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DS. Senado, Pleno, núm. 162, de 25/06/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 75

celebrada el jueves, 25 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. 621/000121 protección civil Interior


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 621/000122 biodiversidad; incendio; monte; ordenación forestal; protección del bosque; protección del medio ambiente; utilización de las tierras Medio Ambiente y Cambio Climático


COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

Comisión Especial para el estudio e implementación de las recomendaciones contenidas para España en materia de memoria histórica en los informes de D. Pablo de Greiff y de Dña. Jasminka Dzumhur y D. Ariel Dulitzky, de Naciones Unidas. 650/000010 Comisión parlamentaria; dictadura; guerra civil; víctima de guerra ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)


HABILITACIONES

Pleno del Senado. 551/000071


Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo. 551/000070


Ponencia de estudio sobre el desarrollo de las PYMES y cooperativas españolas en Iberoamérica. 551/000072


PETICIONES

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2014. 871/000006 Comisión parlamentaria; informe de actividad; petición

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 621/000121 Interior

El señor Rabanera Rivacoba, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 3.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Iparragirre Bemposta da por defendida la propuesta de veto número 5, del G. P. Vasco en el Senado (EAJPNV).

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto .......................................................................... 15835

El señor presidente informa a la Cámara de que la propuesta número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, ha sido retirada por el senador Guillot y de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha hecho uso de esta autorización.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 7; en contra, 182; abstenciones, 20.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182; abstenciones, 20.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182; abstenciones, 20.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 1 a 31, presentadas inicialmente por este senador y el señor Mariscal Cifuentes. Asimismo, da por defendidas las enmiendas 32 a 43, también del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por la señora Julios Reyes y el señor Quintero Castañeda.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas 92 a 136, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 53 a 85, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 86 a 91, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sendra Vellvè da por defendidas las enmiendas 44 a 52, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ángel Batalla defiende las enmiendas 137 a 142, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor González Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar .......................................................................... 15847

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. 621/000122 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor Vallines Díaz, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 2, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 6, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 7, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cazalis Eiguren defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto ........................................................................... 15875

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha hecho uso de esta autorización.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 140; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 142; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 141; abstenciones, 13.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Cleries i Gonzàlez informa a la Cámara de que la señora Cunyat Badosa no ha ejercido su derecho a voto porque ha dado a luz recientemente.

El señor Fuster Muniesa defiende las enmiendas 1 a 8, presentadas por este senador y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 9 a 25, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta senadora.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 29 a 73, presentadas inicialmente por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, y da por defendidas las números 26 a 28, también del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por la señora Julios Reyes y el señor Quintero Castañeda.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 119 a 141, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 151 a 190 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 74 y 75 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Asimismo, da por defendidas las enmiendas 191 a 236, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluque Ferrer defiende las enmiendas 142 a 150, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 76 a 118 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 74 y 75 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Moya Moreno, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar ........................................................................... 15895

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS PARA ESPAÑA EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS INFORMES DE D. PABLO DE GREIFF Y DE DÑA. JASMINKA DZUMHUR Y D. ARIEL DULITZKY, DE NACIONES UNIDAS. 650/000010 ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

En turno a favor interviene el señor Antich Oliver.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, que se despide de toda la Cámara. El señor presidente, en nombre de los trabajadores y de los senadores, elogia su trabajo y su actitud.

Continuando con el turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), que se suma al homenaje al senador Iglesias; el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, que también pronuncia palabras de elogio del senador Iglesias.

El señor presidente manda desalojar la tribuna del público al producirse manifestaciones verbales y exhibición de una pancarta.

Se rechaza la solicitud con el siguiente resultado: presentes, 186; votos emitidos, 186; a favor, 59; en contra, 125; abstenciones, 2.



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 550/00060

Se aprueba por asentimiento la modificación del orden del día para ampliar las habilitaciones, que pasan a ser los puntos 14., 14.1., 14.2. y 14.3.



HABILITACIONES

PLENO DEL SENADO. 551/000071

Se solicita habilitación para la inclusión de dos nuevos puntos en el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria de los días 7, 8 y 9 de julio, a los que el señor presidente da lectura.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA Y DEL MUNDO EN DESARROLLO. 551/000070

Se solicita habilitación para la celebración de sesiones extraordinarias de dicha comisión especial durante el mes de julio de 2015 para la elaboración del informe.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PYMES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS EN IBEROAMÉRICA. 551/000072

Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la citada ponencia de estudio, el día 7 de julio de 2015, para ordenar sus trabajos.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



PETICIONES

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014. 871/000006

La señora Leyte Coello, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días señorías. Se reanuda la sesión.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 621/000121 Interior

El señor presidente da lectura a los puntos 12., 12.1. y 12.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

El pasado 12 de diciembre de 2014 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley del sistema nacional de protección civil. Con diversas modificaciones, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó con competencia legislativa plena el proyecto de ley en sesión celebrada el día 29 de abril de 2015, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 13 de mayo de este mismo año.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado 1 de junio. Durante dicho plazo se presentaron 5 vetos, retirándose posteriormente uno de ellos, y 142 enmiendas.

La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por la señora Capella i Farré, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco; el señor Bruguera Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa; el señor Sendra Vellvè, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado; los señores Cascallana Gallastegui y Ángel Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Aznar Fernández y González Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, reunida el pasado 3 de junio, emitió un informe sobre este proyecto de ley. La Comisión de Interior, reunida posteriormente, el 11 de junio, acordó aceptar como dictamen el informe de la ponencia, que no introduce modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, de fecha 16 de junio de 2015.

Este proyecto de ley tiene como objetivo, según expresa su preámbulo, actualizar el marco regulador en materia de protección civil, entendida esta como un instrumento de la seguridad pública integrado en la política de seguridad nacional, reforzando la prevención y los mecanismos tendentes a un ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias de las distintas administraciones públicas. El nuevo texto legal sustituirá a la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.

El proyecto comprende 53 artículos, ordenados en los 6 títulos siguientes: Título I, relativo a disposiciones generales; Título II, sobre las actuaciones del sistema nacional de protección civil; Título III, relativo a los recursos humanos del sistema nacional de protección civil; Título IV, referente a las competencias de los órganos de la Administración General del Estado; Título V, sobre la cooperación y coordinación; y Título VI, relativo al régimen sancionador. Completan el proyecto de ley 11 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

Nada más. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 3, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Señorías, presentamos un veto al Proyecto de Ley del sistema nacional de protección civil, porque, a criterio de Esquerra Republicana, este proyecto de ley no aporta nada a la regulación en materia de protección civil ya existente y contenida en la Ley 2/1985, de 21 de enero. De nuevo les digo que ustedes legislan tarde, deprisa y mal, eso sí: con la voluntad férrea de limitar y reducir las competencias de Cataluña. Y no me digan que no es así, se les ven las intenciones demasiado a menudo.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, el vigente, la parte que quedó después de ser laminado por el Tribunal Constitucional, establece en su artículo 132, sobre emergencias y protección civil, que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de protección civil, lo que incluye competencias de regulación, planificación, de ejecución de medidas relativas a las emergencias y a la seguridad civil, así como la dirección y la coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios, sin perjuicio de las facultades de los gobiernos locales en esta materia, respetando las competencias del Estado en materia de seguridad pública. Asimismo, en los casos relativos a emergencias y protección civil de alcance superior a Cataluña, como es normal —y así debe ser en atención a la situación que tenemos—, la Generalitat promoverá mecanismos de colaboración con otras comunidades autónomas y con el Estado.

En opinión de Esquerra Republicana la ambigüedad del redactado del proyecto de ley, viniendo de ustedes, como decía antes, no puede presumirse inocua sino todo lo contrario, debe calificarse de intencionada y con una voluntad clara de laminar competencias en una materia, la de protección civil, que el Tribunal Constitucional ha calificado de competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas. Y sí, no creemos en su buena fe en materia de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, y en especial en lo que respecta a Cataluña.

No es necesario que les recuerde la totalidad de las reformas legales llevadas a cabo en esta legislatura, y las que quedan por efectuar, que laminan competencias y vuelven a recentralizar, unificar y homogeneizar. Tampoco es necesario que les recuerde los continuos conflictos de competencia, la interposición de recursos de inconstitucionalidad del Gobierno del Estado español contra leyes del Parlament de Catalunya y la suspensión de su aplicación, sin tener en cuenta que muchas de ellas afectan a los ciudadanos y a sus derechos básicos y esenciales, así como contraactuaciones de la Generalitat de Catalunya. Una prueba de la voluntad laminadora que, a criterio de esta senadora, está presente en la ley es que el proyecto procura no mencionar —pasa de puntillas sobre ellas— las competencias municipales de los alcaldes. El proyecto de ley confiere un papel preponderante a los delegados de Gobierno para que puedan instar al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional, relegando con ello y menospreciando las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios. Y ahora sí: díganme que el presente proyecto de ley no tiene una voluntad expansiva de las competencias del Estado y que no pretende laminar las competencias de la Generalitat de Catalunya, que —lo recuerdo— tiene en exclusiva.

Como decía, el Tribunal Constitucional avaló dicha competencia exclusiva, sin embargo, del proyecto de ley se desprende la centralización de recursos humanos y materiales de las comunidades autónomas al amparo de esa pretendida necesidad de coordinación. Es evidente, y así lo hemos entendido en Esquerra Republicana, que la finalidad no es otra que fiscalizar la actuación de la Generalitat de Catalunya. Pretenden que la Comisión Nacional de Protección Civil, además de homologar con posterioridad los planes autonómicos, también realice un control previo. Coordinación, viniendo de ustedes, ya sabemos qué quiere decir, y Esquerra Republicana así lo entiende al leer y estudiar este proyecto de ley. Al mismo tiempo, el proyecto supone una militarización de los servicios de emergencia, aumenta el ámbito de actuación de la Unidad Militar de Emergencia, y de nuevo deja de lado a los profesionales, es más, obvia la categoría de bombers forestals, y deja excesivamente en manos del voluntariado la protección civil.

Por estos motivos, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado un veto a este proyecto de ley y solicita que el resto de grupos parlamentarios lo voten favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Nuestro veto también entiende, como acaba de expresar la senadora Capella, que este proyecto de ley no era en ningún caso imprescindible. Y no lo era, en primer lugar, porque su contenido no supone un cuestionamiento del modelo diseñado por la Ley 2/1985, de protección civil; por tanto, podríamos seguir rigiéndonos por esta norma sin necesidad de una apuesta por innovar que no avanza suficientemente en la coordinación de los diferentes departamentos de la Administración General del Estado —en esta materia tienen competencia cinco ministerios y diferentes institutos y agencias—. Y, en segundo lugar, en el fondo parece responder a una especie de repentina conciencia de que a lo largo de estos veinte años —desde 1985 hasta aquí— la Administración General del Estado no ha realizado un desarrollo de esta ley mientras que, sin embargo, las comunidades autónomas la han desarrollado a partir de sus competencias en la materia. Y se me encendió la bombilla: como respuesta a este repentino conocimiento del vacío en la actividad de desarrollo surge este proyecto de ley, que, es cierto, en algunos casos puede entrar en las competencias que han ido concretando las comunidades autónomas en esta materia.

Tampoco es fácil entender, una vez que se toma la decisión de elaborar un proyecto de ley en materia de protección civil, por qué no se aprovechó, por una parte, para incorporar la terminología y las definiciones adoptadas internacionalmente en el seno de la Estrategia para la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas y, por otra, para regular, contemplar las diferentes innovaciones de perspectiva tecnológica que se han producido en estos veinte años y que tienen influencia y traslación en el ámbito de la protección civil. Por ejemplo, no hay ninguna referencia en el proyecto a la red de emergencia Remer, formada por unos 4000 colaboradores que ponen al servicio de la protección civil sus instalaciones móviles y portátiles. Creemos que este vacío no está justificado en ningún caso.

Igualmente, están ausentes del proyecto —únicamente hay una referencia en una disposición adicional— los voluntarios de protección civil, otra de las novedades que podemos ver en relación con la Ley de 1985, y es que en las corporaciones locales y comunidades autónomas durante estos veinte años se han ido desarrollando, configurando e impulsando agrupaciones de voluntarios de protección civil. Y pudimos ver la importancia de la tarea del voluntariado en la catástrofe del Prestige, cuando más de 65 000 personas de toda España y Europa acudieron para combatir las consecuencias del hundimiento del buque y por la presencia de chapapote en las costas y playas. Y es más necesario todavía detenerse en la regulación de los voluntarios de protección civil precisamente a partir de esa experiencia, porque una de las consecuencias de la intervención de ese grupo tan numeroso, de decenas de miles de voluntarios, es la posible repercusión que en su salud haya tenido la retirada del chapapote. Así, hay diferentes estudios, uno de ellos, de la Unidad de Toxicología de la Universidad da Coruña, conjuntamente con el Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, que constatan riesgos para la salud de esos voluntarios, fundamentalmente porque el contacto con el chapapote puede haber generado alteraciones en el ADN. Por tanto, no detenerse a analizar el papel de los voluntarios y las responsabilidades y consecuencias que se pueden derivar de su intervención en una situación de emergencia es otro de los grandes vacíos de este proyecto de ley. Y resulta llamativo que el texto hable de los riesgos para las personas, los bienes y las infraestructuras, pero ignore otros, por ejemplo, los riesgos contra el medioambiente, que en las catástrofes más señaladas de los últimos años ha sido precisamente el fundamental damnificado.

Tampoco preocupó a los redactores la incorporación de las novedades tecnológicas a las que he hecho referencia en materia de conocimiento y gestión de riesgos. Ni la necesidad de unificar códigos de señales de riesgos, lo cual dificulta la coordinación de las respuestas en situaciones de catástrofe. Y también se olvidan —es otro vacío— las competencias municipales en la materia.

Tras treinta años desde la configuración de las comunidades autónomas, como apuntaba al principio de mi intervención, estas han ido articulando sus sistemas de protección civil, en algunos casos precisamente ante la inacción de la Administración General del Estado. Y con este proyecto, y bajo el paraguas de la figura de la emergencia de interés nacional y la presencia como director operativo de la Unidad Militar de Emergencias, entendemos que se interviene de forma directa sobre ese desarrollo a través de los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas, que ha permitido que durante la vigencia de la Ley de 1985 hubiera una respuesta comprometida de las administraciones locales y autonómicas, y en algunos casos junto a la Administración General del Estado, ante las situaciones de emergencia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, quiero empezar, una vez más, diciendo que se acaba la legislatura y no habremos reformado el Senado; y eso no tiene ningún tipo de justificación. Esto es una vergüenza. Y lo peor de todo es que en los próximos programas electorales todos vamos a poner: hay que reformar el Senado. ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo vamos a justificar que durante cuatro años no hayamos sido capaces de reformar esta Cámara?

Las razones del veto que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds son varias. No me voy a explayar en las competenciales, aunque quiero manifestar la alarma, la vigilancia que vamos a tener respecto de que determinado tipo de desarrollo o interpretación de los contenidos de este proyecto de ley pueda laminar o invadir competencias claras y exclusivas de la Generalitat de Catalunya.

Aparcando el tema competencial, y entrando ya en el desarrollo de la ley, quiero empezar diciendo que la ley que ahora debatimos y que se aprobará no representa ningún salto cualitativo con respecto a la anterior, de 1985. Es una ley que se centra más en la seguridad que en la coordinación, que es la base de la protección civil. Se dejan al margen aspectos que hoy en día son punteros y que ya están siendo incorporados en las normativas de protección civil de muchos países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o Italia, y que se pueden resumir en los siguientes puntos. Uno de ellos es que no se racionalizan las competencias en materia de protección civil en la Administración General del Estado. Actualmente, las competencias de protección civil se comparten por cinco ministerios y las comunidades autónomas que también cuentan con sus propios departamentos de seguridad y protección civil. Así, en la Administración General del Estado participan en cuestiones de protección civil Presidencia del Gobierno, Interior, Administraciones Públicas, Defensa y Fomento. Frente a esta estructura tan atomizada, pensamos que sería mucho más razonable imitar el modelo italiano: que la Dirección General de Protección Civil no dependiera de Interior sino de Presidencia del Gobierno, para así poder coordinar con autoridad y eficacia toda la acción que compromete la protección civil por parte de la Administración General del Estado.

Por otro lado, no se entiende cómo no se ha recurrido —antes lo decía el senador Iglesias— a las definiciones adoptadas internacionalmente; hay una especie de afán definitorio por parte del Gobierno que no se ajusta a definiciones mucho más exactas, mucho mejores, existentes a nivel internacional.

También el senador Iglesias ha hecho referencia a que no hay ninguna mención a la red de emergencia Remer. Hay enmiendas que se han presentado en relación con esta cuestión que no entiendo que no sean aceptadas, y en un buen trabajo legislativo no es excusa decir: no, es que no queremos que la ley vuelva al Congreso, queremos sea aprobada ya. Este es un aspecto concreto, claro y positivo que, como digo, se ha reflejado en enmiendas de diferentes grupos.

Hay una escasa referencia a los voluntarios de protección civil. Y también se da escasa importancia, como hacía referencia el senador Iglesias, a la protección del medioambiente.

Y quisiera entrar en una cuestión nueva que tiene relación con el artículo 5. Me refiero a quién tiene derecho o no a ser protegido. El artículo 5 indica que tienen derecho a gozar de la protección civil todos los residentes en el Estado español, pero la realidad es que el esfuerzo dedicado a las políticas, estrategias y acciones concretas de protección civil ya no solo se dirige a los residentes del Estado español, y pongo como ejemplo más concreto y cotidiano el de la inmigración irregular en pateras. Esas personas ¿tienen o no tienen derecho? Creo, pues, que habría que modificar el artículo 5 e incorporar un aspecto que esta ley olvida, una catástrofe humanitaria cotidiana que vive Europa, y particularmente España: la inmigración irregular, especialmente en todo lo que afecta a las pateras.

Otro aspecto es el de la modernización y la incorporación de las innovaciones tecnológicas. Y tampoco se marcan las pautas de futuro para unificar códigos de señales para todo el territorio estatal.

Una cuestión relevante —para nosotros la única salvable— es el dedicado al fondo de prevención; y, como en otras leyes, no se plantea un fondo de prevención, para luego hacer una acotación diciendo que esto no generará ningún tipo de gasto. Es un oxímoron. Si hay un fondo de prevención, evidentemente habrá gasto. Por tanto, estas coletillas, que imagino que son del señor Montoro, no tienen ningún tipo de sentido.

Por todas estas razones, el senador Saura y yo hemos presentado este veto, insistiendo en que habrá que estar muy atentos, especialmente los gobiernos y Parlamentos de las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en materia de protección civil, para que el desarrollo de este proyecto de ley, los decretos leyes que quedan pendientes y están comprometidos con esta ley y los futuros reglamentos no invadan las competencias de estas comunidades autónomas.

Ya anuncio que vamos a votar a favor del resto de los vetos y solicito el voto a favor de este.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa… (Pausa).

Si no se procediera a su defensa, el veto decaería. (La señora Iparragirre Bemposta pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Disculpe, presidente. Buenos días. Intervengo únicamente para darlo por defendido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En las semanas que la ley lleva en esta Cámara, en su momento se retiró un veto del Grupo Catalán en el Senado; y en el caso de este último, la senadora lo ha dado por defendido, pero, por las conversaciones que he tenido con el señor Anasagasti, no sé él si pretendía darlo por decaído. En cualquier caso, vamos a hacer una referencia a todos ellos.

Señorías, estamos hoy con la ley que cierra el círculo al que me refería ayer, de renovación de toda la legislación relacionada con interior. Es precisamente esta ley, la de protección civil, la que cierra el círculo, una ley necesaria, pese a lo que se ha dicho aquí —voy a tratarlo de forma ligera, pero creo que es necesario que se trate—. Y les voy a decir por qué. Los senadores que han intervenido han cuestionado la necesidad de esta ley. Pues bien, la anterior ley se hizo en el año 1985, en la época de los pioneros de la protección civil, con Pilar Bravo a la cabeza —algunas de sus señorías, que en aquel entonces eran ya parlamentarios, lo recordarán—. Y desde entonces, reconociendo el mérito que tuvo la elaboración de esta ley, que ha sido útil hasta hoy, ha llovido mucho. Fíjense en lo que ha variado el sistema competencial de las comunidades autónomas. Fíjense en la cantidad de nuevas competencias asumidas por los gobiernos de las distintas comunidades. Fíjense en el nuevo número de instrumentos, potentes instrumentos, que se han puesto a disposición de la protección civil, como los centros de emergencia 112 o los nuevos sistemas de predicción de catástrofes. En definitiva, la situación de la España del siglo XXI, con esas nuevas y potentes herramientas, entre las que también se encuentra la Unidad Militar de Emergencias, no hacía recomendable dejar pasar el momento para realizar esta modificación de la ley, para traer a esta Cámara esta nueva ley, que, por cierto, no es improvisada, señorías. Y aprovecho también para responder a esta cuestión.

En una labor de coordinación y de trabajo en equipo —creo que es de destacar— entre los gobiernos de las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ya en la anterior legislatura, con el Gobierno socialista, se empezó a trabajar en la ley y se llegó a elaborar un proyecto de ley que ha servido en buena medida de base para el que ahora traemos aquí, con un ejemplar trabajo —repito— de gobiernos de comunidades y del Gobierno de la nación. Desde el primer día, el proyecto que comenzó en la dirección general con el Gobierno socialista, con Pilar Bravo, ha servido de base para el que hoy traemos aquí. Con la misma coordinación. Se han incorporado al texto que el Gobierno envió al Parlamento numerosas sugerencias y propuestas de todas las comunidades, de las que destaco las de dos: las de la Generalitat, que incorpora 35 propuestas, que van desde el título preliminar hasta la disposición adicional final, y las del Gobierno vasco, que no han llegado a 35 —creo que eran 25 propuestas—, y que, como digo, también hemos incorporado al texto de este proyecto. Con esto quiero decirles, señorías, que ni es una improvisación de este Gobierno —como aquí se ha dicho— ni es algo que no venga precedido de un trabajo previo de elaboración importante.

Cuando me tocó defender este proyecto de ley, a la vista de su objeto —no nos olvidemos de que estamos hablando de la defensa de la vida y de los bienes de las personas en los casos de catástrofes y emergencias—, no me podía imaginar que me iba a encontrar en la Cámara con cinco vetos. Y al analizar con el resto de compañeros de mi grupo en qué se basan esos vetos a lo mejor encontramos alguna de las justificaciones que a continuación voy a intentar rebatir, partiendo de una base, señorías —y ustedes conocen muchas de mis intervenciones desde esta tribuna—: del profundo respeto que me merecen todas las opiniones, incluso aquellas que no puedo compartir ni de lejos.

Empezaré por el señor Iglesias, a quien, por cierto, le voy a pedir que me permita hacer una reflexión que, aunque es personal, creo que recoge el sentir de mi grupo.

Senador Iglesias, estos días, cuando me he acercado a hablar con usted de la ley, me decía que no sabía si llegaría a este Pleno, pero que, en cualquier caso, le quedaba este Pleno y otro. Y aprovechando que probablemente sea la última vez que debatimos, quiero decirle que para mí ha sido un auténtico orgullo debatir con usted. Creo que parlamentarios con el talante que usted ha demostrado en esta Cámara y con la carga generosa de trabajo que ha llevado engrandecen el parlamentarismo y por eso este senador que les habla lamenta profundamente el que usted vaya a dejar de ser compañero nuestro aquí.

Hecha esta referencia de tipo personal que creo que es de justicia y que comparte mi grupo, sí le tengo que hacer alguna consideración en cuanto a lo que usted nos ha planteado hoy.

Ha hablado —y en esto coincide con la senadora Capella, que se empeña en ser un verso libre y a mí me gustaría que en este caso dejara de serlo y pasase a este lado de la votación— del tema competencial, como también lo ha hecho el señor Guillot y estoy seguro de que al señor Sendra le hubiera gustado ocupar la tribuna para darnos un toque en la materia competencial y lo hará en el momento que pueda. Pero hay dos cuestiones que deben quedar hoy muy claras porque este Gobierno, y todo el equipo que ha estado detrás de él en la elaboración del proyecto —entre los cuales se encuentran representantes de los gobiernos autónomos, como he dicho—, ha tenido un escrupuloso respeto, escrupuloso respeto —quiero remarcarlo— con el sistema competencial de que gozamos en España.

Voy a hacer dos referencias muy breves. En primer lugar, creo que todos estaremos de acuerdo en el respeto que nos merece la Constitución globalmente y su artículo 149, que se refiere a la política de seguridad pública; pues bien, este artículo, que es en el que se basan y se sustentan las competencias en materia de protección civil que se otorgan al Estado, es, repito, respetado escrupulosamente. Pero también está la segunda parte, la segunda referencia que les quiero hacer, que es la doctrina del Tribunal Constitucional. Me voy a referir muy brevemente a dos sentencias, una del año 1984 y otra del año 1990, que fundamentalmente lo que hacen es avalar todo el sistema competencial que consagraba la ley anterior que ahora reformamos, y que como no varía en esta avalan también el reparto competencial que se hace en esta ley que vamos a aprobar hoy. Por lo tanto, señorías, por una parte, respeto a la Constitución; por otra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala el reparto competencial que esta ley consagra.

Dicho esto, habría que entrar a matizar algunas de las cosas que ha dicho el señor Guillot. Ustedes admiten en relación con el artículo 149 tres casos en los que el Estado es plenamente competente: estados de alarma y excepción, carácter supraterritorial de la emergencia y dirección nacional en el caso de que la envergadura de la emergencia así lo requiera. Pero es que las sentencias del Tribunal Constitucional, señor Guillot, aparte de eso dicen claramente que no se puede privar al Estado de esa capacidad de organización, de planificación y de coordinación en cualquiera de los demás casos que se planteen en esta materia. Por tanto, señorías, creo que debieran ustedes seguir —como ha dicho usted— atentos al respeto que desde Madrid se va a observar en este reparto competencial en el uso de estas competencias. Me parece muy bien que ustedes estén atentos y que estén vigilantes porque es su obligación, pero debieran despejar cualquier duda que tengan sobre la escrupulosidad con que esto ha sido tratado.

En relación con otras cuestiones, estamos hablando de un sistema, el que nos dimos desde la aprobación de la Constitución de 1978, que fue imaginativo y que resolvió un problema histórico a través de una organización del Estado compleja, pero a la vez hay que poner un cierto orden en esta complejidad cuando se habla de protección civil. Y, señor Iglesias, usted dice en el texto de su veto que hay una especie de caos competencial; precisamente lo que hace la ley es crear un sistema que organice ese aparente caos. Fíjense que aquí están conviviendo competencias autonómicas, competencias del Estado y competencias municipales, y lo que hace el sistema nacional de protección civil que vamos a aprobar es, precisamente, a través de una organización que yo creo que es casi perfecta, poner en orden esas competencias y establecer unas formas de trabajo que puedan hacer eficaz la respuesta que el Estado y demás administraciones den de cara al planteamiento de una catástrofe o que una catástrofe pueda ponernos encima de la mesa. No hay recentralización: la planificación, como digo, está avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional, la participación de las administraciones se hace bajo el principio de la colaboración y la subsidiariedad y, por lo tanto, no hay justificación para que ustedes sigan teniendo esas dudas que les empujan a mantener unos vetos, desde mi punto de vista, injustificados, señorías.

Señor Iglesias, no es un caos, sino al contrario, es un sistema eficaz que utilizará a partir de este momento las potentes y poderosas herramientas que hoy día la técnica ha puesto a disposición de la protección civil. Por lo tanto, yo les pediría que reflexionasen sobre estos extremos y pudiéramos llegar todavía a un acuerdo para que esta ley salga del Senado con el mayor apoyo posible. Les repito, estamos hablando de salvar vidas y salvar bienes en momentos de catástrofe, y cuando se produce una catástrofe como un incendio, señor Guillot —como sabe el señor Saura, su compañero de escaño, que ha sido responsable de Interior en el Gobierno de la Generalitat—, un incendio no respeta ni competencias, ni respeta fronteras, ni sabe de qué color son los camiones de los bomberos que acuden a apagarlo, y de eso estamos hablando hoy aquí.

Por lo tanto, despejemos un poco y quitémonos esos prejuicios que tenemos siempre en relación con la legislación que viene a esta Cámara y que pueden ser justificados en algunos casos, pero no lo es, créanme, en el caso de la protección civil. Yo les invito una vez más a que analicen estas cuestiones de fondo que ustedes nos plantean, mi compañero Alfredo González Torres les va a responder a aquellas cuestiones no de menor entidad, sino que han presentado en forma de enmiendas parciales y que van a tener cumplida respuesta a todas ellas.

Pero fíjense, señorías, solamente un apunte que ustedes han hecho: el tema de los voluntarios. Pues bien, a los voluntarios no solo no se les ignora, como alguien ha dicho en la tribuna, sino que, muy al contrario, hay un artículo específico para consagrar la importante labor que los voluntarios hacen en protección civil. Pero esto no nos debe hacer olvidar una cuestión, señorías. ¿Son importantes los voluntarios? Sí, pero en el siglo XXI yo quiero que algo tan importante como es esta materia no solamente esté en manos de voluntarios, sino que esté en manos de auténticos profesionales; de ahí que la especialización también deba llegar a la protección civil, que es lo que nosotros defendemos.

Termino, señorías. Considero que les damos cumplida respuesta a lo que plantean como cuestiones de fondo, que las enmiendas que han planteado —y que, repito, ahora van a tener cumplida respuesta también— no justifican la devolución de un proyecto necesario, de un proyecto trabajado y de un proyecto pactado con las propias comunidades autónomas y, por lo tanto, les pido un ejercicio de generosidad y que esta ley, por la importancia que tiene y por el objeto de la misma, pueda salir de la Cámara con el mayor apoyo posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Mantendremos el veto por coherencia, porque la fuerza de los hechos y de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado español apuntan a que coordinación en boca del Partido Popular es recentralización y, en consecuencia, porque entendemos que esta ley pone en valor la fiscalización y la pérdida de competencias de la Generalitat de Catalunya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré desde el escaño, si me lo permite, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer las amables palabras del señor Aznar. Como todos ustedes, yo me he limitado a cumplir las obligaciones que se derivan de este cargo, insisto, como todos y cada uno de ustedes.

En relación con el veto, tengo que decir que reconozco —y además lo expresé en mi primera intervención— que la coordinación en esta materia es clave y precisamente una de las motivaciones del veto está en que se queda corta en algunas materias la apuesta por la coordinación que se contiene en este proyecto de ley y que además resulta muy difícil establecer esa coordinación si se ignoran ámbitos competenciales y de actuación como es el municipal, al que no se le da el relieve y trascendencia que tiene en la vida cotidiana y en las posibilidades de una catástrofe, sea esta grande, mediana o pequeña.

Por otro lado, el que se haga una referencia al voluntariado en ningún caso cubre las necesidades de regulación que demanda esta materia en concreto. Yo le citaba antes el ejemplo del Prestige, pero en cualquier gran catástrofe —aunque también estoy de acuerdo en que la estructura básica de la protección civil ha de ser una estructura profesionalizada, porque es lo que garantiza una intervención eficaz, porque es lo que garantiza el conocimiento en tiempo real de las innovaciones y cambios que se hayan podido producir en este ámbito competencial— es imprescindible la colaboración de un grupo numeroso de voluntarios y es imprescindible tener una regulación amplia de cuál ha de ser el grado de involucración de esos voluntarios, de cuál ha de ser su papel en la jerarquía —porque es verdad que en el ámbito de protección civil es imprescindible establecer una jerarquía también— y cuáles son las responsabilidades de las administraciones en relación con esos voluntarios. Y el que la ley no se detenga en algo que no es anecdótico —antes daba el dato: 65 000 voluntarios intervinieron en la catástrofe del Prestige— nos parece que es dejar sin resolver una de las cuestiones básicas y fundamentales en materia de protección.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Mi compañera, la senadora Iparragirre, ha dado por defendido, lógicamente, nuestro veto —yo estaba despistado en uno de los pasillos hablando con una persona de las vacaciones en Donosti—, pero nosotros lo seguimos manteniendo, y eso que lo hemos reflexionado muchas veces.

Ya sé que el senador Luis Aznar está abanderando esta cuestión y así lo ha dicho reiteradamente —porque no podemos olvidar que el senador Aznar es senador del Partido Popular, pero proviene de UCD, aquella UCD con la que se pactó el Estado autonómico—, sin embargo nosotros tenemos que hacer muchísimo hincapié en algo que para nosotros, como grupo parlamentario y en representación de Euskadi, es muy importante: que no hay ninguna referencia constitucional a la protección civil en la Constitución, señor Aznar, y, por tanto, en el Título VIII no se produce una distribución de competencias específicas en esta materia, pero sí se hace en el ámbito de los estatutos de autonomía.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco concede competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de protección de la seguridad de las personas y los bienes —competencia exclusivas— y usted habla, lógicamente, de coordinación. Nosotros estamos de acuerdo con una coordinación porque las tragedias, desgraciadamente, no son locales, sino que tienen muchísimas causas, pero no una coordinación militar y no una coordinación impuesta y no una coordinación sin tener en cuenta algo tan sustancial como las competencias exclusivas de un estatuto de autonomía. Como ha dicho la senadora Capella, estamos de nuevo ante una política de recentralización continua y a eso es a lo que nosotros nos negamos. Por eso, hemos presentado este veto.

Señor Aznar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, que derogan ahora ustedes, llegó a respetar este título habilitante de las competencias autonómicas del País Vasco que hace referencia no solo a la actuación de un cuerpo integral de policía, a la Ertzaintza, sino a las competencias en materia de protección civil de un departamento del Gobierno vasco, el departamento de Interior. Sin embargo, ¿con que nos encontramos ahora aquí con este proyecto de ley? Nos encontramos con otro hijo de la CORA, de la bendita CORA —cada vez se parece más al Corán que a la CORA— y todos los hijos de la CORA, todas las reformas estructurales que dimanan de la CORA producen un mordisco relevante a la estructura autonómica del Estado español. Y en este caso no podía ser de otra manera porque, para empezar, en la exposición de motivos se introduce sutilmente una amplificación de las competencias del Estado, que no estaban previstas en la Ley del año 1985 pero que, por mor de la modernidad, se ha llegado a decir: Y de la actualización necesaria de esta ley se incorporarán ahora. Porque la exposición de motivos establece que a los procesos ya consolidados del ciclo de emergencia, previsión, prevención, planificación, intervención y recuperación se incorpora el de la coordinación, pero una coordinación impuesta, no una coordinación lógica, que tiene que existir; vuelvo a repetir, nosotros estamos a favor de la coordinación, pero no de la coordinación como ustedes la plantean.

Cuando ustedes utilizan la palabra coordinación todos entendemos a qué se están refiriendo: coordinación significa vulneración de las competencias autonómicas donde están reconocidas; coordinación, en definitiva, supone lo que explicitamos en nuestro veto, en nuestra enmienda a la totalidad: que es una proyección amplificatoria in extenso de las competencias que le corresponden. Y no vamos a refutar la declaración del estado de alarma y de sitio, que les corresponden, ya lo sabemos —siempre esperamos que se haga un uso prudente y restrictivo de estas facultades gubernamentales—, pero no ocurre así en las de protección civil. Ya la Ley del año 1985 atribuía al Estado competencias en materia de protección civil en estos ámbitos, menos en el de la coordinación, que es una novedad que ustedes incorporan ahora en las emergencias de carácter suprautonómico o en las emergencias de carácter nacional. Mediante este mecanismo de la coordinación ustedes penetran en todas las posibilidades de actuación en el ámbito de la configuración de los mecanismos de protección civil, todos ellos mediante la incorporación de los recursos humanos y materiales que corresponden a su exclusiva competencia, vaciando de forma correlativa las competencias autonómicas, hasta ahora respetadas por la Ley de 1985, en materia de protección de la seguridad de las personas y de los bienes.

Pero no queda aquí la cosa, otro perfil de las hijas de la CORA, que van mordiendo al Estado autonómico mediante un proceso de recentralización que cada vez nos preocupa más, hasta el punto de que algunos grupos parlamentarios estamos pensando en mecanismos de coordinación entre nosotros para resistir la permanente recentralización o rescate de competencias, y es que ustedes en la exposición de motivos ya establecen que la intervención operativa del Estado se centra, sobre todo, conforme a la doctrina constitucional. Pero no se nos hable de una doctrina constitucional uniforme porque la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, primero, es corta y, segundo, es fluctuante, no siempre ha dicho las mismas cosas el Tribunal Constitucional. En los casos de emergencia de interés nacional, además, se deben reforzar las facultades directivas y de coordinación del Ministerio del Interior y el deber de colaboración de todas las administraciones que cuenten con recursos movilizables; a su vez, la ley impone al Estado la obligación de poner a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales los recursos humanos y materiales necesarios. La expresión relevante aquí es que la intervención operativa del Estado no se vincula a su habilitación competencial, sino que se adecúa —y esta es la expresión que nos preocupa— a la eventualidad de que incluso en competencias no propias, mediante la utilización de la expresión sobre todo, no en todos los casos, ni en todas las ocasiones, ni en todas las emergencias, cualquiera que sea su naturaleza, autonómica, suprautonómica o nacional, ustedes pueden intervenir mediante un mecanismo que podríamos denominar de actuación absolutamente discrecional. Y por eso hemos presentado el veto, por la discrecionalidad con la que ustedes plantean este proyecto de ley.

Y en relación con las definiciones, que antes eran objeto de regulación estatal o autonómica en virtud de títulos habilitantes que están en leyes propias y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que para estas definiciones también habilitaba a las comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia, ustedes en el artículo del proyecto de ley lo definen todo: definen el concepto de peligro, definen el concepto de vulnerabilidad, definen el concepto de amenaza, lo definen en exclusiva, no admiten que estas definiciones alternativamente puedan ser acometidas por la normativa autonómica. Definen el concepto de riesgo, definen el concepto de emergencia de protección de civil, definen el concepto de catástrofe y definen el concepto de servicios esenciales. Se atribuyen la definición de los servicios esenciales para la penetración competencial en cualquier tipo de emergencia, cualquiera que sea su naturaleza o ámbito, ya sea autonómico, suprautonómico, donde la competencia sí les correspondería en virtud de la jurisprudencia constitucional —ya ve que nosotros reconocemos sus competencias, pero ustedes no reconocen las competencias estatutarias—. Por cierto, el concepto nacional resulta un tanto deletéreo y no sería malo concretarlo un poco mejor.

Seguimos analizando el proyecto de ley y seguimos con las definiciones. La definición del título II en relación con la anticipación: nos imaginamos que sería fácil que concertásemos la noción de que la anticipación se podrá hacer en el ámbito autonómico en el caso de emergencias autonómicas, o en el ámbito estatal en el caso de las emergencias supraautonómicas o estatales o nacionales, pues no es así. Ustedes crean la red nacional de información sobre protección civil, donde también de forma exhaustiva y expropiando las competencias autonómicas lo definen todo: definen la red nacional de información sobre protección civil, la configuran, la crean; definen la recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a la información sobre los riesgos de emergencia cualquiera que sea la naturaleza de la emergencia, vulnerando y vaciando las competencias autonómicas absolutamente, asegurando el intercambio de información en todas las actuaciones de este título. Una red que contendrá nada menos que un mapa nacional de riesgos de protección civil; los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil —materias en las que también prescinde de las competencias autonómicas—; el riesgo informatizado de los planes de protección civil, que los integrarán en todos los términos que en la reglamentación se establezca; se habilita la reglamentación para amplificar la competencia del Estado, por si no fuera suficiente la expoliación competencial que se realiza en la propia ley; los catálogos de recursos movilizables;



el registro nacional único de datos sobre emergencias y catástrofes, una clausula abierta, por si no fuera suficiente con lo anterior, para comprometer la competencia autonómica, y cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de las emergencias.

