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DS. Senado, Pleno, núm. 164, de 08/07/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 76 (extraordinaria)

celebrada el miércoles, 8 de julio de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, para buscar el diálogo, el consenso y la participación necesaria. 671/000182 aplicación de la ley; autoconsumo; consumo de energía; energía solar AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados en relación con la conocida como cuestión de los bebés robados, que tuvo lugar en nuestro país. 671/000183 adopción; investigación judicial; secuestro de personas GPS


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en el marco de la lucha contra el cambio climático. 662/000203 cambio climático; convención ONU; política de medio ambiente GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la educación universitaria virtual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como a ampliar su dimensión internacional. 662/000204 enseñanza a distancia; multimedios; nueva pedagogía GPP


Moción por la se insta al Gobierno a garantizar que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) favorezca el acceso a la vivienda, especialmente en el caso de las familias en situación de especial vulnerabilidad social. 662/000202 ayuda a la reestructuración; ayuda pública; institución financiera; sistema bancario; vivienda social GPS


ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

Excmo. Sr. D. Pedro María Sanz Alonso. 500/000332


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 621/000130 Registro Civil; reforma administrativa; sistema judicial Justicia


Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 621/000128 derecho de custodia; joven; protección de la infancia Sanidad y Servicios Sociales


Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 621/000129 derecho de custodia; joven; protección de la infancia Sanidad y Servicios Sociales

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las once horas y cinco minutos.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO, PARA BUSCAR EL DIÁLOGO, EL CONSENSO Y LA PARTICIPACIÓN NECESARIA. 671/000182 AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.

El señor Medina Tomé defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Salanueva Murguialday expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 90; en contra, 141.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS. 671/000183 GPS

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

La señora Franco González defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 81; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor presidente manda desalojar la tribuna del público al producirse protestas y exhibición de pancartas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 662/000203 GPP

La señora Pons Vila defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador.

El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

El señor Sabaté Borràs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Pons Vila expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 146; en contra, 75; abstenciones, 5.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ASÍ COMO A AMPLIAR SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL. 662/000204 GPP

El señor Gutiérrez Alberca defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

El señor Álvarez Villazán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Gutiérrez Alberca expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



MOCIÓN POR LA SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR QUE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) FAVOREZCA EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD SOCIAL. 662/000202 GPS

El señor Fernández Ortega defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE LEY

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. 621/000130 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ASÍ COMO A AMPLIAR SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL. (Votación) 662/000204 GPP

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 148; en contra, 78; abstenciones, 3.



MOCIÓN POR LA SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR QUE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) FAVOREZCA EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD SOCIAL. (Votación) 662/000202 GPP

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 74; en contra, 144; abstenciones, 11.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE LEY

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. (Continuación) 621/000130 Justicia

Se procede a votar la propuesta de veto. ........................................................ 16096

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que no ha hecho uso de esta autorización, y para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha abstenido.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su enmienda 1.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 2 a 14, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 75 a 78, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 15 a 36, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 37 a 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 51 a 60 y 62 a 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas 79 a 100, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMO. SR. D. PEDRO MARÍA SANZ ALONSO. 500/000332

El excelentísimo señor don Pedro María Sanz Alonso adquiere la condición plena de senador al prestar acatamiento a la Constitución



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. (Votación) 621/000130 Justicia

Se procede a votar. ............................................................................................ 16113

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales


PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000129 Sanidad y Servicios Sociales

El señor presidente informa a la Cámara de que estos dos proyectos de ley se van a debatir conjuntamente, sin perjuicio de que las correspondientes votaciones se produzcan por separado.

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión, presenta los dictámenes.

Comienza el debate de totalidad del Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rivero Segalàs defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. ................................................... 16132

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que no ha hecho uso de esta autorización, y para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto en sentido favorable a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 224 más un voto telemático, 225; votos emitidos 224 más un voto telemático, 225; a favor, 28 más un voto telemático, 29; en contra, 146; abstenciones, 51.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 225 más un voto telemático, 226; votos emitidos, 225 más un voto telemático, 226; a favor, 28 más un voto telemático, 29; en contra, 146; abstenciones, 51.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes 224 más 1 voto telemático, 225; votos emitidos, 224 más 1 voto telemático, 225; a favor, 28 más un voto telemático, 29; en contra, 146; abstenciones, 50.

Comienza el debate de los votos particulares de los dos proyectos de ley conjuntamente.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 1 a 13, al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y las enmiendas 1 a 44 al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas 45 a 53, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora y el señor Yanguas Fernández, al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) números 55 y 56 al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y las números 137 a 141 al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 14 a 25 y 26 a 43 al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y las números 54 a 91 y 92 a 136, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 235, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La señora Rivero Segalás defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió números 44 a 54 al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y las números 142 a 187 al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La señora Andrés Prieto defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 57 a 71 al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y las números 188 a 225, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 235, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; la señora Andrés Prieto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Votación) 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales

Se procede a votar. ................................................................................... 16147

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Votación) 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales

Se procede a votar. ...................................................................................... 16151

Se rechazan todas las enmiendas excepto las números 12, 58, 62, 110, 169, 156, 167, 168, 192 y 196.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 189 950 a 189 960.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las once horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO, PARA BUSCAR EL DIÁLOGO, EL CONSENSO Y LA PARTICIPACIÓN NECESARIA. 671/000182 AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor presidente.

Me remito a lo dicho en la interpelación, que fue extensa, y a sus propios detalles. No obstante, quiero dejar claro un mensaje y es que a UPN le resulta incomprensible, señorías del Partido Popular, la actitud del Gobierno hacia el autoconsumo, y más aún de un gobierno que presume de talante liberal, como el actual, y defensor de la libertad y de la competencia.

El borrador actual sobre el autoconsumo representa un ataque a la competencia. El autoconsumo, señorías, supone un incremento de competencia para el mercado y de competitividad para las empresas. Quiero decir al portavoz del Partido Popular y al ministro —que fue muy tajante— que es rotundamente falso que los ciudadanos vayan a tener que compensar el ahorro que supone el autoconsumo de otros ciudadanos y empresas. Y también es falso que el apoyo que requiere el autoconsumo pueda provocar una burbuja o que, incluso, pueda desestabilizar el sistema, como dijo aquí el señor Soria. Muy al contrario, señorías, con la propuesta del Gobierno, cada autoconsumidor pagará el doble de peajes que cualquier consumidor.

El autoconsumo supone ahorro de energía, y con eso ya sería suficiente, además de necesario en un país como el nuestro, con una dependencia energética del 75 %, de la que solo se habla precisamente cuando se hacen prospecciones geológicas y petrolíferas, que a nosotros no nos parecen mal porque nuestra dependencia es 25 puntos superior a la media de los países de nuestro entorno geográfico y económico.

El autoconsumo, señorías, no necesita subvenciones ni primas, y les diré que en los diez últimos años, los ciclos combinados de gas han recibido 6000 millones de euros como incentivos a la inversión privada, sin contar los pagos anuales por estar ahí cuando se les necesita. Insisto, el autoconsumo no necesita subvenciones ni primas, no es especulativo, favorece la competitividad empresarial, ayuda a la I+D+i, es limpio, ecológico, reduce el precio del pool en las horas pico, etcétera.

La propuesta del Gobierno de España sobre el autoconsumo es más perjudicial respecto a la situación anterior y empeora las condiciones de los autoconsumidores. Los peajes de respaldo se sustituyen por cargos, de los que ya hemos hablado, pero en realidad solo se trata de un cambio cosmético del impuesto al sol para impedir el desarrollo del autoconsumo.

De aprobarse la actual normativa, los años de recuperación de la inversión en una instalación doméstica de autoconsumo, que debería ser de 13 años con balance neto energético, pasarán a 31 años; y para las pequeñas y medianas industrias, a 7,5 años.

Este impuesto al sol es aún más gravoso que el anterior porque obliga a pagar un peaje por energía autoconsumida, y el autoconsumidor se convierte en el principal contribuyente del sistema. Esto implica una clara discriminación ya que por cada kilovatio consumido se paga el doble para el sostenimiento del sistema de lo que paga un consumidor que no realice autoconsumo. De manera adicional, hablaré del perjuicio que se ocasiona al sistema de acumulación de baterías. El ministro nos dijo que no se prohíben las baterías, pero con la regulación que se pretende se prohíben explícita e implícitamente ya que se pagará un cargo extra por la potencia de instalación, lo que hará inviable el sistema —es una barrera más a la eficiencia— porque la recuperación de las inversiones será superior a los 30 años.

Quiero hacer una breve mención a la situación en la que quedan los sistemas extrapeninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla.

En estos momentos, y por razones geográficas, llevar a estos sistemas extrapeninsulares la energía convencional supone un sobrecargo de 1800 millones al año para el sistema eléctrico, que sí pagamos entre todos los consumidores.

El autoconsumo en estos sistemas, por tanto, es mucho más económico que las energías tradicionales. Sin embargo, la propuesta del Gobierno, que les exime hasta el año 2020 de pagar el impuesto al sol, hace necesario el trascurso de 28 años para amortizar la inversión. Por lo tanto, señorías se entiende que es absolutamente inviable y que es una propuesta irracional.

Las instalaciones actuales son de 100 kilovatios, son instalaciones pequeñas, familiares y no son especulativas. Además, se ha despreciado la sugerencia de distintas instituciones, como la del Defensor del Pueblo, de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión Nacional de la Energía, de las directivas europeas, de la normativa nacional y de la normativa de las comunidades autónomas. Se pretende aplicar de manera retroactiva a instalaciones que ya están legalizadas y establecer sanciones de más de 60 millones de euros en el caso de que no se cumplan las nuevas condiciones, cuando sanciones por escapes nucleares o por accidentes provocados por aviones, con negligencia, son 260 veces inferiores.

Queremos que miren a los países de nuestro entorno —y acabo ya—, que miren lo que pasa en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca. Tenemos que estar en la vanguardia porque un líder es el que se anticipa, no el que va a la cola.

Para terminar, señorías, les diré que hay 335 000 alegaciones, 180 000 firmas en contra, una falta de diálogo absoluta, críticas del sector, de los empresarios, de los sindicatos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Acabo ya.

Creo que todo esto debe hacer reflexionar al Gobierno y por eso nosotros solicitamos en esta moción que se retire definitivamente la propuesta de regulación del autoconsumo presentada por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Me corresponde defender tanto la enmienda de adición que presentamos a esta moción, como la posición de mi grupo parlamentario en el turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Socialista, como consta en el expediente, ha presentado una enmienda de adición a la moción cuyo objeto fundamental es retirar el real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Entendemos que la entrada en vigor del mencionado real decreto, y luego tendremos oportunidad de extendernos más en el turno de portavoces, haría prácticamente imposible la implantación del autoconsumo. ¿Qué proponemos, señora Salanueva? Nuestra propuesta se centra en dos cuestiones integradas que, como dije antes, constan en el expediente. Creemos que es necesaria la retirada del real decreto, pero que no es suficiente. Debemos dar un paso más; un paso más que debe estar orientado hacia una regulación normativa mucho más flexible que la que plantea el real decreto y que no imponga condiciones de difícil o imposible cumplimiento para quienes decidan optar por esta modalidad, tanto de suministro como de producción, y una regulación que debe contar necesariamente con la participación activa de las organizaciones sectoriales y, fundamentalmente, de las comunidades autónomas, máxime en un momento en el que nuevos gobiernos han asumido la responsabilidad de dirigir nuestras comunidades autónomas después de las elecciones del 24 de mayo. Además, proponemos un plan de promoción pública del autoconsumo y de la eficiencia energética. En resumen, proponemos dos cuestiones como enmiendas de adición y solicitamos a la proponente que las acepte por entender que enriquecen la moción y, como dije antes, en el turno de portavoces tendremos oportunidad de ampliar nuestra propuesta y nuestra posición con respecto al autoconsumo en este país.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Tiene la palabra la senadora Salanueva, para indicar si acepta la enmienda.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, hablaré desde el escaño.

Quiero señalar brevemente que aceptaremos la enmienda porque complementa nuestra petición, ya que añade consenso y diálogo con los agentes económicos y sociales e instituciones públicas, con el fin de favorecer el autoconsumo; objetivo que nosotros perseguimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy sintética, para poder compartir el turno con la senadora Salanueva, si lo considera necesario.

Reitero lo manifestado en el Pleno anterior respecto a la defensa de la proposición de ley que sobre esta misma materia formulamos el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo. En todo caso, quiero destacar de nuevo que el autoconsumo eléctrico ofrece, no solamente a los particulares sino también a las pymes, la posibilidad de aumentar su competitividad y mejorar la eficiencia energética, objetivos que deberían ser motivo de apoyo e impulso por la acción del Gobierno y que, incomprensiblemente, se ven obstaculizados con la introducción de peajes que dificultan la amortización de las inversiones que se realicen en estas instalaciones. Además, el impulso del autoconsumo contribuye a disminuir las emisiones a la atmósfera y a reducir la dependencia energética.

Prácticamente en la totalidad de los debates que hemos mantenido en esta Cámara en relación con la política energética hemos coincidido en que el grado de dependencia exterior de nuestro país en materia energética es uno de los lastres para el desarrollo de nuestra economía, uno de los lastres de nuestra balanza comercial. Por lo tanto, uno de los objetivos que deberían compartir el conjunto de las fuerzas políticas y también el Gobierno habría de ser el buscar mecanismos que permitieran una reducción sustancial de esa dependencia energética exterior.

Estados como Japón, Italia, Alemania, Portugal y Estados Unidos no ponen ninguna traba al desarrollo del autoconsumo y han establecido de una forma absolutamente normal el sistema de balance neto, cuestionado en el debate de la proposición de ley que tuve la oportunidad de defender hace quince días.

La regulación sobre la que se avanza en la norma a la que hace referencia la moción —todavía en trámite de borrador y de informes—, que acaba imponiendo unos peajes, choca también con las directivas europeas y es un obstáculo a los objetivos que en el marco de la actuación de la Unión Europea —concretamente en el ámbito del clima y la energía— se han fijado para que en 2030 se consigan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos un 40 %. En ese sentido, cuando abordemos posteriormente el debate de una moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el cambio climático, va a ser inevitable hacer referencia a decisiones gubernamentales como las que se contienen en el real decreto, que gravarán con peaje el autoconsumo eléctrico. Otro de los objetivos es conseguir que las renovables, a escala de la Unión Europea, signifiquen al menos un 27 % de la energía producida e incrementar la eficiencia energética un 27 %. En este caso, hemos de insistir una vez más en que la política energética del Gobierno en ningún caso garantiza la consecución de estos objetivos y, desde luego, las decisiones que se están tomando en torno a la regulación del autoconsumo eléctrico se convertirán en un obstáculo más para alcanzarlos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, está bien esta moción consecuencia de interpelación de la senadora de UPN, Amelia Salanueva Murguialday, por su tono, por hacer una reclamación al Gobierno y por pedir la retirada de este decreto ley.

El consumidor eléctrico debe tener capacidad de elegir entre comprar energía al sistema o autoproducirla. Y el sistema eléctrico no debería verse afectado de manera significativa por la autoproducción, siempre que esté diseñado de una manera eficiente.

Además, la autoproducción es positiva para el sistema eléctrico a largo plazo porque aporta una buena señal de precios y de costes al sistema. Es necesario fomentar la autoproducción —por eso este real decreto es una gran chapuza—, y el objetivo debería ser fomentar el autoconsumo de manera racional, en lugar de penalizarlo con un peaje de respaldo y unas trabas burocráticas que lo hagan inviable, como probablemente resultaría de la aprobación de todo lo que encierra el real decreto dentro de su planteamiento relativamente tóxico. En este sentido, siempre que no inyecte electricidad a la red, el autoconsumo no supone un sobrecoste para el sistema eléctrico sino unos menores ingresos equiparables a los que representa la reducción de consumo por una actuación de eficiencia energética. Por lo tanto, no se debe imponer al autoconsumidor un nuevo peaje, al que llamaremos peaje de respaldo, peaje de acceso y cargos asociados a los costes del sistema y cargo por otros servicios del sistema, por consumir energía producida por él mismo. El consumidor debe tener derecho a gestionar su producción y su consumo dentro de su punto frontera sin interferencias de ningún tipo de sistemas, sin peajes ni cargos adicionales ni necesidad de solicitar permisos u autorizaciones, instalar contadores o registrarse en ningún registro. Es por ello que correspondería eliminar los trámites de autorización para los usuarios que no viertan a la red sus excedentes y para los que vierten a la red sin retribución, así como la necesidad de instalar contadores, etcétera.

El autoconsumidor conectado a la red tiene derecho a usar esta red. Este derecho se debe pagar a través de los ATR, del mismo modo en que lo hace cualquier consumidor con su mismo perfil de consumo neto o aparente para el sistema. Dos consumidores que hagan el mismo uso de la red, uno con autoconsumo y el otro que aplique medidas de ahorro, deben pagar lo mismo por el uso de esta si tienen el mismo perfil de consumo neto o aparente para el sistema. Si fuese necesario, sería posible modificar la estructura de los ATR aumentando el pago por el término de potencia y reduciendo energía para incrementar el pago de los consumidores que hacen poco uso de la red, si se considerara que estos pagan por debajo de lo que deberían.

Consideramos, pues, que el autoconsumidor debería pagar un peaje de respaldo tan solo en los siguientes casos: cuando el autoconsumidor inyecte electricidad a la red eléctrica en cantidad para la cual esta no estuviera preparada; de manera orientativa, cantidades superiores a su potencia contratada o cuando el autoconsumidor aproveche la red eléctrica para vender la energía sobrante o para utilizarla fuera del punto frontera.

Si a pesar de ser más eficiente, en general, producir energía eléctrica de manera centralizada, si llegara a ser rentable para el consumidor autoproducir energía eléctrica es porque el consumidor percibe unos excesivos costes de acceso al sistema, y se deben racionalizar las tarifas de acceso a la red para que incluyan tan solo los costes estrictamente necesarios para llevar la electricidad del productor al consumidor, básicamente el coste de la red de transporte y de distribución; de este modo se logrará un aprovechamiento más eficiente del sistema.

Por eso nosotros solicitamos, como dice la moción consecuencia de interpelación, que se retire este real decreto, porque indudablemente es una interferencia que impide que el autoconsumidor pueda trabajar de una manera adecuada.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Sin duda, esta es una moción oportuna, pero el tema que aborda merecería un debate más sosegado, tal y como relata la propia moción, demandando un proyecto de ley que sustituya a este decreto, que resulta un error por muchas razones. La oposición que suscita y las enmiendas que ha provocado, así como el profundo rechazo generalizado son la mejor muestra de que en esta materia el Grupo Popular y el Gobierno no van por el camino adecuado.

Es cierto que este es un debate complejo, y cuando el otro día escuchamos al ministro hablar de la sostenibilidad del sistema, etcétera, se podía entender que la gestión del presente requería tomar algunas medidas en este momento pero, evidentemente, estas medidas no pueden ser, como se plantea en este decreto, la práctica anulación de la opción del autoconsumo como una opción realista y que tiene muchas ventajas. A medio y largo plazo es absolutamente imprescindible abordar esta cuestión porque la sostenibilidad del sistema eléctrico y del sistema energético requiere de un nuevo modelo que no es el que en este momento está instalado en nuestra sociedad. Así, se ha hablado de los impuestos que se generan, del coste de este decreto para los productores y para los autoconsumidores. Estamos hablando de un impuesto de un 27 % sobre la electricidad producida, que hace absolutamente inviable cualquier instalación de este tipo porque —como ha dicho la senadora Salanueva— la realidad es que la amortización de una instalación en este momento pasará de 12 a 23 años. Por tanto, este decreto hace prácticamente imposible el autoconsumo y supone mirar el futuro únicamente con las gafas del mercado de una forma cortoplacista, lo que para nosotros es un grave error.

El autoconsumo abarata el precio de la energía, que hoy en España es una de las más caras de Europa. Hay que democratizar la producción eléctrica, tal y como decía Rifkin no hace mucho tiempo en un libro, La tercera revolución industrial, donde explicaba que la producción de energía debería ser semejante a lo que sucede con Internet; decía que cada edificio debería ser inteligente, capaz de aprovechar toda aquella energía que nos rodea y que de alguna manera pueda ser utilizable precisamente para hacer de este proceso de generación de energía un proceso sostenible. Efectivamente, la sostenibilidad es una de las claves de este debate. Por ejemplo, la forma en que transportamos la energía en este momento es absolutamente caduca porque tiene impactos paisajísticos, técnicos y de eficiencia sobre el propio sistema.

Por tanto, nos parece absolutamente imprescindible llevar a cabo este debate en otros términos a los que se han planteado en este decreto y hablar del autoconsumo y de la generación eléctrica como un factor de competitividad que ha de permitir incentivar el autoconsumo —en lugar de evitarlo—, como se está haciendo en otros países donde se ha entendido que la energía es un tema clave para el futuro de nuestro país, para el futuro del planeta, y que este modelo de sostenibilidad debe ir más allá de lo que indican algunas pautas que son absolutamente cortoplacistas, de interpretación del mercado.

El autoconsumo y las pequeñas producciones son también una oportunidad para las pequeñas industrias, sobre todo para las pequeñas industrias de transformación en el mundo rural. Esta es una clave de la que se ha hablado poco, pero que me parece absolutamente imprescindible en este debate. Nosotros consideramos que una vez más el Gobierno —como he dicho al principio— en esta materia va por mal camino; pero no es una novedad porque vamos por mal camino en muchas otras cosas.

Lamentamos que el Gobierno, y en este caso el Grupo Popular especialmente, no sean capaces de levantar la mirada, de mirar un poco más lejos de este cortoplacismo que ha marcado toda esta legislatura. Consideramos que en algunos ámbitos en los que nos jugamos el futuro hubieran podido existir algunos acuerdos de calado para cambiar las cosas.

Aquí las cosas no van a cambiar, pero espero que pronto cambie el Gobierno para que podamos mirar lejos y hablar de estas materias en otros términos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, president.

El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Per dos aspectes fonamentals. L’un és de procediment. El Govern actual, el Govern del Partit Popular, no té una política clara en matèria energètica. L’únic discurs que escoltem del ministre és que estan reduint les tarifes, la qual cosa, no sé si ell mira el seu rebut de la llum, jo ho faig, ho acostumo a mirar, i no veig que aquestes reduccions de les tarifes apareguin per enlloc i, en segon lloc, perquè només té un discurs de competir, de treballar, de fer política energètica en base del que seria eliminar el dèficit de tarifa o els dèficits del sistema. I, en segon lloc, perquè, quan el ministre es dirigeix a aquesta Cambra, sempre acaba dient allò de per què alguns hem de pagar perquè els altres consumeixin i no paguin. I això és completament una demagògia populista.

Nosaltres ens manifestem a favor d’aquesta moció perquè creiem necessari que es retiri el Reial Decret sobre autoconsum. Recordem que el decret que hi va haver l’any 2011, que tenia quatre mesos per a implantar-se —i ho explica molt bé, en la seva exposició de motius, la senadora Salanueva— no s’ha fet res durant quatre anys. I ara, a corre-cuita, es vol posar, com han fet també amb molts altres projectes de llei, a aprovar ràpidament aquest decret perquè entri en vigor quan estem al final de la legislatura. Creiem que s’ha de debatre profundament la implantació de l’autoconsum a l’Estat espanyol.

Nosaltres sempre hem reclamat que hi hagi un pacte d’Estat per a l’energia, perquè puguem definir una política energètica clara entre tots, cosa que no existeix ara i que l’únic que fem és tapar forats, sembla que defensem a grans corporacions, i que només ens plantegem la política energètica com una política econòmica per salvar els dèficits de tarifa o els dèficits de sistema.

Ens cal un pacte, entre tots, que puguem definir quina ha de ser la línia energètica d’aquest país. I, evidentment, l’autoconsum és molt, molt, molt i molt important. Perquè aquí, el que no s’ha estat treballant, i per això demanem que es retiri aquest Reial Decret i que es faci com a projecte de llei i es pugui treballar amb no tan sols les forces parlamentàries sinó amb aquests milers i milers de persones i d’empreses i d’institucions que han fet més de 12000 al·legacions en la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i que, bàsicament, contrari al desenvolupament del decret.

Per tant, que s’elabori com a projecte de llei i puguem tenir un debat profund de com afrontar el repte de l’autoconsum. Perquè també la Unió Europea ens ho demana. Les últimes estadístiques dels preus d’Eurostat, publicades ara fa unes setmanes, marquen a Espanya un dels preus de l’energia més cars de tota Europa. Contradiu el que sentim aquí i el que ens van dient sempre que els preus són equiparables a nivell europeu. No, estem al marge alt en electricitat i el gas dels països de la Unió Europea. I també la Comissió Europea adverteix a Espanya que la seva política en tema de renovables i en temes d’autoconsum s’escapa de la línia que hauria de ser. La Unió Europea està elaborant ja un esborrany de projecte per treballar en l’autoconsum.

Per què no convergim també en això, amb Europa? Per què no ens assimilem en el que estan fent a França, Portugal, Alemanya o Dinamarca? En aquests països que estan desenvolupant, bàsicament amb el projecte de balanç net, però també donant suport als autoconsumidors i a la petita i mitjana empresa perquè realment siguin contribuïdors a la generació del sistema.

No ens enganyem. L’autoconsum és positiu pel sistema elèctric. I quan alguns diuen que això, que s’han de posar peatges simplement per poder accedir al sistema, simplement el que hem de donar a entendre és que l’autoconsum el que fa és fer més fort el sistema elèctric si es fa bé. I, per tant, el que nosaltres volem és que l’autoconsum, no tan sols perquè ajudi al petit productor, al petit empresari, al consumidor individual, que afavoreixi l’eficiència energètica que —per cert, l’aplicació de la directiva d’eficiència energètica per part d’Espanya és un zero a l’esquerra, perquè no s’ha fet res—. Però tot això també ajuda a fer un sistema més estable, més segur i més sostenible mediambientalment i també econòmicament i a no tenir aquesta dependència.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, ens agradaria que el grup majoritari així ho fes i que poguéssim, en la propera legislatura, a través d’un projecte de llei, definir un gran model d’un sistema d’autoconsum per a l’estat espanyol, perquè és necessari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, presidente.

Nuestro grupo va a apoyar esta moción por dos aspectos fundamentales: en primer lugar, de procedimiento. El Gobierno actual, el Gobierno del Partido Popular, no tiene una política clara en materia energética. El único discurso que oímos del ministro es que estamos reduciendo las tarifas. No sé si él mira su recibo de la luz pero, la verdad, yo lo hago y no veo esta reducción de la tarifa en ninguna parte. En segundo lugar, porque solo tiene el discurso de competir, de trabajar, de hacer política energética sobre la base de lo que sería eliminar el déficit de tarifa o los déficit del sistema. Y en tercer lugar, porque cuando el ministro se dirige a esta Cámara, siempre acaba diciendo: ¿por qué algunos tenemos que pagar para que otros consuman y no paguen? La verdad, esto es completamente una demagogia populista.

Nosotros nos manifestamos a favor de esta moción porque creemos necesario que se retire el Real Decreto sobre autoconsumo. Recordemos que en relación con el decreto del año 2011, que tenía cuatro meses para implantarse —lo explica muy bien en su exposición de motivos la senadora Salanueva—, no se ha hecho nada durante cuatro años, y ahora, deprisa y corriendo, como se ha hecho con muchos otros proyectos, hay que aprobar este decreto para que entre en vigor cuando estamos al final de la legislatura. Creemos que se tiene que debatir en profundidad la implantación del autoconsumo en el Estado español.

Nosotros siempre hemos reclamado un pacto de Estado para definir una política energética clara entre todos, cosa que no existe ahora; lo único que hacemos es tapar agujeros. Parece que defendemos a las grandes corporaciones y que solo nos planteamos la política energética como una política económica para salvar los déficits de tarifa o los déficits del sistema.

Es necesario un pacto entre todos que nos permita definir cuál es la línea energética de este país. En este sentido, evidentemente, el autoconsumo es muy muy importante. Aquí no se ha trabajado sobre este tema, y por eso pedimos que se retire este real decreto y que se tramite como proyecto de ley, para que se pueda trabajar no solo con las fuerzas parlamentarias, sino también con los miles y miles de personas, empresas e instituciones que han presentado más de 12 000 alegaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, básicamente contrarias al desarrollo del decreto.

En definitiva, queremos que se elabore como proyecto de ley con el fin de que podamos debatir en profundidad cómo afrontar el reto del autoconsumo, porque también nos lo está pidiendo la Unión Europea. Las últimas estadísticas de los precios de Eurostat publicadas hace unas semanas ponen de manifiesto que el Estado español tiene uno de los precios de la energía más caros de toda Europa. Esto contradice lo que nos dicen siempre de que los precios son equiparables a nivel europeo. No, estamos en el margen alto de electricidad y gas en comparación con los países de la Unión Europea. También la Comisión Europea advierte a España de que su política de energías renovables y de autoconsumo se desvía de la línea a seguir. La Unión Europea está elaborando un borrador de proyecto para trabajar en el autoconsumo.

¿Por qué no convergemos en esta cuestión con Europa? ¿Por qué no nos asimilamos a lo que están haciendo en Francia, Portugal, Alemania o Dinamarca? Estos países están desarrollando básicamente un proyecto de balance neto, pero también están apoyando a los autoconsumidores y a la pequeña y mediana empresa para que realmente contribuyan a la generación del sistema.

No nos engañemos, el autoconsumo es positivo para el sistema eléctrico. Y cuando algunos dicen que se tiene que poner peaje para acceder al sistema, tenemos que dar a entender que al autoconsumo fortalece el sistema eléctrico si se hace bien. Lo que queremos es que el autoconsumo, no solo del pequeño productor, del pequeño empresario, sino también del consumidor individual, favorezca la eficiencia energética —por cierto, en relación con la publicación de la directiva de eficiencia energética, España no ha hecho nada en este sentido—. Todo esto ayuda a hacer a un sistema más estable, más seguro y más sostenible medioambiental y económicamente y a no tener esta dependencia.

Por tanto, vamos a votar a favor de esta moción. Nos gustaría que el grupo mayoritario lo hiciera también y que en la próxima legislatura, en un proyecto de ley pudiésemos definir un gran modelo para el Estado español, porque es necesario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, no nos engañemos, lo que subyace detrás de esta discusión son dos modelos de concebir la política energética y el sistema energético en este país: frente a un modelo arcaico, basado en la antigüedad, con un ministro petrolero, hay otra visión más moderna, con amplitud de miras, que defiende las renovables y, consecuentemente, defiende el autoconsumo, que pone en el centro de la discusión y de los intereses no a las compañías eléctricas ni petroleras, sino al consumidor. Eso es lo que estamos debatiendo aquí hoy, porque dentro de veinticinco años —y quiero que esto lo oigan los jóvenes que nos están escuchando—, el modelo energético del mundo girará en torno al consumidor y a las empresas, no en torno a los intereses de las compañías eléctricas y petroleras —los jóvenes que nos están escuchando tendrán la oportunidad de constatar lo que estoy diciendo—, y el Gobierno de España o se pone las pilas o llegaremos tarde, como siempre, a muchas cosas que ya están ocurriendo en el mundo. Eso es lo que se está discutiendo aquí.

Porque a ver cómo se explica que, coincidiendo en muchos aspectos positivos del autoconsumo: promueve el desarrollo tecnológico, fomenta el ahorro energético, reduce la dependencia energética del exterior, es respetuoso con el medioambiente, contribuye a la lucha contra el cambio climático y es más barato para el consumidor, España tiene la factura en electricidad más alta de Europa, es el cuarto país con la factura más cara; siendo un país líder en horas de sol, en los últimos diez años la luz ha subido un 80 % y, sin embargo, los equipos fotovoltaicos un 70 %, ¿por qué diablos el Gobierno de este país se empeña en un decreto que va en contra del mundo entero? Se trata de una regulación efectiva y de facilitar a aquellos usuarios o empresas que quieran usar el autoconsumo. Trabas que no existen en países punteros en esta materia: Japón, Bélgica, Alemania, gran parte de los Estados Unidos. ¿Por qué en esos países no y en España sí?

El Grupo Parlamentario Socialista ya se posicionó en relación con este asunto con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley del sector eléctrico, y los argumentos que esgrimimos entonces son ahora válidos con este decreto que el Gobierno ha puesto sobre la mesa; decreto que, como se ha dicho aquí, cuenta con el rechazo de todo el mundo, menos, como es natural y como ha ocurrido en esta legislatura, del Grupo Popular que, una vez más, se va a quedar solo en esta materia. Cuando el portavoz del Grupo Popular suba a esta tribuna, tendrá que decir si es o no cierto que el decreto introduce, no un impuesto al sol, dos; tendrá que decir si es o no cierto que introduce una nueva tasa para quienes recurran a baterías para acumular energía. El interés de que no se usen las baterías por la noche no es del ciudadano, es de las compañías eléctricas, que han dicho al Gobierno: cuidado, vamos a imponer una tasa al uso de las baterías porque si tienen sol y consumen energía solar y la acumulan y por la noche la usan, mal negocio. Esa es la realidad.

Expliquen si es verdad o no que este decreto incompatibiliza el autoconsumo con acogerse al bono social, con lo cual el índice de pobreza energética en este país va a aumentar considerablemente. Digan si es cierto o no que este decreto facilita el autoconsumo a los consumidores de mayor poder adquisitivo. Porque, señorías, este decreto, tal y como está estructurado y diseñado, a quien favorece no es al consumidor. Repito e insisto: favorece —y así parece estar diseñado— a los intereses de las compañías eléctricas, intereses que parece defender también el ministro Soria. Pónganse las pilas, señorías del Partido Popular. Les queda poco tiempo; aprovéchenlo. Retiren este decreto; retírenlo. Hagan un favor a los consumidores de este país, porque ustedes van en sentido contrario a la lógica, a la racionalidad y, como dije al principio, en sentido contrario a como circula el mundo en esta materia. Y hagan las cosas bien; no se atropellen; hagan las cosas bien.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MEDINA TOMÉ: Voy terminando, señor presidente.

No nos acusen de no querer trabajar porque —y permítame, señor presidente, diez segundos—, en relación con el trabajo parlamentario, es lamentable que hoy la vicepresidenta del Gobierno haya acusado a los socialistas de no querer trabajar los meses de julio y agosto, pero no dice la causa, y la verdadera causa —y espero que los medios de comunicación que nos estén oyendo así lo transmitan— de nuestra indignación…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MEDINA TOMÉ:…es que el Gobierno pretenda tramitar 47 proyectos de ley en mes y medio. Eso sí es lamentable.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

No utilicé el turno en contra para agilizar el debate, y me arrepiento en parte; pero tampoco se hagan ilusiones.

Señorías, ustedes cogen un tema y como creen que con él pueden hacer daño al Gobierno, mezclan absolutamente todo y sin sentido.

Vuelvo a insistir en lo que se ha dicho —hemos tenido varios debates sobre este tema—, vuelvo a insistir en lo mismo: una cosa es autoconsumo, producir para uno mismo, y otra es cuando vamos al mercado, donde rigen otras reglas.

Señora Salanueva, usted dice que es un ataque a la competencia. No, no, es que la competencia desleal es la suya; lo que quieren imponer con este sistema es competencia desleal. (Denegaciones de la señora Salanueva Murguialday) Sí, sí; no diga que no. Si usted quiere cambiar megavatios a las dos de la mañana por megavatios a las doce... Las cosas son así, y es lo que pretenden ustedes.



Y lo que ha hecho el Gobierno de una manera responsable es legislar, porque es preferible tener una legislación —que, por supuesto, va evolucionando, como evoluciona todo en la vida, y en algún momento habrá que retocarla y mejorarla si es preciso— que no tenerla. Por lo menos, el Gobierno, por primera vez, regula el autoconsumo, y lo hace respetando y vigilando el interés general de todos los ciudadanos. Ustedes, el tema de la política lo utilizan porque piensan que pueden hacer pupa al Gobierno, pero lo que más me preocupa son sus medidas, sus conceptos, eso es lo que me preocupa.

Por casualidad, en elEconomista de ayer había un artículo que decía: «El calor funde un 25 % de la producción de las fotovoltaicas». En el Mundo de ayer también se comentaba el tema de la placa solar más batería, pero si siguen leyendo la noticia, recoge un primer documento de trabajo de la Unión Europea. Esto está empezando y, desde luego, tiene muchos problemas.

Si se toman también la molestia, por ejemplo, de ir a Red Eléctrica Española y ver la demanda de ayer, podrán comprobar que de energía fotovoltaica, cero. Ustedes tienen que saber que las renovables tienen prioridad de acceso; es decir, cuando una unidad de producción de renovable produce energía entra en la red antes que las otras. Como digo: ayer, cero. La eólica, un 20 %, pero curiosamente el día anterior, el día 6, la producción fue solo del 12 % ¿Con esto a dónde quiero llegar? Pues a que el carbón supuso el 25,8 % de la producción; el ciclo combinado, el 16 %; la eólica, como dije, el 20 %; la nuclear, el 21 %; la cogeneración, 10 %; la solar térmica un 1,9 %.

Díganles a los ciudadanos que con la mala política del PSOE en el sector eléctrico —tenemos, efectivamente, una de las energías más caras de Europa—, esta producción de renovables cuesta a los consumidores 7000 millones de euros al año en primas. Díganselo. Esa es la política que hacen ustedes, la política que quieren hacer. Pues, señorías, no. Este es un tema muy serio, y, desde luego, vamos a votar en contra.

En la moción, tanto la senadora Salanueva como el PSOE dicen que esto hay que estudiarlo, que lo retiremos porque hay que estudiarlo y llegar a un consenso. Esto demuestra, de entrada, que no tienen claros los conceptos y que quieren profundizar. Yo le he dado vueltas a esto; lo que pasa es que, a estas alturas de la legislatura, ya no tiene sentido.

Por tanto, como dijo el senador Alturo en su intervención del pasado debate, les invito a ver el sistema eléctrico como un conjunto. En la VIII Legislatura se hizo un trabajo sobre esta cuestión, y yo propongo a aquellos que les toque o que estén aquí o en el Congreso en la siguiente legislatura que se tomen esto en serio, porque es muy importante. Pero, repito, hay que analizarlo todo y definir cuáles son las energías de respaldo, y entre todos tenemos que sostener todo el sistema. Lo que no puede ser es que, en este caso del autoconsumo, cuando a mí no me funcione el panel, como está sucediendo estos días, me enchufe a la red y no tenga que pagar. Tengo que contribuir como todos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Por tanto, señorías, les invito a crear en la próxima legislatura una comisión especial, incluso una comisión mixta Congreso-Senado que estudie todo el sistema eléctrico, porque sería positivo para el país si se hace con buena fe.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Juncal.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación de la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 90; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS. 671/000183 GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.4. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio. (Pausa).

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa del senador Iglesias y otra del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El pasado 23 de junio el Grupo Socialista presentó una interpelación al ministro de Justicia en la que se evidenció que el Gobierno Popular no ha conseguido ni calmar los ánimos a los afectados ni darles apoyo ni aliento ni asumir sus obligaciones como Gobierno de España. En más de tres años y medio lo único que han hecho ha sido repetir y repetir los mismos argumentos, una actitud desesperante y a la par deplorable. Se lo decíamos el pasado día 23: nula gestión, nulo interés y sobre todo silencio cómplice.

Siguen sin darse cuenta de que la democracia española necesita y tiene la obligación de reconocer este problema de Estado porque necesita saber qué ha pasado con más de 300 000 niños y niñas que desaparecieron entre 1940 y 1990, y además, la sociedad española, señorías, necesita que se investigue lo sucedido. Todavía hoy hay miles de ciudadanos españoles que actualmente tienen una identidad falsa; todavía hay hoy miles de ciudadanos españoles que no saben si fueron secuestrados, robados y vendidos, y eso, sencillamente es imperdonable.

Ustedes se comprometieron —lo hizo el señor Gallardón, aunque ahora don Rafael tire balones fuera, a pesar de que ayer en los pasillos del Senado dijera otra cosa— a realizar pruebas de ADN; se comprometieron a facilitar accesos a la información en los registros civiles; se comprometieron a la investigación y a la aclaración de esta trama. De esto no ha habido nada o casi nada, solo la apertura de la oficina de información en la calle de la Bolsa en Madrid, que, según las asociaciones, no genera ninguna confianza, y un grupo de trabajo interministerial con escaso éxito. Mientras tanto, oscuridad en la historia reciente de España; mientras tanto, los robos y las adopciones que se produjeron por razones políticas, económicas y represivas siguen sin ningún culpable y sin esclarecerse.

Señorías, fueron robos y adopciones con implicaciones médicas, religiosas y funcionariales que han provocado miles de familias destrozadas. Por ello, ustedes, que todavía gobiernan en España, tienen la obligación política y moral de colaborar activamente para demostrar definitivamente estas prácticas ilícitas y de que, por fin, se conozca la verdad de la verdad. Por eso reiteramos la pregunta fundamental en esta trama: ¿Por qué no se quiere contribuir al conocimiento y esclarecimiento de estos hechos? ¿Por qué no se busca a los culpables? Las víctimas y sus familias tienen el derecho y el deber de saber.

Por ello, presentamos esta moción, con siete objetivos, que esperamos sea apoyada en esta Cámara. Si hoy somos capaces de sacar adelante entre todos esta moción, habremos dado el paso más importante en los últimos veinte o treinta años para esclarecer esta trama de los bebés robados. Creemos, sinceramente, que esta Cámara debe demostrar su generosidad para con estas familias que lo necesitan.

En primer lugar, todas las instituciones debemos trabajar y colaborar, debemos impulsar y prometer el cumplimiento de lo establecido por los juzgados, que han venido señalando la entrega de datos o el acceso a historias clínicas.

En segundo lugar, los padres y los hijos necesitan encontrarse. Para ello proponemos la creación de una mesa permanente de trabajo con representación de las asociaciones de los afectados y reordenar y dotar de capacidad a la oficina de atención para que de verdad auxilie y favorezca en la resolución de este problema.

Una tercera propuesta es la creación de una sección especializada en la Fiscalía General para que investigue coordinadamente los hechos en colaboración con una unidad de la Policía Judicial dedicada exclusivamente a esta tarea. ¿Por qué? Porque se debe promover una investigación efectiva e independiente, objetiva y práctica y no dejar que las investigaciones recaigan exclusivamente en los hombros de las familias.

Señorías, es necesario, y esa es nuestra cuarta propuesta, que todos estos delitos de robos de bebés sean tipificados como delitos de lesa humanidad y, por tanto, sean imprescriptibles, porque es un delito que está recogido en el artículo 131.4 de nuestro Código Penal y en el propio derecho internacional. No hay que tener miedo a reconocer que se produjo un ataque sistemático organizado contra miles de madres, a las que se les produjo un grave sufrimiento físico y mental, y hay que comprometerse a buscar, localizar y restituir.

Nuestra quinta propuesta es garantizar a las víctimas un apoyo jurídico, psicológico y asistencial, reconociéndoles el derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como la financiación de las pruebas de ADN.

Es necesaria, y esta sería nuestra sexta propuesta, la creación de una base de datos identificadores de ADN cierta y real para así poder buscar, localizar y restituir, como decía.

Por último, se debe crear una comisión de la verdad en relación con los hechos de los robos y adopciones irregulares ocurridos entre 1940 y 1990; una comisión que contribuya al esclarecimiento de los hechos; una comisión que asuma el compromiso de la verdad, la justicia y la reparación de las familias afectadas; una comisión que elabore un plan de trabajo con una hoja de ruta que favorezca la investigación de los hechos y evite futuras situaciones similares. Y para culminar, una comisión nacional de desaparecidos, porque en España existió una red organizada de tráfico de bebés robados, un drama silenciado que no se cerró en la Transición, por lo que a estas alturas ya no cabe más pasividad, más lentitud ni más desprecio a la víctimas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Término, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta esta moción para que esta Cámara demuestre su voluntad política y la apoye con sus votos, porque la sociedad española que quiere ser una sociedad libre y prosperar tiene que llegar a un compromiso con la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que formulo plantea que de forma expresa la moción recoja que en el emplazamiento que realiza a la colaboración de las personas físicas y jurídicas en la investigación de los hechos relacionados con el caso de los bebés robados, por simplificar, se amplíe a la Iglesia católica la exigencia de facilitar la apertura de sus libros bautismales y de celebración de funerales. Cabría interpretar, y en la primera lectura de la moción así lo hice, que ese emplazamiento estaba incluido de forma implícita con la referencia a las personas jurídicas, toda vez que la Iglesia tiene reconocida esa condición en el artículo 1 del Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre asuntos jurídicos, que forma parte del concordato, y en el Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983 también se la califica como persona jurídica de derecho divino. Lo que ocurre es que la interpretación que de esa condición han realizado los tribunales españoles exige que aclaremos expresamente en la moción esta obligación.

La Audiencia Nacional entendió, en una sentencia dictada a partir de un procedimiento que se inició como consecuencia de que un ciudadano solicitó a la Iglesia católica que le considerara apóstata y que, por lo tanto, le borrara de sus libros y registros, que «la Iglesia católica española —y leo literalmente— es un sujeto de derecho exactamente igual que cualquier otra persona jurídica reconocida y tiene que respetar los mismos principios y normas legales que el resto de la ciudadanía, y sus archivos deben estar, como todos, al servicio del bien común de los ciudadanos que los precisan para ejercer sus derechos legítimos, y al servicio, por encima de todo, de la justicia.» Parece muy razonable este pronunciamiento de la Audiencia Nacional, sin embargo el Tribunal Supremo no lo consideró tan razonable y revocó esta sentencia acogiendo la argumentación de la Iglesia católica y de la Agencia Española de Protección de Datos y diciendo que los libros de bautismo no pueden ser considerados como ficheros, puesto que son una pura acumulación de datos que comportan una difícil búsqueda, acceso e identificación ya que no están ordenados ni alfabéticamente ni por fecha de nacimiento, sino solo por las fechas de bautismo.

He de reconocer que el ponente de esta sentencia ha sido ingenioso al encontrar unos elementos de diferenciación entre el concepto registro o archivo y los libros de bautismo de la Iglesia católica en esos términos. Pero es precisamente esa doctrina —que, además, contó incluso con el respaldo del Tribunal Constitucional— la que exige hoy que formule esta enmienda a la moción para que quede clara la necesidad de colaboración de la Iglesia católica con sus documentos, porque son básicos, un elemento de investigación y prueba fundamental para intentar seguir el rastro de los nacimientos que dieron lugar a los casos de los bebés robados.

Como ya dije en el Pleno anterior, a mí me sorprendió la actitud del señor ministro de Justicia en su intervención como respuesta a la interpelación que se le hizo desde los bancos del Grupo Socialista, porque considero que un ministro de Justicia tiene que ser quien con mayor fervor defienda la necesidad de que la Administración de Justicia cumpla todas sus funciones, y entre ellas está, sin duda, investigar unos hechos que a simple vista reúnen características propias de un tipo delictivo del Código Penal. Luego podemos entrar en el debate de la prescripción o no prescripción, pero hay supuestos denunciados que en ningún caso han prescrito y que se han cometido ya dentro del proceso democrático y, por tanto, las denuncias formuladas —algunas de ellas hace ya bastantes años— permiten sin sutilezas jurídicas con relación a la caracterización o no de esos delitos como de lesa humanidad —y, por tanto, sin entrar en el debate sobre la prescripción o no de estos— una acción contundente de nuestra Administración de Justicia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar este turno de defensa de la enmienda transaccional que presenta mi grupo parlamentario precisamente con un mensaje de solidaridad y apoyo a todos los afectados por la sustracción de recién nacidos en nuestro país. Porque lo cierto es que cada vez que hemos abordado en esta Cámara —donde ya ha habido varias iniciativas parlamentarias en este sentido o incluso comparecencias monográficas en la Comisión de Justicia o en la Comisión Especial de personas desaparecidas sin causa aparente, de la que no formé parte—, como les decía, cada vez que hemos abordado esta cuestión en esta Cámara lo cierto es que a todos nos invade un sentimiento de indignación al pensar cómo es posible que en nuestro país, y durante tantos años —no solo durante la dictadura franquista, sino también en plena democracia, en las décadas de los ochenta y de los noventa—, se hayan producido robos de bebés, se haya producido tal ataque, tal atentado hacia el derecho de las personas a vivir con su familia.

Senador Esquerdo, le aseguro que su sensibilidad no es superior a la mía, ni tampoco lo es la de su grupo respecto de la del resto de los grupos presentes en esta Cámara, porque ante hechos tan terribles, solo cabe una reacción, que es la de repulsa y condena, la aplicación de la Justicia para acabar con la impunidad de los responsables, y también la de la solidaridad, el apoyo y la atención con todos los medios legales a nuestra disposición para los afectados, para las víctimas de tales hechos.

Precisamente para tratar de mejorar la respuesta que las instituciones están ofreciendo a los afectados es por lo que, con un mensaje constructivo y realmente orientado a tender puentes y a buscar consensos —por supuesto con el grupo proponente, pero también con el resto de los grupos de la Cámara—, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta enmienda de modificación, una enmienda amplia que recoge varias de las cuestiones que incluye el Grupo Socialista en su moción y que a continuación les paso a explicar: en primer lugar, impulsar convenios de colaboración con las instituciones y personas públicas y privadas implicadas, con el fin de aumentar la cooperación y el intercambio de información a la hora de facilitar la acción de la justicia. En segundo lugar, crear, por supuesto, una mesa permanente de trabajo donde estuvieran representadas las asociaciones de afectados, los ministerios de Interior, de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como el resto de instituciones implicadas, con el fin de analizar la situación, intercambiar información, y, fruto de ese intercambio, poder proponer o llevar a cabo un adecuado proceso de retroalimentación de las medidas adoptadas y mejorar las mismas. En tercer lugar, la creación de la figura de un fiscal coordinador especializado en materia de sustracción de menores en el ámbito del Ministerio de Justicia, lo que, por otra parte, va a redundar también en una mejora de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Interior y de Justicia. En cuarto lugar, seguir introduciendo medidas legales y reglamentarias, orientadas a que estos hechos tan graves no vuelvan a ocurrir nunca en nuestro país —hoy veremos un ejemplo en este Pleno con las modificaciones que se van a introducir a través del ahora proyecto de ley del Registro Civil—. En quinto lugar, impulsar esa oficina de atención que el Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de los afectados, con nuevos servicios de orientación jurídica, de apoyo psicológico y de información, aumentado no solo las funciones, sino también los medios puestos a disposición de esta oficina. En sexto lugar, mejorar las estadísticas para tener datos reales de la dimensión de esta problemática. Y, por último, crear en el seno de esta Cámara —la Cámara Alta, el Senado— una subcomisión, que tendría la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de esta materia y que, fruto de su labor y de su trabajo, proponga medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos y eviten además su futura comisión.

Termino ya. Hace ya tiempo leí una entrevista a una escritora que había publicado un libro sobre bebés robados y señalaba que a las familias que han sufrido este tremendo daño, además, les han cercenado la confianza, porque, precisamente, están involucradas en el robo de esos niños personas en las que nosotros habitualmente depositamos nuestra confianza.

Yo ruego al Grupo Parlamentario Socialista que, de verdad, podamos llegar a un consenso, que valoren la enmienda de modificación que les proponemos, que es muy amplia. Si conseguimos lograr ese consenso, podremos, entre todos, contribuir a seguir arrojando luz sobre estos hechos tan oscuros y tan terribles y además, seguir en ese proceso de intentar reconstruir la confianza de las personas afectadas y trasladarles el mensaje de que, aunque el camino sea complicado, todos estaremos a su lado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Señorías, brevemente.

Respecto a la enmienda presentada por el senador Iglesias —al que felicito por su trabajo en esta Cámara—, el Grupo Socialista no tiene inconveniente en aceptarla, ya que, como él decía, aclara más, si cabe, el apartado 1.a) de nuestra moción, al añadir los archivos parroquiales de bautismos y de funerales. Por lo tanto, aceptaremos la enmienda.

En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, le diría a la señora Franco que yo no dudo de su sensibilidad y que hoy tendría muy fácil apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista. Pero es que ustedes —lo ha repetido en dos ocasiones en esta tribuna, y yo quiero que quede muy claro para quien nos oye, para quien nos ve y para que conste en el Diario de Sesiones— no presentan una enmienda de modificación, ustedes están presentado una enmienda de sustitución con texto alternativo; están cambiando la moción que presenta el Grupo Socialista en nombre de todas las asociaciones por una enmienda suya. No modifican nada, lo sustituyen, señora Franco. Es una enmienda con texto alternativo, texto alternativo que yo definiría a la vez como asombroso y como penoso. Dice usted que pretenden firmar convenios de colaboración para facilitar intercambios de información. ¿Ahora? ¿Ahora, a estas alturas? Que quieren crear una mesa de trabajo para analizar e informar. ¡Pero si llevan dos años sin que les reciba el ministro y más de ocho meses esperando a que este Senado admita la comparecencia de las asociaciones en la Comisión de Justicia y más de cuarenta años esperando la verdad, señora Franco! Nombran un fiscal coordinador para reforzar la coordinación. Que me explique alguien, a ver quién lo entiende, que un fiscal coordina para reforzar la coordinación. Lo que piden las asociaciones es un fiscal que investigue, que intervenga, no que coordine para coordinar. Pretenden seguir impulsando —creo que esto va de broma porque en todo este tiempo no han hecho nada—..., y dice usted que van a adoptar medidas para ampliar las funciones de la oficina. ¿Pero no decía don Rafael que funcionaba a la perfección y que este senador estaba yendo en contra de los funcionarios de esa oficina? Señorías, hay que reordenar la oficina y no hacer lo que dicen ustedes.

En cuanto a su sus dos últimas propuestas, si no son una burla, son un auténtico despropósito. Mire, pretenden mejorar las estadísticas para conocer los datos reales. ¿Pero ustedes creen que las asociaciones pretenden y quieren mejorar las estadísticas? Lo que quieren las madres es conocer a sus hijos y los hijos conocer a sus madres, no mejorar estadísticas. Y quieren crear una subcomisión en este Senado. Señora Franco —con el aprecio que le tengo—, hace ocho meses le pedimos en la Comisión de Justicia una comparecencia de las asociaciones para que por primera vez en democracia fueran escuchadas en este Senado, en el Parlamento español. No recibimos ni una sola respuesta, ¿y ustedes dicen ahora que quieren crear una subcomisión?

Mire, señora Franco, en este problema, en esta lacra, ya no tienen ningún crédito ni ninguna credibilidad. ¿Sabe lo que decía Konrad Adenauer? Decía que cuando los políticos no tienen capacidad de gobernar lo que hacen es crear comisiones —en este caso, subcomisiones en el Senado—. Déjense ya de cortinas de humo y aprovechen los últimos días que les quedan en el Gobierno para dar a las víctimas lo que de verdad solicitan: soluciones reales.

Evidentemente, no aceptaremos la enmienda que, reitero, propone un texto alternativo y que, además, pone —en mayúsculas—: ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN, no «enmienda de modificación».

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.

És evident que aquesta moció, a criteri d’Esquerra Republicana, és necessària i és pertinent. És una obligació ètica que tenim plegats; és un deute que tenim com a societat. El petitum de la moció —nosaltres el compartim— detalla tot allò que s’hauria de fer, allò que s’ha de fer, i allò que no s’ha fet. Estaria bé que aquesta vegada no decebéssim més a ningú. Per una banda, a les mares, aquelles mares a les quals els va ser arrabassat el seu fill, i per altra banda, als fills que n’estan patint les conseqüències. I, per descomptat, no decebre més a la ciutadania, a nosaltres mateixos. Una societat madura democràticament exigeix que l’Estat respongui i doni resposta per tal de restituir i reparar els drets que han estat vulnerats.

Ningú no posa en dubte que estem davant d’uns fets gravíssims, qualificables de crim, de crim contra la humanitat, i el Govern de l’Estat espanyol no es pot mantenir al marge, ha de respondre i ha de donar solucions. En té l’obligació.

Els nens i les nenes robats són també víctimes d’un règim totalitari, genocida, que fou evidentment el franquisme. Ja sabem què passa cada vegada que s’invoca la necessitat de saber la veritat i que aquesta aflori.

Pel que fa a l’Estat espanyol, fa dos anys que el Ministeri de Justícia es va comprometre a donar resposta a les peticions que formulaven els afectats, però la crua realitat és que no s’ha fet res i, sembla ser, que de moment només s’anuncia que es volen fer coses.

Aquesta trama consistia en sostreure els nadons nounats que estaven perfectament de salut i l’excusa era dur-los a la incubadora. Poc temps després, un capellà o una monja comunicaven a la família la mort del nadó i els pares mai no en veien el cos. Una altra forma de procedir era afirmar que la criatura havia mort durant el part. Aquest comportament tenia complicitats dels pares no biològics, aquells que pagaven diners pel nadó sostret i participaven de l’engany simulant un suposat embaràs i un part que, en molts supòsits, es produïa en el mateix hospital on naixia la criatura. El clima de por que comportava l’Església i el règim franquista tancava qualsevol desig o intent de denunciar els fets.

Pot una societat madura democràticament, ètica i civilitzada amagar aquests fets? Senyories, cal que recordem que durant la dictadura franquista els nens es van convertir en el sector més vulnerable de la població, sobre el qual l’Estat va estendre tots els seus tentacles. Cal que recordem que la repressió es va estendre als nens fills de republicans. Metges i religiosos van arrabassar il·lusions i esperances a uns pares i en van utilitzar l’engany per vendre il·lusions i esperança a d’altres. Van convertir els nens en mercaderies i se’n van lucrar. Aquesta trama organitzada va ser possible perquè l’Estat ho facilitava i l’Església ho justificava.

Estem davant d’una pàgina negríssima de la història de l’Estat espanyol. Tot va començar essent part d’una operació d’extermini d’unes tendències polítiques a les presons de la postguerra. Es va estendre i generalitzar per diferents i diverses maternitats fins ben entrats els anys vuitanta. Es va convertir en un lucratiu negoci de compravenda de nounats, on els principals implicats n’eren els religiosos, metges i persones vinculades a l’aparell de l’Estat franquista que continuava perpetuant-se i que legalitzava les adopcions.

Des d’Esquerra Republicana exigim que s’acabi amb la impunitat i l’oblit. Donem suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació perquè no podem tornar a fallar a les víctimes, perquè no ens podem fallar a nosaltres mateixos com a persones, perquè cal saber la veritat d’allò que va passar, perquè hi ha mares i pares que encara busquen els seus fills o filles, i perquè hi ha fills que no saben qui són realment els seus pares i tenen dret a saber-ho, tenen dret a la veritat biològica. Cal per totes aquelles persones que han lluitat i lluiten per recuperar la seva identitat i la seva vida.; en tenen el dret i nosaltres en tenim el dret i també l’obligació, i és el nostre deure.

Per això, nosaltres donem suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació.

Gràcies. (Aplaudiments).

Buenos días.

Es evidente que esta moción, según el criterio de Esquerra Republicana, es necesaria y pertinente. Es una obligación ética que tenemos todos; es una deuda con la sociedad. Compartimos el petitum de la moción: todo lo que se debería hacer y todo lo que no se ha hecho. Estaría bien que esta vez no decepcionáramos a nadie: ni a aquellas madres a las que les sustrajeron sus hijos, por un lado; ni a los hijos que han estado sufriendo las consecuencias, por otro lado. Y, por descontado, estaría bien que nosotros no defraudáramos más a la ciudadanía. Una sociedad madura democráticamente exige que el Estado dé respuesta para restituir y reparar los derechos que han sido vulnerados.

Nadie pone duda que estamos ante unos hechos gravísimos, calificables como crímenes contra la humanidad, y el Gobierno del Estado español no se puede mantener al margen, debe responder y dar solución. Es su obligación.

Los niños y niñas robados son también víctimas del régimen totalitario genocida que fue evidentemente el franquismo. Sabemos lo que sucede cada vez que se invoca la necesidad de saber la verdad, de que esta aflore.

En cuanto al Estado español, hace dos años el Ministerio de Justicia se comprometió a dar respuesta a las peticiones que formulaban los afectados, pero la cruda realidad es que no se ha hecho nada. Y por el momento solo se anuncia que se quieren hacer cosas.

Esta trama consistía en sustraer a los recién nacidos que estaban perfectamente de salud, y la excusa era llevarlos a la incubadora. Poco después, un cura o una monja comunicaba a la familia la muerte del niño y los padres nunca veían su cuerpo. Otra forma de proceder era decir que la criatura había muerto durante el parto. Este comportamiento tenía la complicidad de los padres no biológicos, aquellos que pagaban dinero para esta sustracción y que participaban simulando un supuesto embarazo y un parto, en muchos supuestos en el mismo hospital en el que se producían los hechos. Lo que comportaban la iglesia y el régimen franquista hacía que no se denunciaran estos hechos.

Una sociedad madura democráticamente, ética y civilizada no puede esconder estos hechos. Hay que recordar que durante la dictadura franquista los niños se convirtieron en el sector más vulnerable de la población sobre la que el Estado extendió todos sus tentáculos. Se debe recordar que la represión se extendió a los niños republicanos. Médicos y religiosos quitaron las ilusiones y esperanzas a unos padres para dárselas a otros. Convirtieron a los niños en mercancías y se lucraron de ello. Esta trama organizada fue posible porque el Estado lo facilitaba y la iglesia lo justificaba.

Estamos ante una página negrísima de la historia del Estado español. Todo empezó siendo parte de una operación de exterminio de unas tendencias políticas en las presiones de la posguerra. Se extendió y generalizó por distintas y diversas maternidades hasta bien entrados los años ochenta. Se convirtió en un negocio lucrativo, cuyos principales implicados eran religiosos, médicos y personas vinculadas al aparato franquista del gobierno, que perpetuaba y legalizaba estas adopciones.

Esquerra Republicana exige que se termine con la impunidad y el olvido. Por tanto, apoyamos esta moción consecuencia de interpelación porque no podemos volver a fallar a las víctimas, porque no nos podemos fallar a nosotros mismos como personas y porque hay que saber la verdad de lo que sucedió, porque hay madres y padres que todavía buscan a sus hijos e hijas y porque hay hijos que no saben quiénes son realmente sus padres y tienen derecho a saberlo, tienen derecho a la verdad biológica. Es necesario por todas aquellas personas que han luchado y luchan por recuperar su identidad y su vida, tienen su derecho, nosotros tenemos el derecho y también la obligación, y es nuestro deber. Por eso nosotros apoyamos esta moción consecuencia de interpelación.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En mi breve intervención, voy a seguir haciendo referencia a los contenidos del libro del presidente de la plataforma de asociaciones que busca a niños robados, Francisco González de Tena.

Estamos ante una de las páginas, efectivamente, más negras de nuestra historia que se desarrolló a lo largo prácticamente de cincuenta años; una página que se inició como un mecanismo más de represión de la disidencia, con una base ideológica del psiquiatra Vallejo-Nájera, que se había formado en la Alemania nazi, que teorizaba la existencia de un gen rojo que causaba taras mentales e inferioridad racial, que llevaba a conductas psicópatas y antisociales, frente al cual era imprescindible la segregación desde la infancia para que en una familia modelo del franquismo se formara de manera adecuada y se corrigieran los impulsos naturales que se derivaban de dicho gen. Ello sirvió de base para una práctica amplia de robos de bebés en los primeros años de la dictadura. No es fácil saber cuántos bebés se robaron. Según el auto de Baltasar Garzón, de noviembre de 2008, con el que se iniciaron todos sus problemas, fueron más de 30 000. En esa primera fase ideológica no era tampoco extraño que hubiera además una compensación económica para quienes participaban en el expolio de los hijos. Con el avance del tiempo, fueron los aspectos económicos los que arrojaron a un lado la base ideológica, y en los sesenta y setenta, se trató de un negocio a costa de las familias humildes.

Sea como respuesta a quienes se vieron privados de su descendencia por motivos ideológicos rechazables o a quienes lo fueron por motivos meramente mercantiles, sería necesario que hoy esta Cámara respaldara mayoritariamente la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna. Arratsalde on, senatari jaun-andreok.

Señorías, este tema de los bebés robados ha sido uno de los empeños del Grupo Vasco en esta legislatura y también de este portavoz que les habla. De hecho, mi primera iniciativa en el Senado fue una interpelación y su consecuente moción —como en este caso— sobre este mismo asunto allá por febrero o marzo de 2012; por tanto, volvemos otra vez sobre lo mismo. Y lo hicimos en aquel momento porque cambiábamos de legislatura —pasábamos de la IX al X—. En la IX Legislatura se tomaron decisiones y hubo comparecencias impresionantes en el Congreso —algo que se puede comprobar si se leen los Diarios de Sesiones— y queríamos volver a traer en la X Legislatura —por lo menos al Senado— este asunto para seguir insistiendo —como decía la otra, en el candelabro— y conseguir lo que se pudiera, que al final es el esclarecimiento de los hechos.

