante como para que lleguemos a un consenso todos y el Ejecutivo sea más humilde y piense menos en venderse de cara a las elecciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mora.

En el Grupo Mixto, continuamos con la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo, Coalición Canaria, también va a apoyar la iniciativa. Además, nos parece sumamente oportuna, como ya han dicho ustedes y los que han hablado antes que yo. Desgraciadamente, las cifras de violencia de género no bajan, suben. Lo que cabe esperar ante eso es un compromiso pero da la impresión de que ese compromiso no sube, sino que, en este caso, continúa bajando. Es necesario un compromiso en las políticas contra la violencia y en las políticas a favor de la igualdad de género. Por eso nos parece oportuno trabajar de forma urgente en un pacto de Estado contra la violencia y también que esto se incluya en el contexto de reforzar las medidas de igualdad entre hombres y mujeres.

Otro punto importante que conviene resaltar es la conveniencia de conseguir un consenso y ahora que viene el debate de presupuestos este se refleje en compromisos a la hora de admitir las enmiendas que en relación con este tema deberían ser aprobadas en los presupuestos de 2016. Lo cierto, y también se ha dicho, es que en estos momentos el propio comité de eliminación de discriminación contra las mujeres de las Naciones Unidas, precisamente, ha recriminado a España la no correcta aplicación de compromisos en las políticas de igualdad. Concretamente, en referencia al Estado español, habla de los importantes efectos negativos que en España están teniendo todas las políticas de austeridad, que están poniendo en una situación de mayor dificultad y de empobrecimiento a la mujer. Como siempre hemos dicho, la pobreza tiene cara femenina. Además, en este sentido, insta al Gobierno de España para que financie adecuadamente, coordine y ejecute las políticas de igualdad de género en todos los niveles y con implicación de todas las administraciones.

En este sentido, señoría, en los presupuestos que empezaremos a discutir se produce un recorte del 5,2 % en el programa 232B, que es el de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que corresponde al Instituto de la Mujer. Pero no solo se trata del recorte en este presupuesto, sino que hay que ver el contexto de recortes que venimos sufriendo a lo largo de toda la legislatura en el área de las políticas de igualdad. Desde que en noviembre de 2011 el Partido Popular asumió el Gobierno de España, entre el 2012 y el 2016 se ha producido un recorte de nada más y nada menos que un 20,9 %. Pero si nos remitimos a las cifras que había en el presupuesto de 2009, vemos que el recorte presupuestario en las políticas de igualdad asciende a un 47,6 %, es decir, casi la mitad.

Por mucho que el Partido Popular quiera lanzar con estos presupuestos el mensaje de que la recuperación ha llegado, de ninguna manera esa recuperación se refleja en los presupuestos para las políticas de igualdad, porque los tremendos recortes que hemos tenido y que se vuelven a producir no se compensan con el penoso incremento del 5 % para el programa contra la violencia de género. ¿Qué supone un incremento del 5 % frente a todo el decremento que ha habido y sigue habiendo en políticas de igualdad? Pero también quiero recordar que si se mantiene el presupuesto para el 2016 los programas contra la violencia de género experimentan, respecto al 2009, una bajada de un 10,9 %, es decir, casi un 11 %. ¿Dónde está entonces la recuperación para las mujeres en España respecto al esfuerzo que debe hacer el Estado en cuanto a las políticas de igualdad?

Y para concluir, señor presidente, quiero recordar algo que me parece muy importante, y es que no solo se impiden estas políticas a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que la reforma de la Ley de régimen local eliminó las competencias municipales en lo que se refiere a la promoción de la mujer, y ello impide de alguna manera que se lleven a cabo las prestaciones en servicios sociales, en promoción de igualdad de oportunidades y en prevención contra la violencia que venían haciendo las administraciones locales y los ayuntamientos, que ahora no las pueden ejecutar ni siquiera con recursos propios porque se dice que deben ser financiadas al cien por cien con las subvenciones que provengan del Estado o de las comunidades autónomas. Ya me dirán ustedes cómo, con una subvención de 125 000 euros prevista en los presupuestos para que las entidades locales destinen a estas cuestiones, van a poder prevenir la violencia de género las administraciones locales y los municipios españoles, y eso que es la administración más cercana a las víctimas reales o potenciales de violencia de género en España.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias.

Sin duda la moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista es oportuna, como ya han comentado anteriormente algunos portavoces, y a su vez es importante y urgente; y también hemos debatido en la moción anterior sobre la importancia y la urgencia. Pero yo no me voy a perder cuantificando la importancia que tiene en función de los presentes en el hemiciclo, ni me voy a perder dejando constancia gráfica de ello, ni me voy a perder viendo si se me escucha o no cuando hablo, ni en si a continuación me marcho del hemiciclo y no escucho las intervenciones de los que las realizan posteriormente. (Aplausos). Porque verdaderamente creo que estamos ante un tema grave que requiere que hagamos lo que se pide hoy en la moción, y es que lo abordemos de manera conjunta y que no nos perdamos en la semántica de si debe ser un pacto de Estado, una política de Estado o cómo queramos denominarlo. Seamos serios, señorías. Seamos humildes y honestos y hagamos un ejercicio de reflexión y de autocrítica, empezando por mí misma como mujer, como madre, como educadora docente que soy y como miembro del partido político al que represento, y reconozcamos que algo no estamos haciendo bien cuando seguimos hablando de las cifras que manejamos; algo no estamos haciendo bien cuando nuestras jóvenes y nuestros jóvenes siguen haciendo y diciendo lo que dicen. Seamos honestos y serios y dejemos a un lado las diferencias que tenemos, y abordemos este tema. Con ello no quiero decir que sea el único, ni quiero entrar en comparativas como anteriormente se ha hecho en el debate de la moción; como otros no lo abordan, yo no voy a abordar este. Sin duda la economía nos llena la boca en todos los debates que hemos tenido. La economía y la tragedia que está ocurriendo ahora mismo con la inmigración es algo gravísimo, pero yo ahora no me voy a posicionar sobre la inmigración, y es una lacra. Seamos sensatos, podemos tener el honor de decir a nuestros nietos que nosotros conseguimos acabar con esto. Hagamos algo, por favor, que esto es horroroso, sinceramente. Pero también tengo que decirles con tristeza que tras lo sucedido con la moción anterior, en la que había una posibilidad de acuerdo y hemos vivido lo que hemos vivido, cuesta creer que verdaderamente seamos capaces de buscar acuerdos y de abordar con estos decisiones que puedan dar solución a lo que tenemos; y si no encontramos la solución con mayúscula, al menos vayamos dando pasos, por favor, por pequeños que sean.

Estamos ante un problema estructural y multidimensional. Tenemos muy claro que la violencia contra las mujeres es un problema estructural de la sociedad que requiere una respuesta permanente en el tiempo, una respuesta coordinada que actué sobre el origen mismo de la violencia, y ya se ha mencionado aquí. Insistimos una y otra vez en que la violencia contra las mujeres es la manifestación más grave de la desigualdad entre mujeres y hombres, y creemos firmemente en el trabajo orientado a erradicar ciertas actitudes que se encuentran en la raíz de este tipo de violencia. Es estructural en la medida en que en el origen está la desigualdad y, aunque se ha evolucionado, todavía sigue persistiendo la idea de que las mujeres jerárquicamente somos inferiores a los hombres, y es esa creencia la que hay que transformar si queremos un cambio permanente, aun sabiendo que ello cuesta trabajo y, como he dicho anteriormente, aunque no podamos solucionarlo todo de golpe. Y es multidimensional en la medida en que hay que atajarlo desde diferentes frentes, con diversas medidas tendentes a prestar la mejor de las atenciones a las mujeres víctimas. Pero indudablemente si queremos ir a la raíz habrá que trabajar en prevención y sensibilización por una sociedad más igualitaria.

Como decía, señorías, la desigualdad de género es la base de la violencia contra las mujeres y, por tanto, la lucha efectiva contra esta violencia se encuentra estrechamente vinculada al cambio de valores de la sociedad, y solo a través de esta transformación se eliminará y se resolverá de forma adecuada y permanente. No lo digo yo, señorías, no lo dice esta humilde senadora. La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, así ha sido reconocido por todos los foros internacionales de tutela de los derechos humanos, de esos que también hablábamos anteriormente, entre los más recientes el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, machista, de género…, pero repito: no nos perdamos en la semántica. Por tanto, habrá que trabajar en la igualdad, por tener una sociedad más igualitaria. Aun sabiendo que los resultados se producirán a largo plazo, hay que trabajar desde ya y de una manera permanente, sostenida en el tiempo y acordada.

Permítanme un matiz de discrepancia con lo presentado, más allá de que, repito, mantenemos nuestra posición. Como he dicho al comienzo, mi grupo mantendrá hasta el final su intención de voto favorable a esta moción. Debemos ir todos a una a la hora de abordar esta lacra, y no lo digo hoy y aquí en este momento, lo he dicho en todas las intervenciones que en referencia a este tema he manifestado. Dejemos nuestras diferencias y vayamos a una, porque se lo merecen ellas y todos los demás. Pero por ello, repito, no voy a dejar de hacer mención a alguna de las discrepancias.

Se habla de abordar conjuntamente medidas contra la violencia de género y por la igualdad. ¿Cómo, cuando se ha desprovisto a diputaciones y ayuntamientos de las competencias para trabajar en favor de una sociedad más igualitaria? Se nos hace complejo. Euskadi es una comunidad autónoma en la que todos los niveles administrativos siguen manteniendo las competencias en la inversión en materia de igualdad tras la aprobación de la Ley de racionalización del gasto y gracias a una cláusula que se introdujo en el trámite parlamentario aceptando una propuesta del Grupo Vasco, y seguimos trabajando en esta línea. Entendemos que para promover este pacto es necesario que instituciones como las diputaciones y los ayuntamientos, las más cercanas a ellas —son la primera ventanilla que tiene una mujer cuando tiene semejante problemón—, tengan la competencia para llevar a cabo ese trabajo. Por tanto, es clave el restablecimiento de dichas competencias y el trabajo coordinado interinstitucional, pero respetando la autonomía de las comunidades autónomas, señorías.

Si cuestiones como la educación o la sanidad hay que abordarlas de manera conjunta, en el tratamiento de este tema es imprescindible el acuerdo, el consenso. Después de escuchar algunas intervenciones, creo, de verdad, que hay palabras que deberían escribirse siempre con mayúsculas: amigo, amistad, y también acuerdo, porque a veces se habla tanto de determinadas palabras que se pierde el verdadero valor que tienen. Desde el acuerdo, porque estamos ante un grave problema, respondamos con responsabilidad al cargo que tenemos cada uno de nosotros y a quienes representamos. Porque, señorías, son víctimas, ellas y todos los que están alrededor; son personas con ojos y cara, con vidas, y cada una de ellas tenía un proyecto de vida detrás.

Y me van a permitir una reflexión final, personal. Después de convivir muchos años con el horror del terrorismo en Euskadi, hoy en día estamos trazando el camino para poder recuperar esa convivencia y esa paz —y hemos empleado muchas, muchas horas y energías, y bienvenidas sean todas ellas— al abordar esta cuestión y cada vez que en este debate se ha vuelto a mencionar el tema de las víctimas me vienen a la cabeza —ayer lo citó la senadora Almiñana— las 1013 mujeres muertas desde 1999 hasta 2015, es decir, en dieciséis años. A ese dato hay que sumar los huérfanos que, como muy bien se ha mencionado aquí, son víctimas directas; todos esos menores, todas sus familias, todos sus amigos y todo su entorno. Por lo tanto, aprendamos de las experiencias vividas y evitemos que dentro de unos años sigamos lamentándonos de todas estas víctimas. Hagamos un ejercicio de humildad, abandonemos nuestros protagonismos, nuestras fotos, nuestra demagogia, aquello del yo más que el otro. Dejemos por un momento todo eso y aparquemos nuestras diferencias, nuestros deseos partidistas, eso de sacar el más mínimo rendimiento político; ni año electoral, ni nada, señorías, que esto es mucho mayor. Esta violencia es importantísima, independientemente de cómo la denominemos. Hablamos de estas personas y de sus entornos. Estamos ante vidas, por favor, no lo olvidemos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Senyories, un home intenta estrangular la seva parella a Manises. La víctima ha estat traslladada a l’Hospital de La Fe a València amb una fractura de crani. La darrera hora diu que ha entrat en coma. Això va passar ahir, dimarts 1 de setembre de 2015. El telèfon de la violència de gènere, el 016, rep 200 trucades al dia, també avui les rebrà, i sabem que avui es posaran aproximadament 300 denúncies de violència de gènere. Darrere de cada assassinat, de cada agressió, repeteixo, darrere de cadascun d’ells fracassem tots. Per tant, hem de pensar, consensuar i impulsar polítiques que lluitin per eliminar aquesta violència que els homes exerceixen contra les dones només pel fet de ser dones.

Un estudi realitzat per matemàtics de la Universitat Politècnica de València conclou que l’any 2017, d’aquí a dos anys, hi haurà tres milions d’homes entre 16 i 74 anys que hauran agredit físicament la seva parella al nostre país. S’adonen del que acabo de dir? Tres milions d’homes del nostre país, amics, coneguts, la gent que ens envolta, hauran agredit físicament alguna vegada a la seva vida una dona. Altres dades molt importants, com la macroenquesta de 2015 sobre violència de gènere, que ha fet el Ministeri, ens explica moltes dades —els recomano que la llegeixin—



, té 23 pàgines i és molt clarificadora del que passa al nostre país. Són dades del Ministeri. El 8 % de les víctimes que no s’atreveixen a anar a la policia o als jutges a denunciar, saben per què no ho fan aquest 8 %? Perquè es pensen que no les creuran, que no es creuran el que els expliquin. Hi ha un 21 % de dones que no hi van perquè els fa vergonya el que els està passant. Hi ha un 10 % que se sent culpable, es pensen que és culpa seva el que estan vivint. Aquesta macroenquesta de la qual els parlava té informacions molt rellevants, com per exemple que al llarg de la vida, al nostre país, a Espanya, hi ha un 12,5 % de les dones que hauran patit violència de gènere. També que el principal motiu per retirar una denúncia és que ell li va prometre que no tornaria a passar més. I es constata que l’augment de la violència de gènere entre els joves és una realitat.

Totes aquestes dades indiquen que tenim un problema, com a societat, i que aquest problema, deixin-me que ho digui, crec que és un problema d’Estat. Aquesta moció ens proposa fer un pacte, un acord, uns mínims per treballar en la mateixa línia a les forces polítiques representades en aquesta cambra. Al meu entendre, és una proposta que no és de màxim. El redactat hauria permès aprovar-la per consens, però, com és costum, el grup majoritari de la cambra ha decidit que no donarà suport a aquesta moció. Tornem a ser al cap del carrer, perquè aquesta moció ens proposa principalment que ens comprometem amb la igualtat entre homes i dones. El que vol és elevar la lluita contra la violència de gènere a un problema de tots.

Gracias, presidente.

Señorías, un hombre intenta estrangular a su pareja en Manises. La víctima ha sido trasladada al Hospital de La Fe, en Valencia, con una fractura de cráneo. La última hora nos dice que ha entrado en coma. Esto sucedió ayer, martes, 1 de septiembre de 2015. El teléfono de la violencia de género, el 016, recibe doscientas llamadas al día, también hoy va a recibir llamadas, y sabemos que hoy van a ponerse aproximadamente trescientas denuncias de violencia de género. Detrás de cada asesinato, de cada agresión —insisto—, detrás de cada uno fracasamos todos. Por lo tanto, debemos pensar, consensuar e impulsar políticas para eliminar esta violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres tan solo por el hecho de ser mujeres.

Un estudio realizado por matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia concluye que en el año 2017, es decir, dentro de dos años, va a haber 3 millones de hombres de entre 16 y 74 años que habrán agredido físicamente a su pareja en nuestro país. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decirles? 3 millones de hombres de nuestro país, amigos, conocidos, la gente que nos rodea, habrán agredido físicamente a una mujer alguna vez en su vida. Otros datos muy importantes los encontramos en la macroencuesta de 2015 sobre violencia de género, realizada por el ministerio. Esta macroencuesta de veintitrés páginas —les recomiendo que se la lean— nos arroja muchos datos y aclara muy bien todo lo que sucede en nuestro país, y repito que son datos del ministerio. Un 8 % de las víctimas no se atreven a ir a la policía o a los juzgados para denunciar, ¿y saben ustedes por qué? Porque piensan que no las van a creer, que no van a creer lo que explicarán. Un 21 % de las mujeres no van porque les da vergüenza lo que les sucede, y un 10 % se sienten culpables y creen que es culpa suya lo que está viviendo. Esta macroencuesta de la que les estoy hablando contiene información muy relevante. Por ejemplo, a lo largo de la vida en nuestro país, en España, un 12,5 % de las mujeres habrán sufrido violencia de género. El principal motivo para retirar la denuncia es que él les prometió que no volvería a ocurrir. Y se constata que el aumento de la violencia de género entre los jóvenes es una realidad.

Todos estos datos indican que como sociedad tenemos un problema, y este problema —déjenme que se lo diga— es de Estado. Esta moción nos propone realizar un pacto, un acuerdo con unos mínimos para trabajar en la misma línea entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara. A mi entender, se trata de una propuesta que no es de máximos, sino de una propuesta cuyo redactado hubiera permitido aprobarla por consenso, pero, como es costumbre, el grupo mayoritario de la Cámara, por lo que han dicho, ha decidido que no va a dar su respaldo a esta moción. Con lo cual, volvemos a estar una vez más en las mismas, porque esta moción propone, principalmente, que nos comprometamos con la igualdad entre mujeres y hombres. Lo que pretende es elevar la lucha contra la violencia de género para que sea un problema de todos, absolutamente de todos.

Pero en lugar de presentar una enmienda transaccional, que hubiera permitido al grupo que presenta la moción llegar a un acuerdo, ustedes han presentado una hoja de ruta de continuidad; y digo continuidad porque utilizan verbos como seguir trabajando o continuar mejorando, pero también lo es de publicidad, que es lo que últimamente hacen Esa es la única explicación que encuentro al redactado de la enmienda que anteriormente ha comentado la senadora socialista. Dice exactamente: continuar en la senda del crecimiento en las partidas presupuestarias destinadas a la violencia de género. Supongo que se trata de una broma porque, les guste o no, ustedes han recortado un 17 % el presupuesto contra la violencia de género en esta legislatura.

Señorías, este no es un tema fácil. Claro que no lo es, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, nuestra realidad, las canciones que nos rodean, las películas, la publicidad, los patrones, los roles, las organizaciones en las que trabajamos, etcétera, absolutamente todo lo que nos rodea en nuestro día a día está impregnado de un machismo, de un mundo construido por los hombres en el que las mujeres han tenido que luchar mucho y muy duro para ganar derechos, para ser visibles y para ser escuchadas. Si no, fíjense en esta paradoja: ¿quiénes han estado tradicionalmente en las cocinas de los hogares? Díganmelo, ¿quiénes? Las mujeres. ¿Quiénes son los chefs más reconocidos mundialmente? ¿A que solo se les ocurren nombres de hombres? Otro ejemplo: los estudios dicen que las mujeres sacan mejores notas en la universidad, y que son más las que estudian. Sin embargo, los científicos, los arquitectos y los abogados más famosos, ¿qué son? Son hombres.

Por tanto, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra sociedad y tenemos que cambiar muchísimas cosas para poder avanzar. ¿De verdad consideran que estos ejemplos que he puesto son casualidades? No lo son, y ustedes lo saben perfectamente. Vivimos en un mundo construido por hombres, en una sociedad impregnada de machismo, más o menos sofisticado, pero machismo al fin y al cabo. Y los asesinatos y la violencia de género son el trágico final de una serie de comportamientos en los que el hombre se considera superior a la mujer. Para cambiarlo, hay que ir a la raíz del problema. Hace falta invertir en educación, en prevención y en la atención, también. Esto es básicamente lo que nos propone hoy el Grupo Socialista en esta moción.

Señorías, para darle la vuelta a esto definitivamente, debemos poner recursos económicos, debemos darnos impulso político y debemos hacer una apuesta clara por la igualdad entre hombres y mujeres. Solo así conseguiremos acabar con la violencia machista.

Mientras preparaba la intervención he recordado que hace un año, aproximadamente, en una intervención en Naciones Unidas, la actriz británica Emma Watson hablaba sobre igualdades, y ese discurso se convirtió en trending topic. Terminó el discurso con una frase muy bonita que nos permite reflexionar a todos. La frase era simplemente: If not now, when? If not me, who?, que sería: Si no es ahora, ¿cuándo? Si no lo hago yo, ¿quién?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Senyories, en el que portem d’any, 26 dones han perdut la seva vida i 24 nens i nenes han perdut les seves mares. Són les víctimes del grau màxim de la desigualtat, que és la violència contra les dones. Per això, i com és habitual des del nostre grup, donarem el nostre suport a totes les iniciatives destinades a lluitar i a acabar amb aquesta xacra social. No hi ha dubte que és necessari actuar, i actuar amb urgència i, tant des de Convergència com des d’Unió, actuarem impulsant iniciatives i donant suport a totes aquelles que es presentin i suposin un avenç en la lluita contra aquesta xacra social que és la violència de gènere, i en la lluita contra la mort de més dones, dones que moren pel simple fet de ser dones.

És cert que existeix un consens en la necessitat de lluitar contra la violència contra les dones, però potser no resulti tan clar el com lluitar contra aquesta violència. Abans de començar a treballar, hauríem de preguntar-nos què és el que perseguim. És la violència de gènere un obstacle per a la igualtat o és la manca d’igualtat el motiu de la violència? Una altra pregunta: hem de seguir focalitzant esforços en polítiques socials d’igualtat o, a més, hauríem d’abordar polítiques d’igualtat en majúscules? En la nostra opinió, sens dubte, la desigualtat i la discriminació són la causa de la violència de gènere i hem de fer polítiques d’igualtat, no només d’assistencialisme i no només de legislació punitiva. Ens calen mesures i accions concretes per aconseguir que la igualtat estigui instal·lada en la mentalitat de la nostra societat. Ens cal un millor tractament de la igualtat i de l’enfocament de la violència de gènere als mitjans de comunicació. Cal incrementar la formació dels operadors jurídics especialitzats en violència de gènere. Cal que, a part de la resposta penal contra l’agressor, aquest pugui ser tractat de forma realment eficient perquè no reincideixi. Cal molta reflexió i calen moltes mesures, algunes de les quals ja s’adopten, però mal enfocades. És imprescindible, primerament, analitzar les dues lleis orgàniques que tenim en vigor: la Llei d’igualtat i la Llei de violència de gènere. Sense l’anàlisi d’aquestes lleis, sense saber què és el que funciona i el que no funciona, difícilment podrem abordar el problema i donar-hi solució. És important tenir en compte que des del 2004, des de l’aprovació de la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, hi ha hagut anys en què s’ha arribat a la inacceptable i escabrosa xifra de 76 dones mortes, concretament l’any 2008. És una realitat que ens ha anat colpejant des de l’aprovació de la llei durant 10 anys i mai ha baixat de 50 el nombre de víctimes, de dones mortes, per no parlar de les que pateixen violència econòmica o psicològica i que no la denuncien, ja que sovint moltes d’elles ni són conscients que l’estan patint.

Des de Convergència i des d’Unió volem estar a les meses de treball, als pactes d’estat i en tot allò que es proposi en aquesta qüestió per vetllar per aquesta competència i per conèixer què és el que l’Estat espanyol està fent per donar suport a les polítiques que aquells que són competents fan al seu territori i per evitar perdre dotacions econòmiques. No deixa de ser curiós —i d’aquí la importància que li donem a conèixer el balanç d’aquestes dues lleis perquè, al nostre parer, això mereixeria un replantejament de com abordem la qüestió global— que a l’Estat s’aprovés la Llei orgànica contra la violència de gènere el 2004 i el 2007 la Llei d’igualtat. Tenint en compte que per a nosaltres la manca d’igualtat és la base de la violència. Hi ha com a mínim un anacronisme i ens agradaria que reviséssim aquestes lleis per trobar la manera de reenfocar aquesta qüestió.

També hi ha una disfunció, al nostre entendre, en la mateixa llei i això ens porta a sol·licitar un balanç i la modificació de tot allò que l’esmentat balanç ens indiqui que no ha funcionat com s’esperava o que no s’han complert les expectatives. Per exemple, l’exposició de motius de la Llei de violència de gènere, diu, grosso modo, que la violència és un obstacle per assolir els objectius d’igualtat i desenvolupament i viola el gaudi dels drets fonamentals. L’article 1, en canvi, diu que aquesta llei té per objecte actuar contra la violència com a manifestació de la discriminació, de la desigualtat i les relacions de poder. És a dir, l’exposició de motius i l’objecte de la llei no van a l’una i considerem que aquest punt hauria de ser objecte de revisió. Considerem que és bàsic tenir una legislació avaluada en el context i mirant la realitat; veure quines mesures cal adoptar amb la finalitat d’assolir la igualtat efectiva que permeti eradicar la violència de gènere i, per suposat, l’orientació pressupostària.

No tot acaba amb polítiques econòmiques si prèviament no hem fet una avaluació de a què destinem aquestes polítiques. De fet, considerem que fins i tot es tracta d’un imperatiu legal analitzar com ens gastem els diners i per què no ha funcionat en 10 anys l’actual Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que sens dubte 10 anys després necessita ser revisada. L’objectiu final, en qualsevol cas, ha de ser eradicar les morts i l’altre gran objectiu de l’Estat hauria de ser el d’aconseguir la plena igualtat.

D’altra banda, és fonamental seguir implantant mesures que permetin aconseguir una millora de la coordinació institucional per a assolir una major eficàcia en la lluita contra la violència de gènere, amb especial incidència en la prevenció i l’impuls de les denúncies. Entre aquestes mesures és imprescindible garantir a les comunitats autònomes i als ajuntaments els recursos necessaris per portar a terme campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i els comportaments sexistes i poder desenvolupar polítiques de proximitat per a la lluita contra la violència de gènere i de la protecció a les víctimes. Ho han dit molts portaveus que m’han precedit.

Només una política contra la violència de gènere realitzada des de les administracions més properes a la víctima pot tenir èxit, per tant, l’aprovació de la LRSAL, per exemple, ha anat en sentit contrari. Són els ajuntaments, principalment, els que han de desenvolupar les polítiques, tant de prevenció com de protecció de les víctimes, i no enviar-les a quilòmetres lluny per rebre aquesta formació, aquesta protecció.

D’altra banda, si observem els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 del govern, veiem que la partida destinada a programes d’assistència social per a dones víctimes de violència de gènere i programes per a la implementació de plans personalitzats només augmenta d’un milió d’euros. Considerem que són xifres insuficients, sobretot quan aquest govern, al llarg de la legislatura no li ha concedit cap importància a la Comissió d’Igualtat i no ha desenvolupat cap mesura efectiva per garantir aquesta igualtat entre dones i homes: ni lluita contra l’escletxa salarial, ni contra la feminització de la pobresa, ni el mínim gest en relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar o la implicació dels pares en la cura dels fills, més aviat el contrari, com a mínim en aquest darrer punt, ja que l’ampliació de dues setmanes dels permisos de paternitat torna a ajornar-se en la disposició addicional sisena dels pressupostos generals de l’Estat de 2016 a l’1 de gener de 2017.

Considerem que les polítiques d’igualtat d’aquest govern han brillat per la seva absència i, sense igualtat real i efectiva, no acabarem amb la violència de gènere. És cert que a data d’avui la xifra de víctimes és inferior a la d’anys anteriors, però no per això hem de ni podem baixar la guàrdia. Per tant, donarem suport a la moció.

Gracias, señor presidente. (Aplaudiments.)

Señorías, en lo que llevamos de año 26 mujeres han perdido la vida y 24 niños y niñas han perdido a sus madres. Son las víctimas del grado máximo de la desigualdad: la violencia contra las mujeres. Por ello, como es habitual, desde nuestro grupo vamos a dar respaldo a todas las iniciativas destinadas a luchar y a terminar con esta lacra social. No hay duda de que es necesario actuar y hacerlo con urgencia. Tanto desde Convergència como desde Unió actuaremos impulsando iniciativas y respaldando todas las que se presenten y supongan un adelanto en la lucha contra esta lacra social que es la violencia de género, en la lucha contra la muerte de más mujeres que mueren por el mero hecho de serlo.

Es cierto que existe un consenso en cuanto a la necesidad de luchar contra la violencia contra las mujeres, pero quizá no resulte tan claro cómo hacerlo. Antes de empezar a trabajar deberíamos preguntarnos qué estamos persiguiendo. ¿Es la violencia de género un obstáculo para la igualdad o la falta de igualdad es el motivo de la violencia? Otra pregunta: ¿debemos seguir focalizando esfuerzos en políticas sociales de igualdad o, además, deberíamos abordar políticas de igualdad con mayúsculas? En nuestra opinión, sin duda, la desigualdad y la discriminación son la causa de la violencia de género y debemos realizar políticas de igualdad, no tan solo de asistencialismo ni de legislación punitiva. Necesitamos medidas y acciones concretas para lograr que la igualdad esté instalada en la mentalidad de nuestra sociedad, necesitamos un mejor tratamiento de la igualdad y del enfoque de la violencia de género en los medios de comunicación. Debemos incrementar la formación de los operadores jurídicos especializados en violencia de género para que, además de la respuesta penal contra el agresor, este pueda ser tratado de forma realmente eficiente para que no reincida. Necesitamos mucha reflexión y muchas medidas, algunas de las cuales ya se están adoptando, pero están mal enfocadas. Es imprescindible, ante todo, analizar las dos leyes orgánicas que tenemos en vigor: la Ley de igualdad y la Ley de violencia de género. Sin analizar estas leyes, sin saber qué funciona y qué no funciona, difícilmente vamos a poder abordar el problema y darle solución. Es importante tener en cuenta que desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, algunos años, concretamente en 2008, se ha alcanzado la inaceptable y escabrosa cifra de 76 mujeres muertas. Esta es una realidad que nos ha golpeado desde la aprobación de la ley durante estos diez años y nunca ha bajado de 50 el número de víctimas, de mujeres muertas, por no hablar de las que padecen violencia económica o psicológica y no la denuncian, ya que muchas de estas mujeres ni siquiera son conscientes de que la están padeciendo.

En Convergència i Unió queremos estar en las mesas de trabajo, en los pactos de Estado y en todo lo que se proponga en esta cuestión para velar por esta competencia y para conocer qué está haciendo el Estado español para respaldar las políticas que aquellos que son competentes están realizando efectivamente en su territorio, y para evitar perder dotaciones económicas. No deja de ser curioso —de ahí la importancia que le damos a conocer el balance de estas dos leyes porque, en nuestra opinión, esto merecería un replanteamiento sobre cómo abordamos la cuestión global— que en el Estado se aprobara la Ley Orgánica contra la violencia de género en 2004 y la Ley de igualdad en 2007. Teniendo en cuenta que para nosotros la falta de igualdad es la base de la violencia, existe, como mínimo, un anacronismo. Nos gustaría que se revisaran estas leyes para encontrar la forma de reenfocar esta cuestión.

En nuestra opinión, también existe una disfunción en la misma ley, y esto nos lleva a solicitar un balance y una modificación de todo lo que el mencionado balance nos indique que no ha funcionado como se esperaba o que no se han cumplido las expectativas. Por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley de violencia de género afirma, grosso modo, que la violencia es un obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad y desarrollo y el disfrute de los derechos fundamentales. El artículo 1 de la misma ley, sin embargo, dice que tiene por objeto actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder, es decir, la exposición de motivos y el objeto de la ley no van a una, por lo que consideramos que este punto debería ser objeto de revisión. Pensamos que es básico tener una legislación evaluada en el contexto y, observando la realidad, ver qué medidas deben adoptarse con la finalidad de alcanzar la igualdad efectiva que permita erradicar la violencia de género y, por supuesto, también la orientación presupuestaria.

No todo se limita a políticas económicas y presupuestarias si antes no hemos realizado una evaluación de a qué vamos a destinar esas políticas. De hecho, pensamos que incluso se trata de un imperativo legal analizar cómo nos gastamos nuestro dinero y por qué no ha funcionado en estos diez años la actual Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género que, sin duda, diez años después necesita ser revisada. Sin embargo, en cualquier caso, el objetivo final debe ser erradicar las muertes, y el otro gran objetivo del Estado es lograr la plena igualdad.

Por otro lado, es fundamental seguir implantando medidas que permitan lograr una mejora de la coordinación institucional para lograr una mayor eficacia en la lucha contra la violencia de género, incidiendo especialmente en la prevención y el impulso de las denuncias. Entre estas medidas es imprescindible garantizar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos los recursos necesarios para llevar a cabo campañas de prevención y sensibilización contra la violencia de género y los comportamientos sexistas y poder desarrollar políticas de proximidad para la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas. Lo han afirmado muchos portavoces que me han precedido.

Tan solo una política contra la violencia de género efectuada desde las administraciones más cercanas a la víctima puede tener éxito. Por tanto, la aprobación de la LRSAL, por ejemplo, ha ido en sentido contrario: son los ayuntamientos los que principalmente deben desarrollar las políticas tanto de prevención como de protección a las víctimas para no enviarlas a muchos kilómetros para realizar esa prevención y protección.

Por otro lado, si observamos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, vemos que la partida destinada a programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y a programas para la implantación de planes personalizados tan solo aumenta un millón de euros. Consideramos que es una cifra insuficiente, sobre todo cuando este Gobierno, a lo largo de la legislatura, no ha concedido ninguna importancia a la Comisión de Igualdad y no ha desarrollado ninguna medida efectiva para garantizar que esta igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, ni ha luchado contra la brecha salarial y la feminización de la pobreza, ni ha tenido el más mínimo gesto en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar o la implicación de los padres en el cuidado de los hijos, sino más bien todo lo contrario, al menos en este último punto, ya que la ampliación de dos semanas de los permisos de paternidad vuelve a aplazarse en la disposición adicional sexta de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 al 1 de enero de 2017.

Consideramos que las políticas de igualdad de este Gobierno han brillado por su ausencia, y sin una igualdad real y efectiva no vamos a poner coto a la violencia de género. Es verdad que hoy la cifra de víctimas es inferior a la de años anteriores, pero no por eso debemos ni podemos bajar la guardia. Por tanto, vamos a apoyar la moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a la moción de casi —digo casi— todos los grupos políticos representados en esta Cámara.

Comparto con sus señorías, sobre todo con las mujeres que han intervenido, gran parte de las reivindicaciones, sobre todo la que hacía la compañera del Grupo Parlamentario Vasco en la que mencionaba algo que es imprescindible: el acuerdo. Decía su señoría: Cómo lo llamemos da igual, lo imprescindible es el acuerdo. Eso es lo importante aquí, estar de acuerdo en algo que parece que nos une a casi todas y todos, porque no a todo el mundo.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, de verdad que no era tan difícil sumarse a esto; no era difícil sumarse a este gran acuerdo. Lo presentamos con la firme creencia de que, como ya hicimos hace diez años, este acuerdo podría unirnos frente al enemigo común: la violencia de género. Sin embargo, parece ser —al menos lo estamos presenciando— que no ha sido así. El problema es que ustedes llevan demasiado tiempo sin priorizar en su agenda política la violencia ejercida hacia las mujeres, y los números, tanto en estos presupuestos como en los anteriores, hablan por sí solos. Es cierto que el proyecto prevé para el programa presupuestario relativo a actuaciones de prevención integral de violencia de género un incremento de 1,5 millones de euros de 2015 a 2016, pero también es cierto que el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desciende un millón de euros; es decir, es un juego de cifras que sonroja: lo que quito en un programa lo pongo en otro, y justo lo hacemos con los programas de igualdad y violencia de género.

El Gobierno de Mariano Rajoy, su Gobierno, a través de los presupuestos que ha presentado en las Cámaras, ha reducido ambos programas, en su conjunto, cerca de un 30 % desde el año 2011; repito, un 30 %. Es un sinsentido. Aquí tenemos una declaración de intenciones: es una prioridad para el Partido Popular actuar contra la violencia de género, pero luego no nos comprometemos presupuestariamente. No tiene sentido. Para garantizar la intención de comprometerse con un asunto no hay mejor muestra que comprometerse presupuestariamente. Algo no funciona si no tiene una partida presupuestaria detrás. Señorías, es sencillo: el compromiso contra la violencia de género debe ser también presupuestario. No basta con condenar la violencia de género, es necesario actuar, y ustedes han actuado reduciendo los recursos al alcance de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Y cómo lo han hecho? Primero, con la reforma de la Administración local, que aleja a las mujeres de su ayuntamiento, de su servicio más cercano, que constituye, como decía la senadora de Coalición Canaria, la primera puerta que tienen a la hora de encontrarse con este grave problema. Han hecho esta reforma de la Administración local y han alejado a las mujeres, como decía, de su administración más cercana. Señoría, los ayuntamientos tienen mucho que decir en materia de violencia porque son la administración primaria, la más cercana a las mujeres. No obstaculicen los procesos cuando no es necesario. Los centros de información municipal a la mujer cumplen con una función social importantísima para la igualdad de oportunidades;



no les quiten competencias. Los centros de información municipal a la mujer cumplen con una función histórica desde hace mucho tiempo dando una respuesta muy eficaz a la violencia de género, y los profesionales que se encuentran en los centros de la mujer tienen una intervención necesaria e imprescindible respecto a esta violencia.

A ustedes, los que ahora se preocupan por la igualdad, quiero pedirles una cosa, y es que no se preocupen, sino que se ocupen. Ocúpense, que es lo importante. No nos vale con decir: nos preocupamos. Hay que ocuparse. Actúen, pero sumando, no restando, como hicieron eliminando la asignatura educación para la ciudadanía, que era una garantía de educación en igualdad de oportunidades, en igualdad de género. (Aplausos). Y que implantó el Gobierno socialista. La educación en valores igualitarios no puede permanecer ajena al currículo educativo, y hoy por hoy, sin esta asignatura, todavía permanece ajena. Sumen, señorías, no resten.

Les voy a contar que existe otra forma de luchar contra la violencia de género, y como yo soy andaluza voy a poner el ejemplo de mi comunidad autónoma. (Rumores). Se lo podemos contar desde Andalucía, sí. En materia de violencia de género y de igualdad podemos hablar con toda la tranquilidad del mundo porque en Andalucía se hacen unas políticas muy serias, con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía y con una intervención eficaz. En Andalucía lo que hacemos es sumar, como decía, no restar; sumamos incorporando en los planes, estrategias y actuaciones a mujeres víctimas de violencia y a mujeres víctimas de prostitución o acoso laboral, tratándolas ya como víctimas de violencia de género; es decir, consideramos también a las víctimas de la prostitución y del acoso laboral como víctimas de violencia de género. Sumamos, no restamos.

El otro día escuché decir al ministro Alonso que no iban a participar de este gran acuerdo, de este pacto de Estado. ¿No les parece un asunto suficientemente importante para que se haga un pacto de Estado o un acuerdo? ¿Qué es lo que necesitan para que hagan un gran acuerdo si no es la violencia de género? ¡Cuántas contradicciones, señoría! De verdad, encuentro muchas contradicciones en su discurso.

Decía también en otra intervención otra compañera que durante esta legislatura no había habido ni una comparecencia del ministro —antes ministra— de Igualdad en la Comisión de Igualdad del Senado. Me parece muy preocupante, porque luego —esto también lo he leído recientemente— los medios nos informan de las declaraciones del ministro en las que dice que va a poner en primera línea de la agenda política la violencia de género. Pues si la forma de demostrar que su primera línea de la agenda política es la violencia de género es no comparecer en toda la legislatura en una Comisión de Igualdad, me parece un ejemplo de contradicción bastante importante.

En esta legislatura parece que ustedes van a batir los récords de leyes, acuerdos y otro tipo de iniciativas unidireccionales: consiguen que lo que proponen tengan, en algunas ocasiones, la oposición de casi todos los grupos políticos y sociales. Y también consiguen que todo aquello que se les propone sea acordado por todos menos por ustedes.

Me congratula que el resto de grupos sí vayamos en la misma dirección. He escuchado discursos durante esta mañana que me hacen sentir especialmente bien porque me reafirma en que esto es un asunto de casi todos o casi todas, así que agradezco de verdad la intervención de las compañeras y del compañero en esta Cámara. Como decía, me congratula que el resto de grupos sí vayamos todos en la misma dirección, y les invito a que sigamos trabajando todos a una para erradicar la violencia de género. Basta ya, ni una menos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.

Señora Berja, no podemos aceptar una moción en la que se pide diálogo y acuerdo y automáticamente se nos niega ese diálogo y ni tan siquiera intenta llegar a ningún acuerdo con nosotros, porque no ha querido hablar. Ni han querido ni les ha interesado llegar a una transaccional.

Tanto desde el Grupo Parlamentario Popular como desde el Gobierno siempre hemos buscado el acuerdo, la participación efectiva y la colaboración de todas las instituciones y agentes implicados en la consecución de una sociedad libre de violencia, porque para nosotros, señoría, la lucha contra la violencia de género no tiene ideología, sino que es una cuestión de Estado. Y este es el espíritu que ha precedido siempre todas las políticas del Partido Popular desde los primeros planes específicos de los años noventa hasta la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género del año 2004, que ustedes saben que nosotros aprobamos y por unanimidad. Así es como hemos impulsado también las medidas adoptadas en estos años, como la Estrategia integral para la erradicación de la violencia de género o el Plan estratégico de igualdad de oportunidades que, por cierto, señorías, quiero recordarles que está dotado con más de 3000 millones de euros, el mayor compromiso presupuestario en materia de igualdad.

Como les decía, en primer lugar se aprobó la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, 2013-2016, fruto del trabajo conjunto con los departamentos ministeriales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias, así como con organizaciones especializadas representadas en el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer. El documento se elaboró con las aportaciones de todos estos agentes, o sea, con acuerdo, con pacto, señoría. Además, desde el inicio de la legislatura el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer es un órgano en el que se articula una fluida interlocución en materia de violencia con asociaciones especializadas, con personas expertas, con departamentos ministeriales, con comunidades autónomas, con entidades locales y con el Consejo General del Poder Judicial. Este observatorio se ha reunido con gran asiduidad y se ha llegado a propuestas y reflexiones acordadas en estos plenos, tanto del observatorio como de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que han servido para mejorar los mecanismos de asistencia, prevención, protección y seguridad de las mujeres, de ellas y de sus hijos e hijas frente a esta lacra.

Estamos trabajando como se tiene que hacer: adoptando medidas que ataquen la violencia de género desde todos los ámbitos, y para eso se necesita el apoyo de todo el mundo, y con él se está contando. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Puede decir que nosotros no hablamos de acuerdos ni de pactos, pero el Gobierno está promoviendo un gran acuerdo social en el que están todos los agentes sociales, los económicos, sindicales y medios de comunicación, puesto que esto es un reto de toda la sociedad, y todos se están involucrando. Los hechos lo demuestran y los compromisos también. Todas las comunidades autónomas, la escala judicial, la policial, la educativa, la sanitaria, todos contra la violencia de género; todos, parecer ser, menos ustedes, que quieren utilizar la violencia machista con un interés partidista. Y eso es lo que hoy han querido hacer, no han querido llegar a ningún acuerdo y han priorizado sus intereses de partido antes que los intereses de las mujeres maltratadas.

En la pasada legislatura apoyamos todas y cada una de las medidas que ustedes presentaron, y nunca hicimos de este doloroso asunto un objetivo partidista. Siempre hemos mantenido una actitud de diálogo y apoyo con el resto de fuerzas políticas. Sin embargo, ahora que están en la oposición están intentando convertir la violencia de género en un arma electoral. Yo les pediría que no lo hicieran. Desde luego, nosotros no hemos cambiado y no vamos a cambiar. Seguimos enviando el contundente mensaje de que estamos todos unidos contra la violencia de género. Desde el principio de la legislatura hemos ofrecido un acuerdo en multitud de ocasiones, pero ustedes, lamentablemente, lo han roto siempre, como han hecho hoy. A pesar de los progresos que han supuesto las leyes de 2003 y 2004 y los planes adoptados por los diferentes Gobiernos, que han convertido a España en un país pionero en esta cuestión, al inicio de esta legislatura había mucho margen de mejora; de hecho, 2008 y 2010 fueron los años en que hubo más víctimas, no existía un plan de acción integral, era necesaria mayor coordinación y eficacia, el número de denuncias estaba cayendo desde el año 2009 y mientras a los menores no se les consideraba víctimas de género porque ustedes se negaron a ello. Actualmente, por primera vez, son también víctimas de violencia de género.

En esta legislatura se ha avanzado mucho, y los resultados así lo indican. Por ejemplo, los menores ya son visibles, el número de mujeres asesinadas ha disminuido, el número de denuncias ha aumentado, el número de condenas a maltratadores también ha aumentado, así como la conciencia social. Queda mucho hacer, pero es muy importante el camino ya realizado.

¿Es suficiente? Pues no, señorías, no es suficiente. Para el Partido Popular nada es suficiente mientras una sola mujer viva bajo el miedo y la falta de libertad que supone la violencia de género, y por eso vamos a seguir trabajando. La hoja de ruta seguida por el Gobierno en la lucha contra la violencia tiene varios objetivos: la prevención, la denuncia, la atención, la protección y el empleo.

Decían ustedes que no tenemos prioridades; pues bien, una de nuestras prioridades, cómo no, ha sido la denuncia y que ningún indicio de maltrato, sea el que sea, quede impune. No podemos tolerar que ninguna mujer deje de denunciar por ningún motivo, tampoco por el económico, porque como ustedes saben, antes no tenían derecho a la justicia gratuita y hoy una mujer víctima de violencia de género sí lo tiene. Además, la reforma del Código Penal ha introducido nuevos delitos y extiende la libertad vigilada a los casos de violencia de género.

El Gobierno trabaja también en fomentar el acceso de las víctimas al mercado laboral como paso indispensable para mejorar su independencia y su situación económica. Los contratos bonificados no han dejado de aumentar en toda la legislatura, concretamente en un 56 %, debido a que la implicación de la sociedad cada vez es mayor. De hecho, la alianza de empresas por una sociedad libre de violencia de género agrupa ya a 89 empresas.

Las medidas adoptadas sitúan a España en mejores condiciones que la media europea. En estos cuatro últimos años se han producido nuevos avances y sentado las bases del futuro más inmediato, gracias a la hoja de ruta realista y consensuada con toda la sociedad. Asimismo —senadora Berja, creo que no le debe estar interesando lo más mínimo de lo que estoy hablando, porque ni se está enterando de que me estoy dirigiendo a usted—, la macroencuesta de violencia contra la mujer, presentada a finales de marzo, ha puesto de manifiesto que el 76,6 % de las mujeres maltratadas salen de la violencia de género frente al 72,4 % del estudio anterior, realizado hace cuatro años.

Desde la oposición nos dicen que se han producido recortes, pero hay que decir que desde el inicio de la legislatura no se ha dejado de realizar ninguna de las actuaciones ni de prestar ninguno de los servicios que a fecha 31 de diciembre de 2011 se venían prestando.

Por lo tanto, se ha gestionado de manera más eficaz de lo que lo hacían ustedes, con un amplio elenco de acciones más diversas y de gran impacto y con mejor aprovechamiento de los recursos. Aunque no le guste oírlo, el diálogo, el consenso y la unidad dan resultados y son nuestra línea de trabajo ante la violencia de género; línea por la que queremos continuar para consolidar los avances conseguidos. Y si no nos quieren acompañar, allá ustedes; nosotros, sin embargo, les seguiremos invitando a hacerlo, porque vamos a seguir haciendo ese camino y no lo vamos a hacer solos, porque nos acompaña toda una sociedad española que participa en este gran acuerdo social contra la lacra de la violencia de género.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 249; a favor, 103; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

El señor presidente da lectura al punto 8.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a autorización 19 tratados y convenios internacionales. Hay varios grupos parlamentarios que han solicitado intervenir en relación con alguno de los tratados, pero, cuando no se haya recibido ningún tipo de solicitud, se podrían autorizar por asentimiento. Los leeré uno a uno y, en aquellos casos en los que se ha solicitado intervención, lógicamente, daré la palabra durante cinco minutos. En el caso de los que no se haya solicitado intervención, someteré el tratado a votación por asentimiento, con el fin de aligerar la tramitación. La votación de los tratados pendientes se llevará a cabo junto a la del primer proyecto de ley que figura en el orden del día: el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar. Se trata de un proyecto sin vetos y, tanto el debate de totalidad como el de las enmiendas, tendrá lugar durante la hora del almuerzo. Por tanto, votaremos aquellos convenios y tratados que haya que someter a votación y el proyecto de ley a partir de las cuatro de la tarde.



CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000176

El señor presidente da lectura a los puntos 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: En este convenio ha solicitado intervenir el senador Espinar, que tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Intervendré desde el escaño.

Nosotros vamos a votar en contra de este tratado porque consideramos que bajo el objetivo que fija su título, prevenir la evasión fiscal, facilita que empresas y particulares fijen su domicilio fiscal en Andorra y detraigan así beneficios a la Hacienda pública española al refugiarse en un paraíso fiscal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.

Con relación a este convenio, querría decir, por una parte, que es un convenio normal que se firma con otros muchos países para evitar la doble imposición y la evasión fiscal y, por otra, que en este caso concreto contamos con una información muy precisa al respecto.