¡Qué más quieren que les diga en cuanto al respeto de los títulos competenciales que, teóricamente, ustedes vinculan a la jurisprudencia constitucional! Jurisprudencia constitucional que no existe en estos términos, no habilita al Gobierno para llegar a un nivel de regulación tan pormenorizado y tan expoliador de las competencias autonómicas, por lo menos en el ámbito de las emergencias que ocurren en las comunidades autónomas. Por si fuera poco, se crea un fondo de prevención de emergencias, que está muy bien, pero no solo se crea el fondo y las disponibilidades presupuestarias necesarias —lo cual no es malo, y podríamos hablar también en este caso del concierto económico y de cómo se articulan los flujos financieros en relación con la creación de ese fondo—, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en el ámbito del fondo de prevención de emergencias definen los análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, los mapas de riesgo de protección civil, los programas de sensibilización e información preventiva de los ciudadanos y los programas de educación para la prevención en centros escolares —materia educativa que han ubicado aquí pero que pertenece a una competencia en materia de educación, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas respetando las bases—. No sé si a este precepto van a conferirle un carácter de precepto básico, pero tendría que hacerse así y aun sería discutible que la competencia fuera de ustedes en materia educativa y en otras actividades de análogo carácter.

Termino, señor presidente. Creo que está claro que nuestro grupo parlamentario está en contra de este proyecto de ley, que mantenemos, lógicamente, el veto y nos desanima que usted, una personalidad fundamentalmente autonómica, esté defendiendo algo tan impresentable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor Aznar, como gesto positivo voy a retirar el veto y espero que ustedes hagan también gestos positivos respecto a las 33 enmiendas que hemos presentado o con la enmienda 142, que se ha presentado por el conjunto de grupos, y no haga cierto aquello de que no van a aceptar ninguna enmienda porque no quieren que esta ley vuelva al Congreso.

En segundo lugar, quiero decirle que vamos a activar un sistema de protección competencial frente a los riesgos, amenazas, peligros y catástrofes que representan las políticas del PP siempre en materia de las competencias recogidas en los actuales estatutos de autonomía.

Por último, usted no me ha contestado a la pregunta que yo le hacía sobre el artículo 5 —¿Quién tiene derecho a la protección civil, solo los residentes del Estado español?—, dada la realidad tan compleja, tan globalizada y tan concreta como la que estamos viviendo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos de acuerdo con la necesidad de sustituir —para mejorarla y modernizarla— la Ley de protección civil del año y creemos que hay algunos elementos positivos en esta de idea de mejora, de actualización y de modernización. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se incorpore el régimen de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que está haciendo una labor excelente, como también estamos de acuerdo con otra novedad, el fondo de prevención, o con un régimen de ayudas en supuestos de catástrofes naturales.

La mayoría de los vetos presentados se han basado fundamentalmente, aunque no solo, en cuestiones competenciales. Y es verdad, como decía el senador Luis Aznar, que tenemos remitirnos básicamente a dos sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido: la 123/1984 y la sentencia 133/1990, en las cuales se reconoce, efectivamente, que hay unas competencias propias del Estado —catástrofes supraterritoriales, cuestiones de interés general, interés nacional, seguridad jurídica—, pero también reconoce, evidentemente, competencias exclusivas de las comunidades autónomas de acuerdo con sus respectivos estatutos. Es decir, nos encontramos ante un claro supuesto de competencias concurrentes, en las que la necesidad de diálogo, de acuerdo, de consenso es absolutamente imprescindible.

En ese sentido, esta ley ha salido del Congreso de los Diputados muy mejorada respecto a cómo entró; esto es así. Es verdad que las alarmas eran enormes cuando entró en el Congreso y las invasiones competenciales, desde nuestro punto de vista, eran evidentes, y eso se resolvió básicamente, de una manera lógica, a través de la creación —nosotros en principio pensábamos que de una conferencia sectorial de protección civil— de un consejo territorial de protección civil. Nos parece que en estos supuestos de competencias concurrentes un organismo de este tipo es fundamental, como lo es —y no inventamos nada— en materia de educación, por ejemplo, o en materia de sanidad, etcétera, en las que también hay organismos de este tipo. Por lo tanto, inicialmente era obvia la vocación recentralizadora de la ley.

Nosotros no hemos presentado veto porque entendemos que los aspectos que todavía pueden ser mejorados lo pueden ser a través de la aceptación de enmiendas, por lo que yo también apelo al Grupo Parlamentario Popular para que repase las enmiendas, porque creemos que hay algunas en concreto que acabarían de reforzar esta idea de resolver de una manera mucho más adecuada la cuestión competencial. De las pocas enmiendas que hemos presentado, si no recuerdo mal creo que son dos las que van en esa línea y podrían ser perfectamente asumibles.

Finalmente, señorías, me quiero referir, porque se ha comentado por parte de más de un interviniente, a los voluntarios —y les hablo desde la perspectiva de que soy miembro de una asociación de voluntarios de protección civil—. Si tenemos en cuenta que normalmente, generalmente, casi siempre, cuando legisla el Partido Popular lo hace con un criterio claro de recentralización —y esto lo hemos visto en muchísimos textos legislativos—, desde nuestro punto de vista es adecuada la referencia que se hace a los voluntarios de protección civil. ¿Por qué? Porque de lo contrario mucho nos tememos que habría habido invasión de competencias, con lo cual ya nos parece bien el texto tal como está. En todo caso, hay que diferenciar entre un voluntario esporádico, que colabora y que hace una labor magnífica en una situación de catástrofe, y un voluntario de protección civil, que —por lo menos en el caso de Cataluña— tiene que pasar un curso básico de protección civil de 15 horas, tiene que hacer un curso de reanimación y tiene unas obligaciones de actuación y de reciclaje anuales que posibilitan que esa persona pueda ser miembro de una asociación de voluntarios de protección civil.

Nosotros nos abstendremos en los vetos. Recuerdo que el senador Guillot ha retirado el suyo y, repito, el conjunto de senadores y senadoras de Entesa nos abstendremos en el resto de vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Intervengo solo para manifestar que nuestro Grupo Parlamentario Convergència i Unió había presentado un veto a esta ley, pero por coherencia con el voto realizado al proyecto de ley en el Congreso lo retiramos y nos vamos a abstener en el resto de los vetos.

En todo caso, sí me gustaría hacerle una apreciación al senador Aznar, que hablaba de la intervención de la Generalitat en la elaboración de esta ley, con tantas y tantas aportaciones. Si tantas y tantas aportaciones ha hecho la Generalitat de Catalunya, si tantas y tantas aportaciones les han aceptado ustedes a la Generalitat de Catalunya, ¿por qué hemos tenido que presentar enmiendas en el Congreso para salvaguardar las competencias con aquella típica expresión de «sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas»? ¿Por qué? La Generalitat habrá hecho las aportaciones que habrá hecho y ustedes habrán aceptado lo que habrán querido, como siempre, pero ha sido necesaria una lucha parlamentaria importante para salvaguardar las competencias autonómicas.

En el turno de portavoces seguiremos hablando.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Por una vez y sin que sirva de precedente, viene una ley de la Comisión de Interior que —tengo que reconocer y no me cuesta hacerlo— ha sido fruto de conversaciones, de acuerdos, de modificaciones sustanciales en el Congreso. Y eso es lo que se debería hacer con las leyes. En ese sentido se ha avanzado positivamente en el desarrollo de esta ley tanto con las comunidades autónomas como con los grupos y también, aunque de una manera todavía un poco modesta, con los municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque hay que reconocer que los municipios tienen un papel importante en esta ley.

Es verdad que nos hubiese gustado —y todavía están a tiempo— avanzar un poco más en la ley, porque su objeto se centra exclusivamente en personas y en bienes, y creo que eso es un poco pobre en este momento; la ley debería abarcar el medioambiente como elemento fundamental, como objeto de protección de la propia ley. Ahora que estamos con la encíclica del papa Francisco sobre el cambio climático, yo sé que tiene más influencia en ustedes que el Grupo Socialista, y podrían hacer un esfuerzo en esa dirección; Rajoy, incluso su primo —este que decía que no producía un impacto negativo en las catástrofes—, podrían hacer caso a estas sugerencias; y no digo nada del ministro del Interior que, como todos sabemos, aunque tiene unas ciertas tendencias al nacionalcatolicismo (Rumores), también podría hacer un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos. (Rumores). No se lo tomen a mal, si es que es verdad. ¿No saben ustedes las condecoraciones que da el ministro del Interior? (Rumores). No se lo tomen a mal. Yo creo que tenemos que avanzar en esta dirección sin ningún tipo de complejo.

Con independencia del afán centralizador o no del Gobierno, los socialistas nos hemos preocupado mucho de que esta ley sea de verdad una ley de coordinación, y por eso presentamos una enmienda —que yo agradezco al Grupo Popular que se aceptase— para la puesta en funcionamiento del Consejo de protección civil. Se trata de una enmienda que da en igualdad de derechos una participación amplia a las comunidades autónomas con presencia de los municipios a través de la FEMP.

Solamente quiero decir algunas cosas que creo que son claves: aprueba las líneas básicas de la Estrategia nacional del sistema de protección civil; informa la norma básica de protección civil; informa los planes estatales, territoriales y especiales; elabora las directrices de evaluación; y algo que para mí es muy importante, se presenta también una memoria anual en el Senado sobre todos estos hechos. Por lo tanto, da un cauce de participación y de diálogo que sin duda ha mejorado y hace que nosotros no estemos en este momento en una posición, digamos, de invasión competencial —ya sabemos las sentencias que tiene el Tribunal Constitucional—, y en ese sentido queremos abordarlo.

La ley está bien, y espero que su ejecución y desarrollo, en el tiempo que les quede, también irá bien, porque me ha preocupado que ustedes digan en la disposición adicional séptima que no se incremente el gasto público; llegan a decir que las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Seguimos teniendo el concepto de que la prevención es un gasto, y no es así, ya que la prevención elimina muchos gastos. Por lo tanto, les aconsejo que no planteen en una ley esa política de austericismo que practican ustedes en casi todo. En este sentido la ley ha supuesto un gran avance. No ha sido así en otras leyes, señor Aznar, a pesar de que usted diga que ha habido una renovación total de la legislación; yo diría que a pesar de muchos ciudadanos, de muchas ONG, de muchos organismos internacionales, de los propios funcionarios, es decir, a pesar de la preocupación general de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré de forma muy breve.

Empezando por el final, señor Cascallana, permítame que yo no comparta su deseo. Ojalá que esto sirva de precedente para futuras leyes, porque, en definitiva, se demuestra claramente que cuando los grupos colaboran, se presentan y se aceptan aportaciones positivas, las leyes mejoran. Y este es el caso. Por eso, yo quiero mostrar mi agradecimiento, no solo al Grupo Socialista, que, evidentemente, ha tenido una participación importante en el resultado final de la ley, sino a otros grupos. Porque, señorías —señores Guillot y Bruguera, a quienes agradezco también el gesto de retirar el veto—, muchas veces ya no es la importancia cuantitativa que tiene la admisión de enmiendas, simplemente que se produzca un debate clarificador como ha sido este y que podamos poner aquí ideas en común mejora la ley.

Creo que los debates que se producen en esta Cámara, con la tranquilidad con la que se suelen producir, mejoran ya de por sí los textos legislativos que aquí nos llegan, y más en este caso con aportaciones que usted ha hecho hoy en relación con el artículo 5, que, sinceramente, no veo la posibilidad de encaje que tienen, pero le pediría que hiciera una interpretación extensiva de la ley, porque en el momento en que hay una vida humana en peligro, esta ley y cualquier ley del Estado español está en la obligación de intentar salvarla. Y es verdad que ahora hay una catástrofe humanitaria que no afecta solo a España, sino que afecta de forma universal a todos los países del primer mundo, que somos los que tenemos la responsabilidad de intentar atajar ese problema; problema al que hay que dar una respuesta contundente no solo a través de la Ley de protección civil, sino desde un foro internacional en el que —estoy de acuerdo con usted— habrá que tomar medidas y, además, urgentes. Pero repito que sus aportaciones, aunque solo sea por las ideas que hoy ha dejado aquí, van a servir, sin duda alguna, para que, una vez que se revisen los diarios de sesiones, se vea cuál es el interés del legislador —y usted es tan legislador como yo— en la elaboración de esta ley, van a servir de pauta, de interpretación para la Ley de protección civil.

Señor Cascallana, echan ustedes en falta —y creo que también lo ha planteado el señor Iglesias— que esté recogido aquí el medioambiente. Pero es que el medioambiente tiene un título competencial propio, tiene una ley propia, por lo que parece innecesario que tenga que tener aquí también un reflejo cuando, repito, es un título competencial propio recogido en todos nuestros textos legislativos. Por lo tanto, sería una redundancia incluirlo aquí.

Y me alegra que haga usted una referencia al Santo Padre, ya que están ustedes dejando el laicismo. Yo veo y compruebo con mis compañeros, sobre todo andaluces, la pelea que hay por las varas en las procesiones de ilustres compañeros suyos, lo cual nos alegra enormemente. (Aplausos).

En este clima distendido, señor Anasagasti, ya me cuesta a mí trabajo creer que usted se distraiga casualmente y esté en el pasillo cuando se está debatiendo aquí un veto que luego sale usted a defender con la contundencia con la que lo hace. Yo, que soy lector habitual de sus libros —como a usted le consta—, creo que tiene muy poco que ver la literatura que usted expresa en los libros con la literatura que luego nos trae aquí y con la que nos ametralla a tal velocidad que casi no hay forma de seguirle. Le pediría que no hiciera una interpretación torticera de la ley como la que está haciendo hoy aquí. ¿Cómo usted, como legislador, puede pedirnos que no hagamos definiciones en la ley? ¿Cómo puede plantear siquiera que la definición, por ejemplo, de riesgo de catástrofe va a ser distinta si la hace el Gobierno o el Parlamento vasco que si la hace esta Cámara? Las definiciones, señoría, son definiciones, como usted, que utiliza el lenguaje cuando quiere de forma magistral, sabe; y da igual que la haga el Gobierno vaso, el catalán o el español. Por tanto, no me diga usted que una ley no necesita definiciones para estar completa, porque eso no es de recibo.

Lamento decirle que en el terreno competencial usted engancha el jumento a la noria para dar vueltas, vueltas y vueltas sin mayor objetivo. Se mete usted en el bucle competencial y de ahí no hay forma de sacarle, pero no aporta una sola idea, porque hemos hablado aquí, y creo que ha quedado suficientemente probado —además el senador Bruguera ha aludido a dos sentencias contundentes del Tribunal Constitucional—, del respeto que hay por las competencias de las comunidades autónomas, y ni el País Vasco ni el Gobierno vasco son ajenos a esta cuestión. El Gobierno vasco tiene unas competencias perfectamente definidas, los ayuntamientos tienen competencias perfectamente definidas y el Gobierno español, este y cualquier otro, tiene unas competencias perfectamente definidas, y a partir de esa afirmación dice usted que admite la coordinación pero no que se la impongan. ¿Pero qué es esto de imponer, señoría? Lo que se hace es recoger en un texto legislativo lo imprescindible que es en esta materia la necesaria coordinación. ¿Es que usted entiende eso como una imposición? Repito, lo que hace es dar vueltas, vueltas y vueltas a la noria para justificar lo injustificable, para justificar ese lloro permanente de que se atacan sus competencias cuando por parte del Gobierno español hay un escrupuloso respeto en ese sentido, algo que hago extensivo a mi querido amigo, el senador Sendra.

Habla usted de coherencia, señoría, cuando en el Congreso de los Diputados aprueban ustedes la ley y aquí, en el Senado, se abstienen. Señoría, seamos coherentes, pero seámoslo en todo momento. ¿Qué ha variado del Congreso aquí para que allí aprueben la ley, y aquí, que ha sido mejorada, se abstengan? Esa coherencia que usted demuestra permanentemente en sus actuaciones es la que le pido que mantengan hoy aquí como grupo. Espero que circunstancias recientes no tengan que ver con el cambio de definición y con el cambio de apoyo. Estoy convencido de que no, y por tanto, apelando a esa coherencia que ustedes defienden y mantienen normalmente, les pido que voten a favor. Otra cosa va a ser muy difícil que nosotros la podamos entender y que ustedes la puedan explicar ahí fuera.

Y termino. Esta es una ley necesaria, una ley que viene a sustituir a otra que ha sido útil, no durante veinte, sino durante treinta años, señorías; una ley que, con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, con las interpretaciones que hoy se han hecho aquí y con las opiniones que se han dado, va a poder tener al menos la misma duración que la que vamos a derogar una vez se apruebe esta.

Por tanto, señorías, muchas gracias a todos por su participación y por el esfuerzo realizado. Espero y deseo que, una vez hablemos de las enmiendas parciales y de que mi compañero les dé cumplida respuesta, podamos contar con el mayor apoyo posible a este texto legislativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto al Proyecto de Ley del sistema nacional de protección civil. La propuesta número 4 de los senadores Guillot y Saura ha sido retirada por el senador Guillot.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 3 de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 7; en contra, 182; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Les recuerdo que la senadora Cunyat no ha ejercido su derecho a la votación telemática.

Votamos la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 1 a 31. La senadora Julios y el senador Quintero han presentado las enmiendas 32 a 43. Disponen de un turno de treinta minutos para repartirse.

Tiene la palabra el senador Iglesias para defender sus enmiendas. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Espere, senador Iglesias. Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo en silencio.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas formuladas por los dos senadores de Coalición Canaria y de forma muy somera paso a exponer las que hemos presentado el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo.

Con la primera enmienda suprimimos en el preámbulo las referencias a la configuración del Centro nacional de seguimiento y coordinación de emergencias de protección civil y las referencias que en él se hacen a los delegados del Gobierno.

Mediante otra enmienda planteamos una reformulación del concepto de protección civil que en el proyecto de ley es calificada como instrumento de seguridad pública. Excluimos el concepto de seguridad pública por entender que no es el más acorde para definir el ámbito de intervención de la protección civil. Se trata de un tema que no es baladí. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No lo es en primer lugar porque, obviamente, la definición del concepto de protección civil acota el ámbito de intervención del proyecto de ley. Pero también es importante, en segundo lugar, porque el concepto con el que se defina la protección civil determina el ámbito competencial y, obviamente, si el concepto de definición parte de la idea de que se conforma la protección civil como un componente de la seguridad pública, el ámbito competencial de la Administración del Estado será superior a si la definición excluye este término.

Planteamos la supresión de las definiciones del artículo 2 por no ser acordes con las de la Estrategia internacional para la reducción de desastres de Naciones Unidas. Creemos que el texto tenía que haber reflejado estas definiciones conforme a la normativa internacional.

Incorporamos el medioambiente como objeto de protección dentro de la protección civil en el artículo 4, por tanto, como objeto de la Estrategia del sistema estatal de protección civil.

Ampliamos el derecho de participación de los ciudadanos en el artículo 7. Imponemos como deber el de contar, antes de iniciar una actividad, con el correspondiente plan de autoprotección y, también, con todos los trabajadores que están vinculados a cualquier tipo de servicio público sea cual sea la relación con la Administración pública, sea por una concesión o sea por configurar una empresa pública. Entendemos que la exigencia del Plan de autoprotección, una vez que el proyecto de ley, a tenor y conforme con otros proyectos de ley anteriores, reduce el ámbito de concesión de licencias de las administraciones públicas y acepta la declaración como elemento que permite el inicio del desarrollo de la actividad, supone una mayor garantía.

En el artículo 14 incorporamos un apartado nuevo para reconocer como planes de protección civil los planes municipales elaborados en desarrollo del Plan territorial de emergencia de las entidades locales. Creemos que este es el ámbito adecuado para definir la participación de los municipios en la protección civil.

En el artículo 18 enmendamos para suprimir el párrafo que faculta al Centro nacional de seguimiento y coordinación de emergencias de protección civil a actuar como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional. Ya en la defensa del veto expresé nuestras reservas frente a este concepto de emergencias de interés nacional.

En el artículo 20 planteamos la introducción de un nuevo apartado para reconocer a los alcaldes de los municipios afectados la facultad de solicitar al Gobierno la creación de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

En el artículo 21 suprimimos la referencia a que los daños cuenten con la cobertura de un seguro, sea este público o privado, como condicionante para recibir las ayudas. Pensamos que el único condicionante para recibir estas ayudas es que los daños se hayan producido como consecuencia de una emergencia reconocida por la Administración pública.

En el artículo 29 establecemos una enmienda para que se reconozca a las comunidades autónomas, y no a los delegados del Gobierno como establece el proyecto, la facultad de solicitar la declaración de emergencia de interés nacional.

En el artículo 30 planteamos que, declarada la emergencia de interés nacional, la dirección operativa no la asuma en solitario el Ministerio del Interior, sino que la comparta con las comunidades autónomas afectadas.

En el artículo 37 establecemos la supresión del párrafo que otorga a la Unidad Militar de Emergencia la dirección operativa en caso de emergencia de interés nacional.

En el artículo 40 enmendamos para que en los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil deban participar —el proyecto establece la opción de participar y nosotros establecemos que resulte preceptivo— los representantes de la Administración General del Estado.

Y, finalmente, a través de otra enmienda, introducimos una nueva disposición adicional definiendo el papel de las diputaciones provinciales que tienen un ámbito de intervención relevante en sustitución de los ámbitos competenciales de los municipios cuando estos no dispongan de medios adecuados.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 92 a 136.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Aznar, aunque usted no lo crea, estaba en el pasillo hablando de la capitalidad cultural de Donosti el año que viene; le invito a que vaya y que lo pase bien, y esperemos que no haya ningún tipo de catástrofe natural, como va a ocurrir dentro de una hora cuando voten ustedes en contra de nuestras 44 enmiendas, que ahora están vivas y dentro de poco estarán muertas.

Ha dicho usted en su intervención que nosotros uncimos el jumento a la noria y venga a darle vueltas al bucle competencial. Pues claro, lógico, defendemos el Estatuto de Autonomía de Gernika y lo seguiremos defendiendo, somos como D?Artagnan y no toleramos que se toque de esa manera tan burda un estatuto que es ley orgánica; no olvidemos que los estatutos son ley orgánica y son Estado, y sabemos que a usted le dan el dedo y se queda uno como Blas de Lezo.

Por tanto, preferimos mantener nuestra posición de una manera muy clara. Y fíjese, no vamos a defender nuestras 44 enmiendas, aunque estamos en el turno de defensa de las enmiendas. Vuelvo a repetir que nuestra posición para votar en contra de este proyecto de ley se basa en dos criterios fundamentales. Hemos presentado un veto, que acabamos de defender, con un éxito que ya sabemos cuál ha sido, y también estas 44 enmiendas, ninguna de las cuales ha sido aceptada, a pesar de los esfuerzos del senador Rabanera, que ayer vino con una corbata de cazador y hoy viene sin corbata, para intentar que entráramos en razón; pues bien, seguimos defendiendo que la razón por la cual hemos presentado estas enmiendas está sustentada en los mismos criterios en los que basábamos nuestra enmienda a la totalidad. Hay una razón fundamental y básica, y es que este proyecto de ley se salta todos los preceptos que en cuanto a ámbito competencial marca no solamente el Estatuto de Autonomía del País Vasco, sino incluso la propia Constitución.

Una vez analizado el proyecto y el esquema del reparto competencial en materia de protección civil, hemos presentado la enmienda a la totalidad porque buena parte del proyecto de ley muestra una clara vocación centralizadora, establece un nuevo marco normativo en materia de protección civil y deroga expresamente para ello la Ley 2/1985, hasta ahora vigente, y que incluso era más acorde con la estructura territorial existente.

Por otra parte, el alcance de la competencia estatal en protección civil y gestión de emergencias en este proyecto de ley resulta excesivo, en perjuicio de las competencias autonómicas. El proyecto de ley amplía el alcance de la competencia estatal, asumiendo no solo facultades de planificación de ámbito estatal, sino también la coordinación de todas las planificaciones territoriales, incluso competencias directas de ejecución, más allá de los supuestos de emergencias de interés nacional y efectos suprautonómicos.

Por tanto, el proyecto de ley convierte de hecho una facultad coordinadora estatal para las emergencias que no sean de interés nacional automáticamente en una competencia exclusiva del Estado para cuando lo estime necesario, o sin más, atribuirse la dirección ejecutiva de la coordinación y la unidad de mando.

El proyecto parte de la tesis de que las competencias autonómicas se deben definir en el marco de la normativa estatal y relega la competencia normativa en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi a una competencia de desarrollo y ejecución de la normativa estatal. Para el Estado, es él el realmente competente para determinar el modelo de política pública en materia de protección civil. Por ejemplo, el artículo 2 establece las definiciones legales de emergencia y protección civil, catástrofe, amenaza, etcétera, pero no se introduce ninguna referencia a su alcance territorial con objeto de que pueda actuar como punto de conexión a efectos de reparto competencial. De acuerdo con la doctrina constitucional, únicamente les da carácter supraterritorial y las calificadas como de interés nacional pueden ser gestionadas directamente por la Administración General del Estado.

La coordinación de los efectivos por el Estado fuera de aquellos supuestos debe articularse sobre el principio de colaboración y subsidiariedad, y no como un supuesto de habilitación competencial para el Estado. Por tanto, claramente falta una adecuada delimitación competencial respecto de las comunidades autónomas que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad vasca, poseen competencias exclusivas en seguridad pública para la protección de personas y bienes en su territorio, debiéndose limitar la gestión directa y estatal a los casos de emergencias nacionales y suprautonómicas. En el resto de los supuestos, la participación de los distintos niveles institucionales debería articularse mediante el principio de colaboración y subsidiariedad y con pleno respeto a la competencia autonómica de coordinación de sus recursos disponibles. En este nuevo marco normativo, el Estado estructura su organización en materia de protección civil con el objeto de descentralizar la planificación de todos los niveles institucionales y asumir la gestión directa de la coordinación de los recursos disponibles cuando estime que la situación requiere una dirección de carácter nacional sin mayor concreción.

Por último, el Estado ejerce su competencia normativa agotando prácticamente la materia y dificultando que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda establecer su propia política en este ámbito de acuerdo con las prescripciones europeas e internacionales, a lo que se debería limitar la normativa mínima común. La nueva normativa estatal implicará la revisión de la normativa vasca recientemente aprobada. Este proyecto de ley, a su vez, no arbitra mecanismos que le permitan a la Comunidad Autónoma de Euskadi participar en los organismos europeos e internacionales. En este caso, este proyecto de ley entra directamente en las competencias exclusivas que ya tenía la Comunidad Autónoma vasca, e incluso da un salto más allá, porque sobre la base de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Gernika no estamos contemplando una competencia de carácter ordinario, sino exclusiva, que encuentra su raíz en los derechos históricos constitucionalizados por la disposición adicional primera de la Constitución española.

Lo anterior supone intentar modificar el contenido de la competencia autonómica; supone intentar modificar el contenido de la propia Constitución, y no podemos estar más en contra de la forma en que se ha abordado este proyecto de ley. Más de uno puede decir que deberíamos entrar en la materia concreta de los artículos que establece este proyecto de ley, porque todavía tenemos veintitrés minutos, pero no lo vamos a hacer porque hay un previo que no podemos permitirnos sobrepasar, porque esta ley entra donde no debe y, como lo hace, no vamos a pasar esa primera puerta. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Vemos que tampoco están dispuestos a dejarnos pasar la primera puerta, porque si de las 44 enmiendas no nos aceptan ninguna es que tampoco quieren que pasemos la primera puerta. Señor Aznar, a la vista de la capacidad negociadora del Grupo Popular, que desde el primer momento dijo que no iban a aceptar ninguna enmienda, lógicamente, vamos a votar en contra. Y eso que sabemos de su buena voluntad y sabemos de los requiebros que nos ha hecho el senador Rabanera para que votemos a favor y retiremos nuestras enmiendas, pero indudablemente, entre el fuero y el huevo, nos quedamos con el fuero.

Por tanto, señor Aznar, seguimos erre que erre, porque sabemos que esto es una cuestión de principios y lo vamos a defender con uñas y dientes y con nuestro voto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, números 53 a 85 y 86 a 91.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías y portavoces del Partido Popular, yo no voy a alargarme en la defensa de las enmiendas que hemos presentado el senador Saura y yo, que son idénticas a las que ha presentado el señor Iglesias —provienen de la Izquierda Plural en el Congreso— y él ya ha hecho una defensa pormenorizada de ellas.

En primer lugar, debo decirles que no puede ser que de 142 enmiendas —y no hablo solo de las nuestras— ustedes no encuentren razonable ninguna. Ustedes han priorizado no aceptar ninguna enmienda para que este texto no tenga que volver al Congreso, y esto no es una buena práctica legislativa. Les pondré como ejemplo alguna enmienda de los socialistas que habla de incorporar la red de comunicaciones de emergencia al proyecto de ley. Insisto en que esto no puede ser, y también quiero insistir en dos cuestiones. Antes el senador Cascallana ha hecho referencia a que las catástrofes naturales de presente y de futuro cada vez van a ser provocadas con más intensidad por el cambio climático.

En este proyecto de ley no hay ninguna referencia a las cuestiones del cambio climático, que es la gran preocupación de la comunidad internacional. No hablo del papa Francisco, hablo del panel de las Naciones Unidas, que alerta de que el cambio climático está provocando y va a provocar cada vez con mayor intensidad catástrofes naturales.

Señor Aznar, permítame que reitere lo del artículo 5 respecto a quién tiene derecho a la protección. Esta no es una cuestión baladí, ni depende tampoco de la humanidad de un gobierno. Le pondré un ejemplo concreto: hace unas semanas, 6000 personas de la minoría musulmana rohingya estuvieron a la deriva en barcos porque no fueron aceptados ni por el Gobierno de Tailandia, ni de Indonesia, ni de Malasia. No creo que estos tres gobiernos estén formados por psicópatas. Hubo una crisis humanitaria y al final la comunidad internacional pudo forzar una solución, pero evidentemente los gobiernos tienen la capacidad que tienen. Si en nuestra legislación, y no solo dependiendo de la humanidad de un gobierno, estos aspectos estuvieran contemplados, sería imposible que aquí se produjera lo mismo. Por eso, cuando el proyecto de ley afirma que quienes tienen derecho a la protección son los residentes en el Estado español, creo que estamos limitando la realidad de hoy en día, que son los miles y miles de inmigrantes que llegan con pateras a nuestras costas o que van a la deriva por nuestros mares, por lo que creo que habría que ir a una propuesta y a un texto mucho más amplio, pero lamentablemente no tenemos enmiendas respecto a esto.

Quiero terminar dando por defendidas las enmiendas con las mismas palabras que el senador Iglesias ha expresado e insistir en mi perplejidad ante el hecho de que ustedes no sean capaces de aceptar ni una sola enmienda de 142. Por tanto, el acto positivo de responsabilidad viene por parte de la oposición y no por parte del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 86 a 91 tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta. Buenos días.

Nosotros hemos presentado 6 enmiendas, y de ellas 2, la 87 y la 88, podríamos calificarlas como técnicas. La 87 es una enmienda de modificación al apartado 3 del artículo 7 para incluir el reconocimiento a la Remer, la red radio de emergencia, un reconocimiento que nos parece necesario, un reconocimiento expreso a la labor que está realizando desde hace ya muchos años esta red de una manera absolutamente altruista. Por lo tanto, no creemos que haya ningún motivo para no poder aceptar esta enmienda.

También es técnica la enmienda 88, de modificación del artículo 11. Pretende, en primer lugar, asegurar una financiación suficiente del Sistema Nacional de Protección Civil. En segundo lugar —este es un miedo que tenemos y si lo podemos resolver estaríamos mucho más tranquilos—, queremos garantizar la no privatización del fondo de prevención de emergencias, asegurando que dicho fondo se destine a financiar proyectos de interés público. Nos parece, senador Aznar, que no debería haber ningún motivo para que estas dos enmiendas no fuesen aceptadas.

Hay dos enmiendas más que podríamos calificar de competenciales, en esta misma línea en que se ha avanzado. Creemos que hay algunos elementos, desde el punto de vista competencial, que se podrían mejorar también con un poco de buena voluntad política. La enmienda 89 es de adición de una frase al artículo 14.3 en el sentido de que garanticen y respeten las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección civil, muy concretamente en la elaboración de los planes locales de protección civil, para que continúen pasando por la comunidad autónoma respectiva como informes previos de dichos planes. Y la 90 es de modificación al artículo 42, sobre cooperación internacional. Se trata de prever la participación de las comunidades autónomas en los mecanismos de cooperación internacional y de protección civil de la Unión Europea. Nos parece que también es una enmienda importante. Sobre estas dos enmiendas, repito, rogaríamos voluntad política para aceptarlas. Nos quedaríamos más tranquilos.

Las dos últimas enmiendas hacen referencia a dos cuestiones más políticas y, desde nuestro punto de vista, importantes. En primer lugar, la enmienda 86, de adición al artículo 1.1, que, como ya ha dicho otro portavoz, incluye el medioambiente como objeto de protección del Sistema Nacional de Protección Civil. En segundo lugar, le enmienda 91 propone la supresión de la disposición adicional séptima.

Esta ley, que valoramos positivamente a pesar de estas enmiendas, dice: «Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal». Esto es como reconocer que, en gran medida, esta ley nace absolutamente coja, puesto que si no hay dotaciones presupuestarias difícilmente se pueden llevar a cabo los objetivos previstos. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto de ley con este texto, pasaría a ser un brindis al sol, una ley sin recorrido más allá del propagandístico.

Estas son las seis enmiendas para las que pedimos un gesto de buena voluntad para que puedan ser incorporadas ya que no alterarían en absoluto el objetivo ni el contenido del proyecto de ley, pero mejorarían sustancialmente el texto y a nuestro grupo parlamentario le dejaría más tranquilo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Señora presidenta, las doy por defendidas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Aunque voy a intervenir brevemente, quiero hacer algunas reflexiones dada la importancia que tiene este acto, ya que vamos a aprobar un texto legislativo en el que coincidimos con todos ustedes y que, como ha manifestado mi portavoz, el senador Cascallana, hacía falta porque llevaba más de 30 años y necesitaba modernizarse. Todos tenemos jurisprudencia, doctrina a la que acogernos y que deberíamos aplicar y recoger para dar formato a este texto que presentan hoy. También teníamos que homologar este texto de acuerdo con las indicaciones europeas e internacionales y que, fundamentalmente, lo hicieran operativo.

A este respecto, hemos mantenido varios debates y realizado reflexiones, y quiero dar las gracias por este debate al senador Aznar y al otro senador ponente. También quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en el Congreso de los Diputados. Asimismo, quiero dar las gracias al director general de Protección Civil, don Juan Cruz;



a la Federación Española de Municipios y Provincias por los contactos que hemos mantenido con ellos; a los actores principales de las comunidades autónomas, que nos han trasladado sus reflexiones y sus necesidades operativas; a los voluntarios y a la Cruz Roja. Es decir, a todos aquellos a los que, de alguna forma, este texto va a amparar y facilitar sus decisiones. ¿Hay alguien que no quiera que con este texto le demos respuesta cuando tiene necesidades? ¿Acaso las calamidades, las lluvias o los incendios entienden de algún texto que no podamos ser operativos?

Dadas las facilidades que ha dado el Gobierno del Partido Popular con la presentación de este texto, nosotros hemos recogido el guante y hemos presentado cerca de 80 propuestas, más del 75 % de las cuales han sido tenidas en cuenta en este debate, y hemos vuelto a reiterar seis enmiendas en esta Cámara que, de alguna forma, recogen todo el espíritu del texto que el senador Cascallana ha manifestado en nombre del Grupo Socialista.

Como ocurría ayer cuando debatimos el texto legislativo de la Ley de Policía Nacional, en estos asuntos siempre se puede poner una coma porque nos hubiera gustado dar amparo a otro conjunto de demandas, como es la formación. Insistimos mucho en ello porque es una cuestión que nos preocupa, aunque en el trámite se hayan recogido muchas aspiraciones. Los que venimos del mundo local somos conscientes de las necesidades a las que se debe dar respuesta inmediata: los planes de emergencias, que los técnicos estén avalados, que se aproxime el mundo local y las competencias de los gobiernos autonómicos para que haya un claro y definido mundo competencial y que haya una mirada colectiva que dé respuesta a las emergencias y demandas.

La palabra emergencias es clara y definitoria, significa que todo el mundo tiene que ponerse en alerta para dar respuesta a unos ciudadanos que exigen y demandan que la Administración esté a la altura de estas situaciones. Este texto recoge todas estas necesidades y, además, ha avanzado y recogido determinadas reflexiones que se están haciendo en nuestro entorno más inmediato, que es el europeo; recoge la doctrina necesaria en un texto como este; y clarifica algunas viejas demandas. Siempre recurrimos en esta tribuna a lo que es constitucional o no; pues bien, esta vez la definición es clara. Es verdad que los padres de la Constitución, a finales de los años setenta, sobre esta materia no tenían doctrina ni textos legislativos, y todo esto ha ido ahormando en estos treinta años el texto que hoy se presenta.

Como ya ha manifestado nuestro portavoz, y creo que luego lo volverá a reiterar, vamos a votar favorablemente este texto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador González.

El señor GONZÁLEZ TORRES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos encontramos en un momento político en el que, a lo largo y ancho de nuestro país, se está hablando de regeneración democrática, y posiblemente no será fácil encontrar un momento más apropiado y crucial para dar un paso adelante y tratar de recuperar parte de esa confianza, llegando a un acuerdo en algo tan fundamental como es la protección civil, cuyo único objetivo es proteger a las personas y los bienes ante los diferentes tipos de amenaza o catástrofes, y consideramos, con toda certeza, que hoy es posible llegar a ese entendimiento.

Quiero comenzar dando las gracias a todos los grupos parlamentarios del Senado por el esfuerzo que han hecho para llegar al máximo consenso posible. Me consta que en lo fundamental del proyecto de ley existe una gran base de acuerdos y consenso. Claro está que la evidencia indica lo contrario, tres vetos y ciento cuarenta y dos enmiendas apuntan que, indudablemente, existen diferencias, pero no es menos cierto que la mayoría de ellas, como saben ustedes, son de carácter técnico y de índole competencial. Sin embargo, en este último punto se ha consultado a lo largo del proceso de elaboración del proyecto con todas y cada una de las comunidades autónomas, recibiendo sugerencias y recomendaciones.

Se ha observado un escrupuloso respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional 123/1984 y 133/1990. Deseo mencionar como sustancial que el título V, sobre cooperación y coordinación, en su artículo 39, crea, como ha mencionado el señor Cascallana, la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que están representadas tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía y la administración local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias como asociación de entidades locales con mayor implantación y que tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz, coherente y coordinada en esta materia concurrente de las administraciones competentes frente a las emergencias.

También hay que mencionar que tanto los técnicos del Ministerio del Interior y de Protección Civil como la abogacía del Estado han estado vigilantes en todo momento para evitar que se vulnerasen aspectos competenciales. Asimismo, debemos tener muy en cuenta el hecho de que ninguna consejería de ninguna comunidad autónoma haya presentado reparos técnicos esenciales al proyecto de ley. Desde el punto de vista de mi grupo, esta circunstancia de alguna forma desautoriza al menos esos tres vetos que han quedado. Sin duda alguna, señorías, el artículo 3.2 del proyecto de ley resume y recoge de forma clara los principios que deben regir las actuaciones del sistema de protección civil, que son: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia y participación.

Por otra parte, su objetivo es establecer un sistema de protección civil que asegure la coordinación, la cohesión y la eficacia en esta materia, cuyo último fin no es otro que poder afrontar de manera rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse para las personas y los bienes por medio de la anticipación, la prevención, la planificación, la respuesta inmediata, la recuperación y la evaluación y seguimiento del sistema.

Entrando a analizar las propuestas o enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida, en primer lugar debo señalar que algunas de las críticas sobre la carencia del nuevo modelo y la falta de resolución del caos competencial, según su opinión, denota un claro desconocimiento del contenido del proyecto, pues precisamente articula de modo global un sistema nacional de protección civil donde están implantadas todas las administraciones públicas intervinientes en esta materia para evitar duplicidades y disfunciones orgánicas que se dan en la actualidad.

En segundo lugar, el proyecto sí tiene en cuenta a los voluntarios de Protección Civil, y más aún con las enmiendas aceptadas en este sentido durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, ya que junto a la disposición adicional primera se ha añadido un nuevo artículo 7 quáter, dedicado íntegramente a los voluntarios.

En tercer lugar, hay aspectos que no pueden incorporarse a este proyecto bien por no ser el texto normativo adecuado para ello, como es el caso del mencionado medioambiente, o bien por no ser competencia del Estado, como es la propuesta de delimitar las competencias municipales.