También hicimos una pregunta al anterior ministro de Justicia allá por septiembre de 2013 y solicitamos cuatro importantes comparecencias en la Comisión de Justicia precisamente para profundizar en alguna de las quejas recurrentes que tenían y tienen las asociaciones de víctimas. Pedimos la comparecencia del director de la Agencia Española de Protección de Datos —porque se utiliza el pretexto de la Ley de Protección de Datos muchas veces precisamente para no cumplir la ley—; pedimos la comparecencia de la directora del Instituto Nacional de Toxicología porque las asociaciones no están o no estaban —y supongo que no lo están— contentas con el sistema de trabajo del propio Instituto Nacional de Toxicología, y sin el Instituto Nacional de Toxicología difícilmente se puede avanzar en este tema; pedimos la comparecencia de don Francisco Echevarría, que es un reputado especialista forense; y pedimos la comparecencia de la Fiscalía General del Estado porque en aquel momento —y ese fue el origen de la pregunta del 2013— había problemas con las fiscalías: no había coordinación, había una circular, la 2/2012, que se estaba cumpliendo de manera muy irregular, cuando no se cumplía entre los propios fiscales, y queríamos saber por qué. La Fiscalía no vino, dijo que no solía acudir cuando había casos sub iúdice. Nosotros no queríamos hablar de ningún caso concreto sub iúdice, queríamos hablar de la actitud de la Fiscalía y de qué se podía hacer desde la Fiscalía para que esta situación mejorara. De hecho, ahora estamos hablando, volvemos a hablar de nuevo de un fiscal especial que ya se podía haber tenido nombrado desde el 2014.

Permítame que me cite a mí mismo —válgame la modestia, o la inmodestia, mejor dicho— en mi intervención sobre la Fiscalía, durante la pregunta al señor ministro Ruiz-Gallardón. En aquel momento veníamos de una comparecencia en junio de las dos principales asociaciones de víctimas, que eran Anadir y la Plataforma de Afectados Clínicas de toda España, que nos habían dicho lo que estaba sucediendo con la Fiscalía. Hicimos la pregunta y en ese discurso dije lo siguiente:



«Este es un problema, señorías, que el ciudadano normal no lo puede entender. Realmente no es fácil entender para nadie por qué tenemos iniciativas aprobadas por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado, en comisiones y en plenos. Los gobiernos, este y el anterior, se comprometieron a trabajar seriamente en este tema. Hay acuerdos de parlamentos, de gobiernos autónomos e incluso de gran cantidad de plenos municipales y aun así un gran colectivo de ciudadanos, víctimas y familiares, sigue sin saber a quién recurrir para ver defendidos sus derechos.» Y seguía: «Los ciudadanos no han elegido directamente ni a los jueces ni a los fiscales y no entienden todos esos matices que nosotros, como legisladores, podemos poner encima de la mesa, son matices para las víctimas. Nos han elegido a nosotros y al Gobierno para que defendamos sus intereses y hagamos todo lo posible para que la vida de todos sea mejor y más justa.» Esto fue lo que, con mayor o menor acierto, nos demostraron las víctimas que estuvieron en el anterior Pleno en la tribuna de invitados, y lo hicieron porque sigue este tema entre las tareas pendientes.

Senadora Franco, me alegra que haga esta propuesta, pero creo que todo lo que usted ha planteado en esta propuesta estaba incluido en la moción consecuencia de interpelación aprobada por unanimidad en esta Cámara en marzo de 2012. Estamos en julio de 2015 y volvemos a hablar de lo mismo. Pasó la IX Legislatura, estamos en la X Legislatura, y estamos en el punto no digo cero —porque no es cierto que estemos en el punto cero—, pero un poquito más adelante que el punto cero, y las víctimas siguen no sintiéndose respaldadas ni comprendidas por el Gobierno ni por las cámaras.

Por eso, señorías, vamos a apoyar esta moción. Pensamos que es una moción amplia, que puede tener muchísimos matices. Nosotros podíamos haber insistido también…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente, termino en dos segundos.

Podíamos haber intentado enmendarla, pero no creo que sea momento de entrar en matices, sino de coger el texto como está y empezar a trabajar, y en cada punto seguro que habrá matices, y tendremos que respetar el derecho a conocer, el derecho al olvido, todo ese tipo de cosas que hay que hacer. No podemos esperar. Empieza la XI Legislatura y volvemos a lo mismo. En febrero presentaremos otra vez otra interpelación y volveremos a discutir de lo mismo con el nuevo ministro o ministra. Tenemos que terminar con esto, señorías, porque es el día de la marmota.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Señorías, continuaré en castellano, aunque el Reglamento de la Cámara me permite hablar en catalán. Sabedor de que hay personas muy interesadas en la cuestión que estamos tratando, intentaré hacer traducción simultánea de mis propias notas.

Según las asociaciones de afectados, decenas, incluso centenares de miles de niños fueron robados, arrebatados a sus padres y vendidos, principalmente entre los años cincuenta y noventa del siglo pasado. Estamos hablando de una verdadera trama, de una verdadera red organizada de tráfico de niños recién nacidos a lo largo y ancho de nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de delitos gravísimos: secuestro, rapto, desaparición, posterior venta, etcétera.

Esta situación ha sido tratada en diversas ocasiones en las cámaras legislativas e, incluso, hemos encontrado una referencia en las Juntas Generales de Guipúzcoa del año 2012 —si no me equivoco—. Esta misma casa, el Senado, ha sido pionera en el estudio de la problemática de las personas desaparecidas. A pesar de que el drama de los niños robados no era el objetivo principal de la Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente, esta cuestión también fue tratada en dicha comisión. De hecho, la primera de las casi veinte comparecencias que se sustanciaron en esta comisión especial fue la del señor Conde Díez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el día 3 de junio del año 2013, comparecencia que se centró únicamente en el asunto de los bebés robados. El resumen de su intervención se centró en dos cuestiones: en primer lugar, en la creación de un grupo de trabajo y, en segundo lugar, en la creación de una oficina, la cual se había inaugurado poco antes de dicha comparecencia, en el mes de febrero de 2013. Dos años después, durante una interpelación en el Pleno pasado, el ministro dijo lo mismo. Por tanto, desde el año 2013 hasta hoy no ha habido ninguna novedad: grupo de trabajo y creación de una oficina. Evidentemente, estas medidas son absolutamente insuficientes para las asociaciones y colectivos afectados, que piden una oficina de coordinación para la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos, la elaboración de una base de datos de ADN de víctimas y familiares pública, contrastada, eficaz y eficiente. Asimismo, piden facilitar el acceso a la información solicitada por las víctimas y familiares a través de una interpretación flexible de la Ley de protección de datos. Pero con toda seguridad, el asunto más controvertido es el papel de la Fiscalía, que, como ya se ha comentado, en muchos casos archiva sin más trámites numerosos expedientes, haciendo imposible el trabajo de los funcionarios —por otra parte, altamente cualificados e implicados personalmente en el tema—. Es decir, lo que reivindican las asociaciones de los afectados es que el Gobierno y la Administración pública sean proactivos y lideren políticamente esta cuestión como un tema de Estado, es decir, que asuman el papel de investigador y no actúen únicamente a instancias de parte.

Finalizo, señorías. Compartimos los argumentos expresados por el senador Rodríguez Esquerdo en la interpelación, y también compartimos la parte dispositiva de esta moción consecuencia de interpelación. Por lo tanto, obviamente, votaremos a favor de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Al igual que el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, por deferencia a los presentes en la tribuna que no tienen acceso al servicio de traducción simultánea, voy a intentar traducir al español mis notas en catalán, para que entiendan mi intervención.

Queremos manifestar la indignación del Grupo de Convergència i d’Unió por los hechos execrables que con el tiempo hemos ido conociendo sobre el asunto de los bebés robados. Consideramos que los poderes públicos deben sentirse llamados a la búsqueda de la verdad, a depurar responsabilidades y a paliar, en la medida en que sea posible, los efectos que han causado estos robos de recién nacidos.

Nos encontramos ante un hecho penal de gran relevancia. Estamos ante una trama organizada de delincuentes, en muchos casos, y por estos daños causados no solo tienen que exigirse responsabilidades, sino que tenemos que saber también lo que realmente pasó. Por lo tanto, es necesario investigar, es necesario saber la verdad, es necesario depurar responsabilidades civiles y penales, y es necesario paliar, tanto como sea posible, el dolor causado.

Consideramos que se deben adoptar medidas para evitar el fracaso y el archivo masivo de las diligencias de investigación en el caso de los robos de bebés, pero solo con buenas palabras no alcanzaremos estos necesarios y justos objetivos. Por lo tanto, es evidente que la respuesta del Gobierno, limitándose a la creación de un grupo de trabajo coordinado por el ministro de Justicia, que tiene como objeto el estudio, desde un punto de vista multidisciplinar, de los problemas que plantea la eventual existencia de casos de sustracción de recién nacidos, es y se ha mostrado del todo insuficiente.

Mi grupo coincide con el contenido de la exposición de motivos que el Grupo Socialista ha presentado a esta moción consecuencia de interpelación. También coincidimos con la parte dispositiva, que habla del impulso y la adopción de las medidas necesarias para que se cumplan las órdenes judiciales sobre la entrega de datos, nacimientos, defunciones, entierros, desentierros e identidades biológicas de los interesados, imprescindibles para la investigación, facilitando el acceso directo de los afectados a sus historiales clínicos y a la ubicación e identidad de los que custodian archivos médicos.

Es necesario garantizar la atención directa y presencial de todos los ciudadanos afectados. También consideramos necesaria una sección especializada de la Fiscalía General del Estado y una unidad de la policía judicial exclusivamente dedicada a esta tarea. Es necesario garantizar a todas las víctimas de la sustracción de bebés la adecuada cobertura jurídica, psicológica y asistencial y que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita y a establecer a su favor ayudas para la financiación de las pruebas de ADN. Es necesario finalizar la base de datos sobre identificadores de ADN y crear una comisión de la verdad en relación con los supuestos robos de recién nacidos y adopciones irregulares efectuadas entre los años 1940 y 1990.

Son necesarias muchas medidas, la mayoría de ellas quedan reflejadas en esta moción. Desgraciadamente, aunque se lleven a cabo todas estas medidas, no se podrá paliar ni arreglar el dolor que se ha causado a tantas madres, a tantos padres, a tantos hijos, a tantas hijas, pero se lo debemos; les debemos conocer la verdad; les debemos que se depuren responsabilidades; les debemos recuperar la dignidad que como víctimas les pertenece.

Es por eso que vamos a votar favorablemente a esta moción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las asociaciones de bebés robados que se encuentran nuevamente en este Senado. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los grupos de esta Cámara, a los grupos de la oposición, que apoyen esta moción. El PNV tiene suerte y le aceptan las solicitudes de comparecencia que presenta en la Comisión de Justicia; pero el Grupo Socialista no; el señor ministro cierra los ojos y ustedes, señorías de la derecha, pretenden una quintaesencia envolvente para engañar a esta Cámara y, lo que es peor, a las víctimas, con una enmienda de sustitución con texto alternativo, que ustedes llaman de modificación. Por cierto, señora Franco, veamos cuál es el significado de modificar: cambiar una cosa sin alterar sus cualidades o características esenciales. Y el de sustituir: colocar algo en otro lugar para que se reemplace. Eso es lo que ustedes pretendían, reemplazar la moción del Grupo Socialista. Por lo tanto, posicionarse en contra de las víctimas. Lo cierto es que durante 40 años en hospitales, clínicas, casas cuna o residencias se robaron y se vendieron niños. Aunque esto no se quiere aceptar, hay 300 000 niños que desaparecieron de su familia biológica, que se los arrebataron en el paritorio a sus madres. Y aunque don Rafael lo rechace y no lo quiera reconocer, señorías, en aquellos tiempos se destruyeron documentos; en aquellos tiempos se degradaron restos cadavéricos; se produjeron deslocalizaciones de legajos de abortos; se deshicieron de historias clínicas, de certificados de nacimiento, de bautismo y de defunción; se falsearon inscripciones registrales y se adulteraron documentos públicos para que certificados de fallecimiento literales no coincidieran. Y si no lo creen, pregúntenselo a ellos. Esto ha sido así, señorías.

Y si al ministro le dijimos en la interpelación que podía tener la posibilidad de dar un paso histórico; hoy, con esta moción hemos tenido una oportunidad de empezar a cerrar una página negra, una muy negra página de nuestra historia. Hoy, seguramente, por el posicionamiento de la derecha de esta Cámara, vamos a perder la oportunidad de garantizar una convivencia más tranquila a miles y miles de españoles. ¿Por qué no se quieren esclarecer los hechos? ¿Por qué no se quiere hacer justicia y reparar a los afectados? De verdad que no lo entendemos. Los socialistas, las asociaciones de víctimas y los grupos parlamentarios —como hoy ha quedado demostrado aquí—, y muchas personas, creemos que se debe facilitar el acceso a los archivos y a las exhumaciones, que se debe dar cobertura a los afectados, que se debe crear una mesa de trabajo con una comisión de la verdad, que debemos reconocer todos, ustedes también, el problema de estos delitos de lesa humanidad, como un problema de Estado. Evitemos todos el silencio y nuevas excusas y demos todos, ustedes también, el apoyo, el ánimo, el aliento y la esperanza a los que llevan más de 30, 40 o 50 años sufriendo y pidiendo justicia, pero de verdad. Desde luego, si ustedes, señorías de la derecha, no apoyan esta moción, y parece que va a ser así, ustedes mismos se están descubriendo, pero no se olviden de que estamos hablando de derechos humanos. Es una pena, una frustración más para todos los afectados, y creo que para todos los que queremos que esto se solucione de una vez y se pase página en esta historia negra de nuestra democracia. Seguramente, les podríamos decir más cosas, pero el Grupo Socialista solo les dice que vuelven a dejar pasar el tren de la verdad y la reparación. Joaquín Sabina lo dijo de una manera muy clara: Ser valiente no tiene que salir caro; ser cobarde no vale la pena. Con mayúsculas y más alto que nunca lo decimos; los socialistas votaremos a favor de esta moción por derecho, por justicia y por convicción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, lamento profundamente, y hoy más que nunca, que no hayan aceptado ustedes la enmienda que les proponíamos. Porque más allá de las discusiones terminológicas sobre modificación o sustitución, nosotros pretendíamos llegar a un consenso con ustedes, porque esta materia es tan grave que requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Por eso, lamento más que nunca que la postura del Grupo Socialista haya sido un no tajante, que fue lo que me espetó usted ayer sin ni siquiera entrar a valorar si podíamos llegar a un acuerdo en alguno de los puntos. Eso fue lo que ocurrió. Lamento también que usted esté cada vez más enrocado en un discurso, que yo creo que ya es irreversible, de descalificación a nuestro grupo y a nuestro Gobierno. Por supuesto que lo lamento.

Yo sé que ustedes tienen una preocupación sincera por esta materia, cómo no, como la tenemos los demás grupos que estamos en esta Cámara. ¡Claro que todos tenemos una preocupación sincera! Pero, del tono de su intervención, me quedo con una sensación amarga —espero que solo sea una sensación—, y es la de que ustedes pretenden utilizar políticamente este drama. (Protestas.— Aplausos). He leído estos días en la prensa que ustedes pretenden incorporar en su programa electoral para las próximas elecciones el tema de los niños robados. Señoría, nosotros lo hemos incorporado a nuestra agenda de gobierno desde el primer momento, dándole prioridad, tendiéndoles la mano a todos y escuchando a las asociaciones. Y creo que sí se ha avanzado en este tiempo. ¿Que se tiene que seguir avanzando y trabajando en este tema? Por supuesto. ¿Que tenemos la mano tendida para llevar a cabo esas mejoras en la respuesta que se está dando a las familias? Por descontado. ¿Que lo queremos hacer, a poder ser, con el consenso de todos ustedes? Sí. ¿Que queremos hacerlo escuchando a las familias de los afectados, a las víctimas de estos grandes delitos? También.

Nos han acusado ustedes de cosas gravísimas: de falta de colaboración, de cerrar los ojos y de posicionarnos en contra de las víctimas. Me voy a retrotraer un poco en el tiempo, concretamente al último año de su legislatura. Su ministro de Justicia, el señor Caamaño, se reunió con las víctimas y se alcanzaron una serie de compromisos; entre ellos, se concretó el papel que debía tener el Instituto Nacional de Toxicología en relación con los análisis de ADN. A finales de 2011 asumimos el relevo en el Gobierno; el Ministerio de Justicia ha sido sensible a esta situación; se han mantenido reuniones a veces con el ministro y a veces con otros responsables ministeriales; y se ha pasado de los compromisos a los hechos; se ha avanzado; aunque ustedes ahora menosprecien lo que se ha hecho, se ha avanzado y se han hecho cosas. Si no, tiene usted ahí la hemeroteca que lo corrobora. ¿Que tenemos la voluntad de seguir trabajando y de dar una respuesta mejor a las familias? Indiscutiblemente, sí; vuelvo a decírselo con la mano tendida y escuchando a todos.

Nos han acusado también de querer esconder los hechos, de querer esconder la verdad. Para nada, señorías. Me voy a retrotraer otra vez en el tiempo, a febrero de 2011, al oficio del Fiscal General del Estado de entonces, del gobierno socialista, Conde-Pumpido, en el que rechazaba abrir una causa general por la inexistencia de indicios para mantener que las sustracciones fueron realizadas de forma concertada. ¿Trataron ustedes de esconder algo? Ya se lo digo yo: no; por supuesto que no.

No alberguen dudas sobre la buena voluntad del Gobierno, del Ministerio, de la Fiscalía General del Estado, de la policía, con o sin cuerpo especial, y de los jueces y tribunales porque yo les garantizo, y estoy completamente segura de ello, que todos hacen todo lo posible, todo lo que está en su mano; les garantizo que cumplen la ley para buscar la verdad, porque no hay mejor comisión de la verdad en un Estado democrático y de derecho como el nuestro que los tribunales de justicia, que son los que, a través de los procesos judiciales, deben desentrañar la verdad y hacer justicia ante delitos como estos.

Señoría, y con esto termino, vamos a votar en contra de la moción porque ustedes no han querido llegar a un consenso con nosotros, porque no han querido buscar puntos de acuerdo en esta materia; pero les garantizo a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna que el Grupo Popular va a estar apoyando al Gobierno en su hoja de ruta para dar una respuesta mejor a las familias afectadas. Y, por supuesto, quiero que les llegue ese mensaje de solidaridad y de apoyo de nuestro grupo y de nuestro partido a todas las familias afectadas por estos graves hechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamo a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 81; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Protestas y exhibición de pancartas en la tribuna del público).

El señor PRESIDENTE: Ruego a los servicios de la Cámara que inviten al público a abandonar las tribunas. (Continúan las protestas en la tribuna del público, que es desalojada.— Rumores.— Protestas).



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 662/000203 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Iglesias, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción del Grupo Popular en relación con el cambio climático y con las políticas que, a nuestro entender, deben implementarse para luchar contra él.

El cambio climático nos afecta a todos; su impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor, como la que estamos sufriendo.

En materia de cambio climático, este Gobierno ha dado específicamente un enfoque completamente nuevo, a la par que hemos cumplido con nuestras obligaciones internacionales. En este sentido, nuestra principal preocupación ha sido asegurar que España cumpliera con la reducción de emisiones que le exigía el protocolo de Kioto. En este momento seguimos a la espera del informe final sobre la revisión de nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero que emitirán los revisores de Naciones Unidas. Los datos, no obstante, nos aseguran que España ha cumplido Kioto en el periodo 2008-2012; y este cumplimiento ha sido fruto de la gestión llevada a cabo en el primer año de nuestra legislatura; pero, sobre todo, hemos priorizado una reducción de emisiones en nuestro país, que nos permite seguir una senda de crecimiento baja en carbono y emplear el presupuesto en proyectos que se desarrollan en España y no en compras de derechos en terceros países. Así, se han puesto en marcha iniciativas como los proyectos clima para reducir emisiones en los sectores de transporte, agricultura, residuos; para hacerlo, la Oficina Española de Cambio Climático ha comprado estas reducciones. En la actualidad, con más de cien proyectos aprobados y 28 millones de euros invertidos en las tres primeras convocatorias, disponemos de una herramienta eficaz para impulsar la economía baja en carbono y lograr así reducciones de emisiones, a la vez que apoyamos económicamente a las empresas e instituciones que los ponen en marcha. Se estima que hemos creado unos 4000 empleos en España.

En segundo lugar, hemos impulsado los planes de impulso al medio ambiente, llamados PIMA, que incentivan la actividad económica baja en carbono y la inversión privada en distintos ámbitos: renovación del parque de vehículos comerciales, el PIMA Aire; renovación de infraestructuras hoteleras, PIMA Sol; parque de tractores agrícolas, PIMA Tierra; o camiones y autobuses, PIMA Transporte. En total hemos invertido 68 millones de euros en los diferentes planes PIMA, y todos ellos contribuyen a reducir las emisiones de CO2 en España.

En tercer lugar, hemos hecho el registro de la huella de carbono, que permite, además, a nuestras empresas calcular cada año su huella y que se registren oficialmente con nosotros. Es una iniciativa pionera en Europa, que vincula el cálculo de la reducción de la huella en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales, de modo que aquellas empresas que deseen compensar su huella de carbono lo hagan mediante la adquisición de unidades de absorción de origen nacional, sumideros de carbono españoles; el resultado es de más de 80 huellas de carbono certificadas y tres proyectos de sumideros nacionales.

Como estrategia de futuro, hemos elaborado también una hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de emisiones en los sectores difusos en 2020; 43 medidas que de forma y coste eficiente permiten mitigar, generar empleo y actividad económica. En los Presupuestos Generales del Estado para 2015 también el Gobierno ha dotado, y por primer vez en España, una partida presupuestaria para la adaptación al cambio climático de 12,1 millones de euros, para poner en práctica proyectos concretos de adaptación al cambio climático en las zonas más vulnerables, fundamentalmente en nuestras costas y en nuestro medio natural y rural. Son proyectos para que se minimicen y se prevengan los efectos del cambio climático, asentamientos de dunas costeras, actuaciones para prevenir subidas en el nivel del mar o planes específicos que protegen la flora y la fauna.

El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental, sino que, además, tiene profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres son los que están peor preparados para enfrentar estos cambios rápidos, y son los que sufrirán las peores consecuencias. España, debido a su situación geográfica y también a sus características socioeconómicas, es muy vulnerable a este cambio climático.

En la vigésima sesión de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 20, que se celebró en Lima a finales del 2014, se acordó lo que se ha dado en denominar Llamado de Lima para la acción climática; en él se establecen las bases para el acuerdo que se pretende lograr en la próxima Cumbre sobre el cambio climático, que se celebrará en diciembre en la ciudad de París, y de la que se espera que salga un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de gases de efecto invernadero a partir del 2020. Entre los principales logros alcanzados en esa cumbre podemos mencionar, además de garantizar que todos esos países tienen que presentar antes del 1 de octubre de este año sus compromisos cuantificables en reducción de gases invernadero de una manera clara, transparente y entendibles por todos, que los compromisos deben ir acompañados de una información detallada de las acciones que va a desarrollar cada país para conseguir que esta reducción de emisiones se cumpla.

Con relación a este compromiso de combatir el cambio climático, España es uno de los países que más está trabajando para cumplir con sus obligaciones internacionales; prueba de ello es la previsión —en espera de que se confirme por parte de la ONU, como ya he mencionado— de cumplir el protocolo de Kioto en el periodo 2008-2012. Para el Grupo Popular toda la política medioambiental está encaminada a la lucha contra el cambio climático; cualquier mejora en el cuidado de nuestro entorno y en la preservación del medioambiente incide directamente en este ámbito. Es una política de carácter horizontal que afecta a ámbitos parciales de las políticas públicas.

El Grupo Popular y el Gobierno, en cumplimiento de lo ya recogido en el programa electoral de 2011, hemos impulsado una serie de políticas públicas que nos han permitido luchar contra el cambio climático con la mejora del medio ambiente; entre ellas, y además de las específicamente citadas, se han llevado a cabo políticas públicas en materia de aguas, finalizando el primer ciclo de la planificación hidrológica en todo lo que compete a la Administración del Estado. También hemos concluido los trabajos de evaluación preliminar en riesgos de inundaciones y llevamos avanzados los trabajos de mapas de peligrosidad para la gestión de inundaciones.

Hemos acometido una modificación en la Ley de costas y hemos aprobado su reglamento con el objetivo de conciliar la seguridad jurídica y, además, proteger el litoral y el desarrollo sostenible; y lo hemos hecho con medidas que van en esa dirección. Se ha aprobado también el Plan nacional de calidad del aire y la protección de la atmósfera 2013-2016, entre cuyas medidas debemos destacar el Plan de impulso al medio ambiente, PIMA Aire, que ya he citado; plan que en 2013 ha consignado un crédito total de 53,1 millones de euros, con efectos positivos en la calidad del aire de nuestras ciudades. Se han retirado cerca de 35 000 vehículos con una antigüedad media de más de 15 años y se han reemplazado por vehículos más eficientes y menos contaminantes.

Para proteger el medio marino, hemos elaborado programas de seguimiento del medio, programas para conocer periódicamente el avance del buen estado ambiental del mar y la efectividad de las medidas que se comienzan a diseñar. Hemos impulsado además la protección y la conservación de la riqueza marina, por lo que hemos avanzado notablemente en la declaración de la Red Natura 2000 en el mar; en particular, se han propuesto a la comisión nueve lugares de importancia comunitaria, LIC, marinos en el marco del proyecto Life Indemares; y además hemos declarado 39 zonas de especial protección para las aves ZEPA marinas. En aplicación del sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina, se prevé también la actuación conjunta y coordinada ante un suceso de contaminación marina. Hemos aprobado y puesto en marcha un Plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación. Hemos aprobado la nueva Ley de evaluación ambiental, que garantiza una máxima protección ambiental, simplificando procedimientos administrativos, agilizando la evaluación ambiental y estableciendo una legislación homogénea en todo el territorio. Hemos aprobado un Programa estatal de prevención de residuos. En el medio natural se ha avanzado en la consolidación de la Red Natura 2000 en España, en este caso, en la tierra. Y se han aprobado importantes estrategias y acciones para la conservación y mejora de especies silvestres amenazadas. Hemos modificado la Ley de responsabilidad medioambiental para hacer efectivo, de una vez, el establecimiento de garantías financieras obligatorias a los operadores que puedan producir daños al medioambiente.

Todas estas medidas, a nuestro juicio, demuestran el compromiso decidido del Gobierno en cumplir sus obligaciones internacionales y en desarrollar una verdadera política nacional de lucha contra el cambio climático mediante una gestión eficiente, que es indispensable que se mantenga en un futuro.

Por ello, presentamos esta moción, con la que queremos poner de manifiesto, por una parte, el trabajo realizado en esta materia en la presente legislatura, y, por otra, instar al Gobierno a seguir por este camino y a la adquisición de mayores compromisos medioambientales en la medida en que la situación económica y presupuestaria permita la implementación de nuevas políticas públicas en este sentido. Por tanto, instamos al Gobierno, primero, a seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático, adoptando las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos comprometidos y a los adquiridos en la última conferencia de las partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 2, ya mencionada; y, segundo, a mantener un papel activo y constructivo en la negociación del nuevo marco internacional de lucha contra el cambio climático en la próxima cumbre sobre el clima que se celebrará en Paris en diciembre, al objeto de que la misma sea un éxito. Además, le instamos a seguir trabajando y a luchar contra el cambio climático con una gestión eficaz, priorizando políticas dirigidas fundamentalmente a reducir de forma efectiva los gases de efecto invernadero, a adaptarse a los impactos del cambio climático, apostando por un apoyo decidido a las acciones que contribuyan a los objetivos anteriormente expuestos, tanto de empresas como de ciudadanos, a fin de impulsar una economía baja en carbono.

Por todo esto, agradecería su apoyo a esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda plantea que el compromiso expresado en la moción tenga un reflejo presupuestario. Superada la etapa del negacionismo del fenómeno del cambio climático, es ahora necesario superar la etapa de la retórica. La cumbre de finales de año en París es seguramente la última oportunidad para lograr que la fase de la retórica se dé definitivamente por concluida y se abra un escenario de actuación eficaz frente al cambio climático. Ello solo será posible si los Estados cumplen el compromiso de presentar antes del 1 de octubre sus objetivos cuantificables de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Probablemente, ese debiera ser el contenido más útil de esta moción: emplazar al Gobierno de España a fijar de forma urgente los objetivos a través del diálogo con las organizaciones medioambientales y los sectores afectados con la participación, en la medida de lo posible, de las Cámaras, de tal forma que cuando se celebre la cumbre de París a finales de año nuestro país, España, acuda con compromisos serios y con los deberes hechos.

Decía que la enmienda tiene una motivación fundamentalmente presupuestaria porque en el primer presupuesto que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el ejercicio 2012 se estableció una consignación presupuestaria para la lucha contra el cambio climático de 53 millones de euros, mientras que en el presupuesto anterior de 2011 esa consignación ascendía a 101 millones de euros. Es decir, la primera decisión presupuestaria del Gobierno de España en materia de cambio climático fue una reducción del 48 %. Es cierto que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 se produce un ligero incremento que no impide que la consignación aprobada finalmente sea más o menos la mitad que lo aprobado en el año 2011.

En todo caso, y por seguir avanzando en el debate más allá de la enmienda, en tanto en cuanto compartiré el turno de portavoces con la compañera de Esquerra Republicana de Catalunya, hay que afirmar que frente a lo sostenido por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de su moción, no es verdad que al margen de la política presupuestaria el conjunto de las decisiones medioambientales del Partito Popular y de forma muy concreta la aprobación de la reforma de la Ley de costas y del Reglamento que la desarrolla, hayan sido aprovechados para responder a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Las decisiones contenidas tanto en la Ley como en el Reglamento de aumentar las posibilidades de urbanización y reducir los ámbitos y los espacios de protección de costas no suponen una respuesta adecuada al riesgo que para la costa significan tanto los temporales, las galernas que hemos vivido en los últimos años, al menos en el Cantábrico, como la crecida del nivel del mar que ya se está produciendo. Esa es una respuesta que se enfrenta abiertamente a las exigencias de tener instrumentos adecuados para afrontar, en primer lugar, las necesidades de que nuestra costa se blinde a través de inversiones en infraestructuras y, en segundo lugar, en la disminución del riesgo que de esos fenómenos climatológicos se deriva para la población. La respuesta debe ser alejar de la costa la urbanización, no aproximarla a la costa.

Por otro lado, el pasado día 3, un número muy elevado de premios nobel firmaron en la isla de Mainau, en el lago Constanza, una declaración en la que manifiestan que el mundo vive hoy una amenaza comparable a la que significaron en los años sesenta las armas nucleares y que dio lugar a que en esa misma isla, también un grupo menor de premios Nobel, firmara un manifiesto contra las armas nucleares. Ahora han firmado un manifiesto sobre las consecuencias del cambio climático y lo que ello exige para las organizaciones internacionales y, fundamentalmente, para los Estados, que son los que en último extremo tienen la capacidad de decisión y cuentan con los recursos económicos necesarios. Esos efectos que hoy se perciben ya en relación con el cambio climático suponen, en primer lugar, un aumento de la temperatura global de casi ya un grado, del 0,85.º C y, en segundo lugar, una subida del nivel del mar en gran parte consecuencia del tercer fenómeno que es el deshielo del Ártico.

En el turno de portavoces me referiré a los impactos económicos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió , tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Intervengo en defensa de la enmienda de adición que hemos presentado a la moción del Grupo Popular.

Bàsicament volia esmentar els conceptes que hem volgut afegir, perquè enteníem que la seva moció es quedava curta. Després de la llarga trajectòria que portem treballant i reflexionant a l’entorn del canvi climàtic, des de la creació de la Oficina del Canvi Climàtic l’any 2001 fins avui, ha passat molt temps i no es tracta de dir fem una moció, a aquestes alçades de la legislatura, a favor de seguir fent allò que hem vingut fent, i dient que en farem més. Jo penso que tot això està molt bé, que està bé posar de manifest el que s’ha fet, però entenem que, malgrat tot, això no es tradueix en les polítiques que han de fer efectiu el canvi climàtic, i la prova la tenim quan veiem les polítiques que empren el Ministeri d’Indústria i Energia en relació al temes autoconsum i al foment de les renovables. Francament, no ho veiem.

D’altra banda, també posem de manifest en la nostra esmena d’addició, la necessitat de territorialitzar els recursos que s’obtenen dels fons europeus pel comerç del mercat de carboni. He llegit estadístiques que si havíem recaptat 800 milions d’euros, algunes altres parlen de menys milions, però en tot cas, no venen reflectits en les administracions que són competents en la matèria. Jo penso que des del meu grup sempre hem fet especial menció de la necessitat de respectar les competències que tenim atorgades les administracions estatals i autonòmiques. D’alguna manera veiem sempre que en base a que hi ha unes normatives comunitàries o internacionals, o uns acords presos que són de competències estatals, perquè són de competències estatals, després s’aprofita per intentar incidir en aquelles competències que són d’aplicació en àmbit autonòmic, i, per tant, no s’acaba de tenir en compte la participació d’aquestes altres administracions com puguem ser les autonomies o els propis ajuntaments. I per tant es fa de una manera molt nominal i una mica sense tenir en compte aquestes qüestions.

I els punts que nosaltres hem posat per addicionar la seva moció per tal de fer una moció més efectiva, i que realment doncs orientem i tracem el camí a seguir a partir d’ara, doncs són aquestes: Adoptar aquestes disposicions per garantir que aquests recursos de les subhastes dels gasos d’efecte d’hivernacle es destinaran a reduir les emissions d’aquests gasos i adoptar les mesures d’adaptació d’impacte climàtic també al tema a desenvolupar, com els hi deia, les energies renovables, així como desenvolupar les tecnologies que hi contribueixen. També les mesures dirigides a impedir la desforestació i augmentar la inversió en el territori, en les finques forestals. Fomentar un transport molt més respectuós i que ens permeti assolir aquests objectius que complirem, no perquè haguem fet unes polítiques absolutament bones, sinó perquè el dia a dia sabem que el transport segueix sense tenir els ajuts per fomentar aquest transport més sostenible. Ens gastem molts diners en AVE, però no els gastem en Rodalies i els nostres ciutadans pateixen dia a dia la mala política de transports que fan des d’altres ministeris, aquí som la gent que ens dediquem a temes de medi ambient i que intentem donar sentit a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i veiem que el seu govern no són capaços que tota aquesta política arribi a la resta de ministeris que són competents en les matèries sectorials que poden fer i que tenen incidència en el canvi climàtic. I per tant, torno a insistir en la necessitat de distribuir territorialment entre les comunitats autònomes com a mínim, com a mínim, el 50 % dels recursos obtinguts a través de les subhastes de drets d’emissions. També, doncs, els hi reclamo, com els hi deia abans, impulsar i promoure la participació i implicació de les comunitats autònomes en tots els plans, mesures i programes destinats a reduir aquestes emissions i garantir la participació de les administracions autonòmiques altra vegada en els projectes clima. Està molt bé. Se n’han fet molts, però deixa-m’hi dir, donem veu a les administracions territorials.

I res més, que jo penso que si en aquesta moció afegeixen tot això que els acabo de dir, el fet de la col·laboració amb les comunitats autònomes en la matèria de registres de la baixada de carboni, podríem emprendre mesures molt més efectives y que serien ben acollides pel conjunt de la població.

Moltes gràcies.

Básicamente quería mencionar los conceptos que hemos querido añadir porque entendíamos que su moción se quedaba corta después de la larga trayectoria que llevamos trabajando y reflexionando sobre el cambio climático. Desde la creación de la Oficina del Cambio Climático en 2001 hasta hoy ha pasado mucho tiempo y no se trata de presentar una moción a estas alturas de la legislatura diciendo que vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y que ya haremos más. Está muy bien poner de manifiesto lo que hemos hecho pero entendemos que a pesar de todo eso no se traduce en las políticas que tienen que hacer efectivo el cambio climático, y la prueba la tenemos cuando vemos las políticas que lleva a cabo el Ministerio de Industria y Energía en relación con los temas de autoconsumo y con el fomento de las renovables, ahí francamente no lo vemos.

Por otro lado, también ponemos de manifiesto con nuestra enmienda de adición la necesidad de territorializar los recursos que se obtienen de los fondos europeos para el comercio del mercado de carbono. Se han dado cifras de 800 millones de euros, otras hablan de menos millones pero, en todo caso, esto no está reflejado en las administraciones competentes en la materia. Mi grupo siempre ha explicitado la necesidad de respetar las competencias que tenemos las administraciones estatales y autonómicas. Sobre la base de unas normativas comunitarias o internacionales o unos acuerdos que son de competencia estatal, porque estas relaciones lo son, después se aprovecha para intentar incidir en aquellas competencias que son de aplicación en el ámbito autonómico y, por lo tanto, no se acaba de tener en cuenta la participación de estas otras administraciones como podemos ser las autonomías o los propios ayuntamientos y por ello se hace de una forma muy nominal y sin tener en cuenta estas cuestiones.

Por eso los puntos que nosotros hemos añadido a su moción son para hacerla más eficaz y para que realmente tracemos el camino a seguir a partir de ahora y son los siguiente: Adoptar las disposiciones oportunas para garantizar que los recursos obtenidos por las subastas se destinarán a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero; adoptar las medidas de adaptación a los impactos del cambio climático y también para desarrollar, como les decía, las energías renovables así como también otras tecnologías; medidas dirigidas a impedir la deforestación y que se invierta en el territorio y en las fincas forestales; fomentar un transporte mucho más respetuoso y que nos permita alcanzar estos objetivos que vamos a cumplir, pero no porque hayamos hecho unas buenas políticas sino porque en el día a día percibimos que el transporte sigue sin tener las ayudas necesarias para fomentar que sea más sostenible. Nos gastamos mucho dinero en AVE pero no en Cercanías y vemos que nuestros ciudadanos sufren día a día la mala política de transporte que se hace en otros ministerios. La gente que nos dedicamos al medioambiente somos los que intentamos dar sentido a las políticas del cambio climático y vemos que su Gobierno no es capaz de que toda esta política llegue al resto de ministerios que son competentes en las materias sectoriales que tienen incidencia en el cambio climático. Después volveremos a insistir en la necesidad de distribuir territorialmente por lo menos el 50 % de recursos obtenidos a través de las subastas de los derechos de emisión, así que les reclamo, como les decía antes, la implicación de las comunidades autónomas en todos los planes, medidas y programas y también garantizar la participación de las administraciones autonómicas otra vez en los proyectos clima que están muy bien y se han hecho muchos, pero que también demos voz a las administraciones territoriales.

Si en esta moción añadiéramos todo lo que acabo de decir en cuanto a la colaboración con las comunidades autónomas en materia de registros de la huella de carbono, se podrían adoptar medidas mucho más efectivas que acogería muy bien el resto de la población.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Fa poques hores, el President de la República del Perú, el senyor Ollanta Humala, feia referència a que un dels grans temes de col.laboració bilateral, en el marc d’un problema global, era el del canvi climàtic. És evident que és un dels grans problemes del nostre temps, als que cal donar una resposta efectiva en l’àmbit internacional, però que calen accions decidides per part dels governs. És per això, que podria dir que sorprèn una moció com aquesta però, més que sorprendre, perquè ja hi estem acostumats, intentaré ser suau en el qualificatiu, estem davant d’una moció com a mínim inútil, inútil perquè és una moció que es limita a demanar al Govern que continuï complint amb les seves obligacions i que continuï treballant en el compromís de lluita contra el canvi climàtic. Sembla que el Govern espanyol, del Partit Popular, defalleix, li falten ganes, no acaba de tenir empenta i fa falta que el Senat, el Senat d’Espanya, a instàncies del propi Grup Popular, animi el Govern a continuar treballant.

Sincerament, senadora Pons, amb tot el respecte, una moció així no serveix absolutament per a res. Segurament per això, la majoria dels grups parlamentaris, jo crec que tots, hem presentat esmenes. Podrien ser molt més extenses, perquè el problema és complex, és ampli i hauríem d’entrar en moltes coses. El Grup de l’Entesa ens hem limitat a plantejar-ne un parell. Una de demanar que el Govern, el que ha de fer, d’entrada, és no només complir amb els objectius de Kioto i els successius compromisos adquirits en les conferències internacionals en la perspectiva, certament, de la propera conferència de Paris, sinó, sobretot també, complir amb els compromisos més immediats que són els que tenim en el si de la Unió Europea. L’estratègia de creixement de la Unió Europea planteja l’objectiu 20/20/20 de, precisament, reducció d’un 20 % dels gasos d’efecte hivernacle per a l’any 2020, d’ampliar un 20 % les energies renovables i augmentar un 20 % també l’eficàcia energètica. La majoria dels experts i associacions especialitzades plantegen que, precisament, Espanya és un dels països que més està incomplint, en aquest moment, aquest objectiu de la Unió Europea.

Per tant, el que s’ha de dir al Govern és que canviï les polítiques i que realment entri en el camí de complir aquests objectius, impulsant sobretot la producció de les energies renovables i afavorint —fa un moment es plantejava en una moció també que s’ha debatut en aquesta Cambra— i afavorint l’autoconsum energètic, entre altres mesures, precisament per avançar en la direcció de l’objectiu 20/20/20.

I, a més a més, senadora Pons, entre totes les virtuts de les polítiques del Govern del senyor Rajoy, del Govern del Partit Popular, plantejava que s’ha avançat en la protecció del litoral, que s’ha avançat en una sèrie de proteccions. És clar, precisament, la protecció del litoral és un dels temes més importants, perquè una de les conseqüències del canvi climàtic és l’increment del nivell del mar, ja s’ha dit, i, evidentment, efecte molts espais de la costa. Com a senador per la província de Tarragona, i procedent de Tortosa, al costat del delta de l’Ebre, no he volgut deixar de plantejar que el delta de l’Ebre és una de les nostres zones més afectades i amb més risc de possible desaparició per inundació en cas d’increment del nivell del mar. La plataforma del Delta de l’Ebre, la plataforma deltaica, té un nivell d’alçada mitjana inferior al metre d’altura i, per tant, és un territori absolutament vulnerable.

El que cal és, precisament, canviar les polítiques que ha aplicat el Partit Popular, entre d’altres, el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre, on ha establert uns cabals ecològics clarament insuficients per a garantir precisament la pervivència del Delta, combatint amb l’aportació de sediments per cabals suficients, el procés de subsidència natural d’enfonsament del Delta de l’Ebre. El pla hidrològic vigent planteja a penes una aportació —ja ho hem debatut en d’altres moments en aquesta Cambra—, de 3300 hectòmetres cúbics/any, quan la Comissió per a la Sostenibilitat del Delta de l’Ebre, on hi ha representada l’administració estatal i l’administració autonòmica i una bona quantitat d’organitzacions no governamentals, que participen i col.laboren en aquest tema, recentment ha arribat a una proposta raonable de demanar uns cabals ecològics entre 5800 i 9900 hectòmetres cúbics anuals que serien necessaris per garantir, per mantenir la pervivència de la plataforma deltaica de l’Ebre, com tants d’altres territoris amenaçats de les nostres costes i del nostre litoral.

Calen polítiques efectives, calen compromisos, no seguir treballant, impulsar el Govern a que surti d’aquest estat d’adormiment i que es posin a fer polítiques efectives tendents a evitar els efectes del canvi climàtic.

Esperem de la seva sensibilitat per aprovar i acceptar aquestes esmenes.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Hace pocas horas el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, hacía referencia a que uno de los grandes temas de colaboración bilateral en el marco de un problema global es el del cambio climático precisamente. Es evidente que este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y al que hay que dar una respuesta efectiva y eficaz en el ámbito internacional; hay que emprender acciones decididas por parte de los gobiernos. Por ello nos sorprende una moción como esta, y voy a intentar ser suave en cuanto al calificativo, pero estamos ante una moción como mínimo inútil, pues se limita a pedir al Gobierno que siga cumpliendo con sus obligaciones y trabajando en el compromiso de lucha contra el cambio climático. Parece que al Gobierno español, al Gobierno Popular, le faltan ganas, que desfallece y hace falta que el Senado de España, a instancias del propio Grupo Popular, anime al Gobierno a seguir trabajando.

Con todos mis respetos, senadora Pons, una moción así no sirve absolutamente para nada, y seguramente por ello todos los grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas que podrían ser mucho más extensas, porque el problema es complejo y amplio, y podríamos entrar en muchos aspectos. Y el Grupo de Entesa se ha limitado a plantear un par de ellas. Una para pedir que el Gobierno, no solo cumpla con los objetivos de Kioto y los sucesivos compromisos adquiridos en las conferencias internacionales con la perspectiva de la próxima conferencia de París, sino, sobre todo, que cumpla también con los compromisos más inmediatos, que son los que tenemos en el seno de la Unión Europea. La estrategia de crecimiento de la Unión Europea plantea el objetivo 20/20/20 precisamente de reducción de un 20 % de los gases de efecto invernadero en el 2020, de aumento en un 20 % de las energías renovables y de aumento también en un 20 % de la eficacia energética. La mayoría de los expertos y asociaciones especializadas plantean que precisamente España es uno de los países que más está incumpliendo en estos momentos este objetivo de la Unión Europea.

Por tanto, lo que hay que decir al Gobierno es que cambie las políticas y que entre realmente en el camino de cumplir estos objetivos impulsando, sobre todo, las energías renovables y favoreciendo —y hace un momento se planteaba también en una moción que se ha debatido hoy aquí— el autoconsumo energético entre otras medidas para avanzar en esta dirección del objetivo 20/20/20.

Senadora Pons, usted planteaba que gracias a todas las virtudes de las políticas del Gobierno del señor Rajoy se ha avanzado en la protección del litoral. Precisamente la protección del litoral es uno de los temas más importantes, porque una de las consecuencias del cambio climático es el incremento del nivel del mar, lo que afecta a muchos de los espacios de la costa. Como senador por la provincia de Tarragona, y procedente de Tortosa, que está justo al lado del delta del Ebro, puedo decir que esta es una de las zonas más afectadas y con más riesgo de desaparición por inundación en caso de un incremento del nivel del mar. La plataforma del delta del Ebro tiene un nivel medio inferior al metro de altura, y por tanto, es un territorio absolutamente vulnerable.

Lo que hay que hacer es cambiar las políticas que ha aplicado el Partido Popular, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, por el que se han establecido unos caudales ecológicos insuficientes para garantizar la supervivencia del delta, combatiendo con la aportación de sedimentos para caudales suficientes el proceso de hundimiento del Ebro. El plan hidrológico vigente plantea una aportación —lo hemos dicho en esta Cámara— de 3300 hectómetros cúbicos/año. Las administraciones estatal y autonómica, así como una buena cantidad de organizaciones no gubernamentales que participan y colaboran en este tema, recientemente han llegado a una propuesta razonable para la sostenibilidad y supervivencia del Delta del Ebro de unos caudales ecológicos de entre 5800 y 9800 hectómetros cúbicos anuales, contando también con otros territorios amenazados.

Se necesitan políticas efectivas. Hay que impulsar al Gobierno para que salga de este estado de letargo y que, de alguna forma, se ponga a hacer políticas efectivas para evitar los efectos del cambio climático.

Esperamos que tengan la suficiente sensibilidad para aprobar y aceptar esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

El Grupo Socialista desearía que el nuevo secretario de Estado desde hace unos días, el señor Saavedra —que, entre otras materias, es el autor de la Ley de costas—, compareciera aquí en el Senado en lugar de haber encomendado al Grupo Popular que presentase una moción vacía de contenido, donde se insta al Gobierno a seguir impulsando y trabajando en la misma dirección. Nosotros, ya que el secretario de Estado no viene aquí a explicarla, hemos construido una alternativa real sobre lo que se debe hacer en materia del cambio climático, haciendo la observación de que es un tema capital de la política del Gobierno.

Proponemos diversas cuestiones a lo largo de los tres folios de que consta. Pedimos que el Gobierno venga a las Cortes Generales, en concreto al Senado, para explicitar los compromisos concretos que España, de acuerdo con las conclusiones de la cumbre de Lima, tiene que poner encima de la mesa, con sus acciones concretas, con la aportación económica que le corresponde como país, para que los grupos parlamentarios puedan medir el grado de compromiso y que el Gobierno pueda oír nuestra opinión. Además, pedimos que, de cara a la cumbre de París, que se celebrará a finales de este año, donde se pretende llegar a un acuerdo internacional nuevo que sustituya al actual protocolo de Kioto, nos explique qué compromisos va a llevar España. En ese sentido, hay que comprobar —Naciones Unidas lo tiene que hacer— si esas medidas van en la dirección de que el conjunto del planeta no sobrepase la media de 2.ºC, que es el límite tolerable para la humanidad.

Proponemos también que los grupos establezcan una agenda de reducción de emisiones en un horizonte 2050, con objetivos a 2025, 2030 y 2040, donde los diferentes grupos tendrán que trabajar en conjunto con la sociedad civil, porque van más allá de lo que es un mandato del Gobierno, más allá de una legislatura y, en ese sentido, deben construirse consensos.

Además, pedimos cosas concretas, como que se tomen medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con la correspondiente dotación presupuestaria —dentro de unos días, en los presupuestos del año 2016, veremos si se rompe esa tendencia de lo que ha pasado en estos últimos cuatro años— para afrontar riesgos de tal calado como es la subida del nivel del mar —no podemos seguir mirando para otro lado—, donde es evidente el riesgo. Hay estudios que cifran la subida, en el horizonte 2050, en hasta 50 centímetros en la Península y aún mayor en las islas, con los riesgos evidentes que esto supone para un país que vive, entre otras cosas, del turismo de sol y playa.

Pedimos lo mismo en relación con los riesgos de inundación —cada vez que sucede un episodio nos acordamos aquí de esas cuestiones—, los riesgos de sequía en el futuro, cuando habrá menos recursos hídricos e incluso vamos a tener mayores necesidades de agua, los recursos para los cultivos agrarios, nuestra biodiversidad o los espacios forestales y la necesidad de actuar en ese sentido y no con las medidas que proponía recientemente el Gobierno del PP en la Ley de montes, que favorece más que nada la desaparición de los bosques. También pedimos que se estudien medidas en relación con los riesgos para la salud y la calidad del aire, que ya está acreditado que afecta a la salud de las personas y provoca muchas muertes a lo largo del año. Proponemos evitar los combustibles fósiles con un nuevo plan de energías renovables y una nueva estrategia de ahorro. Nos parece extremadamente grave que, en este sentido, España no vaya a cumplir el objetivo del 27 % en el año 2030 que propone la Unión Europea respecto a las renovables. La Comisión Europea, hace pocos días, decía que España debe revisarlo porque no va a cumplirlo ni siquiera en el horizonte 2020. Proponemos medidas de fiscalidad, medidas para aplicar la mejor tecnología disponible y otra serie de cuestiones, porque entendemos que España, durante esta legislatura, ha ido en sentido contrario y debe retomar esa cuestión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FIDALGO AREDA: España va a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y no va a contribuir en la medida que Naciones Unidas pide al conjunto de naciones del planeta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Tiene la palabra la senadora Pons para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

En el tiempo que tengo intentaré contestar a algunas de las enmiendas. Si no es posible, acabaré en el turno de portavoces.

Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por el señor Iglesias, usted me insta a incluir una partida en los presupuestos y dice que ha habido grandes recortes. Tengo que reconocerle que en el primer presupuesto de esta legislatura que elaboró el Partido Popular hubo un recorte importante, pero lo hubo en todas las partidas de todos los programas. Lo que nosotros hemos hecho a partir de ese primer presupuesto en el que sí recortamos ha sido ir incrementando en la medida de las disponibilidades. Supongo que usted entenderá que la situación era bastante complicada, y todavía lo sigue siendo en algunos aspectos, como para que la partida destinada al cambio climático tuviera los niveles que tenía en otras épocas. Había otras prioridades pero, evidentemente, a medida que la situación va mejorando, nosotros vamos incrementando las partidas de cambio climático. Por tanto, en este caso no vamos a aceptar enmienda, que tampoco habla de una cantidad en concreto.

Respecto a la propuesta del señor Maluquer, del Grupo Catalán de Convergència i d?Unió, los dos primeros puntos son los que hemos presentado nosotros. En el segundo usted nos dice que tenemos que cumplir la directiva y yo tengo constancia de que nosotros la estamos cumpliendo. Usted nos pide distribuir territorialmente el 50 %, pero la lucha contra el cambio climático es una competencia estatal, los fondos que se destinan salen de los Presupuestos Generales del Estado y, evidentemente, la distribución será territorial, pero la decidirá el Estado, que es el que aporta los fondos y el que tiene la competencia. También me dice que ustedes quieren participar y estar presentes en esas distribuciones. Según mis informaciones, las comunidades autónomas forman parte del Consejo Rector del Fondo del Carbono, que es el que gestiona esos programas, con lo cual ustedes están representados ahí. Otra cosa es que no les guste la distribución, pero no es que no estén representados y que no puedan, por lo menos, tener conocimiento.

También vuelve a hablar de la posibilidad de que las comunidades autónomas participen. Pues bien, hay un real decreto en el que precisamente se recoge la participación y la colaboración de las comunidades autónomas, y en el caso de Cataluña, según mis informaciones, hace más de un año que esta participación está registrada, y ustedes no han presentado ninguna iniciativa . Repito, la competencia es estatal, la financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, a pesar de tener presencia, como la decisión es estatal, no puedo aceptar su enmienda.

En cuanto al Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, su señoría me ha hablado de impulsar la producción de energías renovables y favorecer el autoconsumo, y tengo que decirle que las energías renovables no son competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sino del Minetur, pero le puedo decir que, según mis noticias, nosotros cumplimos incluso más del 20 % de producción en energías renovables, por tanto, no creemos que haya que aumentarlo.

Respecto al autoconsumo, es verdad que se ha debatido en varias ocasiones en esta Cámara y se seguirá debatiendo, pero no corresponde a este ministerio.

En cuanto al Plan Hidrológico del delta del Ebro, he de decir que ya se contemplan medidas como las indicadas. Evidentemente, tenemos diferentes posiciones en torno a los caudales, algo que también hemos discutido, pero no va a ser posible aceptar su propuesta.

En el poco tiempo que me queda, quiero responder al señor Fidalgo, que ha dicho que no vamos a cumplir, etcétera. He intentado explicar que en el primer año de legislatura tuvimos que hacer el trabajo que ustedes —siento mucho tener que decirlo así— no hicieron en sus ocho años de Gobierno. Cuando llegamos no cumplíamos los objetivos de Kioto, ni nos acercábamos, y, gracias a las políticas adoptadas por este Gobierno, estamos en disposición de que se nos reconozca dicho cumplimiento, y para ello, hemos elaborado planes de reducción de emisiones, como le he explicado.

Usted me pide también que antes del 1 de octubre haya una comparecencia del Gobierno en el Senado, pero usted debería saber que los compromisos de España como Estado se hacen ante la Unión Europea, y es la Unión Europea la que negocia y se presenta en la cumbre de París. El Estado español ya ha presentado esos compromisos ante la Unión Europea, por tanto, no tiene mucho sentido que comparezcamos antes del 1 de octubre.

Me ha hecho una serie de consideraciones muy concretas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PONS VILA: Termino, señor presidente.

Algunas de sus peticiones ya se están poniendo en marcha, y otras se las explicaré en el siguiente turno.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Realment és sorprenent que avui, vostès ens presentin aquí una moció sobre el canvi climàtic.



No sé encara com no els cau la cara de vergonya, per dir-ho d’una manera rasa i curta. Aquesta moció, a criteri d’Esquerra Republicana, no deixa de ser un brindis al sol, continuar treballant, complir els tractats internacionals, mantenir un paper actiu i constructiu en la negociació d’un nou marc internacional de lluita contra el canvi climàtic, etc. etc. Lluitar contra el canvi climàtic és possible fent lleis que es carreguen el nostre medi ambient? La llei de costes, la llei de montes, la llei de parcs naturals nacionals.

Bé, la portaveu del Partit Popular, la senyora Pons, ens ha fet la guia de telèfons i ha desgranat aquelles coses que diuen vostès que han fet en relació al canvi climàtic. Però, mirin, els diré unes quantes coses. Vostès imposen, de manera artificial, un model energètic del passat, basat en les energies fòssils. No només discriminen el consumidor, sinó que el mantenen al marge de la generació elèctrica i, en cap cas, ni han apostat ni aposten per les energies renovables. El Govern del Partit Popular sempre ha decidit basant-se en els interessos de les grans empreses i mai a favor del medi ambient i les energies netes. Són incapaços de valorar els costos reals de les seves decisions i d’assumir que el veritable problema ha estat deixar en mans dels oligopolis les decisions energètiques del seu país. Cal que els recordi que vostès s’han carregat les energies renovables, mentre autoritzen prospeccions a la Mediterrània o a les Illes Canàries. Promouen el fracking com a alternativa o, fins i tot, ens amenacen que allargaran la vida útil de les nuclears. I avui vostès vénen aquí amb aquesta moció. Doncs facin el que els toca fer. Facin allò que diuen vostès a la moció, compleixin amb el Protocol de Kioto i demostrin efectivament que lluiten contra el canvi climàtic i suspenguin totes aquelles lleis a les quals feia referència. I compleixin aquelles que no compleixen. Apostin per les renovables, facin la seva feina i no ens presentin mocions que són obvietats i brindis al sol i no facin servir el Senat i els senadors per tapar les seves misèries.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Realmente sorprende que hoy nos presenten una moción sobre el cambio climático. No sé todavía cómo no se les cae la cara de vergüenza, por decirlo de alguna manera, porque, a nuestro juicio, esta moción no deja de ser un brindis al sol: seguir trabajando, cumplir los tratados internacionales, mantener un papel activo y constructivo en la negociación de un nuevo marco internacional de lucha contra el cambio climático, etcétera. ¿Es posible luchar contra el cambio climático aprobando leyes que se cargan nuestro medioambiente, como la Ley de costas, de montes o de parques naturales nacionales?

La portavoz del Partido Popular, la señora Pons, nos ha dado el listín de teléfonos, desgranando todo aquello que dicen que han hecho sobre el cambio climático. Les voy a decir unas cuantas cosas: imponen de forma artificial un modelo energético del pasado basado en las energías fósiles; no solo discriminan al consumidor sino que le mantienen al margen de la generación eléctrica y, en ningún caso, han apostado o apuestan por las energías renovables. El Gobierno del Partido Popular siempre ha decidido sobre las energías limpias basándose en los intereses de las grandes empresas y nunca a favor del medioambiente. Son incapaces de valorar los costes de sus decisiones y de asumir que el verdadero problema ha sido dejar en manos de los oligopolios las decisiones energéticas de su país. Hay que recordar que ustedes se han cargado las energías renovables cuando autorizan prospecciones en el Mediterráneo y en Canarias. Promueven el fracking como alternativa o nos amenazan con alargar la vida útil de las nucleares. Y hoy vienen aquí ustedes con esta moción, pues hagan lo que les corresponde hacer, hagan lo que dicen ustedes en la moción: cumplan con el protocolo de Kioto y demuestren que luchan contra el cambio climático y suspendan todas aquellas leyes a las que hacían referencia, y cumplan con aquellas que no cumplen. Apuesten por las renovables, hagan su trabajo y no nos presenten mociones que son obviedades y brindis al sol y no utilicen al Senado y a los senadores para tapar sus miserias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en la intervención anterior hice referencia a los efectos que en el clima se derivaban del cambio climático. Ahora pretendo referirme, de forma muy sucinta, a lo que son los impactos económicos y sociales. Ya se han detectado daños en las cosechas. De hecho, como sus señorías saben, las primas de los seguros agrarios en los últimos años han experimentado una subida como consecuencia del incremento de los riesgos derivados de este fenómeno. Se producen riesgos para la salud. Cuando en algún momento se pretendió discutir la base científica del cambio climático, uno de los argumentos utilizados con más insistencia fue que en algunos otros momentos de nuestra historia conocida, de nuestra historia presente se habían dado fenómenos similares. Lo que ocurre es que en este momento se da algo diferente, y es la concurrencia en períodos de tiempo breves y la sucesión de esos fenómenos que antes aparecían de forma puntual en series históricas más amplias. En los tres últimos años hemos vivido circunstancias en las que se daba el verano más caluroso de los últimos cuarenta años, pero también el invierno con las mayores nevadas de los últimos treinta años y, simultáneamente, una presencia de fenómenos pluviosos de una intensidad que también destacaba en los últimos cuarenta años.

Esa es la expresión y la base real y científica del fenómeno del cambio climático, y ahí está el reciente manifiesto firmado por los premios Nobel —y creo que con mucha razón— en la isla del lago Constanza. Sostienen que, aunque las consecuencias del cambio climático solo fueran previsibles en un 30 %, sería ya un riesgo demasiado elevado para que nuestra sociedad lo asumiera y no hiciera lo adecuado para evitar ese riesgo. Cabe hablar también de los fenómenos meteorológicos extremos que en los últimos años estamos viviendo de forma reiterada en la península Ibérica.

Es cierto que el objetivo fijado, como apuntaba el portavoz del Grupo Popular, es que en lo que queda de siglo no se produzca ese aumento de 2.ºC que aparece como el riesgo más probable. Hay quien eleva las posibilidades del incremento de la temperatura hasta más de 4.ºC. Pero aunque aceptáramos el parámetro que cuenta con más consenso científico, igualmente, como sostenían los premios Nobel, resulta absolutamente inasumible el riesgo que de ellos se deriva.

Sostenía la portavoz del Grupo Popular como una de las aportaciones del Gobierno al combate del cambio climático la adquisición de derechos de emisión. En ningún caso. No es una intervención adecuada en la lucha contra el cambio climático compensar económicamente la reducción en las emisiones. Hay que intentar evitar esas emisiones. Esa debe ser la prioridad de la acción del Gobierno y para ello, sin ninguna duda, es imprescindible un cambio de modelo energético, y aprovecho para hacer referencia a la moción que antes hemos debatido en torno al autoconsumo eléctrico.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, si me lo permite, intervendré desde el escaño, aunque la verdad es que mi posición es difícil porque tengo a la senadora detrás y no sé cómo ponerme. Hablaré al tendido.

A veces, también hay que explicar por qué no se presentan enmiendas. En este caso, nosotros no hemos presentado enmiendas por una razón muy sencilla. Como ha dicho el senador Fidalgo —y estoy absolutamente de acuerdo—, este tema es capital y hay que discutirlo punto por punto y de manera muy detallada. Desde luego, no se puede abordar un asunto tan importante como la lucha contra el cambio climático mediante enmiendas; creemos que esa no es la vía. Pero, sobre todo, no hemos presentado enmiendas por la naturaleza de la moción. Podemos entender que la oposición pida al Gobierno que cumpla con las obligaciones internacionales que ha adquirido; podemos entender que la oposición pida al Gobierno que siga trabajando en aquellos compromisos derivados del cumplimiento de los tratados internacionales, porque no lo está haciendo. Pero nos cuesta más creer que el grupo que sustenta al Gobierno le pida que siga haciendo algo que tiene hacer; solamente lo podemos entender desde dos puntos de vista. Primero, porque quieran dar un empujón a su autoestima justo cuando está a punto de acabar la legislatura o porque con ello busquen una plataforma para hacer propaganda. Y ni en una cosa ni en la otra vamos a entrar. Por eso no hemos presentado enmiendas y nos vamos a abstener en la votación de esta moción que creemos que no aporta nada, ni nuevo ni no nuevo, en la lucha contra el cambio climático.

Sí hay una cosa para la que nos va a servir, y está bien. Nos va a servir para que, cuando veamos en el Diario de Sesiones el listín telefónico, como ha dicho la senadora Capella, que nos ha presentado la senadora Pons y el resto de las enmiendas, podamos hacernos una idea clarísima de cuál ha sido la situación respecto a la lucha contra el cambio climático durante esta última legislatura.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Bé, senadora Pons, lamento la no capacitat de negociació i d’acceptació d’esmenes. El tema, com s’ha dit, no només és extraordinàriament complex i extraordinàriament important, sinó que, a més a més, sense cap mena de dubte, requereix de tots els consensos possibles, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional. Per tant, hauria estat una bona mostra d’estar en aquesta posició, per part del partit que dóna suport al Govern, del Grup Parlamentari Popular, i del propi Govern d’Espanya, precisament, acceptar entrar en la via de la negociació d’esmenes, tot i que té raó el senador Cazalis, que el tema és tan ampli i tan complex que és molt difícil —ja ho he dit també en la meva intervenció— presentar esmenes en la mesura que caldria plantejar tot un programa, precisament, de lluita contra el canvi climàtic.

Més enllà de lamentar la no acceptació de les esmenes, tampoc no entenc, de la seva intervenció, si em permet que li digui, quan deia que això no correspon a aquest ministeri. Jo entenc que la moció no és d’un ministeri. La moció es planteja des de l’àmbit parlamentari del Grup Popular i, evidentment, insta el Govern, en la seva totalitat i, per tant, insta a tots aquells ministeris, a tota aquella part de l’administració del Govern que té a veure amb el canvi climàtic, el Ministeri d’Agricultura i de Medi Ambient i també, evidentment, el Ministeri d’Indústria, Energia, etc. Però, en definitiva, afecta a tot, fins i tot, si m’ho permet, al d’educació, en la mesura que la conscienciació a l’escola, la pedagogia també sobre les actituds de respecte mediambiental per evitar el canvi climàtic, també són necessàries. Per tant, és una política transversal, que afecta el conjunt del Govern i és així com s’ha d’entendre.

