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DS. Senado, Pleno, núm. 161, de 24/06/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 75

celebrada el miércoles, 24 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas tendentes a la recuperación del diálogo y a la búsqueda de consenso con las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 671/000179 País Vasco; conflicto de competencias; relación Estado-entidades territoriales GPV


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a continuar trabajando para restablecer la carrera profesional entre el personal médico del Sistema Nacional de Salud. 662/000200 GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el marco del XXX Aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. 662/000201 GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la promoción de determinadas medidas para favorecer la transparencia y el control de la corrupción. 662/000199 GPMX


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de Autoconsumo de energía. 622/000015 autoconsumo; consumo de energía; energía renovable GPMX


ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

Excma. Sra. Dña. Laura Berja Vega. 500/000320


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 621/000123 poder judicial Justicia


Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior. 621/000124 Eurojust; cooperación judicial Justicia


Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 621/000118 administración del personal; policía Interior

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS TENDENTES A LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO Y A LA BÚSQUEDA DE CONSENSO CON LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 671/000179 GPV

La señora Martínez Muñoz defiende la moción.

El señor Saura Laporta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sañudo Aja defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Martínez Muñoz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazando las del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y aceptando las del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Unamunzaga Osoro, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Sañudo Aja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Regalado de los Cobos, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 79; en contra, 141; abstenciones, 1.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR TRABAJANDO PARA RESTABLECER LA CARRERA PROFESIONAL ENTRE EL PERSONAL MÉDICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 662/000200 GPP

La señora Pan Vázquez defiende la moción.

La señora Llinares Cuesta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Pan Vázquez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 141; en contra, 1; abstenciones, 79.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 662/000201 GPP

El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la moción.

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 218; abstenciones, 5.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PROMOCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. 662/000199 GPMX

El señor Iglesias Fernández defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 62; en contra, 147; abstenciones, 17.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. 622/000015 GPMX

El señor Iglesias Fernández defiende la toma en consideración.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 621/000123 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4, presentada por este senador y el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y por la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).

La señora Rieradevall Tarrés defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMA. SRA. DÑA. LAURA BERJA VEGA. 500/000320

La Excma. Sra. Dña. Laura Berja Vega adquiere la condición plena de senadora al prestar acatamiento a la Constitución.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. (Votación) 622/000015 GPMX

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha hecho uso de esta autorización.

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 225; a favor, 69; en contra, 140; abstenciones, 16.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Continuación) 621/000123 Justicia

Se procede a votar las propuestas de veto ......................................................................... 15751

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha hecho uso de esta autorización.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos 229; a favor, 84; en contra, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes,  229; votos emitidos,  229; a favor,  84; en contra,  145.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos,  229; a favor,  84; en contra, 145.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas 66 y 67, presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 59 a 65, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 58, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 342 a 370, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 214 a 231 y 233 a 280, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 372 y 377, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 281 a 341, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 132 a 213, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 68 a 82, 84 a 126 y 128 a 131, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 372 y 377, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Comendador Pérez da por defendidas las enmiendas 371, 373 a 376, 378 a 392 y 394 a 402, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y consume un turno en contra de las enmiendas presentadas por los restantes grupos parlamentarios.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ......................................................................... 15772

Se rechazan todas las enmiendas excepto las números 236, 270, 135, 139, 140, 87, 121, 371, 379, 381, 385, 392, 398, 399, 374, 375, 380, 382, 383, 384, 386 a 390, 394, 395, 396, 401, 402, 376, 378, 391, 397, 400 y 373.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 188 656 a 188 661 y 188 663 a 188 665.

Se aprueban las enmiendas aprobadas en la comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE ESPAÑA EN EUROJUST, LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, LAS REDES JUDICIALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL EXTERIOR. 621/000124 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno de portavoces intervienen la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el señor Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 4 a 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 21 a 23, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 7 a 12 y 17 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ................................................................... 15790

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 621/000118 Interior

El señor Rabanera Rivacoba, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. ................................... 15800

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha hecho uso de esta autorización.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 76; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 142.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 1 a 39, 41 a 67 y 69 a 79, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 80 a 119 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 40 y 68 del Grupo Parlamentario Mixto y 171 y 172 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Sendra Vellvè defiende las enmiendas 167 a 169, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ángel Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 120 a 166 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 40 y 68 del Grupo Parlamentario Mixto y 171 y 172 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ............................................................................... 15811

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS TENDENTES A LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO Y A LA BÚSQUEDA DE CONSENSO CON LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 671/000179 GPV

El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y tres del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco. Tengo que hacer en primer lugar una mención y una valoración de lo que fue la interpelación el otro día al ministro Montoro, que no puedo calificar de otra forma que no sea de decepcionante: en primer lugar, por la ausencia de la vicepresidenta, que era la persona a quien iba dirigida la interpelación, interpelación a la que queríamos trasladar un cierto cariz político, y sin embargo vino el ministro Montoro y dio una justificación administrativa a una cuestión que nosotros calificamos de política como es el ámbito competencial. El ámbito competencial no puede ser reducido a una mera cuestión administrativa porque, en el caso de la comunidad autónoma vasca y de nuestras instituciones, adquiere siempre un cariz político. Por tanto, mi primera valoración es de decepcionante en cuanto a la interpelación el otro día respecto del interpelante en sí y de la interpretación que hizo de lo que nosotros denunciábamos, que no era sino la invasión sistemática que se está haciendo del ámbito competencial vasco, de las instituciones vascas —según nosotros, de forma predeterminada— y que obedece a una estrategia calculada del Partido Popular, porque si no, no se entiende que haya tantos y tantos proyectos de ley en los que de una forma reiterada, como digo, se viene produciendo esta invasión competencial. De ahí, que nuestra moción sea de carácter híbrido: por un lado, queremos hacer una reflexión política, en la que pedimos que se recupere el diálogo y la cooperación interinstitucional entre las instituciones vascas y el Gobierno de España —entendemos que ese es el único camino para hacer política real, una política adecuada al siglo XXI— y además que ese acuerdo y esa cooperación se haga en los órganos en los que tiene que hacerse, en los que nos hemos dotado mutuamente de acuerdo para alcanzar consensos e interpretaciones que sean beneficiosas para ambas partes como son las comisiones bilaterales, que funcionan en diferentes ámbitos administrativos y políticos. Consideramos que estos son los órganos en los que tiene que producirse este acuerdo y en los que tienen que dirimirse las posibles discrepancias interpretativas que se puedan hacer de aquellas leyes que se promulgan por las Cortes a iniciativa del Gobierno. Son muchos todavía los puntos pendientes de acuerdo y resolución definitiva —y así lo dejé ver en la interpelación—; son muchos todavía aquellos puntos en los que, pese haberse alcanzado una resolución, esta no ha sido satisfactoria para algunas de las partes. Y entiendo que, en ese sentido, es importante que sigamos manteniendo la dinámica de trabajo desde la lealtad institucional y desde una voluntad sincera de alcanzar acuerdos.

Por otro lado, pedimos también al Gobierno y a sus órganos dependientes que desistan de la política de recursos judiciales sistemáticos contra las instituciones vascas. Es sangrante —y así lo ha venido denunciando mi grupo parlamentario— la actitud sistemáticamente, por ejemplo, del delegado del Gobierno en Euskadi con respecto del euskera y, concretamente, además, con respecto a aquellos ayuntamientos que remiten sus actas a la delegación del Gobierno exclusivamente en euskera. Parece que todavía no han entendido que el euskera es una lengua oficial, no cooficial y, por tanto, tiene la misma validez jurídica que la que pueda tener el castellano, al menos en el territorio de la comunidad autónoma vasca.

Por consiguiente, ese desconocimiento de la ley y de la legalidad vigente —es lo que realmente entendemos— esconde una actitud de agresión respecto del euskera que, a nuestro juicio, es intolerable. Pedimos que reconduzcan la actitud del delegado del Gobierno en este sentido. Además, pedimos que revisen de aquí en adelante sistemáticamente los proyectos de ley que vayan a presentar para que sean respetuosos con el ámbito competencial, con el del resto de las comunidades autónomas, pero también con el de la comunidad autónoma vasca.

Por este cariz pseudoadministrativo de la moción que decía antes, voy a recoger algunas de las cuestiones administrativas y competenciales que el señor Montoro concretamente tiene encima de la mesa, como puede ser la gestión de las cuencas del Nervión e Ibaizabal. Es cierto que es una competencia de carácter estatal, pero pedimos que primen por una vez los criterios de eficiencia administrativa, así como en el de la competencia en infraestructuras ferroviarias intracomunitarias. Es evidente que ambas cuestiones van a ser gestionadas mucho mejor si lo hacemos desde la comunidad autónoma vasca que si lo hacen desde el Estado, y no solo por eso, sino porque la propia naturaleza de esa serie de infraestructuras hace que su gestión eficiente y eficaz requiera de una cierta cercanía y de la participación —en este caso— de las administraciones vascas. Es de las cuestiones que hoy en día tenemos encima de la mesa y en las que además el ministro Montoro podrá dar fe de que, más allá de las buenas palabras que el otro día trasmitió, detrás de su política puede haber algún tipo de hechos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

No deja de ser sintomático que uno de los asuntos que hemos tratado menos en esta Cámara sea el modelo territorial, cuando es esta la Cámara territorial. Ha habido muy pocos debates y hemos asistido la ausencia del señor presidente del Gobierno para explicarnos cuál era su modelo territorial. A menudo los portavoces del Partido Popular nos dicen: el que dice la Constitución. Pero la Constitución no determina un modelo territorial, sino que puede establecer tres, cuatro o cinco modelos territoriales distintos.

En el turno de portavoces explicaré globalmente cuál es nuestra visión, pero diré que votaremos favorablemente esta moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco, independientemente de que acojan o no las enmiendas.

Hemos presentado cuatro enmiendas, dos son de modificación que creemos que mejoran el texto. El texto dice en un determinado momento «hacer posible el acuerdo en la comisión bilateral», nosotros planteamos normalizar la situación de la comisión bilateral, que no se ha reunido —es decir, las comisiones bilaterales han dejado de existir en este país a partir de esta legislatura—. La segunda modificación hace referencia a la utilización del euskera. Nuestra propuesta es que la moción diga que todas las instituciones del País Vasco promuevan el euskera. Y hay otros dos puntos (nuevos) en la enmienda: uno, instar al Gobierno a que la distribución de los objetivos de déficit se haga en función del tanto por ciento del gasto público, es decir, que no puede ser que haya una distribución de los objetivos de déficit que perjudique a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Finalmente, proponemos de forma clarísima que exista un impulso del Estado de las autonomías mediante la realización de comisiones bilaterales, que traten de los aspectos conflictivos, en definitiva, de las competencias.

En síntesis, el Gobierno central utiliza el artículo 149 de la Constitución —la portavoz del Partido Nacionalista Vasco lo dijo en su interpelación— para chupar competencias, ya sea a través del punto del artículo 149 que habla de la igualdad de los españoles o del que habla de la planificación económica. Por tanto, asistimos a una recentralización del Estado, a una ilegalidad porque el Gobierno central no convoca las comisiones bilaterales —como debería— cada seis meses. En ese sentido, nuestras propuestas son de apoyo a la moción, pero incluso van un poco más allá en las cuestiones relativas a los objetivos de déficit y a la comisión bilateral.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas —dos de sustitución a otros tantos puntos de la moción consecuencia de interpelación del PNV, así como una de adición— que mejoran substancialmente el texto que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco. La primera enmienda de sustitución se refiere al punto 3. Por un lado, ustedes hacen alusión a exigir del Gobierno de España el cese del recurso judicial sistemático de cualquier decisión que toma el Gobierno o el Parlamento vasco, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero en la segunda parte, donde ustedes citan que no se recurra, en concreto, la OPE de la Ertzaintza, nosotros no queremos quedarnos en la queja, porque el Gobierno vasco debe garantizar que estén las 8000 plazas cubiertas de la Ertzaintza pactadas en la Junta de Seguridad. No quiero recordarle, señora Martínez, los atascos que ya ha tenido la negociación tanto en el Gobierno como en el Grupo Popular para retirar este acto judicial, y no lo hemos conseguido, además de que se ha engañado. El empleo público a defender es más que todo eso, se debe hacer extensible a la prestación de todos los servicios sociales, y se debe negociar con más intensidad para cubrir las necesidades en sanidad, en educación, así como en la Administración General. Por eso planteamos también en la enmienda de adición que se mejore la tasa de reposición establecida actualmente.

La segunda enmienda hace referencia a la propuesta del Partido Nacionalista Vasco respecto a denunciar la actitud del delegado del Gobierno con respecto al euskera, y nos traen una versión de parte, que, en un debate en este Senado y en medio del resto de los puntos que se presentan en la moción, se puede presentar o como una defensa del euskera, o como una denuncia de ataques al euskera. No voy a reproducir aquí discusiones que hemos tenido en el Parlamento vasco, nuestra opinión es que los ciudadanos deben tener la posibilidad de contar con las actas en las dos lenguas oficiales. Y eso es posible si seguimos respetando las normas lingüísticas tan exitosas de las que nos hemos dotado ya hace más de treinta y dos años: primero, porque nacieron del consenso; segundo, porque han conseguido recuperar la lengua del euskera sin conflicto. Saben bien los representantes del Partido Nacionalista Vasco que cada intento que ha habido de manipulación en esta cuestión de forma partidaria siempre ha habido problemas, por eso preferimos que este asunto sea encauzado por las vías ya existentes y presentamos esta enmienda.

También presentamos una enmienda de adición al punto 5 donde instamos al impulso de las negociaciones oportunas para culminar las transferencias —a las que usted ha hecho referencia de forma expresa y que nosotros planteamos de forma más amplia— y a que se desbloqueen los acuerdos pendientes que permitan el desarrollo del total de las infraestructuras en el País Vasco —llámese Y vasca en su integridad, llámese puertos, llámese aeropuertos—. Quiero recordar que solo en los primeros seis meses de la actual legislatura en España el Ejecutivo central puso en marcha ocho requerimientos al Ejecutivo vasco sobre otros tantos proyectos leyes o decretos que habían sido instaurados por este. El Gobierno vasco, al mismo tiempo, lo que hizo fue recurrir ante el Tribunal Constitucional por los sucesivos decretos leyes de recorte por considerarlos invasivos en las competencias del autogobierno que consagra el Estatuto de Gernika. Pondría muchos ejemplos, pero voy a señalar uno en concreto. Al Gobierno le dio todo igual —cuestionó desde la convocatoria por el Departamento de Educación de la Ley del paisaje, pasando por la Ley del deporte, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, la Ley de entidades de previsión social, la Autoridad Vasca de la Competencia— y mientras el Gobierno de Euskadi se reveló contra el recorte a la paga extra de los funcionarios o contra la laminación de los derechos sociales. Ahora estamos viendo que hay una reconversión por parte del Gobierno —hoy mismo oía que están pensando volver a pagar la paga a los funcionarios—. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuántas incompetencias del Gobierno para no permitir que todas las leyes que se estaban generando por el Gobierno vasco salieran adelante!

En diciembre de 2012 no solo se dijo que, efectivamente, el Gobierno estaba capacitado para garantizar la asistencia primaria —cosa que recurrieron ante el Tribunal Constitucional— a las personas en situación administrativa irregular, sino que se dispuso lo contrario a lo que decía el Gobierno del señor Rajoy: no solo no era una ahorro, sino que iba en contra de la propia salud general de la sociedad. Nos preguntamos, repito, por el daño causado por todas esas medidas, por cuánto tiempo perdido y cuánto dolor se ha causado en base a una interpretación y a una invasión de las competencias, en este caso, en Euskadi, pero se puede hacer extensivo a cualquier de las comunidades autónomas de nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAÑUDO AJA: Acabo, señor presidente.

Por ello, presentamos estas enmiendas, que creemos que complementan la moción del PNV y abundan en la necesidad del diálogo y de la cooperación interinstitucional, de donde nunca se debería haber salido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Tiene la palabra la senadora Martínez para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias.

Por orden de intervención de los intervinientes: senador Saura, primero, le agradezco su posicionamiento favorable a la moción previamente a saber si voy a poder aceptar su enmienda. Lamento decirle que no voy a poder aceptarla y le voy a explicar por qué.

Se han presentado dos enmiendas, la primera de las cuales pide la adición de dos puntos. En el primero se pide la distribución de los objetivos de déficit entre las diversas administraciones en función de su peso relativo en el conjunto del gasto público. Entiendo que esta es una demanda que las comunidades autónomas han venido haciendo sistemáticamente en todos los debates que ha habido sobre el techo de gasto, pero tiene que entender también que es incompatible con la demanda que estamos haciendo nosotros de que se respeten los contenidos de acuerdo en las comisiones bilaterales. En este caso concreto, además, el techo de gasto y el objetivo de déficit que aplicaba la comunidad autónoma vasca es objeto de acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto. Por lo tanto, establecer un criterio distinto de ese para establecer cuál tiene que ser el techo de gasto de la comunidad autónoma vasca nos parece contradictorio con lo que venimos a pedir en la moción. Por lo tanto, entiendo que quizás las comunidades autónomas de régimen común quieran que haya un sistema de criterios objetivos que permitan evitar la discrecionalidad con la que actúa el Gobierno para coartar la acción financiera de las comunidades autónomas de régimen común, pero entienda también, señor Saura, que, evidentemente, esto no es aplicable en el caso de la comunidad autónoma vasca, que ya tiene establecida que esa delimitación del gasto tiene que hacerse vía acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto.

No tendría ningún problema en aceptar la segunda parte de esta misma enmienda, la que hace referencia a la aplicación jurídicamente rigurosa del 149. Yo creo que durante la interpelación ya fui muy exhaustiva respecto a lo que supone el artículo 149 y la interpretación, evidentemente ventajosa, que hace siempre el Gobierno, escudándose en los principios de igualdad o en los principios de organización de la actividad económica para arramplar con cualquier competencia que se le ponga por delante. Me habría gustado poder incorporar este punto a nuestra moción.

Algo similar ocurre con la enmienda de modificación de los puntos 2 y 4. Usted hace referencia al funcionamiento —hasta ahora bloqueado— de la comisión bilateral. Entiendo que hace referencia a comisiones bilaterales que puedan funcionar con las comunidades autónomas, pero en el caso de la comunidad autónoma vasca si bien es cierto que los órganos bilaterales en los que tanto el Gobierno de Euskadi como el Gobierno del Estado confluyen para alcanzar acuerdos en materia fiscal, como es el caso de la Junta Bilateral o de la Comisión Mixta del Concierto, han tenido un funcionamiento lento, y no podemos hablar en puridad de bloqueo, sería faltar a la verdad hablar —al menos, algunas de las comisiones, efectivamente, de forma lenta y, seguramente, de forma decepcionante sí se han reunido a lo largo de esta legislatura—. Por lo tanto, nosotros no queremos hablar de bloqueo y quisiéramos evitar esa palabra dentro del contexto de la moción, pese a que seguimos reiterando dentro de los puntos que, efectivamente, estas comisiones bilaterales tendrían que funcionar de una forma fluida y de una forma eficaz, y, además, con una cierta vocación de consenso, que es para lo que fueron creadas y para lo que fueron hechas.

Promover desde la legalidad vigente por todas las instituciones del País Vasco el uso social e institucional del euskera es evidente, debería ser así. Pero, con nuestra moción, queríamos ir un poco más allá. Anuncio además que, en este sentido, sí voy a aceptar la enmienda que ha presentado el señor Dimas Sañudo, que entiendo que viene a completar y a complementar muy bien la que nosotros habíamos presentado. Por lo tanto, entendiendo que la suya además abarca tanto lo que usted quería transmitir con esta enmienda como lo que queríamos hacer nosotros con el punto 4 de nuestra moción consecuencia de interpelación, creo que ese ámbito ya quedaría recogido.

Por lo tanto, aunque lamento no poder incluir sus enmiendas, entiendo que quizás lo que usted quería transmitir a través de ellas sí que puede ser incorporado vía enmienda de otros grupos parlamentarios. Me habría gustado también que quizás de forma previa, al igual que con el senador Sañudo, nos hubiésemos puesto de acuerdo respecto del contenido de las enmiendas, así a lo mejor le podría haber adelantado que los dos segundos puntos de sus dos enmiendas podrían haber contado con nuestro beneplácito y las podríamos haber incorporado tal cual a la propia moción consecuencia de interpelación.

Señor Sañudo, entiendo sus enmiendas, hemos hablado de ellas y las hemos consensuado. Evidentemente, se las voy a aprobar. Entiendo que el uso del euskera tiene que estar siempre vinculado al ámbito legal y al marco jurídico del que nos hemos dotado los vascos —en este caso a través de la Ley del euskera, como no podía ser de otra manera—. Pero también es evidente que no podemos mezclar aquí el derecho de los ciudadanos a decidir cómo y en qué idioma tienen que recibir las notificaciones oficiales con el derecho de las administraciones públicas. Como también sobre esta cuestión hice en su día una pregunta al ministerio y entiendo que además fui bastante exhaustiva respecto de lo que dice textualmente la ley, es evidente que circunscribir siempre eso al marco legal vigente es de auténtica necesidad.

Respecto de la tasa de reposición, qué le voy a decir si ha sido el gran caballo de batalla que he tenido con el ministro Montoro durante esta legislatura, concretamente en lo relacionado con la Ertzaintza, pero también, acuérdese, con los famosos moscosos y con todas aquellas modificaciones que introdujeron vía ley presupuestaria, concretamente en los presupuestos de 2014.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Todo aquello que suponga limitar las injerencias del Gobierno central en nuestro ámbito competencial y en la gestión y autonomía de nuestras propias instituciones y de nuestra Administración pública va a contar con nuestro favor absolutamente siempre. Me alegro de que hayamos sido capaces de alcanzar acuerdos también en este sentido.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo una iniciativa que ya en su origen es una iniciativa de mínimos y que, con la aceptación de las enmiendas, se ha visto todavía más descafeinada de lo que ya lo estaba —y digo más—, siendo el texto resultante claramente insuficiente o incluso inapropiado para nosotros en alguno de sus puntos. Pero sí trata de fondo un tema clave recogido no por la literalidad de la moción, sino porque estamos debatiendo un texto que en esencia supone realizar un balance de una legislatura que está casi concluida y aborda fundamentalmente un tema de fondo: el respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca. Señorías, ese es el tema, y no otro, sobre el que estamos debatiendo realmente: el respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca.

Es por todo ello por lo que en esta intervención no nos podemos circunscribir únicamente a los hechos puntuales enumerados por el grupo jeltzale en el texto de la moción y que son solo la punta del iceberg del tema que estamos tratando. Es decir, son algunos de los síntomas, pero no son la cuestión principal que existe en mi país. Visto lo visto en estos cuatro años, podemos afirmar que su Gobierno va a pasar a los libros de historia por múltiples motivos y, entre otros, quiero destacar que va a pasar a los libros de historia como el Gobierno de la recentralización. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que solo ha generado retrocesos a todos los niveles sin ningún avance. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que ha dejado pasar una oportunidad histórica para la definitiva resolución del conflicto político en mi país —estamos en la misma casilla de salida en la que estábamos hace cuatro años—. Que va a pasar a la historia porque ha hecho todo un alarde de lo que supone aplicar recetas que no aportan nada en positivo, recetas viejas que, por lo visto, son las únicas que conocen y que se han mostrado inútiles para encarar el futuro en una mejor situación. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que parece que lleva la involución en su ADN a la hora de aplicar cualquier tipo de política. Que va a pasar a la historia como una mera delegación y como el brazo ejecutor de las políticas que han sido marcadas por la troika, de las políticas que han sido marcadas por los mercados y de las políticas que han sido marcadas por las grandes multinacionales. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que ha aprovechado esta situación de crisis económica para proceder a realizar un profundo cambio del propio sistema económico, político y social a todos los niveles y, en muchas ocasiones, por la puerta de atrás o de manera camuflada. Que va a pasar a la historia por realizar y seguir realizando un recorte sistemático de derechos y libertades de la ciudadanía, al tiempo que ha procedido y sigue procediendo a aplicar recetas del pasado que lo que demuestran es que ustedes aseguran las libertades de una única manera: suprimiéndolas. Que va a pasar a la historia como el Gobierno del no, el Gobierno incapaz de pactar, de acordar, de ver o tomar en consideración nada que no sea su propio punto de vista. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que no ha actuado frente a la corrupción, como el Gobierno que por la puerta de atrás ha realizado una abdicación exprés para lograr que perviva un sistema que no ha sido ni legitimado ni votado. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que no quiere dar la voz, la palabra y la decisión a la ciudadanía para decidir sobre los temas que le afectan. En definitiva, que va a pasar a la historia como el Gobierno que tiene miedo de saber lo que los ciudadanos quieren. Con todo lo anterior como base y en lo que toca a mi país, a Euskal Herria, va a pasar a la historia como un Gobierno radical en el tema que nos ocupa en estos momentos: en la recentralización del Estado y en la negación de los derechos de nuestro pueblo, del pueblo vasco.

La única realidad es que a lo largo de estos cuatro años lo único que han hecho ha sido atrincherarse en el angosto marco jurídico-político surgido tras el franquismo —desarrollado, por cierto, sin que se produjese una ruptura democrática con el régimen de la Dictadura—.

Durante estos cuatro años hemos sido testigos de cómo, frente a las demandas de profundización en la democracia realizadas por vascos y vascas, una vez más, solo hemos obtenido de este Gobierno lo que hemos obtenido hasta ahora: negación y respuestas restrictivas.

Les quiero recordar una vez más que en lo relativo a la comunidad autónoma vasca no solo es que no hayamos completado después de 35 años de su entrada en vigor la transferencia de competencias del ya más que agotado Estatuto de Autonomía de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, sino que han laminado, recortado y cepillado las existentes todavía más de lo que lo estaban. Y, por cierto, les recuerdo una vez más que el estatuto de autonomía es teóricamente una ley orgánica de obligado cumplimiento. Y qué decir de Nafarroa, con el régimen foral que le fue impuesto en su momento sin tan siquiera preguntarle a la ciudadanía.

A lo largo de esta legislatura —tal y como ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde esta misma tribuna—, Navarra ha sufrido con especial saña y con toda crudeza los efectos de la maquinaria que ha sido puesta en marcha una y otra vez por el Gobierno del Estado. Es por ello que todo lo referido a la comunidad autónoma vasca en este texto es también aplicable a Nafarroa. Asimismo, volvemos a exigir una vez más en esta Cámara que —entre otras medidas a adoptar, pero siendo esta una de las prioritarias— se proceda a retirar de manera inmediata todos los recursos presentados por su Gobierno contra los acuerdos adoptados por el legítimo Parlamento de Navarra.

En definitiva, señorías, estamos asistiendo a los últimos coletazos de un Gobierno que ha preferido uniformidad sobre diversidad; de un Gobierno que ha preferido la negación frente al derecho a decidir que asiste a las naciones que estamos dentro del Estado español; de un Gobierno que, con su acción legislativa, ha intentado implantar un sistema neoliberal radical de manual en todo lo relativo a la economía y al modelo social; un Gobierno, en definitiva, que se sitúa en el siglo XXI, un Gobierno que, en vez de profundizar en la democracia, no es capaz de ver más allá de la concepción nacional española del siglo XIX, la concepción del imperio.

Para concluir, quiero decirles que en Euskal Herria sí hemos tomado muy buena nota de estos últimos cuatro años, pero también de los últimos cuarenta, y por ello hemos puesto en marcha un proceso para construir sociedad —es decir, lograr la justicia social— y para construir país —es decir, para articular el derecho a decidir de Euskal Herria—, y lo vamos a desarrollar de la mano de la sociedad vasca.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer de forma anticipada el voto favorable de aquellos grupos parlamentarios que ya nos han anunciado que aceptarán esta moción. Evidentemente, se trata de una moción que se circunscribe a cuestiones concretas y específicas de la comunidad autónoma vasca, pero entiendo que todas las comunidades autónomas pueden verse reflejadas en ella, pues es cierto que el afán recentralizador y uniformizador de este Gobierno nos ha afectado absolutamente a todas. En el caso de la comunidad autónoma vasca quizá lo hayamos vivido con mayor virulencia, aunque puedo incluir dentro de este desgraciado círculo de fraternidad a nuestros compañeros catalanes pues quizá seamos las comunidades autónomas más afectadas por lo que es una evidente política sistemática y pensada y una estrategia calculada por parte del Gobierno para subvertir el orden constitucional, el orden establecido por esa Constitución que tantas veces ustedes defienden. Sistemáticamente están ustedes cargándose el orden que en su día pactamos y acordamos. Y digo que es sistemático porque no hay proyecto de ley que ustedes no aprovechen para rascar competencias que no les son propias. No hay ocasión que ustedes no aprovechen para atacar al euskera y para intentar reducir el uso y el ámbito de nuestra lengua, lo cual ha sido todavía más evidente durante esta legislatura de mayoría absoluta. Ustedes han utilizado esa mayoría absoluta que les han dado los ciudadanos para solucionar sus problemas para crearlos allí donde no los había. Eso es lo que creo que realmente la sociedad no les va a perdonar.

Se lo decía también al ministro el otro día. Considero que es legítima cualquier opción de recentralizar el Estado, que es legítimo que ustedes tengan una visión jacobina del mismo, pero defiéndanla por los cauces establecidos. Si están pidiendo el cumplimiento de las reglas de juego para todo el mundo, autoimpóngase ustedes mismos esas limitaciones o, por lo menos, esa misma claridad y transparencia. Trasladen a la ciudadanía que su modelo de Estado es un modelo centralista, y defiéndanlo como hacen otros partidos políticos, sin ningún tipo de problema ni complejo, pues se puede hacer, ya que en democracia cualquier idea tiene cabida, siempre y cuando esta se traslade a la ciudadanía con claridad y siempre y cuando se defienda en sede parlamentaria y por los procedimientos que la ley establece para todos. Háganlo, pero no nos tengan siempre pendientes del BOE para ver dónde, en qué momento y de qué forma, trapichera y por la puerta de atrás, ustedes intentan rascar competencias nuestras.

Y otra cosa: tienen que demostrar también que van a ser mucho más eficientes que aquellas administraciones públicas a las que están expoliando competencias.

El de eficiencia es uno de los principios en los que descansa el sistema democrático. Demuéstrenlo. No vengan ustedes aquí a quitar competencias a aquellas administraciones públicas que desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de gestión y desde un punto de vista de cercanía al ciudadano están gestionando bien. ¿Sobre qué base? Si no tienen cobertura legal para hacerlo y no tienen tampoco criterios de eficiencia que los vengan a justificar, lo único que podemos encontrar son criterios de carácter ideológico, y ahí es donde hay que poner pie en pared, señores del Partido Popular.

No confío, sinceramente, en que vayan a aprobarme la moción; no confío. Además, viendo cómo fue el otro día la intervención del señor ministro —sumamente decepcionante—, no entiendo que vengan aquí ahora los portavoces a enmendar la plana a un Gobierno que sistemáticamente está dando muestras de que está trabajando en sentido contrario, pero sí me gustaría que por lo menos esta moción consecuencia de interpelación sirviera para que ustedes reflexionaran.

Acabamos de tener unas elecciones de carácter local y ustedes han visto cuáles han sido sus resultados. Y ya les digo que este tipo de políticas recentralizadoras, uniformizadoras, este rodillo legislativo al que ustedes nos están sometiendo, tiene mucho que ver con los resultados que han obtenido en estas elecciones. No lo olviden y piensen en ello.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

La Constitución española dejó abiertos dos Estados: un Estado centralista y un Estado de las autonomías, porque ninguna de las dos partes, ni los reformistas ni los rupturistas, logró ganar. Se ha desarrollado la Constitución con un Estado de las autonomías único en el mundo. En el mundo no hay Estado de las autonomías, hay Estados federales o Estados centralistas, pero no existe ningún otro país en el que exista Estado de las autonomías.

Pero la historia del Estado de las autonomías, globalmente, creo que se puede considerar un éxito. Es decir, durante veinticinco o treinta años de desarrollo del Estado de las autonomías, ha sido un éxito. Un éxito que llevó hace diez años a que algunas comunidades autónomas nos planteáramos la necesidad de dar un salto en una perspectiva federal. Ya sé que en este país, y para los sectores conservadores especialmente, Estado federal es ruptura del Estado, cuando precisamente los países más fuertes en el mundo tienen estructura de Estado federal —Alemania es un Estado federal—; la derecha de Europa no discute el Estado federal. El Estado federal solo se discute en España por los sectores conservadores, porque intentan asimilar conservadurismo a ruptura y a federalismo.