Tuvimos la suerte de que el embajador de España en Andorra la Vella nos visitara en el Senado muy poco después de su toma de posesión y nos explicara que estaban negociando este acuerdo, que era satisfactorio, que cumplía todos los objetivos de España en relación con esta cuestión y que, evidentemente, la evasión fiscal era uno de los más importantes.

Por tanto, lo considero un avance importante y nosotros vamos a votar a favor. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.

¿Algún grupo más desea intervenir al respecto de este convenio? (Denegaciones).

Muchas gracias.



ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000177

El señor presidente da lectura al punto 8.1.2.

El señor PRESIDENTE: Ningún grupo ha solicitado intervenir en el caso de este convenio, con la salvedad de hacerlo para expresar el voto.

Senador Unamunzaga, tiene la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero expresar nuestra abstención en relación con este tratado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Quiero manifestarme en el mismo sentido que el senador Unamunzaga, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Se puede autorizar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda autorizado con esas salvedades.

Señorías, la senadora Cunyat ha utilizado su derecho al voto telemático y ha votado que sí a todos los tratados y convenios. Por tanto, se sumará su voto a las distintas votaciones.



DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM), ADOPTADA EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000178

El señor presidente da lectura al punto 8.1.3.

El señor PRESIDENTE: En este caso ha solicitado intervenir la senadora Lima.

Tiene la palabra, señoría.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero explicar por qué nuestro voto va a ser contrario a la autorización de este tratado internacional.

Como ustedes saben, el presupuesto de la Unión Europea se financia de varias maneras. Por una parte, con contribuciones de los Estados miembros en proporción al PIB; y, por otra, con recursos propios que la Unión Europea obtiene directamente, por ejemplo, mediante una parte del IVA, aranceles y exacciones agrícolas.

La decisión del Consejo de 2013, que se ratifica ahora en el Senado, mantiene elementos esenciales de este sistema que nosotros consideramos que es muy mejorable. En primer lugar, porque la estructura fiscal de la Unión Europea es globalmente regresiva; así, pensamos que sería conveniente una contribución de los Estados miembros basada en el PIB per cápita, y no en el PIB para gravar más a los países con mayor concentración de riqueza.

En segundo lugar, pensamos que se deberían reducir los recursos propios basados en impuestos indirectos, como el IVA, por ser también regresivos. Además, el presupuesto de la Unión Europea es claramente insuficiente para aplicar una política de inversiones y de redistribución efectiva.

Por último, el sistema de recursos propios contempla una serie de exenciones, que creemos que son importantes, para países como el Reino Unido, Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia, que acentúan lo injusto de este sistema.

Por todo esto, votaremos en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, presidente.

Como se verá por la fecha del Convenio, que es de mayo de 2015, aprobado por el Consejo en 2014, se trata de las medidas que ha puesto en marcha la Unión Europea para responder a la crisis económica y con la finalidad de incrementar y hacer más posible la recuperación.

Creo que es un paso positivo en la actual situación de crisis económica en la Unión Europea y, en algunos países, de recesión. Por tanto, nuestro voto va a ser claramente favorable porque creemos que es algo muy positivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000179

El señor presidente da lectura al punto 8.1.4.

El señor PRESIDENTE: Ha solicitado intervenir la senadora Lima.

Tiene la palabra su señoría.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Buenos días de nuevo.

Votaremos en contra de este acuerdo porque entendemos que los tratados bilaterales de inversión son una herramienta injusta, que otorga derechos a inversores y, por otro lado, no les obliga a cumplir políticas sociales, respetar los derechos humanos, ambientales, sociales, de sanidad o de seguridad laboral de los países en los que invierten.

También pensamos que es una discriminación hacia la ciudadanía y los inversores locales, a los que afecta negativamente. Además, estos pequeños inversores y la ciudadanía no pueden acceder a demandarlos ante tribunales internacionales.

Hasta ahora, países latinoamericanos y africanos que han firmado tratados de inversión con países de la Unión Europea han sufrido y enfrentan un creciente impacto social, ambiental y económico debido a varios motivos. Entre ellos, por poner un ejemplo, figura el creciente número de demandas billonarias que las empresas inversoras entablan contra los Estados en tribunales de arbitraje.

El actual sistema de protección de inversores otorga derechos especiales a estos inversores extranjeros —derechos que la ciudadanía de ese país no alcanza en igualdad de condiciones—, por lo que es una gran ventaja frente a los países en los que están invirtiendo. Solo estos pueden eludir los tribunales existentes y demandar o amenazar con demandar directamente a los Estados ante tribunales privados internacionales, lo que conlleva que los Gobiernos deban pagar enormes cantidades de dinero a modo de compensación. Estos derechos de propiedades privadas son excesivos, incluso mayores que los consagrados en las Constituciones nacionales o en el derecho comunitario de la Unión Europea. Por tanto, pensamos que se discrimina a los inversores locales, además de que no podemos tolerar que los intereses de los inversores extranjeros estén por encima de la soberanía nacional de los Estados y, por todo ello, votaremos en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

¿Algún otro grupo desea intervenir? (El señor Chiquillo Barber pide la palabra).

Tiene la palabra su señoría.

El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro apoyo a este tratado; un tratado típico de los que firman la gran mayoría de los países que conforman la comunidad internacional y que no añade otra cuestión a poner en valor que la de la seguridad jurídica de las inversiones que realizan empresas de cualquier país en otros países. Es el típico convenio, tratado o acuerdo internacional que los países democráticos, los países reconocidos en los organismos internacionales firman, repito, para dar seguridad jurídica a esas inversiones de diversos Estados en terceros países.

Por tanto, insisto en manifestar nuestro apoyo a un tratado como los que se firman cada año por centenares entre diversos países de la comunidad internacional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000180

El señor presidente da lectura al punto 8.1.5.

El señor PRESIDENTE: Ningún grupo ha solicitado intervenir. (El señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré piden la palabra).

Tiene la palabra, senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención también en este caso.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Para agilizar el trámite ya anuncio que Esquerra Republicana se abstendrá en todos los tratados y convenios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Unamunzaga Osoro pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

También para agilizar, manifiesto lo mismo que la senadora Capella.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Puede entonces someterse este acuerdo a su aprobación por asentimiento, con la abstención manifestada por los portavoces de Amaiur y de Esquerra Republicana? (Asentimiento).

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Muchas gracias.



TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000181

El señor presidente da lectura al punto 8.1.6.

El señor PRESIDENTE: En relación con este tratado, han solicitado intervenir prácticamente todos los grupos.

Comenzamos, pues, con el Grupo Parlamentario Mixto, en cuyo nombre intervendrán el senador Iglesias y la senadora Mora, que compartirán un turno de seis minutos.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar agilizar lo máximo posible.

Señorías, por supuesto, nos vamos a oponer a este protocolo. El Gobierno del Partido Popular ha mostrado bastante prisa por firmarlo porque, como se sabe, Estados Unidos ha presionado para intentar agilizarlo y evitar así la nueva composición del Congreso tras las elecciones generales.

Este protocolo ha contado para su firma con la docilidad del PP y, para mi dolor, también del PSOE en Andalucía. El artículo 240 del Estatuto de Autonomía facilita que en la negociación pueda participar la Junta de Andalucía, cosa que no ha tenido ningún interés en hacer. Además, no podemos entender por qué el PSOE ha facilitado este acuerdo en el Congreso, a pesar de que no reporta ningún beneficio para Andalucía ni para su gente.

Lo primero que he de señalar es que este convenio viola directamente la pregunta que se hizo en el referéndum de la OTAN del 12 de marzo de 1986, donde a los españoles, mientras que se les preguntaba, se les hacía una afirmación y era que así se procedería a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Esto dice muy poco del respeto que se tiene a los ciudadanos, si ahora se firma un convenio contrario a la pregunta del referéndum.

La ampliación de la base de Morón, al igual que la de Rota, supone un peligro de atentados terroristas, tal y como señalaba la memoria de la Fiscalía General del Estado. Esto convierte a Andalucía en una punta de lanza de políticas militares muy agresivas, cuando el artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía establece como objetivo básico de la comunidad el fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos; es decir, que este protocolo es contrario a nuestro estatuto de autonomía.

Señorías, ¿por qué no hacemos un intento por debatir entre todos los grupos parlamentarios, con sosiego y dando la palabra al pueblo andaluz —al que no se le ha dado—, la posibilidad de dar un uso civil a la base de Morón? Se podría utilizar para labores de ayuda humanitaria y de cooperación internacional, dirigida por la ONU, la Junta de Andalucía, el Estado español y orientada al continente africano. Sería una lanzadera operativa de primer nivel, destinada a desarrollar políticas de salud, alimentación, acceso al agua, promoción de la mujer… Nos parece antidemocrático e inmoral que se intente vender en Andalucía que esto va a tener un beneficio en cuanto a los puestos de trabajo de Morón y Rota cuando la realidad es que tanto en Morón como en Rota lo único que hay es un ERE detrás de otro. La única forma de parar esta sangría laboral es la desmilitarización de la zona.

Nos oponemos a este protocolo porque no se cuenta con el pueblo andaluz y porque además supone un pacto de silencio a favor de las guerras y el militarismo de nuestra tierra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

También quiero expresar mi rechazo a este tercer protocolo de enmienda del convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos; convenio que ya se modificó para incrementar la presencia militar de los Estados Unidos en la base naval de Rota, convertida desde esta modificación en la columna vertebral del escudo antimisiles de la OTAN en Europa. Como sus señorías saben, ya hay desplegados en Rota desde el pasado mes de febrero cuatro destructores con sistemas antimisiles, y a lo largo de este mes de septiembre llegarán más navíos. Ahora se plantea una nueva modificación del convenio para incrementar el número de militares civiles y aeronaves de los Estados Unidos presentes en dicha base. Así, pasarán de 500 militares a 2200, de 75 civiles a 500 y de 21 aeronaves a 36, lo que supone, obviamente, una clara limitación de la soberanía española sobre este territorio.

La senadora Mora hacía referencia a que se ofrece como un aspecto positivo del convenio el incremento de los puestos de trabajo en la base, pero lo cierto es que dentro de la base el derecho laboral español se encuentra sometido a régimen de suspensión, como expresión clara de esta limitación de soberanía.

Por otro lado, este despliegue sitúa a nuestro país como pista de despegue en las operaciones en Libia y en el resto del norte de África; operaciones que a día de hoy, a pesar de venir desarrollándose desde hace más de un año, no han supuesto en ningún caso el debilitamiento de la presencia del Estado Islámico, lo cual debiera de llevar a una reflexión sobre el acierto de la estrategia que se ha venido desarrollando.

Es obvio que la decisión que se tomó en su día de desestabilizar primero Irak y luego Libia por motivos geoestratégicos vinculados al control del petróleo, o para dar impulso a unas primaveras árabes que se agostaron rápidamente con terribles inviernos, como la dictadura impuesta en Egipto, sin que ello signifique ninguna simpatía por mi parte ni por el régimen libio del señor Gadafi ni por el régimen de los Hermanos Musulmanes, que existía antes del golpe de Estado, aunque hay que reconocer que habían sido elegidos democráticamente por los egipcios.

Por lo tanto, afianzar esta estrategia, cediendo nuestro territorio nacional, supone compartir una estrategia militar que, al menos desde Izquierda Unida, no compartimos y, por ello, manifestamos nuestro rechazo a esta modificación del convenio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (El señor Sabaté Borràs pide la palabra). Tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Quiero expresar, con brevedad, el apoyo de los senadores socialistas de la Entesa al protocolo y al convenio de cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos de América. Yo mismo tuve la oportunidad en el anterior periodo de sesiones de plantear una interpelación al ministro de Defensa y una moción consecuencia de interpelación, que contó con un amplísimo apoyo por parte de esta Cámara, del Senado, defendiendo la necesidad de que España impulsara un esfuerzo mayor en Defensa en el Mediterráneo, frente a otras necesidades dentro del marco de la Alianza Atlántica, y que reforzara nuestra colaboración con nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América.

La mayor disponibilidad de la base de Morón permitirá una mejor actuación y control defensivo en todo el Mediterráneo y el norte de África, lo que sin duda es una garantía para la seguridad de nuestro país y una garantía, entre otras cosas, para combatir los focos de terrorismo yihadista que preocupan a la sociedad europea en este momento. Insistí entonces en la necesidad de actuar en origen y precisamente la colaboración con Estados Unidos va en esa dirección.

Por tanto, como ya he anunciado, votaremos favorablemente al tratado y a la ampliación del tratado que se nos propone.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

¿Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (El señor Losada de Azpiazu pide la palabra). Tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Señor presidente, intervengo desde el escaño para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.

Nosotros votaremos sí al convenio porque somos consecuentes con la raíz del protocolo que hoy nos presenta el Gobierno; protocolo que nace de un convenio del que los socialistas estamos orgullosos, el firmado en 1989 por Felipe González, que propició la modificación, muy importante, de las bases de Estados Unidos en España, convirtiéndolas en bases españolas. Es decir, que recuperamos soberanía, forman parte de la defensa nacional y también forman parte de un acuerdo bilateral entre dos naciones soberanas. Eso es el convenio entre Estados Unidos de América del Norte y el Reino de España y a partir de ahí nace el protocolo que debatimos en este momento.

Decía el ministro, cuando presentó este protocolo en el Congreso, que tenía tres patas. Esas patas eran: la primera, la seguridad; la segunda, reforzar nuestro anclaje con Estados Unidos; y la tercera, traer bienestar y empleo a la zona. El Grupo Parlamentario Socialista tiene dudas de que una de las patas que enumeraba el ministro en su presentación se haya solucionado de forma adecuada. Estamos de acuerdo con el tema de seguridad y en que es una herramienta fundamental para la lucha contra el terrorismo islamista radical, que sigue la estela de los pactos que hemos realizado el principal partido de la oposición y el Gobierno en relación con la lucha contra el yihadismo radical, que es beneficioso para nuestras Fuerzas Armadas, que mejora las defensas de la frontera sur de Europa en un momento de grave inestabilidad en el Mediterráneo, en Oriente Medio, en el Próximo Oriente y en el Sahel. Sin embargo, señorías, la tercera pata de este protocolo es insuficiente y el Grupo Parlamentario Socialista quiera dejar constancia de que para los habitantes de Morón, para las empresas de Morón y para los trabajadores de la base no es adecuado el memorándum que acompaña a este protocolo. Sus expectativas no se han visto cumplidas y sus problemas no se han visto resueltos; al contrario, quedan en una nube y están insatisfechos.

Hoy quiero trasladarles que, a pesar de estar de acuerdo con que esto beneficia a la seguridad europea, de España, de los españoles y del entorno de nuestros aliados, también tenemos que pensar en unos trabajadores y en una población que, señorías, está insatisfecha, que no tiene ninguna garantía de que se vayan a dar solución a sus problemas laborales, que son intensos, que no se van a producir dinámicas económicas para que las empresas puedan incrementar sus facturaciones y su trabajo y, por ello, el empleo y porque, señorías, esta era una buena oportunidad.

Por todo ello, señor presidente, y ya termino, mi grupo parlamentario votará a favor a esta reforma del protocolo porque está basado en un convenio del que, como he dicho, nos sentimos orgullosos ya que implicó poner a España y todo su territorio como soberano, por situar a nuestras Fuerzas Armadas en igualdad de condiciones de representación con las Fuerzas Armadas estadounidenses y, sobre todo, porque garantiza, como era nuestra vocación en el momento de la firma del convenio, la soberanía y el acuerdo entre dos naciones soberanas. En cualquier caso, lamentamos que el Gobierno haya perdido esta oportunidad con los trabajadores de Morón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Losada.

Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Me parece de especial interés debatir este tercer protocolo de enmienda al convenio de cooperación para la defensa con los Estados Unidos porque su objetivo central es la lucha contra el yihadismo, que en estos momentos es la amenaza más grande que tiene no solo España sino, en general, otros muchos países de Europa.

Intentaré, además, ponerlo en su contexto. Los Estados Unidos, a partir del final de la guerra fría, empezaron a desmantelar muchas de sus bases, tanto en su propio territorio nacional como en distintos países del planeta, y lo hicieron por razones económicas, fiscales, pero también porque ya no eran necesarias para la seguridad; de hecho, hay un documento del Congreso de los Estados Unidos, que sigue estando vigente, para el realineamiento y clausura de bases, donde se plantea la necesidad de ir reduciendo las que estaban abiertas.

En España hay dos bases importantes a las que ya se han aludido aquí: las bases de Rota y de Morón, que han tenido siempre un tratamiento muy distinto. La de Rota se ha considerado siempre como un elemento importante en el planteamiento de la geoestrategia mundial, y de ahí se explica su historia. La de Morón, no; la de Morón podría haberse desmantelado en algún momento, pero todo esto cambió —y a ello han hecho alusión de pasada algunos de los que han intervenido previamente— cuando, a partir de 2011, se inició la llamada primavera árabe, que obligó a todos los Estados del entorno mediterráneo a revisar a fondo la estrategia con relación a esa zona que, por cierto, en el vocabulario oficial de la Unión Europea constituye lo que se llama la vecindad sur.

España se ocupó del problema, intensificó sus relaciones con Marruecos para la lucha contra la amenaza global del terrorismo, llevó a cabo también otra serie de acuerdos con otros países de África occidental y, por tanto, se planteó la amenaza que viene del sur, que viene de El Sahel y de toda esa zona que va desde Mali hasta el océano Índico y el mar Rojo, que se ha convertido verdaderamente en una amenaza muy seria, no solo ya para la propia región mediterránea sino para toda Europa y el mundo occidental, en general.

Desde el punto de vista de los norteamericanos, todo cambió en septiembre de 2012, cuando fue asesinado en Bengasi el embajador norteamericano en Libia, Christopher Stevens. Personalmente, el anterior embajador americano, el señor Solomont, me contó que en aquel momento de crisis absolutamente inesperada, las primeras tropas a las que pudieron echar mano para que acudieran a esa zona de conflicto fueron las poquísimas que tenían en Morón, y entonces iniciaron una reflexión en el sentido de que Morón no era una base apropiada para desmantelar sino que iba a ser muy útil en este nuevo contexto mundial donde el yihadismo, con bases en África, puede ser la gran amenaza. Ahí se inicia la petición al Gobierno español para una ampliación que fue autorizada por España en abril de 2013 y renovada después por un año en 2014. Pero continuaron las negociaciones entre los dos países soberanos, senador Iglesias, pues las bases no suponen una cesión de soberanía española y las operaciones que se hacen desde allí tienen que contar con la autorización de la autoridad española. Infórmese bien porque no se puede decir eso alegremente. Lo cierto es que, de esas negociaciones más ampliadas, se ha llegado al actual tercer protocolo de enmienda, en virtud del cual se aumenta la presencia de los efectivos militares hasta 2000, los civiles hasta 500 y las aeronaves hasta un total de 26 entre las de transporte, repostaje aéreo —que también es muy importante— y de apoyo. Además, hay comprometida una inversión norteamericana de 29 millones de dólares, que va a ser, sin ninguna duda, beneficiosa para la zona. Tengo que decir que en estos problemas que se han planteado en Estados Unidos y en otros países sobre las bases hay posiciones de todo tipo, pero hay muchos que se oponen rotundamente al cierre de las bases porque están convencidos de que generan actividad económica, por lo tanto, riqueza y puestos de trabajo para la zona. He tenido oportunidad de verlo directamente en una base americana en Texas donde los representantes políticos se oponían rotundamente a las decisiones del Pentágono de cerrar la base porque decían que era muy importante para aquella zona. Evidentemente, hay posiciones de todo tipo, pero este aumento del despliegue de Estados Unidos está en el propio interés de España, quiero que quede claro que es una cosa que le interesa a España. El ministro García-Margallo dijo en su intervención en el Congreso que es la amenaza más seria que España ha tenido y tiene en muchísimos años. Esa amenaza —dice— está en el interés de todo el mundo, está en el interés de Occidente, pero desde luego está en el interés de España. Estamos hablando —añadió— de intereses nacionales. Son esos intereses nacionales, sin duda…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino enseguida, señor presidente.

Son esos intereses nacionales los que nos obligan a decir que es un buen protocolo de enmienda para España y por eso va a contar con nuestro voto favorable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. 610/000163

El señor presidente da lectura al punto 8.1.7.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Guillot Miravet pide la palabra). Senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, president.

Seré muy breve y espero que claro. Hay tres acuerdos de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en este paquete: Uzbekistán, Georgia y Chile. El senador Saura y yo nos vamos a oponer al de Uzbekistán por una razón muy sencilla: un Estado democrático de derecho no puede cooperar en materia de lucha contra la delincuencia con un Estado donde no hay separación de poderes y constantemente denunciado por todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Creemos que no ha lugar a este acuerdo de cooperación.

Graciès, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

¿Algún grupo más desea intervenir? (El señor Chiquillo Barber pide la palabra). Senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular va apoyar este acuerdo porque en la tradición de las cuestiones de política internacional lo llevan firmando los países de la UE con terceros países. En este caso, la República de Uzbekistán es un Estado reconocido por Naciones Unidas, es un país que avanza y va cumpliendo los parámetros democráticos que le van exigiendo las instituciones internacionales y en esos pasos que se van dando está la firma de acuerdos para la lucha contra la delincuencia. No le podemos pedir a un Estado que lleva 24 años de independencia que de la noche a la mañana cumpla todos los parámetros democráticos. A mí me hubiera gustado que alguno de los intervinientes en algunos de los convenios firmados con otros países dudosamente democráticos hubieran puesto objeciones y lamento que se pongan con el de la República de Uzbekistán que, reitero, va cumpliendo todos y cada uno de los pasos que las instituciones internacionales le van marcando para progresar en esos parámetros democráticos, y uno de ellos es la cooperación con todos los países de la comunidad internacional en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, el blanqueo de capitales y otros hechos delictivos. En ese sentido España va a firmar este acuerdo y el Grupo Parlamentario Popular lo va a ratificar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.



PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. 610/000164

El señor presidente da lectura al punto 8.1.8.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Espinar Merino, el señor Losada de Azpiazu y el señor Chiquillo Barber piden la palabra). Senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.

Vamos a rechazar este tratado por razones muy similares a las del tratado 8.1.1 con Andorra. Son tratados que, bajo la buena intención de prevenir la evasión fiscal, abren la puerta a la fuga de capitales, tanto de empresas como de particulares. Por tanto, nos vamos a oponer.

Quiero señalar la sorpresa con la que uno recibe la calificación de democráticos de determinados regímenes en contraposición con otras intervenciones que hemos presenciado hoy en la Cámara. La verdad es que se queda uno anonadado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, presidente.

Me va a permitir que haga uso de la palabra en este momento procedimental para decir que el Grupo Parlamentario Socialista va a aprobar todos los convenios internacionales que firma el Reino de España, y lo hace porque está convencido de tres cosas: primera, porque está dentro de las directivas y nuestras relaciones con la Unión Europea; segunda, porque estamos hablando de países de la Unión Europea y de la ONU con los que compartimos relaciones; y, tercera, porque creemos que suponen un avance en aquellos aspectos que preocupan al Grupo Socialista, que es la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la evasión fiscal, y mejoran las armas que tienen los Estados para combatir el crimen organizado.

Por tanto, sin intervenir en ningún otro punto más, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de todos estos convenios. Quiero dejar constancia de ello en esta sesión plenaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Señor Chiquillo, tiene la palabra.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular va a dar su apoyo a este protocolo entre el Reino de España y Canadá relativo a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal poniendo en valor que Canadá es uno de los países que cumple los estándares democráticos de transparencia y persecución del fraude fiscal. Por lo tanto, algunos de los ejemplos que se utilizan de una manera tan manida quedan en entredicho.

España lo va a apoyar porque es práctica habitual entre los países de la Unión Europea y la gran mayoría de países de la comunidad internacional evitar esa doble imposición y prevenir la evasión fiscal y, por tanto, cualquier tipo de fraude entre un país, España, y otro, Canadá, que si en algo se parecen es en que luchan con firmeza para prevenir la evasión fiscal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.



PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO DE 2014. 610/000165

El señor presidente da lectura al punto 8.1.9.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.

Pasamos al siguiente acuerdo.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 3 DE FEBRERO DE 2014. 610/000166

El señor presidente da lectura al punto 8.1.10.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.

Pasamos al siguiente acuerdo.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS Y SU PROTOCOLO DE APLICACIÓN, HECHO EN RABAT EL 3 DE OCTUBRE DE 2012. 610/000167

El señor presidente da lectura al punto 8.1.11.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.

Pasamos al siguiente acuerdo.



ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN ABU-DHABI EL 13 DE ENERO DE 2014, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN. 610/000168

El señor presidente da lectura al punto 8.1.12.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN TIRANA EL 17 DE FEBRERO DE 2015. 610/000169

El señor presidente da lectura al punto 8.1.13.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE FEBRERO DE 2015. 610/000170

El señor presidente da lectura al punto 8.1.14.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Espinar Merino, el señor Chiquillo Barber y el señor Díaz Tejera piden la palabra).

Senador Espinar, tiene la palabra.

El señor ESPINAR MERINO: Respecto a este acuerdo, quiero manifestar que nos vamos a abstener. Entendemos que el contenido del acuerdo es positivo para España, pero la situación política actual de Ucrania no es estable. Por eso aludimos a los principios de precaución y de voluntad de no injerencia en los conflictos internacionales y en las situaciones como la que atraviesa el país en cuestión para manifestar que quizá no es prudente llevar a cabo este tipo de acuerdos internacionales con países que están en esa situación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Senador Chiquillo, tiene la palabra.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular, como los 28 Estados miembros de la Unión Europea, tenemos plena confianza en el avance hacia una democracia consolidada de Ucrania y, en ese sentido, el Reino de España, como el resto de países que formamos parte de la Unión Europea, tenemos que dar ese voto de confianza, colaborar y contribuir a conseguir esa estabilidad social, política y económica de un país tan europeo como España, como es Ucrania.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Senador Día Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: En nombre del Grupo Socialista, señor presidente, con su venia, quiero manifestar que la anexión de Crimea y la situación de Donetsk y Lugansk exigen del conjunto de los países democráticos una posición unitaria a la hora de ayudar a las autoridades elegidas democráticamente en tres procesos diversos: garantizar la paz, la descentralización para estas zonas rusoparlantes de Donetsk y Lugansk, y ayudar en el proceso de lucha contra la corrupción, la lucha por un poder judicial independiente y el código penal.

Se trata de que el conjunto de países integrantes de la Unión les ayudemos en un proceso muy complicado. Ayer mismo pudieron ver ustedes en los medios de comunicación que en seis países se han abierto nuevas instalaciones militares. La situación de tensión y de conflicto va in crescendo, y la única manera de impedir el conflicto bélico y la extensión de la guerra es con la política, la constitución y las reformas legales. Por eso, cualquier cosa que hagamos en ese camino, será buena para todos los pueblos, sobre todo para los ucranianos y las ucranianas. Por esa razón, el Grupo Socialista apoya este convenio, dicho sea con todos los respetos.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 4 DE MARZO DE 2015. 610/000171

El señor presidente da lectura al punto 8.1.15.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EUROPEA DE RADIACIÓN SINCROTRÓNICA, HECHO EN GRENOBLE EL 23 DE JUNIO DE 2014 Y EN PARÍS EL 15 DE JULIO DE 2014. 610/000172

El señor presidente da lectura al punto 8.1.16.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2015. 610/000173

El señor presidente da lectura al punto 8.1.17.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Díaz Tejera pide la palabra).

Tiene la palabra, senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Quiero explicar, señor presidente, con la venia de mi portavoz en Asuntos Exteriores, el senador Javier Losada, que me dice que puedo hacerlo en nombre del Grupo Socialista, que este asunto en particular tiene una especial relevancia por la situación de Osetia y Abjasia. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una dinámica por la que se van rusificando un conjunto de zonas, se entregan luego los pasaportes y se justifican otro tipo de posiciones. Es clave, pues, que haya la máxima colaboración entre cada uno de los países integrantes de la Unión Europea e incluso la propia Unión Europea para intensificar relaciones políticas y económicas, en este caso, la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y facilitarles la instalación de un poder judicial independiente y un código penal que se base en los estándares democráticos de la Unión Europea.

Nada más, presidente, gracias por dejarme hablar y gracias a mi portavoz que ha pedido mi colaboración.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000174

El señor presidente da lectura al punto 8.1.18.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.

Muchas gracias.



TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, HECHO EN MARRAKECH EL 27 DE JUNIO DE 2013. 610/000175

El señor presidente da lectura al punto 8.1.19.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El senador Chiquillo Barber pide la palabra.)

Tiene la palabra el senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Para dar, lógicamente, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a ese tratado de Marrakech y poner en valor la celeridad del Gobierno de España, que tiene un firme compromiso con la plena integración de las personas con algún tipo de discapacidad, en este caso personas ciegas o con discapacidad visual, a fin de facilitar el acceso a las obras literarias y textos impresos a pesar de su discapacidad.

Quiero poner en valor que el Reino de España va a ser uno de los primeros países de la comunidad internacional en ratificar y en poner en vigor ese tratado, y es importante que conste en el Diario de Sesiones por la plena integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso, reitero, las personas ciegas, a fin de garantizar su acceso a las obras literarias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra? (Asentimiento).

Muchas gracias, queda autorizado.

En la votación del siguiente proyecto de ley votaremos también los puntos 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 y 8.1.14.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. 621/000140 Defensa

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador López Valdivielso.

El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Señorías, el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, que se somete en este Pleno a su consideración, debate y votación, tuvo entrada en esta Cámara el pasado día 6 de julio. Hay que destacar que el texto que fue aprobado y remitido por el Congreso de los Diputados vino marcado por un consenso muy destacable, acorde con la materia objeto del mismo, sin duda consecuencia del hecho de que todos éramos conscientes de que estábamos ante una verdadera cuestión de Estado.

El texto aprobado por el Congreso tiene diferencias importantes con respecto al que en su día aprobó el Gobierno, fruto del interés de los grupos parlamentarios de llegar a los máximos consensos posibles, habiendo aceptado un buen número de las enmiendas presentadas durante su tramitación en la Cámara Baja. Ya en esta Cámara se presentaron 128 enmiendas, pero ningún veto, siendo el punto más crítico y de mayor desacuerdo el apartado 5 del artículo 1, relativo a la aplicación de este Código Penal a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.

Como presidente de la comisión, quiero agradecer a los ponentes de la ley, senadores Yanguas, Sabaté, Díaz Tejera, Becana, Rodríguez Comendador y Campoy, así como a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios el trabajo realizado con ese espíritu de conseguir el máximo consenso, fruto del cual el informe de la ponencia fue aprobado en la sesión de la Comisión de Defensa, celebrada el día 29 de julio pasado, por 15 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra.

Para terminar, señor presidente, quiero agradecer también la labor y el trabajo llevado a cabo por el letrado de la comisión, señor Fernández Carnicero.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Comienza el debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Comenzamos el debate del articulado.

Enmiendas del Grupo Mixto, del senador Iglesias y de la senadora Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida a este proyecto de ley, que doy por defendidas, salvo la número 11 que debe decaer en este trámite, se pueden agrupar en tres bloques, que responden a las preocupaciones sustanciales con que en mi organización hemos afrontado el debate de este proyecto de ley.

Como acaba de expresar el presidente de la comisión, una de las cuestiones sobre las que tenemos una discrepancia clara con los contenidos del proyecto es la que se refiere a la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil. Por eso, una parte importante de nuestras enmiendas, casi un tercio, se refiere al intento de excluir de la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil.

Para ello, en nuestra primera enmienda planteamos la supresión del apartado 5 del artículo 1, con el convencimiento de que, salvo en casos excepcionales en que los miembros de la Guardia Civil participen en misiones que tengan carácter militar, no se les debe aplicar este Código Penal. Por idéntica razón, se suprime la referencia a la Guardia Civil que se realiza en el apartado 1 del artículo 2 y en el apartado 4 del artículo 2.

Planteamos la modificación del artículo 3.2 para que no se reconozca la condición de autoridad militar al director general de la Guardia Civil, cuyo estatus ha sido perfectamente consolidado en los últimos años mediante la regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico, sin que en ningún momento se considerara imprescindible ni conveniente el reconocimiento de tal condición.

Planteamos una modificación del párrafo segundo del artículo 6, la definición de actos de servicio de armas para suprimir también la referencia que en él se contiene a la Guardia Civil. Planteamos la supresión del apartado 2 del artículo 12, que regula el lugar de cumplimiento de las penas, para que desaparezca esa referencia a la Guardia Civil. Y planteamos igualmente que desaparezca en el párrafo primero del artículo 17, que regula la pena de pérdida de empleo.

Con otra enmienda defendemos la supresión del párrafo tercero del artículo 35 en la referencia expresa a la Guardia Civil, en este caso, como sujeto pasivo del delito. También planteamos esa supresión en el artículo 49, así como en el párrafo primero del artículo 75, en dos casos: la referencia a la Guardia Civil y la referencia al buque de la Guardia Civil como sujeto pasivo de los delitos de daños y estragos.

El segundo bloque de enmiendas, como he dicho al inicio de mi intervención, se refiere al hecho de que en este proyecto del Código Penal Militar se realiza la tipificación de conductas y comportamientos que ya están tipificados en el Código Penal o se establece un agravamiento de la pena impuesta a los mismos. Por ello, en la primera enmienda de este bloque pretendemos suprimir el párrafo segundo del artículo 9, que establece la definición de los delitos militares precisamente por incluir delitos ya tipificados en el Código Penal ordinario. También planteamos la supresión del artículo 21, que transforma para los militares la pena de trabajo para la comunidad en pena de localización permanente por un periodo que oscila entre dos meses y un día y tres meses. En cuanto a nuestra enmienda que plantea la supresión del artículo 22, la he hecho decaer al inicio de mi intervención.

Planteamos la supresión del artículo 26, que agrava la pena prevista en el Código Penal ordinario del delito de revelación de secretos. Mediante otra enmienda pedimos la supresión del artículo 27 por los mismos motivos, se regula el atentado contra los medios de la seguridad nacional. Con otra enmienda defendemos la supresión de los apartados 1 y 2 del artículo 35 por idénticos motivos, regula el atentado contra la autoridad militar. Y pretendemos también la supresión del artículo 56, que tipifica el abandono de servicio por incorporar una serie de conductas que no encajan en este concepto. La supresión del párrafo segundo del artículo 72, que agrava la pena fijada en el Código Penal para los delitos de omisión de socorro. La supresión del artículo 73, que agrava la pena por el delito de daños. La supresión del párrafo tercero del artículo 75, que tipifica el incumplimiento de los deberes militares. La supresión del artículo 76, que agrava la pena fijada en el Código Penal. La supresión del artículo 82, por agravar la pena contenida en el Código Penal para los delitos contra el patrimonio. También pedimos la supresión del artículo 83 en el caso de los delitos de corrupción, puesto que ya está tipificado. Así como la supresión del artículo 85, por estar tipificada en el Código Penal la colaboración con las prácticas de corrupción.

Un tercer bloque se refiere a cuestiones que entendemos no deben aparecer en este Código Penal. En primer lugar, planteamos que en el párrafo quinto del artículo 3 no aparezcan como autoridades militares los auditores presidentes y vocales de los tribunales militares. Se debe evolucionar —como he tenido oportunidad de defender en debates anteriores— hacia un modelo de consideración de estos exclusivamente como autoridades judiciales y miembros del Poder Judicial.

En el artículo 48 planteamos que se incorpore como un delito de abuso de autoridad la práctica de acciones discriminatorias que tengan como fundamento la pertenencia de quien padece esa discriminación a una asociación profesional de militares.

En el artículo 50, que tipifica los delitos contra los derechos fundamentales, proponemos añadir las prácticas discriminatorias por pertenencia igualmente a una asociación profesional de militares.

Incorporamos una nueva disposición final, que sería la novena para que, en el plazo de un año, el Gobierno presente un proyecto de ley orgánica de la jurisdicción militar buscando que en sus contenidos se produzca esa homologación con los demás órganos jurisdiccionales y la integración de sus miembros en el Poder Judicial. Proponemos dos nuevas disposiciones finales: la décima, para que mientras que no se produzca la integración en el Poder Judicial el Ministerio de Defensa remita a las Cortes cada año la estadística de la jurisdicción militar. Y la decimoprimera, para que en el plazo de seis meses el Ministerio de Defensa presente un plan de formación y difusión del contenido del nuevo Código Penal en todas las unidades y centros.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, señorías.

Esquerra Republicana ha presentado ocho enmiendas a este proyecto de ley, algunas muy concretas y de mejora técnica de la redacción actual, entendiendo que debía ser actualizada a la realidad cambiante.

En primer lugar, nosotros abogamos por reconocer como delitos militares los crímenes internacionales reconocidos por el derecho internacional, como son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz.

Espero que nos acepten la enmienda, aunque hace mucho tiempo que he perdido la fe en ustedes y, a pesar de ello, nosotros presentamos enmiendas, vetamos las leyes siempre con aquel punto de ingenuidad pensando que alguna vez estas enmiendas serán admitidas y, por tanto, incorporadas al texto legal. Alguna de estas enmiendas, como la del reconocimiento como delito también militar de los crímenes internacionales, dudo que sea admitida en atención a que son incapaces de reconocer, por ejemplo, como ha pasado en alguno de los debates, el genocidio armenio, entre otras muchas cosas más. En consecuencia, entendemos que la bondad de la enmienda no será así entendida por el Grupo Popular.

Por otra parte, nuestras enmiendas también van dirigidas a la supresión, en uno de los capítulos, como la que establece hasta tres años de cárcel y también pérdida de empleo para aquellos militares que ofendieren, ultrajaren a España, a la bandera, a los signos, a los símbolos del Estado y al monarca. Para Esquerra Republicana resulta arcaico que estos conceptos se reconozcan como ofensas o, mejor dicho, supuestas ofensas, puesto que nosotros valoramos y ponemos por encima de todo la libertad de expresión; esta libertad de expresión nos ampara a todos y la concepción que de ella se tiene sobre el ultraje a España, a la bandera, a los signos, a los símbolos y al propio monarca varía según los tiempos.

Yo entiendo el drama que ustedes montaron con la solemne pitada —y digo solemne porque fue solemne la pitada— al himno y al rey durante la Copa del Rey de este año, y entendemos que para ustedes el silbato significa un arma de destrucción masiva cuando está en manos de miles de ciudadanos, en este caso vascos y catalanes. Pero la realidad es que los silbatos no pretenden ofender al pueblo español, sino que sirven para expresar libremente lo que la mayoría de ciudadanos, en ese caso concentrados en un campo de fútbol, desean o, en todo caso, para expresarse libremente en contra de un Estado que no respeta y atenta contra las realidades nacionales y sociales. Eso es libertad de expresión, y la libertad de expresión no debe estar vetada en este caso a los militares.

Nuestra formación política también aboga por la eliminación de la justicia militar. En la enmienda recogemos lo que afirma la asociación de Militares para la Democracia, que denuncia la opacidad, los múltiples abusos y lo manipulable que es aún la jurisdicción militar. Ustedes nos dirán que la jurisdicción militar no puede ser eliminada porque así lo establece su sacrosanta Constitución, pero claro, la sacrosanta Constitución ustedes la cambian, la manejan, la modifican e interpretan según les interesa y les da la real gana, como ha ocurrido en múltiples ocasiones.

En caso de que no se logre eliminar la justicia militar, en Esquerra Republicana abogamos por que no sea impartida por un militar de carrera. En una sociedad en pleno siglo XXI y en un Estado como este, donde se duda de la separación de poderes y de la independencia de la justicia militar, sería un paso importante demostrar que esta independencia sí existe, puesto que si la justicia no es independiente deja de ser justicia. En todo caso, en esta enmienda nosotros recogemos el sentir y parecer de la asociación de Militares para la Democracia.

Estas son las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana, para las que solicita el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo ha presentado enmiendas, pero queremos hablar del proyecto de ley, porque parte de una ley que modifica la existente, que data del año 1985, que podríamos decir que fue la que democratizó el Código Penal Militar anterior, del que es mejor no hablar. Posteriormente, en 1995, se modificó el Código Penal común.

Como saben, nuestro grupo siempre ha mantenido cierta distancia con lo militar, pero entendemos que los miembros de las Fuerzas Armadas, sean del lugar que sean, necesitan, sin duda alguna, leyes que sustenten su actividad. Sin embargo, ¿no habría sido mejor esperar a la modificación del Código Penal común para poder incorporar aquellas cuestiones que verdaderamente son necesarias, ya que el Código Penal común es la madre que de alguna manera va a regir sobre el Código Penal Militar? Esta es la pregunta que nos seguimos haciendo, aunque, lógicamente, cae en el vacío.

También nos preguntamos si realmente existe la necesidad de que se mantenga en la jurisprudencia del Estado un Código Penal específicamente militar. Quizá sea más moderno incorporar —el ministro lo dijo públicamente, y así lo hacen otros países más modernos— lo estrictamente castrense, esos delitos que se definen como solamente militares en el Código Penal común, diciendo claramente cuáles son y por qué lo son, sobre todo cuando el texto que estamos debatiendo hoy está constantemente remitiéndonos al Código Penal común, tanto en preceptos penales como en castigos.

Además, nos surgen muchas dudas, no tanto en torno al texto en sí, sino en torno a la posterior interpretación que se pueda hacer o se haga de ese texto a la hora de juzgar los delitos, tanto en lo relativo a lo punitivo de algunos preceptos como a las diferentes proporciones de los castigos, porque a veces, leyendo el texto uno se pregunta: ¿por qué esto tiene tantos años? O ¿por qué esto es más delito o esto menos delito? Por tanto, a nosotros nos da un poco de miedo en esta horquilla de los delitos y de los castigos la interpretación que se pueda hacer cuando se tenga que juzgar a personas por haber cometido presuntamente delitos, injurias, insultos al rey o a la Constitución —de quién o hacia quién son preguntas que nos quedan en el aire—, así como críticas al rey o incitación a rebelarse contra los que piensan políticamente de otra manera. ¿Cuánto de crítica y no de delito tienen, por ejemplo, las declaraciones de algunos generales? ¿Y cuánto de delito y no de crítica tienen las manifestaciones de algunos suboficiales, por ejemplo, en defensa de algunos derechos o libertades?

También se ha criticado la no participación de otros agentes, entidades y asociaciones, o incluso de otros ministerios, a la hora de elaborar este proyecto de ley. Nosotros consideramos que, por lo menos desde una perspectiva consultiva, esto se debería haber realizado.

Creemos que tanto uno como otro tienen cosas positivas, cosas razonables y cosas razonadas. También sabemos que es mejor esta modificación que trae el Gobierno que el Código Penal Militar vigente, entre otras cosas porque son muchos los preceptos que han desaparecido, que se han despenalizado o que han sido trasladados al Código Penal común. Por eso nos parecen interesantes las reflexiones que hace el Consejo General del Poder Judicial en su informe de este proyecto de ley. Al fin y al cabo explica las razones —al menos las que entienden ellos— por las que tiene sentido este proyecto. Primero, el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación del Código Penal Militar vigente, que es de 1985, como he dicho anteriormente, por lo que requiere una modificación.

Ha dicho que se considere un segundo planteamiento: que se debe asumir la naturaleza especial de la Ley penal, del Código Penal Militar, ya que, al fin y al cabo, en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común, o aun teniéndola, requieren una previsión singular que justifique su incorporación a la Ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense; aunque tendríamos que ver si coincidimos o no en lo estrictamente castrense.

El tercer punto sería la modernización, que también lo plantea el Consejo General del Poder Judicial cuando plantea el proceso de modernización de la organización militar y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, su nuevo modelo organizativo, su despliegue territorial y la permanente participación de unidades militares en misiones internacionales. Han transcurrido unos años desde la modernización del Código Penal Militar anterior y han pasado muchas cosas, y hoy en día hay cuestiones que antes ni se planteaban en el Código Penal pero que hoy existen. El mero hecho de la profesionalización y la modernización del ejército es un elemento sustantivo.

El cuarto punto que plantea el Consejo General del Poder Judicial es la internacionalización, que deriva de lo que he comentado anteriormente. Es decir, España ha adquirido compromisos internacionales en misiones especiales, en coaliciones, en uniones militares y en expediciones en las que tiene que asumir ciertos compromisos universales respecto de los derechos humanos y ciertas cuestiones que son fundamentales. Por lo tanto, de una u otra manera garantiza ciertos aspectos que para nosotros son muy importantes. Evidentemente, no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que aparecen en el texto pero esperamos que quizás en este trámite se abra una cierta luz y se subsanen posteriormente.

Por último, nuestro grupo parlamentario tiene clara —y muchas veces lo hemos demostrado— su posición, que va en contra de la existencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de la Sala Militar. Creemos que debe desaparecer, que no tiene sentido hoy en día su existencia ya que esas cuestiones se pueden derivar perfectamente a la Sala Segunda o a la Tercera. Hoy en día, en un país europeo no tiene sentido su existencia, tanto desde la perspectiva judicial como desde la perspectiva de su composición. Por lo tanto, volveremos a acometer acciones legislativas para que desaparezca esa sala que no nos gusta absolutamente nada.

Respecto a las enmiendas a la totalidad, nuestro grupo ha dicho que se abstendrá y ya veremos si en el proceso de las enmiendas parciales, señor Rodríguez Comendador, nos da alguna alegría, que no creo que nos la dé, pero ya sabe que nosotros tenemos que esperar y contribuir a que ciertas cuestiones que para nosotros sobran desaparezcan de este Código Penal.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para defender las enmiendas de Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, los senadores socialistas del grupo de Entesa hemos presentado solo nueve enmiendas. Como ya ha dicho el presidente de la comisión, este es un proyecto de ley que alcanzó un elevado grado de consenso en el Congreso de los Diputados. Los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya formamos parte del Grupo Socialista en el Congreso y, por tanto, formamos también parte de este elevado grado de acuerdo al que hemos hecho referencia, pese a mantener una discrepancia importante precisamente en lo que respecta a la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, motivo por el que mantenemos las enmiendas.

Mantenemos, pues, vivas nueve enmiendas que intentan mejorar el contenido del proyecto de ley en algunos aspectos. La número 53 hace referencia al título de la ley. En ella proponemos la denominación de Ley Orgánica Penal Militar, porque en realidad estamos ante una ley, la propuesta del Código Penal Militar, que no tiene el carácter de código porque es bastante más reducida y de alguna forma tiene que estar vinculada al Código Penal común. Entendemos, pues, que se debería eliminar la referencia de código y hablar solo de Ley Orgánica penal militar.

La enmienda 54 hace referencia precisamente, como decía hace un momento, a la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. La propuesta hace una inclusión prácticamente genérica de todos los ilícitos de la Guardia Civil a este código. Entendemos que la inclusión de la Guardia Civil en este Código Penal Militar solo debería aplicarse en caso de que esta participe en misiones de naturaleza militar; en este caso sí debería ser de aplicación, pero en todos los demás casos, prácticamente las misiones de la Guardia Civil tienen un carácter propiamente civil y, por tanto, no se le debería aplicar este código.

La enmienda 55, al Título I, Capítulo V, propone la supresión de este apartado por tratarse de un tipo arcaico que otorga protección de rango legal a unos actos, los bandos, que en principio no lo tienen. De alguna forma recuerda aquella situación en que militares que incluso han protagonizado intentos de sedición han proclamado bandos intentando que tuvieran carácter legal cuando en ningún caso deberían tenerlo.

La enmienda 56 propone la modificación del artículo 44.1. Entendemos que se debe castigar la desobediencia en caso de conflicto armado y similares por vía penal, pero el resto de conductas de desobediencia deben castigarse conforme al régimen disciplinario. El mismo argumento vale para la enmienda 57, que propone la supresión del artículo 44.2.

La enmienda 58, al artículo 48, se refiere a los casos de acoso o amenaza por parte de un superior. Proponemos incorporar aquí la discriminación por razón de pertenencia a una asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas.

La enmienda 59 propone la supresión del artículo 81. Se refiere al aprovechamiento económico por parte de un militar. Entendemos que este es un delito absolutamente reconducible a delitos ya recogidos en el Código Penal. Esta es una situación que se planteaba en muchos otros artículos del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, pero esta circunstancia ya se modificó.

La enmienda 60 propone la supresión del artículo 83. Se refiere, como el artículo 81, al aprovechamiento económico ilícito, y el argumento es el mismo. Mantenemos que son conductas reconducibles a los tipos previstos en el Código Penal común.

Finalmente la enmienda 61 propone la adición de una nueva disposición adicional tercera. En este caso pedimos la elaboración de un plan de difusión y formación de la nueva Ley Orgánica penal militar para informar a todas las unidades, centros, organismos y establecimientos de nuestras Fuerzas Armadas, así como que el Ministerio de Defensa se comprometa en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley a comparecer en el Congreso de los Diputados para informar de la elaboración de dicho plan.

Esperamos que alguna de estas enmiendas sea aceptada por el grupo que da apoyo al Gobierno.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

La noticia de que nos lo aprueban todo me pone contento.