Ho deia el senador Iglesias en la seva primera intervenció. I també una mica en la segona. Hem passat de l’etapa negacionista, tots recordem aquella frase del president Mariano Rajoy, precisament negant l’evidència del canvi climàtic i avui sembla que simplement estan a l’etapa del cofoisme, ja està bé, està bé tot allò que anem fent. És clar, anem amb una lentitud i amb un retard, sobre allò que exigeix la realitat i el context internacional, tremenda. Fins i tot països que fins ara eren reticents a acceptar el fenomen del canvi climàtic i les seves conseqüències, com són dues extremadament grans potències industrials, com els Estats Units d’Amèrica o al Xina, avui han estat i han mostrat actituds receptives a abordar polítiques, precisament favorables a reduir les emissions que afavoreixen el canvi climàtic, i això permet albirar, de cara a la Cimera de Paris, d’alguna manera, unes expectatives positives de canvi real que permeti assolir allò que ja s’havia plantejat a la Cimera de Kioto fa molts anys.

Per tant, és en aquest context, quan és necessari que Espanya, que el Govern d’Espanya, precisament, adopti actituds com corresponen no només a un país avançat i sensible al tema sinó a un país que, per la nostra posició, per la nostra latitud, per la nostra ubicació geogràfica, som un país dels que més podem patir les conseqüències del canvi climàtic. Precisament, som un país vulnerable i per això seria necessari, és necessari, que el nostre Govern actuï en el marc internacional i de cara als futurs compromisos, com és la Cimera de Paris, amb una actitud, gairebé diria jo de lideratge. És necessari, no només canviar les polítiques per demostrar que som un país capdavanter en la reducció de les emissions que afavoreixen el canvi climàtic en l’avanç de la producció d’energies renovables i en l’eficàcia d’eficiència energètica, sinó que, a més a més, hem d’adoptar una actitud de lideratge per arrossegar a la resta de països en el context internacional a actuar d’una manera decidida. Perquè fins ara, i com tots sabem, el que s’ha fet és anar agreujant les condicions, agreujant-se la situació i augmentant la rapidesa del canvi climàtic.

Abans, fora de l’hemicicle, comentàvem amb to de broma, que l’onada de calor d’aquests dies és un marc que ens hauria de sensibilitzar. Ja sé que les onades de calor poden ser degudes a efectes conjunturals, que el tema és complex, perquè hi ha canvis climàtics que formen part de la pròpia naturalesa i que no tenen a veure amb el que estem anomenant el canvi climàtic. Els que ens dediquem a l’ofici de la història sabem perfectament com són aquestes oscil.lacions, els canvis de cicle llarg i cicle curt i podem entendre això. Però em permetran una mica aquesta ironia perquè realment puguem estar amb la màxima sensibilitat sobre una qüestió com aquesta.

És per tant necessari que canviem l’actitud i la política. L’actitud, en aquesta moció, de dir al Govern que continuï fent allò que ja està fent, evidentment, anem en direcció contrària. Com ja s’ha dit en diferents moments al llarg d’aquest plenari al Senat, esperem que un canvi de Govern, aviat, permeti fer allò que avui no és possible, que és un canvi d’actituds, un canvi que ens permeti realment avançar i que, evidentment, no arribarem a temps a la Cimera de Paris però, en qualsevol cas, sí que arribarem a temps de poder canviar les polítiques i poder treballar amb els nostres aliats i en el context internacional per aconseguir un canvi que acabi salvant el nostre país, que acabi salvant les nostres costes, que acabi salvant el nostre territori i que, evidentment, contribueixi a que aquest món sigui habitable. Perquè estem produint una degeneració ambiental, en el món en què vivim, que no se la mereixen les generacions que ens han de succeir.

Per això fora bo —encara que avui ja no serà possible— que, en un altre moment, i encara aprofitant el que queda de legislatura, fora possible arribar a un acord ampli, de consens, en aquesta Cambra, i que, precisament, s’insti a un canvi de polítiques que, amb un acord pres al final d’aquesta legislatura, pogués servir ja de referència per a la propera legislatura amb el nou Govern que vingui i amb les majories parlamentàries que es puguin configurar en el futur. Perquè, com he dit al principi —i acabo— no només és necessari actuar, sinó que cal fer-ho amb el màxim consens, en tots els àmbits, en el nacional i en l’internacional. I cal un canvi de polítiques i, sobretot, un canvi d’actituds que no veiem ni en el Grup Parlamentari Popular ni en el Govern.

Ho lamentem i anuncio que el nostre grup votarà en contra de la iniciativa que se’ns planteja. No perquè estiguem a favor que hi hagi canvi climàtic, sinó perquè pensem que el que se’ns proposa avui no serveix absolutament per a res, amb tot el respecte, ja ho he dit en la meva anterior intervenció, el qualificatiu més benèvol que se m’acut, simplement podem qualificar aquesta proposta d’inútil. I, per tant, les propostes inútils no es mereixen un vot favorable.

Gràcies, senyores i senyors senadors, gràcies senyor president.

Gracias, señor presidente.

Senadora Pons, lamento la incapacidad para negociar y aceptar enmiendas. El tema, tal y como se ha dicho, es extraordinariamente complejo e importante y requiere además de todos los consensos posibles, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por tanto, hubiera sido una buena posición por parte del partido que apoya al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, y del propio Gobierno de España aceptar y negociar las enmiendas. No obstante, el senador Cazalis tiene razón, pues este es un tema tan vasto y complejo que es muy difícil —y lo he dicho en mi anterior intervención— presentar enmiendas, ya que tendríamos que plantear todo un programa de lucha contra el cambio climático.

Más allá de lamentar la no aceptación de las enmiendas, no entiendo que en su intervención diga que esto no corresponde al ministerio. Considero que la moción no es de un ministerio, sino que la moción se plantea en el ámbito parlamentario por parte del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno en su totalidad y, por tanto, a todos aquellos ministerios —parte de la Administración del Gobierno— que tienen que ver con el cambio climático, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y Energía; en realidad afecta a todos, también al Ministerio de Educación, si me lo permite, en la medida en que la concienciación en la escuela, la pedagogía sobre las actitudes de respeto medioambiental para evitar el cambio climático también son necesarias. Por lo tanto, se trata de una política transversal que afecta al conjunto del Gobierno y es así como se tiene que entender.

Como decía el senador Iglesias en su primera y segunda intervención, hemos pasado de la etapa negacionista. Todos recordamos —y no voy a insistir en ello— aquella frase del presidente Rajoy negando la evidencia del cambio climático. Pero hoy más bien estamos en la etapa de la alegría, parece que está muy bien todo lo que estamos haciendo cuando, sin embargo, vamos con una lentitud y un retraso tremendo respecto a lo que nos exigen la realidad y el contexto internacional. Incluso países reticentes a aceptar el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias, como es el caso de dos potencias industriales, Estados Unidos y China, han mostrado ya actitudes receptivas a abordar políticas favorables para reducir las emisiones que favorecen el cambio climático. Esto permite, de cara a la cumbre de París, vislumbrar unas perspectivas positivas de cambio real que permitan alcanzar lo planteado en la cumbre de Kioto hace muchos años.

En este contexto es necesario que España y el Gobierno de España adopten las actitudes que corresponden a un país avanzado y sensible en esta materia y a un país que, por su latitud y posición geográfica, es uno de los que más puede sufrir las consecuencias del cambio climático. Somos un país vulnerable y por ello es necesario que nuestro Gobierno actúe en el marco internacional y de cara a los futuros compromisos, como la cumbre de París, con una actitud de liderazgo; no solamente se trata de cambiar las políticas para demostrar que somos un país puntero en la reducción de las emisiones para favorecer el cambio climático y de avanzar en eficiencia energética y energías renovables, sino que también hay que adoptar una actitud de liderazgo en el contexto internacional para arrastrar al resto de países a actuar de forma decidida, pues hasta ahora, como todos sabemos, lo que se ha hecho ha sido agravar la grave situación y la celeridad del cambio climático.

Antes, fuera del hemiciclo, hemos comentado la ola de calor de estos días, y creo que este suceso nos tendría que sensibilizar. Sé que las olas de calor pueden ser efectos coyunturales, que el tema es muy complejo y que ciertos cambios climáticos forman parte de la propia naturaleza y nada tienen que ver con lo que llamamos el cambio climático. Los que nos dedicamos a la historia sabemos de estas oscilaciones y cambios, lo del ciclo largo y el ciclo corto. He hecho esta ironía para poner de relieve que conviene tener la máxima sensibilización en una cuestión como esta.

Por lo tanto, es necesario cambiar la actitud y la política. Y, desde luego, si la actitud es decir al Gobierno que siga haciendo lo que ya está haciendo, vamos en la dirección contraria. Como se ha dicho en otras ocasiones en el Senado, esperamos que un cercano cambio de Gobierno nos permita hacer lo que hoy no es posible, un cambio de actitudes, un cambio que realmente nos permita avanzar. Aunque no lleguemos a tiempo a la cumbre de París, sí estamos a tiempo de poder cambiar las políticas y de trabajar con nuestros aliados en el contexto internacional para conseguir un cambio que salve nuestro país y nuestras costas, que acabe salvando nuestro territorio y contribuya a lo que ahora parece inevitable: estamos produciendo una degeneración ambiental en el mundo en el que vivimos, y no se la merecen las generaciones que nos tienen que suceder.

Por ello, sería muy bueno —aunque hoy ya no va a ser posible— que en otro momento, aprovechando lo que queda de legislatura, se pudiera alcanzar un acuerdo amplio de consenso en esta Cámara precisamente instando a un cambio de políticas, y que el acuerdo adoptado al final de esta legislatura pudiese servir de referencia para la próxima, para el nuevo Gobierno que venga y las mayorías parlamentarias que se configuren en el futuro. Porque, como decía al principio de mi intervención —y termino—, no solo es necesario actuar, sino que hay que hacerlo desde el máximo consenso en todos los ámbitos, en el nacional y en el internacional. Es necesario un cambio de políticas y de actitudes, algo que no vemos ni en el Partido Popular ni en el Gobierno.

Por consiguiente, nuestro grupo va a votar en contra de la iniciativa que se plantea, no porque no estemos a favor de la lucha contra el cambio climático, sino porque vemos que lo que se plantea hoy no sirve para nada. Como he señalado en mi anterior intervención, el calificativo más benévolo que se me ocurre es que esta propuesta es inútil, y las propuestas inútiles no se merecen un voto favorable.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies president.

Tothom hi està d’acord. El repte en temes de la lluita contra el canvi climàtic és un repte estatal i de tota la comunitat internacional, i és un repte inexcusable i és urgent. I és urgent seguir reflexionant-hi, però també seguint actuant-hi d’una manera més efectiva, que ens doni millors fruits.

Senadora Pons, permeti’m que li insisteixi en el tema de les competències i la distribució territorial d’aquells recursos que arriben al nostre Estat fruit d’aquests acords internacionals. Jo li reconec que l’Estat gaudeix de la competència exclusiva sobre les relacions internacionals, com diu l’article 149.3 de la Constitució, però això no el converteix automàticament qualsevol matèria o funció sobre la qual pugui recaure un conveni internacional en una matèria i funció reservada a l’Estat. És a dir, els convenis internacionals toquen molts temes, però això no els converteixen en matèria de competència estatal quan hi ha un règim intern de distribució de competències que cal ser respectat, i així ho reconeix tota la jurisprudència en aquest sentit. Sense anar més lluny, el Tribunal Constitucional al llarg de la seva història ha insistit en la necessitat d’evitar que aquesta connexió comunitària pugui enterbolir l’aplicació de les normes internes de repartiment de competències i que integren aquest bloc de constitucionalitat. Per tant, li insisteixo en la no extensió del seu àmbit competencial a totes les activitats relacionades amb el seu desenvolupament, execució i repartiment de recursos. Per tant, reconegui, d’una vegada, aquesta distribució. I permeti’m que li digui que hi ha organismes que estan constituïts, que no són efectius perquè no es reuneixen i sinó pregunti al altres membres de les comunitats autònomes com són d’eficaços aquests organismes. I no em digui si vostès han presentat o deixat de presentar des de Catalunya, jo no parlava només de Catalunya, parlo del conjunt de les administracions públiques que estem treballant perquè puguem avançar efectivament en la lluita contra el canvi climàtic.

Si bé li insistia en la no extensió de l’àmbit competencial fruit d’aquests convenis internacionals, també li reconec la competència estatal pel que fa a un seguit de legislacions que ens afecten a tots i que sí que són de competència estatal. Però jo li ho vull anomenar, perquè reflexioni sobre aquestes matèries a veure si es fa prou per lluitar i aplicar mesures efectives per la lluita contra el canvi climàtic. Li recordo, en el tema de la legislació mercantil fem prou? En el tema de comerç exterior, fem prou? Fomentant tant l’exportació com la importació de matèries que potser hauríem de prevaler més aquelles que són dels mercats més propers? Fem prou quan planifiquem l’activitat econòmica, aquesta planificació general que és competència estatal de l’activitat econòmica? És fa prou per lluitar contra el canvi climàtic? Tot el tema del foment de la investigació científica i tècnica, es fa prou en aquest canvi? No, jo veig que els pressupostos cada dia van minvant i que no s’enfoquen cap el lloc que toca, amb temes de pesca marítima en allò que no toca a les competències autonòmiques tampoc se’n fa prou. En aquesta cambra vam tenir una ponència on s’instava l’Estat a tirar endavant tot un seguit de mesures per l’aplicació de combustibles més respectuosos, tant pel transport internacional, com també per aplicar-lo en els àmbits de les activitats marítimo-pesqueres. També en temes de transport tenen competències, transport aeri sobretot, al servei de ferrocarrils, transports terrestres, de la circulació motoritzada. Tot això són matèries que són reservades a l’Estat i que, efectivament, són legislació bàsica que li correspon a l’Estat, però que l’Estat ha de compartir amb la resta d’administracions actuants. Per tant, fem prou quan legislem des de l’Estat els aprofitaments hidràulics quan aquests passen per diverses comunitats autònomes? Veiem la contestació social en temes de l’aigua, especialment a la conca de l’Ebre. Fem prou amb la legislació bàsica sobre protecció de medi ambient? Sempre diem bàsica de medi ambient, perquè les comunitats tenen la capacitat i les facultats per augmentar o establir altres mesures absolutament adaptades a aquella realitat concreta, per actuar contra l’acció dels efectes difusos, dels sectors difusos que fan que l’aire de les nostres ciutats sigui menys saludable. Evidentment, no és el mateix una realitat més rural que una altra més urbana. I també quan l’Estat planifica les obres públiques o el règim miner o —i tornem a insistir en el tema energètic—, es fa prou per lluitar contra el canvi climàtic? Jo penso que no.

Vostè ha anomenat una sèrie de coses, però per mi són uns objectius que estan bé per un primer curs, però en tot cas no per l’alçada de la legislatura en la qual ens trobem. Per tot això, passant a reconèixer aquesta multiplicitat de les funcions públiques implicades i la diversitat d’actuacions d’administracions actuants en la matèria, el meu grup entén i jo entenc que de la seva intervenció en no acceptar la meva esmena no està disposada a canviar el rumb. És a dir, vostès segueixen enquistats en què ja fem prou, per mi no és prou i, per tant, jo proposaré que el meu grup, metre vostès no canvien d’



actitud i vulguin assolir els compromisos assolits mitjançant mecanismes efectius de col·laboració entre administracions i de cooperació interadministrativa, que és el que ens preocupa, fomentant una organització adequada d’aquest Estat, que en aquests moments està qüestionat des de tots els àmbits, el meu grup en aquesta matèria, en aquesta moció, votarà en contra de la seva moció.

Moltes gràcies i res més. Bon dia.

Gracias, presidente.

Pues bien, parece ser que todos estamos de acuerdo. La lucha contra el cambio climático es un reto estatal y de toda la comunidad internacional, es un reto inexcusable y urgente. Es urgente seguir reflexionando, pero hay que actuar de una forma más eficaz para obtener mayores frutos.

Senadora Pons, permítame que insista en el tema de las competencias y en la distribución territorial de los recursos que llegan a nuestro Estado fruto de los acuerdos internacionales. Reconozco que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales, como dice el artículo 149.3. de la Constitución, pero esto no convierte automáticamente cualquier materia sobre la cual pueda recaer un convenio internacional en una función reservada al Estado. Estos convenios internacionales tocan muchos temas, pero no los convierten en materia de competencia estatal porque hay un régimen interno de distribución de competencias que tiene que ser respetado, y así lo reconoce toda la jurisprudencia en este sentido. Sin ir más lejos, el Constitucional a lo largo de su historia ha insistido en evitar que esta conexión comunitaria pueda obstaculizar el reparto de competencias existente. Por ello insisto en la no extensión de su ámbito competencial en todas las actividades relacionadas con su desarrollo, ejecución y distribución de recursos. Reconozcan de una vez por todas esta distribución. Por más que me diga que hay organismos constituidos, lo cierto es que estos no son efectivos porque no se reúnen. Pregunte a otros miembros de otras comunidades autónomas, que le digan a ver cómo son de eficaces estos organismos. Y no arguya que ustedes lo han presentado, o no, desde Cataluña. Yo no hablo solo de Cataluña, sino que me refiero al conjunto de las administraciones públicas que trabajamos para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Si bien insisto en la no extensión de su ámbito competencial fruto de los convenios internacionales, también le reconozco la competencia estatal en cuanto a la legislación que nos afecta a todos, que sí es de competencia estatal. Quiero mencionar algunas materias para que reflexione sobre ellas y vea si se hace suficiente en la lucha y aplicación de medidas efectivas contra el cambio climático. ¿En el tema de la legislación mercantil hacemos suficiente? ¿En el comercio exterior hacemos suficiente? ¿Es suficiente fomentar tanta exportación e importación de materias cuando tal vez tendrían que primar más aquellas que son de mercados más cercanos? ¿Hacemos suficiente cuando planificamos la actividad económica general, que es competencia estatal?, ¿se hace suficiente para luchar contra el cambio climático? ¿En el tema del fomento de la investigación científica y técnica se hace suficiente? Veo que los presupuestos se van reduciendo cada día más y que no se enfocan hacia este ámbito. En pesca marítima sucede lo mismo. Y en cuanto a lo que no son competencias autonómicas, tampoco se hace suficiente. En esta Cámara celebramos una ponencia en la que se instaba al Estado a impulsar una serie de medidas para la aplicación de combustibles más respetuosos tanto en el transporte internacional como en los ámbitos de las actividades marítimo-pesqueras. También tienen competencia en los transportes, y podemos hablar del transporte aéreo, de los ferrocarriles, de los transportes terrestres y de la circulación motorizada. Todas estas materias se las reserva el Estado y, efectivamente, a él le corresponde la legislación básica, pero las tiene que compartir con el resto de administraciones y actuantes. ¿Hacemos suficiente cuando legislamos desde el Estado los aprovechamientos hidráulicos cuando estos pasan por distintas comunidades autónomas? Vemos la contestación social en temas de agua, especialmente en la cuenca del Ebro. ¿Hacemos suficiente en la legislación básica sobre protección del medioambiente? Aquí siempre decimos básica de medioambiente porque las comunidades tienen la capacidad y la facultad de establecer otras medidas más adaptadas a su realidad concreta, por ejemplo, para actuar contra la acción de los sectores difusos que hacen que el aire de nuestras ciudades sea más renovable. No es lo mismo una realidad rural que una realidad más urbana. Y cuando el Estado planifica las obras públicas o el régimen minero —y vuelvo a insistir en el tema energético—, ¿se hace suficiente para luchar contra el cambio climático? Pienso que no.

Usted ha nombrado una serie de objetivos que están bien para un primer curso, pero no a estas alturas de la legislatura. Por todo ello, reconociendo la multiplicidad de las funciones públicas implicadas y la diversidad de actuaciones de las administraciones competentes en la materia, y dado que en su intervención ha señalado que no van a aceptar la enmienda, mi grupo y yo entendemos que no están dispuestos a cambiar el rumbo. Es decir, ustedes son tercos y mantienen que ya hacen suficiente, pero yo pienso que no. Mientras ustedes no cambien de actitud y estén dispuestos a alcanzar los compromisos adquiridos, mediante mecanismos efectivos de colaboración con las administraciones y de cooperación interadministrativa, que es lo que nos preocupa, fomentando una legislación adecuada en el Estado, tan cuestionado en este momento desde todos los ámbitos, mi grupo votará en contra de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor presidente.

Hace solo unos días se reunió un montón de gente en el lago Constanza, entre ellos treinta y seis científicos premio Nobel, e hicieron una declaración instando al mundo a que tomara con urgencia medidas ya que los contenidos de los informes científicos sobre los efectos del cambio climático eran alarmantes. Señorías, no solo los científicos, hace unas semanas el papa Francisco, en su primera encíclica Laudato sii —alabado seas—, también llamó la atención al mundo sobre los riesgos que corre nuestro planeta.

No podemos acordar al final de la legislatura, por dignidad de esta Cámara, un texto en el que se le insta al Gobierno a que siga haciendo lo mismo. Por ello, hemos presentado un conjunto de medidas para que se visualicen aspectos que deben ser tenidos en cuenta; no son partidistas, sino que salen de las reflexiones y de los estudios del mundo científico. No estamos hablando de una moción cualquiera, estamos hablando de una política capital en la acción del Gobierno. No es una moción sectorial ni local. Por lo tanto, señora Pons, permítame que le diga que no entiendo cómo se puede justificar que el Gobierno no comparezca para explicar estas cuestiones. El Gobierno tiene que comparecer para dar explicaciones sobre cualquier cosa, pero sobre todo para algo tan importante. Antes del 1 de octubre ha de presentar y formalizar los compromisos que España ha adquirido, como todos los países de Naciones Unidas, en total 196, en la Cumbre de Lima —y el presidente de ese país nos ha visitado hoy—, y lo mínimo es que la Cámara los conozca. También debemos tener conocimiento de los compromisos que vamos a adquirir como país en las cumbres internacionales y saber si son suficientes para alcanzar el objetivo de la temperatura media del planeta. En este sentido, los países que hemos adquirido tales compromisos debemos proporcionar recursos y mecanismos para medir si el objetivo de que la temperatura del planeta no suba de los 2.ºC es suficiente para salvar el planeta. Como me parece una cuestión importante, entiendo que esta Cámara debe tener conocimiento. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Dice usted que España cumplió en el periodo 2008-2012, periodo que se corresponde con el de Gobierno socialista. De todas formas, no podemos confundir bajada de emisiones por bajada de actividad económica debido a la crisis con bajada de emisiones por medidas de otro tipo. No creo que haya querido decirme que en los pocos meses de 2012 de Gobierno del PP funcionó la magia Cañete, porque no se entendería; la bajada de emisiones y otras políticas importantes tienen su efecto a lo largo del tiempo. El Gobierno socialista en el año 2005 hizo la evaluación preliminar; en el año 2006, el Plan nacional de adaptación; en el año 2007, la Estrategia de lucha contra el cambio climático; en el año 2006, el I Programa contra el cambio climático y en el año 2009, el II Programa. Ya me dirá usted si el Gobierno socialista estuvo parado en esta materia.

Por su parte, el Gobierno del PP ha conseguido el siguiente resultado. La Unión Europea dice que para 2030 tenemos que reducir emisiones en menos del 40 %, si bien nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo proponía más, el 50 %, para llegar al 60 % en reducción de emisiones en el año 2040 y a una reducción del 80 % de las emisiones que producimos en época preindustrial en el año 2050. Y no se lo dice el Grupo Socialista, es lo que recoge un estudio independiente de la consultora Pricewaterhouse, que señala que en España las emisiones de gases de efecto invernadero van a subir; o sea, no solo no van a bajar el 40 %, sino que van a subir alrededor del 72 % de aquí al año 2033. Este estudio puede verlo en internet, o si quiere se lo puedo proporcionar porque lo tengo en mi escaño.

En producción de renovables, que es una materia fundamental para reducir emisiones, la Unión Europea nos dice que tenemos que llegar al 27 % en el año 2030 y en 2020, al 20 %. El Grupo Socialista proponía objetivos más ambiciosos, pero finalmente la Unión Europea ha acordado objetivos bastante alcanzables. El Consejo Europeo le ha dicho a España hace muy poco que debe corregir las políticas para aumentar la producción de renovables, ya que a este ritmo en el año 2020 no va a alcanzar el objetivo del 20 % y, desde luego, en el año 2030 no va a llegar al 27 % de energías renovables.

Los grupos parlamentarios hemos visto cómo el Gobierno en estos años ha favorecido los combustibles fósiles, las prospecciones petrolíferas, el fracking y demás cuestiones que lo que hacen es producir más emisiones. Por lo tanto, España va por el camino contrario. Basta ver la evolución presupuestaria: las políticas ambientales se reducen a la mitad; la política de residuos, que favorece más recursos en lugar de reutilizarlos o reducirlos; se modifica legislación básica como la evaluación ambiental y la responsabilidad ambiental, dejando actuar a las empresas de forma voluntarista: el que quiera hacerlo, que lo haga; no se preservan ni garantizan recursos fundamentales como el agua, la calidad del aire, etcétera. De hecho, hace poco vimos cómo se descuida un espacio delicado como es nuestra riqueza forestal, cuya función de sumidero de CO2 es fundamental. Lo mismo hemos visto con los problemas de sequía o con los riesgos contrarios, las inundaciones; lo hemos visto de una forma clara, rotunda y gráfica con la modificación de la Ley de costas. Cuando todo el mundo sabe que vienen más temporales, que cada vez son más frecuentes y con consecuencias más graves, que hay ciclogénesis, que los paseos de las ciudades, los puertos deportivos y las zonas hosteleras de costa están en serio riesgo, hacemos una legislación que favorece la ocupación de más costa. El Gobierno debe tomarse muy en serio cuestiones tan importantes como el turismo de playa, que ya he citado, pero también podía haber hablado del turismo de nieve, cuyos efectos en el cambio climático son evidentes para nuestra economía. Estos días estamos viviendo episodios de olas de calor terribles. También vemos cómo se reproducen, y cada vez son más graves, catástrofes como los incendios o la sequía, cuando hace poco sucedía lo contrario, inundaciones y temporales gravísimos.

Por lo tanto, la primera medida y la más importante es que el Gobierno rectifique estas políticas. Debe hacer un plan muy serio de choque de lucha contra todo lo que afecta y perjudica al cambio climático, y creo que hay que ser serios en esta cuestión. El cambio climático no lo van a combatir poniendo aire acondicionado, sino evitando precisamente esos efectos.

No nos hagan caso a nosotros, aunque me parece grave su actitud que les lleva a no incorporar ninguna de las 17 propuestas planteadas en nuestra enmienda. Tampoco hagan caso al mundo científico. Pero, por favor, al menos hagan caso al papa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora señora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar responder a algunas de las cuestiones planteadas.

El senador Iglesias decía que esta era una moción retórica. Bien, no sé si ustedes no me han escuchado o no me han querido escuchar; dicen que tengo el discurso aprendido, pero me parece que ustedes también lo tienen. Yo he dado datos, he hablado de objetivos y he dicho cómo se iban cumpliendo.

Quiero recordar que casi todos los grupos —en este punto me voy a detener especialmente— han mencionado la Ley de Costas y la han querido poner como ejemplo de que nosotros no tomábamos medidas. Pero, al contrario de lo que ustedes han dicho, la modificación de la Ley de costas que ha llevado a cabo el Partido Popular no permite urbanizar en ningún caso y es la primera que tiene en cuenta el cambio climático y toma medidas en ese sentido.

Parece ser que al señor Fidalgo no le gusta la Ley de costas del Partido Popular; no sé si lo que pretende es volver al modelo anterior, del Partido Socialista, a una ley en la que no se recogía ni una sola medida en contra del cambio climático. Repito que nosotros sí somos sensibles a esta cuestión —lo he intentado explicar antes, pero aquí cada uno escucha lo que le interesa— y, evidentemente, la Ley de costas en ningún caso permite ningún tipo de urbanización ni nada que atente contra el cambio climático, sino todo lo contrario. Tomamos medidas y, de hecho, en los presupuestos también se incluyen partidas en este aspecto, así que en eso no estamos de acuerdo.

El senador de Convergència dice que nosotros no aceptamos su enmienda. Era un tema competencial y territorial muy claro, y ya le he manifestado que no estamos de acuerdo.

Pedimos al Gobierno que siga haciendo lo mismo porque estamos de acuerdo con lo que está haciendo, porque apoyamos lo que está haciendo y porque pensamos que da buenos resultados. Ya les he explicado que estamos cumpliendo Kioto y seguimos en ese camino.

Con respecto a la Entesa, lamento mucho, senador, que considere que la moción es inútil. Yo pienso que no lo es; son distintas posiciones. Me parece que no está mal reiterar y explicar a estas alturas de la legislatura lo que se ha hecho y lo que se quiere seguir haciendo. Nosotros presentamos una moción en ese sentido y ustedes presentan una propuesta en otro. De todas maneras, agradezco su enmienda, al igual que las enmiendas de todos los demás, y he intentado, en la medida de mis posibilidades, explicar por qué no se aceptaban. Esta no es una moción de política general, sino sectorial, que hace referencia a la cumbre de Lima y a lo que pensamos plantear en la cumbre de París, enmarcada, evidentemente, en una política medioambiental general. Le repito que ya cumplimos el objetivo del 20 % dedicado a energías renovables. ¿Sería deseable ir a más? Sí, pero no nos acusen de no cumplir en este caso.

El señor Fidalgo también ha hecho una especie de juego de palabras al decir que tras nombrar al nuevo secretario de Estado lo primero que hemos hecho es presentar una moción. Pues bien, eso es prácticamente imposible por un tema de fechas. Le puedo admitir cualquier otro argumento, pero me parece que no viene al caso decir que, porque haya cambiado el secretario de Estado, al cabo de dos días presentamos una moción. No es muy relevante.

En cuanto a la señora de Esquerra Republicana, lo siento mucho, pero no le voy a admitir que nos hable de miserias. Nosotros presentamos aquí las mociones que creemos conveniente, y usted las apoya o no. Y usted presenta las mociones que cree conveniente, y nosotros las apoyamos o no, pero siempre desde la educación, y no acepto que me hable de las miserias del Partido Popular. Usted habla de que estamos a favor de las prospecciones, etcétera, y creo que esos temas ya se han planteado. Le quiero recordar que el protocolo de Kioto lo firmó un Gobierno del Partido Popular y la Oficina de Cambio Climático la creó un Gobierno del Partido Popular. Si usted no está de acuerdo con nuestras políticas, podrá entender que yo tampoco esté de acuerdo con las suyas y que el Grupo Popular no las apoye; pero no por eso utilice ese lenguaje, hablando de miserias.

En cuanto a la Ley de costas, le digo lo mismo: a usted no le gusta la Ley de costas y a mí no me gustaba la Ley de costas del Partido Socialista porque no tenía en cuenta el cambio climático. Nosotros sí lo tenemos en cuenta.

Y digo lo siguiente con carácter general, porque parece que el medioambiente tiene que ser patrimonio de la izquierda, y especialmente de Esquerra Republicana. El cuidado del medioambiente no es patrimonio de la izquierda. Nosotros también estamos, aunque alguien piense que tarde, por la defensa del medioambiente y por la lucha contra el cambio climático, y en mi caso —vengo de Baleares— le puedo decir que las políticas medioambientales y las leyes de protección del territorio se iniciaron con gobiernos del Partido Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El senador del Grupo Vasco no ha presentado enmiendas y nos acusa de que tenemos mala conciencia. Pues le aseguro que no la tenemos, simplemente queremos poner de manifiesto a estas alturas de la legislatura lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y cómo respaldamos las actividades de nuestro Gobierno.

Y me alegra que al señor Fidalgo le guste mucho la encíclica y lo que dice el papa —creía que ustedes eran más bien laicos—. (Rumores). No tengo ningún inconveniente en que le guste la propuesta de preservación del medioambiente que hace el papa; nosotros también la apoyamos.

Para finalizar, simplemente quiero reiterar que este Gobierno ha conseguido cumplir con Kioto —ya sé que no les gusta, e incluso lo ponen en duda—. El Partido Socialista, de 2007 a 2011, dedicó 770 millones de euros a la adquisición de créditos de carbono, una parte a través de fondos de carbono gestionados por instituciones financieras internacionales y otra a través de contratos bilaterales de compra de unidades de cantidad asignada. Es decir, con el dinero de los impuestos de todos, ustedes pagaban fuera para seguir contaminando aquí. Y este Gobierno, que sí cumple con Kioto, ha preferido destinar el dinero que ha podido —reconozco que es poco dadas las restricciones presupuestarias y las circunstancias desfavorables en que nos encontramos— a ayudar a empresas de aquí a que no contaminen y a que además creen puestos de trabajo.

Esta es, a mi juicio y a juicio del Partido Popular, la gran diferencia entre sus políticas de cambio climático, las del Partido Socialista, y las del Partido Popular. Por eso nosotros apoyamos las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno y le pedimos que continúe en esta línea, cumpliendo los compromisos internacionales y ayudando a que la lucha contra el cambio climático sea efectiva, para conseguir incluso que países que no están por esa labor se adhieran a ello.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, les comunico que no vamos a parar el Pleno y que las votaciones de las dos mociones siguientes las realizaremos junto con la votación del veto que tiene el primer proyecto de ley, siempre a partir de las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Votamos la primera moción, del Grupo Parlamentario Popular, tal como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 146; en contra, 75; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ASÍ COMO A AMPLIAR SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL. 662/000204 GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado tres enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Iglesias Fernández, otra, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d?Unió, y otra más, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador señor Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular trae esta moción para su aprobación, y pensamos que debería contar con la aceptación unánime de la Cámara. Como se suele decir, es una moción plana, declarativa, en la que queremos valorar el trabajo que desde hace más de cuarenta años viene haciendo la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pensamos que es la historia del éxito de un instrumento que ha servido fundamentalmente para el acceso a la formación superior de miles y miles de españoles, muchos de ellos de los lugares más recónditos, de más difícil acceso, y muchos de ellos también en situación de desigualdad o empobrecimiento. Y este instrumento de educación a distancia ha permitido que en este momento más de 260 000 matrículas avalen esa actividad: la continua expedición de los distintos grados, másteres, el acceso a la UNED abierta, e incluso la formación de personas mayores. Eso se debe también a muchos instrumentos relacionados con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que en muchos casos parecen el paradigma de un nuevo modelo y que en el mundo de la educación y de la formación sin duda lo son.

Esta es la parte buena de las nuevas tecnologías. Y es que muchas veces hemos hablado en esta Cámara de las nuevas tecnologías que estaban propiciando el destrozo de nuevos derechos, como los derechos de la propiedad intelectual, pero también hay que ver su aspecto positivo, su bondad, como el acceso a la educación, y en este caso el acceso a la educación superior. Por tanto, poder dotar de nuevos medios y herramientas tecnológicas que faciliten la adaptación de los títulos al entorno digital es uno de los primeros motivos que nos llevan a presentar esta moción. Y cuando hablamos de nuevos medios nos referimos a un continuo procedimiento de cambio que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías adaptadas a la movilidad, a los distintos dispositivos móviles y a las aplicaciones que tienen que ver con estos. Y vemos que esa historia de éxito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene un posible recorrido a medio y largo plazo, a futuro, en la implementación de los nuevos instrumentos que tienen que ver con la aplicación a la movilidad de las herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a las materias en esos entornos de estudio y de trabajo. Se está desarrollando un campo importante en universidades internacionales. Muchos habremos oído hablar de los open course o de los mocks; las universidades de todo el mundo están volcando sus contenidos, están propiciando accesos gratuitos a sus contenidos intelectuales y al desarrollo de sus materias de referencia. Y también en este campo cabe mejorar las distintas prestaciones de las aplicaciones que se pueden desarrollar en el futuro.

En el fondo es un mundo inmenso. El acceso al conocimiento de forma universal tiene unas capacidades inmensas, muchas de ellas gracias a los instrumentos de nuestras lenguas. En ese sentido se ha presentado alguna enmienda relativa a las lenguas oficiales; por supuesto, pero entenderán que la divulgación del castellano en el mundo nos da acceso a prácticamente 500 millones de hispanohablantes y caracteriza las facilidades para poder acceder. Este es un campo en el que también hay que trabajar, y en la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado se desarrolló con la materia de educación. Y, al igual que hemos estado trabajando durante muchos años en el Espacio superior de Bolonia o en las facilidades para la formación a través de los programas Erasmus o de otro tipo en el ámbito de la Unión Europea, en el campo hispanoamericano se ven dificultades. Precisamente hoy mismo el presidente de Perú, en su alocución en el Pleno, ha hablado de las dificultades de homologación de títulos y de acceso a la formación en el campo hispanoamericano. Pues bien, la UNED puede ser la primera en romper el hielo a la hora de facilitar estas cuestiones de homologación, porque el sistema que permite tanto las matriculas como las posibilidades de realizar distintos ejercicios presenciales en el extranjero puede facilitar la captación de estudiantes de carácter internacional a través de las nuevas tecnologías. Este es un ámbito en el que nosotros queremos hacer un especial hincapié, y específicamente en la enseñanza de español para extranjeros, tanto desde el punto de vista de acceso a las titulaciones, como de la aptitud pedagógica de los profesores de español de todo el mundo. La UNED también puede participar en esa aula virtual abierta, al igual que lo está haciendo desde la firma del último acuerdo tras la visita de nuestro jefe de Estado a México, la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha incorporado conjuntamente con la Universidad de Salamanca a esos nuevos instrumentos de certificados virtuales de la enseñanza de español. Pensamos que es una cuestión de primera magnitud y que las herramientas tecnológicas de la UNED le permiten competir en el ámbito internacional en esos centros de referencia de la enseñanza no presencial de español para extranjeros. Hay que abrir este campo de las nuevas tecnologías, con el apoyo que el ministerio pueda dar, conociendo, por supuesto, que son competencias totalmente transferidas. No hay que cerrar ese campo de trabajo, con lo cual todas las universidades españolas deben ponerse las pilas, como se suele decir de forma coloquial —en este caso sería ponerse el chip—, para mejorar todas sus prestaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías con las distintas herramientas que ahora se nos permite usar.

Estamos hablando de una universidad que ya tiene 60 000 accesos a través de UNED Abierta, tanto a distintos podcasts como accesos a clases grabadas por ordenador. Hablamos de más de tres millones de usuarios en el portal de recursos educativos, un volumen lo suficientemente importante para que la actualización permanente y la mejora de los distintos campos de la innovación tecnológica permitan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia seguir siendo un referente internacional en estas formas de enseñanza, que son, como digo, la historia de un éxito.

Nada más de momento. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda que presentamos a esta moción también pretende que se pase de las musas al teatro. Resulta difícil pedir a la UNED florituras —necesarias, imprescindibles, pero florituras al fin y al cabo— cuando está viviendo una situación de economía de guerra porque los recortes en su presupuesto han reducido su capacidad de forma muy notable.

Por ello, la enmienda que presentamos a esta moción plantea que se compensen los recortes que se han venido haciendo desde 2011 y que suponen el 20 % del presupuesto de la Universidad a distancia. El pasado mes de marzo, hace muy poco tiempo, se tomaron decisiones por el rectorado que expresan con total crudeza la situación económica que vive la Universidad: la supresión de forma sorpresiva de 500 tutores virtuales por falta de medios, el recorte del 50 % en el presupuesto de los departamentos, y la eliminación del plan de investigación. De hecho, desde 2012 el presupuesto del vicerrectorado de Investigación ha caído el 50 %.

Por tanto, compartiendo el discurso con el que se ha presentado esta moción y reconociendo los esfuerzos desarrollados por la UNED y la eficacia de su trabajo, entendemos que la respuesta lógica a la consideración de su actuación debería ser un mayor compromiso presupuestario que, como mínimo, compensara esos recortes.

Como no voy a hacer uso del turno de portavoces, añadiré un par de ideas más con respecto a la moción. Probablemente la trayectoria de la UNED la convierta en el instrumento más adecuado para abordar los retos que supone la enseñanza a través de las nuevas tecnologías. La UNED, que ha padecido esos recortes, sin embargo ha visto incrementar de forma muy notable el número de estudiantes: el 38 % en siete años; y está trabajando, como también apuntaba el portavoz del Grupo Popular, precisamente para ampliar su oferta en el ámbito del campus virtual. Como experiencia, la XXVI Edición de Cursos de Verano se desarrolla precisamente como campus virtual, y en el curso que ahora concluye ya se ha impartido formación y enseñanza en estos términos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Por tanto, creo que la moción del Grupo Popular tendría sentido si se hubiera constreñido a lo referido en la presentación, es decir, a que la Cámara reconozca el trabajo de la UNED, pero no creo que el Grupo Popular esté en las mejores condiciones de plantear nuevos retos a la UNED, aunque estos tengan que afrontarse, si simultáneamente no propone la necesaria financiación pública de esos retos. De ahí la enmienda que hemos presentado en los términos que acabo de expresar.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres hem presentat una esmena que, de manera modesta i sincera, creiem que dóna concreció, ampliació de mires i sentit a la moció que ens acaben de presentar. Entraré a parlar de la mateixa.

En el primer punt proposem bàsicament un canvi de tres aspectes que crec que no són menors, sinó que tenen molta importància. Vostès ens diuen, en el seu primer punt, que cal impulsar el posicionament d’Espanya a l’avantguarda de l’educació universitària virtual, fomentant el desenvolupament per part de la universitat... Bé, nosaltres proposem d’entrada suprimir aquestes dues paraules: «per part», perquè això li dóna més potència. És a dir, en teoria allò que vostès ens proposen és que la universitat ha de fomentar el desenvolupament d’eines necessàries per adaptar títols, etcètera, i nosaltres pensem que el fet d’impulsar el posicionament d’Espanya a l’avantguarda de l’educació universitària virtual, fomentant el desenvolupament, ha de ser no per part, sinó de la Universitat Nacional a Distància. Crec que el concepte canvia molt amb el fet que s’elimini l’expressió «per part» perquè, en definitiva, allò que nosaltres pretenem és donar-li una major concreció i una major amplitud des d’un punt de vista conceptual.

Pel que fa al segon aspecte, crec que no ens podem centrar només en la UNED i hem de parlar, també, de les altres universitats virtuals que hi ha també a Espanya, com, per exemple, la UOC —hem de parlar de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya— que estan desenvolupant una funció realment important. I, des del nostre punt de vista, el fet de no incloure-les aquí i centralitzar-ho de manera exclusiva a la UNED fa un flac favor a la resta d’universitats que estan treballant en aquesta línia. Per tant, nosaltres proposem aquí incloure la UOC i la resta d’universitats virtuals amb seu a l’Estat espanyol.

També afegim en aquest mateix primer punt que cal fomentar el desenvolupament —lligant-ho una mica ja tot— de la Universitat Nacional, de la UOC i de la resta d’universitats, i de les eines necessàries per adaptar els seus títols i els seus programes a l’entorn digital i que aquest impuls s’efectuarà per a totes les llengües oficials. De no posar-ho, nosaltres entenem que aquí estem parlant exclusivament d’una llengua i, per tant, hem de potenciar la resta de llengües oficials.

Així, creiem que aquest punt amplifica el concepte que vostès li donen a aquesta moció, va molt més enllà i crec que té una representativitat important, i no deixa fora cap de les universitat que estan treballant en programes virtuals —bé d’ensenyament de llengües, bé d’ensenyament de graus, bé d’ensenyament de postgraus— i que són les que contribueixen de manera global a impulsar aquest posicionament d’Espanya que vostè feia referència.

El segon punt el deixaríem igual.

I en relació al tercer punt, és evident —abans també hi ha fet referència el senador Iglesias—, que hem de parlar de qüestions econòmiques. Per portar a terme tot això i per impulsar aquestes mesures necessàries per implantar de forma prioritària a tots els centres universitaris públics de l’Estat l’ús de les tecnologies, és evident que calen recursos, sense recursos això no es pot fer. Per tant, demanem que hi hagi la dotació corresponent a les comunitats autònomes de les partides pressupostàries necessàries per poder-ho dur a terme.

Entenem que els conceptes impulsar, contribuir o promoure ja no poden utilitzar-se a aquestes alçades de la legislatura sense concrecions expresses.

Per tant, nosaltres concretem, ampliem i crec que li donem un sentit molt més ampli, i demanem al portaveu del Grup Popular que accepti aquesta esmena que hem presentat.

Gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros hemos presentado una enmienda que, de forma modesta y sincera, da concreción, amplitud de miras y sentido a la moción que nos acaban de presentar.

Proponemos el cambio de tres aspectos que creo que no son menores, sino de mucha importancia. Ustedes plantean impulsar el posicionamiento de España a la vanguardia de la educación universitaria virtual, fomentado el desarrollo por parte de la universidad... Bien, de entrada proponemos suprimir esas dos palabras: «por parte», porque ese hecho le da más potencia. En teoría, lo que ustedes dicen es que la universidad tiene que fomentar el desarrollo de herramientas necesarias para adaptar títulos, etcétera, y nosotros proponemos impulsar el posicionamiento de España a la vanguardia de la educación universitaria virtual fomentando el desarrollo —no por parte— de la Universidad Nacional a Distancia. Creo que el concepto cambia mucho en función de que añadamos o eliminemos la expresión «por parte». En definitiva, como he dicho, damos una mayor concreción y amplitud desde un punto de vista conceptual.

Por otro lado, considero que no podemos centrarnos solo en la UNED sino que debemos hablar también del resto de universidades virtuales que hay en España, como, por ejemplo, la UOC —tenemos que hablar de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya—, que están desarrollando una función realmente importante. Y, desde nuestro punto de vista, el hecho de no incluirlas y centralizar el tema de forma exclusiva en la UNED es hacer un flaco favor al resto de universidades que están trabajando en esta línea. Por tanto, como digo, proponemos incluir a la UOC y las demás universidades virtuales con sede en el Estado español.

También en el primer punto añadimos que es necesario fomentar el desarrollo —de la Universidad nacional, la UOC y el resto de universidades— de las herramientas necesarias para adaptar sus títulos y sus programas al entorno digital y que ese impulso se efectuará para todas las lenguas oficiales. No expresarlo así da a entender que estamos hablando exclusivamente de una lengua, y debemos potenciar también el resto de lenguas cooficiales.

Creemos que con los cambios en este punto la moción va mucho más allá, tiene una representatividad importante y no deja fuera a ninguna de las universidades que están trabajando en programas virtuales —enseñanza de lenguas, grados o postgrados— que contribuyen de forma global a impulsar el posicionamiento de España, al que usted ha hecho referencia.

En el segundo punto no incorporamos ninguna modificación.

Y en cuanto al tercero, es evidente —antes también ha hecho referencia el senador Iglesias— que tenemos que hablar de cuestiones económicas, porque sin recursos no se puede implantar el uso de las tecnologías de forma prioritaria en todos los centros universitarios públicos del Estado. Así pues, pedimos la dotación correspondiente a las comunidades autónomas de las partidas presupuestarias necesarias para poder llevarlo a cabo. A estas alturas de la legislatura, los conceptos impulsar, contribuir o promover no pueden utilizarse sin concreciones expresas.

En definitiva, nosotros concretamos y ampliamos la moción, y pedimos al Grupo Popular que acepte la enmienda que hemos presentado.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, considero que las enmiendas que han presentado tanto el senador Iglesias como el senador Alturo son de lo más razonable, van en la línea de la que vamos a plantear nosotros y espero que el Grupo Popular, si es verdad que tiene esa voluntad de defender y poner en valor lo que realmente supone la universidad a distancia, las acepte.

El señor Gutiérrez Alberca, del Grupo Popular, ha definido la moción —y me ha ahorrado palabras para hacerlo yo— como plana y declarativa. Evidentemente, es una moción totalmente plana y declarativa porque no es más que una declaración de buenas intenciones; muy oportuna, como ya le han recordado desde esta misma tribuna, si se tratase de hacer un reconocimiento a la labor que ha realizado la UNED en todos estos años. No tendríamos ningún inconveniente en votar a favor y reconocer esta importante labor que ha realizado la UNED, como no vamos a tener tampoco ningún inconveniente en votarla a favor, entendiendo que se van a aceptar estas enmiendas que lo único que hacen, tanto las que se han presentado ahora como la que presentamos nosotros, es concretar lo que de forma muy genérica pide el Grupo Popular en su moción. Porque, señorías, ¿quién no va a estar de acuerdo con instar al Gobierno a impulsar el posicionamiento de España a la vanguardia de la educación universitaria virtual fomentando el desarrollo de la UNED y de estas herramientas, coincidiendo con lo que ha dicho el señor Alturo de que no debe ser la universidad sino el Gobierno quien tome estas iniciativas? ¿O en contribuir a la ampliación de la dimensión internacional de la UNED de manera que se convierta en un centro de referencia de la enseñanza no presencial del español para extranjeros, como defendía el señor Gutiérrez Alberca? Por supuesto que estamos de acuerdo, pero, señorías, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantear cómo lo vamos a hacer. No podemos dejar que esta sea una moción de mera declaración de intenciones.

Durante estos años —lo saben sus señorías—, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha incrementado en casi un 40 % su número de alumnos. Sin embargo, por una parte, ha visto congelarse primero y reducirse después sus plantillas y, por otra, ha venido sufriendo una continua pérdida de financiación pública que hace que en estos momentos la financiación propia de la universidad suponga el 55 % de su presupuesto. Además, en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, se aboca a una planificación plurianual coordinada de todas las administraciones públicas que inciden de manera relevante en su actividad, de forma que se garantice una planificación conjunta, la adecuada financiación y unos límites realistas a los costes de personal. Me parece un poco curioso que ahora el Grupo Popular pida que se haga esto cuando ha tenido ya varios años para hacerlo y no lo ha hecho.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su estrategia institucional aprobada en diciembre de 2014 para el periodo 2014-2017, ha definido como parte de su visión ser la universidad de referencia del país tanto en la enseñanza universitaria a distancia como en la educación superior digital basada en las tecnologías educativas más avanzadas, con vocación —cito literalmente— de proyectar sus actividades esenciales principalmente a países que comparten el uso de la lengua española. Luego, la propia UNED ya lo contempla.

Por tanto, después de toda esta declaración de intenciones solo queda una cosa: concretar en qué pedimos al Gobierno que se implique. ¿Y en qué aspectos se lo pedimos? Primero, en que garantice la financiación para que la UNED se configure como un elemento de la vanguardia tecnológica de la enseñanza a distancia del español, pero que garantice la financiación. Y, segundo, que contribuya a la implantación de un nuevo modelo de centros en el exterior al amparo de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, que contribuya al posicionamiento internacional de la UNED y fortalezca la presencia exterior de España, y, por supuesto, todo ello teniendo también en cuenta que lo mismo que se apruebe para la UNED se debe aprobar para todas las universidades públicas de nuestro país.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la palabra el senador Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias, señora presidenta.

Por economía procesal, intervengo desde el escaño para decirle al señor Iglesias, aunque en este momento no se encuentra en el hemiciclo, que la enmienda que él plantea quiere pasar de las musas al teatro, pero pasa demasiado, porque incluso fija en el porcentaje de cuantía la necesidad de volver a incrementar los presupuestos de los que disponía la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y sinceramente pienso que dentro de poco, en el próximo Pleno, veremos los parámetros esenciales de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Y para volver a recuperar las mismas cantidades previas a la crisis, hay que evaluarlo desde otros ámbitos, por ejemplo, desde los ingresos o la recaudación, no podemos contemplar únicamente las políticas de gasto; intentar recuperar un 20 % de disminución de estas políticas presupuestarias es fruto de otras políticas de disminución de ingresos del presupuesto general del Estado que se hayan podido destinar a estos aspectos.

Esto coincide también con algunas enmiendas, por ejemplo, la que ha presentado el Grupo Socialista, por tanto, mi voto será en contra. En otras cuestiones nos gustaría decir que sí, pero pensamos que nuestro texto es lo suficientemente claro. La enmienda del senador Alturo pretende reconocer, fundamentalmente, la labor de la Universidad Oberta de Catalunya, que nosotros reconocemos, porque está a la vanguardia en cuanto a tecnología, incluso por encima de las prestaciones tecnológicas que hoy puede ofrecer la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero, bueno, ese «por parte» no puede justificar lo que decimos en el tercer punto de nuestra moción, y es que el resto de los centros universitarios públicos también debe sumarse a ese avance en las nuevas tecnologías. Ahí lo dejamos, porque realmente, en este sentido, la Universidad Oberta de Catalunya tiene una competencia clara desde el punto de vista educativo que depende de la Generalitat. Lo que queremos con esta moción es reconocer el trabajo que hace la UNED.

Señorías, sinceramente, su enmienda, dentro de este campo de las nuevas tecnologías, sufre de las viejas políticas porque solamente se habla de una cuestión presupuestaria: presupuesto más prestaciones, y eso realmente perjudica a las universidades hoy en día. Quizás en el turno de portavoces pueda desarrollarlo mejor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a iniciar mi turno mostrando mi extrañeza por las últimas palabras del senador Gutiérrez Alberca. Efectivamente, me gustaría que en el turno de portavoces nos explicara cómo a las universidades les puede perjudicar una política expansiva de carácter presupuestario, porque es la queja reiterada que están haciendo todas las universidades, no solamente aquellas que están trabajando en los campos digitales, sino todas aquellas que están sujetas al presupuesto público, sobre todo de sus ministerios.

Vaya por delante que lamento profundamente que no acepte las enmiendas de los grupos parlamentarios proponentes porque entiendo que solventaban las lagunas que veo en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una moción a todas luces incoherente e insuficiente; incoherente porque no es la primera vez que el Grupo Popular viene aquí con mociones relativas a la universidad. Ahora hablo de memoria, pero creo recordar que hace poco discutimos una sobre internacionalización universitaria, otra sobre los campos de excelencia y ahora presentan una de fomento de la educación virtual que yo, una vez más y lamentándolo mucho, solamente puedo definir como moción blanca. Es un brindis al sol. Lo que ustedes proponen es una especie de celebración de los resultados de la universidad española a distancia, con un nulo contenido material, por no hablar de las soluciones financieras. Cuando ustedes se han atrevido a regular, cuando se han atrevido a legislar en el ámbito universitario, lo han hecho siempre para limitar la capacidad de acción de la universidad, bien sea mediante recortes presupuestarios, bien sea mediante el incremento de tasas en la reducción de las políticas de becas. Constatamos una vez más que en el ámbito universitario entre sus palabras y sus hechos hay un espacio tan grande, tan abismal, que sus mociones no resultan creíbles.

Esta moción es, además, insuficiente porque se limita única y exclusivamente a la Universidad Nacional a Distancia. Usted ha mencionado la excelencia de la UOC en el ámbito de la educación virtual. No la incluyen tampoco en su moción, y sin que esto suponga que mi grupo parlamentario no hace un reconocimiento a la labor de la UNED, que es todo lo contrario; es decir, su larga trayectoria y sus resultados la avalan como una de las universidades referentes en la educación a distancia. Y como es evidente que dentro de ese ámbito educacional las nuevas tecnologías ofrecen a la UNED una oportunidad y una obligación para adaptarse a esos entornos virtuales, nos gustaría que su grupo parlamentario hiciese un esfuerzo por incluir al resto de las universidades con contenidos, pero con contenidos reales, porque las universidades tradicionales —en este caso también la Universidad Autónoma Vasca, tengo que decirlo— están adaptando sus estructuras y sus contenidos a los desafíos de la universidad virtual.

Si se aceptaran las enmiendas que le han propuesto los grupos parlamentarios, seguramente mejorarían muchísimo estas dos deficiencias que veo en su moción en cuanto a la insuficiencia y la incoherencia, pero una vez más demuestran su impermeabilidad a cuantas aportaciones puedan hacer los grupos parlamentarios y por eso se merecen el voto en contra de mi grupo y del resto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, presidenta.

Llegeixo textualment les paraules que m’ha fet arribar la portaveu d’Educació de l’Entesa, la senadora Sequera, que no pot estar present en aquesta part de la sessió plenària degut a una convocatòria institucional inexcusable en funció de la seva condició de regidora.

La moció que estem debatent se suma a tantes altres presentades pel Grup Popular en les quals la literatura emprada està carregada de bones intencions i prou. Però totes elles tenen una carència elemental: el profund convenciment sobre el tema que es tracta; no hi creuen. Prova d’això és que per a dur a terme tot allò que es proposa al ministeri cal un compromís mesurable quantitativament. Les accions proposades comporten per força una despesa de la qual no es parla a la moció.

S’han presentat per part dels grups esmenes que fan referència a la manca de finançament per fer reals les iniciatives que conté la moció. Per altra banda, el tema de l’educació superior a distància és un tema que caldria tractar amb profunditat i de forma més àmplia, donat que hi ha moltes altres institucions, a banda de la UNED, que contribueixen a la mateixa finalitat que aquesta. Moltes universitats han desenvolupat oferta formativa a distància i a través de finançament autonòmic porten a terme la mateixa funció i comparteixen els mateixos objectius.

Si de debò és sincera l’afirmació que fan en la part expositiva que: «En otros países han sabido comprender que sus universidades son el elemento clave para encontrar su lugar preponderante en el tablero de influencia internacional. Sus facultades y escuelas superiores no sólo son las impulsoras de avance social sino las instituciones generadoras de ideas y talento, y por ello de nuevas oportunidades económicas para todos. La universidad española debe tomar ejemplo y conseguir la integración en esta sociedad del conocimiento.» Si això és així, llavors la perspectiva per afrontar el repte ha de ser molt més àmplia i no tan sols afectar a la UNED, sinó a totes aquelles universitats públiques que ofereixen el recurs de l’educació a distància. Aquí, però, topem amb els transferències transferides a les comunitats autònomes, encara que torno a reiterar que si de debò hi ha el convenciment expressat anteriorment, no hauria de ser obstacle per l’enteniment amb aquestes per arribar als objectius fixats. Volem ser benèvols i creure que la proposta que es fa al Govern és per tal que ho tinguin present a l’hora de confeccionar els pressupostos de l’exercici 2016, ja que seria molt agosarat pretendre afrontar el projecte sense tenir contemplada la partida pressupostària en els pressupostos de 2015. De fet, he revisat la memòria dels mateixos i en cap moment no es parla d’activar cap tipus de projecte a la UNED de les característiques d’aquesta moció. Per tant, això farà que estiguem amatents a la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2016.

També volem aprofitar aquesta ocasió per deixar de manifest que estem d’acord en arribar a ser un referent en l’educació superior a distància a nivell mundial, però hi ha un aspecte que creiem prioritari abans que cap altre. Avui en dia a l’Estat hi ha llocs on Internet no arriba. Estem al segle XXI, però la realitat és així de contundent. En la ponència d’estudi per a l’adopció de mesures en relació amb el despoblament rural a Espanya, una de les mesures proposades per afavorir l’establiment de població en els municipis rurals era, precisament, la dotació d’infraestructures tecnològiques que garantissin l’accés a Internet. Per tant, creiem que sí que cal fer esforços per trobar un lloc de referència a nivell internacional, sempre i quan també s’esmercin els mateixos a nivell estatal.

En quant al posicionament d’avantguarda en l’educació a distància, implica apostar per recursos per adaptar els programes de l’entorn digital al mateix ritme que avancen les noves tecnologies. Cal ser competitiu, i això vol dir inversió en R+D+I en aquest camp. Per tot això, el Grup d’Entesa votarà no a la moció. Creiem en les universitats públiques i en la tasca que desenvolupen, perquè entenem que efectivament són una eina transformadora de la societat oferint igualtat d’oportunitats, però també tenim clar que la universitat com a institució necessita del recolzament de l’Administració, principalment financer, fet que farà que estiguem alerta a les partides pressupostàries del pressupost del 2016 per confirmar si les intencions d’aquesta moció eren verdaderes.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Leo textualmente las palabras que me ha hecho llegar la portavoz de Entesa, la senadora Sequera, que no está presente en esta parte de la sesión debido a una convocatoria institucional inexcusable en función de su condición de concejal.

La moción que estamos debatiendo se suma a tantas otras presentadas por el Grupo Popular en las que la literatura utilizada está llena de buenas intenciones y nada más. Todas ellas tienen una falta lamentable, y es el profundo convencimiento sobre el tema que se trata. No se creen, no son creíbles. Prueba de ello es que para llevar a cabo todo lo que se propone el ministerio hace falta un compromiso mesurable cuantitativamente. Las medidas adoptadas necesitan un gasto del que no se habla en la moción.

Otros grupos han presentado enmiendas que hacen referencia a la falta de financiación para llevar a cabo las iniciativas que se contemplan. Por otro lado, la educación superior a distancia es un tema que se habría de tratar con profundidad y de forma más amplia, puesto que hay muchas instituciones además de la UNED que hacen lo mismo. Muchas universidades han desarrollado una oferta formativa a distancia y a través de financiación autonómica para llevar a cabo la misma función y comparten los mismos objetivos.

Si de verdad es sincera la afirmación que hacen en la parte expositiva de que en otros países han sabido comprender que sus universidades son el elemento clave para encontrar su papel preponderante en el camino del crecimiento internacional, sus facultades y sus escuelas superiores no solo son impulsoras del avance social, sino las instituciones generadoras de ideas y talento y, por ello, de nuevas oportunidades económicas para todos, la universidad española debe tomar ejemplo y conseguir la integración en la sociedad del conocimiento. Si esto es así, la perspectiva para afrontar el reto debe ser mucho más amplia y no afectar tan solo a la UNED, sino a todas aquellas universidades públicas que ofrecen el recurso de la educación a distancia. No obstante, con las competencias transferidas a las comunidades autónomas, vuelvo a reiterar que si existe el convencimiento expresado anteriormente, no debería ser obstáculo para llegar a los objetivos fijados. Queremos ser benévolos y creer que la propuesta que se realiza al Gobierno es para que lo tengan presente a la hora de confeccionar los presupuestos del ejercicio 2016, pues sería imposible si no se contemplara una partida presupuestaria. Por tanto, estaremos atentos a la tramitación de los presupuestos y a la inclusión de estas medidas para poder llevarlo a cabo.

Para llegar a ser un referente a nivel mundial hay otro aspecto prioritario. Hoy día, en el siglo XXI, existen sitios del Estado donde internet no llega. En este sentido, en la ponencia de estudio para la adopción de las medidas que lleven internet a toda España, una de las medidas presupuestarias era precisamente la dotación de infraestructuras tecnológicas que garantizaran el acceso a internet en todos los municipios rurales. Por tanto, sí consideramos necesario hacer esfuerzos para encontrar un lugar de referencia en el ámbito internacional, siempre y cuando se realicen los mismos esfuerzos en el ámbito estatal.

En cuanto a nuestro posicionamiento respecto a la educación a distancia, se debe apostar por recursos para adaptar los programas de cultura digital a las nuevas tecnologías. Hay que ser competitivo y eso significa inversión en I+D+i. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa votará no a la moción. Creemos en las universidades públicas y en la función que desarrollan como fuerza transformadora de la sociedad y en la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la universidad es una institución que necesita apoyo de la Administración, principalmente financiero, lo que hará que estemos alerta de cara a las nuevas propuestas presupuestarias para 2016, con el fin de confirmar que sus intenciones en esta moción eran verdaderas.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senador Alberto Gutiérrez, em sap molt de greu que cap de les esmenes que s’han plantejat, i en concret la nostra, no siguin acceptades. Sincerament, nosaltres veiem que la moció que ens presenten —aquí s’ha dit molt bé ja per part d’altres portaveus— és una moció blanca, és una moció sense cap implicació en res. A aquestes alçades de legislatura, ara que estem acabant la legislatura, el que no poden anar dient vostès, que són el grup que donen suport al Govern, és impulsar, contribuir o promoure, és a dir, paraules plenes de bones intencions que es podrien entendre a l’inici d’una legislatura, però que a aquestes alçades, senador Gutiérrez, s’han de concretar.



És a dir, han de dir: farem això i hi posarem aquests recursos, i prendrem aquestes mesures. El que no poden fer és parlar d’impuls.

Vull llegir allò que diuen al preàmbul de la seva moció: «En altres països han sabut comprendre que les seves universitats són l’element clau per trobar el seu lloc predominant en el tauler d’influència internacional. Les seves facultats i escoles superiors no són solament impulsores de l’avenç social, sinó institucions generadores d’idees i talent.» Parla de les universitats i la universitat espanyola n’ha de prendre exemple. En aquest sentit, em sembla molt bé la tasca que està fent la UNED, i no la vull desprestigiar ni molt menys, però el que no podem deixar de banda són la resta d’universitats virtuals que estan treballant per impulsar l’ensenyament virtual, l’ensenyament i la potenciació de les llengües, com dèiem abans. Per tant, sincerament, hem de mirar de sumar a totes les universitats. En aquesta moció no podem dir que ens és igual, perquè hem de parlar de les altres universitats que estan fent aquesta feina —la UOC, entre d’altres—. Entenc que, evidentment, aquí no podem anar a excloure. Hem de sumar, si realment volem que això doni contingut a allò que vostès mateixos diuen en el preàmbul d’aquesta moció.

D’una altra banda, les universitats a distància, les universitats virtuals, són el motor també d’ensenyament de les llengües oficials, i hi hem de fer referència, a aquestes llengües oficials. I vostès, que els agrada tant nombrar la Constitució, val la pena que recordin l’article 3.3 de la Constitució, on es diu que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.