Desde ese punto de vista, hemos perdido cuatro años. En esta legislatura el modelo de Estado no ha aparecido en los debates ni del Congreso ni del Senado, y no sabemos qué modelo de Estado nos propone el Partido Popular. Pero el Partido Popular ha hecho tres cosas que se expresan con tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso.

En primer lugar, ha habido silencio por no decir lo que quiere. El programa electoral del Partido Popular de las elecciones generales despacha el modelo de Estado en dos líneas sin decir absolutamente nada. El presidente del Gobierno no viene a la Cámara territorial a explicar cuál es su modelo de Estado del Estado español. En segundo lugar, ha habido bloqueo, porque todas las comisiones bilaterales de los nuevos estatutos, pero también de los anteriores, no se han reunido prácticamente nunca. La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco nos decía que de cuando en cuando se reúnen, pero en el resto de comunidades autónomas nunca ha habido una reunión de la comisión bilateral; es decir, se ha bloqueado el desarrollo de los estatutos de las comunidades autónomas. En tercer lugar, retroceso. No hay ley que se discuta que no contenga elementos de recentralización y de uniformismo. En este mismo Pleno veremos posteriormente la Ley de montes, la Ley del Poder Judicial, que contienen elementos importantes de recentralización. Por lo tanto, estamos en un país donde la mayoría parlamentaria de hoy no nos dice qué modelo tiene, pero hace una práctica parlamentaria de recentralización y de uniformismo. Tarde o temprano se tiene que imponer una visión federal del Estado; una visión que contemple, evidentemente, las diferencias de las comunidades autónomas, que contemple un Estado plurinacional y que haga funcionar la legalidad vigente.

En estos momentos el Partido Popular, el Gobierno, que constantemente nos dice que hay que cumplir la ley, ha incumplido todos los aspectos legislativos de los estatutos: el de financiación, el de la comisión bilateral, el de la comisión de transferencias, y no solo eso, sino que una responsabilidad que a mi entender debería tener un rango de Vicepresidencia desde la transversalidad de este tema, está sumergido en el Ministerio de Hacienda, y el ministro Montoro nunca nos ha dicho exactamente qué modelo de Estado tiene.

Por lo tanto, votaremos a favor de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco porque, aunque discrepamos de algunas de las razones que ha dado para no aceptar nuestras enmiendas, continúa el reto de formular un modelo de Estado federal; además, hemos perdido cuatro años, porque ha habido un retroceso en relación con lo que habíamos avanzado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Martínez, ¿qué le voy a explicar? No vamos a entrar a competir por qué país ha sido más afectado. Yo lo único que le puedo explicar es la experiencia de Cataluña. La recentralización ha llegado por todos los sitios, por tierra, mar y aire. En el ámbito legislativo, efectivamente —y lo ha acaba de decir el señor Saura—, hemos tenido muchísimas leyes y vamos a tener más. Pero no solo leyes que pasan por estas Cámaras; analicen los reales decretos aprobados directamente por el Gobierno; analicen la interpretación que han hecho de las leyes existentes y analicen la cantidad de recursos interpuestos en relación con leyes emanadas del Parlamento de Cataluña, algunas muy similares, si no idénticas, a las de otros parlamentos en donde no han sido recurridas. Por tanto, que el ministro Montoro pretenda negarlo y se esfuerce en decir —como se esfuerza siempre— que esto está dentro de la normalidad y que lo que ocurre es que nosotros tenemos una visión distorsionada de la realidad, no es suficiente.

Podríamos hacer un repaso y no terminaríamos. En el ámbito de la lengua, ¿qué les voy a explicar? En el ámbito de la educación, han sido constantes los ataques a un modelo que había funcionado a lo largo de los últimos treinta años y no había creado ningún problema. ¿Pero esto solo se produce en el ámbito de la lengua y en el ámbito de la educación? No, también en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la seguridad o del modelo policial, en el ámbito de la prestación de los servicios sociales; en cualquiera de los ámbitos que se ha regulado a lo largo de los últimos tres años y medio ha habido un ataque constante a las competencias o al ámbito competencial de las diferentes comunidades autónomas, y con una especial inquina, si me permiten decirlo, en relación con Cataluña —lo mismo se ha producido en relación con el País Vasco, pero la senadora Martínez puede valorarlo mucho mejor que nuestro Grupo—.

Por tanto, no les debe extrañar las posiciones que se están tomando en algunos ámbitos del Estado, porque deben comprender que están transmitiendo —no sé si de forma consciente o inconsciente; quiero pensar que de forma inconsciente— un mensaje demoledor a Cataluña, un mensaje de no querer estar integrados en el mismo Estado. Entonces, las consecuencias son las que conocen.

En todo caso, señora Martínez, vamos a votar a favor de su propuesta. Obviamente, entendemos que estaba circunscrita al País Vasco y por ello no hemos presentado ninguna enmienda, pero podríamos sustituir en la mayoría de las ocasiones el País Vasco por Cataluña, y la moción tendría absoluta vigencia.

¿Qué le voy a explicar yo del comportamiento de la delegada o los subdelegados en Cataluña? Cada semana hay alguna actuación que tiene como objetivo cercenar la autonomía de la propia comunidad autónoma, de la propia Generalitat de Catalunya o de los propios ayuntamientos; yo creo que los ayuntamientos, desde la recuperación de la democracia, no han atendido tantos requerimientos de las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno como en estos cuatro años, en muchísimos casos por cosas absolutamente intrascendentes y que simplemente ayudan a crear un mal clima de relación institucional. Y en cuanto a las relaciones institucionales y su falta de correspondencia, solo me remito a la prensa de estos últimos cuatro años.

Sepan que van a contar con nuestro voto favorable, que no sé si será suficiente para aprobar la moción pero, en todo caso, les daremos toda la fuerza posible.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me van a permitir que antes de entrar en el contenido de la moción, de la que ya hemos tenido oportunidad de hablar con motivo del debate de las enmiendas, dedique unos momentos a una cuestión que no es baladí, y que ya ha sido denunciada por otros senadores. Y lo digo porque estamos debatiendo una cuestión que, si este Senado funcionara realmente, no tendríamos que debatir.

Y les voy a leer dos artículos. El artículo 56 del Reglamento dice: «Iniciar cuantos trámites informativos, de estudio o de seguimiento considere oportunos sobre materias de naturaleza autonómica, con respecto a las competencias de las Comunidades Autónomas». Otro: «Informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en el Senado». Otro más: «Promover la cooperación y la coordinación entre las diversas Administraciones Públicas en materias de su competencia, favoreciendo la colaboración entre ellas y la definición de ámbitos específicos de encuentro».

Esto se refiere a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que no se reúne;



que no se reúne porque el Partido Popular y el Gobierno que lo sustenta no quiere que se reúna, y es en esta comisión donde se tiene que tratar el fundamento que queremos dar a esta Cámara, que es el de representación territorial. (Aplausos). Y, como decía, se ha reunido tres veces: dos, a petición de los grupos de la oposición y una a petición del Gobierno; por cierto, para avalar un pucherazo electoral.

Saben que hay múltiples peticiones de comparecencia, la del propio presidente del Gobierno para hablar de los temas territoriales, pero también de diferentes ministros: Hacienda, Fomento, Sanidad y Justicia. Y es evidente porque se hace esto, también se ha dicho aquí: por una vocación recentralizadora llevada al extremo. Ya lo denunciaba mi compañero Antich hace año y medio: han reducido o intentado reducir la capacidad política de las comunidades autónomas; han producido una avalancha de normativas que chocan con la distribución competencial vigente, y han afectado a los principios de autoorganización, de suficiencia, de capacidad financiera y un largo etcétera —eso sí, siempre con la justificación de la crisis—, y lo que es peor, han hurtado el debate a este Senado, más del 40 % de las iniciativas, normas o decretos leyes no han pasado por esta Cámara, que es donde se tenían que haber discutido; todas ellas con una gran incidencia autonómica: medidas tributarias, racionalización del gasto público en el ámbito educativo, medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, etcétera. ¿Se lo traduzco? Recortes sociales; recortes sociales que no se han podido debatir en esta Cámara. Ustedes impiden aplicar las políticas para que esta Cámara ejerza su específica función territorial, y yo me pregunto si saben por dónde va a ir el debate en los próximos meses respecto del Senado en la discusión política de la ciudadanía y del resto de los partidos: si esta Cámara sirve para algo o no. Yo les recomiendo que esa soberbia y esa suficiencia que exhiben habitualmente por esta Cámara las conviertan en diálogo y humildad para conseguir que el Senado tenga el papel que debe tener.

Me referiré a continuación a la moción en concreto, y quiero agradecer al grupo proponente la aceptación de nuestras enmiendas. Es evidente que vamos a votar a favor de la moción. Nosotros sabemos bien de lo que habla el PNV, especialmente los socialistas vascos —lo he comentado anteriormente—; lo sabemos porque ya vivimos en los albores del Gobierno de Rajoy, en el último año del Gobierno de Patxi López, el empeño por limitar el ejercicio de nuestro autogobierno en lo que afectaba a los servicios públicos esenciales. Los socialistas vascos sabemos lo que es enfrentarnos institucionalmente con el Gobierno de Rajoy. Fue llegar el Partido Popular con su flamante mayoría absoluta al Gobierno de España y emprender su proyecto de las llamadas reformas, que se han convertido en contrarreformas y que, además, tenían un nombre claro: brutales recortes. Con esto quiero decir que nosotros hacemos lo mismo estemos en el Gobierno o en la oposición; y en este caso el PNV nos trae una propuesta que, genéricamente y con la aceptación de nuestras enmiendas, compartimos, que es exigir el respeto de nuestro estatuto y la capacidad de actuación de nuestro Gobierno.

En definitiva, los socialistas pensamos que la defensa de nuestro autogobierno para ponerlo al servicio de los ciudadanos es elemental; que es necesaria la defensa del diálogo y el acuerdo para encauzar las diferencias, y es necesario un desbloqueo de los proyectos de las infraestructuras pendientes de resolver. Esa es la vía en la que debería estar el Gobierno de España con el Gobierno de Euskadi y, como ya han dicho otros compañeros aquí, con el resto de las comunidades autónomas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Regalado.

La señora REGALADO DE LOS COBOS: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar debatiendo la moción y le indicaré, señora Martínez, que en lo único que estamos de acuerdo con ella es en que, como le dijo el señor Montoro, este período de sesiones se ha caracterizado por una actividad legislativa sin parangón. Ha habido mucho trabajo de Gobierno y mucho trabajo de las Cámaras, y no estamos en absoluto de acuerdo en que todo se haya hecho de espaldas a las comunidades autónomas, y muchos menos contra ellas, como habitualmente lamentan los grupos nacionalistas.

Es bastante normal que con la actividad legislativa mantenida por este Gobierno surjan diferencias de interpretación en cuanto a los proyectos de ley, normativas u otra serie de cuestiones, pero esto no representa involución alguna, bien al contrario, representa la dinámica habitual del funcionamiento de las administraciones públicas. Ustedes argumentan esto por el número de vetos presentados, pero siento decirles que en eso no se diferencian de otros grupos en esta Cámara.

En cuanto a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, es un instrumento que cada cual utiliza si así lo cree conveniente. Cuando hay conflictos de interpretación se recurre a los organismos previstos en la legislación para dirimir las diferencias, y estos emiten su dictamen. Por otro lado, los recursos han sido en las dos direcciones. El Gobierno vasco, aunque hubo un tiempo en que no era partidario de acudir a este tribunal en defensa de la aplicación de sus criterios, ha cambiado de actitud y ha presentado recursos ante este y otros tribunales sobre diferentes leyes: en educación, en empleo, con la tarjeta sanitaria, etcétera. Y no creo que deba ser interpretado como un acto de hostilidad del Gobierno vasco hacia el Gobierno de España, sino como el devenir normal de la actividad de estas instituciones. Además, entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales y ayuntamientos de Euskadi a menudo surgen conflictos de interpretación de normativa o de financiación que requieren la actuación de la junta arbitral. ¿Aplica el PNV la misma vara para medir estas diferencias que la que emplea cuando el conflicto se plantea con el Gobierno central? Me parece que no, lo que es bastante injusto. Es natural que a mayor actividad legislativa se incremente el número de recursos; la probabilidad aumenta, es una regla de tres.

Entrando a valorar los puntos de su moción, en nuestra opinión, la senda del diálogo y la cooperación no solo nunca se ha roto sino que ha sido leal, incluso buena. Ha habido un compromiso con las instituciones vascas en la reconstrucción de toda la línea de costa destrozada por los temporales de este invierno; un coste asumido íntegramente por el Gobierno central. Existe también un serio compromiso con las instituciones para la reconstrucción a través de subvenciones de todas las infraestructuras viarias dañadas por temporales e inundaciones. El Gobierno vasco solicitó que se aumentara la lista de ayuntamientos a través del Real Decreto 2/2015. Esta solicitud ha sido tenida en cuenta. Otrosí la participación institucional en la capitalidad europea Donostia-San Sebastián 2016, a pesar de la malísima gestión del Gobierno de San Sebastián, que ustedes han denunciado en numerosas ocasiones; o el Plan estratégico de abordaje de la hepatitis C y, por supuesto, la aprobación del concierto y el cupo.

Hablan de desistir de la política de recursos judiciales. No creo que exista una política de esta índole. Y, si lo que está pidiendo es que el Gobierno renuncie a las herramientas de las que dispone para que se preserve el cumplimiento de la legalidad, francamente, he de decirle que no estamos dispuestos; como tampoco renunciarían ustedes a los que tienen reconocidos por ley, y de los que hacen uso habitualmente porque están en su derecho.

En lo referente al proceso de selección de agentes de la Ertzaintza, que debe atenerse a la tasa de reposición, se llegó a un acuerdo para rebasar esta tasa en la anterior convocatoria, y se atendió a la solicitud del Gobierno vasco. Se cambió la normativa estatal, la Ley de presupuestos, para hacer frente al cien por cien de la tasa de reposición. Pero la regulación básica concierne a todos los funcionarios públicos de todas las administraciones que componen el Estado de las autonomías de España. En esta convocatoria se vuelve a superar la tasa de reposición; no sé si se llegará a un acuerdo como en la anterior ocasión, pero me parece que este no es el mejor modo de conseguirlo, la verdad. Que yo sepa, no se ha presentado todavía ningún tipo de recurso, pero en cuestión de acuerdos hace falta la colaboración de las dos partes. En cuestión de actas de los ayuntamientos remitidas solo en uno de los idiomas de la CAV, más de lo mismo, la legalidad vigente es la que defiende la Delegación del Gobierno. La Ley de bases de régimen local en su artículo 56 dice claramente que las actas deben remitirse en los dos idiomas oficiales, pero es que también vela la Delegación del Gobierno por el cumplimiento de la ley vasca. La Ley de normalización del uso del euskera dice claramente que los ayuntamientos tienen la obligación de remitir las actas en bilingüe, que los plenos se celebren exclusivamente en euskera no exime de la obligación. ¿O es que estarían ustedes dispuestos a admitir que se remitieran solo en castellano las actas de los plenos y todo tipo de comunicaciones administrativas y notificaciones en las que se use solo esta lengua? La Delegación del Gobierno está cumpliendo con su obligación, haciendo que se respete la legalidad vigente, no solo la española, sino también la vasca.

En cuanto a la cuenca del Nervión…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora REGALADO DE LOS COBOS: Termino.

Respecto a la cuenca del Nervión ustedes quieren esta competencia, pero el convenio que tienen con la Diputación Foral de Álava en cuanto a infraestructuras hidráulicas no lo han cumplido desde hace diez años. ¿Para qué reclaman competencias que luego no van a cumplir con las diputaciones? Tienen ustedes un conflicto en esto. Senadores del PNV, les invito a exponer una sola competencia sustraída, anulada, minusvalorada. Creo que este tipo de discursos quedan muy bien en los mítines, pero no admiten un discurso riguroso. Sean ustedes más posibilistas, por favor, es muy cansino hablar siempre de estas cosas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Regalado.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores). Guarden silencio, señorías, por favor.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Vasco con la incorporación de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 79; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR TRABAJANDO PARA RESTABLECER LA CARRERA PROFESIONAL ENTRE EL PERSONAL MÉDICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 662/000200 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en representación de mi grupo, el Grupo Popular en el Senado, defiendo hoy una moción que trata de la carrera profesional de los profesionales sanitarios.

Señorías, la calidad que tiene nuestro sistema sanitario desde hace ya muchos años es debida, en gran medida, a la calidad de sus profesionales y, también hay que decirlo, al esfuerzo, al trabajo y a la dedicación que día a día, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, desarrollan en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales y en los demás centros sanitarios. Por eso, en primer lugar, permítanme que haga aquí, en esta tribuna del Senado, un homenaje y un reconocimiento a todos ellos, Senado que siempre ha mantenido en su agenda política todo lo concerniente a los profesionales sanitarios y a su problemática. Sirva para ello como ejemplo la ponencia de estudio de necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que se constituyó la pasada legislatura en esta Cámara y que realizó, en mi opinión, un buen trabajo. La hicimos y la aprobamos entre todos, aunque me quepa el honor de haberla coordinado y de haber sido mi grupo, el Grupo Popular, el que la propusiera.

Señorías, estoy segura de que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en que los profesionales sanitarios son el activo más importante y el pilar sobre el que se sustenta nuestro Sistema Nacional de Salud, al que le confieren, en buena medida, esa calidad y reconocimiento internacional del que nos sentimos tan orgullosos. Los profesionales sanitarios son un colectivo de los más reconocidos por la sociedad; concretamente, el de los médicos es de los más valorados. Por tanto, debemos intentar llegar a un acuerdo, tratar de llegar al mismo acuerdo, al menos, que obtuvimos en la anterior legislatura en la ponencia o en anteriores ocasiones en las materias que les concernían, como la aprobación de las leyes de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la de la ordenación de profesionales sanitarias (LOPS), el Estatuto Marco, etcétera.

La moción que hoy tengo el honor de defender trata de esto, trata de llegar a acuerdos que permitan que la carrera profesional se desarrolle de forma armónica. ¿Qué es la carrera profesional? ¿En qué legislación se sustenta? Como antecedentes previos es necesario hacer mención a las leyes que he citado antes, pero también, desde los inicios, a la Ley general de sanidad, que crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano coordinador entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Pero, sin duda, es en las otras, en las que voy a señalar ahora, en las que de forma explícita se desarrolla la materia que hoy abordamos.

El capítulo III de la Ley de cohesión y calidad se dedica enteramente a los profesionales de la sanidad y los define como un elemento esencial de la modernización y calidad del sistema sanitario español en su conjunto. La ley ya salvaguarda las competencias autonómicas, así como el ámbito propio de otros sectores normativos, y contiene los principios básicos del desarrollo de la carrera profesional, y también de la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud.

En su artículo 40 define el desarrollo profesional y enuncia los criterios comunes acordados en el seno del consejo interterritorial. Asimismo el artículo 41 enuncia que la carrera profesional es un derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la que prestan sus servicios.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la LOPS, desarrolla aún más el reconocimiento y el desarrollo profesional, y los regula en su título III. El artículo 37 de esta ley establece las normas generales, y así, en el punto 1 dice que se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios consistente en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto a sus conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de objetivos asistenciales e investigadores.

En el punto 2 dice que este reconocimiento ha de ser público y con atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional.

El punto 3 establece el derecho voluntario a acceder a este reconocimiento.

Y en el artículo 38 dice que son las administraciones sanitarias las que regularán el desarrollo de acuerdo con unos principios generales. El reconocimiento se hará en cuatro grados. Para obtener el primer grado y poder acceder a los superiores se requerirá una evaluación favorable de los méritos y competencia del interesado, los conocimientos, la competencia, la formación continuada acreditada, la actividad docente e investigación, y dice también que serán los resultados en la actividad asistencial, la calidad de esta asistencia y el cumplimiento de sus objetivos motivo de evaluación. Para obtener el primer grado y los siguientes es necesario, como decía, acreditar cinco años de ejercicio profesional, y entre cada uno de esos grados también han de pasar cinco años para poder acceder al siguiente. La evaluación tiene que ser llevada a cabo por un comité específico en el que estarán representados, tanto la Administración para la que presta servicios el profesional, como evaluadores externos a ella. Y los profesionales sanitarios tendrán derecho a hacer constar públicamente el grado de desarrollo profesional que tengan reconocido.

Señorías, el artículo 39 se refiere a la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos, y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

Y finalmente el estatuto marco desarrolla ya esta regulación de la carrera profesional en su capítulo 8. No voy a repetir muchos de los artículos que de forma general ya venían recogidos en las anteriores leyes a las que he hecho mención, pero insisto en que en el estatuto marco se reitera de nuevo el derecho que tienen los profesionales a acceder a este reconocimiento y a su carrera profesional.

¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué traemos esta moción? Pues porque, a pesar de lo minuciosa de la regulación y de la legislación, señorías, lo cierto es que la situación actual refleja que ha habido una falta de consideración de la política de recursos humanos como factor clave para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud.

La foto actual de la carrera profesional es que hay dieciocho modelos de carrera profesional, muy diferentes, distintos y distantes. Diferentes requisitos tanto en antigüedad como en baremos para acceder y progresar y diferentes niveles de nominación, y aunque al final son cuatro los niveles que se consideran en todas las comunidades autónomas no tienen nada que ver unos con otros, hay distintos calendarios de implantación y diferentes procesos extraordinarios para su puesta en marcha. La carrera profesional debería ser incentivadora para los médicos pero resulta que existen dieciocho modelos, y estas no son solo palabras del grupo parlamentario que trae esta propuesta, sino de los colectivos y de los consejos generales de los profesionales sanitarios. Además, señorías, la Ley 8/2010, que introduce determinados ajustes en materia retributiva, ha supuesto que en las sucesivas leyes de presupuestos autonómicos, o leyes de acompañamiento de estas, se haya congelado, reducido, derogado o suprimido la opción de nuevos reconocimientos profesionales, por lo tanto, la carrera profesional se ha visto comprometida.

La situación actual aconseja revisar de nuevo estos principios y criterios generales sobre los que se basa este modelo de reconocimiento profesional, y esto es lo que decimos en el petitum de nuestra moción, que se superen las dificultades y que se pueda llevar de nuevo la carrera profesional al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en aras de promover un reconocimiento profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

El ministro, señorías, ha declarado en diversas ocasiones su compromiso con los profesionales y de lo que se trata es de seguir avanzando y trabajando juntos porque ha habido trabajo y pactos con los profesionales en esta legislatura. Le pondré algunos ejemplos, y después alguno más porque por razón de tiempo no podré decirlos todos: se han establecido las bases para la implementación de una nueva herramienta de gestión, es decir, las unidades de gestión clínica que son una herramienta fundamental y muy importante no solo para la gestión, sino para el liderazgo de los profesionales sanitarios; se ha creado el foro profesional; se ha aprobado el registro estatal de profesionales sanitarios, herramienta básica de planificación en los recursos humanos, por cierto, en la ponencia ya recogíamos la necesidad de la creación de este registro; se continúa trabajando en los diplomas de acreditación y acreditación avanzada y en los modelos de desarrollo profesional y de gestión clínica, y se continúa también trabajando en otras líneas como las del desarrollo profesional y los elementos de certificación profesional.

Señorías, trabajo hay iniciado y mi grupo piensa que los profesionales se merecen un acuerdo y que se hagan efectivos sus derechos, y por eso estamos aquí, y de ahí que el petitum, el texto que sometemos hoy a votación, diga que el Senado insta al Gobierno a continuar trabajando en colaboración con las comunidades autónomas en la carrera profesional, dado que son dichas administraciones las competentes para su aplicación y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para establecer los principios y criterios generales en aras de promover la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Para la defensa de las enmiendas de las Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Pan, compartimos totalmente la defensa que ha hecho de los profesionales sanitarios como no podía ser de otra forma porque gracias a ellos, a su esfuerzo y dedicación, el Sistema Nacional de Salud funciona a pesar de los recortes del Partido Popular, por tanto, compartimos y defendemos a los magníficos profesionales que tenemos.

Presentan una moción que es verdad que tiene que ver con mejorar el desarrollo profesional. Cuando empecé a leer la moción —la tuve que leer varias veces— y vi lo que solicitaban, no daba crédito. Cuando usted ha hecho la defensa de la moción, ha reconocido que esto ya está regulado en la ley. Por tanto, hoy lo serio, lo sensato, lo riguroso, y para que la ciudadanía vea que aquí en el Senado debatimos cuestiones que le afectan, sería que retiraran esta moción porque lo que piden ya está regulado, y se lo voy a leer textualmente. La Ley 44/2003, del 21 de diciembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su artículo 39 —y usted lo ha dicho—, establece la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional, y dice lo siguiente: «El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud, —además, especifica más cuestiones de las que ustedes solicitan, fíjese lo absurdo de su moción—, «especialmente en lo relativo a las denominaciones de los distintos grados, a los sistemas de valoración, a los méritos, a la composición de los comités de evaluación y al reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de los distintos servicios de salud».

Por tanto, estamos pidiendo al Gobierno que cumpla lo establecido en la ley del año 2003; una ley del Gobierno Aznar, porque si no, pensaríamos que la culpa también es de Zapatero, pero no, es una ley del Gobierno Aznar. Por ello, nuestro grupo es consciente de la necesidad de avanzar en la carrera profesional, que está paralizada en muchas comunidades, como usted ha reconocido. También ha hablado de recortes pero no de los recortes impuestos por el Partido Popular a partir del Real Decreto Ley 16/2012, del que ustedes no quieren hablar.

Por consiguiente, hemos presentado una enmienda que avanza en el desarrollo profesional, que supone un compromiso real con los profesionales, y que dice textualmente:» Instamos al Gobierno a reformar el Fondo de cohesión sanitaria con el fin de que pueda contemplar nuevas finalidades que permitan complementar los recursos que las comunidades autónomas destinan al desarrollo profesional» A día de hoy, no existe el Fondo de cohesión sanitaria, que ustedes se han cargado, que han desvirtuado totalmente, y que dijeron que iban a sustituir por el Fondo de garantía asistencial, que tampoco existe, y las comunidades autónomas son las que están pagando todos los desbarajustes que han organizado con esas leyes. Además, como han dicho mis compañeros, tienen una obsesión por recentralizar que raya en lo peligroso. Lo que necesitan las comunidades es que el Gobierno ejerza su función, que es la de coordinación y cohesión, y también recursos adicionales para poder poner en marcha el desarrollo profesional.

Senadora Pan, le agradezco de verdad que haya intentado consensuar y dialogar, y siento que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo, pero entienda que la moción que presenta no aporta absolutamente nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra la senadora Pan, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Llinares, sabe usted que la voluntad de mi grupo y la mía propia es que esta moción alcance un respaldo unánime, como ocurrió con la ponencia que aprobamos en esta Cámara. Usted me pedía que retiráramos la moción, y yo le pido que retiren su enmienda.

En el punto primero de su enmienda da la sensación de que ustedes no ponen ningún reparo al petitum, lo único que cambian es «seguir trabajando», que es lo que nosotros decimos, por solo «trabajar». Esto no se lo podemos aceptar por una razón, y lo dije en mi primera intervención, y es porque si lo admitiéramos daría la sensación de que este Gobierno no ha hecho nada y yo ya le he leído aquí un relato de las muchas cosas que ya ha iniciado y ha comenzado a hacer este Gobierno.

En cuanto al punto segundo de su enmienda, que pretende que sea de adición e insta al Gobierno a reformar el Fondo de cohesión para que se pueda destinar al desarrollo profesional, tengo que decir que esto no se compadece ni con el sentido que tiene la moción ni tampoco para lo que está creado el Fondo de cohesión. Si ustedes de verdad creen que hay que modificar o cambiar el Fondo de cohesión, lo que deben hacer es traer aquí una propuesta para reformar ese Fondo de cohesión y entre todos los grupos políticos la estudiaremos y la debatiremos. Lo que sinceramente creo que ha ocurrido es que a usted le han dicho —y no quiero ofender con esto— que no apoye la moción del Partido Popular y usted ha tenido aquí una ocurrencia o una salida al paso, en fin, ha encontrado una disculpa para no apoyar la moción. ¡Ojo! aquí no está usted apoyando al Partido Popular ni al Gobierno, usted está rechazando —o se abstendrá, no sé cuál será el sentido de su voto— a los profesionales sanitarios, que es para los que nosotros estamos trabajando.

Señoría, usted sabe que el Fondo de cohesión que se creó en el 2001 luego tiene que tener desarrollos. Usted decía que yo he leído aquí la ley. Claro que está en la ley, pero también le he dicho que hay diecisiete modelos de implantación de carrera profesional y que todos ellos han sido prácticamente paralizados o derogados. Le leo, para que usted sepa de qué va esto del Fondo de cohesión de la Ley 21/2001: tiene por objeto garantizar la igualdad a los servicios de asistencia sanitaria, señoría, públicos en todo el territorio español, así como la atención a los ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que España tenga suscrito convenios de asistencia sanitaria recíproca. En definitiva, señoría, no tiene cabida lo que ustedes proponen aquí.

Le vuelvo a reiterar, si ustedes consideran sinceramente que hay que reformar el Fondo de cohesión, no entiendo que ahora, sin haber dicho nada en toda la legislatura ni en el Congreso ni en el Senado, lo planteen aquí en una moción que no va dirigida a modificar eso, sino a respaldar la labor y el reconocimiento profesional de los profesionales sanitarios. Señoría. No podemos admitirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El único problema de fondo que hay para no poder compartir esta moción es que la misma se plantea como si el Gobierno de España no tuviera nada que ver con el hecho de que no se hayan desarrollado esos diecisiete modelos de carrera profesional a los que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular. Es cierto que en cumplimiento de la ley y fruto de una negociación específica en cada una de las comunidades autónomas, estas habían puesto en marcha procedimientos de desarrollo de la carrera profesional que se vieron abruptamente interrumpidos como consecuencia de la política general del Gobierno de España, que trasladó a las comunidades autónomas la necesidad de hacer recortes en materia de sanidad. Cuando el Gobierno de España envía memorandos a la Comisión Europea en los que compromete recortes en materia sanitaria, obviamente ello obliga, a través de los mecanismos que el señor Montoro ha establecido con tanta eficacia, después a las comunidades autónomas a aplicar esos recortes y uno de los aspectos en los que los mismos se han manifestado ha sido precisamente en esa interrupción, en algunos casos involución, de la carrera profesional.

Según los datos del propio Ministerio de Hacienda entre 2009 y 2013 el gasto sanitario en nuestro país se ha reducido en 9 933 millones de euros, un descenso del 16,3 % que guarda relación con ese compromiso adquirido ante la Comisión Europea por el Gobierno de España de recortar en materia sanitaria. Ello ha significado, según los datos de la encuesta de población activa, que hasta 2014 se hayan perdido 45 000 empleos en sanidad en nuestro país, de ellos, aproximadamente 3000 facultativos. Es evidente que este parámetro que establece el Gobierno de España, reducción en gasto sanitario que conlleva reducción en número de profesionales en atención sanitaria, es el principal obstáculo para el desarrollo de la carrera profesional y abre un escenario, que está siendo denunciado además por los profesionales desde hace ya tiempo, de precarización absoluta de la situación laboral de los profesionales de la sanidad en nuestro país. Recordarán sus señorías que, cuando se tomó la decisión de que el Instituto Carlos III atendiera los casos de ébola y se formó un equipo sanitario para afrontar esos casos, fue noticia poco tiempo después que la mitad de los miembros de ese equipo, que se supone que eran una especie de élite de la sanidad pública española, estaban en situación de precariedad laboral. Estos días, finales de mayo, principios del mes de junio, han coincidido dos congresos de organizaciones de médicos de familia: el XXII Congreso Nacional de Médicos de Familia, que se celebró en A Coruña a finales del mes de mayo, una de cuyas conclusiones fue precisamente denunciar la generalización de la precarización entre los profesionales de la sanidad, y el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar, que se celebró en Gijón los primeros días de este mes, que barajaba que uno de cada cinco médicos de familia en España está en una bolsa de empleo. Se trata de contratos por días, por semanas, incluso por horas, de contratos de jueves y viernes, que para no tener que pagar los descansos de sábado y domingo se extinguen el viernes con la posibilidad de que la semana siguiente se vuelva a contratar.