Quiero empezar diciendo que cuando comencé a leer la exposición de motivos de este proyecto de ley me puse contento porque, en definitiva, planteaba como objetivos en la primera página aquellos que creo que debe tener este Código Penal Militar. Hay tres o cuatro frases en la exposición de motivos con las que estoy totalmente de acuerdo: «Debe ser una ley penal especial que debe acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común», o «Hay que limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo estrictamente indispensable», o «En consecuencia, la idea que ha presidido la redacción del presente Código Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la normal penal han de ser estrictamente castrenses.» Estoy totalmente de acuerdo con esta redacción porque, en definitiva, se trata de que el Código Penal Militar no sea un código completo, íntegro o alternativo, sino un complemento del Código Penal común. No sé si escribieron dos personas distintas este proyecto de ley y uno hizo la exposición de motivos y otro el articulado, porque el articulado se da bastante de bofetadas con la exposición de motivos, y de la misma manera que, insisto, me parece una exposición de motivos razonable con la que podemos coincidir Jordi Guillot y yo, no ocurre lo mismo con el texto.

Antes de entrar en concreto en el contenido del proyecto de ley, quisiera decir que al final de esta legislatura se van a debatir cuatro o cinco leyes de justicia, y la primera reflexión que me hacía cuando leía este proyecto de ley era qué ha pasado con la política de justicia estos cuatro años. Empecé a releer la comparecencia del exministro Ruíz Gallardón del 5 de marzo de 2012 cuando situaba como objetivo fundamental la modernización y agilización de la política de justicia con unos calificativos y unas expresiones estupendas. La pregunta es: ¿en esos cuatros años alguien cree que se ha modernizado o agilizado la justicia? Si alguien lo cree nadie lo dice. Si estuviera en clase diría: que levante la mano el que lo crea, y no sé si habría muchas manos levantadas. No solo no se ha modernizado ni se ha agilizado, sino que posiblemente —creo que no exagero—, hemos asistido a la legislatura más conflictiva en política de justicia desde que hay democracia ya que nunca se había producido una huelga como la que ha habido. Prácticamente todos los agentes que giran alrededor de la política de justicia han manifestado su oposición y su confrontación en muchos aspectos, incluso recientemente hemos conocido los resultados del barómetro del Consejo General de la Abogacía, que incluye a más de 2000 abogados, que es una muestra importante en España, con dos preguntas que yo creo que demuestran cuál es la situación. La primera pregunta era: ¿cree usted que funciona mal o muy mal la justicia o cree usted que funciona bien o muy bien? En las respuestas a este barómetro del Consejo General de la Abogacía, un 16 % de personas consideran que funciona bien o muy bien y un 77 % considera que funciona mal o muy mal. Y la segunda pregunta era: ¿qué ha pasado en estos cuatro años, ha mejorado o ha empeorado? El 14 % dice que ha mejorado y el 47 % que ha empeorado. Yo creo que estas respuestas a este barómetro recoge un poco la opinión generalizada de todo el mundo, incluso, insisto, de dirigentes, senadores o diputados del Partido Popular. Sin querer extenderme, la siguiente pregunta sería: ¿y si no se ha modernizado y agilizado, qué se ha hecho? ¿Cuál es la herencia de justicia para las próximas Cortes? Creo que hay una serie de elementos que marcan lo que ha sido la política de justicia y la herencia que van a dejar al futuro Gobierno.

Un primer elemento es, y esto es innegable, que se ha producido una reducción de la autonomía y de la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial significó una transferencia de competencias del órgano de gobierno de los jueces al ministerio. Este es el primer elemento.

El segundo elemento es que se ha producido una disminución, una reducción de derechos y libertades. Podría poner muchos ejemplos, pero el tema de las tasas es uno, luego se modificó parcialmente, pero debido a las tasas había mucha gente que no podía acceder a la justicia, que perdía el derecho a la tutela judicial efectiva. Solo se modificó por la gran y conflictiva oposición contra la Ley de tasas.

El tercer elemento es que se han hecho cosas para evitar que la gente acuda a la justicia. Hemos visto la Ley hipotecaria, los registradores; la Ley de jurisdicción voluntaria, los notarios; la de hoy, los procuradores; tenemos las tasas. Es decir que ante el colapso —entre comillas—, ante los problemas de gestión de la Administración de Justicia, se resta capacidad a los servicios públicos para pasarlos a servicios privados.

Un cuarto elemento de la política de justicia ha sido la recentralización. No se ha producido ningún elemento de descentralización. Conozco perfectamente el tema de la unidad de la justicia pero sé perfectamente que la propia sentencia del Tribunal Constitucional abre la posibilidad a elementos de descentralización. Y fue grave, puntual pero grave, la eliminación de la justicia universal.

Estos son algunos ítems con los que se va a encontrar el próximo Gobierno.

En relación con la ley que nos ocupa, recuerdo perfectamente que el exministro Ruiz-Gallardón nos invitó amablemente a dos almuerzos, uno para decirnos que se había creado un grupo de expertos para elaborar una ley procesal penal del siglo XXI. Recuerdo que dijo que la que tenemos es del siglo XIX, y que, por lo tanto, su objetivo, una vez expuesta su propuesta estrella, era fundamentalmente lograr que en esta legislatura hubiera una nueva Ley procesal penal. En una segunda reunión, con los textos que nos dio, ningún portavoz se opuso, todos los portavoces dijeron que les parecía bien, con matices, que era una operación o una transformación que pasaba fundamentalmente por que el fiscal fuera el instructor del proceso y el juez tuviera un papel de juez de garantías. Esta era la gran propuesta. Pero esto ha desaparecido, han aparecido dos reformas parciales del Código Penal del siglo XIX, no la propuesta integral del siglo XXI que Ruiz-Gallardón dijo que haría y en la que se gastaba —esto desde el punto de vista político sería lo de menos— dineros y tiempo para que una comisión de expertos elaborara la propuesta. Esto es políticamente lo más relevante.

Ahora me referiré a algunas enmiendas, pero me parece importante, señoras y señores senadores, decir que no hemos avanzado en justicia, que el objetivo de la justicia del Partido Popular era modernizar y agilizar la justicia, que no es casual que prácticamente todas las leyes que ustedes presentan ahora hablen de la modernización y la agilización, que lo que están expresando es el fracaso de no haberlas llevado a cabo, de no haber realizado la propuesta estrella del Partido Popular. No sé por qué razón en lugar de estar discutiendo hoy aquí un proceso penal, la Ley procesal penal del siglo XXI, discutimos unas reformas que tampoco tienen una orientación política clara; me parece que son picoteos, se picotean cosas y algunos elementos con los que, en definitiva, se va a modernizar la justicia. Desde ese punto de vista, hay algunas propuestas estrella o relevantes suyas, una es que en un máximo de seis meses haya límite procedimental en la Ley de enjuiciamiento criminal.

Esta idea concuerda con lo que les he dicho anteriormente, que ante la falta de inversión en justicia y la necesidad de decir que se es más ágil, se hace una propuesta de acabar con el procedimiento en seis meses. Y fíjense lo que les dice el Consejo Fiscal a la propuesta de los seis meses, algo que considero atrevido: «Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal en el que la investigación está en manos del juez instructor puede resultar hasta absurdo.» El Consejo Fiscal califica de absurda una de las propuestas —entre comillas— estrella que ustedes hacen, e insiste: «Por tanto, hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español, tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido y de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica, por lo que el Consejo Fiscal solicita su suspensión.» Dicho de otra manera, una de las grandes propuestas de modernización de la justicia en España, que es el límite temporal de seis meses, es calificado por el Consejo Fiscal de absurda.

En este mismo proyecto de ley nos encontramos con la conexidad, con la que estamos de acuerdo, a pesar de que nos cuesta entender por qué razón solo es el fiscal quien puede solicitar el troceamiento del procedimiento. No sé por qué razón el juez mismo no puede solicitarlo. Estamos de acuerdo en los atestados policiales sin autor conocido siempre y cuando exista una garantía judicial de control, algo que en el proyecto de ley no aparece. Como mínimo, sería bueno que hubiera un registro policial que se remitiera al juez. Y nos parece importante también el proceso de aceptación del decreto.

En cuanto a la ley orgánica, lo que nos parece más importante es el régimen de incomunicación. He de decirles que en el debate en el Congreso de los Diputados hubo mejoras sustanciales. Por tanto, entre el texto que entró en el Congreso y el que salió —no quiero esconderlo porque mentiría— se han producido mejoras, algunas muy importantes. El hecho de que una persona incomunicada reciba al médico dos veces al día es importantísimo. De todas maneras, en el equilibrio entre seguridad y libertad, en la propuesta global del proyecto de ley existe una tendencia hacia la seguridad, sin considerar aspectos de libertad que son absolutamente importantes.

En cuanto al derecho de defensa, me parece importante que también se haya mejorado en el Congreso que la persona detenida pueda hablar con el abogado antes de la declaración. Pero lo que no me parece tan bien es el hecho de que se puedan intervenir con carácter extraordinario las comunicaciones, dejándolo muy en el aire.

Por tanto, me parecen importantes algunos pasos que se han dado, pero otros no. Insisto, lo que hay que hacer es abolir el régimen de incomunicación. En nuestra opinión, nunca estuvo justificado, pero puedo llegar a entender que alguien piense que en una situación de terrorismo esta es una medida a adoptar, aunque no la comparto, pero actualmente este no es el caso. Considero que desde el primer momento de su detención, cualquier persona detenida ha de tener todos los derechos.

Otra cuestión que me parece importante y que saben ustedes que ha causado mucho revuelo, es el artículo 520.1, que dice que se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales: el honor, la intimidad, la imagen, en el momento en que se practique la detención. Este artículo, junto con el contenido de la Ley mordaza, y crea inseguridad jurídica a los profesionales que ejercen el derecho a la información. Por tanto, les rogaría encarecidamente que eliminaran este artículo, porque, insisto, produce inseguridad jurídica en aquellos profesionales cuya misión es absolutamente informal.

Finalmente, nuestras enmiendas contemplan tres bloques. Un primer bloque importante, como ha dicho el portavoz de la Entesa en este debate, hace referencia a todos aquellos aspectos de delitos que están contemplados en el Código Penal normal y que se repiten en el Código Penal Militar. Hay muchos: robo, prevaricación de funcionarios, cohecho, ataque a la Administración militar, que es Administración del Estado, toda una serie de aspectos que es posible enjuiciar desde la óptica del Código Penal civil y que entra en contradicción, insisto, con lo que ustedes dicen en la exposición de motivos.

Un segundo bloque de enmiendas hace referencia a todo el tema de la Guardia Civil. Hemos presentado 15 o 20 enmiendas que proponen que simplemente se aplique el Código Militar a la Guardia Civil cuando esta no ejerce funciones de seguridad, cuando desempeña funciones militares. La ley está atravesada por artículos que señalan esto, muy especialmente —como ya se ha dicho anteriormente—, por el artículo 5.1. El propio Consejo de Estado, en relación con el artículo 5.1, manifiesta que hay que concretar los aspectos penales de ese artículo 5.1, porque queda absolutamente en el cielo.

La última cuestión, en definitiva, es que, a pesar de que se repiten aspectos del Código Militar que están contemplados en el Código Penal, a la hora de establecer las sanciones en el Código Militar se incrementa una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, la pena del Código Penal civil. Esto también nos parece incorrecto.

Estos son los tres bloques de enmiendas, pero quisiera que se quedaran con la valoración de justicia. Reconozco que en el Congreso de los Diputados se ha mejorado el proyecto de ley, pero creo que hay aspectos que sería posible que se corrigieran y que así nos acercáramos a ese objetivo que ya se tuvo en 1985 de un Código Penal que fuera estrictamente complementario del Código Penal civil y que no fuera un Código Penal Militar íntegro, completo, alternativo al Código Penal civil.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Senador Maldonado, tiene la palabra.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señorías, mi intervención ahora, y después, en el turno de portavoces, tendrá dos aspectos muy diferenciados. En este primer bloque de mi intervención hablaré de lo que toca, que es de las enmiendas e intentaré, brevemente —tampoco hay que alargarse en exceso—, explicarlas desde el punto de vista de la motivación, por qué lo hemos hecho, por qué hemos presentado las enmiendas y qué finalidad tienen.

En el segundo bloque, quizá en este mismo turno y después en portavoces, hablaré, sobre todo, de algo que podría o no tener que ver con la ley. Yo creo que sí. El senador Saura me lo ha puesto a huevo. Ha dicho: voy a preguntar que levante la mano quien crea que se ha modernizado la justicia en España. Yo la bajaría. Ha dicho: no hemos avanzado. Con su estilo respetuoso y amable, el señor Saura no se atreve a decir que hemos retrocedido. Más adelante entraré en este aspecto.

Voy a empezar por la parte técnica. Convergència i d?Unió ha presentado un grupo de enmiendas, todas ellas destinadas a pensar en aquellas personas, en aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que va dirigido este Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar. Hay que partir de la base de que nosotros creemos que un Estado moderno no tendría que tener un Código Penal Militar, tendría que tener un Código Penal —creo que ya se ha dicho también por otros portavoces—.

Hemos presentado las enmiendas que van de la 93 a la 117 a un proyecto de ley en cuya votación nos vamos a abstener, si bien el cuerpo nos pide votar en contra. Nos abstendremos por lo que he dicho: porque, a pesar de ser una ley con tintes poco justos —por decirlo con palabras amables—, al menos intenta mejorar lo existente. El senador Anasagasti decía: ¿Cómo se ha tardado tanto en modificar el Código Penal Militar del año 1985? Bueno, porque iba bien. Ahora se intenta, en algunos aspectos, introducir temas que interesa que entren.

En cuanto a las enmiendas que presenta Convergència i d’Unió, de la 93 a la 117, la 95, 96, 101, 105, 107 y 112 son simplemente de modificación en coherencia con enmiendas anteriores; por tanto, no las leeré. La 102, 103, 104, 109, 110, 111, 113 y 114 son de supresión, básicamente porque exceden el ámbito castrense. Voy a entrar en aquellas que tienen un articulado diferente a esto que he explicado ahora. Comienzo con la enmienda 93, de supresión, que nosotros justificamos con que los miembros de la Guardia Civil deben estar excluidos de la aplicación del Código Penal Militar fuera de los supuestos regulados en el apartado 4 del artículo 1 del texto aprobado. En la 94, que propone una supresión parcial, señalamos que carece de todo sentido y justificación —creo que ya se ha dicho antes— que el director general de la Guardia Civil adquiera ahora la consideración de autoridad militar. La 97 también es de supresión porque para nosotros se rebasa el límite establecido constitucionalmente para el conocimiento de la jurisdicción militar al incluir delitos que ya están tipificados en el Código Penal y que superan ampliamente el ámbito estrictamente castrense. La 100 también es de supresión y deben aplicarse a este respecto las previsiones del Código Penal común; la redacción propuesta supone una injustificada e injustificable discriminación penal negativa hacia los miembros de las Fuerzas Armadas en un espacio apto para la arbitrariedad. La 106 también es de modificación; creemos que es necesario garantizar el libre ejercicio del derecho de asociación profesional y para ello es imprescindible que la pertenencia a una asociación profesional no pueda ser objeto o causa de discriminación profesional por quien ejerce el mando o lo ejercita en función de su posición superior en la escala jerárquica. Este portavoz, que ya fue portavoz de defensa en el Congreso durante dos legislaturas, recuerda que, cuando aprobamos una ley de la carrera militar que en aquel momento mejoraba la anterior, yo le dije al ministro Bono: ministro, pase a la historia como el primer ministro en democracia que permite el derecho de asociación profesional. No le convencí, lógicamente, pero nosotros hemos reclamado siempre este derecho al asociacionismo en un Estado moderno y plural. La enmienda 108, también de modificación, tiene su justificación en que es preciso garantizar el libre ejercicio del derecho de asociación y, por tanto, nos parece que, de alguna manera, se debe permitir esta. En la enmienda 115, por la que pretendemos incluir una nueva disposición final, proponemos acometer de manera urgente la reforma de la justicia militar ya que se ha quedado absolutamente descolgada de las que se han acometido en otros ámbitos jurisdiccionales. Quienes ejerzan la jurisdicción en el ámbito de los nuevos juzgados especializados en materia castrense han de depender exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial y no del Ministerio de Defensa, y no les debe ser posible la aplicación de otro régimen disciplinario que el previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su carrera debe ser la misma de jueces, magistrados, fiscales y secretarios, de tal manera que la condición de militar quede aparcada, primando su naturaleza de estar al servicio exclusivo de la justicia.

Como pueden ver, todas nuestras enmiendas intentan o procuran mejorar el texto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la respuesta del Partido Popular es: bueno, bueno; vaya, vaya; dónde, dónde. Lo que pasa es que no se aceptan enmiendas, lo que pasa es que se sigue en esta línea de no querer pactar ni consensuar nada.

Señorías, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña pausa para coger unos papeles que he olvidado en mi escaño, para después seguir con mi intervención. (Pausa).

Gracias, señorías.

Pensaba que las enmiendas darían para más o que el tiempo daría para menos. Por tanto, y como en el turno de portavoces no tendré tanto tiempo, voy a empezar a hablar de lo que realmente me interesaba.

Como les decía, el senador Saura me ha puesto a huevo hablar de la justicia. También es verdad que la senadora Capella ha introducido el hablar de símbolos en una ley militar y con ello me ha hecho lo que se llama un pase al extremo para poderlo rematar. Fíjense bien, esta es una ley cuyo articulado habla del respeto a los símbolos, a enseñas y emblemas nacionales. ¡Faltaría más! Respeto a todos los símbolos y emblemas nacionales. Pero, ¿y el respeto a los símbolos y emblemas de otras nacionalidades, de otros territorios con identidad propia? ¿Dónde está el respeto a la estelada? Ya sé que el portavoz del Partido Popular me dirá que la estelada es ilegal. Claro, porque la ley la hacen ustedes; porque la Constitución la montan ustedes; porque ustedes no quieren modificarla, es un elemento sacrosanto, está en un pedestal, es intocable.



Y así les va. Observen y vean qué está pasando en España, y no solo en Cataluña, en España. Vean ustedes qué está pasando en el País Valencià, en Euskadi. Vean qué está pasando con el sentimiento de identidad propia.

Por tanto, ¿respeto a los símbolos? Sí. ¿A los nacionales y españoles? También. Pero, ¿y a los catalanes, y a los de otros territorios? ¿O es que la estelada no puede ser legalizada? ¿O es que la estelada ha de ser un símbolo solo para que nos sancionen? ¿O es que ya no se puede ni silbar en este país? Pues cuanto más prohíban, más silbará este país, porque en Cataluña la gente ha silbado muchas veces. Solo ahora hemos sido sancionados. ¡Qué curioso! Sólo ahora la diplomacia española ha intervenido en la diplomacia europea para que desde Europa se abra expediente. No pasa nada, seguiremos silbando; seguiremos llevando esteladas, y cada vez más. No sé quién ha dicho esta mañana que ustedes, el Partido Popular, eran una fábrica de nacionalistas. Es cierto.

Si hablamos de modificación, si hablamos de Código Penal, aprovecho para decirle: ¿Adónde van? ¿Qué pretenden? Porque no lo digo yo. ¿Saben qué están haciendo? Están modificando la jurisprudencia, están modificando la justicia, están cambiando las leyes, están cambiando los instrumentos de este país para, como decía algún político —no de mi partido—, echar gasolina al fuego.

Fíjense bien, periódicos que no deben ser convergentes dicen lo siguiente: El País: «El PP reforma el Constitucional para poder inhabilitar a Mas.». El ABC —que no creo que sea propiedad de Convergència— señala: «El PP planta cara a Mas al reformar el Tribunal Constitucional para que sus sentencias se cumplan.». La Razón: «El Tribunal Constitucional podrá inhabilitar y suspender a Mas.». El Mundo —tampoco es un periódico de militancia convergente—: «El PP habilita al Tribunal Constitucional para suspender a Mas después del 27-S.». Fíjese si corren ustedes ya. Podríamos seguir. La Vanguardia: «El PP lanza una reforma exprés para que el Tribunal Constitucional pueda suspender a Mas.». El Periódico: «El PP reforzará al Tribunal Constitucional para que pueda suspender a Mas.». (El señor senador muestra recortes de los periódicos mencionados.) Y muchos más. Hay periódicos extranjeros que se escandalizan, que piensan: ¡Madre mía, adónde van! Porque, además, la proposición de reforma del Tribunal Constitucional divide a expertos y jueces. La gente del mundo jurídico de España también está preocupada y algunos escandalizados por esta proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional.

Cuando decía el senador Saura que sí hemos avanzado, yo le digo: ben volgut, Joan. Pero ¿cómo podemos avanzar con la Ley mordaza? ¿Cómo podemos avanzar con la Ley de seguridad nacional que está dirigida al proceso soberanista de Cataluña? ¿Cómo podemos avanzar con una Ley orgánica del Tribunal Constitucional que ha modificado el recurso previo de inconstitucionalidad, artículo 27.2? Aquí, lo que pasa es que estamos hablando de códigos penales militares y no nos damos cuenta de que el proceso de esta legislatura es un proceso en el cual las leyes no son para modernizar, no son para avanzar, no son para facilitar la vida de las personas a quienes van dirigidas, son para coaccionar, son para sancionar, son para inhabilitar. ¡Qué incongruencia! Esta mañana hablábamos de Venezuela. Yo no he querido introducir este aspecto porque me parecía que era una moción de consenso positiva, y decíamos: María Corina Machado está inhabilitada por el Gobierno de Maduro. Pero España está preparando leyes para inhabilitar a Mas. Como decimos en catalán: ¡Mare meva! ¿Es que no se dan cuenta de que hay un pueblo que está angustiado por la opresión fiscal, política, económica, de todo tipo? ¿Es que solo les sirve para modificar códigos —hoy hablamos de códigos—? ¿Es que solo están pensando en modificar leyes para, obsesivamente, ir contra un pueblo, el pueblo catalán? Esto es un error histórico. Les pasará como con el Estatut de Catalunya, que el presidente Zapatero dijo: aprobaré el Estatut que salga del Parlament de Catalunya, y el señor Guerra dijo: nos lo cepillaremos; y se cepilló. Llegó el PP y lo llevó al Tribunal; y se cargó el Estatut de Catalunya. De aquellos lodos ya saben qué está llegando ¿no?

Por tanto, aprovecho este debate sobre el código para decirles que este proceso, en el cual se encuentran la Ley mordaza, la de seguridad nacional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solo sirve para una cosa, que es reducir el sentimiento de respeto hacia un Estado. A diferencia de lo que hizo en Inglaterra Cameron, que se dirigió a los escoceses y los convenció para que en el referéndum, que dejó hacer, votaran no, lo que están haciendo con esto es cada vez aumentar el sentimiento de que hay que votar sí el 27-S. Y piensen una cosa, alguien me dirá: has aprovechado la ocasión que te han dado algunos senadores para hablar de justicia. Pues sí, pero es que es una realidad. Ustedes no aceptarán un debate monográfico sobre lo que yo hablo porque no les interesa. Les interesa tener la norma; sí. Les interesa aplicarla, si pueden; pero no les interesa debatir, repito, no les interesa debatir.

Yo decía que esta mañana hablábamos de inhabilitar, en Venezuela, a María Corina Machado, pero ustedes están preparando todas sus redes para inhabilitar a los políticos catalanes que se salgan del guion español. Y esto es un error.

Por tanto, mi mensaje es: nosotros como partido político hemos estado en el Estado español, hemos estado en instituciones, en el Congreso y en el Senado, siempre aportando, y un ejemplo lo tienen hoy con nuestra presentación de enmiendas a un Código Penal Militar que no nos gusta y que desearíamos mejorarlo y, aunque no nos aprobarán ninguna de ellas porque esto ya forma parte del programa escrito, sin embargo queremos que sepan que este proceso jurídico, judicial, legislativo, normativo es un gran error histórico que está haciendo el Partido Popular en España, un gran error histórico que les llevará al fracaso electoral, que les llevará a una Cataluña libre, que les llevará a no tener marcha atrás, porque cuando hemos querido dialogar, pactar, cuando durante años y años mi partido, en este caso Convergència i Unió, ha querido el diálogo, la participación, etcétera, la respuesta siempre ha sido negativa.

Ahora vamos a ver este proceso, pero sepan que este proceso jurídico que ustedes están llevando a cabo es un error garrafal por el que la historia les condenará y por el que el electorado catalán les castigará.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Lo que debatimos en este momento es el Código Penal Militar, se lo recuerdo a su señoría, y, libérrimamente, cada senador hable de lo que estime oportuno; y, contando con la benevolencia y la comprensión de la Presidencia, yo también querría hablar de mi libro. Pero no procede que yo hable de mi libro; estoy representando al Grupo Socialista y, antes de que ella me llame a la cuestión, tengo que hablar del Código Penal Militar.

Lo primero, dicho sea con todo respeto, es que esto no es un Código Penal claramente. Fíjense ustedes en el segundo párrafo de la exposición de motivos de este llamado Código Penal Militar. El primer párrafo dice que el Código Penal Militar de 1985 es una ley especial respecto al Código Penal común, porque el Código Militar de 1985 reduce el campo penal en el ámbito militar, comparado con el Código Penal común.

¿Qué ocurre con este texto, que tiene 88 artículos? Que lo reduce muchísimo más. Luego, si ya la propia exposición de motivos dice del código de 1985 que no es un código completo, ¿cómo no va a decir de este texto, que es mucho más reducido, que no es un Código Penal? De ahí nuestra enmienda para llamarle ley orgánica penal militar porque no es un código completo.

¿Esto es razonable? Sí. ¿No lo han aceptado? No. ¿Por qué? Porque entienden que de alguna manera se da una mayor relevancia, una mayor solemnidad si a una ley penal complementaria del Código Penal común le llaman código, pero realmente las cosas son lo que son y no lo que las partes creen que son. Nosotros somos lo que somos, seres humanos, alguno podrá pensar que somos querubines, arcángeles, tronos o serafines, pero no, somos seres humanos. Primera cuestión.

Segunda cuestión, ¿qué hace este texto respecto al anterior? Pues hace desaparecer figuras delictivas como las falsedades, la malversación, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la Administración de Justicia, etcétera; los hace desaparecer del llamado Código Penal Militar y los reconduce al Código Penal común. Ese es un gran avance en la aplicación del llamado Código Penal Militar. Pero no solo eso. Hasta la entrada en vigor de este texto, las sentencias que se dictaban en el ámbito penal militar no se podían suspender, a partir de la entrada en vigor de este texto esas sentencias sí se podrán suspender. Y les digo más, hasta ahora, a excepción de la Sala Quinta, la Sala de Conflictos, las sentencias en el ámbito militar no eran conocidas por el conjunto de los 46 millones de españoles, a partir de ahora sí serán conocidas. ¿Qué intento decir con esto? Que este texto supone un avance respecto al vigente, incluso el margen de intervención del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento de los jueces militares va a ser muy superior al que tenía hasta ahora; hasta ahora el Ministerio de Defensa tenía un gran margen de participación. Este texto supone un avance respecto al anterior. De ahí la enmienda 118 que presenta el Grupo Socialista respecto a la denominación de este texto.

¿Qué planteamos con nuestras enmiendas 118 a 128? Voy a separar dos de ellas, la 127 y la 128, y me voy a referir a las anteriores. Una, la denominación; otra, la necesidad de divulgación del texto; otra, la no discriminación por razón de pertenencia a una asociación profesional por parte de los profesionales que quieran participar en dichas asociaciones profesionales; y fundamentalmente sugerencias de tipo técnico porque durante el debate en el Congreso de los Diputados muchas de las enmiendas, que fueron defendidas brillantemente por mi compañero Diego López Garrido, fueron aceptadas en ponencia y en comisión.

¿Cuál es el centro del debate para no estar dando vueltas sobre diversas materias, todas muy interesantes pero que ahora no son objeto del debate? El centro del debate es el ámbito de aplicación de este llamado Código Penal Militar. Hasta ahora, desde el año 2007 había un artículo, el 7.bis, que establece el ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo, la condición del ser humano y la materia sobre la que trataba. ¿Qué ocurre ahora? Que una propuesta que no plantearon en el Congreso de los Diputados sino que plantean con toda su rotundidad aquí en el Senado extiende el ámbito de aplicación a lo que hasta ahora nunca se había hecho en España. En el año 2007 hubo un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios respecto al ámbito de aplicación; incluso, mi compañero en el Congreso llega a decir respecto de la enmienda que presentó el grupo mayoritario: En lugar de tocar algo que desde el año 2007 ha estado funcionando bien, deja estar aquello que está funcionando bien y no lo toques a no ser que tenga el mismo grado de consenso que tuvo la regulación de dicho año 2007. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Hasta ahora, la evaluación que en general hacemos todos los españoles respecto del trabajo de la Guardia Civil es positiva, consideramos que es un cuerpo que presta un gran servicio al conjunto de los hombres y mujeres, al conjunto de los pueblos de España.

Tengo el mejor de los conceptos como servidores públicos y no conozco a ningún integrante de dicho cuerpo que haya planteado en público tales propuestas —en público—. Sí sabemos desde hace años que estas propuestas se han ido realizando. Al Grupo Socialista se las han ido proponiendo, pero nosotros siempre hemos dicho que la Guardia Civil es eso, una guardia civil. No es una guardia militar. No es una parte de las Fuerzas Armadas. Es un cuerpo de seguridad de naturaleza militar. Y, como ya les dije en comisión, antes de que nosotros hablemos de la música de Bach y ustedes nos hablen del parte meteorológico de mañana, antes de que digamos cosas distintas, dejemos ya sentado —para que no perdamos el tiempo— que no estamos cuestionando la naturaleza militar de la Guardia Civil. Dejémoslo ya aparcado, está claro. El Grupo Socialista no cuestiona la naturaleza militar de este cuerpo de ejemplares y magníficos servidores públicos. Aparcado eso, que ya está claro —no perdamos el tiempo en eso—, lo que se discute es el ámbito de aplicación del artículo 1.5. ¿Qué prevé el punto 4 de dicho artículo? El punto 4 dice que se les aplica al guardia civil y al alumno de la Guardia Civil cuando está en el centro de formación en caso de conflicto bélico —en situación de guerra—, en estado de sitio, cuando participa en misiones militares o cuando está encuadrado y bajo un mando o autoridad militar.

Hasta ahora ha sido así en España, desde el año 2007 hasta el presente. ¿Ha sido así? Sí. ¿Ha dado buen resultado a los intereses generales de los españoles? Sí. ¿Por qué razón se plantea cambiar el punto 5 del artículo 1? ¿Por qué razón? No hay ninguna razón: ni desde el punto de vista de servicio público, ni desde el punto de vista de la tarea policial; ni lo piden los agentes de la autoridad; ni lo pide la Sala Quinta del Tribunal Supremo; ni lo pide la Sala de Conflictos; ni lo pide nadie desde el ámbito académico. Es verdad que un grupo reducido de personas lo viene pidiendo en privado desde hace años —se lo han pedido al Grupo Socialista y al Grupo Popular—. En el Congreso no llegaron a aceptar la tesis que hoy aquí plantean ustedes como enmienda, no llegaron a aceptarla. Aquí se plantea con toda crudeza. Pero nuestra tesis es que, por mucho descrédito de la vida pública o por mucho descrédito de la vida política, quien tiene que decidir es quien se presenta a las elecciones. Quien da la cara ante todos los españoles —porque se presenta a las elecciones y le votan—, esas personas que integran las Cámaras son las que tienen que decidir, y hasta ahora, todos los que han integrado esas Cámaras siempre han estado decidiendo que a la Guardia Civil no se le aplica el Código Penal Militar excepto en asuntos vinculados a la disciplina, en asuntos que tienen que ver con la jerarquía, que tienen que ver con la subordinación, que tienen que ver con los intereses, que tienen que ver con las funciones, que tienen que ver con la eficacia de la organización castrense. Fuera de ese ámbito, no se le aplica. Ámbito subjetivo, ámbito objetivo. En términos canarios, la madre del baifo; en términos de aquí, de Godilandia, la madre del cordero. (Rumores). Cada uno es cada uno, y cada uno usa la expresión que estime oportuno libérrimamente cuando está aquí, dicho sea con respeto.

Entonces, si la madre del baifo es el ámbito de aplicación del Código Penal Militar, nosotros decimos que el texto avanza con respecto al que se presentó en el Congreso por el Gobierno —pues se aceptaron muchas enmiendas en ponencia y en comisión—. Doy por reproducidos los argumentos expuestos en la comisión y vuelvo a emplazar, con todo respeto, a los ponentes del Grupo Popular a fin de que me den un argumento que justifique ese ámbito de aplicación del punto 5 del artículo 1, que está en nuestras enmiendas 127 y 128 y que conectan mejor con la exposición de motivos que está en el texto. Este es nuestro paquete de enmiendas y hasta el momento final de la votación, como decía don Pedro García Cabrera: «A la mar fui por naranjas/cosa que la mar no tiene/metí mi mano en el agua/la esperanza me mantiene».

Nada más, presidente, y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

En turno en contra, tiene la palabra el senador señor Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente, señorías, creía yo esta tarde que veníamos a debatir sobre el Código Penal de Justicia Militar; pero, en fin, hemos hablado de unas cosas, hemos hablado de otras… Hemos hablado de la Ley de enjuiciamiento criminal, hemos hablado de la Constitución, hemos hablado de Cataluña; hemos hablado de todo un poco. Hemos hecho un tótum revolútum, un pequeño cóctel, aprovechando la benevolencia de la presidenta, para cada uno decir lo que ha creído conveniente, utilizando libremente su turno de palabra. Yo, señorías, si ustedes me permiten, voy a intentar ceñirme a aquello que el mandato de hoy me obliga, que es a debatir las enmiendas que sus señorías han presentado y que, lógicamente, en nombre de mi grupo, voy a intentar argumentar en este turno en contra.

Hay dos bloques fundamentales de enmiendas entiendo yo. Uno, al que se han referido todas sus señorías —empezando por el señor Iglesias y terminando por el señor Díaz Tejera—, en cuanto al tema de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Por parte de sus señorías se ha argumentado que no se entiende el porqué de esa aplicación al benemérito cuerpo. Bien, en el dictamen del Consejo de Estado, señorías, se deja la puerta abierta para que, dentro de la potestad exclusiva del legislador, puedan incluirse los delitos que tutelan bienes jurídicos pertenecientes al ámbito estrictamente castrense que se estimen dignos de protección penal. Interpretando el artículo 7 bis del vigente Código Penal Militar, la jurisprudencia consolidada de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo consideró, en primer lugar, que el legislador no ha pretendido cambiar la naturaleza militar de la Guardia Civil y atribuir la competencia para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por sus integrantes a la jurisdicción ordinaria, por lo que se determina la aplicación del Código Penal común a los hechos delictivos cometidos cuando se encuentre realizando actos de servicio propios de sus funciones de seguridad ciudadana o de naturaleza policial, propias de ese cuerpo, manteniéndose para todo el resto de los supuestos la regla general de aplicación del Código Penal Militar.

En segundo lugar, señorías, y también interpretando el aludido artículo 7 bis del Código Penal Militar, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en dos sentencias concordantes con otras, concretamente la de 16 de abril de 2009 y la de 20 de abril también de 2009, estimó que debía aplicarse tal cuerpo legal cuando los miembros de la Guardia Civil, por su condición de militares, realizaran hechos que afectaran a bienes jurídicos propios del orden castrense, radicados, sobre todo, en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la cohesión interna, la protección de los medios y recursos puestos a su disposición o al desempeño de funciones y cumplimiento de deberes esenciales que no fueran encuadrables en los servicios policiales. Así que el proyecto de Código Penal Militar ha optado por determinar la aplicación de sus preceptos a los miembros de la Guardia Civil por elegir aquellos bienes jurídicos que no pueden quedar sin protección penal en un cuerpo de naturaleza militar como los delitos contra la seguridad y defensa nacionales del título I, los delitos contra la disciplina del título II, los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del título III y el título V que se refiere a los delitos contra los deberes del servicio.

En consecuencia, señorías, desde nuestro punto de vista, está absolutamente razonado que esté incardinada dentro del Código Penal Militar la Guardia Civil. Ciertamente, señorías, este es uno de los inconvenientes que ustedes plantean en las enmiendas que afectan a todo el texto y de las que, con el permiso de sus señorías, no voy a dar cuenta una a una. Digamos que ya hemos visto que la supresión de la Guardia Civil dentro del Código Penal Militar no es consecuente para nuestro grupo parlamentario ni vamos a aceptar ninguna de las enmiendas que se refieran a ello.

Las enmiendas del señor Iglesias, y que afectan fundamentalmente a este tema, las doy por contestadas, así como todas las que ustedes han presentado referidas al mismo asunto. No merece la pena repetir una y otra vez el mismo argumento. La justificación de esa inclusión en el ámbito estrictamente castrense por la condición militar ya está argumentada.

La enmienda 23 se refería también a la supresión de la mención al buque de la Guardia Civil. Entendemos que no es razonable excluir de tal protección a los buques de la Guardia Civil según los razonamientos expresados para la no aceptación de la enmienda al punto 5 del artículo 1 del proyecto.

Nuestra negativa a la aceptación de la enmienda 25 al artículo 76 del proyecto, también de supresión, se justifica en que la innovación más demandada por la realidad criminológica, con abundantes ejemplos en la legislación comparada, es la incriminación del tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con remisión a los tipos del Código Penal cuando tales hechos son cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, circunstancias estas que lógicamente afectan a la eficacia de la prestación del servicio. Por ello no pueden incluirse dentro del Código Penal común, porque en su condición de militares, y en función de su servicio, afectan de modo especial en la prestación del servicio y sobre todo comportan un riesgo evidente para quienes utilizan armas y medios, cuyo manejo requiere sin duda, señorías, de un especial deber de cuidado, por lo que el castigo de este delito debe ser incorporado al ámbito estrictamente castrense y debe estar fuera del Código Penal común.

En cuanto a la enmienda número 26, que solicita la supresión del artículo 82 del proyecto, estimamos, conforme a la doctrina constitucional, que, siendo el sujeto activo de condición militar y afectando el delito al servicio, corresponde al ámbito estrictamente castrense, y ello porque la doctrina constitucional se refiere a los bienes jurídicos protegidos por la norma penal en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y deberes, cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar. Por lo que se refiere a la Guardia Civil, se mantiene la redacción del proyecto en coherencia con los razonamientos expresados anteriormente respecto al punto 5 del artículo 1.

En cuanto a las enmiendas sobre el director general de la Guardia Civil y su carácter, al que también han aludido sus señorías, se entiende por este ponente y por el grupo que representa que, dada su condición, debe ser protegido dentro del ámbito del Código Penal Militar. Se justifica también la supresión del artículo 85 del proyecto sobre la base de que la incriminación de la receptación es consecuencia de la tipificación de los delitos militares contra el patrimonio dentro del ámbito exclusivamente militar que no exceda del ámbito castrense, porque existe una conexión directa con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas. Por tanto, tampoco debe estar incluida dentro del ámbito del Código Penal común.

En cuanto a las enmiendas presentadas por la señora Capella diré que los crímenes de guerra, señoría, ya figuran en el artículo 9.2 a), pues están comprendidos en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, tipificados en el Código Penal. La incriminación en un Código Penal Militar de los delitos de genocidio y contra la humanidad no se ajusta al ámbito estrictamente castrense establecido en la Constitución. Por tanto, los crímenes contra la paz no están incriminados en nuestro ordenamiento penal ni en el Estatuto de Roma, hasta que se apruebe la enmienda de modificación del mismo acordada en la Conferencia de Revisión de Kampala y por eso los dejamos aparte. También le diré, señoría, que la inclusión del capítulo VIII del título I en el ámbito estrictamente castrense se justifica por la condición militar del sujeto activo del delito, unida a la evidente infracción de los deberes establecidos en las leyes orgánicas 2/2011 y 11/2007. Existe, desde nuestro punto de vista, señoría, una directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión.

Diré en cuanto a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado lo mismo que respecto al punto 5 del artículo 1. La enmienda 42 habla de la supresión parcial también del artículo 3 en relación con la consideración como autoridad militar, como hemos dicho antes, del director general de la Guardia Civil y de los auditores presidentes y vocales de los tribunales militares. He repetido en cuanto al director general de la Guardia Civil que, dada la condición de instituto armado de naturaleza militar del cuerpo, es consecuente reconocerle la consideración de autoridad militar para otorgarle la protección penal que establece este proyecto de ley. Por la misma razón se reitera el reconocimiento tradicional como autoridad militar de los auditores, presidentes y vocales de los tribunales militares, de los fiscales jurídicos militares y los jueces togados, a los que se les protege penalmente en el articulado del Código Penal Militar.

Señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa en cuanto al tema de la Guardia Civil son una reiteración de las que han presentado todos los grupos políticos. Hay una de modificación del punto 1 del artículo 44, que tampoco se acepta puesto que se propone despenalizar el tipo básico del delito de desobediencia, sancionándolo directamente solo en la vía disciplinaria militar. Según la enmienda, se incrimina únicamente la desobediencia en acto de servicio de armas cuando se cometa en caso de conflicto armado, estado de sitio frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas. No es aceptable, señorías, la despenalización de una conducta tan grave como la que integra el delito de desobediencia, que supone además la violación de una de las reglas esenciales que conforman el comportamiento militar, y no se conoce en la legislación extranjera tampoco, señorías, ninguna norma penal militar que no castigue como delito la desobediencia en situaciones de normalidad degradando esta conducta al ámbito disciplinario militar.

Diré respecto a las enmiendas números 58 y 59, de modificación del artículo 48 y de supresión del artículo 81, que tampoco aceptamos la enmienda 58 puesto que la conducta cuya incriminación se propone ya está incluida en el concepto de acoso profesional y en las distintas formas de discriminación que se tipifican en el proyecto con una redacción muy similar a la contenida en el artículo 8.12 de la Ley Orgánica 8/2014 de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Tiene su fundamento en la redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y por lo que se refiere a la supresión del artículo 81 del proyecto les diré, señorías, que se justifica su inclusión en el ámbito estrictamente castrense por la condición militar del sujeto activo del delito, además de que existe una directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, así como la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión en concordancia con las sentencias del Tribunal Supremo, la 160/1987 y la 4/1990, añadiendo la jurisprudencia constitucional que la condición militar del sujeto al que se imputa el delito ha de ser también un elemento relevante para decidir el concepto de lo que calificamos como estrictamente castrense.

Señorías, justificamos la no aceptación de la enmienda presentada con el número 68, que también propone la supresión del punto 2 del artículo 1 del proyecto, en el punto 2 de ese artículo 9 porque es una solución técnica para evitar las relaciones de alternatividad que se producen entre los delitos militares y los comunes del Código Penal. Se justifica su inclusión en el ámbito estrictamente castrense también por la condición militar del sujeto activo del delito, unida a la exigencia de que se perpetren estos delitos con abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en las leyes orgánicas.

En definitiva, señoría, en su conjunto, el Código Penal Militar es fruto de un consenso muy razonable. Es verdad que hay discrepancias y que aquí se han manifestado, pero lo esencial es el consenso que ha prevalecido a la hora de traer este texto, que salió del Congreso con un importante número de apoyos. También creemos que es un Código Penal acorde con la situación real que vive nuestro país, con nuestra situación directa, al margen de aquellas discrepancias que ustedes han manifestado a lo largo del debate.

Por nuestra parte, señorías, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas porque entendemos que el texto que sale del Senado desde nuestro punto de vista es acorde con la necesidad de completar el Código Penal común con este Código Penal de Justicia Militar y suficiente como herramienta útil y válida para los próximos años. Teniendo en cuenta que el anterior Código Penal Militar es del año 1985 —han transcurrido treinta años desde su puesta en vigor—, entendemos que las mejoras sustanciales que se han producido en la redacción de este nuevo texto legal suponen, sin duda, un avance importante para el futuro de la legislación española.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, no pensaba bajar a la tribuna, porque quiero simplemente matizar unas cuestiones de forma muy rápida, pero no funciona el micro del escaño.

Deseo destacar que no es motivo de debate en este proyecto el carácter militar o no de la Guardia Civil, pero quienes pensamos que la Guardia Civil no debe tener ese carácter no podemos hacer abstracción de nuestra posición política al respecto y por ello insistimos a través de nuestras enmiendas en excluir de un código penal que se llama militar a la Guardia Civil. En segundo lugar, fue motivo de nuestras enmiendas que incluso en aquellos tipos en los que se pretenden tipificar —valga la redundancia— comportamientos que se afirma son estrictamente castrenses, la redacción que se da es lo suficientemente ambigua y amplia para que puedan ser comprendidas dentro de los mismos acciones y actuaciones que en ningún caso tienen la característica de ser castrenses.

Hacía referencia expresa el señor portavoz del Grupo Popular en el turno de portavoces al abandono de servicio. El abandono de servicio, en la forma en que se recoge en este proyecto —como delito que se pretende estrictamente castrense—, incluye actuaciones y acciones que, como las enmiendas de otros grupos también han destacado, deben ser sancionadas en el ámbito disciplinario o administrativo y no en el ámbito penal.

Finalmente, la condición de autoridad militar del director general de la Guardia Civil. Ustedes no nos han explicado todavía por qué, de pronto, es imprescindible que tenga esa condición. Hubo en la historia democrática, en el proceso democrático, directores generales de la Guardia Civil que eran generales y que, evidentemente, en su condición de generales tenían el reconocimiento de autoridad militar. En determinado momento se decidió que era preferible —y creo que fue una decisión acertada— que al frente de la Guardia Civil, como director general, no estuvieran generales. Y en ese momento, en el que se produjo el cambio, nadie planteó que hubiera que reconocerles la condición de autoridad militar, y creo que han transcurrido ya —no tengo hecho el cálculo exacto— veinte años desde que los directores generales de la Guardia Civil son civiles, sin sentir la imperiosa necesidad de ser reconocidos como autoridad militar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Intervengo también con brevedad.

Quiero recordar simplemente, como ya se ha dicho, así como el preámbulo del proyecto de ley, que el Código Penal Militar que ahora enmendamos se aprobó en el año 1985 para adaptarlo a la nueva realidad constitucional. Era un código penal militar extenso porque en ese momento no se había abordado todavía la reforma del Código Penal común. En 1995, el Código Penal común ya fue modificado, se aprobó y, ahora, la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas —la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio— es la que obliga también a la modificación del Código Penal Militar.

Como he dicho anteriormente en mi intervención en el turno de presentación de enmiendas, ha habido modificaciones sustanciales en el debate en el Congreso de los Diputados. Nos felicitamos por el grado de consenso al que se ha llegado en este proyecto de ley. Se ha sacado un importante grupo de delitos del Código Penal Militar y se ha remitido al Código Penal general. Como debe ser.

Por otra parte, mantenemos una discrepancia importante en cuanto al tema relativo a la Guardia Civil, al que se ha hecho referencia reiteradamente. Seguimos sin compartir —ahora ha hablado de ello también el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto— y sin entender esta insistencia en que los miembros de la Guardia Civil en todo momento estén sujetos prácticamente al Código Penal Militar cuando se trata de una policía y la inmensa mayoría de sus actuaciones son de carácter policial civil. Por tanto, debería limitarse su sujeción al Código Penal Militar a cuando participaran en operaciones de las Fuerzas Armadas y estuvieran bajo autoridad militar directamente. No lo entendemos, porque ha sido el propio Grupo Parlamentario Popular en el Senado el que se ha autoenmendado en este asunto, lo cual quiere decir que, inicialmente, tampoco lo tenían del todo claro.

Por tanto, pese a coincidir básicamente con buena parte del contenido del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, no podemos apoyarlo, como ya hicimos en comisión, precisamente porque no ha habido un cambio en la posición del grupo que apoya al Gobierno —del Grupo Parlamentario Popular— en cuanto a la Guardia Civil.

Por tanto, nuestro voto será de abstención.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor Sabaté.

Comparte turno con el senador señor Saura.

Tiene la palabra su señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero aportar de forma muy breve tres ideas. Primera: en este proyecto de ley la oposición ha tenido una actitud muy constructiva. No hemos presentado ningún veto con la idea o con la esperanza de consensuar sobre algún artículo. No ha habido consenso y es una pena, porque hay muchos artículos del proyecto de ley presentado por el Gobierno en los que hemos coincidido toda la oposición, sobre todo en sus dos aspectos fundamentales. Este proyecto de ley tiene una parte que es la aplicación o no del Código Penal Militar a la Guardia Civil y, en segundo lugar, que el Código Penal Militar no sea una reiteración del Código Penal Civil, por decirlo así, sino que hable simplemente de lo estrictamente militar.

Estoy absolutamente convencido de que en los argumentos que hemos dado en la presentación de las enmiendas hay muchas cuestiones que figuran en el Código Penal Militar que se nos plantea y que son del Código Civil.



Cuando prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en esto no hemos podido hablar. Tampoco hemos podido hablar a fondo de la aplicación o no del Código Penal Militar a la Guardia Civil. La posición de toda la oposición es muy clara, es decir, solo se puede aplicar el Código Penal Militar a la Guardia Civil cuando ejerza funciones militares, pero cuando la Guardia Civil ejerza funciones de seguridad, no hay que aplicar el Código Penal Militar, pero no ha sido posible hablar de esto. Por tanto, creo que se ha perdido una gran oportunidad, sobre todo cuando, además, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado al referirse al artículo 5.1, que hace referencia al Código Penal Militar en relación con la Guardia Civil o a los estudiantes de la Guardia Civil, dice clarísimamente que hay que concretar los aspectos penales.

Por lo tanto, simplemente quiero decir que es una pena que en un proyecto de ley al que no hemos presentado vetos, donde es posible hablar de toda una serie de cuestiones que afectan al comportamiento de la Guardia Civil y al Código Penal Militar, no haya sido posible hablar. Estoy seguro de que tarde o temprano tendremos un Código Penal Militar que será un capítulo del Código Penal Civil, pero hasta que llegue eso hace falta un poco de tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.