Nosaltres, amb la nostra esmena, senzillament proposem això, tenir aquest reconeixement. De no dir-ho, entenem que estem parlant exclusivament d’una de les llengües, no de les demés, i no estem donant compliment a un dels objectius que tenen també les universitats virtuals i a distància, que és el tema de l’aprenentatge de les llengües.

Per tant, a nosaltres ens sap molt greu que no vulguin concretar, que no hagin acceptat aquestes esmenes. Entenem que la moció que ens plantegen no concreta res i al final de legislatura ja no es pot anar amb aquestes paraules —com deia a l’inici de la meva intervenció— i vostès, doncs, no volen acceptar, no volen negociar, continuen en la línia que ja va essent habitual. Nosaltres intentem plantejar aspectes positius per sumar; però vostès són els qui decideixen, no volen, no els interessa i nosaltres, en aquestes condicions, és evident que no podem donar suport a aquesta moció que ens plantegen. I que quedi molt clar que no és això un vot en contra de la tasca que està desenvolupant la UNED, no és això, ni molt menys; és senzillament perquè és una moció mal plantejada, una moció que no suma, una moció que no compromet, i una moció que oblida molta de la feina i de les tasques que fan d’altres universitats, com és la Universitat Oberta de Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta.

Senador Alberto Gutiérrez, lamento que ninguna de las enmiendas que se han planteado, y en concreto la nuestra, sea aceptada. Sinceramente, la moción que ustedes nos presentan —como también han dicho otros portavoces— es una moción blanca y sin ninguna implicación en nada. Ahora que estamos acabando la legislatura, ustedes, el grupo que apoya al Gobierno, no pueden hablar de impulsar, contribuir o promover, pues son palabras llenas de buenas intenciones que se podrían decir al inicio de una legislatura y serían creíbles, pero no a estas alturas, senador Gutiérrez. Deben concretar, deben decir: haremos esto, pondremos estos recursos, adoptaremos estas medidas. Lo que no pueden hacer es hablar de impulso.

El preámbulo de su moción dice: «En otros países han sabido comprender que sus universidades son el elemento clave para encontrar su lugar preponderante en el tablero de influencia internacional. Sus facultades y escuelas superiores no solo son las impulsoras del avance social sino las instituciones generadoras de ideas y talento.» Habla de las universidades, y la universidad española debe tomar ejemplo. En este sentido, me parece muy bien la tarea que está realizando la UNED, y no quiero desprestigiarla, ni mucho menos, pero no podemos dejar de lado el resto de universidades virtuales que están trabajando para impulsar la enseñanza y la potenciación de las lenguas. Por tanto, hemos de intentar sumar a todas las universidades. Nosotros no podríamos dejar de apoyar esta moción porque en ella no se hable de otras universidades que están realizando este trabajo —la UOC, entre otras—. Si lo que queremos realmente es dar contenido a lo que ustedes mismos dicen en el preámbulo de esta moción, debemos sumar.

Por otro lado, las universidades a distancia, las universidades virtuales son el motor de la enseñanza de las lenguas oficiales y debemos hacer referencia a estas lenguas oficiales. A ustedes, que les gusta tanto nombrar la Constitución, deberían recordar que el artículo 3.3 de la Constitución dice que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Nosotros, con nuestra enmienda, lo que proponemos es simplemente esto; es decir, pedir este reconocimiento. Entendemos que no decirlo implica que se habla exclusivamente de una de las lenguas y no de las demás. Por lo tanto, no estamos dando cumplimiento a uno de los objetivos que tienen las universidades —también virtuales y a distancia—, que es el aprendizaje de las lenguas.

Lamentamos que no quiera concretar y que no haya aceptado estas enmiendas. Entendemos que la moción que nos plantea no concreta nada, y al final de la legislatura no se pueden decir estas palabras —como decía al principio de mi intervención—, y ustedes no quieren aceptar, no quieren negociar, continúan en la línea que va siendo habitual. Nosotros intentamos plantear aspectos positivos para sumar; pero ustedes deciden, no quieren, no les interesa y, por lo tanto, nosotros, en estas condiciones, no podemos dar apoyo a esta moción que nos plantean. Y quede muy claro que esto no es un voto en contra de las tareas que está desarrollando la UNED, no es esto ni mucho menos; sencillamente es porque es una moción mal planteada, una moción que no suma, una moción que no compromete y una moción que olvida muchas de las tareas que realizan otras universidades, como la Universitat Oberta de Catalunya.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señora presidenta.

Señoría, ¿de qué estamos hablando? Conociendo que durante estos últimos años de crisis la UNED ha incrementado en casi un 40 % su número de alumnos mientras que ha visto cómo se congelaban y reducían sus plantillas, y ha sufrido una continua pérdida de financiación pública que hace que la propia universidad tenga que financiar el 55 % de su presupuesto, ¿cómo es posible que el grupo parlamentario del Senado que apoya al Gobierno presente una moción en la que le insta a impulsar la enseñanza online en la UNED y a contribuir a darle una mayor proyección internacional y negarse a aceptar una serie de enmiendas que mejoran y concretan la moción, que en el fondo lo único que pretenden es que se garantice la financiación de esa universidad para que pueda hacer lo que se pide en la moción? No lo entiendo.

Señor Gutiérrez Alberca, usted conoce como yo unos datos que son realmente preocupantes. Usted sabe que el presupuesto de la universidad pública ha disminuido un 16,5 % en los últimos cuatro años —si tenemos en cuenta el efecto de la inflación sería hasta de un 23,8 %—. Usted sabe que esto supone 1523 millones de euros menos en cuatro años. Usted sabe perfectamente que los ingresos de las universidades públicas por tasas de matrículas se han incrementado en 338 millones de euros; es decir, con menor financiación pública y con mucha mayor financiación privada. Si tenemos en cuenta la repercusión sobre el PIB, hemos pasado del 0,97 % que se destinaba a la universidad pública al 0,83 %. Estamos asistiendo a un ataque sin precedentes a la universidad pública, y usted dice que no acepta una enmienda que lo único que pide es que se contemple una financiación solo para lo que usted pide con respecto a la UNED. Nos dice que no es momento de plantear esta enmienda porque dentro de poco vienen los presupuestos y que ahí será el momento de elaborarlo. Evidentemente, es el Gobierno el que tendrá que plantearlo, pero ahora es el momento en que en esta Cámara nosotros pedimos al Gobierno que cuando elabore esos presupuestos contemple esta financiación, de modo que no haga falta que los grupos políticos tengamos que plantear una serie de enmiendas que lo contemplen. La moción que ustedes presentan ahora, que sería de lo más oportuna si se admitiesen las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos, les quedaría ideal si instaran al Gobierno a que en los presupuestos del próximo año contemple la financiación adecuada de la universidad a distancia. Nada que objetar, la aprobaríamos sin ningún tipo de duda.

Olvidan también —y estamos hablando de nuevas tecnologías— que los recortes que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular están lastrando totalmente la investigación y desarrollo de esas mismas universidades a las que el Gobierno critica por sus escasos resultados. Luego ahora tenemos la oportunidad única en el Senado de pedir al Gobierno que cambie esta tendencia y que lo contemple en los Presupuestos Generales del Estado.

El panorama que hay ahora mismo sobre las nuevas tecnologías y el crecimiento de las infraestructuras tecnológicas y el acceso a internet de la mayoría de la población está haciendo que se consolide la enseñanza virtual. Siempre pensaba, cuando leí su moción, que nos iban a aceptar la enmienda porque es el momento ideal para haberla presentado. El número de estudiantes universitarios que demandan másteres online ha crecido un 300 % en los dos últimos años. Son datos del Ministerio de Educación. La búsqueda de cursos online en internet ha aumentado un 200 % desde 2008, según dice la plataforma especializa en cursos Emagister. Hay quienes hablan de un boom de la enseñanza online, un fenómeno que viene impulsado ya desde los Estados Unidos, que han entendido antes que nosotros que estamos ante un fenómeno imparable y que en un futuro no muy lejano este método va a estar en todas partes. Es verdad que en nuestro país se están haciendo además muchos avances en este sentido: utilización de videoconferencias, plataformas de docencia virtual, herramientas de trabajo colaborativo de software libre, asignaturas híbridas con clases virtuales y seminarios presenciales, etcétera. Incluso algunas universidades han incluido en sus estatutos que hay que potenciar la enseñanza online. Es verdad que la universidad española tiene que afrontar este enorme reto, al mismo tiempo que tiene que hacer frente a los enormes recortes que le han planteado y a los problemas que secularmente arrastra, como la endogamia, la falta de incentivos, etcétera, pero el reto tecnológico no es menor. Tenemos otro dato: mientras el número de alumnos de los campus presenciales descendió en un 12 % en la última década, sin contar los másteres, en los no presenciales, a pesar de que hubo una bajada en 2013, ha crecido en un 15 %. Es verdad que la gran mayoría de los estudiantes que siguen sus cursos online están en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una universidad pública, que aunque imparta la totalidad de sus estudios en la modalidad online y a distancia, con 13 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, ofrece a sus estudiantes un importante apoyo presencial en los 61 centros asociados repartidos por todas las comunidades autónomas, sus más de 100 aulas universitarias y 12 centros en 11 países de Europa, América y África.

Por tanto, reiterando lo que decía también el senador Alturo, que quede fuera de duda nuestro apoyo incondicional a la labor que está realizando la UNED y nuestra disposición a que se financie de la mejor manera posible todo lo que suponga mejorar la actividad de la UNED. También de la UOC, que se ha citado aquí, una de las universidades decanas en formación online en España, que creo que acaba de cumplir veinte años y ha pasado en esos años de 200 a 60 000 alumnos.

Estamos ante una demanda social que están aprovechando también las universidades privadas, intentando explotar el filón de la enseñanza online, con cinco campos virtuales, cuatro de ellos creados los últimos ocho años. Y, por supuesto, demanda que están atendiendo el resto de universidades públicas, que ofrecen más de 30 grados online o semipresenciales en estos momentos.

Sin embargo, el hecho de que defendamos una buena enseñanza virtual no quiere decir que no haya que financiarla; no quiere decir que la enseñanza online sea gratis, como le he creído entender, porque requiere muchos profesores, muchos tutores y que se sostengan los costes vinculados a la exigencia de calidad, como la elaboración de los recursos de aprendizaje, acompañamiento y guía de profesores especialistas o el proceso de evaluación continua; es decir, nada que no conozcan sus señorías. Esto no se hace gratuitamente; sea online o presencial, supone una fuerte inversión que, según usted, desconocemos o que no es necesaria. Por tanto, si estamos ante un mundo en el que se van a multiplicar los cursos por internet, tendremos que ver de qué forma se financia a las universidades que lo implanten para que lo puedan hacer efectivo.

En marzo de 2015, la UNED cumplió 42 años de actividad académica; 42 años de docencia, de oportunidades, de proyectos que le han dotado de una amplia proyección nacional e internacional. Por tanto, quiero manifestar nuestro máximo respeto a esta universidad; nuestro máximo respeto a una universidad en la que se investiga, en la que se gestionan recursos condicionados por la austeridad de la que antes hemos hablado; nuestro máximo respeto y admiración a una universidad en plena relación con la sociedad y a un proyecto de universidad de responsabilidad social cuya finalidad es dar formación a todas aquellas personas que están en sitios lejanos, que trabajan, que no pueden salir de casa, que no pueden acceder a las universidades en las que se imparte enseñanza presencial por distintas circunstancias; nuestro máximo respeto a un proyecto de inclusión que garantiza, ante todo, la calidad y la adquisición de las mismas competencias que la formación presencial.

Por eso, señor Alberca, permítame que le diga que es incomprensible —y termino ya— que, a pesar de la función social que desarrollan todos los centros asociados de la UNED, a pesar de todas las argumentaciones que estamos empleando aquí, se nieguen a admitir las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos políticos, que no van en otra línea que la de hacer tangible lo que usted plantea en su moción y que serviría para beneficiar a la UNED y a todas las universidades públicas que en estos momentos están impartiendo enseñanza online.

Dada la posición del Grupo Parlamentario Popular, y a pesar de tener la intención —como la teníamos— de apoyar esta moción, no nos queda más remedio que votar en contra porque no se pide en ella lo que se recoge en la exposición de motivos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias.

Lo cierto y verdad es que todo lo que propone el Grupo Popular lo aceptan el resto de los grupos porque ustedes están de acuerdo con todos los enunciados de nuestra moción. Ahora bien, me parece legítimo que quieran incorporar algunas cuestiones, aunque pienso que ya están incorporadas.

Decía el senador Alturo que se debe hacer referencia a la UOC. Pero es que se hace referencia porque se solicita que se incrementen los centros universitarios públicos y la UOC es un centro universitario público; es el tercer punto de nuestra moción.

Las otras incidencias son presupuestarias. En este caso he de hablar de la vieja política; o sea, más dinero. Para todo, más dinero, más madera, madera, como dirían los hermanos Marx. Se pide más dinero y, aun en el caso de que haya más dinero en becas, serán pocas. ¡Hombre! Y si las becas están funcionando porque estamos invirtiendo más dinero en ellas, entonces habrá que analizar otras cuestiones; y, efectivamente, es verdad. En este sentido, en cuanto a la cuestión que nosotros planteamos —el de las herramientas tecnológicas, la mejora del acceso y la mayor innovación—, sinceramente pienso que no se trata de una cuestión de más dinero. Es más, ¿sabe qué haría posiblemente la UNED si le diéramos más dinero? Lo que dijeron en la inauguración del último curso: contratar más personal administrativo o más tutores. ¡Hombre!

Les voy a contar lo del viejo chiste que dice que tenía un amigo que cuando tecleaba una pregunta en google pensaba que había alguien al otro lado que lo buscaba y contestaba. Y cuando tardaba mucho decía: mira, es una pregunta muy difícil. En este sentido, no solamente nos permiten ahorrar los metabuscadores o la tecnología sino sobre todo las cuestiones tecnológicas. Ahora bien, en el campo de la innovación hay muchos presupuestos: desde la agenda digital europea, el CDTI, hasta la compra de desarrollo tecnológico e innovación que permiten a la propia administración, con elementos innovadores en la contratación pública, firmar alianzas incluso con el sector privado para desarrollar cuestiones relacionadas con la tecnología y la innovación.

Y la UNED también, porque lo están haciendo muchas otras universidades en España, como universidades de Galicia y universidades de Cataluña, con muy buenos resultados. No se trata únicamente de dar peces o cañas, también hay que ayudar a mejorar las posibilidades de pesca.

Por lo tanto, en este campo, no solamente hay una relación de efecto-causa; es decir, no hay una relación exclusiva entre presupuestos y resultados o calidades, aunque es cierto que quizá se han reducido en exceso los volúmenes presupuestarios. Permítanos, pues, que pensemos que hay nuevas formas de hacer las cosas en la innovación y que existen posibilidades de captación de nuevos ingresos por otras vías: concurrir a esas convocatorias públicas europeas, o a través de quienes tienen los sistemas para poder generar más recursos en materias de innovación, e incluso con lo que planteamos en nuestra moción, que es una mejora de las capacidades de internacionalización de nuestra universidad, de captar estudiantes en el extranjero, como están haciendo otras universidades, las mejores universidades del mundo como Harvard, Oxford, la London School of Economics, que están en un mercado globalizado. Además, la UNED lo está porque cuenta con estudiantes de más de 160 nacionalidades distintas; por lo tanto, se le permite, tiene los instrumentos para poder ofertar más másteres o más posgrados, que son muy valorados en el mundo hispanoamericano, y así lo decimos en el apartado segundo de nuestra moción, donde se indica que hay que crecer en ese campo tal como se planteaba en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, lo que supone mayores ingresos; y precisamente esos incrementos del número de matrículas dan más ingresos, así como los incrementos de los precios públicos de matrícula, también las virtuales. Creo que deberíamos ponernos de acuerdo y abandonar cierta demagogia. Hay que intentar que los costes se vayan asimilando con los ingresos en función de los precios públicos de matrícula porque, si no, se produce una situación que genera también nuevas desigualdades económicas en el acceso.

Recuerdo que en mis años como responsable en la Junta de Castilla y León todos estábamos de acuerdo en que la tercera matrícula del alumno estuviera cada vez más cerca del coste real para la administración. Sin embargo, era una medida irrealizable porque automáticamente se podía producir un éxodo de nuestros estudiantes a comunidades autónomas limítrofes con costes más bajos. Realmente es una tristeza que no se pueda mejorar el ámbito de la comunidad educativa con unos ingresos racionales porque se pueda producir un éxodo. Más aún, con una universidad de carácter virtual, donde la matrícula es global.

Por lo tanto, creo que sí hay campos para poder trabajar y que incluso se pueden alcanzar convenios con compañías españolas de primer nivel desde el punto de vista de la prestación de servicios digitales; la más importante es Telefónica, pero también, como está haciendo la UNED, hay que destacar el trabajo con Universia o todo el magnífico campo de las startup, que existen más en el centro del conocimiento.

Por tanto, parece que precisamente todas las universidades —no solo la UNED— deberían ser las primeras que dispusieran de unas magníficas incubadoras de proyectos también para el ámbito educativo, para dar servicios a los estudiantes, a los alumnos, también para la capacitación pedagógica y que fueran, en algunas ocasiones, hasta las propias inventoras de los nuevos sistemas de tutorización para la enseñanza en muchos campos y, específicamente —ojalá lo fuera—, en la enseñanza del español en el mundo. En este sentido, les diré que, desgraciadamente, los principales manuales presenciales no son españoles ni de editoriales españolas sino que son de editoriales inglesas, francesas o alemanas.

Me gustaría que en el campo de las nuevas tecnologías, y más en el ámbito de la universidad, ojalá que en colaboración con otras entidades, se pudiera contar con magníficos desarrolladores de programas —para eso estamos en la universidad— capaces de poner en marcha instrumentos de cara a esta especialización. Este es el objeto real de la moción y por eso coincidimos al cien por cien con la parte final de su intervención, aunque quizá no en cuanto a intentar plasmar un debate general la situación de la universidad española. Es verdad que ha habido que reducir presupuestos prácticamente en todos los campos, pero acuciados también por otros problemas, y había que poner en la balanza el empleo y los presupuestos.

Sinceramente, creo que cada vez tenemos que tender más hacia una evaluación de los resultados de las políticas públicas, y la principal evaluación de una política pública universitaria es que consiga que la gente tenga empleo; y sobre esos ratios hay que trabajar, más que con los exclusivamente económicos. Ha habido momentos en los que se ha contado con unas grandes dotaciones económicas y, a lo mejor, esas capacitaciones para el acceso al mercado laboral también se han visto restringidas, con un 20 % más o con un 20 % menos. En cualquier caso, no quiero entrar en un debate global de la universidad.

Creo que debemos felicitarnos por ser precursores, en el sistema educativo español, de una universidad a distancia magnífica: con un gran número de alumnos; con unas encuestas de satisfacción que superan el 85 %; con un incremento del número de estudiantes, incluso con nuevas competencias de universidades privadas; y con acceso a mundos de desigualdad, incluso en los ámbitos de la reinserción social, como son los ámbitos carcelarios. Además, en este mundo cada vez más acelerado, es el momento de que dispongamos o se puedan dotar de nuevas herramientas tecnológicas.

Por todo ello presentamos esta moción, que sin duda compartimos todos los grupos de la Cámara en sus enunciados principales. El debate presupuestario será a posteriori, lo celebraremos dentro ya de escasos meses, y entonces quizás será el momento de solventar esos problemas porque, repito, no era nuestro espíritu vincularlos de forma directa ni que estas cosas solo se pueden hacer si hay más presupuestos. No. Se pueden hacer de otra manera, con una mentalidad lean, como dicen los expertos en el emprendimiento y la innovación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.



MOCIÓN POR LA SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR QUE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) FAVOREZCA EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD SOCIAL. 662/000202 GPS

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 6.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno la política de vivienda ha sido progresivamente desmantelada: acabaron de manera gradual con la renta básica de emancipación; impidieron nuevas solicitudes y, finalmente, la eliminaron; acabaron también con carácter retroactivo con las ayudas de subsidiación para la adquisición de viviendas; redujeron el gasto en vivienda social de manera drástica; en los presupuestos generales del Estado cayó la inversión en vivienda a la mitad; y, entre otras medidas, en su nuevo plan de viviendas exigieron unas condiciones de acceso que prácticamente hacían imposible la concesión de ayudas.

En el momento en que más falta hacían políticas públicas destinadas a proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda, el Gobierno adoptó las medidas más regresivas, prevaleciendo los recortes y las políticas de austeridad sobre cualquier otro derecho.

Fíjense, señorías, que según los datos del Banco de España, hasta junio de 2014 se habían producido 97 577 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España; el Banco de España no ha dado aún los datos finales de 2014 pero, probablemente, a día de hoy ya superarán las 125 000. Por tanto, estamos hablando de 100 ejecuciones hipotecarias diarias en un escenario de crisis, en el que 1 793 600 hogares tienen todos sus miembros en paro y 770 000 hogares no cuentan con ningún ingreso. Por tanto, podemos afirmar que 500 000 personas han sufrido desahucios desde que llegó el Partido Popular al Gobierno y que otras tantas están esperando su turno en similares condiciones. Y teniendo en cuenta el número de ejecuciones hipotecarias que se han producido solo por los bancos, sin contar con las de particulares mediante los alquileres, no es una cifra exagerada hablar de aproximadamente 500 000 personas que lo han vivido en primera persona, lo cual genera una fractura social muy profunda, como he dicho en otras ocasiones desde esta tribuna.

Según los datos del Banco de España, los bancos se están adjudicando viviendas a un ritmo de casi 50 000 al año, de manera que en dos años y medio se han adjudicado 120 988 viviendas. Así, aunque los bancos se desprendieran de una parte de su propiedad inmobiliaria con la creación de la Sareb, lo cierto es que no han dejado de reponer su propiedad inmobiliaria mediante las ejecuciones hipotecarias y probablemente solo en viviendas se habrán adjudicado más de 200 000 a lo largo de esta legislatura.

El Partido Popular ha asistido a esta situación económica y social considerando los desahucios como un problema económico del sector financiero; y, de hecho, cada vez que debatimos sobre esta cuestión ha sido el ministro de Economía el que se ha ocupado. Igualmente, el ministro de Economía también se ocupa del Fondo social de viviendas porque lo siguen viendo como un problema económico y no social, pero por mucho que el ministro de Economía y el Gobierno se empeñen en decir que están haciendo algo, ejemplos como el del Fondo social de vivienda, que de las 5891 con las que contaba no ha adjudicado ni el 30 %, demuestran que las medidas adoptadas por el Gobierno están resultando bastante inútiles.

Y en este escenario social y económico de crisis, dentro de la recapitalización bancaria, el Gobierno acordó con la Comisión Europea la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, lo que conocemos como Sareb o banco malo, que está resultando un negocio ruinoso en lo económico y, en lo social, penoso.

Esta sociedad de gestión se creó con una inversión de 50 781 millones de euros y el Estado aportaba el 45 % del capital a través del FROB pero garantizaba el 92 % de la deuda. Convendría que tuviéramos en cuenta algunas cifras —permítame que a estas horas se las traslade— para que se hagan una idea de lo que es la Sareb. La Sareb recibió 197 474 activos, con un valor en origen de 110 000 millones, pero que se rebajó una media de un 54 % y se le adjudicaron por 50 781 millones; desde luego, las cosas se podían haber hecho de otra forma porque de la misma manera que se rebajaron estos bienes más de la mitad para dárselos a una sociedad de gestión se podía haber dejado en manos de los particulares o de las pequeñas empresas con una quita similar y con una programación nueva para hacer frente a la deuda. Sin embargo, se optó por crear esta sociedad; una sociedad que, aunque privada, al mantener el Estado el 92 % de la deuda garantizada casi se puede considerar que tiene carácter público porque lo que se pretendía con esta doble medida, 45 % de propiedad y 92 % de garantía de la deuda, era evitar que computara para el déficit público.

A la Sareb se le traspasaron bienes por 50 781 millones de euros pero hoy no se sabe cuánto vale lo que tiene porque no hay una tasación actualizada de los bienes que posee y, por lo tanto, no sabemos si tiene el mismo valor, si es menor o si ha aumentado; o, por lo menos, si lo saben no lo han informado, no han dado cuenta de cuál es el valor de los bienes que tiene en este momento. Incluso, 2014 cerró con más activos inmobiliarios, en concreto con 104 744, que los que tenía en el año 2013 y eso se debe a que Sareb sigue haciendo ejecuciones hipotecarias, sigue aumentando su patrimonio inmobiliario y, además, está terminando algunas promociones.

No sabemos exactamente qué ha vendido y qué le queda, pero lo cierto es que, según su informe anual, han vendido 24 000 activos inmobiliarios. Sin embargo, he de hacer la reflexión de que lo que han vendido era lo que era más fácil de vender, lo más goloso, con lo cual, cada año será más difícil desprenderse de los bienes de esta sociedad.

Los bancos transfirieron cerca de 89 000 viviendas a la Sareb pero tres años después se han adjudicado, por la vía de las ejecuciones hipotecarias, otras 140 000. Por tanto, realmente Sareb no resolvió el problema de que los bancos acumularan viviendas —resolvería otros problemas pero, desde luego, ese no lo resolvió—, y aún le quedan más de 82 000, según nos dice en su informe anual.

En este escenario, la pregunta que nos hacemos con esta moción es si podríamos utilizar esta sociedad para hacer política de vivienda. Yo creo que la respuesta es que no solamente podríamos, sino que deberíamos utilizarla. Sareb, al cierre del año 2014, tenía 4297 viviendas en alquiler, y algunas de ellas eran viviendas de protección oficial. Por lo tanto, el Estado está desaprovechando una oportunidad de crear un parque social de viviendas a partir de las viviendas de su patrimonio, de las que ya tiene alquiladas y de otras muchas que podría poner en alquiler.

También les traslado la siguiente reflexión y es que si cuenta con 82 000 viviendas que no va a vender en una década, muchas de ellas van a estar años y años cerradas, con un elevado coste de mantenimiento por el deterioro que sufren, se podrían poner en alquiler, darles un fin social y, por supuesto, con un alquiler a bajo precio.

Me parece que es bastante sensato hacer esta propuesta. De hecho, incluso Sareb recoge entre sus principios la idea de compatibilizar los objetivos empresariales con los sociales, de hacer cesiones temporales a las comunidades autónomas, de evitar el desahucio de familias que ocupen las viviendas o de facilitar el acceso a una vivienda digna para colectivos vulnerables. Como ven, no tienen ninguna dificultad a la hora de escribir sus principios; el problema es aplicarlos después, es ejecutar propuestas sensatas, como las que estamos haciendo nosotros, de crear y mantener un parque social de viviendas de titularidad pública a partir de los fondos que ya tiene.

Fíjense ustedes hasta qué punto también se puede jugar con el cinismo en los fines, en los principios y luego ver cómo se ejecutan. Sareb ha creado un parque social de 2000 viviendas y lo que yo creo que hace es, como cualquier entidad privada, una campaña publicitaria en lugar de estar realmente apostando por resolver los problemas a la gente. Y lo ha hecho inteligentemente para su negocio: cede las viviendas a las comunidades autónomas por un período de cuatro años, pero son estas las que tienen que encargarse de cobrar los alquileres, de mantenerlas, y además tendrán que adecentarlas para poder usarlas.

Les pongo un ejemplo de lo que se ha ido haciendo y que ha salido en prensa. En Aragón habían llegado a un convenio en relación con 80 viviendas, 25 de las cuales estaban ocupadas. Es decir, que la Sareb elige qué viviendas cede a la comunidad autónoma y le cede las que tienen problemas, para que sea la comunidad autónoma la que se enfrente a estos y decida si echa o no a esas familias o si les corresponde quedarse en esas viviendas.

Creemos que todos los bienes que posee Sareb tienen que utilizarse, primero, para ayudar al acceso a la vivienda, pero también para estimular la economía, poniendo en alquiler los locales, a un precio económico para estimular que se creen y se instalen nuevas empresas, y terminando también las promociones. Es verdad que se están haciendo todo este tipo de cosas pero no a través de una apuesta firme, y con compromiso político, que es lo que nosotros proponemos, para hacer con todo este recurso patrimonial una apuesta social y no solo económica.

También queríamos aprovechar esta moción para criticar la gestión en la Sareb y la falta de trasparencia. En este sentido, les voy a dar algunos datos para explicar por qué llegamos a esta conclusión.

La Sareb está externalizando la venta de todos sus activos y son los propios bancos los que han de gestionar las ventas de las viviendas; bancos que a su vez, como le he contado, están de viviendas hasta arriba y que por supuesto van a poner sus intereses particulares por delante de los de esta sociedad y que además están cobrando más de 200 millones de euros al año por la gestión de estos bienes, de modo que no van a tener ninguna prisa en liquidar. Por tanto, quienes al final están haciendo negocio son los bancos que entraron en el capital de la Sareb.

Asimismo, Sareb también está llevando adelante ejecuciones hipotecarias, que decía que iban a intentar evitar, pero su informe anual habla de que en 2014 se ejecutaron por valor de 1021 millones y, en 2013, por 398,7 millones de euros; es decir, que lleva más de 1400 millones de euros en ejecuciones hipotecarias y no sabemos a cuánta gente ha afectado porque ese dato no nos lo dan en el informe anual. Nos dicen cuánto dinero, que es el dato sustantivo para ellos, pero no señalan qué efecto ha tenido y a cuántas empresas y familias ha afectado. Ese dato no lo consideran sustantivo y, es más, incluso teniendo una cantidad de patrimonio tan enorme, con más de 140 160 activos —entre ellos un montón de locales de alquiler— está pagando 1,38 millones por sus oficinas que son de alquiler, en lugar de haber utilizado las que tiene en propiedad.

Está teniendo también un alto costo para los ciudadanos porque sus resultados han sido negativos en los años 2013 y 2014; antes de impuestos, de menos 62 millones de euros y de menos 144 millones respectivamente. El resultado neto en el año 2013 fue de menos 261 millones y, en 2014, de 585 millones en pérdidas, en total ya 846 millones de pérdidas, a pesar de haber vendido 24 000 activos inmobiliarios. Recuerden ustedes el afán que tenía el Partido Popular por dividir el coste de la sociedad pública de alquiler con las viviendas, pues prueben a dividir los activos vendidos con las pérdidas generadas y esa división les dará una cifra de 35 250 euros; y lo digo por la buena gestión de la que siempre hace gala el Partido Popular.

A pesar de esta gestión tan negativa, encima la Sareb tiene los sueldos más altos del sector. Se han gastado 913 750 euros en el consejo de administración, para pagar a diez personas que cobran más de 4000 euros cada vez que se reúnen. El consejero ejecutivo cobró 401 000 euros en 2014; es más, con estas pérdidas ha tenido una prima, un sueldo variable de 83 000 euros por haber alcanzado los objetivos con los resultados de los que antes me he hecho eco. Están cobrando sueldos de estrella pero están tomando decisiones que resultan casi para estar estrellados. Por ejemplo, decidieron cambiar el interés variable al que iban a poner sus préstamos a interés fijo, contratando una cláusula suelo gigante que va a suponer más de 2800 millones de pérdidas para la Sareb.

Han estado vendiendo las viviendas en diferido y pagando a los fondos que invertían, a los que prestaban el dinero para comprar; han estado haciéndose trampa al solitario, financiando la compra de los fondos de activos bancarios que Sareb había creado a los inversores, incluso inventaron un mecanismo para financiar los gastos corrientes, el pago de impuestos incluso, y han llegado a hacer operaciones en las que han vendido edificios de oficinas que generaban 6,8 millones de euros al año por 81 millones. Es decir, que están haciendo una gestión que verdaderamente es difícil calificar de positiva.

Una cifra que refleja la imagen de lo que es la Sareb es que en el año 2014 la gestión de esta ha costado 1634 millones de euros, 1140 en intereses y 494 millones en gastos de explotación.

Por ello, hemos presentado esta moción para pedir que se haga una gestión transparente en la Sareb y que se utilice para hacer política de vivienda, para crear un parque social de vivienda, para priorizar la venta a los particulares y, sobre todo, para mantener y aumentar los alquileres.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el señor Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenas tardes, señorías.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, posicionarme en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la Sareb y el acceso a la vivienda, especialmente en el caso de las familias en situación de especial vulnerabilidad social.

Señor Fernández, antes de entrar en el contenido —quiero contestarle punto por punto— de la moción que usted ha presentado, permítame que resuma, puesto que usted no lo ha hecho, los once ataques del Partido Socialista en los ocho años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero a las personas que estaban en riesgo de ejecución hipotecaria. Le voy a dar hasta las fechas de los debates en las Cortes Generales.

Primer ataque, 11 de septiembre de 2007. El Grupo Socialista rechaza por arriesgada y sumamente intervencionista una moción del Grupo Popular para que los hipotecados en paro no pagaran sus cuotas durante un año. Gobierno socialista.

Segundo ataque, 26 de mayo de 2009. El Pleno aprobó, con el voto en contra del Grupo Socialista, una moción del Grupo Popular para ayudar a las familias sobreendeudadas.

Tercer ataque, 19 de mayo de 2009. Se rechaza una propuesta del Grupo Popular relativa a elevar las ayudas para el acceso a la vivienda. Gobierno socialista de Zapatero.

Cuarto ataque, 24 de febrero de 2010. El Grupo Socialista vota en contra de una proposición del Grupo Popular para incorporar un nuevo programa denominado Hipoteca Familia.

Quinto ataque, señor Fernández, 16 de junio de 2010. Se rechaza una proposición de Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida para analizar la dación de la vivienda con el objeto de saldar deuda. Rechazada por Zapatero, por el Gobierno socialista, por el Grupo Socialista.

Sexto ataque, 16 de julio de 2010. Gobernaba España el señor Rodríguez Zapatero. Rechaza una propuesta de Esquerra Republicana para que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.

Séptimo ataque, senador socialista, 22 de febrero de 2011. Votan en contra de la toma en consideración de una proposición de ley sobre el derecho a la vivienda presentada por Izquierda Unida.

Octavo ataque —preste atención a este—, 23 de marzo de 2011. Rodríguez Zapatero rechaza, en contestación a una pregunta de Esquerra Republicana de Cataluña, la aplicación de la dación en pago por poner en cuestión la viabilidad del sistema financiero.

Noveno ataque. (El señor Fernández Ortega: ¿No ha terminado aún?) No, todavía quedan varias citas. 14 de junio de 2011. El Grupo Socialista se postula contra la proposición de ley del BNG que establecía la dación en pago entre otros modos de ayuda.

Décimo ataque, 5 de julio de 2011. Tesis en contra de la propuesta sobre la dación en pago formulada por diversos grupos parlamentarios, que además sube a defender un senador socialista por Andalucía —después hablaremos de Andalucía—.

Yo puedo decirle como alcalde de mi ciudad —puesto que he vuelto a ganar las elecciones, mientras que ustedes las han vuelto a perder— que llevo dos años reclamándole a Susana Díaz que me ceda las viviendas, para familias en riesgo de exclusión social, que la Junta de Andalucía tiene cerradas a cal y canto en la ciudad de Jaén. Pero después hablaremos de Andalucía, porque aunque usted no ha hecho ni una sola referencia, ahí hay mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar.

Señor Fernández, ya ha visto lo que hicieron ustedes. Por cierto, se le ha olvidado algo en su intervención, algo que yo quiero apuntar sobre los acuerdos del Consejo de Ministros del Partido Socialista. Aquí tiene la nota informativa del Ministerio de la Presidencia, del Consejo de Ministros. Presidía Rodríguez Zapatero —PSOE—. 28 de septiembre de 2007. Agilización de los desahucios: «Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta del Ministerio de Justicia de creación de diez nuevos juzgados que se especializarán en desahucios, inicialmente en las ciudades donde hay una mayor saturación de estos casos. Asimismo, se han tomado en consideración algunas medidas de carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas.»

¿De qué cinismo me habla usted, señor Fernández? Si ustedes echaban a la gente a la calle y agilizaban los desahucios cuando malgobernaban España, ¿de qué cinismo me habla, señoría? Por cierto, ustedes, que tienen memoria para unas cosas y para otras no, ¿se acuerdan de esta noticia sobre la ministra de Vivienda en el año 2008? Es que como usted no la ha sacado, lo hago yo. Dice así: «Chacón dice que Madrid tendrá desde el 2008 seis juzgados para agilizar desahucios.» Partido Socialista, y Rodríguez Zapatero echando a la gente a la calle.

Le voy a dar la oportunidad, por honestidad política, de que me dé los datos de los desahucios en España desde 2004 a 2012. La fuente es el Consejo General del Poder Judicial. A ver si tiene el coraje político de subir a esta tribuna y decirme todas las ejecuciones que estaban pendientes en la etapa de Rodríguez Zapatero. Hágalo por honestidad política —si usted no lo hace, lo haré yo en mi segunda intervención—, y le pido que de manera muy específica enumere las de Andalucía; los datos de las ocho provincias están elaborados por el Consejo General del Poder Judicial. A ver si usted sube aquí sin cinismo, sin demagogia, con rigor y con objetividad, y me dice cuántos desahucios había pendientes de la etapa de Zapatero que se han ejecutado en los años de gobierno del Partido Popular, dígalo. Hágalo por honestidad política. La fuente —insisto— es el Consejo General del Poder Judicial. Yo ni quito ni pongo. Son datos provincia a provincia en España. Si usted no lo hace, lo haré yo en mi segunda intervención para conocimiento público de la Cámara y de la sociedad española, porque es bueno que se den todos los datos, senador socialista, todos los datos, y no tergiversar la realidad de manera interesada.

Usted hablaba de los sueldos de la Sareb, y mire que yo no quiero entrar en eso, pero si usted lo menciona, entro. Pues bien, le doy un dato: Un exconsejero de la Junta de Andalucía y una alto cargo cobran 3000 euros al mes por dos ayudas de alquiler pese a vivir juntos. ¿Qué me dice de esto, señoría? ¿Así se ayuda a los desahuciados en Andalucía? Se lo vuelvo a leer: «Un exconsejero y una alto cargo cobran 3000 euros al mes por dos ayudas de alquiler, pese a vivir juntos.» ¿Reprueba usted esto o no lo reprueba? ¿Son estas las ayudas a la vivienda que da Susana Díaz en Andalucía? ¿Lo reprueba usted o no lo reprueba, señor Fernández? ¿O es para gente que lo necesita y que no tiene recursos económicos? Lo digo porque también espero su respuesta.

Asimismo —y usted no lo dice— el Gobierno andaluz facilita viviendas gratis a 60 altos cargos. ¿Eso qué es?, ¿es ayudar a los que más tienen o a los que menos tienen?, ¿ayudamos a los que se desahucia porque carecen de recursos económicos, o qué hacemos? Por tanto, lecciones del Grupo Socialista, ninguna. Y después entraremos en detalle en cómo han tratado a familias desahuciadas en Andalucía.

Pero yendo al contenido de la moción, señor Fernández, y en relación con el parque social de la vivienda, Sareb, en el desarrollo de su actividad y en el marco de su mandato, es decir, desinversión de la cartera y pago de la deuda, está desarrollando un plan de acción de alquiler asequible. Este plan se concreta en la cesión de 2000 viviendas a las distintas comunidades autónomas para su utilización por familias con mayores dificultades sociales y económicas. Por cierto, ustedes nunca pusieron en marcha un instrumento parecido en ocho años de Gobierno; reconózcale al menos a este Gobierno —y este grupo parlamentario así lo quiere hacer saber— el aplauso por la puesta en marcha de esta iniciativa, que ustedes no solo no pusieron en marcha sino que negaron cuando el presidente Rajoy y el Gobierno de España sí lo hicieron. A día de hoy Sareb ha firmado convenios de cesión con las comunidades autónomas de Cataluña, 900; de Galicia, 50; de Aragón, 80, y tiene cerrado el acuerdo, pendiente de firma, con las comunidades autónomas de Canarias y del País Vasco. Y fíjese que yo, como alcalde de Jaén, todavía no tengo pendiente de firma, porque Susana Díaz no se ha dignado recibirme, la posibilidad de un convenio de cesión de viviendas que tienen cerradas a cal y canto en la ciudad de Jaén —vaya al barrio del Bulevar—, cuando tengo un registro de demandantes de vivienda en el ayuntamiento jienense que supera las 2500 solicitudes. Esa es su política social, no ayuda a las personas que más lo necesitan —después me referiré a ello—.

Conviene destacar, señor Fernández, que la totalidad de las viviendas cedidas están siendo adecuadas para poder cumplir en todos los casos los requisitos de habitabilidad que les son exigibles conforme a la normativa vigente. El número de viviendas cedidas es, dentro del marco del convenio suscrito, susceptible de ser ampliado a través de colaboración y de mutuo acuerdo entre las partes.

Senador socialista, en relación con la necesidad de que la Sareb priorice la venta a particulares de sus activos, debe apuntarse que esto ya es así. En términos globales, un 80 % de la cifra del negocio de la Sareb se ha hecho precisamente en estos dos años, desde su creación, por canales minoristas, ya sea mediante la venta de inmuebles a particulares o a través de la negociación con las empresas promotoras, acreditadas precisamente por la Sareb para la devolución de los préstamos. Solo un 20 %, por tanto, se hace por el canal de venta institucional, el cual está considerado dentro del plan de negocio de Sareb como el último recurso de desinversión y se utiliza únicamente para poder garantizar que la desinversión completa de los activos se produce con la rapidez necesaria para cumplir con el período legalmente establecido, que es de quince años.

Señor Fernández, en materia de transparencia, Sareb aplica los más altos estándares de transparencia, tanto en las operaciones que se desarrollan en el ámbito del mercado minorista y que suponen más del 80 % del total, como en las operaciones institucionales, que afectan fundamentalmente a préstamos con garantías inmobiliarias y a inmuebles no residenciales, como hoteles, oficinas o centros logísticos. En el primer caso, Sareb da una amplia publicidad a las viviendas en venta a través de los portales inmobiliarios de las entidades comercializadoras. En el caso de las operaciones institucionales, Sareb convoca procesos competitivos y transparentes, y con ello fundamentalmente se asegura de que la transacción se realiza precisamente a precios de mercado. Los informes de actividad que Sareb elabora semestralmente y que publica en su página web recogen toda la información sobre las características de las operaciones realizadas en el ámbito institucional.

Señor Fernández, yo creo que usted lo sabe, pero no lo ha dicho. Periódicamente Sareb informa de su actividad a la Comisión de seguimiento, que está integrada por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También el Banco Central Europeo se sienta en este órgano en calidad de observador. Y es la Comisión de seguimiento la que informa a las Cortes Generales de la actividad de la Sareb.

Senador socialista, en lo relativo a garantizar que la gestión de Sareb no supone una carga a los Presupuestos Generales del Estado deberé recordarles que este es un mandato legal que de manera explícita tiene también la propia compañía. A día de hoy Sareb ha demostrado, a través de su actuación de desinversión en los dos últimos años y medio, que es un modelo que funciona y que permite atacar un problema de grandes dimensiones: 50 400 millones de euros en activos problemáticos en el seno del sector bancario español, a través de una relativamente menor coinversión del Estado y del sector financiero sano, y 4800 millones de euros invertidos en capital y deuda subordinada. Tras dos años de trabajo, Sareb es capaz de prever que, dada una evolución del mercado inmobiliario razonable, podrá llevar a cabo el mandato sin recurrir en mayor medida a los ciudadanos y devolviendo el dinero invertido.

Y por último, en lo que respecta a la defensa del interés general en la gestión de Sareb, debemos destacar que la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, estableció los procesos de actuación temprana, reestructuración y resolución de esas entidades de crédito con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de recursos públicos. Permítame, señoría, recordarle en este momento del debate el texto normativo y citarle literalmente el artículo 35 de dicha norma, que, por cierto, después sufre desarrollo en el ámbito de las disposiciones adicionales séptima a décima.

La disposición adicional séptima de la Ley 9/2012 dispone el objeto social de esta sociedad y lo define como «la tenencia, gestión y administración, directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito que se determinan en la disposición adicional novena de la ley, así como de aquellos que pudieran adquirir en un futuro.»

Termino, señora presidenta. Por tanto, se trata de un objeto social exclusivo que deriva de una obligación administrativa. Como usted bien sabe, la creación de Sareb se enmarcó en el Programa de asistencia a España, acordado en el seno del Eurogrupo, tuvo lugar el 23 de julio del año 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado precisamente dentro del Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera el 10 de diciembre de 2012. Por todos estos motivos y por los que les expondré en mi segunda intervención, a la espera de que haga públicos los datos de los desahucios del señor Zapatero en la etapa socialista, votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Comenzamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

La Sareb se crea fundamentalmente para resolver un problema del sistema financiero, como instrumento que permita a las entidades financieras sanear sus balances mediante la transferencia de los activos más dudosos y de aquellos que significaban un riesgo para la propia estabilidad de las entidades financieras. Ese ha sido el objetivo fundacional. En aquel momento y como guiño a la sociedad se incorporó entre sus objetivos que una pequeña parte de esos activos financieros pudieran cumplir funciones sociales a través del alquiler social. La Sareb, fiel a su origen, se ha centrado a lo largo de estos años en intentar colocar en el mercado los paquetes más amplios de bienes inmuebles. Si bien es cierto, como afirmaba el portavoz del Grupo Popular, que el 80 % se ha colocado en el mercado minorista, no lo es menos que el 20 % ha ido a fondos buitre, que en ningún caso son la solución para el problema; todo lo contrario, se acaban convirtiendo en un altavoz que incrementa el volumen de ese problema, porque las condiciones en que los fondos buitre han asumido la adquisición de estas viviendas resultan absolutamente incompatibles con cualquier función social, por más que —sea con carácter anecdótico o no— apareciera en los objetivos fundacionales de la Sareb. Obviamente, su única finalidad es conseguir una rentabilidad rápida y, a poder ser, elevada. Sin embargo, a lo largo de estos años, la Sareb, que ha sido presentada hoy aquí como un instrumento lleno de ventajas, ha tenido diferentes problemas en el desarrollo de su actividad —algunos de ellos han sido explicados por el portavoz del Grupo Socialista y no son menores, como el hecho de que en los dos primeros años de actividad haya generado pérdidas—, pero también ha levantado las sospechas de la Comisión Europea, que ha manifestado su preocupación, fundamentalmente por entender que el valor de transferencia, a pesar de suponer una depreciación media del 55 % sobre el valor contable, sigue estando por encima del valor real o de mercado que los bienes transferidos podían tener, con el riesgo de que ello pueda ser interpretado como la utilización de unas ayudas del Estado al sector financiero, no consentidas ni aceptadas por la Comisión Europea.

La segunda dificultad ha sido la comercialización de esos productos, que no es ajena al hecho de que quienes están desarrollando la gestión de la Sareb, que son las entidades financieras que participan en su capital, en multitud de ocasiones tienen intereses contrapuestos a la propia Sareb en tanto en cuanto siguen teniendo en sus manos propiedades inmobiliarias en volumen muy importante; según datos que manejaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las entidades financieras siguen teniendo a día de hoy 83 409 millones de euros en sus balances en activos financieros, y de ellos, 31 700 en suelo, que son las propiedades más difíciles de colocar en este momento. Obviamente, si quien está participando en la gestión de la Sareb tiene a su vez como interés prioritario la colocación de su propio parque de viviendas o de bienes inmuebles y además solo garantiza la financiación de la colocación de ese parque del que sigue siendo titular, se acaba convirtiendo de forma inevitable y en la práctica en un obstáculo a la actividad de la propia Sareb, lo cual debiera dar lugar a una reflexión sobre si los mecanismos de gestión introducidos son los más adecuados, porque se suman dos elementos: por un lado, los resultados negativos, y por otro, dificultades para la comercialización por una competencia —vamos a utilizar el término clásico— desleal de quienes participan como accionistas en la Sareb y tienen un cupo de responsabilidad en su gestión.

Que —como plantea la moción— se aspire a que el objetivo social fundacional empiece a ocupar un peso más importante en la actividad de la Sareb resulta, en mi opinión, razonable. El compromiso que en su día asumió la Sareb era que 2000 viviendas estuvieran a disposición; posteriormente, en la práctica, el mecanismo que utilizó fue la oferta a las comunidades autónomas y convenios de gestión con estas. Lo normal es que a estas alturas, igual que debiera haber ocurrido con el Fondo social de vivienda, todo el parque disponible estuviera ocupado en régimen de alquiler. A día de hoy, de esas 2000 viviendas, la mitad están comprometidas, aproximadamente 1080, y el resto no tienen un destino, que era lo que inicialmente se había planteado. Consideramos que todo ello merece una reflexión política en el sentido de si el instrumento creado está cumpliendo y desarrollando todas las potencialidades a las que se aspiraba.

En cuanto a la gestión que se ha venido desarrollando, les diré que las remuneraciones de los gestores son muy importantes. El sueldo medio por empleado de la Sareb está en este momento en 95 000 euros al año —es verdad que bajó con respecto al año anterior aproximadamente unos 3000 o 10 000 euros, pero está muy por encima de la media del sector inmobiliario y financiero— y sus dos consejeros ejecutivos tienen una remuneración de 613 000 euros, lo cual debiera alentar a demandar que el resultado de su gestión fuera más positivo del que se ha alcanzado hasta el momento.

Por tanto, las dos cuestiones: una, la forma en que los competidores están desarrollando actividades desde dentro, que supone una amenaza real para la propia definición de los objetivos fundamentales de la Sareb, y dos, si los mecanismos de gestión que se han instrumentado son los más adecuados, merecerían un debate más sereno y con mayor participación de la que estamos teniendo en este momento en la Cámara.

Finalmente, coherente con la argumentación realizada, anuncio mi voto favorable a la moción. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.

Señorías, cuando hablamos de política de vivienda —que es parte del título de la moción que presenta el Grupo Socialista hoy, puesto que la moción va dirigida a garantizar que la Sareb favorezca el acceso a la vivienda, especialmente en el caso de las familias en situación de especial vulnerabilidad social—, además de cifras, que hemos escuchado muchas, además de ladrillo, además de burbuja inmobiliaria, hablamos de algo mucho más importante, hablamos de personas, y precisamente en este caso que hoy debatimos en la Cámara, de personas con un nivel de vulnerabilidad elevado. Y hoy, en el año 2015, y como consecuencia de la crisis económica que hemos padecido y de la que afortunadamente parece que poco a poco estamos saliendo, como decía, las personas en esa situación son muchas.

El primer párrafo de la Ley de vivienda, aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de junio, dice: «El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medioambiente adecuado, compartir las vivencias de los familiares y amigos y un sinfín más, puestos de relevancia reiteradamente tanto por la doctrina más autorizada, como por los propios tribunales de justicia. El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilita y permite al ser humano llevar una vida digna. Asimismo, desde hace décadas, diferentes pactos, consejos y comisiones coinciden en resaltar la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias y a la posibilidad de evitar y superar la exclusión social.»

Pues bien, señorías, no voy a repetir los datos que exhaustivamente se detallan en la moción y que anteriormente portavoces de diversos grupos han ampliado en su turno de intervención, pero sí me gustaría destacar que no por ser números dejan de ser algo más que una cifra, que una cantidad. No podemos ni debemos olvidar que detrás de ellos hay realidades muy diversas, personas con caras y ojos viviendo situaciones complejas, duras e injustas en muchas ocasiones.

Por ello, nos corresponde a nosotros, a los que hemos sido elegidos por esas personas, entre otras, legislar de la manera más acertada para que su día a día sea lo mejor posible, para garantizar calidad de vida a todos y cada uno de ellos y de ellas. Las políticas de vivienda deben integrar nuevas estrategias y orientarse prioritariamente a la atención de situaciones de emergencia social derivadas de la crisis económica, porque el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas que preocupan a la sociedad, a pesar de que entran en los rankings otras preocupaciones que a los ciudadanos les acucian. Han surgido nuevos colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, como las personas que pierden la vivienda y las que no pueden acceder al crédito aun teniendo la vivienda pública adjudicada.

Pero en esta moción, tal y como he mencionado al principio, al hablar de vivienda no hablamos solo de construcción ni de burbuja inmobiliaria. En esta moción se nos trae a debate si el instrumento de la Sareb en este caso sirve para aplicar una política de vivienda adecuada a todas estas necesidades que he mencionado y si verdaderamente acierta en la manera que vamos a dar respuesta a esas necesidades.

Mi grupo está de acuerdo con la generalidad del planteamiento previo de la moción, por lo que paso a comentar algunos puntos para justificar nuestro voto.

Con el primer punto no estamos del todo de acuerdo, especialmente con el término obligar. No tenemos tan claro que sea basándose en lo que Amnistía Internacional menciona, aunque podemos entender que es una base más literaria o para coger un poco el texto que ahí se refleja. Pero no tenemos muy claro que el término obligar sea el adecuado, teniendo en cuenta que la tendencia de la Sareb debería ser utilizar el parque de viviendas vacías, pero no desde la obligatoriedad, como decía.

Respecto al punto 2, únicamente quiero mencionar que la Ley de vivienda aprobada el pasado 18 de junio en el Parlamento vasco —que he citado anteriormente— marcaba unos límites: el 30 % con carácter general y el 15 % para los casos más vulnerables. Por tanto, la cifra que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en su moción nos parece adecuada.

En cuanto al resto de puntos de la moción, estamos de acuerdo, pues consideramos aceptable lo que en ella se pide. Y al respecto de las relaciones y convenios de la Sareb con las comunidades autónomas —mencionado anteriormente por alguno de los portavoces—, quiero señalar que Alokabide —sociedad instrumental de vivienda que gestiona el parque de alquiler del Gobierno vasco— está ultimando los términos de un convenio que va a firmar con la Sareb para incorporar alguna de sus viviendas al parque público.

Señorías, nuestra valoración va más allá de todos los números que se han citado. No vamos a entrar en los rifirrafes que unos y otros han mantenido, pero sí me hubiera gustado escuchar más justificaciones sobre las razones del desacuerdo —lo digo de forma general, como he manifestado en muchas ocasiones— y no tanto sobre aquello que cada uno de nosotros hemos omitido. Lo digo porque esta es mi última intervención y puede que posteriormente se hable de lo que hemos dicho o no hemos dicho. Considero que, detrás de los datos y las cifras, en muchas ocasiones existen realidades muy complejas, muy duras y muy injustas. Lo que debatimos en esta moción es si verdaderamente con el instrumento de la Sareb podemos dar respuesta y poner solución a algunos de esos casos, como los de mayor vulnerabilidad —tal y como recoge el título de la moción—. Es momento de tomar decisiones para que mejore la situación de esas personas y no para que esto no solo quede en promesas y palabras.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, presidenta, breument des de l’escó.

El nostre grup està a favor d’aquesta moció que denuncia el mal funcionament de la Sareb i proposa mesures de transparència i de millora substantiva de la seva gestió en relació al compliment dels objectius per la qual va ser creada. Però, sobretot, hi estem a favor, i és sobre el punt en el qual voldria incidir, perquè apunta a una proposta sobre el futur d’aquesta entitat que compartim plenament. Ens sembla que tenim l’oportunitat, en aquests temps, amb una certa perspectiva sobre la crisi que hem viscut, d’aprendre les lliçons de la crisi i, en particular, aprendre’n alguna en relació a l’esclat de la bombolla immobiliària. Ens sembla que, aquest esclat ens dóna dues lliçons sobre els grans desequilibris sobre el nostre sector, de la nostra realitat en el món de l’habitatge. El primer, el desequilibri enorme entre els règims de tinença, entre la compra i el lloguer. I, el segon, el desequilibri, també enorme, entre el règim de propietat privat o públic. Per això, semblaria intel.ligent fer d’un problema, és a dir, de la necessitat de reestructuració dels actius immobiliaris bancaris, fer-ne una solució, és a dir, aconseguir tenir, aconseguir disposar, en la nostra societat, d’un autèntic circuit per a la creació i la gestió d’habitatge públic, fent que aquest sector, el de l’habitatge públic, fos, tingués una incidència rellevant i no secundària en el mercat de l’habitatge, com té fins ara. Nosaltres, a diferència segurament d’alguns altres grups, creiem en el règim d’economia mixta, en què el sector públic i el sector privat estan presents en tots els àmbits de la societat. I, en el cas de sectors estratègics com el de l’habitatge, encara més. Per això, la idea de poder convertir la Sareb en un autèntic fons públic d’inversió immobiliària, que retroalimenti el sistema entre l’Institut de Crèdit Oficial i els organismes de gestió de l’habitatge públic —



tant a nivell de comunitats autònomes com d’ajuntaments— pot ser una idea carregadíssima de futur. Aquest fons, que incorpora els habitatges del banc dolent, del Fons social de l’habitatge, i que és capaç de cedir-los a aquests organismes de gestió de l’habitatge retrocirculant els ingressos per lloguers, en termes de crèdits per fer noves promocions, podria ser, insisteixo, una proposta interessantíssima per disposar d’un autèntic instrument a l’alçada del repte que ens planteja l’habitatge públic al nostre país.

Per això, senyories, aquesta moció que apunta en aquesta direcció ens sembla altament satisfactòria a banda, com he dit abans, de la nostra coincidència amb la resta de punts i, per tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Intervendré brevemente desde el escaño.

Nuestro grupo está a favor de esta moción que denuncia el mal funcionamiento de la Sareb y propone medidas de transparencia y de mejora sustantiva de su gestión en cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada. Pero, sobre todo, estamos a favor de un punto en el que querría incidir, pues apunta a una propuesta sobre el futuro de esta entidad que compartimos plenamente. En este momento, con cierta perspectiva de la crisis que hemos vivido, tenemos la oportunidad de aprender de algunas lecciones que esta nos ha dado, en particular en relación con la burbuja inmobiliaria. Esta situación nos ha dado dos lecciones sobre los grandes desequilibrios de nuestro sector, de nuestra realidad en el mundo de la vivienda. El primero es el enorme desequilibrio entre los regímenes de compra y alquiler y, el segundo, el enorme desequilibrio entre el régimen de propiedad privada y pública. Por ello, sería inteligente convertir un problema —la necesidad de reestructuración de los activos inmobiliarios bancarios— en una solución, es decir, conseguir disponer en nuestra sociedad de un auténtico circuito para la creación y gestión de vivienda pública, haciendo que este sector tuviera una incidencia relevante y no secundaria en el mercado de la vivienda como hasta ahora. Nosotros, a diferencia de otros grupos, creemos en el régimen de economía mixta, donde sector público y privado están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, y más aún en sectores estratégicos como el de la vivienda. Por ello, el hecho de poder convertir la Sareb en un auténtico fondo público de inversión inmobiliaria que retroalimente el sistema del Instituto de Crédito Oficial y los organismos de gestión de la vivienda pública —tanto del ámbito de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos—, puede ser una idea cargadísima de futuro. Este fondo, que incorpora las viviendas del banco malo, del Fondo social de viviendas, y que es capaz de cederlos a estos organismos de gestión de la vivienda, haciendo circular los ingresos del alquiler como créditos para nuevas promociones, podría ser, insisto, una propuesta interesantísima para disponer de un auténtico instrumento a la altura del reto que nos plantea la vivienda pública en nuestro país.

Por ello, señorías, esta moción, que apunta en esta dirección, nos parece altamente satisfactoria, además de que coincidimos con el resto de sus puntos. Por lo tanto, vamos a votar a su favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies presidenta.

Davant de la moció que presenta el senador Fernández, dir-li que, efectivament, moltes de les qüestions que vostè ha plantejat, així com l’exposició de motius, i tot allò que te a veure amb l’informe que fa referència a Amnistia Internacional, creiem que és d’aquelles mocions que més enllà de les dades, com deia la senadora Iparragirre, doncs, òbviament és d’aquelles mocions que té ànima social. I, per tant, d’allò que estem treballant, d’allò que s’està plantejant, d’allò que s’està dient i debatent, certament compartim plenament, en bona mesura, tot allò que vostè diu i la bondat d’aquesta moció. De tota manera, hi ha algunes qüestions, doncs vostè sap perfectament que per a nosaltres és tant important allò que es pretén, com qui és el responsable de fer-ho. Allò que es pretén, i qui és el responsable de fer-ho. I en aquest sentit, tant el punt 2 que és impulsar la creación de un parque social de viviendas a partir de la vivienda que posee la Sareb, evidentment això ha de ser, al nostre entendre, competència de les comunitats autònomes, per tant, ha de ser o propietat de les comunitats autònomes o, si més no, que ho gestionen les comunitats autònomes.

Quan parlem del punt 4 —a cambiar en Sareb los fines para mantener y aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler favoreciendo a las familias con mayores dificultades sociales—, efectivament, el mateix. I li posi en tot cas, com diguem a Catalunya, per a mostra un botó. Nosaltres, per part de la Generalitat de Catalunya, en el seu dia —crec que ho ha dit abans el senador del Partit Popular— tenim 900 vivendes que s’han traspassat de forma temporal. I és evident que el que voldríem és que fossin molt més ferms tots aquests tractes i que no fos tema de la temporalitat, però com això amb tantíssimes coses que ja són competències exclusives i que no es respecten, nosaltres creiem que a hores d’ara sí que ja hi existeix o hi pot haver la possibilitat que hi existeixi aquest mecanisme pel qual poder traduir tot allò que te el Sareb en una bona reversibilitat de cara a un ús social davant de les demandes i poder fer una bona política d’habitatge, sobretot perquè hi ha circumstàncies molt més vulnerables.

Dir-li que justament aquesta mateixa setmana per part de la Generalitat de Catalunya s’han invertit 870 000 euros per adquirir 40 habitatges que eren de Bankia, procedents d’execucions hipotecàries, i dels quals 18 ja estaven ocupats, però no ens preocupa, ni ho interpretem mai com un problema que ens traslladen, sinó com una realitat que és. I estem convençuts que quan s’està al Govern sempre és per gestionar les conflictivitats, siguin com siguin i de la manera que siguin. Per tant, benvingut sigui.

Que evidentment vostè en la seva moció va en el sentit que tant de bo que hi hagi un instrument molt més estructural, molt més consolidat, sí, però insisteixo, per nosaltres tant important és això com qui te la responsabilitat, sobre la qual cosa a la seva moció no en fa ni tan sols menció.

És evident que estem més a prop de les seves reflexions, del seu neguit, i no pas una mica com hem sentit per part del senador del Partit Popular, l’alcalde de Jaén. Que jo també sóc alcaldessa i per tant també es pot imaginar que òbviament en el meu municipi les circumstàncies difícils existeixen i tots plegats tenim claríssimament quines són les necessitats en els nostres termes municipals, però també, i li dic amb tota la humilitat possible, m’agradaria que aquests debats, sobre tot quan hi ha al darrera una necessitat de vulnerabilitat i de circumstàncies tant i tant difícils, que no es transformen en l’ «i tu més». Aquest «i tu més», a mi sincerament cada vegada em comporta allò que algú vol donar lliçons sobre què és la nova política. I el que queda clar és que l’antiga política, en el meu entendre, de manera molt humil, és la política dels retrets.

És evident que segur que hi ha coses per contextualitzar i per explicar, i que ningú doni lliçons a ningú, però dedicà bona part de la defensa de la oportunitat o la no oportunitat de les mocions, a aquests tipus de qüestions, a mi, personalment, quan estàs pel mig, em deixa una sensació com a mínim de mal gust de boca perquè, de veritat, o intentem que sobretot en aquelles qüestions que estem defensant, qüestions de justícia que no crec que ningú pugui donar lliçons a ningú, algú i en tot cas el poble acabarà decidint qui ha fet la bona feina i qui no ha fet la bona feina, però que en tot cas, m’agradaria molt, i és una petició molt humil que faig formalment a la cambra, que és intentar no donar lliçons de cap tipus, sobretot quan estem parlant de qüestions tant i tant delicades. Per aquestes raons de fons que compartim, de necessitat, senador Fernández, però també per nosaltres quan fem les propostes diem: és això i ho han de fer aquests, com que vostès no diuen que ho han de fer les comunitats autònomes, que a més a més s’està fent a Catalunya i a també s’està fent tant a l’Aragó com a Galícia, crec sincerament que aquesta part de la moció faltava. Per tot això ens abstindrem.

Gràcies.

Gracias, presidenta.

Debo decirle al senador Fernández respecto de la moción que presenta que muchas de las cuestiones que ha planteado —la exposición de motivos y todo lo que tiene que ver con el informe que hace referencia a la recomendación de Amnistía Internacional—, los datos, tienen alma social, tal y como decía la senadora Iparragirre. Por lo tanto, compartimos en buena medida los fines de todo lo que se está hablando y debatiendo y la bondad de esta moción. No obstante, hay algunas cuestiones que para nosotros son importantes tanto por lo que se pretende como por quién es el responsable de hacerlo. El punto 2 propugna impulsar la creación de un parque social de viviendas a partir de las viviendas que posee la Sareb. A nuestro entender, deben ser competencias de las comunidades autónomas y, por lo tanto, deberían ser o propiedad de las comunidades autónomas, o deberían ser gestionadas por las comunidades autónomas.