Finalmente, respecto a la crítica que se realiza sobre la falta de innovación de este proyecto, basta con citar alguno de los importantes instrumentos que se crean en él y que serán extremadamente útiles en la gestión para la protección civil, tales como la red nacional de información, la red de alerta nacional o el fondo de prevención de emergencias para demostrar la falta de justificación de dicho reparo, y esto va también para el señor Guillot, cuyas enmiendas, como diré en adelante, coinciden con las Grupo Mixto.

En contestación al Grupo Parlamentario Catalán, CiU, debo indicar que apoyó este proyecto de ley en su trámite en el Congreso de los Diputados, como ya se ha dicho, al considerar que las enmiendas transadas permitían que se votara favorablemente el texto aprobado en la Comisión de Interior, y analizando el contenido del resto de las enmiendas presentadas en este Senado, también aporta una visión partidista de la jurisprudencia —aquí ya se ha comentado en varias ocasiones—. Pone como ejemplos de su vocación centralizadora en su enmienda número 45 la creación de la red nacional de información sobre la protección civil o la red nacional de protección civil, pero se olvida que es la misma jurisprudencia la que avaló la creación de estos instrumentos. Así, la Sentencia 133/1990 dice: «No puede considerarse que la creación de la red de alarma de naturaleza y extensión nacional y, por tanto, de interés suprautonómico, vulnere las competencias de las comunidades autónomas. Estas podrán poner en funcionamiento su propia red de centros de información y alarma, lo que no se ve impedido por la acción estatal para los supuestos de alarma nacional. Todo ello, obviamente, sin perjuicio de la posible y recomendable coordinación entre las instancias estatales y autonómicas en este respecto».

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya reproducen literalmente las presentadas, como he dicho anteriormente, por el Grupo Mixto e Izquierda Unida, y también giran en torno, fundamentalmente, a la invasión competencial. Nos remitimos a lo contestado anteriormente al citado grupo parlamentario.

En contestación a Coalición Canaria, en su enmienda número 33 no se puede aceptar ubicar salvamento marítimo competencialmente en el ámbito de la protección civil, ni tampoco es competencia del Estado regular el teléfono único de emergencias 112, como solicita en su enmienda número 35, porque de hecho las comunidades autónomas han dictado su propia normativa en este ámbito, y concretamente en nuestra comunidad, Castilla y León, así será. Ni tampoco es objeto de este proyecto regular cuestiones como la propuesta en su enmienda número 37 en cuanto a requerir determinadas titulaciones universitarias. El resto de las enmiendas ya se han contestado con anterioridad. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Finalmente, el Grupo Parlamentario Vasco considera que el proyecto presenta una clara vocación centralizadora que vacía de competencias a las comunidades autónomas, incluso en el ámbito de la planificación territorial, lo cual no refleja en absoluto la filosofía de este proyecto de ley. Es más, precisamente, en materia de planificación de protección civil el proyecto sigue un modelo idéntico a la Ley 2/1985, de 21 de enero, que cuenta con el aval de la jurisprudencia constitucional. En definitiva, las enmiendas 92 a 136 presentadas en el Senado coinciden con las enmiendas 98 a 142 presentadas en el Congreso de los Diputados, y todas ellas implican indirectamente una enmienda a la totalidad del proyecto, ninguna de ellas propone textos alternativos o modificaciones en la redacción de algunos preceptos, sino que en todas ellas se solicita la supresión global de la práctica totalidad de los artículos y disposiciones del proyecto. Esto dejaría sin contenido alguno al texto del proyecto de ley.

Por otra parte, la única justificación argumentada en todas las enmiendas debe rechazarse, ya que, como se ha reiterado a lo largo de nuestras intervenciones en la elaboración del proyecto, se ha tenido siempre en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída sobre esta materia.

Espero haber contestado a todas las enmiendas presentadas, y si así no ha sido lo haré en el turno de portavoces. Quiero indicar también que las enmiendas que se han presentado en el Senado son las mismas que se han presentado en el Congreso de los Diputados, por tanto, aquí tenemos poco campo de acción, lógicamente, como pueden entender.

Y concluyo, señorías, resumiendo las principales novedades contenidas en este proyecto de ley. En primer lugar, pasamos de una ley que define la política de protección civil a una ley que diseña el sistema para llevar a cabo esa política. En segundo lugar, se define por primera vez la protección civil de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. En tercer lugar, se regula la estrategia del sistema. En cuarto lugar, se regulan instrumentos existentes que no estaban regulados, como son la Red nacional de información, la Red de alerta nacional y se crea a su vez el Fondo de prevención de riesgos, como ya se ha dicho reiteradamente en esta tribuna. En quinto lugar, se regulan con rango de ley las emergencias de interés nacional y se establecen con precisión las competencias de la Administración General del Estado en los supuestos de emergencia nacional. En sexto y último lugar —pero no por ello menos importante—, se resalta la participación y formación del voluntariado, teniendo en cuenta que en España hay unos 25 000 voluntarios de protección civil integrados en unas 2000 agrupaciones y asociaciones dedicadas a esta labor. Y quiero aprovechar para agradecer desde esta tribuna su trascendental dedicación.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley va a permitir dotar a nuestro país de uno de los sistemas de protección civil mejor ordenados y más avanzados. Por ello, pido a todos los grupos que apoyen este proyecto de ley, no sin antes agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de ellos para llegar a acuerdos. También debo agradecer el buen trabajo del letrado y del personal que ha colaborado para que este proyecto de ley pueda ser aprobado.

Finalmente, querría pedir al señor Anasagasti —y se lo digo con todo el respeto— que no tenga tantos prejuicios respecto a este proyecto de ley, que mi experiencia particular como responsable de mi Provincia, Burgos —limítrofe con el País Vasco, con Cantabria y con La Rioja—, me indica que siempre, siempre, hemos encontrado la solidaridad interterritorial que tantas veces he mencionado hoy. Por tanto, estoy seguro de que vamos a seguir así, e incluso mucho mejor.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rabanera, Álava está pegadita a Burgos y, efectivamente, tenemos una buena relación, senador González, pero una cosa es el fuero y otra el huevo, y cada uno defiende su campo de acción.

El senador Aznar ha vuelto a insistir en que esta es una buena ley y en que, además, no colisiona con competencias estatutarias, pero esta no es una buena ley y prueba de ello es que todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas —nosotros, 44— y ustedes no han aceptado ninguna. Por lo tanto, o son muy malas, o somos muy malos, o lo que quieren ustedes es que se apruebe en este acto en el Senado, para que no se reabra el debate en el Congreso; y eso no es el parlamentarismo. Me imagino, señor Aznar, que usted no estará nada satisfecho con este tipo de parlamentarismo, que no pasará a los anales de la historia.

Señorías, al Senado se entra por la plaza de la Marina Española y cuando fui miembro de la Mesa, sabiendo que había una calle justo enfrente que se llamaba también de la Marina Española, planteé por qué no se llamaba plaza del Senado. Por cierto, en la plaza está la estatua de Cánovas del Castillo, un personaje que de autonomista no tenía absolutamente nada, a pesar de que se pactó con él el concierto económico; sin embargo, presentó la ley que abolía los fueros. Además, que yo sepa, Cánovas del Castillo nunca fue senador y, sin embargo, ahí lo tenemos en la plaza de la Marina Española. Fíjense qué contradicción. Es como decir que el Senado tiene una piscina, y no, no tiene ninguna piscina. Pues bien, el senador Cánovas del Castillo nunca existió y, además, hay una placa que dice que fue asesinado por el anarquismo. Fíjense qué cantidad de contradicciones y, sin embargo, cuando quisimos cambiar el nombre a la plaza nos dijeron que no, a pesar de que Madrid —que yo sepa— no tiene mar, tiene muchas plazas y tiene un museo naval, pero nos dijeron que mientras estuviera la palabra «española» eso no se podía tocar. Pues este proyecto de ley es parecido: es intocable desde el punto de vista competencial. Además, vuelvo a repetir —y contradígame si no han actuado de esta manera— ustedes no quieren admitir ninguna enmienda para que no se reabra el debate en el Congreso. ¡Pues vaya parlamentarismo tenemos! Afortunadamente, no hay nadie en las tribunas ni, seguramente, ningún periodista que nos siga; pero no es muy enaltecedor para el parlamentarismo este tipo de actuación.

Fíjese que hasta el senador Rafa Bruguera, que es una persona moderada, les ha pedido que admitan algún tipo de enmienda. El senador Rafa Bruguera es todo menos un exaltado y, además, es conocido porque busca a la gente en paraderos desconocidos. Seguramente empezará a buscarle a usted en paradero desconocido como autonomista porque de autonomista, senador Aznar, usted no tiene nada. Al menos, en el caso de esta ley; quizás en otras sí, pero en esta, indudablemente, en absoluto. Esto ha sido un ejemplo de lo ocurrido durante los cuatro años de esta legislatura: estamos en manos de abogados del Estado y de funcionarios, y aquí no se puede tocar absolutamente nada. No hay parlamentarismo. ¡Pues, muy bien!

Nuestras 44 enmiendas van a la basura, y tenemos algunas dudas conceptuales sobre aspectos filosóficos de este proyecto de ley ¡claro que sí! No sé por qué se tiene que regular de forma tan reglamentista la autoprotección. Senador Aznar, senador González ¿no estarían de acuerdo con nosotros en que la autoprotección tiene un componente de espontaneidad, y que la autoprotección —dada la naturaleza de las emergencias y su imprevisibilidad— tiene que posibilitar o legitimar a los ciudadanos para que actúen como consideren conveniente cuando no hay mecanismos de actuación pública para poder preservar su seguridad, sus bienes y su vida? ¿O tiene que haber alguien que le diga cómo tiene que actuar en todo momento? De nuevo actuamos con esa propensión reglamentista de todo lo que acontece en la vida, como hemos visto antes en el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.

Usted, como persona con un perfil democrático indudable —y que a veces ha manifestado cierta proclividad a la flexibilidad intelectual para poder consensuar con otros grupos parlamentarios— nos dice que hemos presentado las mismas enmiendas en el Congreso y en el Senado. Pero es que estamos erre que erre y, lógicamente, si no las admiten en el Congreso, las presentamos en el Senado. ¿Dónde quieren si no que las presentemos? ¿En el Consejo de Estado? Pues allí nos dirán que esa no es la ventanilla y, por tanto, las presentamos en el Senado a pesar de saber el éxito que iban a tener; es decir, que iban a ir directamente a una máquina recicladora. Pero, bueno, así está funcionando esta legislatura.

No sé qué ha pasado en esta legislatura —puede ser una transmutación de carácter religioso o de carácter ideológico, o lo que fuere—, pero no consensuan ustedes absolutamente nada con nadie. Está muy claro que en este proyecto de ley se están vulnerando títulos competenciales, que aunque no están en la Constitución sí lo están en el bloque de constitucionalidad, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por ello, le pediríamos que alguna de las numerosas enmiendas sea objeto de la debida consideración; todavía están a tiempo, aunque sé que no lo van a hacer. No tomen esta petición como suele hacer su grupo parlamentario, a beneficio de inventario, aunque sé que sí lo harán.

Cuando les pedimos que tengan la debida consideración no es para que nos consuelen al decirnos que no son admisibles. Nos imaginamos que es porque las enmiendas que presentamos no son adecuadas, pero pedimos que exista la posibilidad de negociar. En este sentido, cuando nos decía el senador Rabanera que teníamos que retirar las enmiendas, que teníamos que retirar el veto y le preguntábamos qué enmienda nos iban a aceptar, nos contestaba que ninguna. ¡Pues vaya manera más extraña de negociar es esa! Ninguna enmienda. ¿Pero todas son tan malas? Luego, cuando uno averigua que además de nuestras 44 enmiendas, los demás también han presentado y ninguna aprueba, tenemos que colegir que estamos absolutamente todos fuera de circuito, que tenemos que ir a una escuela de parvulario para aprender las bases mínimas del parlamentarismo y, por lo menos, saber presentar enmiendas.

La verdad es que salimos disgustados, hasta cierto punto, porque esto no tiene nada que ver con un Senado democrático, que sea una Cámara de representación territorial, y menos en materia de protección civil en un país que, sin solución de continuidad, pasa de las inundaciones a los incendios. Por tanto, nos tenemos que comprometer todos en el ámbito institucional y más, incluso, en el ámbito personal. Si no lo hacemos así, si no se hace —como no se está haciendo— con esta perspectiva, las disfuncionalidades operativas que se pueden provocar van a hacer que en el ámbito de la protección civil se sigan produciendo catástrofes, como es lógico, porque la naturaleza se rebela. Cuando llegue este verano y el calor, las personas no podrán ser atendidas debidamente, como requiere el ordenamiento jurídico; pero, sobre todo, como requiere la seguridad y la vida de nuestros ciudadanos.

Nosotros seguimos manteniendo nuestras enmiendas aunque, desgraciadamente, no solamente las del Grupo Parlamentario Vasco, sino las de todos los grupos parlamentarios, irán directamente a la basura. Lo lamentamos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario se va abstener en la votación de esta ley. Ya dijimos en comisión —al señor Aznar le consta— que salimos del Congreso habiendo votado a favor de este proyecto de ley, pero con mal gusto de boca.

Hoy, el sentido de nuestro voto, esta abstención, no es tanto por la ley, sino porque quiere expresar una protesta formal. Y no me va a negar usted, señor Aznar, el derecho a protestar. ¿Por qué vamos a protestar? Por la metodología que utilizan ustedes, y que han utilizado en todas y cada una de las leyes que se han presentado en esta Cámara, en relación con las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes redactan un proyecto de ley atacando las competencias, y cuando nosotros preguntamos por las competencias de las comunidades autónomas nos responden que estemos tranquilos, que ya negociarán con los catalanes y los vascos en fase parlamentaria; en fase parlamentaria, los grupos parlamentarios catalanes y vascos defenderán las competencias de sus autonomías y, luego, lo arreglaremos.

En este sentido, lo que usted denominaba en la comisión el mantra de las competencias es una realidad, ha sido así en todas y cada una de las leyes, porque en todas y cada una de las leyes las competencias de las comunidades autónomas han sido amenazadas. Le pondré algún ejemplo: en el caso de esta ley, la creación de la Estrategia del sistema nacional de protección civil incidiendo en las competencias autonómicas más allá de las emergencias declaradas de interés nacional, ya que se pretendía establecer una línea común de los recursos disponibles de cada comunidad autónoma y la evaluación de estos sin tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias; además, también obvia que las inversiones que las diferentes comunidades autónomas destinan a protección civil y sus riesgos no son los mismos. O la creación de la Red nacional de información, que si no es por las enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario de CiU, de Convergència y de Unió en el Congreso para introducir la coletilla que comentaba antes, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, estaríamos en el mismo caso: invasión competencial. O el tema de la información previa de la Comisión Nacional de Protección Civil que, en negociación parlamentaria, se pudo eliminar una palabra (previamente), para evitar el control previo de la Administración General del Estado.

Ustedes tienen una insaciable tendencia a recentralizar; no pueden dejar de hacerlo. Siempre intentan de todas las maneras duplicar estructuras —en este caso también—, en lugar de fortalecer las existentes. Después de unos años en que las comunidades autónomas a través de las leyes estatales o de las leyes autonómicas no impugnadas directamente por la Administración General del Estado han ido creando, consolidando y evaluando sus propios recursos, infraestructuras y organizaciones operativas, ahora el Estado, reitero, con una insaciable tendencia centralizadora, se pone al frente, dirige y organiza monopolísticamente los recursos humanos y materiales de las comunidades autónomas, que estas han potenciado de acuerdo con sus prioridades financieras. Ustedes quieren convertir a las comunidades autónomas en meras gestorías, en un negociado con el control omnipresente del Estado.

Senador Aznar, decía usted que esta ley cierra el círculo. Pues va a cerrar el círculo, pero todas las leyes de ese círculo han pecado de lo mismo, incluso aquellas que hemos votado favorablemente porque, por ejemplo, en el caso de la Ley de seguridad privada —usted lo recordará— fuimos al ministerio a negociar para tener claro que no se iban a invadir las competencias autonómicas. ¿Lo recuerda usted? Incluso en las leyes que hemos votado a favor han pecado de lo mismo. Por eso, todas las leyes de ese círculo virtual del que usted habla pecan de lo mismo.

He de reconocer que me sabe mal por usted, porque ha dedicado mucho esfuerzo a esta ley, pero le presuponía cierta sensibilidad, cierta visión autonómica en relación con esta ley por haber sido un cargo importante en la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de la protección civil. Usted es de León, y le recuerdo aquello de: León sin Castilla es una maravilla. ¿Lo conoce usted bien, no? Por eso le presuponía a usted una sensibilidad especial respecto al tema autonómico, pero no la he visto.

Esto me hace pensar en lo que les decía ayer con relación a la Ley del Cuerpo Nacional de Policía, que ustedes están a lo que dice el ministerio. Pensaba que encontraría esta sensibilidad en usted, pero olvidaba, al fin y al cabo, que es senador por el PP. Y, claro, la descentralización, el respeto a las competencias, etcétera, no va con ustedes.

Senador González Torres, quiero expresar mi apoyo más absoluto a las palabras del senador Anasagasti. Hemos presentado 142 enmiendas, las mismas que en el Congreso, y dice usted que, en consecuencia, no tienen campo de acción. ¡Oiga, pues cerremos el Senado! ¿Para qué queremos esta Cámara si no podemos presentar las mismas enmiendas? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a debatir si ustedes no tienen campo de acción porque son las enmiendas que se presentaron en el Congreso? Estoy absolutamente de acuerdo con él también en que son 142 enmiendas y no se ha aceptado ni una sola. ¿Por qué? Pues por algo profundamente lamentable: porque a ustedes les interesa que este proyecto de ley no vuelva al Congreso. ¿Esta es la manera de cerrar el círculo? Yo creo que lo van a cerrar con un mal ejemplo. Evitar que la ley vuelva al Congreso porque el tiempo les apremia, porque se les acaba la legislatura y no les interesa aceptar nada por mor de que tenga que volver al Congreso y sea necesario volver a iniciar un debate, me parece que es muy mal ejemplo y una muy mala manera de acabar ese círculo que hoy se cierra en la Comisión de Interior.

Por este motivo, vamos a abstenernos en la votación de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Intervendré muy brevemente, señor presidente.

Muchísimas gracias, senador González, por haber hecho el recorrido y por haber trasladado el espíritu de la reflexión de la que hablaba en mi intervención anterior. Es verdad que hay que destacar lo que han dicho algunos otros senadores en relación con el papel de esta Cámara; un papel no solo de reflexión y no solo el que debería tener una Cámara del siglo XXI que recoja todas las aspiraciones y el nuevo modelo que debería tener, sino también el papel de todos y cada uno en el debate que se produce en ella. Yo creo que ustedes tienen una pequeña costumbre, la de que lo que viene del Congreso es dixit. Pues no, porque podríamos haber abierto también un debate aquí y hacer alguna reflexión que, sin duda, hubiera mejorado el texto. Algunas de las aportaciones —y no solo las que hemos hecho en el Grupo Socialista, sino las de otros grupos—, deberían haberlas tenido ustedes en cuenta.

El señor Anasagasti, que pertenece a la real observancia y se fija en el comportamiento de las Cámaras, hablaba de la falta de corbata del senador Rabanera, pero ha pasado por alto que nuestro portavoz, el señor Cascallana, tampoco lleva corbata. Y esto no es baladí porque demuestra la capacidad con la que habíamos venido nosotros aquí, frescos, para recoger la mejora de este texto.

Vamos a votar que sí porque compartimos su reflexión, que esta ley va a dar una respuesta más eficaz, en el menor tiempo posible, a cualquier servicio público para atender cualquier calamidad, catástrofe y emergencia, que es lo que nosotros queríamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Ángel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero constatar aquí es que el señor Rabanera marca tendencia. (Risas). Eso queda claro desde hoy y, por ello, cuando termine, yo también me quitaré la corbata.

Señorías, estamos terminando ya este interesantísimo debate, y quiero darles las gracias, en nombre de mi compañero, el senador González Torres, y en el mío propio, como representantes del Grupo Popular, por las aportaciones que aquí han hecho, que son importantes. Y repito: no nos quedemos en lo que puede ser una anécdota cuantitativa en cuanto al número de enmiendas que se han aceptado.

Me voy a detener muy brevemente para contestar a dos grupos. Al resto, puesto que el debate estaba ya prácticamente cerrado, quiero simplemente, como ya he dicho, agradecerles sus aportaciones.

Quiero decirle algo al señor Anasagasti. Señoría, perdóneme que le diga cordialmente que creo que tiene usted el síndrome del combatiente. Usted, que tiene buena memoria, y además, es historiador, recordará a aquellos combatientes de la guerra de Vietnam que, cuando volvían a su casa, seguían oyendo durante años los disparos, seguían oyendo el ruido de las bombas. Yo creo que usted tiene ese síndrome; está en guerra permanente, y aquí no hay tal guerra. Nadie les intenta arrebatar competencias, señor Anasagasti; no tiene que defenderse de ningún enemigo de fuera porque no lo hay. Nadie intenta o pretende tocar una sola competencia del Gobierno vasco. Esto es así, y no ha podido dar usted un solo dato que sustente aquello que afirma. Efectivamente ha traído aquí un escrito, supongo que elaborado por sus asesores jurídicos, con esas interesantes aportaciones literarias e históricas que usted siempre hace, pero no ha aportado ni una sola prueba de que aquí se pretenda siquiera disminuir o rozar una competencia del Parlamento o del Gobierno vasco. Por tanto, quítese ya las pinturas de guerra. El Estado español está perfectamente consolidado como Estado de las Autonomías; las competencias de las autonomías están perfectamente consolidadas y hoy nadie se plantea volver a una recentralización a la francesa ni disminuir un ápice cualquier competencia de una comunidad autónoma.

Esto es igualmente aplicable al señor Sendra, que vive en una contradicción constante, ya que tiene que hacer buena la labor de sus compañeros en el Congreso, que apoyaron la ley. ¿Es que ellos no defienden las competencias de su comunidad en el Congreso? Sí lo hacen, ¿verdad? Y han salido satisfechos y han votado a favor de la ley. ¿Dónde están las diferencias que se han producido a su paso por el Senado para que usted dude ahora? Porque yo estoy seguro de que solo mantiene una leve duda; no puede usted afirmar con seriedad que la ley ha empeorado en el Senado.

Usted quiere, y lo ha dicho muy claramente, abstenerse en la votación, pero no por la ley, porque la ley le parece bien, sino a modo de protesta. Pues bien, yo me sumo a su protesta y, cuando termine la sesión, podemos sentarnos los dos en las escaleras, debajo de Cánovas —así ilustraremos el ejemplo que ha puesto el señor Anasagasti—, y hacemos una protesta sobre lo que usted quiera, pero no castigue el trámite de esta ley con la abstención de su grupo, que sabe que cuantitativa y cualitativamente es muy importante en esta Cámara. Usted sabe que el peso de sus opiniones y de las de su grupo, así como el peso de sus decisiones son muy importantes en esta Cámara. Hagamos, pues, otro tipo de protesta. Le invito a que analicemos las circunstancias, a que veamos el porqué y lo que perseguimos, y quizá hagamos la protesta conjuntamente.

Se queja usted del diálogo con el ministerio. Sin embargo, como ha dicho usted, en las anteriores leyes hemos ido juntos al ministerio, nos hemos reunido con sus técnicos —los que ha querido traer de la Generalitat—, nos hemos reunido con nuestros técnicos del ministerio y hemos puesto los temas en común, intentando ajustar al máximo lo que ustedes querían. ¿Y usted plantea eso hoy como crítica, señoría? Pero si ese es el espíritu de diálogo y el espíritu de mejora que queremos llevar a las leyes, y en esta ocasión, y usted lo sabe, le hemos hecho el mismo ofrecimiento; es más, le he ofrecido el documento en el que el Gobierno de la Generalitat ha hecho aportaciones prácticamente desde el primer al último artículo. Por lo tanto, señoría, yo le pido que recapacite. El voto de su grupo es importante cuantitativa y cualitativamente; nos importa su voto.

Voy a terminar, señor Anasagasti, intentando quitarle ese sentimiento porque no les hemos admitido ninguna enmienda. Pero, fíjense, señorías, por favor, el Grupo Parlamentario Vasco está en su pleno derecho de presentar sus enmiendas, y yo las respeto profundamente, pero desde la primera a la última: enmienda de supresión para suprimir los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 15, 35 y 49, las disposiciones adicionales sexta y séptima, y la disposición final. Esta es su propuesta señoría, estas son sus enmiendas, díganme si esto es admisible para nosotros. No es que no hayamos querido dialogar —aparte de que el señor Rabanera y usted tengan esa entente cordial permanente—, hemos tendido la mano a todos los grupos pero es que lo que usted pretende con estas enmiendas no es, como usted ha dicho, que enviemos las enmiendas a reciclar, sino que enviemos la ley a reciclar, sin dar un solo argumento, señoría, más allá de ese término competencial que usted machaconamente expone. Por lo tanto, no es que no haya habido voluntad, señor Anasagasti, sino que no ha habido sobre qué negociar. Créame, y se lo digo con el máximo respeto, entiendo que ustedes ven así las circunstancias y están en su derecho de defenderlas pero también permítame decirle que en opinión de mi grupo no responde a la realidad ni de esta ley ni de la situación de España en relación con las competencias y el respeto a las de las comunidades autónomas.

Repito, cierro el debate expresando el agradecimiento a todos los grupos por la participación activa y positiva que han tenido en la elaboración de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señorías.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

Señorías, sometemos a votación las enmiendas al Proyecto de Ley de protección civil.

En primer lugar, enmiendas presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos las enmiendas números 8, 19, 28 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 58; en contra, 141; abstenciones, 15.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 20 y 30, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 213; a favor, 62; en contra, 138; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 8; en contra, 138; abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 4, 5, 18, 25 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214;



a favor, 8; en contra, 195; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 9, 10, 11, 14, 17, 22, 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 3; en contra, 195; abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 27 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 4; en contra, 139; abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de los senadores Quintero y Julios.

En primer lugar, votamos la número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 59; en contra, 137; abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 32, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; en contra, 139; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; en contra, 194; abstenciones, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 38 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; en contra, 139; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 5; en contra, 141; abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 1; en contra, 139; abstenciones, 72.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 1; en contra, 195; abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 5; en contra, 196; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

En primer lugar, votamos las enmiendas 92 a 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas.

En primer lugar, del primer bloque, votamos las enmiendas 60, 71, 73, 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74 y 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 62; en contra, 139; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 57, 72, 76, 79 y 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 8; en contra, 194; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 58, 61, 62, 64, 67, 70, 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 4; en contra, 193; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 14; en contra, 138; abstenciones, 61.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54 a 56, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 75, 81 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 4; en contra, 139; abstenciones, 71.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Pasamos al segundo bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En primer lugar, votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 60; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 86 a 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 15.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 15; en contra, 196; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 47 y 49, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 17; en contra, 138; abstenciones, 58.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45, 48 y 50 a 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

El Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 142, que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 61; en contra, 142; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 137 a 141, también del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 137; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 194; en contra, 8; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley del sistema nacional de protección civil. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. 621/000122 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 12.1.5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la presentación del dictamen, dada la ausencia de la senadora Maria Jesús Ruiz por la muerte de su padre, presenta el proyecto el senador Vallines. (Rumores).

Lo presentará cuando se acabe de hablar en el hemiciclo. Espere un momento, señor Vallines. (Pausa).

Puede comenzar, señor Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sustituyo en este acto a la persona designada por la Comisión de Medio Ambiente para presentar este proyecto de ley ante el Pleno: su presidenta, debido a su ausencia por motivos familiares.

Se trata del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, que fue remitida al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el 22 de mayo de 2015. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 10 de junio tras una ampliación del plazo.

A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 236 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por la senadora Capella i Farré, del Grupo Mixto; el veto número 2, por la senadora Mendizabal Azurmendi, entre otros, del Grupo Mixto; el veto número 3, por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del Grupo Mixto; el veto número 6, por los senadores Guillot Miravet y otros, de Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 7, por la senadora Almiñana Riqué y otros, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 5, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y el veto número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las 236 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 8 enmiendas del senador Fuster Muniesa y otros, del Grupo Popular; 65 enmiendas del Grupo Mixto; 17 de la senadora Capella i Farré; 3 de los senadores Quintero Castañeda y Julio Reyes; 45 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; 23 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 86 del Grupo de Entesa pel Progrés; 9 de Convergència i Unió; 43 del Grupo Socialista y 2 del Grupo Popular.

La ponencia designada para informar del proyecto de ley procedió a emitir informe el 17 de junio de 2015, acordando incorporar exclusivamente las enmiendas 74 y 75, del Grupo Parlamentario Popular, así como introducir algunas correcciones de técnica legislativa. La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 17 de junio, aceptándose como dictamen el informe de la ponencia.

Finalmente, se han presentado los siguientes votos particulares a este dictamen: voto particular número 1, de los senadores Fuster y otros, del Grupo Parlamentario Popular; voto particular número 2, de los senadores Goioaga y otros, del Grupo Mixto; voto particular número 3, también del Grupo Mixto; voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; votos particulares números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco; voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista; votos particulares números 8, 9 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; voto particular número 10, del señor Guillot Miravet, y voto particular número 11, de la senadora Almiñana y otros, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Con estas palabras creo haber resumido razonadamente la labor que se ha llevado a cabo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vallines.

Comenzamos el debate de los vetos.

En primer lugar, propuesta de veto número 2, de los senadores señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, señora Mendizabal Azurmendi y señor Unamunzaga Osoro. Para la defensa del veto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

En el preámbulo del proyecto de ley se dice que se han detectado algunos aspectos de la legislación actual que es conveniente mejorar y que hay que adaptar la legislación nacional o autonómica. Frente a esta afirmación, nosotros entendemos que las medidas planteadas realmente no aportan nada en positivo. Pero lo que clama al cielo es la forma de adaptar la legislación al ámbito autonómico. Curiosamente, por enésima vez, para ustedes adaptar es hacerlo por la vía de la intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes adaptan por la vía de la recentralización, socavando y usurpando ley a ley las competencias exclusivas que en nuestro caso tenemos en Euskal Herria.

Por lo tanto, hemos presentado este veto por considerar que las medidas presentadas van en sentido contrario a los objetivos que se presuponen en el preámbulo y por la intromisión en las competencias de las comunidades autónomas.

Dicho esto, voy a explicar cuatro aspectos del proyecto de ley por los que rechazamos las medidas presentadas. Empiezo por lo relativo a los guardas forestales, porque entendemos que al ostentar Euskal Herria competencias exclusivas en esta materia, la modificación propuesta no debería afectar a nuestro ámbito. Aun así, nos sumamos al malestar expresado mayoritariamente por los servicios de guardería forestal medioambiental en respuesta al ataque a su actividad. Aprovecho para saludar a una delegación de sus representantes, que nos acompañan hoy en la tribuna. Nos preocupa, al igual que a ellos, que se reste eficacia y eficiencia a sus funciones y que se les quite funciones de gestión y conservación del medioambiente que venían desarrollando desde hace ciento cincuenta años. Subordinar este colectivo de funcionarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rebajándoles a la categoría de auxiliares impedirá que investiguen delitos medioambientales, abriendo asimismo la vía para que las empresas privadas pasen a hacer las labores de los guardas. Nosotros no apoyaremos la privatización de las funciones de guarda porque tenemos el firme convencimiento de que en la defensa de la naturaleza no sobra nadie y que los ataques al medioambiente se deben combatir de forma coordinada y no subordinada, que es lo que se plantea en la modificación de este proyecto de ley. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de rechazar de plano dicho planteamiento.

El segundo aspecto capital que nos ha llevado a presentar este veto es la desincentivación de los incendios especulativos, una medida criticada por los colectivos ecologistas y recurrente en varios vetos presentados. Consideramos muy peligrosa la modificación relativa a levantar el veto de treinta años para construir en terrenos que han sido afectados por el fuego, ya que sin esta limitación se abre nuevamente la puerta a los incendios especulativos, ante la posibilidad de construir después de un incendio «si es por interés general prevalente» —concepto subjetivo, ambiguo y expuesto al amiguismo y a intereses privados—. Teniendo en cuenta que la intencionalidad sigue siendo la primera causa de los incendios forestales, creemos que cualquier cambio legislativo en este sentido da claramente pie a incendios intencionados para posteriormente proceder a recalificaciones.

El tercer aspecto es el relativo a la no obligatoriedad del proyecto de ordenación o del plan técnico, elevando a veinticinco años el plazo para su realización. Consideramos que el plan técnico es un instrumento de gestión y ordenación de las superficies arboladas bastante eficaz a la hora de gestionar el monte desde la sostenibilidad. Por lo tanto, eliminar ahora la obligatoriedad de dicho plan técnico sin aportar soluciones efectivas que compensen esa eliminación es dejar la puerta abierta a más abandonos y más incendios y a la posibilidad de realizar destrozos en los montes no ordenados sin que pase nada.

Finalmente, quiero referirme a tres aspectos relativos a la caza. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de omitir la disposición adicional que regulaba las infracciones por daños de especies cinegéticas en agricultura y ganadería. En segundo lugar, quiero destacar el detalle que han tenido al incorporar en una ley de refilón materias no propias, que, por otro lado, es costumbre hacerlo. Y, por último, quiero remarcar que se han hecho todos estos cambios laminando competencias.

Desde luego, estos tres aspectos no son de recibo. Por todo ello, entiendo que este proyecto de ley de modificación de la vigente Ley de montes no aporta mejoras sustanciales a la ley actual, es más, la empeora en aspectos básicos de protección medioambiental. Entendiendo que el proyecto de ley profundiza en la desregulación ambiental desarrollada durante toda esta legislatura, que ha sido ampliamente contestado por los sectores afectados y que no favorece el desarrollo rural, además de ahondar en la recentralización e invasión de nuestra soberanía, presentamos este veto, pedimos su retirada y anunciamos que respaldaremos todos los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Mendizabal.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por la senadora Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Senadores y senadoras, en primer lugar quiero saludar a los miembros de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, a los representantes de UGT y, aunque no pueden estar presentes, a la Asociación de Agentes Rurales de Cataluña, ya que, en definitiva, nos han ayudado a poder fundamentar el veto y las enmiendas que Esquerra Republicana de Catalunya va a presentar a este proyecto de ley.

Quiero recordar de nuevo al Grupo Popular que tiene una ley extensamente vetada: siete vetos. Creo que tendrían que hacérselo mirar. Aunque estemos al final de la legislatura, creo que sería bueno cierta reflexión en torno a la capacidad de aunar esfuerzos en contra de sus proyectos de ley, y no únicamente en esta Cámara parlamentaria, sino también en el Congreso y en la propia sociedad —no hay más que verlo—. En definitiva, creo que tendrían que hacérselo mirar. Ustedes pueden decirnos que tienen esta mayoría, como repito muchas veces, absolutista, que no absoluta, porque aplican el rodillo parlamentario y solo aprueban una o dos enmiendas —o alguna más— de la oposición, haciendo valer la mayoría absoluta que tienen, pero no creo que sea un argumento de peso para seguir encerrados en su torre de marfil, porque ya saben cómo va esto en la vida: las mayorías van y vienen.

Que esta ley no responde a las necesidades que reclama el sector es evidente, es obvio; que recentraliza e invade competencias y homogeneiza de nuevo es una obviedad. Ya se sabe que a la oposición el Grupo Popular nos tilda siempre de poco viajados y poco leídos, y parece ser que para algún ministro esta senadora no sabe leer. En definitiva, sabemos leer, intuimos muchas veces lo que ustedes esconden en determinados redactados y otras veces los redactados de la ley son explícitos y claros. En definitiva, recentralizan y laminan especialmente competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en exclusiva y las han asumido en exclusiva, a pesar de que en muchas ocasiones el sistema de financiación no responde a las necesidades reales de dichas comunidades autónomas.

Por tanto, lo suyo casi es de chiste, este proyecto de ley es una nueva ocurrencia. Es difícil proponer leyes a las que todos los colectivos afectados se acaben oponiendo. En este caso, se oponen a este proyecto de ley agentes medioambientales, agentes forestales, sindicatos, organizaciones ecologistas, el colegio de biólogos, el de ingenieros forestales y toda la oposición. Han vuelto a hacer una ley a su medida, y no a medida de las demandas de la sociedad.

Los agentes forestales y medioambientales son responsables de luchar contra los incendios, contra las construcciones ilegales, el envenenamiento de especies, la caza furtiva, el maltrato animal, el expolio arqueológico, el cierre de caminos públicos y vías pecuniarias; contra vertidos, vallados ilegales; son responsables de las investigaciones judiciales de los orígenes de los incendios forestales, y así hasta un largo etcétera. Su tan venerada Constitución, en su artículo 45 establece que los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado. ¿Y quién creen ustedes que ha garantizado y garantiza que los ciudadanos podamos disfrutar de un medioambiente al que tenemos derecho? Pues, en definitiva, aquellos que se dedican a esto, por eso a ustedes les debe molestar tanto.

En todo el Estado hay aproximadamente unos 6000 agentes forestales y cerca de 500 agents rurals en Cataluña. Este proyecto de ley, como he dicho, va contra la ciudadanía —especialmente contra ellos pero también contra la ciudadanía—, contra el patrimonio medioambiental y contra un colectivo importante de funcionarios que hacen bien su trabajo; que hacen bien su trabajo —lo repetiré hasta la saciedad—, que hacen bien su trabajo, a pesar de las inmensas trabas que en muchas ocasiones la propia Administración les impone. Para el Partido Popular, los agentes forestales y ambientales molestan. Este cuerpo ha denunciado durante muchos años a personas poderosas, a grandes empresas eléctricas —sí, a grandes empresas eléctricas—, a bodegas de cava, a propietarios de grandes fincas, algunas de familiares de políticos. Ustedes quieren que se dediquen a perseguir al ciudadano de a pie e intentan proteger a los poderosos, como siempre.

Lo que se pretende con este proyecto de ley es menospreciar a este colectivo, restringiéndoles su capacidad de actuación y sus funciones. Les impide la protección del medioambiente, les quitan rango de policía judicial, dificultando de esta manera la investigación, el esclarecimiento, la detección y posterior detención de los causantes de incendios en el medio natural. Es un atentado en toda regla a los derechos de los ciudadanos. Esta ley aumenta la duplicidad de competencias entre los cuerpos responsables de proteger el medioambiente y empeora las respuestas ante hechos delictivos. Pretenden humillar a quienes persiguen a los causantes de delitos medioambientales; quieren limitar, como he dicho, su capacidad de investigar; aspiran a que los agentes forestales actúen meramente como una fuerza auxiliar y, en caso de descubrir hechos que puedan constituir delito medioambiental, que deban entregar las pruebas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, impidiendo incluso la redacción de un simple atestado, que, recuerdo, en múltiples ocasiones ha sido la base esencial para sentencias condenatorias contra delitos medioambientales. Desean reducir a un personal especializado en protección de medioambiente para colocar a otro que no lo es y que, para más inri, no cuenta con los medios necesarios para garantizar una correcta protección del medio natural. ¿Ustedes están intentando privatizar? Lanzo la pregunta, aunque la respuesta es sí. Se trata de un proyecto de ley que pretende privatizar aquello que funciona con la función pública.

Esta ley de montes es el primer paso para privatizar la seguridad del campo, introducir guardias privados, como ya ocurre en ministerios y otros lugares públicos. Curiosamente, al frente de algunas de estas empresas que se dedican a la seguridad privada, aparecen nombres de personas vinculadas políticamente a un determinado partido político que, en definitiva, ocupa la mayoría de escaños de esta Cámara.

Es sabido que existe un mercado importante de seguridad privada, así como que este es el único espacio que aún les queda por ocupar.

El Cos d?Agents Rurals de Catalunya redacta y lleva ante la Autoridad Judicial cerca de doscientos atestados anuales por presuntos delitos contra el medioambiente e incendios forestales. Incluso la misma Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los ha felicitado en reiteradas ocasiones por su ingente y efectiva tarea investigadora en materia de delitos medoambientales en toda Cataluña.