Seré breve, porque la presidenta me ha dado un tiempo generosísimo que me ha permitido hablar de todo —como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, he hecho un tótum revolútum—. Hemos hablado del Código Penal Militar, pero también hemos hablado del Tribunal Constitucional, del Estatut de Catalunya; hemos hablado de todo y, por tanto, ahora ya solo toca resumir.

En primer lugar, quiero anunciar, como ya he dicho antes, que nuestro grupo se abstendrá en esta ley, por los motivos antes también mencionados. No es la ley que nos gusta. Creemos que era una buena oportunidad para modernizar la Ley del Código Penal Militar. No somos partidarios de que exista un Código Penal Militar; creemos que con una Ley penal civil se puede cobijar a todos los segmentos sociales. Pero, así y todo, nuestro grupo ha aportado un conjunto importante de enmiendas, todas con el ánimo de mejorar la redacción final y ninguna ha sido aceptada —práctica habitual en esta Casa—. Pero, fíjense bien, qué diferencia de actitud. No nos gusta el código, nos parece que no debería existir el Código Penal Militar, hay cosas que queríamos mejorar, nos parecía una buena oportunidad para mejorar este Código Penal Militar, que viene del año 1985, pero, desde el punto de vista de Convergència en el Senado, no hemos podido avanzar nada, y, así y todo, hemos hecho aportaciones, sobre la base de nuestra actitud siempre posibilista. Anunciamos nuestra abstención, porque, como decíamos, sabemos que, a pesar de todo, es un código que favorece la vida militar de hombres y mujeres que forman parte de estos cuerpos.

El portavoz del Grupo Popular decía antes que el texto es suficiente como para no aceptar ninguna enmienda. La verdad es que no. Para este portavoz, que ha leído las enmiendas de todos los grupos, el texto no es suficiente. Había algunas enmiendas, no del partido que da apoyo al Gobierno, sino de la oposición, que yo creo que mejoraban mucho el texto. Y esta práctica habitual de no aceptar nunca nada en esta legislatura es una práctica poco inteligente, poco válida, un poco triste, parlamentariamente hablando, porque sabe Dios cuándo se volverá a aprobar el nuevo Código Penal Militar. ¡Sabe Dios cuándo se aprobará!

Y lo que ahora no se ha incorporado de los grupos parlamentarios de la oposición, sea el que sea, quedará en un cajón, en el olvido, y, por tanto, no mejorará esta ley que se entendía que era para modernizar y actualizar el Código Penal Militar. Por tanto, quiero dejar constancia de que nuestro grupo se abstendrá. En cuanto a nuestras enmiendas, como dijo un insigne popular en su día, se han aceptado cero patatero. También nos parece triste que no se hayan aceptado enmiendas ni de nuestro grupo ni de ningún grupo de la oposición. Como decimos en catalán, què hi farem, pero es una oportunidad perdida porque estas normas, que son macroleyes y que afectan a un ámbito importante, tardan muchos años en ser modificadas. Quizá el Partido Socialista diga: La próxima vez que gobernemos lo modificaremos. Veremos que del dicho al hecho hay un buen trecho y después, cuando se gobierna, lo que piensa la oposición será denostado como siempre pasa. Pero no entraremos en este tema sino que daremos paso al senador socialista don Arcadio, que nos quería hablar de su libro. Es una buena oportunidad porque así conoceremos más sus importantes dotes jurídicas. Bromas aparte, nuestro grupo ha intentado mejorar, no ha podido y de ahí nuestra abstención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.

Señor Maldonado, yo no quiero hablar de mi libro, pero en la época en que fui diputado del común de Canarias —traducción para ustedes: defensor del pueblo canario—, escribí uno, Derechos humanos: materiales, que les puedo proporcionar por si alguien quiere echarle un vistazo.

En cualquier caso, la cuestión que nos llama aquí hoy es el llamado Código Penal Militar, y les pregunto: ¿sabe cualquiera de sus señorías cuántos artículos tiene el Código Penal español, el común? 620. ¿Sabe cuántos artículos tiene el llamado Código Penal Militar? 88. ¿No es más razonable llamarlo Ley Orgánica Penal Militar? ¿No es una ley complementaria? ¿Se lo inventa este portavoz del Grupo Socialista? Falso. Solo hay que ver el segundo párrafo de la exposición de motivos del texto en referencia a la ley de 1985, a la que califica de ley especial y complementaria respecto al Código Penal común. ¿Esto lo dije antes, en la primera intervención? Sí. ¿No soy consciente de que estoy repitiendo? Sí, lo soy, pero quiero pedirle al ponente del Grupo Popular, con todos los respetos, que por favor me explique qué razón tiene para no aceptar esto que parece sensato, porque entre otras cosas explica la relación género, Código Penal común, y especie, ley orgánica complementaria y especial respecto a la general.

Antes desgrané un conjunto de argumentos que ahora no voy a repetir, pero sí quiero subrayar algo que me parece relevante. Cualquiera que haya tenido alguna experiencia de representación de España en algún organismo internacional habrá podido ver que si hay servidores públicos que en cualquier lugar del mundo nos honran con su trabajo son los militares y guardiaciviles españoles —todos los que han tenido esa posibilidad lo han comprobado— por su cualificación y su prestigio entre sus colegas. Luego, el debate no está en esto, sino en el ámbito de aplicación de este llamado Código Penal Militar.

Hasta ahora, ¿qué ha planteado la sala quinta, la sala de conflictos entre los dos ámbitos? ¿Qué ha planteado el Tribunal Constitucional interpretando el artículo 117.5 de la Constitución? Ha hecho una interpretación restrictiva, reduciendo la aplicación del Código Penal Militar a lo estrictamente castrense, es decir, a todo aquello que tiene conexión con los objetivos, fines y las tareas de las Fuerzas Armadas. Y es que la Guardia Civil no es un ejército, no es la Armada, no es el Ejército del Aire. Yo soy un reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, he estado un mes sirviendo en la asesoría jurídica de la Armada, conozco muy bien a los jurídicos militares y son unos magníficos profesionales, y no son ellos los responsables de este apartado 5 del artículo 1. Eso es falso. Los jurídicos militares son juristas muy cualificados y se plantean esta interpretación de acuerdo con el Tribunal Constitucional, una interpretación restrictiva, in dubio restriccione. ¿Por qué? Porque se hace una interpretación restrictiva de lo que está vinculado a las tareas, objetivos, fines y eficacia de la propia organización castrense.

Y vuelvo a subrayarle. ¿Hay algún argumento que explique una ruptura del consenso del año 2007 al año 2015? ¿Qué ha pasado en estos ocho años en términos de prestación del servicio, de reclamación de los servidores públicos, de reclamación de los magistrados que operan aplicando el texto vigente, en términos de la propia jurisprudencia del constitucional? ¿Hay alguna modificación que esté al alcance de algún español, a la que se pueda acceder de alguna forma? Ninguna. ¿Por qué razón no está en el texto que se mandó del Gobierno al Congreso? ¿Por qué razón tampoco estaba en el texto que mandó el Congreso al Senado? ¿Por qué razón aquí sí se plantea esta incorporación? Fíjense ustedes, vamos a trabajar en dos textos de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal —una orgánica y otra ordinaria— y cada uno de ellos tiene sustantividad propia, aunque se van a yuxtaponer para realizar el debate. Estos textos nacen del primitivo proyecto —muy influenciado por el Ministerio del Interior—, donde se planteaba que se pudiera pinchar el teléfono de cualquier español sin la autorización de un juez. De ahí venía ese proyecto. Es verdad que durante la tramitación en el Congreso esta invasión en el ámbito de las garantías y de los derechos fundamentales se ha estado podando. Pero en este caso es a la inversa. En este caso, se trata de un texto que ya ha sido evaluado por todos los órganos consultivos, a diferencia del que estamos trabajando, pues solo fue evaluado el que se mandó del Gobierno al Congreso. Pero el que han estado estudiando ustedes, el que van a votar ahora, ese no ha sido evaluado, ese apartado 5 del artículo 1 no ha sido evaluado por estos órganos consultivos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El senador Iglesias hablaba antes de la experiencia de civiles como directores generales de la Guardia Civil. Yo espero que al presidente de la Comisión de Defensa, don Santiago, no le hunda su carrera política si recuerdo que está aquí presente uno de los civiles que ha estado dirigiendo la Guardia Civil. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, no se exigía otra condición más que la de ser un dirigente político de confianza del partido gobernante. No se exigía la condición de militar ni de general de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque se ha insistido en ese perfil. Es más —y este es un debate histórico que mantuvimos en comisión—, les llamo a la lectura de la tesis doctoral de Diego López Garrido —según el propio Diego, lo mejor que ha escrito—, donde demuestra cómo, en su origen fundacional, ni siquiera tenía ese carácter militar; aunque estuvo pocos meses siendo un instituto civil. En aquel entonces, los únicos servidores públicos que había en toda España —era un Estado muy frágil— eran los militares. Les recuerdo que en el Ministerio de Agricultura solo había 6 funcionarios en toda España. Por tanto, inicialmente era civil y luego se transforma en militar por una decisión política. No es algo que pertenezca ni a la mecánica ni a la física cuántica, se trata de una decisión política. Incluso, hay un libro de la señora Martín Queralt, un atlas de la historia de España donde se explica cómo nace la Guardia Civil junto a un nuevo Código Penal. Se crea en la época isabelina, cuando gobernaban los moderados, para establecer el orden en el conjunto de España, para garantizar las comunicaciones y luchar contra el bandidaje y se vincula al orden público, a la seguridad de los españoles. ¿O es que acaso el 99,99 % de todo lo que hacen los guardiaciviles en España no está vinculado a la seguridad y a la lucha contra el crimen? Está vinculado a eso. Solo cuando se está en una situación de conflicto bélico o en una situación de estado de sitio, cuando forma parte de una misión internacional o cuando está bajo una autoridad militar, en ese caso, sí hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es un supuesto del título II, que tiene que ver con la disciplina, con la jerarquía, con la subordinación, con los fines, objetivos y tareas vinculados a las Fuerzas Armadas. Fuera de ahí no, porque su mayor trabajo es con el conjunto de todos los españoles, previniendo el delito y persiguiendo al delincuente, colaborando con la mayor capacidad y su mejor leal saber y entender con la autoridad judicial.

A mí siempre me ha inspirado una grandísima confianza cuando he llevado algún juzgado de instrucción que un oficial de la Guardia Civil fuera el responsable de la investigación; una garantía absoluta, y vengo de una cultura política en la lucha contra la dictadura del general Franco en la que grité: disolución de los cuerpos represivos, hasta que al llegar al juzgado de instrucción te tropiezas con unos oficiales que son unos profesionales y unos servidores públicos magníficos y ejemplares. Ninguno de estos oficiales, ninguno de los agentes, plantea esta petición, solo un grupo reducido que no da la cara ante los españoles, que llevan tiempo pidiéndolo y que hasta ahora ningún Gobierno ha claudicado y ha aceptado esa posición. ¿Por qué? Porque no mejora el servicio, sino que complica la situación. No lo pide nadie, ni desde el ámbito teórico ni desde el ámbito práctico, y en cualquiera de los casos me parece que lo que hace es dificultar la resolución de los conflictos, de los problemas y las infracciones que se cometen por parte de estos magníficos servidores públicos.

Esta es la explicación que le doy. Reitero lo dicho en comisión, y lo doy por defendido, pero sí le pido, por favor, al señor ponente del Grupo Popular, si lo tiene a bien, acusar recibo de estos argumentos y, si puede, responder a ellos. Otro día podemos hablar perfectamente del origen de Marte, de Urano y Neptuno, pero ahora en concreto le pido una explicación sobre esto, si a bien lo tiene; aunque, por supuesto, podemos hablar del parte meteorológico, como usted quiera.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, por los dieciocho segundos de benevolencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: De nada, senador Díaz Tejera; muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace justamente treinta años que comenzó un proceso de reforma de la legislación penal en materia castrense, como consecuencia de la adaptación a la Constitución española de 1978 y especialmente a los principios constitucionales que se establecían en materia de jurisdicción militar. Además de circunscribirse exclusivamente al ámbito castrense, es decir, proteger bienes jurídicos estrictamente militares, conllevó consecuentemente una subordinación, o más bien una especialización, de la legislación penal común. Ello obligaba a reducir o descomponer el carácter de código integral y completo como cuerpo normativo penal. Nos encontramos, pues, en 1985, y en ese contexto la reforma de la legislación penal militar que se llevó a cabo resultó en este extremo insuficiente por cuanto la norma que se alzaba como principal en materia penal, es decir, el Código Penal, tardó diez años más en adaptarse a la Constitución española y, en consecuencia, la legislación penal militar no pudo independizarse completamente.

Como segundo gran argumento de la reforma está el proceso llevado a cabo en las Fuerzas Armadas que, de manera incuestionable, ha provocado un salto cualitativo considerable sobre la configuración de nuestros ejércitos, sin perder con ello ni un ápice de sus principios irrenunciables propios de un instituto militar. Profesionalización, modernización y un nuevo escenario de misiones internacionales que, asimismo, han producido nuevos tipos penales.

Por último, como tercer argumento de la reforma se sitúa la protección necesaria derivada del cumplimiento de legislación posterior sobre derechos de los militares. Específicamente la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Es pues, señorías, una reforma improrrogable a tenor de la disposición final octava, en su punto 3, que mandata actualizar el Código Penal de 1985 y su adaptación necesaria a la nueva realidad. Por ello, la elaboración de la reforma era de obligado cumplimiento para el Gobierno, no era algo discrecional, y esto ha podido provocar, habida cuenta de lo avanzado de esta legislatura, que este grupo, tal vez, haya empujado con demasiado ímpetu, sin otro afán, señorías, que el objetivo del cumplimiento del deber, trazado por mandato legal.

Agradezco enormemente la comprensión y las facilidades que como grupo que sustenta al Gobierno de la nación han acompañado toda la tramitación y también de manera personal. Quiero agradecer a todos los portavoces su comprensión y colaboración y también r su responsabilidad, que ha estado a la altura de la importancia de la materia que hemos tratado. Quiero también agradecer de manera especial a los miembros de la Mesa de la Comisión de Defensa y a su letrado y de manera especialísima a nuestro presidente, Santiago López Valdivielso, por la facilidad y amistad en el trabajo parlamentario de este portavoz.

Es este, pues, un proyecto del que debo destacar, desde el punto de vista político, que no cuenta con ningún veto, con ninguno, y eso, señorías, en el contexto parlamentario actual es una satisfacción como senador del Grupo Parlamentario Popular y, por qué no también, permítanme, como jurista, pues, aun aprobado por mayoría, su legitimidad y fuerza vinculante todos sabemos que es la misma, pero un Código Penal, en este caso Militar, que no presenta veto evidencia que la elaboración en su conjunto es acertada. Y eso nos lleva, a mi juicio, a concluir por su resultado que es una ley justa. ¡A qué más puede aspirar una ley como esta! Y esta afirmación no impide, como es lógico, que existan puntos no compartidos o con diferente matización que hayan de quedar latentes en las enmiendas que permanecen en este debate y que han sido defendidas y que considero, además, que han sido saludables para el propio proyecto que hoy finalmente saldrá de esta Cámara.

Fundamentalmente, señorías, me detendré en lo concerniente a la Guardia Civil, por un lado, a cuyo respecto hay que decir que no es un debate nuevo, ni mucho menos exclusivo de este proyecto; es una discusión que trasciende el proyecto y que se remonta más allá de donde mi memoria es capaz de alcanzar; tiene que ver en su fondo con la discusión eterna sobre el carácter militar de la Guardia Civil, sobre todo puesto en relación con algunos derechos fundamentales que en el ámbito militar también les alcanza, pero en menor grado de cuestionamiento. Lo dicho aquí en el debate del proyecto de ley que modificó el régimen disciplinario militar es perfectamente extrapolable para diferenciar el hecho justificativo del límite de ciertos derechos en virtud de la primacía de los valores superiores que actúan como interés preponderante en torno a su salvaguarda por parte de nuestra sociedad. Para otros, tal vez no tan confesada o soterradamente, aun cuando no discuten su naturaleza, sí diferencian la jurisdicción en función del lugar donde actúan y de su dependencia al mando militar o no, o dicho de otro modo, separando la jurisdicción de la Guardia Civil, de acuerdo con la función que llevan a cabo: militar en misiones exteriores de esta naturaleza y civil si ejercen funciones de seguridad. Señorías, discusión superada con la distinción que estableció ya la sala quinta del Tribunal Supremo y que fue incorporada al dictamen mediante la enmienda 127 del Grupo Parlamentario Popular, que recoge las demandas en gran medida de algunos de estos grupos en este sentido, sin que se pueda desposeer por ello de la naturaleza totalmente de la institución, lo que explica que, por ejemplo, no opere la excepción del 1.5 tan manida aquí sobre, por ejemplo, delitos contra la disciplina, como acertadamente también ha argumentado mi compañero Rodríguez Comendador, al que felicito y agradezco su trabajo.

Un segundo punto de discusión, más virtual que real, concierne a la disquisición técnica sobre la calificación que merece el cuerpo resultante de la reforma: ¿Habemus codicem? Esa es la cuestión. Discusión estéril, por cuanto —permítame, su señoría, la expresión— el collar no hace al perro. Una u otra denominación carecen de efecto legal, siendo una discusión exclusivamente doctrinal, porque tal y como expresé en comisión, el hecho de ser complementario no despoja su condición antecedente, ni siquiera por la reducción lógica de ser especialidad del Código Penal común, por pasar de 620 artículos a 88, como se ha dicho, pues en sí y en su ámbito opera como un auténtico código, es decir, cuerpo legislativo pleno, completo su ámbito, con una estructura que abarca ámbito, delimitación, esto es, bienes jurídicos protegidos, tipificación y penas, 2 libros, 8 títulos, con inclusión de nuevas figuras delictivas, sin que ello menoscabe la aplicabilidad del principio de complementariedad como ley especial.

Termino, señor presidente. Señorías, tal y como expresó el ministro de Defensa en la presentación del código, viene a completar la arquitectura legislativa militar llevada a cabo en los últimos quince años de manera prolífica, Ley de la defensa nacional, Ley de derechos y deberes, Ley de la carrera militar, Ley de régimen disciplinario, todas ellas con carácter orgánico; y respecto a esta última, recordarán que en su debate algunos grupos ya reclamaban la tramitación y la necesidad de este proyecto que hoy estamos debatiendo aquí. Todas estas leyes vienen a ser completadas por esta ley que proporciona, señorías, fortaleza a todo el cuerpo legislativo militar, máxime por haber contado con un alto grado de consenso gracias a las aportaciones e incorporaciones llevadas a cabo sobre el texto inicial, y con ello ha fortalecido aún en mayor medida desde el punto de vista constitucional la institución militar y al Estado en la defensa de los valores que tienen encomendadas nuestras Fuerzas Armadas para beneficio de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Campoy.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000176

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar votando los tratados y los convenios internacionales que hemos dejado pendientes de votación.

Les repito que la senadora Cunyat, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, ha ejercido su derecho telemático al voto, y este ha sido en sentido afirmativo a todos los tratados. Como siempre, lo sumaremos al resultado de la votación que realicemos ahora.

Comenzamos votando el Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra, que figura en el orden del día con el número 8.1.1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM) ADOPTADA EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000178

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre la Unión Europea, que figura con el número 8.1.3. en el orden del día.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000179

El señor PRESIDENTE: Votamos el Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, que figura con el número 8.1.4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000181

El señor PRESIDENTE: Votamos el Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos, que figura con el número 8.1.6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 7; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. 610/000163

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, que figura con el número 8.1.7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247 más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. 610/000164

El señor PRESIDENTE: Votamos el Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá, con el número 8.1.8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE FEBRERO DE 2015. 610/000170

El señor PRESIDENTE: Y, finalmente, votamos el Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania, que figura con el número 8.1.14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 240 más 1 voto telemático 241; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. 621/000140 Defensa

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.

Comenzamos votando las enmiendas del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 27; en contra, 150; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4 a 10, 12 a 15, 17, 21 a 26 y 28 a 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 245; a favor, 15; en contra, 149; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 14; en contra, 217; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 16, 18, 19, 27 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella.

Comenzamos votando la enmienda 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 218; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 245; a favor, 24; en contra, 219; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 32 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 19; en contra, 154; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 35 a 37 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 152; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos las enmiendas 40 a 45 y 47 a 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 25; en contra, 152; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 46 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 25; en contra, 221.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Votamos las enmiendas 53 y 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 74; en contra, 155; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 55 a 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 10; en contra, 154; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 62, 65 a 71, 73 a 77, 79, 82 a 87 y 89 a 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 13; en contra, 151; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 63, 64 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 14; en contra, 216; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 78, 80, 88 y 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Votamos las enmiendas 93 a 100, 102 a 105, 107 y 109 a 116.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 151; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106, 108 y 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 94; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 101.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 24; en contra, 218; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 118 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 91; en contra, 152; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 121 a 124 y 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios de Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 127 y 128, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 88; en contra, 151; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 156; en contra, 74; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 148; en contra, 5; abstenciones, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. 621/000143 Justicia


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 621/000144 Justicia

El señor PRESIDENTE: Siguientes proyectos de ley. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Comisión de Justicia.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Comisión de Justicia.

Señorías, estos dos proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de forma separada.

Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venía, señor presidente.

Comparezco en esta tribuna para la presentación de los dictámenes del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Los dos proyectos de ley que se someten en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramitan por el procedimiento ordinario, tuvieron su entrada en esta Cámara el pasado día 6 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ambos casos el plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba el día 17 de julio, fue ampliado hasta el día 23 de julio del presente año 2015. Se presentaron 5 propuestas de veto y 103 enmiendas al proyecto de ley. Asimismo, se presentaron 5 propuestas de veto y 166 enmiendas al proyecto de ley orgánica.

El día 30 de junio la comisión designó ambas ponencias, que quedaron integradas de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; don Juan Ramón Represa Fernández, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Ambas ponencias se reunieron el pasado día 28 de julio para emitir sus informes, en los que no introducían modificaciones en los respectivos textos remitidos por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 28 de julio, y en ambos casos emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Presentaron votos particulares al dictamen del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiña Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, de Convergència i d’Unió, Socialista y Popular. Y al dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué y el señor Boya Alós, así como el señor Bruguera Batalla y el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, de Convergència i d’Unió, Socialista y Popular.

Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

Al proyecto de ley, la propuesta de veto número 1 es del senador Iglesias. Y al proyecto de ley orgánica, la propuesta de veto número 1 es también del senador Iglesias.

Para la defensa de estas dos propuestas de veto tiene la palabra por tiempo de quince minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré por la defensa del veto del proyecto ordinario de reforma de la LECRIM.

Se trata, como sus señorías saben, de una reforma parcial que explicita claramente que la reforma de la ley procesal penal ha entrado en vía muerta con carácter definitivo en esta legislatura. Yo no sé si en el Gobierno existe un ministerio, un negociado de títulos maravillosos, que en este caso ha conseguido una titulación que incorpora conceptos positivos, todos, como la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. No es la primera vez que nos encontramos con proyectos de ley con títulos bonitos que luego, ya en una lectura somera, defraudan completamente esas expectativas. En todo caso, lo que el título indica es que la apuesta que se hace por la agilización de la justicia se quiere afrontar una vez más sin superar las graves carencias en los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.

¿Cómo busca la agilización este proyecto de ley? En primer lugar, creo que se hace una exageración, una magnificación del problema real que en el funcionamiento de los juzgados suponen las causas complejas. Probablemente lo que más distorsiona en la tramitación de un procedimiento es la existencia de una pluralidad y, por tanto, de un número grande de implicados. Esa es la dificultad real. Frente a esta magnificación del problema de las causas complejas, por una parte se intenta actuar con bisturí, cortando la conexidad para reducir el ámbito de actuación en esas causas complejas, separando en diferentes procedimientos hechos que guardan relación entre sí y, sin embargo, ese esfuerzo, que parece ser uno de los motivos fundamentales del proyecto de ley, se ve inmediatamente degradado y devaluado cuando en el artículo 17.1 se reabre todo al declarar que serán investigadas en una misma causa diferentes ilícitos cuando resulte conveniente para su esclarecimiento y determinación de responsabilidades. Esto significa, sencillamente, que todo el esfuerzo inicial que se había querido articular para reducir la posibilidad de que la conexidad determine causas excesivamente complejas, queda a la voluntad, como hasta ahora, del juzgador, que es el que va a determinar si resulta o conveniente o no para el esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades la instrucción y el conocimiento en un solo procedimiento. Por el contrario, se excede al abrir la posibilidad de que, en esa búsqueda de eliminar las macrocausas, las acciones que constituyen un delito continuado sean enjuiciadas de forma separada. En la práctica se puede estar asistiendo al fin del concepto de delito continuado a partir de estas opciones que abre el proyecto.

Discrepamos del planteamiento que refleja el proyecto en el sentido de que no se produzca la remisión al juzgado de los atestados policiales sin autor conocido. En la práctica, los expedientes que llegan de las comisarías o de los cuarteles de la Guardia Civil sin autor conocido no dan tanto trabajo, porque su destino natural es que en muy poco tiempo, y con el visto del representante del Ministerio Fiscal, se produzca el archivo automático. Por tanto, no va a significar quitar una carga de trabajo tremenda e importante ni a jueces ni a fiscales, que en esta cuestión realmente lo único que hacen es firmar —visto del fiscal, archívese del instructor—.

Además, discrepamos de que, al final, con esta decisión el Ministerio Fiscal y el juez instructor realmente pierdan el control de una parte de la actuación policial, porque va a ser la Policía la que determine si se remite o no. Como mínimo —alguna enmienda hemos formulado al respecto— debería existir una base de datos a la que accedieran jueces y fiscales para conocer estas realidades.

Discrepamos absolutamente de la fijación de un límite, de un plazo máximo de instrucción, porque tenemos el temor —creo que fundado— de que se esté abriendo una vía de impunidad y que de forma encubierta se estén estableciendo una especie de nuevos plazos de prescripción del delito en la práctica, aunque desde la perspectiva jurídico-formal no sean reconocidos así.

Por otro lado, las prescripciones que aquí se introducen encajan en el modelo que estaba previsto en la nueva ley procesal penal, modelo en el que la función instructora recae sobre el fiscal. Pero, manteniendo el actual modelo, en el que es el juez quien instruye y marca, además, el ritmo de la instrucción, las prescripciones que se introducen no tienen mucho sentido ni tampoco que se conceda al fiscal la facultad de pedir las prórrogas, pues es el propio juez quien determina la conclusión de la instrucción.

Como saben sus señorías, a lo largo de la tramitación de este proyecto se han pronunciado diferentes entidades y organizaciones. En un comunicado de Jueces para la Democracia y de la Unión Progresista de Fiscales se destaca de forma muy razonada que la duración de un procedimiento no depende de la voluntad del instructor sino de la complejidad del delito, de los medios con los que cuenten el instructor y el fiscal y de la actuación de todos los órganos al servicio de la Administración de justicia. Y esto es lo que no se provee: más medios humanos y materiales.

Por otra parte, no compartimos la creación del nuevo proceso por aceptación de decreto; y nos patina, nos rechina el lenguaje administrativo que se está utilizando.

Y en cuanto a lo que está funcionando bien, ¿por qué buscarle alternativas? Los juicios rápidos funcionan bien y tienen más garantías que este nuevo proceso, que acaba siendo una especie de contrato de adhesión. En el juicio rápido existe el mecanismo de negociación con el Ministerio Fiscal, en el que se juega con su carga de trabajo y con su proclividad a buscar acuerdos que aligeren el número de procedimientos contradictorios que ha de afrontar en un día de juicios. Y con este nuevo proceso creo que esa vía de negociación queda cercenada. Y vuelvo a decir lo mismo: no hay que buscar una alternativa al juicio rápido, que va bien, que funciona. Alentémoslo y reforcémoslo.

No estamos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de decomiso. Estamos perfectamente de acuerdo en que se potencie. A este respecto, asistimos a una interesantísima reunión que se celebró en la Cámara, a la que nos convocó el compañero Arcadio, aunque, como coincidía con el Pleno, todo fue un poco atropellado. Pero repito que fue muy interesante.

Sabemos que es muy importante la lucha contra el crimen organizado —el ejemplo que nos ponían del Pazo Baión, que sigue dando unos vinos muy aceptables, fue un buen ejemplo de ello—. Se crea, además, un procedimiento autónomo de decomiso, una especie, en vía penal, de decomiso por lo civil sin sentencia condenatoria, que pensamos que es de dudosa constitucionalidad porque, además, establece un régimen de presunciones complicado y puede extenderse a todo el patrimonio.

Finalmente, discrepamos, como ya hicimos en la última reforma que se abordó de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la regulación cicatera —como pensamos— del recurso de revisión, basado en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también de la forma en que se generaliza la sentencia, que es preceptivo generalizar, pero no de esta manera.

En relación con el veto del proyecto de ley orgánica —también tiene un nombre muy brillante—, creemos que es positivo y compartimos la trasposición de la Directiva 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho de asistencia letrada en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea. Pero hasta aquí llegamos en nuestro acuerdo y coincidencia con el contenido. Si lo valoramos globalmente, creemos que hay una regresión en cuanto a las garantías del proceso y una limitación desproporcionada de los derechos fundamentales. Pensamos que se hacen planteamientos que son meramente cosméticos, que responden al debate político y que nunca debieran tener una traslación o plasmación al ámbito jurídico, al ámbito legislativo. Me refiero a la desaparición del término imputados por la carga estigmatizante que ello tiene.

Hace mucho tiempo que hay imputados, hay imputados por multitud de delitos; estigmatizados habrán estado a estas alturas, probablemente, centenares de miles de españoles, durante muchos años, y nunca se entendió que hubiera que cambiar el término. Se plantea ahora cuando este término se aplica a determinado tipo de delincuentes, se aplica en los casos de corrupción, que es lo que, al parecer, ha despertado la preocupación del Gobierno al proponer esta reforma. Pero a mí me parece muy bien que tenga una cierta carga estigmatizante, me parece muy bien, entiendo que es inevitable que tenga una cierta carga estigmatizante que a alguien lo imputen —volvamos a lo dicho esta mañana— por una acción de violencia de género o por un atentado contra la salud pública. Pues bien, como el resto de los delincuentes, también quienes son corruptos estarán estigmatizados por sus hechos más que por la imputación, por los hechos que motivan la imputación, no por el término imputado. En consecuencia, rechazamos ese planteamiento, hubiera sido preferible repensar un poco cómo se puede reforzar la presunción de inocencia. Y además, no nos engañemos, el estigma está por la proyección hacia la sociedad, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, del término imputado; por ello, en muy poco tiempo habrá la misma estigmatización de los investigados y encausados cuando lo sean por fenómenos de corrupción, no va a haber ninguna diferencia en muy poco tiempo.

Discrepamos de la regulación que se hace de los derechos del detenido y el preso en situaciones de incomunicación. Creemos que no se llega ni mucho menos al límite de las exigencias de la Directiva 12/2012. Son situaciones en las que hay riesgos siempre de malos tratos y de torturas y, como saben su señorías, diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han manifestado que España no investiga adecuadamente las denuncias por torturas y malos tratos. Y yo creo que eso sí estigmatiza a España y eso sí debiera ser motivo de preocupación y de respuesta contundente en el ámbito político y en el ámbito legislativo. La incomunicación es una situación de especial vulnerabilidad, como han manifestado en relación con nuestro país otros organismos aparte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha formulado distintas recomendaciones; el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la lucha contra el terrorismo —también los dos de Naciones Unidas— y el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Nuestra alternativa es muy clara: suprímanse las limitaciones de derechos de designación de abogado de comunicación, suprímase la situación de incomunicación.

Discrepamos igualmente de la previsión de medidas coercitivas y la ausencia de asistencia letrada en la toma de muestras biológicas, porque además creemos que ello se aleja de reiterada jurisprudencia y de un acuerdo general de la sala segunda del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2014, en definitiva las medidas de investigación que son limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18.

La tecnología avanza que es una barbaridad —frase ya casi humorística—, avanza para los delincuentes y avanza también para quienes tienen que perseguir a esos delincuentes. Pero la preocupación que a mí me ha suscitado la lectura de este proyecto y la preparación de esta intervención es que no avanza tanto en la protección de los derechos fundamentales, que van por detrás de estos avances tecnológicos y este proyecto me temo que es expresión de ello.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Necesito quince segundos, señor presidente, es ya la última idea.

Es cierto que se ha avanzado en relación con las posibilidades de intervención de comunicación acordadas por el Ministerio del Interior, por el secretario de Estado, que se planteaban en el anteproyecto, pero por razones de urgencia y con comunicación al juez —que debe ratificarlo después— se mantiene la detención de correspondencia privada, la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, la utilización de dispositivos que permitan grabación y captación de comunicaciones orales o de instrumentos de seguimiento y localización o el registro de dispositivos de almacenamiento. Y no estamos de acuerdo con que se mantenga esta posibilidad.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La senadora Capella presenta la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y también al proyecto de ley orgánica. Tiene la palabra para la defensa de los dos vetos.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores.

Esquerra Republicana ha presentado veto a ambos proyectos de ley y he de decir que, a pesar de haber presentado el veto —y con alguna salvedad, como decía el senador Iglesias—, estaría de acuerdo en una parte de la reforma, que es aquella que pretende concentrar de una vez por todas el derecho a la asistencia letrada y, por tanto, el derecho de defensa entendido como un todo y no entendido de forma independiente. Esta es de las pocas cosas que merecen la salvedad de ambos proyectos de ley.

En Esquerra Republicana consideramos que hemos perdido una oportunidad, hemos desaprovechado otra oportunidad, porque arrastramos —es lo que estamos haciendo: reformar parcialmente la Ley de enjuiciamiento criminal— de nuevo un modelo gestado en el siglo XIX, con muchas reformas que se han producido con posterioridad a la promulgación de la Constitución española, y esto implica la convivencia de normas distintas, artículos que estaban pensados para una sociedad agraria, eminentemente rural y esto subyace en el modelo de justicia y, por tanto, de procedimiento penal que contempla la actual Ley de enjuiciamiento criminal a pesar de las reformas operadas.

¿Que era necesaria la reforma? Por descontado, pero no en estas condiciones. Era necesaria una reforma integral, necesaria y urgente, pero, insisto, no mediante esta manera de proceder, y no les desvelo nada nuevo de lo que ya he dicho a lo largo de los distintos debates parlamentarios que se han sucedido en las comisiones del Senado con competencias legislativas e incluso en las que no las tenían. No es una buena manera de proceder, no es una buena manera de legislar la que se ha utilizado estos dos últimos meses.

La Ley de enjuiciamiento criminal es una ley de importante calado en lo que respecta al modelo de sociedad y por tanto también al modelo de proceso penal que se pretende en una sociedad moderna. Y decía que es verdad, que nos hemos quedado a mitad del camino, a medias, y con ello ustedes eluden la responsabilidad que les toca por ser el partido mayoritario de la Cámara, el partido que gobierna el Estado español. Les diré una cosa: son más tácticos que estratégicos y por eso pasa lo que pasa: las reformas no son de calado ni lo que realmente necesita la sociedad y, en definitiva, no solucionarán —eso creemos en Esquerra Republicana— los problemas que arrastra la justicia penal. Es más, me reafirmo en lo que dijo el ministro el lunes pasado en un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; terminó diciendo: «Nos hemos adaptado a las necesidades; las disponibilidades han determinado el modelo.» Pues miren, mala manera de legislar, mala manera de diseñar lo que debería ser un proceso penal con todas las garantías y, por tanto, el código procesal penal que requiere una sociedad moderna.

Por eso la pregunta es: ¿Se cumplirán los objetivos de agilizar, de una justicia moderna que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Para cuándo el código procesal penal? Porque se trataba de eso y no de lo que han terminado haciendo, que creo que lo harán solos, como no puede ser de otra manera, pues ya nos tienen acostumbrados y está siendo una constante que las reformas de calado que afectan sustancialmente a estructuras básicas del Estado ustedes las acaban haciendo solos y las votan únicamente ustedes. Para muestra, lo que pasó con el Código Penal.

Decía que estábamos ante una reforma parcial, seguramente también por esa incapacidad que tienen de diálogo, por esa incapacidad de aceptar la visión del que tienen sentado delante. En definitiva, esto no comportará una mejora de la justicia penal y al final lo que pasará con esta reforma que se va a aprobar en la tarde de hoy es que las modificaciones que se han introducido en estos dos proyectos de ley de la Ley de Enjuiciamiento criminal —uno con trámite de ley orgánica, otro con trámite de ley ordinaria— es que se va a dar cumplimiento a la incorporación de la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo en lo que afecta a la doble instancia penal, y a la adaptación de la legislación española a las directivas europeas —intervenciones de las comunicaciones y trasposiciones, algunas defectuosas, de la directiva europea—.

El primer proyecto de ley, el tramitado como ley ordinaria, incorpora plazos máximos de duración de la instrucción. Pues bien, todos deberíamos saber —o algunos deberían saber un poco más— que la duración de un proceso no depende solo de la voluntad del instructor y de que se establezcan plazos máximos, sino que depende de la complejidad del delito instruido, del número de partes que intervienen en el proceso, de la capacidad que tienen —en el ejercicio de su derecho de defensa y de acusación— de interponer recursos contra las resoluciones judiciales y de los medios materiales y personales —repito, de los medios personales y materiales—. Y en esta ley también se nota el efecto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque existen dos disposiciones —luego me referiré a ello— en las que también se habla de que estos dos proyectos no conllevarán ni modificaciones económicas ni representarán gasto que afecte a los presupuestos, porque yo hablaba de medios materiales, pero también personales de los juzgados y de la fiscalía.

En cuanto al Ministerio Fiscal, el gran debate debería ser qué papel se le otorga al Ministerio Fiscal. Tampoco se han atrevido a dar un paso si verdaderamente el Ministerio Fiscal debía convertirse en quien llevase realmente el peso de la instrucción. No sé si al final lo habrán incluido en su autoenmienda, porque nos tienen acostumbrados ya a autoenmendar sus propios proyectos de ley, sobre todo en la fase del Senado, con la consiguiente imposibilidad de realizar un debate real de las mismas, por lo que no sé si realmente el fiscal terminará teniendo ese papel relevante que nosotros criticábamos en nuestro veto por escrito, en el sentido de si debía ser él quien accionase o no la instrucción del procedimiento, sabiendo también que no forma parte del juzgado en el que se tramita el procedimiento ni existen elementos de comunicación diaria y constante entre los juzgados de instrucción y la propia fiscalía.

En cuanto al procedimiento de decomiso autónomo —que, como dicen, responde a la Directiva 2014/42 de la Unión Europea, que es un mandato, efectivamente, de Europa—, este permite privar de la titularidad de los bienes procedentes del delito a pesar de que el autor no pueda ser juzgado. Creemos sinceramente que esto significa una ampliación del procedimiento bajo el pretexto de prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. Y en relación con terceros, se establecen presunciones, no ya de conocimiento del origen, sino de la sospecha. En Esquerra Republicana creemos que esto puede suponer una inversión de la carga de la prueba, que se extiende, o puede llegar a extenderse, a todo el patrimonio del sujeto, ya que puede afectar también a bienes de origen lícito; ello implica creemos, vulneración de derechos fundamentales. En definitiva, la regulación rompe los principios generales del proceso penal, genera una tremenda inseguridad jurídica y, como decía, conlleva o puede conllevar la vulneración de derechos fundamentales.

Doble instancia procesal. Evidentemente, bienvenida, ya era hora. Cuántas sentencias condenatorias en las que no ha habido la posibilidad de la doble instancia penal.

Intervenciones de las comunicaciones. Viene a dar cumplimiento, como decía, a la transposición de directivas comunitarias, pero también a resoluciones y sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia Europeo.

Como decía el senador Iglesias, se ha moderado la capacidad de intervención tanto del Ministerio del Interior como del secretario de Estado; sin embargo —también se refería a ello el senador Iglesias—, se mantiene la posibilidad de que las actuaciones pueda ser ordenadas en los supuestos de terrorismo. A nosotros esto no preocupa por una razón especial y por eso lo denunciamos y votamos en contra tanto a la reforma del Código Penal como a la ley que reformó los artículos en materia de terrorismo —que también forman parte del Código Penal—, por esa ampliación, por esa extensión y ese artículo que, en definitiva, venía a ampliar los delitos de terrorismo a otras acciones.

Debo hacer una mención especial al cambio de denominación de algunos de los sujetos del proceso, en este caso el imputado que, como decía también el senador Iglesias, se va a denominar hasta la apertura del juicio oral investigado. Las preguntas son: ¿A qué obedece este cambio? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Les preocupan sus imputados? ¿Les preocupa el desvalor social que, efectivamente, tiene la carga de ser imputado?

La defensa de la presunción de inocencia requiere una profunda reflexión social, política y jurídica que en ningún caso se soluciona con un cambio de denominación en la fase de instrucción del sujeto sometido al proceso penal. La presunción de inocencia tiene muchas maneras de ser defendida: a través de unas buenas garantías procesales y también a través del tratamiento —cuestión que cabe analizar y creo que este es un debate que siempre se deja de lado— que los medios de comunicación efectúan tanto del proceso penal como del detenido, los juicios paralelos, etcétera. En definitiva, el cambio de denominación no comportará el desvalor porque el ser sometido al proceso penal conlleva también esa carga de desvalor que comporta el propio proceso penal. En todo caso, la presunción de inocencia debe ser garantizada con la protección de los derechos fundamentales y todas las garantías que deben acompañar al procesado.

Decía que si algo salvaba de estos proyectos de ley era lo relativo a los derechos del detenido: tratar como un todo el derecho de defensa y el derecho de asistencia letrada. Seguramente esta división a lo largo de todos estos años tiene que ver con la regulación contenida tanto en el artículo 17 como en el 24.2 de la Constitución española, que conllevó el impedir que el ejercicio del derecho de defensa se iniciase en el mismo momento de la detención cuando es llamado el letrado para asistir al detenido. Efectivamente, en eso algo hemos avanzado, hemos avanzado, obviamente, por obligaciones que vienen de Europa y que nos han marcado que tuviésemos que avanzar también en esta regulación. En definitiva, ya era hora de que fuese así.

Nuestras objeciones se refieren, evidentemente, a cuando se aplica la incomunicación y decía que se nota el efecto del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando en el proyecto de ley aparece una disposición adicional única y una la disposición adicional primera en la ley orgánica. La primera dice: Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Y en la disposición adicional primera del otro proyecto de ley aparece esta previsión de costes. Pues ya me explicarán ustedes cómo se hace esto, cómo se aplica una reforma del calado de estas normas, que en algunos aspectos deberá conllevar seguramente incremento de dotación de medios materiales y personales, sin que signifique una previsión de costes y que sin que signifique un incremento de dotación presupuestaria.

En definitiva, la reforma —y por eso hemos presentado veto— era necesaria y urgente no en la manera y en las formas utilizadas por el Gobierno y por el Partido Popular, que no va a cumplir los objetivos que debía perseguir la reforma, que era la agilización de los procesos judiciales penales, no significará unas garantías de los derechos fundamentales y tampoco se va a avanzar en materia de trasparencia. Se necesita un código procesal penal, un nuevo modelo de proceso penal, una nueva estructura procesal penal y una ampliación de la planta judicial. Y ninguno de los dos proyectos va en esta dirección.

Por estos motivos hemos presentado veto a ambos proyectos legislativos y solicitamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, han presentado el veto número 3 al proyecto de ley y también una propuesta de veto al proyecto de ley orgánica.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Debatir estas dos leyes significa, como antes decía de forma más profunda, ver en qué marco de la política de justicia se producen. He dicho antes en otra intervención que recuerdo perfectamente el 5 de marzo del 2012, cuando el ex ministro Ruiz-Gallardón dijo en la comparecencia donde presentaba su programa que su objetivo fundamental era modernizar y agilizar la justicia. En estas dos últimas semanas y en las dos semanas siguientes discutiremos y se aprobarán diversas leyes que prácticamente todas ellas insisten en modernizar y agilizar la justicia, e insisten en esto porque —antes he hecho la broma de pedir que quien creyera que la justicia se ha modernizado o se ha agilizado que levantara la mano; antes no la ha levantado nadie y ahora tampoco— no se ha modernizado ni se ha agilizado la justicia.

En todo caso, sin ningún género de dudas, ha sido esta legislatura la más conflictiva desde el punto de vista de la justicia con todos los agentes de la justicia: los colegios profesionales, los jueces, los funcionarios, el Colegio General de la Abogacía, todos han estado en contra de muchas de las disposiciones, en definitiva, del Ministerio de Justicia.

Y que la justicia no ha avanzado o no se ha modernizado o no se ha agilizado no es que lo diga la oposición o lo diga yo en este momento y en nombre de Jordi Guillot, sino que hay un reciente barómetro del Consejo General de la Abogacía —que hace un barómetro sobre la opinión de 2225 abogados, que son muchos— en el que se responde a dos preguntas, que son las siguientes. Primera: ¿La justicia funciona bien o muy bien? Respuesta: 14 %. Segunda: ¿La justicia funciona mal o muy mal? Respuesta: 77 %. Es decir, estamos en un país donde el 77 % de los profesionales que han de intervenir —en definitiva, una profesión importante de la justicia— dicen que funciona mal; pero a la segunda pregunta de si se ha mejorado en los últimos años o se ha empeorado, el 14 % dicen que se han mejorado y el 50 % dicen que ha empeorado. Dicho de otra manera, estamos discutiendo unas leyes que intentan ocultar de alguna manera posiblemente uno de los grandes fracasos del Ministerio de Justicia del Gobierno del Partido Popular.

Dicho esto, el otro día alguien me preguntaba: ¿Qué ha pasado con la justicia? Si no se ha modernizado, si no se ha agilizado, ¿qué ha pasado? Yo le dije que había una herencia de cinco o seis puntos que el Gobierno y la mayoría del Partido Popular va a dejar al país y al próximo Gobierno y a las próximas Cortes.

Primera cuestión. Prácticamente lo primero que hizo el Partido Popular fue transferir, quedarse, si me permiten, «usurpar» —entre comillas— competencias y funciones del Consejo General del Poder Judicial al ministerio, con lo cual la autonomía y la independencia de cosas gravísimas —que ahora no voy a explicar para no alargarme— quedaron en manos del Ministerio de Justicia.

Segunda cuestión que ha producido la política de justicia del Gobierno del Partido Popular. Sin ningún tipo de cuestionamiento, ha producido una disminución de los derechos y libertades de las personas, que tiene muchos aspectos, pero uno fundamental: las tasas. Las tasas fue una decisión para evitar que mucha gente pudiera ejercer su derecho a la justicia; hubo una modificación parcial ante el alud de manifestaciones contrarias a que un tema como la justicia fuera objeto de mercantilización.

Pero ha habido otras decisiones, por ejemplo, Gobierno del Partido Popular: Estamos colapsados en justicia, no invertiremos ni un dinero más ni habrá más personal. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Pues muy fácil: cuando se aprueba la Ley Hipotecaria se cede, se externaliza a los registradores una parte de esa función; cuando se hace la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se traspasa a los notarios una parte de esa función; hoy o mañana, cuando aprobemos estos proyectos, se traspasará a los procuradores una parte de esta función, y además se toman medidas, como limitar la instrucción a 6 meses, lo que en definitiva también expulsa el trabajo de la justicia. Dicho de otra manera, la forma de agilizar, de disminuir el colapso en la justicia pasa para el Gobierno del Partido Popular por externalizar o privatizar una parte importante de sus tareas.

Tercera cuestión. La política centralista y uniformizadora del Partido Popular en relación con la justicia. No se me escapa, evidentemente, lo que dice la Constitución de la justicia, pero hay necesidad porque la justicia es el único aparato del Estado que prácticamente no ha experimentado ninguna evolución desde el Estado de las autonomías, prácticamente ninguna por no decir ninguna; es posible hacer descentralización y no se hace.

Y la cuarta y última herencia es algo que algunas personas recuerdan y otras personas no recuerdan, que es que esta Cámara y el Congreso de los Diputados eliminaron la justicia universal.

En definitiva, todos estos puntos —la disminución de la autonomía del Consejo General del Poder Judicial; la disminución de libertades; la externalización y privatización del servicio público de la justicia; la no inversión en justicia; la centralización y uniformización de la justicia y la eliminación de la justicia universal— forman parte de su herencia. No hay herencia de modernización, no hay herencia de agilización, por eso tanto en las leyes que discutimos hoy como en las que discutiremos mañana plantean ustedes la necesidad de agilización. ¿Por qué la plantean? Porque cuando plantean eso están reconociendo el fracaso de estos cuatro años de justicia.

Antes de entrar en el contenido, otro elemento son las formas en las que ustedes han planteado el procedimiento parlamentario, las formas parlamentarias. Creo que no es equivocado decir que ha habido improvisaciones y precipitaciones que, como se decía esta mañana, han llevado a errores importantes en el Código Penal; a algo insólito como es que a un proyecto de ley que presenta el Gobierno de nacionalización de los sefardíes el PP presente enmiendas en el Congreso en relación con la nacionalidad española, viene al Senado y se retiran, o que en una propuesta de externacionalización del Registro Civil, en el trámite parlamentario sacan el modelo de Registro Civil y hoy no tenemos modelo de Registro Civil, modelo que debía estar en marcha en 2015. Y también sucede que hay muchos proyectos —por no decir prácticamente todos los proyectos importantes de justicia— en los que el Partido Popular presenta enmiendas importantes, que cambian aspectos sustanciales de la ley, impidiendo el informe del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial e impidiendo la respuesta de la oposición con otras enmiendas que respondan a esas enmiendas.