El punto 4 —cambiar en Sareb los fines para mantener y aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler favoreciendo a las familias con dificultades sociales— es el mismo caso. Para muestra, un botón. La Generalitat de Catalunya —antes lo ha mencionado el senador del Partido Popular— tiene 900 viviendas que se han traspasado de forma temporal. Es evidente que nos gustaría que todos estos tratamientos fueran mucho más firmes y no fuera solo una cuestión de temporalidad, pero, como en tantas otras cosas, son competencias exclusivas y no se respetan. Ahora bien, consideramos que en este momento existe la posibilidad de crear este mecanismo para poder traducir todo lo que tenga la Sareb en una buena reversibilidad de cara a un uso social ante las demandas y poder hacer una buena política de viviendas, sobre todo para quienes se encuentran en circunstancias mucho más vulnerables.

Debo decirle que, esta misma semana, la Generalitat de Catalunya ha invertido 870 000 euros para adquirir 40 viviendas de Bankia, procedentes de ejecuciones hipotecarias, de las cuales 18 estaban ocupadas, que no lo interpretamos como un problema que se traslada, sino como la realidad que es, y estamos convencidos de que el Gobierno está para gestionar los conflictividades, sea como sea y de la forma que sea. Por lo tanto, bienvenido sea.

Usted en su moción señala que ojalá existiera un instrumento mucho más estructurado y mucho más consolidado. Sí, de acuerdo, pero, insisto, para nosotros tan importante es esto como quién tiene la responsabilidad, algo que su moción no menciona.

Es evidente que estamos más cerca de sus reflexiones, de su sentimiento, y no de lo que hemos oído decir al senador del Grupo Popular, alcalde de Jaén. Yo también soy alcaldesa y podrá imaginarse que en mi municipio las circunstancias son difíciles. Todos tenemos claras cuáles son las necesidades en nuestros términos municipales. Pero también, y se lo digo con toda la humildad posible, me gustaría que estos debates continuos, sobre todo cuando hay detrás una situación de vulnerabilidad y circunstancias tan difíciles, no se transformaran en «Y tú más». Este «Y tú más», sinceramente, a mí me da la sensación cada vez más de que alguien nos quiere dar lecciones sobre qué es la nueva política, y lo que queda claro es, a mi entender, , y de forma muy humilde, la antigua política, la política de los reproches.

Es evidente que existen cosas poco contextualizadas para explicar y que nadie debe lecciones a nadie, pero dedicar buena parte de la defensa o no de las mociones a este tipo de cuestiones a mí personalmente, cuando se está en medio, me deja mal gusto en la boca, sobre todo con aquellas cuestiones que estamos defendiendo, que son cuestiones de justicia, sobre las que no creo que nadie pueda dar lecciones a nadie. Quizá en último lugar el pueblo acabará decidiendo quién ha hecho un buen trabajo y quién no. En tono caso, me gustaría mucho, y es una petición que hago humilde y formalmente a la Cámara, que se intentara no dar lecciones de este tipo, sobre todo cuando se está hablando de cuestiones tan delicadas. Por estas razones de fondo compartimos la necesidad que creo que es sincera, senador Fernández, pero cuando nosotros hacemos las propuestas y decimos que es así, y lo deben hacer así, ustedes no dicen que lo deben hacer las comunidades autónomas, cuando ya se está haciendo en Cataluña, en Aragón y en Galicia. Creo sinceramente que esta parte faltaba en la moción. Por todo ello nos abstendremos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de todos los grupos de la oposición, que en este caso también apoyan la moción.

No he acabado de entender muy bien, de la intervención del portavoz del Grupo Popular, cuáles son los motivos por los que está en contra de una mayor función social de la Sareb o de que haya más transparencia. Le he dado algunos datos con los que es posible, con absoluta sensatez, darle una mayor función social y aumentar la transparencia —porque hay datos que se desconocen y son muy importantes para el tamaño económico de esta sociedad—. No he encontrado ningún argumento razonable dentro de su intervención para que se ponga en contra.

Me parece la estrategia del calamar salir aquí a hablar de su libro, en lugar de hablar del tema que nos trae a debate. Quiere hablar de Andalucía. A lo mejor no ha comprendido que existe un parlamento andaluz que tiene autonomía y que hay portavoces del Partido Popular en ese Parlamento que pueden llevar los problemas del Gobierno andaluz.

Hoy hemos venido a discutir o a debatir sobre la gestión del Gobierno del Partido Popular, y usted huye de ese debate. Usted quiere plantear asuntos de anteriores gobiernos socialistas, que no tocan en este momento. Usted dice que vamos a debatir la anterior gestión, y yo le estoy hablando de la Sareb. Todo lo que ha dicho usted ¿qué tiene que ver con la Sareb?

Usted dice que nosotros no hicimos política de vivienda. Hay un dato demoledor contra su argumentación: ha caído lo recogido en presupuestos, que no lo ejecutado, a la mitad con el Gobierno del Partido Popular. ¿Ustedes han hecho política de vivienda? Está recogido en los presupuestos que han reducido a la mitad el gasto. Tengan en cuenta que, de ese dinero que queda en los presupuestos, una gran parte corresponde a políticas impulsadas por el PSOE, que ustedes han cercenado, han cortado y con las que han acabado. Me refiero a las ayudas al alquiler —aún quedan fondos destinados a la renta básica de emancipación— o me refiero a las ayudas a la subsidiación de la compra de VPO, con la que ustedes han acabado con carácter retroactivo, lo que es inconstitucional. ¿Le parece que eso es hacer política de vivienda? Viene usted a decir que los del PSOE no la hacían. Mire, no insista, hay datos que son absolutamente demoledores.

En cuanto a lo que nos ocupa hoy, la Sareb: cuando digo y defiendo la propuesta de que se destinen de manera mayoritaria a los ciudadanos individualmente las viviendas, dice que el 80 % se ha vendido en el tramo minorista. Mire, todas las viviendas que tiene la Sareb son para familias. ¿Qué hacemos vendiéndoselas a fondos buitre para que especulen con ellas? ¿Le parece poco el 20 %? ¿Cuántos miles de millones tiene que haber para que le parezca que ya es mucho? Si nos ponemos a ver los fondos de activos bancarios que ha creado la Sareb, cada uno tiene 2000 o 3000 viviendas que se le dan a un fondo buitre, para que especule con ellas. Le puedo poner el ejemplo del FAB Teide —fondo de activos bancarios—: se le dan dos mil y pico viviendas a un fondo que no pone ni un euro, al que le financia la compra la Sareb y en el que además hay ciudadanos que tenían contratos hechos para comprar las viviendas que no respeta el fondo buitre y a los que se les pide entre 30 000 y 100 000 euros más por vivienda. ¿Le parece que eso es denunciable? ¿Debemos exigir al Gobierno que corrija esa acción? ¿Por qué para vender las viviendas no bastan los bancos, que, por cierto, se llevan ya un enorme beneficio con la venta? (Como he explicado aquí, se llevan más de 200 millones al año por comercializar las viviendas.) ¿Por qué es necesario meter fondos buitre para que especulen con ellas? ¿Le parece que es una buena gestión de alguien que se pone un sueldo de más de 400 000 euros decir a esos fondos buitre que no tienen que hacer una inversión económica para conseguir las viviendas, que se las financia la Sareb? ¿Le parece que es una buena gestión o es necesario que lo denunciemos aquí? ¿Es nuestra función denunciarlo y exigir que se deje de hacer o no? De eso es de lo que nos ocupamos hoy en esta moción. ¿Debemos ayudar a crear un fondo social de vivienda o no? ¿Lo necesita este país en este momento o no? ¿Quiere usted salir aquí y explicarlo?

Me dice que es suficiente con las 2000 viviendas. Me parece que es un dato absolutamente ridículo. Le he dado cifras abrumadoras de familias que se están quedando en la calle, y usted cree que una medida del Gobierno es pactar con los bancos el fondo de vivienda, que no le ocupa a nadie. ¿Usted, cuando está a solas, no se pregunta honestamente si lo están haciendo bien? ¡Hombre!, si usted dice que estamos haciendo un trabajo social creando fondos de vivienda con los bancos y no las coge nadie, ¿no cree que se están equivocando? ¿Sinceramente piensa que lo hacen bien? Ese es el objeto del debate hoy.

Lo que ha hecho el Gobierno es inútil, no ayuda a la gente que tiene problemas; por tanto, hay que modificar lo que se está realizando. Cuando ponen 2000 viviendas en convenio con las comunidades autónomas se está haciendo una campaña de imagen. Ya le he dicho que, en su mayoría, son viviendas que están muy deterioradas y que están habitadas. Comparto con la senadora Candini que el problema no es que haya gente dentro, de eso nos ocupamos los políticos, pero como la Sareb no es política, transfiere la patata caliente a los políticos. Estoy completamente de acuerdo con usted. Dice: que las gestione las comunidades autónomas. ¿Por qué no les cobra un alquiler? ¿Por qué no dejan que tengan un alquiler digno? No estoy en contra de que las comunidades autónomas gestionen las viviendas, estoy de acuerdo, ahora bien, conveniemos con el Estado para hacerlo, en lugar de acabar con los fondos existentes para vivienda.

En este país nadie necesita comprar viviendas, podemos acabar ya con esas políticas. Y las políticas de alquiler que ha puesto en marcha el Gobierno de España —lo he explicado en alguna ocasión en el Pleno— consisten en decir que un joven que cobre el IPREM ya no tiene derecho a la ayuda al alquiler. O sea, el Gobierno de España, del Partido Popular, que hace una gran política de vivienda y de impulso al alquiler, está dispuesto a ayudar a aquel joven, arrojado y valiente, que, ganando menos de 535 euros, se independiza y se vaya a vivir solo; si no, no le ayuda. Eso es lo que defiende el Partido Popular, ¿y, ante eso, no podemos utilizar un mecanismo como la Sareb, que tiene más de 80 000 viviendas cerradas? La Sareb lleva funcionando desde hace tres años mientras los bancos llevan con las viviendas muchos años más, y todos sabemos lo que supone una vivienda cerrada más de cinco años. ¿No sería mejor conveniar de inmediato un gran número de viviendas —la mitad, por poner una referencia— con las comunidades autónomas y ponerlas a disposición de las familias? ¿No tendría un efecto potente en la realidad social y económica de nuestro país?

A eso venimos aquí, a hacer propuestas constructivas. Lo suyo es calamar, tinta; lo suyo es despistar, hablar de otra cosa que no toca. Si quiere debatir sobre Andalucía, está el Parlamento andaluz. ¿Sabe usted que tenemos un Estado autonómico? Aquí no toca debatir la gestión del Gobierno andaluz, aquí se debate sobre la gestión del Partido Popular porque es el Gobierno de turno. Las comunidades autónomas tienen su Parlamento. ¿O es que le va a hurtar usted el debate al Parlamento? (Aplausos). Fíjese si llevo razón, que le reto a que presente usted una moción para hurtar los debates el Parlamento andaluz a ver si la Cámara se la acepta. Usted habla de lo que le da la gana cuando se sube a esta tribuna, pero no tiene razón en los temas que trae, ninguna. Y, a menos que dé una cifra objetiva de la inversión del Estado, se le cae todo al suelo; no tiene ningún argumento.

Quiero denunciar también que hemos perdido con la Sareb —que es un negocio ruinoso— la oportunidad social de utilizar un montón de viviendas que están cerradas para ponerlas a disposición de la gente. Esto es lo que pedía esta moción. Además, la Sareb lleva a cabo una mala gestión; lo he explicado en más de una ocasión. El Partido Popular no es buen gestor económico. Eso sí, mucha propaganda, mucho control de los medios de comunicación, como Televisión Española, pero buen gestor económico, no. Han vendido 24 000 activos y tienen pérdidas que suponen más de 35 000 por activos. Tienen más de 800 millones de euros de pérdidas en dos años y dicen que son buenos gestores. Oiga, la Sareb tiene 300 trabajadores, con unos sueldos muy altos y, sin embargo, ¿pagan 200 millones por comercializar las viviendas? Además, están financiando los fondos buitre.

A mí me parece muy importante que usted diga aquí sí está de acuerdo —quiero que deje de estarlo— con la Sareb. Han inventado un mecanismo que llaman revolving por el que le financian incluso el pago de impuestos a los fondos buitre hasta que recuperan con la venta de inmuebles la inversión. Eso pone el informe anual de la Sareb, no me lo estoy inventando. ¿Está usted de acuerdo con eso o debemos cambiarlo? ¿Los políticos debemos decir que se haga una gestión política de la Sareb, o seguimos diciendo que se haga una gestión especulativa como la que ha mandado el Gobierno de España? ¿Les parece razonable que no se sepa cuál es el valor de los bienes que tiene la Sareb? Después de estar tres años gestionando la Sareb todavía no saben lo que vale cada uno de esos bienes, no han tenido tiempo, y a usted eso le parece razonable. Yo pido más transparencia, y para eso hay que saber lo que valen las cosas.

¿Está usted de acuerdo con las operaciones que están haciendo? Nosotros somos los que fiscalizamos la acción del Gobierno y la controlamos. ¿Estamos de acuerdo con cómo venden? No sé cuánto cuestan las cosas que han vendido, no tengo el dato, no sé si han cogido un piso que valía un millón y lo han vendido por 900 000 a un fondo buitre. ¿Lo sabe usted? ¿Le parece razonable que le exijamos transparencia al Gobierno y que nos informe sobre esos datos para que veamos que se están gestionando unos recursos económicos ingentes, que, si al final tienen pérdidas, las tendrán que afrontar los ciudadanos? ¿Les parece razonable que los fiscalicemos con criterios de rigurosidad, o nos basta con que en el informe anual de la Sareb nos digan: No, si nosotros hemos vendido por 1000 millones activos? Sí, ¿y qué? ¿Cuánto valían los activos? ¿Usted ha hecho descuentos a los fondos buitre? Porque, siguiendo su teoría de leer la prensa, hay periódicos que dicen que les hacen descuentos de hasta el 40 % sobre el valor al fondo buitre para animarlo. Pero no lo sabemos, no tenemos un dato objetivo. Yo pido datos objetivos para poder pronunciarme políticamente. Y mi posición política es: ¿Tenemos una herramienta potente? Pues usémosla en beneficio de los ciudadanos, y, además, cuidemos muy bien de los dineros públicos.

Yo también he sido alcalde y he hecho las dos cosas: he cuidado bien de los recursos públicos y he procurado lo mejor para los ciudadanos. Esa es la tarea de los políticos. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, el senador Fernández de Moya tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Tal y como temía, no ha tenido el coraje político de hacer públicos los desahucios de Zapatero. (Rumores). No ha tenido el coraje político de subirse a esta tribuna a dar los datos del Consejo General del Poder Judicial y decir cuáles eran las ejecuciones hipotecarias pendientes los últimos cuatro años del mandato socialista —de los progres socialistas— en España, echando a la gente a la calle sin recursos económicos. (Rumores.— La señora Andrés Prieto: Eso les interesa mucho a las familias que están desahuciadas).

Si usted se sube a esta tribuna a descalificar a Televisión Española, cuando quiera hablamos de Canal Sur (Rumores), cuando y como quiera (Rumores), repito: cuando y como quiera; porque los andaluces bien que sabemos que la televisión ha estado al servicio de su partido en Andalucía durante muchos años. (La señora Andrés Prieto: Sí que les interesa a las familias ahora). Por lo tanto, como y cuando quiera. (La señora Andrés Prieto: Eso sí que les interesa mucho a las familias). Pero aquí, en el debate, tampoco ha tenido honestidad política.

Ahora le voy a leer los acuerdos del Consejo de Ministros —esto no es la prensa—, los acuerdos del Consejo de Ministros socialista, de Zapatero, se lo voy a leer (La señora Andrés Prieto: Eso le interesa a las familias ahora), del que fue presidente del Gobierno de España. ¿Puedo hablar en las Cortes Generales... (Fuertes protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio. (Rumores.— Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Del de ahora).

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: ¿Puedo hablar en las Cortes Generales de lo que ustedes no hicieron? (Rumores). ¿Puedo hablar o no puedo hablar? (Rumores). Tranquilos, si no pasa nada.

Me dice que no hable de Andalucía, pero luego me remite al Plan estatal de vivienda 2013-2016, que son convenios de colaboración de viviendas de la Sareb. ¡Y yo no puedo hablar de Andalucía! ¡Yo hablaré aquí de lo que crea oportuno, porque usted no me va a cercenar —ni usted ni nadie— el derecho a la libertad de expresión en esta tribuna! ¡Ni usted ni nadie! (Aplausos.— La señora Andrés Prieto: La ley mordaza). Se lo leo: Acuerdo del Consejo de Ministros de Zapatero —que se sentaba ahí, y Chacón muy cerca—



 28 de septiembre de 2007: «Agilización de los desahucios.» (Señor Fernández, se lo voy a leer textualmente.) «Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta del Ministerio de Justicia de creación de diez nuevos juzgados que se especializarán en desahucio, inicialmente en las ciudades donde hay una mayor saturación de estos casos.» Nota informativa del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2007. ¿Dónde estaban los socialistas para defender a las personas a las que se iban a desahuciar? ¿Dónde estaba Zapatero, dónde estaba Rubalcaba, dónde estaba Pedro Sánchez, dónde estaba Chacón si echaban a la gente a la calle agilizando los procesos de desahucio? ¿Qué lecciones vienen a dar a esta Cámara? ¿Qué hicieron? (Rumores).

¿Usted se ha dado cuenta de que en su intervención se ha retratado usted y su partido? No me ha citado ni una sola medida, repito, ni una sola medida puesta en marcha por el Gobierno Socialista en la etapa de Rodríguez Zapatero en defensa de las personas que sufrían un desahucio.

Yo le voy a enseñar el Boletín Oficial del Estado de la etapa del Gobierno del Partido Popular. (Yo sé que a usted no le gusta escuchar esto. Yo le he escuchado con educación. Si usted quiere me escucha, y si no, me da igual, voy a decir lo que creo que tengo que decir). Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. ¿Me quiere enseñar un texto normativo similar a este aprobado por los socialistas en su etapa durante ocho años? No existe. Nunca lo pusieron en marcha. Nunca se preocuparon por los deudores hipotecarios. (Aplausos). Nunca, señores del Grupo Socialista.

Y, senadora de Convergència i d’Unió, esto no es el «y tú más». A ver si aquí se pueden subir a la tribuna a insultar y a descalificar al Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular tiene que permanecer callado y no puede poner ejemplos de lo que significa la referencia de gestión, según los socialistas, que es Andalucía. ¡Vaya referencia de gestión: más de treinta años y es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro en la nación española! Esa es la referencia de gestión del Grupo Socialista. (Protestas).

Pero, mire, yo voy a seguir hablando. Los desahucios se dispararon un 200 % en los últimos cuatro años del Gobierno Socialista. Usted no ha tenido el coraje político de decir las cifras —y mire que le he dicho que dijera las cifras—, porque usted ha contado lo que quería contar. ¿Pero por qué no ha contado esto? Le voy a dar los datos del Consejo General del Poder Judicial, no sin antes citar a su exlíder, señor Rubalcaba, en respuesta parlamentaria en el año 2011 sobre los desahucios: «Ya hay medidas suficientes.» Así actuaba el Partido Socialista: de espaldas a la realidad.

Señor Fernández, le voy a dar los datos relativos de lo que significan ejecuciones hipotecarias —lo digo porque usted no los ha dado y quiero que consten en el Diario de Sesiones por honestidad política—: Año 2008: en Andalucía, 11 458; en España, 58 686 —Zapatero—. Año 2009 —Zapatero—: en Andalucía, 17 774; en España, 93 319. Año 2010 —PSOE—: en Andalucía, 17 913; en España, 93 622. Año 2011 —Zapatero, PSOE—: en Andalucía, 16 313; en España, 77 854. Señoría, en Andalucía, en el periodo 2008-2011, gobernando el Partido Socialista, en esa tierra, mi tierra, 63 458 desahucios; en España, gobernado el Partido Socialista, 323 481 desahucios. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban los socialistas defendiendo a estas 323 481 personas afectadas por desahucios? ¿Dónde estaban? (Aplausos). ¿Dónde estaban? Ni estaban ni se les esperaba. No aprobaron ni una sola medida (La señora Andrés Prieto: Actúa tú ahora) en defensa precisamente de las personas que menos tenían. (La señora Andrés Prieto: ¿Y dónde están ustedes ahora? — La señora Vindel López: ¿Qué te pasa?)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señor Fernández, tengo aquí esos recortes de prensa que usted trata con desprecio según del medio de comunicación del que vengan. Siga usted tratándolos con desprecio. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías...

El señor FERNÁNDEZ MOYA ROMERO: «La Junta intenta desahuciar a tres viudas y a tres jubilados.» Política social de vivienda de Susana Díaz, de la Junta de Andalucía. «La junta critica los desahucios, pero ordena ejecutar uno en 15 días.» Política social de vivienda.

En mi tierra, en mi provincia, en Linares, la segunda ciudad de la provincia: «La Agencia IDEA también desahucia. Santana Motor: despedidos y desahuciados; al borde del desahucio tras diecinueve meses esperando que la Junta le pagara la dependencia.» Política social con mayúscula en Andalucía. «La Junta acelera el desahucio de 75 familias en Córdoba que echaba a la calle.» «La consejera de Vivienda de Izquierda Unida —hasta que ustedes la desahuciaron políticamente y convocaron unas elecciones por interés absolutamente personal (El señor Martínez-Aldama Sáenz: Que ganamos…)— ha ordenado más de 150 desahucios.»

Y, señor Fernández, le he traído uno, pero le podría traer muchos boletines oficiales de la Junta de Andalucía. Anuncio de 19 de febrero de 2014 de la Gerencia Provincial, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta, relativo a resolución de contratos sobre vivienda de protección oficial. La palabra «desahucio» aparece una y otra vez en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. La palabra «desahucio» está, una y otra vez, en boca de Susana Díaz y del Partido Socialista en Andalucía.

Señoría, ha dicho usted que ha sido alcalde. Si lo ha sido me imagino que usted respaldará a este alcalde para que la Junta de Andalucía, que tiene viviendas cerradas en mi ciudad, firme inmediatamente un convenio con el ayuntamiento para ponerlas a disposición de personas en riesgo de exclusión social, porque nadie entiende que la Junta de Andalucía tenga viviendas vacías y que haya jienenses que no se puedan pagar una vivienda o que no tengan recursos económicos y estén cerradas a cal y canto. (Aplausos).

Por tanto, señor Fernández, vamos a ver si cuando suban a esta tribuna, ustedes, que presumen de gobierno socialista en Andalucía, no sé de qué... (Rumores.— Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Ustedes, que presumen de ser el referente del gobierno socialista en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pídanle que, de manera urgente, firme con los ayuntamientos, a través de los registros municipales de demandantes de viviendas, un convenio para que no haya viviendas vacías, cuando hay más de 1 millón de parados en Andalucía tras treinta y tres años de Gobierno socialista. (Aplausos.— Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Y, señoría, le voy a decir una cosa; que aquí tengo, además, a compañeros, al señor Caballos, al señor Menacho, que saben, porque nos conocemos del Parlamento de Andalucía, que por mucho que griten o alboroten no me distraen. Yo a lo mío. Yo voy a lo mío. (Aplausos.— Rumores). Por mucho que griten; a lo mío.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, aténganse al debate y no jaleen al hemiciclo.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Y termino, señora presidenta.

Señor Fernández, le doy un consejo: cuando hable de la banca, léase el informe de la Comisión Nacional de la Competencia porque en él figura que las ayudas al sector financiero, en la etapa de Rodríguez Zapatero, ascendieron a 87 000 millones de euros; 1857 euros nos costaron a cada español.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Esa es la gran diferencia. Este Gobierno, con el presidente Rajoy, trabaja en beneficio de las personas que menos tienen, y ustedes, como siempre, responden con cinismo, demagogia y el abandono de los más débiles. (Aplausos).

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría. (Rumores.— Protestas).

Señorías, ¿seguimos con el debate o van a seguir jaleando a los oradores? (Rumores.— Pausa).

Continuamos con el debate. Les recuerdo que tanto esta moción como la anterior se votarán con el veto del siguiente proyecto de ley. (Rumores).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE LEY

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. 621/000130 Justicia

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, señor Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. Señorías, buenas tardes.

El Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil se presentó el 11 de junio en esta Cámara. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría. Señorías, guarden silencio, no se oye al orador.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Este proyecto de ley, que sometemos en este acto a la consideración del Pleno del Senado, se tramita por el procedimiento ordinario. Su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales tuvo lugar el 11 de junio y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 23 de junio del presente año 2015.

A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto y 100 enmiendas. El día 18 de junio la comisión designó una ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquero, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista; y doña Carmen Belén Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular. La ponencia se reunió el día 30 de junio para emitir su informe en el que no se introdujo ninguna modificación en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión igualmente se reunió para dictaminar el mismo día 30 de junio y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen la señora Domínguez Hormiga y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, de Convergència i d’Unió y socialista. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, para debatir la propuesta de veto, el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes; con la venia, señorías.

No se preocupen ustedes que yo voy a hablar de esta ley, no voy a hablar de Canarias. Y miren que tengo ganas de hacerlo, pero no voy a hablar de Canarias: voy a hablar de esta ley; y no voy a hacer lecturas de periódicos, porque no tenemos que hacer una exhibición de dominio de la lengua castellana en lectura pública, sino que vamos a hablar del texto de la ley. Les llamo la atención a sus señorías sobre el título de esto. Lean, por favor, el título y, a continuación, piensen lo siguiente: ¿cuántos de ustedes saben cuál es el nombre de la esposa del actual presidente del Gobierno? ¿Y cuántos de ustedes saben cuántas dinastías han reinado en España? Yo he de reconocer que hasta hace pocos días, porque lo he preguntado, no sabía la respuesta ni a lo primero ni a lo segundo; luego, no podía adquirir la condición de español, porque esas son las preguntas que, por ejemplo, en una localidad cercana a donde estamos ahora, se les hacía a los extranjeros que han residido en España. Saben ustedes que el artículo 22 del Código Civil establece 10, 5 o 2 años de residencia en España para los que no han nacido españoles, no lo han heredado de su madre o de su padre, o no son españoles de segunda generación; lo establece para aquellos que han residido aquí sin haber nacido en el país; y son 10 años, 5 o 2 según corresponda, si provienen de países latinoamericanos, de Filipinas o son sefardíes, etcétera; lugares donde había especiales vínculos con España. ¿Qué ocurre con esto? Ustedes se preguntarán, ¿a qué viene esta introducción? ¿Se va a contagiar del debate anterior y va a hablar de asuntos que no tienen que ver con la moción pero que escuecen mucho, que siguen escociendo mucho? Y sí, es malo respirar por la herida que escuece; hay que atenerse a la cuestión; y no quiero que el presidente Lucas me diga: aténgase usted a la cuestión y no hable de Canarias. Pues bien, ¿por qué este título? Pues porque en el contenido hay asuntos que no tienen nada que ver con el título. Por ejemplo, ¿por qué razón se recupera ese «carquerío» ideológico de retomar algo que ya se había descartado y aprobado por unanimidad en el año 2011 en la Ley de registro civil, por unanimidad, la acotación de los hijos provenientes de la afiliación matrimonial y los de la no matrimonial? No tiene sentido, entre otras cosas porque el artículo 39 de la Constitución ha arrumbado con eso; irrelevante es que los hijos sean provenientes de una institución matrimonial o no; ahí está también la última reforma del Código Civil, el artículo 44, que no es menester explicar. Además, les llamo la atención a los senadores ponentes del Grupo Popular para que miren la disposición final séptima porque lo que propone ya se intentó hacer con la ley de los sefardíes. Saben ustedes que es una ley que intentaba reparar una injusticia histórica, la expulsión de los sefardíes, de los moriscos, etcétera. Es verdad que se podía haber hablado también de los inmigrantes, de los saharauis, de los exiliados, de muchos otros grupos humanos más cercanos en el tiempo, pero se dio ese salto 500 años atrás, se planteó esa reparación y se facilitó el acceso a la nacionalidad de la comunidad sefardí. Y fue aprobada aquí por unanimidad. Pero en esa ley se intentó meter un apartado —peleamos mucho en contra, pero al final lo sacaron adelante, aunque no tenía nada que ver con la ley de los sefardíes e iba a impedir que se aprobase por unanimidad—. Y ahora lo han metido aquí, en la disposición final séptima.

¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Pues porque es un asunto muy importante y no se puede tratar así. ¿A ustedes no les parece que es relevante todo lo que tiene que ver con la inmigración, que ha sido nuestro pasado, que es nuestro presente y que será nuestro futuro? ¿No es un asunto que requiere una mayor atención? El artículo 11 de la Constitución establece que será la ley la que regule el acceso a la nacionalidad. En general, los Estados han acudido al ius sanguinis —por herencia—; luego, para solventar el problema de la segunda generación, han hecho uso del ius soli —los que ya estaban aquí—; pero, ahora, para abordar el fenómeno de la inmigración, el conjunto de los países está reformulando sus leyes de adquisición de la nacionalidad por residencia. En general, han sido leyes muy estables durante décadas en el conjunto de los países integrantes de la Unión Europea, que no se han ido modificando en el tiempo. Pero, ¿por qué ahora se modifica esto? ¿Por qué ahora? Podría pensarse, como he empezado mi exposición con dos preguntas que suscitan arbitrariedad, quién sabe cómo se llama la esposa del actual presidente del Gobierno, quién sabe cuántas dinastías han reinado en España, y como podrían hacerse otras muchas más, respecto a personajes televisivos o a asuntos de culebrones y bla, bla bla, que una manera de atajar esa arbitrariedad es poner dos exámenes sobre cuatro materias; o sea, la disposición final séptima. Y se establece que en esos dos exámenes, cuatro son las materias: Una, idioma, conocimiento del castellano. Dos, la Constitución. Tres, la realidad social y, cuatro, la realidad cultural de España. Uno puede pensar que parece razonable que se hable un castellano básico o que se conozcan los valores constitucionales. Pero, ¿cómo se van a hacer esas preguntas? ¿Qué ocurre? Pues que de todos los grupos que trabajan en el campo de la inmigración ninguno fue consultado sobre la ley; ninguno. ¿Por qué? Porque no es nula la ley que no es consultada. Sin embargo, aunque todavía hoy estamos debatiendo esta ley que volverá al Congreso, ya están siendo consultados sobre el reglamento. ¿Por qué? Porque sí es nulo el reglamento que no se consulta a las asociaciones de personas susceptibles de verse afectadas por la entrada en vigor de esa norma con rango reglamentario. ¿Qué dice ese borrador de reglamento? Que lo hará el Instituto Cervantes. ¿Se precisa algún criterio para que los funcionarios del Instituto Cervantes tengan conocimiento de qué va esto? No. Solo se dice que lo hará el Instituto Cervantes.

Y uno se plantea aquí si este es un asunto que requiere una ley de nacionalidad por la propia materia. Porque el asunto de la inmigración es vital para Europa. Todos los sociólogos insisten en que, para mantener el sistema del bienestar, para mantener las pensiones, para que ustedes puedan cobrar su pensión, la suya, no la de todos los que estamos en esta Cámara, la de las personas de la edad de ustedes, de la señora y del señor que son ponentes del Grupo Popular, el conjunto de Europa necesita cerca de 30 millones de inmigrantes para garantizar solo la continuidad vegetativa de la población en términos de trabajadores que coticen, de forma que ustedes puedan acceder a esa pensión, dado el índice de natalidad que tenemos en el país.

¿Qué han estado haciendo, en general, los países europeos? Han estado reformulando sus leyes. Algunos, inteligentemente, los que son más sensibles con esto, facilitan el acceso a la nacionalidad por residencia. ¿Y qué tipo de pruebas ponen? Pues unas que son absolutamente comprensibles. Por el contrario, los que quieren restringir ponen una batería de preguntas y exigen hasta un 70 % o un 80 % de aciertos.

Lo que yo les estoy intentando trasladar a ustedes es que la relevancia de esta disposición final séptima es lo suficientemente compleja como para que este asunto del acceso a la nacionalidad por residencia no se regule en una ley que tiene este título, que nada tiene que ver con este contenido; y que encima plantea estos dos exámenes con esas cuatro materias. ¿Por qué razón? Y ahora apelo a que la inmensa mayoría de los que están hoy aquí o tienen o han tenido experiencia en corporaciones locales. El ejemplo es muy sencillo. Todo extranjero en España, y son cerca de unos cinco millones, vive en un municipio. ¿Tienen esos municipios conocimiento acerca de la integración de esas personas? Ustedes saben que sí. Y no solo hablo de la Policía local; también lo hago de los servicios socioeducativos y de los actores sociales. Cuando se plantea el acceso a la vivienda y se van a baremar las necesidades, los ingresos, los gastos y los integrantes de esa unidad familiar, unos servicios muy inteligentes evalúan a esa persona y sus necesidades. Y eso ocurre en el campo municipal. Pero yo quiero decirles a ustedes que es mucho más importante la historia de vida —una expresión que aprendí hace poco de personas que trabajan en este ámbito de las ciencias sociales—, de esa persona que un examen concreto para responder, en dos horas, a un test que no se sabe cómo va a ser ni quién lo va a formular. Y es que este no es asunto para un funcionario de un instituto; es un asunto político de primer orden; un asunto clave en términos políticos, porque estamos hablando del futuro, de la continuidad del conjunto de la nación española.

Mucho más inteligente es la evaluación de esa persona si en general está integrada. No usamos la palabra «asimilación» que utilizan otros; usamos la expresión «integración en general en los valores constitucionales». Hay un compañero que insiste mucho en ponerme un ejemplo, el de una señora árabe que está trabajando en una casa durante 10 años, que no tiene demasiadas conversaciones en castellano, porque trabaja en la cocina, y que luego en su comunidad y en su casa habla en su idioma materno. En general el conocimiento que tiene esa persona de la Constitución o de la realidad social y cultural de España es bastante reducido, porque está con su familia y trabajando en la cocina de una casa. ¿Vamos a negarle a esa persona, si en general tiene un comportamiento perfectamente asimilable, como el de cualquiera de nosotros, si respeta en general nuestros valores y cultura, la nacionalidad? ¿Le vamos a negar la nacionalidad a esa persona si no tiene suficientes conocimientos de la Constitución y de la realidad cultural y social, y si no habla el idioma como debe hacerlo? Eso es lo que intento decirle. Y esta es una segunda razón; la primera era la resurrección de ese comentario, que me parece absolutamente carca en términos ideológicos, sobre la filiación matrimonial y no matrimonial, y que creo va contra el artículo 39.

El segundo argumento es el que he dado a la disposición final séptima. El tercero, es que, en general, la Exposición de Motivos no coincide con el articulado. Es más, hay incorporaciones al articulado que no están en la exposición de motivos, y dos pruebas de ello es lo que les acabo de decir.

¿Y qué planteamos nosotros? Pues planteamos que sinceramente hace falta una ley de nacionalidad que regule esto. Es lo que prevé el artículo 11 de la Constitución; es lo que en general se está reclamando; y por supuesto no puede ser una ley solo del Partido Popular ni tampoco puede serlo solo de cualquier otro partido, sino que tiene que ser una ley consensuada. ¿Por qué razón? Porque es un asunto estratégico para el conjunto de la nación española; y como este es un asunto demasiado serio y relevante, porque se plantea el futuro y la pervivencia de la comunidad española, me parece a mí que no procede abordarlo en una disposición final séptima. Y estos son, señorías, tres de los argumentos principales que utilizamos.

¿Qué otros argumentos usamos? Hemos presentado una enmienda, que ya explicaré con más detalle en el turno de defensa de las enmiendas, sobre la filiación del menor, pero fíjense bien en la expresión que voy a emplear porque es un asunto que se está debatiendo en el conjunto de la sociedad española. Cuando un menor está en España, sin entrar en ninguna otra consideración acerca de cómo ha venido al mundo, quién ha proporcionado el óvulo, el espermatozoide o quién ha sido la gestante, tiene que filiarse; tiene que filiarse porque es un derecho de ese menor. En la Convención de los Derechos del Niño de 1989 se recoge que el interés superior del menor está muy por encima de las consideraciones que unos puedan tener en torno a la libertad personal de cada mujer o en torno a la consideración de que es un solo órgano. El debate de la maternidad subrogada no es el que estoy trayendo aquí; ese debate se abordará cuando se tenga que abordar; me estoy refiriendo exclusivamente al derecho a la filiación del menor cuando se encuentra en el territorio. Hay ya dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo ponente fue el magistrado de Andorra, que ordenan a Francia, al margen del debate sobre la maternidad subrogada, a que esos menores sean filiados, que tienen derecho a esa identidad; de lo contrario, se estaría vulnerando la Convención de Derechos del Niño.

Este es uno de los asuntos que les planteé en la Comisión y sobre el que no recibí acuse de recibo. Yo espero que esta tarde tengamos el feliz advenimiento de que los argumentos que utiliza el Grupo Socialista para establecer este veto sean respondidos a contrario sensu. No espero que después de hablarles de este texto, ahora de pronto alguno me hable de alguna región española; no tengo inconveniente en que me hable de cualquier región española, pero de lo que estamos hablando ahora es de este texto, que parece que dice una cosa y luego, si vemos su contenido, dice otra.

En cualquier caso, los argumentos para plantear este veto son racionales y sensatos. Espero con verdadera pasión escuchar acuse de recibo de estos argumentos.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera, don Arcadio.

Tiene la palabra el senador señor Arias Navia.

El señor ARIAS NAVIA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Decía el senador del Grupo Socialista que él venía a hablar de la ley. Yo voy a hablar de la ley pero también del texto y de los argumentos que sostienen su veto a este proyecto de ley. Comparezco para defender el turno en contra de su veto. En esta intervención podría optar o bien por centrarme en sus comentarios al proyecto o bien centrarme en los argumentos que, como decía antes, sustentan su veto. Lo que voy a hacer es argumentar en contrario a los argumentos que plasman en su escrito.

Antes de nada, también me gustaría, como hice el otro día en la comisión, reiterar el reconocimiento irónico que se hace en el documento que presenta el Grupo Socialista al modo de legislar del Partido Popular y, en concreto, a lo que se refiere a la derogación de la parte más discutida o que no alcanzó el consenso, la parte del modelo del Registro Civil y la ampliación de la vacatio de la Ley 20/2011 hasta julio de 2017. Lo hago porque este fue el elemento sobre el que construyeron ustedes la enmienda de totalidad en el Congreso; basándose en aquello que ustedes llamaron «privatización del Registro Civil», algo con lo que nosotros ni estábamos de acuerdo antes ni lo estamos ahora. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Aquello fue algo que utilizaron para enfrentar a los ciudadanos y a los operadores jurídicos con el Gobierno. Pues bien, en este caso lo asientan sobre otras cuestiones.

En primer lugar, me voy a detener en lo que dicen ustedes sobre el proyecto de ley, que no desarrolla la infraestructura tecnológica encargada del servicio informático del Registro Civil. Sinceramente, nosotros no creemos que esa sea una razón sólida para vetar este proyecto. ¿Por qué? Porque, como es lógico, la infraestructura tecnológica se deberá adaptar a los requerimientos jurídicos diseñados por la ley como, por otra parte, ha venido ocurriendo en el Registro Civil sin que nunca se haya procedido a vetar ninguna otra ley por este motivo.

Y, en segundo lugar, nos sorprende que en el veto hablen de pactos tácitos en leyes que no dicen lo que el veto desearía. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la supuesta atribución de la gestión del Registro Civil a los secretarios judiciales por parte de la Ley de 2011. Destaca también la incoherencia del Grupo Socialista, ya que, por una parte, en el veto dicen que no se puede hurtar al parlamento ni a la sociedad en su conjunto el adecuado debate y reflexión, y, por otra parte, mediante las enmiendas que presentan al articulado, proponen reabrir cuestiones que trascienden del actual proyecto y se acercan más a planteamientos del Registro Civil que precisamente quedaron suspendidos por esa falta de consenso social y también por el escaso tiempo que resta a la presente legislatura.

Respondo a las acusaciones de oscurantismo que nos hace en el texto de su veto. El hecho de que el procedimiento para obtener la nacionalidad por residencia pase de la ley especial a otra sobre medidas de reforma en el ámbito de la Administración de Justicia —el título de este proyecto de ley—, fue precisamente el motivo que llevó al Gobierno a este cambio, a recoger este nuevo procedimiento en un nuevo proyecto en cuyo objeto encuentra, desde nuestro punto de vista, mucho mejor encaje la reforma propuesta. Cuestiona usted igualmente quién será el responsable de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. En este sentido, la ley dice claramente que será la Dirección General de los Registros y el Notariado.

No me voy a extenderme más; lo haré luego en el turno de portavoces. Ya debatimos el otro día y acusé recibo, como creo que está reflejado en el Diario de Sesiones. No obstante, como hablan también de la posibilidad de la realización de encomiendas, le respondo que todos sabemos que eso es algo que, con carácter general, está permitido por la legislación vigente y, por lo tanto, consideramos que no es precisa ninguna referencia en el proyecto sometido a debate. Además, actualmente, se está trabajando en la implantación de una plataforma electrónica de la Administración General del Estado basada en la plataforma de extranjería que ya existe, de manera que no se contempla ninguna encomienda. En definitiva, nuestro grupo, y más teniendo en cuenta que se procedió a la supresión o a la derogación de aquella parte que era más polémica o que fundamentó en su momento su veto a este proyecto en el Congreso de los Diputados, cree que su veto no procede y, por estos motivos, vamos a rechazarlo, pero no renunciamos a seguir debatiendo en el siguiente turno, y sin perjuicio de que mi compañera, en el turno de enmiendas, dé cumplida respuesta a todas las cuestiones planteadas por el senador del Grupo Socialista y también por el resto de portavoces.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Con toda brevedad expresaré mi voto favorable al veto. De hecho, si el ritmo legislativo fuera otro probablemente hubiera tenido tiempo para presentar un veto. En las actuales circunstancias, los —no grupos pequeños— subgrupos no podemos devolver todas las pelotas que están llegando a la Cámara. En consecuencia, opté por reservarme el derecho a manifestar hoy en esta intervención mi apoyo al veto. Porque como se refleja en el mismo, aunque el proyecto no haya sido para mi grupo motivo de enmienda a la totalidad en el Congreso, la tramitación en la Cámara y la introducción en el texto de diferentes contenidos, fruto de las enmiendas formuladas por el Grupo Popular, justifican absolutamente al día de hoy que se presente un veto al texto que nos ha llegado, sobre todo por los contenidos a los que hacía referencia el portavoz socialista: la recuperación, frustrada en un intento anterior, en el proyecto de ley de reconocimiento de la nacionalidad a los sefarditas, o la introducción de nuevos requisitos para la concesión de la nacionalidad española. Además, creemos que la regulación que se establece del procedimiento supone abrir un escenario en el que, de nuevo, va a ser imprescindible recurrir las encomiendas de gestión a colectivos como los registradores mercantiles y de la propiedad para la tramitación de solicitudes de nacionalidad que, inevitablemente, formarán un tapón que será imposible resolver con los medios propios de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Otros contenidos del proyecto. Por una parte, podemos felicitarnos de que se cierre el intento de conceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad, aunque, a la vez, lamentamos que no se dé el paso coherente que sería la definitiva atribución de la gestión del Registro Civil a los secretarios judiciales; y, por otra, y también en lo referente al Registro Civil, podemos afirmar que algunos de los cambios que se introducen, como la apertura de posibilidades a diferentes profesionales de intervenir en materias relacionadas directamente con el Registro Civil, acaban derivando en una especie de poda de las funciones propias de los registros civiles, al menos, tal como los hemos conocido hasta ahora.

Y decisiones que a primera vista pudieran parecer positivas, como el hecho de que se produzcan las inscripciones de nacimiento en los centros sanitarios en los que el nacimiento se produce o que la inscripción de las defunciones se realice por las empresas funerarias, acaban generando situaciones que merecen una segunda lectura, al menos, merecen un análisis detenido. En relación con los centros sanitarios, he de señalar que la respuesta de los profesionales sanitarios no ha sido de entusiasmo precisamente ante la posibilidad de tener que asumir funciones burocráticas no propias de personal médico y sanitario, que acabarán recayendo —imagino— en el personal administrativo de los centros de salud, y en el caso de los partos que se realicen en la sanidad privada, conllevarán la asunción de otros costes extras. Algo parecido puede pasar con la intervención de las funerarias que, sin ninguna duda, repercutirán en el coste de los servicios funerarios al asumir la inscripción de las defunciones.

Además, en el caso de los nacimientos, la justificación lógica —por eso digo que, en una primera aproximación, la valoración podría ser positiva— es que evita que los progenitores tengan que acudir al Registro Civil a realizar esa inscripción. Pero lo que no evita es que los progenitores tengan que acudir al Registro Civil a solicitar y recoger el libro de familia, con lo cual, no estamos solucionando nada relevante. La presencia física de los progenitores en el Registro Civil va a acabar siendo inevitable. Por ello, insisto, la decisión que se ha adoptado en esta materia en el proyecto merece ser pensada un poco más para ver si de verdad resuelve los problemas o, aunque no sea la voluntad del legislador —eso lo reconozco expresamente— ni del proponente, acabe generando dificultades colaterales que la desaconsejen.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muy buenas tardes, señorías.

Asistimos hoy, en opinión del Grupo Vasco, a una muestra más de la improvisación con la que está actuando el Grupo Popular. Entiendo que puede ser evidente que la justicia para todos ustedes, para todos los miembros de esta Cámara es algo importante, pero no hay más que ver el recorrido de esta legislatura para calificar de fatal la gestión que está realizando el Gobierno en el ámbito de la justicia.

Además, la improvisación con la que están actuando va más allá de lo razonable: ¿Tasas judiciales? Fracaso. ¿Proyecto de Ley de interrupción del embarazo? Fracaso. ¿Justicia universal? Presuntos delincuentes que estaban detenidos por tráfico de drogas están en la calle. Fracaso. Según el Consejo General del Poder Judicial, los datos de los asuntos resueltos en el año 2014, siendo esa una de las prioridades del Gobierno del Partido Popular, son peores que los datos del año 2011. Fracaso. Es un continuo fracaso, entendido, como estamos planteando aquí, sobre la base de la improvisación con la que están actuando y de la que seguiremos hablando.

Comenzamos con el proyecto de ley que traemos a debate. En ese sentido, quisiera plantearles dos datos: primero, la llevanza del Registro Civil. Es bueno, tal como se ha comentado, que hayan cejado en esa obsesión que han tenido por los registradores mercantiles de la propiedad, etcétera, pero lo peor de todo es la indefinición con la que dejan todo este ámbito y el problema que se ha generado allá donde no existía ningún problema. Pero también tenemos que ser conscientes de que posponer la solución al año 2017 es un plazo excesivo, teniendo una mayoría absoluta. ¿Qué demuestra eso? Si un grupo tiene mayoría absoluta y es incapaz de acordar la llevanza del Registro Civil en todos estos años y tiene que posponerlo al año 2017, significa otro fracaso del Gobierno en el ámbito de la justicia. Ustedes no pueden ocultar su responsabilidad, porque para lo bueno y para lo malo tienen mayoría absoluta y es evidente que han sido incapaces de solucionar este asunto. Dicho sea de paso, cuando hablamos de la llevanza, fue una disposición adicional de un decreto ley, una ley de medidas urgentes que se ha tenido que aplazar al año 2017. Quieren introducirla a través de una ley de medidas urgentes en el año 2014 y fíjense lo urgente que es que no lo van a solucionar hasta el año 2017. Esa es la gestión, pero esa es la gestión de un fracaso.

Segundo dato. Hoy, señorías, tal como dijimos en comisión, no se va a aprobar ninguna enmienda de las que debatamos. Los presentes sabemos que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque hay determinados preceptos que van a entrar en vigor el 15 de julio del presente año. Si eso es así, es evidente que no se va a aprobar ninguna enmienda que haga volver este proyecto de ley al Congreso, porque no se cumpliría con los datos establecidos y marcados por el Gobierno, por el Ministerio de Justicia y secundado por el grupo mayoritario. Por ello, la pregunta que nosotros tenemos que plantearnos es, además de que el Senado esté totalmente denostado, qué hacemos aquí sabiendo que no se nos va a aprobar ninguna de las 100 enmiendas porque el Gobierno tiene una serie de necesidades, es decir, el Ejecutivo tiene una serie de necesidades que el grupo mayoritario del Partido Popular secunda para que no se apruebe ninguna de las enmiendas que aquí se van a presentar. Esto nos debe llevar a la siguiente reflexión: ¿Qué pensará la ciudadanía de todo esto? Incluso, disposiciones que han sido acordadas entre el departamento de sanidad del Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad, no se pueden introducir. ¿Por qué? Porque no se pueden aprobar las enmiendas. Aunque haya una actitud positiva y acuerdo entre ambas administraciones, no se puede. Y la pregunta que me hago yo es: ¿Qué hacemos nosotros aquí?

Otro tema importante que no se ha abordado y que le queda pendiente al grupo mayoritario es el de la maternidad subrogada. El senador Iglesias, miembro del Grupo Mixto, presentó una moción en la Comisión de Justicia y consiguió algo muy extraño, que fue aprobar por unanimidad un texto en torno a la maternidad subrogada, que decía lo siguiente:» La comisión insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para que se pueda inscribir en el Registro Civil español el nacimiento de los hijos españoles nacidos mediante gestación por sustitución en países que tal práctica sea legal y se les garantice todos sus derechos y protección». Es decir, se acordó por unanimidad esta moción. Por tanto, si todos los miembros de la Comisión de Justicia —es decir, los que representamos a todos los grupos— estamos de acuerdo, ¿qué es lo que hace que no seamos capaces de introducirlo en el texto? ¿O es otra vez el Gobierno el que tampoco está muy a gusto con lo que el Legislativo dispone, y es otra vez el Ejecutivo quien está adoptando la decisión?

Es evidente, y soy consciente, de que el tema de la maternidad subrogada es un problema de difícil solución, pero, evidentemente, lo que les he comentado me genera impotencia y frustración porque, aun sin ser el mejor acuerdo el que adoptamos en la Comisión de Justicia, era un buen acuerdo. En ese sentido, creo que es una falta de respeto hacia los senadores y senadoras que estábamos trabajando en aquella comisión y que acordamos aquel texto el que sea el Gobierno quien nos obligue a comulgar con ruedas de molino.

Vamos a hablar también de la adquisición de la nacionalidad española por residencia, disposición final séptima. Esta disposición se retiró del Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. Entiendo que alguien valoró que era importante llegar a un acuerdo y que, por tanto, era necesario que aquellos puntos y disposiciones que estaban interfiriendo en ese acuerdo saliesen de ese texto. Pero mi pregunta es: si esto es así, ¿por qué lo que entonces no era válido ahora sí lo es?



¿Por qué lo que antes se consideraba inadecuado ahora es del todo adecuado?

Señorías, es evidente que el parlamentarismo —al menos en mi opinión— está embrutecido, que ha perdido el norte. Y lo peor de todo es que el grupo mayoritario no es consciente o, siéndolo, no quiere solucionarlo. Por tanto, tienen una doble responsabilidad, pues se está violentando el espíritu y la letra de la base de la democracia y se está violentando al Legislativo.

Hemos visto que se hace lo que se quiere, pero, evidentemente...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Voy terminando, presidente.

Pero hacer lo que se quiere y violentar la voluntad del Legislativo tiene sus consecuencias, algunas de las cuales serán imprevisibles. Señorías, la ciudadanía está cansada. Hagan lo que entiendan que tienen que hacer, pero en un futuro no muy lejano espero poder recordarles que todo lo que están haciendo hoy y las consecuencias que vivirán serán gracias a la actitud de hoy y de muchos días como hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Vamos a compartir el turno un servidor y el senador Saura.

Por mi parte, brevemente, voy a fijar la posición de los senadores y senadoras del PSC.

Este es un proyecto de ley que afecta a diversos textos legislativos: la Ley de enjuiciamiento civil en cuanto a lo que hace referencia a la subastas; la Ley del Registro Civil, el propio Código Civil, la Ley hipotecaria y la Ley de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación pública.

Ya se ha comentado una primera cuestión, de la que nos alegramos, y es que parece, al menos de momento, que se ha paralizado la pretensión y el riesgo que significaba la privatización del Registro Civil gracias a las enmiendas que presentaron los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Y digo que parece, al menos de momento, porque a pesar de que se ha evitado la privatización, no se ha resuelto el tema en su conjunto y, por lo tanto, queda la incertidumbre de lo que va a ocurrir.

En segundo lugar, también nos queda la duda de cómo y quién va a llevar a cabo el necesario proceso de informatización del registro. Nos preocupa enormemente, y este proyecto de ley, a nuestro juicio, no lo resuelve ni lo aclara. Globalmente entendemos que se trata de una ley involucionista, una ley en buena medida ideológica que se sustenta en pocas medidas objetivas. Se vuelve, se reintroduce —como se ha comentado— la diferenciación entre la afiliación matrimonial y la no matrimonial echando por la borda un acuerdo unánime tomado en el Congreso y en esta Cámara. Se ha hablado también —pero quiero significarlo— de la importancia de la disposición final séptima sobre la concesión de la nacionalidad por residencia. En este caso se trata de una cuestión realmente kafkiana: ley de la nacionalización de los sefardíes. En el Congreso de los Diputados se introdujeron una serie de enmiendas que, sin tener los informes preceptivos de los organismos consultivos, entra en el Senado y, en esta Cámara, como ya se ha dicho, se echa para atrás. Uno podría pensar que a lo mejor el texto de este proyecto de ley ya ha entrado en el Congreso de los Diputados; pues no, también se ha introducido a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con lo cual se ha vuelto a vulnerar la técnica legislativa que el Partido Popular ha utilizado de una manera generalizada a lo largo de esta legislatura, que es introducir cambios fundamentales en una ley sin que haya habido un debate suficiente, un debate político, un debate parlamentario, sin que haya habido un debate en la calle y sin los informes preceptivos de los organismos que tienen la obligación de hacer sus dictámenes. Además de esta disposición final séptima, también se ha utilizado esta misma técnica en otros aspectos de la ley, con enmiendas del Partido Popular, sin debate y sin el preceptivo informe de los organismos.

Este proyecto de ley —y con ello finalizo— se aleja del principio de servicio público de justicia y, por lo tanto, las senadoras y senadores socialistas vamos a votar a favor de este veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente

Señorías, saben ustedes, porque me conocen un poco, que no acostumbro a alzar la voz ni utilizo calificativos gruesos para definir el debate político. Pero creo que esta vez he de decir que estamos —a mi entender— en el atropello democrático más grande desde la recuperación de la democracia. Nunca, ni en el Congreso ni en el Senado, se había producido una situación como esta. Aprobar 30 o 40 leyes a un mes y medio de la disolución del Senado y del Congreso que tienen un objetivo partidista, no un objetivo de bien del país, es un atropello que expresa un caos, un desorden, en una situación en la que no se permite que el Parlamento, las Cortes, que el Congreso y el Senado hagan su trabajo bien hecho. Además se produce una instrumentalización del Congreso y del Senado. Con esta propuesta, con esta iniciativa del Gobierno del Partido Popular se instrumentaliza el Senado simplemente como un objeto para que se aprueben las leyes. (Aplausos).

¿Ustedes creen que se pueden debatir a fondo leyes tan importantes como las de la nacionalidad, de la seguridad nacional, de defensa, de justicia en el poco tiempo que nos queda? La pregunta es: ¿por qué lo hacemos? ¿Porque interesa al país, por el bien común o simplemente porque el Partido Popular quiere ir a las elecciones recuperando cosas que no ha hecho antes, diciendo que ha aprobado 47 leyes? Por tanto, lo que estoy diciendo es que estamos en un momento de instrumentalización de los procedimientos parlamentarios que —a mi entender— no se había producido nunca desde la recuperación de la democracia en el Estado español. Solo esto llevaría a presentar el veto. Además, esto produce muchos errores. Hemos visto cómo hay errores en el Código Penal, hemos visto cómo en el tema de los sefardíes ocurre una cosa que se ha comentado y que es esperpéntica. En el trámite del Congreso el Partido Popular introduce unas enmiendas, llega al Senado, y el Partido Popular con unas enmiendas saca ese contenido del texto. Hemos visto el tema del Registro Civil, que ya expresa absolutamente el caos. El Gobierno del Partido Popular dijo al inicio de todo que quería que hubiera una organización médica colegial que se encargara de la plataforma informática para sacar adelante la informatización del Registro Civil. El año pasado, en la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y la eficiencia dijo que en 2015 estaría en marcha la plataforma electrónica que permitiría el registro electrónico. Para 2015, en una ley de medidas urgentes. Ahora se nos dice que en 2015 no, que en 2017. No se habla de una organización médica colegial sino que se propone que lo haga un colegio de registradores.

Esta es una ley de Registro Civil, y, entre otras cosas, cuando se apruebe vamos a seguir sin saber cuál es el modelo de Registro Civil, con lo cual ya no entiendo nada. Es una ley de Registro Civil que se ha ido purgando, cortando elementos del proyecto de ley y no sabemos quién hará la plataforma, quién administrará la plataforma y qué pasará con el Registro Civil. Después de dos años, de cambios repetidos y de incumplimientos de acuerdos en leyes aprobadas de forma urgente, nos conducen a la situación paradójica y patética hoy de que votaremos una ley de Registro Civil sin que tengamos un modelo de Registro Civil. ¿Para qué nos sirve esta ley? ¿Por qué se aprueba esta ley?

El portavoz del Grupo Popular ha manifestado que la justicia se ha modernizado. No es cierto, el otro día dije en otro debate de una ley de justicia que a mi entender, y esta es una opinión subjetiva, de los diversos ministerios posiblemente el que peor ha gestionado es el de justicia. No lo dijo yo, el Colegio de Abogados de Cataluña y el Consejo General de la Abogacía hacen unos informes muy críticos en relación con este tipo de leyes. Después lo desarrollaré con ampliación de argumentos.

Para terminar, quiero señalar que la manipulación o la instrumentalización de esta ley degradan —es lo peor de todo— el proceso democrático del Estado español en un momento en que la gente está pidiendo más transparencia. La característica del Senado puertas afuera es mayor transparencia, pero lo que ustedes hacen hoy no es solo menos transparencia, sino que es la más absoluta opacidad. Por tanto, creo que estaría bien que el Senado, expresando incluso su autonomía como corporación, echara para atrás esta ley para poder discutirla tranquilamente; es decir, que saliéramos de aquí sabiendo cuál es el modelo de Registro Civil, cosa que hoy no vamos a saber. Seguramente ustedes van a votar por la opacidad en esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, valoramos positivamente que, al final, en el trámite de este proyecto de ley en el Congreso se acordara posponer su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2017, en otra legislatura, en otro contexto, en aras de intentar tejer el consenso necesario para ver cómo y quién lleva el Registro Civil. Por tanto, se derogan aquellas disposiciones adicionales a la Ley 20/2011, que tras las reformas de CORA van a dejar de tener efecto, en las que se encomendaba a los registradores de la propiedad y mercantiles la llevanza del Registro Civil.

Este proyecto de ley tiene dos objetivos que compartimos: en primer lugar, agilizar las subastas, cuánto se ganará si este proyecto de ley posibilita el acceso a las subastas electrónicas con mayor publicidad. El segundo objetivo es facilitar las comunicaciones al Registro Civil cuando se producen los nacimientos en centros hospitalarios, también las defunciones. Sobre este tema debemos remarcar que debe trasladarse al Gobierno la necesidad de dotar de recursos materiales necesarios para la consecución del objetivo del proyecto, ya que el coste de la implementación de la ventanilla única no debe trasladarse a los centros sanitarios ni a las administraciones sanitarias.

Aun así, compartiendo algunos de los objetivos del proyecto de ley, consideramos que debemos puntualizar varias cuestiones que nos parecen del todo rechazables. Las hemos agrupado en tres puntos. Primero, si me permiten la expresión, el ninguneo de esta Cámara y de los senadores que la conformamos. ¿Por qué me expreso en estos términos? Porque se trae a esta Cámara este proyecto de ley con las indicaciones del Gobierno al grupo mayoritario para que no apruebe enmienda alguna, de forma que el texto quede aprobado tal y como viene del Congreso de los Diputados para su pronta publicación en el BOE y subsiguiente entrada en vigor. Y claro está que así va a ser, pues en las observaciones a este proyecto de ley elaboradas por el letrado de la Comisión de Justicia —esta Cámara, por suerte, cuenta con buenos letrados— se señala que algunas disposiciones de la Ley 20/2011 entrarán en vigor a partir del 15 de julio de 2015; por tanto, es un criterio matemático para que puedan entrar en vigor.

Segundo, la incorporación de aspectos en el texto que no han podido ser debidamente evaluados por la Junta de Fiscales del Estado, ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo General del Poder Judicial, como, por ejemplo —ya lo han dicho otros ponentes—, la modificación del procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia, disposición final séptima, que no consta ni en el preámbulo y que debería ser objeto de una ley aparte sobre adquisición de nacionalidad.

Tercero, la falta de búsqueda de consenso en la tramitación de los proyectos de ley, en general, y las prisas en la tramitación de los mismos. Estas prisas, este tramitar sin el debido y suficiente sosiego ni estudio, sin tiempo alguno para la reflexión, ha provocado que se aprueben leyes a golpe de mayoría absoluta sin consenso y con contenidos bien dispares, a modo de popurrí legislativo, en ocasiones enmendando, mediante proyectos de ley, proyectos de ley que aún están en trámite, pero en estado más avanzado. Un desvarío legislativo total; una —permítanme la expresión— diarrea legislativa que provoca errores en los textos aprobados. Errores detectados antes incluso de que entren en vigor los proyectos de ley aprobados, como, por ejemplo, el Código Penal: corrección de errores publicada el jueves 11 de junio de 2015 en el BOE de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modificaba el Código Penal de 1995. Pero es que hay errores de tal entidad, que van a ser necesarias instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que pueda aplicarse este Código Penal. Pero es que hay errores en la tabla de penas de los delitos menos graves y graves y en la competencia para su enjuiciamiento; errores que han provocado confusión en los plazos de prescripción de delito, en la posibilidad de suspensión de las penas, incluso de aplicación de la ley más favorable.

Consideramos que esta no es la forma adecuada de legislar, y a pesar de estar de acuerdo con la mayor parte del contenido de esta ley, hay muchos puntos mejorables que han sido objeto de enmienda por parte de nuestro grupo; concretamente, hemos presentado 23, que suponen una mejora del texto y ganar en seguridad jurídica.

Por lo que respecta al veto presentado por el Grupo Socialista, compartimos gran parte de los argumentos que lo motivan. Aun así, como consideramos positiva la aprobación del proyecto —aunque su tramitación sea mejorable—, nos vamos a abstener en la votación del veto presentado.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.

Esta mañana teníamos un acto a las nueve y cuarto —no importa cuándo empezó, pero a las nueve y cuarto estábamos convocados para recibir al presidente de Perú— y, después de dos exposiciones —elegante y correcta la del presidente del Senado y, en mi opinión, también muy correcta la del presidente de Perú—, nos fuimos. Y ahora estamos hablando de la disposición adicional séptima, y les pregunto: ¿qué grado de coherencia creen ustedes que hay entre las exposiciones de los presidentes del Senado y de Perú y esta disposición adicional séptima, en relación con los peruanos que están en España?, que con dos años de residencia —es lo que se exige: diez, cinco o dos, depende de los vínculos históricos de ese pueblo con nuestro país— pueden iniciar lo que los británicos llaman el proceso de naturalización; en nuestro caso, la adquisición de la nacionalidad por residencia.

Si conociéramos los criterios, no tendríamos preocupación ni duda. A mí me genera mucha zozobra que un juez de una localidad pregunte lo que antes les dije que preguntaba: cuántas dinastías han reinado en España o el nombre de la esposa del presidente del Gobierno. ¡Por favor!, pero, claro, los jueces encargados del Registro Civil son muy diversos. Uno de los cuatro destinos que tuve en Canarias fue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Bartolomé de Tirajana, donde estaba encargado del Registro Civil, y yo no preguntaba ese tipo de cosas, sino que trataba de preguntar a los funcionarios y a los policías qué sabían de esas personas e iba al ayuntamiento a informarme, para ver si llevaban una vida normal. Acaban de detener en Arrecife a una española, conversa de religión, que estaba adoctrinando a gente para ficharla para el llamado Estado Islámico, y seguro que ella y personas de 15 o 20 años estudian unos cuantos meses o años y aprueban todos estos exámenes que quieren ustedes poner. La relevancia no está en dos exámenes con cuatro materias: idioma, Constitución, realidad social y realidad cultural; eso no es lo relevante. Lo relevante es que podemos ser profundamente injustos con personas que sí están integradas en nuestra sociedad pero que no superan un examen de esas características.

He estado mirando material de derecho comparado, como hacen en Reino Unido o en Chipre; en algunos países hasta ponen pruebas sanitarias. Existe una gran diversidad pero, en general, los países más sensibles a la necesidad del mantenimiento, en términos vegetativos, de nuestra comunidad, del conjunto de la nación o de los pueblos de España, como cada uno lo quiera llamar —yo por esas cosas ya no debato—, el conjunto de hombres y mujeres que viven en España, según la sensibilidad y el planteamiento estratégico que dejan en el país, tiene unos criterios u otros, porque les interesa más la verdad de la historia de vida de esa persona que el que apruebe un examen de dos horas un día concreto. Eso es muy relevante. Mi pánico no es continuar o no con la arbitrariedad, mi pánico es que seamos profundamente injustos con personas que sí han vivido pero que no tienen ese dominio del castellano. En derecho comparado hay diversas posibilidades, y yo les estoy sugiriendo una. En España, toda persona vive en un municipio, y en ese municipio tienen cumplida información de ese ser humano, es decir, con quién se relaciona, con quién vive, cómo convive con los otros. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué habla de eso? Pues porque es muy relevante. El Parlamento no se hizo para que los amigos habláramos entre nosotros, para eso nos vamos a comer en los países latinos o a beber en los países del norte —cultura católica, cultura calvinista—. El Parlamento se hizo para que los adversarios, que antes guerreaban, dejaran de guerrear y se pusieran a debatir.