Además, se aprecia la ausencia de una mínima referencia al impacto económico que tendrá para Cataluña y el resto de comunidades autónomas que cuentan con agentes forestales en sus plantillas, el cumplimiento de la obligatoriedad de poner a sus agentes de la autoridad a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, creando con ello una especie de doble dependencia de los agentes forestales en el ejercicio de sus funciones de policía judicial: por un lado, y orgánicamente, de sus administraciones de origen y, por otro, y funcionalmente, del Ministerio del Interior (me reservo la opinión en relación con la gestión llevada a cabo por el ministro del Interior porque ya tuve ocasión de afear su conducta a través de una pregunta parlamentaria), creando de esta manera un terreno sembrado a futuras confusiones y conflictos entre administraciones públicas implicadas.

Por otra parte, este proyecto de ley saca a relucir la poca voluntad del Ejecutivo en la lucha para la preservación del medioambiente. De hecho, esto es un punto y seguido a la política ejercida por el exministro Miguel Ángel Arias Cañete. En definitiva, es el cumplimiento de una trilogía: primero, la Ley de costas, segundo, la Ley de parques nacionales y, tercero, esta ley.

Pone el interés privado por delante del público, abre la puerta a que los incendios de los bosques acaben siendo rentables. ¿Rentables para quién? Para los especuladores. En otras palabras, incentiva la quema para un uso dudoso.

¿Piensan ustedes continuar con este modelo especulativo para salir de la crisis, con ese modelo que infló la burbuja inmobiliaria y que hace unos años nos estalló en la cara? Parece el último intento de poder perpetuar el desarrollo económico a través de nuevo del ladrillo.

Vuelven ustedes a abrir la puerta a las recalificaciones inmediatas en terrenos quemados bajo la premisa de que pueden declararse de utilidad pública pese a no haber transcurrido los treinta años prescritos en la actual ley.

Su pretensión, señorías de la bancada Popular, es la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro patrimonio colectivo, y lo hacen para beneficio de los intereses privados, de esos mismos que no han dudado en estafar, en desahuciar. ¿Con qué cara se atreverán ustedes a mirar a sus hijos en un futuro?

Por estos motivos, y por los que hemos ido desarrollando mediante las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, Esquerra Republicana ha vetado este proyecto de ley y solicitamos al resto de grupos parlamentarios su apoyo. Anticipamos ya —porque compartimos la mayoría de los fundamentos y motivos del resto de vetos que están escritos y ya han sido publicados en el Boletín de las Cortes del resto de grupos parlamentarios— que vamos a votar favorablemente el resto de vetos presentados.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 está firmada por los senadores señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo, en nombre de Izquierda Unida, hemos formulado este veto, en el que constatamos que, como ha sido una constante en las reformas legales impulsadas por el Gobierno y el Partido Popular en materia de medioambiente, se da en este proyecto claramente el desarrollo de tres objetivos: desregularización, mercantilización y recentralización. Estos argumentos, como habrán escuchado en los vetos a proyectos medioambientales que han sido discutidos en esta Cámara con anterioridad, han sido también la base de los indicados vetos.

Desregularización para propiciar la mercantilización; desregularización en tanto en cuanto se abre la posibilidad —con los cambios que se introducen en este proyecto— de una modificación del uso de los terrenos forestales que han padecido un incendio, sin tener que esperar los treinta años que establece el texto vigente, con una cobertura que resulta absolutamente carente de rigor —una cobertura muy general—, de la hipotética concurrencia de intereses generales. Pensábamos que la prohibición vigente de no hacerlo hasta que hubieran transcurrido treinta años era fruto del conocimiento de la realidad y de la experiencia, en la que se manifestaba que precisamente los intereses especulativos y urbanísticos estaban tras el origen de muchos de esos incendios. En este momento abrir una espita a que no se derive de un incendio forestal la prohibición de un cambio de uso durante un periodo dilatado, como treinta años, alienta sin ninguna duda a que algunos pirómanos con intereses especulativos puedan verse animados a afrontar el riesgo que supone la provocación de un incendio forestal si no tienen claro —como estaba hasta ahora— que ello derivaría de forma automática en la prohibición de un cambio de uso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Mercantilización, porque el objetivo declarado del proyecto —lo dice además la exposición de motivos— es facilitar la productividad y explotación comercial de los montes. Ello significa cerrar los ojos y dar la espalda al interés medioambiental que los montes tienen, que ha sido además la garantía de su pervivencia en el tiempo hasta este momento. Supeditar ese valor medioambiental —que adquiere una especial trascendencia cuando las consecuencias del cambio climático son ya tan evidentes y motivo de preocupación en todas las instancias— supone negar la función fundamental de los montes y plantear que la misma en todo caso jugará un papel secundario frente al papel prioritario que se quiere dar de animar a la explotación comercial y a la obtención de una rentabilidad a partir de esos montes. Se reduce, para conseguirlo, la exigencia de instrumentos de gestión, permitiendo que se pueda realizar esa explotación sin que existan estos elementos de gestión, planteando que sea posible, cuando estos existen, que se conviertan en una mera formalidad, en tanto en cuanto se plantean unos instrumentos de gestión tipo elaborados por las comunidades autónomas, a los que se adherirían los propietarios.

Otra medida que supone desregularización y que plantea propiciar esa mercantilización es que en los casos en los que sí se demanden instrumentos de gestión se amplíe el plazo para su elaboración de los 15 años previstos en el texto vigente hasta los 25 años. Como pueden suponer sus señorías, permitir la explotación de los montes durante veinticinco años sin la existencia de un instrumento de gestión previa conlleva que a los veinticinco años, cuando empieza a ser obligatorio tener instrumentos de gestión, ya no exista monte sobre el que establecer ese instrumento de gestión, puesto que ha acabado con él una explotación no limitada por estos instrumentos de gestión.

También contribuye a la desregularización y a la mercantilización que se exima de la obtención de autorización el aprovechamiento de especies de turno corto. Nuestro planteamiento es que estas especies de turno corto, y el hecho de que se pueda realizar su corta en periodos breves de tiempo, son las que tienen un mayor impacto ambiental: en primer lugar, porque algunas de las especies de turno corto son especies no autóctonas; y, en segundo lugar, porque el acceso reiterado a los montes para conseguir esa explotación deja una huella medioambiental superior a si ese acceso lógicamente se produce en periodos más dilatados.

También abunda en esta ausencia o reducción de regulación para conseguir una mayor y más fácil mercantilización, la posibilidad de que los montes públicos puedan albergar actividades económicas ajenas a la producción de bienes y recursos forestales como establece el texto vigente. Pensamos —como ya tuvimos oportunidad de manifestar en relación con la Ley de parques nacionales, ante un redactado similar— que, al igual que ocurrió con los parques nacionales, con el establecimiento de este precepto corremos el riesgo de que los montes se acaben convirtiendo también en parques temáticos. Finalmente, consideramos inadecuada, y que responde a los mismos principios de desregulación y mercantilización, la regulación que se establece del monte de socio.

Otro motivo de nuestro veto es la recentralización. Los contenidos que se establecen en relación con la caza y la pesca —competencia claramente autonómica—, así como la regulación de la estrategia nacional de gestión cinegética prevista suponen la invasión de competencias autonómicas.

Igualmente es motivo de nuestro veto la regulación que se establece en torno al papel de los agentes forestales. Es cierto que durante la tramitación del proyecto se han ido paliando algunos de los desaguisados que contenía el proyecto inicial que entró en el Congreso, pero aún se ha modificado de forma absolutamente insuficiente la regulación del papel de los agentes forestales. Nosotros creemos que es preferible mantener la regulación de la vigente Ley de montes en relación con el papel de los agentes forestales, pues es la que ha permitido a lo largo de este tiempo una actuación eficaz de los mismos, que han cumplido funciones de protección y de policía judicial cuando ha sido necesario, funciones que se han visto mermadas como consecuencia de la regulación que se establece en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Nosotros consideramos un error desperdiciar la experiencia, eficacia y efectividad del trabajo de estos agentes forestales y convertirlos en auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Finalmente, como fruto de la tramitación parlamentaria, y a través de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha emergido un nuevo motivo que fundamenta el veto que presentamos el senador Mariscal y yo mismo en nombre de Izquierda Unida. Emergen, fruto de la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso, la disposición transitoria única y las disposiciones finales primera, segunda y sexta, que afectan a la Ley de aguas y a la Ley de evaluación ambiental y que se refieren a la cuenca hidrográfica del Tajo-Segura. Con la incorporación de estas enmiendas al proyecto en el Congreso, el Gobierno y el Partido Popular pretenden subsanar los defectos de inconstitucionalidad que han sido detectados, según sentencia del Tribunal Constitucional, respecto a otras enmiendas presentadas a la Ley de evaluación ambiental. (El pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando la inconstitucionalidad de estas normas en tanto en cuanto constataba la ausencia de un informe previo de la comunidad autónoma aragonesa en esta materia.) Con el procedimiento que se pone en marcha a partir de la presentación de estas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se pretende subsanar esto mediante una nueva regulación que reproduce los textos contenidos en las enmiendas formuladas a la Ley de evaluación de impacto ambiental, pero no logra corregir otra deficiencia clara de aquellas enmiendas —que se sigue produciendo en las que se han incorporado a este proyecto de ley— como es la falta de participación ciudadana, tanto en aquel caso como en el que ahora se trae al debate de la Cámara. Esa falta de participación ciudadana ya había sido constatada en el informe de la defensora del pueblo de 2014, que, en relación con las enmiendas aprobadas en la Ley de evaluación ambiental, decía expresamente: «La aprobación parlamentaria de una enmienda, aunque suponga una decisión por las cámaras como representantes del pueblo español, no equivale a la participación directa del público exigida por el derecho europeo y estatal sobre aguas y medioambiente». Con estas enmiendas se sigue sin salvar esa ausencia de participación democrática de los ciudadanos, exigencia, como decía la defensora del pueblo, de la normativa estatal de aguas y medioambiente y exigencia de la normativa europea. Valga como ejemplo la decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2015, que atañe al Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medioambiente, que se incumpliría con este procedimiento seguido por el Grupo Parlamentario Popular.

La Comisión Europea en este momento —también la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo— viene haciendo un seguimiento de la normativa española y de las decisiones del Gobierno en materia de agua, en el que expresa su preocupación por lo que ellos consideran una trasposición desastrosa de la directiva europea y por lo que, en la práctica, como consecuencia de la aplicación de estas decisiones gubernamentales y de las reformas legislativas planteadas, supone una sobreexplotación de los ríos en nuestro país. Todo ello, como saben sus señorías, puede ser motivo de sanción por la Comisión Europea.

Creemos, por lo tanto, que están suficientemente acreditadas las motivaciones y razones en que se basa nuestro veto, por eso pedimos el voto de la Cámara y anunciamos el respaldo a los vetos del resto de los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todo el mundo.

Antes de entrar en el contenido exacto de la ley, quisiera hacer cuatro precisiones con relación a las características de este proyecto de ley que nos llega. Son características que tienen prácticamente todos los proyectos de ley que el Gobierno remite al Senado, excepto el proyecto de ley anterior, que ha sido consensuado, negociado y avalado. Esas cuatro características son las siguientes: la primera, la soledad parlamentaria —el 99 % de los proyectos de ley que aprobamos en el Senado solo se aprueban con el voto del Grupo Popular—. La segunda, la soledad social (prácticamente todos los proyectos de ley de cualquier ámbito —justicia, medioambiente, agricultura— tienen el rechazo de las entidades sociales, de las ONG que trabajan en este sector). La tercera, las irregularidades o las anomalías, que prácticamente todos los proyectos de ley contemplan cuando vienen al Senado. La cuarta característica es la recentralización prácticamente de todos los proyectos de ley.

Quiero explicar un poco estas cuatro características. La primera, la soledad parlamentaria: se han presentado 7 vetos y, en el Congreso, todo el mundo ha estado en contra. La segunda, la soledad social: no solo las entidades ecologistas, los agentes rurales, los sindicatos están en contra, sino también el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Forestales; no hay soportes sociales a una modificación de esta ley que presenta el Gobierno. La tercera, la recentralización: todas las leyes que el Gobierno plantea son un mordisco a las competencias de las comunidades autónomas —en este caso, hasta lo dice el Consejo de Estado—. La caza y la pesca son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Pues bien, el proyecto de ley que hoy discutimos contempla la definición de una estrategia nacional cinegética y las competencias, insisto, son exclusivas de las comunidades autónomas. Y la cuarta característica son las anomalías o irregularidades.

¿Qué sentido tiene que esté en esta ley el tema del Tajo-Segura? Desde el punto de vista de la competencia, ninguno. Pero es que, además, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido tan, tan importante que esto merecería una ley específica y propia. Pues no. Todas las leyes tienen introducidos temas importantísimos, que no se aprueban en el Gobierno, sino normalmente mediante enmiendas del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, evitando además así los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado.

Por tanto, soledad parlamentaria, soledad social, recentralización y anomalías son cuatro características generales de todos los proyectos que vienen a esta Cámara.

Para posicionarnos sobre el contenido de este proyecto de ley voy a seleccionar los tres ítems más importantes de los ocho que tengo.

La ministra de Medio Ambiente, el 16 de abril, en la presentación en el Congreso dijo lo siguiente: «Es, por tanto, necesario mejorar el marco jurídico nacional del sector forestal para conseguir unos montes mejor gestionados, más cuidados y más protegidos.» O sea, la ministra planteaba que los objetivos eran: mejor gestión, más protección y más cuidado.

En primer lugar yo les voy a exponer simplemente tres propuestas que la ley contiene: primera, si antes se necesitaba ordenación forestal para todos los montes, ahora no llega ni a la mitad. Segunda, si antes se tenían que tener los planes de ordenación de gestión en 15 años, ahora son 25 años. Tercera, si antes los agentes forestales tenían un papel importantísimo —en el proyecto inicial eran tratados humillantemente, aunque se ha corregido en parte en el artículo 6.q) la definición del agente forestal—, ahora, en el artículo 58, los agentes forestales solo pueden iniciar investigaciones primarias, luego las han de pasar.

Cuando lo leí, me hice la siguiente pregunta: ¿o me toman el pelo, o soy tonto? Puede ser que sea tonto. Si la ministra dice que quiere más protección y más cuidado, ¿cómo es posible que rebaje la protección de los montes a la mitad de superficie, cómo es posible que pase de 15 años a 25 años y cómo es posible que saque, que limite, que reduzca las competencias de los agentes forestales para buscar la protección? Esto es incompatible. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Nos toma el pelo? ¿Cree que somos tontos? Les lleva a los senadores y senadoras del Grupo Popular a hacer el ridículo —yo pienso, perdonen—, porque les hace votar unas cosas que son absolutamente incoherentes.

Por lo tanto, la idea de fondo es que los objetivos que la ministra de Medio Ambiente planteaba de protección, de cuidado y de mejor gestión son incompatibles con las medidas que ella toma —insisto— de menor protección a los montes, de mayor duración a la hora de elaborar los planes técnicos y de un papel —se ha corregido en parte— aún peor o disminuido de los agentes forestales. Y esta no es solo mi opinión. Les voy a leer un par de párrafos del dictamen del Consejo de Estado en relación con los montes que necesitan protección. Dice lo siguiente: «La Ley de Montes reduce los supuestos de montes que necesitan ordenación a los casos de los montes declarados de utilidad pública y a los montes protectores, y ello pese a que el apartado primero de ese mismo artículo 33 sigue proclamando enfáticamente que las administraciones públicas impulsarán técnica y económicamente la ordenación de todos los montes, sin que se determine cómo se pueden ordenar los montes si no es con algunos de esos instrumentos.» Brutal.

Segundo párrafo: «Respecto de los montes públicos no catalogados estima el Consejo de Estado que debe reconsiderarse su no sometimiento obligatorio a ordenación debido no solo a que este es el principio y que se predica en general como deseable para todos los montes en el artículo 33, sino que, además, la ordenación constituye casi el único mecanismo que garantiza la gestión.» Continúa: «No se ven realmente razones objetivas para excluir de la ordenación de montes de titularidad pública ya que las administraciones públicas en general deben todas ellas regirse por los principios de racionalidad y planificación.»

¡Yo no sé qué quieren más para aceptar el veto! ¿Es posible decir más cosas que las que dice el Consejo de Estado? ¿Es posible aprobar una ley que dice que quiere proteger más los montes, pero no los protege ni desde el punto de vista de los planes de ordenación ni desde el punto de vista de los agentes rurales ni desde el punto de vista del tiempo? ¿Qué pretende el proyecto cuando pasa de los 15 años, previsto en 2006, para hacer planes de gestión, y que acababan en 2021 —es decir, en 2021 todo el mundo debía tener planes de gestión—, a los 25 años, alargándose este periodo hasta el 2040. ¿Esto es proteger más los montes? ¿Es ser más cuidadosos con los montes?

Por lo tanto, señorías, les estoy diciendo la contradicción de fondo que existe en este proyecto de ley, que no solo no protege, sino que desprotege.

Pero, además, hay cuatro o cinco cuestiones más de gran importancia —a mi parecer, de menor importancia— en relación con este proyecto de ley. El primero es el tema de los incendios al que ya se ha hecho referencia. Si en 2006 se decía que en un monte, en un terreno en el que hubiera habido un incendio no se podía construir antes de 30 años, aquí se abre la excepción. Sé que el argumento contrario sería decir que puede haber gente que provoque un incendio para que no se construya una infraestructura general. No sé quién se cree esto, pero si pasa, es muy poco. Lo que ha sucedido es lo contrario, que los incendios forestales, con el tiempo, permiten la construcción de grandes urbanizaciones, y algunos ejemplos tenemos en el litoral Mediterráneo de grandes incendios que luego dieron lugar a la construcción de urbanizaciones.

En cuanto a las actividades económicas la Unión Europea da algunas directrices —que en parte recoge el proyecto de ley— que hablan de la multifuncionalidad de los bosques, es decir, de actividades económicas, de actividades de preservación del medioambiente y de actividades sociales. Pero esas actividades económicas deben estar siempre ligadas a la preservación o a la protección del medioambiente. Este proyecto abre la puerta a cualquier tipo de actividad económica, con lo cual no se están preservando los montes.

El tema de la recentralización. Ya lo he dicho antes: si la caza y la pesca son competencias exclusivas, ¿por qué están incluidas en este Proyecto de Ley de montes, cuando además el Consejo de Estado lo cuestiona? Este proyecto de ley pisa y lapida competencias de las comunidades autónomas. Del tema del Tajo y Segura ya he hablado. Un tema importantísimo, que fue motivo de un gran debate, y con una sentencia del Tribunal Constitucional no se puede colar con una enmienda del Grupo Popular en un proyecto de ley que no tiene nada que ver. No puede ser, sobre todo en un momento en el que hablamos de transparencia y de democracia. Ustedes utilizan una vez más una enmienda del Grupo Popular para evitar que el Consejo de Estado emita un informe sobre esto. Y desde el punto de vista político es verdaderamente irresponsable que no exista un proyecto de ley que recoja la sentencia del Tribunal Constitucional y que no haya un debate a fondo sobre lo que significa el trasvase Tajo-Segura.

Creo que hay una palabrita sobre el cambio climático en la exposición de motivos y me parece que en el resto del proyecto de ley no hay nada más al respecto —la palabrita que se pone y nada más—.

Existen otros contenidos concretos sobre los que no quiero alargarme, pero sobre los que me parece importante hacer un resumen. ¿Qué va a pasar cuando se apruebe esta ley? ¿Qué diferencias va a haber cuando se apruebe la ley respecto a la situación actual? ¿Van a estar más o menos protegidos? No creo que nadie pueda argumentar que van a estar más protegidos. Es imposible. Hay que decir que están menos protegidos. ¿Van a estar más o menos cuidados?



Van a estar menos cuidados. ¿Se van a poder producir especulaciones con los incendios, sí o no? (No digo que se produzcan, digo que se abre una puerta a que se puedan producir). Se limita la acción de los agentes forestales —aun reconociendo que no son auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que era lo que inicialmente decía el artículo 6.q) si no recuerdo mal— a las primeras investigaciones. La pregunta es por qué, por qué si se ha iniciado una investigación en un determinado momento, los guardias forestales han de dársela a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando han funcionado bien, cuando por su profesión conocen perfectamente los montes, incluso mejor que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por tanto, esta es una de esas leyes que aprueba el Partido Popular que no tiene futuro. Me ha parecido interesante que se haya aprobado el proyecto de ley anterior, porque legislar significa, en definitiva, entretejer ideas de forma que cuando cambie el Gobierno no haya que cambiar toda la ley. Estoy seguro de que en el caso de la Ley de protección civil que hemos aprobado antes no se cambiará toda la ley, porque hay un núcleo central que cualquier partido político puede hacer suyo. Se podrán cambiar cosas periféricas, cosas concretas, pero no toda ella. Sin embargo, hay otras leyes que yo espero que se deroguen dentro de muy poco en esta Cámara. Estoy seguro de que la Ley Wert no tiene ningún futuro, y no sé si será en enero, en febrero o en marzo del año que viene, pero probablemente se eliminará en esta misma Cámara; y posiblemente suceda lo mismo con la de montes, porque estas son leyes que, además, dividen al país y aíslan al Partido Popular. Ustedes pueden estar ahora aislados porque son mayoría absoluta, pero si mantienen estas posiciones, en la oposición van a estar aislados; porque cuando se debata y modifique la Ley Wert o la de montes van a estar solos, y ya les digo que se van a modificar. Pero es más, vamos a perder años. Con la Ley Wert perderemos cuatro años de enseñanza y con esta de montes perderemos dos o tres años de protección de los montes.

Por todas estas razones y por muchas más, les pedimos que voten a favor de nuestro veto. Nosotros lo haremos con el resto de los presentados por los diferentes grupos parlamentarios. Nos sabe muy mal que una ley que era inicialmente para la protección de los montes se convierta en una ley de desprotección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García, y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo también quiero saludar a los agentes forestales que hoy nos acompañan en la tribuna y que están haciendo una importante labor para defender sus derechos y los del monte.

Voy a defender el veto presentado por los senadores de Entesa a este proyecto de ley, un proyecto que desde nuestro punto de vista merece ser retornado al Gobierno, tanto por su fondo como por los objetivos que debería perseguir y que, en nuestra opinión, no solo no consigue, sino que en muchas ocasiones hace que retrocedamos en materia de protección del medioambiente.

¿Y cuáles deberían ser estos objetivos? Para mi grupo parlamentario son muy claros: la acción en el medio rural —y el bosque forma parte de él— debe abordarse con una mirada global sobre aquellos que forman parte de su ecosistema ecológico, económico y social. Entendemos que el bosque forma parte de un todo y que no puede tratarse, como hace este proyecto de ley, de una forma parcial, partidaria y de interés de parte. Así pues, en nuestra opinión el proyecto adolece de esta capacidad de abordar una reforma legislativa que no solo se detenga en cuestiones administrativas puntuales, partidarias y de interés de parte, como decía hace un momento, sino que adopte nuevas fórmulas para establecer nuevas lógicas entre el bosque, que sabemos que es un elemento absolutamente trascendental para nuestro futuro, para nuestra sociedad, y sus entornos. Ustedes no solo no abordan esta cuestión desde esta perspectiva general, sino que tampoco respetan a aquellos que han sido protagonistas de esta historia: los agentes forestales, el mundo rural, los alcaldes y todos aquellos que de una u otra manera deberían haber interaccionado con el Gobierno, deberían haber establecido un diálogo permanente que ciertamente no se ha dado. Por tanto, desde nuestro punto de vista, aunque es cierto que el proyecto de ley viene motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional, es una oportunidad perdida y nos retrotrae a otros tiempos que son absolutamente anacrónicos para nuestra sociedad.

El proyecto de ley en realidad nos deja, señorías, en un punto que hace imposible determinar exactamente —y este es uno de sus graves errores— hacia dónde pretende conducir el Gobierno el futuro de los bosques. No lo digo solo por los aspectos más polémicos de la ley, a los que me referiré en un momento, sino también por su tenor general, que no consigue definir objetivos claros y precisos en materia de monte. El relato nos conduce hacia la desregularización y nos descubre, entre el diferente articulado, tres auténticas cargas de profundidad que harán un inmenso daño al ámbito forestal de nuestro país.

Es cierto, la ley debe considerar los montes —y lo hace, de hecho, porque así lo dice una comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo y también el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones— como infraestructuras verdes. Es verdad que esta denominación de infraestructuras verdes está recogida en la ley pero, señorías, debería tener alguna consecuencia. Se supone que la ley debería apuntar a cambios en la concepción de la gestión de nuestros bosques, y ciertamente lo que vemos en el proyecto de ley está muy lejos de esta realidad. Porque lo que hay en la ley son enumeraciones imprecisas, y quiero llamar su atención sobre una cuestión que nos parece enormemente trascendental. Saben ustedes —habrán oído hablar de ello— que existe un problema que se llama cambio climático y este problema de carácter global en el que nuestra sociedad se juega el futuro debe resolverse sin ninguna duda, como decíamos de forma insistente hace una década, con políticas locales, y esta ley debería abordar esta cuestión y no lo hace.

Saben ustedes que en el conjunto del planeta los bosques se han reducido en estos últimos cien años un 30 %, y esto debería hacernos reflexionar sobre la trascendencia que tiene la calidad y la protección de nuestros bosques, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, sino que es una cuestión de solidaridad global. Dirán ustedes que algunas medidas que recoge la ley están definidas, y es cierto, pero señorías, las medidas que van en esta dirección son timoratas y en absoluto compensan aquellas otras que van en dirección contraria. Ustedes saben perfectamente que en esta legislatura la materia de medioambiente la han suspendido. Tampoco es que Europa vaya muy bien. Europa suspende en la conservación del 60 % de las especies que están protegidas, y el 70 % de los hábitats del continente son desfavorables. España suspende en protección de la biodiversidad —lo dicen diferentes informes de organizaciones ambientales— y de los 40 indicadores ambientales que marcan la calidad ambiental del país solo mejoramos en 5, y entre ellos, señorías, está nuestra capacidad de respuesta para abordar los incendios forestales en un país donde saben que el impacto de estos incendios es absolutamente devastador.

Las prioridades en política forestal auspiciadas en la FAO y en los organismos internacionales hablan de la ordenación de los bosques, la protección de su biodiversidad, el recurso bioenergético y constructivo de la madera y la protección de las poblaciones que viven en el bosque y del bosque. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión porque los sistemas agropastorales tienen mucho que ver con el concepto de desarrollo del mundo rural, y lo digo porque muchas veces no es suficiente. Hay cifras que dicen que el bosque crece, pero ciertamente hay que ver cómo y dónde lo hace, porque es verdad que muchas veces lo que sucede es que el bosque crece donde se abandonan las actividades agropastorales que deberíamos hacer un esfuerzo por conservar.

Si hablamos de materia presupuestaria, que es lo que a ustedes debería darles alguna credibilidad, tampoco van bien porque saben que han recortado las partidas de política forestal casi en un 24 %, un total de 24,6 millones de euros en los últimos ejercicios. Por tanto, señorías, estamos en un proceso de desprotección, de privatización y de mercantilización de nuestro medio rural y, ciertamente, desde nuestra perspectiva, este es un mal camino.

Por tanto, nosotros no podemos aceptar una ley que denota que ustedes no han tenido en estos años ningún interés por el bosque y que tampoco lo tienen ahora; ni lo han tenido en el ámbito de la protección ni lo han tenido en el ámbito de los recursos que se generan en el bosque. Saben ustedes el descontento de todas aquellas empresas —y luego me referiré a ello— que se han dedicado a esta materia.

Señorías, voy con las tres cargas de profundidad que a mí me parece que a ustedes deberían hacerles reflexionar sobre las consecuencias que puede tener esta ley sobre el medio, que nos parecen absolutamente inaceptables.

Se ha hablado aquí de la modificación del artículo 50 —lo hacía el senador Saura hace un momento—, que permitirá excepciones a la recalificación de los terrenos forestales incendiados, posibilitando la aparición de operaciones especulativas asociadas a los incendios. A mí me parece que esto es absolutamente incompatible con una ley que debería preocuparse de la preservación de los montes. Señorías, solo el mensaje es absolutamente demoledor; este mensaje desautoriza todo aquello que pueda tener de positivo esta ley.

Por último, quiero referirme también al ámbito de los agentes forestales. Yo no sé si ustedes son conscientes realmente del daño que van a hacer al medio rural, que van a hacer a los bosques de este país al desautorizar a aquellos que hasta ahora han velado por la preservación de nuestros bosques, a aquellos que han acumulado conocimiento, que han acumulado experiencia y que han acreditado, como se ha dicho en esta tribuna, durante muchos años una excelente hoja de servicios a favor del medioambiente. ¿Por qué les castigan? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está la cuestión que puede explicar que ustedes desautoricen en este momento al cuerpo de agentes forestales, de agentes medioambientales, que los degraden y que, al mismo tiempo, pretendan que esta ley sirva para proteger aquello que nos es en este momento tan preciado como son los bosques?

Señorías, yo siento decirles que no lo entiendo. Sí, sé que hay una explicación, que es una batalla entre ministerios y que aquí el señor Fernández Díaz ha vuelto a ganar la partida al Ministerio de Agricultura, que siempre es la cenicienta de este Gobierno y, por tanto, es una cuestión de protagonismos. Me parece una explicación muy triste para un expediente tan brillante como han tenido los agentes forestales. Por tanto, vaya desde aquí nuestro absoluto apoyo a este colectivo pero, sobre todo, más que a ellos, a la labor que han realizado durante todos estos años.

Por tanto, acabo, señor presidente, rematando aquello que se ha dicho ya reiteradamente en esta tribuna. ¿Qué sentido tiene hablar en esta ley de una cuestión como la caza? Es verdad que se practica en los bosques y en otras zonas que no son bosques, pero nos parece que, además de una invasión absoluta de competencias de las comunidades autónomas, no tiene ningún sentido que entre por la puerta de atrás en esta ley, como hacen también con el trasvase Tajo-Segura. Lo ha explicado muy bien el senador Saura y no voy a reiterar los argumentos, pero nos parece que es una falta de sensibilidad democrática en un momento como el que estamos viviendo colarnos por la puerta de atrás de esta ley debates que son importantes y que no pueden hacerse en una adicional y por la puerta de atrás.

Por consiguiente, señorías, nosotros presentamos este veto y ya les anunciamos que votaremos a favor del resto de los vetos. En este proyecto de ley vamos a defender la idea de que el bosque y el mundo rural deben seguir en pie porque es un elemento absolutamente trascendental de nuestro futuro, y esta ley no respeta ni al bosque ni al mundo rural. Me referiré después en el turno de las enmiendas a cuál ha sido su política en el mundo rural.

Señorías, se lo he dicho antes y se lo reitero ahora, ustedes en medioambiente en esta legislatura tienen un suspenso importante, y el problema va a ser que ustedes, señorías, no van a poder repetir curso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun on, mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Voy a intentar concentrar en esta intervención las razones por las que hemos presentado este veto y lo correspondiente al turno de portavoces en el debate del proyecto de ley.

Evidentemente, ser el sexto de siete tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas: que ya lo han dicho todo. Suscribo todo lo que han dicho los senadores Iglesias, Saura, Boya y la senadora Capella. Lo suscribo todo, y por eso, no voy a entrar en detalles, aunque sí haré algunas reflexiones.

¿Cuáles son los motivos que aduce el Gobierno para la presentación de este proyecto de ley? Parece que tres. La mejora del texto vigente, la adaptación del texto a los posteriores desarrollos legislativos, tanto estatales como autonómicos, y la necesidad de avanzar en algunos contenidos de la ley.

Entendemos que habiéndose aprobado la anterior ley en el año 2003 y estando en 2015 ha pasado el tiempo suficiente para una revisión de la norma, más teniendo en cuenta que la ley de 2003 sustituía a una ley de 1957, evidentemente preconstitucional y muy antigua. Pero nosotros pensamos que esa no es la razón.

A nuestro juicio, ninguna de las tres razones expuestas en el preámbulo es la razón verdadera de la presentación de este proyecto de ley. Tal vez sea la tercera, que habla de la necesidad de avanzar en algunos contenidos de la ley; tal vez sí, pero con un objetivo claro, con objeto de avanzar, sí, pero en la recentralización del Estado. En eso sí que se empeña el proyecto de ley. No en la mejora de la gestión de los montes, sino en el aumento del control y en el empeño de vaciamiento de contenidos de los estatutos de autonomía. Avanzar sí, pero en el empeño de crear nuevas estructuras bajo el control del Gobierno central en lugar de reforzar las estructuras ya existentes y consagradas por la aplicación de la propia Constitución española. No reforzar a los poderes públicos, sino al Gobierno central.

¿Por qué digo esto? Primero, porque, una vez más, bajo el paraguas protector, o más bien bajo el subterfugio de la apelación a la legislación básica, especialmente al artículo 149.1 de la Constitución, que ha sido el artículo de la Constitución más mencionado en esta legislatura en esta Cámara, sin ninguna duda, el Gobierno y el Grupo Popular proceden a reforzar y a recuperar competencias estatales, proceden a dar otro mordisco a las competencias exclusivas, por lo menos de la Comunidad Autónoma vasca, apelando al artículo 149.1, que lo mismo ha servido para defender la fiesta de los toros que para considerar básicos los ferrocarriles de vía estrecha. Ha servido exactamente para todo y eso son trampas en el solitario. Eso es para lo que ha servido el artículo 149.1 en esta legislatura, que no creo que se creara con esa finalidad.

Segundo, ¿por qué decimos que es avanzar en la recentralización? Porque se ejecutan sin disimulo las prescripciones de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, CORA, creando una serie de registros estatales sobre varias cuestiones relacionadas con los montes, los aprovechamientos o lo servicios forestales.

Tercero, porque se utiliza el mecanismo de las conferencias sectoriales para evitar cualquier tipo de asimetría entre el Estado y las comunidades autónomas, con el pretexto de la necesidad de colaboración, que no es tal, sino más bien una imposición del Estado sobre las competencias autonómicas exclusivas.

Cuarto, porque estas mismas conferencias sectoriales se utilizan para generar instrumentos de planificación y gestión que acaban siendo un mecanismo controlador de la materia, obviando las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por lo menos de la Comunidad Autónoma vasca y del Estatuto de Autonomía de Euskadi, dejando a la Administración autonómica la mera función de ejecución instrumental.

Y quinto, porque no tienen ningún empacho en apelar a la figura de la unidad del mercado para recuperar para el Gobierno central y centralista competencias autonómicas en caza, pesca, especies cinegéticas, etcétera. Esto en cuanto se refiere a la parte competencial.

En cuanto al contenido, vuelvo a repetir que, siendo el sexto compareciente que va a hablar de este tema y después de las brillantes intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no puedo decir nada nuevo. Pero sí quiero hacer algunos comentarios, al menos para que consten en el Diario de Sesiones, aparte de lo dicho anteriormente.

Primero, por lo recogido en el apartado 61, que añade un nuevo párrafo al artículo 50.1 de la vigente ley, por el que se permite a las comunidades autónomas que, cuando haya concurrencias, razones imperiosas e interés público de primer orden, que deberán ser apreciadas por ley, se pueda excepcionar la prohibición del cambio de uso forestal a los terrenos incendiados. Con la experiencia histórica que se tiene en España en general, especialmente en algunas comunidades, con los incendios forestales, no es de extrañar que nadie se fíe de la introducción de una excepción como esta y que todo el mundo, por lo menos dentro de la sensatez, se ponga en contra y piense, como nos ha dicho el senador Saura, que esto probablemente no va a aumentar los incendios forestales pero, desde luego, no los va a reducir, y cabe esa posibilidad.

Segundo. También como consecuencia de la aplicación de los preceptos del CORA se despoja a los agentes forestales de su condición de funcionarios públicos —hasta ahora auxiliares de la justicia— y se les convierte en personal auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, esto condena a ese cuerpo a que únicamente pueda actuar como policía administrativa —evidentemente ante faltas administrativas—, el resto inicia el expediente pero nada más. Además, la pérdida de estos agentes de su naturaleza funcionarial se percibe como otro subterfugio más para una futura asignación de los servicios de guardas forestales a empresas privadas para una futura privatización de la gestión del servicio.

Para terminar mi intervención, en cuanto a los contenidos del proyecto de ley, también quiero destacar —y así lo han hecho los anteriores ponentes— que en este proyecto de ley se exime a algunos tipos de montes de la obligación de disponer de instrumentos de gestión para los propios espacios y, no menos importante, para los recursos naturales incluidos o derivados de ellos. Hablamos de los espacios, pero también tenemos que hablar de los recursos; la propia Constitución española, en su artículo 45 obliga a los poderes públicos a la utilización racional de esos espacios con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente. Difícilmente se pueden conseguir estos objetivos si se permite que parte de los montes del Estado queden a su libre albedrío, es imposible sin los correspondientes planes de instrumentos y de gestión sostenible.

En cuanto a colar de rondón el asunto del Tajo-Segura en esta norma, nosotros no vamos a entrar especialmente en eso. No tenemos ni capacidad ni debemos hacerlo y, por lo tanto, no voy a mencionar esto de manera especial.

Señorías, las competencias ejercidas hasta hoy por la Comunidad Autónoma vasca y las tres diputaciones forales han servido para una correcta, aunque siempre mejorable, como todo en este mundo, gestión de nuestros montes.

Sin embargo, el actual proyecto de ley lamina y limita unas competencias que han demostrado de manera ejemplar su capacidad y validez para la correcta gestión, conservación y control de nuestros montes. Por eso nosotros hemos presentado este veto.

Señorías, a grandes rasgos, cambiando el concepto montes por el de protección civil o por el de calidad alimentaria o por patentes, la argumentación que estamos dando hoy es la misma que hemos dado en los últimos cuatro años y la misma que seguiremos dando en el futuro venidero —que no es nada lo que nos queda por ver—, y es la misma, entre otras cosas, porque el Gobierno y el grupo que lo sustenta siguen utilizando los mismos argumentos cada vez que presentan una ley, y sigue haciendo lo mismo con el tema competencial, etcétera.

Por lo tanto, podríamos dar por defendidos todos los vetos y todas las enmiendas desde ahora hasta el final de la legislatura, porque nos vamos a repetir; de hecho, nos estamos repitiendo continuamente. Vuelvo a repetir, no porque nosotros utilicemos los mismos argumentos, sino porque tenemos que utilizar los mismos argumentos ante lo que nos viene. Y también previsiblemente el Gobierno y el Grupo Popular, más si cabe por la prisa y la premura con la que se quieren aprobar toda esta ingente cantidad de proyectos de ley que ha presentado el Gobierno en las últimas semanas como traca final a una legislatura en la que solo en excepcionales ocasiones se ha podido llegar a acuerdos puntuales. Ayer, en un proyecto de ley, un senador del Grupo Popular usó el concepto de proyecto de ley histórico para definir una de las normas que se aprobó. La verdad es que visto el panorama legislativo que nos espera en estos tres meses escasos antes de terminar la legislatura, probablemente menos, vista la prisa por cambiar las normas, vista la actitud de cerrazón a cualquier aportación de los grupos que no sustentan al Gobierno, creo que en vez del calificativo de histórico deberíamos hablar del calificativo de histérico, de un afán legislador histérico en cuanto a precipitado, forzado, urgente y casi desesperado. Eso lo tenemos que decir y creo que eso lo opinan también muchas de sus señorías, aunque estén en este lado de la Cámara. Desgraciadamente, entre otros, con un objetivo claro: vaciar de contenido los estatutos de autonomía, especialmente los de las nacionalidades históricas, usando la misma Constitución y el Tribunal Constitucional, muy poco sospechoso de ser un tribunal imparcial.

Como suele decir el senador Anasagasti, los esfuerzos baldíos provocan melancolía y la verdad es que bastante melancolía produce a veces estar lejos de casa como para que todos los esfuerzos que hagamos y todo el trabajo que podamos hacer sirva para esto, o sea, para nada. Eso es más melancolía; a más a más, y probablemente acabaremos padeciendo una sobredosis de melancolía que no va a ser buena para nadie. Por todo esto, hemos presentado el veto a esta norma y por todo esto también vamos a votar a favor de los vetos que han presentado el resto de los grupos. Sobre las enmiendas, más o menos por encima hablaremos en el siguiente turno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Finalmente, la propuesta de veto número 4 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

Quiero mandar también un saludo a los representantes de las organizaciones de agentes forestales que están en la tribuna y a cuantos nos siguen en la página web del Senado.