No creo que sea posible, señoras y señores senadores, presentar en una ley del Gobierno 30 enmiendas en el Congreso y 40 o 50 enmiendas aquí, enmiendas importantísimas, no superficiales. Si después quieren, en el trámite de enmiendas puedo leer las enmiendas que se han presentado y a qué afectan, y veremos que afectan a cuestiones absolutamente fundamentales, que no sé qué explica eso. Explica improvisación, explicar querer eludir informes del Consejo de Estado..., no sé qué explica, pero alguna explicación debe tener, no creo que sea incompetencia. Descartando la incompetencia, que la descarto, debe de haber otras razones que hacen posible que ustedes presenten en el Senado, por ejemplo en la ley que discutiremos mañana, veintitrés enmiendas que, si no recuerdo mal, tocan todo lo importante.

Dicho esto y yendo a las dos leyes que nos ocupan, recuerdo que el exministro Ruiz-Gallardón, de forma muy amable, nos invitó a dos comidas en el ministerio. A la primera para decirnos que la Ley de enjuiciamiento criminal que teníamos era una ley del siglo XIX y que no quería hacer parches sobre una ley del siglo XIX, sino que quería presentar una ley procesal penal del siglo XXI. Y nos planteó si nos parecía bien que hubiera una comisión de expertos; nos preguntó si nos parecía bien pero ya la había hecho. El Gobierno nombró una comisión de expertos para hacer una propuesta integral de ley procesal penal. Y el eje fundamental que estructuraba toda esa ley integral era la sustitución del juez instructor por el fiscal instructor, de forma que el juez quedaba en una posición, por decirlo así, de garantía. Parece lógico —



a mí me lo parece— que no pueda ser que el mismo juez que instruye luego dicte sentencia. Por lo tanto, la propuesta que el exministro nos hizo fue si estábamos de acuerdo o no con unos documentos que se nos dieron en esas dos comidas sobre la elaboración de un proyecto de ley que fuera la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI, pero no sé por qué esto ha desaparecido. No existe hoy ninguna presentación de una ley procesal penal nueva que sitúe este aspecto fundamental del fiscal como eje, como núcleo fundamental del proceso penal. Lo que existen son dos proyectos de ley, si me lo permiten, con picoteos de algunos temas. Pero los elementos centrales siguen siendo los mismos, algunos de ellos para que parezca que se va a modernizar la justicia, no ahora, en enero, en febrero o en marzo, pero en absoluto existe la propuesta.

No sé, y me gustaría que alguien me lo explicara, por qué razón la idea de Ruiz-Gallardón, que contaba con documentos y que a todos los portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado nos pareció aceptable, no se ha llevado adelante. No lo sé. Lo único que sé es que hubo una comisión de expertos, que se realizaron unos trabajos y que existían una voluntad y una actitud positiva para hacerlo. Lo que quiero decir es que hoy estamos reformando una ley del siglo XIX y nos gustaría tener una ley del siglo XXI, una ley que superara los casi doscientos años de antigüedad de la que tenemos.

Voy a detenerme en los cuatro o cinco aspectos más importantes y, luego, en el trámite de enmiendas explicaré más. El tema estrella de una de estas leyes consiste en que el tiempo de instrucción sea de seis meses. Un compañero juez me dijo que eso era como chasquear los dedos, y ya tener los seis meses. No basta con un chasquido para que sean seis meses, porque, para que la instrucción pueda hacerse en seis meses, habrá que hacer cosas. No sé si el Grupo Popular conoce alguno, pero yo no conozco ningún plan para seis meses. Todas las personas ligadas a la justicia con las que he hablado me dicen que esto es absolutamente imposible, pero me plantean dudas. Si cuando llegan los seis meses la instrucción no se ha acabado, ¿qué pasa? La ley contempla la posibilidad de prórroga del fiscal, que no es quien instruye, pero se le niega al juez. Esto tampoco lo entiendo. Porque si el juez está instruyendo un procedimiento judicial y al cabo de seis meses ve que no llega, lo normal es que sea el juez quien pida la prórroga. Pues bien, el juez tiene prohibido pedir prórroga. Solo la puede pedir el fiscal, tampoco puede hacerlo la acusación particular. No lo entiendo.

En todo caso, esta propuesta es mágica. Se dice que no habrá más medios, que no habrá más recursos, pero que lo que antes se hacía en nueve o diez meses se puede hacer en seis. Esto parte de tener una visión del juez: si no se hace en seis meses es porque no quieren y, como no quieren, vamos a darles un plazo de seis meses para que lo hagan. Esto no es verdad, es decir, los jueces no hacen o no terminan muchas cosas en seis meses porque no tienen medios. España no tiene medios en materia de justicia y quien diga que no es así que levante la mano. La justicia no tiene medios. El Consejo Fiscal, señorías, califica esta medida como absurda. El Consejo Fiscal dice literalmente: Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal, en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar hasta absurdo. Y dice que por qué no se mantiene la actual situación hasta que haya una ley procesal penal. ¿Cómo interpretan ustedes que el Consejo Fiscal les diga que su medida estrella es absurda? ¿No les hace pensar en cambiarla o les da lo mismo que sea absurda?

El segundo tema es el de la incomunicación, al que antes también he hecho referencia. Reconocemos que en el trámite parlamentario del Congreso se han mejorado cosas sobre la incomunicación, por ejemplo, me parece muy importante el hecho de que en esta ley se diga que una persona incomunicada recibirá al día dos visitas del médico. Por tanto, hay mejoras en relación con el régimen de incomunicación. Lo que ocurre es que nosotros estamos en contra del régimen de incomunicación. Hace veinte años podíamos discutir si el terrorismo en España nos llevaba a tener situaciones de incomunicación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

Pero en estos momentos esto está superado y lo que defendemos es que cualquier persona, una vez que se la detiene, pueda tener todos los instrumentos legales para defenderse, ni uno menos que los demás. Y la incomunicación significa que no tenga los mismos derechos, a pesar de que se haya mejorado y donde antes se decía que no tenía ninguno ahora sí tenga alguno; eso también ha mejorado. El problema es que no tiene ningún sentido que exista un régimen de incomunicación, y esto nos lo han dicho autoridades internacionales.

La última cuestión que quiero mencionar en este trámite tiene que ver con el famoso artículo 520. Este artículo tiene una redacción que, junto a lo que dice la ley mordaza, pone a los profesionales de los medios de comunicación en una inseguridad jurídica terrible. Han hecho cartas y manifiestos que ustedes deben de haber recibido.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Termino.

El artículo 520 abre la posibilidad de sancionar a un fotógrafo que hace una fotografía a una persona cuando se le detiene y, a continuación, se le aplica la ley mordaza. Por tanto, nos parece que se debería abolir el artículo 520.

Por lo tanto, señorías, les doy un suspenso en política de justicia en estos cuatro años. En estos momentos son las leyes que intentan modernizar y estamos dispuestos a ver todo aquello que se puede modernizar, pero hemos perdido cuatro años fundamentales para que la justicia española esté situada donde debe estar, que es un espacio de libertad, de igualdad y de justicia para todo el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 4 al proyecto de ley y al proyecto de ley orgánica ha sido presentada por las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a hacer unas primeras consideraciones sobre la manera de legislar, del proceder legislativo del que también hablaba el senador Saura en materia de justicia, por supuesto, pero también otras. Me voy a referir a esta manera de legislar que están imponiendo el Gobierno y el Grupo Popular, que le apoya, a lo largo de la legislatura pero de manera muy particular en estos meses finales, caracterizados por la tramitación exprés, que algunos pensamos que vulnera en la práctica los derechos de los senadores y senadoras. Ya sé que ustedes dirán que se cumple el reglamento, pero en realidad se dificulta la tarea de enmendar y participar de verdad en proyectos de ley de tanta relevancia como los que debatimos en este Pleno y en el de la semana que viene. Para la mayoría, este procedimiento es un puro trámite que no tienen más remedio que cumplir porque el reglamento les obliga, y por tanto, no hay diálogo ni negociación, solo oídos sordos a todas las propuestas de mejora, a las enmiendas que presenta la oposición; como mucho incorporan ustedes sus propias enmiendas, aunque no siempre —también se ha dicho aquí—. Nos da la sensación de que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular no son fruto de la reflexión, del debate y del propio proceso, sino de esa dinámica de improvisación que también tienen algunas de sus medidas.

Esta es la dinámica general, y creemos que no hay precedente, desde luego no lo hay en nuestro parlamentarismo ni tampoco en el europeo, para la rapidez y perentoriedad con que a lo largo de estas semanas se están tramitando estas iniciativas en tantas ponencias y comisiones, y siempre con un resultado, y es que no se recoge ni una sola de las enmiendas de la oposición; como mucho, en el Pleno se transacciona alguna. Señorías, lo que estamos viviendo estos meses es la negación del parlamentarismo, lo que provocará —estoy convencido— inseguridad jurídica, cuestión especialmente grave si hablamos de leyes que afectan a derechos fundamentales como las que estamos debatiendo esta tarde. Les podría pedir que rectificasen, pues falta poco más de un mes para el final de la legislatura, y todavía podrían tener ese gesto.

Pero paso a continuación a expresar, en nombre de los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, las razones que han motivado la presentación de los dos vetos, tanto a la ley orgánica como a la ordinaria, ya que así nos presenta el Gobierno la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal: la orgánica, que afecta a los temas relativos a las garantías y derechos fundamentales, y la ordinaria, sobre la tramitación y la presunta agilización de los procesos. La existencia de estos dos proyectos es la primera expresión del fracaso del Gobierno, ya que, tal y como se ha expresado con anterioridad en las intervenciones que me han precedido, el compromiso del Gobierno y del anterior ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, era una reforma global e integral de la LECRIM, de la Ley de enjuiciamiento criminal, por tanto un nuevo código procesal.

Esta reforma se planteó con cierto aire prepotente, ignorando completamente el anteproyecto que durante la última legislatura socialista había preparado una comisión de expertos, e incluso había informado a algunos órganos jurisdiccionales. Ustedes prefirieron empezar de cero encargando un nuevo proyecto a otra comisión de expertos. Todo ello para descartar al final la reforma global e integral anunciada y presentarnos esta reforma parcial con elementos de improvisación y contradicción, utilizando, además, solo en parte, por supuesto, el informe de su propia comisión de expertos.

Señorías, en la exposición de motivos y en la presentación de los proyectos de ley en el Congreso por parte del ministro de Justicia, que hoy ha brillado aquí por su ausencia, como imagino que sucederá con otros, se citaban tres objetivos: agilizar la justicia, aumentar las garantías y la seguridad jurídica, y luchar contra la corrupción. En primer lugar, nosotros compartimos el objetivo de agilizar la justicia; cosa distinta es que creamos que el camino que establece el proyecto de ley no sea el adecuado, pues además de provocar efectos secundarios, no conseguirá el objetivo que se marca. Compartimos el esfuerzo que hay que realizar para incorporar, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en todo lo relativo a los delitos relacionados con la ciberdelincuencia, pero siendo conscientes de la necesidad de tener presente la habilitación que se establece, por ejemplo, respecto del almacenamiento indiscriminado de datos que a su vez establece la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que obliga, cómo no, a modificar nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que ocurre es que, aun siendo todo ello necesario, dado que se trata de una serie de medidas que inciden de forma directa en derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la regulación requiere de cautela, mesura, prudencia y proporcionalidad. Se regula, por ejemplo, la intromisión policial con carácter general con autorización judicial, pero se hace con algunos elementos claramente inadecuados y desproporcionados para lo que son las intromisiones en las comunicaciones y en la intimidad personal. En este sentido, señorías, la proporcionalidad en materia penal tiene especialmente un valor constitucional, porque no se puede sacrificar en aras de la eficacia y de la eficiencia en la persecución del delito.

Algunas de las limitaciones que ustedes introducen nos parecen en este sentido claramente desproporcionadas. En primer lugar, cabe hablar de la duración. Se prevé que la duración de algunas de estas medidas excepcionales sea de tres meses, prorrogables hasta dos años de escuchas o grabaciones de imágenes, cuando luego se pretende agilizar las diligencias del proceso a seis meses. En segundo lugar, además de la duración, hay que tener en cuenta la proporción, ya que se pueden aplicar no solo a delitos graves, más de cinco años, sino a delitos de penas máximas de hasta tres años.

La desproporción de la medida también afectaría a derechos en casos de razones de urgencia, donde la policía puede proceder sin autorización judicial a la colocación de dispositivos de captación de imágenes y sonido o a acceder a datos de ordenador. Por cierto, en este contexto de ampliar garantías y de seguridad jurídica, ¿por qué no se plantea la existencia de cámaras de grabación en las comisarías que graben la situación de los detenidos? En Cataluña contamos con una experiencia positiva al respecto, y algunos lo conocemos; se garantiza, por supuesto, la integridad de los detenidos pero también, y esto es muy importante, protege a la policía de acusaciones falsas de malos tratos.

También es una limitación, a nuestro entender desproporcionada, la que se efectúa mediante la modificación de los artículos 118 y 520 de la actual Ley de enjuiciamiento criminal, que regulan los derechos de asistencia de abogado. A pesar de haber sido reformado recientemente, ustedes introducen ahora excepciones al derecho del imputado o detenido a tener una entrevista con su abogado antes del interrogatorio judicial. Introducen excepciones generalizadas que acaba decidiendo la policía, limitando un derecho fundamental y dejando vacía de contenido una previsión efectuada en este sentido por una directiva europea. En otro orden de cosas, también nos preocupa la regulación que hace la ley de los hallazgos casuales.

En lo que respecta al proyecto de ley ordinario, la medida anunciada como la más importante para la agilización de la justicia consiste en la reducción del plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho meses para causas que sean declaradas complejas. Esta medida, como ustedes saben, es ineficaz, es pura propaganda, y ello es así porque ustedes han dicho en este y en otros proyectos de ley, que veremos en este Pleno, que su aprobación no comporta ningún gasto adicional. Señorías, la tramitación de la inmensa mayoría de asuntos en nuestros juzgados y tribunales se alarga, no porque los jueces o magistrados no trabajen o porque quieran que se alarguen, sino por falta de medios materiales o personales ante causas en muchos casos, como ustedes saben, enormemente complejas. ¿Qué ocurrirá si se agotan los plazos? Que se acabe la instrucción de una forma precipitada o sin finalización efectiva por falta de diligencias en la investigación o que se incumplan los plazos con el riesgo de impunidad del delincuente, ambos casos.

Todavía más irreal es la pretensión de que la solicitud de prórrogas solo se le reconozca al Ministerio Fiscal y no al instructor, a la acusación particular o al perjudicado. Además, con la falta de medios de la Fiscalía esto, desde luego, es un absoluto despropósito.

Nosotros pensamos, igualmente, que es errónea la regulación de la conexidad, también con el objetivo de disminuir la carga de trabajo de los juzgados. Y no es que estemos en desacuerdo en encontrar vías que permitan trocear y dividir macrocausas, pero sí en la fórmula regulada en el proyecto de ley que prevé que solo el fiscal pueda instar ese procedimiento, porque, señorías, ustedes han optado por un modelo en el que el fiscal no es el instructor.

Finalmente, no es el modelo por el que apostaba el señor Gallardón pero, habiendo optado por un modelo en el que el fiscal no es el instructor, impedirán que el juez instructor, el perjudicado también o la acusación particular puedan solicitar la división, y ello es un error. Igual papel otorgan al fiscal en el proceso monitorio por aceptación de decreto. Ustedes hacen un procedimiento que es un híbrido del juicio rápido y la práctica de conformidad que, desde nuestro punto de vista, es excesivamente rígido. La propuesta del fiscal se contempla como innegociable y en este sentido pensamos que debería ser más flexible. Tampoco es un acierto la regulación del atestado sin autor conocido. Pensamos que solo persigue disminuir la estadística sobre el volumen de trabajo de los juzgados y crea un problema importante, dada la inexistencia de garantías judiciales en este caso.

Señorías, entrando en otros aspectos del proyecto de ley, nosotros compartimos la necesidad de la generalización de la posibilidad de recurso de apelación frente a las sentencias dictadas en instancia por las audiencias provinciales o por la Audiencia Nacional, recurso que se substanciará ante las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de justicia. Esta segunda instancia era una necesidad. Ahora bien, pretender que ello sea posible sin más medios es desconocer la situación de los tribunales superiores de justicia. Es verdad que algunas salas civiles y penales de algunos tribunales superiores de justicia, especialmente en algunas comunidades uniprovinciales —y no citaré ninguna—, no tienen mucha actividad; baste repasar la memoria. Pero en otras comunidades con gran población, máxime si además tienen derecho civil propio, como en el caso de Cataluña, será imposible que se realice esa función sin más medios humanos y materiales, y no se podrá hacer frente a los nuevos recursos de apelación fruto de la reforma de esta ley y de las nuevas atribuciones que se le otorgan. En este sentido, por ejemplo, la creación de una sala exclusivamente penal en algunos de estos tribunales es una necesidad obvia. Así que, señores, nada de más garantías, y más agilidad tampoco.

Y, finalmente, me referiré de manera breve al tercer objetivo, junto a la agilización y las garantías de seguridad jurídica de estos dos proyectos de ley: el de la lucha contra la corrupción. No son estos proyectos de ley los instrumentos fundamentales para luchar contra ella, hay otros —por supuesto, el Código Penal o la Ley general tributaria, y mañana tendremos ocasión de tratar dos modificaciones legislativas importantes a este respecto—, pero nos parece acertado abordar temas que tienen relación con ella, con instrumentos como el decomiso y la oficina de recuperación y gestión de activos que regula el proyecto de ley. El problema es que tanto la regulación del decomiso como la creación de la oficina de recuperación y de gestión de activos se abordan de manera insuficiente y sin la necesaria ambición.

Concluyo, señorías. Son todas estas razones, y otras recogidas en las enmiendas presentadas a los textos que estamos debatiendo, las que motivan la presentación de estos dos vetos y la solicitud de devolución de los proyectos al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la propuesta de veto número 5, tanto al proyecto de ley como al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes, señorías. Con su venia, presidente.

Doy por reproducido en este turno el despliegue argumental que utilizó el Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, tanto para un texto como para otro. Cada uno de los proyectos tiene sustantividad propia y lo procedente sería distinguir ambos planos. Por lo que tiene que ver con el proyecto de naturaleza ordinaria, piensen sus señorías que en la titularidad del Ministerio de Justicia o en el desempeño de la Fiscalía General del Estado no siempre tiene por qué haber una persona que coincida con nuestras posiciones ideológicas y políticas, puede haber personas que en absoluto coincidan con nuestras posiciones ideológicas y políticas e incluso personas que no tengan sentido común, prudencia y autocontención, que es lo que se le pide a cualquier servidor público. Siempre que se planteen dar competencias a un cuerpo de servidores públicos piensen que no siempre las va a ejercer una persona buena, justa y benéfica; siempre hay que contemplar que igual no es buena, justa y benéfica, a la hora de establecer controles en el ejercicio de competencias que suponen poder real.

¿Por qué viene esto a cuento? Porque los dos textos no solo suponen, como ha explicado el presidente Montilla muy bien, la no aceptación del texto del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal con la que se tropezó el nuevo Gobierno cuando llegó —había un texto bastante gordito, que vimos, tocamos y olimos—, sino que se planteó un texto ex novo, a pesar de que ya en ese texto figuraba la propuesta de que el Ministerio Fiscal asumiera la instrucción. Parto de la base del reconocimiento a la cualificación individual de los autores de los textos —algunos de los cuales conozco y a los que he manifestado mi público aprecio—, pero discrepo del modelo que plantean porque no llega a estar en vigor en la actualidad. En comisión, puse el ejemplo de un gladiador que está en el circo romano y del que tiran cuatro caballos de cada miembro; el peligro está en que o tiene más fuerza que los caballos, o los caballos lo descoyuntan. En este caso, una pierna está en el modelo que está en vigor y la otra en el modelo que querían haber desarrollado pero que no se atrevieron a desarrollar. Pero hay una evidente traslación competencial al Ministerio Fiscal —me reconocerán los ponentes del Grupo Popular—, no solo en el ámbito del monitorio penal, que supone una naturaleza distinta de cara a las tareas previstas en la Constitución respecto al Ministerio Fiscal, porque adoptan decisiones, y no es esa su función prístina, su función original, sino también en lo que tiene que ver con la iniciativa para la ampliación de los plazos de la instrucción.

Fíjense ustedes que al único que se le impide tener iniciativa para ampliar el plazo de instrucción es al propio juez. ¿Qué es lo que argumenta el Grupo Popular de manera muy inteligente?, porque yo no niego la inteligencia de los adversarios políticos. De manera muy inteligente argumenta: ocurre lo mismo en el contrato 1280 del Código Civil. Este contrato no plantea que, de las dos partes que han firmado el contrato, una de ellas lo interprete, porque una de ellas es responsable de él. Por tanto, el juez no puede tener la iniciativa de la ampliación de plazo porque él es el responsable de haberlo incumplido, y ese razonamiento confunde el papel del juez: no es parte, no ha sido autor del contrato, es el tercero imparcial que trata de evaluar conflictos jurídicos. De ahí, que nuestras enmiendas planteen que, junto al Ministerio Fiscal, también pueda tener la iniciativa el juez que está instruyendo porque, si no le da tiempo a realizar la instrucción en ese plazo, tendrá que poder pedir la ampliación de plazo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

¿Por qué razón? Señorías, ¿qué establece el artículo 117? Lo expliqué en comisión, lo he explicado aquí en varias ocasiones y lo vuelvo a hacer. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, responsables, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Hay algún servidor público en España que responda a este criterio de estar sometido únicamente al impero de la ley? Ninguno. Todos los servidores públicos tienen una relación jerárquica entre sí, hay alguien que les manda y así sigue la cadena hasta el vértice. El único que está sometido únicamente al imperio de la ley es el juez. Es el único que no recibe instrucciones de nadie, ni siquiera de ningún otro juez, ni siquiera de ningún otro órgano. Se puede guiar por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, si no la aplica en algún supuesto, tiene que razonarlo y motivarlo, pero no existe relación de jerarquía porque está sometido únicamente al impero de la ley. Por el contrario, si a quien está sometido únicamente al imperio de la ley, que es el que es realmente independiente, le quitan esa facultad y se la dan a otros, le colocan en una posición pasiva. Si le piden la ampliación de plazo, puede acceder o no, pero si no se la piden, no puede tener iniciativa. ¿Cuál es el peligro de esto? El primer peligro es decir que los 5496 jueces que hay en España —entre jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo— son los responsables de las dilaciones indebidas en la instrucción de todas las diligencias previas en toda España. Claro, porque si se establece ese plazo perentorio, no se quiere ampliar la impunidad y no se establece ningún mecanismo para que el juez pueda ampliarlo, le está diciendo que el responsable de las dilaciones que se han dado y se están en la actualidad es el propio juez. Y ya puse de ejemplo en la comisión, respecto a un dirigente del Partido Socialista canario, PSOE, Carmelo Padrón, catedrático de urbanismo, abogado: catorce años la instrucción. Al final, lo archivaron. Y en Canarias no hay derecho foral de los guanches. Quiero decir que en esa sala de lo civil y lo penal, francamente, excepto la instrucción de dos o tres aforados, tienen tiempo más que de sobra para poder estudiarlo.

Lo que planteamos para solventar el problema de la falta de independencia es la ampliación de plazo para que no haya ninguna rendija por la que se cuele la impunidad en los delitos complejos. No estamos hablando de los delitos de sota, caballo y rey, sino de los de cuello blanco, los de corbata. Esos son los complejos, los que una persona con solo formación jurídica no tiene ni idea y necesita un soporte de estudiosos en el ámbito de las disciplinas financiera, económica, de contabilidad, etcétera.

¿Qué hemos argumentado también? Que este es un modelo que está a patas entre otros dos —tiene el peligro de descoyuntarse—. Se plantea una traslación competencial al Ministerio Fiscal en materia de plazos de instrucción en el ámbito del monitorio penal, siendo así que no está sometido únicamente al imperio de la ley, porque hay una relación jerárquica de los integrantes —dignísimos, por otra parte, y cualificadísimos—, pero constitucionalmente no son independientes. No solo es eso, sino que se ha perdido una oportunidad para regular una figura que todos reconocemos que ha tenido diversos efectos perversos, que es la contemplada en el artículo 191.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 101 y 270 de la Ley de enjuiciamiento criminal: la acción popular. Hay multitud de casos en España en los que lo que estaba previsto para la acción pública, para la acción popular, como fomentar la legalidad y el respeto a los derechos, ha tenido mil y una utilizaciones ajenas al interés general, ajena al principio de legalidad, con efectos muy perversos y de ajustes de cuentas de muy distinta naturaleza, no necesariamente siempre dignos y adecuados al interés general.

Otro asunto más. El problema de la segunda instancia no es que no tenga cobertura jurídica, porque está desde los años sesenta en el artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. El problema es que los que están ahora en la sala de lo civil y lo penal, que están aplicando derecho foral —hablamos de Cataluña, hablamos de Aragón, hablamos de Galicia, hablamos del País Vasco, hablamos de Baleares, hablamos de la Comunidad Valenciana, donde hay derecho foral, no derecho civil común—, han accedido ahí después de doce o trece años de experiencia en la aplicación de ese derecho foral. Al haber ganado esa plaza en la sala de lo civil y lo penal, con esa experiencia están tomando decisiones en el ámbito civil en el derecho foral, y ahora les van a encargar que ellos, que llevan décadas sin ver un asunto penal, sean los que revisen las sentencias de los que llevan décadas poniendo sentencias penales. ¿Por qué razón? Porque esto no puede llegar, que es el mantra que se repite, esta letanía de que no puede haber modificación en la planta judicial, y abro paréntesis: saben ustedes que la promoción número 63 de jueces, que ha estado dos años en espera de plaza, ya tiene plaza; está la 64 y la 65 que todavía no tienen plaza, pero ya la 63 tiene plaza —es una planta judicial que lleva parada ocho años—. Pues bien, esta persona que lleva décadas sin ver un asunto penal va a revisar sentencias de personas que han accedido a la audiencia provincial después de décadas en la carrera judicial aplicando sentencias penales, y algunos de ellos —no voy a decir nombres porque son asuntos privados—, magistrados especialistas en derecho foral de alguna de las comunidades que he citado, me llamaban asustados y me decían: ¿Cómo me van a decir a mí que yo revise una sentencia penal cuando llevo veinte años sin ver una sentencia penal? ¿Cómo le voy a revisar a uno que lleva veinte años haciéndolo? Lo natural, lo propio, es que se creen esas salas de lo penal. ¿Por qué? Porque, naturalmente, llueven en segunda instancia todos los recursos contra las sentencias de la audiencia provincial, contra todas las sentencias de la secciones de lo penal.

Los criterios en torno a la conexidad ya los expliqué en comisión; no los repito ahora porque aquí tengo mucho menos tiempo.

En relación con el proyecto de ley orgánica, el señor Iglesias tuvo la amabilidad de reconocer unas sesiones que organizamos en el Senado, en las que estaban todos los grupos políticos y el ministerio, en torno al modelo de activos y de seguimiento del dinero y del patrimonio mobiliario e inmobiliario del crimen organizado. Para nosotros es muy importante que esa oficina de recuperación de activos tenga un margen competencial mayor que el que tiene en la actualidad. Hay varios modelos, pero a nosotros nos gustaba mucho el italiano, que tiene una gran experiencia en la lucha contra el crimen organizado. Incluso el actual director de OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, es un magistrado italiano, Giovanni Kessler, que estuvo el día 1 en la comisión política del Consejo de Europa explicándonos el trabajo que hacía en este ámbito y nos pareció que es una experiencia muy interesante. Lamentamos que hayan hecho una interpretación muy restrictiva y tacaña del ámbito competencial de esta oficina de recuperación de activos.

¿Cuál es el problema con el registro remoto de los datos almacenados? El problema con el IP, el número identificador que tiene un ordenador, no tiene mayor dificultad. Los problemas se dan con el IMEI o el IMSI, que son los identificadores que tiene el teléfono para conectar luego con el servidor. ¿Qué ocurre con esto? Que mientras estamos hablando acerca de esto, lo que llaman la minería de datos por parte de las grandes corporaciones en torno a los móviles que nosotros usamos avanza a una velocidad muy superior. Ayer se publicaba la existencia de empresas dedicadas a los drones que están registrando datos en el ámbito privado no solo del presunto delincuente, sino del conjunto de integrantes del núcleo familiar. Y aquí lo que se plantea respecto al registro remoto es que la formulación tecnológica tal cual está, mientras la debatimos y hasta que entre en vigor, les garantizo que va estar obsoleta por la velocidad con que se desarrolla. Por eso sugeríamos en nuestras enmiendas una formulación tecnológica suficientemente abierta y omnicomprensiva para que en cada momento el juzgador, cuando vaya a autorizar la grabación de imagen y sonido mediante drones o cualquier otro sistema, siguiera respetando los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, proporcionalidad y necesidad. El respeto de esos cinco principios exige que el juez de instrucción tenga esa fórmula general y omnicomprensiva que le permita, con todos los avances tecnológicos del momento, que no se quede atrasado, como está pasando ahora. Ustedes saben que esa sentencia de Luxemburgo obliga a la modificación de la parte tecnológica por la sencilla razón de que los servidores ya no están obligados a seguir reteniendo durante años información sobre millones de españoles; ahora lo pueden hacer exclusivamente respecto a los que están incursos en diligencias previas.

Me he pasado ya veintiún segundos de mi tiempo. Hay un conjunto de propuestas en relación con las cámaras de vídeo, el lenguaje o el imputado de lujo que ya expliqué en la comisión. Les he estado explicando la broma que resulta el programa de cumplimiento normativo para personas jurídicas, porque lo de la agilización no lo veo por ningún lado y creo que aumenta la inseguridad por estas razones que he esgrimido. Se ha hecho este último razonamiento sobre la lucha contra la corrupción, cuando para delitos como la malversación o el cohecho en vez de extender a diez años la prescripción la mantienen en cuatro o cinco años, y a las personas jurídicas que han podido ser sujetos de infracciones criminales solo se les exige que tengan un programa de cumplimiento normativo, es decir, que cuenten con un señor o una señora que les diga: Mire, tiene que hacer esto o lo otro. Es algo que en general tienen las empresas. Aunque lo llamen ahora programa de cumplimiento informativo, eso es lo que durante años se ha llamado el corporate affairs, es decir, las personas responsables de los asuntos jurídicos que le dicen a la empresa las cosas que no puede hacer porque el ordenamiento jurídico se lo prohíbe.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Termine ya, por favor. Tiene un turno de portavoces.

El señor DÍAZ TEJERA: No puedo acabar sin decirle al presidente que le agradezco mucho ese minuto cuarenta y un segundos que me ha dejado de más.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díaz Tejera.

Para ejercer el turno en contra, el señor Represa tiene la palabra.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición con respecto a los vetos que han presentado los distintos grupos parlamentarios. Cinco han sido los vetos presentados a cada uno de los proyectos de ley que debatimos, a los que voy a tratar de contestar, anunciando de antemano el voto en contra a todos ellos.

En primer lugar, quiero hacer una breve referencia a la oportunidad de estos dos proyectos de ley, de la cual se ha hablado tanto aquí como en comisión. La Ley de enjuiciamiento criminal que se reforma data del año 1882; por tanto, tiene más de ciento treinta años de vigencia. Esta ley ha tenido múltiples modificaciones para adaptarse a las exigencias sociales de cada momento. Y aunque es una buena ley —creo que eso no lo puede poner en duda nadie—, no es menos cierto que necesita de una inaplazable reforma.

También se ha hablado aquí de la urgencia o no de estos proyectos de ley. Como les dije en comisión, y lo digo ahora y lo mantengo, la reforma es urgente. Lo mantengo porque resulta necesaria e ineludible. En ningún caso ha sido una reforma improvisada o poco meditada, sino todo lo contrario. Esta es una reforma muy trabajada —en consonancia con otras reformas llevadas a cabo por el actual Gobierno, como la reforma del Código Penal o la de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, que incorpora jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, así como directivas de la Unión Europea —a las que luego me referiré—, recomendaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los compromisos adquiridos por España a través de convenios internacionales, además de dar satisfacción a las demandas sociales, que creo que es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta.

Ahora voy a referirme concretamente a los vetos presentados a la ley ordinaria. Señora Capella, tengo que decirle que en el escrito a través del cual ustedes presentan el veto, solamente argumentan en contra del proyecto de ley presentado a la ley ordinaria —aunque es cierto que aquí ha ampliado sus argumentos— que se condiciona la prórroga del plazo de instrucción a la petición del Ministerio Fiscal. Por tanto, con todos los respetos, esta me parece una argumentación medianamente consistente para justificar la petición de devolución del texto. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de ley que regula tantas materias —la conexidad, los atestados sin autor conocido, el recurso de apelación, el proceso por aceptación de decreto, el decomiso, la segunda instancia o el recurso de revisión—, no me parece que tenga mucho sustento basar el argumento del veto en si el fiscal puede o no pedir la prórroga del plazo de instrucción. Pero es que, además, no es como lo dice usted, sino que la decisión recae sobre el juez a instancias del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes; aunque, repito, usted ha ampliado aquí sus argumentos. Por lo tanto, y como todos los portavoces han tratado los mismos temas, me referiré ahora de forma conjunta a todos los vetos.

Respecto a la conexidad, actualmente se generan situaciones muy dispares. Es indudable que esto dificulta y prolonga inaceptablemente la instrucción, lo cual no es bueno ni para las víctimas ni para los investigados, pero tampoco para el resto de los ciudadanos, que ven cómo sus causas se retrasan por ese motivo. Como regla general, a cada delito le corresponderá una causa. La acumulación por conexión se producirá exclusivamente en casos tasados, y fuera de esos casos la instrucción conjunta de varios delitos solo tendrá sentido en situaciones excepcionales. ¿Por qué a instancias del fiscal, que ustedes que ustedes critican tanto? Porque el criterio que rige aquí es el de la oportunidad de la investigación. Es el fiscal el defensor de la legalidad y del orden público y es el que dirige la acción y quien ha de valorar la conveniencia o no de la acumulación. Por supuesto, bajo el control del juez. Entendemos que esta medida va a ayudar mucho a evitar colapsos.

Respecto a los atestados sin autor conocido, el problema no es de números ni de estadísticas. El problema es de eficacia en el trabajo, evitando entorpecimientos y ayudando a evitar la congestión de los órganos judiciales. Cuando un atestado sin autor conocido llega al juzgado se pone en funcionamiento todo el organigrama judicial: los funcionarios, fiscales, secretario judicial, el juez, etcétera. Muchos de ellos se archivan inmediatamente. Un dato que creo que di en comisión: un 40 % de atestados que carecen de trascendencia a efectos de control judicial se archiva inmediatamente. Los atestados sin autor conocido no se remitirán al juzgado, sino que quedarán en los archivos policiales a disposición de jueces y fiscales;



repito, a disposición de jueces y fiscales, salvo que se vea comprometida la vida e integridad física o indemnidad y libertad sexual o se trate de delitos relacionados con la corrupción. La no remisión al juzgado se pondrá en conocimiento de los propios interesados, es decir, del denunciante, para que pueda ejercitar su derecho ante el juez o el fiscal.

En lo que respecta a los plazos de instrucción, de los que se ha hablado ampliamente, se trata de ser realistas, de cambiar el inútil plazo ahora vigente de un mes por otros más acordes al tiempo real. De media actualmente se tarda ocho meses en la instrucción de una causa. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de instrucción de seis meses, mientras que los asuntos complejos tendrán un plazo de instrucción de dieciocho meses prorrogables por otro período igual. En ambos casos el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación.

El sistema de plazos, del que va a ser garante el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables. Entendemos que es fundamental esta medida para agilizar la instrucción teniendo en cuenta que, por el trascurso del tiempo, no se va a producir el archivo, ni mucho menos, con lo cual se elimina el riesgo de impunidad, quedando garantizados los derechos de las víctimas y de los investigados, porque no es de recibo que se les tenga en suspenso su situación personal durante años. Es una medida de corresponsabilidad y colaboración entre jueces y fiscales en reconocimiento al inmenso trabajo que llevan a cabo estos profesionales.

El nuevo procedimiento por aceptación de decreto va a permitir una rápida respuesta penal para delitos castigados con multa, trabajos en beneficio de la comunidad o prisión no superior a un año, sustituible con multa con o sin privación del permiso de conducir. Esto va a descargar de trabajo de una manera sustancial a los juzgados de lo penal y puede hasta suprimir íntegramente toda la fase de instrucción. La propuesta sancionadora realizada por el fiscal se puede convertir en sentencia firme cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena solicitada. Es decir, con ello se cumplen todas las garantías para el justiciable, ya que además de tener que ser asistido por el letrado se desarrollará ante el juez instructor que controlará la legalidad de la propuesta del Ministerio Fiscal.

En la reforma se plantea un nuevo marco legal para el decomiso como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2014/42 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta medida se enmarca, entre otras muchas que ha tomado el Gobierno de España, en el concepto de tolerancia cero contra la corrupción. Además, va acompañada de la creación de la Oficina de recuperación y gestión de activos, que se destinan —los activos— al pago de indemnizaciones a las víctimas, desarrollo de proyectos sociales y lucha contra la delincuencia organizada. Se pretende reconvertir el patrimonio del delincuente en una oportunidad para la sociedad.

El ejercicio de la segunda instancia penal no está generalizado en el derecho español, y el objetivo es precisamente esa generalización de la segunda instancia para las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, adaptándolo a las exigencias tanto constitucionales como europeas, teniendo en cuenta que los tribunales competentes, es decir, los tribunales superiores de justicia y la sala de apelación de la Audiencia Nacional respectivamente, tienen suficiente capacidad para asumir esa carga de trabajo, sin descartar en ningún caso la creación de nuevas plazas o de nuevas salas de apelación.

Por último, en cuanto a la ley ordinaria se refiere, la regulación del recurso extraordinario de revisión responde a la ausencia en nuestro derecho de un cauce procesal para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que declara que una sentencia condenatoria española se dictó con vulneración del Convenio europeo de derechos humanos. Esta ausencia, tras la anulación de la doctrina Parot, hizo que el Tribunal Supremo adoptara un acuerdo no jurisdiccional diciendo que el artículo 954 vigente de la Ley de enjuiciamiento criminal cumplía este cometido. Este motivo de revisión se limita a que quien obtuvo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea la persona legitimada en España para la interposición del recurso de revisión. Con ello lo que hacemos es evitar el efecto extensivo que tuvo la anulación de la doctrina Parot y, en segundo lugar, que el efecto de la vulneración del convenio persista en el momento en que se solicita la revisión, es decir, que no se van a revisar situaciones pasadas.

En cuanto a los vetos a la ley orgánica, este proyecto de ley tiene como objetivos principales el fortalecimiento de las garantías procesales de los investigados y la promoción y regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Quiero hacer una breve referencia a los términos a los que se ha aludido aquí también: imputado, investigado y encausado.

La utilización del vocablo imputado para decir que se está indagando a una persona no se ajusta a la realidad gramatical ni procesal ni al lenguaje recomendado. El término imputado —creo que ha hecho referencia a ello el señor Saura— se utiliza de una manera que produce efectos negativos y estigmatizadores. Si investigar es practicar diligencias para descubrir algo, parece más aconsejable utilizar el término investigado para referirse a la persona objeto de investigación, que se corresponde con la fase instructora de un procedimiento penal, y encausado cuando ya ha habido una resolución judicial decretando la apertura de la siguiente fase, al haber aparecido indicios de haberse cometido un ilícito penal, aparte de haber sido recomendado también —y esto es importante— este cambio de denominación por la Comisión para la claridad del lenguaje jurídico.

El proyecto de ley orgánica recoge un verdadero estatuto jurídico del investigado, responde a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional e incorpora a nuestro derecho la Directiva Europea 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, y nos vamos a adelantar a los demás Estados miembros en el reconocimiento de las garantías procesales y en la hoja de ruta fijada en el Programa de Estocolmo. Y les digo que es un verdadero estatuto jurídico porque expresamente se regula el derecho a la entrevista reservada con el letrado incluso antes del interrogatorio policial; porque regula también el derecho a tomar conocimiento de las actuaciones de manera previa; porque recoge la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado y su letrado, con una excepción lógica, y es cuando haya sospechas de que el letrado que asiste se vea inmerso en algún delito, en el propio que se investiga o en otro; porque regula, también con absoluto respeto a los derechos fundamentales y con todas las garantías, la toma de muestras de ADN, el tiempo de espera del letrado de confianza o la asistencia médica del detenido dos veces al día.

La legislación actual reguladora de la prisión incomunicada es bastante más restrictiva que la que se propone en la reforma que estamos debatiendo. A partir de su entrada en vigor, no necesariamente la prisión incomunicada implica la ausencia de comunicación. La posibilidad de admitir la incomunicación a instancia policial o fiscal con convalidación judicial en veinticuatro horas responde a una necesidad práctica y es absolutamente respetuosa con la directiva y con nuestro derecho constitucional, siempre por auto motivado y bajo control judicial. Como ven, el Grupo Parlamentario Popular entiende que la fórmula es mucho más garantista.

El desfase que padece la Ley de enjuiciamiento criminal, que como he dicho es de finales del siglo XIX, en lo relativo a las medidas de investigación tecnológica hay que ponerlo al día por los enormes cambios que han sufrido las comunicaciones; cambio que no pueden esperar porque incluso el Tribunal Constitucional ha apuntado en varias ocasiones la necesidad urgente de una regulación que aborde las intromisiones en la privacidad del investigado en el proceso penal. Así, se regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; la captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes, y el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.

La regla general es que para acordar una medida así se requerirá autorización judicial. El juez accederá atendiendo a los principios que ha mencionado aquí el señor Díaz, es decir, especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida; y solo en casos de urgencia y en actuaciones relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas, y cuando además existan razones fundadas que hagan imprescindible la adopción de esa medida, lo podrá acordar el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, comunicándoselo al juez en el plazo de veinticuatro horas con una justificación razonada, y en otro plazo máximo de setenta y dos horas el juez confirmará o revocará la medida.

Voy terminando, señor presidente. Parece más que razonable y acertado incorporar la regulación del agente encubierto informático, que podrá, bajo identidad supuesta, intercambiar archivos informáticos ilícitos a los efectos de perseguir determinadas modalidades delictivas, sin necesidad de autorización judicial, siempre y cuando sea en canales abiertos de las redes.

En definitiva, y ya concluyo, estos dos proyectos de ley consiguen los objetivos perseguidos, que no son otros que la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Represa.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño.

Desacreditar la intervención de la oposición, y en este caso de Esquerra Republicana, por la extensión —corta, mediana o larga— del veto que hemos presentado por escrito me parece que es un argumento que tiene el mismo peso que su intervención.

En todo caso, sin entrar a valorar más esta parte de su intervención, el motivo de los dos vetos presentados, al que me he referido extensísimamente en mi anterior intervención en este hemiciclo, es el modelo de proceso penal. Yo les preguntaba: ¿era necesaria la reforma? Sí. ¿Es urgente la reforma? Sí. Pero no en la forma utilizada por el Gobierno del Estado español, en este caso del Partido Popular. Y les hablaba de la manera de legislar a la que nos tienen acostumbrados, ya que en este último tramo de la legislatura vamos a aprobar más de 40 leyes, pero es evidente que una norma del calado de la Ley de enjuiciamiento criminal merece un proceso y un debate legislativo diferente. En esencia, el veto se podría sustentar única y exclusivamente en este motivo, pero hemos añadido otros. Al final, estos argumentos que usted utilizaba para defender los dos proyectos de ley y, por tanto, la reforma, no avanzan o avanzan muy poco. No avanzan ni en el modelo ni en la nueva estructura del proceso penal ni en el papel que tiene que jugar o que debería jugar el Ministerio Fiscal, dependiendo del modelo que se escoja. Tampoco avanzan en el papel de los juzgados de instrucción como garantes del respeto de los derechos fundamentales. Tampoco avanzan en un respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, y en esto también he defendido cuál es la posición de Esquerra Republicana.

Legislan deprisa y mal. No avanzan en el modelo y, además, se nota el efecto sustancial. Usted lo ha dicho cuando ha bajado ahora a defender una parte del proyecto de ley en la intervención del Ministerio del Interior, porque se nota el efecto del Ministerio del Interior, al que no he aludido antes, y del Ministerio de Hacienda. Por tanto, ya solo con esto Esquerra Republicana tendría suficiente para defender un veto a ambos proyectos de ley. Nos hemos extendido en el contenido y les he dicho que es positivo porque han tenido que cumplir directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como porque han tenido que comprender la asistencia y la defensa como un todo no separado y limitando el derecho de defensa como se ha estado haciendo hasta ahora.

Y en cuanto a la doble instancia penal, evidentemente, es un mandato constitucional y un mandato de la normativa y de las sentencias de los tribunales europeos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Capella.

La senadora Mora comparte su turno con el senador Iglesias. Tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Intentaré ser breve.

Nosotros vamos a apoyar todos los vetos presentados contra estas dos leyes porque, aunque reconocemos que en algunos aspectos existen mejoras, en su enunciado se nos habla del fortalecimiento de garantías procesales, cuando en realidad pensamos que estas dos leyes están en las antípodas de fortalecer garantías procesales y que se está otorgando un poder al Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial.

El derecho penal, señores, tanto el procesal como el sustantivo —da igual—, es, precisamente, la rama del derecho donde el Estado ejerce todo su poder contra el individuo. Por eso, es necesario que en cualquier reforma exista un pacto social, un consenso. Esa es la base del derecho penal y aquí no existe. Por eso, nosotros estamos en contra.

Dando algunas pinceladas, diremos que, por ejemplo, respecto al régimen de incomunicación —y estamos de acuerdo con los vetos presentados en este sentido—, lejos de derogar el régimen de incomunicación —pese a que el Comité Contra la Tortura, de la ONU, ha dicho en varias ocasiones que debería retirarse porque es un sistema favorecedor de la tortura y pese a que hemos sido condenados varias veces por no investigar suficientemente casos de tortura—, se ahonda en la restricción de derechos. Pero, actualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha instado al Estado español a que regule para eliminar y abolir el régimen de incomunicación. Además, se nos decía que aprovecháramos esta reforma que estamos debatiendo ahora para intentar regular y garantizar los derechos básicos del detenido, como el de tener un abogado a su elección, poder comunicarse con él, poder ser atendido por un médico de su confianza o la grabación de actuaciones en dependencias policiales y en detenciones. Esto no solo no se regula, sino que se ahonda en estas restricciones. Además, son peticiones que los colectivos sociales de derechos humanos y los colectivos de trabajo en prevención de la tortura llevan haciendo desde hace muchísimos años. Y, desde luego, no solo no se adoptan, sino que, como digo, se ahonda en la restricción de derechos.

Con respecto a las medidas de investigación tecnológica, tenemos que decir que para que el Estado español no se convierta en un plató de Gran Hermano la realidad es que hay pocas garantías, porque lo único que se regula es un hipotético control judicial que en la práctica de los tribunales vemos que es imposible. Recordemos que en 2014 entraron en la jurisdicción penal más de seis millones de asuntos y la realidad de los que pisamos alguna vez los tribunales es que los jueces están bastante saturados. Actualmente, en las intervenciones telefónicas se ve a la perfección que es bastante complicado que se pueda ponderar sosegadamente sobre las medidas que les pide la policía, así como también autorizar su prórroga.

Nos parece bastante inquietante la injerencia de la policía y que esta pueda decretar, sin autorización judicial previa —esto es así—, la colocación de dispositivos de seguimiento, localización, registro de información y captación de imágenes y, además, el acceso a los ordenadores y teléfonos.

Respecto a la ley ordinaria, nos parece bastante lamentable que se acoten los tiempos precisamente ahora que el Poder Judicial está tomando un papel bastante protagonista y activo en la lucha contra la corrupción. Hay que recordar que la Gürtel tardó dos años en ser investigada por el Ministerio Fiscal y más de cinco años llevó la instrucción o, por ejemplo, los ERE en Andalucía se han llevado más de cuatro años de instrucción. Desde luego, la delincuencia económica y política requiere tiempo y medios, que la disposición adicional única no prevé. Pero además de querer una justicia ágil, queremos, sobre todo, una justicia justa y que no solamente criminalice a la pobreza, sino que también inquiete a quien realmente hace un verdadero daño social. Una justicia sin medios, como se establece en la disposición adicional única, nos parece una tomadura de pelo porque, al final, los jueces terminarán dictando autos de archivo cuando se vean con falta de medios, se les acaben los plazos de instrucción y planteen cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de la tutela judicial efectiva.

Por último, quería decir que, desde nuestro punto de vista, dejar en manos del Ministerio Fiscal la calificación de las causas como simples o complejas y la prórroga de los plazos, siendo un órgano que depende jerárquicamente del Gobierno, precisamente en este caso nos parece que esto no solo no tiene sentido sino que, además, es contrario a la independencia del Poder Judicial y vulnera la capacidad de control del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Por eso mismo, votaremos en contra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto también, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, nadie puede negar que la ley es del siglo XIX pero, por eso, la alternativa era la que apuntaba el senador Saura en su intervención, la que defendía el ministro Gallardón: una nueva ley de enjuiciamiento criminal, en este caso, un nuevo texto procesal penal que dé respuesta al conjunto de los problemas que se han derivado de los cambios sociales que se han planteado. Tan es así que cuando se aprobó esta ley ni siquiera estaba prevista la intervención telefónica, era intervención de las comunicaciones postales porque en el juzgado no había teléfono en el momento en que se aprobó la Ley de enjuiciamiento criminal.