Yo no les voy a hablar de la subasta electrónica, porque es evidente. Yo aplaudo que la subasta electrónica salga en el BOE. ¿Por qué? Porque es correcto. En ese sentido, como ustedes saben, hemos presentado las enmiendas 79 a 100, en las que planteamos sugerencias sobre eso. Pero como no es el momento de debatir las enmiendas, solo adelantaré que, a pesar de que lo que decimos sobre la subasta electrónica es evidente, no hay razón para el veto, por eso solo planteamos sugerencias. ¿Tenemos sugerencias sobre la afiliación electrónica por nacimiento o defunción? Sí, pero no es razón para el veto.

Aquí he expuesto varias razones para el veto. Y, dicho sea con cariño y con respeto, señor ponente del Grupo Popular, no me ha acusado recibo de lo que le he dicho. Usted ha cogido el texto escrito que se registró en la Cámara y ha respondido a dicho texto escrito, pero un debate parlamentario es una conversación entre los que estamos aquí. A mí no me gusta nada el estilo de dar todo por defendido en ponencia o en comisión, y ya no se habla más. Yo solo encuentro una atenuante muy cualificada —no una eximente, dicho sea con cariño— a las minorías, porque son pocos y tienen que llevar un montón de leyes, pero cuando es un grupo grande no hay ninguna atenuante. ¿Por qué? Porque lo propio del parlamentario es parlare en ponencia o en comisión, si no, sustituimos las ponencias y comisiones. Y el debate en el plenario no ha de limitarse a lecturas sucesivas, sino que debe desarrollarse con conversaciones en torno a lo que se argumenta aquí. Una cosa es el escrito que se registró hace semanas y otra lo que aquí se ha argumentado. Yo he argumentado respecto a la disposición final séptima, que es un asunto de suficiente envergadura para plantear una ley de nacionalidad, para que no se tramite así porque puede ser la consolidación de la arbitrariedad o la apertura de un inmenso agujero de injusticia a la hora de tratar a cerca de 5 millones de personas que están aquí viviendo, trabajando, tributando y conviviendo con nosotros, que han decidido ser españoles. Tengo pánico a ser injusto con esas personas. Por eso, me gustaría que me respondieran sobre esto.

Como les he dicho, yo no planteo el debate teórico de la maternidad subrogada porque no tengo competencias para eso ni soy quién. Es un asunto que está abierto. Yo he leído textos de feministas muy cualificadas que están profundamente en contra y otros textos de feministas muy cualificadas que están a favor. Hay diversas teorías. Pero yo no hablo de eso. En general, mi posición sobre cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano es que vale más que haya reglas a que no las haya, porque habiendo reglas, aun así, habrá injusticias y abusos, pero habría muchos más si no las hubiera. Pero en este caso no estoy planteando eso, sino que cuando hay menores hay dos sentencias, Labasse y Mennensson, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo ponente es el magistrado andorrano —por cierto, estuvo en Madrid, en la Comisión para los Derechos Humanos del Consejo de Europa—, que dicen: si hay menores, ese menor tiene derecho a la identidad, tiene derecho a ser filiado. Ustedes, los adultos, tengan las broncas ideológicas que quieran tener, pero ese menor tiene derecho a la filiación y a una identidad; Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. E insisto en que el artículo 39 de la Constitución establece que los poderes públicos protegerán a los hijos, con independencia de la filiación.

De este segundo asunto no me han acusado recibo, y el tercero, francamente, me parece menor. Lo he argumentado antes, pero si ahora no quieren contraargumentar, me parece menor. A mí no me gusta recuperar la filiación matrimonial y la no matrimonial. No me gusta, pero tampoco me vuelve loco, porque hay un rodaje institucional y un rodaje de las administraciones públicas que en la práctica no supone más que la recuperación de una antigualla.

Pero quiero llamarles la atención sobre algo. Cuando mi compañero Antonio Manchado debata aquí la Ley de auditoría de cuentas, comparen la ley que quieren ustedes sacar con la que se aprobó en el año 2010 sobre esa materia. Miren cuánto apoyo tuvo. Comparen la ley que se debate hoy con la de 2011; por cierto, señor Fernández, Gobierno Zapatero, Gobierno socialista, Gobierno del PSOE, y le está hablando un senador socialista y canario, y a mucha honra. Ambas cosas: socialista y canario, y a mucha honra. (Aplausos). Esos son amigos.

A mí se me fue el baifo con este comentario. Traducción: se me fue el santo al cielo y no sé lo que estaba diciendo. Año 2011: Ley del registro civil. ¿Sabe cuánta gente la aprobó? Unanimidad. ¿Cuánta gente va a aprobar esta ley? Solo ustedes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Durante los ocho años que estuve apoyando al Gobierno Zapatero, les aseguro que todos los textos que aprobamos en muchos ámbitos —al menos, los que yo seguía más directamente, Justicia— los sacamos adelante con todos los grupos; solo se quedaba fuera un grupo, y mire si hay diversidad en toda la Cámara.

Les invito a que acusen recibo de los argumentos que he esgrimido y que asuntos tan relevantes como este no se tramiten mediante una disposición adicional.

Gracias, señor presidente, por los 45 segundos de más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: De nada, senador Díaz Tejera. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Señorías, señor portavoz Díaz Tejera, no soy una persona que no defienda sus argumentos, tanto en comisión como en Pleno o en ponencia, en aquellas leyes o iniciativas en las que me toca participar. Ha hablado usted del apoyo de las leyes, pero después le pondré un ejemplo sobre cómo aprueban ustedes las leyes, porque ustedes nos dan lecciones de metodología y sobre cómo se deben tramitar y elaborar las leyes cuando en ocasiones hacen las cosas de otra manera.

Y voy a acusar recibo de la mayoría de las cuestiones que se han planteado aquí. En primer lugar, se ha hablado de la gestación subrogada y del derecho a la filiación de los menores, que debe primar por encima de todo, y creo que todos somos conscientes de la dificultad y la complejidad de ambas cuestiones, y en ese sentido estamos de acuerdo. Nosotros consideramos que en este momento el derecho de filiación de esos menores está garantizado por la Dirección General de los Registros y del Notariado y, por tanto, creemos que lo que ustedes plantean no es necesario. Además, pensamos que no debemos hacer un uso partidista de una cuestión tan sensible.

En varias ocasiones se ha hecho referencia a la importancia de la disposición adicional séptima en lo que se refiere a la adquisición de la nacionalidad, y puede estar tranquilo, señor Díaz Tejera. Es cierto que me he referido al texto de su veto, que en ningún momento hace referencia a esta cuestión, sino que fundamentalmente se preocupan de la imposición de una tasa; en ese sentido, como todos sabemos, en la mayoría de los países de nuestro entorno se cobra algún tipo de tasa.

En cuanto a la filiación matrimonial y no matrimonial, que es una de las cuestiones que se ha debatido con intensidad esta tarde, aunque es cierto que en un principio el proyecto recogía la distinción, conviene poner de manifiesto que se ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por la que ha desaparecido esa parte del texto. Hay que distinguir los supuestos y los requisitos para esa inscripción, según exista o no matrimonio entre los progenitores, porque, obviamente, en el Código Civil sí se mantiene esta distinción.

Sobre aquellas cuestiones de las que no ha hablado hoy pero sí el otro día, sepa que acuso recibo de lo dicho hoy y el otro día. Habló de la situación del acreedor frente al deudor hipotecario y nosotros creemos que ya se contempla en la actual regulación, introducida en esta legislatura precisamente para favorecer al deudor hipotecario y reforzar su protección, por lo que no nos parece procedente rectificar el límite fijado en los artículos a los que hacen referencia, concretamente el 682 y 129 de la Ley hipotecaria. El otro día, en el debate de la comisión, también salió el tema de las ayudas sociales para los más desfavorecidos y cuya situación es peor. Pues nosotros estamos a favor de ese establecimiento de ayudas, cómo no, y además es algo que hacemos siempre allí donde gobernamos. Hasta la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid acabó reconociendo que las medidas del Gobierno del Partido Popular eran mejores que las suyas, o en mi ciudad, en Oviedo, donde el Partido Popular estableció durante estos años de crisis partidas para combatir la pobreza energética o dar solución, sin demagogia, a aquellos problemas de las familias que no tienen para dar de comer a sus hijos. Una vez más, ustedes vienen aquí a posicionarse en contra del Gobierno y, sin embargo, nosotros consideramos que este proyecto merece el apoyo de todos.

Y voy a volver a hablar del objeto de la ley. Creo que estamos ante una reforma importante porque todas las medidas previstas, la incorporación de las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas y la tramitación de los nacimientos y defunciones en los centros sanitarios, tienen un denominador común: la apuesta decidida por la modernización de la Administración de Justicia. El señor Saura ha dicho que era una ley involucionista y yo no lo creo, nosotros entendemos que es una apuesta decidida; pero agradezco el apoyo, por lo menos en este sentido, a la portavoz de Convergència i d’Unió. Se trata, además, de una reforma que implica que los papeleos tengan las horas contadas. Y esta reforma es necesaria porque también tiene como objetivo que nuestra Administración sea más eficaz, más dinámica, más operativa y con ello mucho más útil y beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos.

Este proyecto de ley es fruto del compromiso del Gobierno para cumplir las recomendaciones de la CORA, y pese a ello, estamos debatiendo un veto que muestra el rechazo frontal del Partido Socialista a este proyecto. Podemos coincidir o no —ya se lo dije el otro día— en nuestras valoraciones, pero sí deberíamos estar de acuerdo en que si el proyecto que estamos debatiendo contiene esencialmente esas dos propuestas: las subastas electrónicas y la tramitación de los nacimientos y defunciones en los centros sanitarios, y eso es bueno para nuestra Administración de Justicia, lo mejor es que aprobemos este proyecto.

Solo en una oposición concebida en su sentido más negativo se entiende que ustedes no la apoyen, y también, solo por su parcialidad, podemos entender que ustedes rechacen, como van a hacer, que las inscripciones de los recién nacidos y las defunciones se puedan hacer directamente en los centros sanitarios, evitando así los desplazamientos físicos al registro, aumentando la seguridad en la identidad de los nacidos e impidiendo —y esto es importante— que se puedan producir casos como los tristemente conocidos niños robados, que hoy, como durante esta legislatura, hemos tenido muy presente en esta Cámara, no en el pasado.

En definitiva, serán ustedes quienes van a tener que explicar a los ciudadanos por qué rechazan estas medidas; medidas que, desde el ahorro, la transparencia y la coordinación, permitirán simplificar y modernizar nuestra Administración y ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos. Nosotros seguiremos en la línea de la desjudicialización.

Concluyo, pero no sin antes hacer referencia a su ya habitual crítica a la intensa actividad legislativa de los últimos meses de esta legislatura: la soledad del Grupo Popular en la aprobación de las leyes y en la tramitación de los proyectos. Y lo voy a hacer con un ejemplo que les deja en evidencia. Me refiero a una ley no menos importante, la Ley de la reforma laboral que aprobaron ustedes en 2010. Nada más aprobarla provisionalmente en el Congreso, se publicó en El País: Ni una frase de apoyo ni un voto a sumar a los del PSOE. A continuación, la trajeron aquí y en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, con competencia legislativa plena, volvieron a aprobarla. Y después, obviamente, volvió al Congreso, donde la aprobaron. Entonces el titular fue: El PSOE salva en solitario la reforma laboral. Por lo tanto, no voy a hacer más comentarios, pero les pido que no nos den lecciones.

Señor presidente, señorías, por estos motivos y por los expuestos en el turno en contra, anuncio que mi grupo votará en contra del veto e invito, como no puede ser de otra forma, al resto de grupos a que hagan lo mismo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ASÍ COMO A AMPLIAR SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL. (Votación) 662/000204 GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 148; en contra, 78; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR QUE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) FAVOREZCA EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD SOCIAL. (Votación) 662/000202 GPP

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuracion Bancaria, Sareb.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 74; en contra, 144; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE LEY

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. (Continuación) 621/000130 Justicia

El señor PRESIDENTE: Finalmente, votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa.

Han sido autorizados a utilizar la votación telemática los senadores Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular, y la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió. El senador Marín Torrecillas no ha ejercido su derecho al voto. La senadora Cunyat Badosa se ha abstenido, abstención que sumaré al resultado que se produzca ahora en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la propuesta de veto.

Pasamos al debate de las enmiendas y de los votos particulares.

En primer lugar, la senadora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado la enmienda número 1.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría. (Rumores).

Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores).

Senadora Domínguez, espere un momento, por favor. (Continúan los rumores).

Señorías, les ruego que guarden silencio o que abandonen el hemiciclo. La senadora Domínguez no va a empezar hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa).

Cuando quiera, señoría.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda presentada se fundamenta en el preámbulo del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa, que se remite directamente al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Con el espíritu de este cuerpo normativo se pretende la agilización y simplificación de los trámites administrativos para los administrados, y por ello proponemos una enmienda de adición que reformaría el apartado segundo del artículo 88 de la Ley de Registro Civil, por el que actualmente se prevé que el silencio administrativo en los procedimientos registrales será negativo.

La línea doctrinal actual que prima se adapta a la directiva de servicios en el mercado interior, y su posterior adaptación, según la normativa española, a la Ley ómnibus por la que se prevé que el silencio negativo resulta únicamente admisible cuando se cumplan criterios de necesidad justificada por razón imperiosa de interés general. Entiendo que la Ley de Registro Civil no cumple este criterio, y por tanto, no se encuentra dentro de los actos previstos para que el silencio administrativo sea negativo. En este sentido la propuesta presentada va encaminada a que la actividad de la Administración suponga un beneficio para el administrado, y en este caso que el silencio sea positivo, en beneficio del administrado.

En cuanto a la forma del proyecto de ley, entiendo que no es correcta, dado que se están debatiendo dos conjuntos normativos muy complejos, la Ley de enjuiciamiento civil y la de Registro Civil, cuyo único vínculo es la remisión al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Considero que estos proyectos se tendrían que haber tramitado de forma individualizada, con un procedimiento legislativo propio y autónomo.

Con respecto al fondo, aparte de la enmienda presentada, quiero señalar simplemente que con la modificación de la Ley del Registro Civil, si bien se pretende la agilización de los trámites de inscripción en materia de nacimientos y defunciones, hay una carencia importante e insalvable en este cuerpo legislativo, dado que no se refleja aportación presupuestaria para los centros hospitalarios y centros en general, cuyo nuevo ámbito de competencias se verá afectado a la hora de contar con los servicios administrativos necesarios para que se tramiten las correspondientes inscripciones en el Registro Civil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez.

Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 2 a 14.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas, salvo la número 9, que retiro en este momento.

Algunas enmiendas se presentan al artículo primero, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. En primer lugar, formulamos una enmienda para que en el artículo 645, sobre el anuncio y publicidad de las subastas de bienes inmuebles, la convocatoria sea publicada de oficio en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, de forma gratuita, y no incremente las costas.

Planteamos otra enmienda al artículo 647.3, que abre la posibilidad de ceder el remate a un tercero, con el fin de que esta posibilidad no se extienda a los acreedores posteriores y así salir al paso de una conducta cuya extinción prácticamente se había logrado en los últimos años. Me refiero a la participación y presencia de subasteros que intervienen alterando el procedimiento ordinario de subasta.

Otra enmienda afecta al artículo 685.5, y con ella pretendemos ampliar la protección de avalistas o fiadores, excluyendo que deban responder de los intereses de demora devengados desde el inicio del proceso hasta la subasta.

En relación con el artículo segundo, que modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, fundamentalmente enmendamos la redacción que se da al tratamiento de los supuestos de hijos de parejas de mujeres en el artículo 44.4, para que, tanto en el caso de hijos o hijas de casadas como no casadas, el tratamiento sea exactamente el mismo que se da a los hijos o hijas de parejas casadas o no casadas heterosexuales. También presentamos enmiendas que afectan a los artículos 46 y 49 y a la disposición final segunda. Proponemos enmiendas en relación con los roles que se establecen para esas parejas del mismo sexo y que se sustituya el término «madre» por el de «progenitor gestante».

Igualmente, presentamos una nueva disposición derogatoria de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas judiciales, a pesar de las modificaciones que se han realizado. Así, proponemos en la enmienda que se supriman también para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas.

En relación con la disposición final segunda, que modifica el Código Civil, enmendamos el capítulo II, que hace referencia a la determinación y prueba de la filiación.

Y presentamos una enmienda a la disposición final quinta, que modifica la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, para que el consentimiento prestado del cónyuge antes de la utilización de dichas técnicas deba reunir los mismos requisitos —ser libre, consciente y formal— que el que se otorga con posterioridad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 75 a 78. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Tal como dice el señor presidente, tenemos cuatro enmiendas, que voy a dar por defendidas. ¿Por qué? Porque, ¿saben ustedes, señorías, el tiempo que el grupo mayoritario ha dedicado al Grupo Vasco a la hora de responder a la argumentación? Cero. Es decir, cero son los segundos que el grupo mayoritario ha dedicado a este humilde senador a la hora de responder a todas las afirmaciones que aquí se han realizado, incluidas las relativas al embrutecimiento del parlamentarismo o al número de enmiendas que se pueden aprobar aquí. Por eso doy todas ellas por defendidas y me voy a centrar en una para intentar explicar y enseñar cuál es la verdadera actitud del grupo mayoritario ante las enmiendas que estamos planteando.

Me voy a centrar en la enmienda número 76, al artículo 46. En relación con este artículo, y tal como ha comentado el senador Arias, hay que intentar evitar un problema que hoy también hemos tratado: el de los bebés robados. Estamos hablando de que el personal sanitario tiene la responsabilidad de adoptar las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido. Esa es la clave. Y este proyecto de ley define en el artículo 46 una prueba muy concreta, que está bien, que nosotros no discutimos, pero ya hay comunidades que tienen superadas este tipo de pruebas e incluso desde el punto de vista tecnológico ya hay una serie de pruebas que son mejores, más eficientes, más eficaces y que garantizan mejor lo que todos pretendemos, que es adoptar las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido, algo que va dar tranquilidad a las familias, a los centros y a todos los que nos movemos en los ámbitos sanitarios.

¿Qué les ofrezco? Nuestra enmienda se refería al ámbito competencial y proponía que se tuviera en cuenta también a los institutos de estadística de las comunidades autónomas. Pero me voy a olvidar de esa enmienda y del objetivo de cuidar también el Instituto Vasco de Estadística. Me voy a olvidar, y voy a darles un folio en blanco. ¿Para qué? Para que con nuestro acuerdo, el suyo y el del resto de fuerzas podamos dar con un texto que al menos recoja el acuerdo en obtener las cautelas necesarias para que no haya ningún problema a la hora de identificar a los recién nacidos. Les voy a dar una propuesta que ya está pactada y acordada entre el departamento de Sanidad y el ministerio, y que, respetando lo que es el texto, es decir, sin modificar ningún punto ni ninguna coma del proyecto de ley, añade algo tan inocuo e inocente como lo que les voy a leer. El grupo mayoritario o el Gobierno proponen que, en todo caso, se tomarán las huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento. Pues bien, nosotros añadimos: o se dispondrá de cualquier otro procedimiento que, conforme a los avances tecnológicos, garantice la mayor fiabilidad tanto de la identificación del recién nacido como de la relación de filiación materna.

Cuando estamos definiendo una ley que tiene que perdurar en el tiempo, no podemos acotarla en un ámbito temporal tan concreto, con una técnica tan concreta, máxime cuando la innovación, cuando la investigación en el ámbito de la sanidad es tan positiva y creciente.

Les hacemos esta propuesta, tan innocua e inocente, repito, que lo único que pretende es recoger lo que algunas comunidades autónomas ya están haciendo. Y como en el turno de portavoces no me han dedicado ni siquiera una coma, he dicho que doy todas las enmiendas por defendidas; y espero que de una manera u otra contesten ahora a este humilde senador sobre esta propuesta transaccional para que seamos capaces de aprobar un texto que satisfaga la realidad que se está dando en los centros de las diferentes comunidades autónomas. Ahora bien, ya somos mayorcitos y todos sabemos cuál será el final: me van a decir que no. Y me van a decir que no, porque no quieren que se apruebe ninguna enmienda ya que necesitan que el 15 de julio algunos preceptos ya estén en vigor. Tal como he dicho, la conclusión, lo que están demostrando es que están embruteciendo este Parlamento y lo están anulando a todas luces.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas: el primero, correspondiente a las enmiendas 15 a 36, y el segundo, a las enmiendas 37 a 50.

Para su defensa, en primer lugar tiene la palabra el senador Bruguera, a quien le pido que me indique el bloque de enmiendas que va a defender para que yo aplique el tiempo, porque son diferentes.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Me referiré al primero.

Los senadores y senadoras socialistas de la Entesa hemos presentado un total de 22 enmiendas, que doy por defendidas globalmente. Me voy a referir solo a las que consideramos más importantes.

En relación con la número 16, de modificación del artículo primero, apartado cuatro, sobre anuncio y publicidad de la subasta, a nuestro juicio el texto del proyecto de ley representa una dilación en el procedimiento y unos sobrecostes absolutamente innecesarios para el deudor ejecutado.

La enmienda 17 propone la modificación del apartado seis del artículo primero. El texto del proyecto vuelve a incluir la posibilidad de que los acreedores posteriores puedan ceder el remate a un tercero, y no comprendemos la justificación de esta medida, máxime cuando anteriores reformas legislativas restringieron la posibilidad de cesión de remate a terceros ajenos al crédito que se ejecuta, con el objetivo de impedir prácticas fraudulentas para conseguir beneficios injustos con la negociación de compra y venta de los bienes subastados.

La enmienda 20, de modificación del apartado veintidós del artículo primero, propone la adopción de medidas para mejorar la posición del deudor hipotecario frente a los acreedores, puesto que en estos momentos no existe igualdad en las partes.

La enmienda 21, de modificación del apartado veinticuatro del artículo primero, es una enmienda técnica que pretende mejorar una redacción que consideramos confusa y conseguir así mayores garantías en la protección de los analistas o fiadores.

Las enmiendas 23, 24, 25 y 26, de adición de nuevos apartados al artículo primero, pretenden, en primer lugar, prever que la comunicación electrónica sea extensiva también al resto de actos administrativos. En segundo lugar, una serie de medidas para evitar enriquecimientos injustos en casos de sucesión del ejecutado o del ejecutante. En tercer lugar, proteger los ingresos mínimos y las ayudas sociales en casos de pobreza y exclusión social, elevando la cuantía inembargable de los sueldos y las pensiones. Y finalmente, medidas para proteger los ingresos mínimos y las ayudas sociales como último amparo ante la pobreza y la exclusión social; en concreto, declarar inembargables las prestaciones sociales para cubrir las necesidades básicas y también declarar inembargables las prestaciones para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. En definitiva, se trata de medidas adecuadas y justas para que las familias más desfavorecidas mantengan unos ingresos mínimos de subsistencia.

La enmienda 27, propone la modificación del apartado uno del artículo segundo para permitir la determinación de la afiliación por dos madres que hayan recurrido a técnicas de reproducción asistida, equiparándolas a las parejas heterosexuales, a las que no se les exige estar casadas para poder reconocer a sus hijos e hijas y tampoco se les exige certificado de relación biológica.

La enmienda número 30 plantea la adición de una nueva disposición adicional sobre excepciones a los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario de ayudas o subvenciones. Esta enmienda pretende evitar que las unidades familiares que reciban ayudas económicas para situaciones de especial necesidad o de emergencia social puedan perderlas, si se aplica el contenido del proyecto de ley, y evitar, por tanto, que los menores de 16 años que tienen garantizada una comida completa por disponer de ayudas o becas de comedor puedan perderla por incumplimiento del padre o de la madre de sus obligaciones tributarias.

La enmienda 32 se refiere a la modificación de la disposición final tercera, y tiene por objeto mejorar la posición del deudor hipotecario.

La enmienda 35, a la disposición final décima, modifica determinadas previsiones que afectan a las personas en situación de necesidad, así como a la defensa del deudor hipotecario.

La enmienda 36, de adición de una nueva disposición final —en este caso sería la sexta bis—, pretende, en primer lugar, revisar los procedimientos de adopción internacional y, en segundo lugar, la adopción de determinadas medidas urgentes sobre protección del menor.

Las enmiendas 15, 18, 28, 33 y 34 son enmiendas de supresión de los artículos primero, apartado uno, primero, apartado doce, segundo, apartado nueve, disposición final octava y la famosísima disposición final séptima, respectivamente. Y la enmienda 22 propone la modificación del artículo primero, apartado veinticinco. Tienen su base en lo que ya hemos comentado: en enmiendas importantes promovidas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que no han contado con el debate político y social suficiente, como tampoco con los preceptivos informes de los organismos consultivos que tienen que hacerlos.

He dejado para el final la enmienda número 29, que es el resumen del conjunto, una enmienda para la supresión de la disposición adicional cuarta. ¿Por qué? Porque entendemos que es absolutamente imposible llevar a cabo las previsiones contenidas en este proyecto de ley a coste cero. Esta es una técnica que también se ha dado en las leyes que hemos discutido en los últimos Plenos. Es siempre la misma: la de copiar y pegar. Hay un artículo o una disposición adicional que dice que, en todo caso, todo lo que se prevé en la ley tendrá que ser a coste cero. Señorías, eso es absolutamente imposible y demuestra la práctica del Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, como ya ha denunciado el senador Saura, de utilización partidista del Parlamento, del Congreso y del Senado, una utilización puramente electoralista.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Para la defensa de las enmiendas 37 a 50, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el portavoz del Grupo Popular ha respondido a las cuestiones concretas sobre la ley pero no al mensaje general que he querido lanzar, un mensaje de atropello de procedimiento legislativo que no se había producido nunca en España desde la recuperación de la democracia. Y quiero insistir en que estamos ante una ley puzle, en la que se introducen diversas cuestiones que en muchos casos no concuerdan. Por ejemplo, en el tema de la nacionalidad, ¿qué criterio ha seguido el Gobierno para incluir el tema de la nacionalidad en una enmienda a la Ley de los sefardíes, con otra enmienda sacarlo de ahí, y ponerlo hoy en esta ley? En un tema tan importante como este —creo que estamos ante un asunto de Estado— no existe ningún informe del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. No soy muy amante de ir calificando los temas como de Estado, pero si hay uno que lo es de verdad es el de la nacionalidad. Pues bien, hoy aprobaremos unos artículos relativos al tema de la nacionalidad sin informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Como ha dicho mi compañero el señor Bruguera hace un momento, esta es una técnica absolutamente habitual: para eludir los informes de los consejos consultivos se introducen enmiendas. Si me apuran, no deja de ser ridículo que durante la presentación de esta ley en el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, al tiempo que la presentaba, dijera que había enmiendas del Grupo Popular que modificaban el proyecto de ley. Vamos a ver, si el Gobierno presenta un proyecto de ley, ¿por qué no lo incluye todo en el proyecto y deja algunas cosas vía enmienda? La razón es muy clara: todos los aspectos que se introdujeron vía enmienda no fueron al Consejo General del Poder Judicial ni al Consejo de Estado.

Y en el tema de la nacionalidad, quiero señalar dos cuestiones. Si toda la población española tuviera que pasar hoy las pruebas que ustedes proponen para adquirir actualmente la nacionalidad, estoy seguro de que el 50 %, como mínimo, dejaría de ser español. Insisto: si los millones de personas que hoy tienen la nacionalidad española tuvieran que pasar las pruebas que ustedes proponen para adquirirla, estoy seguro de que no contestaría ni el 50 %. ¿Ustedes piensan que hay mucha gente que pueda contestar sobre aspectos de la Constitución, sobre aspectos culturales o sobre aspectos sociales? ¿Por qué se incluye esto? Veo que me hacen algún gesto, en el sentido de que si lo preguntáramos aquí también tendríamos dificultades. No sé si las tendríamos o no, pero esta es una cuestión absolutamente importante.

He dicho que, a mi entender, nos encontramos ante un atropello democrático nunca visto en el Estado español; y no se podría admitir que alguien insinuara que la queja es porque no queremos trabajar. Me parece ruin y mezquino que alguien diga o insinúe eso, porque en esta Cámara se trabaja, y mucho, especialmente los grupos pequeños.

Por otra parte, aquí se ha dicho, y quiero insistir en eso, que el tema de la maternidad subrogada es complejo. El Grupo Popular presentó una enmienda al proyecto inicial como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —sobre Francia, no sobre España—, que decía que no aceptar el registro de niños y niñas de un país extranjero vulneraba el Convenio de derechos humanos. Y se llegó a una transaccional en el Congreso de los Diputados, pero me parece insuficiente.

Voy a referirme rápidamente, por encima, a las enmiendas concretas que hemos presentado, pero insisto en que el problema de fondo de esta ley es que está en un marco de propuestas legislativas imposibles de discutir con tiempo, un marco donde el Parlamento es utilizado simplemente con efectos partidistas, y este no es un debate tranquilo donde leyes importantísimas puedan ser discutidas para el bien de la ciudadanía.

Algo positivo de la ley, que no he dicho, es lo relativo a la subasta electrónica. Es un paso positivo, que valoro. A ese respecto, algunas de nuestras enmiendas pasan por dar mayores garantías a los deudores ejecutados, por conceder una protección mayor de los avales y por la supresión de la cesión del remate a terceros por parte de los acreedores. Son enmiendas concretas que mejoran técnicamente el capítulo de las subastas electrónicas.

Otras enmiendas van encaminadas a permitir la filiación de niños y niñas en el caso de mujeres que no estén casadas, algo que la actual ley prohíbe absolutamente. Por otro lado, si hay una renuncia expresa de los progenitores al hijo en el momento del parto proponemos la no obligación de inscripción pero que la entidad pública tenga la obligación de esa inscripción. En definitiva, es necesario que se agilice rápidamente la plataforma electrónica para llevar a cabo esa relación entre el centro sanitario y el Registro Civil. Y planteamos también la derogación de la Ley 10/2012, que prevé la aplicación de tasas.

En resumen, mostramos nuestro rechazo global a este proyecto de ley. Como digo, nos parece bien el reconocimiento de la subasta electrónica, pero lamentamos que, después de tres años de hablar del Registro Civil, y habiendo pasado por un abanico de posibilidades, hoy, en el debate del Registro Civil no haya un modelo de Registro Civil. A nuestro entender es algo absolutamente absurdo y que dice muy poco de la propuesta que nos traen.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, para defender las enmiendas 51 a 60 y 62 a 74, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de 23 enmiendas, dos de las cuales hemos añadido en el Senado a las correspondientes al trámite en el Congreso.

En cuanto a la número 71, sobre la gestión subrogada, consideramos que debe resolverse la situación actual, por la que solo se puede inscribir de facto a menores procedentes de Estados Unidos, puesto que es el único país que emite sentencia judicial. Por ello, consideramos la necesidad de permitir la inscripción de aquellas filiaciones de menores nacidos en el extranjero declaradas por resolución judicial reconocida en España mediante el procedimiento de exequátur o mediante un procedimiento de control incidental por parte del encargado del Registro Civil en el caso de que la resolución judicial tuviera su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria.

Consideramos necesario que se aclare esta situación, máxime teniendo en cuenta que el ministro de Justicia anunció que intentaría recoger en este proyecto de ley las demandas de la asociación de familias que están defendiendo estos derechos, que quedan desprotegidos. En la presentación del proyecto de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 11 de diciembre de 2014, el ministro dijo textualmente: Como saben, señorías, cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera de España y la determinación de la afiliación está sujeta a la legislación extranjera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia recientemente —bien es cierto que referida a Francia y no a España— en la que declara que no reconocer la relación de filiación entre los niños nacidos mediante estas técnicas de gestación por sustitución y los progenitores que han acudido a este método reproductivo es contrario y viola el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos. Por tanto —dijo—, vamos a promover una adecuación de nuestro derecho a esta situación.

No vemos el reflejo de esta encomiable buena intención en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular ni en su intención de aceptar la nuestra o las de otros grupos. La Ley española 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, establece en el artículo 101 una terminante y categórica prohibición de la denominada gestación por sustitución al disponer que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La cuestión se plantea a partir de dicha prohibición, y es la de determinar la filiación materna de los hijos nacidos de la madre gestante. Mediante la aprobación de nuestra enmienda 71 se conseguiría regular en nuestro ordenamiento jurídico el supuesto de la filiación por maternidad subrogada y con ello dar respuesta adecuada, respetando la seguridad jurídica de nuestro sistema, al vacío legal que ha existido.

La enmienda 72, que hemos presentado en el Senado, modificaría la disposición adicional cuarta, la famosa disposición de aprobar leyes a coste cero, para disponer que el Gobierno asigne los recursos humanos especializados, materiales y presupuestarios necesarios en las distintas administraciones públicas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en esta ley, ajustándose a los requerimientos del despliegue. El coste de la implementación de las medidas contempladas en esta ley, en particular la inscripción de los recién nacidos y de los fallecimientos a los ciudadanos por parte de los centros sanitarios no debe trasladarse ni a los centros sanitarios ni a las administraciones sanitarias. Tampoco es admisible que los términos en que se regule el procedimiento hagan recaer en las direcciones de los centros y en los profesionales sanitarios prácticamente toda la responsabilidad de las nuevas garantías legales, especialmente en materia de determinación de la filiación. Estas garantías deberían prestarse por personal adecuadamente formado en las nuevas obligaciones legales.

El resto de las enmiendas fueron presentadas en el Congreso y no consensuadas o no votadas a favor. Por lo tanto, insistimos en su presentación.

Mediante la enmienda 68 proponemos incluir entre los deberes de los procuradores, tras la aceptación del poder, colaborar con los órganos jurisdiccionales, registradores de la propiedad y mercantiles, prestar asistencia y auxilio a las partes y a los abogados en el procedimiento de ejecución y en los sistemas de realización de bienes embargados.

Las enmiendas 70 y 73 son sobre la filiación no matrimonial. Hacemos unas mejoras técnicas que tratan de mejorar la comprensión y el alcance del precepto y coordinar los mandatos contenidos en el artículo 120 en su versión modificada y en el proyectado artículo 44.8 de la Ley de Registro Civil.

Hemos presentado también un grupo de enmiendas sobre la convocatoria de la subasta, el anuncio y su contenido, la publicidad de la misma, sobre la remisión de los datos del anuncio de la subasta por el secretario judicial, los requisitos para pujar, la intervención del procurador en la subasta electrónica, el desarrollo y la terminación de la subasta y la publicación del decreto de adjudicación de bienes en el portal de subastas. Solicitamos el voto favorable para ellas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 79 a 100. Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Como han podido ver los que han leído el texto y las enmiendas 79 a 100, algunas tienen que ver con la subasta electrónica, como la enmienda número 87, que pretende extender la notificación a través de dirección electrónica. No tiene sentido que en otros actos sí se haga uso de la dirección electrónica y en la notificación, que es un acto especialmente relevante y trascendente en cualquier procedimiento, tanto del ámbito administrativo como de otros ámbitos, no se use también la dirección electrónica.

Las enmiendas 84, 96 y 100 pretenden proteger al deudor hipotecario. El debate no es si se está o no de acuerdo con apoyos de la Administración pública a quien no alcanza la procura existencial para sobrevivir; ese no es el debate. El debate es si excluimos del embargo el mínimo imprescindible para sobrevivir; esa es la discusión. Hay personas que a lo mejor no han pagado el impuesto sobre bienes inmuebles o alguna otra figura tributaria y por no estar al día de sus obligaciones tributarias no acceden a estas ayudas. Se trata de no sancionarles por no estar a la altura de sus obligaciones tributarias, quitándoles lo que es imprescindible para sobrevivir. No estamos hablando del lecho o de la nevera, estamos hablando de lo que son ayudas básicas de procura existencial, rentas básicas, etcétera. Tratando de equilibrar esos ingresos mínimos, insisto, de protegerlos, presentamos las enmiendas 89, 90 y 93.

Las enmiendas 84, 96 y 100 se refieren a equilibrar algo más la relación acreedor hipotecario/deudor hipotecario. Se trataba de equilibrarlo más. ¿Por qué? Porque es una relación profundamente desequilibrada. Por tanto, se trata solo de equilibrarlo más, acogiendo las incorporaciones novedosas que ha desarrollado la jurisprudencia en los últimos años; sobre todo, han sido iniciativas de algunos jueces españoles. ¿Qué está pasando en la política española que la esperanza para muchos excluidos reside en los magistrados de lo social, en los magistrados de lo civil o en los magistrados de lo mercantil cuando hacen interpretaciones de la extensión de la vigencia de los convenios colectivos en el caso de algunos conflictos como el de Coca-Cola y algún otro más en Madrid? ¿O en la sala cuarta del Tribunal Supremo cuando tumba algunos aspectos más inhumanos de la reforma, en términos de convertir el derecho al trabajo en una antigualla de la historia del derecho y no en un derecho protector de la parte más frágil del contrato laboral? En el ámbito mercantil, fue la cuestión prejudicial que presentó el magistrado de Barcelona la que hizo posible una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, incluso también del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que equilibraba la posición del acreedor y del deudor hipotecario.

En cuanto a las enmiendas 79, 82, 86, 92, 98 y 99, son propuestas en consonancia con la evaluación que hacemos no de la subasta electrónica, no de la filiación electrónica, sino de lo que podríamos llamar procedimiento parlamentario electrónico exprés, que es en el que ahora estamos sumidos, en coherencia con nuestra posición, porque son textos de gran trascendencia para la vida de la gente a la que representamos que, en términos reales, no se han podido dictaminar por los órganos consultivos.

¿Cuál es la razón de que se mande un proyecto a la Junta de Fiscales, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Estado? El Consejo de Estado es el máximo órgano de asesoramiento jurídico del Estado. ¿Por qué se les manda? Porque, desde la frialdad del análisis, quien no tiene que gestionar, quien no tiene la pasión inminente de tomar decisiones que afectan a la vida, ve con otros ojos que quien está metido en la vorágine de la gestión. Desde fuera, se puede estudiar con otros ojos: ojos jurídicos, ojos de sentido de la responsabilidad, ojos del conjunto del ordenamiento u ojos de no limitar las garantías o conquistas jurídicas y requisitorias en el ámbito del ordenamiento jurídico. Por eso se manda a la Junta de Fiscales, en donde hay unos juristas muy cualificados; por eso se manda al Consejo, donde también hay juristas muy cualificados; y por eso se manda al Consejo de Estado, donde hay un cuerpo de letrados muy cualificado, aparte de personas con una larga experiencia en el servicio a España y al Estado.

Si el texto que ustedes mandan no incluye lo que se incorpora luego en la tramitación y que ellos no han tenido la oportunidad de mirar, perdemos todos. No solo pierden los grupos de la oposición, pierde también el Gobierno, pierde también el grupo que apoya al Gobierno, y pierden, en general, los españoles, porque las sugerencias que provienen del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado o de la Junta de Fiscales no son sugerencias alocadas o insensatas de una panda de descamisados, de rojos asilvestrados que han bajado del monte. Eso no es verdad. Son personas con una larga experiencia. Por tanto, todos perdemos, y eso debilita la calidad del procedimiento parlamentario.

Hago mías las expresiones de otros portavoces. No creo que ningún ser humano, aunque sea diputado, se haya caído en la marmita de la seguridad y la sabiduría y todo lo que decida sea inmejorable. No creo eso. En general, sigo los debates en el Congreso desde el despacho y tanto en el Congreso como en el Senado hay gente que estudia las cosas y gente que no las estudia; gente que las explica más y gente que las explica menos, pero negar la posibilidad… No me importa que me digan: en los ocho años de Gobierno de Zapatero hubo leyes que se hicieron de esta manera. Se lo acepto; en alguna ocasión se hizo así porque había problemas de plazos que ya estaban establecidos, pero en este caso todavía no me han explicado qué asunto especial que afecta al Estado requiere que aquí no se pueda aportar ni una sola coma. No lo sé; se lo pregunto porque no lo sé. He escuchado a quienes han esgrimido aquí la defensa de sus enmiendas y a ustedes no les parece que lo que dicen sean cosas razonables y sensatas. A mí me lo parece, y fíjese que no estoy hablando ahora solo de las enmiendas 79 a 100 del Grupo Socialista, sino de otras enmiendas que han presentado; me parecen razonables y sensatas. ¿Por qué razón no se puede aceptar ninguna? Les digo más, cuando se debatió el Código Penal no hubo manera de que los ponentes del Grupo Popular aceptasen algunas enmiendas, y en el pasillo del Senado, hablando con el ministro Catalá, le decía: ministro, este es un asunto razonable, es sensato. Él solo tenía que decir: encajen esto, y sobre la marcha, donde había miles de argumentos en contra, todo eran facilidades para mejorar, para corregir, para aceptar la coma, el adjetivo, el verbo. ¡Por una conversación personal en el pasillo! Esto que estoy argumentando, insisto, no solo sobre las enmiendas 79 a 100, sino en general sobre otras que he estado estudiando, me parece absolutamente razonable.

¿Qué hemos planteado respecto a las enmiendas 91 y 95? Que no tiene sentido, y no es machaconería. Antes les dije: si quieren, cojan solo los dos argumentos y respondan a esos dos. Si quieren, obvien eso; pero ahora, como estamos en el turno de enmienda, no puedo obviar ninguna de ellas. Y la 91 y la 95 plantean no distinguir la filiación; no tiene sentido. Los sociólogos establecen que hay hasta 17 modelos de familia en España. Repito, en España hay hasta 17 modelos de familia. La sociedad española es absolutamente compleja, absolutamente plural, muy diversa, ninguna es mejor ni ninguna es peor, pero si hay una gran diversidad de grupos familiares, si hay una gran diversidad de filiaciones, ¿por qué establecer esta antigualla? He hablado en privado con ustedes, fuera del debate público, y sé que no piensan así, porque me lo han dicho: es una tontería distinguir si los hijos son del matrimonio o no. Eso está consolidadísimo desde el año 1978. Los poderes públicos protegen íntegramente a los hijos, con independencia de su filiación. De ahí la propuesta de las enmiendas 91 y 95 para no distinguir lo que no distingue el constituyente español y que en la práctica está asimiladísimo ya por la sociedad española.

¿Qué planteamos en la enmienda 97? Una reformulación de la adopción. ¿Por qué? En los últimos ocho años en España ha habido una disminución de más de 4000 adopciones; es decir, en los últimos ocho años han disminuido las adopciones internacionales. España tiene la limitación de que hay 45 países con los que no puede establecer adopción. Eso habría que revisarlo, pero la realidad es que ha habido una reducción de 5600 a 1500, cerca de 4000 adopciones solo en estos ocho años. Lo que se plantea aquí es la necesidad de reformular la facilidad para la adopción internacional, y, sobre todo, algo que es bastante humillante en ocasiones: el certificado de idoneidad, que es lo que se plantea con esta disposición. El certificado de idoneidad es una evaluación que hace la Administración pública acerca de las personas que quieren adoptar. Les puedo decir que en ocasiones ha habido situaciones absolutamente sangrantes. Es más, ha habido casos de parejas que han sido rechazadas, y cuando te pones a averiguar por qué, yo les habría dicho: entonces, mi padre y mi madre habrían sido rechazados. El señor, porque era un camionero y, según la psicóloga que había hecho el análisis, no tenía cultura, no se expresaba con gran fluidez y no tenía estudios universitarios. Mi padre, que en paz descanse, no los tuvo. Y, la señora, porque era ama de casa y no tenía libros en la casa. Mi madre, gracias a Dios, todavía vive, pero con esas características que puso esta psicóloga mis padres no podrían haber tenido hijos. A esta pareja no le dieron el certificado de idoneidad, pero peleamos y, al final, conseguimos que se hiciera otra evaluación, donde lo importante no fuera la expresividad verbal o los libros que hubiera en la casa, sino si la referencia de lo que está bien y lo que está mal, si de lo que iba a nutrirse ese niño o esa niña en la casa, era adecuado o no en términos educativos, en términos de desarrollo de todas las potencialidades individuales de ese niño o de esa niña, con el argumento de que hay que hacer lo posible para que ese menor no tenga que estar en ninguna institución, que es lo que se plantea en esta enmienda número 97; es decir, si se facilita la adopción internacional, si se facilita la adopción en el ámbito nacional y si se tiene un concepto de la adopción en términos mucho más favorables a las parejas y más favorables a que el menor, en lugar de estar institucionalizado, pueda estar con la pareja. Creo que todos ganamos consiguiendo, insisto, lo que el menor va a recibir en esa relación familiar en lugar de ver los libros que se tienen o si es ama de casa o un trabajador manual, etcétera.

Son veintiuna enmiendas que pretenden paliar y mejorar el texto. Si ustedes mantienen la tesis de que de aquí tiene que ir al Boletín Oficial del Estado porque es un texto que, aunque es humano, es de origen divino e inmejorable, pues no hay nada que argumentar. Pero digan por qué no; digan por qué rechazan ustedes estas enmiendas números 79 a 100. ¿Porque son irracionales, porque son insensatas, porque perturban el texto desde el punto de vista de su lógica interna? Ahora defiendo las del Grupo Socialista, pero también las otras que he estado escuchando me parecen absolutamente razonables y sensatas. Expliquen, por favor, por qué aquí no podemos mejorar los textos. Explíquenlo con argumentos como que hay plazos inminentes que van a vencer, o una necesidad inminente de publicación, o porque haya algún programa europeo o alguna regulación de la vida cotidiana que hay que mejorar sustancialmente, máxime cuando les he estado hablando de la disposición final séptima —yo creo que nunca la olvidarán— que va a regular la nacionalidad por residencia, a mí me parece que de una forma inadecuada e incorrecta para la trascendencia del asunto. Estos 5 millones de personas que están en España —lo que ha sido la historia de nuestro país, lo que estamos viviendo en la actualidad con este fenómeno de trashumancia de seres humanos desesperados que buscan sobrevivir— merecen una regulación, una pensadita. Fíjense que el ministro ni lo citó en su intervención en el Pleno del Congreso. Si leen el preámbulo del proyecto y el texto de la intervención del ministro en el Congreso, comprobarán que ni lo citó, ni lo comentó, no dijo nada de la cosa más relevante. Y no me estoy refiriendo al portal electrónico, a la subasta electrónica, a la filiación electrónica, sino a la cosa más relevante en términos de cambio del ordenamiento jurídico del año 1978, con estas cuatro materias que se concentran en dos exámenes de conocimientos. Eso es una responsabilidad de todos que no la adjudico ahora a nadie en particular. Se trata de que un asunto tan relevante no se puede regular en una disposición final séptima por la propia trascendencia que tiene y pensando, insisto, en la continuidad de la comunidad en términos vegetativos, dado el índice de la natalidad que tenemos en España. A mí me parece que es un asunto especialmente relevante, especialmente clave para que sea objeto de un análisis en una ley. Y si hay voluntad, tiempo puede haber, porque si vamos a regular otros muchos asuntos, digamos, de menos trascendencia para el futuro del país, éste también lo podríamos hacer con entera tranquilidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, utilizo el turno en contra para mostrar la posición de mi grupo a las cien enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, sin perjuicio de que algunas de ellas ya fueron contestadas en la correspondiente comisión por mi compañero, el senador Arias, y por tanto no me detendré en ellas.

Voy a proceder a analizar, en primer lugar, las enmiendas referidas al bloque de modificación de la Ley de enjuiciamiento civil con el fin de adaptar el procedimiento de subastas a lo que es la subasta electrónica, objeto de este proyecto de ley; y, en segundo lugar, me detendré en el bloque referido a la modificación de la legislación relacionada con el Registro Civil.

Respecto al primer bloque, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, números 2 a 14, quiero destacar que las números 2, 3 y 4 coinciden con las números 16 y 21 del Grupo de la Entesa y, además, están repetidas, como las números 37, 38 y 39, y coinciden, además, con las números 80 y 85 del Grupo Socialista, todas ellas referidas a los artículos 645, 647.3 y 685.5 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Estas enmiendas formulan la disconformidad de estos grupos con que el anuncio y publicidad de la subasta se haga tras la firmeza del decreto por el que queda convocada, y tampoco están de acuerdo con que el anuncio se haga a través del Boletín Oficial del Estado. Rechazamos estas enmiendas puesto que no se aprecia ninguna ventaja en anunciar una subasta sobre la base de una resolución que no es firme.

Respecto al anuncio en el Boletín Oficial del Estado, entendemos que beneficia a los deudores, puesto que se está dando una publicidad de ámbito nacional, no circunscrito simplemente al juzgado competente, y, por tanto, habrá un mayor número de usuarios que pujen, lo que conllevará en definitiva un aumento del valor del bien subastado para así saldar la cuenta.

Aprovecho este apartado respecto a la utilización del Boletín Oficial del Estado como medio de publicidad para referirme a las enmiendas números 53, 63 y 67 del Grupo CiU, referidas todas ellas al artículo 645. Este grupo entiende que los derechos del deudor están protegidos por la notificación a través de su publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y quiero añadir que estos costes no dejan de ser costas del procedimiento. También se manifiestan contrarios a la cesión del remate a acreedores posteriores. Es preciso en este punto hacer constar que esta situación se verifica con las suficientes garantías para así impedir prácticas fraudulentas. Esta posición también se refleja en la enmienda 56 de Convergència.

Por último, el tratamiento que hace esta ley a los fiadores o avalistas es claro y conciso respecto a las cantidades que pueden ser reclamables, sin que entendamos necesario hacer modificación alguna.

Aprovecho también este razonamiento para rechazar la enmienda 17 de Entesa, que coincide con la enmienda 81 del Grupo Socialista, si bien la motivación de ambas enmiendas no coincide con el texto que proponen.



Reitero, por tanto, que quedan así contestadas.

Al Grupo Vasco no le voy a hacer en este momento ninguna referencia puesto que no ha presentado ninguna enmienda a la regulación de la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil respecto a la subasta electrónica.

Continuando con las enmiendas presentadas por el Grupo Entesa, además de las ya comentadas, quiero analizar también las siguientes: la enmienda número 15, que coincide con la 79 del Grupo Socialista, referida a los apartados 1 y 3 del artículo 551 de la Ley de enjuiciamiento civil, en las que manifiestan su oposición a la consulta al Registro Público Concursal, y, sin embargo, no proponen ninguna alternativa. Por tanto, se rechaza.

La enmienda número 18 de Entesa coincide con la 82 del Grupo Socialista, referidas al artículo 656 de la Ley de enjuiciamiento civil. Estas enmiendas se muestran disconformes con el núcleo de este proyecto de ley y por esa razón este grupo las va a rechazar; nosotros defendemos este proyecto y las reformas que contiene, ya que están basadas en principios como la publicidad, la seguridad, la disponibilidad y la transparencia.

En el mismo sentido van las enmiendas 22 de Entesa y 86 del Grupo Socialista, referidas al artículo 686.2 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Las enmiendas 20 de Entesa y 84 del Grupo Socialista giran en torno al artículo 682 de la Ley de enjuiciamiento civil conforme a la reforma practicada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En este caso, este grupo defiende la redacción del citado artículo por cuanto se pretende objetivar el tipo de la subasta, y es que el Gobierno del Partido Popular con la Ley 1/2013 pretende garantizar que la ejecución hipotecaria se realice de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada, con mejoras en el procedimiento de subasta, estableciéndose que el valor de tasación a efectos de la misma no podrá ser inferior al 75 % del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo. En cualquier caso, el debate de este proyecto de ley no es el desequilibrio entre el acreedor y el deudor; este debate ya se tuvo en la tramitación de la citada ley, ustedes tuvieron la oportunidad de aprobarlo, y, sin embargo, votaron en contra. Con este proyecto de ley venimos a reformar la Ley de enjuiciamiento civil, particularmente en el procedimiento de subasta, tanto de bien mueble como de bien inmueble, para así adaptarlo al sistema electrónico.

Las enmiendas 23 de Entesa y 87 del Grupo Socialista también coinciden y quieren añadir un nuevo apartado con un nuevo contenido al artículo 152.2 sobre la utilización del correo electrónico a efectos de notificaciones, tal y como indica la modificación del artículo 660 de la Ley de enjuiciamiento civil. Parece así que entienden y comparten lo positivo del espíritu de la reforma de este proyecto de ley, si bien el Grupo Socialista presenta un veto, lo que no parece que encaje demasiado. Rechazamos estas enmiendas, puesto que el citado artículo 660 distingue entre las notificaciones telemáticas y la notificación personal, necesaria y acumulativa; algo que, sin embargo, no recogen en sus enmiendas, y por eso las rechazamos.

Quería referirme también a las enmiendas 24 de la Entesa y 88 del Grupo Socialista respecto a la exigencia de que se dé conocimiento al deudor de la cesión de crédito, según recoge el artículo 540 de la Ley de enjuiciamiento civil. Si bien, bajo un Gobierno del Partido Socialista y con la intención, entendemos, de flexibilizar el mercado hipotecario, se modificó el artículo 149 de la Ley hipotecaria precisamente para suprimir ese requisito a través de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. No entendemos por qué hicieron desaparecer esa exigencia y sin embargo ahora, vía enmienda, quieren volver a recuperarla. Antes de pasar al siguiente grupo quiero agradecer esa valoración positiva que hace el portavoz del Grupo de la Entesa a la subasta electrónica recogida en este proyecto de ley.

Respecto a las enmienda presentadas por el Grupo CiU, antes de entrar en el contenido, quiero hacer dos valoraciones. En primer lugar, sin perjuicio de la viabilidad de sus enmiendas —y se lo digo sinceramente—, cuando tienes que encargarte de analizar las enmiendas es de agradecer en este Pleno lo fácil que es leer e interpretar las suyas. Le hablo también como procuradora y me sumo a ese interés y a esa puesta en valor que hace el Grupo de Convergència respecto a la importante competencia que tiene el procurador dentro de los procedimientos judiciales, y particularmente de los ejecutivos. Ahora ya le hablo como representante del Grupo Parlamentario Popular, y siguiendo esa referencia a la figura del procurador, hasta tal punto nos dan competencias explícitas en sus enmiendas que muchas de ellas se rechazan por cuanto no es precisa ya esa previsión especial sobre la intervención del procurador; me refiero a las enmiendas 52, 58, 66 y 68. En la enmienda 51 pretenden dejar abierta la opción de la subasta presencial, pero lo hacen de un forma muy ambigua y precisamente por ese carácter no la podemos admitir.

Respecto a las enmiendas más sociales, que ya fueron comentadas en la comisión por mi compañero Arias, exceden del objeto de este proyecto de ley y por eso las rechazamos, si bien en el siguiente proyecto de ley que vamos a analizar, y del cual también soy ponente, les pido que presten atención en algunas enmiendas que ha formulado este grupo parlamentario porque van también en la misma línea de lo que están ustedes proponiendo.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, tengo que decir que la gran mayoría coinciden con las del Grupo de la Entesa y por tanto ya las he citado y analizado, pero quiero referirme a alguna de ellas en relación con el coste. La número 94 ha sido presentada por estos grupos y ya se respondió en comisión, o la enmienda 96 que también pertenece a otro debate y por eso también la rechazamos. La enmienda número 100 no deja de llamarme la atención por cuanto piden modificar con carácter inmediato previsiones que afectan a las personas en situación de necesidad y defensa del deudor hipotecario —y estoy leyendo textualmente—, y sin embargo presentan un veto. Pues esto tampoco encaja, senador del Grupo Socialista.

Respecto a la nacionalidad que tanto se ha comentado esta tarde, tanto por el Grupo de la Entesa como por el Grupo Socialista particularmente, lamento el esfuerzo que hacen en criticar este artículo. Yo creo que es bueno que se regule en este proyecto de ley o en otro porque se le dota de seguridad jurídica al caso del establecimiento de la nacionalidad por residencia. Repito, es bueno que se regule en un sitio o en otro, pero que se regule. Sin embargo, ustedes, como digo, han hecho un gran esfuerzo y han apelado al diálogo y al consenso y, en cambio, la enmienda que se refiere a esa disposición relativa a la nacionalidad es de supresión. Cómo quieren que dialoguemos si directamente piden supresión y no establecen un texto alternativo con el cual podamos dialogar. Así no se puede llegar a ningún sitio, senadores del Grupo Socialista.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Mixto referidas a la reforma del Registro Civil números 5 a 14, esta última coincide con la 50 de la Entesa donde plantean una modificación de las normas del Código Civil sobre determinación legal de la filiación, pero por no ser objeto de este proyecto no se admite. En similar sentido, la enmienda 75 del Grupo Vasco.

Me detengo también en la enmienda número 76 porque, salvo error, salvo que me equivoque —y podrá aclarármelo en el turno de portavoces—, he comparado lo que usted ha dicho esta tarde con lo que está escrito en aquella y no coincide en absoluto, como tampoco coincide la motivación de esa enmienda. Por tanto, debería haber presentado —ya no— una enmienda en ese sentido porque así se podría haberse analizado. La motivación de su enmienda 76 se centra simplemente en los institutos de estadística de las comunidades autónomas, pero estamos hablando de una ley nacional y por eso no se admite. En cualquier caso, como he dicho, salvo error, lo que usted ha comentado esta tarde no coincide con el texto que aparece en su enmienda número 76.

En cuanto a las del Grupo de la Entesa, la enmienda 45, de adición, si bien se refiere a un supuesto distinto, el del consentimiento que debe prestar el marido respecto de la determinación de la filiación en supuestos de parejas del mismo sexo. En concordancia con las normas del Código Civil sobre determinación legal de la filiación, cuya modificación no constituye el objeto de este proyecto, la rechazamos.

Las enmiendas 27 y 41 del Grupo de la Entesa, la enmienda 71 de Convergència y la enmienda 91 del Grupo Socialista son coincidentes. Se refieren a los niños nacidos mediante gestación por sustitución, lo que popularmente conocemos como vientres de alquiler. En este caso, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que la legislación española cumple con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por lo que no se considera necesario en este momento cambiar las normas relativas a la inscripción de los hijos nacidos por esta práctica. Con esta afirmación queremos responder a sus enmiendas.

CiU propone suprimir el término administrativo en referencia a la filiación adoptiva. Rechazamos esta enmienda por cuanto entendemos que no supone una mejora técnica legislativa.

En cuanto al Grupo Socialista, destacamos la enmienda número 95, de sustitución de la disposición final segunda del Código Civil. Se rechaza por cuanto que excede del objeto del proyecto de ley.

La enmienda 97, de adición, se rechaza por cuanto se refiere a medidas de protección del menor y para favorecer la adopción y el acogimiento, lo que más bien tiene que ver con el proyecto de ley que a continuación vamos a debatir.

En resumen, al no ser enmiendas que incidan en el aumento de la seguridad jurídica o en la simplicidad procedimental, son rechazadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torres.

Pasamos a turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Intervengo únicamente por alusiones, puesto que la senadora Torres ha comentado que he defendido algo diferente a lo que figura en la justificación de la enmienda 76.

Senadora Torres, ayer me dirigí a usted para proponerle una transaccional que usted me negó. Le propuse llegar a un acuerdo con el resto de los grupos porque entendía que existía la posibilidad de dotarnos de un mejor texto, que ya estaba acordado entre el ministerio y el departamento, pero que no estaba teniendo ninguna posibilidad de aprobación en esta Cámara. Por ello, como le he dicho, olvidándonos de la justificación y del texto que proponíamos en la enmienda número 76, le ofrecíamos un papel en blanco; un papel en blanco para transar algo en lo que los dos Gobiernos ya estaban de acuerdo. Además, yo mismo le he dicho que no tenía nada que ver.

Quizá la conclusión sea otra, la misma con la que hemos empezado, y es que por a o por b ustedes no admiten enmiendas. Cero. Por una justificación o por otra no se es capaz de mejorar ni siquiera en algo que pueda ser mejor para el recién nacido o que puede ser mejor para la ciudadanía en general porque a ustedes el Gobierno les ha dicho que no pueden aprobar ninguna enmienda.

Todavía no me han contestado a lo que les decía en el turno de portavoces del veto. Ustedes no pueden aprobar ninguna enmienda porque este texto no puede volver al Congreso de los Diputados, ya que determinadas disposiciones entrarán en vigor el 15 de julio de 2015. A eso es a lo que me tiene que contestar y también a por qué ayer mismo me decía que no a unas propuestas de transacción. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

A la hora de valorar este debate, ya en el turno de portavoces, debo decir que las consecuencias de legislar de esta manera —como ha dicho algún portavoz antes que yo— provocan, por ejemplo, el resultado obtenido en la reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio, y que se hizo de tal manera que los que votaron a favor del texto deberían al menos ponerse rojos por el resultado obtenido; un resultado que evidentemente no nos puede sorprender dada la manera de legislar en este momento, con 17 proyectos de ley orgánica a debate en los dos primeros Plenos de septiembre y 35 proyectos de ley en este último tramo de legislatura.

El senador Saura les preguntaba al inicio del debate por qué seguían este modus operandi a la hora de debatir estos proyectos de ley. Creo que es evidente; es evidente que ven que la mayoría absoluta se termina y también es evidente que no van a poder legislar de esta forma nunca más, y claramente confían en que los próximos parlamentos tampoco tengan muy fácil legislar para volver a modificar todo aquello que están modificando ustedes. Y lo hacen desde su ideología, que ya no es la de la sociedad española, porque la sociedad española del 2015 nada tiene que ver con la de 2011, y si no han sabido interpretar, si no han sabido leer ese cambio de voluntad de la ciudadanía española, es porque verdaderamente desconocen lo que está ocurriendo en la calle día a día.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, alguien me decía que quizá mi intervención había sido ingenua. Reconozco que quizá he sido un poco ingenuo, pero no totalmente. A veces decimos que un árbol no nos ha de impedir ver el bosque, y yo no quisiera que este proyecto de ley en concreto nos impidiera ver el bosque, porque el bosque, como he dicho al principio, es el mayor atropello de procedimiento democrático que se ha producido en España desde la recuperación de la democracia. Nunca, absolutamente nunca, ha pasado lo que ustedes quieren que pase en este mes y medio, con más de 30 proyectos de ley a debate en pleno mes de julio, la mayoría de las cuales ni siquiera han entrado en el Senado. Y a la pregunta que ahora hacía el portavoz del Grupo Vasco yo añado: ¿Por qué hacen esto? ¿Por el bien del país? ¿Por necesidad? No, señorías, lo están haciendo simplemente por electoralismo, para decir que han aprobado 30 o 40 leyes, violentando y quebrando, eso sí, principios democráticos fundamentales de discusión parlamentaria en esta Cámara. Creo que esto es de una gravedad terrible, y lo es más en un momento en que en toda la sociedad española está instalada la necesidad de transparencia. Esto de transparencia no tiene absolutamente nada; esto es opacidad. Se nos convocará a finales de julio a no sé cuántas comisiones para debatir leyes, que se aprobarán en septiembre. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que la aprobación de esta ley es muy negativa.

Me quiero referir a tres cosas. Primero, como ya se ha dicho antes, que esta forma de legislar trae muchos problemas. El Código Penal es un ejemplo y lo del Registro Civil es de película. En 2013 el Gobierno del Partido Popular dijo que la plataforma informática será una plataforma de la organización médica; en 2014 elaboraron una ley en la que se decía que esto no sería así, pero que iban a crear una corporación de derecho público que funcionaría en julio 2015; y ahora presentan una ley donde no hay corporación de derecho público y donde no funciona en 2015 sino en 2017. Además, ahora definen en una ley el Registro Civil y saldremos hoy de aquí sin saber qué modelo de Registro Civil tenemos porque ustedes lo han sacado del texto. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Qué sentido tiene esto?

Respecto al tema de la nacionalidad, el problema no es si queremos o no que exista la nacionalidad española sino si ustedes de verdad piensan que la decisión de conceder la nacionalidad no merece una ley específica de consenso. ¿De verdad piensan que no? ¿De verdad piensan que pueden colocar en la Ley de los sefardíes, hace tres semanas, una enmienda para luego sacarla y ponerla de nuevo en una ley que no tiene nada que ver? ¿Cómo pueden defender esto? ¿Cómo es posible defender que la decisión de la nacionalidad española se puede tomar en una enmienda que no ha pasado por ningún organismo consultivo y sin consenso? Además, si hoy se hicieran a la población española las pruebas, insisto, más de la mitad no podría obtener la nacionalidad española.

Si todo esto les parece insuficiente para retirar la ley, no sé qué más desean ustedes, no sé qué más hay que hacer para lograrlo. Es una ley inmersa en el marco de una operación electoralista, que dice que quiere el Registro Civil, pero no lo define y decide unas formas de nacionalidad española sin consenso, sin ley propia y con unas pruebas que prácticamente nadie aprobaría.