Antes debatimos la Ley de protección civil y seguimos hablando de catástrofes, de una catástrofe en la que el Partido Popular sigue cosechando el éxito de aunar y hacer coincidir en sus diferentes puntos de vista a todos los grupos de la oposición. Esta ley, esta nueva contrarreforma, en el marco en el que se presenta es una muesca más en la hoja de ruta que marcó el señor Cañete por orden del señor Rajoy respecto a recortar el sistema de protección ambiental con el que contaba España; un sistema de protección ambiental avanzado respecto al resto de los países europeos. Una hoja de ruta que tiene un objetivo claro: rebajar las condiciones de protección, sea en la costa, sea en las exigencias que le pedimos a las empresas y particulares que desarrollan su actividad económica, sea en la Ley de evaluación ambiental, sea en la Ley de parques nacionales, y ahora, en este final de legislatura, le toca también a la Ley de montes. Por lo tanto, señorías, creo que habría que buscar un mecanismo para medir la huella ecológica de los gobiernos, y desde luego la huella ecológica del señor Rajoy va a batir todos los récords de perjuicio y daño al medioambiente.

En esta reforma, el Partido Popular va al grano —es verdad—, a sus objetivos, y entra con el primer objetivo, gravísimo, que está provocando un gran escándalo: la recalificación de los terrenos incendiados. En una ley de montes, no estudia ni implanta medidas para evitar mejor los incendios, para potenciar más la vigilancia, por ejemplo, favoreciendo el papel de los agentes forestales en la investigación y persecución de esos delitos, en darles más medios, en mejorar la coordinación y la acción de las diferentes administraciones, en buscar la colaboración para cuidar los bosques, para replantar, para evitar la erosión, etcétera; no, le preocupa y es objetivo principal de esta ley, crear las condiciones para especular urbanísticamente con los usos de los terrenos forestales quemados e incendiados. Este objetivo es gravísimo, por lo que pido al Grupo Popular que retire este contenido de la ley.

La reforma persigue otro objetivo: evitar que haya un cuerpo de funcionarios, el de los agentes forestales, que sea independiente, que solo dependa, como policía judicial, de jueces y fiscales. Se hace, por tanto, socavando su autoridad y sus funciones. Se puede poner en duda si eso es así, pero yo solo me refiero a los contenidos del apartado 4 del artículo 58 —también pido al Grupo Popular que los retire de la ley—, que viene a decir que se limitarán a las primeras diligencias. Es decir, vamos a limitar a los especialistas en la materia a las primeras diligencias, con lo cual quedan subordinados a otros cuerpos y fuerzas de seguridad que no son especialistas en esa materia. Y se indica, además, que deberán someterse a sus jefes, aunque se diga con palabras más bonitas: a los órganos en cuya estructura se integren. Por tanto, para actuar tendrán que pedir permiso a sus jefes. Nosotros queremos que sea un cuerpo independiente del Gobierno y de la Administración, que solo dependa de la autoridad judicial. Esto es como si el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es una policía judicial independiente, si fuera a detener a un ex vicepresidente del Gobierno tuviera que pedir permiso al ministro de Hacienda para hacerlo. No, como digo, tiene que ser un cuerpo independiente para que tenga la eficacia que pide la sociedad.

La ley dice también que debe someterse al auxilio y colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bien, la policía judicial se somete a los juzgados y fiscalías, no puede estar subordinada a otras fuerzas. Por cierto, con los recortes, por ejemplo, en las plantillas de la Guardia Civil los pueblos han visto aumentar de nuevo el miedo y los delitos en el mundo rural, que es a lo que debe dedicarse a perseguir la Guardia Civil, no a sustituir ni a hacer de mandos —siendo un cuerpo no especializado— de otros funcionarios, como en el caso de los agentes forestales.

Se trata de una reforma que hacen contra todos, y aquí se está viendo la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en ese sentido. Incluso han conseguido la oposición de parte de los miembros del Grupo Parlamentario Popular, como la de los honorables senadores del Partido Aragonés Regionalista, que también han manifestado su queja a este respecto. Han conseguido la oposición de las organizaciones sindicales —precisamente hoy están presentes representantes de algunas de ellas, como UGT, Comisiones Obreras y la Asociación Española de Agentes Forestales—. De fuerzas judiciales, como la Unión Progresista de Fiscales o Jueces para la Democracia, por citar algunas de ellas. De organizaciones sindicales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. De la sociedad civil —se ha citado a los ingenieros técnicos forestales—. De los municipios que tienen montes en propiedad y que gestionan montes. Y también de colectivos como los montes de socios, cuyo trabajo es muy gratificante y reconocemos todos los grupos parlamentarios. Ni siquiera recoge las observaciones del Consejo de Estado. Y a altas instancias, como el Tribunal Constitucional, le hacen un pase de torero y una burla más, introduciendo en esta ley, que nada tiene que ver con ese tema, la regulación del trasvase Tajo-Segura; por cierto, sin cumplir ni completar las razones ni los vicios que dieron origen a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Lo hacen también, como es tónica en su grupo parlamentario, recortando las competencias de las comunidades autónomas. En esta materia, después de lo que hemos visto, me da miedo lo que nos ha preparado el Gobierno para este verano, esas cuarenta y una contrarreformas legislativas de fin de temporada, el paquete que la vicepresidenta Soraya va a mandar el Senado.

Otra crítica o punto delicado sobre el que quiero insistir es el peligro que esto supone para la existencia de los montes de socios y otras propiedades y aprovechamientos comunes. Fíjense: el ministerio creó un grupo de trabajo y ha hecho una propuesta y un texto para defender y preservar los montes de socios con el fin de inscribirlos, investigarlos y poder calificarlos como tales, para poder mantenerlos a lo largo del tiempo. Esa propuesta coincide con la enmienda 85 del Grupo Parlamentario Socialista, y espero que todos los grupos la apoyen, porque significará dar mecanismos a los montes de socios para que puedan investigar e inscribirlos. Sabemos que su origen es muy antiguo y que es complicado documentarlos, por tanto, la ley debe favorecer su inscripción y favorecer también que las cuotas vacantes en esa sociedad se queden en los pueblos y no puedan realizarse transferencias a grupos económicos o particulares para que puedan hacerse con grandes propiedades en los pueblos donde existen los montes de socios a través de la subasta o de las distintas administraciones. Este es un serio peligro que debe abordarse.

Y con todo el daño que hace esta reforma, tampoco se ocupa de favorecer ni desarrollar la riqueza forestal de España, unos recursos que pueden crear empleo, que pueden crear desarrollo, que pueden favorecer nuevas iniciativas empresariales en el mundo rural. El Senado ha creado una ponencia y una comisión especial para afrontar el problema de la despoblación, pero ¿de qué nos vale llegar a conclusiones positivas si en cada hito legislativo hacemos todo lo contrario de lo que acordamos? El papel de los pueblos y de los vecinos en la gestión forestal, las posibilidades de desarrollo de la micología, el turismo, la actividad deportiva o social, las resinas… hay una gran cantidad de activos que encierran nuestros bosques y, desde luego, hay uno muy importante: los recursos hídricos. El mantenimiento de los montes es fundamental para preservar los recursos naturales, los recursos hídricos, y para que nuestra sociedad tenga agua. Y esta ley es la indicada para reconocer la aportación que hacen los vecinos que cuidan los bosques y montes como sumidero de CO2 para evitar los efectos de las emisiones que producen las zonas industriales y urbanas. Esos pueblos son los que mantienen y combaten de alguna forma los efectos del cambio climático, y esa aportación debe ser retribuida por el conjunto de la sociedad. En el trámite de defensa de las enmiendas explicaremos algunas de las medidas que proponemos al respecto.

Ahora bien, la falta de medidas para ayudar al sector forestal y los graves ataques a cuestiones importantes que ya he citado, como los riesgos para preservar los montes de socios, los ataques a la independencia de los agentes forestales como funcionarios de la Policía Judicial, o las medidas que posibilitan que los montes quemados entren en un mercado de especulación ─cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras, parece mentira que esto se tenga que ver en una ley de montes─, todas estas razones, nos llevan a pedir que el Senado ejerza el derecho al veto, que se vote afirmativamente y se devuelva al Gobierno este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Fidalgo, me encantan sus citas, porque siempre me suscitan alguna cuestión. Tras la frase del ingenioso caballero que usted ha citado, le recordaría lo que le decía su escudero, Sancho Panza: que no son gigantes, que son molinos. Y es que ustedes ven permanentemente gigantes donde solo hay molinos, ustedes ven permanentemente vigas donde solo hay un granito de arena. Es cuestión de leer las cosas de una forma u otra.

Nosotros podemos… (Rumores). Moltes gràcies. Si vol continuar parlant, pot. No hay ningún problema.

El señor PRESIDENTE: Senador Aparici, continúe. Por favor, guarden silencio.

El señor APARICI MOYA: Como decía, es cuestión de la lectura que se haga del texto —yo hago una lectura un tanto diferente de la que hacen ustedes—. Y yo lo leo con una triple visión: la de senador; la de usuario permanente del monte como senderista, y la de persona preocupada por el desarrollo sostenible. Y parece que muchas veces esto último se nos quiere olvidar. Estamos en el momento del desarrollo sostenible, y veo aquí posicionamientos que no tienen que ver con esa cuestión, que son excesivamente conservadores, conservacionistas, o excesivamente economicistas. Pero no, este es el momento del desarrollo sostenible y tengo que decir, señoras y señores senadores, que la reforma de esta ley —no lo olvidemos— engarza perfectamente con el desarrollo sostenible.

Esta es una reforma de la ley de 2003, como ha indicado el compañero Cazalis, y muchas de las cosas que ustedes han aportado ya figuraban en ella, pero no he visto que en estos tres o cuatro años hayan intentado hacer un cambio o modificación de la ley; y ahora dicen ustedes cosas que, efectivamente, se refieren más a la ley que a la reforma que de ella hacemos en este momento.

Desde nuestro punto de vista, la reforma de la ley era necesaria por una serie de cuestiones. Tiene diez años de vigencia, señorías, en los que ha habido legislación en ámbitos que tangencialmente han influido en ella; leyes autonómicas que influyen en la ley del 2003; medidas que entendemos que no han dado los resultados que deberían y que, por tanto, necesitan ser mejoradas; y nuevos aspectos que no quedan recogidos en esta ley. Por consiguiente, existe esa necesidad.

La segunda cuestión que quiero señalar es que no se ha hecho ni deprisa ni corriendo, señor Cazalis. Tengo referencias del año 2012, en que se iniciaron las primeras reuniones con los colectivos para empezar a trabajar en la ley. Por tanto, los primeros borradores de esta ley aparecen en 2013, hace dos años. A lo mejor estoy confundido, pero esa es la información que manejo —¿me dice que no estoy confundido? Entonces es así—. Por consiguiente, ninguna prisa, ha habido prácticamente tres años de trabajo en una ley que puede ser más o menos acertada, pero en la que, repito, se ha trabajado durante ese tiempo. Es, además, una ley claramente discutida, debatida, dialogada con muchos de los colectivos importantes en este tema. Ustedes mismos han dicho que se ha hablado con las comunidades autónomas —es cierto—. Se hablado también con los ingenieros de montes, con los propietarios forestales, con los municipios forestales, y con mucha gente más. Me imagino que también con los agentes forestales, a cuyos representantes quiero agradecer su presencia en estos momentos.

Insisto en que la ley ha sido hablada, discutida, y muchas de las cuestiones de ámbito competencial que ustedes han planteado aquí han sido también habladas con las comunidades autónomas. Y no vimos esa férrea oposición, entre otras cosas, porque nosotros entendemos, señor Cazalis, que la ley actual no cambia en absoluto la distribución competencial de la ley anterior. Eso es lo que entendemos, lo que deducimos de esta ley.

Desde nuestro punto de vista, la ley tiene cuatro objetivos fundamentales —no los que queremos inventar, sino los que pueden observarse en el texto—. Con esta ley hay una mejora de la gestión de los montes y una incidencia específica en mejorar la biodiversidad, uno de los temas importantes. Segunda cuestión: con la nueva normativa hay una mejora en materia de prevención de incendios, y lo sé. Precisamente antes he oído una crítica sobre esta cuestión que para mí es especialmente dolorosa, porque hace algo más de un año yo sufrí un incendio que llegó prácticamente hasta las puertas de mi casa. Y les invito a que vengan y vean, después de la actuación del ministerio, cómo está la zona que fue incendiada, que, insisto, prácticamente llegó hasta las puertas de mi casa. Les invito a que vean que hay una preocupación de verdad, un trabajo, en nuestra opinión, perfectamente hecho por una empresa pública, Tragsa. Tercera cuestión: entendemos que la ley supone una mejora en la lucha contra el cambio climático. Y cuarta cuestión: se mejora la movilización de productos forestales y el aprovechamiento de recursos.

Y déjenme que les diga que me ha parecido bastante sorprendente que los grupos que han planteado los vetos hayan dicho una cosa y la contraria para apoyarlos. Un compañero ha venido a quejarse porque se pretende facilitar en demasía la explotación de los montes, pero otro compañero ha dicho, defendiendo el veto, que no se da cauce alguno, en términos de desarrollo sostenible, a esa necesaria explotación de los montes. A ver si nos aclaramos, porque no puede ser una cosa y la contraria. Creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que se trata simplemente de una acepción de la ley en términos de desarrollo sostenible.

Tras la lectura de esta ley, quiero destacar cuatro o cinco puntos, para que también a ustedes les queden claros. Por un lado, observamos una mejor clarificación y racionalización en la clasificación de los montes —así lo vemos en el contexto de la ley—. Observamos que se da un mayor impulso a las cuestiones de ordenación forestal, cuestión que me parece importante. Observamos la puesta en marcha de las sociedades estatales, con cuestiones de agrupación de montes a efectos de gestión, tema también importante por las especiales características que tienen nuestros montes en términos de propiedad, de explotación, etcétera. Observamos —a ello ha hecho referencia el señor Fidalgo— la incorporación de los montes de socios al grupo de montes gestionados, lo que va a permitir una mejor gestión de más de un millón de hectáreas de monte, que en estos momentos —lo sé, porque voy al monte— se encuentran bastante abandonadas. En nuestra opinión, es así de claro. Observamos una mejora de las medidas para los montes públicos. Observamos una regulación de aspectos relacionados —ustedes no lo han citado—, por ejemplo, con la lucha contra la tala ilegal —



está en este proyecto de ley—. Y observamos también una mejora del sistema de infracciones y sanciones.

Quiero referirme también a una cuestión en la que no soy experto —lo reconozco— y de la que he pedido el informe correspondiente. Es un tema que nos preocupa a todos, el de los agentes forestales, a los que reconozco desde aquí su actividad, siempre muy eficaz, porque lo veo y a algunos los conozco personalmente, al menos en mi zona. Pedí ese informe, porque, como digo, no soy experto, del que voy a leer textualmente lo que decía: Si consultamos la legislación vigente, toda la legislación vigente en materia de enjuiciamiento criminal de fuerzas y cuerpos de seguridad y del Poder Judicial, veremos que no se modifican para nada esas capacidades y potestades de los agentes medioambientales ni tampoco las obligaciones correspondientes a estas personas. Siguen teniendo que ser funcionarios —aquí alguien ha dicho que a partir de esta ley no lo serían, sin embargo, me dicen que siguen teniendo que ser funcionarios, por lo que no es posible una privatización del servicio, tal y como algunos senadores han apuntado. No es posible, insisto, tienen que seguir siendo funcionarios—. Tampoco se modifican sus funciones como policía administrativa y sus funciones como policía judicial en sentido genérico. Son exactamente las mismas que tienen actualmente, debiendo auxiliar y colaborar con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los competentes para investigar ilícitos penales sin concurren con ellos en el mismo acto, poniendo ellos mismos las diligencias en conocimiento de los jueces, fiscales o policías judiciales en sentido estricto si no concurren con miembros de dichas fuerzas. Es decir, como lo han venido haciendo —y yo añado: de una forma muy eficaz— hasta el momento. Eso dice el informe que yo pedí a gente más experta que yo, y al que hago referencia en este momento.

Me gustaría mencionar algo que se ha citado aquí con insistencia. Me refiero a la técnica para resolver el problema de una ley, en concreto en relación con el trasvase Tajo-Segura. En esta ley no se hace ningún debate específico sobre el trasvase Tajo-Segura. Esta ley no profundiza más allá de aquello que se aprobó en su momento. Es cierto que se aprovecha para resolver una cuestión de sentencia del Tribunal Constitucional, que hace referencia solo a algunas partes de lo que aquí estamos hablando, diciendo que en todo lo demás se está absolutamente de acuerdo, y en todo lo demás se rechaza, obviamente, el resto del recurso planteado. Por tanto, se trata de la voluntad firme de resolver este asunto rápidamente, porque la sentencia da un plazo para resolver una cuestión que quedaba pendiente. Me gustaría aclarar esto, porque no hay ninguna otra intención.

En cuanto al uso de los terrenos que en su día sufrieron un incendio, el señor Cazalis lo ha leído bien; y yo también leí bien. Textualmente, se introduce una única excepción: cuando sean razones imperativas de necesidad de interés público de primer orden. Además, se indica claramente que se tendrá que hacer con una iniciativa que tenga rango de ley y, por tanto, sujeta a todo aquello a lo que ha de estar sujeta una normativa con rango de ley. Cuestión distinta es la fiabilidad o no de aquello que ponemos en una norma y aprobamos aquí los señores senadores. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a decir que no se fían de lo que escribimos y aprobamos aquí, pero yo me fío de lo que escribimos y aprobamos aquí, en el Senado.

Señoras y señores senadores, por mi parte, nada más. He intentado darles argumentos por los cuales entendemos que esta reforma sigue siendo una buena ley. Y esos mismos motivos llevarán al Grupo Popular a votar en contra de los vetos que los senadores de los grupos parlamentarios han presentado.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaba su intervención el portavoz del Grupo Popular justificando la necesidad de esta reforma por el transcurso del tiempo. Como pueden suponer sus señorías, diez años en la vida de un monte, salvo los de tala corta, suponen prácticamente una gota en el océano Pacífico. Diez años, teniendo en cuenta las reformas de leyes seculares que hemos afrontado durante los últimos Plenos —algunas con más de ciento treinta años—, no parece un plazo que convierta en imperativa la necesidad de reformar una ley.

No niego que el Gobierno y el Partido Popular hayan establecido diálogo con todas las instituciones y agentes a los que ha hecho referencia en su intervención el portavoz del Grupo Popular. Lo que pasa es que dialogar es poner sobre la mesa y en común las ideas, los planteamientos o razones de cada uno, sobre todo, con el ánimo de buscar puntos de encuentro, puntos de coincidencia. Y el fruto de esos diálogos, que sin duda se habrán producido, no es el fruto propio de un diálogo. Ustedes habrán escuchado, pero han asumido poco de lo que les han trasladado esas instituciones y agentes. De los objetivos que ha enumerado el señor portavoz del Partido Popular, sin duda el único que se alcanza, el único que probablemente sea el leitmotiv de esta reforma, es la mejora de la gestión de los montes desde la perspectiva exclusivamente de lograr su más ágil explotación comercial. A ello se ha supeditado todo lo demás.

El objeto fundamental de esta reforma, como el de otras que nos ha planteado el Partido Popular en materia medioambiental, es establecer que espacios que hasta ahora habían estado preservados en mayor o menor medida de las leyes del mercado entren en esas leyes y, por tanto, se sometan a los imperativos de la oferta y la demanda. Y para eso, efectivamente, sobra la regulación. La regulación es un estorbo —todos los neocon y neoliberales lo afirman— al desarrollo de la iniciativa privada, al desarrollo del libre comercio. Pero la regulación no es una amenaza para los intereses generales; al revés, la regulación, la exigencia de licencias, de permisos, de controles por parte de las administraciones públicas, es el mecanismo que da cumplimiento a un mandato constitucional, el mandato de que el derecho a la propiedad estará sometido siempre al interés social o al interés colectivo. Y que en un tema medioambiental, como este, se pretenda aparcar a un lado, reducir a la mínima expresión, la facultad de las administraciones de velar por los intereses generales, que en ocasiones —no siempre— son contrapuestos al interés particular de la iniciativa privada, no es algo que en mi grupo político podamos compartir en ningún caso.

A pesar de lo que ha sostenido con rotundidad y aplomo el portavoz del Grupo Popular, no es verdad que esta ley mejore el impulso a la ordenación forestal. Al revés, se reducen las exigencias de ordenación forestal precisamente para conseguir ese otro objetivo, el de propiciar la explotación comercial de los montes.

En relación con los agentes forestales, vuelvo a decir que reconozco que el texto, tal como llega al Senado, con las incorporaciones que se han producido también aquí, en la Cámara, corrige una parte sustancial de la visión original que reflejaba el proyecto que salió del Consejo de Ministros, la visión de recuperar la vieja figura de los guardas jurado y convertir a los agentes forestales en eso: en guardas jurado de montes públicos. Pero, a pesar de todo, a pesar de esas correcciones, seguimos sosteniendo que es preferible mantener la regulación de la Ley de montes aún vigente, porque es la que ha garantizado —insisto una vez más— el buen funcionamiento, la buena actuación, el desarrollo completo de las funciones de los agentes forestales. En consecuencia, no hay ninguna razón ni motivo para cambiar algo que realmente ha funcionado de manera adecuada.

En relación con otros contenidos del proyecto, por ejemplo, propiciar la explotación comercial, no me puedo quitar de la cabeza el establecer una relación, quizá fruto de prejuicios —me dirán ustedes que de prejuicios políticos previos—, y ver en esta Ley de montes el paso siguiente a una ley que inicialmente nada tenía que ver con la gestión de los montes: la Ley de reforma del régimen local. Cuando en la Ley de reforma del régimen local se priva a las parroquias, a las juntas vecinales, de la condición de administración, ya apuntamos en aquel debate que eso tenía trascendencia en la gestión forestal y en los montes, porque al menos en la Cornisa Cantábrica —y en otros puntos del Estado también— la mayor parte de los montes públicos son propiedad de juntas vecinales, de parroquias —el 70 % en Asturias—, y los cambios legislativos que aquí se introducen suponen, como complemento de aquella decisión de privarles de la condición de administración, un empujón a una explotación comercial desmesurada de esos montes hasta ahora preservados porque tenían como único objetivo financiar las actividades de unas juntas vecinales, no generar beneficios a repartir entre los vecinos. A partir de ahora, a partir del cambio de la Ley del Régimen Local, a partir de esta reforma que ustedes impulsan de la Ley de montes, mucho me temo que esos intereses que se convierten en individuales como consecuencia de la pérdida de la condición de administración van a alentar una explotación desmesurada de esos bosques públicos, bosques colectivos que se han preservado hasta ahora.

Y concluyo con el tema Tajo-Segura. Es verdad, en primer lugar, que los contenidos sobre el Tajo-Segura que se incorporaron vía enmienda en el Congreso de los Diputados no tienen ninguna relación con esta ley, pero es que tampoco tenían ninguna relación con la Ley de impacto ambiental de donde ustedes la colgaron. Hay un problema, que es resolver la gestión de usos de las aguas del Tajo-Segura, y en vez de afrontarlo de frente, en vez de abrir un debate en el que se tome una decisión compartida por los legisladores sobre cómo resolver esa cuestión, ustedes buscan mediante subterfugios sustraer un tema esencial, que merece un debate específico y propio, colgándolo de cualquier percha que pase en ese momento: en su día fue de la Ley de evaluación ambiental, en este momento es la Ley de montes, pero siguen sin abrir el debate que corresponde sobre una cuestión fundamental, una cuestión fundamental que —como les apuntaba en mi primera intervención— está siendo objeto de escrutinio por las autoridades de la Comisión Europea y puede dar lugar, además de al rechazo que ya se produjo cuando la aprobación de la Ley de evaluación ambiental y que ahora se reproduce por parte de las organizaciones medioambientales y también de algunos de los usuarios de este trasvase Tajo-Segura, puede dar lugar decía a sanciones por parte de la Comisión Europea.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente, intervendré brevemente desde el escaño.

Senador Aparici, es normal que usted no vea las cosas —y permítame la broma— porque se quita y se pone las gafas constantemente, con lo cual igual lee un artículo sí y otro no. Es una broma, evidentemente.

Yo no he dicho que este proyecto de ley se haya hecho con rapidez, no, no, he dicho que los que vienen van con rapidez. Este proyecto de ley tiene una característica común con todos los que hemos visto hasta ahora: se han hecho prácticamente sin consenso y en todos ha habido un mordisco competencial, por lo menos en la Comunidad Autónoma vasca. Esas son las dos características que yo he dicho, no he dicho que esta ley se hiciera con prisa. Estas características generales tienen una ventaja, y es que también para corregirlas nos puede bastar con una ley de artículo único que diga: quedan derogadas todas las normas aprobadas entre el 2012 y el 2015, lo cual va a facilitar las cosas al siguiente Gobierno, sea cual sea. (Aplausos).

Lo que yo quería decir —y quiero repetirlo de nuevo porque me parece que es importante— es que estar aquí discutiendo algo que no va a ninguna parte, que el grupo del Gobierno no recibe y que la oposición por mucho que transmita tampoco consigue, desde luego no hace un gran favor al parlamentarismo en el Estado español, no nos pone precisamente entre los favoritos de los ciudadanos, porque lo que estamos haciendo es nada —a eso me refería—.

En las anteriores leyes que hemos visto en este Pleno los argumentos han sido los mismos: la CORA, la invasión competencial... En las siguientes va a ser igual, pero encima más rápido, con más prisa —ahí es donde está la prisa—, y es casi una prisa desesperada. Por eso hablaba yo de legislación histérica, no histórica —no histérica en cuanto a enfermedad, con todos mis respetos hacia los enfermos—.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Siguiendo con la broma de las gafas, debemos de tener gafas distintas, porque vemos proyectos distintos, señor Aparici.

En primer lugar, quiero insistir en el inicio de mi primera intervención. Ustedes se están quedando solos política y socialmente prácticamente en todas las leyes, no tienen apoyo de ningún grupo parlamentario y no tienen apoyo de ninguna ONG importante en este tema, y esto va a significar que estas leyes que dividen el país entre el Partido Popular y el resto de partidos se van a tener que cambiar. Es más, cuando en las pasadas elecciones municipales y autonómicas dirigentes del PP decían que nadie quería pactar con ellos, posiblemente aquí está una de las razones: han tenido una política parlamentaria de no consenso, de no acuerdo, de no alianzas.

Pero yendo al tema en concreto, el señor Aparici hablaba de los objetivos de la ley. Yo le voy a leer los objetivos que dijo la ministra. Dijo: «Es, por tanto, necesario mejorar el marco jurídico nacional del sector forestal para conseguir unos montes mejor gestionados, más cuidados y más protegidos». Más protegidos y más cuidados, con lo cual, igual he perdido ya la razón, igual sí, pero si antes todos los montes tenían instrumentos de ordenación y ahora la mitad no, ¿eso es más protección o menos protección? Si antes —lo que a mi entender ya era excesivo— los instrumentos de ordenación se tenían que hacer en quince años —que cumplían en 2021— y ahora en veinticinco años —con lo que cumplen en 2040—, ¿esto es proteger más o menos? ¿De verdad piensan ustedes que hemos de dar veinticinco años para hacer planes de gestión, veinticinco años? Y en cuanto a los agentes forestales, usted ha dicho que tienen las mismas competencias. Es verdad que el artículo 6.q) se ha modificado y estoy de acuerdo, pero en el apartado 4 del artículo 58 queda claro que los agentes forestales solo podrán realizar el inicio de las investigaciones y las han de pasar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por lo tanto, no hay más protección, y tampoco lo digo yo, si lo dijera Joan Saura, un senador de la Entesa..., pero fíjese lo que dice el Consejo de Estado —y continúo leyendo—: que hay que ordenar y no se ordena, pese a que el apartado 1 de ese mismo artículo 33 sigue proclamando enfáticamente que las administraciones públicas impulsarán técnica y económicamente la ordenación de todos los montes. Y continúa el Consejo de Estado: ...sin que se determine cómo se pueden ordenar los montes si no es con alguno de estos instrumentos. ¿Cómo se pueden ordenar los montes sin instrumentos de ordenación? Y va más allá, dice: Respecto a los montes públicos no catalogados, estima el Consejo de Estado que debe reconsiderarse. O sea, el Consejo de Estado les dice: el 50 % de montes públicos cuya gestión ustedes no ordenan, se han de ordenar. Y dice aún más: No ven razones objetivas para excluir de la ordenación montes de titularidad pública. No lo digo yo, no lo dice la Entesa, no lo dice el Partido Socialista, lo dice el Consejo de Estado.

La pregunta es por qué hacen esto, quieren mejorar la protección pero disminuyen la superficie; quieren mejorar la protección, pero alargan el tiempo; quieren mejorar la protección, pero disminuyen las competencias o las funciones de los agentes forestales. No se entiende, no lo entiendo, me gustaría poder entender cómo se puede proteger más sin elementos de ordenación; me gustaría entender cómo se puede proteger más si les damos veinticinco años para que hagan el plan de gestión; me gustaría protegerlos más, pero me gustaría entender que con menos competencias los agentes forestales protegen más. Esto no lo puede entender nadie, no lo entiende absolutamente nadie y esa es la razón por la que presentamos el veto.

En cuanto al Tajo-Segura y a si es importante o no la sentencia del Tribunal Constitucional, debería ser objeto de debate, pero introducir la sentencia en este proyecto de ley evita el debate, con lo que no estamos hablando del Tajo-Segura cuando seguro que hay cosas que se pueden debatir.

Y simplemente quiero decirle que creo que los montes necesitan actividad económica, pero la que decía la ley anterior ley: actividad económica ligada a la protección del medioambiente; sin embargo, ustedes lo que hacen es abrir la puerta a cualquier tipo de actividad económica —léase el texto— y en España sabemos lo que ocurre con eso: la especulación y el destrozo de recursos naturales ha sido, por desgracia, una constante en el Estado español.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Cuando un bosque se quema algo suyo se quema, señor conde —decía el gato viejo de Jaume Perich, insigne humorista catalán fallecido hace veinte años—. Ahora este conde es un conde arruinado y es un conde que tiene una titularidad del bosque pública o privada; en todo caso, el bosque se encuentra en un estado de inanición por falta de recursos, y eso no se nos escapa a ninguno de los senadores que estamos hoy en esta Cámara.

Sabemos que el bosque tiene esa función social y ambiental y en cambio no le aportamos medidas que le ayuden a reinventarse. Porque esta ley reforma una ley que para nuestro grupo no era buena, ya que en su momento no innovó —no lo hizo ni en el 2003, cuando se aprobó, ni tampoco en la reforma del 2006—, de ahí que hayamos presentado enmiendas pero no veto, porque entendemos, repito, que es una ley que modifica esa que les decía que no era una buena ley. Ahora bien, entendemos que pasados diez años sí haya que hacer algunas correcciones, y en este sentido quiero decir al grupo de la mayoría que entiendo su buena intención; ustedes están gobernando y están en esta opción para ir avanzando, para ir caminando y conseguir una mejora de nuestro entorno natural y básicamente de los montes.

Aunque, como digo, no hemos presentado veto porque constatamos que, a nuestro entender, este proyecto de ley es inocuo en lo que se refiere a las competencias del Gobierno catalán, de la autonomía catalana, lo cierto es que sí pretende introducir algunas modificaciones que tampoco acabamos de comprender, como meterse a regular temas de caminos naturales, de caza y pesca o de actividades cinegéticas; no acabamos de verle el sentido porque al final, bajo esta pretendida regulación interautonómica, se pueden abrir ventanas que en su momento tendremos que analizar con más profundidad. Por tanto, permítanme que les deje aquí una interrogante.

En todo caso, y aunque entendemos que no afecta sustancialmente, sí obvia algunas cuestiones que hacen referencia a las competencias de las administraciones públicas. No modifica mucho lo que ya está vigente, pero sí deja de reconocer el papel de las administraciones locales, que les recuerdo que también son administraciones públicas y, por tanto, tienen toda la garantía democrática. Asimismo, no modifican esta ley como nos hubiera gustado en el sentido de fiarse más de la iniciativa privada. En mi opinión, los actores privados no son los enemigos de lo público, sino al contrario, quieren colaborar y si queremos buscar esa máxima gestión del bosque debemos contar con ellos. Y se lo digo yo, que vengo de un país en el que el 60 % de la superficie es forestal y un 80 % de esa superficie forestal está en manos privadas, pero la administración pública tiene ese 20 % restante y debe conseguir recursos para gestionarlo.

Así pues, en la tramitación de esta ley yo les pido —y por eso no hemos presentado veto— que tengan esa sensibilidad que entiendo necesaria en el grupo de la mayoría, el Grupo Popular, pero también se la pido al resto de los grupos en el sentido de no vetar toda acción de Gobierno, pues ello tampoco lleva a ningún camino de salida, solo a estancarnos en eso de: Yo lo haría mejor y como tú no lo haces como yo, no te admito ninguna de las proposiciones que me sometes a consideración.

Dado las horas de la mañana, voy a anunciarles el sentido de nuestra votación en referencia a los vetos que se han presentado y que se han defendido por cada uno de los grupos. Nuestro sentido del voto va a ser de abstención, porque si bien compartimos algunos de los argumentos que se han manifestado, otros no los compartimos en su totalidad.

En primer lugar, entendemos que es importante recabar el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no se debe convertir a los agentes rurales en auxiliares de estos cuerpos y fuerzas, no deben ser meros avisadores de la evidencia de un delito ante las otras fuerzas. Sobre esto habrá que abrir un debate más profundo entre los distintos negociados del Gobierno, en el sentido de buscar esa policía integral que sirva a los intereses de los ciudadanos y ante todo debe quedar manifiesta esta especialización, este conocimiento que tienen los agentes rurales. Consideramos que no es competencia del Ministerio de agricultura intentar delimitar o limitar sus actuaciones y, repito, se debe recabar esa coordinación entre fuerzas para que al final el objetivo que se persiga realmente sea el de la protección del medioambiente y el de facilitar unos servicios de calidad a los ciudadanos.

En segundo lugar, la cuestión de la fiscalidad, que defenderé en el turno de las enmiendas que vendrá a continuación porque entiendo que no van a prosperar ninguno de los vetos.

En todo caso, dejo aquí apuntada la propuesta de buscar medidas innovadoras, tener muy en cuenta que no hace falta ponerse con el tema de los agentes rurales y buscar soluciones para la intervención del sector privado incentivando su acción con medidas fiscales. Asimismo, debemos buscar medidas innovadoras, como la creación de un fondo forestal, que ya existe en comunidades como en Cataluña o en Castilla y León y que de alguna forma se debería extender al conjunto de la Península, y también debemos buscar otras alternativas como el reconocimiento del bosque con la valorización de los recursos que presta a la ciudadanía.

Ya he dicho que nos abstendremos en los vetos y muchas gracias por su atención. Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Al portavoz del PP, que está con Sancho, yo le vuelvo con don Quijote: «Dad crédito a las obras y no a las palabras».

Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de la devolución de la reforma por varias razones, una de ellas es que la ley vigente es plenamente eficaz. Fíjese si es eficaz que la masa arbolada ha aumentado desde la aplicación de la ley más de un 100 % en el número de árboles por hectárea, hay más biodiversidad y los recursos forestales en las zonas rurales abren esperanzas en muchos pueblos. Ya he citado antes las conclusiones acerca de las medidas que es necesario llevar a cabo para evitar el problema de la despoblación —fruto de la comparecencia de más de 50 expertos y de un montón de conclusiones que creemos que hay que impulsar—, y justamente cada vez que el Gobierno toma alguna medida, alguna programación o alguna norma camina en dirección contraria. Por eso nosotros creemos que se ha perdido una ocasión estupenda; ya que se ponen con la ley, que sea para mejorar algo, para mejorar la gestión de los recursos.

Por cierto, mejorar los aprovechamientos de los montes no es nada contradictorio con la sostenibilidad. Justamente, hay un montón de recursos en los montes no suficientemente aprovechables que pueden darle más riqueza a nuestro país, crear más empleo y más actividad económica, pero actividad económica, evidentemente, sostenible, pero esta ley no plantea ni ayudas ni incentivos para esas actividades económicas que están ahí esperando a que alguien las ponga en marcha. Por ejemplo, no fomenta el uso de la biomasa como un mecanismo para evitar incendios y para aprovechar recursos que están ahí; no pone medidas para implantar planes de gestión en los montes, es más, esta ley dice que le da un horizonte de veinticinco años —es decir, cuando ya todos estemos en otro lugar—, por lo que nosotros en alguna enmienda proponemos plazos mucho más cortos.

Proponemos medidas para favorecer la participación y el papel que tienen los vecinos en las decisiones del monte, los pueblos y los municipios, porque hay municipios que son propietarios de masas forestales, de montes municipales. Pues no hay ninguna medida en ese sentido ni, desde luego, para luchar contra la desertización, evitar la erosión y trabajar en los suelos, más bien se trabaja en sentido contrario. Fíjense si se trabaja en sentido contrario que en los terrenos destruidos por los incendios forestales se abre la posibilidad de convertirlos en suelo industrial o en otros usos; pero claro, para algunos los montes son un lugar donde poner un chalé, para otros es su forma de vida y cada vez que se quema y se destruye un monte se quema su negocio, se quema la forma de la que vive, y yo creo que es para esas personas para las que tenemos que trabajar cuando hacemos una legislación de este tipo. Desde luego, esta medida, la recalificación de los montes quemados, creo que es un mensaje terrible para los pueblos y para los vecinos que luchan contra esta plaga de los incendios; por cierto, a algunos de los que luchan, como es el caso de los agentes forestales, los degradamos.

Usted me ha leído un informe de autor desconocido, pero informes nos han pasado las organizaciones sindicales —extensos informes, de treinta y pico folios, que algunos hemos leído—, nos han pasado informes y se han pronunciado públicamente las asociaciones de jueces y fiscales, y fíjese si hay un informe al que yo le doy el máximo valor: el informe del Consejo de Estado, que el senador Saura le ha leído aquí y yo, por lo tanto, voy a evitar releer.

La reforma actual del artículo 58 concreta y un guarda forestal: se tiene que limitar a las primeras diligencias, debe someterlas a los órganos en cuya estructura se integren, a los jefes, y debe actuar en auxilio y colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad sometidos a otras fuerzas, no a fiscales y a jueces. Señor Aparici, con esta reforma los guardas forestales tienen menos competencias que en el reglamento de 1907 que existe en la Cartilla del guarda forestal de 1907, se quedan con menos competencias y han pasado más de cien años. Ahí sí que habría que mejorar, pero cambiando leyes para mejorar.

Por lo tanto, yo ya le he dicho: su reforma cuenta con el rechazo de todos los grupos políticos, incluso de algún miembro de su propio grupo parlamentario; burla la sentencia del Constitucional; no tiene en cuenta la opinión de expertos y técnicos en el caso de los ingenieros técnicos forestales; no tiene en cuenta a la gente que pisa el monte, como es el caso de los guardas forestales, ni a la Policía, ni a la Guardia Civil, ni a la gente que interviene en caso de trámite judicial, ni a los municipios que tienen montes comunales, ni a las asociaciones de montes de socios —sobre los que, por cierto, incumplen las conclusiones de ese grupo de trabajo y, evidentemente, no da facilidades para investigar e inscribir estos montes de uso colectivo, algunos de la desamortización o anteriores—; abre la posibilidad de que esos montes de uso común, cuya vocación es ser de uso colectivo, se puedan dividir, y dificulta que los socios puedan hacerse con las cuotas vacantes y favorece que esas cuotas vacantes puedan pasar a otros grupos económicos, empresas o particulares que son totalmente ajenos a los pueblos. Estamos, por lo tanto, ante una grave medida.

En resumen, favorece un modelo del Partido Popular que también aplica en otras áreas del servicio público, que es privatizar el monte. Ese es el gran objetivo del Partido Popular, privatizar la explotación en este caso, como privatizan la vigilancia, como privatizan la extinción, como privatizan todo lo que tocan. En ese sentido, nos parece que esta ley pretende también favorecer que determinados grupos económicos intervengan de forma no sostenible en el monte, grupos económicos y empresas que van a los montes a buscar ganancias exprés, ganancias rápidas sin importarles los restos que dejan allí, que a veces sirven para propagar incendios o plagas, amenazando los aprovechamientos tradicionales que vienen obteniendo los vecinos de los pueblos. Y lo hacen sin consenso, por cierto, en una materia que es competencia de las comunidades autónomas y en un momento en que se están cambiando prácticamente todos los gobiernos de las comunidades autónomas en una orientación contraria a la actual y a la de este Gobierno y, por lo tanto, sin que tengan la oportunidad de dialogar sobre una materia que tienen que gestionar.