Texto ordinario. Sigo insistiendo en que no resulta operativo sustituir el plazo de un mes inoperante por un plazo inaplicable, porque el que no se respetara en este momento el plazo de un mes no tenía la repercusión y la trascendencia, como va a tener después de la aprobación de esta ley, de la necesidad de prolongar la instrucción más allá de los plazos previstos.

Proceso o aceptación por decreto. Según lo reflexiono y les escucho, cada vez me parece más necesario ya no solo la denominación en el contenido, sino la traslación de planteamientos administrativistas a la jurisdicción penal, al proceso penal en este caso. ¿Por qué? Porque en la práctica nos vamos a aproximar a eso que se dice en las multas en letra pequeña debajo: Rebaja del 50 % si usted paga la cantidad en el periodo voluntario. Eso es lo que va a contener la propuesta de decreto para que la acepte el acusado y conseguir que este proceso, que se sacan de la manga con esta reforma, funcione de alguna manera. Si no va a haber esa rebaja del 50 %, no va a tener una aceptación y estaremos donde, lógicamente, deberíamos estar, que es en el procedimiento de urgencia.

Oficina de recuperación. Estoy totalmente conforme con que se cree, pero para que esta oficina sea operativa, a su vez es necesario que los procedimientos de decomiso respondan a todas las garantías constitucionales exigibles, y mantenemos nuestras dudas al respecto.

Generalización de la segunda instancia. Ustedes ahora nos dicen que si hacen falta más salas se crearán. Pues tendrán que quitar la disposición adicional única, que dice que en ningún caso la aprobación de este proyecto de ley conllevará más gastos y más personal. Ya me explicarán cómo van a conseguir esas nuevas salas.

En cuanto a la orgánica, sigo pensando que ustedes se mueven en la misma fase que los pueblos que creen en el carácter mágico del lenguaje y piensan que el cambio de denominación del imputado va a tener virtudes y virtualidades mágicas, pero no va a ser así en ningún caso.

En relación con las garantías, en el caso concreto de la incomunicación reconocimos que había algunos avances, pero siguen siendo insuficientes y siguen sin cumplirse estrictamente los contenidos de la directiva europea. Por lo que se refiere a la intervención de las comunicaciones, es necesario incorporar esas técnicas, pero con más garantías de las que ustedes plantean, sin esa posibilidad, que es lo que cuestionamos. Porque no cuestionamos que puedan aplicarse esas técnicas y tecnologías en la investigación, sino la forma en que se regula en el proyecto de ley permitiendo que por razones de urgencia se puedan adoptar, aunque sea con una posterior comunicación al juzgado, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el ministro o el secretario de Estado de Seguridad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

El primer punto sobre el que quisiera llamar la atención brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es aquel referido al procedimiento de tramitación de todos estos proyectos de ley, y en ese sentido quiero darles tres mensajes de forma muy rápida. Primero, nada de acuerdo y nada de diálogo, sino que su mensaje es el de una reforma unilateral de las leyes; es decir, que la mayor parte de los proyectos de ley los están haciendo única y exclusivamente ustedes. Segundo, prisas. ¿Y eso qué significa? Pues, tal y como hemos podido ver ya en unas cuantas leyes, significa mediocridad en los textos legislativos, y eso es solo responsabilidad suya. Tercero, debilidad en los contenidos y debilidad en las soluciones. Estamos intentando buscar una serie de soluciones a una serie de problemas, pero en tanto en cuanto no se trabaje de forma importante, de forma adecuada y de forma acordada, no habrá soluciones. Pero, además, no es normal trabajar con estas prisas con las que lo estamos haciendo, con nueve proyectos de ley esta semana y siete la próxima. Todos los aquí presentes sabemos que esto ni es adecuado ni es bueno ni es recomendable.

Tenemos entre manos dos proyectos de ley, uno modifica lo correspondiente a la parte orgánica referida a garantías y derechos fundamentales y el otro se refiere a la agilización de los procedimientos, y ambos pretenden reformar una ley que data de 1882. En este sentido debo decir que estos textos son el fracaso de una crónica anunciada. Tal y como ya se ha dicho reiteradamente, los portavoces de Justicia tuvimos dos encuentros con el anterior ministro, en cada uno de ellos se nos dio un documento. El referido a lo que hoy debatimos es el Código Procesal Penal; aquí tengo el texto que nos dieron y les voy a leer parte de la exposición de motivos en la que el Gobierno del Partido Popular nos traslada el siguiente mensaje: Tan obvia resulta la obsolescencia de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que el clamor unánime a favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de emprender la reforma. Solo por la necesidad de la superación de las incoherencias normativas que las numerosas modificaciones de la ley —otra más— han provocado, la redacción de un código de proceso penal es hoy ineludible. Este es, señorías, el texto que nos entregó el ministro Ruiz-Gallardón diciéndonos que la reforma no es en absoluto aconsejable, sino que lo necesario es un nuevo código procesal penal.

Además de eso, nos encontramos con un texto que introduce una modificación que a su vez ustedes mismos autoenmiendan, y eso está muy bien, pero todos sabemos que los que se autoenmiendan no son ustedes, sino el Gobierno, que lo hace continuamente. Por ello, uno ya se pierde y hace el siguiente diagnóstico, y es que ustedes mismos tampoco saben lo que quieren, con lo cual estamos como antes: con una mayor improvisación, con más mediocridad y menos soluciones para los problemas que verdaderamente existen.

En cuanto al proyecto de ley orgánica, nuestra principal preocupación es el no respeto a los derechos humanos y a las situaciones que pueden propiciar este tipo de hechos. España en este sentido no tiene un currículum especialmente brillante porque, como saben sus señorías, recientemente ha sido condenada por el Tribunal de Derechos Humanos por no investigar una denuncia de torturas; es una sentencia reciente y ya son varias las sentencias en el mismo sentido. Es obvio que la incomunicación, tal como está configurada en la ley, genera espacios de opacidad propicios para la tortura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como saben sus señorías, ha condenado a España hasta en cinco ocasiones. El senador Represa hacía una mención a la anulación de la doctrina Parot y las nuevas modificaciones que entendían que el Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal solucionaría lo que el Tribunal de Derechos Humanos sentenció. Pero el problema que tuvieron ustedes es que se violaron los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que consignan criterios que paradójicamente asume la Constitución en su artículo 9, que son el principio de legalidad penal y el principio de retroactividad de las normas penales menos favorables para el reo. Ese era el problema, con lo cual la cuestión es cumplir la ley, y es lo que estábamos diciendo antes. No es hacer modificaciones para salvar este tipo de problemas, no, la cuestión es que seamos capaces de cumplir unas buenas leyes que se hayan debatido y discutido de una manera adecuada.

Aparte de esto también tenemos el informe del Comité Contra la Tortura que, como ustedes saben, es un organismo fruto de las convenciones que firma el Estado español. Entrando ya en concreto en esta preocupación que les estaba diciendo sobre los derechos humanos, el artículo 17 de la Constitución española define una serie de derechos fundamentales que es bueno que pasemos a analizar. Artículo 17.1 —derecho fundamental—: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo que ahora vamos a comentar. Tal como define en su trabajo Privación de Libertad y derechos fundamentales, del profesor catedrático de lo Penal Muñagorri, la expresa referencia a la detención preventiva del artículo 17 de la Constitución española debe ser entendida como un supuesto excepcional al derecho fundamental de toda persona a la libertad definida; es decir, es algo excepcional, no habitual. Ustedes —y espero que habiéndoselo anunciado ya en comisión me puedan dar alguna información— todavía tienen casos de incomunicación preventiva con una persona que lleva meses en la cárcel, que está viviendo veintidós horas en una celda aislado y está teniendo dos horas de patio individual. Es decir, si estamos definiendo que la prisión preventiva es algo excepcional, evidentemente, porque lo dice la Constitución, este tipo de situaciones nos las tienen que explicar.

Veremos que, según las previsiones de la LECRIM, la citada excepcionalidad que recoge la Constitución española puede ir acumulando excepcionalidades añadidas, por ejemplo, estableciendo la incomunicación de la persona detenida y desbordando el plazo máximo absoluto de las setenta y dos horas recogidas en el artículo 17.2 de la Constitución que les paso a leer, porque les quiero contraponer lo que dice este artículo con lo que dice el artículo 509 de la LECRIM. El 17.2 dice: La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El artículo 509.2 dice: La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario —igual en la Constitución— para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días, cuando el espíritu de la Constitución es otro. Se refiere a los casos en los que la prisión se acuerde por algunos de los delitos del artículo 384 bis que, como ustedes saben, está relacionado con el terrorismo, etcétera, en unos momentos en los que ETA ha desaparecido. Podríamos hablar también de la asistencia letrada, cuestión que nos preocupa porque el artículo 17.3 de la Constitución española establece que no puede ser suspendida ni en estados de excepción, tal como establece el artículo 55.1, porque es fundamental que una primera asistencia letrada se lleve a cabo en el momento de la detención y, en cambio, con los supuestos del 509 ustedes eliminan la posibilidad de que el preso pueda tener un abogado de confianza, una situación que no se da ni en los estados de excepción. Podríamos hablar también de los menores, del derecho a no declarar contra sí mismo, del derecho a guardar silencio y de poder recoger imágenes de todas aquellas situaciones en las que se encuentren las personas que sean detenidas en comisarías de policía. Eso podría ser bueno para todos, también para los propios funcionarios. Además, señor Represa, ha hecho una observación interesante, y es que hay que cumplir con los compromisos adquiridos por España a través de convenios, y este es uno de ellos, y el informe del Comité Contra la Tortura establece también que las grabaciones pueden ser un elemento interesante que se debe apoyar y llevar adelante.

Nos vamos a abstener en los vetos, pues entendemos que este texto es mejor que nada, pero, como pueden ver ustedes, es una abstención crítica y con muy poco calor. Tengo muchos temas todavía pendientes, pero después tendremos tiempo de profundizar cuando desarrollemos los argumentos de las enmiendas parciales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra, por Entesa, el senador Saura. Senador, ¿va a compartir el tiempo? (Denegaciones).

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor Represa, ha contestado muy correctamente a algunas intervenciones, pero a mí me han quedado ocho puntos sin aclarar y muy brevemente se los voy a decir. Primer punto, si el exministro Ruiz-Gallardón dice que lo que hay que hacer es una ley procesal penal en dos almuerzos, estamos todos de acuerdo y hay un texto, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no modificamos, no modernizamos una ley de 1882 al siglo XXI? No sé por qué no se ha hecho y nadie lo ha explicado. Segunda pregunta, como mínimo, se habría podido introducir que el fiscal fuera quien instruyera, ¿por qué no se ha resuelto que no sea el juez, sino que el juez sea juez de garantías, y sí el fiscal? Tercera pregunta, ustedes han mejorado el régimen de incomunicación —lo he dicho antes— y es positivo, pero ¿ustedes creen que sin terrorismo es necesario tener un régimen de incomunicación cuando en la mayoría de países no existe? Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Comité Contra la Tortura defienden la abolición del régimen de incomunicación. Cuarta pregunta, con una enmienda introdujeron, creo que en el Congreso de los Diputados, el artículo 520.1, que es el artículo que causa inseguridad en estos momentos a todos los profesionales de los medios de comunicación porque una fotografía en el momento de la detención de una persona junto con la Ley mordaza significa un delito para el periodista. ¿Creen que esto se puede mantener? ¿No creen que esto, en definitiva, vulnera el derecho a la información? ¿Por qué no eliminan este artículo? Quinta pregunta, si el Tribunal Europeo de Justicia preserva los derechos de una persona y dicta una sentencia, ¿por qué automáticamente no se extiende a todos los que estén en esa situación en España? Ustedes plantean que, a pesar de que haya una sentencia, hay que volver a recurrir personalmente para que te den la razón. Nosotros planteamos, y plantea el tribunal superior, que si hay una vulneración de derechos humanos, y el Tribunal de Justicia Europeo dice que la hay, automáticamente, la Fiscalía o el Gobierno deben instruir para reparar a todo el mundo.

Otro ejemplo, el de los seis meses. Lo he dicho anteriormente y lo repito. Ustedes pueden pensar que es una obsesión de la oposición, pero ¿qué reflexión hacen ustedes cuando el Consejo Fiscal dice que esto es un absurdo? Pocas veces, en comunicaciones entre instituciones, he visto una palabra tan grave. ¿Por qué? Porque con seis meses no van a conseguir agilizar más la justicia. En primer lugar, no me ha contestado a la pregunta de qué pasa si no se cumplen los seis meses Y, en segundo lugar, ¿por qué razón creen ustedes que el Consejo Fiscal o toda la oposición decimos que el problema no son los seis meses, que el problema no es que desjudicialicen la justicia pasando sus funciones a los registradores, a los notarios, sino que pongan medios alternativos y económicos?

Por otra parte, todos los grupos de la oposición hemos hecho una serie de propuestas de mejora de las garantías de derechos humanos de las personas detenidas. No han recogido ninguna. Debe haber 40 o 50 propuestas concretas para mejorar la situación de los detenidos; desde algo tan simple como pasar de las tres horas que tiene el abogado para acudir cuando se detiene a una persona a cinco horas, algo que parece de sentido común. No lo admiten. Tampoco admiten que, cuando se detiene una persona, en las veinticuatro horas siguientes se comunique al juez en todos los casos, que no haya excepciones. Esto tampoco lo admiten. No digo que admitan las 40, 50 o 60 propuestas de mejora de garantías procesales, pero, hombre, 4 o 5 sí podrían admitir, y no lo hacen.

Por tanto, lo que digo es que en el debate de esta ley ustedes han tenido una actitud muy a la defensiva al no recoger aspectos que para mí son de sentido común, que afectan a la situación privativa de libertad, de derechos humanos de mucha gente que está detenida o que está en la cárcel. Me gustaría, señor Represa, que me contestara a estas preguntas: ¿por qué no hay una propuesta de ley integral? ¿Por qué el fiscal no es quien instruye el procedimiento y sí el juez? ¿Por qué mantienen el régimen de incomunicación en el momento político que estamos en el Estado español? ¿Por qué razón no aceptan algunas de nuestras propuestas de mejora de las garantías humanas? Y, por último, si el Consejo Fiscal dice que es absurdo lo de los seis meses, ¿por qué no reflexionan y lo modifican?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la sendadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Estamos ante una normativa, como se ha dicho, del año 1882, de hace 132 años. Consideramos que debemos reformar el procedimiento penal, y así lo ha reclamado Convergència i d’Unió durante varias legislaturas. Por ese motivo, no hemos presentado propuesta de veto, porque nos parece contradictorio reclamar una reforma que llevamos años demandando —aunque debiera haber sido mejor un nuevo texto—, y luego, cuando se intenta llevar a cabo, pedir su devolución al Gobierno. Aun así, ello no significa que compartamos el contenido concreto de los dos proyectos de ley que hoy son objeto de debate.

En la presentación conjunta de los dos proyectos de ley ante el Congreso de los Diputados, el 30 de abril de 2015, el ministro de Justicia manifestó que estos dos proyectos se presentaban con un doble propósito: uno, satisfacer a los operadores jurídicos al incrementar la certeza del sistema mediante la incorporación de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Supremo y, dos, satisfacer a las muy legítimas exigencias de la sociedad que reclama que los responsables de delitos graves sean juzgados en un tiempo razonable y que el patrimonio defraudado sea recuperado dentro, lógicamente, del respeto a los derechos fundamentales de las partes; propósitos que consideramos, sin duda, encomiables si no fuera porque, señorías, en esto convenimos todos: el fin no justifica los medios. No podemos concebir una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que pisotee las garantías del detenido o que vulnere sistemáticamente el derecho a la intimidad. Y hablando de medios, estos encomiables propósitos no son materializables a coste cero. Cierto es que este Gobierno se empecina en ello y, de hecho, se ha convertido en un lamentable mantra que se va repitiendo en las disposiciones finales de los proyectos de ley que presenta, pero por más que nos tenga acostumbrados a tal disparate, no por eso podemos dejar de insistir en la inviabilidad de la materialización de estos proyectos de ley si no se asume de antemano que la Administración de Justicia deberá ser dotada adecuadamente de medios materiales y personales para tan encomiable fin —palabras del señor ministro—.

Lejos de suponer una improvisación, esta reforma se integra en un proyecto más amplio en consonancia con las ya acometidas de la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Código Penal con la voluntad siempre de alcanzar este equilibrio entre eficacia y eficiencia y garantía de los derechos de las personas investigadas. La reforma tiene tres objetivos fundamentales: agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Señorías, mi grupo no tiene ninguna objeción a que se alcance un equilibrio entre eficacia y eficiencia y garantía de los derechos de las personas investigadas. Es más, estamos absolutamente de acuerdo en este objetivo. Lo que no comprendemos es cómo encaja dicha afirmación con el contenido de algunos artículos de estos proyectos de ley e, incluso, me atrevo a decir, que del espíritu y filosofía de los mismos, pues pretender que bajo la excusa de la urgencia desaparezcan determinadas garantías para las personas que en un momento dado pueden ver interceptadas sus comunicaciones no parece muy coherente con las afirmaciones del ministro Catalá. Es muy claro el artículo 18.3 de la Constitución: siempre, siempre, con autorización judicial. Y aquí vemos que determinadas urgencias pueden provocar que incluso el ministro del Interior pueda realmente acordar una interceptación de una intervención telefónica, telegráfica o telemática y después dar cuenta en veinticuatro horas, pero a posteriori de la intervención. ¿No existe un juez de guardia? ¿Es más fácil localizar al ministro del Interior o al secretario de Estado de Seguridad que al juez de guardia? Señorías, estamos a favor de la agilización, limitando el tiempo de instrucción, pero mediante la dotación de medios materiales y personales.

El que podamos valorar positivamente la generalización de la segunda instancia penal, que supondrá que todo condenado pueda ver su condena revisada por un tribunal colegiado en segunda instancia, y valoremos también positivamente que se incluya como causa de revisión de las sentencias condenatorias el haber obtenido una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pueda reconocer la vulneración de los derechos, no hace que podamos concebir que tales realidades puedan materializarse a coste cero. Se da esa segunda instancia a los tribunales superiores de justicia en la apelación a lo que son sentencias de la Audiencia Provincial. Querría recordar que en el caso de Cataluña, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia necesita más medios para implementar lo que estos proyectos prevén. Necesitamos más medios, más recursos, más personal, más inversiones.

Me gustaría aclarar tres puntos más. Mi grupo está de acuerdo con que se pueda prorrogar, por ejemplo, la fase de instrucción ordinaria excepcionalmente, pero consideramos que debería permitirse que dicha prórroga pudiera, además del Ministerio Fiscal, ser solicitada por las partes acusadoras personales o que sea acordada de oficio por el juez instructor.

Por lo que al derecho de asistencia letrada se refiere, consideramos que la nueva regulación de los artículos 118 y 520 contravienen alguna de las normas previstas por la Directiva 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales que se pretende transponer.

Por lo que al nuevo marco procesal del decomiso se refiere, apreciamos una falta de concreción en el artículo 803 que puede llevar a confusión e inseguridad jurídica.

Para concluir, es más que evidente que la mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara no comparte la totalidad de estas reformas. La Ley de enjuiciamiento criminal es, sin duda, importante, afecta a derechos fundamentales de las personas y requiere grandes dosis de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo. Esperemos que se dé mediante aceptación de enmiendas y transaccionales.

Vamos, pues, a abstenernos en todos los vetos en aras de conseguir el imprescindible consenso y acercamiento de posiciones que estos proyectos requieren.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.

Les pido a las señorías aquí presentes el siguiente ejercicio de imaginación: imagínense ustedes al ministro del Interior socialista al que más odien, imagínense ustedes al fiscal general del Estado al que más hayan odiado; y ahora piensen: ¿con este ministro del Interior y con este fiscal General del Estado llega un texto al Congreso de los Diputados que permite escuchas telefónicas sin autorización judicial? Si a alguno de ustedes le ha entrado el pánico, a mí también, pero con cualquier ministro del Interior y con cualquier fiscal general del Estado. Por eso, la sugerencia que hacemos en las enmiendas es: todo con control judicial; nada sin control judicial. Esto no exige ningún esfuerzo pedagógico, ningún esfuerzo jurídico, ningún esfuerzo de análisis, ni ninguna cita de ningún Tribunal Constitucional; es algo evidente. Les digo más. Cuando yo he hablado con los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les he planteado esta posibilidad que estaba en el texto, me dicen que también a ellos les genera pánico. ¿Por qué? Porque les daba mucha seguridad que todo lo que fueran a hacer tuviera la cobertura del auto que dicta la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría son servidores públicos que quieren hacer las cosas con arreglo al ordenamiento jurídico, como todo servidor público. La inmensa mayoría es gente sensata que trabaja dentro del ordenamiento jurídico y que quiere tener las espaldas cubiertas. Por eso, todo lo que tiene que ver con privacidad;



todo lo que tiene que ver con drones que estudian desde fuera de la casa todo lo que pasa en todas las habitaciones, y todo lo que tiene que ver con el registro remoto desde cualquier otro país del almacenamiento de datos de cualquier tipo —de Whatsapp, SMS, Twitter, correo electrónico, teléfono o la nube—, si se va a supervisar, todo tiene que tener un control judicial. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

¿Por qué razón? Porque el juez es el único servidor público que está sometido únicamente al imperio de la ley, y no voy otra vez a recitarles el 117.1 de la Constitución. Los demás están sometidos a un principio de jerarquía, como establece el artículo 103.1: la Administración sirve con objetividad los intereses generales de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho. No pueden hacer nada que no esté sometido a la ley y al Derecho, pero están sometidos al principio de jerarquía. Esa es una propuesta que llevamos mucho tiempo haciendo en comisión y que vuelvo a plantear aquí de nuevo, y me parece que no puedo hacer más esfuerzos para explicarlo: todo sometido a control judicial.

Alguno me podrá decir que, a veces, hay aconteceres en la vida que suceden muy rápido y tienes que tomar una decisión de un segundo para otro. Miren, de un segundo para otro, un servidor público localiza a otro que esté de guardia, porque, si lo hacemos entre nosotros, ¿cómo no se va a poder hacer entre un policía y un juez o entre un fiscal y un juez? Perfectamente. ¿Ustedes están en el servicio público de salud y no reciben un mensaje que les dice qué día tienen la consulta de un especialista o del médico de cabecera? ¿Y el día anterior no les llega otro recordatorio mediante un SMS, un mensaje, o como fuere, recordándoles día, hora y sitio de la consulta? Sí que lo reciben. Entonces, algo tan sencillo como esto, que funciona en el ámbito de la Hacienda pública o en el de la Seguridad Social, puede ser un buen sistema.

Yo estoy muy esperanzado con la sugerencia que el señor Chiquillo le estaba haciendo al señor Altava en respuesta a esto, porque sería interesante escuchar cómo acusan recibo de un argumento concreto. No se trata de la lectura —educada, por cierto— de lo que dice la ley lo que pretende hacer, que eso está al alcance de cualquier persona que la lea; sino de una conversación parlamentaria en la que se expresa un argumento, se acusa recibo del argumento y estamos conversando entre nosotros, no leyendo sucesivos textos. Estamos conversando en torno a los argumentos que aquí se esgrimen, e intento que la conversación no sea una repetición de lo que ya hablamos en comisión. Luego, la primera idea es: todo con control judicial, nada al margen del control judicial. Es una primera cosa.

La segunda cosa es sobre este asunto del hallazgo casual. ¿Se acuerdan del antiguo caso Naseiro, que convirtieron en el caso Manglano? Estaba estudiando una cosa, de pronto aparece otra y, ¡oh!, se han vulnerado derechos fundamentales y todo lo que aparece no se puede usar. Pues bien, respecto al hallazgo casual, supuestos tasados y también con control judicial. Hay una expresión que se utiliza en el argot que dice: una expedición de pesca, a ver lo que se caza grabando urbi et orbi en un ámbito determinado; a ver lo que pasa. Eso vulnera derechos. Por tanto, control judicial permanente y supuestos tasados.

Otra idea. No es bueno legislar en torno al dolor de la herida. Todos sufrimos, todos sufrimos —y los que están en el Consejo de Europa, más— cuando te ponen roja la cara diciéndote: tu país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sufres, sufres, pero lo que está mal está mal, lo haya hecho Agamenón o su porquero. Lo que está mal, está mal. En este caso concreto, ¿cómo vamos a plantearnos que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tengan ya efecto erga omnes, efectos para todos, y que, ahora, el que recurrió tenga que coger la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, traerla aquí y presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para que se lo valore? Pero, además, cualquier persona que se encuentre en la misma situación que quien presentó el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede decir: ya hay sentencia. No, no, tiene que presentar, a su vez, el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la posibilidad de que le digan: esto ya está juzgado, es el mismo supuesto. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque se ha insistido tanto en el siglo XIX y en el siglo XXI, en 1882 y 2015, que la pregunta es: Si no se iban a atrever a desarrollar ese modelo procesal penal y pusieron una patita en el sistema vigente y otra patita en el sistema que querían desarrollar, si no se iban a atrever a eso, ¿es que acaso no hay unos estándares democráticos para las fuerzas y cuerpos de seguridad y los poderes judiciales, en la lucha contra el crimen, que no llevan treinta y siete años de democracia, sino muchos más? ¡Pues claro que sí! Incluso, hay países en la Unión Europea que en la vida han tenido que convivir con la cultura del fascismo; es el caso del Reino Unido; es verdad que tuvo un rey que tenía sus simpatías, pero nunca vivieron la experiencia del fascismo en ese país. Pues bien, como quiera que en ellos no ha arraigado esa cultura de la suspicacia, mi pregunta es: ¿Por qué cuando se plantea esa reforma no se tienen en cuenta los estándares democráticos para los poderes judiciales democráticos y las fuerzas y cuerpos de seguridad, controlados en términos parlamentarios? Se podría decir: es que hay supuestos en los cuales no podemos pedir la autorización judicial porque no da tiempo, porque a veces la lucha contra el terrorismo es como es y no da tiempo. Miren, en términos de Servicio de Inteligencia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuenta con un magistrado solo para el Centro Nacional de Inteligencia para cuando tienen que desarrollar alguna actividad de esta naturaleza; permanentemente, 24 horas todos los días. Y para el resto del territorio, para todo lo que no tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia sino con la práctica regular, existen 5496 jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo en el conjunto de España. Siempre hay un juez de instrucción permanentemente localizado para plantearse que haya márgenes entre la decisión y el control judicial.

Otra cuestión. El derecho de defensa no es un lujo. Si uno siempre piensa que está en la élite cultural, en la élite política o en la élite económica, si uno nunca se ve como lo que, en términos sanitarios, se llama un 35/, es decir, uno más de la Seguridad Social...Piensen que el derecho de defensa es un derecho fundamental y que en ninguna situación uno puede verse privado de tal posición. Y si en situaciones de incomunicación se plantea que el abogado participa en redes criminales, de igual manera que ese fue argumento suficiente para expulsar a un magistrado de la carrera judicial, también es argumento suficiente para decir: si ese abogado participa en redes criminales, que el juez le provea de otro, que si no lo designa de confianza que sea de oficio, pero siempre hay que garantizar ese derecho de defensa.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, presidente.

La última sugerencia. Señor Represa, hizo usted un comentario antes que a mí me ha enternecido, me ha conmovido, y es que cuando dijo eso de que se pueden crear plazas y salas para la segunda instancia, como quiera que rompe la letanía o el mantra de todas las leyes de que esto no puede suponer ni nuevas plazas ni modificaciones presupuestarias, todavía mantengo la esperanza del poeta gomero que le dije en su momento, y que el senador gomero me corrigió, don Pedro García Cabrera...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA:... A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, metí mi mano en el agua, la esperanza me mantiene. Usted me ha mantenido la esperanza con ese comentario, señor Represa.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Señorías, desde el 14 de septiembre de 1882, fecha de la vigente Ley de enjuiciamiento criminal, no ha habido reforma más importante de la Ley de enjuiciamiento criminal. Ha habido proyectos. De hecho, en la pasada legislatura, yo soy consciente y muchas de sus señorías también, el ministro Caamaño, que estaba entonces sentado en el banco azul, presentó un proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal —aquel sí era un proyecto de los que ustedes llaman integral de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal—, y tuve la oportunidad de acercarme y decirle: ministro, has presentado este proyecto de ley para que se vea que tú has hecho los deberes, pero sabes que no hay tiempo en la tramitación parlamentaria para aprobarlo. Esa es la realidad.

Señorías, mal que les pese, el ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez —liberal, por cierto—, fue quien presentó aquel Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal, y hoy día, somos otros liberales los que de nuevo abordamos una reforma importantísima de la Ley de enjuiciamiento criminal. Es lo que pasa, con los socialistas no hay manera de que hagan reformas importantes. (Aplausos).

La paz social y jurídica, señorías, se consigue con la aplicación de la norma, y para eso, como legisladores ordinarios, tenemos que vehiculizar la aplicación de la norma mediante el correspondiente proceso penal. Y el legislador constitucional nos limita a los legisladores ordinarios que somos nosotros básicamente con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad de las leyes orgánicas —de determinadas leyes orgánicas, no todas—: el artículo 1 de la Constitución: los valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político; el artículo 2: el Estado de derecho, y muchas otras cuestiones, principalmente con las dos reglas probatorias de la libre apreciación de la prueba —artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal— y de la presunción de inocencia.

Muchas de sus señorías han manifestado —cosa que les reconozco— que les parecen bien determinadas reformas que se acometen en esta ley. Aquí estamos todos, señorías, para conseguir un compromiso público del funcionamiento de la justicia, para conseguir la mejor justicia; y conseguiremos la mejor justicia si efectivamente conseguimos el mejor instrumento procesal para que jueces y magistrados, en la interpretación y aplicación de la norma, puedan alcanzar efectivamente esa verdad material, ese detener al verdadero culpable y que pueda, en su caso, tras el juicio correspondiente, ingresar en prisión.

En el Congreso se abordaron determinadas reformas y, como saben, es un texto en el que se trabajó mucho en dicha Cámara. Aquí, nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, si se rechazan los vetos, en el trámite de enmiendas presentaremos algunas.

En cuanto a sus vetos, señorías, en los vetos 1 y 2 del Grupo Mixto y 3 y 4 de Entesa manifiestan que no se producen cambios relevantes. ¿No les parece relevante —si me da tiempo ahora lo discutiremos o, si no, después en el trámite de enmiendas— lo que se trata respecto a la conexidad, a los atestados policiales sin autor conocido, a la finalización del decreto por el Ministerio Fiscal, a los delitos complejos, a la asistencia letrada, al recurso de revisión, al agente informático encubierto, al que ninguno de ustedes ha hecho referencia, con lo importante que es para perseguir la criminalidad organizada, al decomiso? ¿No les parecen estos cambios relevantes? A nosotros sí, y mucho, porque son reformas que hasta ahora no existían.

Solicitan una reforma más importante, y la senadora Capella decía: hace falta un nuevo proceso penal, hagámoslo. Es verdad que el ministro Ruiz-Gallardón, como usted ha manifestado, prometió un proceso más ambicioso, es verdad, y así lo reconozco. No se lo tendrán que decir ustedes a esta señoría, porque si ustedes, si los miembros de la Comisión de Justicia han estado presentes en dicha comisión habrán podido ver que cada vez que ha comparecido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado yo mismo le he dicho: ¿no cree usted que sería positiva una unificación de las carreras judicial y fiscal al objeto de llegar a una instrucción, a una investigación por parte de los fiscales?

Me acuerdo de que el presidente Gonzalo Moliner me dijo: de hecho, cuando yo estudié estaban unificadas las carreras judicial y fiscal —y les parecía fenomenal—. Es que a lo mejor estamos ahí. No tiene que convencerme de lo que se da en el derecho comparado, de que es idóneo que sean los fiscales los que lleven la investigación. A eso vamos y, además, tenemos claro que el objetivo debe ser una reforma integral para llegar a esa investigación por parte de los fiscales, pero de momento esta reforma es importantísima por todas las cuestiones que se abordan.

En cuanto a la solicitud que realizan de una reforma más importante, llegará, pero de momento les invitamos a que retiren sus vetos y aprueben esta reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal con todas las cuestiones que después plantearemos en las enmiendas respecto a la detención incomunicada, a la ampliación de los plazos de instrucción y a todo lo que han hecho.

Pero si me llaman la atención los cuatro primeros vetos, el que ya es clamoroso, porque es una oposición a la oposición, es el veto número 5 del Grupo Socialista. Por citar dos cuestiones, critican las intervenciones corporales y la escucha de conversaciones privadas. Señorías, aquí tengo parte —completo lo tengo en el escaño— del Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal, presentado por el exministro Caamaño; en su artículo hipotético 260, respecto a la práctica de la inspección o intervención corporal, en el punto 2, establecía: Si quien haya de someterse a la misma se opone a su realización, el juez de garantías —y sigue— podrá imponer su cumplimiento forzoso, estableciendo las medidas que, si es imprescindible, podrán emplearse para la realización de la diligencia contra la voluntad del afectado. Y nos parece fenomenal, porque estamos por buscar al verdadero culpable y llegar a la verdad material. Esto lo decían ustedes, y ahora nos critican porque lo decimos nosotros. El texto legislativo del ministro Caamaño es bueno, lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir: era bueno, era muy positivo —mucho mejor que lo que había, el de 1881—, como el de ahora, porque viene a decir sustancialmente lo mismo. Y, también —por señalarles dos cuestiones solamente—, el artículo 304 —que ustedes llamaban en el texto el ámbito de vigilancia acústica— decía que solamente podrán captarse conversaciones que tengan lugar en el interior de un domicilio si es el de la persona investigada. Y en el segundo apartado del 304.3 se establecía: Excepcionalmente también se podrán captar las conversaciones que se mantengan en el domicilio de una tercera persona cuando existan indicios fundados en el que el investigado se encuentra en él. Nos parece la mar de bien, ¿qué quiere que le diga? Porque estamos por buscar el delito, y al juez hay que darle todas las garantías para que pueda realmente llegar a descubrirlo.

Muchas más cuestiones se plantean, pero quiero telemáticamente, aunque sea, contestar a las diversas cuestiones que me han planteado.

Al senador Díaz Tejera quiero decirle que quienes descubrieron algo fueron ustedes, el que fue vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, en los años 2004 y 2006 —eso es lo que me estaba diciendo el señor Chiquillo, los años en que había sido vicepresidente y ministro del Interior—, con Sitel lo realizó sin autorización judicial, aprovechándose de un vacío legal que había —es verdad que había un vacío legal—, pero el ministro del Interior —he hecho ese ejercicio de memoria que usted me ha aconsejado; sabe que le hago mucho caso en muchas cuestiones y también le he hecho caso en esto— Pérez Rubalcaba fue el que realizó esas escuchas sin autorización judicial. Con lo cual no se debería alarmar tanto porque en eso seguimos su ejemplo.

El senador Bildarratz comentaba dos cuestiones, un caso de un preso que solamente tenía dos horas de patio: es un caso extremo el que usted plantea, lo desconozco con puridad, pero desde luego lo que sí le digo es que ni el ministro de Justicia, ni el ministro del Interior, ni el director general de Instrucciones Penitenciarias le va a poder responder. Ahí tendrá que responder el juez de Vigilancia Penitenciaria, la Junta de Tratamiento, en su caso, o el centro penitenciario, pues ellos sabrán por qué no le conceden el segundo grado o el tercer grado, etcétera. Desconozco el caso, pero, desde luego, donde hay que preguntarlo es al ámbito jurisdiccional, al orden jurisdiccional penal que es el que tiene competencias sobre ese interno del centro penitenciario. Luego, ha manifestado que ha desaparecido el terrorismo etarra —gracias a Dios que ha desaparecido el terrorismo etarra—, pero tenemos otro al menos tan grave como es el terrorismo yihadista. Por eso nos damos esos plazos de cinco días prorrogables por otros cinco días, porque el terrorismo internacional a gran escala no ha desaparecido, esa lacra la seguimos teniendo, aunque sea en otros ámbitos, pero la seguimos teniendo, y el Estado de derecho se tiene que proteger frente a ese terrorismo.

El senador Saura ha hablado de cinco puntos, después de otros ocho, son muchos puntos para contestarle. Pero respecto a sus propuestas de mayores garantías, le diré que el juez siempre va a saber la detención de una persona; además, no debemos perder de vista que la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus, está vigente; si alguien se considera indebidamente detenido podrá pedir en veinticuatro horas la asistencia judicial, con presencia del Ministerio Fiscal; no nos olvidemos de que esa detención nunca va a ser sin conocimiento del juez —ese punto sigue perfectamente vigente—, de modo que no van a pasar los cinco días sin que el juez pueda tener conocimiento de la detención.

Por último, porque ya no me queda más tiempo, quiero decir al senador Montilla que el debate de esta ley estaba previsto para mañana, pero se ha modificado —desconozco por qué— el trámite de debate para hoy. Señor senador, el ministro de Justicia está hoy en París reunido con su homóloga francesa para tratar reformas legislativas, la cooperación bilateral, la lucha antiterrorista, la libertad de circulación entre países de los emigrantes en relación con el espacio Schengen, la creación de la Oficina de Recuperación de Activos de ambos países y la creación de un grupo de trabajo bilateral para la lucha contra la corrupción.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Termino, señor presidente.

Por eso hoy no está aquí con nosotros y ha delegado en este Grupo Parlamentario Popular que, desde luego, como ha anunciado ya el senador Represa, va a rechazar todos los vetos presentados por los grupos parlamentarios de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto de los dos proyectos de ley. Votaremos, en primer lugar, las propuestas de veto del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y después los vetos del siguiente proyecto de ley orgánica.

Tengo que decirles que la senadora Cunyat ha hecho uso de la votación telemática en el sentido de abstenerse en todas las propuestas de veto. Lo añadiremos a la votación que realicemos ahora en el hemiciclo.

Comenzamos votando la propuesta número 1, del senador Iglesias, al primer proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto telemático, 246; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 17 más 1 voto telemático, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2 de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 74; en contra, 152; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 de todos los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 21, más 1 voto telemático, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Por lo tanto, han sido rechazadas las cinco propuestas de veto al primer proyecto de ley.

Vamos a votar ahora las propuestas de veto al proyecto de ley orgánica. Comenzamos con la propuesta de veto número 1 del senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 un voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las propuestas de veto de los dos proyectos de ley, entramos en el debate de las enmiendas, que también se va a realizar conjuntamente.

Los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 30 a 32.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Mendizabal. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señorías, hasta que no haya silencio en el hemiciclo no va a comenzar la senadora Mendizabal.

Cuando quiera.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.

Amaiur ha presentado tres enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de le Ley de enjuiciamiento criminal.

Como saben sus señorías, nosotros no solemos presentar enmiendas parciales porque en nuestro compromiso político no estaba el perfeccionamiento de la legislación española, sino la defensa del derecho a decidir de nuestro pueblo. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Sin embargo, sí solemos presentar enmiendas parciales en algunos proyectos con temas especialmente significativos, bien porque tienen una relación directa con nuestro país, bien porque afectan a los principios fundamentales tanto en el ámbito social como en el ámbito de los derechos y libertades.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio, si no, no se le escucha a la portavoz.

Continúe.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señora presidenta.

Este es el caso, por ejemplo, de este proyecto de ley. Por eso, hemos presentado estas tres enmiendas.

Además, nos hemos centrado en un concepto para nosotros fundamental como es la necesidad de abolir la detención en régimen de incomunicación. Todos los gobiernos de España han mantenido de manera injustificada esta detención incomunicada y Europa, Naciones Unidas o diferentes estamentos les han requerido para que pongan fin a esta práctica, no que lo modifiquen, que es lo que están proponiendo hoy, sino que se anule, que se derogue, que se ponga de una vez por todas fin a la situación de vulnerabilidad de las personas en régimen de incomunicación. Nosotros pensamos que es un elemento fundamental para evitar que en un futuro se puedan producir vulneraciones de derechos humanos, que sí se han producido en el pasado.

Nuestro compromiso es total con la defensa de todos los derechos humanos, sin excepciones. Dentro de ese compromiso debemos poner los medios para que no se vuelva a repetir ninguna vulneración de los derechos humanos ni posibilitar espacios en los que se puedan producir. Por eso, consideramos que es fundamental evitar que sea precisamente quien tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos quien los vulnere. Por eso, hemos presentado estas tres enmiendas.

Seguir manteniendo este artículo en la actual legislación del Estado español es seguir manteniendo el riesgo de perpetuar vulneraciones de derechos humanos, que, insisto, son especialmente graves cuando se producen por parte de quien tiene la obligación de salvaguardarlos, cosa que con este proyecto de ley no se hace.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

Señorías, hay mucho ruido en el hemiciclo. Si quieren escuchar a los oradores, les pido que salgan del hemiciclo porque si no, no se oye. Sé que es un Pleno largo y están cansados. No se oye a los oradores, por lo que les pido silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Comienzo defendiendo las enmiendas al proyecto de ley ordinaria, de reforma de la LECRIM, dando por defendidas todas, salvo la número 11, que retiro en este acto por ser coincidente con una del Grupo Popular, que, sin ninguna duda, se incorporará al texto.

Con las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida planteo la supresión del nuevo artículo 17 porque fija criterios jurídicos imprecisos para determinar el enjuiciamiento conjunto o no de delitos conexos, dando lugar de forma inevitable a la promoción de cuestiones de competencia, que casan mal con el objetivo de agilizar el funcionamiento de la justicia.



Al final, por otro lado, como ya tuve oportunidad de expresar en la defensa del veto, establecer que la economía procesal pueda aconsejar el enjuiciamiento conjunto acaba dejando sin sentido prácticamente todo el esfuerzo del legislador de acabar con las causas complejas.

También es motivo de la solicitud de la supresión de este artículo 17 la consideración que se hace en el sentido de que resulte posible que las distintas acciones que constituyen un delito continuado sean enjuiciadas de forma separada. Como también dije en la defensa del veto, simplemente se trata de prescindir del concepto de delito continuado. Por el contrario, planteamos una redacción alternativa del artículo 17 que creemos responde mejor a los objetivos del proyecto.

Con otra enmienda defendemos la supresión del artículo 284.2, en el que se regula la no remisión de atestados de delitos sin autor conocido. Planteamos una redacción alternativa para que la decisión de investigar, o no, un delito no corresponda a la Policía, como se deriva del planteamiento reflejado en dicho artículo. Asimismo en otra enmienda planteamos la supresión del artículo 324, que es el que regula en este proyecto los plazos máximos de instrucción por razones que ya manifesté en la defensa del veto. Establecemos a través de otra enmienda una redacción alternativa, simplificando el régimen de plazos en la solicitud de prórrogas, dando intervención a todas las partes y no solo al Ministerio Fiscal, limitando también las consecuencias procesales del transcurso de los plazos y dando la oportunidad al instructor de solicitar apoyos y dotaciones.

Mediante otra enmienda defendemos la supresión del título III bis, el nuevo proceso por aceptación de decreto. Ya expliqué que somos más partidarios del juicio rápido, pues consideramos que es más ágil y además ofrece más garantías para el encausado. Alternativamente, y a través de otra enmienda de adición al artículo 803 bis h., planteamos la necesidad de que se graben con medios audiovisuales las comparecencias en este proceso. Por otra parte solicitamos también la supresión del título III ter, que regula el procedimiento autónomo de decomiso, debido a las dudas que nos suscita en relación con su constitucionalidad, tal y como ya expliqué en la defensa del veto.

Hay otra enmienda mediante la cual defendemos la supresión del artículo 846 ter, pues creemos que establece una mala regulación del recurso de apelación, que claramente no resuelve las cuestiones cuando el recurso es contra los autos de sobreseimiento y las sentencias de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional de forma razonable. Quedan sin resolver cuestiones como la práctica de pruebas en segunda instancia y la intervención adhesiva.

Finalmente hay dos enmiendas que afectan al artículo 954. Una lo es al punto 3, que se refiere al recurso de revisión basado en una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestra enmienda pretende que la revisión pueda ser promovida no solo por el demandante, sino también de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. Y en relación con el punto 4 de dicho artículo, que es nuevo, pretendemos que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tengan efectos directos en casos similares de vulneración de derechos.

Enmiendas a la Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Planteamos cuatro enmiendas al artículo 118, que regula los derechos del detenido. Además, en la regulación que proponemos en nuestras enmiendas, se mantienen planteamientos que después se reproducirán, porque son parejos, sobre el artículo 520. Así en el artículo 118.1.a), de información de derechos al detenido, se sustituye la expresión «sin demora injustificada» por la de «sin dilación», pues pensamos que no hay ninguna opción de demora justificada.

Respecto del artículo 118.1.b), planteamos que se sustituya la referencia que se hace en este precepto al derecho a examinar las actuaciones por una que reconozca el derecho a tener conocimiento en todo momento de las diligencias practicadas por la Policía, el Ministerio Fiscal y el órgano judicial, en línea además con lo que se apuntaba en el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y con las propuestas de los expertos en relación con el artículo 135 del borrador del proyecto del Código Procesal Penal.

En cuanto al artículo 118.1.d), que se refiere al derecho a designar abogados, planteamos la supresión de la referencia a las limitaciones en los casos de incomunicación prevista en el artículo 527.1.a).

Nuestra enmienda respecto al artículo 118.3 es de modificación para que si no nombra abogado y procurador el detenido, se le nombre de oficio desde el momento en que presta declaración o es objeto de cualquier medida personal o patrimonial, y no como establece el proyecto de ley cuando la causa llega a un Estado en el que se necesite el consejo de un abogado, puesto que se trata de una redacción absolutamente imprecisa y abierta, que sin ninguna duda daría lugar a discusiones, que a su vez se tradujeran en solicitudes de nulidades de actuación.

Planteamos la supresión de los artículos 509 y 510, de detención y prisión incomunicada, por los mismos motivos que fueron expuestos en la defensa del veto. Alternativamente, a través de una enmienda, ofrecemos una nueva redacción del artículo 509 para que la situación de incomunicación no dure más de 3 días y sin que se establezca en esta situación ningún régimen específico en razón a la materia delictiva.

Proponemos cuatro enmiendas que afectarían al artículo 520, Derechos de las personas detenidas o presas. En relación con el 520.2.c), que regula el derecho a designar abogado, de nuevo proponemos la supresión de la referencia a las limitaciones del artículo 527.1.a). El artículo 520.2.d) se refiere al derecho de acceder a todos los elementos de la actuación, y no solo, como plantea el texto del proyecto, a aquellos que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

Mediante la enmienda relativa al artículo 520.5 se sustituye el plazo de 3 horas para que se presente el abogado por el de 5 horas. Obviamente en grandes ciudades y en situaciones de sedes dispersas, donde no existan ciudades de la justicia, parece un plazo más ajustado para que se puedan en la práctica realizar los desplazamientos necesarios de los letrados.

La enmienda al artículo 520.6.b) introduce la posibilidad de que el abogado no sea un mero observador de las declaraciones y diligencias sino que pueda realizar recomendaciones al detenido durante la práctica de la declaración del reconocimiento y también en los supuestos de reconstrucción de los hechos.

La enmienda al artículo 520.6.c) propone la supresión del párrafo que permite la aplicación de medidas coercitivas para la realización del frotis bucal, para la obtención de muestras de ADN.

La referida al artículo 527, en consonancia con lo adelanté en la defensa de otras enmiendas, propone la supresión de la detención y prisión incomunicada y, alternativamente, una nueva redacción del artículo 527 en la que planteamos que, transcurridas 48 horas, el detenido o preso pueda ser examinado por un médico de su elección —no solamente por los médicos forenses— y que mientras esté incomunicado, esté sometido a vigilancia por medios técnicos de grabación de imágenes y sonido que estén a disposición de la autoridad judicial para dar cumplimiento a las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la investigación de los supuestos de tortura, en tanto en cuanto estas precauciones prácticamente imposibilitarían el desarrollo de malos tratos.

Otras cuatro enmiendas afectan al artículo 579. Respecto al artículo 579.1, detención de la correspondencia privada postal y telegráfica y su apertura, presentamos la supresión de la referencia a delitos dolosos penados con más de tres años. Pensamos que en este caso y en los siguientes, que afectan a derechos fundamentales, la única justificación de que se produzca una limitación de estos derechos fundamentales no está en la cuantía de la pena, máxime en un Código Penal en el que se ha introducido la prisión permanente revisable —la pena de tres años no es de especial gravedad—, sino en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en la naturaleza del delito y la trascendencia de este. Esto es lo que justifica la adopción de estas limitaciones de los derechos fundamentales.

En el artículo 579.2 planteamos una reducción del plazo máximo a 12 meses, en vez de los 18 que prevé el proyecto, por el que el juez pueda acordar la medida de detención de la correspondencia privada postal y telegráfica.

La enmienda al artículo 579.3 propone la supresión de la referencia a que, por razones de urgencia, en caso de terrorismo, el ministro del Interior o el secretario de Estado puedan autorizar la detención de la correspondencia comunicándolo al juez.