La precariedad laboral derivada de la reforma laboral no se aplica solo a los trabajadores no cualificados por parte de empresarios desaprensivos, sino que se aplica a profesionales cualificadísimos de la sanidad por parte de las administraciones públicas. Y ello, desde luego, no puede ser motivo de satisfacción para ninguna de esas administraciones públicas, ni puede ocultarse con una invocación genérica a los dioses del Olimpo para que se recupere el desarrollo de la carrera profesional sin recursos económicos, sin contratación digna de estos profesionales, porque sin un número suficiente de profesionales contratados no habrá posibilidad de desarrollar la carrera profesional. El presidente de la Organización Médica Colegial decía estos días que no se puede seguir con los niveles de precarización a los que están abocados los profesionales de la sanidad y denunciaba en una presentación pública que estos además de vivir esta situación de falta de estabilidad, que es la base de la carrera profesional, no puede haber carrera profesional si no hay estabilidad en el empleo, los precarios, ese 20 % de médicos de familia que están en una bolsa de empleo, no van a tener nunca carrera profesional si no pasan a una situación de fijos. Denunciaba además el presidente de la Organización Médica Colegial que ello había ido acompañado de una reducción en sus retribuciones y cifraba entre el 20 y el 25 % la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores de la sanidad a lo largo de estos años.

Por lo tanto, sería demandable en esta moción no un pronunciamiento genérico sino la concreción de las medidas que de verdad pueden propiciar una realidad en la que sea factible el desarrollo de la carrera profesional a partir de la estabilidad en el empleo, a partir de una retribución fija, a partir de unas condiciones laborales dignas, que es algo que en este momento muy pocos trabajadores de la sanidad pueden disfrutar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Senadora Pan, usted nos ha hecho un relato de lo marca la ley y yo creo que nosotros nos lo podemos ahorrar. Ha hecho una buena fotografía de lo que nos dice la norma, en este caso, en el Estado español. Pero también hay una norma europea que va a haber que cumplir.

En el discurso que yo tenía preparado iba a hablar de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, porque creo que es la que mejor puede definir aquello de lo que en estos momentos estamos hablando. No lo voy repetir —usted lo ha desgranado, prácticamente—, pero sí quisiera resaltar dos conceptos. Uno, el acceso voluntario de los profesionales, pero de todos los profesionales: aquellos que trabajan en la sanidad pública, aquellos que trabajan en la sanidad privada y aquellos que trabajan por cuenta propia. Este matiz creo que es muy importante por lo que luego voy a comentar.

También se habla de encargar la evaluación de los distintos niveles de la carrera profesional, del desarrollo profesional, a un comité científico específico creado en cada centro o en cada institución, pero, además, se habla —y creo que es importante decirlo— de que hay que tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios. Por lo tanto, no solamente se trata de temas generales, sino también concretos en aquellos puntos, en aquellas instituciones, en aquellas organizaciones en las que los profesionales desarrollan su función, en cualquier caso, siempre supervisados por la administración sanitaria correspondiente. Este es un tema clave; un tema clave que se traduce en lo que la Organización Médica Colegial denomina la validación periódica —en este caso, de la colegiación— de la capacitación profesional. Esta valoración, supervisada, como dice la ley, por la administración sanitaria correspondiente, es la que da valor —valga la repetición de la expresión— a todo el sistema de desarrollo profesional y —vuelvo a repetir porque creo que es importante— para todos los profesionales sanitarios que trabajan en la sanidad pública, en la sanidad privada o por cuenta propia. Evidentemente, este desarrollo profesional y esta mejora en las capacidades profesionales del personal sanitario tiene que ir reflejada ,y de la mano, lógicamente, en sus salarios, como no podía ser de otra manera, por lo menos en aquellos que reciben salarios; los que trabajan por cuenta propia lo tienen un poco más complicado.

El problema es que en este momento, a mi juicio, esta relación entre desarrollo profesional y reconocimiento salarial en los servicios sanitarios públicos no ha permitido, o está ralentizando, o ha paralizado, el desarrollo mismo de la carrera profesional, de todos los profesionales sanitarios. Esto no parece que sea demasiado razonable. Por tanto, esta razón, o este pretexto, para mantener paralizado o ralentizado el desarrollo de la carrera profesional, es muy importante; es lo importante. A mi juicio, esta es la razón por la que no se avanza en este tema, no que existan diecisiete sistemas de valoración. Eso es muy fácilmente soslayable, porque, simplemente, lo mismo que se habla de interoperabilidad de las tarjetas sanitarias se puede hablar perfectamente de interoperabilidad, de equivalencias, etcétera, entre los distintos sistemas de valoración de trabajo de todos los sistemas sanitarios dentro del Estado, pero también de los europeos. Lógicamente, aquí no se trata solo de converger a nivel de Estado, sino a nivel europeo. Los profesionales españoles, los franceses, los holandeses, en este momento no tienen fronteras para poder desplazarse a trabajar a cualquier otro sistema y su carrera profesional debe ser considerada y poder desarrollarse en cualquier caso. Por lo tanto, no creo que sea el tema de los diecisiete sistemas sanitarios el que paralice el desarrollo de la carrera profesional. Estamos de acuerdo —creo que es cierto— en la importancia de resolver este tema, sobre todo para los profesionales. Evidentemente, si es con reflejo salarial —porque no puede ser de otra forma—, mejor, pero incluso hasta sin eso, porque los profesionales están viendo que trabajan, que estudian, que se preparan, que investigan y que al final, si no hay dinero para pagárselo, no se les reconoce, y si sí lo hay, a lo mejor sí. Y ahí, desde luego, el Gobierno tiene responsabilidad.

Podemos entender, por tanto, cuál es la filosofía de su moción, o cuál es su filosofía cuando plantea la moción —no sé exactamente cuál es el orden—, pero tengo que coincidir con el resto de portavoces en que no nos aporta nada. Y, sinceramente, cuando se hace la corrección y se añade el texto «El Senado insta al Gobierno a continuar trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en la carrera profesional, dado que son dichas administraciones las competentes para su aplicación…», creo que todavía tiene menos sentido. El Gobierno tiene mecanismos para poder avanzar y para poder estimular el avance en este tema; los tiene a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y los tiene también porque, como hay una relación directa entre los salarios y la carrera profesional, puede aumentar las dotaciones presupuestarias para mantener un aumento salarial entre aquellos profesionales que realmente van avanzando en su carrera. Cualquiera de las dos cosas —o las dos— podría hacer.

Nos parece que esta moción, en concreto, no aporta nada nuevo, senadora Pan, a pesar de todas las buenas intenciones que yo le reconozco, porque sé que a usted le preocupa este tema y por eso lo ha traído a esta Cámara. Por lo tanto, senadora Pan, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ : Gràcies president.

Senyories, tots els senadors que m’han precedit han parlat de la bona feina dels nostres professionals sanitaris i estic absolutament d’acord amb ells, no podria ser d’una altra manera. Jo crec que tenim uns excel·lents professionals, i sobre tot, com s’ha dit moltes vegades en aquesta cambra, tenim una sanitat molt eficient basada bàsicament en el cost dels professionals, perquè, realment, comparat amb la resta d’Europa, els nostres professionals metges i infermeres, són els que cobren menys d’Europa.

Avui estem parlant de la carrera professional, que ja s’ha explicat que apareix recollida en vàries lleis, però sobre tot, la 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries, és la que va donar el tret de sortida. Això va ser el 2003, però realment la carrera no es va implantar fins el 2005, 2007, a la majoria de territoris.

A mi m’agradaria fer un incís amb una cosa que aquí no ha sortit encara, i és el fet que si llegim el que defineix exactament la carrera professional, llegiré només el paràgraf concret, ve a dir: La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada con reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la que prestan servicios. No del territorio, sino de la organización. Per què vull dir això? Perquè si es va decidir a 2003 emmarcar-ho en la organització, entenem que això no només significa que hagi diferències entre territoris, entre comunitats autònomes, sinó que hi ha diferències entre les organitzacions. Els hi posaré un exemple de Catalunya. No és el mateix, ni és igual, ni te les mateixes retribucions, la carrera professional de l’Hospital Clínic, per exemple, que l’Hospital del Mar o l’Hospital de Sant Pau. Ni passa el mateix amb hospitals més petits com Terrassa o Sabadell. Les carreres professionals tenen diferents condicions. Sí que és veritat que quan els professionals es traslladen, traslladen la seva carrera, però tampoc val per tot el territori exactament, depèn de si estàs agrupat, en el cas de Catalunya, en el Siscat, o si estàs en l’Institut Català de la Salut.

Per tant, hem de ser conscients que si la carrera professional va ser una eina per fidelitzar i perquè els professionals que feien esforços dins les organitzacions es poguessin veure compensats, no ens ha d’estranyar que la realitat entre les diferents comunitats autònomes sigui diferent.

Sí que ens agradaria —i també ho diu la llei—, per això compartim amb els altres senadors que aquesta moció no aporta res, que s’ha de tractar de confluir, que, en el fons, un professional hauria de poder anar a treballar de Catalunya a Sevilla sense perdre els seus coneixements i els seus drets adquirits. Però això és veritat que a dia de hui és molt complicat. De totes maneres, els hi he dit la data en què es va implementar la carrera professional per un motiu molt concret. El 2007 va començar una crisi importantíssima, 2007, 2008, crisi que portem molts anys. Que va passar amb una carrera professional que tot just començava? Que ha sigut el primer que es va retallar? Per què? Una perquè no estava consolidada. Dos perquè era un dret que encara no tenien assolit com a propi els professionals i que, per tant, va ser molt fàcil de començar a retallar per la carrera professional.

Parlant amb metges aquests dies, amb diferents professionals, una em va fer una explicació de la carrera que jo sé que no els hi agradarà, però jo crec que és una explicació de com ho veu un professional sanitari que porta més de quinze anys treballant en un mateix departament d’un hospital. I va dir: Mira, és que a hores d’ara, no sabem quants diners hi ha, ni quins drets exactament tenim, perquè és que com que la direcció de l’hospital te una borsa, o no, i cada any la negociem. És més, si portes vint-i—cinc anys a l’empresa, com que no et poden pagar el nivell retributiu acordat, et donen un mes de vacances. I això és impensable. Per què? Perquè ja teníem el servei amb tants pocs metges que el professional que porta vint-i—cinc anys no es pot agafar un mes de vacances i anar-se’n dos mesos de vacances, perquè no ho podem sostenir.

Per tant, la carrera professional cada cop te menys valor. I amb això, entenc, que una de les intencions que podria tenir la moció seria tornar a donar valor i tornar a donar impuls a aquesta carrera professional, però a mi m’agradaria fer-li dues reflexions, senadora Pan. La primera, el Consejo Interterritorial fins fa, bé, oficialment ara encara, en la seva majoria està format per consellers del Partit Popular, i, per tant, crec que aquest tema l’hauríem pogut reprendre o impulsar ja fa temps. No cal que ho fem ara que resta molt poc per acabar la legislatura. I m’agradaria afegir que nosaltres estem disposats a treballar perquè les condicions dels professionals milloren, sempre. Però entenem que aquesta moció no aporta res, no aporta res de nou.

Continue en castellà.

Gracias, presidente.

Señorías, todos los senadores que me han precedido han hablado del buen trabajo de nuestros profesionales sanitarios. Estoy totalmente de acuerdo con ellos, como no podía ser de otra forma. Creo que tenemos unos excelentes profesionales y, sobre todo y como se ha dicho muchas veces en esta Cámara, una sanidad muy eficiente, basada fundamentalmente en el coste de estos profesionales, porque, en comparación con el resto de Europa, nuestros profesionales médicos y enfermeras son de los que menos cobran.

Hoy estamos hablando de la carrera profesional, que, como se ha explicado, está recogida en diversas leyes, sobre todo en la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, con la que se dio el pistoletazo de salida. Esto ocurrió en 2003, pero la carrera se implementó entre 2005 y 2007 en la mayoría de los territorios.

Me gustaría hacer un inciso en un tema que todavía no se ha puesto de manifiesto aquí. Les leeré el párrafo concreto donde se define, exactamente, la carrera profesional: «La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada con reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la que prestan servicios. No del territorio, sino de la organización.» ¿Por qué digo esto? Porque si se decidió en 2003 enmarcarlo en la organización, entendemos que esto no solo significa que existen diferencias entre territorios, entre comunidades autónomas, sino que también existen entre las organizaciones. Les pondré un ejemplo de Cataluña, donde no es igual ni tiene las mismas retribuciones la carrera profesional en el Hospital Clinic que en el Hospital del Mar, en el de Sant Pau o en hospitales más pequeños, como los de Tarrasa o Sabadell. Las carreras profesionales tienen distintas condiciones. Es cierto que cuando los profesionales se trasladan, trasladan su carrera profesional, pero esto tampoco vale para todo el territorio; en el caso de Cataluña, depende de si estás agrupado en el Siscat o en el Instituto Catalán de la Salud.

Por tanto, debemos ser conscientes de que la carrera profesional fue una herramienta para fidelizar y compensar a los profesionales que hacían esfuerzos dentro de las organizaciones, por lo que no debe extrañarnos que la realidad en las distintas comunidades autónomas sea distinta.

Nos gustaría —también lo dice la ley, razón por la que compartimos con otros senadores que esta moción no aporta nada— que un profesional pudiera ir a trabajar de Cataluña a Sevilla sin perder sus conocimientos y sus derechos adquiridos, pero es cierto que, hoy en día, esto es muy complicado. De todas formas, como les he dicho, la carrera profesional se implementó entre 2007 y 2008, cuando comenzó una importante crisis que dura ya muchos años. ¿Y qué paso entonces con la carrera profesional? Que fue lo primero que se recortó porque, por un lado, no estaba consolidada y, por otro, los profesionales todavía no habían asumido como propio este derecho, y por ello fue muy fácil empezar a recortar por ahí.

Estos días he hablado con distintos médicos y uno de ellos me dio una explicación sobre la carrera profesional que seguro que no les gusta, si bien es la visión de un profesional sanitario que lleva más de quince años trabajando en el mismo departamento de un hospital. Me dijo: En estos momentos no sabemos cuánto dinero hay ni qué derechos tenemos exactamente, porque la dirección del hospital cuenta con una bolsa, o no, y cada año la negociamos. Es más, si llevas veinticinco años en la empresa, como no te pueden pagar el nivel retributivo acordado, te dan un mes de vacaciones. Y esto es impensable, porque el servicio cuenta con con tan pocos médicos que no es posible que el profesional que lleva veinticinco años trabajando pueda cogerse un mes de vacaciones extra y disfrute de dos meses de vacaciones; eso no es sostenible.

Por lo tanto, la carrera profesional cada vez tiene menos valor, y por ello entiendo que una de las intenciones que podría tener la moción fuese volver a poner en valor e impulsar la carrera profesional. A mí me gustaría hacerle dos reflexiones, senadora Pan. La primera es que en estos momentos el consejo interterritorial está formado en su mayoría por consejeros del Partido Popular, así que este asunto lo podrían haber retomado e impulsado hace ya tiempo y no ahora, cuando queda muy poco para terminar la legislatura. La segunda reflexión es que nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar para que las condiciones de los profesionales mejoren, pero consideramos que esta moción no aporta nada nuevo.

Sigo en castellano.

Sinceramente, como presentan esta moción —y no dudo que tenga buenas intenciones, pero no añade ningún valor ni aporta nada que no se reconozca ya en la ley— a estas alturas de la legislatura, precisamente cuando su grupo pretende tramitar en esta Cámara más de cuarenta leyes en tres meses o en lo que queda de legislatura, ninguno de nosotros tenemos tiempo de discutir cosas que tendrían que acometer si cumplieran la propia ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, estem davant d’una moció que ens vol parlar de la carrera professional, però de fet no ens fa cap proposta concreta respecte d’aquesta carrera. De fet, vull cridar l’atenció a la pròpia correcció que va fer el Partit Popular a la moció proposada. En la seva primera proposta parlaven de restablir la carrera professional, la qual cosa van haver de retirar, perquè està clar que una proposta de restabliment no tenia sentit perquè era impropi, ja que aquesta es troba perfectament i degudament establerta a la base de la Llei d’ordenació de les professions sanitàries i a la Llei de l’estatut marc. Per tant, ja tenim la regulació.

La senadora Pan ens ha explicitat abastament totes les lleis que en fan referència, però aquí no venim a parlar de com està regulada la carrera professional. De fet, la moció l’únic que demana és que vinguem a parlar de la carrera professional: insta al Partit Popular, al Govern, suposo, que insti a les comunitats autònomes a fer una feina que és competència seva; però d’això ja en parlarem més endavant. Penso, en qualsevol cas, que el que ha pogut quedar suspès no és el restabliment de la carrera professional, sinó el reconeixement econòmic del complement de la carrera professional, o bé la meritació de nous nivells de dit complement.

I tot això —la senadora Pan ha fet referència als pressupostos autonòmics—, però tot això és conseqüència, també, de normatives bàsiques de l’Estat espanyol, de l’Estat central, i també, com no, dels pressupostos autonòmics, evidentment. Senadora, aquesta proposta que vostè ens fa, més enllà que tingui la bona voluntat de fer un reconeixement als professionals i posar sobre la taula una problemàtica que hi és, que tenim, i per la qual totes les comunitats autònomes estan treballant ja, efectivament, ja, penso que en certa manera ens ve a dir que els senyors del Grup Parlamentari Popular venen aquí i insten a l’Estat; és a dir, nosaltres proposem, disposem, perquè ja està disposat, i vostès paguen. I a més a més, ens duen a la reflexió que hi ha incompliments perquè no es pot pagar.

No m’allargaré massa més, però penso que efectivament és un brindis al sol. Entenc la bona voluntat de posar sobre la taula aquesta problemàtica, però penso que el que vostè ens proposa aquí, més enllà que hagi portat o no aquesta iniciativa, podria tenir recorregut per sí sol. Vostès tenen majoria al consell interterritorial i, evidentment, hi ha la voluntat de totes les comunitats autònomes de parlar del que sigui en la seu d’aquest consell interterritorial. Per part nostra, diàleg, el que vulgui;



parlar d’això, el que vulgui; nosaltres estem per la carrera professional i estem per la gestió clínica. Una altra cosa és que ens vulguin homogeneïtzar, o ens vulguin imposar models, o ens vulguin dir com ho hem de fer, perquè tenim models singulars, que responen a necessitats del nostre territori, i a una organització que fa temps que funciona i que ens dóna bons resultats.

Em sap greu, entenc que aquesta moció es queda en un pur gest, en un gest, perquè de fet no fa una proposta molt concreta. I li dic que em sap greu perquè penso que el Grup Popular, que dóna suport al Govern, i el Govern de l’Estat, sí que tenen la capacitat de donar respostes efectives a això. Jo només els convido, i nosaltres estem d’acord, a parlar del que sigui. Per tant, en quant a la forma i a la proposta, com que queda diluïda amb una voluntat de fer-nos propostes d’allò que nosaltres ja estem fent, li diria que no; en quant a la temàtica, li diria que sí. Estem disposats a parlar del que sigui, allà on sigui, sempre i quan se’ns respecti el nostre model i serveixi per millorar la situació dels professionals, del sistema, de l’atenció als nostres usuaris, i a la resta de territoris, evidentment.

Però jo els convido que si efectivament vostès volen donar resposta a aquesta problemàtica que hi ha —que li dic que passa més per poder reconèixer econòmicament i poder meritar nous nivells que ens aquests moments pressupostàriament no poden quedar reflectits, i que és bona part de la inquietud del sector—, jo els convido que vostès, que són el grup parlamentari majoritari, i que estan donant suport al Govern, quan facin el repartiment dels objectius de dèficit —cosa que el darrer document del Fons Monetari Internacional els està recomanant— tinguin en compte que són les comunitats autònomes que estan suportant aquest pes de la major part dels serveis que garanteixen aquest Estat del benestar.

Per tant, més enllà del gest, de la col·laboració, i de parlar —allà on cregui, senyora Pan, que ens hi trobarà—, els demanem que facin un moviment efectiu, un moviment que tingui efecte i causa, que ens doni a les comunitats autònomes la impressió que vostès, efectivament, ens estan dotant d’aquelles eines per trobar aquelles solucions que ens reclamen en el compliment del que són les nostres competències.

Per tant, dit això, senadora Pan, amb l’estima que li tinc, amb la sensibilitat cap al tema que ens ha proposat, però amb el desacord pel que fa a quines solucions cal trobar-hi i per on passen, el meu grup parlamentari ens abstindrem en aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante una moción que nos habla de la carrera profesional pero en la que no se realiza ninguna propuesta concreta. De hecho, quiero llamar la atención sobre la corrección de la moción que hizo el propio Partido Popular. En su primera propuesta hablaban de restablecer la carrera profesional pero tuvieron que retirarla porque no tenía ningún sentido, era impropio dado que dicha propuesta de restablecimiento ya está debidamente establecida en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias y en la Ley del estatuto marco. Ya contamos con una regulación.

Por otra parte, la senadora Pan nos ha explicitado ampliamente todas las leyes que hacen referencia a la carrera profesional, aunque aquí no venimos a hablar de cómo está regulada. De hecho, lo único que se pide en la moción es que hablemos de la carrera profesional, y por eso el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a continuar trabajando con las comunidades autónomas en una tarea en la que son competentes; pero de eso ya hablaremos más adelante. Yo creo, en cualquier caso, que lo que ha podido quedar suspendido no es el restablecimiento de esta carrera profesional, sino el reconocimiento económico del cumplimiento de la carrera profesional, o bien el estudio de nuevos niveles de este complemento.

Todo ello, ya que la senadora Pan se ha referido a los presupuestos autonómicos, es consecuencia de las normativas básicas del Estado español, del Estado central, y también, cómo no, de los presupuestos autonómicos. Senadora, la propuesta que usted realiza, más allá de que tenga la buena voluntad de hacer un reconocimiento a los profesionales y ponga sobre la mesa una problemática que existe y en la que ya están trabajando todas las comunidades autónomas, se limita a decirnos que los señores del Grupo Parlamentario Popular vienen aquí a instar al Estado; o sea, nosotros disponemos y ustedes pagan. Además, pretenden llevarnos a la reflexión de que existen incumplimientos porque no se puede pagar.

No me alargaré mucho más, pero creo que es un brindis al sol. Entiendo la buena voluntad de poner encima de la mesa esta problemática pero lo que usted nos propone aquí, más allá de que haya traído o no esta iniciativa, podría tener recorrido por sí mismo. Ustedes tienen mayoría en el consejo interterritorial, por lo que basta la voluntad de la mayoría de las comunidades autónomas de hablar de ello en dicha sede. Por nuestra parte, saben que estamos abiertos a dialogar sobre este tema lo que quieran. Nosotros apoyamos la carrera profesional y estamos a favor de la gestión clínica, otra cosa es que nos quieran homogenizar, imponer modelos o decirnos cómo debemos hacerlo. Nuestros modelos singulares responden a las necesidades de nuestro territorio y esta organización hace tiempo que funciona y nos da buenos resultados.

Lo siento, pero creo que esta moción se queda en un gesto porque no realiza una propuesta concreta. Y digo que lo siento porque creo que el Grupo Popular, que da apoyo al Gobierno del Estado, tiene capacidad para dar respuestas efectivas a este tema. Como les he dicho, estamos de acuerdo en hablar de lo que sea, si bien, en cuanto a la forma, como queda diluida en la voluntad de hacernos propuestas sobre aquello que nosotros ya estamos haciendo, tengo que decirle que no; en cuanto a la temática, le digo que sí. Estamos dispuestos a hablar de lo que sea, donde sea, siempre y cuando se respete nuestro modelo y ello sirva para mejorar la situación de los profesionales del sistema en la atención a nuestros usuarios y al resto de territorio, evidentemente.

Si quieren dar respuesta a la problemática que existe —que pasa más por un reconocimiento económico y por meditar sobre nuevos niveles que en estos momentos no pueden quedar reflejados presupuestariamente, y creo que ello genera buena parte de la inquietud del sector—, les invito a ustedes, que son el grupo parlamentario mayoritario y dan apoyo al Gobierno, a que cuando hagan el reparto de los objetivos de déficit —cosa que les recomiendan en el último documento del Fondo Monetario Internacional— tengan en cuenta que son las comunidades autónomas las que soportan el peso de la mayor parte de los servicios que garantizan el Estado del bienestar.

Por lo tanto, más allá del gesto, de la colaboración y de hablar —lo haremos donde y cuando crea conveniente, senadora Pan, y nos encontrará—, les pedimos que hagan un movimiento que tenga efecto y causa, de forma que las comunidades autónomas tengamos la impresión de que ustedes, efectivamente, nos están dotando de herramientas para hallar las soluciones que nos reclaman en cumplimiento de nuestras competencias.

Dicho esto, señora Pan, con el cariño que le tengo y a pesar de nuestra sensibilidad hacia el tema propuesto, como estamos en desacuerdo con las soluciones, mi grupo parlamentario se abstendrá en la votación de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Senadora Pan, no sé si se ha leído la enmienda que hemos presentado, porque nos dice que no sabemos para qué sirve el Fondo de cohesión y nuestra enmienda recoge, de forma muy clara y contundente, la necesidad de reformar el Fondo de cohesión para complementar los recursos que necesitan las comunidades autónomas.

Considero que usted tiene que defender una moción que es absolutamente indefendible, que no aporta nada. No propone ni una sola medida concreta. Díganos una medida concreta, y nosotros desde luego la apoyaremos. Como le han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, por supuesto que estamos de acuerdo en el reconocimiento y agradecimiento a los profesionales; en eso estamos todos de acuerdo. Pero hay que ir más allá, hay que comprometerse. Empieza su intervención —añade que luego continuará— diciendo que el ministro se ha comprometido profundamente con los profesionales sanitarios; cuando tomó posesión dijo que iba a ser el ministro de lo social y luego hemos visto que el tema social no está en la agenda del Partido Popular, y lo más grave es que ni se le espera.

Por eso le pido, senadora Pan, que recapacite y nos dé una medida concreta para el desarrollo profesional. Como han dicho los senadores, en el Estado hay muchísima legislación: la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de cohesión y calidad y otra ley a la que usted no ha hecho referencia, la Ley del estatuto marco, en cuyo artículo 40.1 continúa hablando de la homologación para garantizar el reconocimiento del desarrollo profesional. Además, el pleno de la comisión de recursos humanos del consejo interterritorial, con fecha 19 de abril, aprobó el acuerdo por el que se fijan los criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los servicios de salud y las líneas básicas que inspiran estos principios, como los principios de garantía de igualdad de oportunidades, de no discriminación entre administraciones sanitarias profesionales, de garantías de libre circulación y la movilidad de los profesionales, de participación de los profesionales en la gestión de los centros. Además, la Ley 7/2007, del 12 de abril, del estatuto básico, en su artículo 2, también habla de la carrera profesional. Por tanto, tenemos legislación estatal. Lo que hay que poner son medidas concretas y recursos, que es lo que nosotros le pedimos en nuestra enmienda. Y usted sale aquí a decirme que yo presento esa enmienda porque me lo han dicho. ¡Claro que me lo han dicho! Me lo ha dicho mi grupo, pues nos reunimos, debatimos y decidimos qué enmiendas presentamos porque forman parte de los principios del Partido Socialista.

Por tanto, señora Pan, de ocurrencia nada. Ocurrencias son las suyas, que no tienen argumentos para defender esta moción en la que todos estamos de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra del desarrollo profesional?, ¿quién? Yo soy una profesional sanitaria y, como han dicho aquí, las carreras profesionales empezaron a establecerse en todas las comunidades autónomas allá por los años 2004 y 2005; en mi comunidad fue en el año 2006, cuando yo era diputada en las Cortes. Todas las comunidades han hecho esfuerzos para mejorar el desarrollo y la carrera profesional. Pero hay que tener en cuenta —y ustedes de eso no quieren hablar, y aquí se lo hemos dicho muchísimas veces— que ustedes han hecho leyes de recortes bestiales que afectan directamente al sistema nacional de salud y que tienen, también, graves repercusiones sobre los profesionales. Su solución ha sido: menos profesionales y precariedad en el empleo, como les hemos dicho aquí tantas veces. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diferentes mociones para mejorar la calidad de nuestro sistema nacional de salud pero ustedes han votado siempre en contra. Senadora Pan, como no tienen argumentos, nos dicen que no tenemos ni idea de lo que pedimos.

Como le he dicho al comienzo de mi intervención, los profesionales sanitarios son los que hacen posible que se perciba menos el grave deterioro que se está produciendo en sanidad debido a los recortes; sus recortes están haciendo que el prestigio profesional y social de los profesionales se vea deteriorado; los profesionales están cansados y les falta motivación.

Claro que tenemos retos en política de personal, y desde luego ahí nos encontrarán siempre. Hacen falta nuevos retos, como la orientación a los resultados en salud, la potenciación de los profesionales en la toma de decisiones, etcétera. Esto es fundamental. Para que la sanidad funcione, más allá de decir que contamos con los profesionales, se han de poner en marcha medidas reales que ellos perciban para que vean que se cuenta con ellos a la hora de planificar, de gestionar, etcétera. Y, sobre todo, hacen falta recursos para la investigación, para la formación continuada, y así podríamos seguir hablando de muchísimos aspectos más.

El Gobierno tiene que cumplir sus funciones, que, como le he dicho al comienzo de mi intervención y termino esta, consiste, entre otras cosas, en coordinar, cohesionar y evitar inequidades en los distintos sistemas nacionales de salud. Pero eso no tiene que ver con la moción que ustedes han presentado porque lo que proponen ya está regulado en las normas estatales. Por tanto, vuelvo a insistir en que salga aquí a presentarnos una propuesta concreta para mejorar la carrera y el desarrollo de estos profesionales, desde luego mi grupo la aprobaría. Lo que no es posible es que nos pidan que colaboremos en algo que no supone absolutamente nada; es que no hay nada concreto, son cuestiones ya reguladas. Venimos aquí a hablar de la carrera profesional pero cuando salgamos a la calle, ¿qué decimos a los profesionales? ¿Qué hemos aprobado hoy en el Senado? Nada. No hemos aprobado nada concreto. Por tanto, hay que replantearse la situación.

Es verdad que es necesario reactivar la carrera profesional y que se reconozca a los profesionales de forma constante y continua, porque no hay ningún argumento que justifique su paralización, salvo el recorte en los recursos; hay muchísimos menos recursos. Por eso es muy importante la enmienda que mi grupo ha presentado, aunque usted, señora Pan, diga que es una ocurrencia y que no sabemos de lo que hablamos. Se lo he dicho muchas veces: cuando no tienen ningún argumento, intentan desacreditar las mociones que presenta el Grupo Socialista con cuestiones personales, arguyendo que no hemos leído nada y que no sabemos lo que hacemos ni lo que decimos.

Señoría, vale la pena que haga un esfuerzo y salga aquí a retirar su moción o a decirnos algo concreto, además de esas vaguedades sobre la gestión clínica, el foro de la profesión, etcétera. Pero si está todo el mundo en contra. Es que ustedes lo que han conseguido es poner a todo el mundo en contra, si no, mire todas las mareas blancas que han salido a la calle, sobre todo en temas sanitarios.

Por tanto, senadora Pan, sintiéndolo mucho, y compartiendo la idea de que realmente hay que avanzar en el desarrollo de la carrera profesional, nos vamos a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

En primer lugar, quiero agradecer a los distintos grupos el afecto que me han mostrado y sus reflexiones y opiniones. Por supuesto que este grupo parlamentario acepta la discrepancia y considera que un trabajo conjunto siempre es mucho mejor que el que se ve solo desde un lado.

Señorías, las leyes necesitan un desarrollo, necesitan un desarrollo armónico y no basta solo con que sean grandes y buenas leyes y que definan muy bien lo que hay que hacer, sino que luego hay que desarrollarlas y hacerlo de manera armónica. Para eso está el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para eso está la lealtad institucional entre las comunidades autónomas y para eso está el compromiso para con los profesionales, para llegar a esos acuerdos. ¿En dónde? En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —como he indicado—, pero también he dicho desde aquí arriba que no es una opinión del Partido Popular, sino de los profesionales sanitarios, que refieren que hoy existen en España diecisiete desarrollos diferentes, y esto no tiene sentido a día de hoy.