Por eso, con todos estos colectivos que le he citado en contra, el Grupo Socialista también se va a posicionar en contra y pedimos que esta reforma, que solo vale para el interés de unos pocos y que perjudica a la mayoría de la gente, sobre todo al mundo rural, se le devuelva al Gobierno y se ejerza el derecho de veto en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para responder a algunas últimas cuestiones y que no hayamos debatido con anterioridad.

Señor Iglesias, diez años en la vida de un monte son muchos años, especialmente cuando uno va al monte y conoce los usos y las costumbres que llegaron y desaparecieron. Los usos de los montes de hoy no tienen absolutamente nada que ver con los de hace diez años; por ejemplo, hay actividades deportivas que hace diez años ni se conocían, luego es bastante tiempo. Es más, fíjese, yo no he hablado de diez años de vida del monte, he hablado de diez años de la vida de una ley, que como he explicado es una cuestión más diferente todavía.

Señor Cazalis, me voy a quitar las gafas porque necesito quitármelas para leer, son para ver de lejos. Ahora no lo veo. Me las vuelvo a poner y ahora lo veo. ¿Me entiende? (Risas). Pero leo perfectamente sin las gafas. Este es un defecto que algunos tenemos y agradezco mucho que usted lo signifique aquí, porque podría tratarse de una cosa de mayores, pero yo me conformo con que signifique esta mi pobre miopía en el sentido de leer. Pero leo perfectamente sin gafas.

En cualquier caso y aprovechando la cuestión, si se me permite seguir con la broma, señor Saura, le diré que no vemos con las mismas gafas, evidentemente. Yo veo con las gafas del desarrollo sostenible, yo no sé si usted ve con estas gafas, yo sí, yo veo con las gafas del desarrollo sostenible. Por tanto, mi actitud ante cualquier tema ambiental se basará siempre en un concepto que mi partido y mi grupo político tenemos muy claro —quizá ahí esté la diferencia, efectivamente—: nuestro modelo es un modelo de desarrollo sostenible, no solo un modelo de protección sin más ni solo un modelo de desarrollo económico sin más, es el modelo, insisto, del desarrollo sostenible.

Señor Maluquer, quiero agradecerle su intervención. Es cierto, como ha dicho usted, que esta ley se presenta con buena intención y otros tendrán que explicar por qué ven mala intención en cualquier cosa que presente este grupo.

Vuelvo a insistir, señor Fidalgo: que son molinos, no gigantes. Y, por supuesto, daremos crédito a las obras y no a las palabras. Lo iremos viendo, al menos creo que sí debemos tener ese margen de confianza.

Para acabar prácticamente ya, señor Fidalgo, le quiero decir algo. Usted en cada ley insiste machaconamente en una cuestión que merece destacarse en este proyecto. En las leyes que hemos debatido usted habla permanentemente del concepto de privatizar. Señoría, en esto también se equivoca usted profundamente. No es que se quiera privatizar el monte, es que la mayor parte del monte es de propiedad privada, y usted debería saberlo. Le voy a dar un dato. En España existen 5,2 millones de propietarios privados de montes. ¿Le parece a usted poco? ¿Usted cree que una ley no va a tener en cuenta a 5,2 millones de propietarios? Usted a esto le llama privatizar, y creo que está profundamente equivocado. Estos propietarios privados son titulares de 21,5 millones de parcelas. ¿A usted esto le parece suficiente o no? Y cuando usted se refiere a otros propietarios, le diré que los propietarios de parcelas mayores de 100 hectáreas solo representan el 0,12 % del conjunto de la propiedad.

Por lo tanto, no se trata de privatizar el monte. Se trata, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, de que en los montes hay propietarios privados. Quizás esto nos diferencie a usted y a nosotros porque, efectivamente, nosotros somos partidarios, dentro del concepto de desarrollo sostenible —como he indicado antes—, de tener en cuenta las actividades económicas que existen en los montes. ¿O es que no hay saca de corchos ni se hace miel en los montes? Quizás de todo esto nos tengamos que olvidar, ¿verdad? Como también de la propiedad privada dentro de nuestro concepto. Ahora bien, claro está que el Partido Popular siempre defenderá el concepto de desarrollo sostenible.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación las propuestas de veto. Igual que en casos anteriores, a la senadora Cunyat Badosa se le ha autorizado la utilización del voto telemático pero no ha hecho uso de él.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 2, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1 de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219;



votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6 de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7 de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 141; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas, que no se votarán antes de las cuatro de la tarde. (El señor Cleries i Gonzàlez pide la palabra). Senador Cleries, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, como consta y figurará en acta que Coralí Cunyat no ha ejercido su derecho a voto, solo intervengo para decir que acaba de ser madre y tiene otras tareas estos días.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Particularmente le hemos dado la enhorabuena; públicamente ahora constará en acta que toda la Cámara le da la enhorabuena.

Entramos en el debate de las enmiendas. En primer lugar, el senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos del Grupo Parlamentario Popular han presentado las enmiendas 1 a 8.

Para su defensa, tiene la palaba el senador Fuster. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente. Es buen momento para hablar del agua.

Señorías, como senador del Partido Aragonés, electo por la provincia de Teruel, pertenezco a la tierra baja de la provincia, que pertenece al valle del Ebro, pero en la sierra de Albarracín nace el río Guadalaviar que, cuando se junta con el Turia, termina en la demarcación del Júcar. Y en la otra vertiente de los Montes Universales nace el río Tajo. Pues bien, esta pequeña indicación geográfica es lo que ha constatado el Tribunal Constitucional en su sentencia, que dice que una parte de Aragón pertenece a la cuenca del Tajo y, por tanto, está afectado por el trasvase Tajo-Segura. Es así de simple: unidad de gestión, unidad de cuenca.

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 5 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de varias disposiciones de la Ley de evaluación ambiental a raíz del recurso que pusieron las Cortes de Aragón; ley a la que los senadores del Partido Aragonés nos opusimos. El motivo de la inconstitucionalidad es la omisión del preceptivo informe previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que pertenece, como bien saben sus señorías, al bloque de constitucionalidad y que en su artículo 72.3 señala que la comunidad autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. Por ello, porque no se dispone de dicho informe, los senadores del Partido Aragonés hemos presentado ocho enmiendas de supresión correspondientes a las introducidas por el Grupo Popular en el Congreso relacionadas con el trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas en la reforma de la Ley de montes.

Decía en la comisión que en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Popular presentó las enmiendas el día 7 de mayo, una vez iniciado el procedimiento parlamentario, al igual que en la Ley de evaluación ambiental; es decir, de nuevo estas enmiendas no son una iniciativa del Gobierno, sino del grupo parlamentario. La comisión del Congreso incorporó las enmiendas al texto del proyecto de ley el 13 de mayo, es decir, fueron aprobadas en la comisión, fecha en la que se acordó solicitar el informe preceptivo al que alude el artículo mencionado del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por lo tanto, es obvio y evidente que cuando estas enmiendas fueron aprobadas e introducidas en el texto que nos ha llegado al Senado no se había cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de que esta era la justificación del Grupo Popular para haberlas presentado.

El consejero de Agricultura de Aragón, del Partido Popular, en declaraciones a los medios de comunicación, manifestó que en la solicitud del Congreso, recibida al parecer el 20 de mayo —es decir, siete días más tarde de su aprobación—, no figuraba fecha límite de la emisión de dicho informe, pero que se enviaría a la mayor brevedad posible. No sé si la brevedad esgrimida por el consejero Lobón nos conduce de nuevo al Gobierno o quizá al Tribunal Constitucional, porque, por segunda vez, la razón de los votos pondrá fin a un proceso legislativo sin disponer del informe preceptivo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional.

A instancias del Partido Aragonés, las Cortes de Aragón aprobaron una proposición para que se siguiera un completo procedimiento para emitir este informe en la misma línea que prevé la nueva y vigente Ley de aguas y ríos de Aragón, que establece el procedimiento para los informes sobre la transferencia de aguas como garantía de participación política y rigor del informe. Emitirán este informe, al menos, el Instituto Aragonés del Agua, el Consejo de Ordenación del Territorio, la Dirección General de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón, que elevarán al Consejo de Gobierno para que elabore una propuesta, que será remitida a las Cortes de Aragón para su tramitación, aprobación y remisión definitiva.

Decía la portavoz del Grupo Popular en la comisión, y también lo decía anteriormente el señor Aparici cuando intervenía en el turno de los vetos, que si se incluyen en este proyecto de ley las enmiendas que introdujo el Grupo Popular es precisamente para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional: que se sustituyan las normas declaradas inconstitucionales, una vez —presten atención— se cumplan los trámites preceptivos; trámite que no se han cumplido. Para cohonestar la exigencia del informe previo y los intereses de las restantes comunidades autónomas afectadas por el trasvase Tajo-Segura, se difiere un año la nulidad —y dice la sentencia del Tribunal Constitucional, presten atención—, periodo de tiempo —este año en el que se difiere la sentencia— en el que se deberá proceder a sustituir las normas declaradas nulas, una vez observado el procedimiento del informe previo emitido por la Comunidad Autónoma de Aragón; procedimiento que no se ha observado. Y, además, señala que dicho informe puede servir para proporcionar a la Cámara —a las Cámaras, en este caso— una información adicional a tener en cuenta durante la tramitación legislativa; información que no se ha producido. El informe es preceptivo pero, señorías, no es vinculante y, además, no entorpece en modo alguno el procedimiento legislativo. No entendemos por qué no hemos dispuesto de este informe y se ha seguido el procedimiento reglamentario.

Señorías, tengan en cuenta que no basta con la solicitud del informe, es preciso que sea tenido en cuenta en el proceso legislativo, lo que ya no es posible porque, a partir de hoy, el Congreso únicamente convalidará o no los cambios introducidos en el Senado y, desde luego, entre estos no figuran las enmiendas aludidas tanto en una Cámara como en otra; es más, a nuestro juicio, el citado informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón debe solicitarse para cada trasvase, para la autorización de volúmenes que se acuerde transferir cada año, o en cada situación concreta desde el Tajo al Segura.

Pero por si todos estos razonamientos fueran insuficientes, permítanme que les lea una parte del acuerdo de gobernabilidad de Aragón, incorporado como anexo al programa de las elecciones generales de la coalición. Ambos partidos se comprometen a la defensa y al cumplimiento del artículo 19.3 del vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, que dispone: Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma —es el caso— que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Pues bien, señorías, con las enmiendas de supresión que han presentado los senadores del Partido Aragonés y el ejercicio de nuestro voto, estamos dando cumplimiento a nuestro estatuto, a nuestro acuerdo y a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Fuster.

El Grupo Parlamentario Mixto presenta tres grupos de enmiendas: 9 a 25, presentadas inicialmente por la senadora Capella i Farré; 26 a 28, presentadas por la senadora Julios Reyes y el senador Quintero; y 29 a 73, por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de las primeras enmiendas, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado ya las desgranábamos prácticamente cuando defendíamos el veto a este proyecto de ley. Básicamente, algunas de ellas son de modificación, mejoras técnicas, de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y para evitar, como decíamos también cuando defendíamos el veto, esa vis extensiva competencial que tiene el Partido Popular cuando legisla y que no hace otra cosa que invadir las competencias propias de las comunidades autónomas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Hay otras enmiendas que especialmente van en la línea de preservar las funciones de los agentes forestales. A pesar de que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que la ley les protege y que, por tanto, no les priva de competencias, hemos oído que existen motivos más que razonables para pensar que, efectivamente, el presente proyecto de ley limita sustancialmente las competencias que en estos momentos están desarrollando y llevando a cabo los agentes forestales, els agents rurals, por lo que respecta a Cataluña.

Las enmiendas 11, 12 y 13 son de supresión porque, como decíamos también en la defensa del veto, en este proyecto de ley se les ven las intenciones. Pretenden introducir la desclasificación de montes de utilidad pública como bienes patrimoniales y, consecuentemente, proceder a su enajenación. Por cierto —y por ello nuestro miedo y nuestra desconfianza—, ustedes ya lo han intentado en otras ocasiones, especialmente en Castilla-La Mancha, pretendiendo con ello especular urbanísticamente. Estas enmiendas van en la línea de garantizar la repercusión de terrenos a favor del patrimonio del Estado con la condición de bienes de dominio público o de utilidad pública, con la consideración de que sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y no como bienes patrimoniales que puedan ser enajenados o enajenables.

La enmienda número 20 es de supresión del apartado 1 del artículo 50. La excepción que plantea dicho artículo, tal como queda redactado en el proyecto de ley, puede permitir transformaciones urbanísticas de montes incendiados por razones superiores de interés público. Por tanto —y ya lo decíamos en la defensa del veto—, ustedes utilizan este proyecto de ley para privatizar y para especular con el patrimonio de todos.

La enmienda 21 es de supresión del apartado 68 del artículo único, que modifica el artículo 54 bis. En su texto la propuesta abre la posibilidad a la circulación en las pistas forestales, incluso a través de terrenos forestales a vehículos a motor, cosa que hasta ahora habíamos podido mantener y contener, pero ustedes abren la vía a esta posibilidad.

La enmienda 25 también es de supresión de la disposición adicional cuarta. Consideramos que en materia de caza este proyecto de ley invade competencias propias de la Generalitat de Catalunya, que en este caso las tiene en exclusiva.

Las enmiendas básicamente desarrollan lo que nosotros hemos defendido y hemos puesto de manifiesto en el veto presentado al proyecto de ley. Por ello, solicitamos el apoyo a nuestras enmiendas del resto de grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas formuladas por Coalición Canaria y paso a defender de forma rápida las enmiendas que el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo hemos planteado en nombre de Izquierda Unida.

Nuestra primera enmienda plantea introducir entre los principios que inspiran la ley la participación en la política forestal de las ONG medioambientalistas, que son garantía de protección y de conseguir el objetivo de explotación sostenible al que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular.

Enmendamos para que se introduzca la consideración de los montes como ecosistemas y no como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural, que es el término utilizado en el proyecto. Por mucho que se introduzca verde y natural, destacan conceptos tan poco cercanos a la preocupación medioambiental como el de infraestructuras y capital.

A lo largo de distintas enmiendas incorporamos la necesidad de conservar la diversidad geológica y para ello introducimos este término en diferentes preceptos. En el artículo 4, que habla de la multifuncionalidad de los montes, incorporamos como parte de esa multifuncionalidad su valor educativo, cultural y recreativo.

En el artículo 5 planteamos que también tengan consideración de montes las masas arboladas de riberas y zonas de policía de cauces públicos y de la ribera del mar, y que no lo tengan, por el contrario, que dejen de ser montes, los terrenos dedicados a cultivos agrícolas, como dice el texto, pero añadiendo que no tengan la consideración de terreno forestal, conforme al instrumento de planeamiento vigente en el momento de aplicación.

En el artículo 6 demandamos que las repoblaciones forestales se hagan solo con especies autóctonas y que se mantengan las competencias de los agentes forestales en los términos previstos en la ley vigente.

En el artículo 8 añadimos un párrafo para que las comunidades autónomas puedan intervenir en la gestión de montes situados en más de un término municipal cuando estos se encuentren abandonados, carezcan de instrumento de gestión, no estén actualizados los propietarios en el catastro o no estén al corriente en el pago de impuestos en un periodo de cinco años.

En el artículo 9 planteamos la intervención de los ayuntamientos en la gestión de los montes en su término municipal en las mismas circunstancias, es decir, cuando estén abandonados, carezcan de instrumentos de gestión o no estén actualizados los propietarios en el catastro o no estén al día en el pago de impuestos en un periodo de cinco años.

En el artículo 10 incorporamos las entidades locales al Consejo forestal.

En el artículo 13 planteamos que se amplíe el elenco de montes que deben ser catalogados de utilidad pública a aquellos que se encuentren en el perímetro de protección de las captaciones de agua, a los que protejan cultivos e infraestructuras, a los que formen parte de los tramos fluviales de interés ambiental y a los que formen parte de espacios de la Red Natura 2000. Es importante que en el proyecto se reflejen estos espacios de la Red Natura 2000.

A través de otra enmienda planteamos la supresión del artículo 19, que regula la posibilidad de desarrollar en los montes públicos actividades económicas ajenas al aprovechamiento forestal. El texto vigente solo permite aquellas actividades vinculadas directamente a la protección del medioambiente y entendemos que esos son los términos en los que se debe mantener la regulación de estas actividades económicas. En el precepto que se refiere a los procedimientos de desafectación planteamos la legitimidad de las ONG medioambientales para personarse en ellos.

Con otra enmienda aspiramos a que se suprima el apartado 30 del artículo único, para que se mantenga la actual redacción que exige instrumentos de gestión o planificación forestal a los montes privados.

Mediante otra enmienda defendemos una regulación alternativa del monte de socios más acorde con las propuestas desarrolladas por el Grupo nacional de trabajo sobre propiedad forestal colectiva promovido por el Magrama, y manteniendo la intervención de la Administración.

Suprimimos el apartado 46 del artículo único, que hace referencia a los modelos tipos de gestión forestal elaborados por las comunidades autónomas, porque entendemos que será un mero trámite, un cajón de sastre, al que se van acoger la mayoría de los montes privados.

En el artículo 33 mantenemos la exigencia de instrumentos de gestión para todos los montes públicos y los montes protectores, así como para los montes públicos no catalogados y privados no protectores de superficie superior a 100 hectáreas. Mantenemos, igualmente, la necesidad de autorización para los aprovechamientos de especies de turno corto.

Suprimimos mediante otra enmienda el apartado 61 del artículo único, que faculta a las comunidades autónomas con carácter excepcional a acordar el cambio de usos forestales tras un incendio sin esperar treinta años, por las razones a las que ya hice referencia en la defensa del veto.

En relación con el apartado 68, pedimos también su supresión, pues permite a las comunidades autónomas definir las condiciones en las que se autoriza la circulación de vehículos de motor. Pensamos que no es adecuada la circulación de vehículos de motor en ningún término.

En relación con el apartado 63, mantenemos la preferencia de la Red Natura 2000 a la hora de recibir incentivos; consideramos que estos terrenos deben tener preferencia.

Y hay varias enmiendas que afectan a las infracciones administrativas y al régimen sancionador.

A través de otra enmienda reducimos a cinco años, ni a quince como plantea el texto vigente, porque quedarían cinco y es lo que queremos mantener, ni a veinticinco como plantea el proyecto sometido a debate, en cuanto al plazo fijado para disponer de instrumentos de gestión.

Y, finalmente, suprimimos la disposición adicional cuarta referida a la caza y a la pesca por las razones argumentadas en la defensa del veto.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Vasco. El senador Cazalis tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, si me lo permite, intervengo desde el escaño.

Nosotros hemos presentado veintitrés enmiendas, numeradas desde la 119 a la 141, y quisiera significar unas cuantas para no hablar de todas.

Me gustaría resaltar la enmienda número 127. Con el texto de esta enmienda perseguimos la recuperación del artículo 24 bis de la vigente Ley de montes con el fin de no desbaratar una figura, la de especial protección de montes, utilizada por las comunidades autónomas, que resulta necesaria y adecuada para salvaguardar las funciones ecológicas y sociales de los montes con características singulares y que se adapta a las distintas realidades de los montes de la comunidad autónoma vasca. En este proyecto de ley se eliminan gratuitamente, desde nuestro punto de vista, atribuciones que están ejerciendo las comunidades autónomas mediante la supresión de la figura legal que la sustenta. Por ese motivo presentamos esta enmienda.

En la enmienda 133 planteamos la recuperación de los apartados 3, 4 y 5 de la vigente Ley de montes por incluir instrumentos de gestión que resultan necesarios y adecuados para la correcta y completa planificación y gestión de estos montes catalogados y de los montes protectores.

En la enmienda 134, teniendo en cuenta que la delimitación de posibles zonas de peligro o riesgo es competencia de las comunidades autónomas —por lo menos de la comunidad autónoma vasca—, planteamos que les corresponderá el nombramiento de las autoridades competentes en cada caso. Esta enmienda supone la adecuación al régimen de distribución competencial mediante la recuperación del texto vigente; distribución competencial de la que ya hemos hablado y cuyo asalto se ha puesto también en duda.

La enmienda 138, en coherencia con la enmienda al apartado 7 de este proyecto de ley, tiene el objetivo de mantener las funciones y competencias de los agentes forestales en los mismos términos contemplados en la actual Ley de montes por la relevancia del trabajo que desempeñan y, fundamentalmente, por la especialización técnica que atesoran en este sector de la actividad, que resulta imprescindible para la protección medioambiental en su conjunto desde las distintas vertientes que configuran dicho medioambiente, consagrado por el artículo 45 de la Constitución —como decía en el turno de defensa de los vetos— como derecho de todos los ciudadanos a su disfrute y sobre el que la ciudadanía tiene el deber de conservarlo.

Por último, hemos presentado la enmienda 141, relativa a materias de caza y pesca, pues, como se ha dicho aquí repetidas veces, pertenecen en exclusiva a la comunidad autónoma vasca. La intervención del Estado en el ámbito de dichas materias constituye, sin ninguna duda, una invasión competencial que nosotros no vamos a admitir.

Muchas gracias, señor presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, presidenta.

Defenderé rápidamente las enmiendas que ha presentado el Grupo de la Entesa, exactamente de la 151 a la 190. La enmienda 151, relativa al artículo único, apartado 4, pretende remarcar la función social de los montes para garantizar así su vinculación socioeconómica, introduciendo el criterio cualitativo, social y medioambiental como determinante del principio de coste-eficacia. En la enmienda 152 proponemos definir de forma más precisa el concepto de monte, que debería ser preceptivo en esta ley.

En otro grupo de enmiendas, de la 152 a la 154, proponemos que se amparen los supuestos en que tanto las comunidades autónomas como las administraciones locales deben intervenir en la conservación de los montes. Nos parece un debate muy importante y, por tanto, se trata de reconocer el derecho de las comunidades autónomas a la participación en los órganos de la política forestal. La enmienda 154 recoge la obligatoriedad de que los montes de utilidad pública deban ser catalogados, precisando en este caso los términos ambiguos que maneja el texto de la ley. En cuanto a garantizar la utilización de los montes públicos para actividades económicas —cuestión que también se ha debatido en los vetos—, dichas actividades deben estar relacionadas con el medioambiente y evitar así la desafectación de los montes públicos con la excusa del interés público prevalente, lo que ampara un grado de indefinición que puede llevar a la utilización impropia de esos montes públicos.

Otra de nuestras enmiendas está relacionada con los montes de socios, a los que se ha referido también el senador Fidalgo. Yo creo que, en este caso, hay que reconocer un enorme trabajo por parte de las asociaciones y de algunas personas —quiero mencionar al señor don Pedro Medrano— que han hecho un trabajo espléndido con los montes de socio. No sé si hay algún senador de la provincia de Soria, pero es un trabajo digno de tener en cuenta porque creo que refleja uno de los objetivos que debiera reconocer esta ley, que es involucrar a las poblaciones rurales del entorno de los bosques en la actividad de estos. Saben ustedes que, en este caso, hablamos prácticamente de 1 500 000 hectáreas de superficie forestal de las prácticamente 5 millones que supuso la desamortización y que afectaron a muchísimos bosques que, a partir de ese momento, pasaron a ser lo que conocemos como montes de socios o propiedades pro indivisas de los pueblos de muchas provincias españolas. Por lo tanto, aquí ha habido un trabajo muy importante que la ley, aunque se ha hecho un pequeño esfuerzo, no reconoce en la dimensión que esta actividad de reconocimiento de esos bosques merecería, por lo que faltaría todavía dar un paso más. Creo que nuestra enmienda mejora sustancialmente el redactado que hace la ley y deberíamos acabar de dar los instrumentos a los montes de socios para que este trabajo pueda seguir extendiéndose en forma de mancha de aceite por todas aquellas zonas que tienen montes de estas características. Lo mismo sucede con los montes públicos. Yo también soy de una zona donde prácticamente el 80 % es monte de propiedad comunal y, ciertamente, el proyecto de ley —y en alguna de nuestras enmiendas está así recogido— está absolutamente falto de instrumentos para poder hacer una gestión adecuada de todos estos montes comunales.

La enmienda 167 mejora y concreta las acciones ante el riesgo de incendio forestal. La 168 propone la supresión del apartado 63 del proyecto de ley, relativo al artículo 50. Ya lo hemos debatido y no quiero reiterarme más, pero el mensaje de este apartado 63 es ciertamente un despropósito. Nosotros creemos que debe suprimirse porque atenta contra el espíritu de la propia ley y deslegitima absolutamente el texto. Este país, como el senador Aparici decía en su intervención, ha tenido momentos muy dramáticos con el tema de los incendios forestales. Este artículo —también lo leo de una forma absolutamente diferente a como lo lee él— no encaja de ninguna de las maneras, ni debería encajar, en esta ley ni en ningún ámbito en el que se pueda debatir el tema forestal; por tanto, deja abierta cualquier puerta a una interpretación sobre la recalificación de territorios que hayan sido afectados por incendios forestales porque, ciertamente, hay experiencias muy negativas desde esta perspectiva y ello nos retrotrae a tiempos a los que no queremos volver.

La desregulación del acceso al monte es otro paso atrás. Creemos que también es otro equívoco de esta ley y que la anterior norma lo definía con muchas más garantías para la prevención y para la protección del medio. Por tanto, efectivamente, tienen que existir las excepciones, pero la desregulación no se debe convertir en la norma. Desde este punto de vista es la enmienda a este artículo.

La enmienda 176, que ya hemos debatido, trata de los agentes forestales. No insistiré en la materia, pero nos parece que, ciertamente, esta degradación no tiene sentido. Hay que reconocerles el trabajo, la labor que se ha hecho hasta ahora, pero no deben insistir en esta cuestión. Además, hay un problema de fondo que no he mencionado antes y quiero hacerlo ahora: no creo que en este momento la sustitución de estos agentes aporte ningún tipo de ahorro a la economía del Estado, ni creo tampoco que la Guardia Civil u otras fuerzas de seguridad del Estado puedan de ninguna manera abordar la labor que están haciendo esos 6000 agentes, y en las condiciones en que lo están haciendo. No creo que por el número, por el conocimiento y por la penetración que tienen en el medio rural puedan ser sustituidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, relegándoles únicamente a una función absolutamente auxiliar que, desde nuestra perspectiva, es un grave error en este texto.

Y tenemos una enmienda destinada —quisiera remarcarlo y subrayarlo— a clarificar las condiciones de ocupación del dominio público en los diferentes tipos de bosques. Es una enmienda que viene impulsada desde la Asociación de municipios de montaña. Creemos que todas aquellas infraestructuras que ocupan dominio público en espacios de bosques —estamos hablando de las líneas eléctricas, de las instalaciones telefónicas, etcétera— pueden ser gravadas por los municipios, de acuerdo con la legalidad vigente, y que de alguna manera quede claro que esa tasa de ocupación sea aplicable con independencia de la clasificación del monte, siempre y cuando esta condición sea pública.

La enmienda 181 va destinada a la realización de un censo y a la diferenciación positiva de los montes de zonas de montaña para su acceso a las ayudas públicas atendiendo a las razones de dificultad objetiva de accesibilidad a estos montes. Insisto en que yo vengo de una zona de monte muy alpino y las actuaciones en estos montes son difíciles por la accesibilidad, por la orografía, por las cuestiones climáticas, etcétera. Además, hay zonas de bosques, como ustedes saben, de abeto fundamentalmente en el caso de mi zona, pero de pino también en otros valles contiguos, que requieren de actuaciones precisas. Por tanto, pedimos que sean consideradas estas dificultades obvias y se les concedan las ayudas correspondientes.

En cuanto a la cuestión cinegética, ya hemos dicho que debe ser suprimida porque no tiene sentido en el marco de esta ley.

También hay algunas enmiendas referidas a la flexibilidad de la gestión sin renunciar a la planificación, en especial para los montes medianos. Hay otra enmienda para atender al principio de simplificación ambiental de la madera, que ha de responder a criterios de homologaciones internacionales y medidas para facilitar la gestión forestal.

Señor Aparici, usted decía que hay una contradicción entre la protección ambiental y pedir que haya acción en los montes —yo lo he entendido así—, es decir, que haya acciones que permitan actuar en los montes para el aprovechamiento de las biomasas. Eso me ha parecido entender. En todo caso, creo que es absolutamente compatible. Sé, por otras responsabilidades que he tenido, que en 400 kilómetros de pistas forestales que tienen los bosques del Valle de Arán, simplemente en su limpieza podríamos prácticamente calentar durante 25 años los colegios de mi zona. Por tanto, eliminar los 200 millones de metros cúbicos de toneladas de biomasa que acumulan nuestros bosques en este momento es obviamente una necesidad para evitar los incendios forestales. En este sentido, creo que debemos potenciar las políticas fiscales, las ayudas a las empresas que deben actuar en el bosque, efectivamente con criterios medioambientales, pero aprovechando toda la biomasa, sea para fines combustibles, de generación de energía o para fines constructivos. Pero es cierto que tenemos un problema de tecnología desde el punto de vista de la actuación en los bosques y que la ley no resuelve estos problemas —el tiempo nos dará o nos quitará la razón—. Precisamente el problema de esta ley es que carece de instrumentos precisos, como se ha demostrado hasta el momento, y usted, si ha tenido contacto con las empresas que se dedican a esta cuestión, sabrá que son seguramente las más críticas con la política del Gobierno hasta ahora.

Ya termino, señora presidenta, resaltando un grupo de enmiendas que van destinadas a definir las preferencias precisamente en el otorgamiento de las ayudas para aquellos montes que son protegidos y que, por tanto, necesitan recursos y un grado de especial protección, adecuando también los instrumentos de gestión y, por tanto, con ayudas precisas para poder ejercer estos instrumentos y actuar sobre estos montes.

Tenemos también enmiendas para evitar que estas sanciones que ha citado el señor Aparici sean inferiores al doble del valor de la reposición del daño, porque en muchas ocasiones nos encontramos, como ha pasado en otras leyes, que al final sale más barato pagar la sanción que prevenir el daño.

También presentamos otra enmienda para permitir la participación de los entes locales en el desarrollo de la estrategia de la biomasa. Esta nos parece una enmienda especialmente oportuna, porque insisto en que un criterio que debería haber sido fundamental en esta ley es el de implicar a los entornos de los bosques, y en este caso al mundo rural, para hacer del bosque un elemento central de la actividad y de la gestión de aquel. Yo creo que puede y debe hacerse con este criterio, con el del diálogo, involucrando a las comunidades que viven en el entorno rural y en el de los bosques para hacer posible que su participación haga del bosque un espacio sostenible y, al mismo tiempo —como ocurría en otras épocas en las que no se hablaba tanto del medioambiente—, que este forme parte de la cultura de la gente que vive en el mundo rural. Por tanto, en este caso sí deberíamos mirar un poquito más hacia atrás, a lo que ocurría en aquellas sociedades, en aquellas comunidades, que eran perfectamente sostenibles, que utilizaban el bosque, lo respetaban y hacían de él un proyecto al que vinculaban su futuro.

Deberíamos aprender de esa época, de esos tiempos, pero mucho me temo que esta ley, señorías, no va en esa dirección y, por tanto, pedimos el voto afirmativo para estas enmiendas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Creo entenderle, senador Boya, que da por defendidas las enmiendas de los senadores Saura y Guillot. (Asentimiento).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Catalán Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Yo tengo nueve enmiendas a este proyecto de ley. Algunas de ellas ya las he comentado en mi intervención anterior. Básicamente, dichas enmiendas hacen referencia a la cuestión de garantizar la presencia de los entes locales en las decisiones de la política forestal española, reconocer que dichos entes no son una agrupación u organización cualquiera, sino que son también administración, como las comunidades autónomas y como el Estado. A esto hace referencia mi enmienda 142.

La enmienda 143 pretende desburocratizar y confiar en la declaración responsable de un técnico en aquellas fincas que no disponen de documento de planificación. Creo que tenemos que dar esa confianza y, en todo caso, si luego no se hace bien, se podrá actuar. Pero es importante, si queremos agilizar nuestra actividad para mantener los bosques en buen estado —y ahora no están así—, que demos las máximas facilidades y busquemos la complicidad de los titulares de las fincas.

La enmienda 144, como he explicado anteriormente, hace referencia a no limitar las capacidades de los agentes forestales en todas sus tareas de investigación, ya que son, como se ha dicho aquí, quienes mejor conocen la ley y los que han conseguido que muchos de los delitos que se cometían en el monte hayan sido perseguidos.

También quiero mencionar la enmienda 146, que hace referencia a los temas de fiscalidad. Veo a la senadora Moya muy comprometida y con ganas de buscar una solución y de adquirir un compromiso con mi grupo. Veremos si en su turno me da alguna buena noticia. Creo que lo que estamos buscando todos es una fiscalidad para ampliar los sujetos susceptibles de percibir estas ayudas al objeto de conseguir una mejor gestión. Nosotros queríamos salir al paso de hacer mención exclusivamente a las sociedades forestales, pues hay otro tipo de sociedades, de agrupaciones, de cooperativas en el territorio que están siendo modelos de éxito, por lo que no hace falta inventar nuevos elementos ya que, al final, lo que buscamos es esa inversión en las fincas forestales, y para conseguir esas inversiones debemos buscar fórmulas imaginativas e inclusivas. De lo contrario, si lo dejamos tal y como está ahora recogido en el proyecto de ley, vamos a limitar y a obligar a muchas de las autonomías y de los gobiernos con competencia en la materia a que tengan que especificar exactamente qué son estas sociedades forestales, y quizá nos encontremos con que no tiene mucho sentido buscar una desgravación fiscal de un 10 % por inversiones en fincas si en realidad es más barato hacerlo como propietario individual en régimen de módulos. Por tanto, hay que analizar estas cosas de una forma pausada, pero objetiva, y buscando este mayor beneficio económico para el bosque.

En la enmienda 147 hablamos de buscar la ampliación de lo que se considera terreno forestal. Proponemos que todas aquellas actividades de transformación primaria que necesiten de algún tipo de infraestructura también se puedan ubicar en estas fincas, como sucede, por ejemplo, con la actividad del astillado, de forma que también se reconozcan como terreno forestal.

La enmienda 148, de la que ya he hablado, se refiere a la creación del fondo forestal. Este es un tema muy importante, y por ello también apelamos a la sensibilidad del grupo mayoritario para aceptar la creación de dicho fondo.

La enmienda 149 hace referencia a la supresión del capítulo que se refiere a la caza y a la pesca. Asimismo la número 150 se refiere a la supresión del capítulo que hace referencia a los caminos naturales por entender que legisla sobre una materia en la que las comunidades son plenamente competentes y autónomas. Una cosa es buscar estos recursos y catalogarlos, y otra distinta querer inmiscuirse en la planificación de estas vías, que son para uso de toda la ciudadanía.

Nada más y muchas gracias por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas de Grupo Socialista tiene la palabra el senador Ruiz.

El señor RUIZ SANTOS: Señora presidenta, señorías, muchas gracias a todos los que han resistido la tentación de hacer caso a su estómago y han decidido acompañarnos.

El Grupo Socialista ha presentado 43 enmiendas, que van de la 76 a la 118. No me voy a referir a todas ellas de forma detallada porque las damos por defendidas, aunque sí me van a permitir que hable de alguna en concreto. Para ello haré primero una referencia a la enmienda a la totalidad que mi compañero y portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, Miguel Fidalgo, ha hecho hace unos minutos, y que suscribimos íntegramente; una enmienda a la totalidad que ustedes han rechazado dada la escasa sensibilidad del Grupo Popular hacia la protección del medioambiente.

Protección del medioambiente es un término que ustedes modulan según les conviene; unas veces, para quedar bien de cara a la galería, lo suben a los altares, pero cuando reciben la llamada de los grupos económicos de presión que han inspirado gran parte de su actividad legislativa durante esta legislativa, no dudan en degradarlo y tirarlo por los suelos. Hablan mucho de desarrollo sostenible, y de lo que se trata es de hacer sostenible el desarrollo, pero lo que hacen ustedes es cargarse el paisaje y caer en un desarrollismo especulativo, que no es exactamente lo mismo.

Con carácter general les diré que nuestras enmiendas pretenden mejorar un texto que en principio consideramos que no debería existir, porque pensamos que la actual legislación, la de 2006 que reformaba la de 2003, era suficiente para la protección del medioambiente, y en este caso de los montes. Pero si tuviéramos que empezar concretando alguna de ellas, comenzaríamos con la enmienda número 76, con la que pretendemos establecer una regulación del régimen de compra y venta de la madera para que aseguremos que los derechos y la posibilidad de existencia de los pequeños productores, también en el monte, tengan una mayor garantía de sobrevivir con esa actividad productora.

La enmienda 77 solicita la supresión del apartado noveno, en el preámbulo, en lo referido al Tajo-Segura. Todos sabemos, y se ha dicho aquí mucho, que el Grupo Popular aprovechó el trámite de enmiendas en el Congreso para introducir estas cuestiones relacionadas con el Tajo-Segura. Se ha hablado mucho de la sentencia del Tribunal Constitucional y esta, en definitiva, es una cuestión que no guarda relación alguna con el cuerpo del texto, referido a montes. No es la primera vez que en esta Cámara se tiene que denunciar la frivolidad con la que trata el grupo parlamentario el principio de congruencia. Tampoco es nueva la argumentación para controvertir esta forma de legislar. Traeré a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2011, y no me extenderé en el fundamento jurídico número seis porque ustedes lo conocen perfectamente. Desde luego, el principio de congruencia ustedes no lo tienen en su ideario, se lo saltan con mucha facilidad. Y no solo por este motivo entendemos que al hablar del trasvase Tajo-Segura, una cuestión que requiere de la generosidad de tanta gente y de la comprensión de toda la gente, sino que también nos parece inapropiado que usted haya utilizado esa puerta de atrás en el trámite de enmienda de una ley que nada tiene que ver con la de montes. Si hablamos de ríos, parece que ha incumplido usted aquello de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...

La enmienda 81 recoge las recomendaciones del Consejo de Estado para que, reuniendo una serie de condiciones que recogemos en esta enmienda de modificación, deba ser catalogado o declarado monte protector en caso de ser privado, y corregimos la situación de la no referencia a la Red Natura 2000, que se sustituye por zonas de especial protección para las aves o zonas de especial conservación, dando una nueva redacción que incorpora esas consideraciones.

La enmienda 85 modifica el apartado 36 del artículo único, definiendo con mayor claridad los montes de socios, sobre lo que también se ha hablado mucho aquí. Entendemos, y varios grupos lo han dicho, que si ya existió unanimidad a través de la propuesta del Grupo nacional de trabajo sobre propiedad forestal colectiva, promovido por el Magrama, con la colaboración de diversas comunidades autónomas y de expertos independientes, no se entiende el cambio propuesto en esta ley que hoy nosotros pretendemos enmendar. El texto que se pretende aprobar dificulta la posibilidad de inscripciones de determinadas cuotas, ya que por razón de su antigüedad es difícil establecer sus titulares, y sobre las cuotas vacantes podría darse el caso de que cuando existan se puedan enajenar por parte del Estado —ustedes lo incorporan—, y aunque existan indicios racionales o notorios de titularidad o sucesivas transmisiones, se podría dar el caso de que sociedades y agentes privados adquirieran esas cuotas por un bajo coste y provocar una transmisión que lesione derechos de titularidad histórica.

También queremos llamar la atención sobre la enmienda número 91, en la que proponemos la supresión del apartado 54 porque entendemos que el artículo 37, sobre aprovechamientos maderables y leñosos, debía quedar redactado como está en la actualidad. Esto es importante, porque ustedes, con la excusa de reducir la burocracia no exigiendo una autorización para los aprovechamientos maderables o leñosos de turno corto, y sustituyéndola por una mera declaración responsable, podrían hacer, y no sería la primera vez en este país, que atentáramos de esa manera contra la biodiversidad de nuestros montes.