La enmienda al artículo 579.4 defiende la supresión del párrafo que dice que no necesitará autorización judicial la detención de envíos postales que, por sus características externas, sirvan para el transporte de mercancías. Se trata una vez más de un concepto abierto. Voy a poner un ejemplo chusco. Supongo que todas sus señorías, como yo, en Navidades mandan un paquete o varios a familiares, amigos y demás con productos típicos de su tierra. Lo normal es que el envoltorio de una mercancía vaya acompañado como mínimo de un christmas, de una nota; es decir, que el paquete no contenga solo y exclusivamente la mercancía sino correspondencia privada.

Presentamos ocho enmiendas al artículo 588 —y tranquilizo a sus señorías diciéndoles que son las últimas enmiendas que voy a defender—. Enmendamos el artículo 588 bis c) —Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos— para que, si transcurridas 24 horas desde que se solicitase autorización al juez, este no la concediese, la misma se entienda denegada y carezca de efectos en el proceso la información que se haya podido obtener en este periodo de 24 horas.

Proponemos en el artículo 588 ter d.3 la supresión de que, por razones de urgencia, el Ministerio del Interior o el secretario de Estado de Seguridad pueda acordar, en caso de terrorismo, la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas solicitando en el plazo de 24 horas la autorización judicial. Subsidiariamente a esta supresión, en el artículo 588 ter d.3 planteamos que el juez resuelva en 24 horas, no en 72, como se dice en el proyecto, y si no lo hace, que se entienda denegada la solicitud y con las consecuencias que planteamos en todas las enmiendas.

Presentamos una enmienda al artículo 588 ter g., para que la duración máxima de la intervención no supere los 12 meses, en vez de los 18 previstos en el proyecto; en el 588 quater b., para excluir el uso de dispositivos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales, para que se excluya como justificación de la misma la investigación de delitos dolosos penados con más de tres años y solo se produzca —por lo que expliqué ya en una enmienda anterior— en casos de terrorismo y crimen organizado.

Respecto al artículo 588 quinquies b.4 planteamos que, transcurridas las 24 horas desde que solicitó la autorización, para colocar instrumentos de seguimiento y localización sin que el juez la apruebe, se entienda denegada y la información carezca de valor en el procedimiento.

Proponemos una enmienda al artículo 588 quinquies c.1 para que la duración máxima de la autorización de colocación de los mismos sea de 12 meses y no de 18. Y última enmienda, al artículo 588 sexies c.3 y c.4, para que si el juez no autoriza en 24 horas la ampliación a otros sistemas informáticos de la autorización para el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información conectados o relacionados, se entienda denegada y sin valor, y no las 72 horas que prevé el proyecto.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Vasco.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

Comenzaré con las ocho enmiendas a la ley orgánica. Voy a dar todas por defendidas. Todas son importantes pero tenemos dos que quisiéramos subrayar. La primera, la enmienda número 33, de modificación, al artículo 509, está relacionada con los plazos de incomunicación. Planteamos que la incomunicación no pueda extenderse más allá de 48 horas. (Estamos hablando del punto 2 del artículo 509.)

En el turno en contra, el senador Altava ha planteado en una transaccional para los 5 días de incomunicación una prórroga de otros 5 días y otra de 3 días para mejorar el número de días y pasarlo a 10 días de incomunicación. Evidentemente, esa es una situación mucho mejor, más beneficiosa, pero a nosotros no nos satisface. En derecho comparado no son habituales estos planteamientos de incomunicación, como ustedes saben, señorías. Naciones Unidas está requiriendo que eliminemos todo aquello relacionado con la incomunicación porque son espacios donde se generan ciertas opacidades. Por tanto, para nosotros este punto es esencial. 10 días, aun siendo mejor que 13, son excesivos para que se dé una situación tan excepcional como la que están planteando, cuando saben que el artículo 17.2, que constituye un derecho fundamental, plantea un máximo de 72 horas. Si además de ser tan excepcional, realizan un planteamiento tan perjudicial para el preso, evidentemente no podemos estar en contra —y esto lo relaciono con la enmienda número 34—. Si ustedes tienden a la incomunicación —que nosotros también entendemos que debiera desaparecer—, si todavía entienden que es una herramienta que les es válida, y más ahora, con el terrorismo yihadista o con los nuevos planteamientos de terrorismo que se están viviendo, al menos adopten cautelas para que esos espacios de opacidad no sean tales.

El senador Altava ponía como ejemplo el texto que el entonces ministro Camaño presentó como borrador de un anteproyecto, al cual ustedes hacían referencia. Yo también voy a hacer lo mismo, pero con el ministro Gallardón. El artículo 176.3 del Código Procesal Penal, cuando habla del régimen de incomunicación, viene a decir: «La permanencia del incomunicado en dependencias policiales será registrado en soporte apto para su reproducción en sonido e imagen, que estará a disposición del Ministerio Fiscal y Tribunal de Garantías.» Eso es lo que ustedes han planteado. Lo que les digo es que acepten este precepto que hemos recogido nosotros a través de esta enmienda. Si ustedes entienden que el texto que ustedes han presentado como grupo mayoritario es el correcto y en ese sentido presentamos una enmienda literal al artículo 176.3 y nos la aceptan, hemos ganado algo en el planteamiento de la incomunicación, aunque no todo lo que quisiéramos. Usted ha puesto un ejemplo, me parece correcto, y yo le he puesto otro.

Mediante la enmienda 35 proponemos la supresión del punto 1 del apartado 6 del artículo único, es decir, aquellas excepciones que se realizan para los incomunicados relacionados con el artículo 348 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. Volvemos a tener un planteamiento contrario al artículo 17, porque consideramos un derecho fundamental tener un abogado de confianza. Por tanto, ustedes están haciendo un planteamiento a través de esta reforma para que haya una serie de excepciones que no caben siquiera dentro de la Constitución y para nosotros supone un elemento clave, un elemento importante que el preso pueda ser atendido desde el primer momento y conocedor de sus derechos a través de un abogado de su confianza. La enmienda número 36, relativa a correspondencia escrita y telegráfica, plantea suprimir tanto el apartado tercero como el cuarto, ya que la incidencia en derecho es fundamental desde los investigados y solo debe ser acordada por el juez y nunca, nunca, en nuestra opinión por el Poder Ejecutivo, tal como ustedes lo están planteando, porque, como podemos ver todos estos días, ustedes están haciendo un uso del Poder Ejecutivo torticero, dependiendo, como en estos momentos, de que haya elecciones o no, por ejemplo, en Cataluña. Entonces, ustedes utilizan el Poder Ejecutivo a conveniencia y de parte para, evidentemente, forzar toda la legalidad. Nosotros preferimos estar tutelados por un juez. Por eso, planteamos la supresión del tercer y cuarto punto del artículo 579.

Hemos presentado las enmiendas números 37 y 38, de modificación al artículo 588.

La enmienda número 39 propone una modificación del artículo 384 bis en todo aquello que suponga excepcionalidad, con un texto alternativo, entendiendo que asociar, además, cargos públicos con bandas armadas e individuos terroristas o rebeldes no es correcto. Por ese doble motivo, que hay que suprimir la excepcionalidad y, además, que en este caso, se asocia a cargos públicos ese concepto de individuos terroristas, etcétera, proponemos esa modificación.

La enmienda número 40 propone la supresión el artículo 520 bis. Entendemos que tienen que estar fuera todas las excepcionalidades, porque consideramos que es suficiente y adecuado el régimen general establecido para la puesta a disposición judicial del detenido y para la, en su caso, incomunicación, no siendo por ello preciso el establecimiento de regímenes especiales de incomunicación de cinco días de duración, que superan el propio límite constitucional, tal como les he dicho. Para nosotros esto es un principio fundamental y sí me gustaría que cuando vayan a responder a estas enmiendas me digan cómo pueden superar el límite que el artículo 17, derecho fundamental, de la Constitución —no me lo contrapongan al artículo 55.2—, derecho fundamental, cómo lo pueden superar.

En cuanto a la ley ordinaria, hemos presentado cuatro enmiendas. Con la primera, planteamos la supresión del artículo 17, apartado primero, de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque cuando ustedes plantean que cada delito dará lugar a la formación de una causa no entendemos que sea un procedimiento correcto, por lo que pedimos su supresión.

Asimismo, pedimos la supresión del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal. El planteamiento que hacen ustedes es que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario de las diligencias previas. Ustedes mismos también han hecho una media, que vuelvo a repetir. Si la media actual de un procedimiento de instrucción es de 245 días, ustedes lo están reduciendo a seis meses, es decir, 182 días. La pregunta es: si no hay más recursos, si no hay más personal, si no hay más medios, ¿por arte de qué birlibirloque consiguen ustedes que lo que hoy en día se soluciona en 245 días pase a solucionarse en 182? Estamos hablando de medias, no me venga con casuísticas, estamos hablando de medias. ¿Cómo tienen pensado desarrollar un proceso para que con el mismo personal, con los mismos recursos, lo que hoy cuesta 245 días pase a costar 182 días? ¿Desconfían del trabajo de los secretarios judiciales, de los jueces?

La enmienda número 19 propone la supresión del apartado ocho porque entendemos que vulnera el principio de división de poderes la resolución de un proceso por un órgano como el Ministerio Fiscal dependiente jerárquicamente de la Administración pública.

La enmienda numero 20 plantea la supresión de un concepto sobre la base de querer acomodarnos al informe del Consejo General del Poder Judicial con ocasión del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Creo haber defendido, prácticamente todas las enmiendas que tenemos. He establecido cuáles son nuestras prioridades, todas relacionadas con los derechos humanos. En ese sentido, todo aquello que tenga que ver con la incomunicación y, si quieren seguir adelante con ella, todo aquello que la pueda mejorar y relativizar para que tengan una serie de derechos y se evite todo tipo de excepcionalidad, para nosotros siempre será un paso adelante.

Espero con atención su respuesta.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta, señorías.

Les voy a detallar de forma breve las enmiendas que hemos presentado a estos dos proyectos de ley con el objetivo de que les convenzan nuestros argumentos. Ojalá pudieran apoyar algunas de ellas y entre todos mejorásemos el texto propuesto.

En el proyecto de ley orgánica mantenemos vivas veintiocho enmiendas centradas principalmente en mantener las garantías procesales de los ciudadanos que, como les comentaba en mi intervención de defensa del veto, van a ver mermadas estas garantías por las modificaciones que propone el texto.

Nuestra enmienda 45 mejora y adecúa el texto de la ley a la Directiva 2013/48, que se transpone para eliminar la posibilidad de que la autoridad policial pueda impedir el ejercicio del derecho a la defensa, a la asistencia de abogado. Pensamos que el texto propuesto atenta contra el derecho del imputado o del detenido a tener una entrevista previa con su abogado incluso antes del interrogatorio judicial. Creemos que solo deberían existir excepciones a este derecho fundamental del detenido en el caso de delitos de verdadera gravedad y que sean, obviamente, acordados por auto judicial. Además, pensamos que el texto atenta contra el derecho del detenido incomunicado a nombrar un abogado de confianza y a que no se le asigne un abogado de oficio.

Conjuntamente, la enmienda 43 propone modificar el artículo 509 para que la incomunicación del detenido solo sea posible en los delitos de terrorismo o de delincuencia organizada, en coherencia con el carácter restrictivo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia y apoyando además la aplicación de mayores garantías como la grabación de las declaraciones y de los interrogatorios a los incomunicados y la intervención del médico forense en plazos de tiempo muy acotados.

Las enmiendas 148 y 160 dan coherencia y coordinación unificando el tenor literal de los artículos 118 y 520, que regulan el derecho de defensa. En la enmienda 148, que modifica el artículo 118 relativo al derecho de defensa de la persona investigada, proponemos que la información y la comunicación de derechos que se haga al investigado no se realice solo por escrito a través de una mera hoja informativa, sino que se haga también verbalmente y en un idioma y con un vocabulario que entienda. En la enmienda 160, que modifica el artículo 520 relativo a los derechos del detenido o preso, también se precisa que la designación de procurador y abogado solo sea exigible cuando la causa llegue a determinado estado o momento. La redacción de la norma parece menos respetuosa con el ejercicio del derecho de autodefensa exigiendo además la representación de procurador en todo caso, incluso en los procesos por faltas, lo que supone una excesiva carga para los interesados y para la propia organización judicial. La modificación propuesta busca garantizar la efectividad del derecho a la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado.

El siguiente bloque de enmiendas que queremos destacar son las que hemos registrado para evitar las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal que ha introducido el Gobierno en la norma y que atenta contra los derechos fundamentales. En este sentido, pensamos que el Gobierno haría bien en ser más cauteloso y prudente en sus propuestas. La cautela, la prudencia y la proporcionalidad deben ser las que regulen estos aspectos para no limitar el derecho a la libertad de las comunicaciones y a la intimidad de los ciudadanos como hace el texto que nos ha remitido el Congreso.

Las enmiendas números 42, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 149, 150 y 151 proponen introducir modificaciones para que el tipo de delitos a los que puedan aplicarse estas restricciones se restrinja a delitos graves, a delitos que tengan una pena teórica de más de cinco años y no a los que tengan pena inferior. Además, incluimos que la grabación de conversaciones mediante dispositivos electrónicos en el domicilio solo se puede aplicar en casos de delito de terrorismo o de grupos criminales organizados, pero no a cualquier tipo de delito individual. Asimismo, nos parece excesiva la duración de hasta dos años para todo tipo de delitos en la intervención de comunicaciones. Por eso, nuestras enmiendas proponen que, en caso de comunicaciones telefónicas, sea de un máximo de un año en delitos graves y de hasta dos años si se trata de delitos de terrorismo o de grupos criminales organizados, y que cuando se trate de la grabación de conversaciones por dispositivos electrónicos en domicilio o registro remoto de equipos informáticos a través de troyanos, que sea de un mes prorrogable hasta un máximo de tres meses.

Finalmente, con relación a las excepciones de la actuación policial sin autorización, pretendemos la supresión de las dos excepciones que recoge el proyecto de ley, pues nos parecen innecesarias, ya que desbordan las garantías de derechos fundamentales que debe tener un Estado democrático para defender a las personas que sean detenidas.

Las enmiendas números 61 y 62 incluyen modificaciones para regular la toma de muestras, de sustancias, de objetos a recoger en el lugar del delito cuando pueda suponerse que contenga huellas o vestigios cuyo análisis genético pueda proporcionar información relevante para la investigación. Por otra parte, en la enmienda número 62 proponemos introducir una modificación al artículo 363 y a ocho artículos correlativos más para abordar el problema de las intervenciones corporales del investigado, sean voluntarias o coactivas, por orden del juez y el análisis y garantía de las muestras biológicas que se le puedan intervenir, completando el régimen jurídico de las licencias de investigación.

Con relación al proyecto de ley ordinaria que modifica la Ley de enjuiciamiento criminal, mantenemos vivas veinte enmiendas. La enmienda número 21 propone modificar el texto de la norma con relación a la regulación de los delitos conexos, ya que el proyecto de ley provoca, a nuestro entender, confusión entre conexidad a efectos de enjuiciamiento conjunto y las normas sobre acumulación de procesos. El artículo 17 debe limitarse a definir de forma clara una conexidad relevante para la acumulación de objetos, como excepción a la regla general de que cada hecho debe ser enjuiciado en un proceso independiente. Por eso, proponemos modificar los apartados 2.7 y 4 para imponer la acumulación de causas en los que un mismo autor agreda continuamente a una misma víctima. Paralelamente, la enmienda número 23 recupera el texto vigente del artículo 300 para mantener la prohibición del inquisitio generalis, ya que al estar situado en el régimen del procedimiento ordinario tiene carácter supletorio, por lo que debe aplicarse en todo caso. Pensamos que el nuevo régimen de acumulación, conexidad y separación de causas no es contradictorio con dicho precepto, que debe conservarse por tener un carácter más general que la limitada reforma que ahora se pretende.

La enmienda número 30 evita que se dividan causas que deban conocerse conjuntamente, a voluntad de la propia Audiencia Nacional, para limitar las posibles dilaciones procesales de los encausados, intentando evitar el enjuiciamiento conjunto y eventuales condenas.

La enmienda número 22 modifica la regulación de los delitos sin autor conocido. Con la excusa de la agilidad procesal desaparece la obligación de elevar los atestados al órgano judicial y al ministerio fiscal por parte de la Policía en determinados delitos. Pero no podemos obviar que hay denuncias sin autor conocido de delito que tienen distinta naturaleza y, por supuesto, distinta gravedad. Por tanto, creemos que la decisión de investigar o no un delito no puede depender de la autoridad policial sin que exista un control o una verificación por parte de la autoridad judicial. Es necesario tener en cuenta el derecho y las garantías de las personas que denuncian, que deben saber con certeza en qué casos no van a obtener respuesta alguna de la autoridad judicial, salvo que él mismo presente denuncia ante el órgano judicial. En este sentido hemos presentado nuestras modificaciones. En primer lugar, para ampliar los delitos en los que siempre deberá darse traslado del atestado al órgano judicial o al Ministerio Fiscal. En segundo lugar, arbitrar un sistema para que el control judicial pueda realmente verificarse sobre aquellos delitos excluidos. Proponemos establecer un informe trimestral que debe alegarse por parte de la Policía de las denuncias no remitidas al juez decano, quien podrá verificar y cambiar esta decisión si estimara que alguno de los delitos excluidos debiera ser investigado y dar lugar a actuaciones judiciales.

Con la enmienda 24 proponemos suprimir la modificación del artículo 324 que propone el texto que puede afectar a la persecución de los delitos favoreciendo la impunidad. Además, pensamos que atenta contra el derecho a la tutela judicial de las víctimas de los mismos. Este artículo establece un régimen de plazos para la finalización de los procesos de instrucción, complejo e ineficaz, que introduce una grave inseguridad jurídica en relación con las víctimas, con los denunciantes y que puede favorecer la impunidad. El texto propuesto reduciendo los plazos máximos de instrucción de seis a dieciocho meses para las causas más complejas, pensamos que es completamente irreal si no se realizan reformas mucho más importantes en la estructura organizativa y si no se incrementan los medios tanto materiales como personales en la Administración de justicia y de colaboradores externos que prestan ayuda y asistencia técnica.

La enmienda 25 corrige la posibilidad —que consideramos muy grave— de que la obtención de confesión o conformidad por el Ministerio Fiscal pueda ser homologada o equiparable a la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional.

En relación a la revisión de sentencias firmes, la enmienda 28 explicita que cuando existe sentencia firme por violación —así ha sido considerada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— esta tiene que ser aplicada a cualquier persona aunque no haya sido demandante ante ese tribunal.

Las enmiendas 86 y 37 recogen modificaciones que pueden mejorar la técnica del proceso de decomiso autónomo.

Y finalmente —con eso acabo—, con la enmienda 35 proponemos suprimir la disposición adicional única que establece que todas las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incrementos de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Con esta previsión tan taxativa es imposible que según la estructura organizativa actual de la Administración de justicia se puedan agilizar los procesos penales que es el objetivo principal expuesto por el Gobierno para esta modificación legislativa. En todo caso, nos deberían explicar si esto es posible y cómo piensan hacerlo, como les preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Voy a intervenir desde el escaño. Algunas de las enmiendas que presento las he desarrollado en mis anteriores intervenciones y otras el senador Montilla las ha explicado muy bien. Por lo tanto, simplemente me voy a limitar a enunciar los conceptos sobre los que hemos presentado enmiendas.

En primer lugar, hay una serie de enmiendas que hacen referencia a la eliminación del régimen de incomunicación y, alternativamente, por si no se aprueban, otra serie de enmiendas de dulcificación del régimen de incomunicación.

Otro grupo de enmiendas hace referencia al artículo 520.1 que, como he dicho en mi anterior intervención, es un artículo que conjuntamente con la Ley mordaza lleva inseguridad jurídica a los profesionales y a los medios de comunicación.

Otro grupo importante de enmiendas pretende la supresión del apartado relativo a que el proceso de instrucción sea de seis meses. Nos parece absolutamente equivocado, y quiero insistir en que el consejo fiscal dice que es absurdo; por tanto, pedimos la supresión de este apartado. Al mismo tiempo, también solicitamos que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se apliquen directamente ya sin necesidad de hacer un recurso.

Finalmente hay un grupo de enmiendas que hacen referencia a incrementar las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo ha presentado treinta y dos enmiendas, concretamente diez a un proyecto y veintidós al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Empezaré por el proyecto de las diez enmiendas. Sobre medios hemos presentado la enmienda 66 de supresión de la disposición adicional única relativa a la previsión de costes sobre las dotaciones económicas y de personal para su aplicación.

La aplicación de las citadas leyes requerirá la dotación de una serie de medios tanto económicos como personales en relación a la nueva regulación del procedimiento de decomiso, donde se prevé un procedimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa para fijar las indemnizaciones a los perjudicados que será establecido reglamentariamente y que, por lo tanto, supondrá ya, por ejemplo, que se tenga que reforzar con medios materiales y personales esa jurisdicción, así como en los casos de instrucciones penales complejas que requerirán para el cumplimiento de los plazos aportar al correspondiente juzgado los medios necesarios para evitar que la instrucción se alargue en el tiempo; también, respecto a la constitución de un proceso monitorio penal. De ahí que no tenga sentido la disposición adicional única de la Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, pues prevé que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de gastos de personal. Al respecto, debemos recordar que una de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de un sistema democrático es una justicia rápida, eficaz y de calidad. Por ello debemos, desde nuestras respectivas instancias, poner de relieve la importancia para la ciudadanía del servicio de justicia y garantizar la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, proponemos la supresión de esta disposición adicional única, ya que en caso contrario se impediría la aplicación de medidas de éste que consideramos muy positivas en aras de la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

En el mismo sentido hemos presentado la enmienda 58 que modifica el 324.2, mediante la cual se adiciona un nuevo párrafo para que se dote a la Administración de justicia de medios económicos, materiales y personales adecuados, como pueden ser expertos economistas, peritos, incluso becarios que puedan ayudar al estudio de la documentación en estos casos y garantizar así el cumplimiento de los plazos en la fase de instrucción en aras de la agilización del proceso.

Asimismo, la enmienda 64, de modificación del 846.2.ter, propone incrementar el personal de la sala de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de justicia y de la sala de apelación de la Audiencia Nacional en al menos dos o tres secciones, servidas cada uno por tres magistrados, ya que sin esta dotación de medios personales se produce una imposibilidad material de aplicar la normativa pretendida. Y es que aquí vamos a poner un plazo, y se dice que la instrucción va a durar tanto como si fuéramos capaces de garantizar cuanto duran las instrucciones. No se trata solo de poner plazos por ley, sino de aportar medios reales a la Administración de Justicia, de agilizar los plazos, pero no encorsetarlos en una ley y después decir que solo pueden prorrogarlos si el Ministerio Fiscal lo pide. Nosotros consideramos, y así lo hemos puesto en nuestra enmienda 57, que no solo si lo pide el Ministerio Fiscal, sino también si lo piden las partes y, evidentemente, si lo pide incluso el propio juez de oficio.

Mediante la enmienda 59 pretendemos otorgar mayores competencias a los tribunales superiores de justicia correspondientes de acuerdo con las previsiones de los nuevos estatutos de autonomía a los que correspondería conocer de los recursos de casación en la jurisdicción penal, como sería el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el artículo 95 del Estatut de Cataluña.

Por otra parte, hemos presentado también las enmiendas 61 y 62 al artículo 803 bis para garantizar la asistencia letrada. Se pretende garantizar que el encausado esté asistido por letrado en este trámite, ya que a la comparecencia siempre se habrá que acudir con asistencia letrada para que la aceptación o rechazo del decreto produzca sus efectos. Asimismo, se pretende garantizar que el encausado será asistido por letrado, permitiendo que si no ha podido designar abogado antes de la comparecencia, le asista un abogado de guardia.

La enmienda 63 sobre las reglas del procedimiento de decomiso, la hemos presentado porque entendemos que debe especificarse en mayor medida las reglas de tramitación del decomiso, y se propone una mejora técnica al sustituir «escrito de defensa» por «escrito de contestación» a la demanda de decomiso.

Pasaré a resumir las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica. En cuanto a la incomunicación y a la garantía en todo momento de la asistencia de letrado o de abogado en algunos aspectos también se excepciona. Los colegios de abogados nos han hecho llegar muchísimas propuestas de enmiendas pidiendo, por favor, que no se flexibilice esa necesaria intervención del abogado. Hemos presentado varias enmiendas en este sentido.

Hemos presentado un conjunto de enmiendas en las que intentamos que todo aquello que por excepción se pueda hacer sin autorización judicial se quite del proyecto de ley porque nos asusta, la verdad.

Hemos, pues, presentado enmiendas, como la número 100, para reforzar el derecho de defensa del detenido en todas las diligencias, incluidas las policiales, de acuerdo con la Directiva europea 2013/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, que viene a cumplimentar la anterior directiva de 2012.

También presentamos las enmiendas 101 y 106 con el fin de que la adaptación de la información requiera la presencia de abogado, pues el apartado 1 in fine del artículo 118 y el artículo 520.2.bis contienen una previsión voluntarista sobre adaptación del derecho a la información que, de mantenerse así, generará importantes conflictos, pues la adecuación a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal de quien vaya a ejercer el derecho de defensa supone dejar un ámbito de discrecionalidad grande. En este sentido, debe reforzarse la intervención del abogado para adecuar las circunstancias personales a la adaptación personal del derecho, sin que ello suponga en ningún caso mermar derechos o simplificarlos.

Hemos presentado la enmienda 103 al artículo 509.1 para que, dada la grave limitación de derechos de la detención o prisión incomunicadas, se añada que su adopción se haga mediante resolución motivada.

La enmienda 104 al artículo 520.2 pretende garantizar la defensa del detenido, pudiéndose examinar todas las actuaciones. La enmienda 105, al mismo artículo, pretende reforzar los derechos del detenido. La enmienda 107, al artículo 520.1, propone reforzar los derechos del detenido en la detención preventiva en cuanto al tiempo de duración, con la finalidad de poner límites a determinada práctica policial, que consiste en agotar el plazo de detención de setenta y dos horas. Se propone que se documente la hora de realización y la hora de finalización de las actuaciones policiales llevadas a cabo; de este modo, una vez practicadas éstas, no podrá prolongarse artificialmente la detención sin causa objetiva para ello. Por otra parte, proponemos que la detención se comunique al juez de guardia, quien podrá determinar las diligencias a practicar y decidir sobre el secreto de las actuaciones o la situación de privación de libertad del detenido.

La enmienda 108, de adición, al artículo 504.bis.2, pretende la introducción de las pulseras electrónicas como medida cautelar, con la finalidad de establecer nuevos mecanismos de drenaje del sistema penitenciario. Se propone la introducción en nuestro ordenamiento jurídico del control mediante pulseras electrónicas como medida cautelar penal autónoma o sustantiva de la prisión preventiva, tal como sucede en otros países de nuestro entorno sociocultural y económico.

La enmienda 109, al artículo 520.5, impondrá un límite de dos horas para comunicar la detención al colegio de abogados y la presencia del letrado para prestar asistencia al detenido.

La enmienda 110, al artículo 525.5, plantea ampliar el plazo de comparecencia del abogado en lugar de 3 horas a 5, más que nada para hacerlo compatible con la dedicación profesional y los atrasos y demoras que se producen en los juzgados y para hacer posible el cumplimiento de las horas de asistencia establecidas.

Hay dos enmiendas más al artículo 520. La enmienda 111 pretende que el abogado pueda intervenir directamente durante la práctica de las diligencias para realizar recomendaciones a su defendido. Y la enmienda 112 reforzar los derechos del detenido e investigado en la intervención del abogado en todas las diligencias.

Las enmiendas 113 y 116, al artículo 579, pretenden limitar el plazo máximo de duración de la medida de intervención de la correspondencia escrita y telefónica.

Hemos presentado enmiendas al artículo 588, las números 118 y 119, para suprimir la potestad de la Policía para interceptar las comunicaciones privadas sin autorización judicial, en caso de urgencia para investigar delitos relacionados con actuación de bandas armadas o elementos terroristas; también suprimir la potestad de la Policía para colocar un dispositivo medio de seguimiento y localización sin autorización judicial o bajo las mismas circunstancias para interceptar las comunicaciones privadas.

Finalmente, quiero mencionar la enmienda 99, d?Unió y 120, de Convergència, para permitir la grabación, con cámaras de videovigilancia en el exterior, de la huida de sospechoso o sospechosos exclusivamente hasta que cese el contacto visual en casos de delitos flagrantes.

Estas son las enmiendas que he defendido; doy por defendido el resto, y les pido el voto favorable a las mismas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes. Con la venia, señora presidenta.

Aunque he presentado cuarenta y ocho enmiendas, no se alarmen ustedes, no voy a explicarles las cuarenta y ocho. Creía que tenía un máximo de treinta minutos, pero, en cualquier caso, podemos llegar al acuerdo de que solo les explique diez. Nada más que eso, porque uno tiene que hacer su trabajo. El resto de enmiendas, algunas de las cuales han sido explicadas en comisión, las doy por defendidas.

Y me voy a referir a ellas, fundamentalmente, no porque considere que el resto de estas cuarenta y ocho enmiendas sean menores, ya que opino que todas ellas están basadas en el sentido común y en las ganas de proporcionar eficacia; sino porque, por muchos esfuerzos de imaginación que haga, no encuentro ningún fundamento, ninguna razón, para que no se acepten estas a las que me voy a referir. Y me gustaría que me explicaran por qué no se aceptan, si puede ser.

Por ejemplo, se habla mucho de interceptar, pero interceptar no sirve para nada. Puede que todavía sigamos con la idea del cableado de cobre, y uno crea que lo que escucha es una llamada telefónica en la que el malo le dice al otro malo, que es igual de tonto: mañana a tal hora, en tal sitio, vamos a hacer tal cosa. Pero eso es una estupidez. Lo relevante de las interceptaciones del registro remoto y del estudio del almacenamiento de datos es descifrar y desencriptar. Eso es lo importante. Si no se incorporan estos dos verbos y uno solo se mueve en el terreno de la interceptación, no se tiene título habilitante para que el agente de la autoridad o el servidor público pueda descifrar o desencriptar. Lo importante no es acceder al algoritmo, sino descifrar y desencriptar luego esos algoritmos para obtener la información. De ahí que proporcionemos verbos que faciliten al servidor público, al agente de la autoridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, recursos para hacer su trabajo. ¿Dónde encuentran ustedes eso? En la enmienda 141, que pretende hacer un esfuerzo por recuperar los archivos borrados. Porque, seamos claros, no se trata de sota, caballo y rey y del tirón de la calle. Estas reformas de la Ley de enjuiciamiento criminal no se plantean para ese delincuente, digamos, de la chupita, cejijunto —como dijo, en su momento, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo—; sino que, en general, hablamos de mercenarios y profesionales del crimen organizado muy cualificados. Es importante, pues, acceder a aquello que se ha borrado, porque, si no se accede a ello —se puede hacer con solo dar a una tecla—, no hay manera de recuperarlo. Por eso sugiero la enmienda 141, relativa al acceso a los archivos borrados; expresión esta, la de «los archivos borrados», que no se usa en ningún lugar del texto y que hay que incorporar para facilitar dicho acceso. Esto, en cuanto a la primera enmienda, la número 141.

En relación con la número 142, se trata de usar la expresión omnicomprensiva de «los medios técnicos adecuados para la obtención del almacenamiento de datos para el registro remoto». En general, esos servidores no están en el barrio de la esquina, sino en otros países, y hay que preverlo. Hay un convenio de Budapuest sobre la ciberdelincuencia, que ya lo prevé en sus artículos 20.3 y 21.3. De ahí que insista en la importancia de usar una fórmula omnicomprensiva para que la evolución tecnológica no suponga una parálisis en la persecución del crimen organizado o en la lucha contra él.

Con respecto a la enmienda número 154, no lo termino de captar. Yo sé cuál es su disponibilidad, señor Represa —ya me lo ha dicho—, en relación con los menores de 16 años. Pero ¿por qué razón no usamos la expresión «se prohíbe la incomunicación de los menores de edad»? Es una expresión bastante clara y bastante rotunda: «se prohíbe la incomunicación de los menores de edad». Y no es una propuesta que nos hayamos inventado los senadores del Grupo Socialista, sino una sugerencia que nos hizo Amnistía Internacional. Nosotros leemos tanto las sugerencias de Amnistía Internacional como las que nos hace el Consejo General de la Abogacía, y aceptamos algunas y otras, no. Aceptamos las que contribuyen a mejorar el derecho fundamental a la defensa, que creemos que es razonable en el equilibrio de la búsqueda de eficacia y eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, por un lado, y las garantías y los derechos fundamentales, por otro. Aceptamos lo que garantiza eso. Y me parece que no es procedente aquello que pueda desequilibrar o hacer imposible uno de los planos, porque, con eso, no contribuimos a nada: ni mejora en términos de garantía y derechos, ni mejora en términos de eficacia, y solo hay eficacia en la lucha contra el crimen si hay respeto a garantías y derechos. Esta es una conquista civilizatoria, y quienes trabajan en el Estado de derecho tienen esos límites y esas servidumbres. Yo sé que, en general, hay una presión mediática y cultural muy fuerte en torno a que la tortura en algunos casos está justificada, en términos de cine, televisión, bla, bla, bla; pero seguimos insistiendo en que no hay comportamiento alguno de un servidor público que no esté plenamente sometido a la ley y al derecho, como establece el artículo 103.1 de la Constitución.

En cuanto a la enmienda 154 —la tercera de las diez que pretendo explicarles—, ya que blasonamos en cualquier lugar del mundo de tener un ordenamiento jurídico garantista, planteamos que una expresión más ajustada a nuestro ordenamiento jurídico es la de que no aceptamos la incomunicación en los supuestos de menores de edad. No es suficiente con decir menores de 16, porque de 16 a 18 siguen siendo menores de edad; salvo que nos planteemos otra formulación y no mantengamos la mayoría de edad a los 18, sino que la bajemos a 16. Es un asunto que se puede discutir, pero, mientras tanto, en nuestro país la tenemos en los 18 años. Nos parece que esto es relevante.

La cuarta enmienda que voy a explicar es la número 157. ¿Por qué? Porque ustedes no habrán olvidado los aconteceres vinculados a la masivísima vigilancia electrónica de las negociaciones de turcos y británicos en la City, en Londres, negociaciones de tipo comercial; o la vigilancia que se hizo a gran parte de la población de Estados Unidos, sin cobertura judicial. Bien, me tocó ser el senador que hizo un informe en el Consejo de Europa sobre seguridad nacional y acceso a la información; entrevistamos a Snowden y, cuando le planteamos si él, como empleado de un servicio de inteligencia, no sabía que lo que estaba haciendo era antijurídico, la respuesta fue que ese servicio de inteligencia tenía cientos de juristas cualificadísimos y pagadísimos a muy alto nivel para decirle cómo se tenían que hacer las cosas para llevar a cabo la vigilancia electrónica. Y cuando argumentaba que eso tenía que ver con la seguridad, le decíamos: Mire, las negociaciones que tenían turcos y británicos en el Reino Unido no estaban vinculadas a la seguridad, eran transacciones comerciales. En cualquier caso, el asunto siguió adelante. Y no voy a seguir por el asunto del espionaje electrónico en el caso de la canciller alemana; ya tienen ustedes esa información. Ese informe fue aprobado en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa con solo un voto en contra, de un conservador británico al que no le gustaba, pero la inmensa mayoría de los 400 parlamentarios de esos 47 países lo aceptaron.

¿Qué planteamos en la enmienda 157? Prever la posibilidad de que eso no se pueda hacer, de que no se pueda hacer vigilancia electrónica si no hay autorización, control, supervisión, seguimiento judicial, supuestos tasados para determinadas figuras delictivas y durante periodos previamente establecidos. Porque eso es un Estado de derecho.

Hay otras enmiendas, no ya referidas a este proyecto, sino al otro, como la número 70. En este caso, les llamo a que, en la medida de lo posible, cerremos cualquier recoveco por el que se pueda colar la impunidad. Es lo que intento decirles. El Ministerio Fiscal, en general, no está al tanto de cuándo comienzan unas diligencias previas en un plazo de instrucción, se entera si hay algún recurso incidental y cuando ha pasado algún tiempo. O sea, no es cierto que lo sepa desde el comienzo. Por tanto, lo que se establece no supone una aportación, y por eso insistía en que la enmienda número 70 pretende cerrar, repito, la posibilidad de que la impunidad se pueda colar por una rendija.

Con la enmienda 71 proponemos que, en cualquier caso, eso siempre se pueda hacer con la cobertura del auto del juez, que es lo que da garantías a ese servidor público de que puede llevar a efecto la posibilidad de la ampliación de los plazos. Vuelvo a insistir: póngase usted en el supuesto del ministro del Interior que menos le guste, y sé que no es el caso de don Alfredo Pérez Rubalcaba, en mi opinión un magnífico parlamentario y un magnífico ministro de España. No me refería a él. Me refiero a que busque a uno que le resulte particularmente odioso y a un fiscal general del Estado también particularmente odioso. Y póngase en el caso de que esas personas sean quienes den las órdenes: que el fiscal general del Estado reciba las órdenes del Gobierno, porque es el responsable de la política criminal, lógicamente, y que, en cadena, lleguen a quien tienen que llegar. Con esto intento decirles que hay que ponerse en el peor de los supuestos a la hora de dar competencias y poderes a cualquier servidor público, respetando la dignidad y cualificación de los magníficos servidores públicos que tenemos. Aquí no se trata de satanizar a ningún sector profesional del Estado, pero siempre hay que plantear que el único servidor público que está sometido únicamente al imperio de la ley es el juez. De ahí la propuesta de nuestra enmienda 71.

La enmienda 73 se refiere a las audiencias provinciales y el tribunal superior. Como antes le decía, señor Represa, ya me había enternecido con su comentario sobre que se crearían nuevas plazas y nuevas salas. Con respecto a la disposición adicional única, repiten la debida letanía para que los hombres de negro de Bruselas lean que están haciendo los deberes: esto no va a generar un aumento de presupuesto ni más déficit, bla, bla, bla. Es una letanía que hay que repetir, pero usted dice que eso no tiene que ver con la creación de plazas y salas. Yo, desde luego, confío mucho más en usted que en el papel escrito. ¿Por qué? Porque cuando, en la práctica real, en un tribunal superior, los que están en las salas de lo civil y lo penal, que solo se dedican al derecho foral y llevan años dedicados a eso, y solo instruyen un par de asuntos de algún aforado, se tienen que ver toda la avalancha de recursos junto a las sentencias de las secciones de lo penal de la Audiencia Provincial, es evidente que habrá que crear salas de lo penal. De lo contario, no se podrá responder a ese trabajo; y no solo porque cuantitativamente no puedan hacerlo los que están allí, no solo porque estén extenuados ─gran parte, con un 150 % más de trabajo sobre módulos, que los que están en primera instancia en la carrera judicial─, sino porque en esas salas de lo civil y lo penal que tienen derecho foral sí se trabaja en el ámbito del derecho foral. Por tanto, si a quienes llevan décadas dictando sentencias forales de derecho civil les dicen, de pronto, que tienen que dictar sentencias penales y revisar lo que hacen las audiencias provinciales, no es posible que lo puedan hacer. Quizá esto es algo que quienes están fuera del mundo jurídico no terminan de captar, pero muchas veces he puesto el ejemplo de si alguno de los presentes se dejaría extraer una muela por un internista o un ginecólogo. Seguro que no;



el que sabe extraer muelas es el dentista, y los otros no saben de eso. Y esto es lo mismo: es una especialidad que supone mucho esfuerzo en términos cuantitativos, y en términos cualitativos no es posible. Por tanto, que se puedan crear esas plazas supone una gran tranquilidad.

¿Y por qué la enmienda número 90? Porque el decomiso es un proceso civil especial, y, siendo un proceso civil especial, hay que garantizar que el Estado se pueda apropiar de los bienes muebles e inmuebles de los que han participado en la actividad criminal. De ahí la importancia de regularlo de manera que el trabajo sea eficaz a la hora de practicar ese decomiso.

Quiero referirme a la enmienda 80 —ya me quedan solo dos de las diez que me comprometí a explicarles—, y les ruego que escuchen lo que les voy a plantear. Miren, en un juzgado parte del trabajo es lo que muchas veces he dicho: sota, caballo y rey, algo elemental y de sentido común. No hace falta ser jurista; una persona con sentido común escucha y toma la decisión. No hace falta ninguna cualificación. Insisto: es de puro sentido común. Pero luego hay un conjunto de asuntos que sí exigen conocimientos previos y hay que estudiar para hacerlo; y uno sale de la vista con la sensación de no tiene clara la idea entre lo que ha escuchado y lo que tiene que estudiar. Volviendo a las primeras, a las que llamamos de cajón, de sota, caballo y rey: si todos los que participan están de acuerdo y dicen que no van a recurrir, ¿por qué razón el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos puede dictar una sentencia de dos renglones, o a veces solo con verbo, mientras que aquí, cuando se trata de sota, caballo y rey, y todos dicen que están de acuerdo y que no van a recurrir, a pesar del pronunciamiento verbal de la sentencia in situ, luego hay que documentarla por escrito? ¿Por qué? No tiene sentido. Todos han dicho que la aceptan, todos han dicho que están de acuerdo, todos han dicho que no van a recurrir. Aquello se está grabando con imagen y sonido. Se ha escuchado que todos están de acuerdo. ¿Por qué, pues, luego hay que ponerse a teclear los nombres para poner solo las razones que ya se han esgrimido oralmente durante la vista que, repito, que ha sido grabada con imagen y sonido? No tiene sentido. Una manera de facilitar eso es la propuesta de la enmienda número 80, que plantea que luego no se esté obligado a escribirla. ¿Por qué? Porque, repito, ya se ha pronunciado allí oralmente y se ha grabado con imagen y sonido. ¿Qué necesidad hay, pues, de dedicar luego horas a estar escribiendo algo sobre lo que ya no se discute, en lo que no hay contienda porque todos están de acuerdo, y encima han dicho que no van a recurrir? Me parece que es una fórmula que ayuda bastante en lugares donde hay un porcentaje de asuntos que son de cajón, de sota, caballo y rey, mientras que hay otros asuntos en que eso no es posible porque no está claro: porque una de las partes tiene un criterio diferente porque se anuncia recurso. En este último caso no hay nada que hacer, pero me refiero a los supuestos que creo haber explicado hasta la extenuación que son absolutamente excepcionales.

Como ya he dicho, del total de cuarenta y ocho enmiendas, no creo que las diez que he explicado sean las más importantes y que las otras no tengan valor. Ya me ha explicado usted, señoría, los márgenes de transacción, las cosas que le parecen razonables y las que no. Pero, si hablamos de las que acabo de presentar, de la 70 y la 71 podría aceptar incluso que usted me dijera que, como de alguna manera van al corazón de lo que quieren hacer, que es darle más competencia al Ministerio Fiscal de manera que el juez no tenga la posibilidad de razonarlo —por auto recurrible a la audiencia, por supuesto—, que el juez no pueda recurrirlo, podría aceptar, decía, que usted me dijera: no queremos darle esa posibilidad, sino que solo lo hagan la partes. Bien, yo podría entender eso. Pero, sinceramente, no termino de comprender por qué no se plantea aceptar el resto de las enmiendas, que no van al corazón de lo que ustedes quieren hacer respecto del Ministerio Fiscal y que mejoran el servicio público (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Y no lo digo en términos polémicos, es que no alcanzo a captar la razón; no estoy polemizando, insisto: sé que la reforma obedece a una lógica y hay partes de esa lógica que no estoy cuestionando; a lo que me refiero es a ciertas partes que creo que mejoran el servicio público y que no están cuestionando el corazón de la reforma. Para eso están las otras enmiendas, que omito explicar ahora, porque el que quiera leerlas ya las tiene en el texto y se han explicado en comisión; además, y por una vez, quiero romper una tradición. Sabe el presidente de la comisión que no perdono un turno de palabra, como también comentan mis compañeros del Grupo Socialista. Es mi obligación. Incluso el señor Guillot me ha ofrecido un beso si algún día no se enciende aquí la luz roja. Pues, en esta ocasión, espero que sea un beso apasionado, porque todavía me faltan diez minutos. Pero todo sea, señor Represa, porque usted acepte alguna de estas enmiendas. Renuncio a los diez minutos si por lo menos admite esta a la que ahora me refería, que me parece que es bastante razonable, señor Represa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Le sigo diciendo que me enternece y que la esperanza me mantiene, señor Represa.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

El Grupo Popular presenta al proyecto de ley las enmiendas 92 a 103 y al proyecto de ley orgánica, las enmiendas 161 a 166.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Represa, que me indica que va a acumular el turno en contra.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches ya, señorías.

Como ha dicho el señor presidente, en primer lugar voy a proceder a la defensa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a los dos proyectos de ley, al ordinario y a la ley orgánica. A la ley ordinaria hemos presentado doce enmiendas, las números 92 a 103, algunas de las cuales voy a explicar.

La enmienda 93 propone subsanar un error de enumeración de los apartados 5 y 6 del artículo 324, incluyendo, además, en el apartado 5 la oportuna mención a las partes junto al Ministerio Fiscal, por coherencia con el apartado 4, que se modificó en el Congreso de los Diputados.

La enmienda 95 hace referencia a la regulación del proceso por aceptación de decreto, aclarando el momento en el que el fiscal puede plantear su propuesta de decreto, que va desde el comienzo de la investigación fiscal o incoación del procedimiento judicial hasta la terminación de la instrucción. Y se sustituye el término «encausado» por el de «investigado», por la fase en la que se encuentra el procedimiento.

La enmienda 103 plantea la modificación de la disposición transitoria única, a fin de aclarar que las normas previstas en la ley de reforma relativas al recurso de revisión serán aplicables a los recursos que se interpongan tras su entrada en vigor, siempre que cumplan con los presupuestos previstos para ello. Lo hemos acordado sobre la base de la enmienda 159, del Grupo Socialista, a fin de que se garantice la asistencia letrada y representación en asuntos de especial gravedad dentro del ámbito material del procedimiento para el juicio de delitos leves con pena superior a seis meses.

Las enmiendas 94 y 102 hacen referencia a la regulación del recurso de casación. La primera establece que la devolución de los autos al juzgado a efectos de ejecución solo será precisa cuando no se interponga en plazo el recurso de casación en los casos en que proceda. Y la enmienda 102, en coherencia con la 97, traslada el apartado 3 del artículo 847 al 858, porque es en este artículo en el que se regula la admisión a trámite del recurso de casación. A este respecto, también hemos transado nuestra enmienda 102 con los demás grupos parlamentarios. Doy por defendidas el resto de enmiendas, quedando retirada la número 98 de nuestro grupo.

En cuanto a la ley orgánica, voy a hablar de tres o cuatro enmiendas —hemos presentado seis—. Quiero hacer especial hincapié en la número 163, que modifica el apartado 1 del artículo 520 y tiene por objeto salvaguardar el derecho constitucional a la libertad de información. Lo que se consigue con la redacción propuesta es compatibilizar el derecho al honor, el derecho a la intimidad y a la imagen de las personas detenidas o presas con el derecho a la libertad de información. Quiero expresar también que esto es fruto de un acuerdo al que llegó el señor ministro, y ya se hizo público, con editores y periodistas.

La enmienda número 164, de modificación del apartado 1 del artículo 588 quater d, plantea que los soportes electrónicos que se pongan a disposición de la autoridad judicial solo transcribirán las conversaciones de interés para la causa.

La enmienda número 165 se presenta a la disposición transitoria única, referida a la legislación aplicable no solo a los nuevos procedimientos incoados tras la entrada en vigor, sino también a los que estén en curso respecto a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor, dadas las sustanciales mejoras de los derechos de los investigados y las mayores garantías en las instrucciones que requieren diligencias de investigación tecnológica.

Y presentamos la enmienda número 166, a la disposición final primera, a fin de armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la reforma que debatimos. Doy el resto de las enmiendas por defendidas.

Y paso ahora, en turno en contra, a referirme a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han intervenido. Voy a ver si soy capaz de contestar a algunas de ellas porque, evidentemente, es imposible hacerlo a todas.

Con respecto a la ley ordinaria, y por apartados, he de decir que se han presentado 9 enmiendas a los delitos conexos. Una de ellas es del Grupo Vasco. Señor Bildarratz, dijo usted en comisión que se iban a multiplicar las causas abiertas, y yo le digo que hay que evitar el automatismo por conexidad que se produce actualmente con la acumulación de causas que se convierten en macroprocesos de una envergadura descomunal, que resultan inabarcables y se eternizan. Así evitaremos el colapso de los juzgados y ayudaremos a la agilización de la justicia.

En mi turno de intervención sobre los vetos ya he hablado de la oportunidad de que sea el fiscal quien inste a la instrucción conjunta en casos excepcionales, con lo que se va a conseguir la homogeneidad de su aplicación en todo el territorio nacional.

El señor Díaz Tejera habló en comisión —y me llamó la atención— de la imprecisión terminológica. Pues bien, creo que la redacción de este proyecto de ley es de una claridad meridiana y está ajustada a los términos forenses. Se actualizan los criterios de conexidad y se aplican de una forma más flexible que permita generar y ganar en seguridad jurídica. La sociedad quiere una justicia más ágil, y las víctimas y los investigados, también.