Señoría, respecto al desarrollo legislativo al que han hecho alusión, tengo que decir que desde el 2003, cuando se aprobaron estas leyes —las aprobó un gobierno del Partido Popular—, hasta el día de hoy han transcurrido ocho años de Gobierno Socialista. Y, perdonen que les diga —lo decía cuando estaba en la oposición y lo digo hoy— que el señor Zapatero se olvidó de los profesionales, no hizo nada por ellos en ocho años de Gobierno. Ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular —y en mi primera intervención he puesto algún ejemplo— el que de nuevo ahora empiece a trabajar por ellos.

Señorías, cuando llegó este Gobierno su prioridad fue hacer frente a la situación más difícil de la historia reciente de España: un país sumido en una crisis que nos situaba al borde del rescate. (Protestas). Sí, señorías, al borde del rescate, con lo que eso supone para los ciudadanos y los servicios. Yo no quiero hacer aquí sangre ni mencionar a nadie, pero todos los días leemos en la prensa lo que supone un rescate para los ciudadanos y para los servicios de ese país. Pues el primer compromiso de este Gobierno fue evitar ese rescate, evitar al colapso económico y, en materia sanitaria, que es la que nos compete a nosotros, mantener la calidad y la modernización del Sistema Nacional de Salud, dar respuesta a los compromisos adquiridos, pagar las facturas —que es muy importante— y hacer reformas, señorías; reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema y hacerlo, si cabe, más justo y eficiente.

Señorías, puedo estar de acuerdo con algunas opiniones y discrepar en otras pero lo que no les admito —y en esta Cámara se dice con demasiada frecuencia— es que ustedes igualen reformas a recortes. Señorías, esto es falso. Los recortes son los que sufren los ciudadanos cuando su país ha sido rescatado; esos son recortes. Y las reformas son las que evitan la intervención, las que preservan los servicios para los ciudadanos y las que colocan a nuestro país, como ha ocurrido en España, en la situación que ahora tenemos, o sea, a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea sin haber bajado la calidad del Sistema Nacional de Salud, que es el que nos compete. Y a ustedes no les he oído nunca en esta Cámara hacer ese reconocimiento al esfuerzo que este Gobierno ha hecho, nunca lo han hecho.

Al inicio de esta legislatura, el sistema sanitario español estaba en riesgo, había una deuda de 16 000 millones de euros, el fraude en el uso de la tarjeta sanitaria costaba 1000 millones anuales; la universalidad —salía en la prensa— era un mito; había diecisiete sistemas diferentes; los parados de larga duración, tres millones y pico en los ocho años de Gobierno socialista, pagaban el 40 % por sus medicinas, a pesar de haber perdido su empleo; y el trabajo del actual Gobierno fue dirigido a mantener el carácter universal, público y gratuito de nuestro Sistema Nacional de Salud, a convertirlo en un referente, a pagar las deudas atrasadas —por supuesto que es su obligación, y así se hizo— y a ayudar a las comunidades autónomas, que tenían dificultades, señorías. No vengan aquí a contarnos ninguna historia de que estaban en una isla o en un oasis y que los que estaban mal eran otros; no, el Fondo de liquidez autonómico y el Fondo de pago a proveedores en estos tres últimos años han proporcionado a las comunidades autónomas 122 000 millones de euros. Estos son datos y son realidades; no me los invento yo ni se los inventa nadie, están ahí. De estos, el 71 % fueron para servicios públicos fundamentales, senadora Rivero: para sanidad, para educación, para servicios sociales. Las comunidades autónomas, la suya en concreto, sabrán a qué han destinado el dinero que han recibido. Se ha mejorado la gestión. Se ha reducido el fraude al detectar, por ejemplo, que 200 000 ciudadanos utilizaban cartillas de pensionistas cuando eran activos. En resumen, se ha sido más eficiente.

En materia de recursos humanos le di un listado ya antes, cuando intervine por primera vez. Se ha creado el Registro estatal de profesionales sanitarios. Se ha llegado a un acuerdo histórico con los consejos y con los colegios profesionales. Se ha regulado, senador Iglesias —esto es algo que usted mencionó y es interesante—, un permiso especial para que los profesionales sanitarios participen en misiones humanitarias y que esta situación les suponga además un mérito en su carrera profesional. Además, se ha articulado también que haya un equipo que pueda intervenir en las emergencias sanitarias de importancia internacional. En nuestro país, y también en el resto de países del mundo, hemos vivido una emergencia no hace tanto tiempo. Se han unificado categorías, de manera que se haga efectiva la movilidad de los profesionales en todo el territorio nacional, senador Cazalis y senadora Almiñana. Es más fácil que un médico o una enfermera se vayan a cualquier país de la Unión Europea a que puedan moverse entre comunidades autónomas. Esto no tiene ningún sentido. Se han establecido unos baremos homogéneos precisamente para los concursos de traslados en los distintos sistemas de salud. Se ha renovado el Consejo Nacional de Especialidades. Se ha constituido el foro profesional. Se ha aprobado, mediante un acuerdo, que se considere delito el atentado o las agresiones a los profesionales sanitarios, y aquí nadie ha dicho una palabra de esto. Esta medida ya es efectiva a partir del 1 de julio de este año. Hay un proyecto de real decreto de unidades de gestión clínica, que es una herramienta importante para ser más eficiente. Yo ya sé que a determinados grupos la eficiencia les interesa cero o menos cero, por eso teníamos 16 000 millones sin pagar a los que hubo que hacer frente, y se pagaron.

En definitiva, el Grupo Popular ha demostrado su compromiso con la sanidad, con nuestro sistema sanitario y con nuestros profesionales sanitarios. Esta moción trata de poner orden a esos 17 modelos de carrera profesional. Para ello tiene que contar, sin duda ninguna, con el consenso y el acuerdo de las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial hoy no está formado, como se dijo aquí, solo por consejeros del Partido Popular, ni muchísimo menos. El resultado de las elecciones está ahí y nosotros somos conscientes de ello. Por lo tanto, no nos acusen ustedes de que nosotros podríamos hacerlo en solitario, lo tenemos que hacer entre todos, como se ha hecho la Ley de cohesión y calidad, como se ha hecho la LOPS, como se ha hecho el estatuto marco —al que también me referí en mi primera intervención, senadora Llinares, aunque usted no me escuchara en aquel momento—. En definitiva, por unanimidad es como se sacan mejor las leyes, sobre todo aquellas que afectan a los profesionales sanitarios. El Sistema Nacional de Salud es una de las joyas de la corona y nosotros queremos preservarlo. Creemos que ya que las cosas se van superando se puede llegar a este tipo de acuerdos y es el momento oportuno. Vuelvo a insistir en que hay contar con la buena voluntad de todos los grupos políticos, porque sin eso desde luego nuestros profesionales, que son de todos los colores políticos, no podrán ver hecho realidad algo a lo que tienen derecho por ley. Si no les gusta, tuvieron ustedes ocho años para haber hecho modificaciones legales. Ahora parece que les molesta que el Partido Popular haga reformas o haga modificaciones legales. Nosotros estamos aquí para trabajar hasta el último día y hasta el último momento por los españoles, también por los profesionales sanitarios. Les invitamos a que participen de esta política de acuerdos que benefician a los profesionales, al Sistema Nacional de Salud y a todos nosotros, porque todos nosotros en cualquier momento podemos ser usuarios de ese sistema sanitario y podremos ser atendidos por alguno de esos profesionales sanitarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 141; en contra, 1; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 662/000201 GPP

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Vasco, una del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, puede que algunos de ustedes vean esta moción como una simple repetición de otra, también sobre Unión Europea, que debatimos y aprobamos aquí el pasado 13 de mayo. Las coincidencias son evidentes, pero la razón de ser de la que hoy presenta mi grupo es la de celebrar con una iniciativa específica el trigésimo aniversario de la firma de la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, al mercado común, como se le decía entonces.

Esta semana y la pasada se están celebrando diferentes actos que conmemoran aquella importante fecha del 12 de junio de 1985, y mi grupo ha estimado que era deseable que el Senado se uniera a estas celebraciones con una iniciativa como la que presentamos, que espero merezca el apoyo de todos los grupos de la Cámara.

Hoy mismo he leído en la prensa que hay un acto de S. M. el Rey Felipe VI, en compañía del también Rey don Juan Carlos, que tanto hizo por la integración de España en Europa, precisamente para celebrar este trigésimo aniversario. Hablamos entonces de cuánto había significado para España el ingreso en lo que hoy es la Unión Europea, y voy a tratar de no repetirme, para lo cual intentaré hacer la pequeña historia del proceso de adhesión que, sin duda, representa un punto de inflexión fundamental en la historia contemporánea de nuestro país.

Debe subrayarse que para la inmensa mayoría de los españoles el profundo anhelo reprimido de libertad y democracia durante la dictadura estuvo siempre asociado a la esperanza de integrarnos en la Europa comunitaria. La dictadura incluso contribuyó torpemente a ello cuando en febrero de 1962 el entonces ministro de Exteriores, Castiella, envió una carta al presidente de turno de las Comunidades, Couve de Murville, solicitando la apertura de negociaciones para llegar a una asociación susceptible de lograr en su día una plena integración, nada menos. Aquella carta quedó sin respuesta, aunque sí fue objeto de un protocolario acuse de recibo. Solo unos días antes, el 15 de enero —y por ello he aludido a la torpeza de aquel Gobierno—, el Parlamento Europeo había aprobado el informe Bilkerbach que trataba de cuáles serían las condiciones que debían reunir los candidatos a integrarse en la Comunidad Europea, y aparte de otros aspectos, había un significativo párrafo que les leo: Los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones gubernamentales ni directamente ni mediante representantes elegidos libremente no pueden ser admitidos en el círculo de pueblos que forman las Comunidades Europeas. Muchos comentaristas entonces concluyeron que era evidente que el informe, o al menos ese párrafo, se había redactado pensando en España y Portugal. Quedaba claro que la dictadura era el gran obstáculo, no solo para que los españoles pudieran ejercer las libertades públicas, la democracia, sino también para que España ingresara en la Europa comunitaria, y así es como se unen Europa y libertad.

Aquel Gobierno de España volvió a solicitar la apertura de conversaciones, pero ya no hablaba de asociación, sino de compromisos posibles, y ahí se inicia un largo proceso que iba a durar seis años y que concluyó con la firma del acuerdo preferencial de 29 de junio de 1970 que entró en vigor el 1 de octubre de 1971. Era un simple, aunque beneficioso acuerdo comercial, similar a otros firmados por las instituciones de Bruselas con terceros países, pero quedaba bien a la vista que políticamente el franquismo nunca podría integrarse en el exclusivo club comunitario.

Concluida la dictadura, el primer Gobierno no dejó de tener obstáculos en el ámbito europeo. El ministro de Exteriores Areilza hizo grandes esfuerzos, pero eran contrapesados por las palabras del presidente del Gobierno de entonces, Arias Navarro, que hablaba de una democracia con características españolas, sin renunciar a nuestras tradiciones, y atribuía la Guerra Civil a obstinarnos en organizar nuestra vida política a imagen y semejanza de otros países occidentales con diferente tradición política. Era evidente que aquello no encajaba en Europa. Una revista de aquella época titulaba: Arias lo para todo. Y Areilza escribió años más tarde lo siguiente: Mi pronóstico de que el tránsito español iría encaminado a la democracia plural con partidos políticos, sufragio universal y libertades cívicas plenarias era escuchado con reticencia escéptica en Londres, La Haya y Copenhague; con beneplácito en Bruselas, París, Dublín y Roma; y con entusiasmo cooperativo en Bonn y Luxemburgo.

Tras las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977, empezaron a clarificarse las cosas de una manera bastante notable, sobre todo después de que fue aprobada la Constitución de 1978, pero las dificultades no desaparecieron. Alguien ha escrito, con toda razón, que el presidente francés, Giscard d?Estaing, hizo todo lo posible por dificultar y retardar la entrada de España en la Comunidad Europea. El ministro de Exteriores español, Oreja, que había presentado ya la solicitud de adhesión el 28 de julio de aquel mismo año 1977, comentó en algún momento que Giscard se portó muy mal con España. Hubo que esperar dieciocho meses después de enviada la solicitud de adhesión para que el 5 de febrero de 1979 se celebrase la ceremonia formal de iniciación de las que habrían de ser largas y complejas negociaciones; y habrían de pasar otros siete meses hasta que en septiembre de 1979 se inicia el análisis de los diferentes capítulos del proceso negociador.

Por delante de los países ibéricos, Grecia —otro país mediterráneo— sería miembro de pleno derecho desde el 1 de enero de 1981 gracias al apoyo de Giscard a Karamanlis, lo que añadía nuevas dificultades para España y Portugal, que tuvieron que esperar todavía más de un lustro. Se nos miró con lupa y exigiéndonos cesiones importantes. Para Grecia todo fue mucho más fácil; se podría decir, por lo tanto, que se hizo la vista gorda con lo que ya eran sus patentes insuficiencias, denunciadas ya entonces por la prensa internacional. Los resultados de aquella ceguera voluntaria están a la vista. Tuvimos —es verdad— el apoyo constante de Alemania, y vale la pena recordarlo; dos Helmut, primero el socialdemócrata Helmut Schmidt y después el cristianodemócrata Helmut Kohl, lucharon contra ese obstruccionismo, que no desapareció inmediatamente pero que fue rápidamente superado. El empuje al final del proceso lo llevó a cabo el presidente Felipe González que, gracias a sus buenas relaciones con los políticos alemanes, llegó a la conclusión de que los dos grandes temas de la política exterior española: la adhesión a la Comunidad Económica Europea y la permanencia en la OTAN, donde España estaba desde 1981, estaban mucho más relacionados de lo que pensaban ciertos sectores de la opinión pública española. No en vano, el informe Birkelbach —al que me he referido al principio— señalaba como otra de las condiciones exigibles a los candidatos, literalmente, la participación en los sistemas de seguridad occidentales y no practicar una política de neutralidad estricta. OTAN y Europa estaban mucho más unidos de lo que parecía a primera vista, y se explica así que, tomando nota de todo ello, el presidente González presentó el 23 de octubre de 1984 en el Congreso de los Diputados el llamado Decálogo de paz y seguridad que, aunque no hablaba de la Comunidad Europea, sí contenía un compromiso con la desaparecida unión de la Europa occidental, un organismo de defensa y seguridad, y en general una voluntad de permanencia a la Alianza Atlántica y de vinculación con el sistema occidental de defensa. Aquello sin duda despejó incógnitas y malos entendidos y aceleró las negociaciones de adhesión haciendo posible que el 12 de junio de 1985, hace ahora treinta años, se firmara en la sala de columnas del Palacio Real el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, y es para celebrar aquel acontecimiento, que es un hito, un punto de inflexión indudable y positivo, como ya he dicho, por lo que presentamos al Pleno esta moción. En la exposición de motivos hacemos un breve repaso de lo que hemos recibido de la Unión Europea y también de lo que hemos aportado, y el petitum de la moción consta de seis puntos inicialmente, donde se insta al Gobierno a conmemorar en toda España los logros del proceso de construcción comunitaria y sus efectos positivos para nuestro país, a impulsar iniciativas y proyectos de divulgación que contribuyan a afianzar el sentimiento europeísta, a apostar por proyectos educativos y culturales que consoliden la ciudadanía europea, a promover el conocimiento entre los ciudadanos de los modos de acceso a las instituciones de la Unión, a consolidar el papel de la Unión Europea como referente en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la promoción de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, y finalmente, a fomentar el desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo con el objeto de promover un sistema internacional basado en la cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial.

Hace ya muchos años, nada menos que en 1930, Ortega y Gasset, uno de nuestros grandes europeístas del siglo XX, escribía: La unidad de Europa no es una fantasía, sino que es la realidad misma, y la fantasía es precisamente lo otro, la creencia de que Francia, Alemania, Italia o España son realidades sustantivas y distintas. Y añadía: Ahora se va a ver si los europeos son también hijos de la mujer de Lot y se obstinan en hacer historia con la cabeza vuelta hacia atrás. Desgraciadamente los europeos se obstinaron y a los pocos años Europa se deslizó por el terrible abismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ochenta y cinco años después de aquellas palabras, aquella, podríamos decir, profecía de Ortega, que fue primero frustrada, como hemos dicho, se hizo realidad, pues treinta años después de nuestro ingreso en lo que es hoy la Unión Europea reafirmamos nuestra voluntad de avanzar hacia una unión más perfecta que consiga para Europa el lugar que se merece en el mundo. Yo estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara comparten estas convicciones europeístas y también los objetivos que se pretenden con esta moción. Europa ha sido siempre nuestro horizonte y lo tiene que seguir siendo, necesitamos a Europa y Europa nos necesita. Por todo ello, señorías, les solicito el voto favorable a esta moción que presenta mi grupo ante este Pleno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Muñoz-Alonso.

A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos los grupos, excepto el Grupo Parlamentario Mixto. Es decir, decaen las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, así como las presentadas por Convergència i Unió, por Entesa y por el Grupo Socialista.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos oído con atención la intervención del senador Alejandro Muñoz-Alonso. Nos imaginamos que si él hubiera sido redactor de la moción presentada hubiera tenido algunas calorías de más. Es una moción que se ha enriquecido con las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por nuestro propio grupo parlamentario, porque en el asunto europeo se tiende mucho a la retórica, a decir lo buenos que somos, lo buena que es Europa, lo maravilloso que es ese espacio común, esa libertad de desplazamiento de capitales, de personas, etcétera. En fin, se nos llena la boda de grandes frases.

En primer lugar, voy a defender aquí esas dos enmiendas, sobre todo porque es la esencia de lo que hemos presentado. Ustedes saben que el Congreso de los Diputados tiene la primacía a la hora de hacer política porque, fundamentalmente, allí se elige al presidente del Gobierno o a la presidenta del Gobierno en el futuro, pero también se celebran los debates no solamente de investidura, sino también sobre el Estado de la nación. Igualmente se celebran debates cada seis meses después de cada cumbre comunitaria; la cumbre comunitaria ha sido presidida por el Gobierno de Riga, y en este semestre, que se inicia el 1 de julio, va a ser presidida por Luxemburgo, y, lógicamente, antes y después suele haber reuniones en la Comisión Mixta Congreso-Senado para hablar de los planteamientos que se van a hacer en estas cumbres comunitarias. Y el presidente del Gobierno tiene la obligación de comparecer antes las Cámaras, pero lo hace solo ante el Congreso, y nosotros decimos: ¿y por qué solo ante el Congreso? ¿Por qué no viene aquí, al Senado? Parece que seamos el patito feo.

Señorías, estaba comentando con el portavoz de mi grupo que ayer ocurrió aquí un hecho insólito, hubo una bronca fuerte. ¿Ustedes han visto alguna línea en el periódico? No, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si esa bronca hubiera ocurrido en el Congreso? Pues, indudablemente, hubiera abierto todas las portadas y todos los informativos. Es decir, sabemos que no es una Cámara de segunda lectura sino de octava lectura, sabemos cuál es su protagonismo, sabemos que a los periodistas les importa un pito lo que ocurra en esta Cámara, salvo cuando a ellos les interesa o cuando viene el Gobierno. Pero, indudablemente, esta Cámara existe y aquí se puede hacer el seguimiento de los temas europeos mejor que en el Congreso de los Diputados, incluso una de las iniciativas de la reforma del Reglamento del Senado debería ser que los debates europeos tuvieran lugar aquí y la trasposición de las directivas comunitarias se discutieran en esta Cámara con mayor sosiego, con mayor detenimiento y con mayor protagonismo, y que viniera aquí el presidente del Gobierno.

Esta enmienda ha sido aprobada inmediatamente por el senador Alejandro Muñoz-Alonso, que lleva muchos años tratando de que esta iniciativa se haga también en el Senado. Estamos satisfechos de ello, y además tengo que decir, como miembro de la ponencia de la reforma del Senado, que en el punto 14 habíamos planteado el tema de la Unión Europea, y no solamente para los debates después de las cumbres comunitarias, sino también para la creación de una comisión europea y la eliminación de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea con objeto de dar muchísimo más protagonismo a esta Cámara. No sé si va a prosperar o no esta iniciativa, pero está contemplada en el borrador de ponencia de cambio del Reglamento de esta Cámara como consecuencia de aquella moción que se aprobó al inicio de la legislatura.

En segundo lugar, hemos presentado otra iniciativa diciendo que Europa no se va a lograr si no se cede o no se comparte soberanía. Volviendo un poco al viejo debate que tenemos con el senador Muñoz-Alonso de cómo se hace una tortilla de patatas, les diré que para que una tortilla de patatas se haga, indudablemente tiene que haber patatas y estas tienen que ser buenas, y ojalá sean patatas de Álava, pero también hay que romper huevos, porque si no, no hay tortilla de patatas. Esa Europa no se va a construir si no se cede y se comparte soberanía, y lo estamos viendo todos y cada uno de los días.

Fíjense ustedes en la noticia que aparece en El País. Resulta que los norteamericanos van a desplegar 250 tanques en el este de Europa, concretamente en Polonia, Rumanía y los Países Bálticos, y la noticia la da el secretario de Defensa Ashton Carter, que dice que el este de Europa no está suficientemente protegido. No la da una autoridad europea, la da el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos porque, lógicamente, Polonia, Rumanía y los Países Bálticos están nerviosos. Es decir, no tenemos una política de defensa, y una política de defensa en Europa, en un espacio europeo es fundamental. Hay que ceder soberanía para no tener 28 ejércitos bonsáis que no sirven más que para desfilar de vez en cuando y mal. No existe esa política de defensa porque los norteamericanos tienen que trasladar 250 tanques al este de Europa. Eso es lo que nosotros decimos cuando hay que ceder y compartir soberanía.

También hablamos de la política exterior, porque, a fin de cuentas, unos Estados interpretan que Europa tiene que ser una unión de Estados, otros de regiones, etcétera, pero fundamentalmente es un espacio de libertad y es un espacio que tiene que tener una política exterior común. Ayer, nosotros le hicimos una pregunta al ministro de Exteriores —que la verdad es que es un personaje bastante disperso— sobre por qué no hacer un Plan Marshall para África, y nos contestó como ustedes escucharon. Salió por peteneras, como siempre, diciendo que yo en lugar de decir que el presidente de la Comisión había sido José Manuel Dura͂o Barroso, le había llamado Antonio Barroso. ¡Fíjese qué cosa más importante! Me equivoqué, porque el presidente del Centro Andaluz de Barakaldo, donde he hecho campaña, se llama Antonio Barroso. Las tonterías de este hombre son continuas. No hemos tenido en estos cuatro años una política europea de verdad. Esta política exterior debía haber sido una política común en relación con los derechos humanos en Venezuela; una política común en relación con lo que va a ocurrir en Gran Bretaña, con su referéndum dentro de poco; una política común con Ucrania, porque parte de culpa de lo que ha ocurrido en Ucrania, Crimea y Rusia la ha tenido Europa por su dejación y por los movimientos que ha hecho; una política común con lo que ha ocurrido en Nepal. ¿Existe Nepal? Pues sí, existe Nepal, hay una serie de seres humanos abandonados a su suerte y ya no sabemos nada. Una política sobre inmigración, pues sobre este asunto solamente hablamos de fronteras, de gente que se ahoga en esas terribles luchas por la vida de todos los africanos que huyen del hambre y de la persecución política y, sin embargo, solamente hablamos de Ceuta y de Melilla y de la inmigración, que no sabemos qué hacer con ella, y de los cupos, en lugar de hacer una política africana hacia África para que la gente no se tenga que marchar.

Podríamos hablar así de muchos temas. Por ejemplo, una unión económica y monetaria y una unión bancaria. Si hubiera habido una unión económica, monetaria y bancaria, indudablemente la crisis de Grecia no se habría producido, y no se habría producido porque California es la novena economía de Europa y es un Estado norteamericano quebrado, pero existe la Reserva Federal. ¿Alguien se ha enterado de que California está quebrada? No, y fíjese lo que supone California en Estados Unidos. En cambio, con Grecia, que es el 2,5 del PIB europeo, estamos todos en un ay porque el señor Tsipras se anda paseando por todos los Gobiernos europeos y el señor Varufakis con su moto y su casco está haciendo una política muy rastrera en relación con lo que se habían comprometido en una campaña electoral, pero haciendo política con los fondos de los demás. Eso no habría ocurrido si hubiera habido una unión económica y monetaria. Y necesitamos una política común energética, eso es fundamental, y, sobre todo, tener un cielo europeo.

El otro día, cuando compareció en la Comisión Mixta, el secretario de Estado Íñigo Méndez de Vigo nos habló de la importancia de la agenda digital europea y de los problemas que tiene con los contenidos y con los derechos de autor. Pero llevamos tiempo hablando de la agenda digital europea. Los Estados Unidos tienen una agenda digital europea única y en Europa hay veintiocho agendas digitales. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque no se comparte soberanía, porque no se cede soberanía, porque no hay una idea europea, salvo la de qué hay de lo mío. Critico a Bruselas porque no me gusta lo que hace y porque no me da lo que yo pido. Pero eso no es europeísmo. Tendría que haber, sobre todo, un etos europeo que habría de ser reafirmado continuamente en unos informativos, por ejemplo, en los de Televisión Española, que es un ente público, o en los de los entes públicos de las comunidades autónomas; entes que deberían tener la obligación de dar por lo menos una noticia sobre temas europeos, porque el 70 % de la legislación que de alguna forma afecta a nuestra vida diaria se aprueba en Bruselas o en Estrasburgo y no se aprueba en los parlamentos llamados estatales o nacionales o como quieran ustedes; y no tenemos medios de comunicación que lo hagan.

A mí me ha tocado vivir durante estos años con ministros de Asuntos Exteriores de todo tipo, con los ministros Morán, Solana, Ordóñez, Westendorp, Matutes, Piqué, De Palacio, Moratinos, Trinidad Jiménez y García-Margallo. Quizás los más europeístas y los que mejor lo han hecho han sido Francisco Fernández Ordóñez y Josep Piqué y los peores, indudablemente, Ana de Palacio y José Manuel García-Margallo, que ha utilizado la política exterior para hablar de Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente, termino.

Quería despedirme con un saludito al señor García-Margallo, que lo ha hecho francamente mal. La verdad es que las ideas que esboza para una política exterior española no son muy europeas, a pesar de que él dice que se considera federalista y de que el federalismo es lo que tiene que primar a la hora de avanzar en la construcción europea. Nosotros hemos cedido en la negociación con el senador Alejandro Muñoz-Alonso; hemos presentado una enmienda conjuntamente que, lógicamente, vamos a aprobar; felicitamos, por tanto, al senador Muñoz-Alonso; y ojalá que algún día le hagan ministro de Asuntos Exteriores que lo hará bien y no como la calamidad que tenemos en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies senyor president.

Senyores i senyors senadors. Ho ha recordat el senador Muñoz-Alonso a l’inici de la seva intervenció, i és que a penes fa cinc setmanes vam tenir l’oportunitat de debatre una moció molt similar en aquesta Cambra sobre la Unió Europea, presentada per ell mateix. Una moció que en aquell moment ja vàrem qualificar de manifestament insuficient, una moció que era tèbia, la moció que ens ocupa avui, algú l’ha qualificat de gasosa, en definitiva estem també davant d’una moció mancada d’un contingut rellevant. Hagués estat bé que el compromís que el senador Muñoz-Alonso va adquirir en el debat al que estem fen referència, d’impulsar una moció conjunta de tots els grups parlamentaris, compartint la nostre voluntat europeista i que realment tingués un fort contingut. Sabem que no ha estat responsabilitat seva, que ha estat iniciativa del grup, però en qualsevol cas, hagués estat una bona ocasió, amb motiu del trentè aniversari de l’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees, haver aprofitat per realment poder prendre un acord solemne al Senat d’Espanya, precisament de caràcter europeista, però sobre tot, no sols parlant de què hem de fer pedagògica d’això que representa la Unió Europea, sinó sobre tot fent una aposta també per el futur de la Unió Europea, una aposta que passa per un avenç i per una modificació, precisament d’això que representa la Unió Europea en l’actualitat. Perquè no n’hi ha prou amb la trajectòria, la trajectòria de pertinència d’Espanya a la Unió Europea, la pròpia trajectòria de la Unió Europea és força positiva, ha estat molt important precisament per el conjunt dels vint-i—vuit països que la formen i que s’han anat adherint en diferents moments, ha esta molt important per Espanya, hi ha gent avui que des d’una posició euroescèptica qüestiona aquesta importància, res més lluny de la realitat: ha estat molt important per Espanya l’adhesió a la Unió Europea i estem segurs que el nostre futur passa per continuar formant-ne part, d’una Unió Europea que la volem precisament més integrada, una Unió Europea que volem que sigui una veritable unió política, una Unió Europea que volem que realment cohesioni el conjunt del països del vell continent europeu.

La moció parla, com parlava l’altre moció de referència, de fer una certa pedagogia dels valors que representa Europa, que representa la Unió Europea. Estem d’acord, fer-ne difusió, fer promoció, impulsar el coneixement del què representa la Unió, sense cap mena de dubtes, és important, encara que no és suficient. Però sobre tot, una qüestió molt important avui és combatre la creixent desafecció cap a la Unió Europea. A Espanya sempre hem presumit de que som un dels països on la societat espanyola és de les més europeistes del conjunt de la Unió. Però com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica que estem patint, la desafecció ha anat incrementant-se en el si de la societat espanyola. Una part important dels nostres conciutadans han caigut en el parany d’identificar les conseqüències de la crisi com una conseqüència de les polítiques europees, que hi ha una part de veritat en això, però evidentment la crisi va molt més enllà del que han estat les polítiques de la Unió Europea. Unes polítiques que han primat l’austeritat per sobre del creixement, que han primat l’austeritat per sobre de la cohesió social i unes polítiques, per tant, que certament han perjudicat els sectors més dèbils de la societat europea. Per això, per combatre la desafecció, el que cal i és molt important, és reforçar i garantir l’estat del benestar, reforçar i garantir la plena ocupació, reforçar i garantir precisament la cohesió de la societat europea. És per aquí on farem més política a favor de la Unió Europea, no sols amb campanyes de promoció, de publicitat, de pedagogia si es vol, però en qualsevol cas, campanyes informatives. El que cal és canviar les polítiques, avançar en polítiques com l’actual Comissió Europea sembla que està impulsant, almenys parcialment, amb el pla Juncker i d’altres, que són polítiques d’intentar afavorir el creixement i sobre tot de mantenir allò que és una característica de la Unió Europea, que és l’estat del benestar, aquesta sanitat universal, aquesta educació universal i gratuïta, tot el que és la base de la societat europea i que és un model que, evidentment és vàlid per exportar a la resta del món. És per això que havíem plantejat una esmena en aquest sentit, que li agraeixo al senador Muñoz-Alonso que l’hagi recollit i integrat a la transaccional, que finalment hem arribat a signar la gran majoria dels grups d’aquesta Cambra.