Por todo eso votaremos en contra, y no estaría mal que ustedes, algún día, ante estos hechos también votaran en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d?Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario está de acuerdo con el proyecto de ley en dos objetivos, como hemos dicho antes: la agilización de las subastas mediante la mejora de su acceso electrónico, con mayor publicidad, y la facilitación de las comunicaciones al Registro Civil cuando se produzcan nacimientos o defunciones en centros hospitalarios. Aun así, sobre este tema debemos remarcar que debe trasladarse al Gobierno la necesidad de dotar de los recursos materiales necesarios para la consecución del objetivo de este proyecto ya que el coste de la implementación de la ventanilla única no debe trasladarse ni a centros sanitarios ni a las administraciones sanitarias.

Insistimos en que no nos parece bien esta moda, por llamarla de alguna manera, que ha implantado el Gobierno y el grupo que le da apoyo de legislar y reformar a coste cero. Para muestra un botón: la disposición adicional cuarta de este proyecto de ley, sobre medios, dice literalmente: «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal». Desgraciadamente estamos ya acostumbrados a ver disposiciones parecidas en esta legislatura y las consideramos una insensatez y una incoherencia.

El mensaje que se da a la ciudadanía es que se va a aprobar una ley que contiene objetivos de reformas ambiciosas y se crean expectativas, pero no hay dinero para su implementación ni lo habrá en ningún caso, a no ser, claro está, que sea la administración autonómica la que cargue con los gastos o sobrecargue al personal afectado por dichas reformas. Luego, no nos parece bien.

Por lo tanto, como consideramos que este proyecto de ley es mejorable, no solo por este punto sino por otros, mi grupo ha presentado enmiendas que mejoraban el proyecto. No hemos podido transar ninguna de ellas y, desgraciadamente, podemos percibir que no existe intención de votar ninguna de ellas a favor. Sin duda es una lástima porque, en comisión, el portavoz del Grupo Popular, el senador Arias, agradeció al resto de grupos el trabajo realizado y la presentación de las enmiendas. Desgraciadamente, como puede observarse, el trabajo de todos los grupos de esta Cámara ha sido en balde.

También agradezco las amables palabras de la senadora Torres respecto a nuestras enmiendas y quiero valorar su esfuerzo a la hora de justificar por qué no se acepta cada una de ellas. Aun así, tal como ha dicho el portavoz del PNV, sabemos que el motivo real, además de los expuestos, es que algunas disposiciones de la Ley 20/2011 deben entrar en vigor el 15 de julio de 2015 y es una cuestión matemática. Por eso hemos manifestado antes, en el turno de portavoces del veto, que nos parecía que era ningunear a la Cámara y a los senadores que formamos parte de ella. En consecuencia, vamos a abstenernos en la votación de este proyecto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Señora Torres, antes de nada, quiero agradecerle que se haya leído las enmiendas porque, las cosas suceden de tal forma que, en la última Comisión de Justicia, cada vez que iba a hablar, una senadora que no es miembro de la comisión me decía: acaba pronto, termina ya, no te demores, que tengo que coger… Estos son los comentarios de respeto al trabajo parlamentario. Yo le decía que me había ganado el derecho a expresarme y que no sabía si ella también había ganado ese derecho o si se lo había encontrado, pero que le podía asegurar que me lo había ganado y que expresaría con libertad la opinión del Grupo Socialista. Por eso, repito, quiero agradecerle que haya leído las enmiendas porque en muchas ocasiones no sucede así y se limitan a leer un texto enviado por algún asesor del ministerio. Como también le dije antes a don Mario, cuando un senador se lee el texto, yo lo agradezco.

En cualquier caso, he de decir que, en términos exactos, usted no ha motivado; es decir, que no ha exteriorizado ni ha hecho públicas las razones por las que no se aceptan las enmiendas. La expresión que más ha usado usted ha sido que, como no es objeto de esta ley, se rechaza. Y por eso, le pregunto, ¿todo el articulado y todas las disposiciones están en consonancia con el título de la ley? No. ¿Están en el preámbulo de la ley? No. ¿Están en la explicación del ministro? No. Pero se han querido incluir en este texto porque así se ha estimado en ejercicio de la libertad de decisión.

En este sentido, respecto a las enmiendas que usted dice que se rechazan porque no son objeto de la ley el razonamiento es que se rechazan porque no están de acuerdo, porque no quieren integrarlas o porque estamos obligados a que no se acepte aquí ni una coma. Sin embargo, si el razonamiento es que no son objeto de esta ley, le diré que la disposición final séptima tampoco lo es, ni con el título, y sin embargo se regula. Es más, equilibrar la posición entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario no es objeto de la ley, como tampoco lo es reincorporar la distinción entre filiación matrimonial y no matrimonial, y se hace. ¿Por qué se ha hecho? En ejercicio de la libertad de decisión. Lo que estoy intentando de explicar es que cuando no se acepta una enmienda es por alguna razón, no solo porque sea o no objeto de esta ley porque hay disposiciones que tampoco lo son y se han incluido. Así, de igual manera que se meten algunas cosas que no son objeto de la ley también se pueden meter otras. Es decir, que o se aplica un criterio comprensivo o no se aplica, pero no se puede decir que sí en unos casos y, en otros que no, porque no son objeto de esta ley.

Usted pregunta por qué presentamos un veto y, además, las enmiendas 79 a 100, pero es que si solo presentamos el veto, su argumento en contra es que no queremos el texto y que lo rechazamos de entrada. Si, por el contrario, presentamos el veto y, además, enmiendas, nos preguntan cómo se puede negociar con nosotros si presentamos el veto. En cualquier caso, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Por ello, le diré que presentamos el veto porque nos parece que es la equivalencia exacta de la enmienda a la totalidad en el Congreso; en aquella Cámara se llama enmienda a la totalidad y aquí veto. A mí me gusta más enmienda a la totalidad, ¿por qué razón? Porque el conjunto del texto nos parece más negativo que positivo. A excepción de la subasta electrónica, de la afiliación y la defunción en el registro electrónico, ¿por qué han incluido otros asuntos que no tienen que ver con esto? La disposición final séptima no tiene que ver con esto. Hemos estado esperando durante años un texto que contenga la ley de nacionalidad. Todavía no lo tenemos, pero nos consolamos con la introducción de una disposición final séptima en una ley que no tiene nada que ver y, sobre todo, el problema es que puede consolidar la arbitrariedad que existe en la actualidad. El artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, pero en la actualidad cada juez encargado del Registro Civil tiene su criterio acerca de las preguntas a realizar para saber si esa persona está o no integrada. ¿Eso es arbitrariedad? Estoy de acuerdo. ¿Habría que suprimir la arbitrariedad? Estoy de acuerdo. Pero no se trata de suprimir la arbitrariedad incorporando injusticias, sino procurando incorporar certidumbre y justicia, ser justos con los que llevan años viviendo aquí, trabajando y tributando entre nosotros. Es que se lo debemos y, además, los necesitamos porque su generación los necesitará cuando llegue el momento de pagar las pensiones.

Por tanto, lo que intento decirles, señorías, es si no les parece un asunto suficientemente relevante como para que esa disposición final séptima sea una ley de nacionalidad. A mí me parece que sí.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Voy acabando, presidente.

Entiendo que no quieran hablar de la filiación matrimonial y no matrimonial, pero nunca me han dicho por qué razón lo mantienen.

No se preocupe, entiendo el trabajo que está haciendo. Hay que buscar argumentos debajo de las piedras para justificar lo injustificable y, repito, lo entiendo. Con una frase, de un bolichazo se acaba con el asunto: no es objeto de la ley. Lo entiendo pero, sinceramente, eso no es motivar ni exteriorizar.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Si fuera así, usted que es procuradora sabrá que cualquier resolución judicial sería revocada por falta de motivación, por falta de racionalidad interna.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley responde a las demandas de eficiencia y flexibilidad que los ciudadanos demandan de nuestras administraciones.

Aspiramos así a mejorar su funcionamiento para hacer la vida más cómoda a los ciudadanos, que piden más y mejores servicios sin aumentar la carga de sus bolsillos. Se trata de hacer más con menos y hacerlo mejor, como una estrategia permanente para contar con una administración dinámica, efectiva y moderna.

El proyecto de ley recoge los instrumentos necesarios para llevar a cabo las propuestas del informe CORA sobre la administración de justicia. Así, se aborda el sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la agencia estatal del Boletín Oficial del Estado; se supera el rigor formalista de la subasta presencial —ya no hay obligación de estar en un lugar y a una hora determinada—; se facilita información casi ilimitada de la subasta y del bien; el anuncio de convocatorias en el Boletín Oficial del Estado con publicidad registral de los bienes contribuye a la venta del bien; se da un impulso a las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre el portal de subastas y los diversos intervinientes en el proceso; existe una posibilidad de pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, garantizando además así la transparencia y seguridad jurídica, con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible de la venta del bien; y, por último, también se aborda la ventanilla única para la inscripción registral de nacimientos y defunciones, gracias a la firma electrónica del facultativo, evitando así el desplazamiento de los familiares.

Este es, señorías, el objeto del proyecto de ley que hoy debatimos. Sin embargo, los diferentes portavoces de los distintos grupos parlamentarios han hablado de todo menos de lo bueno y positivo que conlleva dicho proyecto. Por ello, me voy a referir ahora a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios.

En primer lugar, tengo que disculparme con el Grupo Parlamentario Vasco. Ya está aclarado mi error con respecto a la enmienda transaccional que me propuso. Ha hablado usted de que estamos legislando con mayoría absoluta y así es, efectivamente, pero es que así lo quisieron los ciudadanos hace cuatro años; e igual de respetable fue la voluntad de los ciudadanos hace cuatro años que los últimos resultados de las elecciones locales y autonómicas.

Al portavoz del Grupo de la Entesa le quiero decir que es mucho mejor legislar en julio, en agosto, en diciembre, en enero o cuando sea, que no tener que adelantar unas elecciones sin presentar un presupuesto por miedo a un rescate, como se hizo en la anterior legislatura.

Quiero agradecer al portavoz de Convergència el buen tono que ha empleado en todas sus intervenciones.

Finalmente, quiero decir que lo que se está haciendo y se está demostrando es la voluntad y el compromiso de este Gobierno de caminar hacia la eficiencia de las administraciones, muy al contrario, señorías, de lo que hizo el Partido Socialista en la anterior legislatura, que no fue capaz de abordar esta cuestión en sus años de gobierno.

El Partido Popular arregla con la reforma de las administraciones los excesos del pasado socialista. El Partido Socialista no tomó medidas para equilibrar la administración y evitar los problemas que hasta ahora presentaba y se dedicó únicamente a elevar el gasto público, sin control y sin medida, entre 2007 y 2011. Por ejemplo, y sin ir más lejos, con el presente proyecto de ley se estima un ahorro en cargas administrativas y ahorro económico de 64 millones de euros, y para la administración de 8 millones de euros, lo que me parece que no es moco de pavo. Vean, por tanto, cómo hay otra forma de hacer las cosas.

Vuelve a defender el portavoz del Grupo Socialista sus enmiendas en referencia a esa insistencia en equilibrar la postura del acreedor y del deudor. Le he vuelto a decir en el turno en contra que esto pertenece al debate de la Ley 1/2013 y no a este proyecto de ley; por cierto una ley, la Ley de protección del deudor hipotecario, que junto a 20 leyes más ustedes han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Es algo muy legítimo, sin duda, pero demuestra su doble juego: en 2010 acusaban al Partido Popular de pretender ganar en los juzgados lo que no se podía ganar con las mayorías parlamentarias y, sin embargo, hoy, sumando sus recursos contra leyes autonómicas, ya tienen más de 40 leyes ante el Tribunal Constitucional. Aquí también, senador Díaz Tejera, se dice una cosa y luego se hace otra.

En el marco de la administración de justicia el Gobierno trata de dotar de agilidad y eficiencia la incorporación de las nuevas tecnologías orientadas al servicio de los ciudadanos para un mejor funcionamiento y la obtención de resultados en tiempos razonables. En definitiva, presentamos una nueva manera de entender la justicia y les invito a trabajar hacia ese objetivo, que hoy es ya una realidad. Por ello, presentamos este proyecto de ley esperando que cuente con su apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torres.

Llamen a votación. (Pausa.— Rumores).



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMO. SR. D. PEDRO MARÍA SANZ ALONSO. 500/000332

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Antes de proceder a la votación de las enmiendas, vamos a realizar un acatamiento a la Constitución.

Acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Pedro María Sanz Alonso.

Excelentísimo señor don Pedro María Sanz Alonso, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor SANZ ALONSO: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Pedro María Sanz Alonso ha adquirido la condición plena de senador.

Bienvenido y mucha suerte. (Aplausos).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. (Votación) 621/000130 Justicia

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, la enmienda número 1, de la senadora Domínguez.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 18; en contra, 148; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del senador Iglesias, también del Grupo Parlamentario Mixto, comenzamos votando las enmiendas números 2, 5, 9, 11 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 10; en contra, 207; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 21; en contra, 208; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3 y 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 83; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 69; en contra, 147; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 6, 7 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 11; en contra, 148; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 8; en contra, 145; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 76 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 21; en contra, 146; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 147; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 69; en contra, 149; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 17, 20, 23, 29, 30, 33 y 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 15, 16, 18, 19, 21, 24 a 28, 31, 32, 35 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 21; en contra, 148; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 21; en contra, 209; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 37, 40, 45, 47 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 10; en contra, 209; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 39, 48 y 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 70; en contra, 147; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 42, 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 9; en contra, 149; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos las enmiendas números 51, 54 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 81; en contra, 147; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas

Votamos las enmiendas números 55, 56, 57 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 83; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 53, 63, 65, 67, 68 y 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 20; en contra, 148; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 52, 62, 71, 73 y 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 18; en contra, 147; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 58 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 18; en contra, 212; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 64, 66 y 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 17; en contra, 212; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 146; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 81, 87, 89, 90, 93, 94, 98 y 99.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 146; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 79, 80, 82 a 85, 88, 91, 92, 95 a 97 y 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 72; en contra, 147; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 149; en contra, 71; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales


PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000129 Sanidad y Servicios Sociales

El señor presidente da lectura a los puntos 8.1.2. y 8.1.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, el debate de estos dos proyectos de ley se va a realizar conjuntamente, sin perjuicio de que las correspondientes votaciones se tienen que llevar a cabo por separado. En primer lugar, se van a debatir las propuestas de veto al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y una vez votadas las propuestas de veto a este proyecto de ley seguiremos con el debate de las enmiendas de los dos proyectos de ley, que votaremos por separado.

Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Sanidad, senadora Aragón. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

La señora ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Señorías, los proyectos de ley orgánica y ordinaria que se someten en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvieron su entrada en esta Cámara el pasado día 5 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramitaron ambos de forma paralela por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas, inicialmente establecido para el 17 de junio, fue ampliado hasta el día 23 del mismo mes. Al proyecto de ley orgánica se presentaron 71 enmiendas, al de ley ordinaria 3 propuestas de veto y 249 enmiendas.

La ponencia se reunió el pasado día 30 de junio y emitió sendos informes: de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados, el correspondiente al proyecto de ley orgánica, y en el relativo al proyecto de ley ordinaria, proponiendo la incorporación de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en sus propios términos, a excepción de las números 245 y 249, que se aprobaron con la incorporación de una serie de correcciones de terminología jurídico-procesal, y de las números 227 y 242, que no se aprobaron. Las restantes enmiendas al proyecto de ley fueron rechazadas por mayoría, y en todo lo no modificado por las enmiendas aprobadas se mantuvo el texto del proyecto tal y como fue remitido a esta Cámara por el Congreso de los Diputados. Asimismo, se aprobaron las correcciones técnicas sugeridas por la letrada de la Comisión.

La Comisión se reunió para dictaminar el mismo día 30 de junio. En dicha sesión se defendieron y votaron las propuestas de veto presentadas al proyecto de ley, y tras deliberar sobre las enmiendas presentadas tanto al proyecto de ley como a la ley orgánica, se sometieron a votación los dos informes de ponencia, resultando ambos aprobados en los términos propuestos por la misma.

Han presentado votos particulares manteniendo las propuestas de veto al proyecto de ley para su defensa ante este Pleno la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, veto número 1; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, veto número 2, y el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, veto número 3. Asimismo, han presentado votos particulares manteniendo sus enmiendas a ambos proyectos de ley orgánica y ordinaria el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán de Convergència i d’Unió y Socialista.

Sin más, solo me queda agradecer el trabajo realizado por la letrada de la comisión, Isabel María Abellán, y a los ponentes de los diferentes grupos políticos.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Comenzamos a debatir las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1, firmada por la senadora señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Señorías, llegados a este punto de la legislatura en que su empeño y esmero en ponernos las cosas más complicadas a los distintos grupos parlamentarios ha llegado a su cenit, iniciamos unos meses en los que se llevarán a cabo reformas de calado y en los que ustedes nos traerán para su aprobación más de 41 leyes. Permitan que, en nombre de Esquerra Republicana, les agradezca su comportamiento. Gracias, porque sin su inestimable ayuda no estaríamos donde estamos: en pleno proceso de emancipación nacional, en el que ustedes, señorías de la bancada Popular, poco a poco van convirtiéndose —y espero que pronto en Cataluña— en residuales gracias a proyectos de ley como los dos que vamos a debatir hoy. Son un nuevo despropósito, y entiendan que Esquerra Republicana los considera un ataque al sistema propio de las comunidades autónomas, una enésima chapuza, otro paso más en su obsesiva idea de dinamitar el modelo autonómico.

Señorías del Grupo Popular, ustedes se encuentran secuestrados por una concepción ideológica en la que confunden permanentemente dos conceptos: uniformidad e igualdad. La igualdad de los derechos no se determina por la unanimidad en las políticas; al contrario, la uniformidad termina rebajando las posibilidades de mejora de los derechos. Ustedes dirán que es una reforma integral que da respuesta a los cambios sociales que se han ido produciendo en el Estado español en los últimos años, también a la incorporación de tratados internacionales y a las modificaciones de las convenciones internacionales, pero la auténtica realidad es que es otro paso más en su proceso de recentralización, laminación e invasión de competencias de las comunidades autónomas por parte del Estado. Persisten en ignorar la diversidad, la diferencia, el derecho propio y específico, en este caso de Cataluña.

En Cataluña tenemos competencias exclusivas en esta materia. Es más, Cataluña tiene una entidad autónoma en materia de adopciones, el Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció. Señorías, era el Govern de Catalunya el que decidía qué países eran los idóneos para que adoptaran las familias; era la Generalitat de Catalunya la que decidía qué entidades podían realizar los procesos de adopción; en definitiva, era Catalunya la que tenía la competencia.

Cierto es que este proyecto avanza en la protección jurídica del menor, puesto que incorpora las reformas habidas a través de las convenciones en defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia, pero no aborda, entre otras cuestiones, una de máxima importancia: la pobreza infantil, un problema endémico en nuestra sociedad que está a nuestro alcance solucionar.

No entendemos la voluntad tan uniformizadora de este Ejecutivo. Sabemos que el diálogo no ha sido fluido con la Administración española, pero las administraciones del Estado siempre habían reconocido, o han venido reconociendo, que el model català había tenido éxito a pesar de que existiesen algunos déficits. No entendemos este cambio y, por tanto, no entendemos esta ley.

Este proyecto de ley está condenado a terminar como la mayoría, en el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias. ¿Cómo puede ser que ustedes olviden el derecho civil catalán o el Codi Civil de Catalunya, el dret propi de Catalunya, ese que es de aplicación en Cataluña y que ustedes se han dedicado a ningunear y menospreciar? Ya tenemos bastantes problemas en la aplicación diaria del derecho civil propio, del dret civil català, habida cuenta muchas veces de la falta de conocimiento, o poco conocimiento de jueces y magistrados para que ustedes se saquen ahora este as de la manga y provoquen con ello un conflicto entre las administraciones, seguido de contradicciones que no llevan a nada.

Este proyecto de ley invade competencias y, como decía, mantiene gran número de artículos que pueden crear confusión en los tribunales, controversias entre las administraciones que en este caso tienen competencias y, en definitiva, mayor inseguridad al ciudadano. Un ejemplo es la disposición final decimocuarta, que dice textualmente: «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.» En otras palabras, con esta disposición pierde también credibilidad el propio proyecto de ley y se convierte en papel mojado. ¿De dónde van a salir los recursos para poder llevar a cabo las competencias que establece la ley? También pensamos que lo que están haciendo ustedes no es otra cosa que hacer recaer en las comunidades autónomas mayor gasto.

Ustedes me dirán que me limito siempre a poner sobre la mesa el tema competencial, la invasión de competencias, la recentralización, la uniformización a través de la legislación, la laminación. Sí, son motivos suficientes, porque vulneran el artículo 166 del Estatut d’Autonomia de Catalunya y el artículo 129, en el que se establece la competencia exclusiva en materia de derecho civil, en materia de derecho privado, que es lo único que nos quedó después del decreto de nueva planta, y que no ha podido ser desarrollado en toda su plenitud, porque, efectivamente, en algunos aspectos ustedes han continuado laminando esa posibilidad, y también infringe el artículo 149.8 de la Constitución Española.

Y sí, ello es motivo suficiente para presentar veto a este proyecto de ley, y, por tanto, solicitamos del resto de grupos parlamentarios el apoyo al veto presentado por Esquerra Republicana.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 2 está firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Así que, según el alcalde del PP de Granada, las mujeres cuanto más desnudas, más elegantes. (Rumores). Hay que ser majadero para hacer esa afirmación. (Aplausos). Hay que ser un redomado machista, y ustedes, senadoras del Grupo Popular, deberían ser las primeras en denunciar que un alcalde de una capital de provincia sea capaz de decir esas cosas.

Entrando ya a este disparate legislativo —vamos a discutir alrededor de cuarenta proyectos de ley, que debemos aprobar—, los problemas son dos. No es que estemos frente a una situación que nos va a comportar un mal trabajo legislativo, no es un problema que tengamos que discutir en julio, agosto, septiembre, diciembre o cuando haga falta, el problema es que discutiendo así se trabaja mal, y lo que es peor, discutiendo así impedimos que los ciudadanos, que los grupos afectados por estas leyes, puedan hacer un seguimiento del debate, puedan hacer un seguimiento de aquello que se aprueba y que les va a afectar. Por esto les digo a sus señorías, especialmente a las del Grupo Popular, que no es normal, que no es razonable debatir y aprobar más de cuarenta proyectos de ley en tan pocas semanas; no es razonable, es patológico; como mínimo es una grave patología legislativa.

El señor Saura y yo presentamos un veto a este proyecto de ley por dos razones principales: la primera, porque este proyecto de ley representa una invasión competencial respecto a las competencias de la Generalitat de Catalunya; y la segunda, por esta coletilla que se repite en determinados proyectos de ley de que de ser aprobados no pueden representar un aumento del gasto público, lo que los invalida.

¿Por qué consideramos que este proyecto de ley invade competencias de la Generalitat? Permítame que le recuerde lo que dice el artículo 149.8 de la Constitución: «El Estado tiene competencia exclusiva en legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan.» Esto ocurre en Cataluña. Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de derecho civil. El artículo 129 del Estatuto dice: «Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil, con excepción de las materias que el artículo 149.8 de la Constitución atribuye en todo caso al Estado. Esa competencia incluye la determinación del sistema de fuentes del derecho civil de Cataluña.»

¿Tiene la Generalitat competencias exclusivas en materia de menores? Sí. El artículo 166.3 dice: «Corresponde a la Generalitat en materia de menores: a) La competencia exclusiva en materia de protección de menores, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de la protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, respetando, en este último caso, la legislación penal. b), la Generalitat participa en la elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal que incida en la competencia de los menores.» Y el artículo 166.4 dice: «Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que en todo caso incluye las medidas de protección social y su ejecución.»

Las competencias son claras, y fruto de ellas se han ido incrementando políticas sociales de protección a los menores. Como resultado, hoy en día Cataluña es la única comunidad autónoma que cuenta con un Institut Català de l?Acolliment i de l?Adopció. No solo las competencias son claras, sino que también la Generalitat ha ido trabajando durante muchos años en reglar y crear instrumentos de protección a los menores. Por ello la pregunta que les formulo es: ¿por qué esta invasión competencial? ¿A qué se debe? ¿Por qué liquidar las competencias en materia de adopciones internacionales a la Generalitat, como propone el artículo 3 de este proyecto de ley?

Teniendo todo el sentido —como dice el proyecto de ley— establecer mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio, ¿qué sentido tiene establecer criterios comunes? ¿No correspondería esto a la Administración responsable de la gestión? El senador Saura y yo creemos que sí. Lo mismo pasa en la disposición final segunda, que se refiere a la autonomía del paciente y a derechos y obligaciones en materia de documentación clínica, todo ello en materia de derecho civil.

Señorías, ayer el nuevo ministro de Cultura, el señor Méndez de Vigo, afirmaba en el Senado que en el código genético del Partido Popular está bajar impuestos. Es evidente también que en su código genético está el centralismo, porque si no, no se puede explicar que a lo largo de toda esta legislatura en toda la legislación sectorial que han ido presentando y aprobando se vayan poco a poco laminando competencias autonómicas, especialmente las que afectan a Cataluña. Y si es preocupante que en un Estado plural, como es España, el principal partido de la derecha no haya entendido la plurinacionalidad del Estado, aún lo es más en los difíciles momentos que atraviesan las relaciones entre Cataluña y España.

Señores del Grupo Popular —lo decía la senadora Capella con otra intención, y tiene razón—, son ustedes una fábrica de independistas. Con sus políticas, con sus actitudes y con sus tonos ahondan la brecha. Es que no solo estamos frente a una grave responsabilidad histórica, sino que están alentando y fomentado la desafección de sectores muy importantes de la sociedad catalana con sus respuestas centralistas. Son hoy el principal factor de riesgo para la cohesión territorial de España. Ustedes se jalean, están encantados y seguramente hay sectores en otros territorios de España a los que les puede parecer muy bien este españolismo rancio, pero, de verdad, todo esto trasladado a Cataluña es un desastre; y si este desastre va acompañado de este tipo de legislaciones, la cosa es mucho peor.

La segunda gran razón es la disposición final decimocuarta, si las medidas incluidas en esta norma no pueden suponer incremento del gasto público, de dotaciones, de retribuciones ni de otros gastos de personal, apaga y vámonos.

¿De qué sirve hacer una ley que profundiza en la protección de los menores, que incorpora los nuevos fenómenos —por ejemplo, los menores, los inmigrantes, inmigrantes irregulares, etcétera—, nuevas realidades, que pretende hacer más efectivas las políticas públicas de protección de los menores si termina con una coletilla que la transforma en papel mojado?

Señorías, si no hay recursos —si no hay recursos—, no hay ley —tendremos un texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero no tendremos una ley que se pueda implementar, que se pueda aplicar y que se pueda desarrollar—, y sí que los hay. Les voy a hacer una propuesta: retiren este chapucero aguinaldo electoralista que ha propuesto el señor Mariano Rajoy de rebajar el IRPF —que va a suponer dejar de ingresar alrededor de 1600 millones de euros— y dedíquenlo a gasto social, dedíquenlo a apoyar financieramente esta ley.

Señorías, entiendo que estén preocupados por las futuras elecciones, entiendo que este Gobierno está achicharrado; comprendo que les preocupe que el presidente del Gobierno, sondeo tras sondeo, aparezca como el político que menor confianza inspira aun dentro de su electorado, comprendo que todo esto les preocupe, pero con este tipo de respuestas, como este nuevo bandazo tributario anunciado hace pocos días, no creo que vayan a salir del pozo.

En definitiva, estas dos razones —la invasión competencial y no dedicar un esfuerzo presupuestario al desarrollo de esta nueva ley— justifican el veto que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, para el cual pedimos su voto favorable. Les ruego que piensen qué hacen entre ustedes personajes que son capaces de decir la frase con la que iniciaba mi intervención.

Gràcies. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 3 está firmada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Señorías, el objetivo de estas leyes no debería ser otro que intentar mejorar la legislación en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, dando de esta manera respuesta a las nuevas situaciones y fenómenos que están teniendo lugar actualmente en nuestra sociedad. Sin duda, el interés de este grupo parlamentario, de Convergència i d?Unió, se enmarca en encontrar la manera de mejorar esta materia —de ahí nuestras aportaciones tanto al proyecto de ley orgánica como al ordinario—, con intención de encontrar el marco legal que dé una respuesta más efectiva a la mayor protección de la infancia y la adolescencia.

Pero tenemos que volver a concentrar nuestros esfuerzos en denunciar una y otra vez el incumplimiento del espíritu del pacto constitucional. En ese pacto que todos nos dimos —aunque no todos votaron— quedaba bien establecido el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, reparto que queda perfectamente reflejado en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía.

No entendemos, y especialmente en esta materia, cómo puede ser que en los últimos casi treinta años haya habido un desarrollo pacífico, tanto política como jurídicamente —me refiero a la no existencia de litigiosidad—, y lo que es más significativo, que justamente muchos de los avances que pretenden recoger estos proyectos de ley que ahora debatimos estén inspirados en las propias legislaciones autonómicas, concretamente en la legislación catalana. Esto por sí solo supone un reconocimiento a que, en efecto, se están haciendo las cosas y bien. Por ello, nos cuesta entender por qué insisten en negar la capacidad de los parlamentos autonómicos o sus competencias legislativas, sinceramente no vemos otra explicación que una concepción jacobina y anti-autonomista del Estado.

Señorías, a menudo, por no decir siempre, nos acusan de querer romper por defender aquello que reza el cuerpo constitucional al que ustedes apelan de forma dogmática. Defendemos, señorías —esa es nuestra esencia—, las leyes que emanan de nuestro Parlament, pero ustedes rompen ese pacto constitucional con el que hemos actuado durante estos últimos treinta años, sin que ello supusiera ningún problema, demostrando además buenos resultados, que ahora se quieren recoger en esta ley a costa de vaciar nuestras competencias. Pensamos que esto supone negar la evidencia y que pretende ser una modificación de la Constitución, saltándose los mecanismos para ello establecidos. No les extrañe, no se sorprendan o nos acusen de estar donde estamos. No es gratuito que un 80 % del Parlament de Catalunya —aquellos que están a favor de un Estado propio y aquellos que defienden una reforma de la Constitución— esté de acuerdo en que las relaciones entre España y Cataluña no son sostenibles con el actual modelo. Buena parte de esta desconexión política y sentimental de la sociedad catalana respecto del Estado central se encuentra también en el trasfondo de esta ley, como la mayoría de las que hemos visto en esta legislatura, que tienen un marcado carácter recentralizador. Por ello, señorías, el sentido de este veto se basa en varios puntos: en primer lugar, y como principal motivo, en el no respeto competencial y el carácter uniformador —la señora Capella les decía que uniformidad no es lo mismo que igualdad—. Desde 1996 funciona con carácter supletorio. Les recuerdo que en Cataluña se venía legislando sin problemas, y con la debida coordinación y respeto desde 1991, y no hemos parado de hacerlo hasta este 2010, legislando de forma global, moderna, ambiciosa y adaptándonos a las necesidades reales.

El Estatut d’Autonomia, en su artículo 166 —no me extenderé citándolo porque ya lo han hecho los senadores que me han precedido—, nos otorga la competencia exclusiva de servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias. Además, tuvimos la suerte de enmendar el artículo 126 del Derecho civil catalán en el trámite del Congreso porque parecía que incluso se podía poner en cuestión el carácter supletorio del derecho civil español en Cataluña. Resulta para nosotros inconcebible que algunos de estos derechos reconocidos por ley y que han superado muchos casos hasta la época franquista sean ahora puestos en duda o cuestionados. Pensamos que resulta obvio que a estas alturas no tendríamos que estarlos defendiendo.

En segundo lugar, y no desligado de lo que les he expuesto, en Cataluña tenemos competencias propias en materia de adopción internacional. En 1960, en pleno franquismo, señorías, la compilación del derecho civil catalán regula la institución de la adopción. Ya, con la recuperación de la capacidad del autogobierno de Cataluña en el Parlament, se desarrolla y se adapta la figura a la actualidad y se posibilita entonces la adopción fuera de las fronteras de España —adopción internacional—. Jamás hubo problema alguno, repito, ni jurídico ni político en este sentido, y se crea además el primer organismo autónomo dedicado a la adopción —el Institut Català de l’Acolliment—, reconociendo a la Administración General del Estado como autoridad central para facilitar la información y comunicación con los países, un trabajo de colaboración, respeto y diálogo que ha funcionado con infinidad de adopciones que han llegado a buen término. ¿Para qué buscar conflicto donde no lo había? ¿Podríamos pensar que ha habido algún problema? No, no lo ha habido, y lo saben bien los redactores de esta ley que conocen bien el sistema catalán. Para nosotros este no es un tema menor —de no ser resuelto ya justifica por sí mismo nuestro voto negativo a la ley, a pesar de compartir su espíritu y muchos de sus contenidos en los que, en la medida que hemos podido, hemos intentado colaborar—.

Finalmente, el no incremento de gasto contenido en la propia ley mutila la posibilidad de invertir más en este tipo de políticas sociales donde sin duda aún estamos por debajo del nivel de inversión de Europa. Negar la posibilidad de incrementar las políticas de protección a la infancia y a la adolescencia es como negar el hecho de que siempre son mejorables y nunca suficientes ya que la infancia es hoy la esencia de nuestra sociedad y sin duda la garantía de nuestro futuro.

Tenemos un problema con la pobreza infantil, señorías, los datos nos lo ponen encima de la mesa. Por ello, y acabo, si no somos capaces de encontrar soluciones consensuadas que puedan dar respuesta a estas inquietudes, tendremos que rechazar esta ley, mantener nuestro veto y pedir al resto de los grupos que nos den su apoyo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para formular la posición de mi grupo respecto a los tres vetos presentados al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, señalando que el contenido de estos vetos ha sido presentado además bajo la fórmula de enmiendas como la 82, 84, 159 o 166. Lamento profundamente que, a pesar de que los grupos proponentes de dos de los vetos —en particular, el Grupo Mixto y el Grupo de Convergència— valoren o compartan algunas de las modificaciones llevadas a cabo en este proyecto de ley, sin embargo, soliciten su devolución a través de la presentación de sus vetos. Y es que los grupos proponentes de los tres vetos presentados demuestran priorizar sus intereses partidistas a la auténtica defensa del interés del menor, que es el objeto que se defiende en este proyecto de ley. Por eso, les invito —y se lo digo de manera sincera y respetuosa— a que tengan altura de miras y hagan un ejercicio responsable de su posición.

Señorías, refugian sus vetos invocando invasión competencial cuando no la hay. No existe invasión competencial, sino todo lo contrario, existe un respeto escrupuloso al reparto competencial, y todo lo actuado se hace sobre la base del artículo 149.1 y las disposiciones 1, 2, 17 y 31 de nuestra Constitución. Y no lo dice solo esta representante del Grupo Popular, lo dicen organismos e instituciones como el Consejo Económico y Social, entre muchos otros —cuyo dictamen utilizaré en mi análisis—, así como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, que, como digo, respaldan la regulación competencial.

Este proyecto de ley aboga por la equidad, por que las modificaciones, ya sean jurídico-procesales o sustantivas, que se remiten en este proyecto de ley, garanticen una protección uniforme a los menores en todo el territorio nacional y sean un marco de referencia para las comunidades autónomas cuando hayan de desarrollar su normativa específica de asistencia social, servicios sociales y protección pública del menor, con independencia del lugar en el que se resida o de su situación administrativa en el caso de extranjeros, como se establece en el punto 5 del artículo 1 del proyecto de ley ordinaria.

Habla la senadora Capella en su veto de los centros de menores. La regulación prevista en el proyecto de ley orgánica sobre centros de menores con trastornos de conducta es una de las novedades más importantes que recogen estos proyectos. Y es que, por primera vez, a nivel estatal se recoge normativa referida al ingreso, a las actuaciones e intervenciones en centros específicos de protección para menores con trastornos de conducta, en los que está prevista la utilización de medidas de contención y de restricción de libertad o derechos fundamentales como último recurso.

Señorías, a nadie se le escapa que la fase adolescente es una fase muy delicada, y todos los que hemos trabajado en el ámbito social sabemos de las desagradables situaciones en forma de comportamientos agresivos que pueden llegar a presentarse en esta fase. Así, eran las comunidades autónomas las que, en el ejercicio de sus competencias, han regulado la existencia de centros de menores y, lógicamente, con diferentes enfoques. Al ser este uno de los ámbitos de la legislación del menor donde son apreciables mayores diferencias —lo que podría atentar contra los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución—, se entendió necesaria esta regulación, pero una regulación responsable, o, si me apuran, una regulación copartícipe, porque se incorporan algunas novedades, como es el caso de los centros de menores, o la referencia a los deberes del menor, que, como digo, ya han sido introducidas por algunas normas autonómicas años atrás. Pero, insisto, solo aportar uniformidad y abordar una regulación homogénea de los principios de actuación en este tipo de centros, respetando siempre las competencias autonómicas, es lo que se procede a realizar en estos proyectos de ley.

Especial referencia hacia el Grupo de Convergència en lo previsto sobre adopción internacional. En la regulación prevista en el proyecto de ley se deslindan las competencias de las diferentes administraciones públicas que actúan en esta materia. Tampoco existe, señoría, invasión competencial en este asunto. Se respetan las competencias de las comunidades autónomas en la actividad desarrollada en su territorio, pero se atribuyen al Estado —como sabe, señoría, porque así lo estipula nuestra Constitución— las relativas a la política exterior. Así las cosas, se entiende como política exterior, y, por tanto, competencia estatal la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de las adopciones con determinados países y la acreditación de los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, sin perjuicio de la intervención de las entidades públicas de las comunidades autónomas. Se mantiene la competencia autonómica para control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio, mientras que la Administración General del Estado tendrá la competencia para el control y seguimiento respecto de la intermediación que el organismo acreditado lleve a cabo en el extranjero. Por tanto, insisto en que no existe invasión competencial. Se determinan claramente las competencias —como no puede ser de otro modo— ya que particularmente en materia de adopción internacional es preciso garantizar el interés del menor.

En esa apuesta clara por la equidad, unida al respeto competencial, cabe destacar la disposición adicional tercera del proyecto de ley cuando habla de que el Gobierno promoverá con las comunidades autónomas el establecimiento de criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio en aspectos tales como centros de protección de menores, procedimientos de acogimiento familiar, procedimientos de adopción, puntos de encuentro familiar o atención a jóvenes ex tutelados, entre otros. La disposición adicional segunda del proyecto de ley orgánica va en el mismo sentido, con especial referencia a lo relativo a los centros de protección de menores con problemas de conducta. Por tanto, queda demostrado el esfuerzo de este Gobierno para respetar el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, por cuanto este proyecto de ley es una apuesta clara para trabajar de la mano con las comunidades autónomas —como no puede ser de otra manera—, demostrando así esa preocupación compartida de ofrecer la mejor atención a la infancia y a la adolescencia.

Señorías, estamos ante una reforma tremendamente ambiciosa, y no podemos admitir esas predicciones de algunos grupos de que será papel mojado por el simple hecho de que no vayan a suponer un incremento de gasto público, porque más fondos no siempre significa mejores resultados, tal y como ya indiqué en comisión, y ejemplos de ello hay en la pasada legislatura, sin ir más lejos.

La voluntad de avance en la posición jurídica del menor es lo verdaderamente esencial de este proyecto de ley junto con el proyecto de ley orgánica. Porque el objetivo esencial de la reforma, señorías, es precisamente asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales y con los artículos 39 y 14 de nuestra Carta Magna; una voluntad de avance sobre la base de necesidades reales. Con este proyecto de ley, señorías, se atiende a la necesidad de mejora en los instrumentos de protección jurídica de los menores, una necesidad de mejora como han puesto de manifiesto instancias internacionales y nacionales tales como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Especial de esta Cámara de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, entre otros.

Asimismo razones de índole jurídica tras la ratificación de diversos convenios internacionales, adopción de normativa comunitaria o la aprobación de abundante normativa autonómica son causa de estos proyectos de ley que hoy presentamos. Se traen a debate proyectos adaptados a la situación social actual que marcan los tiempos, y que configuran un nuevo sistema de protección a la infancia con la reforma de hasta doce leyes, lo que obliga, además, a ser una ley consensuada, tanto con otros ministerios, con comunidades autónomas, con entidades del tercer sector, así como con el ámbito académico, del que una representación precisamente nos acompaña esta tarde. Un texto que ha sido mejorado en el Congreso de los Diputados y que indudablemente también lo será en esta Cámara, como a continuación les dirá mi compañera, la senadora Larriba.

Por primera vez en una norma estatal se definen las situaciones de riesgo y desamparo, existe una apuesta clara y contundente por agilizar los procesos de acogimiento y adopción y, además, se establece una regulación específica para mejorar la atención de la infancia en riesgo, con especial referencia a los menores con discapacidad, así como el reconocimiento a los menores como víctimas de violencia de género. Nos tenemos que remontar a 1924, cuando la Declaración de Ginebra concibió por primera vez al niño como sujeto de derecho y protección, y hoy, con orgullo, podemos afirmar que estos proyectos de ley convierten a España en el primer país en incorporar el interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomienda la Organización de las Naciones Unidas.

Por todo ello, señorías, y considerando que estos proyectos de ley no son sino una reforma necesaria y esperada, una reforma consensuada y una reforma integral para garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder así a sus necesidades actuales, reiteramos nuestro voto en contra a los vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

El senador Iglesias no hace uso de la palabra. Gracias, senador Iglesias.

Senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Iré muy rápido, pero haré uso de la palabra: primero para manifestar el voto favorable al resto de vetos y, segundo, para responder a alguna de las afirmaciones que ha llevado a cabo la portavoz del Grupo Popular.

Yo siempre digo lo mismo, que ustedes me lo ponen fácil —por decirlo de una forma rápida y clara—.

Tenemos un problema en la oposición ya que no debemos de saber leer, porque qué casualidad que los vetos, tanto el mío como el del señor Guillot, van en la línea de que hay invasión de competencias. Las hay. Explíqueme por qué no hay invasión de competencias, desgrane en qué artículos no hay invasión de competencias cuando los demás vemos que sí existen.

Decía que ustedes también nos lo ponen fácil, y les debería dar las gracias cada día que subo a la tribuna de oradores por ello. ¿Ustedes se creen —además se les ven las intenciones— que cuando nosotros defendemos y manifestamos que es importante respetar las competencias propias —en este caso yo defiendo las de Cataluña— lo hacemos por capricho, porque nos gusta venir aquí y ponerles el dedo en el ojo todo el día, diciéndoles que ustedes nos invaden competencias? Decimos que nos invaden competencias y, por tanto, defendemos las competencias propias de Cataluña porque representa una mejora en los intereses, en los derechos y en los beneficios de la ciudadanía. Por eso, cada día que bajo a la tribuna de oradores a defender las competencias propias de Cataluña, defiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, de todos, sin exclusión. Por tanto, no es un capricho. Ustedes tienen un problema con este tema: ustedes sí piensan que las competencias, en especial las de Cataluña, son un capricho.

Insisto, ustedes confunden uniformidad con igualdad. No es lo mismo. Háganselo mirar porque no es lo mismo. Por tanto, me ratifico en que voy a votar a favor de los vetos presentados e insisto en que hay invasión de competencias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, ia, ia gabon.

Señorías, el Grupo Vasco no ha presentado veto a estos dos proyectos de ley. Tampoco presentamos la enmienda a la totalidad correspondiente en el trámite en el Congreso esencialmente porque creíamos, y creemos, que buena parte de los cambios o modificaciones en las diferentes normativas, en los presentes proyectos eran muy necesarios para adaptar la legislación vigente a los cambios que se han ido produciendo en el ámbito de la protección de menores, empezando por uno de los cambios conceptuales nucleares en el tratamiento a y con menores como es la necesidad de contemplar y tener como vía, en todo caso, el interés superior del menor.

En parte también hemos querido poner en valor el hecho de que, si no de manera excepcional en esta legislatura —es cierto que ha podido suceder alguna que otra vez—, sí fuera de lo habitual, en la confección de este proyecto de ley se ha contado, se ha tenido en cuenta y se han recogido algunas de las opiniones de las instituciones y administraciones competentes y de otros entes e interlocutores.

En el trámite del Congreso se aceptaron tres de las enmiendas formuladas por el Grupo Vasco y, aunque en aquel momento no fue posible incluir el resto, quedábamos a la expectativa de poder hacerlo con más calma, tras una sosegada segunda lectura, en el trámite de esta Cámara. Esto suena a risa pero es así, con más calma y tras una sosegada segunda lectura. Por eso, en espera de poder seguir mejorando el texto, tampoco presentamos veto a los proyectos de ley. Pensábamos que el espíritu de colaboración y consulta que primaron en el trámite previo al legislativo se iba a mantener también a la hora de discutir y consensuar cada uno de los preceptos incluidos en ambos proyectos de ley. Pero, al final, esta actitud de colaboración del Grupo Vasco, del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales, no ha servido de nada, y ese afán colaborativo se ha esfumado en cuanto el proyecto ha entrado en Cortes Generales y, sobre todo, en cuanto el proyecto ha salido del Congreso. El Grupo Popular se ha limitado simplemente a incorporar sus propias enmiendas al informe de la ponencia, sin posibilidad ni intención de incorporar ninguna más de ningún otro grupo, por lo menos del Grupo Vasco, y desde luego creo que ninguna con cierta enjundia; enmiendas del Grupo Popular que, por otro parte, vienen a modificar otras normas que no estaban incluidas en el proyecto de ley original que entró en el Senado, aplicando una técnica parlamentaria que, aunque no podemos calificar de fraudulenta, sí retuerce al máximo el argumento de lo que la lógica política de mejorar los textos en base a los consensos pudiera indicar. Como siempre en esta legislatura.

Y la senadora Torres hablaba de razones partidistas. Pues ya ve, por razones partidistas hemos esperado al trámite del Senado para intentar seguir incorporando y mejorando este texto, y ha sido exactamente inútil, por lo menos desde el punto de vista del Grupo Vasco.

Visto todo lo anterior, a nuestro juicio, el texto aprobado en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de esta Cámara sigue manteniendo algunos artículos que para nuestro grupo son inaceptables. Es muy difícil aplicar en este caso el pretexto de la prisa en la tramitación —como se ha hecho en el proyecto anterior— porque aquí, sí o sí, el proyecto va a tener que pasar por el Congreso. Si se pueden aceptar las enmiendas del Partido Popular, no hay razón, salvo que políticamente el Partido Popular no lo quiera hacer, para no aceptar otras enmiendas y discutirlas. Y no ha sido así. Ya lo dije el otro día, señorías, y siento tener que repetirlo, pero creo que lo voy a hacer, y voy a decir lo mismo que han dicho otros portavoces en este proyecto de ley, en el anterior y probablemente en el siguiente y en los dos que haya mañana. Ustedes han decidido legislar despreciando absolutamente la opinión del resto de los grupos parlamentarios; han decidido hacerlo sin ninguna intención de conseguir consensos y de una manera histérica y desbocada. Pues bien, ustedes mismos, háganlo, pero no cuenten con nosotros, por lo menos con el Grupo Vasco. El senador Saura lo ha dicho mucho más cualificadamente que yo en la ley anterior, solo puedo suscribir al pie de la letra todas y cada una de las palabras que ha dicho, y fíjese que hablaba de atropello antidemocrático del Poder Legislativo español.

Señorías, en estos proyectos de ley nos vuelve a suceder algo ya recurrente en esta legislatura: podemos estar de acuerdo en muchos de los aspectos técnicos o sectoriales de los proyectos de ley, pero en ningún caso podemos aceptar la concepción de Estado que tiene el Grupo Popular. No somos los únicos, lo acaba de decir la senadora Capella. En este caso, tenemos presente, por un lado, una invasión competencial evidente y, por otro, una falta de respeto además a las mismas bases de la foralidad. Creo que ocurre lo mismo con los catalanes y su Código Civil.



En este último aspecto, en el de las bases de la foralidad, es evidente la ausencia de respeto hacia las Haciendas forales de Euskadi en conceptos como el incremento del gasto público, dotaciones, retribuciones y otros gastos de personal en el ámbito de las competencias efectivamente transferidas y cuya regulación y gestión corresponde, como ya he dicho, a las instituciones propias de la comunidad autónoma de naturaleza foral. La invasión competencial y el afán recentralizador del Gobierno y del grupo que lo sustenta en estos proyectos también se ven claramente, y digo claramente porque el proyecto de ley orgánica puede ser paradigmático de este tantas veces negado por la bancada de la derecha afán de recentralización, de vaciado de contenidos y de apropiación de competencias que ya están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi y en la propia Constitución. Por ejemplo, el punto 7 del artículo 1 del proyecto de ley orgánica modifica la disposición final vigesimotercera, ampliando el número de preceptos considerados como de naturaleza orgánica de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, aumentando, por tanto, el número de preceptos que pasan a tener prácticamente carácter de derecho civil, dejando de ser considerada como legislación supletoria de la que dicten las comunidades autónomas con competencia en asistencia social. En el derecho civil foral se podría enmarcar la normativa en materia de asistencia social tal y como es ahora. En consecuencia, con la aprobación de este punto 7 del artículo 1, la normativa que antes era supletoria pasa a ser ley ordinaria, y esto va en detrimento de las competencias exclusivas en materia de asistencia social, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores, penitenciarias y de reinserción social. También en el marco de esta competencia se aprobó la Ley vasca 3/2005, de atención y protección de la infancia y de la adolescencia, y en cumplimiento de los artículos 83.2 y 85.4 de la citada ley, el Gobierno vasco aprobó el Decreto 111/2008, por el que se regula el procedimiento de actuación a seguir por las diputaciones forales, que son las competentes en este caso, en materia de adopción de menores. Las competencias sociales son, por cierto, preconstitucionales; vienen de antes de la Constitución, como ha comentado la senadora Rivero.

La Ley de adopción de menores es otra de las normas que sale gravemente afectada por el proyecto de ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, especialmente, en la gestión de las adopciones internacionales. El proyecto de ley amplía las competencias y el margen de actuación de la Administración central, empezando por cambiar hasta el mismísimo título del artículo 4 de la Ley 54/2007, de adopción internacional, que pasa de ser «Circunstancias que impiden o condicionan la adopción» a titularse «Política Exterior», con las connotaciones que la expresión «política exterior» tiene desde un punto de vista competencial.

También se pasa directamente de hablar de entidades públicas de protección del menor a hablar de Administración General del Estado, ni tan siquiera se habla de poderes públicos; fíjese que es fácil, sino de Administración General del Estado; simple y terriblemente, ni más ni menos. La Administración General del Estado asume el papel de factótum director en una materia en la que la normativa autonómica y, en su caso, la normativa supletoria estatal han convivido sin ningún problema, de forma pacífica, con resultados evidentemente buenos durante muchos años. Lo digo yo; lo ha dicho la senadora Rivero; y también la senadora Capella.

¿Por qué ahora el Gobierno central se empeña en cambiar la situación que, como digo, ha sido pacífica y sin ningún conflicto durante todos estos años? ¿Por qué? Pues, señorías, muy sencillo, por un afán de ampliar el margen de actuación del Gobierno central y por un afán también de devaluar las competencias autonómicas exclusivas sobre la base de crear barreras legislativas para que el legislador autonómico pueda seguir desarrollando el autogobierno consagrado en el Estatuto de Autonomía. A pesar de todo lo dicho, estoy seguro de que para el Partido Popular no existe recentralización; en todo caso, podríamos hablar de «desperiferización», igual es mejor y les resulta más fácil, pero esto es descentralización. Y esto es así porque en el ADN del Grupo Popular y del Partido Popular no se incluye ningún gen que facilite el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado español, ni más ni menos. Por eso, vamos a votar sí a todos los vetos que se han presentado en esta Cámara y no al resto del proyecto de ley, y verdaderamente lo siento.

Quiero hacer una última reflexión sobre lo que hoy mismo me ha dicho una persona a la que considero muy inteligente y a la que admiro, lo siguiente: Cuando cierres una puerta, mira lo que dejas detrás. Pues, señorías, aplíquense el cuento porque el objetivo que nos trae a trabajar aquí es precisamente mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, pero también —y parafraseando a esa misma persona— ennoblecer la tarea legislativa que se hace en esta Cámara; y lo que estamos haciendo hoy casi todo el día, desgraciadamente, es precisamente lo contrario: dar argumentos a todo aquel que quiera poner en duda lo que se hace en este trámite de segunda lectura sosegada, de visión que enriquece lo que se ha hecho en la Cámara baja.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, acabe.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Por eso nosotros, como he dicho, vamos a votar que sí a todos los vetos y en contra del proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

¿Tiene la ley aspectos positivos? Sí, claro que sí. La ley tiene aspectos positivos, supone una actualización y permite trabajar mejor en los objetivos de protección de la infancia y la adolescencia. ¿Invade competencias? Según nuestro criterio, sí. Según el suyo, a lo mejor no, pero según el nuestro, sí. ¿Son razones para un veto? Pues, claro, o si no, ¿por qué tenemos el Título VIII de la Constitución? ¿O por qué Cataluña tiene el Código Civil como competencia exclusiva? ¿Por qué bajo el mandato del president Montilla se aprobó el Libro II del Código Civil catalán relativo a personas y familias? Pues claro que sí; claro que son razones para interponer un veto. Y no vale decir que salimos, frente a la protección de los niños y la infancia, con un veto por razones competenciales. Señorías, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las leyes tienen que estar todas bien hechas; sus objetivos, sus funciones, sus reglamentos, y lo tienen que estar en un Estado descentralizado y para el reparto competencial. Esas son algunas de las razones que justifican nuestro veto.

Se atreve a decir que presentamos un veto por intereses partidistas. ¿Quiere hablar de la infancia? Pues vamos a hablar de la infancia, porque no se creerá usted que con esta ley resuelve los gravísimos problemas que tiene la infancia en España. Según la OCDE, España es el país donde más ha crecido la desigualdad. Según la Unión Europea, España tiene 3 gravísimos problemas: el paro, la pobreza y la deuda y entre la pobreza en España destaca la pobreza infantil; 1 de cada 3 niños. ¿Cómo se atreven a hablar de intereses partidistas ustedes que no han hecho nada? Y si quiere, hablemos también de los recortes presupuestarios que han ido realizando año tras año en todas las partidas destinadas a resolver los problemas concretos que tiene la infancia. En Europa solo nos gana Rumanía en pobreza infantil. Somos la segunda potencia en pobreza infantil. (Una señora senadora pronuncia palabras que no se perciben). No diga tonterías, por favor. No las diga, que estamos en un debate serio y hablamos de cuestiones serias; al menos intentamos hacerlo lo más serio posible entre todos.

Todo debe tener una lógica; todo debe ser razonable, independientemente de que estemos en posiciones totalmente contradictorias o alejadas. Si un proyecto de ley contempla nuevas atribuciones, contempla nuevas funciones y ustedes lo cierran diciendo que no puede representar más gasto, señorías, dígalo como lo diga, esto es papel mojado. Será una ley que se publique en el BOE, pero que no contará con los recursos necesarios para afrontar todo aquello que esta ley mejora respecto de la protección actual de la infancia. Lo que digo es de sentido común, no hace falta ser Epaminondas para verlo. Si lo que tenemos lo tenemos recortado y encima hacemos una ley, y la aprobamos, que va a tener más atribuciones, ergo hace falta más dinero, porque —insisto y con esto termino, senyor president— si no es así, estamos hablando de papel mojado y mucho me temo que este proyecto de ley se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, pero si no se dota de más recursos, de más presupuesto, de más medios, no tendrá el efecto positivo que podría tener para nuestra infancia.

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Seré muy breve.

En primer lugar, quiero anunciar nuestro voto a favor del resto de vetos. En segundo lugar, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con los discursos de los senadores que me han precedido. Senadora, nosotros hemos reconocido que en el proyecto se mejora lo que había; he dicho antes, y he intentado ser al máximo respetuosa, que hemos intentado dar, aún a sabiendas de que hay un veto presentado, las razones por la que nosotros votamos en contra esta ley. Aun así, nosotros no nos hemos limitado a venir aquí a quejarnos y a no participar, sino que hasta el último minuto hemos intentado aportar nuestras ideas para mejorar aún más el proyecto de ley porque creemos que en el proyecto de ley se mejora lo que teníamos. Evidentemente, pensamos que algunas de ellas pueden ir un poquito más allá.

Usted nos acusa de partidismo. ¿Usted cree que esto lo hemos hecho por partidismo o porque buscamos el interés general y somos conscientes de la importancia de esta ley? ¿Usted cree que nosotros hemos hecho el esfuerzo, como grupo pequeño que somos, de aportar estas enmiendas e intentar transaccionar hasta el minuto último por partidismo? ¿Lo cree cuando vamos a votar que no a este proyecto de ley?

Usted me habla de altura de miras. Y yo le pregunto: ¿me habla usted de altura de miras cuando hemos hecho este esfuerzo? ¿Lo hace cuando, además, nos han puesto en un looping legislativo en descenso vertiginoso? Porque lo es y además de complicarnos muchísimo la labor a los parlamentarios —no desde el punto de vista del trabajo sino de la calidad del trabajo—, da como resultado leyes con errores, que en muchos casos ustedes intentan enmendar, y que en otros casos —como ha dicho mi compañera María Rieradevall—, descubren una vez publicadas. ¿Usted apela a la altura de miras? Yo creo que tenemos altura de miras, señoría; las tenemos; y creo que estamos intentando aportar ideas a este proyecto porque en Cataluña tenemos experiencia con las cuestiones que ya hemos probado, que sabemos que funcionan, que se han incorporado a este proyecto de ley y que defendemos e intentamos pulir para que sean mejores. Y lo hemos hecho con respeto absoluto. Y por supuesto que tenemos motivos para presentar un veto, por supuestísimo. Lo ha dicho el senador Guillot y lo digo yo: hay invasiones competencial de todas, todas; lo miren como lo miren. Ustedes pueden pensar que no y nosotros que sí; estamos en nuestro derecho de decirlo y ustedes en el suyo de argumentar por qué no; pero no nos acuse de no tener altura de miras ni de hacer partidismo, porque es innecesario. Hemos sido muy respetuosos al defender el proyecto de ley. Su problema es que a lo mejor no ven la invasión competencial porque se han colocado en un estadio donde creen que todas las competencias son suyas. Durante toda la legislatura hemos estado con las mismas. Nuestra obligación es defender aquellas competencias que tenemos atribuidas por ley, y que hace mucho tiempo que las tenemos. Si lo que usted me está diciendo es que estamos cometiendo, en la adopción internacional, ilegalidades desde hace 30 años porque estamos ejerciendo unas competencias que no nos corresponden, a lo mejor es que nosotros no supimos entender bien ese pacto constitucional que nos dimos todos o a lo mejor sí; por eso, a lo mejor lo queremos revisar, no lo sé.

El senador Cazalis decía: Cuando se cierra una puerta tienes que mirar lo que dejas atrás. Yo diría: a veces, cuando se cierra una puerta se abre una ventana; y en Cataluña, por temas como este e intervenciones como la suya, muchas veces nosotros abrimos una ventana; y en este caso para tener un Estado propio, porque nos encontramos con un interlocutor que no quiere atender y que nos acusa de defender aquello que tenemos el derecho de defender.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora señora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Hoy asistimos al debate de dos proyectos de ley, la orgánica y la ordinaria, fundamentales, importantísimos para mejorar la protección de la infancia y la adolescencia; una ley que compartimos pero que, a nuestro entender, se ha quedado muy, muy corta. Desgraciadamente, una oportunidad perdida otra vez.

Compartimos esta ley porque no podemos olvidar que surge de una comisión que se creó aquí en el Senado durante la anterior legislatura. El Gobierno socialista presentó un proyecto de ley, en junio de 2011, creo recordar, que decayó porque se anticiparon las elecciones. Por eso, consideramos fundamentales estos dos proyectos de ley. Ahora bien, senadora Torres, no nos intente convencer de que cuando se hace un proyecto de ley no hace falta dotación económica porque todo está resuelto sin más recursos ni de personal, ni de dotaciones, ni de retribuciones; que es lo que usted ha dicho. Ahí no coincidimos con ustedes en absoluto y compartimos todas las intervenciones que han realizado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Señorías, no podemos hablar hoy de protección a la infancia y a la adolescencia y decir que no hacen falta más recursos. No se puede presumir todos los días de la buena situación económica; no se puede repetir continuamente el mantra de la herencia recibida y lo mal que lo hizo el Gobierno socialista cuando todos los indicadores y todos los informes ponen en evidencia que el problema capital, que el problema real de nuestro país, es la pobreza infantil; se lo han dicho y ustedes quieren mirar hacia otro lado.

Señorías, el último informe de Save the Children —que les recomiendo que lo lean; siempre que salgo aquí les hago las mismas recomendaciones; seguro que no me hacen caso, porque ustedes persisten siempre en los mismos errores— dice que el 35,8 % de los menores de dieciocho años viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Si además, en la casa la mujer es la que está al cuidado de sus hijos, el 53,3 de las familias tienen problemas para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, que son la salud y la alimentación. Ese informe, que se llama «Más solas que nunca», afirma que uno de cada tres hogares monoparentales está en situación de exclusión en el ámbito de la salud. De entre los gastos que una madre sola con hijos deja de costear, el 21 % de estos niños no puede permitirse unas gafas, algo tan sencillo, y el 30 % no puede acceder a un tratamiento especializado. El 9,1 % han dejado de comprar medicamentos que necesitan por no poder pagarlos, y el 68 % de estas familias han necesitado reducir gastos relacionados con la alimentación. Esa es la realidad que ustedes no quieren ver. Cualquier persona que tenga hijos o hijas, que tenga amigos o vecinos, sabe de lo que hablo. ¿Pueden ponerse por un momento en la situación de esa madre que no puede comprar unas gafas a su hijo, que no puede acceder a un tratamiento especializado o que no le puede dar la alimentación adecuada? ¿Se pueden poner un minuto en la piel de esas personas?

Señorías, comparto con ustedes que estos dos proyectos de ley son necesarios, pero creo que hoy han desperdiciado una nueva oportunidad. Sé que volverán a la cantinela de la herencia recibida, y a la de los 3,5 millones de parados. Pero ¿sabe qué pasa? Que las familias, sobre todo las más necesitadas, ya no les creen; no les creen; ustedes son responsables y son herederos de sí mismos; son herederos de los grandes recortes que han realizado en este país, recortes nunca conocidos, en salud, en educación, en políticas sociales, en derechos laborales; ustedes son los únicos responsables. Por consiguiente, no nos vengan con engaños. Verdad es que en el año 2011 había pobreza —no seremos nosotros quienes lo neguemos—, pero hablen de la realidad; en el año 2011 —también inasumible— era del 27,2 %, pero ahora, con su Gobierno, está por encima del 30 %. Tienen que reconocer que ustedes no han puesto las medidas adecuadas para que las personas más necesitadas y más vulnerables puedan salir de esta situación.

Señorías, les voy a leer el informe de Save the Children —que les recomiendo que lean—, «Más solas que nunca». Dice textualmente: «En el actual contexto económico y social, los recursos destinados a políticas sociales, y especialmente a la infancia, han experimentado un retroceso que afecta de manera directa a la realización de los derechos de los niños y niñas». Aquí en España, el porcentaje de protección social a la infancia es del 1,4 % cuando la media de la Unión Europea es del 2,2 %. Y ahora nos dirán que ustedes han puesto en marcha el segundo plan estratégico de la infancia y adolescencia 2013-2016 —he sacado una fotocopia para que no me digan que no es real lo que estoy diciendo—; un plan que ustedes dicen que está dotado con más de 5000 millones de euros; y es verdad; lo pone en el papel; lo pone; pero cuando nosotros vamos a mirar el papel, cuando miramos, por ejemplo, el objetivo 4, que hace referencia a potenciar la atención, intervención en la infancia y adolescencia en situación de riesgo, de los 1770 millones de euros, 1739 los ponen las comunidades autónomas y 31 millones el Estado. Esa es la realidad. Ya se lo he dicho muchas veces, el papel es muy sufrido y pueden hacer muchos planes estratégicos. Ahora nos dirán que hay más de 5000 millones de euros, pero la realidad es que los presupuestos año tras año disminuyen en políticas sociales. ¿Les recuerdo cuánto han disminuido el plan concertado de servicios sociales en los ayuntamientos? El 68 %; y así con todos y cada uno de los indicadores. Por eso, señorías, pese a que creemos que es una ley muy necesaria, no compartimos su empecinamiento en no aceptar las enmiendas que se han presentado por los diversos grupos parlamentarios. No presentamos vetos porque entendíamos que en el transcurso del debate se podría mejorar la ley. Es verdad que han aceptado algunas enmiendas; ninguna en la Comisión de Sanidad que tuvimos, pero sí me consta que ha habido ahora una voluntad de transaccionar alguna; pero así y todo, nos parece totalmente insuficiente. No nos tomen el pelo; no nos digan que no hacen falta más recursos; pero si ustedes han sido los campeones en recortar, en recortar y en recortar. Eficiencia no es recorte; no confundan eficiencia con recorte porque ustedes lo que han hecho ha sido recortar. Señorías, lo mejor de esta ley es que ustedes no la van a poner en marcha; serán otros grupos políticos, espero que el Partido Socialista, los que tengamos la responsabilidad de ponerla en marcha y con recursos. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora LLINARES CUESTA: En cuanto a los vetos, manifiesto que el Grupo Socialista se va a abstener. Compartimos algunas cuestiones, en otras tenemos algunas pequeñas discrepancias. Por tanto, nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, deben estar conmigo en que la satisfacción de poner sobre la mesa herramientas para mejorar la protección de nuestros menores y adolescentes no tiene precio. Este Gobierno ya demostró su sensibilidad y esfuerzo hacia este colectivo con la aprobación del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016, que por primera vez, señorías, cuenta con una estimación presupuestaria cifrada en más de 5000 millones de euros entre el ministerio, las comunidades autónomas y las entidades locales; con e 8 objetivos y 125 medidas sobre la mesa, destacamos la atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social porque somos conscientes también en el Partido Popular de la situación social que sufren muchas familias. Estos dos proyectos de ley que hoy debatimos —estaba ya prevista la modificación normativa en este segundo plan al que me he referido— avalan la responsabilidad de este Gobierno en lo que entendemos que es la esencia de la función pública: defender a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, los niños y adolescentes que tienen todo un futuro por delante. Supone una reforma contundente en la protección del menor, y así lo demuestran regulaciones como la extensión del principio de primacía del interés superior del menor a la aplicación de todas las normas que le afecten, en lugar de dejarlo circunscrito a la aplicación de la Ley Orgánica 1/1996, con criterios generales para la interpretación y aplicación de este principio. El reconocimiento del derecho a ser oído y escuchado, la apuesta, sin género de duda, por la accesibilidad del colectivo de discapacidad y lo más demandado: la regulación de la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección de un menor. Las medidas de protección integral contra la violencia de género irán destinadas a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. También se regula la posible suspensión para el inculpado por violencia de género, además de la patria potestad y la guarda y custodia, el ejercicio del acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él.