En cuanto a los atestados policiales sin autor conocido, entiendo, y lo digo con todo respeto, que hay una confusión sobre quién puede decidir sobre realizar o no investigaciones; y esa decisión no recae en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El proyecto prevé una pauta de conservación de atestados sin autor conocido, siempre quedando a disposición de la autoridad judicial y fiscal. Esta es otra medida que va a ayudar mucho a la descongestión de los juzgados, porque se generan tareas, como he dicho anteriormente, innecesarias y también trabajos verdaderamente perturbadores.

Por otro lado, las propuestas de modificación del señor Iglesias y del portavoz de la Entesa no diferencian los plazos de instrucción según la complejidad de la causa, y consideramos que ese extremo es fundamental a la hora de determinar el tiempo necesario para una instrucción. La ralentización de la instrucción no solo se debe a la falta de medios materiales, ni muchísimo menos. La realidad es bien distinta y en ello influyen múltiples factores. La fijación de plazos máximos de instrucción contribuye a la seguridad jurídica del investigado y también de la víctima. El problema de la duración de la instrucción deriva de la concepción de la fase de instrucción como una etapa integral en la que se suele pretender agotar todas las medidas de investigación. Se fija un plazo de seis meses para causas sencillas y de dieciocho para causas complejas —con prórrogas para las complejas—, y otra extraordinaria para todas, sin límite, cuando haya causa que lo justifique. La prórroga ordinaria es a instancia del fiscal, y en cuanto a la excepcional, la pueden instar todas las partes, y estas, en cualquier caso, siempre serán oídas. La decisión, evidentemente, como no puede ser de otra manera, recae en el juez. Ahora bien, el mero transcurso de los plazos no determina el archivo ni se establece un plazo de caducidad, como bien dice el punto 8 del artículo 324. Entiendo, señor Bildarratz, que no es como usted dice, no hay ningún plazo de caducidad, como dice usted en su enmienda. Resulta fundamental e imprescindible esta medida para agilizar la instrucción; es una nueva forma de trabajo, de impulso procesal y de colaboración entre jueces y fiscales. Y los jueces, desde luego, no es que no trabajen, es que lo hacen y lo hacen muy bien y llevan a cabo su trabajo con auténtica profesionalidad y entrega. Yo creo que de eso no nos puede caber la menor duda a nadie.

Sobre el proceso por aceptación de decreto, lo que es conocido como el procedimiento monitorio penal, se crea este procedimiento ex novo a través de diez artículos. Señores portavoces de la Entesa y de Izquierda Unida, hemos aceptado las enmiendas 9 y 49 sobre la grabación de la comparecencia.

Señor Bildarratz, no confundamos la separación de poderes: el fiscal lo que hace en este proceso no es dictar sentencia, que es al juez al que le corresponde otorgar al decreto propuesto por el Ministerio Fiscal el carácter de resolución firme; el fiscal lo que hace es ejercitar la acción pública proponiendo una pena, que es muy diferente.

Señores portavoces del Grupo Socialista y señora Rieradevall, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la mera atribución de un hecho punible a una persona obliga a que se le informe de su derecho a la asistencia letrada en los propios términos previstos en la ley, luego no es precisa una precisión o una especificación específica —y valga la redundancia— para este procedimiento. El monitorio penal tiene un determinado ámbito de aplicación y el procedimiento cumple todas las garantías para el justiciable, pues será asistido por letrado y este se desarrollará ante un juez de instrucción que actúa como juez de garantías en el sentido de que controla la legalidad de la propuesta hecha por el Ministerio Fiscal. La agilización de la justicia es indudable con la implantación de este procedimiento que, entendemos, va a ser muy eficaz con las premisas dichas, porque en la citación al investigado ya se le da traslado de la propuesta de pena y en un solo acto puede llegarse a resolver el procedimiento, incluso con la posible supresión íntegra de toda la fase de instrucción.

Respecto al decomiso, con esta reforma lo que se hace es trasponer la Directiva 2014/42, del Parlamento Europeo y del Consejo, pero va más allá, pues permite el ejercicio del recurso de anulación en el seno del procedimiento penal, con lo que eso evita que el tercero deba ejercitar una acción civil autónoma que, evidentemente, produce gastos innecesarios y ocupa tiempos también innecesariamente. Esta línea de reformas legislativas es plenamente respetuosa con los derechos de terceros afectados y con los del investigado y acorde con nuestro sistema constitucional y legal. Vamos a aceptar las enmiendas números 10, de Izquierda Unida, y 50, de la Entesa, sobre señalamientos para la vista.

Señora portavoz de Convergència i d’Unió, lo que se regula en este tipo de procedimientos es la intervención de terceros en cualquier procedimiento de decomiso, no solo en el procedimiento de decomiso autónomo, por ello no procede modificar el trámite que se prevé. Consideramos que el procedimiento ha de ser el juicio verbal y el sistema de recursos previsto ya en la Ley de enjuiciamiento criminal.

Hemos transaccionado las enmiendas 13, de Izquierda Unida, y 53, de la Entesa, sobre la aplicación de las reglas generales en el señalamiento de la vista. Es fundamental contar con procedimientos eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada, delitos económicos y de corrupción. Esto redundará, sin lugar a dudas, en la credibilidad del sistema judicial y en la confianza en su funcionamiento.

Generalización de la segunda instancia. También se introduce ex novo el artículo 846 ter, ya que al no estar regulado este extremo en nuestra legislación el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenaba a España. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula la segunda instancia de manera generalizada en el proceso penal, pero estas previsiones no han sido desarrolladas. Lo que hace el proyecto es determinar los tribunales que han de revisar en apelación los autos que pongan fin al procedimiento y las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y por la Audiencia Nacional.

La enmienda 14 de la Entesa pide la supresión del artículo 846 ter. Señor portavoz, al optar por la regulación por remisión al modelo de apelación ordinario entendemos que se apuesta por la seguridad jurídica.

En cuanto a la modificación del artículo 954 sobre el recurso de reposición, razones de política criminal acordes con la naturaleza excepcional del supuesto aconsejan la opción legislativa de la limitación de la legitimación activa y el plazo para interposición del recurso de revisión. Con ello se cumplen las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; no existe cauce procesal en nuestra legislación para la ejecución de las sentencias dictadas por este tribunal en las que se declare que una sentencia condenatoria española se dictó con vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la legitimación y demás requisitos, me remito a lo que he dicho ya en el turno de vetos. Creo honestamente que con esto vamos a ganar en calidad democrática.

Señora Rieradevall, hay dos enmiendas de su grupo, la número 59 y la número 60, de modificación del artículo 792, que pretenden aspectos que no son objeto de esta reforma. Pero es que además de no ser objeto de esta reforma son aspecto totalmente improcedentes, porque lo que quieren hacer es dotar de competencias casacionales a los tribunales superiores de justicia, y eso, señoría, es lisa y llanamente inviable.

El resto de las enmiendas a las que no he hecho alusión quedan rechazadas y con esto concluyo el turno en contra de las enmiendas a la ley ordinaria.

En cuanto a la ley orgánica, al artículo 118 se han presentado quince enmiendas. Quiero decirles que en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la redacción del proyecto es mucho más adecuada y mucho más acertada que la que ustedes proponen y que la información verbal es más garantista y más ventajosa para el investigado o encausado, en consonancia con la Directiva 2012/13, relativa al derecho a la información; como es más garantista el examen de las actuaciones en toda su extensión, también en coherencia con la directiva que he citado. Al Grupo Socialista y a la Entesa he de decirles que el proyecto es más amplio y garantista al extenderse a la información de todos los derechos en lugar de, como proponen ustedes, a lo más relevante.

Respecto al artículo 282 bis, sobre el agente encubierto, ya hubo una enmienda transaccional con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero hay otras del mismo grupo que proponen una regulación sobre recogida de huellas o vestigios, que tampoco es objeto de esta reforma salvo lo relativo a la toma de muestras mediante frotis bucal, que está prevista con asistencia letrada y contempla la posibilidad de que el juez acuerde la práctica forzosa de la diligencia con todas las garantías que se exigen jurisprudencialmente.

Respecto a las enmiendas de modificación o supresión de los artículos 509 y 527, sobre la excepcionalidad —y repito, excepcionalidad— de la detención o prisión incomunicada, se han presentado catorce enmiendas y el portavoz, en este caso la portavoz de Amaiur, ha presentado tres. Vamos a aceptar la enmienda número 103, de Convergència i d’Unió, y a la portavoz de Amaiur quiero decirle que ustedes lo que pretenden con sus enmiendas es: la supresión del 527 vigente actualmente, también del que se propone en la reforma, que es mucho más garantista, y además la supresión del 500 bis, que no es objeto de la reforma. Señora portavoz, le tengo que decir que España es un Estado democrático, es un Estado de derecho que tiene un marco constitucional, con una clara división de poderes y que en ningún caso se ha pretendido derogar la detención y prisión incomunicada, sino que se ha optado, en coherencia con las directivas europeas, por incrementar las garantías del detenido. El proyecto lo que hace es utilizar el tiempo verbal «podrán» en lugar de la expresión vigente «en todo caso» para que la restricción de derechos, incluida la incomunicación, sea facultativa y no sea automática, y el juez la pueda valorar y restringir uno o más derechos o no restringir absolutamente ninguno.

Hemos transaccionado, sobre la base de la enmienda 154 del Grupo Socialista, la imposibilidad de detención incomunicada para menores de 16 años —a lo que hacía alusión el señor Díaz Tejera—, pues nos parece la edad adecuada para este tipo de limitación. Y quiero aclarar que en este supuesto solo se modifica el artículo 509, en su punto número 4, de la ley que estamos debatiendo, de la Ley de enjuiciamiento criminal.

A Izquierda Unida y a Entesa quiero decirles que la redacción del proyecto está en coherencia absoluta con la Directiva europea 2013/48, pues en los dos supuestos utiliza los mismos conceptos que utiliza la directiva, que habla de necesidad urgente para poder acordar la medida excepcional de detención o prisión incomunicada. La reforma del artículo 527 establece que en el plazo de veinticuatro horas el juez deberá dictar auto motivado acordando, si lo estima necesario ante la concurrencia de las causas que están previstas en el artículo 509, la restricción de determinados derechos.

En cuanto a la enmienda 33 del Grupo Vasco, las disposiciones sobre la detención incomunicada contienen numerosas salvaguardias jurídicas. Asimismo, tengo que decirle que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 17 de la Constitución española, que ha citado usted en su intervención, la detención no puede durar, en efecto, más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos; no puede exceder de setenta y dos horas. En el caso de personas que sean miembros de grupos armados u organizaciones terroristas o tengan conexiones con estos, la Constitución española también, en su artículo 55.2, autoriza regular por ley la prolongación aprobada por el juez, y así lo contempla el artículo 520 bis del proyecto que estamos debatiendo. Lo más relevante, en definitiva, es que la detención incomunicada no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la práctica con urgencia de las diligencias tendentes a evitar los peligros previstos en el artículo 509.1. Hemos transaccionado una enmienda sobre la base de las enmiendas 6, de Izquierda Unida, 33 del Grupo Vasco y 71 de la Entesa, sobre la duración de la detención incomunicada y su prórroga para supuestos tasados. Y solo se modifica —quiero dejarlo claro— el punto 2 del artículo 509.

Izquierda Unida y Entesa han enmendado la redacción del artículo 527. En este sentido, quiero decir que en la reforma se trasponen íntegramente las dos directivas, la del derecho a la información y la del derecho a la asistencia letrada, para dotar de mayores garantías esta modalidad de detención. Y sobre la supresión íntegra del artículo 527, vuelvo a repetir que hay que apartarse de automatismos en la aplicación de las medidas de incomunicación, acudir al juicio de proporcionalidad en cada caso concreto, ponderar los intereses en conflicto y la finalidad perseguida: establecer un riguroso —riguroso— control judicial de la misma y limitar al máximo la afectación de derechos al detenido o preso.

En cuanto a los derechos del detenido, Izquierda Unida y la Entesa se han referido al acceso a la totalidad de las actuaciones para ejercitar la defensa. Sin embargo, quiero señalar que ninguna directiva europea exige el acceso a la totalidad de las actuaciones para ejercitar la defensa, sino a los documentos fundamentales para impugnar su situación personal. Asimismo, han hecho referencia al plazo de presentación del letrado. Pues bien, no se trata de una restricción, ni mucho menos, del derecho a la asistencia del abogado de confianza, de lo que se trata es de establecer un mecanismo que permite dar rapidez a la asistencia y regularizar con prontitud la situación personal del detenido.

En cuanto al artículo 520.2.c), tanto la directiva de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos finales, como la directiva de 2013, sobre el derecho a la asistencia letrada, han sido traspuestas íntegramente para dotar de mayores garantías esta modalidad de detención. Y también proponen la supresión del apartado dos del artículo 520.6.c, sobre la toma de muestras de ADN. Su enmienda hace una interpretación errónea, hace una interpretación equivocada del Acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014.

Respecto a la posibilidad de que sea el ministro, o en su defecto el secretario de Estado de Seguridad, quien ordene la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica y la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas a distintos artículos, que son extremos enmendados por Izquierda Unida, Grupo Vasco, la Entesa y Grupo Socialista, les diré en primer lugar que esta posibilidad viene aconsejada por razones de política criminal; que solamente pueden intervenir en casos urgentes y cuando las investigaciones se dirijan a la averiguación de actuaciones relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas y se considere también imprescindible; pero es que además se regula la intervención jurisdiccional confirmatoria o revocatoria de la previa actuación del ministro o secretario de Estado. Y todo esto que les acabo de explicar se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 18.3 de la Constitución española, en relación con el artículo 55.2 también de la Constitución.

Hemos transaccionado, sobre base de la enmienda 199 del Grupo Socialista, la inclusión de los términos faxes, burofaxes y giros al regular la intervención de la correspondencia postal y telegráfica, que solo modifica el punto 1 del artículo 579.

En cuanto a los descubrimientos casuales, hay dos enmiendas, una de la Entesa y otra del Grupo Socialista, y vamos a aceptar la 47 de la Entesa y la 130 del Grupo Socialista sobre el refuerzo de la necesidad de autorización judicial.

Sobre la creación de un nuevo capítulo IV dentro del título III del libro segundo relativo a la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, vamos a aceptar también la enmienda 37 del Grupo Vasco.

Hemos transaccionado, sobre la base de la enmienda 133 del Grupo Socialista, lo relativo a destrucción de registros.

Se ha creado también un nuevo capítulo V dentro del título VIII del libro segundo, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Se han presentado 23 enmiendas —algunas ya las he contestado— y la 52, de la Entesa, y la 136, del Grupo Socialista, proponen añadir un nuevo párrafo al apartado primero del artículo 588 ter e). La situación descrita en este artículo que he citado no es asimilable a la prevista, como ustedes dicen, en el artículo 588 sexies c) y en el apartado 5 del 588 septies b, apartado dos, pues el primero se ciñe a entes profesionales, es decir, a prestadores de servicios de telecomunicaciones lógica o virtual.

Y ya voy concluyendo. En cuanto a las enmiendas 54 y 138, de la Entesa y del Grupo Socialista, sobre la inclusión o no de vida íntima en grabaciones, la redacción garantiza debidamente los derechos a la intimidad del afectado y la defensa.

Respecto a la creación del capítulo VI del título VIII del libro segundo sobre aceptación y grabación de comunicaciones orales con dispositivos electrónicos, las enmiendas 55 y 139, de la Entesa y del Grupo Socialista, se rechazan porque la duración de la medida viene precisamente acotada en el apartado 1 al estar referida a previsibles encuentros concretos del investigado con otras personas.

Y en cuanto a la creación de un nuevo capítulo VII en el apartado octavo del libro II sobre la utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y localización, se han presentado varias enmiendas de Izquierda Unida, la Entesa, Convèrgencia i d’Unió y Partido Socialista. Se rechazan toda vez que la actual redacción es suficientemente clara y precisa al regular la intervención jurisdiccional confirmatoria o revocatoria de la previa actuación de la policía judicial en situaciones de urgencia. El control judicial, evidentemente, garantiza el pleno respeto a la intimidad previsto en el artículo 18.1 de la Constitución.

Voy concluyendo ya. A los registros remotos sobre equipos informáticos se han presentado seis enmiendas sobre controles remotos, pero la determinación del ámbito material de aplicación de los registros remotos sobre equipos informáticos es plenamente respetuosa con los derechos fundamentales.

Acabo ya definitivamente. Excepto las enmiendas que he mencionado, se rechazan todas las demás. Hay otras enmiendas que también se rechazan simplemente porque no están contempladas en la reforma.

Y respecto a la disposición adicional primera sobre no incremento de costes —ya les contesté en el turno de vetos—, había dos enmiendas y se rechazan toda vez que la redacción es correcta.

Señor presidente, concluyo diciendo que valoro de verdad muy positivamente todo el trabajo desarrollado por todos y cada uno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los que doy las gracias por las aportaciones que han hecho y el tono empleado, al igual que a todos los miembros de la Comisión de Justicia y en especial al compañero portavoz de justicia, señor Altava.

Muchísimas gracias y buenas noches. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora señora Mora.

La señora MORA GRANDE: Voy a intervenir muy brevemente desde el escaño y no solo para hacer una crítica a esta ley, porque también entendemos que hay algunas cosas positivas.

En esta pequeña intervención queremos decir que para agilizar la justicia también existen algunos medios alternativos que no estamos utilizando para nada y que serían muy positivos, además de que seguramente serían medios en los que estaríamos todos de acuerdo. Existen medios de justicia restaurativa, como la mediación penal, que son bastante anecdóticos hoy por hoy en nuestro sistema y, además, tenemos directrices de la Unión Europea desde 2001para que los pongamos en práctica. Quizás esta ley, en la que no figura para nada el tema de la mediación penal, habría sido un buen momento para regularla en todo el proceso, pero seguramente podría ser una buena propuesta para que se tengan en cuenta y la adoptemos entre todos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy breve si las escasas neuronas que mantengo operativas me lo permiten.

En primer lugar, quiero manifestar mi felicitación a los dos portavoces del Grupo Popular en esta materia por la forma en que han expresado y trasladado la defensa de la posición del Gobierno y del proyecto de ley, aunque siga manteniendo las lógicas discrepancias que se expresaban en las enmiendas, agradecimiento que expreso de forma manifiesta en relación con la aceptación de las dos enmiendas al proyecto de ley ordinaria.

Discrepancias que mantengo. Mantengo la discrepancia de Izquierda Unida por la forma en la que desde una ley procesal implícitamente se pretende modificar una ley sustantiva en relación con el delito continuado. No hace tanto que debatimos el Código Penal y si el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno pretendían cuestionar la regulación del delito continuado ese hubiera sido el momento, y no utilizar en este proyecto de ley la búsqueda de simplificación de los procedimientos mediante la puesta en cuestión en la práctica de ese delito continuado.

Mantengo las reservas de Izquierda Unida en relación con la determinación de plazos máximos en los casos de instrucción de causas complejas, porque por pretender solucionar una cuestión probablemente estemos poniendo en riesgo algo más importante. Es cierto que hay una preocupación en la sociedad —lógica— por la dilatación en la instrucción y tramitación de procedimientos complejos, pero vamos a ser claros, de los procedimientos por corrupción, que son los que a lo largo de los últimos años han vivido procesos dilatadísimos que han sido piedra de escándalo para gran parte de la sociedad, legítima y lógicamente de escándalo. Pero cuando digo que el remedio puede ser peor que la enfermedad me refiero a que lo que hace falta es que la instrucción sea la adecuada, que la instrucción sea la correcta, que la instrucción asegure un enjuiciamiento con todas las garantías, porque la piedra de escándalo en la sociedad será aún mayor si por buscar atajos en esa instrucción, por buscar acortar los plazos, se lleve a una situación en la que no se realice la instrucción con toda la profundidad o con respeto a todas las garantías y nos encontremos con que al final se producen en el enjuiciamiento nulidades que, insisto, en estos temas sensibles para la sociedad actual, provocarían una reacción social aún más seria, cuestionando aún más las decisiones.

Cuanto más escucho la justificación del proceso por aceptación de decreto mayores son las dudas que el mismo me genera. Señorías, lo último que nos han argumentado es que se trata de una fórmula más de la aceptación de la pena, solo que sin enjuiciamiento. Hasta ahora los procesos de aceptación de la pena se expresaban en la segunda fase, en la vista ante el juez que enjuiciaba y después dictaba la sentencia, asumiendo el acuerdo entre el fiscal y el acusado a través de su defensa. Esta fórmula lo único que va a evitar va a ser el enjuiciamiento y no creo que eso sea una novedad tan trascendente como para merecer un nuevo proceso, y en esa confusión —que es una confusión que hemos visto manifestarse en las últimas reformas legislativas con mucha frecuencia— se puede producir una confusión en los papeles: esto convierte al juez en mero notario de la aceptación por el acusado de la propuesta contenida en el decreto planteado por el fiscal, y creo que no necesitamos jueces notarios, necesitamos jueces que juzguen.

Para ir acabando, solo voy a hacer una referencia a la prisión incomunicada. La duración que plantean como transaccional sigue sin satisfacernos y ya lo manifesté cuando hablamos de ello, creo que fue ayer —ya no me acuerdo, con un día tan largo como el de hoy no soy capaz de diferenciar lo que pasó ayer de lo que pasó hoy, no sé si ha sido esta mañana o fue ayer—. Plantean una transaccional —que valoro como positiva— en torno a otra enmienda del Grupo Socialista para excluir la detención incomunicada a los menores de 16 años, y decía con mucha razón el senador Díaz Tejera que por qué no a los menores de 18 años. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico de por qué, como mínimo, tendría que excluirse de la detención incomunicada a los menores: un menor de 18 años hoy, después de que la aldea insumisa que era Asturias modificara su normativa al respecto, no puede tomarse una caña, los menores de 18 años no puede consumir alcohol. Hombre, yo creo que es mucho más serio, mucho más grave y mucho más trascendente para su vida —y seguramente más lesivo para su salud— estar sometido a una detención incomunicada entre los 16 y los 18 años, después de la transaccional que ustedes aceptan, que el que se tome un par de cañas.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré intervenir de una manera breve, puesto que todos estamos ya bastante cansados. Únicamente me voy a referir al tema que, tal y como he dicho a la hora de defender las enmiendas, más nos preocupa: los derechos humanos.

En concreto, quiero comentar tres aspectos sobre la incomunicación. Es evidente que quieren continuar con el mismo concepto de incomunicación y, en ese sentido, no compartiendo pero entendiendo ese punto de vista, les venimos a decir que mejoren el estado de la incomunicación. Les pedíamos que, al menos, se atuvieran a los principios del artículo 17.2 de la Constitución. Yo mismo le he citado el artículo 55. Yo mismo se lo he señalado. Ahora bien, el artículo 55.2 no está dentro de los derechos fundamentales y, en ese sentido, creo que habrá alguna diferencia entre un artículo que esté dentro de los derechos fundamentales a otro que no lo esté. Tenemos también el artículo 15, relativo a no ser sometido a tortura. O el artículo 24, el de la tutela judicial. Es decir, el rango superior que les corresponde a los artículos 15, 17 y 24 de la Constitución española les hace susceptibles de fundamentar, por ejemplo, un recurso de amparo. No sucede así con el artículo 55.2. Además, mientras este último artículo puede ser reformado por la mayoría de tres quintas partes de cada una de la Cámaras, la modificación de los artículos 15 y 24 exigen la mayoría de dos tercios y la disolución de las Cámaras. Alguna diferencia habrá entre estos dos ámbitos.

Primer punto. Si la Constitución garantiza el derecho a no declarar —este es un tema importante—, tal y como establece el artículo 17.3, es evidente que si el detenido tiene ese derecho a no declarar o a permanecer en silencio, carece de total sentido prolongar más de un día la privación gubernativa de libertad, cuando a lo más que está facultada la policía es simplemente a tomar nota de que el sospechoso se acoge a su prerrogativa constitucional. Segundo punto. Menores. ¿Por qué menores de 16 años y no de 17? ¿O por qué no menores de 18? Tendremos que utilizar alguna convención aceptada internacionalmente y esa convención es la de menores de 18 años. Señor Altava, ¿sabe cuántos jóvenes menores de 18 años han estado incomunicados en el último año? Ninguno. Datos aportados por el ministro. Ninguno. ¿Sabe cuántas personas han estado incomunicadas durante 2014? Una.

Por tanto, conceptualmente, yo entiendo que es muy importante que respetemos esas convenciones a las que antes hemos hecho referencia todos: Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Constitución... Podemos hacernos trampas en el solitario y engañarnos, pero lo que establece la propia Constitución son las setenta y dos horas. Y si, además, tenemos las cifras que les he aportado, la verdad es que no entendemos esa cerrazón. Aceptamos que se mejora, dicho sea de paso nosotros hemos posibilitado esa transaccional, pero no la vamos a votar favorablemente porque no entendemos que una persona pueda permanecer diez días de manera incomunicada, si es que se pasa de trece a diez.

Y una última reflexión respecto a la incomunicación. Probablemente el senador Represa haya dado alguna explicación, pero es posible que por mi torpeza y mi cansancio no haya podido escucharle. Me refiero a la importancia que para nosotros tiene la grabación en audio y video de esas situaciones de incomunicación, sobre todo, como defensa de los funcionarios, de los trabajadores. Yo creo que va a resultar beneficiado todo el sistema. Nos lo está diciendo el Comité de Derechos Humanos, nos lo están diciendo instituciones internacionales. Únicamente quiero saber por qué no queremos recoger aquellos ámbitos de opacidad que la incomunicación posibilita.

Habría muchas más cosas que decir pero entiendo que ya se ha producido un largo debate, aparte de que nuestras fuerzas y nuestra inteligencia, al menos la mía, tampoco dan para mucho más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo de Entesa? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias señor presidente.

Primero, quiero agradecer la aceptación de nuestra enmienda 103 al artículo 509.1 para que se acuerde la detención o prisión incomunicadas mediante resolución motivada. Lástima que sea la única enmienda aceptada de nuestras treinta y dos, aunque lo valoramos positivamente.

Son dos proyectos de ley de modificación de una ley muy importante y consideramos que su tramitación ha sido demasiado apresurada —esto lo hemos dicho todos los portavoces— y que afecta a derechos constitucionales. Hoy estos proyectos de ley no pueden merecer nuestro voto positivo, pues el contenido del que son objeto requiere un consenso sobre un proceso penal que afecta a garantías de todas las personas. Quien sufre un proceso penal, desde su detención, desde la instrucción, necesita también que ese proceso se desarrolle con las debidas garantías. Cuando se incomunica, cuando se detiene, hay que buscar siempre y en todo caso las garantías que refuercen el proceso penal y, sobre todo, que refuercen nuestro Estado democrático de derecho.

Hay una serie de preceptos en estos proyectos de ley que abren dudas sobre su constitucionalidad, que pueden lesionar derechos fundamentales como, por ejemplo, un derecho tan fundamental como el 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones. No hay excepciones y nos tememos lo peor con la aplicación práctica de algunos preceptos de estos proyectos de ley que estamos debatiendo. Se excepciona en caso de urgencia pero, ¿cuántas veces hemos visto el abuso del decreto-ley bajo la excusa de urgencia e inaplazabilidad subsumiéndola en la extraordinaria y urgente necesidad que dispone la Constitución española? Y en este caso, la Constitución española ni tan siquiera abre la posibilidad de en caso de urgencia, ergo siempre debe prevalecer el secreto de las comunicaciones y solo puede alterarse si hay autorización judicial.

Señorías, en el trámite del Senado tenemos la oportunidad de introducir mayores garantías. Recordemos las alusiones al papel de esta Cámara que en la Comisión de Justicia, celebrada el 27 de julio, hacían varios ponentes. Cámara de enfriamiento, decíamos. Si bien en los últimos tiempos las prisas no dan mucho margen a variación de temperatura alguna, esperemos que la buena predisposición de los grupos sí consiga encontrar la manera de acercar posturas para introducir las mejoras que la ciudadanía exige y merece. Debemos ser conscientes de que las mayorías absolutas pasan, pero las leyes se quedan. Por lo tanto, legislar a toda prisa y sin buscar consensos es un craso error.

Señor presidente, señorías, anuncio en este momento que el Grupo de Convergència i d’Unió va a abstenerse en la votación de estos proyectos de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

Señor Represa, me habla permanentemente de la conexidad de los asuntos, aquello de que cada delito tiene que llevar una instrucción.



Yo no he querido abordarlo porque me parecía que estaba claro cuando se explicó en comisión, pero parece que no. El artículo 17 de la Ley de enjuiciamiento criminal establece una expresión que me parece muy bella y muy precisa, es un castellano diáfano. ¿Qué dice el artículo 17? Lo que se vea más conveniente, lo que se crea más conveniente. En unas ocasiones, la conexidad exige un tipo de análisis y, en otras ocasiones, es más conveniente otro. Luego, la formulación que se tiene en la actualidad a mí no me parece que sea negativa. El problema no está en esa conexidad, que por razones subjetivas o de contenido material no ofrece mayor debate intelectual ni jurídico.

Y vuelvo a insistir en algo que ya le dije en comisión, ya se lo expliqué pero se lo vuelvo a reiterar. Dice usted que no hay ningún cauce procesal para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y con todo respeto yo le digo que se equivoca. Es el convenio de Roma del año 1950, convenio de protección de libertades y derechos fundamentales. Desde que España lo firmó siempre ha tenido ahí un magistrado muy ilustre, y no me refiero solo al actual, don Luis López Guerra, un cualificadísimo jurista, sino que en su momento también estuvo don Eduardo García de Enterría y han estado internacionalistas muy cualificados, abogados del Estado, etcétera. España siempre ha tenido ahí un jurista muy cualificado.

¿Es que en todo este tiempo hasta ahora, que se ha inventado el recurso de revisión para impedir que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tengan efectos erga omnes en toda la geografía española, no se han ejecutado todas las sentencias de dicho tribunal? Pues sí, se han ejecutado todas. E incluso recuerdo que en comisión le dije que hubo un momento de ejecución ejemplar, la que hubo en ese asunto que usted citó y que el anterior ministro de Justicia ejecutó de manera ejemplar. Aquí he formulado preguntas muchas veces, he presentado interpelaciones, y mi grupo y yo personalmente como senador hemos sido muy críticos con el anterior ministro de Justicia, pero el Gobierno de España ejecutó ejemplarmente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que se refiere a la doctrina Parot. Insisto, lo hizo de manera ejemplar, y cuando algo está bien hecho, hay que decirlo. Aquí no se admite discusión. Yo recuerdo discutir con algunos juristas que me daban distintos razonamientos para ver cómo se podía rehuir, pero la realidad es la que es, los atajos están mal, y si el tribunal ha tomado una decisión, ya no hay más que hablar; hay que ejecutarlo y se acabó. Eso se hizo de manera ejemplar y yo lo he aplaudido. Durante todo el tiempo en que España ha estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esas sentencias se han ejecutado, luego esto no es un cauce procesal para ejecutar las sentencias de dicho tribunal, es un cauce para ver de qué manera no se ejecutan y no tienen extensión de efecto erga omnes. Es decir, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se aplica a todos, sino solo a aquel que ha presentado el recurso; cuando tiene la sentencia puede presentar aquí el recurso de revisión. Esa es la realidad.

Antes, en el debate de defensa de las cuarenta y ocho enmiendas, de los treinta minutos de los que disponía omití diez, y les dije que iba a explicar solo diez enmiendas que, a mi parecer, no vulneran el contenido básico y nuclear del texto, e hice un conjunto de propuestas. Le hablé de acceder a los archivos borrados; le hablé de la necesidad de incorporar los términos descifrar y desencriptar. ¿Por qué? Pues porque no solo se trata de interceptar, sino que hay que estudiar esos algoritmos, descifrarlos y desencriptarlos, porque, de lo contario, no hay manera de acceder a su contenido. Le hablé de la enmienda 80, la que estaba explicando, y de las números 141, 142 y 157 para impedir la vigilancia electrónica, lo que popularmente se conoce como el caso Snowden. Usted sabrá que hay unos hacker que son ciberdelincuentes —algunos les llaman cracker— y otros que son de otro estilo, antisistema o ácratas, como quiera usted llamarlos, y en algunas ocasiones los servicios de inteligencia —y esto está publicado— han utilizado a estos hacker antisistema o ácratas, que resultan más simpáticos —dicho entre comillas—, para luchar contra los anteriores, contra la ciberdelincuencia. Eso ha sido así. Lo que le intento decir es que para evitar esa vigilancia electrónica hemos presentado la enmienda número 157, pero usted no ha acusado recibo de ella. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Yo entiendo que responder a todas las enmiendas presentadas a dos leyes que no se yuxtaponen, sino que tienen contenidos sustantivos distintos, es una labor poco menos que imposible, y por esa razón le hago este comentario con el mayor respeto y cariño. Del resto no le digo nada, pero de estas diez que sí le expliqué no me ha acusado recibo. Tampoco lo ha hecho de la número 80. Cuando todas las partes aceptan, resuelven que no van a recurrir y oralmente se toma la decisión. ¿Por qué razón el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos de América del Norte, que afecta a todo el país, puede tomar decisiones oralmente o en un renglón y aquí se obliga, en el supuesto de que todos la acepten y digan que no van a recurrirla, a documentarlo por escrito y poner otra vez eso de don fulano, representado por tal abogado o procurador, etcétera, para tomar una decisión que ya se ha hecho pública, todos aceptan y figura en acta, con imagen y sonido grabado, que no van a recurrirla? ¿Por qué eso no se acepta? Usted dice que algunas cosas que plantean pretenden quitar congestión al servicio público, loable objetivo, y esto que le estoy diciendo de la enmienda 80 también. ¿Por qué no lo aceptan? Me parece absolutamente razonable, todos ganamos con eso y permitimos que el juez se concentre, no en las de cajón, en las de sota, caballo y rey, en las elementales, las que cualquier persona sin cualificación jurídica puede resolver, sino en aquello que solo puede resolver el juez —recuerden, juzgar y ejecutar lo juzgado, no otra gestión administrativa— y que exige estudio; y no son todas, solo es una franja de las decisiones que tiene que adoptar. A mí me gustaría que acusara recibo.

Además, le quiero plantear una más; forma parte de las diez, no le pido explicaciones sobre ninguna distinta, pero antes no hablé de una, de la 78, y fue un error por mi parte. Dije que me faltaban dos pero luego me concentré demasiado en la última y esta, la número 78, no la comenté. Lo que plantea no es una petición del Grupo Socialista ni del Consejo General de la Abogacía ni de las asociaciones vinculadas a los derechos humanos, sino que es una propuesta que nos hacen llegar los funcionarios de instituciones penitenciarias. Recuerdo que hablé con una senadora y le dije que la Ley general penitenciaria en España era de las más progresistas del mundo, entre otras cosas porque la hicieron antiguos presos políticos; fue la primera de las Cortes democráticas y la elaboraron antiguos presos políticos, y es muy avanzada. Muchos de esos funcionarios nos hicieron llegar una propuesta que consiste en que cuando es un agente de la autoridad el que está en una vista no diga el nombre sino el número de agente de la autoridad por razón de preservar su intimidad. ¿Por qué razón eso no se plantea también para un funcionario de instituciones penitenciarias a fin de que en algunos supuestos no se vea obligado a tener que decir el nombre de ese funcionario? Con que dijera el número de su carné profesional sería suficiente.

Como usted ve, estas son las únicas diez propuestas sobre las que le pido explicación, me parece que son sensatas y que no cuestionan el planteamiento que ustedes hacen. Por otro lado, todo el discurso que hemos hecho en comisión y en Pleno es para cuestionar las bases de la reforma porque lo peor es que se queda en tierra de nadie, ni está en el modelo vigente ni en el que se quería para que el Ministerio Fiscal asumiera la instrucción. Y esta situación, la de estar en terreno de nadie, no es bueno ni para el Ministerio Fiscal, que no está en condiciones de asumir un conjunto de competencias, ni si quiera para la posibilidad de que los plazos límites de la instrucción puedan suponer recovecos por donde la impunidad se pueda colar.

En cualquier caso, le pido que en una última intervención me argumente por qué no aceptan estas propuestas que le hacemos, que me parecen que son sensatas y que solo contribuirían a mejorar el texto, toda vez que lo más probable es que en pocos meses esté aplicando este texto y el código. Aunque sea por razones de egoísmo inteligente, quisiera conocer la ratio de estas decisiones, porque me veré luego aplicándolo a pesar de que tenga unos criterios distintos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Por supuestísimo, lo haré con todo respeto, porque yo respeto las reglas cuando estoy de parlamentario y cuando estoy de magistrado, aunque entonces te limitas a escribir tus sentencias y punto final. No hago ninguna criptomilitancia, como otra gente que usa todas. No sé si me he explicado señor Represa.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

En primer lugar, de mi parte y de parte del senador Represa, que me lo ha pedido expresamente, felicito al presidente y a la Mesa de la Comisión de Justicia, expresamente al señor letrado, al personal al servicio y a todos los portavoces y miembros de la Comisión de Justicia, porque en esta comisión se ha trabajado mucho, y orgullosamente lo podemos decir. Esta va a ser la última ley de justicia que vamos a debatir hoy y mañana nos queda la Ley de enjuiciamiento civil, y con ello ponemos punto final, al menos al debate de leyes, porque todavía esperamos celebrar algunas comparecencias en comisión. Señorías, felicito a todos los miembros de la Comisión de Justicia porque se ha trabajado mucho. Desde luego, para los que nos gusta es un verdadero placer entrar en debates jurídicos y nos alienta a querer cada vez más nuestra profesión (Aplausos).

Voy a intentar contestar someramente siquiera a aquellas cuestiones que parece ser que no han quedado resueltas, aunque profusamente las haya respondido el senador Represa.

La senadora del Grupo Mixto comentaba que echaba en falta la justicia restaurativa. Usted no ha estado presente pero si lee el Diario de Sesiones verá que el Estatuto de la víctima prevé todo un código. En él se entiende la reparación que debe tener esa víctima y se recoge cuáles tienen que ser los criterios dentro de ese complejo código de reparación que se previene. Pero eso figura donde le corresponde, no aquí, en la Ley de enjuiciamiento criminal.

El senador Bildarratz ha comentado que el artículo 55.2 no es un derecho fundamental, y me gustaría hacerle una aclaración, por lo menos, como dicen los franceses, à mon avis, a mí manera de ver, a mi parecer. El artículo 55.2 de la Constitución modula el artículo 17 de la Constitución. Es verdad que al ser el artículo 17 un derecho fundamental se acoge a los procedimientos especiales de la Ley 62/1978, de derechos fundamentales, que tenía un procedimiento especial preferente y sumario en cuanto a la tramitación procedimental, pero la Constitución está para cumplirse. Aquella reconoce para los artículos 14 a 31 —concretamente, el 31 relativo a la capacidad económica— un procedimiento especial preferente y sumario, pero no les confiere un derecho superior, con lo cual el artículo 52 también puede regular, dentro de la posibilidad que regula, la suspensión de esos derechos y libertades que encabeza ese Título V.

Los senadores Saura, Iglesias, Montilla y Díaz Tejera comentaban diversas cuestiones respecto a la conexidad y manifestaban su queja porque solamente el Ministerio Fiscal puede solicitar esas reglas de conexidad o, en su caso, la formación de un único procedimiento, al acusar el artículo 17 aquello de un proceso, un delito, etcétera. Para mí, y lo he manifestado con anterioridad, estos proyectos de ley, esta reforma integral de la Ley de enjuiciamiento criminal pone los mimbres para una futura reforma posterior en la que se vaya a esa investigación por parte de los ministerios fiscales. Lo único que estamos haciendo aquí es abrir ese principio acusatorio y dar la posibilidad al fiscal, y en su caso también la acusación particular o la acusación popular, aunque se debe avanzar en eso. Aquí estamos acudiendo al artículo 124 de la Constitución, que es el que encarga al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, del derecho público tutelado por la ley y de los derechos de los ciudadanos. Estamos abriendo la posibilidad a quien lo puede hacer de una manera pública, a quien tiene el encargo público de reconocer y de perseguir esos delitos.

Quiero poner de manifiesto que, respecto al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, es verdad que se traspone la Directiva 2013/48 de la Unión Europea, pero teníamos de plazo hasta el 27 de noviembre de 2016 y estamos adelantando la trasposición en esta reforma legal. Con esta trasposición España se anticipa y se pone a la vanguardia de los Estados miembros de la Unión Europea en el reconocimiento de las garantías procesales y la ejecución de la hoja de ruta fijada en el programa de Estocolmo en el marco de la Unión Europea.

Comentaban el senador Iglesias, que sabe que le tengo un gran aprecio, y el senado Montilla, al que tengo no menos aprecio, que los atestados policiales sin autor conocido no dan tanto trabajo. Es verdad que dan mucho papel, pero me gustaría aclararles una cosa. No se pretende disminuir la estadística judicial, no se hace para entender que hay menos asuntos, menos diligencias previas. Los que nos dedicamos a esto les llamamos diligencias vivas, y lo importante es tener diligencias vivas, pero eso nunca son diligencias vivas. El SP, el sobreseimiento provisional del 641.1 o 2, del sobreseimiento provisional que pone el juez es papel muerto porque va directamente al archivo hasta que no aparezca un autor conocido o aparezcan indicios racionales respecto a alguna persona o personas en concreto. Por tanto, no se hace para disminuir la estadística judicial sino simplemente para que sea real, para que esa estadística sea real con el trabajo judicial que llevan los órganos jurisdiccionales.

Respecto a la caducidad de los procesos de instrucción, los senadores Saura, Iglesias y la senadora Capella también plantean por qué solamente puede hacer la solicitud el Ministerio Fiscal, y creo que ya lo he manifestado: por el cumplimiento del principio acusatorio. Dicen que los plazos son muy cortos, seis meses, pero se han olvidado de que también lo son dieciocho meses y de otra cosa que me parece mucho más importante: que el juez va a poder prorrogarlos por otros seis o dieciocho meses.

Señoría, mañana vamos a tratar también aquí la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común, que se va a reformar si sus señorías lo aprueban, donde también el procedimiento administrativo también tiene su plazo y nadie se llama a escándalo. Es lógico que los procesos tengan un plazo. Eso es proceso debido y es una de las garantías del artículo 24, porque las dilaciones indebidas figuran como castigo o se aplican como atenuante en tanto en cuanto pueden servir como rebaja de la pena, pero se entiende como atenuante en cuanto que el procedimiento tiene que estar sometido a un plazo y la autoridad competente, sea el juez o el funcionario de la Administración, tiene que resolver en ese plazo concreto. Como recordarán, nadie se llamó a engaño cuando en el Código Penal la prescripción pasó de seis a dos meses. Podía parecer que si la prescripción de las faltas pasaba a dos meses no habría tiempo para tramitarlas, pero a nadie nos sorprendió, y no gobernaba el Partido Popular en aquella época. No pasó nada, pareció algo muy justo y se ha adecuado muy bien a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a lo que ha comentado el senador Díaz Tejera sobre dejar por escrito las sentencias in voce, acuso recibo, ya que el senador Represa ya no va a intervenir. Fíjese, esto también lo he comentado con los secretarios judiciales, todavía denominados así hasta que no entre en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se pasarán a llamar letrados de la Administración de Justicia. ¿Sabe qué me comentaba un grupo de secretarios judiciales? Pues me decían que a ellos les gustaba dar fe de lo que guardan, de lo que conservan; de lo que se guarda en el casete, también, pero, aunque se quede guardado en una cinta o en un DVD, se fían más del papel y quieren conservarlo. Ya le digo que puede haber otros secretarios judiciales que piensen de otra manera, pero aquellos con los que hablé eran más partidarios de que se conservara así. Y contésteme a la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con las sentencias que se dictan in voce? Lo mismo. Exactamente igual, lo que usted está planteando. ¿Y qué hacemos con las sentencias que el juez determina que son irrecurribles porque no hay posibilidad de recurso, que producen efecto de cosa juzgada tanto formal como materialmente? Exactamente igual. El mismo tratamiento tiene que tener una sentencia in voce que aquella que es irrecurrible. Ya no va a tener posibilidad de recurrir. Da igual que quede grabado en el DVD porque no va a necesitar esos argumentos que a usted le harían falta para poder recurrir. El argumento sería el mismo. Puede que tenga sentido la enmienda que proponen pero, dese luego, se necesita un debate amplio que conlleve el estudio de estas otras decisiones judiciales, como las irrecurribles.

Respecto al decomiso, como han manifestado los senadores Iglesias y Capella, se recoge un procedimiento de decomiso autónomo. Yo también tuve la oportunidad de asistir, invitado por el senador Díaz Tejera, a la magnífica jornada del 25 de marzo sobre la oficina de recuperación y gestión de activos, donde se pusieron de manifiesto muchas cuestiones, y les voy a hablar de algunas. Al Ministerio Fiscal se le va a conceder la dirección de la investigación patrimonial de la ejecución de las sentencias de decomiso, lo que creo que es muy importante porque, definitivamente, se va a llamar así. Y la regulación del decomiso, que ya aparece en los artículos 117.bis y siguientes del Código Penal, prevé que el juez pueda adoptar desde el inicio mismo del procedimiento cualquier medida cautelar, en tanto en cuanto tenga los tres presupuestos típicos de las medidas cautelares: el fumus bonis iuris, el periculum in mora y la fianza. En principio, va a quedar abierto y regulado ya un perfecto procedimiento de decomiso. Por cierto, ya he comentado que hoy mismo nuestro ministro de Justicia ha estado en París hablando con su homóloga de esta oficina para ambos países.

Por todo esto y por lo mucho que se ha dicho ya en la fundamentación anterior, vamos a rechazar las enmiendas y vamos a pretender que se aprueben estas dos leyes de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que, como he manifestado, van a vehiculizar un instrumento procesal muy importante y bueno para que nuestros jueces y tribunales puedan interpretar y aplicar debidamente la ley en función de la legislación orgánica y constitucional.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando las enmiendas del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Iglesias números 1, 2 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 149; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 150; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 26; en contra, 211; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3, 6, 12, 14 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 213; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 7 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 151; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 229; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 162; en contra, 64; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, enmiendas 17 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 10; en contra, 148; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 150; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 23; en contra, 214; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando las enmiendas números 21, 22, 25, 28, 32 y 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 154; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 31, 35 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 152; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 23, 24, 27, 29, 30, 33, 34 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 153; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 38, de la 44 a la 47 y la 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 39, 41 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40, 42, 43, 51, 52, 54 y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 2; en contra, 214; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 211; en contra, 4;



abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 154; en contra, 62; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas 57 y 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 19; en contra, 151; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 61, 62 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 60 y 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 216; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 58 y 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas 67, 68, 71, 74 a 78, 87 y 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 88 y 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 151; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 69, 70, 73, 75, 76, 79 a 81 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 70; en contra, 148; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 77 y 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas 92 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 151; en contra, 9; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 94, 95, 97 y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 165; en contra, 1; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 163; en contra, 63; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 99 a 101 y 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 149; en contra, 66; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 055, sobre las enmiendas número 13 del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Iglesias, y la número 53 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 235; en contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 056, sobre la enmienda 102 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 154; abstenciones, 87.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos el resto del proyecto de ley en un solo acto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 150; en contra, 71; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Pasamos a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal. Comenzamos con las enmiendas de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las enmiendas 30 a 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 213; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Iglesias, votamos la 1, 3, 5, 8, 10 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 29; en contra, 151; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 4, 16, 22, 23 y de la 26 a la 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 150; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 2, 7, 11, 12, 14, 15, 25 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 14; en contra, 213; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 9, 18, 19, 20 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 114; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 150; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 34 y la 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 11; en contra, 216; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 36, 38 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 22; en contra, 215; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 165; en contra, 72; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas 43, 45, 46 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 54, 58, 62 y 149.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 70; en contra, 152; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42, 48 a 51, 53, 57, 60, 61, 63, 65, 148, 150 y 160.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 52, 55, 56, 64, 151 y 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 151; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 151; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 214; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE:



Queda rechazada.

Votamos la 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 214; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 151; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 80 y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 152; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 66, 68, 70, 73, 75 y 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 152; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 83, 89, 90 y 93 a 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 10; en contra, 150; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 67, 72, 77, 78, 82, 91, 92 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 214; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74, 86 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 22; en contra, 216; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

En primer lugar, la enmienda 99.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 19; en contra, 216; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 120.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 17; en contra, 214; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 236; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 148; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 100, 102, 104, 105, 111, 113 y 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 85; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 110, 112 y 115.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 217; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 101, 106, 107, 108, 114, 116 y 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 148; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 82; en contra, 152; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, la enmienda 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 151; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 124, 142, 146 y 156.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 150; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 122, 125, 131, 132, 135, 137, 138, 141, 144, 153 y 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 152; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 128, 134, 136, 139, 140, 143, 145, 155 y 158.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 150; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 130.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 224; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las enmiendas 161, 163 y 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 151; en contra, 5; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda 162.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 151; en contra, 71; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 165 y 166.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 162; en contra, 67; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 057 sobre las enmiendas números 6 del senador Iglesias del Grupo Mixto, 33 del Grupo Parlamentario Vasco y 71 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 156; en contra, 63; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 058 sobre la enmienda número 154 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 167; en contra, 1; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 059 sobre la enmienda número 129 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 150; en contra, 65; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 060 sobre la enmienda número 133 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 161; en contra, 1; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 193 061 sobre la enmienda número 159 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 155; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 151; en contra, 69; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana, que comenzaremos con el debate conjunto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal y el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Hasta mañana y buenas noches.

Eran las veintitrés horas y cinco minutos.


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