Així mateix, Europa, i així ho defineix el Tractat de la Unió Europea, igual que és l’origen de l’estat del benestar, és també un espai de llibertat, de seguretat i de justícia. Aquest és un dels objectius clars que el Tractat Constitutiu de la Unió Europea planteja: precisament que la societat europea sigui un espai on la llibertat, la seguretat i la justícia estiguin garantides. Tres valors que van íntimament lligats. No pot haver-hi llibertat sense seguretat i sense justícia no es pot ser lliure. Si un no se sent segur i no te garantit un tracte just, igual que no hi ha seguretat sense llibertat i sense justícia, o no hi ha justícia sense llibertat i seguretat. Això és molt important, és molt important la garantia que dins les fronteres de la Unió Europea estiguin garantits aquests tres valors. Però també és important que Europa es constitueixi en un referent global, en un referent universal, precisament d’aquests valors. És important que Europa sigui un referent global en matèria de llibertats i de drets humans. Allò que configura una part important de la tradició europea, de l’Europa moderna, que és on sorgeix l’idea de les llibertats, l’idea dels drets humans, és profundament europea. Europa ha de ser un referent universal en aquest sentit, però ha de ser un referent universal fent que aquests valors de llibertat i els drets humans s’impulsin i reconeguin arreu del món. Per això havíem plantejat un altre esmena en el sentit de que això es fes també en el marc d’impulsar el concepte de justícia universal. Aquest concepte que la majoria del Partit Popular a les Corts Generals, en aquestes Corts, tant al Congrés con al Senat, va fer que es modifiqués i que Espanya hagi deixat d’aplicar aquest principi de justícia universal. És molt important que Europa sigui un referent i és important que des d’Europa precisament, es participi i s’impulsi el respecte als drets humans i a les llibertats arreu d’aquest món globalitzat. Com també és important el caràcter d’acollida d’Europa, aquesta Europa de la llibertat, de la seguretat i de la justícia ha de ser un continent acollidor, ha de ser un espai acollidor des del moment que tenim la gran crisi humanitària dels refugiats. És un greu problema humanitari, un gravíssim problema humanitari que fa que totes les setmanes assistim a la noticia recurrent, dramàticament recurrent, de que han hagut naufragis, han hagut morts, centenars, milers de morts, de gent que fugen de condicions terribles de guerra, de persecució, de fam, en els seus països d’origen i que intenten accedir al Continent Europeu. A Europa fins avui no hem estat capaços de donar resposta a aquest drama humanitari, no hem estat capaços d’estar a l’alçada d’allò que se suposa que ha de ser la societat europea. Ha de ser aquest espai de llibertat, de drets humans, aquest espai de seguretat i de justícia, també per els perseguits, també per a la gent que pateixen persecució i que demanen protecció i asil al conjunt de la Unió Europea. No és acceptable per tant una frase que hi ha al preàmbul de la moció, on es diu que se apuesta por una gestión eficiente de los flujos migratorios. Una gestió eficient dels fluxos migratoris parla, en definitiva d’un concepte econòmica, fins on arriba el pressupost. Una qüestió humanitària no es pot tractar, una gravíssima crisi humanitària com aquesta no es pot tractar en funció d’allò que marca el pressupost. Cal posar els recursos necessaris per poder fer aquesta política d’acolliment que és el que en definitiva hauria de fer la Unió Europea.

Vaig acabant. És important també apostar, ho deia el senador Anasagasti fa un moment, reforçar precisament la política de seguretat i defensa comuna. És una de les grans mancances de la Unió Europea. En aquest moment que tenim una greu crisi, amb dos problemes importants de seguretat, de defensa, tant a l’Europa Oriental, com al Pròxim Orient i al Mediterrani, que afecta d’una manera especial a Espanya, Europa continua mancada d’aquesta política comuna de defensa. Parlem de seguretat i de defensa, es parla de mesures antiterroristes internes, però en realitat e què s’hauria de fer és ser capaços de ser un actor global, un actor internacional, amb una política de defensa que ens permeti intervenir i actuar i tenir força política precisament allà on s’està generant el conflicte, com és el Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica, per precisament garantir aquesta seguretat que la societat europea reclama i contribuir també a la seguretat mundial. És una de les grans mancances i que s’haurà de resoldre.

I finalment hem d’apostar perquè Europa, i això sí que ho recull parcialment la moció, i és important, s’acabi convertint en una gran unió política de tall federal, una unió política de caràcter federalitzant, una unió política federal, que realment és el que ha de ser el futur de la Unió Europea.

Per tot això, i malgrat les mancances, votarem favorablement la moció que avui es sotmet a votació.

Gràcies senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el señor Muñoz-Alonso ha recordado al inicio de su intervención que hace apenas cinco semanas tuvimos la oportunidad de debatir una moción muy parecida en esta Cámara sobre la Unión Europea presentada por él; una moción que en aquel momento calificamos de manifiestamente insuficiente; una moción tibia; también hoy, alguien ha calificado a la moción que nos ocupa de sosa; estamos ante una moción a la que le falta un contenido relevante. Hubiese estado bien que la moción, puesto que el senador Muñoz-Alonso adquirió en el debate al que estamos haciendo referencia el compromiso de impulsar una moción conjunta con todos los grupos parlamentarios que compartieran nuestra voluntad europeísta, hubiese tenido realmente un contenido fuerte. Sabemos que no ha sido responsabilidad suya; ha sido iniciativa de su grupo, pero, en cualquier caso, hubiese sido una buena ocasión de llegar, con motivo del XXX aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, a un acuerdo solemne en el Senado español de carácter europeísta; para que no hablemos solo de que tenemos que hacer pedagogía sobre lo que representa la Unión Europea, y sí de hacer una apuesta de futuro para la Unión Europea; una apuesta que pase por un avance, por una modificación de lo que representa la Unión Europea en la actualidad porque no es suficiente con su trayectoria de hoy. La trayectoria de España en la Unión Europea, la propia trayectoria de la Unión Europea es muy positiva, y ha sido muy importante para España y para el conjunto de los veintiocho países que la formamos y que se han ido adhiriendo en diferentes momentos. Hay gente hoy que, en su posición euroescéptica cuestiona esta importancia; nada más lejos de la realidad; para España ha sido muy importante esta adhesión a la Unión Europea, y estamos seguros de que nuestro futuro pasa por continuar formando parte de una Unión Europea que queremos más integrada, de una auténtica unión política que cohesione el conjunto de los países del viejo continente europeo.

La moción habla, sobre todo, igual que la otra moción de referencia, de hacer promoción, de hacer una cierta pedagogía de los valores que representa Europa, que representa la Unión Europea. Estamos de acuerdo. Hay que hacer difusión y promoción; hay que dar a conocer lo que representa la Unión sin ningún tipo de dudas; es importante, aunque no suficiente. Pero hoy una cuestión muy importante es combatir la creciente desafección a la Unión Europea. En España siempre hemos presumido de que somos uno de los países con una sociedad más europeístas, de las más europeístas del conjunto de la Unión, pero la desafección, como consecuencia de los efectos de la crisis económica que estamos sufriendo, ha ido incrementándose en el seno de la sociedad española. Una parte importante de nuestros conciudadanos han caído en la trampa de identificar las consecuencias de la crisis con la aplicación de las políticas europeas. Hay una parte de verdad en ello, pero, realmente, la crisis va mucho más allá de lo que han sido las políticas de la Unión Europea; unas políticas que han primado la austeridad por encima del crecimiento, que han primado la austeridad por encima de la cohesión social; unas políticas que, ciertamente, han perjudicado a los sectores más débiles de la sociedad europea.



Para combatir esta desafección es muy importante reforzar y garantizar el Estado del bienestar, reforzar y garantizar la plena ocupación, y reforzar y garantizar la cohesión de la sociedad europea. Por este camino es por donde tenemos que ir porque haremos más política a favor de la Unión Europea que no solo con campañas de promoción, de publicidad, o con pedagogía, si se quiere; campañas informativas en cualquier caso. Lo que es necesario es cambiar las políticas, avanzar con políticas como las que está impulsando la actual Comisión Europea, al menos parcialmente, con el plan Juncker y otros, con políticas para intentar favorecer el crecimiento y, sobre todo, para mantener una característica de la Unión Europea: el Estado del bienestar, la sanidad universal, la educación universal y gratuita, y todo lo que significa la base de la sociedad europea, que es un modelo que, evidentemente, es válido para exportar al resto del mundo. Por eso, hemos presentado una enmienda en este sentido que agradezco al señor Muñoz-Alonso que haya recogido e integrado en la transaccional, una transaccional que finalmente hemos llegado a firmar la gran mayoría de los grupos de esta Cámara.

Asimismo, Europa —y así lo define el Tratado de la Unión Europea—, igual que es el origen del Estado del bienestar es también un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Este es uno de los objetivos claros que el Tratado Constitutivo de la Unión Europea precisamente plantea, que la sociedad europea sea un espacio en el que la libertad, la seguridad y la justicia estén garantizadas. Son tres conceptos, tres valores, que van íntimamente vinculados. No puede haber libertad sin seguridad y sin justicia no se puede ser libre. Si uno no se siente seguro y no tiene garantizado un trato justo no se puede ser libre; igual que no hay libertad sin justicia, no hay justicia sin libertad y seguridad. Esto es muy importante. Es muy importante que dentro de las fronteras de la Unión Europea estén garantizados estos tres valores, pero también es importante que Europa se constituya en un referente global, universal, precisamente, de estos valores. Es importante que Europa sea un referente global en materia de libertades y de derechos humanos, materia que configura una parte importante de la tradición europea de la Europa moderna, pues es en Europa donde surge precisamente la idea de las libertades, de los derechos humanos; una idea profundamente europea. Europa, como digo, tiene que ser un referente universal en este sentido, pero ha de serlo haciendo que estos valores de libertad y de derechos humanos se impulsen y reconozcan en todo el mundo. Por eso, hemos presentado otra enmienda para impulsar el concepto de justicia universal; un concepto que la mayoría del Partido Popular en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, hizo que se modificara y que España, precisamente, ha dejado de aplicar.

Es muy importante que Europa sea un referente y que participe en el impulso y en el respeto a los derechos humanos y a las libertades en todo este mundo globalizado. Como también es importante su carácter de lugar de acogida. Esta Europa de las libertades, de la seguridad y de la justicia tiene que ser un continente y un espacio acogedor en un momento en que tenemos una gran crisis humanitaria de refugiados. Es un gravísimo problema humanitario que hace que todas las semanas veamos noticias recurrentes, dramáticas, sobre naufragios y sobre la muerte de centenares e incluso millares de personas que huyen de condiciones terribles, de guerra, de persecuciones o de hambre, en sus países de origen y que intentan acceder al continente europeo. Hasta hoy, en Europa no hemos sido capaces de dar respuesta a este drama humanitario ni de estar a la altura de lo que se supone que tiene que ser la sociedad europea: un espacio de libertad, de derechos humanos, de seguridad y de justicia, también para los perseguidos, para los que sufren persecución y piden protección y asilo al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, no es aceptable la frase que está en el preámbulo de la moción que dice que se apuesta por una gestión eficiente de los flujos migratorios. Y no lo es porque una gestión eficiente de los flujos habla, en definitiva, de un concepto económico; hasta donde llega el presupuesto. Una gravísima cuestión humanitaria como esta no se puede tratar así, en función de lo que marca el presupuesto. Hay que poner los recursos necesarios para desarrollar esta política de acogida, que es lo que en definitiva debería hacer la Unión Europea.

Voy terminando. También es importante reforzar —el senador Anasagasti hacía referencia a ello— la política de seguridad y defensa común, que es una de las grandes lagunas de la Unión Europea. En este momento, cuando tenemos una crisis grave con dos problemas importantes de seguridad y defensa tanto en la Europa Oriental como en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo que afectan de manera especial a España, en Europa sigue faltando una política común de defensa. Hablamos de seguridad y defensa, de medidas antiterroristas internas, pero deberíamos ser capaces de convertirnos en un actor global, internacional, con una política de defensa que nos permita intervenir, actuar y tener fuerza política precisamente en los lugares en los que se está generando el conflicto, como el Próximo Oriente o el norte de África, para garantizar esta seguridad que la sociedad europea reclama y contribuir también a la seguridad mundial. Esta es una de las grandes lagunas que tenemos que resolver.

Finalmente, hemos de apostar —y esto sí que lo recoge parcialmente la moción y es importante— para que Europa se acabe convirtiendo en una gran unión política de carácter federal. Este tiene que ser realmente el futuro de la Unión Europea.

Por todo ello y a pesar de estas lagunas, votaremos favorablemente a la moción que hoy se somete a votación.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN : Gràcies president.

En primer lloc, el reconeixement al senador Muñoz-Alonso per la seva voluntat de trobar punts de trobada. I mai millor dit i ben fonamentat, doncs el que cal en el discurs d’aquesta moció. Crec que això se li ha de reconèixer, aquesta voluntat d’encontre, que al cap i a la fi és el que hauria de ser el que ens porti avui a debatre aquesta moció que vol ficar en valor aquest trentè aniversari de l’adhesió de l’Estat espanyol a les Comunitats Europees. Des del meu territori, des de Catalunya, sempre ens hem mirat en Europa com un punt de referència. La nostra esperança és Europa. La nostra forma de fer és molt europeista, i després també des del punt de vista del partit que represento, en aquest cas, Unió Democràtica de Catalunya, on els principis fonamentals i programàtics del nostre corpus doctrinal es basen en aquells principis de De Gasperi, Adenauer, Maritain, van aportar el que voldríem que fos aquesta Europa de les persones, aquesta Europa de l’humanisme, aquesta Europa on l’element central d’actuació es el principi de subsidiarietat i l’humanisme entès d’una manera el més extensa possible.

Però anem a fer una mica de memòria d’on hem arribat en aquest trentè aniversari i d’on ve Europa, aquella voluntat de mantenir un espai de pau on, estadísticament, a l’espai europeu cada 50 anys hi havia una guerra; i una de les voluntats inicials i la més principal va ser mantenir un espai lliure de guerres, dins de les possibilitats. Un altre dels elements fonamentals d’aquesta política europea va ser la PAC, aquesta sobirania alimentària que es va crear com a element vertebrador d’un espai europeu. Aquesta sobirania alimentaria que ara se’n torna a parlar, crec que és un dels punts que s’ha de fer esment i s’ha de continuar. A més a més, ha vingut la unió monetària, de forma no complerta, no fa gaire temps es va aprovar la unitat bancària; elements que hem anat parlant en l’anterior moció que vostè mateix va presentar. Ara bé, Europa ha d’esdevenir un espai on hi hagi la compatibilitat entre el creixement i la distribució: el creixement econòmic i la distribució justa, a més d’una exigència de cohesió social. I aquests són punts ineludibles que li agraeixo que en les aportacions que hem fet vostè les ha incorporat, senador Muñoz-Alonso, d’una forma genèrica en aquesta transaccional dels diferents partits polítics. I hem cedit. I hem cedit en aquest cas, tant el grup de Convergència com el d’Unió. Hem cedit, entre d’altres coses, perquè no volíem —com diu aquella expressió catalana—, carregar-li el mort, culpabilitzar, a Europa d’una mancança que ve per part de l’Estat espanyol: que és la possibilitat de reconèixer i d’utilitzar la llengua catalana en les institucions europees; són mecanismes que pertanyen i que estan en mans del Estat o del Govern de l’Estat espanyol de torn. I això no és únicament i exclusiva patrimonialitzable al deure del Partit Popular, la resta de partits polítics que l’han precedit també han anat en aquest línia. És per això que també vull fer esment d’aquesta arrel social-cristiana.

I vull recordar el discurs que va fer el papa Francesc al parlament europeu, que va recollir l’aplaudiment de gairebé totes les forces, la unanimitat de totes les forces parlamentàries, amb la seva visió d’allò què ha representat l’espai europeu a favor dels drets humans, dels drets de les persones, d’allò que ha de fer i d’aquells límits o d’aquells fonaments a què vol arribar. I amb això crec que tots hi estaríem d’acord. Vostè ha parlat de cessió, altres senadors que m’han precedit, doncs també han parlat de cessió. Europa és això, o hauria de ser això, cessió de les competències exclusives dels Estats: transformar una Europa dels estats que es va crear a partir de la pau de Westfalia en una Europa dels pobles, en una Europa on els diferents pobles es poguessin veure representats. Evidentment que ara l’instrument és l’Estat, però cal recordar que segons quins pobles, segons quins territoris —i en aquest cas Catalunya— reclamem, reclamem, perquè dins el nostre ADN català, el nostre esperit és europeista, que hagi aquest espai. I aquest espai ha de ser possible, i ha de ser possible entre d’altres coses perquè qui pot ajudar a aquest reconeixement són els estats. I ha de ser una Europa de les persones, no una Europa dels estats com molt bé ha dit el senador Anasagasti on tothom va a preguntar ¿Qué hay de lo mío? Catalunya és un territori que és un contribuïdor net a Europa. I ho volem continuar sent, però també ha d’haver-hi un retorn, i ha d’haver-hi una coresponsabilitat per part d’aquells estats que conformen l’espai Europeu, perquè dins d’aquests estats hi ha pobles que tenen diferents voluntats d’arribar al seu màxim exponent polític, que cal que siguin representats.

No vull entrar en una qüestió que crec que ahir es va esmentar i que no voldria que fos cavall de batalla. El parlament europeu permet que aquells euroescèptics tinguin veu i tinguin vot. És el màxim estadi de la democràcia. I per això no se’ls titlli de bons o dolents europeus. I això ho dic arrel de les manifestacions que ahir es van fer en aquesta seu parlamentària pel que fa a discriminar —i es va dir així—, els catalans entre bons i dolents catalans. No entrem en aquest debat. Tothom des del seu punt de vista vol fer l’aportació més adequada possible a allò que pot ser millor per aquelles persones que conformen el seu territori. I ahir es va fer una manifestació al respecte d’algunes persones que poden tenir alguna adscripció política, de si eren bons o dolents catalans, com diuen vostès: nego la mayor, i reivindico aquí totes aquelles persones que poden formar part d’algunes organitzacions polítiques que són excel·lents persones i que són excel·lents catalans, i d’altres que són d’altres formacions polítiques que són excel·lents catalans.

Per tant, no entrem en aquest sentit d’exclusió perquè tots prendrem malament. Si volem aquesta Europa de les persones, on tothom que respecti uns límits hi tingui cabuda, jo el que sí que reclamo és que es comenci per baix, i que no entrem a establir diferents categories. Sap quina és la categoria, en aquest cas del poble Català? Que vol ser escoltat i que vol ser preguntat. I quin exercici més democràtic que es pugui fer aquesta pregunta i aquesta qüestió amb la qual se pugui preguntar i puguin ser consultats. Un 80 % de la societat catalana està perquè es pugui consultar i Europa, aquesta Europa democràtica, crec que no es negarà, de cap de les maneres, que hi hagi aquesta consulta i que pugui el poble català amb la seva pròpia sobirania parlar en les urnes, que és la forma, com a mínim, la més civilitzada que hem pogut anar construint entre tots en aquesta situació i en la actualitat.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento al senador Muñoz-Alonso por su voluntad de buscar puntos de encuentro, nunca mejor dicho ni con más fundamento, ya que es algo necesario en el debate de esta moción. Creo que esta voluntad de encuentro tiene que reconocerse, que es, al fin y al cabo, la que debería llevarnos hoy a debatir esta moción que quiere poner de relieve este trigésimo aniversario de la adhesión del Estado español a las Comunidades Europeas. En mi territorio, en Cataluña, siempre hemos tenido a Europa como un punto de referencia. Nuestra esperanza es Europa, nuestra forma de ser es muy europeísta. Para el partido que represento, Unión Democrática de Cataluña, los principios fundamentales y programáticos de nuestro corpus doctrinal se basan en los principios que Gasperi, Adenauer y Maritain aportaron de cara a lo que querríamos que fuese esta Europa de las personas, esta Europa del humanismo en la que el elemento central de actuación es el principio de subsidiariedad y el humanismo entendido de un modo lo más extenso posible.

Pero en este trigésimo aniversario hagamos un poco de memoria para averiguar hasta dónde hemos llegado y de dónde viene Europa; aquella voluntad de mantener un espacio de paz la movía porque, estadísticamente, cada 50 años tenía una guerra; de ahí que una de las principales voluntades fuera mantener un espacio libre de guerras, dentro de las posibilidades. Otro de los elementos fundamentales de esta política europea fue la PAC. Esta soberanía alimentaria, de la que ahora volvemos a hablar, se creó como elemento vertebrador del espacio europeo, soberanía que habrá de continuar. Además llegó la unión monetaria, aunque no de forma completa. Pero no hace mucho se aprobó la unión bancaria; elementos de los que hablamos en la moción anterior que usted mismo presentó. Ahora bien, Europa se ha de convertir en un espacio donde sea compatible el crecimiento económico y una distribución justa, además de una exigencia de cohesión social. Estos son puntos ineludibles; de ahí que agradezco al senador Muñoz-Alonso que haya incorporado nuestras aportaciones de forma genérica en la transaccional firmada por los diferentes partidos políticos. En este caso, tanto el grupo de Convergència como el de Unió hemos cedido, entre otras cosas, porque no queríamos cargarle el muerto —como dice la expresión catalana— o culpabilizar a Europa de una falta del Estado español: la imposibilidad de reconocer y utilizar la lengua catalana en las instituciones europeas; porque los mecanismos para poder hacerlo están en manos del Gobierno de turno del Estado español; pero no es algo patrimonializable, pues tanto el Partido Popular como el resto de partidos políticos que le han precedido en el Gobierno han ido en esta dirección.

También quisiera mencionar la raíz social cristiana y recordar el discurso del papa Francisco, que recogió el aplauso y la unanimidad de casi todas las fuerzas parlamentarias, y su visión de lo que ha representado el espacio europeo a favor de los derechos humanos, de los derechos de las personas, y de aquello que Europa ha de hacer, de los límites y los fundamentos a los que quiere llegar; algo en lo que creo todos estaríamos de acuerdo. Usted ha hablado de cesión, al igual que otros senadores que me han precedido. Porque Europa es esto. Europa es, o debería ser, una cesión de las competencias exclusivas del Estado. Debemos transformar la Europa de los Estados, creada a partir de la paz de Westfalia, en una Europa de los pueblos, en una Europa donde los diferentes pueblos europeos puedan verse representados. Evidentemente, los instrumentos para hacerlo son del Estado, pero hay que recordar que algunos pueblos o territorios —en este caso, Cataluña— reclamamos la existencia de este espacio, porque en nuestro ADN catalán está impreso un espíritu europeísta. Este espacio debe ser posible, entre otras cosas, porque son los Estados los que pueden ayudar a este reconocimiento. Tiene que ser una Europa de las personas, no una Europa de los Estados; aunque, como muy bien ha dicho el senador Anasagasti, todo el mundo puede preguntar qué hay de lo mío. Cataluña es un territorio contribuidor neto de Europa, y queremos continuar siéndolo. Pero también debe haber un retorno, una corresponsabilidad de aquellos Estados que conforman el espacio europeo. Porque dentro de estos Estados hay pueblos que tienen diferentes voluntades, pero la finalidad de llegar a su máximo exponente político, la de estar ahí representados.

No quiero entrar en una cuestión que ayer se comentó porque no querría que fuese caballo de batalla, la de que el parlamento europeo permite que los euroescépticos tengan voz y voto. Es el máximo estadio de la democracia y por eso no se les tilda de bueno o malos europeos. Digo esto a raíz de las manifestaciones que ayer se hicieron en esta sede parlamentaria con relación a discriminar —y se dijo así— entre buenos y manos catalanes. No entremos en este debate. Todo el mundo, desde su punto de vista, quiere hacer la aportación más adecuada posible, la mejor, para aquellas personas que conforman su territorio; pero ayer se tildó a algunas personas que pueden tener alguna adscripción política de ser buenos o malos catalanes. Como ustedes dicen, niego la mayor, y reivindico aquí a todas aquellas personas que pueden formar parte de algunas organizaciones políticas, que son excelentes personas y que son excelentes catalanes; también hay otros que son de otras formaciones políticas y que son excelentes catalanes; por tanto, no hablemos de exclusión porque, si no, nos vamos a lastimar.

Si queremos esta Europa de las personas, donde todo el mundo respete unos límites y donde todos tengan cabida en ella, reclamo que se empiece por abajo, por el principio, y que no establezcamos diferentes categorías. ¿Sabe cuál es la categoría, en este caso, del pueblo catalán? Que quiere ser escuchado; que quiere ser preguntado. ¡Qué ejercicio más democrático que se pueda preguntar y que se pueda consultar! Un 80 % de la sociedad catalana está a favor de que se pueda consultar; y en Europa, en esta Europa democrática, creo que no se le negará de ningún modo al pueblo catalán que hable, en el ejercicio de su propia soberanía, en las urnas, que es la forma, como mínimo, más civilizada que se ha podido construir entre todos en esta situación y en la actualidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción en su conformación inicial tenía seis puntos; en la propuesta final se ha ido afortunadamente a veintiuno. Creo que ahora sí estamos ante una propuesta real.

En el Grupo Parlamentario Socialista estamos satisfechos de esta propuesta final, entre otras razones porque de las nueve enmiendas que hemos presentado se han aceptado ocho. Es verdad que tenemos que lamentar que una, que considerábamos muy importante, no se haya aceptado, pero no se puede pedir todo. Y digo que lo lamentamos porque hemos trabajado en nuestra propuesta para que el sector financiero esté realmente al servicio de los ciudadanos y de la economía real, imponiendo mayores regulaciones en el sector bancario y frenando la especulación financiera. Pero, en fin, insisto en que, globalmente, estamos satisfechos del texto final que sometemos a votación.

Señorías, la historia del proceso de construcción europea viene de lejos si nos atenemos a los valores en los que se sustenta. Es verdad que cuando alzamos la mirada, la vista se nos va a la Segunda Guerra Mundial y a las actuaciones de la posguerra, que marcaron un hito, efectivamente, en lo que ha sido el camino recorrido hasta el día de hoy. Si la referencia de origen última pudiera admitir alguna discusión, sí debemos estar de acuerdo sin ninguna duda con que las diferentes circunstancias del proceso de construcción europea jamás han guardado el mínimo parecido —me remito a unas palabras recientes que el portavoz del Partido Popular, el señor Muñoz-Alonso, ha expuesto desde la tribuna en relación con lo tortuoso que ha sido el proceso de incorporación de España a las comunidades europeas— con unos juegos florales; entre otra razones, porque el proceso de construcción europea jamás ha sido neutral ni lo es en la actualidad. Las comunidades europeas en su momento y la Unión Europea en la actualidad no responden a ningún enfoque neutral, y lo que no es neutral, señorías, es necesariamente beligerante. La Unión Europea no es neutral en lo militar, no lo es en lo económico, y no lo es en lo ideológico tampoco; además, estarán de acuerdo conmigo en que, por desgracia, no se ha superado una cierta concepción hobbesiana del mundo, paradigma que persigue a la humanidad como una maldición.

Debemos interiorizar que no podemos limitar la celebración de la incorporación de España a las comunidades europeas a un brindis, entre otras razones, porque somos parte activa y dinámica de esa realidad en construcción, de ese proceso inacabado, de ese escenario más o menos beligerante según las circunstancias. Transcurridos treinta años de la incorporación de nuestro país, sin perjuicio de celebrar las bondades, que las hay y muchas, parece lógico que, más allá del buenismo que a todos nos apetece, nos enfrentemos a la cruda circunstancia del momento presente con la satisfacción justa y con la exigencia necesaria que la realidad demanda.

La Unión Europea tiene ante sí grandes retos: dejar atrás la recesión y la política de austeridad. Las consecuencias más perversas de esa política han sido el crecimiento de la desigualdad hasta niveles insoportables y el consiguiente deterioro del Estado del bienestar, auténtica seña de identidad de la Unión Europea. Es urgente abordar la evasión y la elusión fiscal junto con la armonización del sistema tributario; la lucha contra el cambio climático; un mercado europeo de la energía que garantice la seguridad, interconexión y diversificación de la misma; la competitividad industrial; y si el mercado energético es una prioridad, no lo es menos el mercado único digital; es urgente abordar y culminar una profunda reforma del sistema financiero mediante un eficaz sistema de supervisión y control que conduzca a las finanzas hacia su auténtica misión; esto es, gestionar el ahorro y facilitar el crédito a las familias y a las empresas.

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos no es cualquier cosa. Todos deseamos su firma, pero no a cualquier precio porque va a condicionar nuestro futuro, y no solo en lo económico, también en lo social, de manera determinante.

Es evidente que la Unión Europea no tiene resuelta la gran cuestión de las migraciones. Fíjense —y para no parecer sospechoso— en lo que ayer escribía en El País la señora Ana Palacios que, como saben, fue ministra de Asuntos Exteriores con el presidente Aznar, vicepresidenta primera del Banco Mundial y en la actualidad miembro del Consejo de Estado: «Si los europeos no actúan unidos ante este reto, un sinnúmero de seres humanos continuará pereciendo en el Mediterráneo y el proyecto europeo acabará desintegrándose.» Así de simple. Esto lo escribía ayer Ana Palacio.

En otro orden de cosas, ¿qué pasa con el yihadismo radical que se extiende desde el Sahel hasta Oriente Medio, y cuyo epicentro es el llamado Estado Islámico? La Unión Europea necesita una política de seguridad.

El fantasma de la guerra fría vuelve a planear sobre la vieja Europa. Ucrania y Rusia son Europa, y su enfrentamiento en esa área puede desestabilizar el conjunto del continente. No olvidemos, señorías —y yo soy optimista por naturaleza— que las guerras entre grandes siempre —siempre— han comenzado por el enfrentamiento entre interpuestos.

Por último, pero no menos importante, no debemos olvidar la cuestión de la unión política y los avances o retrocesos de la legitimidad democrática en el ámbito de la Unión Europea. Señorías, en el tratamiento acertado de estos y otros retos radica el futuro de la Unión Europea y, en gran medida, de todos nosotros. Los ciudadanos europeos debemos ser conscientes de que es en Europa y a través de la Unión como podemos avanzar hacia una sociedad más democrática y más justa; y eso, sin lugar a dudas, es cosa de todos. Por esa razón, cuando el Senado de España pretende hacerse oír con relación a la Unión Europea no lo podemos hacer garbillando agua. Hay mucho que celebrar. Celebremos los treinta años de nuestra incorporación a la Unión Europea, pero hagámoslo con los pies en el suelo. Resaltemos lo positivo, pero seamos muy exigentes con lo que no lo es tanto. La situación tiene mucha tela que cortar, y —permítanme la expresión— ni la situación ni el personal están para juegos florales. Si somos rigurosos seremos creíbles, y entonces sí estaremos acrecentando el europeísmo; y, sinceramente, con esta conformación final de la propuesta creo que lo estamos haciendo. Lo contrario, señorías, sería un flaco favor, a lo que los socialistas no estamos dispuestos a contribuir. Sí estamos, hemos estado y estaremos siempre dispuestos a contribuir, a adquirir un compromiso colectivo en positivo y empujando siempre hacia el futuro de la Unión Europea en la dirección más correcta que todos estimemos, que tendrá que ser siempre la más ampliamente compartida.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, cierra el debate el senador señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Ante todo quiero agradecer a los portavoces que han intervenido en el debate su voluntad de cooperación para llegar a un acuerdo, que al final se ha plasmado en esa larga moción, de 21 puntos, que creo que recoge nuestros diferentes puntos de vista, al menos en sus aspectos más importantes.

Hace treinta años la entrada de nuestro país en la Unión Europea era una empresa común que compartíamos y apoyábamos todos, y no tendría sentido que en este momento, en que queremos celebrar el trigésimo aniversario, no estuviéramos también juntos. Por eso he tenido un especial interés en recoger las valiosas aportaciones de los otros grupos. Además, había una promesa encima de la mesa: cuando el 30 de mayo debatimos otra moción sobre Europa no acepté sus enmiendas, pero les dije que había elementos muy valiosos que en algún momento tendríamos que incorporar. Creo que es oportuno hacerlo en esta ocasión, y me satisface que lo hayamos hecho así.

Me gustaría comentar algunas cosas a los que han intervenido. Siento que no esté aquí el senador Anasagasti, a quien le iba a decir que me parece que no tiene tanto sentido que sea tan cruel con el ministro Margallo porque, al fin y al cabo, ambos proceden de la democracia cristiana. Voy a hacer una broma: se decía en la Roma antigua que los leones se comían a los cristianos, y algún malicioso inventó después —mucho más tarde, claro— que si en vez de cristianos hubieran sido democratacristianos ellos se habrían comido a los leones.



Y le iba a decir al senador Anasagasti: como aquí no hay leones, usted se dedica a morder al otro democratacristiano, que es el señor Margallo. Parece que era un poco su intención. Bromas aparte, creo que entre todos se han hecho buenas aportaciones

El senador Sabaté tenía razón al decir que cuando se habla de una gestión eficiente de la inmigración parece que se está sometiendo la atención a los inmigrantes a una disponibilidad económica. Pues bien, creo que lo hemos compensado con una aportación socialista, cuando se habla de que las vidas están por delante de cualquier otra cosa. La vida exige siempre un esfuerzo adicional mucho más allá de cualquier reflexión de carácter presupuestario.

Al senador Plana le diré que creo que ya he explicado que no podemos pedir que la lengua catalana sea oficial en la Unión Europea porque no lo permiten los tratados de la Unión; solo se permiten las lenguas de los Estados. Pero ustedes saben muy bien que se ha aprobado un procedimiento —es un poco complicado, pero existe— para que los ciudadanos españoles catalanes se puedan dirigir en su lengua a las instituciones europeas. Es decir, el catalán no está ausente de las instituciones europeas, aunque sea por esa vía indirecta.