Respecto a la enmienda 95, nos parece fundamental que se apruebe, por lo que solicitamos la supresión del apartado 63 del artículo único. Esta ley, que modifica la ley de montes en este apartado, la consideramos —permítanme la expresión— gasolina para nuestro monte. Permitir la excepcionalidad, un mínimo resquicio, aunque se revista de garantías únicamente en la apariencia, significa abrir paso a los posibles especuladores y delincuentes, como ya pasó en una época negra en la historia de nuestro país.

El simple hecho de que exista la posibilidad de permitir la recalificación de terrenos incendiados, aunque pudiera parecer complicado administrativamente, hace que no se deba aprobar esta modificación. Esta posibilidad no es tan remota, es muy delicada y, me atrevería casi a decir, sospechosa. No más incendios provocados con fines especulativos, no más mercantilismo con el horror de un monte quemado.

La enmienda 97 nos merece una reflexión importante porque pretende suprimir el apartado 70. Esta reforma de la Ley de montes ataca directamente a los agentes forestales al privarles de capacidad y competencia en sus funciones actuales, que son imprescindibles para la persecución de determinados delitos, como por ejemplo en la investigación de incendios forestales, privándoles de la posibilidad de intervenir desde el inicio de forma directa. Prueba de la limitación de su condición de policía judicial es la eliminación del término diligencia en las funciones investigadoras —no sé si esto estaba en el informe que usted tenía, señor Aparici—, además de enumerar los actos de investigación eliminando la posibilidad de actuaciones como las no previstas al establecer numerus clausus.

Igualmente, se establece un procedimiento de filtrado de los delitos sobre los que pueden actuar los agentes forestales a través del procedimiento que determinen los órganos en cuya estructura se integran. Es decir, que se podría desnaturalizar el principio de legalidad en sus actuaciones y, por supuesto, definirlos de auxiliares. Colocar sus labores ordinarias subordinadas es prueba del intento de eliminar las competencias propias que actualmente tienen como autoridad pública. La pregunta es muy sencilla —creo que la ha respondido antes, pero se la vuelvo a reiterar: ¿Hay un intento de privatizar a partir de este momento la gestión que hacen ahora los agentes forestales? Responda sí o no porque quedará escrito y, con el tiempo, aquellos que hoy vienen de testigos —que, por cierto, ahora no están— podrán comprobarlo.

Usted ha hecho referencia a un informe y el señor Fidalgo le ha pedido por favor —como le queda a usted otro turno podrá responder— que nos indique, si es tan amable, quién es su autor. Ya que usted ha traído a sede parlamentaria un informe, si es posible, repito, nos gustaría que nos indicase su autoría porque no sabemos si se trata de un informe del Consejo de Estado —



que lo hay—, del Tribunal de Cuentas… Nos gustaría conocerlo porque nosotros sí hemos conocido un verdadero informe esta mañana y, además, hemos mantenido muchas reuniones con los que verdaderamente informan, que son los propios agentes forestales, que han estado aquí. No creo que sea de su gusto venir aquí a plantear reivindicaciones si no se sintieran atacados directamente, como protagonistas, con esta ley. Insisto, no creo que lo hagan por gusto. Nos gustaría conocer si el autor o los autores pertenecen a un organismo público, privado, a un gabinete de abogados o a quien sea, con todo el respeto.

En la enmienda 112 solicitamos la supresión de parte del texto, de la disposición adicional cuarta, dado que entendemos que las cuestiones cinegéticas deben tener su regulación específica fuera de este cuerpo legal y no aprovechar este texto para crear más problemas, sobre todo de índole competencial.

El resto de enmiendas hasta la 118 pretenden regular de una forma más efectiva y motivada la aplicación de incentivos, la no demora en la aprobación de instrumentos de gestión, la correcta gestión de la biomasa y la participación coordinada de ayuntamientos y comunidades autónomas en la gestión de los montes.

En resumen, hemos presentado estas enmiendas a un texto que consideramos que supone un ataque a una parte fundamental del medioambiente, como es el monte y nuestra superficie arbolada. Desde nuestro punto de vista, se cometen errores que pronto otros tendrán que corregir. Ustedes recentralizan, eliminan competencias y autoridad a un colectivo como el de los 6000 agentes forestales, y utilizan esta reforma como cajón de sastre para temas ajenos al cuerpo de esta ley, como la regulación del trasvase Tajo-Segura o parte de la actividad cinegética.

Se ha dicho aquí que todo el mundo está en contra, que nadie está contento pero, visto lo visto, sí me atrevo a decir que alguien puede estar contento. Me estoy refiriendo a unos pocos, pero muy peligrosos, que están deseando especular con los bosques quemados y a los que ustedes dan una esperanza. Ellos tienen la llama y ustedes les han dado la gasolina. Ahora solo falta que alguien se ponga de acuerdo en el dónde, en el cómo y en el cuándo.

Como hemos hablado de El Quijote, me atrevo a contar una pequeña historia. Se decía que en tiempos de Alfonso X El Sabio una ardilla podía cruzar la península Ibérica, desde Cádiz a los Pirineos, sin tocar el suelo. Quizá poco importa esto ahora pero, desde luego, es innegable que a cuenta de la Armada Invencible —de cuyo resultado guardamos triste memoria—, de Felipe II, se cometió el primer delito medioambiental que ha quedado en la memoria del imperio que dejó de ser. Y así las cosas, me pregunto si esta ley no viene a indultar el delito de Felipe II y de cuantos Felipes II hay en estos tiempos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes a los pocos que quedamos aquí, aunque somos suficientes para seguir debatiendo este proyecto de ley.

Como he dicho, hoy debatimos el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes; y lo quiero recalcar porque parece que alguno no está todavía convencido de que lo que estamos haciendo es hablar de la modificación de la Ley de montes.

Señorías, el pasado 17 de junio, la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, visto el informe emitido por la ponencia designada para estudiar el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de montes, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por esta, el texto remitido por el Congreso de los Diputados, al que se incorporaron dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en concreto, las enmiendas 74 y 75.

La enmienda 74, de modificación del apartado cuarto del artículo 32, queda redactado de la siguiente manera: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada comunidad autónoma y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos, con el fin de evitar diferencias de gestión en zonas que naturalmente son similares, aunque administrativamente sean distintas.

La enmienda 75 hace referencia al punto 63 del artículo único, apartado 1 del artículo 50, que dice exactamente: Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y queda prohibido: a) el cambio de uso forestal, al menos durante 30 años; y b) toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica. Con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten medidas que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada, entre otras. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la nación, será la ley estatal la que determine la necesidad de cambio de uso forestal con las condiciones que se indican en el total del apartado 1 del artículo 50, contempladas en todo caso en la Directiva 92/43/CEE; en ningún caso, procederá esta excepción respecto de los montes catalogados.

Señorías, con esta nueva ley de montes no se podrá edificar en terrenos quemados y no habrá lugar a la especulación. He querido hacer especial referencia a estos dos artículos, a estas dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, para dejar claro de una vez por todas que no es verdad nada de lo que ustedes están diciendo aquí en relación con la especulación, con el uso de los montes quemados para que se enriquezcan unos cuantos, etcétera. En su exposición demuestran un atrevimiento más allá de lo normal sobre estos asuntos, y precisamente por eso he querido traer a colación estas dos enmiendas que clarifican bastante la situación actual y lo que se plantea en la modificación de la ley.

Con esta aclaración creo que doy respuesta a las enmiendas presentadas prácticamente por todos los grupos parlamentarios al artículo 50, pero si quedara pendiente alguna otra cuestión estoy a su disposición para aclararlo en lo que nos queda del debate.

Se han presentado 236 enmiendas parciales y, como comprenderán, me gustaría dar respuesta a todas ellas pero el tiempo lo impide, como ya es conocido. En cualquier caso, dado que la mayoría de ellas han sido debatidas en el Congreso de los Diputados, y que algunas de otros grupos políticos también se han aceptado en el Congreso de los Diputados, intentaré centrarme en aquellas que son comunes a todos y en aquellas que son nuevas.

Los senadores Fuster, Ibarz y Santos han presentado ocho enmiendas relacionadas con las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el régimen económico y la modificación de la Ley del plan hidrológico nacional.

En este sentido, señor Fuster, debo decir que vamos a rechazar las enmiendas, puesto que la incorporación de diversos preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura en el proyecto de ley en tramitación responde a la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2015, de 5 de febrero de 2015, que exige que se sustituyan las normas declaradas inconstitucionales una vez se cumplan los trámites de audiencia preceptivos. Esta es la primera ocasión que se tiene para incorporar esta sentencia, y lógicamente, se incluye en esta modificación de la Ley de montes, dado que también esta ley tiene un carácter medioambiental.

En cuanto a las enmiendas números 77, 78 y 113 a 118 del PSOE, que se corresponden con las enmiendas 185 a 189 de Entesa pel Progrés de Catalunya, concretamente el Grupo Socialista alude a la falta de relación entre el contenido material del proyecto con las cuestiones sobre el Tajo-Segura, remitiéndose a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 5 julio.

A este respecto, cabe decir que el Proyecto de Ley de montes, así como aquellas disposiciones en él contenidas relativas al trasvase Tajo-Segura, comparten una misma naturaleza; es decir, que ambas son de carácter medioambiental, tal como le decía al señor Fuster.

Del mismo modo, hay que señalar el principio de congruencia mencionado en sus enmiendas, en el trámite del Senado, alegan que sin tramitación previa en el Congreso. En este caso se ha respetado el citado principio, dado que las enmiendas relativas al trasvase Tajo-Segura fueron presentadas durante la tramitación del proyecto en el Senado, como ustedes conocen. Por lo tanto, vamos a rechazar esas enmiendas.

Respecto al cumplimiento de la Directiva marco del agua, a la que hacen referencia también las enmiendas de la Entesa, cabe recordar que no solo afecta a la citada directiva, sino que las disposiciones contenidas en el proyecto sobre el trasvase Tajo-Segura no hacen sino otorgar rango de ley a las reglas de explotación de dicho trasvase. En consecuencia, vamos a rechazar también las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Critica el portavoz del Grupo Socialista —también algún otro portavoz— su inclusión en este proyecto de ley. Sin embargo, señor Ruiz y señor Fidalgo, el Grupo Socialista debería haber revisado las leyes aprobadas con anterioridad en esta Cámara, precisamente cuando gobernaba el Partido Socialista. Entonces, también yo me quejaba en alguna ocasión de la inclusión en un proyecto de ley de cuestiones que no tenían nada que ver con la ley que se estaba tramitando, pero es una cuestión de técnica y, desde luego, en este caso —vuelvo a insistir—, es una ley de ámbito medioambiental y, por lo tanto, es la primera ocasión que ha tenido el Gobierno para poder introducir el cumplimiento de la sentencia a la que se ha hecho referencia.

Me voy a referir a las enmiendas números 114, del PSOE y a la 186 de Entesa, que son iguales. En concreto, se refieren a una disposición adicional. Debo decirles que la regulación de los incentivos fiscales ha de efectuarse por la ley propia de cada impuesto o, en su caso, por una ley específica para tal materia, sin que se considere adecuada la inclusión de una fórmula tan genérica e indeterminada como la incorporada en la disposición, considerándose imprescindible la realización de un estudio profundo y detallado antes de la imputación de cualquier incentivo fiscal. De cualquier forma, vamos a votar en contra de estas dos enmiendas.

Convergència i Unió presenta la enmienda 146 y la justifica en que va a posibilitar que la deducción inicialmente prevista se pueda aplicar a más contribuyentes y no solo a las sociedades forestales. Sin embargo, señorías, debe tenerse en cuenta que en relación con el impuesto sobre sociedades, la Ley 27/2014 ya recoge un incentivo fiscal dirigido a los contribuyentes que exploten fincas forestales bajo determinados requisitos, al establecer en su artículo 19.6 que no se integran en la base imponible las subvenciones concedidas a los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la administración forestal competente, siempre que el periodo de producción medio, según la especie de que se trate, determinada en cada caso por la administración forestal competente, sea igual o superior a 20 años. No le quepa la menor duda de que este es un asunto, como he dicho con anterioridad, en el que también nosotros estamos muy interesados —todos estamos interesados— y vamos a seguir trabajando en todo lo relativo a la fiscalidad en relación con los montes. Ojalá podamos en un momento determinado decir que hemos conseguido más beneficios, más ayudas y más apoyos para todo el sector.

Todos los grupos han presentado enmiendas al artículo 58. Como sus señorías saben, el Grupo Popular presentó una enmienda en el Congreso, en concreto la 188, que clarifica la situación de los agentes medioambientales. Me hubiera gustado que estuviesen también aquí en este momento y no solamente para saludarles sino para agradecerles de una manera especial la labor de apoyo, la labor de ayuda, la labor de mantenimiento y la labor de vigilancia que desarrollan en el monte. Además, quiero tener un recuerdo especial para aquellos agentes medioambientales que, en un momento determinado, perdieron la vida precisamente por defender el interés general, por defender los montes, que es un bien de todos y no exclusivamente de aquellos que vivimos en zonas de monte.

Señorías, sus funciones se sistematizan, no se sustituyen. En este sentido, creo que no hay que crear una alarma innecesaria en relación con el cuerpo de agentes medioambientales. Siguen manteniendo el carácter de funcionarios, por tanto, no cambian sus características ni sus funciones ni sus obligaciones. Solo hay que analizar la legislación existente y comprobar que no cambian en absoluto sus funciones; lo que sí hace esta modificación de la ley es precisamente mejorar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los agentes medioambientales. En concreto, Coalición Canaria presenta una enmienda en la que sitúa a los agentes forestales enteramente a las órdenes de jueces, tribunales y fiscales, pero no se puede aceptar —como tampoco aquellas que sigan esa línea— desde el momento en que los agentes forestales son cuerpos autonómicos que dependen de estructuras administrativas distintas de la judicial; además crearía problemas de descoordinación. Creo que tenemos que tener las cosas claras.

Otros grupos plantean dejarlos como están pero, señorías, es que prácticamente no cambia nada. Si no disponen de la enmienda 188 se la pasaré, para que lo tengan bastante más claro. Por tanto, vuelvo a insistir en que no es adecuado crear alarma y en que deberían retirar estas enmiendas. Insisto, creo que deberían estar tranquilos porque en nada cambian sus funciones.

Varios grupos también presentan enmiendas al artículo 3, con las que de alguna manera introducen la consideración de los montes como ecosistemas y su interés en la investigación del cambio climático. En concreto, las enmiendas 29 y 30, de Izquierda Unida, añaden la conservación del patrimonio geológico en algún caso, que es algo que me ha llamado un poco la atención. En cuanto a la primera, la de que los montes son ecosistemas, desde luego no hace falta que lo diga la ley, creo que está claro. Y en cuanto al cuidado, conservación y mejora del patrimonio geológico, no es labor de la Ley de montes sino propio de la Ley 42/2007 del patrimonio cultural y de la biodiversidad, ya que el patrimonio geológico es parte del patrimonio natural, no del forestal.

Otras enmiendas proponen la alteración de la definición de gestión forestal sostenible y de proyectos de creación de los montes. Señorías, la definición de gestión forestal sostenible ha sido acordada por 46 países de la Unión Europea como definición única, tras 3 años de trabajo. Es decir, que no es ningún capricho del Gobierno del Partido Popular sino que han sido necesarios tres años para llegar a un acuerdo, y el proyecto de ordenación está contenido en la Ley de montes vigente.

Hay otras enmiendas, como la 35 de Izquierda Unida, que coinciden con otras presentadas por CiU, por Esquerra y por el Grupo Socialista, relativas al consejo. La composición y las funciones del consejo se determinarán reglamentariamente, como no puede ser de otra manera. Por otra parte, no tiene sentido garantizar la presencia concreta de unas partes interesadas y no de las demás.

Las enmiendas presentadas al artículo 13 plantean cambiar las condiciones de utilidad pública y obligan a que se declaren las que cumplen. Las nuevas condiciones están incluidas, por ejemplo, en los apartados a), b), c), e) y también en el 9 f). Como saben también, en el Congreso se aceptó la sustitución de los LIC y las ZEPA por la Red Natura 2000.

La enmienda 37, de Izquierda Unida, suprime la modificación del artículo 15.5. Señor Iglesias, creo que su justificación no es correcta, por no decirle que no es verdad. Los instrumentos de gestión tienen por misión definir la producción de bienes y servicios de naturaleza forestal.

También presentan enmiendas al artículo 32, con el fin de suprimir la posibilidad de utilizar los modelos de tipo de gestión, que son específicos para cada tipo de montes y se ajustan a ellos. No se eliminan los sistemas vigentes sino que se añade uno más para los montes pequeños o no complejos, según decidan las comunidades autónomas; es decir, que se siguen dando la potestad a las comunidades autónomas. Ustedes inciden mucho en que se quieren quitar competencias a las comunidades autónomas, pero no es verdad.

La enmienda 44 elimina la facultad de las comunidades autónomas de decidir qué montes han de estar ordenados. Pues bien, por tamaño o por complejidad, porque no todos los montes requieren ordenación. Cada comunidad autónoma, que siguen teniendo las competencias porque no se les quitan en absoluto, es libre de decidir cuáles.

Las enmiendas presentadas al artículo 35 se refieren a la certificación. Señorías, la garantía solo se puede dar por ley, y eso es precisamente lo que hace esta legislación.

La enmienda 49 del Grupo Mixto basa los programas de prevención de incendios en selvicultura, junto a los estudios de causalidad. Lamento decirles que mezclan churras con merinas y que una cosa es que la prevención tenga mucha selvicultura y otra es que el diseño de los programas de prevención se base en otra cosa que en la formación procedente de los estudios de causalidad. ¿Por qué los programas han de contemplar solo selvicultura? ¿Y el resto de las medidas? ¿Cómo se pueden basar en estudios puntuales? Creo que en esto hace falta seriedad porque los montes son un asunto bastante serio.

Han presentado también varias enmiendas al artículo 54, relativo a la circulación de vehículos a motor. Si se dan las circunstancias adecuadas, no hay inconveniente en que se circule por las pistas de montes públicos. Las comunidades autónomas son las que deben decidir si se dan las condiciones y cuándo se dan.

En cuanto a las enmiendas presentadas prácticamente por todos los grupos a la disposición adicional cuarta, relativa a caza y pesca, tengo que decirles que el informe del Consejo de Estado —que ustedes leen como les conviene— avala la constitucionalidad de estos preceptos y sugiere la posibilidad de que formen parte de la Ley de modificación en lugar de la Ley de montes. En ningún momento se ha dudado de su constitucionalidad, solo de la conveniencia de situarlo fuera o dentro de la Ley, optando por hacerlo fuera puesto que se sale del ámbito territorial de esta. Además, se aduce competencia autonómica, si bien queda claro que la estrategia que se menciona en ella no es una norma sino un instrumento de coordinación a aprobar por la conferencia sectorial, y el registro de infractores se crea con base constitucional diferente.

El Partido Nacionalista Vasco y otros grupos presentan enmiendas a la disposición transitoria segunda en las que proponen la anulación de la ampliación en 10 años del plazo para que sea obligatorio que los montes tengan un instrumento de gestión. Señorías, ustedes saben que el plazo comienza cuando entra en vigor la ley, es decir, en el año 2003, y este proyecto solo modifica, no lo hace nuevo; es decir, que en el año 2019 todos los montes catalogados y protegidos deben tener un instrumento vigente, pero ustedes saben, como yo, que la mayoría de los montes exigen un verdadero proyecto de ordenación y, posiblemente, las comunidades autónomas, en los años que quedan, no tendrán tiempo suficiente para elaborarlos y aprobarlos. Por eso no se aceptan estas enmiendas.

También han presentado enmiendas a la disposición adicional octava, concretamente la número 139. Tengo que decir que la defensa nacional es competencia exclusiva de la Administración General del Estado, por lo que las ocupaciones y pasos necesarios deberán ser definidos por ella.

Respecto a la enmienda 134, dado que las confederaciones hidrográficas son las competentes, no están transferidas a las comunidades autónomas. En concreto, señor Cazalis, el País Vasco pertenece a la del norte, y esta —que yo sepa— la gestiona el Estado.

En cuanto a la enmienda 132, a la que hacía referencia el señor Cazalis, el artículo 10 de esta ley confiere a la conferencia sectorial la capacidad de coordinar las políticas forestales de las comunidades autónomas con la nacional.

Voy a centrarme ahora en algunas enmiendas socialistas que coinciden con las de la Entesa. Señorías, la enmienda número 90 del Grupo Parlamentario Socialista, que coincide con la 163 de la Entesa, proponen la adición de un párrafo que dice que el titular del monte sea el propietario de los recursos y productos que este proporcione, por lo que se le concede el permiso de aprovechamiento siempre que fuera adecuado. ¡Faltaría más! El derecho de propiedad está consagrado en la Constitución española y conlleva todos los derechos dominicales. No es necesario, por tanto, concedérselo a los propietarios forestales en esta ley.

Tampoco puedo entender qué es lo que pretenden, cuál es su finalidad, puesto que en caso de sustracción, por mucho que esta ley lo exprese, seguirá produciéndose, lamentablemente. También quiero decir que el expolio de los productos forestales, como cualquier otro, es punible penalmente y su generalización es un problema de orden público no de legislación forestal.

La enmienda 92, del Grupo Parlamentario Socialista, coincidente con la 165 de la Entesa, añade al artículo 38 un párrafo transmitiendo el fondo de mejoras de forma obligada a las entidades locales titulares. La situación actual en estos montes de utilidad pública es que los servicios competentes en gestión forestal se encarguen de la gestión técnica, y los ayuntamientos de la económica y administrativa. Este principio se ha explicado en la mayoría de las leyes forestales autonómicas y, por tanto, no cabe duda, por un lado, que las autoridades competentes en gestión forestal son las autonómicas y, por otro, que la mejora del monte es parte integral de su gestión.

La enmienda 109 del Grupo Socialista, coincidente con la 180 de Entesa, solicita la inclusión de una nueva letra en el artículo 9 sobre el cómputo de superficies forestales afectadas por infraestructuras a efectos de tasas municipales. Señorías, desde nuestro punto de vista no ha lugar en la Ley de montes porque los derechos dominicales de las entidades locales y montes de utilidad pública siguen íntegramente en sus manos. La Ley de montes no lo hace variar y, por tanto, esta disposición es más propia de una ley local o de una norma municipal.

La enmienda 110 del Grupo Socialista, equivalente a la 181 de la Entesa, pretende crear una relación de montes comunales y otra de montes situados en zonas de montaña que pueden ser objeto de diferenciación positiva en el reparto de fondos. Existe un lugar donde se especifican los montes comunales y de titularidad municipal con aprovechamiento de los vecinos, que es el Registro de la Propiedad y, por tanto, tiene muy poco sentido duplicarlo. Por otro lado, el 90 % de los montes españoles está situado en zonas de montaña —de ahí su nombre—, por lo que la supuesta diferenciación positiva se convierte en negativa.

La enmienda 111, que coincide con la 162, incluye la necesidad de que los instrumentos de gestión se aprueben por el titular del órgano forestal de la comunidad autónoma de común acuerdo. En realidad, señorías, se hace así, pero los órganos competentes son los que deben legislar este punto. Es una cuestión clara, y las competentes son también las comunidades autónomas.

Señorías, la finalidad de este proyecto de ley, como ya se ha dicho aquí en más de una ocasión, es optimizar las funciones sociales, económicas y ambientales de los montes. No tiene la finalidad que ustedes pretenden hacer ver sino, justamente, todo lo contrario: modifica aspectos de la Ley 43/2003 susceptibles de mejora e integra nuevas normas que se han puesto en marcha en la Unión Europea. Los principales objetivos que se plantea esta modificación son, por una parte, proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y, por otra, mejorar el aprovechamiento económico de nuestros recursos forestales, que son muchos.

Para conseguir estos objetivos, en primer lugar, como saben sus señorías, se modifica la clasificación de los montes de acuerdo con su titularidad. El proyecto de ley establece además una ordenación forestal más sencilla. En segundo lugar, las comunidades autónomas podrán establecer modelos de gestión adoptados a la realidad antropológica de sus montes, a los que los propietarios podrán adherirse y asumir el modelo de gestión adoptado por las comunidades autónomas. No quita competencias, en absoluto, a las comunidades autónomas sino que es justamente al contrario; se regulan las sociedades forestales como sociedades de capital o instrumentos de gestión agrupado; incluye medidas, como ha dicho mi compañero el senador Aparici, para combatir la tala ilegal de maderas, que parece que a ustedes no les interesa; regula la circulación rodada por las pistas forestales dando, una vez más, potestad a las comunidades autónomas para que sean las que regulen, etcétera. Asimismo, contempla la imposibilidad de cambiar el uso de terreno forestal en los treinta años posteriores a un incendio —que quede bien claro—; fomenta las plantaciones forestales en terrenos agrícolas abandonados; las funciones de los agentes medioambientales no cambian; mejora la tipificación de las infracciones —tampoco se ha hablado de ellas— y su clasificación; contempla deducciones en el impuesto sobre sociedades por gastos de inversión; los propietarios de montes no ordenados también podrán acogerse a incentivos a los que se refiere el artículo 63. Y, finalmente, también incluye medidas de gestión cinegética y piscícola, a las que ya hacía referencia.

En definitiva, señorías, la ley protege los bosques y promociona y diversifica la economía de nuestros territorios. Ojalá que nuestros bosques, que son muchos, y que nuestros montes, que son muchos, sean respetados y usados adecuadamente, utilizando todos los recursos, y que sirvan también para favorecer la permanencia de mucha gente en nuestras zonas rurales, que buena falta nos hace. Lo deseable es que se utilicen todos los recursos que los montes nos ofrecen y que las administraciones tengamos la potestad y la voluntad de ayudar a las administraciones autonómicas y municipales, así como a los propietarios, para que se mantenga, se mejore y se siga ampliando nuestra masa forestal.

Por todas estas razones, lógicamente, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por los distintos grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo de Convergència i Unió? (Asentimiento).

Senador Maluquer, tiene la palabra.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias.

Yo sí hago uso de la palabra, básicamente, para decir que agradezco la intervención de la senadora Moya, que hará estas gestiones y será receptiva para implementar aquellas cosas que no ha podido aceptar en este trámite.

Después de la tramitación de esta Ley de montes en las Cortes, algunos hablarán de oportunidad perdida y otros de que era innecesario afrontar la reforma de la ley vigente, pero mi grupo y yo entendemos la necesidad de ir adaptando la legislación a aquellas cuestiones que van surgiendo y cambiando, fruto, algunas veces, de la legislación que emana de la Unión Europea, que tanto nos influye y que hay que adaptar al ordenamiento jurídico español.

Hubiéramos deseado la incorporación de todas nuestras aportaciones, pero no ha sido posible, aunque me consta que el Grupo Parlamentario Popular insistirá en que se tengan en cuenta los matices que hemos incluido.

En definitiva, pienso que modificar una ley de más de diez años siempre es un revulsivo para cuestionarse los logros y aciertos, así como aquellas cosas de la legislación que no funcionaban bien y que han estado imperando en los últimos años. De por sí, ya es un hecho positivo que todo este tiempo, en el que sabíamos que el Grupo Parlamentario Popular iba a revisar la Ley de montes, haya permitido que todos los colectivos la hayan estudiado y se hayan celebrado reuniones y multiplicidad de foros que han contribuido con valiosas aportaciones, a mi entender; a lo mejor no todas han podido quedar recogidas, pero ahí están y nos permitirán avanzar a la hora de elaborar la estrategia forestal de nuestro país.

Los datos de mejora de la gestión forestal de los que disponemos son más bien modestos. Por tanto, hago un llamamiento para seguir luchando contra el abandono de nuestros bosques y del mundo rural. Eso datos revelan lo que nos proporcionará esta ley, y por eso en este momento no me puedo dar por satisfecho.

Es bueno que haya bosque, y aún mejor que haya mucho bosque, porque esto da mejor calidad a nuestro paisaje y nos provee de estos servicios sociales y ambientales que tanto reclama una sociedad cada vez más urbana que no puede pensar solo en su urbanismo, sino también en ordenar el mundo rural. Lo que debemos intentar es que esta mayor extensión de bosque sea cada vez más un bosque gestionado. No quiero que nadie se preocupe cuando hablo de aumentar la gestión de los bosques. No me refiero al hecho de que tengamos que talar y talar. Dejo esta propuesta para ese líder de dudosa buena memoria, un presidente de Estados Unidos, George Bush, que, después de que un incendio en Oregón devastase muchísimas hectáreas —en conjunto, creo que aquel año se quemaron en Estados Unidos más de 2,5 millones de hectáreas—, propuso la brillante idea de talar los bosques más densos, sin más, sin gestión ni planificación. Yo no quiero ser este tipo de líder mundial. Creo que sería mucho más correcto decir que debemos incrementar la superficie forestal planificada y conseguir llevar a término la mayor parte de lo que hayamos planificado. En algunas ocasiones, la planificación —de hecho, pienso que ese es el espíritu de la ley y de toda la administración forestal— consistirá en no hacer nada. Deberemos conservar y preservar determinadas especies de fauna que requieren bosques poco alterados, o minimizar las afecciones al paisaje; solo con eso se consigue ese producto de calidad que es nuestro país.

En síntesis, mi grupo pretende que cada vez más se aplique una gestión sostenible a más terrenos forestales, y, como decía el senador Aparici, no olvido que la sostenibilidad se sustenta en tres patas: la adecuación a los criterios ambientales de conservación, la aceptación social de esta planificación y la viabilidad económica. Esto no quiere decir que todo el monte sea orégano y que se pueda hacer lo que se quiera.

En este sentido, mi grupo toma en este momento la siguiente opción: como no nos consideramos plenamente satisfechos pero sí entendemos que hay que reformar la ley anterior, debemos atenernos a una actitud prudente como es la abstención.

Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

También quiero dar las gracias a los senadores presentes, pues, como decía el Quijote, dan más valor a la razón que al apetito. (Risas).

Voy a explicar un par de argumentos. En primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista quiso parar esta contrarreforma de una ley, por cierto, del presidente Aznar López, aunque también es verdad que luego fue sometida a algunas reformas parciales.

Hemos presentado un grupo de enmiendas para corregir lo que entendemos como graves daños y amenazas al sector forestal; a eso nos conduce esta ley. Pero le hago al Partido Popular una pregunta de Barrio Sésamo: ¿La Ley de montes es para que los montes estén mejor o para que estén peor? Esa es la pregunta elemental. Yo entiendo que lo mejor es lo que está mejor y lo peor, lo que está peor —una aseveración típica de Barrio Sésamo—. Por lo tanto, no puede ser mejor una ley en la que las superficies forestales quemadas, en lugar de protegerse, repoblarse, conservarse para evitar la erosión y la desertización, preservar los recursos hídricos, etcétera, se puedan recalificar para otros usos. Y no puede ser mejor que los agentes forestales, que tenían autonomía e independencia respecto de la policía judicial, pasen a depender de otras fuerzas no especializadas y se limiten a hacer las diligencias previas, tengan que elevar a su jefe administrativo el informe acerca de si un tema va o no al juzgado, etcétera. Eso es lo que dice el texto actual del Gobierno.

Con la Ley de montes se debería mejorar la gestión forestal pero, como ya hemos visto y debatido —el senador Ruiz lo ha argumentado a lo largo de la exposición de las 43 enmiendas—, eso no es así. Por cierto, señor Aparici, ya sé que la mayoría de los montes en España son particulares. Cuando hablo de privatización, como su palabra indica, me refiero a privatizar aquello que es público; si no, es privado, evidentemente. He aquí otra aseveración de Barrio Sésamo. Cuando hablo de privatización me refiero a que los servicios de extinción se están privatizando —estos días, algunos con polémica—, a que los servicios públicos se están privatizando. Por ejemplo, los servicios públicos forestales de Valsaín, en Segovia, el único servicio que tenía el ministerio en esa materia, también acaba siendo privatizado. Por cierto, con el tema de los agentes forestales ya se ha expuesto aquí la sospecha de que va a conllevar la privatización de determinados servicios públicos, como la vigilancia forestal.

Por último, quiero decir que lamentamos que no se recoja ninguna de las enmiendas que nosotros hemos formulado, que se plantean tras el diálogo mantenido con los colectivos implicados del sector forestal, colectivos que ya hemos relatado. La apisonadora que usa el Partido Popular en relación con las enmiendas de los diversos grupos lo único que marca es la caducidad de estas reformas. Estas reformas tienen más próxima su caducidad a medida que se usa la apisonadora como fórmula de diálogo.

Por cierto, me replica la senadora Moya que nuestra enmienda 114, relativa a los incentivos fiscales a la actividad forestal, no puede ser recogida en la Ley de montes porque no es propia de esta cuestión y, sin embargo, justifica que el trasvase de un río, que ha sido objeto de sentencia del Constitucional, pueda ser tramitado en la Ley de montes. Evidentemente, señora Moya, usted tendrá sus razones pero también convendrá conmigo en la falta de coherencia. En todo caso, incorporar en las leyes —nosotros somos parlamentarios, senadores— cuestiones ajenas al tema objeto de regulación no está bien y, por lo tanto, se tendrá que corregir, lo haga quien lo haga, y en futuras legislaturas deberemos evitar que esa práctica legislativa que trasgrede la mínima seguridad jurídica se siga repitiendo.

Por cierto, llamo la atención a usted y al Senado sobre nuestra queja en relación con el paquete Soraya, las más de 41 leyes parlamentarias que nos van a traer aquí —en muchos casos evitando que pasen al Pleno— para que sean tramitadas, como dice la película, en nueve semanas y media. Han creado una nueva técnica legislativa que consiste en apretarlo todo, técnica que yo bautizo —permítanmelo— como supositorios legislativos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.

Tomo la palabra en este turno de portavoces para puntualizar un par de cosas, pero, sobre todo, quiero hacerlo para felicitar a mi compañera Marina Moya, que ha tenido una brillante exposición en respuesta a las enmiendas que ustedes han presentado. (La señora Capella i Farré pronuncia palabras que no se perciben). ¡Haya calma! La noto nerviosa hoy. Un poquito de calma. También quiero agradecer el tono empleado por todos los compañeros y compañeras del Senado en este debate —sin duda, un buen debate, con argumentos encima de la mesa; unos nos gustarán más y otros menos, pero ha sido un buen debate y el tono, muy adecuado—, de hecho me gustaría que lo normal fuera encontrar este tono en la Cámara.

Quiero, cómo no, agradecer el planteamiento de Convergència i Unió, cuya posición me parece muy razonable, y el Grupo Parlamentario Popular agradece esa posición de equilibrio.

Y quiero insistir en una cuestión que ya he dicho pero que voy a volver a repetir. Estamos en el mundo del desarrollo sostenible y de la economía circular y, por tanto, la mayoría de las cosas que hacemos, porque esto es una cuestión transversal, las debemos enfocar desde esta perspectiva. Por lo tanto, los planteamientos más extremos no son los más adecuados, especialmente cuando hablamos en términos ambientales.

Me quito las gafas porque voy a leer. Por ejemplo, el señor Fidalgo vuelve a insistir en algunas cuestiones y yo le tengo que decir lo mismo. De nuevo la alusión al Quijote y yo, otra vez, insisto en la misma expresión: no son gigantes, son molinos. Las sospechas, señor Fidalgo, no son argumentos. Aquí, cada uno de nosotros podemos estar sospechando permanentemente del otro, pero ese, señor Fidalgo, no es ningún argumento. La letra escrita es lo que cuenta y lo que hay que interpretar. Yo no tengo por qué sospechar que usted, cuando viene aquí y dice algo, piensa lo contrario de lo que dice. No lo voy a hacer, desde luego yo no. Por lo tanto, hablemos de argumentos y no de sospechas.

¿En qué artículo de la ley dice que se van a privatizar los montes? ¿Dónde hemos leído esto? ¿Alguno de los ponentes ha leído algún artículo que diga esto? No. Usted dice: yo sospecho que…, y empieza con la retahíla: que van a privatizar los montes, que los agentes forestales… No, señor, no es así, en absoluto, y de la lectura de la ley no se desprenden estas cuestiones que usted ha dicho. Habla de incoherencia, y usted ha pasado en un momento de criticar la Ley del 2003 a apoyarla, pero luego se ha dado cuenta de que era una ley del presidente Aznar y entonces empiezan los peros. La Ley del 2003 es la ley que había en el 2003, y la hizo el Gobierno del Partido Popular, y ahora un Gobierno del Partido Popular entiende que, pasados diez años, hay que reformarla, y no pasa absolutamente nada. Era una ley de un Gobierno del Partido Popular y en diez años, efectivamente, como decía el señor Iglesias, el monte sí evoluciona, pero, sobre todo, lo hacen las leyes, y mucho, porque se elaboran leyes en las comunidades autónomas y aparecen prácticas y nuevos usos y costumbres que hay que tener en cuenta y actualizar, porque esto es una reforma de la ley.

Dicho esto, vuelvo a insistir en que agradezco, de verdad, a todos los compañeros del Senado que han participado en este debate el buen tono empleado. Ha sido un buen debate y nos debemos felicitar por ello. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de la Ley de montes.

Empezamos con las enmiendas del senador Fuster y de las senadoras Ibarz y Santos. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1 a 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 134; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 65; en contra, 134; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la senadora Capella, votamos la 9 y la 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 139; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 5; en contra, 138; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 1; en contra, 148; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 2; en contra, 144; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 13 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 2; en contra, 148; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 6; en contra, 144; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 14 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 57; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 18 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 55; en contra, 148; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios y del senador Quintero votamos la 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 12; en contra, 136; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal votamos la 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 137; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 149; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 3; en contra, 138; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 7; en contra, 146; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 51, 60 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 7; en contra, 135; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 11; en contra, 140; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 15; en contra, 137; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 53 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 146; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 136; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 64; en contra, 139; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 50 y 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 146; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 29, 39, 43, 55, 62, 64, 65, 66, 68, 69 y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 138; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 30, 32, 35, 40, 41, 49, 56, 57, 67 y 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 70; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 31, 33, 36, 52, 58 y 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 144; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la enmienda 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 6; en contra, 192; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 13; en contra, 139; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 125 y 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 136; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 130.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 4; en contra, 138; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 119, 123, 138 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 138; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 127, 131 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 61; en contra, 136; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos de la 120 a la 122, y las 132, 134, 136, 137 y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 13; en contra, 137; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 128 y 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 136; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE:



Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Entesa votamos la enmienda 160.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 58; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 155 y 177.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 59; en contra, 139; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 163.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 146; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 183.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 63; en contra, 133; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 185 y de la 187 a la 190.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 59; en contra, 136; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 55; en contra, 136; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 156,166 y 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 57; en contra, 140; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 157 y 169.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 66; en contra, 141; abstenciones, 0.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 151 a 153, 158, 162, 167, 171, 172, 174, 175, 178, 179 y 181.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas número 161, 173, 184 y 186.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 68; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 165 y 182.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 225.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 4; en contra, 137; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 196.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 199 y 200.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 2; en contra, 148; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 204.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 3; en contra, 141; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 6; en contra, 147; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 212, 222 y 223.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 6; en contra, 139; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 141; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 221.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 137; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 214 y 226.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 52; en contra, 148; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 206 y 208.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 207 y 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 136; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 217 y 233.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 143; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 191, 201, 205, 216, 224, 227 a 229, 231, 232 y 234.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 192, 194, 197, 202, 203, 211, 218, 219, 230 y 235.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 67; en contra, 136; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 193, 195, 198, 213, 220 y 236.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 62; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votamos la 144.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 65; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 142, 145 y 149.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 146, 147 y 150.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 12; en contra, 137; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143 y 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 205; a favor, 14; en contra, 135; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, enmienda 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 61; en contra, 135; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76, 81, 82 y 104.

Comienza la votación.



(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 58; en contra, 138; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 108 y 114.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 205; a favor, 68; en contra, 136; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 83, 93 y 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 141; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 205; a favor, 55; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 77, 78, 113 y 115 a 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 132; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 79, 80, 85, 89, 94, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 136; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86, 88, 100 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 92 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 144; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 74 y 75 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 137; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 134; en contra, 66; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS PARA ESPAÑA EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS INFORMES DE D. PABLO DE GREIFF Y DE DÑA. JASMINKA DZUMHUR Y D. ARIEL DULITZKY, DE NACIONES UNIDAS. 650/000010 ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

El señor presidente da lectura a los puntos 13., 13.1. y 13.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día.