Con esta regulación, señorías, los menores podrán solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial para emprender las acciones judiciales para la defensa de sus derechos e intereses. Creo que estas razones, propuestas y hechos que he puesto encima de la mesa deberían hacerles pensar, sobre su voto o el mantenimiento del veto porque creo que lo que debe primar siempre es la defensa del interés del menor y del adolescente.

Los grupos parlamentarios vuelven a reiterar esa invasión competencial. Insisto, no existe invasión competencial en estos proyectos de ley. Todo lo regulado viene amparado por el artículo 149 de nuestra Constitución, que establece una auténtica división de competencias; clarifica expresamente cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las del Estado. Lo que se pretende, como he dicho, es una práctica uniforme para que a partir de unos criterios básicos las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, puedan legislar.

Vuelven a reiterar el hecho de que no se contempla un coste en estos proyectos de ley; y yo insisto, que haya una mayor financiación no siempre supone efectividad en las medidas que se establecen para los servicios sociales.

Lo que no vamos a admitir de ningún modo son las lecciones que nos pueda dar el Grupo Socialista en materia de desigualdad. Nos entristece que, una vez más, el Grupo Socialista utilice estos proyectos de ley para poner en marcha su artillería demagógica, como hemos visto hace unos minutos. Esto demuestra que no tienen razones contundentes para decir que esta ley no es buena ni necesaria.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la situación de muchas familias, y no miramos hacia otro lado. Por eso, este Gobierno ha situado la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y como colectivo prioritario a la infancia y la defensa de sus derechos, en el centro de la agenda política. Y lo va a seguir haciendo.

En esta legislatura se ha aprobado un plan de infancia, un plan de inclusión con un fondo extraordinario de 17 millones de euros para los menores, íntegramente dedicado a las necesidades básicas de los menores, así como un plan de apoyo a la familia, además del referido a niños y adolescentes. Y pocas lecciones, insisto, pocas lecciones puede darnos un Partido Socialista que cuando gobernó disparó el número de niños en riesgo de pobreza, más de 500 000 en un año, y no se dice nada; un Partido Socialista que convirtió a España en el segundo país con mayor tasa de pobreza de la OCDE y, a la vez, en el periodo más crudo para la pobreza infantil, que fue durante el Gobierno de Zapatero, recortó un 93 % el presupuesto de familia e infancia. Como digo, pocas lecciones puede darnos el Grupo Socialista en pocas materias, pero en esta, menos aún.

Así, el Plan de inclusión del Partido Socialista acabó en 2010 sin que fuera reformado nuevamente. Y su Plan de infancia concluyó en 2009 sin partida presupuestaria. Nunca presentaron un plan de apoyo a la familia como sí ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Y lo que es peor, señorías, hoy, en 2015, y ante un proyecto de ley de las características que estamos presentando, ustedes, los que parece que tienen el patrimonio de lo social y de la defensa de los más débiles, al menos en campaña electoral, se abstienen. Se abstienen, ¿de qué, señorías del Grupo Socialista? ¿Se abstienen de que un niño que viva en su casa violencia no pueda ser considerado como víctima de violencia de género? ¡Vaya posición triste la de ustedes, señorías del Grupo Socialista! Porque aquí no caben medias tintas, señorías del Grupo Socialista. No procede lavarse las manos; procede trabajar, y su abstención suena más a ese frente anti PP que a trabajo serio y contundente. Por eso les pido en esta tribuna que sean un poquito más serios.

Señorías, la principal causa de desigualdad es la destrucción de empleo, y ustedes, señorías del Grupo Socialista, llevaron a más de 3 millones de personas a las listas del paro. Gracias al esfuerzo de este Gobierno y de la sociedad, entre 2014 y 2015 un millón de personas han encontrado un puesto de trabajo. Hoy estamos en disposición de decir que estamos recogiendo los frutos de lo sembrado, de estos años duros. Por eso hablamos ya de un adelanto de la rebaja del impuesto sobre la renta, que supone una inyección de 1500 millones de euros para los bolsillos de todos los trabajadores. Hoy la previsión de crecimiento vuelve a revisarse al alza. Esto es trabajar contra la desigualdad, señorías, y no lo es abstenerse en estos proyectos de ley.

Señorías —con esto acabo—, con la aprobación de estos proyectos, todos los anteproyectos de ley y reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobados. Les invito a que demuestren lo que les impacta a ustedes la protección de los derechos de los menores y adolescentes retirando los vetos o votando contundentemente en contra de los mismos.

Vamos a comenzar dando ejemplo, señorías, si queremos el respeto de las nuevas generaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella.

Teniendo en cuenta que estamos votando propuestas de veto, se ha hecho, igual que en el caso anterior, uso del voto telemático. El senador Marín Torrecillas no ha uso de este voto y la senadora Cunyat Badosa vota que sí.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224 más 1 voto telemático, 225; votos emitidos 224 más 1 voto telemático, 225; a favor, 28 más 1 voto telemático, 29; en contra, 146; abstenciones, 50.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazado.

Votamos la propuesta de veto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225 más un voto telemático, 226; votos emitidos, 225 más un voto telemático, 226; a favor, 28 más un voto telemático, 29; en contra, 146;



abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes 224 más 1 voto telemático, 225; votos emitidos, 224 más 1 voto telemático, 225; a favor, 28 más un voto telemático, 29; en contra, 146; abstenciones, 50.

El señor PRESIDENTE: Queda igualmente rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas. Debatimos las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de proyección a la infancia y a la adolescencia, y las del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que se van a debatir conjuntamente, y luego votaremos por separado.

El senador Iglesias ha presentado las enmiendas 1 a 13 del proyecto de ley orgánica y las enmiendas 1 a 44 del proyecto de ley.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias por tiempo de treinta minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Señorías, paso a presentar, en primer lugar, las enmiendas formuladas al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, dándolas todas ellas por defendidas, y deteniéndome en reseñar el contenido de las siguientes. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría. Señorías, guarden silencio. (Pausa).

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Izquierda Unida, dentro del Grupo Mixto, plantea la necesidad de que en el conjunto del proyecto se sustituya los términos «psicosocial» y «psicosociales» en todos los artículos en los que aparezca por «sociales» y «psicológicos y sociales».

En relación con el artículo 1.2, hemos formulado una enmienda para que el informe al que hace referencia del equipo multidisciplinar en las decisiones relevantes incluya al menos, en la configuración de ese equipo multidisciplinar, un médico, un psicólogo y un trabajador social.

Desde izquierda Unida formulamos un bloque de enmiendas en relación con la regulación de las medidas de seguridad, planteando, en primer lugar, que las mismas necesiten autorización judicial y alternativamente, para el caso de que no prosperara otra enmienda, planteamos que como mínimo el juez resuelva los recursos que se planteen frente a estas medidas en un plazo monitorio, en el plazo de veinticuatro horas; también que el juez debe resolver, en el mismo plazo de veinticuatro horas, los recursos contra las decisiones de ingresos en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta. Igualmente, formulamos una enmienda para que estos centros cuenten siempre con educadores y psicólogos. A través de otra enmienda planteamos que todas estas cuestiones sean competencia del juez de primera instancia del lugar en el que esté ubicado el centro, y en las que sean de especial urgencia, por lo tanto, fuera del periodo de actuación hábil del juez de primera instancia, que se acude al juez de instrucción de guardia.

Otro bloque de enmiendas hacen referencia a las medidas de contención, y, de la misma manera que en el caso de las medidas de seguridad, nuestro planteamiento es que cuenten necesariamente con autorización judicial.

En relación con los registros materiales y personales, planteamos que se dé cuenta al Ministerio Fiscal que podrá oponerse y, en el caso de que haya oposición, que resuelva el juez; también para que la restricción y suspensión de las comunicaciones del menor solo se puedan acordar contando con autorización judicial.

En relación con el otro proyecto, el Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, doy por defendidas todas las enmiendas menos la número 12, que decae. En el transcurso del Pleno he alcanzado un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas 5 y 21.

En el conjunto del proyecto, igual que ocurría con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, planteamos a través de varias enmiendas que se sustituyan los términos psicosocial y psicosociales por los términos psicológico y social y psicológicos y sociales.

Igualmente, planteamos mediante otra enmienda la supresión del artículo 9 ter, quáter y quinquies, en los que se refleja una enumeración del catálogo de deberes, porque entendemos que se trata de deberes que se proyectan sobre una dimensión más moral que jurídica.

Al artículo 10.3 presentamos una enmienda que ha sido motivo de transacción.

En el artículo 10.4 enmendamos para que la entidad pública que asume la tutela de un menor extranjero tenga la garantía de que la Administración General del Estado, a resultas de asumir esa tutela, le va a facilitar el permiso de residencia.

En relación con el artículo 11 incorporamos entre los principios rectores de la acción administrativa la inclusión y normalización de los menores extranjeros.

En el artículo 11.2 letra i, planteamos una mejor redacción de las referencias que se hacen a los castigos físicos y a los castigos humillantes.

A través de una enmienda a los artículos 11.4 y 22, pretendemos incorporar que el Estado garantice la residencia legal a los menores extranjeros acogidos por entidades públicas cuando alcancen la mayoría de edad.

Presentamos una enmienda al artículo 12.4 para que cuando los menores dispongan de pasaporte o documento de identidad válido no quepa realizar pruebas complementarias de determinación de la edad, conforme a lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo 430/2014.

Respecto al artículo 15, que se refiere a actuaciones en situaciones de riesgo, planteamos que las carencias materiales se consideren indicadores de riesgo, sin que sirvan por sí mismas para acordar la separación del menor del entorno familiar.

La actual redacción recoge la prioridad del acogimiento familiar en relación con el residencial en el artículo 21. Nosotros, a través de una enmienda, planteamos que ese contenido se establece mejor en el artículo 20 y proponemos que la resolución incorpore un plan individual de acogimiento.

En relación con el acogimiento residencial regulado en el artículo 21, planteamos diferentes contenidos que también han sido motivo de transacción.

Respecto al artículo 20, a través de una enmienda aspiramos a que se introduzca un nuevo apartado que contemple medidas para el fomento del acogimiento familiar y el impulso del asociacionismo de familias y personas acogedoras.

En el artículo 172 suprimimos la previsión de que transcurridos dos años los progenitores de un menor en situación de desamparo pierdan la oportunidad de oponerse a las medidas que adopte la Administración. Y en el artículo 172, párrafo cuatro, mediante otra enmienda planteamos que para la prestación de una atención inmediata las administraciones asuman la tutela y no solo la guarda cuando haya indicios de desamparo.

En relación con el acogimiento familiar, planteamos varias enmiendas, en primer lugar, para que sea necesario el consentimiento de los progenitores que no estén incursos en causa de suspensión o privación de la patria potestad, también para introducir una nueva modalidad de acogimiento familiar preadoptivo.

En el artículo 175, a través de una enmienda, queremos introducir que no se produzca el cese de la tutela de la Administración transcurridos seis meses desde que el menor se haya fugado de un centro de protección. Entendemos que esta previsión del proyecto de ley no responde a mantener la prioridad de los intereses del menor, sino exclusivamente a intentar cortar las responsabilidades civiles que para la Administración se puedan derivar del mantenimiento de la tutela de un menor que se haya fugado. A través de otra enmienda pretendemos que todas las actuaciones de protección sean puestas en conocimiento del juez de primera instancia competente.

En relación con la adopción planteamos otro bloque de enmiendas para que la consideración por la Administración sobre la idoneidad o no de una pareja o una persona que pretende adoptar pueda impugnarse esta declaración ante el juez de primera instancia por los afectados y por el Ministerio Fiscal. También, para que no se prive a los progenitores que no se opusieron a la creación de situación de desamparo de poder consentir u oponerse a la decisión de adoptar.

Igualmente, mediante otra enmienda, pretendemos que se suprima del capítulo segundo las entidades públicas y organizaciones acreditadas. Creemos que solo las administraciones públicas deben jugar un papel en esta materia. Mediante otra enmienda planteamos la supresión de la modificación del artículo 4.2 de la Ley 54/2007, que prevé que no se tramiten ofrecimientos para la adopción de menores que procedan de países de guerra. Entendemos que sean motivo de preocupación las condiciones en que esas adopciones se puedan producir pero seguimos pensando que debe priorizarse el interés del menor que vive en estos países en situaciones de guerra y, por lo tanto, con todas las cautelas ante estas adopciones que no se establezca una proscripción general que imposibilite estas. Creemos que sería positivo reforzar las exigencias y los mecanismos de control en estas adopciones pero nos parece que una vez más sacrifica el interés preferente del menor el que se prohíba.

En relación con la disposición final segunda planteamos su supresión por entender que invade competencias autonómicas como se manifestó en la defensa de los vetos. Hemos formulado varias enmiendas a la disposición final quinta de modificación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias, en relación con las familias numerosas. De forma muy rápida y deteniéndome solo en algunas: que baste que de los dos hijos de uno de los ascendientes estén incapacitados para trabajar, también para que ascendientes incapacitados para trabajar computen por dos para la clasificación de la unidad familiar, que se entienda categoría especial cuatro hijos cuando los ingresos familiares divididos por el número de miembros no supongan el 100 % del IPREM en vez del 75 % como plantea el proyecto, que computen los hijos solteros menores de 26 años y también que cuenten los menores acogidos. Mediante otra enmienda defendemos la supresión de la disposición final decimocuarta, la que plantea que no haya incremento de gasto, y pensamos que es imposible desarrollar los contenidos de esta ley sin un incremento de gasto.

Finalmente, planteamos una disposición final nueva que aspira a que se reforme el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en el plazo de seis meses para que este esté en mejores condiciones de responder a los retos, competencias y funciones que esta ley, y las enmiendas que hemos formulado, le atribuyen.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidenta.

Muy brevemente, si me autoriza desde el escaño, quería dar por defendidas las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley. Son dos bloques de enmiendas, una de apoyo a las familias numerosas con una exposición de motivos muy extensa que no voy a repetir porque todas sus señorías conocen. Pero sí quiero hacer especial mención a la enmienda número 45 en la que proponemos una adición a la disposición final décima. Para nosotros es sustantiva esta enmienda porque entendemos que respecto al incremento de gasto público en el ejercicio de competencias que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra no está bien recogido. Por eso, pedimos que no sea de aplicación lo establecido en esta ley respecto al incremento de gasto público y que se tenga en cuenta en la actuación relativa a dicha cuestión lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la comunidad. No sé qué pasará con esta enmienda, pero insisto en que es una enmienda sustantiva que condicionará nuestro apoyo al proyecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Vasco.

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Voy a intentar ser breve, señora presidenta.

Hemos presentado dos enmiendas a la ley orgánica y cinco, las enmiendas 137 a 141, a la ley de modificación. Las dos presentadas a la ley orgánica son, prácticamente, técnicas, por lo que me voy a centrar en las otras cinco enmiendas.

El primer bloque, el de las enmiendas 137, 138, 139 y 140, tiene que ver con temas competenciales. Las competencias que el Estado posee en materia de relaciones internacionales que se derivan del artículo 149.1.3.ª podrían justificar su participación en materia de adopciones internacionales, pero ha de interpretarse en el sentido del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y, por tanto, referidas al ámbito de competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales, donde se dice: «En consecuencia, cuando tales directrices, fines y objetivos establezcan medidas aplicables a la actividad exterior que desarrollan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con su autonomía política, se limitarán a regular y coordinar las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado».

Las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales no habilitan a la Administración General del Estado para asumir funciones ejecutivas en materia de protección de menores, funciones que llevan desempeñando las comunidades autónomas con éxito desde hace mucho tiempo, como ya dijimos antes. Y, sobre todo, porque esto no ha generado, ni mucho menos, perjuicios a la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado. No ha habido perjuicios. Ha sido una relación amable, pacífica, la que ha habido entre las comunidades autónomas y el Estado en el tema de las adopciones internacionales.

En la enmienda 140, un poco por coherencia también con las enmiendas anteriores, se defiende que la acreditación de los organismos colaboradores corresponde a la comunidad autónoma y planteamos que se mantenga la redacción actualmente vigente del artículo 8. Incluso, con este afán partidista del que ha hablado antes la portavoz del Grupo Popular, se añade un punto 3 que creemos que puede facilitar la labor de estos organismos.

En cuanto a la enmienda 141, planteamos la adición de una nueva disposición adicional final al texto del proyecto de ley en la que se recoge lo que acaba de decir la senadora Salanueva. Porque las decisiones de incremento de gasto público, dotación, retribuciones y otros gastos de personal, en el ámbito de las competencias transferidas, corresponden a las instituciones propias de las comunidades autónomas de naturaleza foral. Por lo tanto, en los dos puntos de esta disposición final especificamos que se respeten el Régimen Foral Vasco y el Régimen Foral de la Comunidad Foral Navarra.

Estas son las enmiendas que hemos presentado. Todavía nos queda tiempo para llegar a acuerdos, aunque no creo, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana. Entiendo que son los dos bloques de enmiendas de su grupo. (Asentimiento).

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, era una petición de las organizaciones que trabajan con la infancia que actualizáramos nuestras normas sobre los derechos y deberes y la protección de los niños en nuestro país. Consideramos que los dos proyectos de ley que trae hoy el Gobierno a la Cámara, el de la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, son sin duda importantes. Ambas leyes hacen que se produzca un salto cualitativo importante y un avance en la protección del menor, incluyendo el interés superior del menor en la propia ley, lo que significa un gran compromiso legislativo.

Yo también voy a dar por defendidas la mayoría de enmiendas, y solo destacaré aquellas que consideramos más relevantes, pero como ya se ha dicho en el turno de los vetos, el Gobierno ha decidido no respetar las competencias de las comunidades autónomas, y algunas de nuestras enmiendas van en ese sentido. Otras pretenden mejorar la ley para mayor garantía de los derechos de los menores, y algunas son realmente muy técnicas.

Queremos destacar que el grupo mayoritario haya aceptado y transaccionado varias enmiendas de mi grupo así como del resto de los grupos parlamentarios. Y digo que lo quiero destacar porque no es una práctica habitual en esta Cámara ni durante esta legislatura, y nos hubiera gustado que esa práctica, la de transaccionar, la de intentar llegar a acuerdos, no hubiera sido tan excepcional en la tramitación de las normas durante estos últimos tres años. Por ello quiero agradecer la actitud de diálogo de la senadora Larriba para mejorar y consensuar el texto.

Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado un total de 113 enmiendas, de las cuales ocho han sido transaccionadas y tres aprobadas. La mayoría de las enmiendas pretenden mejorar el texto y dar mayor seguridad en la garantía de los derechos del menor, reforzando la responsabilidad pública. Es una lástima, señorías, del Grupo Popular, que aún no entiendan que los estatutos de las comunidades autónomas son leyes de carácter orgánico, algunas de ellas aprobadas por referéndum, como en el caso de Cataluña, y que están hechas para cumplirlas y respetarlas igual que la Constitución española. Y digo que es una lástima porque ustedes invaden competencias en una de cada dos leyes que traen a esta Cámara, y las que hoy debatimos vulneran, como ya se ha dicho, el artículo 166.4 del Estatut de Catalunya que reconoce la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia e incluye las medidas de protección. Por ello hemos presentado las enmiendas 82 y 122, de supresión de artículo 3 de la ley, que modifica otra ley, la 5/2007, de 28 de septiembre, de adopción internacional. Y es que en ese artículo 3 dejan claro que en su ADN llevan, como decía el senador Guillot, el gen de la recentralización. Quitan a Cataluña la competencia en adopción internacional, la única comunidad que tenía un organismo autónomo por el trámite de las adopciones internacionales, y además, a partir de ahora, el Estado asume la acreditación de las entidades colaboradoras de adopción. Señorías, introducir esto en una ley en la que podríamos haber llegado a un amplio consenso es simplemente un despropósito.

Y tenemos que decir que no nos ponen muy fácil el consenso teniendo en cuenta que pretenden que una nueva norma se aplique con cero euros de presupuesto. Es decir, que se elabora una ley que va a mejorar y garantizar la protección y los derechos de los menores, pero no vamos a invertir nada en ella. No han aceptado ustedes casi ninguna enmienda. En el caso de mi grupo la 25 a la ley orgánica y la 135 a la ley ordinaria en la que requeríamos una partida presupuestaria para su implementación. Solo les pondré dos ejemplos. El primero es lo que dijo el ministro Alonso en su intervención para la presentación de las leyes en el Congreso. Y leo textualmente el Diario de Sesiones: «Se crea un sistema de información compartido entre comunidades autónomas y Administración General del Estado para avanzar en un conocimiento de la situación de la infancia». ¿Y cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo vamos a crear un sistema de información nuevo? ¿Gratis? Ustedes llevan disminuyendo las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para la infancia desde 2011. ¿Con qué dinero, por tanto, vamos a crear un nuevo sistema informático para que, a partir de ahora, las comunidades puedan tener una vinculación más rápida con el Estado?

Y otro ejemplo: el acogimiento familiar. Todos tenemos claro que eso no es un recurso más barato frente al acogimiento residencial de los menores. Es una mejor opción para que el menor tutelado pueda desarrollarse mejor, pero no es más barato, con lo cual algo tendríamos que tener en cuenta para modificar estas actitudes. Así pues, pretender que una ley como esta no tenga ningún coste es como mínimo una frivolidad.

Por último tenemos un bloque de enmiendas, de la 89 a la 91, que pretende devolver a los servicios sociales públicos el papel que siempre les habíamos asignado y que ustedes decidieron recortar hace casi dos años.

Pero no me quiero ir de esta tribuna sin decir cinco cifras que los ponentes de la ley conocemos perfectamente y que es importante que sus señorías oigan. Son cinco cifras que tienen como referencia nuestro país y el año 2013. Hay 35 000 niños tutelados, 13 500 niños pendientes de una familia, 3400 niños víctimas de delitos sexuales, el 63 % de los niños con madres que sufrieron violencia de género la habían presenciado y tenemos un 27,7 % de niños en riesgo de pobreza. Con estos datos, ¿ustedes de verdad siguen pensando que no es necesaria una memoria económica para implementar su ley? ¿De verdad no creen que han perdido la oportunidad de tener un amplio consenso con todos los grupos, en lugar de invadir competencias? Sinceramente, creemos que es una oportunidad perdida y que en esta legislatura podía haber salido una ley con un consenso muchísimo más amplio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d?Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quisiera agradecer —no sería justo no hacerlo— al Partido Popular, tanto en el trámite en el Congreso como en esta Cámara, su buena voluntad y predisposición, en este caso de la senadora Larriba, por llegar a acuerdos y aceptar alguna de nuestras enmiendas. Es cierto que aquellas enmiendas que tocaban esos temas más nucleares para nosotros, que hemos expuesto en el veto, no han podido ser atendidas. Aun así, manifestamos —sería injusto no hacerlo— nuestra satisfacción por haber aportado alguna mejora y enriquecer el proyecto.

De entrada, voy a dar todas las enmiendas por defendidas y haré una pincelada de alguna de ellas. El Grupo Parlamentario de Convergència i d?Unió ha presentado 11 enmiendas al proyecto de ley orgánica y 45 al proyecto de ley ordinaria. Haré un peinado de ellas, no por orden de importancia, sino por el orden en que las hemos ido presentando.

En el proyecto de ley orgánica, las enmiendas 47 y 51 se formulan al artículo 1, apartado 4, del proyecto de ley orgánica, que modifica el artículo 9 de la Ley de protección jurídica del menor y regula el derecho del menor a ser escuchado en los procedimientos judiciales y administrativos. El derecho de cualquier persona a ser escuchada en los procedimientos administrativos no está regulado ni en el artículo 17 ni en el 23, de participación, ni en el 24, de tutela judicial, de la Constitución, sino en el 105. Por ello, no supone un derecho fundamental y no debe ser regulado por ley orgánica, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional. En todo caso, pretendíamos que esto fuera incorporado al proyecto de ley ordinaria.

La enmienda 51 es consecuencia de la anterior y pretende que en la disposición final vigesimotercera se incorpore como regulable por ley ordinaria el artículo que regula el derecho de cualquier persona a ser escuchada en los procedimientos administrativos.

Las enmiendas 48 y 49 tratan de regular mejor todas las medidas de seguridad y contención de menores en los centros de acogida. En este sentido, se regulan las visitas y las comunicaciones de cualquier menor ingresado en un centro de protección específico de menores con problemas de conducta, que entendemos, en este caso, a la entidad pública que ha declarado la situación de desamparo y ha promovido y resuelto la medida de protección más adecuada a su interés. Se trata de reforzar la correspondencia a la entidad pública de este tema.

La enmienda 53, que se formula a la disposición final cuarta, pretende salvaguardar las competencias que ostentan las comunidades autónomas en derecho civil foral o especial.

La enmienda 54, relativa a la disposición final quinta, se refiere a la consecución de las medidas contenidas a la ley y establece que el Gobierno asignará los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios a las distintas administraciones públicas para que, ajustándose a los requerimientos de despliegue, puedan conseguir los objetivos de esta norma. Entendemos que, si no hay un margen de inversión en cuanto a las nuevas medidas, las estamos mutilando de entrada.

En cuanto a la ley ordinaria, las enmiendas 143 y 145 establecen que a los menores extranjeros que se encuentran en España deben aplicárseles los procedimientos y actuaciones administrativas que garanticen sus derechos y el acceso a los servicios y prestaciones, con independencia de la situación administrativa de sus padres. Dicha situación no puede condicionar los derechos del menor. La Administración General del Estado facilitará, antes de los nueve meses que sentencia la Ley de extranjería, junto con el certificado de tutela de la entidad pública que corresponda, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno a su familia o a su país de origen. En definitiva, se trata de que la situación legal de los padres no condicione la situación del menor. Asimismo, en la enmienda 145 se propone que el extranjero de cuyo pasaporte o documento válido de identidad —los documentos o son válidos o no lo son— se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado indocumentado para ser sometido a pruebas de determinación de su edad. Estas no deben ser sistemáticas. En este sentido, existe la Sentencia 453/2014 del Tribunal Supremo. Entendemos que es fácil. Es decir, si hay documentación y la documentación es válida, no hay que hacer las pruebas; si la documentación no es válida, sí. Así de fácil.

La enmienda 149 se refiere a los gastos de las familias acogedoras. Las entidades públicas son las responsables de asumir los gastos de menores tutelados por ellas. Los gastos extraordinarios debidos a la acogida deben ser asumidos por los acogedores solo de forma voluntaria. Los recursos de apoyo necesarios a los menores discapacitados se tienen en cuenta. También deberían ser tenidos en cuenta los de todos los menores acogidos y no trasladar esta carga a las familias acogedoras que hacen ya una labor fundamental y poco reconocida en muchos casos.

Con las enmiendas 150 y 187, relativas a la asistencia jurídica gratuita para familias acogedoras, proponemos que, cuando el proceso judicial esté relacionado directamente con el ejercicio de sus obligaciones respecto de la guarda o tutela del menor, los acogedores familiares recibirán asistencia jurídica gratuita, y también en tanto que estas familias son parte del sistema de protección de menores y corresponde a la entidad pública la asunción de responsabilidades en los procesos en los que la familia pueda verse inmersa en el ejercicio de su obligación de guarda, por ejemplo, conflictos con las familias de origen o delitos cometidos por el menor que tienen en guarda.

La enmienda 154 se refiere a la habilitación administrativa de los centros de acogida; no creemos oportuno que la habilitación administrativa de los centros de acogida deba respetar la Ley de garantía de unidad del mercado. Hay jurisprudencia reiterada por parte del Tribunal Constitucional que señala que no puede traducirse la doctrina general sobre el principio de unidad de mercado en una monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que se tienen idénticos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio estatal.

Me voy a referir a la enmienda 155 aunque haya sido parcialmente recogida en una transaccional. En la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines del Senado, los comparecientes propusieron que los menores de 6 años no estuvieran en centros de acogida. Se pensaba que era mejor para estos menores estar en acogida familiar. Pretendemos que la supresión del acogimiento residencial previsto para los menores de 0 a 3 años se amplíe a los menores de 6 años. Han pasado cuatro años desde que se sugirió esta supresión gradual en esta comisión especial y hasta la fecha no ha sido efectiva.

La enmienda 159 vuelve a hacer hincapié en el tema competencial, del que ya he hablado sobradamente en la defensa del veto.

Las enmiendas 166 y 170, sobre adopciones internacionales, son primordiales para nosotros.

La enmienda 166 pretende la supresión del artículo 3 del proyecto de ley. La modificación que se pretende en este proyecto de ley respecto de la adopción internacional supone una flagrante invasión de competencias autonómicas, dado que establece que la decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de origen corresponderá a la Administración General del Estado. Esta también asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional. Ya me he referido a ello también en la defensa del veto, pero como saben bien, en el caso de Cataluña la afectación competencial, si cabe, aún es más grave, pues es la única comunidad autónoma que dispone de una entidad autónoma administrativa, el Institut Català de l?Acolliment i de l?Adopció, para tramitar los procesos de adopciones internacionales y su posterior seguimiento, así como la supervisión de esta actividad cuando sea delegada a instituciones internacionales que representen un porcentaje destacable en relación con el total estatal. Por ello, proponemos una vuelta al redactado actual de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, que permite a las comunidades autónomas que lo deseen ejercer las competencias.

Proponemos la enmienda 170, que pretende que este artículo no sea de aplicación en aquellas comunidades autónomas en las que, efectivamente, se haya venido desarrollando con éxito y normalidad, y en función de la normativa de sus parlamentos, la adopción internacional, como es el caso concreto de Cataluña.

La enmienda 172, también de tipo competencial, modifica la disposición adicional tercera: criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad. Proponemos establecer mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad —y eliminamos los criterios comunes—, con pleno respeto a las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas en materia de protección de menores.

La enmienda 173 se refiere al acogimiento familiar. Uno de los objetivos principales del proyecto de ley que compartimos es la previsión de priorizar el acogimiento familiar respecto del residencial; un ambiente familiar es mejor para que el menor pueda desarrollarse. En este sentido, hay consenso entre los psicólogos y los pedagogos. La Administración no cubre buena parte de los gastos del menor acogido, por ello consideramos oportuno que el Gobierno realice un informe sobre el coste real que representa tener en acogida a un menor en los distintos tipos de acogimiento y tenga en cuenta las realidades socioeconómicas de cada comunidad autónoma, con el fin de disponer de datos concretos.

La enmienda 180 se plantea en relación con las familias numerosas. El título de familia numerosa continuará vigente mientras uno de los hijos continúe en el domicilio familiar y cumpla las condiciones establecidas. Esta enmienda pretende que aquellas familias numerosas que lo han sido con anterioridad a la ley, siempre que uno de sus hijos cumpla los requisitos del artículo 3, puedan volver a solicitar el título de familia numerosa.

La enmienda número 181, sobre recursos, se plantea en el mismo sentido que la presentada al proyecto de ley orgánica, con la finalidad de poder disponer de los medios humanos, materiales y presupuestarios para que en el desarrollo de la ley puedan alcanzarse los objetivos contenidos en ella.

Y en la enmienda 184, de prestación por hijo a cargo, proponemos una disposición final nueva a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, artículo 182, beneficiarios, y artículo 182 bis, cuantía de las aportaciones. Con los datos actuales sobre pobreza infantil, proponemos estas mejoras en la prestación de la Seguridad Social por un hijo o menor a cargo, con las que daríamos alivio a muchas familias y mejoraríamos la situación de muchos niños, garantizando su interés superior, en tanto que menores.

Hasta aquí una pincelada de algunas de las enmiendas que hemos presentado. Damos todas por defendidas. Aunque agradecemos que se hayan aceptado algunas y las transaccionales alcanzadas, no desistimos de la voluntad de lograr que nos acepten algunas más.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la senadora Andrés Prieto.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer la incorporación de 6 enmiendas presentadas por nosotros, lo que, sin duda, supone un avance respecto del tratamiento recibido en la Comisión de Sanidad, y me gustaría personalizarlo en la senadora Elvira Larriba, que la verdad es que ha tenido mucha predisposición a ese diálogo y a ese pacto. Es verdad que sentimos enormemente que no hayan podido incorporar las 45 enmiendas restantes de mi grupo, que, a nuestro juicio, mejoraban sensiblemente los textos de ambas leyes, pero fundamentalmente los hacía aplicables.

Decimos que lo sentimos y es verdad, señora Torres, porque, como bien saben, para mi grupo estas leyes eran necesarias y urgentes. Y lo sentimos porque creemos que la protección a nuestra infancia y adolescencia hubiera mejorado si ustedes y su Gobierno no hubieran desaprovechado la oportunidad de dotar a estos textos legales de sentido práctico. Es verdad que se les dota de protección jurídica y que se revisan sus mecanismos, pero la protección jurídica, necesariamente, ha de ir unida a la protección económica y social, y la protección económica y social de nuestra infancia no se puede dar si no hay una memoria económica que acompañe esta ley. No podemos entender que siendo necesarias, para esa protección jurídica, económica y social de la infancia, mejoras en recursos humanos y en capacitación de profesionales y el refuerzo de los servicios sociales y de los centros de acogida, ustedes señalen en la disposición final que estas leyes no pueden suponer un incremento presupuestario.

Se trata, ni más ni menos, señorías, que de una cuestión de prioridades y de voluntad política. Porque el mismo día que se aprobaron estas leyes en el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados aprobó un real decreto de incremento de crédito presupuestario por valor de 20 000 millones de euros. Nosotros pedíamos muchísimos menos millones de euros para afrontar la problemática que tiene nuestra infancia y nuestra adolescencia. Como ha dicho aquí algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, si al menos estas leyes las estuviéramos aprobando en un contexto de apuesta por las políticas dirigidas a la infancia y a la familia, podría convencernos la falta de consignación presupuestaria o de memoria económica, porque no sería necesaria. Pero me gustaría recordarles que en los últimos cuatro años sus políticas, las políticas del Partido Popular han recortado en infancia más de 6370 millones. Me da igual que usted, señora Torres, alabe los 17 millones de euros de ese plan extraordinario, cuando durante cuatro años han recortado 6370 millones de euros en políticas de infancia.

Tampoco vemos coherente el refuerzo que estas leyes hacen o pretenden hacer de los servicios sociales con la aplicación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ustedes conocen que esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, señora Torres, antes ha subido aquí y nos ha echado en cara los recursos al Tribunal Constitucional; ha dicho que cuando nosotros gobernábamos les echábamos en cara sus recursos. Le voy a decir cuál es la diferencia sustancial entre sus recursos y los nuestros al Tribunal Constitucional. Cuando el Partido Popular ha acudido al Tribunal Constitucional a plantear recursos ante leyes socialistas, siempre recurrían ampliaciones de derechos: Ley de igualdad, Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley de salud reproductiva y del aborto. ¿Sabe cuál es la diferencia cuando nosotros los recurrimos al Tribunal Constitucional? Que nosotros acudimos cuando se recortan derechos: Ley de seguridad ciudadana, Ley de racionalización de la Administración Local, revisión del Código Penal y la introducción de la cadena perpetua. Esa es la diferencia básica, y se lo quería dejar claro ya que usted ha hecho alusión a los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional.

Y les sigo hablando de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ustedes conocen —su señoría lo ha dicho aquí— que en la mayoría de los casos contemplados en las leyes que debatimos la puerta de entrada al sistema de protección de esos menores son los centros de acción social, que son gestionados por los ayuntamientos, pero su ley, la Ley 27/2013, ha quitado las competencias a los ayuntamientos. Nosotros introducimos una enmienda para que esas competencias se devuelvan como propias a los ayuntamientos, porque no me sirve lo que dicen en mi comunidad autónoma: que la Junta de Castilla y León ya ha aprobado un decreto para delegar a los ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Es que yo no quiero que los ayuntamientos tengan delegadas las competencias en servicios sociales, quiero que los ayuntamientos vuelvan a tener como propias las competencias en servicios sociales. Hablar de dar valor y de reforzar los servicios sociales, como hacen ustedes, no es coherente con que los ayuntamientos no tengan la competencia en servicios sociales.

Otra de las enmiendas que queremos destacar, porque para nuestro grupo tiene mucha importancia, es la relativa a la adopción de medidas adecuadas para la prevención, intervención y seguimiento de las situaciones de riesgo prenatal. Ustedes también dan mucha importancia a estas medidas, pues incluso contemplan seguimientos de protocolo individualizado para estas situaciones. Por lo tanto, no entendemos que ustedes se nieguen a introducir las referencias que al respecto recoge la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva. Esta ley, señorías, aunque sabemos que no les despierta ninguna simpatía, está dentro de nuestro ordenamiento jurídico y contempla actuaciones integrales para evitar esos casos de riesgo prenatal. Pero hace algo más de lo que ustedes contemplan en esta ley: a la vez que contempla esos riesgos prenatales, garantiza los derechos de las mujeres. Y como sabemos de su reticencia hacia los derechos de las mujeres en esta cuestión, nos preocupan las mujeres que, bajo tutela pública, se encuentren en esas circunstancias. Nos preocupa, y mucho, así como el tratamiento que dan y que no acepten nuestra enmienda al aludir a la Ley de salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, hemos presentado varias enmiendas para facilitar a las familias potenciales de acogida la decisión de dar este paso. Algunos portavoces, como la senadora de Convergència i d’Unió, lo han dicho. Unos y otros estamos convencidos, y así lo hemos expresado en el texto, en priorizar el acogimiento familiar por encima del acogimiento residencial, entre otras cosas, porque estamos convencidos de que el interés superior del menor siempre se cumple mucho mejor en ambientes normalizados y familiares. Esta cuestión concita el consenso de todos los grupos a la hora de reflejarlo en la literalidad de la ley; pero no vale con plasmarlo, exige compromisos mayores que puedan remover las trabas, los obstáculos y los miedos que puedan tener esas familias potencialmente de acogida a la hora de dar esos pasos. Y hay unos obstáculos que dependen directamente de nosotros como responsables públicos, y son fundamentalmente los económicos. ¿Y por qué no aprovechar estas leyes para homologar, por ejemplo, los derechos laborales que conlleva una adopción, que se pueden aplicar cuando se realice un acogimiento? ¿Por qué no aprovechar estos textos para ofrecer la justicia gratuita en aquellos procesos que tengan que ver con los menores acogidos? Es necesario dotar de coherencia lo que decimos y lo que hacemos. Y si es verdad que la apuesta que hacemos por el acogimiento familiar tiene esa importancia, hagámoslo en todas las vertientes e incorporemos esas enmiendas que presentamos varios grupos parlamentarios que vienen a remover todos esos obstáculos y a favorecer que las familias puedan acoger menores.

Hay otra cuestión que nos preocupa y que consideramos que se puede abordar en estas leyes. Se trata de la protección que estas leyes hacen a los extutelados y la posibilidad de que estas medidas de la protección de la tutela y apoyo se amplíen hasta los 21 años. Todos tenemos en nuestro entorno hijos o sobrinos y no vemos que a los 18 años estén a punto de una emancipación real, ¿verdad? No lo vemos. Con más motivo, es necesario que estos jóvenes que han vivido en ambientes no normalizados reciban algún tipo de protección o actuación por parte de las administraciones públicas, ampliándose al menos hasta los 21 años.

Por último, nos gustaría incidir en la eliminación del capítulo de los deberes de los menores que establece la ley. Por qué la reforma de la ley supedita la asunción de derechos al cumplimiento de ciertos deberes. No tiene sentido. El reconocimiento de derechos lleva implícito la responsabilidad del menor, por supuesto, pero la responsabilidad es algo totalmente distinto al cumplimiento de un deber, señorías. Un deber es una cuestión altamente subjetiva para formar parte de una ley. Los capítulos de deberes de los menores están muy bien en las convenciones y en las declaraciones, pero los deberes no dejan de ser subjetivos. Y aún menos hay que supeditar el derecho de un menor al cumplimiento de un deber. O sea, ¿este menor tiene derecho a esto si ayuda en las tareas del centro de acogida o si ayuda en las tareas de la casa de la familia en la que ha sido acogido? No, señorías, los deberes son totalmente subjetivos. ¿Por qué insisten en tener un capítulo de deberes en esta ley?

Como ven, estas enmiendas mejorarían, sin ninguna duda, la protección de la infancia y de la adolescencia, y quizá su negativa a aceptarlas sea porque, si lo hicieran, carecería de sentido que estas leyes no estuvieran dotadas de una memoria económica. Señorías, no hay otra razón. De nuevo, demuestran una falta de consideración hacia nuestros niños y niñas en favor de la prioridad presupuestaria, y consideramos que tiene que ir unido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente.

Señor Guillot, veo que ha vuelto a la sala, y quería decirle que a las mujeres del PP no nos gustan los comentarios machistas, vengan de donde vengan. (Aplausos). Como bien sabe y conoce, vienen de muchas partes, pero parece ser que usted precisa que una mujer del PP le aclare este extremo, y yo aprovecho esta ocasión para hacerlo: a las mujeres del PP no nos gustan los comentarios machistas. (Aplausos).

Señorías, en primer lugar, quiero destacar el diálogo de todos los grupos parlamentarios en la tramitación de estos proyectos de ley, tanto en el Congreso de los Diputados como en esta Cámara, que sin duda son fruto de la necesidad, reconocida por todos, de legislar sobre esta materia. Y quiero resaltar que los resultados de este diálogo han sido muy positivos en el Congreso: de un total de 432 enmiendas, se han aprobado o transaccionado el 50 %.

Además, esta reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ha sido previamente consensuada con las comunidades autónomas y con las entidades del tercer sector de acción social vinculadas a los menores y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso, a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de las Cámaras hay que añadir las que, con el ánimo de dar una respuesta concreta a los colectivos sociales afectados, se han acordado presentar para perfeccionar el texto de los anteproyectos. Se ha realizado un importante esfuerzo de consenso en el trámite de estos proyectos de ley y se han incorporado un gran número de enmiendas, que sin duda han mejorado el texto inicial presentado por el Gobierno.

Permítanme que me refiera, brevemente, a las mejoras introducidas por mi grupo en el trámite llevado a cabo en el Congreso. Cabe hablar, por ejemplo, de la ampliación a noventa días del período para que las víctimas de trata de seres humanos puedan decidir su cooperación con las autoridades en la investigación del delito; de que la condición de familia numerosa que establece el proyecto de ley ordinario para los beneficios del ámbito educativo puede tener carácter retroactivo a 1 de enero de 2015; de la atención especial a las menores embarazadas bajo tutela o guarda en entidades públicas, que, en ocasiones, como bien conocen, no son madres una única vez; de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social: 1500 euros al año por dos años, en caso de contratación indefinida, y 600 euros al año si es temporal, para favorecer la contratación de las víctimas de trata. Otro avance es que en la declaración de situación de desamparo no sean determinantes ni la pobreza de los progenitores ni la discapacidad del menor; o la creación de un registro de delincuentes sexuales que permitirá el seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, sin duda importante porque no se hará solo en España sino también en otros países.

En el trámite de ambos proyectos de ley llevado a cabo en esta Cámara, se han presentado un total de 320 enmiendas.

Al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia se han presentado 71 enmiendas. La mayoría ya fueron defendidas y posteriormente rechazadas en el Congreso de los Diputados, por lo que entendemos que no tiene sentido abrir de nuevo el debate sobre ellas. Las enmiendas número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, números 26, 27, 30, 31, 33 y 34, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, y números 48 y 49, del Grupo de Convergència i d’Unió, plantean cuestiones que ya han sido incluidas en su tramitación en el Congreso. Por tanto, ya queda enfatizado el derecho del menor a ser escuchado, no solo oído, cuando se tomen decisiones sobre medidas de protección que le afecten, así como la referencia a los órganos legislativos como garantía del interés superior del menor, en especial a la intervención del Ministerio Fiscal. Queda asimismo recogida la posibilidad de revertir la decisión sobre un menor si el transcurso del tiempo o el cambio en las circunstancias lo hiciesen necesario. Se profundiza en la mejora del trato hacia el menor, de modo que este se sienta así bien tratado. Para ello queda establecido, por ejemplo, que los registros y los cacheos se realicen con la presencia de más de un profesional y que cuando haya que indicar un régimen disciplinario se haga con las debidas garantías, como la de que sean los directores de los centros responsables del menor, que conviven con él, quienes restrinjan las visitas o las comunicaciones de un menor, y no el juez.

Solo se han planteado cuatro nuevas enmiendas en el Senado, las números 23 y 24, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, y las números 69 y 70, del Grupo Parlamentario Socialista, que nuestro grupo votará en contra en los términos en que se han presentado, porque incluir en la enumeración del capítulo de procedimientos especiales los referentes al internamiento de menores o la autorización para la entrada en domicilios o establecer qué juez es el competente para el ingreso de un menor en un centro son cuestiones que no tienen carácter de ley orgánica. Por tanto, si bien deben ser recogidas, tiene que hacerse en la ley ordinaria y no en la orgánica, como han propuesto ustedes.

Con respecto al proyecto de ley ordinaria, al que se han presentado doscientos cuarenta y siete enmiendas, tengo que decir que votaremos favorablemente y en sus justos términos más de diez enmiendas: la número 12, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, de modo que la protección contra el maltrato sea el principio rector de la actuación de los poderes públicos. Apoyaremos las números 58, 62 y 110, de la Entesa, y las número 192 y 196, del Grupo Socialista. De esta manera, entre los medios de defensa y garantía de los derechos del menor se podrá incorporar el contenido en el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Se incorpora también como principio rector de la actuación pública el respeto a la diversidad étnica y cultural y el derecho de los menores acogidos a conocer su historia cuando alcanzan la mayoría de edad. Por último, apoyaremos las enmiendas 156, 167, 168 y 169, del Grupo Parlamentario de Convergència i d?Unió, que plantean diversas medidas tendentes a favorecer el acogimiento familiar.

En el trámite en esta Cámara hemos planteado 12 textos transaccionales, de los cuales hemos conseguido el respaldo para 10, con lo que quedarán incorporados los contenidos de 15 enmiendas más referidas a distintos temas, por ejemplo, para la determinación de la edad de los menores cuando se considere que su documentación no es suficientemente fiable —hay que decir que en esto no todo es blanco o negro; a veces es difícil determinar esa fiabilidad—. Por tanto, incorporamos al texto que las pruebas médicas que se realicen se hagan con rapidez, con el consentimiento informado del menor afectado, con respeto a su dignidad y sin que supongan un riesgo para su salud, porque muchas de estas técnicas son invasivas.

También se incorpora la limitación del acogimiento residencial de los menores de 6 años a tres meses. Es un avance. Asimismo, se contempla la adaptación de las disposiciones normativas al contenido de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor, garantizando que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto de la vida en familia y velando por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyos generales a los menores con discapacidad y sus familias.

Por otra parte, se contempla que para concretar el retorno del menor desamparado a su familia de origen se cuente con un informe técnico que así lo aconseje. Asimismo, se recoge de alguna manera el conflicto terminológico con la palabra psicosocial, se incorpora a esta ley el acogimiento especializado y se incrementa la protección de los datos personales del menor en la red. En total, son 44 enmiendas las que se van a apoyar.

Señorías, mi grupo parlamentario y yo creemos que cuando se trata de proteger al débil lo posible es siempre obligatorio.



Por eso les pido que consideren el esfuerzo que ha hecho este Gobierno para alcanzar el mayor nivel de consenso, y hago un nuevo llamamiento a su compromiso en la defensa de la infancia y la adolescencia para que den respaldo a los proyectos que ahora debatimos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Vasco? (Denegaciones)

Tampoco hace uso de la palabra.

Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Esta es la cita con la que se abre el tratado de la Convención de los Derechos del Niño de Unicef, que se recogió en el Plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia en 1990. Los derechos de la infancia están estipulados como tratado internacional de los derechos humanos desde 1989, y la última revisión se hizo en 2006. Por eso era necesaria la ley que hoy tratamos.

Como ya hemos avanzado en el turno de defensa de enmiendas, esta ley significa una mejora en la regulación de los derechos de los menores —quiero resaltarlo: es una mejora en los derechos y la protección de los menores—, pero adolece de algunas deficiencias.

En primer lugar, no podemos afirmar que estamos ante una buena ley cuando no hay una partida presupuestaria que dote de los recursos necesarios para su implementación. Amnistía Internacional ha expresado que le habría gustado que la ley recogiera las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que contempla expresamente la protección de las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas sociales para la infancia. No estoy hablando de los recursos que, a nuestro entender, son necesarios para mejorar las cifras de pobreza infantil que estamos viviendo en nuestro país; no estoy hablando de ese dato escalofriante, que di con anterioridad, sobre los niños menores de 16 años que están en riesgo de pobreza: uno de cada tres. Les estoy hablando de los recursos para favorecer el acogimiento familiar, para agilizar que los periodos de los niños en centros de acogida sean los mínimos necesarios, y para garantizar que los profesionales, los psicólogos y los profesionales que requieran puedan implementar la ley.

En segundo lugar, esta ley no especifica los órganos ni las personas técnicas que van a llevar a cabo el cambio de las medidas y los plazos de tiempo de aplicación de la ley. Es decir, que no tenemos plazos ni presupuestos. Me parece que así es difícil cumplir una ley. ¿A ustedes no les parece lo mismo?

Y, por último, está la invasión de competencias. Quiero resaltar que no es una cuestión menor, que no es una cosa sin importancia (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y, senadora Torres, no nos diga no tenemos altura de miras, porque no se trata de eso, se trata del concepto de Estado que queremos. Y si algo somos en mi grupo, cada uno de los miembros de mi grupo, es federalistas, y lo somos —permítame la broma— desde niños. Eso sí que lo llevamos en el ADN y a eso no vamos a renunciar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, hemos dicho que el objetivo de esta ley no debería ser otro que el de intentar mejorar la legislación en materia de protección a la infancia y a la adolescencia para dar respuestas a situaciones y fenómenos que se dan en nuestra sociedad. En este sentido, en el Grupo Parlamentario de Convergència i d?Unió hemos hecho aportaciones que se han orientado a reforzar el principio del interés general del menor y su derecho a ser escuchado; a reforzar la adaptación de la legislación a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y todo lo relativo a la accesibilidad y a servicios; a regular con más garantías las medidas de seguridad y contención de los menores en los centros de acogida; y a reforzar el principio de acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, con medidas para las familias acogedoras para facilitar el compromiso de la responsabilidad asumida. También pensábamos que hacía falta acometer la situación de los menores extranjeros indocumentados. A través de nuestras propuestas de enmiendas pretendíamos una mejor regulación sobre familias numerosas, y volvemos a poner sobre la mesa nuestra propuesta de prestación por hijo a cargo. Finalmente, también pretendíamos que se modificaran los límites de gasto que señalaba el proyecto de ley. Muchas de estas aportaciones han sido atendidas —ya lo he dicho— tanto en el trámite en el Congreso como aquí, cosa que agradecemos.

Pensamos que todas nuestras aportaciones enriquecen el proyecto, y estaríamos satisfechos con ellas si no fuera porque lo nuclear, aquello sin lo cual no podríamos acompañar este proyecto de ley, no ha sido atendido. No ha sido atendido lo relativo a la invasión de competencias para Cataluña, y tampoco ha sido atendido el tema de la adopción internacional, aunque ya he dejado negro sobre blanco, clarísimo, que se está realizando desde antes de la Constitución y que está perfectamente legislada, reconocida y con éxito. No entendemos por qué en este proyecto de ley no tiene cabida este respeto competencial. Con ese respeto —es la prueba en los debates de hoy— este proyecto de ley habría tenido un apoyo mayoritario. Es mejor que el que había, a pesar de ser mejorable.

Por último, pensamos que la uniformidad que ustedes quieren dar no es igualdad de derechos y, con todo nuestro pesar, vamos a votar que no a este proyecto de ley. Debería reconsiderarse el llevar a cabo medidas de protección a la infancia y a la adolescencia con el debido respeto al marco que todos nos hemos dado, el respeto a las comunidades autónomas. Esta senadora y el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió están seguros de que de esa manera no solo hubiéramos mejorado las medidas que teníamos sino que habríamos conseguido sacar un texto por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidente.

Señorías, les pediría un favor: no vinculen el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con la infancia a la abstención en estas leyes, porque eso es perverso. También nosotros podríamos vincular su compromiso en función de las enmiendas que ustedes nos han aprobado. Si ante más de 200 enmiendas ustedes sacan pecho por aprobar 40, su compromiso queda un poco escaso. Por tanto, repito que no vinculen esos compromisos a las actuaciones parlamentarias que realicemos por nuestro propio criterio político, legítimamente, respecto de las leyes que aquí se traen.

Señorías, por supuesto que compartimos esta modificación legal, y siempre van a encontrar el apoyo de este grupo para avanzar en la protección jurídica, económica y social de la infancia, protección que los poderes públicos debemos dar. Sabemos que esta es una ley que viene demandada por varias vías, desde la Defensoría del Pueblo hasta la Fiscalía y, sobre todo, que es una ley que atiende varias de las importantes recomendaciones que salieron de esta Cámara, de la Comisión especial sobre adopción, que fue más allá y pidió revisar el actual sistema de protección jurídica de los menores.

Por supuesto, nuestro Grupo se alegra de que el interés superior del niño, respetando lo dicho por el Comité de los Derechos del Niño, pase a ser un derecho y deje de ser un concepto jurídico indeterminado. En todo eso estamos de acuerdo, por supuesto. Pero, señorías, volver a aprobar leyes de esta magnitud sin memoria económica nos parece poner trabas a su aplicación desde el momento de su aprobación, porque no podemos hablar de nuevos recursos a coste cero, no podemos hablar de nuevos programas a coste cero, y atajar el problema más importante que tiene hoy nuestra infancia, que es la pobreza infantil, es la mejor forma de proteger a la infancia y a la adolescencia. Y es que la pobreza se transmite de una generación a la siguiente. Lo dice Save the Children: quebrar este ciclo de pobreza depende fundamentalmente de las inversiones que realicen los gobiernos. Invertir en infancia, señorías, es la inversión social más rentable, influye en el presente y en el futuro de los menores e influye en gran parte en los avances de nuestra sociedad.

Repito que estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma, pero no podemos apoyar la ausencia de una memoria económica.

Y, señora Torres, usted decía: ¿de qué se abstienen? Le voy a decir de qué nos abstenemos: nos abstenemos de ser cómplices de aprobar una ley cuya aplicación resulta inviable en muchos de sus términos por insuficiencia presupuestaria, por esa falta de memoria presupuestaria. De eso nos abstenemos: de ser cómplices en la inaplicación de las leyes que aprobamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Señorías, insisto en recordarles que esta reforma ya ha sido debatida y consensuada con las comunidades autónomas y con las entidades más importantes del tercer sector. Y ha sido informada por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo Fiscal y los ministerios implicados.

Aunque con reticencias para todos ustedes, tanto el texto de la ley orgánica como el de la ordinaria suponen un gran avance social, porque esta reforma, que, como ya se ha indicado, afecta a doce importantes leyes, garantiza un marco jurídico uniforme para la protección de la infancia y la adolescencia en todo el territorio del Estado, armonizando modelos distintos y en algunos aspectos distantes, de modo que sirva de referencia a las comunidades autónomas que aún tengan que desarrollarlo. Además, esta especial protección de los menores se extenderá a todos los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, pues deberán evaluar su impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobados.

Les resumo de nuevo las principales novedades que aporta. Como ya se ha dicho aquí, España va a ser el primer país en incorporar el interés superior de niños y adolescentes como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, tal como recomendó Naciones Unidas.

En cuanto a los derechos y deberes que ustedes ponen en tela de juicio, es importante —esta ley lo recoge y quiero destacarlo— que se promueva la participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y escuchados, lo que incluye a los menores de 12 años, siempre que tengan madurez suficiente. Por ello, en la resolución de procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que este ha manifestado.

Se incluye un catálogo de deberes en el ámbito familiar, escolar y social —les recuerdo que algunas comunidades autónomas ya lo regulan—, porque nos parece importante fomentar el respeto a los padres, a los hermanos, a los profesores, el respeto a la dignidad, a la integridad y a la intimidad de las personas con las que esos menores y adolescentes deban relacionarse. El conocimiento de sus derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, dando una especial importancia a evitar las situaciones de acoso escolar.

Esta ley presta una especial atención a los menores más vulnerables, reforzando la protección de los menores extranjeros que se encuentren en España, reconociendo expresamente su derecho a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, y velando especialmente por los no acompañados o víctimas de trata. Asegura a los menores con discapacidad su plena accesibilidad y la garantía de los servicios sociales especializados. Y facilita la transición a la vida independiente de jóvenes extutelados mediante recursos y programas de apoyo.

Se definen por primera vez con alcance estatal las situaciones de riesgo del menor, así como la declaración de desamparo y la guarda voluntaria. Se agilizan los trámites de acogimiento y adopción, dando prioridad al acogimiento familiar frente al residencial. Y se procura que todos los menores de 3 años puedan vivir con una familia.

Se simplifica la constitución del acogimiento y se creará el estatuto del acogedor familiar. La adopción se agiliza y se completa con más garantías. Se unifican los criterios de idoneidad de las familias adoptantes y el periodo de convivencia entre el menor y la familia que el juez considere más idóneo.

Otras novedades son la adopción abierta y la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica. Se refuerza el derecho del acceso a los orígenes de los adoptados, asegurando la conservación de la información durante al menos cincuenta años.

Previa modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público, los padres y madres que se ofrezcan para la adopción o para el acogimiento tendrán derecho a ausentarse para acudir a las sesiones informativas obligatorias.

La adopción internacional se dota de mayor seguridad jurídica —aunque ustedes no lo vean así— por cuanto se clarifica el ámbito competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar el inicio de la tramitación de adopciones corresponderá a la Administración General del Estado… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora LARRIBA LEIRA: …al igual que la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, siempre previo informe de las comunidades autónomas. (Rumores).

Se regulan por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. Se avanza en la lucha contra la violencia en la infancia. Se reconoce a los menores por primera vez como víctimas de violencia de género. Se refuerza la protección frente a delitos como los abusos sexuales. Se modifica la Ley de protección de familias numerosas para que no pierdan el título mientras que al menos uno de sus hijos cumpla los requisitos y la edad establecida —21 años, o 26, si está estudiando—, sin límite de edad en el caso de discapacidad o incapacidad para trabajar.

Señorías, se lamentan de que la reforma no implique un mayor compromiso económico y consideran que eso la devalúa. Les recuerdo que la evaluación económica de la memoria de impacto de este proyecto de ley es la misma que presentó el PSOE en su proyecto en el año 2001. Entonces no la devaluaba.

No podemos estar de acuerdo con ustedes, señorías. Negociar, trabajar, planificar…, eso también es gobernar, y todo aquello que suponga guiar, llevar a buen puerto la defensa de los intereses del menor y del adolescente debería ser valorado y apoyado por todos ustedes. A diferencia de ustedes, nosotros consideramos que los aspectos competenciales han sido suficientemente debatidos en la tramitación de ambos proyectos. No estamos en absoluto de acuerdo con que no se están respetando las competencias que las comunidades autónomas tienen atribuidas en esta materia, como bien ha explicado mi compañera la senadora Torres. Señorías, no puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad, y creo que este es el caso; lo creo sinceramente. Por ello, me apena que en una ley de profundo calado humanitario, como esta, no contemos con mayor respaldo. Coincido con ustedes en que todo texto legal es perfectible, pero si le cierran la puerta a esta reforma dejarán fuera los grandes avances que supone y que nuestra sociedad tanto necesita. Tengo la convicción de que, aunque formalmente se opongan a este texto por razones políticas, la administrarán con responsabilidad allí donde tenga la responsabilidad de aplicarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos en primer lugar las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Comenzamos con las enmiendas del Senador Iglesias.

Votamos en primer lugar la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 7; en contra, 147; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 9, 10 y 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 3; en contra, 146; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4, 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1, 2, 3, 8, 12, y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 77; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

En primer lugar, votamos la enmienda número 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos 226; a favor, 79; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 6; en contra, 207; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa.

En primer lugar, votamos la enmienda número 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 60; en contra, 146; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 223; a favor, 61; en contra, 146; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 16, 17, 21 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 66; en contra, 147; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 14, 15, 18, 22 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 78; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 36, 39, 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 4; en contra, 148; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 27, 31 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 62; en contra, 147; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 26, 30, 32, 34 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 67; en contra, 147; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 28, 29, 37, 38, 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 78; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Votamos las enmiendas números 48 y 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 15; en contra, 209; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 75; en contra, 148; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 47 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 23; en contra, 149; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 24; en contra, 150; abstenciones, 50.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 44, 45, 46, 50 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 75; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Votamos la enmienda número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 60; en contra, 148; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 61; en contra, 147; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 74; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 57 a 60, 62, 63, 64, 68 y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 79; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 61, 67 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 65; en contra, 148; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 146; en contra, 26; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. 621/000128 Sanidad y Servicios Sociales

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las números 2, 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 65; en contra, 147; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 73; en contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 15; en contra, 206; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 149; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 209; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1, 5, 7, 8, 15, 28 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 77; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 10, 13, 14, 17, 18, 25 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 146; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 19, 22, 27, 29, 31 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 7; en contra, 207; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 18; en contra, 207.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 17; en contra, 208; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 6, 9, 21 y 37 a 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 148; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 23 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 7; en contra, 147; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 154; en contra, 1; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas de la senadora Salanueva y del senador Yanguas.

En primer lugar, votamos la enmienda número 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 147; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 147; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 46, 47, 48 y 50 a 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 224; a favor, 18; en contra, 146; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

En primer lugar, votamos la enmienda número 137.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 27; en contra, 147; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 138, 139 y 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 26; en contra, 148; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 19; en contra, 148; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.

En primer lugar, votamos la enmienda número 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 63 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 60; en contra, 148; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 77; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 56 y 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 62; en contra, 148; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 54, 57, 60, 68, 69, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 86 y 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 55, 61, 66, 70, 71, 72, 74, 77, 81, 83, 87, 88, 89 y 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 66; en contra, 147; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 58 y 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 221; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 22; en contra, 196; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 93 y 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 61; en contra, 148; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 2; en contra, 150; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 13; en contra, 146; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 209; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 108, 111, 115, 117, 120 y 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 207; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 109 y 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 207; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 97, 101 y 129 a 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 147; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 112 y 114.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 7; en contra, 147; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 158; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 92, 96, 98, 99, 103, 107, 116, 118, 124 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226;



a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 100, 104, 105, 106, 113 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 66; en contra, 148; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

En primer lugar, votamos la enmienda número 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 17; en contra, 147; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 18; en contra, 207; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 171.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 18; en contra, 206.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 80; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 169.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 173; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 151.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 77; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 149; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 149.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 173.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 144 y 163.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 77; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 184.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 148; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 147; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 150, 154 y 176 a 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 19; en contra, 147; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 172.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 180, 181, 182 y 183.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 19; en contra, 148; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 185, 186 y 187.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 142, 143, 145, 149, 161, 162, 165, 166, 173 y 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 156, 167 y 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 222; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda número 207.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 192 y 196.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 222; en contra, 2; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas números 197 y 212.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 60; en contra, 146; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 193.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 190 y 223.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 61; en contra, 147; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 188, 202, 203, 213, 214, 218 a 221 y 225.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 78; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 189, 191, 195, 200, 204, 205, 206; 208 a 211; 215, 216, 217, 222 y 224.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 67; en contra, 146; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 194.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 145; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 235 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 76; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 950.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 224; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 951.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 209; en contra, 5; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 952.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 224; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 953.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 214; en contra, 1; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 954.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 221; en contra, 4; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 955.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 223; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 956.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 957.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 222; en contra, 1;



abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 958.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 211; en contra, 4; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 959.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 215; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 189 960.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 148; en contra, 5; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 147; en contra, 25; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Eran las veintitrés horas y quince minutos.


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