Por otra parte, senador Plana, usted habla —se lo he oído decir más veces— de una Europa de los pueblos y de una Europa de las personas. Yo personalmente estoy más de acuerdo con lo de las personas que con lo de los pueblos, y además por una razón muy sencilla, y es que el Tratado de Lisboa establece claramente que la Unión Europea es una Unión de Estados y de ciudadanos —son los dos puntos de referencia—, y yo me atengo a lo que está legislado en este momento. ¿Qué puede pasar en un futuro? No lo sé, sería absurdo tratar de adivinarlo, pero, hoy por hoy, son Estados y ciudadanos, y si hablamos de ciudadanos estamos hablando de personas, evidentemente. Por eso digo que estaba plenamente de acuerdo con eso.

Y, senador Ortiz, con respecto al sistema financiero, en estos momentos, en que la unión bancaria está avanzando, y creo que de manera bastante positiva, al convertir al Banco Central Europeo en supervisor único, por lo menos de las grandes entidades financieras, y tras todos los esfuerzos que se han hecho en el ámbito nacional después de los llamados test de estrés o pruebas de esfuerzo o tensión con las entidades financieras españolas, en las que hemos quedado en general bastante bien, en las que nuestro país ha quedado bastante bien situado, creo que eso está funcionando.

En cuanto al asunto de los créditos, nos encontramos con que también se han producido avances muy significativos. Por ejemplo, entre 2012 y 2013 la transferencia de activos a la Sareb aumentó en 20 puntos porcentuales de nuestro PIB, lo que ha contribuido decisivamente al saneamiento de nuestro sistema financiero. Además, las disponibilidades de créditos han aumentado en unos porcentajes bastante altos en los últimos años, sobre todo en los últimos doce o quince meses, tanto para los hogares como para las pymes. Se está avanzando en ese sentido, y por eso me parece que no se puede decir que no se ha hecho nada. Yo agradezco que ustedes pidan más; hay que pedir a Europa, pero tenemos que darnos cuenta de que lo que se ha hecho es inmenso. Les vuelvo a repetir que es la mayor empresa política e histórica del siglo XX, y se ha hecho en este momento con veintiocho Estados plenamente soberanos, cuando poner de acuerdo a todos es tremendamente complicado, lo que se ha ido logrando y haciendo incluso con el presente caso de Grecia, tan complejo y difícil, que parece ser que en estos momentos va por buena vía cuando hace tan solo cuatro o cinco días parecía que estaba llamado al desastre. Por tanto, tenemos que ser relativamente optimistas. Insisto: estuvimos juntos cuando entramos y sería bueno que lo siguiéramos estando.

Quiero también señalar que, en estos momentos, cuando en España se habla mucho de pactos de unas formaciones con otras, pactos que a mí me han llevado en ocasiones —que nadie se ofenda— a recordar aquella máxima inglesa de que la política hace extraños compañeros de cama, me parece conveniente señalar y subrayar que en el Parlamento Europeo, y sobre todo en la Comisión, se trabaja sobre la base de una especie de gran coalición de las dos formaciones numéricamente más importantes: populares y socialistas, y muy a menudo con el apoyo explícito de las terceras: los liberales. Quedan excluidos de ese gran consenso posiciones estrechamente partidistas, los populistas y, por supuesto, las formaciones antieuropeas o euroescépticas, lo que no impide un debate abierto, buen reflejo del pluralismo que existe en nuestras sociedades.

Me gustaría que ese tipo de acuerdo estuviera también presente en nuestro Parlamento, aunque tengo que reconocer —quizás porque estamos en un periodo electoral, con todo lo que eso implica— que me felicito porque hoy hayamos encontrado coincidencias. Pero en otras muchas ocasiones no las encontramos y se ponen de actualidad cordones sanitarios o alargadas sombras de pactos de triste recuerdo que mejor sería no olvidar.

Por otra parte, comparto la crítica a la austeridad, en el sentido de que no puede ser, ni mucho menos, el único elemento a tener en cuenta, pero la aspiración al crecimiento y a la creación de empleo no es exclusiva de nadie, viene de muy atrás. Muchos de ustedes recordarán que el presidente Rajoy, con otros seis jefes de Gobierno de la Unión Europea, hace ya dos o tres años presentó a la Comisión Europea una carta que contenía ocho medidas, en las que no me voy a detener, precisamente para favorecer el crecimiento y el empleo y, por tanto, para compensar las políticas de austeridad. No estamos hablando de una novedad ni de una exclusiva de unos u otros partidos, sino de una aspiración de todos, y como es una aspiración de todos hay que decir algo muy importante. No voy a hablar de herencias, ni siquiera de esas a beneficio de inventario que estudiábamos en Derecho Civil, pero creo que no se puede entender nada de lo que nos ha pasado si no recordamos lo que hace algunos meses decía el primer ministro francés, Manuel Valls: no se puede gastar lo que no se tiene. Y en cierta medida hemos tenido que partir de esa situación desagradable y saber que el dinero ni se cría en los árboles ni se puede pintar, algo tan elemental que a veces se olvida.

Voy a terminar como empezaba, señorías. Nosotros no queremos otra Europa ni una Europa nueva, una frase que, como he dicho en alguna ocasión, tiene resonancias poco gratas. Queremos más Europa, sabiendo muy bien qué se debe y se puede esperar de Bruselas y qué tenemos que hacer nosotros. La voluntad europea no es algo del pasado, y nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo que esté de nuestra parte para hacer realidad el sueño europeo que movió a los artífices de la Transición y al que me he referido en mi primera intervención. Quería aprovechar esta ocasión para celebrar y felicitarnos por el trigésimo aniversario de la firma de nuestra entrada en la Europa comunitaria. Ese era el texto inicial de la moción que está en el Pleno y a la que vamos a dar nuestro apoyo, y agradezco el apoyo que han ofrecido y prometido los demás grupos que han intervenido.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Al no estar firmada la propuesta por todos los grupos, llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación la moción debatida con la transaccional firmada por todos los grupos, excepto el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 218; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PROMOCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. 662/000199 GPMX

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 9.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Según las encuestas del CIS, la corrupción… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor Iglesias.

Por favor, ruego a los señores senadores que no establezcan tertulias en el hemiciclo. Gracias.

Puede continuar, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, decía que, según las encuestas del CIS, la corrupción es la segunda preocupación de nuestros conciudadanos y el primer problema para el 60 % de ellos —el paro lo es para el 75,5 %—. Y no es de extrañar que sea un motivo de preocupación importante en la sociedad española, porque iniciamos el año 2015 con, aproximadamente, 1700 procedimientos judiciales relacionados con la corrupción en marcha. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Los ciudadanos perciben que la lucha contra la corrupción está lastrada, por una parte, por un insuficiente grado de independencia del Poder Judicial y, por otra, por la escasez de medios humanos y materiales con los que cuenta la Administración de Justicia. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio para que se oiga al orador.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Ese sentimiento de que la independencia del Poder Judicial es insuficiente en nuestro sistema político es también motivo de preocupación para los ciudadanos, lo es para la oposición, e incluso lo fue también de forma expresa para las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, que se manifestaron en contra de la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Y lo es también en el ámbito internacional. El grupo Greco, dentro de Europa, ha manifestado con reiteración que en nuestro país no se cuenta con el suficiente respaldo para la independencia del Poder Judicial y, por ello, emplazaba a los poderes públicos de nuestro país a que se avanzara de forma notable en la garantía de esa independencia del Poder Judicial. Seguramente tampoco ha contribuido a que esta se vea con suficiente respaldo y garantía en nuestro país el debate que se ha abierto al conocerse la sala que, dentro de la Audiencia Nacional, va a enjuiciar la primera fase de la trama Gürtel.

Por otro lado, en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar desde esta tribuna de la ausencia de medios humanos y materiales. Tal como he reseñado en otros debates, en 2012 el gasto en justicia significaba el 0,9 % del producto interior bruto, mientras que la media de la Unión Europea ascendía al 2,2 %. Desde 2011 las consignaciones del Ministerio de Justicia han caído en casi 200 millones, y contamos —lo saben sus señorías, porque también hemos tenido oportunidad de reseñarlo en intervenciones anteriores— con 11,5 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es de 21 jueces por cada 100 000 habitantes.

Los contenidos de la moción, que quizá sea excesivamente amplia —lo reconozco—, se agrupan en 50 medidas comprendidas en 11 apartados. Muchas de ellas suponen reproducir enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto y por Izquierda Unida a diferentes reformas relacionadas con el Poder Judicial y otras leyes, o que han pretendido ser incorporadas, también vía enmiendas, a mociones que han sido objeto de debate en el Pleno. Haré una referencia muy somera de estas 50 medidas, destacando en cada uno de los apartados aquellas que me parecen más relevantes o que ya conocen sus señorías a través de enmiendas debatidas con anterioridad.

En el primer apartado, relativo a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, planteamos que se endurezcan las penas, que se alarguen los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción y que se establezca la prohibición de indultar las penas en referencia a esos delitos de corrupción.

Por lo que se refiere a las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, proponemos que se prohíba a las entidades financieras tener filiales en paraísos fiscales y que se potencie el papel de la Agencia Tributaria como auxiliar de la Administración de Justicia.

En el capítulo referido al control de los procedimientos de contratación de las administraciones públicas planteamos que haya un acceso público a los procedimientos de contratación de las administraciones públicas y que las decisiones de contratación de dichas administraciones también sean publicitadas suficientemente para que de ellas tengan conocimiento los ciudadanos. Igualmente, que se reforme la Ley de contratos del sector público para establecer mayores límites a la posibilidad de sobrecostes en dichos contratos, que frecuentemente han dado lugar a prácticas irregulares calificadas como delictivas en materia de contratación. (Rumores).

En relación con el capítulo...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdón, señoría.

Señorías, hay un murmullo de fondo en el hemiciclo que hace imposible oír al orador. Les pido que se callen o que salgan a hablar fuera.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Decía que en el capítulo de medidas de control interno y externo de los procedimientos urbanísticos aspiramos a que se cree un registro de recalificaciones de suelo, un terreno también resbaladizo que ha dado lugar a prácticas irregulares, y que se devuelvan al Pleno competencias que, con diferentes reformas de la Ley de régimen local en materia urbanística y en materia de contratación, han sido transferidas al equipo de Gobierno.

Por lo que se refiere a los cargos públicos, planteamos que se extienda el régimen de incompatibilidades previstas, que se amplíe a diputados y senadores, y que se reduzca el número de aforados.

En el apartado de medidas para facilitar la investigación de control y la fiscalización de las cuentas públicas proponemos un reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a las campañas electorales, pretendemos que se limiten más dichos gastos y que se reconozca a la Junta Electoral Central una función de control de estos.

En materia de partidos políticos, al igual que tuvimos oportunidad de defender en la última reforma de la Ley de partidos políticos, planteamos que se prohíban las donaciones a las fundaciones dependientes o vinculadas a aquellos y que se establezca un código ético del cargo público.

En relación con las medidas de control del transfuguismo, aspiramos a que se convierta en ley el pacto de control contra el transfuguismo alcanzado por las fuerzas políticas.

En el apartado de registro y control de los lobbies o grupos de presión proponemos que se cree un registro de lobbies gestionado por las Cortes Generales y que se dé publicidad a los encuentros de sus representantes con los legisladores.

Y en el último apartado —un cajón de sastre que hace referencia a otras medidas— planteamos que se obligue a las empresas que contraten con las administraciones públicas a tener una página web en la que se reflejen los contratos con estas y que se realice con carácter general una evaluación de los procesos de privatización que se han afrontado por las diferentes administraciones a lo largo de los últimos años, por ser también esta materia, la de los procedimientos de privatización, un frecuente mecanismo que ha dado lugar a prácticas de corrupción política.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el senador Iglesias ha definido su intervención como excesivamente amplia, y yo diría que es más bien una megamoción. Senador Iglesias, parece que pretende abrir un debate sobre un paquete de medidas eficaces frente a la corrupción, objetivo, por cierto, que comparte totalmente el Gobierno y, por supuesto, este grupo, que le da apoyo. Señora presidenta, señorías, fíjense si estaremos de acuerdo, que mucho de lo propuesto por el senador Iglesias ya está en vigor con medidas que han sido presentadas a lo largo de estos tres años y medio, que han sido debatidas y reformadas no solo con nuestros votos sino por las Cortes Generales, medidas a las que el grupo del senador Iglesias votó sistemáticamente en contra negándoles viabilidad alguna y que, como digo, ya llevan tiempo en el Boletín Oficial del Estado. Algunas de ellas seguro que les tienen que sonar muy cercanas porque las acabamos de debatir prácticamente anteayer, con ocasión del debate del Código Penal.

Senador iglesias, el Grupo Popular le agradece muy sinceramente que haya presentado esta moción sobre corrupción y transparencia —que votaremos en contra por innecesaria—, porque no solo nos permite hacer un resumen, sino también un balance de cómo este Gobierno ha trabajado desde el primer momento de la legislatura en medidas concretas de regeneración de la democracia, en medidas que implican una mayor transparencia de la vida pública y una mayor exigencia también para quienes ocupan cargos públicos. Por eso decimos alto y claro que este Gobierno sí ha impulsado un plan para la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. A las numerosas e importantes medidas legislativas al respecto me voy a referir, señorías, no en este turno, sino en el próximo turno de portavoces. Pero ahora me gustaría hacer algún comentario sobre parte de las cuestiones que se han abordado y que se refieren esencialmente a cuestiones formales o, si lo prefieren, no tan de fondo como la normativa ya en vigor.

Empiezo con lo que me ha llamado extraordinariamente la atención. En primer lugar, los lobbies y los grupos de presión. No entiendo, señoría, por qué quiere, y cito textualmente su moción, que el Gobierno se encargue de la reglamentación, registro y control de lobbies o grupos de presión, porque las Cámaras, tanto el Congreso como el Senado, gozamos de autonomía para promover modificaciones legislativas dentro de nuestro ámbito. Por tanto, según nuestra opinión, deben ser los reglamentos del Congreso y del Senado los que se encarguen de regularlos, habida cuenta, además, de que estos grupos se reúnen con nosotros, con los parlamentarios, como se hace en todos los países de nuestro entorno y como se hace, desde luego, en el Parlamento Europeo.

En cuanto a la petición de más medios de prevención y lucha contra el fraude, le informo de que la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción empezó con 8 miembros, hoy cuenta con 17 y, además de esos 17, hay 36 fiscales delegados a esta fiscalía especial en todo el territorio nacional; es más, entre el año pasado y este se reforzó la propia fiscalía anticorrupción con 8 comisiones de servicio, además de 4 nuevas plazas de plantilla que serán cubiertas en breve, y además en esta legislatura el Ministerio de Justicia se ha comprometido a autorizar automáticamente a efectos económicos todas aquellas medidas de refuerzo que pudieran proponer el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o la propia Audiencia Nacional. De este modo, señora presidenta, señorías, en los últimos años el Ministerio de Justicia ha autorizado el cien por cien de las actuaciones de refuerzo solicitadas por este motivo.

En cuanto a la cuestión de equiparar el número de jueces por habitante en relación a la media europea, lo primero que debo decir a su señoría es que debe actualizar las cifras, porque las que manejan —y las que usted maneja, tanto aquí como, sobre todo, en el texto de la moción— corresponden a hace cinco años, a 2010, y debo decirles, señorías, que desde esa fecha se han incorporado un total de 800 nuevos jueces. Si quieren, se lo desgloso por años: en el año 2011, 136; en 2012, 186; en 2013, 231; en 2014, 204, y en lo que llevamos de 2015, 35. Es decir, ha habido un refuerzo constante de medios materiales y humanos para la lucha contra la corrupción en jueces, fiscales, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios de la Agencia Tributaria.

Por lo que se refiere al número de jueces españoles y su equiparación con Europa, hay un organismo, que es la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia —les ahorro las siglas, porque es una sopa de letras tremenda—, que en su edición del año pasado situó a España con 11,2 jueces por cada 100 000 habitantes; sin duda, inferior al 20,9 de media en Europa. Pero también de este propio informe del año pasado se deducen, señorías, unas diferencias enormes entre los diversos países europeos, que se justifican por los distintos sistemas normativos; esto quiere decir que el número de jueces profesionales en los tribunales europeos varía considerablemente entre los países y entre los propios sistemas judiciales. Por ejemplo, los Estados europeos que tienen el mayor número de jueces profesionales, más de 30 por cada 100 000 habitantes —según este organismo—, se encuentran entre países provenientes de la ex-Yugoslavia, como Croacia, Montenegro o Serbia, y a estos hay que añadir también Bulgaria; en cambio, en la Europa occidental el número de jueces por habitante es significativamente menor. En realidad, nos situamos en medias muy próximas a los Estados de nuestro entorno: Holanda tiene el 14,4; Suecia, el 11,8; nosotros el 11,2, pero es que incluso nosotros estamos en cifras superiores a países tan destacados como Francia, que tiene el 10,7; Italia, 10,6; Dinamarca, 6,6, y ya, si me apuran, Reino Unido, que incluso tiene menos de 4 jueces por cada 100 000 habitantes. Lo cierto y verdad es que estoy completamente de acuerdo con usted, siempre he sido de la opinión de que cuantos más jueces tengamos en España —por supuesto, con los adecuados medios— mucho mejor para nuestra justicia y para todos.

Senador Iglesias, no creo necesario crear más policía fiscal en la Agencia Tributaria, como usted propone, porque la Unidad Central de Delincuencia Económica, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la Unidad adscrita a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera Española y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capital e Infracciones Monetarias trabajan en permanente contacto y auxilio a los juzgados y tribunales para investigar los delitos contra la corrupción. En el bienio 2012-2014, la Policía y la Guardia Civil han detenido casi a 2000 personas relacionadas con la corrupción y se han practicado más de 450 investigaciones; actualmente más de 700 efectivos de ambos cuerpos trabajan en la lucha contra la corrupción.

Tampoco estoy de acuerdo, senador Iglesias —en absoluto además en este caso—, con su pretensión de convertir en sospechosos y además en sospechosos habituales ante Hacienda a los alcaldes y concejales de urbanismo de ayuntamientos mayores de 50 000 habitantes por el mero hecho de serlo, porque eso, y no otra cosa, es lo que usted va a hacer al someterles a inspecciones sistemáticas por parte de Hacienda. Es más, esto me parece, señora presidenta y señorías, discriminación pura, quiebra el principio de igualdad ante la ley y si me apura, hasta ofende, senador Iglesias. Que por estar al frente de la gestión de un ayuntamiento o la gestión de una concejalía se sea sospechoso de cometer delito, creo que debería pensárselo su señoría una y hasta dos veces, y si además usted quiere crear una policía fiscal en la Agencia Tributaria para investigarles porque sí —porque usted entra en la responsabilidad al frente de la concejalía o al frente del ayuntamiento—, me parece una auténtica barbaridad además de una discriminación.

Por cierto, hablando de discriminación, senador Iglesias, dado que tiene usted turno ahora, a mí me gustaría que nos explicara por qué quiere usted crear una oficina de regulación del registro de intereses de diputados y otros cargos, como miembros del Gobierno y altos cargos, y sin embargo ahí no incluye a los senadores. A mí esto me parece un poco desconcertante, señoría, porque no sé si para usted todos cuantos nos sentamos aquí no somos cargos públicos o a lo mejor, señoría, es que esta moción no iba dirigida a esta Cámara..., ya me entiende. A ver si tenemos suerte, señora presidenta, y el senador Iglesias nos saca de dudas en el próximo turno.

Y por último, senador Iglesias, establecer por norma que los representantes públicos elegidos por la lista de un partido o de una coalición pierdan el cargo automáticamente por el motivo que se señala en la moción es contrario a la jurisprudencia que desde el inicio de la democracia ha establecido el Tribunal Constitucional y que dice textualmente: «El escaño pertenece al concejal o al parlamentario elegido y no al partido o a la organización política en cuya lista es elegido». La base de este principio está, como bien saben todos ustedes, en la inexistencia de mandato imperativo para el electo del artículo 67.2 de la Constitución, que impide condicionar jurídicamente su actuación. Aquí, es cierto, se plantean no pocos problemas a la hora de arbitrar actuaciones que impliquen exigir responsabilidades; para entendérsenos mejor: la entrega del acta del parlamentario o del concejal, tanto en los casos de transfuguismo como en los de corrupción. Les recuerdo a este respecto, señoría, que este asunto se lo han planteado, nos lo hemos planteado en numerosas ocasiones los grupos parlamentarios. Está claro que no hemos alcanzado nunca el punto óptimo de la resolución porque hoy, a 24 de junio de 2015, no hemos podido llegar a ningún tipo de solución, que siempre y en todo caso —es nuestra opinión, la opinión del Grupo Popular— habría de respetar las prescripciones constitucionales.

Por todos estos motivos y alguno más que añadiré en el turno de portavoces votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Es cierto que el Partido Popular y el Gobierno han promovido reformas que han intentado reducir el ámbito de impunidad en los fenómenos de corrupción, pero recordarán sus señorías que en aquellas que hemos rechazado en los diferentes debates el argumento fundamental en el que nos basábamos era el de considerar que las medidas resultaban insuficientes y que, por ello, era necesario una reforma más contundente. Y es a lo que aspira fundamentalmente esta moción que, con mayor o menor acierto, traigo hoy a este Pleno.

Por otro lado, el Partido Popular no debería negarse a seguir avanzando en la búsqueda de medidas que combatan la corrupción porque precisamente el presidente del Gobierno en la valoración de los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, en el debate interno del partido y públicamente ante los medios de comunicación, ha reconocido que probablemente el principal elemento de desgaste del Gobierno y del Partido Popular ha sido la reiterada publicitación de los fenómenos de corrupción que han afectado al Partido Popular. En consecuencia, debiera ser el Partido Popular el primer interesado en dar una respuesta a esa realidad, a que la sociedad española con sus votos les ha dicho que no se cree el compromiso del Partido Popular en la lucha contra los fenómenos de corrupción, y hacerlo precisamente a partir de las reformas legislativas que conviertan —más allá de los compromisos políticos y de los enunciados— en un marco legislativo más duro con los corruptos el que disponemos en este momento.

Por ello creo que el debate de esta moción es oportuno, porque permite que el conjunto las fuerzas políticas presentes en este hemiciclo ratifiquemos ante la sociedad española nuestro rechazo ante el fenómeno de corrupción y nuestra voluntad de establecer los filtros más duros, incluso en ocasiones injustos respecto a algún representante público o a algún miembro de la administración, con tal de que quede perfectamente claro que se rechazan estas acciones corruptas y que el Estado de derecho es capaz de articular respuestas que disuadan. Porque lo que hasta este momento hemos visto, y así lo valora la sociedad española, es que el Estado de derecho ha ido a remolque, por detrás y renqueando frente a los fenómenos de corrupción, y que hasta ahora al menos no hemos sido capaces de articular una respuesta lo suficientemente contundente como para que no compense ser corrupto, para que la sanción social, política y jurídica que a la corrupción se da desde el Estado de derecho disuada de realizar y desarrollar estas prácticas corruptas. La sociedad española piensa hoy que aunque algunos acaben cayendo en manos de la Administración de Justicia y algunos, muy pocos, hoy estén en la cárcel como consecuencia de la corrupción, nuestros instrumentos legales de respuesta a la misma son insuficientes y aún sigue siendo tentadora la posibilidad de dejarse corromper, primero, porque hay pocas posibilidades de ser detectado y sancionado y, segundo, porque incluso en esos supuestos en que hay una sanción, el beneficio obtenido puede ser lo suficientemente importante como para que compense el riesgo e incluso asumir la sanción. Y a ello es a lo que se pretende dar respuesta con esta moción.

Más medios. Nos decía la señora portavoz del Grupo Popular: Fiscalía cuenta con 17 fiscales; recordará que el dato que di es que a 1 de enero de 2015 había casi 1700 causas en los tribunales españoles por fenómenos de corrupción. Han incrementado el número de jueces por una parte y han disminuido por otra: 1200 jueces sustitutos y magistrados suplentes han desaparecido de la Administración de Justicia española, con lo cual los datos que yo le daba siguen siendo exactamente los mismos, incluso peores, porque si a los 800 que usted dice que se crearon les restamos 1200 que han desaparecido como consecuencia de la extinción de las figuras de jueces sustitutos y magistrados suplentes, el resultado es negativo —no hace falta ser un genio de la aritmética ni de la matemática para llegar a esa conclusión—.

Decía que por qué hace falta más Policía. Una de las quejas compartidas por el conjunto de las asociaciones de jueces y magistrados es que en los fenómenos de corrupción la tecnología de los corruptos va muy por delante de la tecnología con la que se cuenta para dar respuesta a los mismos; que son causas complejas, en las que se utilizan instrumentos contables muy complicados, de alta tecnología, en las que se recurre a paraísos fiscales de manera frecuente, con lo que la respuesta que desde los poderes públicos se ha de dar a esta complejidad ha de ser igualmente recurrir a tecnología punta, y eso exige más medios que con los que se cuenta en este momento.

En otros debates hemos hecho referencia al informe de Oxfam sobre la curiosa situación de que en tiempos de crisis de las 35 sociedades del IBEX, 34 tienen filiales en paraísos fiscales y que, además, en tiempos de crisis incrementaron en dos años sus filiales un 40 %. Yo creo que eso nos da una pista de por dónde pueden discurrir, por qué cauces, por qué vías pueden discurrir los beneficios obtenidos como consecuencia de los fenómenos de corrupción. Basta con ver que las grandes causas de corrupción pasan por Suiza, por las Islas Seychelles, por paraísos fiscales suficientemente conocidos y consagrados, desgraciadamente, en esta economía globalizada y que para detectar todo eso son necesarios más medios humanos y materiales que aquellos con los que se cuenta en este momento.

Si no aparece en la moción la referencia que ha hecho a los senadores ha sido por un error de redacción que en este momento subsano. En el terreno de la explicación y defensa de la moción, entiéndase que además de diputados la misma exigencia se mantiene para los senadores.

Yo reconozco que puede ser injusto establecer exigencias de control mayores para determinados cargos públicos solamente por el hecho de que desarrollan su actividad en ámbitos de actuación política en la que se mueven intereses económicos tan importantes como para que surja la tentación de la corrupción. Y estadísticamente podemos hacer un análisis de los fenómenos de corrupción y comprobar que es en determinados ámbitos y en determinadas materias en las que de forma porcentualmente más importante se dan estos fenómenos: las privatizaciones han sido un foco constante de fenómenos de corrupción, las recalificaciones urbanísticas han sido un foco constante de corrupción. Por lo tanto, la respuesta adecuada a esa preocupación social frente a los fenómenos de corrupción, es decir, en estas áreas concretas en las que es más frecuente encontrar fenómenos de corrupción, es establecer filtros más duros que en otras áreas en las que resulta que, bien sea porque ya hay una regulación general más estricta o porque se muevan intereses económicos de menor trascendencia y relevancia, esos fenómenos de corrupción son más infrecuentes —exclusivamente eso—. Y reconociendo que tiene razón su señoría al decir que por qué se actúa con especial rigor con el establecimiento de estos controles frente a estos funcionarios, frente a estos responsables políticos, hay que explicar que es una exigencia de la realidad y que la respuesta a esa realidad tiene que ser el endurecimiento de los controles.

Finalmente, en cuanto a la vinculación del escaño al partido o al representante público —y conozco perfectamente la doctrina del Tribunal Constitucional—, se trata de intentar establecer un marco normativo que cambie eso, porque mientras no haya un marco normativo que cambie eso, efectivamente, la doctrina va a ser la misma. Pensemos —o abramos el debate al menos— si es más adecuado mantener el statu quo o si resulta más adecuado, como instrumento de lucha contra la corrupción, establecer otra vinculación, establecerla a la fuerza política. Yo reconozco que es un tema escabroso y en el que son razonables todos los planteamientos, pero como objeto de debate lo dejo sobre la mesa.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu jauna.

Beno, gustoz hartzen dugu mozio hau ze benetan gainera gustoa ematen du baita ere Iglesias jaunarekin eztabaidatzea eta berak egiten dituen aportazio intelektualak beti edo, askotan edo gehienetan, oso inportanteak izaten direlako.

Erabat ados gaude gu bere lehen interbentzioarekin edo mozioa azaldu behar zenean eman dituen esplikazioekin. CISek planteatzen dituen inkesten baitan garbi eta nabarmen ikusten da herritarren kezka handi bat honetan datzala, alegia, korrupzioaren inguruan benetako kezka dagoela. Eta gainera, zalantzarik ez dago horrek islada bat izan duela azkeneko hauteskundeetan. Beraz, egia da baita ere azkeneko urteetan jendearen ikuspegia, jendearen sentsibilitatea, posible ere komunikabideen bitartez, aldatzen ari dela, eta hori bakarrik ere, inportantea da, eta momentu honetan gai honetaz eztabaidatzen aritzea ere, inportantea da.

Erabat ados gaude baita ere, eta guk uste dugu hemen dagoela arazo honen ardatz inportante bat, eta da, alde batetik, ikuspegi judizialetik ez dagoela independentzia bat, eta horrekin erabat ados gaude, eta baita hirugarren boterean dagoen tresnen edo baliabideen eskasia ere, guretzat inportantea da. Ez da posible, ez da posible oraindik Gurtel kasuarekin bueltaka ibiltzea. Ez da posible. Eta Gurtel esaten dudanean, esaten dut Gurtel, esaten dut Noos, esaten dut Palma Arena, alegia,benetako herrialde demokratiko bat izan nahi badugu, lehen elementu inportantea izango da justizia benetan eraginkorra izatea. Askotan aipatzen ari gara jendeari, gizarteari eta gizartearentzat ispilu bat izan behar dugula, adibide bat, edo eredu bat izan behar dugula. Nola demontre sinetsiko du jendeak, herritarrek guregan, oraindik bueltaka bagabiltza Gurtel bezalako kasuekin, Noos bezalako kasuekin, ez da posible, inondik inora.Gai hori eta gai horri irtenbide bat ematen ez zaion bitartean, jendeak ez du gugan sinetsiko eta benetan ez zaio helduko korrupzioaren gaiari eta benetan ez da irtenbide bat bilatuko eta aurkituko gai honekiko.

Iglesias jaunak aipatu du, eta niretzat ere arazo inportante bat dauka mozio honek, eta da zabala dela. Eta bai dela zabalegia, 50 emendakin eta kontziente gara gainera batzuk gaindituta daudela, gaindituta daudela eztabaida eman delako eta gainera horren inguruan erabaki batzuk hartu direlako. Beraz, horrek bai mugatzen duela gai honen edo mozio honen emaitza. Nahiz, esaten dudan bezala, gai hau ondo ekarrita egon, baina agian asmatu behar dugu ekartzerakoan beste bide batzuk aurrera ateratzeko.

Gure ikuspegitik korrupzioaren gaia enfokatu behar denean, bi elementu ezberdindu behar dira. Lehenengoa, ondo dago behartzeko bideak edo neurri hertsatzaileak direnak, baina bigarrena, gobernu onaren ardatza ere jorratu behar da. Ezingo diogu bakarrik korrupzioari aurre egin behartzeko bideekin edo neurri hertsatzaileekin, ez da posible. Gobernu onari ere bide bat eman beharko zaio, eta gobernuari bide emateak esan nahi du gobernu onaren ikuspegia ematea, alegia, elkarrizketa eta eztabaida nola hobetu daitekeen hiritarrekin, jendearen partaidetza bultzatu, jendeak hobetu dezan erakundeekiko bere ikuspegia, kultura administratibo berri bat sortu, gobernu onaren ikuspegitik, gobernu bat izan dadila eraginkorra, gardena, ebaluatzen duena, partaidetza areagotzen duena, ze bakarrik korrupzioa ez da plan bat aldatzea edo arau subsidiario batzuk aldatzea edo hau edo bestea. Ez, eraginkorra ez denean eta kontzienteegi eraginkorra ez denean erakunde bat ere, egon daiteke horrelako egoeraren bat. Horregatik esaten dut kultura administratibo berria sortzea ere, gure ikuspegitik oso inportantea dela.