¿Turno a favor?

Tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Señor presidente.

Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo en nombre de los senadores y senadoras firmantes de esta iniciativa a la Plataforma por la Comisión de la Verdad su colaboración y su iniciativa para que esta solicitud de una comisión especial en materia de memoria histórica sea una realidad. Muy especialmente a su presidente, don Jaime Ruiz, y a sus colaboradores más cercanos que hoy nos acompañan. Sus aportaciones sobre lo que piensan los familiares de las víctimas han sido muy instructivas.

El día 24 de marzo del presente año, a petición de la plataforma, celebramos en la sala Europa de esta Cámara el Día internacional sobre el derecho a la verdad, con la participación de los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, que decidió no participar. En aquel acto tuvimos ocasión de conversar sobre la situación por la que atravesaba la aplicación de la denominada Ley de memoria histórica, de sus deficiencias, de la necesidad de adoptar nuevas acciones y reforzar normativas. En este sentido, se acordó presentar una iniciativa en el Senado que persiguiese dicha finalidad. Para ello nos basamos en los recientes informes de la ONU, conocidos como De Greiff, Dzumhur y Dulitzky, realizados tras sendas visitas a España de los respectivos grupos de trabajo durante los años 2013 y 2014 y presentados ambos en la XXVII reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, los días 9 a 11 de septiembre de 2014. Informes que han dado lugar a comparecencias y contestaciones oficiales del Estado español; informes rigurosos y de gran calidad, propios de una institución como las Naciones Unidas con una larga experiencia, dada su implicación en otras situaciones parecidas ocurridas en otros países, así como por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y del derecho humanitario. Trabajo minucioso realizado desde la proximidad, manteniendo muchas reuniones con autoridades, víctimas, asociaciones de memoria histórica, profesionales y entidades o instituciones relacionadas con la materia. Unos informes que recogen recomendaciones para reforzar la apuesta española, que afectan a una gran diversidad de temas: promoción de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, desapariciones forzadas, y alcanzan a una gran variedad de departamentos e instituciones. Un trabajo que, desde el punto de vista de los senadores y senadoras firmantes de la solicitud, significa una excelente oportunidad para que España efectúe una evaluación y mejora de su legislación y lleve a cabo actuaciones en materia de memoria histórica desde la gran diversidad de ámbitos y materias.

Sin duda, tal y como ha argumentado el Gobierno español, dando respuesta a la ONU, la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, fue un avance importante en materia de memoria histórica. Gracias a ella, se impulsaron en la legislatura pasada importantes iniciativas en materia de exhumación de fosas y ayudas a las víctimas, entre otros temas, y se dedicó un respetable presupuesto a ello. Pero no es menos cierto, tal y como apuntan los informes de la ONU y la realidad de lo sucedido, que en la actual legislatura se han eliminado las partidas presupuestarias destinadas a la memoria histórica. Por lo tanto, se ha paralizado la aplicación de la ley y las iniciativas que se habían impulsado en la anterior legislatura, así como se ha eliminado alguno de los instrumentos creados para su desarrollo. Con lo cual, parece lógico buscar espacios de acuerdo donde poder limar las diferencias existentes respecto de esta cuestión y desbloquearla.

También es lógico que, después de un tiempo de aplicación de la ley, se haga una evaluación de sus efectos en el sentido de corregir aquellos aspectos que no funcionan como debieran En este sentido, como ya he dicho, los informes de la ONU son de gran ayuda, ya que representan una base magnífica de evaluación y apuntan recomendaciones que, sin duda, corrigen deficiencias y mejoran y completan la actual apuesta legislativa y las actuaciones de las instituciones. Unas recomendaciones que garantizan una mejor defensa de los derechos humanos y un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas.

Por ello los senadores y senadoras firmantes creemos conveniente crear una comisión especial en el Senado, dado su buen hacer y experiencia en este tipo de comisiones, para el estudio e implementación de las recomendaciones contenidas para España en los mencionados informes. Una comisión que, desde el reconocimiento y el apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, proponga con el máximo acuerdo posible la implementación de las recomendaciones de los informes, presentando una propuesta dirigida a corregir deficiencias, como, por ejemplo, la necesidad de una postura más activa del Estado en materia de exhumación de fosas, que no delegue todo en los particulares; a encarar las tareas aún pendientes en materia de memoria histórica, por ejemplo, la resignificación del Valle de los Caídos, y a formular propuestas de los cambios administrativos y legislativos que para ello fueran pertinentes, entre ellos los necesarios para la creación de una comisión de la verdad, la prestación de un mayor reconocimiento, apoyo y justicia a todas las víctimas, mayor transparencia, acceso y organización a los archivos, mayor coordinación de los organismos competentes y mayor presencia en la educación y formación, entre otros temas.

Creemos que nadie debería oponerse a una iniciativa que lo único que pretende es evaluar y analizar unas políticas españolas que afectan a los derechos humanos, tomando como marco unos informes de la ONU, organismo de referencia en cuestión de derechos humanos, con la intención de que, desde el acuerdo, se mejore la apuesta española en la materia y se desbloquee la paralización actual. Por ello pedimos el apoyo de todos los grupos para la creación de la comisión, independientemente de la postura concreta que después defienda cada grupo en el trabajo concreto que realizará la misma.

Pedimos un espacio para el diálogo. No parece lógico que nadie se niegue a hablar, a dialogar, aunque sepamos que existen diferencias de pareceres, ya que solo dialogando será posible avanzar y acercar posturas.

Por otra parte, ahora que en tantas ocasiones hablamos de regeneración democrática y hacemos debates sobre corrupción, sobre mejora del funcionamiento de los partidos, sobre transparencia, y tantos otros temas, quiero manifestar que nuestra democracia también se regenera con una verdadera memoria reconciliada, que atienda a todas las víctimas sean del color que sean, que no cree víctimas de primera y de segunda, que no permita monumentos de parte, que no permita que España ostente el triste podio de ser uno de los países con más desapariciones forzadas sin una sepultura digna, que ponga luz sobre una época oscura de nuestra historia, impulsando la comisión de la verdad, independiente, y una mayor implicación del Estado en el conjunto de la apuesta española en materia de memoria histórica.

En definitiva, seamos pulcros con la defensa de los derechos humanos; sin ser pulcros en su defensa, la democracia no se regenera, se deteriora, y este no es el camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto?

Tiene la palabra la senadora Capella. ¿Van a compartir turno? (Asentimiento).

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Un 6 de agosto de 1936, un vehículo con matrícula militar y banderín de la Generalitat de Catalunya enfilaba la carretera de Madrid a La Coruña. En este vehículo iba Josep Sunyol i Garriga, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados en los años 1931, 1933 y 1936, y presidente del Fútbol Club Barcelona.

En la Sierra de Guadarrama, en el kilómetro 52, una vez traspasada la línea imaginaria del frente, fueron parados por miembros del bando nacional. Josep Sunyol y sus acompañantes fueron fusilados y enterrados en una fosa común. Sus restos se encuentran en el kilómetro 52, donde ahora hay construido un geriátrico militar, y los estudios realizados dicen que sus cuerpos se encuentran enterrados en los actuales jardines de la residencia.

El homenaje a Sunyol no se ha podido hacer en ese punto, se ha tenido que hacer en un parque público situado cerca, porque fue el único sitio donde se les dio permiso para tal acto. ¿Esto es digno? ¿Ustedes encuentran que esto es digno? ¿Esto es hablar de dignidad? Cito a Josep Sunyol como ejemplo de la poca decencia del Estado español. Josep Sunyol junto al president Lluís Companys, nuestro presidente, fue deportado, entregado por la misma Gestapo a la policía española, y el Estado español sigue sin querer revisar la causa contra el presidente aduciendo la Ley de amnistía del año 1977, pese a que incluso los cónsules de Alemania y Francia en Cataluña, en el año 2008, asumieron la responsabilidad de la detención y su posterior deportación. Un Estado español que cierra las puertas a la memoria histórica y que nos obliga a ir a Argentina, que ha aceptado una querella contra los crímenes del franquismo y el asesinato de Lluís Companys y de 46 cargos más electos de Esquerra Republicana. Hemos tenido que acudir a Argentina para buscar justicia, un valor que tendría que ser universal, y que el Estado español nos niega. El Estado también se niega a extraditar a ocho exministros franquistas, entre ellos, el señor José Utrera Molina, y el señor Rodolfo Martín Villa.

Les vuelvo a repetir, señorías, ¿esto es digno? Junto a estos referentes que he querido simbolizar por lo que representan, hay miles de personas que yacen en las cunetas de las carreteras y miles en fosas comunes. Sus familiares esperan que se haga justicia; justicia que ustedes, señorías, o algunos de ustedes, les niegan por ley. Ustedes, o algunos de ustedes, impiden que puedan tener una sepultura digna.

Esquerra Republicana no votó favorablemente la Ley de la memoria histórica porque consideramos, y lo consideramos aún, que fue incompleta y parcial y, además, no hacía otra cosa que defender la impunidad del Estado español. ¿Por qué no es posible, a día de hoy, anular un juicio al presidente Lluís Companys? Ha sido el único presidente, a lo largo de la historia, elegido democráticamente y que ha sido asesinado.

Esta ley continúa siendo incompleta para la inmensa mayoría de los catalanes y de las catalanas y también lo es para los miles de víctimas de la dictadura y de sus descendientes, que no han visto satisfechos los principios básicos que inspiran la justicia universal, que inspiran la memoria histórica, la reparación, la justicia y la verdad. Ellos y ellas son dignos; lo indigno, la indignidad, es privatizar las exhumaciones, ya que son las propias asociaciones en estos momentos las que tienen que llevarlas a cabo, asociaciones que buscan que no se olvide el pasado, que va en el ADN de las familias y desapareguts de la guerra civil, ya que ustedes —o algunos de ustedes— son incapaces de cumplir con la propia Ley de la memoria histórica. Se calcula que hay cerca de 2500 fosas comunes y unas 130 000 personas desaparecidas. España es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, con más número de fosas comunes por abrir. En todo el mundo, solo España, Camboya, Mozambique y Angola han decido no abrir fosas. Supongo que debe ser por miedo a la verdad.

Desde 2011, el Partido Popular se ha olvidado de las ayudas a entidades para la conservación de la memoria histórica. La Ley 52/2007 no establece una política estatal en la materia, sino que delega a las familias y organizaciones la responsabilidad de los proyectos de exhumación. Los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que deberían —o han de ser— políticas de Estado. En una sociedad democrática y madura, este proceso lo debería llevar a cabo el Gobierno y de este modo sería posible culminar la catarsis que tenemos pendiente. También debería pasar —y no ha pasado— que el anterior jefe del Estado, el rey abdicado, y el actual rey pidiesen perdón por todo aquello por lo que no han pedido perdón. La inacción del Gobierno en esta materia es total. No existe, por parte de este Ejecutivo, una política para promocionar la verdad. Nos hace falta hacer pedagogía y hace falta explicar a las generaciones presentes, pero también a las venideras, la verdad, para que aquello que pasó no vuelva a suceder. La pedagogía empieza en casa, retirando distinciones y títulos nobiliarios a los culpables, calles, monolitos, estatuas con simbología fascista. Reflexionen, señorías, y verán que a lo largo de la geografía española existen aún símbolos que recuerdan ese pasado que debería haber sido ya olvidado.

El pasado no puede quedar enterrado en fosas, debemos desenterrarlo. Nosotros, Esquerra Republicana de Catalunya, estamos donde siempre hemos estado, al lado de los principios y valores democráticos, con todos los partidos democráticos europeos que tarde o temprano se han mirado al espejo y han planteado que la única manera de inocular valores democráticos a las generaciones presentes y venideras para superar las violencias pasadas y presentes, las incertidumbres del pasado, era mirarse al espejo y hacer justicia. Nuestra causa es la de la justicia y nos mantendremos fieles al servicio de los valores republicanos de la democracia y la justicia universal.

Por todas estas razones, les pedimos, señorías del Grupo Popular, que acepten y voten favorablemente esta comisión, por justicia, dignidad y por todas esas personas que creen en la superación de la propia historia. Tenemos un deber, una obligación de memoria, para podernos permitir el derecho a empezar a recordar.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nuestra democracia tiene aún hoy una deuda con los anteriores demócratas, los demócratas que participaron en la vida política a lo largo de la Segunda República y los demócratas que a lo largo del franquismo reivindicaron la recuperación de las libertades en nuestro país. Y esa deuda no será saldada hasta que se les reconozca la condición de víctimas a las víctimas del franquismo. Mientras no reconozcamos el pasado, el pasado seguirá siendo presente. Lo comprobamos el pasado martes en la interpelación sobre los niños robados, la mayoría de ellos durante el franquismo.

La respuesta a esa presencia del pasado en el presente no puede ser la negación. El señor Catalá se equivocó en esa interpelación al negar que se hubieran destruido archivos, que se hubieran ocultado datos, que los archivos eclesiásticos y las parroquias no colaboraran en la investigación o que se hubiesen cometido falsedades en el Registro Civil. Mientras los poderes del Estado no realicen una condena expresa del franquismo —nosotros formamos parte del Legislativo y, sin ninguna duda, a través de los trabajos de esa comisión se obtendrían las conclusiones que permitirían ese pronunciamiento—, algún hilo de aquel famoso nudo del «atado y bien atado» seguirá efectivamente atado, no se habrá desecho completamente el nudo y, lo que es aún peor —el mes de noviembre se van a cumplir cuarenta años de la muerte del dictador—, el franquismo seguirá condicionando una parte de la actuación de los poderes democráticos de nuestro país cuando ya no hay ruido de sables, cuando es posible analizar el pasado reciente y reconocer la condición de víctimas a las que lo fueron del franquismo para, de alguna manera, establecer ese reconocimiento en base a la justicia y no vivir la extraña situación en la que, como demuestran los informes de Naciones Unidas o la tramitación de una querella en Argentina en virtud del principio de justicia universal, son otras instancias ajenas a nuestro país las que intentan encontrar una respuesta adecuada a esa pregunta que aún sigue siendo hoy de actualidad de por qué no hay un reconocimiento a las víctimas del franquismo.

Voy a terminar esta intervención aprovechando para despedirme. No es seguro que esté en el próximo Pleno —puede ser— pero como no quiero despedirme a la francesa, quiero aprovechar quizá mi última intervención ante este Pleno para despedirme con agradecimientos: a todos los trabajadores de la Casa, desde los ujieres al personal de seguridad, comedor y cafetería; a los letrados, encabezados por el señor Cavero, en un lugar destacado lógicamente, y —cómo no— a quienes han sido y son nuestra audiencia más fiel, aunque no estoy seguro de si con total voluntariedad, quienes toman nota de nuestras intervenciones y quienes, dada mi pésima pronunciación de las lenguas extranjeras, en muchas ocasiones han tenido que tomarse la molestia de pedirme posteriormente alguna aclaración de mis expresiones. También quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes; de todos he aprendido mucho en estos tres años. Y, lógicamente, también quiero mostrar mi agradecimiento al Grupo Mixto, a sus trabajadoras y a mis compañeros senadores de un grupo que es un espacio muy inteligente de convivencia, de posiciones políticas muy dispares y, por lo tanto, creo que un ejemplo democrático como hay pocos. Todos ustedes, si algún día traspasan los Picos de Europa y se acercan al lejano norte, ahí me tendrán como anfitrión.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Senador Iglesias, me atrevo a hablar en nombre de los trabajadores de esta Casa, de los letrados, de las taquígrafas y estenotipistas, de todos los compañeros de la Cámara, para decirle que ha sido usted, a lo largo de esta legislatura, un ejemplo para todos nosotros. Y no solo para todos nosotros, porque si esta Cámara fuera más conocida, sería un ejemplo también, para la otra Cámara y alguna más, de trabajo, de rigor, de solvencia, de ponderación y de todo aquello que debe reunir un parlamentario. Por lo tanto, señor Iglesias, si a usted en el próximo Pleno no le volvemos a ver, le rendimos homenaje hoy; si le volvemos a ver en el Pleno de julio, no nos importará nada volver a hacerlo. (Risas). Que le vaya a usted muy bien. (Fuertes aplausos).

Muchas gracias.

Continuamos con el debate.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, hoy cumplo veintinueve años en las Cortes Generales —soy jovencito, pero creo que soy el más antiguo; no sé si hay algún otro más— y tengo que reconocer que no he visto en mis veintinueve años en las Cortes Generales un trabajo, una dedicación y un respeto como el del senador Jesús Iglesias. Un senador comunista que se llama Jesús y se apellida Iglesias llama la atención, sobre todo por su trabajo. (Risas.— Aplausos). Indudablemente, le recordaremos.

Tenemos aquí esta petición, que ojalá el Partido Popular apruebe, porque es de justicia. Tenemos en la tribuna a personas que estuvieron el pasado 25 de marzo en esta Cámara impulsando esta iniciativa. Yo tengo que recordar a un señor de 73 años que me comentó: Quiero que mis hijos y mis nietos sepan dónde están los restos de su abuelo, de mi padre. Solo eso, y ya es hora. ¿Es mucho pedir?

Por tanto, sería bueno que esta ponencia se abriera, aunque solamente fuera para eso, porque los informes en cuestión recogen recomendaciones que afectan a una gran diversidad de cuestiones: promoción de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, desapariciones forzadas, que alcanzan a una gran variedad de departamentos institucionales del Estado; recomendaciones que se han realizado desde la experiencia y especialización que tiene una institución como Naciones Unidas. Esta no es una iniciativa de personas sueltas, sino que Naciones Unidas la avala.

Desde la implicación y proximidad de Naciones Unidas en situaciones similares ocurridas en otros muchos países —puesto que los autores de los informes realizaron un arduo trabajo sobre el terreno, manteniendo contacto con autoridades de las distintas instituciones españolas, con representantes de la sociedad civil, incluyendo víctimas, familiares, asociaciones, académicos, médicos, arqueólogos, antropólogos, forenses, historiadores, abogados, el secretario general de la Conferencia Episcopal, además de visitar sitios emblemáticos en memoria en Madrid, Andalucía, Barcelona y Galicia—, se realizaron unos informes que suponen una inaplazable oportunidad, dada su calidad y minuciosidad, para reforzar la apuesta del Senado en la plataforma de la memoria histórica desde una gran diversidad de ámbitos y de materias.

Por eso, en este contexto, el pasado 24 de marzo, Día internacional del derecho a la verdad, el Senado acogió una jornada de reflexión y diálogo auspiciada por diferentes grupos parlamentarios y alentada por la plataforma por la comisión de la verdad. En su desarrollo, se alcanzó el compromiso de impulsar la creación hoy en la Cámara Alta de una comisión especial que, en relación con los citados informes de Naciones Unidas y desde el reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, proponga, con el máximo acuerdo posible, la implementación de las recomendaciones contenidas para España en los citados informes, haciendo una propuesta dirigida a corregir deficiencias y encarar las tareas aún pendientes en materia de memoria histórica, y en el mismo sentido formule los cambios administrativos y legislativos que para ello fueran pertinentes, entre ellos, los necesarios para la creación de una comisión de la verdad y la prestación de un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista.

Como el senador Iglesias ha terminado su intervención con esta propuesta, sería un bonito broche de oro para esta legislatura que se aprobara esta iniciativa, que diera satisfacción a nuestros amigos presentes en el palco y, sobre todo, que se pudiera dar una respuesta a este señor que, vuelvo a repetir, dice: Quiero que mis hijos y mis nietos sepan dónde están los restos de su abuelo, de mi padre. Solo eso. Ya es hora. ¿Es mucho pedir? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la existencia de víctimas, es decir, de asesinatos, desapariciones forzadas y muertes injustificables, fruto de la Guerra Civil y la dictadura franquista, es una verdad histórica y científicamente incuestionable. Nuestra obligación, la de cada uno de nosotros y la de toda la sociedad, es asumir esta verdad y lo que ello conlleva, es decir, el reconocimiento de derechos para estas víctimas y sus familiares y la necesidad de ofrecerles una reparación.

Señorías, asumir esta verdad no nos debilita, al contrario, nos hace más fuertes; asumir esta verdad es precisamente la prueba, no de que se reabre una herida, sino de que la reconciliación existe; asumir esta verdad es el síntoma y el símbolo de que podemos vivir en una democracia plena. En España ya no hay motivo para no asumir esta verdad, para describirla y delimitarla y después obrar en consecuencia. Ciertamente, debemos hacerlo a nuestra manera, pero existen otras experiencias humanas que nos pueden servir de precedente y podemos también disponer de expertos internacionales que pueden prestarnos su asistencia, es lo que nos ofrece Naciones Unidas y no deberíamos despreciarlo.

Se trata, señorías, de hacer un esfuerzo mucho mayor del que hemos hecho hasta ahora en la localización de fosas y exhumaciones, en la investigación y el conocimiento de qué pasó en todos y cada uno de los casos y en el reconocimiento y la reparación institucional de todas las víctimas. Se trata, señorías, de que todo el Estado, en nombre de todo el país y con el liderazgo de sus gobiernos, de los gobiernos de España y de las comunidades autónomas, y con la plena implicación del Poder Judicial, busque y encuentre las fórmulas legales y administrativas, los procedimientos de participación y los recursos necesarios, siguiendo el camino abierto por la Ley de la memoria histórica y tal y como se ha hecho, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, para reconocer la verdad, para reconocer esta verdad y reparar a las víctimas de las desapariciones forzosas y asesinatos fruto de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Cumpliremos así con una obligación democrática y con el mandato de un derecho internacional que compartimos como pueblo, demostrando la madurez social y política de nuestra sociedad.

Nuestro grupo asume públicamente el compromiso de contribuir con todas sus fuerzas a que esto sea posible con la mayor urgencia y celeridad, y en prueba de este compromiso va a votar, sin ninguna duda, a favor de la creación hoy aquí, en el Senado, de la comisión especial que se nos propone. Mi más entera solidaridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Intervengo, en representación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para fijar nuestra posición sobre la solicitud de creación de una comisión especial para el estudio e implementación de las recomendaciones contenidas para España en materia de memoria histórica en los informes de don Pablo de Greiff y de doña Jasminka Dzumhur y don Ariel Dulitzky, de Naciones Unidas. En primer lugar, quiero saludar a los representantes de las entidades y a las asociaciones de familiares que hoy nos acompañan y es de justicia también agradecer al senador Francesc Antich, del Grupo Socialista, su iniciativa de solicitud de creación de esta comisión. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a dar apoyo, sin ninguna duda, a la solicitud de creación de esta comisión y, para no repetir argumentos que han utilizado otros portavoces en sus turnos de intervención, quiero fijar simplemente dos o tres cuestiones.

El informe del relator especial de la ONU es un informe de 20 páginas que sirve para resumir un análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su conclusión principal es que España hace poco, y en ocasiones hace mal, en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos y, sobre todo, trabaja poco por la reparación a las víctimas.

La sentencia de dicho informe es contundente: no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad. No existe información oficial; no existen mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente en las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y a las asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales. Además, el relator, el señor de Greiff, critica duramente las interpretaciones restrictivas de la Ley de amnistía que no solo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación.

La ONU dio al Gobierno hasta comienzos de octubre para cumplir lo que mandataba la Ley de memoria histórica. En este sentido, permítame —y con ello quiero finalizar esta intervención— que como representante del Grupo Parlamentario Convergència i Unió haga referencia al trabajo que hace el Memorial Democràtic de Catalunya, que es una institución que se creó por anteriores gobiernos de la Generalitat, y cuyo trabajo se define como el de una institución pública que tiene por misión la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Cataluña de 1931 a 1980; en concreto, de la Segunda República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de las víctimas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión a personas y colectivos por parte de la dictadura franquista incluyendo, en el caso de Cataluña, la lengua y la cultura catalanas, también el exilio y la deportación. El Memorial Democrático rememora la lucha antifranquista y la transición a la democracia hasta las primeras elecciones al Parlament de Catalunya de 1980. Pone en el centro de su actividad la dignidad de la persona, los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, para que la barbarie no se vuelva a repetir ni aquí ni en ninguna parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente porque ya se han dado muchas argumentaciones para defender la creación de esta comisión y casi en un último intento me dirijo al Grupo Popular, que en principio es el que tiene más discrepancias respecto de la creación de esta comisión.

Entiendo que puedan existir diferencias en relación con la memoria histórica, pero durante esta legislatura no nos ha parecido lógico que, a pesar de que existan diferencias, se haya producido un parón absoluto en la aplicación de la Ley de memoria histórica y de las distintas iniciativas que se desprenden de ella, sobre todo cuando el Gobierno ha utilizado la ley y las partidas gastadas en la anterior legislatura para contrarrestar los informes de la ONU. Pero lo que ya no tiene ninguna lógica ni sentido es que ni tan siquiera se esté a favor de crear, como pedimos hoy, un espacio donde poder dialogar y fabricar consensos para impulsar mejoras en la legislación y desbloquear la situación de estancamiento en que se encuentra esta cuestión.

Por otra parte —ya lo he dicho en mi primera intervención— mejorar la gobernanza, ejercer el buen gobierno, implica evaluar políticas y corregir aquello que no funciona o puede funcionar mejor. En este caso, tenemos una magnífica evaluación precisamente hecha por un órgano de referencia que es la ONU; por tanto, creo que lo importante es crear esta comisión y que cada uno defienda aquello que quiera defender dentro de ella. Les pedimos esto porque un lugar donde poder dialogar y consensuar es básico para desbloquear estas situaciones y, en este caso, para mejorar la apuesta española, y se lo pedimos en nombre de muchas familias que creen que la situación actual les deja desamparadas sin el reconocimiento, sin la ayuda, sin la justicia que se merecen las víctimas. Les pedimos esto porque estamos hablando de derechos humanos, de algo tan fácil de entender como que los familiares quieran tener un lugar donde poder llorar a sus parientes y conocer la verdad de lo sucedido. Les pedimos esto porque tenemos unas recomendaciones muy claras de la ONU que nos dicen que nuestra respuesta en algunos casos es mejorable, en otros, insuficiente y en otros, inexistente. Les pedimos esto porque no habrá verdadera memoria reconciliada mientras mantengamos monumentos de parte y tantas desapariciones forzadas sin sepultura digna sin que nadie las busque, sean del color que sean.

Espero y deseo que el Grupo Popular lo entienda. Si no lo entiende, esperaremos que el próximo Gobierno sea de otro color, sensible a las peticiones que hacemos hoy, cosa que, como pueden suponer, deseo de todo corazón. Pero esto en un país democrático no es suficiente, porque no es lógico que un grupo de la relevancia del Popular mantenga unas posturas que hagan imposible llegar a acuerdos mínimos en esta materia; que se quede solo cuando estamos hablando de derechos humanos. Por ello, por una democracia más fuerte, también deseo que el Grupo Popular cambie la postura que hasta ahora ha mantenido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, yo también quiero empezar rindiendo un homenaje personal al senador Iglesias porque él recordará que, al menos en un par de ocasiones, me he dirigido a él para decirle que si al final de la legislatura hubiera que hacer una votación acerca de quién ha sido el senador más trabajador, más permanente y constante en todas las iniciativas, no hay ninguna duda de que sería el propio senador Iglesias. Quiero repetirlo ahora y quiero rendirle mi homenaje personal, a pesar de que hayamos discrepado porque, por supuesto, estamos en lugares muy distintos del espectro político.

Hemos discrepado en muchas cosas, y hoy mismo también vamos a discrepar, porque no les va a extrañar —lo he hablado también con el senador Antich— la posición de mi grupo, contraria a la creación de esta comisión especial que se solicita, y ese será el sentido de nuestro voto. Esto no es ninguna novedad, porque este tema ha salido aquí en varias ocasiones, la última —muchos de ustedes la recordarán— en diciembre pasado con motivo de una moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo del PNV, donde entre una serie de cosas ya estaba la posible creación de una comisión. Nuestra posición es la misma que la de entonces, que votamos en contra, porque no es una opinión coyuntural, sino que está basada muy seria y sólidamente en nuestras propias convicciones, las que tenemos y mantenemos acerca de la naturaleza política del sistema político que nos dimos los españoles en el proceso que conocemos como Transición y que quedó consagrado en la Constitución de 1978, una constitución que vuelvo a repetir —lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo— es la primera, desde nuestro bautismo constitucional allá por 1812, hace ya más de doscientos años, en la que todos los grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, se pusieron de acuerdo e hicieron una constitución en la que todos se podían sentir reconocidos. Por eso hemos dicho —ayer lo repetíamos por otro motivo— que la Transición fue un momento estelar de nuestra historia. Además, esa Transición se ha convertido en un modelo seguido en otros países con mucho interés, y muchos de nosotros hemos sido reclamados por universidades, academias y centros de pensamiento, para que explicáramos ese proceso de la Transición porque era casi unánimemente valorado y considerado como un ejemplo a seguir. El propio señor De Greiff, uno de los autores de los informes que han dado pie a esta petición de los senadores de creación de una comisión especial, dice en uno de los párrafos que la consolidación de la democracia —no dice que estemos a punto de no llegar a ella— constituye uno de los logros insignes de la Transición española. Después habla de cómo el problema de las Fuerzas Armadas quedó totalmente resuelto y dice: Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para otros países. Claro que sí pueden ser útiles; siempre podemos aprender de los demás. Yo también estoy dispuesto a aprender de otros, pero no olvidemos los aspectos positivos que tenemos.

Lo que pasa es que habiendo sido esto una verdad indiscutible durante mucho tiempo, en los últimos diez o doce años se ha producido en nuestro país una cierta tendencia que se ha llamado o se puede llamar revisionista que, de una u otra manera, arrojaba dudas o ponía en duda todo lo que se había hecho en aquel momento. Y, más o menos, en esa tendencia revisionista se pretendía volver a partir de cero. Hoy día mantienen esas posiciones ciertas tendencias populistas que caen en lo que parafraseando a Lenin podríamos decir que es la enfermedad infantil de todos los radicalismos, ese adanismo, esa tentación de partir siempre de cero sin tener en cuenta la andadura de, prácticamente ya, cuarenta años de democracia en España, con sus defectos, que, sin ninguna duda, debemos detectar y corregir. Siempre nos encontrarán en esa línea a favor de las reformas positivas, pero no olvidemos todos los aspectos positivos, como si esto hubiera sido algo inútil, como si hubieran sido cuarenta años perdidos. En absoluto. No estoy de acuerdo.

No voy a entrar tampoco en la valoración de la ginebrina Comisión de Derechos Humanos. Y no lo digo aquí ahora por ninguna razón especial, sino porque he leído muchos informes en prensa y en revistas especializadas que ponen en duda los modos de trabajo de esa comisión. No dudo en absoluto de la buena fe de quienes han participado en esas dos comisiones a las que ustedes se refieren, la del relator de Naciones Unidas, el señor De Greiff, a quien tuve la oportunidad de saludar al final de su estancia de quince días en España; y, la otra, que es un grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas. Porque yo creo —y me parece que es importante constatarlo— que algunas de las cosas que se plantean en la petición, como es, por ejemplo, la promoción de la verdad, de la justicia, de la reparación, de las garantías y las desapariciones forzadas a las que aludía también, todo eso está ya recogido de una o de otra manera en nuestro ordenamiento jurídico. Y los tribunales, en todos estos casos, tienen la última palabra.

Pero si volvemos a la Ley de memoria histórica de la que aquí hemos hablado, aunque su nombre oficial es otro, yo participé en nombre de mi grupo en aquel debate —muchos de ustedes no estaban aquí— y me permito recomendarles que lo lean, porque es muy interesante. Tengo que decir, si me lo permiten, como una pequeña anécdota personal, que algún senador —que no era de mi grupo, sino más bien de la izquierda— me paró después para decirme: Mientras te escuchaba me estaba acordando de lo que decía mi padre, que era un anarquista que estuvo muchos años en la cárcel en la época franquista, y cuando yo me metí en política me dijo: No volváis al pasado, pasad página y no volváis a revolver todo aquello, porque eso no tiene ningún sentido. Y me decía este senador: Al oírte a ti el otro día en el Pleno del Senado me acordaba de esas palabras de mi padre. Les digo lo que oí y cada uno puede hacer después el juicio que le parezca oportuno.

Como les he dicho, yo participé en aquel debate. Dijimos que no a aquella ley, pero salvamos varias cosas y de esas cosas que salvamos quisiera señalar, fundamentalmente, dos. Dijimos que el Valle de Los Caídos se debe convertir en un centro de reconciliación para todos los españoles, en un centro de estudios y de encuentros. Esta es una opinión que mantenemos. Y también dije que siempre estaríamos dispuestos a cualquier cosa que se pudiera añadir para mejorar la situación de las víctimas, para atender a sus justas reivindicaciones. Porque les tengo que decir que en aquel momento yo hice, con ayuda de algunos otros compañeros y de algún técnico, un catálogo de las normas que se habían hecho para atender a las víctimas de la cruel Guerra Civil y de la larguísima dictadura, y me encontré con que en treinta años —en aquel momento habían pasado treinta años— se habían dictado 20 normas de distinto nivel, desde leyes de Cortes hasta decretos o modestas órdenes ministeriales, que trataban de atender a la situación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Si después hubiera más normas que añadir, nosotros estaríamos siempre dispuestos a estudiarlas, pero creemos que nuestro ordenamiento jurídico no se quedó manco en eso de ninguna manera.

Y ya que les estoy hablando de esa Ley de memoria histórica, les diré que un hispanista francés, el señor Benoît Pellistrandi, que ha publicado hace muy poco una historia de España —tiene fecha de 2013—, decía que somos el único país de la órbita europea en el que la apelación al pasado se utiliza como un instrumento de combate político, y afirmaba, junto con otros autores que citaba, que hasta que no superemos esta situación de apelar continuamente al pasado, no llegaremos a una completa normalización de nuestra situación. Fíjense que esto es algo totalmente distinto a lo que aquí se ha planteado.

Y debo ir terminando ya, pero antes les tengo que decir que yo no soy en absoluto partidario de una comisión de la verdad. He tratado de estudiar un poco el asunto, y por lo pronto, la comisión de la verdad siempre me recuerda a aquel ministerio de la verdad de George Orwell en su novela 1984, un nombre irónico, porque era el ministerio de la mentira institucionalizada. Y es que la verdad no es cosa de los parlamentos ni de los políticos, no lo olvidemos; la verdad es cosa de los historiadores, son los historiadores los que tienen que sacar la verdad.

Y en este sentido me permito decirles que hace exactamente dos días, el pasado martes, un ilustre hispanista que ha trabajado mucho en temas españoles, John Elliot, cumplía 85 años —me permito incluso felicitarle desde aquí—, y hablo de él porque hay una frase suya muy significativa y muy pertinente en este debate. Decía Elliot: La obligación del historiador es buscar lo que cree que es la verdad por incómodas que sean las consecuencias. Todas las sociedades —continúa diciendo— necesitan mitos, pero también requieren de los historiadores que los cuestionen y de ese modo aseguren que el pasado no se fosiliza en las mentalidades del presente. Pues bien, yo estoy de acuerdo con esto: dejemos hacer a los historiadores, porque a mí me parece que lo que ha hecho el señor de Greiff como relator de Naciones Unidas ha sido trasponer a la situación española los métodos que se han utilizado en las transiciones de América Latina, y muy especialmente de América central, y son situaciones totalmente distintas. En Europa ha habido transiciones, y nunca se ha utilizado una comisión de la verdad. Y les puedo citar varios casos; yo, por ejemplo, he trabajado en Polonia cuando estaba a punto de ingresar en la Unión Europea en un programa de Naciones Unidas llamado Phare, y entonces me encontré con dos cosas muy significativas: la primera es que admiraban muchísimo nuestra transición —y no hablo de hace mucho tiempo— y decían que era el modelo que ellos querían seguir, y la segunda, es que no se les pasaba por la cabeza abrir una comisión de la verdad...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Voy terminado, señor presidente.

Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo otras transiciones a la democracia, y ni a la caída del fascismo italiano ni del petainismo francés, o tras la ocupación nazi de Francia, o en el caso especial de Alemania y del holocausto, etcétera, hubo comisiones de la verdad, y es que la verdad en Europa se la hemos entregado a los historiadores, que yo creo que son los que tienen que aplicarla.

Y por último, termino, señor presidente, diciéndoles... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.

El señor MUÑOZ ALONSO-LEDO: Termino diciéndoles que la Transición se basa en la idea de reconciliación, y no olvidemos que la idea de la reconciliación, en contra del franquismo, surge en el exilio por boca de don Santiago Carrillo, que es quien hace que se empiece a hablar en España de la reconciliación, aunque fuera de forma muy clandestina. Y ahí, quienes entonces estaban en el Parlamento, quisieron llevar a cabo una transición basada en esa idea de la reconciliación y no en la vuelta al pasado.

Pero termino diciéndoles (Rumores) que si hay que hacer alguna norma más, la haremos.



Y les digo una última cosa que no es de fondo, sino de oportunidad: ¿Qué sentido tendría crear una comisión ahora, cuando estamos a punto de terminar la legislatura? No podríamos llegar a ninguna conclusión.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz-Alonso.

Llamen a votación (Pausa.— Manifestaciones verbales en la tribuna del público y exhibición de una pancarta).

Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas del público. Saben las personas del público que no pueden hacer ningún tipo de manifestaciones. (Pausa.— Se desaloja la tribuna del público).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la creación de la comisión especial.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 186; votos emitidos, 186; a favor, 59; en contra, 125; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 550/00060

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el punto siguiente, solicito a sus señorías una modificación del orden del día para ampliar el punto relativo a habilitaciones para el mes de julio.

¿Se aprueba dicha modificación? (Asentimiento.— Un señor senador: no.)

Queda aprobada. Muchas gracias, a pesar de ese no. (Risas).



HABILITACIONES

PLENO DEL SENADO. 551/000071

El señor presidente da lectura a los puntos 14. y 14.1.

El señor PRESIDENTE: Se solicita habilitación para la inclusión de dos nuevos puntos en el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria de los días 7, 8 y 9 de julio de 2015.

COMISIONES ESPECIALES

INFORMES

Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña.

(Núm. exp. 650/000004)

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.

INCOMPATIBILIDADES

DICTÁMENES DE COMISIÓN.

Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 23 de junio de 2015, en relación con varios señores senadores.

(Núm. exp. 503/000011)

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA Y DEL MUNDO EN DESARROLLO. 551/000070

El señor presidente da lectura al punto 14.2.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de sesiones extraordinarias de la Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo durante el mes de julio de 2015 para la elaboración del informe de la comisión.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.



PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PYMES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS EN IBEROAMÉRICA. 551/000072

El señor presidente da lectura al punto 14.3

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la citada ponencia de estudio, el día 7 de julio de 2015, para ordenar los trabajos de la ponencia.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.



PETICIONES

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014. 871/000006

El señor presidente da lectura a los puntos 15 y 15.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.

Señorías, en el curso de la sesión celebrada el día 9 de junio de 2015 la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo de sesiones comprendido entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2014.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece la relación de peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre estas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a las que se trasladaron. Durante el periodo de sesiones a que se contrae el presente informe la comisión ha recibido un total de 45 peticiones. Como en informes anteriores se acompaña la relación nominal de los peticionarios, número de petición e indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas puesto que una misma petición da lugar en algunos casos a dos o más trámites simultáneos o sucesivos y, por otra parte, las peticiones recibidas después de la última reunión de la comisión previa a las vacaciones parlamentarias son estudiadas en el siguiente periodo de sesiones.

Para archivo. Sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo permitan, por no tener carácter de petición, por fallar las indicaciones indispensables para conocer su objeto, por no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o por tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la comisión sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo, se archivan nueve peticiones.

Traslado a departamentos ministeriales diferentes, doce.

Traslado a otros organismos, dieciséis.

Durante el periodo de tiempo que comprende el presente informe se han recibido respuestas a treinta peticiones que se habían tramitado, remitiéndolas a distintos organismos. Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado de su seguimiento, y ha dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de tramitación.

Hasta aquí el informe. Y yo añado: como parece que este va a ser el último informe de la Comisión de Peticiones en esta legislatura, quiero despedirme agradeciendo el trabajo y la colaboración de los portavoces y miembros de la Comisión de Peticiones, del letrado de la comisión, don José Fernando Merino Merchán, y, cómo no, también muestro mi agradecimiento a toda la Cámara por escucharme.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).

Buenas tardes. Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y cuarenta minutos.


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