Lobby eta presio taldeen erregistroa, ados, ados, kenduta nabardura horiek guk aprobatu behar ditugun, edo gobernuak. Ados, erregistro hori. Baina ez hori bakarrik, partaidetzarako erregistro bat, hiritarren, hiritarrekin eduki beharreko tresnen erregistro bat, interes ezberdinak ordezkatuko dituzten erregistro bat, edo gardentasunerako agentzia baten sorrera, alegia, ez bakarrik ikuspegi ezkorra, baizik eta baita ere ikuspegi eraikitzaile bat. Nik ere eduki dudan sentsazio hau adibidez, mozio hau Euskal Herriarekiko aplikatu beharko bagenu, edo eztabaidatu beharko bagenu, bai hartzen nuela nolabaiteko bortizkeri bat eta mesfidantza bat, hasierako mesfidantza bat. Eta esaten dut beno, hemen jende asko ari da lanean, musu truk, jende gehientsuena musu truk eta jende gehientsuena musu truk dabilena gainera, udaletxeetan dabil, udaletxe askotan eta gehientsuenak ere, esaten dudan bezala, ikuspegi bolondres batekin, beraz, ondo dago hainbat neurri jartzea baina lehenengoa ez da zu susmagarria zara, ez , lehenengoa da zu gizartearen alde ari zara, eta noski, izango ditugu hainbat neurri zuzentzaileak izango direnak, baina kontuz, ez bakarrik berrogeita hamar mila biztanletik gora duen herri bat, egon daiteke mila biztanleko herri bat, gaitasun handiagoarekin, nolabaiteko arau aldaketa batzuk egiteko eta eragiteko eta espekulazioari begira mugitzeko, berrogeita hamar mila biztanleko herri batena baino.

Beraz, guk bai esango genuke agian mozio hau planteatzerakoan ez dela biderik eraginkorrena hartu, eta legez besteko proposamena izan zitekeela biderik eraginkorrena, testu hau landu egin behar delako, testu hau zuk badakizu dagoen bete— betean neurri batzuekin ados gaude, beste batzuekin ez, beste batzuk onartuak direla, espirituarekin erabat ados gaude, baina benetan eraginkorrak izan nahi badugu eta testu bat bene— benetan edo bete— betean aprobatu nahi badugu, beste formatu bat eman beharko litzaiokela gure iritziz.

Gu, hor adibidez, idatzi horretan esaten da korrupziorako dauden aukera legalak azkeneko hilabeteetan areagotu egin direla, egon diren aldaketa legal guztiekin, gu ez gaude horrekin ados. Hainbat neurrirekin ados egongo ginateke, beste hainbat neurrirekin ez, eta ni ez naiz izango Alderdi Popularraren defendatzailea, baina ez nago ados momentu honetan korrupziorako bideak zabalagoak direla orain arte egon direnak baino.

Orduan,esaten dudan bezala, ados filosofiarekin, baina beste bide batzuk asmatu behar ditugu.

Nik uste hemen gauden guztiok kezkatuta gaudela gai horrekin, gizarteak kezka hori azaldu digu baina bidearekin asmatu egin behar dugu baita ere. Orduan, lanerako prest, egia da, momentu honetan ez gaudela momenturik egokienean azken finean legealdia bukatzen ari delako, agian hurrengo legealdian ere hasi beharko da ebaluatzen legealdi honetan jarri diren legeen emaitzak, eta emaitza horien baitan baita ere zerbait planteatu beharko delako. Baina, eskertzen da egindako esfortzua, eta aldi berean baita ere ikusten da nahitaez zerbait egin behar dela, baina ez bakarrik ikuspegi negatibo batetik, baizik eta ikuspegi eraikitzaile batetik.

Guzti honen inguruan, eta erreflexio guzti hauek azaldu eta gero, esan nahi dugu gure taldea abstenitu egingo dela.

Eskerrik asko.

Buenos días, presidenta.

Es un placer que se presente esta moción porque consideramos que es positivo el hecho de debatirla con el señor Iglesias; nos parecen muy interesantes las aportaciones intelectuales que él hace en la mayoría de los casos y con frecuencia suelen ser, además, aportaciones muy importantes.

Estamos completamente de acuerdo con su primera intervención, a saber: en la exposición de motivos. Según lo que plantean las encuestas del CIS, queda patente que una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos es precisamente esta, la corrupción; hay una preocupación real sobre la corrupción y además no cabe duda de que ello se ha reflejado en las últimas elecciones. Cierto es también que en los últimos años la sensibilidad y el punto de vista de los ciudadanos ha comenzado a cambiar, quizá gracias a los medios de comunicación, y eso es algo importante, como lo es estar aquí en estos momentos debatiendo sobre este asunto.

Estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha planteado: se ha hecho mención a un eje importante de lo que sucede y es que, desde el punto de vista judicial, no hay independencia judicial —estamos de acuerdo con lo que se dice en ese sentido—, y también lo estamos respecto a la falta de medios del tercer poder, y es importante destacarlo. No es posible que estemos todavía dando vueltas al caso Gürtel, no es posible, y cuando hablo de Gürtel me refiero también a Nóos, a Palma Arena, etcétera. Si realmente queremos ser un verdadero país democrático el primer y más importante elemento será disponer de una justicia realmente eficaz. Con frecuencia mencionamos eso de ser un espejo para la ciudadanía, para la sociedad, es decir, que debemos predicar con el ejemplo y ser un modelo, ¿pero cómo van a confiar los ciudadanos en nosotros si seguimos todavía a vueltas con casos de corrupción como el de Gürtel o el de Nóos? No es posible, no es posible que confíen en nosotros. Si no damos solución a estos temas los ciudadanos seguirán sin confiar en nosotros, no se pondrá freno a la corrupción y no se encontrará una salida.

El señor Iglesias ha mencionado algo que para mí es también un problema: que esta moción es muy amplia, quizá demasiado amplia, son 50 enmiendas y somos conscientes de que algunas además ya han quedado superadas porque hemos procedido a un debate y se han adoptado una serie de decisiones en torno a las mismas. Por lo tanto, creo que eso limita el resultado de esta moción, aunque, como he dicho, el tema nos parece pertinente, pero quizá debamos encontrar otra forma para seguir adelante con ella.

A nuestro entender, al enfocar el tema de la corrupción hemos de tener en cuenta dos elementos distintos. En primer lugar, sí, las medidas coercitivas —que nos parecen bien— pero hay un segundo elemento, que es el de la buena gobernanza. Hemos de adentrarnos por esa senda, no podemos hacer frente a la corrupción únicamente a través de medidas coercitivas, no es posible, hemos de tener en cuenta la cuestión del buen gobierno. Con ello quiero decir que debemos mantener un debate y mejorar la comunicación con los ciudadanos; también hemos de fomentar la participación de los ciudadanos para que ellos mejoren el punto de vista que tienen sobre las instituciones; necesitamos crear una nueva cultura administrativa, siempre dentro del marco del buen gobierno, que sea un buen gobierno, que sea eficaz, que sea transparente, que sea inclusivo y que fomente la participación. Porque no puede abordarse la corrupción únicamente cambiando unas normas subsidiarias o un plan, no; cuando una institución no es muy eficaz pueden darse este tipo de situaciones, pero necesitamos una nueva cultura administrativa y eso también entra dentro de las formas de hacer frente a este problema.

En cuanto al registro de lobbies y grupos de presión, nos parece muy bien con una serie de salvedades, entre otras, si tenemos que aprobarlo o no nosotros, pero en cualquier caso estamos a favor. Asimismo, propone un registro de participación —para que las medidas que podamos poner en marcha con los ciudadanos queden registradas— registros de las distintas partes interesadas o una agencia de transparencia.

Pero no se trata únicamente de afrontar este asunto desde un punto de vista negativo, nos gustaría también ser constructivos. En el caso del País Vasco, por ejemplo, la sensación que yo he tenido es que existía cierta desconfianza al principio respecto a esta moción, pues son muchas las personas que trabajan sin ánimo de lucro —la mayoría de las personas—, que en muchos casos trabajan en ayuntamientos sin remuneración, por puro altruismo, con lo cual sí, está bien incluir una serie de medidas contra la corrupción, pero no se trata de ir por la vía de la sospecha, pues se trabaja a favor de la sociedad. Luego es verdad que habrá que establecer ciertas medidas correctivas, pero no solo en pueblos de más de 50 000 habitantes, pues puede haber un pueblo de 1000 habitantes que tenga mayor capacidad que uno de más habitantes para aplicar una serie de cambios de normas y para avanzar desde el punto de vista de la especulación.

Por lo tanto, quizás el enfoque de esta moción no ha sido el más eficaz y podía haberse seguido otro camino, como un proyecto no de ley, porque este texto hay que trabajarlo. Ya saben ustedes que estamos de acuerdo con algunas medidas, con otras no, otras hay que aprobarlas... O sea, aunque estamos plenamente de acuerdo con el espíritu de la moción, si queremos ser realmente eficaces y si queremos un texto que se pueda aprobar necesitaríamos otro formato. Esta es nuestra opinión.

Hemos de ver qué opciones legales tenemos para luchar contra la corrupción, las cuales parecen haber aumentado durante los últimos meses porque ha habido algunos cambios jurídicos. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha dicho aquí —con algunas medidas sí estaríamos de acuerdo, como he dejado claro ya, pero con otras no, y no seré yo defensor del Partido Popular, pero no estoy de acuerdo con eso de que las vías de corrupción sean ahora más amplias que las de antes—, y aunque estamos de acuerdo con la filosofía de la moción, necesitamos encontrar otras vías.

Creo que todos los presentes estamos preocupados por el tema y también la sociedad nos ha transmitido su preocupación, pero habrá que ver cuál es el mejor camino para hacer frente al problema. Así que estamos dispuestos a trabajar, es verdad que quizá no sea el momento más adecuado el actual porque estamos al final de la legislatura, pero tal vez en la próxima legislatura tengamos que empezar a evaluar los resultados de las medidas que se han puesto en práctica durante esta y, a la luz de esos resultados, volver a plantear otras. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). En cualquier caso, quiero darles las gracias por el esfuerzo, vemos que algo hay que hacer, pero no solo desde un punto de vista negativo, sino también desde un punto de vista constructivo.

Tras todas estas reflexiones, quiero decirle que nos vamos a abstener en la votación.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador señor Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, bon migdia, senadors i senadores.

Sense cap mena de dubte, la corrupció política és el pitjor enemic de la democràcia, és un delicte, un comportament que ataca directament a la seva essència i, al meu entendre, per dos motius. El primer, perquè el delicte en sí és contrari a aquesta essència. La democràcia vol representar l’interès públic, l’interès general, mentre que la corrupció és l’encarnació de tot el contrari: de l’egoisme i de l’interès particular, és més, de l’aprofitament de l’interès públic en benefici particular. Però a més hi ha un segon motiu —tant o més poderós, com hem comprovat abastament, malauradament al nostre país als últims temps— que és que la corrupció política és allò que genera més desafecció entre la ciutadania respecte al propi sistema, perquè la corrupció iguala a tothom. La corrupció fa que els ciutadans sentin que qualsevol formació política, que qualsevol governant és igual que l’altre i, per tant, ataca l’altre gran pilar de la democràcia, és a dir, el pluralisme, la pluralitat. La corrupció deixa sense sentit la democràcia i, en definitiva, l’acaba equiparant en l’inconscient de molta part de la ciutadania a l’autocràcia. La corrupció és, doncs, el gran enemic de la democràcia i el caldo de cultiu més important, el fonament i l’argumentari, dels totalitarismes. Per tant, senyories —com suposo que tots comparteixen—, el combat contra la corrupció és el combat principal de la democràcia.

No hi ha persones més antisistema, antidemòcrates, que els corruptes i els corruptors. Per això, no podem tenir ni un gram de tolerància i no es pot escatimar ni un esforç ni un intent per eradicar-la, a risc, de vegades, també d’equivocar-se en les mesures i d’haver de procedir pel sistema d’assaig i error. Qualsevol de nosaltres, qualsevol responsable públic i qualsevol partit, ha de tenir aquesta premissa com una de les seves primeres premisses per comportar-se èticament, tant en relació a sí mateix, com políticament, és a dir, en relació a les mesures que s’emprenen pel conjunt del sistema: de les seves institucions, dels valors, de les formes i dels procediments, que el conformen.

Malauradament, senyories, el Partit Popular, i el Govern del Partit Popular, no ha volgut liderar aquest esforç col·lectiu per plantar cara i expulsar fins on sigui possible, el màxim possible, la corrupció de la nostra democràcia; una actitud que, malauradament, Convergència i Unió tampoc no ha practicat a Catalunya. El Partit Popular el primer que ha fet és negar el problema. Per què era el seu problema principalment? No ho sé, però en tot cas, primer va negar el problema —el propi president del Govern mai no utilitzava aquest nom, mai es referia al cas Gürtel, ni tan sols en els plens monogràfics destinats a aquesta qüestió—. Després, el Partit Popular s’ha dedicat a atacar els altres per compensar el seu propi mal, i, finalment, tard i a contrapeu, ha intentat alguna mesura i ha fet algun anunci.

Però, senadora Vindel —i espero que em respongui—, vostè creu i afirma que en tema de corrupció a Espanya ja està tot fet? Que vostès han fet tots els canvis que s’havien de fer? Que tot és perfecte? Que ja n’hi ha prou? Que som perfectament capaços, com a conjunt institucional —des de la Justícia fins a la Policia, passant per les lleis—, d’eradicar i d’haver combatut fins a les seves últimes conseqüències aquest fenomen nefast? Vostè pot assegurar això en aquesta tribuna i a partir d’aquí mostrar-se satisfeta de tot el que hem fet i absolutament complaguda amb la situació actual?

Li recordo, senadora Vindel, que l’any 2013, el senador Granados, quatre files més cap aquí dalt, mentre estava assegut aquí, delinquia —no sé si per telèfon o quan no estava a l’hemicicle—. I, per tant, el problema,... (La senadora Vindel López pronuncia paraules que no es perceben) Sí, senadora Vindel, li estic parlant del senador Granados.



Vostè, quan tingui l’ús de la paraula, parli de qui vulgui; jo parlo del senador Granados, que estava aquí i se’n reia de nosaltres. Recordo perfectament com estava aquí i se’n reia de nosaltres des del seu escó. Per tant, li pregunto: vostè creu que està realment tot arreglat, que ja n’hi ha prou, que hem fet tot el que s’havia de fer en aquest parlament i a la nostra societat? Crec que no hi ha hagut ni la suficient autocrítica per part del conjunt de forces —en particular, per part del Partit Popular—, ni el grau de tolerància zero que corresponia, ni, sobretot, la voluntat de buscar el consens i el diàleg absolutament imprescindibles per abordar aquest conjunt de mesures, perquè efectivament es tracta d’un conjunt de mesures àmplies, regeneradores, que vagin a l’arrel del problema. Aquesta és la línia de treball que nosaltres, els socialistes, hem impulsat en aquests últims anys, i això és el que compartim de la intenció i el plantejament de la moció que presenta avui el senador Iglesias en nom del Grup Mixt i de Izquierda Unida.

És veritat que no acabem de veure clares, per diferents motius, algunes de les 50 mesures que proposa —com alguns canvis en el règim local, en els temes de l’aforament, en els temes de la LOREG—, però, d’altra banda, també vull dir-ho, hi ha algunes propostes innovadores i alguna que ens agrada especialment, com el tema dels paradisos fiscals. Sí que compartim plenament és el seu enfoc integral i radical, que vol dir que va a l’arrel del problema i que intenta abordar el problema amb tota la seva complexitat. Per tant, aquesta visió, aquest enfoc que s’acosta —insisteixo, al que nosaltres hem impulsat amb proposicions al Congrés dels Diputats i en un enorme conjunt d’esmenes a les diferents lleis que hem debatut aquí al Senat, entre altres, l’única iniciativa que crec —i ho dic sense cap pudor—, que el Govern ha tirat endavant amb caràcter realment profund i estratègic, com ha estat la Llei de la transparència. Malauradament, més d’un any d’aplicació demostra que era una llei —com avançàvem—, coixa i insuficient, que deixava temes importants al tinter, i que encara necessita molt més aprofundiment.

En definitiva, senyories, la lluita contra la corrupció, la voluntat de lluita inequívoca contra la corrupció, i el missatge clar que envia aquesta moció a la ciutadania de voluntat de regeneració a fons, és el que fan que el nostre grup s’afegeixi plenament a aquesta moció i li doni el seu suport.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, senadores y senadoras.

Sin duda alguna, la corrupción política es el peor enemigo de la democracia, es un delito, un comportamiento que ataca directamente a su esencia y, a mi entender, por dos motivos. El primero, porque el delito en sí es contrario a esta esencia. La democracia quiere representar el interés público, el interés general, mientras que la corrupción es la encarnación de todo lo contrario: del egoísmo y del interés particular, es más, del aprovechamiento del interés público en beneficio particular. Pero existe un segundo motivo —tanto o más poderoso que este, como hemos comprobado ampliamente en los últimos tiempos en nuestro país— que es que la corrupción política lamentablemente genera más desafección entre la ciudadanía respecto al propio sistema, porque iguala a todo el mundo. La corrupción hace que los ciudadanos sientan que cualquier formación política o cualquier gobernante sea igual que el otro, por lo tanto, ataca al otro gran pilar de la democracia, es decir, al pluralismo. La corrupción deja sin sentido la democracia y, en definitiva, acaba equiparándola en el consciente de gran parte de la ciudadanía a la autocracia. La corrupción es, por lo tanto, el gran enemigo de la democracia y el caldo de cultivo más importante para el fundamento y argumentario de los totalitarismos. Por lo tanto, señorías —y supongo que todos lo compartimos—, el combate contra la corrupción es el principal combate de la democracia.

No hay personas más antisistema ni más antidemócratas que los corruptos y los corruptores. Por ello no podemos tener ni un gramo de tolerancia y no se puede dejar de hacer esfuerzos para intentar erradicarlas, incluso a riesgo de equivocarse a veces en las medidas y al proceder por el sistema de ensayo y error. Cualquiera de nosotros, cualquier responsable público y cualquier partido debe tener esto como una de sus primeras premisas para comportarse éticamente tanto con relación a sí mismo, como políticamente, es decir, con respecto a las medidas que se adoptan por el sistema —sus instituciones,...—, los valores, las formas y los procedimientos que conlleva.

Lamentablemente, señorías, el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular no han querido liderar este esfuerzo colectivo para plantar cara y expulsar hasta el máximo posible la corrupción de nuestra democracia, actitud que, lamentablemente, Convergència i Unió tampoco ha practicado en Cataluña. El Partido Popular lo primero que ha hecho es negar el problema, y ¿por qué negarlo? Al inicio se negó —el propio presidente del Gobierno nunca utilizaba este nombre para referirse al caso Gürtel, ni siquiera en los plenos monográficos destinados a esta cuestión—. Posteriormente, el Partido Popular se ha dedicado a atacar a otros para compensar su propio daño, su propio mal, y, finalmente, tarde y a contrapié, ha intentado alguna medida y ha hecho algún anuncio.

Pero, senadora Vindel —espero que me responda—, ¿cree y afirma que en España ya está todo hecho en el tema de la corrupción? ¿Que ustedes han hecho todos los cambios que se debían hacer? ¿Que todo es perfecto? ¿Que ya hay suficiente? ¿Que somos perfectamente capaces, como conjunto institucional —desde la Justicia hasta la Policía, pasando por las leyes—, de erradicar y combatir hasta sus últimas consecuencias este fenómeno nefasto? ¿Usted puede asegurarlo en esta tribuna y, a partir de aquí, manifestarse satisfecha de todo lo que se ha hecho y absolutamente complacida con la situación actual?

Le recuerdo, senadora Vindel, que en el año 2013, el senador Granados, cuatro filas más arriba, mientras estaba sentado aquí, delinquía —no sé si por teléfono o cuando no estaba en el hemiciclo—. Por lo tanto, el problema,... (La señora Vindel López pronuncia palabras que no se perciben) Sí, senadora Vindel, estoy hablando del senador Granados. Usted, cuando tenga uso de la palabra, hable de quien quiera; yo hablo del senador Granados, que estaba aquí y se reía de nosotros. Recuerdo perfectamente que estaba aquí y se reía de nosotros desde su escaño. Por lo tanto le pregunto: ¿Usted cree que está realmente todo arreglado, que es suficiente, que se ha hecho todo lo que se debía hacer en este parlamento y en nuestra sociedad? Creo que no ha habido la suficiente autocrítica por algunas fuerzas —en particular, por el Partido Popular—, ni el grado de tolerancia cero, que correspondía, ni la voluntad sobre todo de buscar el consenso y el diálogo, absolutamente imprescindibles para abordar estas medidas, que efectivamente son amplias y regeneradoras y van a la raíz del problema. Esta es la línea de trabajo que nosotros, los socialistas, hemos impulsado en estos últimos años, y es lo que compartimos de la intención y el planteamiento de la moción que presenta hoy el senador Iglesias en nombre del Grupo Mixto y de Izquierda Unida.

No terminamos de ver claras, por distintos motivos, algunas de las 50 medidas que propone —por ejemplo, algunos cambios en el régimen local, en los temas del aforamiento, en los temas de la LOREG—, pero he de decir que nos gustan algunas propuestas innovadoras, y alguna especialmente, como la relativa a los paraísos fiscales. Sí compartimos plenamente su enfoque integral y radical, es decir, que vaya a la raíz del problema e intente abordarlo en toda su complejidad. Por tanto, esta visión o este enfoque se acerca a lo que nosotros hemos impulsado con oposición en el Congreso de los Diputados y con un gran número de enmiendas a las distintas leyes que hemos debatido en el Senado, entre otras, las de única iniciativa, que —y lo digo sin ningún tipo de pudor— el Gobierno ha llevado a cabo con carácter realmente profundo y estratégico, como ha sido la Ley de la trasparencia. Lamentablemente, después de más de un año, su aplicación demuestra que ha sido una ley —como avanzábamos— coja e insuficiente, que deja temas importantes en el tintero y que todavía necesita mucha más profundidad.

En definitiva, señorías, la voluntad contra la corrupción, la voluntad de lucha inequívoca contra la corrupción y el mensaje claro que envía esta moción a la ciudadanía de voluntad de regeneración a fondo hacen que nuestro grupo se una plenamente a esta moción y le dé su apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Vagi en primer lloc el meu reconeixement a la capacitat de treball que ha demostrat al llarg d’aquests tres anys i mig el senador Iglesias —i, per tant, voldria contextualitzar la meva intervenció en aquest reconeixement—; capacitat de treball que crec que ha volgut reflectir en aquesta moció que sembla ser —si em permet l’expressió, senyor Iglesias—, una recopilació dels èxits dels últims quatre anys, o una recopilació, com vostè deia, de totes les propostes.

Quan es fa una moció tan extensa, corre un el perill —com s’ha manifestat també per part d’altres portaveus— de dificultar molt el consens. Nosaltres en un moment ens havíem plantejat de presentar esmenes i, al final, entenem que no era procedimentalment el més adequat, donat que vostè proposa 50 actuacions que, a la vegada —alguna d’aquestes 50 propostes— té moltíssims vectors i moltíssimes actuacions.

Per tant, ja li avanço que el nostre Grup no li votarà a favor, no perquè no compartim l’esperit, sinó perquè no compartim algunes, i algunes molt significatives, d’aquestes propostes, que jo intentaré explicar. En tot cas li reconec la iniciativa, li reconec la capacitat de treball, però crec que en quant a la concreció no hi ha encert, per diferents motius. Algunes, perquè crec que al fer una recopilació del treball dels últims quatre anys, i les propostes i iniciatives dels últims quatre anys, no s’ha sigut suficientment hàbil per extraure aquelles que ja estan en vigor o en aplicació, i aquest és un element significatiu. Altres, perquè són propostes que el nostre grup parlamentari no comparteix. Per exemple, vostès comencen la moció en una de les propostes dient que s’hauria d’eliminar el termini de prescripció del delicte contra la corrupció. Aquest és un debat que podríem obrir, si s’han d’eliminar els terminis de prescripció, però nosaltres no hi estarem d’acord que fos només per als delictes de corrupció, perquè com s’explicaria que es faci així i, per a un assassinat, no, per exemple? Per tant, aquí tenim una primera discrepància.

Una altra discrepància més profunda és aquella sensació que algú podria desprendre de la lectura de la seva moció. Fem l’exercici que vingués una persona que no conegués l’Estat espanyol i llegís la moció. La primera percepció que tindria és que els alcaldes i regidors de l’Estat espanyol són una banda de bandolers, perquè els estem criminalitzant, els estem estigmatitzant. Crec que s’equivoca. El conec personalment, senador Iglesias, i sé que no és la seva intenció, però quan està dient que se’ls ha d’inspeccionar de forma periòdica, als alcaldes i regidors d’urbanisme, sigui més o menys de 50 000 habitants, estem estigmatitzant-ho d’una forma absolutament indigna. No podem permetre-ho això. No podem col·laborar, des de determinades institucions, a estigmatitzar la funció i l’acció política.

Li parlo per Catalunya, i després faré alguna referència a Catalunya i a la intervenció que ha fet el senador del PSC, el senador Martí. A Catalunya no hi ha cap modificació urbanística que s’aprovi exclusivament amb el vot, ja no de la comissió de govern ni del plenari de l’ajuntament, sinó que totes estan sotmeses sota tutela de la Comissió d’urbanisme territorial o de la Comissió d’urbanisme de Catalunya, per tant, sota la tutela d’una administració superior. Per què no haurem d’inspeccionar a tots els consellers de territori? O per què no haurem d’inspeccionar a tota una altra sèrie de persones que intervenen en tots aquests processos? Per què exclusivament als alcaldes? Per què exclusivament als regidors d’Urbanisme? Per què no als regidors de Serveis? Vostè deia que en les concessions de Serveis també es produeixen nombrosos casos. Llavors, per què no els han d’inspeccionar? Crec que amb això no contribuïm, de veritat, a la dignificació de la funció de les persones que en un moment de la seva vida la dediquen al servei públic i a ocupar càrrecs en determinades institucions. Diu que a més els alcaldes i regidors han de fer una declaració de béns i l’han de publicar. És clar, és el que estem fent. Nosaltres tenim una llei de transparència de Catalunya, molt més agosarada —després també en parlaré— que l’espanyola, i ara tots els càrrecs que hauran estat elegits a les eleccions municipals estan fent una declaració de béns que es publicarà a la pàgina web dels nostres ajuntaments. No demanéssim allò que ja estem fent, perquè és obvi.

Una altra qüestió, senador Iglesias: que s’eliminin les aportacions als plans de pensions privats dels càrrecs públics. Compte! Jo porto quatre anys, de senador, i no he tingut cap aportació al pla de pensions; els diputats al Congrés no tenen aportacions a plans de pensions; els diputats al Parlament de Catalunya no tenen tampoc aportacions a plans de pensions, i els regidors i regidores als ajuntaments de Catalunya no tenen aportacions a plans de pensions. Ho dic, perquè si algú llegeix la moció es pot pensar que todo el monte es orégano, y todo el monte no es orégano, s’han pres moltes mesures. Algunes de les mesures que vostè contempla en aquesta moció les considero necessàries, imprescindibles, però crec que altres contribueixen a donar una imatge distorsionada de la situació, perquè la corrupció és un problema, però no és un problema l’any 2015, ha estat un problema els últims quaranta anys, i molts dels casos de corrupció que avui surten, surten a la llum pública molts anys després. Segurament aquest és el problema que haurem de resoldre.

I en tot cas també fer una matisació a la intervenció del senyor Martí i la seva obsessió malaltissa amb Convergència i Unió, —malaltissa, perquè si no no s’entenen les seves paraules abans—. Que això vingui de la mà del PSC té la seva peculiaritat. Ho dic perquè al PSC —hi ha gent que no ho sabrà— l’alcalde, president de la Federació de Municipis de Catalunya, del PSC, va tenir que dimitir i anar-se’n a casa d’amagatotis, per una sèrie de casos que encara avui no estan aclarits.

Senyor Martí, venir aquí i dir que els de Convergència i Unió no han fet res, i afirmar que reconeix que el Partit Popular ha fet una llei de transparència, o no en té ni idea, o no s’ha llegit la Llei de transparència espanyola i no s’ha llegit la Llei de transparència catalana, que també van votar vostès, i que va ser iniciativa del Govern. És molt més ambiciosa la Llei de transparència catalana que l’espanyola. I vostè ve aquí i reconeix que el Partit Popular ho ha fet bé, això, en canvi, el Govern de la Generalitat, no —no sigui cosa que a mi em renyin, quan arribi a casa—. Una mica de dignitat i una mica de responsabilitat. (El senyor Martí Jufresa pronuncia paraules que no es perceben). I quan hagin aclarit tots els casos de corrupció que afecten al PSC a Catalunya, vingui, pugi aquí, i doni lliçons. Mentrestant, sigui humil, i reconegui el treball dels altres, perquè segurament el dignificarà més.

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, mi reconocimiento a la capacidad de trabajo que ha demostrado a lo largo de estos tres años y medio el senador Iglesias —y quisiera contextualizar mi intervención en este reconocimiento—; capacidad de trabajo que el senador Iglesias ha querido reflejar en esta moción, que parece —si me permite la expresión— una recopilación de los éxitos de los últimos cuatro años o, como usted decía, de todas las propuestas.

Cuando se realiza una moción tan extensa, uno corre el peligro —como se ha puesto de manifiesto también por otros portavoces— de dificultar mucho el consenso. Nosotros en un momento nos planteamos presentar enmiendas y, al final, entendimos que no era procedimentalmente lo más adecuado dado que usted propone 50 propuestas, que, a su vez —algunas de ellas— tienen muchas actuaciones.

Por tanto, le avanzo que nuestro Grupo no votará a favor, no porque no compartamos el espíritu, sino por algunas propuestas suficientemente significativas que intentaré explicar. Reconozco la iniciativa y la capacidad de trabajo, pero la concreción no nos parece acertada, por distintos motivos. En algunos casos porque en la recopilación de las propuestas e iniciativas de los últimos cuatro años no se ha sido lo suficientemente hábil para extraer aquellas que están ya en vigor o aplicación, y este es un elemento significativo, y en otros casos, porque son propuestas que mi grupo parlamentario no comparte. Por ejemplo, una de las propuestas que propone la moción es que se debería eliminar el plazo de prescripción del delito contra la corrupción. Un debate que podríamos abrir sería si se deberían eliminar o no los plazos de prescripción, pero no estamos de acuerdo con que fuera solo para los delitos de corrupción, porque ¿cómo se explicaría que se hiciera en un caso de corrupción y no por un asesinato, por ejemplo? Aquí tendríamos la primera discrepancia.

Otra discrepancia más profunda, aquella sensación que se podría desprender de la lectura de su moción. Pensemos que viniera una persona que no conociera el Estado español y se leyera la moción. Pues su primera percepción sería que los alcaldes y los regidores del Estado español son una banda de bandoleros, porque les estamos criminalizando. Creo que se equivoca. Lo conozco personalmente y sé que no es esa su intención, pero está diciendo que se deben inspeccionar periódicamente a los alcaldes y concejales de Urbanismo en aquellas poblaciones de más de 50 000 habitantes, con lo cual les estamos estigmatizando de una forma absolutamente indigna. No podemos permitirlo y determinadas instituciones no podemos colaborar en estigmatizar la función y la acción política.

Después haré una referencia a Cataluña, ahora a la intervención del senador del PSC, señor Martí. En Cataluña no hay ninguna modificación urbanística que se apruebe exclusivamente con el voto de la comisión de gobierno o del pleno del ayuntamiento, todas están sometidas a la tutela de la Comisión de urbanismo territorial o a la Comisión de urbanismo de Cataluña, por tanto, bajo la tutela de una administración superior. Si no tenemos que inspeccionar a todos los consejeros del territorio, a toda esa serie de personas que intervienen en estos procesos, ¿por qué sí exclusivamente a los alcaldes, a los concejales de Urbanismo? ¿Por qué no a los concejales de Servicios? Usted decía que en las concesiones de Servicios también se producen estos casos. Entonces, ¿por qué no deberíamos inspeccionarlos también? Creo que con esto no contribuimos a la dignificación de las personas que dedican su vida al servicio público y ocupan cargos en determinadas instituciones. Dice además que los alcaldes y concejales deben hacer una declaración de bienes y deben publicarla. Claro, es lo que estamos haciendo. En Cataluña tenemos una ley de transparencia mucho más fuerte, más profunda que la española, y actualmente los cargos elegidos en las elecciones municipales están haciendo una declaración de bienes que se publicará para que la puedan ver los ciudadanos, y no se les olvida porque es obvio.

Otra cuestión: que se eliminen las aportaciones a los planes privados de pensiones de los cargos públicos. ¡Cuidado! Yo llevo cuatro años como senador y no he tenido ninguna aportación al plan de pensiones; los diputados en el Congreso tampoco tienen aportaciones al plan de pensiones; tampoco los diputados en el Parlamento de Cataluña ni los concejales de los ayuntamientos catalanes. Lo digo porque, si alguien lee la moción, podría pensar que todo el monte es orégano, y no todo el monte es orégano, se han adoptado muchas medidas. Algunas de las medidas que se contemplan en esta moción las considero necesarias e imprescindibles, pero creo que otras contribuyen a dar una imagen distorsionada de la situación, porque la corrupción no es un problema en el año 2015, lo ha sido en los últimos cuarenta años, y muchos casos de corrupción que hoy salen a la luz lo hacen muchos años después. Seguramente este es el problema que deberemos resolver.

También quisiera hacer un matiz a la intervención del señor Martí por su obsesión con Convergència i Unió —una obsesión enfermiza, porque, si no, no se entienden sus palabras anteriores—. Que esto venga de la mano del PSC tiene su peculiaridad. Lo digo —y hay gente que no lo sabrá— porque el alcalde, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña del PSC tuvo que dimitir e irse a casa a escondidas por una serie de casos que todavía hoy no están aclarados.

Señor Martí, venir aquí y decir que la gente de Convergència i Unió no ha hecho nada, y afirmar reconozco que el Partido Popular ha hecho una ley de transparencia, o no tiene ni idea o no se ha leído la Ley de transparencia española, o no se ha leído la Ley de transparencia catalana, que también la han votado ustedes a iniciativa del Gobierno. La Ley de transparencia catalana es mucho más ambiciosa que la española. Y usted viene aquí y reconoce que el Partido Popular lo ha hecho bien y el Gobierno de la Generalitat no —no vaya a ser que me riñan cuando llegue a casa—. Hay que tener un poco de dignidad, por favor, y un poco de responsabilidad. (El señor Martí Jufresa pronuncia palabras que no se perciben). Y cuando hayan aclarado todos los casos de corrupción que afectan al PSC en Cataluña, entonces suba aquí y dé lecciones. Mientras tanto, sea humilde y reconozca el trabajo de los demás, porque seguramente le dignificaría más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Ruego no polemicen con el orador.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.

Bé, en tot cas, el que crec que sí que no ajuda és intentar generalitzar una situació que no afecta a tots.

Senyor Iglesias, li agraeixo la moció, però no la podem compartir. En la mesura que proposi alguna d’aquestes mesures de forma individual, crec que generem un acord i un consens.

Respecte als ajuntament i als casos que afecten a la corrupció urbanística als ajuntaments, li donaria una dada: hi ha 8122 ajuntaments a l’Estat espanyol. Em podria dir quants casos de corrupció urbanística en aquests moments estan al jutjat al conjunt de l’Estat espanyol? No arriba ni a un 1 %. No generalitzéssim, perquè hi ha moltíssima gent que està fent de forma molt digna i molt honesta la seva funció política i de representació de tots els conciutadans.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Bien, en todo caso, lo que no ayuda es intentar generalizar una situación que no afecta a todos.

Señor Iglesias, le agradezco la presentación de la moción, pero no la podemos compartir. En la medida en que proponga algunas de estas medidas de forma individual, se generará un acuerdo y un consenso.

Respecto a los casos que afectan a la corrupción urbanística en los ayuntamientos le daré un dato: hay 8122 ayuntamientos en el Estado español. ¿Podría decirme cuántos casos de corrupción urbanística en el Estado español están en estos momentos en el juzgado? No llega ni al 1 %. No generalicemos, porque hay mucha gente que está haciendo de forma muy digna y muy honesta su función política y de representación de todos los conciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Antich.

El señor ANTICH OLIVER:



Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar me sumo también a dar las gracias al senador Iglesias por esta iniciativa. En segundo lugar, como él bien decía, los informes del CIS señalan la corrupción como el segundo gran problema de los ciudadanos y el desempleo como el primer problema. El propio CIS, la última vez que preguntó, señalaba que 7 de cada 10 ciudadanos estaban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia, y antes de la crisis era al revés; a partir de 2012, el crecimiento de la insatisfacción es abrupto y, sorpresivamente, el CIS deja de preguntar sobre ello en años posteriores. La Encuesta Social Europea antes de la crisis situaba a España en las primeras posiciones de satisfacción, justo detrás de los países escandinavos, y desde la crisis nos sitúa con los más retrasados, con los países de la Europa del Este.

El informe sobre la democracia en España 2015, que hace nueve años elabora la Fundación Alternativas, traslada una percepción ciudadana muy mayoritaria de deterioro de nuestra democracia, marcando el nivel más bajo de satisfacción desde que se hace el informe, con un aprobado justo, y nos dice que este deterioro se expande con una enorme rapidez, que es lo que le diferencia de otros países. El informe mantiene las tendencias negativas de los últimos años —subordinación del poder político al poder económico, corrupción y una democracia menos inclusiva—, con un elemento negativo novedoso, el deterioro de los derechos sociales —lo que hasta hace poco era una de las fortalezas del sistema democrático español, se convierte ahora en una de sus debilidades—. Apunta también a la pérdida de libertades con la Ley de seguridad ciudadana.

Vistos los informes, no es osado aventurar que en la expansión tan rápida del deterioro de nuestra democracia —hecho que nos diferencia de otros países en crisis— juega un papel fundamental la multitud de casos de corrupción en investigación y una respuesta neoliberal a la crisis, que ha situado la desigualdad y la pobreza a unos niveles impresentables, recortando prestaciones y servicios esenciales, aprovechando la mínima para recortar libertades, impulsando una devaluación general, mientras crece una élite cada vez más rica. Basta mirar el informe sobre la riqueza mundial de la consultora Capgemini y del Royal Bank of Canada, que afirma que los ricos han aumentado en España durante la crisis en un 40 %.

Según Naciones Unidas, la corrupción es una fenómeno social complejo que mina las instituciones democráticas y contribuye a la inestabilidad de los gobiernos, frena el desarrollo económico, ataca los fundamentos de las instituciones democráticas, distorsiona los procesos electorales y pervierte la aplicación de la ley, una lacra que tiene grandes costes democráticos, sociales y económicos, y que impulsa todas las caras de la desigualdad.

Si nos referimos a España, hay estudios que estiman que la corrupción representa alrededor del 4 % del PIB, unos 40 000 millones —siempre hablando de la corrupción en su más estricto sentido, dejando de lado el tema de la economía sumergida—. En Europa, la media es del 2 o el 2,5 del PIB europeo. España estaba situada en 2014, según los indicadores de la corrupción en el mundo, en el puesto 37 —entre los más corruptos de Europa—, lo que hace pensar que el porcentaje del 4 % del PIB no es nada descabellado.

Al igual que ha pasado con las reformas en respuesta a la crisis, las que se han planteado como de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción se han tramitado de forma general con poca voluntad de acuerdos, con algunas excepciones como las referentes a los partidos políticos, es más, diría que muchas veces con enfrentamiento con la oposición, como es el caso del Código Penal —una ley importantísima en cualquier país democrático— o la de la seguridad ciudadana. Reformas en las que se han aceptado muy pocas enmiendas, tramitadas generalmente por urgencia, empleando esta Cámara en ocasiones para plantear cuestiones nuevas, no sometidas a informes preceptivos. Urgencia que ha sido la regla general en esta legislatura, y con lo que se nos anunció ayer para los próximos meses, estamos alcanzando ya una posición claramente antisistema de la tramitación parlamentaria. Unas reformas insuficientes para la finalidad que perseguían, como es, por ejemplo, rechazar una oficina anticorrupción independiente o rechazar la regulación de las puertas giratorias y los lobbies, o la transparencia activa de urbanismo, y la publicidad o mayor independencia de los órganos de control, etcétera. Unas reformas que en algunos casos han servido para suavizar la legislación vigente, como pasó, por ejemplo, con la reforma de altos cargos respecto a la Ley 5/2006, que rebajó las declaraciones de bienes y actividades; o han significado, en otros casos, claros retrocesos como la reducción de las penas al cohecho impropio y a la malversación en la reforma del Código Penal. Reformas que mantienen unas cantidades muy altas para que se den determinados delitos de cuello blanco —120 000 euros para el delito fiscal—, además de la llamada cláusula absolutoria—; 500 000 euros para la financiación ilegal de los partidos, además de dejar muy indefinidas las responsabilidades. En cambio, son muy duras cuando hablamos de pequeñas defraudaciones a la Seguridad Social o regresivas respecto del ejercicio de los derechos de manifestación y de huelga. En definitiva, unas fórmulas muy acordes con la famosa amnistía fiscal, que ha convivido con aumentos de impuestos y un sistema fiscal nada progresivo, o con los recortes de servicios y prestaciones esenciales.

He de decir en cuanto a las aportaciones de la moción que muchas son parecidas a iniciativas de mi grupo o a enmiendas presentadas a las reformas hechas en esta legislatura, y otras figuran en el Código de Ética firmado por mi partido con Transparencia Internacional, o han sido propuestas, por ejemplo, para impulsar reformas en las Cámaras. Coincidimos con muchos puntos de la moción pero no con todos, como en el campo local —ya se ha dicho aquí— o en distintos temas, creemos que necesitan matizarse. Incluso también, como ya se ha dicho, hay alguna propuesta contraria a la jurisprudencia constitucional; y otras de las reformas ya están en vigor. Pero, en definitiva, entendemos que un plan como el que se propone necesita que se le dé apoyo sin perjuicio de que pensemos que necesita a la vez de un foro mucho más amplio que el de una simple moción con el fin de poder analizar con más tranquilidad la mejora de su contenido dada su amplitud y la gran diversidad de materias, los problemas competenciales y el nivel de concreción que contiene.

Por eso, decía que, a pesar de que no compartimos muchas de las propuestas que se hacen, sí compartimos el espíritu. Y con esta idea le vamos a dar apoyo, no con la idea de compartir todas las medidas concretas, que, como decía, necesitan de un foro mucho más amplio para la concreción. Entendemos que necesitamos un refuerzo de medidas en este sentido, medidas punitivas, pero también más prevención, con mayores controles, más independientes y más capaces; con procesos más ágiles para perseguir a corruptos y corruptores, y recuperar los importes de los daños; con más coordinación y más atención a determinados temas, como el urbanismo, la contratación; con más gobernanza, con más evaluación y rendición de políticas y de cuentas; eliminando prerrogativas desfasadas; mejorando la participación de la ciudadanía; con mejores procesos electores y con mejor organización y funcionamiento de los partidos; medidas nacionales y europeas para combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales, como, por ejemplo, la que se está discutiendo en estos momentos en las instituciones europeas para que las sociedades que cotizan en bolsa manifiesten los países donde han pagado sus tributos. He de decir que, en este tema, los conservadores europeos aún no apoyan esta cuestión.

Es un plan amplio teniendo en cuenta que un reciente estudio de Ernst & Young manifiesta, lamentablemente, que un 90 % de los ejecutivos españoles están de acuerdo con que los sobornos, regalos y ciertas prácticas son justificables para ganar un contrato-negocio y que en Europa el porcentaje es inferior, el 50 %, aunque la cifra no ha disminuido desde que se celebró la última encuesta, con el agravante de que ello no es un rasgo exclusivo de los altos cargos ya que, según el mismo estudio, un 82 % de los empleados españoles justifica este tipo de actuaciones no éticas. En este caso, el resultado es de un 62 % en toda Europa. Parece conveniente, pues, trabajar con las empresas y con las asociaciones empresariales para cambiar estas situaciones, implantar políticas activas y fomentar los valores pertinentes con la educación y la formación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor ANTICH OLIVER: Ya termino, presidente.

Una actuación esta que necesitamos y que es necesario que se complemente con otra respuesta a la crisis, más solidaria e inclusiva, que, sin duda, es otro de los elementos que pone en peligro nuestra democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, presidente Antich.

Tiene la palabra la senadora señora Vindel, por el Grupo Popular.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar totalmente de acuerdo con una afirmación que ha hecho el senador Bildarratz y es que no hay más vías de corrupción después de estos tres años y medio; no hay más, sino más bien todo lo contrario, o esa ha sido la intención de cuantas reformas se han llevado a cabo.

Les decía antes que el Gobierno presentó más de 70 medidas contra la corrupción que conforman el proyecto de regeneración más ambicioso a favor de la ejemplaridad, del rigor y de la transparencia para luchar de forma completa y efectiva contra la corrupción. Se ha citado mucho la encuesta del CIS en este punto. Creemos que así, con todas estas medidas, se respondió a los ciudadanos; son unas medidas innovadoras, valientes y cuya intención —y creemos que así será— es la de ser muy eficaces para prevenir, detectar, y desde luego, castigar mejor la corrupción.

Son cuatro leyes, señorías, que conocen perfectamente y que constituyen los cuatro ejes alrededor de los que se articulan todas esas medidas: la Ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo; la Ley de transparencia, que es la primera de nuestra historia, pues en las nueve legislaturas anteriores ningún Gobierno la había traído a las Cámaras, y la reforma del Código Penal. Como digo, estos son los cuatro ejes, pero a ellos, señorías, se va a unir muy pronto la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, que acaba de ser aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados y que introduce, entre otras cosas, plazos máximos de instrucción.

El senador Bildarratz hacía una relación de asuntos que todavía se estaban instruyendo, como el caso Gürtel, el caso Nóos, el caso de los ERE o el caso Edu. Para que la lucha contra la corrupción se pueda desarrollar con éxito es totalmente necesario hacer realidad el principio de celeridad en la justicia penal, de forma que —en palabras del Tribunal Constitucional— el tiempo de realización de la actividad judicial para la resolución del caso sea el más breve posible. Esta necesidad es la que ha llevado a reducir la duración de los procedimientos de investigación en la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Y qué se pretende con ello? Pues acabar con la sensación de instrucciones que se alargan indefinidamente en el tiempo, evitando dilaciones indebidas; se pretende fortalecer los derechos procesales según las exigencias del derecho de la Unión Europea, y regular también las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos garantizados por el artículo 18 de la Constitución.

Como sus señorías recordarán, nada más comenzar la legislatura, en el año 2012, se modificó la Ley de financiación de partidos políticos para fijar anualmente los posibles aumentos o disminuciones de las subvenciones a los partidos políticos, así como reducir en un 20 % su cuantía anual. El Código Penal se modifica también en el 2012 en materia de transparencia para luchar contra el fraude. Su objetivo fue responder a las demandas de la realidad económica y social de entonces, mejorar los instrumentos de control de ingresos y gastos, y revisar en profundidad los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

La Ley de transparencia del año 2013 impone tres tipos de obligaciones: la publicidad activa, la garantía del derecho de acceso de los ciudadanos a la información, y el buen gobierno. Y creo que estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella, que evitarla, porque donde hay sombra, donde hay secreto o exceso de confianza es muy fácil que se produzcan favores, arbitrariedades y desfalcos, pero donde todo está a la vista, es muy complicado que nadie haga lo que no debe. Es increíble, señor presidente, que España no tuviera desde hace tiempo una Ley de transparencia.

La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo ha ampliado la relación de altos cargos, se han establecido requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, como son la honorabilidad, la experiencia y la formación. Esta ley impide acceder a alto cargo al que hubiera sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad, ha limitado las indemnizaciones y los gastos de representación, ha reforzado los mecanismos de prevención, de control y de sanción, ha redefinido —que falta hacía— el conflicto de intereses, señorías, y también se ha referido a las retribuciones públicas y al refuerzo de la Oficina de conflictos e intereses.

Las dos leyes que rigen la actividad de los partidos políticos y del Tribunal de Cuentas han incluido medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos y han otorgado muchos más medios al Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de vigilarnos. Se trata de que los partidos sean más transparentes y más austeros, y por ello se han prohibido las condonaciones de deuda de entidades a partidos políticos, se han limitado las subvenciones a los partidos políticos en un 40 %, se han disminuido en un 20 % los gastos electorales, se ha establecido la incompatibilidad de la corrupción con la pertenencia al partido y se han ampliado los plazos de prescripción de cualquier sanción.

Y si se dan ustedes un paseo por el Código Penal comprobarán que tras más de 400 enmiendas aceptadas —se decía hace un momento que no se habían aceptado enmiendas y que se había ido por el trámite de urgencia, pero el Grupo Popular, señorías, ha aceptado más de 400 enmiendas del resto de los grupos—, se han incluido, en primer lugar, las recomendaciones del grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa, el grupo Greco; se ha definido la corrupción en el ámbito privado; se han endurecido las penas en el sector público, y se ha introducido el delito de financiación ilegal de partidos políticos, al que ninguna de sus señorías se ha referido. A la inhabilitación especial se añade ahora la inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo y tampoco estaba esto en vigor. Los condenados a prisión por delitos contra la Administración pública no van a poder acceder al beneficio de la libertad condicional si no devuelven lo que se han llevado, y se ha establecido, en suma, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En fin, señorías, creo que, como decía un interviniente, para no haber hecho nada y negar la corrupción, francamente creo que en casi tres años y medio el Partido Popular no ha podido hacer más cosas. Hemos plasmado legislativamente medidas eficaces tanto en la prevención como en la lucha contra la corrupción; medidas, por cierto, que nunca antes se habían logrado aprobar en lo que constituye sin ningún género de dudas un marco de reformas en materia de corrupción sin precedentes desde que se aprobara la Constitución de 1978. Les voy a decir más, en el Grupo Popular estamos muy orgullosos de ello y de este trabajo que ha realizado el Gobierno y el grupo que lo apoya.

No quiero bajar de esta tribuna sin reiterarle las gracias al senador Iglesias porque si su señoría no llega a presentar esta moción, yo no hubiera podido dejar constancia en acta, senador, a modo de resumen, de este esfuerzo legislativo tan formidable. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Pero quiero hacer una última reflexión, señor presidente, tiene su aquel que nos hayan venido a presentar hoy aquí casi todo aquello a lo que se han estado oponiendo en esta Cámara con vetos, con enmiendas y con votaciones estos tres años y medio que llevamos de legislatura. Ahora, no seré yo, señor presidente, señorías, quien se atreva a explicar qué entienden algunos por coherencia porque ya se sabe que el esfuerzo inútil produce melancolía y ahí no me van a encontrar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, en primer lugar, someteremos a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto. A continuación, entraremos en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de autoconsumo de energía, que no se votará hasta pasadas las 4 de la tarde, junto con los vetos del primer proyecto de ley. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Muy bien.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 62; en contra, 147 abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. 622/000015 GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1., y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores). Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor, para que pueda empezar el senador Iglesias.

Cuando quiera, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Esta proposición de ley tuvo ayer un preámbulo en la interpelación que Unión del Pueblo Navarro realizó al señor ministro de Industria, también en relación con la situación que en nuestro país viven las iniciativas de autoconsumo energético. España ha de cumplir los objetivos sobre energías renovables fijados por la Unión Europea en el Horizonte 2020, que tuvieron como concreción la Directiva 2009/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, y que supone que, en dicha fecha, en 2020, se ha de alcanzar una cuota mínima del 20 % de energía procedente de fuentes renovables. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Iglesias. Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo, pero dejen hablar al senador Iglesias.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

A lo largo de 2014, tanto la Comisión Europea como la Agencia Europea del Medio Ambiente alertaron en diferentes ocasiones de que la política que estaba desarrollando nuestro país hacía imposible cumplir dicho objetivo, que, además, fue de nuevo motivo de preocupación de la comisión el pasado día 16 de este mes.

En el informe sobre la propuesta de planes de financiación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señalaba que no será posible llegar a ese objetivo del 20 % sin contar con el autoconsumo. Para ello, sería necesario agregar varios miles de pequeñas instalaciones fotovoltaicas, presumiblemente sobre cubierta, debiendo decía la comisión establecerse una normativa específica que permita vender al sistema la energía no consumida.

Está clara la posición de la Comisión Europea y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, está claro el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero el Gobierno de España se empeña en seguir otra vía, en seguir otro cauce absolutamente divergente de estos emplazamientos. El Gobierno prefiere seguir avanzando por la senda del Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Por ello, presentó hace unos días, para que sea informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un borrador de real decreto de autoconsumo, que en lo fundamental es prácticamente idéntico al que presento el 18 de julio del 2013, que suscitó el rechazo unánime de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entonces existente, al calificar tanto la una como la otra el peaje de respaldo como improcedente y discriminatorio. A la vista de él, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abrió entonces una investigación sobre la intención del Gobierno en relación con el autoconsumo, es decir, la política del Gobierno ha logrado que se enciendan las luces rojas de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de las entonces existentes Comisión de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía y en este momento también de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En este borrador de real decreto de autoconsumo se introducen, en vez de un peaje de respaldo como el que se envió en el mes de julio del 2013 para ser informado por las comisiones a las que acabo de hacer referencia, dos peajes: un peaje de acceso a las redes para que las instalaciones de autoconsumo contribuyan a los costes de las redes de distribución y de transporte, y luego lo que se llama un cargo asociado para que contribuyan al resto de los costes del sistema. En la práctica, la introducción de estos gravámenes significa que aproximadamente el 50 % del ahorro logrado por quien realizó esta instalación como consumidor doméstico desaparezca.

Como consecuencia de todo ello, la amortización de las instalaciones domésticas se dilatará en el tiempo, multiplicándose casi por 3. Si antes de que se redactara este borrador las previsiones de amortización de estas instalaciones estaban en doce años, tras la aprobación, si se produce, del real decreto, con la introducción de estos dos peajes, se dilatará hasta 35 años el plazo de amortización de las instalaciones domésticas. Por lo tanto, no resultará interesante la inversión que ello exige y no se realizarán esas miles de instalaciones que resultan necesarias para cumplir el objetivo del 2020, el 20 % de generación con sistemas alternativos de generación de electricidad, y no seremos capaces de asumir los compromisos ante la Comisión Europea. Porque además, tal como establece ese real decreto, no podrán los productores, los consumidores domésticos pedir una contraprestación económica por el exceso que viertan a las redes, salvo que una empresa generosamente alcance un acuerdo con ellos y les compense.

Por otro lado, los titulares de estas instalaciones, como consumidores domésticos, no podrán acogerse a los beneficios de la tarifa regulada del bono social, lo cual disuadirá aún más su instalación. Se trata además de un real decreto que tiene carácter retroactivo, afectará a todas las instalaciones posteriores, pero también a las que previamente se han legalizado conforme a la normativa de las comunidades autónomas, que tendrán que volver a legalizarse, y para ello deberán aportar un estudio técnico cuyo coste puede ser incluso superior al de la inversión de la instalación. Otros países europeos van en otra dirección, y por eso en este momento, sorprendentemente, habiendo sido España el país precursor en la generación de electricidad con las fotovoltaicas y con el resto de los mecanismos de producción respetuosos con el medio ambiente, Alemania produce ocho veces más energía fotovoltaica que nuestro país y subvenciona además con un 30 % la instalación de acumuladores, los famosos Tesla, y sin embargo con este real decreto el Gobierno disuade de la utilización de estos acumuladores en tanto en cuanto se va a establecer una disuasión fiscal para su uso. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Conclusión. En 2014 en nuestro país, como consecuencia de la política del Gobierno agresiva con la energía fotovoltaica, solo se produjo la instalación de 22 megavatios de generación de energía eléctrica fotovoltaica. En Francia se dio lugar a la instalación de 1000 megavatios y en el Reino Unido a la instalación de 2270 megavatios. De ahí la oportunidad, en opinión de Izquierda Unida, de presentar esta proposición de ley en la que se plantea que el excedente vertido a la red genere unos derechos de consumo en diferido que se irán descontando del importe de lo consumido procedente de la red; que la tarifa que paguen por la energía consumida quienes se acojan a este sistema de producción fotovoltaica como consumidores domésticos sea la misma que tendrían si no hubiesen realizado esa instalación de generación de energía fotovoltaica, y que no se pague ningún peaje, ninguno de esos dos peajes que establece el borrador de real decreto que en este momento está siendo sometido a informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Iglesias.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para posicionarme en el turno en contra de esta proposición. Después de la intervención del ministro ayer en relación con una interpelación de la compañera de UPN, a la que usted ha hecho referencia, yo pensé que habían quedado las cosas claras y suponía que lo habían retirado o que lo iban a retirar, pero veo que no. Usted presenta el autoconsumo como algo beneficioso, y dice que el Gobierno tiene unos prejuicios negativos contra esto, contra las renovables. Esta es la dinámica que ha venido siguiendo tanto el Grupo de Izquierda Unida como la izquierda en general con respecto al sector eléctrico. Lo que ustedes proponen y una cosa son sus palabras y otra lo que está en el texto que ustedes presentan no deja de contener algunas falacias, perdone que se lo diga.

Primero, porque ustedes venden autoconsumo. Quedó ayer bien claro, y se lo vuelvo a repetir. Si yo me quiero montar una instalación eléctrica para mi consumo particular, no tengo ningún impedimento legal, puedo hacerlo; tendré que cumplir la normativa en cuanto a seguridad interior en el domicilio, en la unidad física donde esté instalada esa unidad de producción eléctrica, y aquí paz y después gloria. Pero ustedes añaden: quiero estar conectado a la red. Entonces ya no estamos hablando de autoconsumo, estamos hablando de un negocio donde intervienen dos partes. Eso, por una parte. Y, después, señor Iglesias, le juro que el texto lo leí cuatro veces, porque pensé: esto no puede ser, o se la han metido doblada o no lo entiendo. Usted habla lo leo porque está en el boletín del Senado de que la potencia instalada no sea superior a 10 megas en aquellos casos en que sea una cooperativa, porque en el individual no pone límite. ¿Usted sabe lo que son 10 megas? Estoy seguro que sí. ¿Usted sabe qué potencia tiene un molinillo de esos que vemos en los parques eólicos cuando vamos por la carretera? ¿Sabe cuánta potencia tiene cada uno de esos molinillos? Pues se lo digo yo: de media, más o menos, 1,2 o 1,4 megas. Si va usted por lo fotovoltaico, no, pero usted habla de energías renovables y, que yo sepa, energía renovable es tanto la eólica como la fotovoltaica o la termosolar, con lo cual se abre al abanico para instalar cualquiera de esos artefactos que funcionan de esa manera. Usted me está diciendo que autoconsumo es montar 7 o 5 molinillos vuelvo a insistir de los que vemos cuando vamos por la carretera en distintos paisajes de nuestra tierra. ¡Hombre! Yo creo que es un poco duro decir que eso es autoconsumo. Vuelvo a insistir. Le recuerdo que un mega son 1000 kilovatios, luego si son 10 megas, estamos hablando de 10 000 kilovatios. El contrato normal que suele tener una vivienda es de 3 o 3,5 kilovatios de potencia contratada; una vivienda un poco mayor puede estar en 8. Si usted me dice que esto es autoconsumo, perdone que no pueda estar de acuerdo con usted.

Dice usted que se compatibilice su demanda con su curva de producción. ¡Hombre! Esto es curioso. El resto de la ciudadanía tiene que adaptarse a su curva de demanda y a su curva de producción, como a mí me interese. Tendrá que reconocer que el interés general le importa tres pimientos; es egoísta. Simplemente yo ajusto mi curva de oferta y demanda y el resto... Ustedes están defendiendo o promoviendo siento mucho decirlo un negociete.

¿Qué proponen ustedes con el sistema de balance neto? Lo que a mí me sobra lo meto en la red y a lo largo del año voy cogiendo a mi demanda, porque ustedes piden un año para poder hacerlo. Quieren imponer un intercambio desigual. Tener que explicar estas cosas en esta tribuna me da un poco de reparo, pero usted sabe que la electricidad ni tiene el mismo valor en todas las horas del día ni a lo largo de los 365 días del año. Hay muchísimos factores que influyen en ese precio y, por lo tanto, es querer forzar a intercambiar cosas que tienen un valor en un momento determinado, pero que en otro momento determinado del día o del año tienen valor cero. Pues, hombre, a eso nos apuntamos todos. Es como si en los contratos laborales el empresario negocia con el trabajador tantas horas al año, pero el empresario decide cuándo las hace, es decir, sin vacaciones, sin nocturnidad. Entonces usted diría: ¡No, eso no puede ser! Le puedo poner otro ejemplo. Yo tengo para autoconsumo un huertillo de tomates y melones y ahora que estamos en temporada entrego los tomates a una distribuidora y después, en diciembre, le digo: como yo te entregué 100 kilos, voy retirando 100 kilos de tomates, los que me sobraban en junio, porque tenía muchos. Pues, hombre, en diciembre tendrán que venir de un país extranjero, cultivados en invernadero, con otros costes, etcétera. Le podría hacer también otra similitud y usted se echaría las manos a la cabeza: la Seguridad Social me sale muy cara; las pensiones y la cotización a la Seguridad Social y la sanidad me salen muy caras; me contrato un autoseguro y un plan de pensiones y dejo de pagar a la Seguridad Social. ¡Ah!, eso sí, si a mí mañana me da un infarto, que me metan en el Hospital Reina Victoria o en el que nos toque. Pues es una cosa parecida, porque supongo que también para usted una campaña de publicidad con share más alto, que se emita a las ocho, nueve o diez de la noche, no tiene el mismo valor que la publicidad a las dos, tres, cuatro o cinco de la mañana. Ni tampoco lo tiene una campaña de publicidad del premio gordo de Navidad en diciembre respecto a otro realizada en enero, que ya sería para diciembre del año siguiente. O sería como si yo quiero tener un seguro del automóvil y digo: no, yo le pago la prima solamente cuando tenga un accidente; mientras no tenga un accidente yo no pago la prima. Se han cargado ustedes la teoría de la oferta-demanda; no existe o para ustedes es falsa. Obviamente no podemos estar de acuerdo con la propuesta que hacen.

Ustedes también nos venden las renovables como la panacea de todos los problemas energéticos del país. Usted hacía referencia al cumplimiento de los objetivos 2020. Si se toman la molestia de buscar los datos de producción del año pasado, en 2014 la producción total en megas ha sido de 260 937. Y le voy a dar unos datos: la eólica produjo 50 993 gigas; la fotovoltaica, 8200, y la termosolar, 4900. Después —ahora no me va a dar a tiempo— me meteré con los precios, que esa es otra historia. Y ustedes pretenden que sea libre la conexión a una red que se ha montado con el esfuerzo de todos y contribuyendo todos en mayor o menor medida. Ustedes dicen: No, cuando no tenga sol o cuando no tenga viento, me engancho a la red. Pero la red, para que esté disponible veinticuatro horas al día el simple efecto de dar a la llavecita y que se haga la luz, tiene unos costes, y lógicamente hay que repercutirlos y mantenerlos entre todos. Por lo tanto, no podemos aceptarlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino. También modifican las sanciones. Es lo que pone el texto, sencillo pero complicado de llevar a cabo. Intentan modificar las sanciones disminuyéndolas, de manera que engancharse a la red no sea muy grave, sino que plantean dejarlo en grave o en leve. Quieren suavizar las sanciones. Por lo tanto, le anuncio que vamos a votar en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Juncal.

Pasamos al turno de portavoces.

Señor Iglesias, ¿comparte su turno con la señora Salanueva? (Asentimiento).

Tiene la palabra la señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.

Muy brevemente, para que podamos compartir turno, quiero manifestar la posición de Unión del Pueblo Navarro de apoyo a la toma en consideración. Me remito a lo que ayer en la interpelación tuve oportunidad de expresar. Creo que es importante. Estamos hablando de la toma en consideración. Si por primera vez, como decía el ministro, se va a regular el autoconsumo, qué mejor que hacerlo con participación y con transparencia en las Cortes Generales. Ahora, la iniciativa del señor Iglesias nos da pie para que eso pueda ser así. En cuanto al fondo, me remito a lo dicho ayer. No le quiero quitar más tiempo al señor Iglesias.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Salanueva.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Si las discrepancias del Partido Popular son de carácter técnico, no habría ninguna dificultad que no se pudiera resolver en la tramitación de esta proposición. Es decir, si la discrepancia está en la capacidad, que usted dice que tiene ser inferior, yo no tengo ningún problema en buscar un margen razonable de encuentro.

Si la discrepancia está en cómo establecer los mecanismos de compensación, tampoco hay ninguna dificultad, y usted mismo nos ofreció la solución: cada hora del día el precio de la electricidad es equis, pues bien, cuando se produzca el vertido a la red del excedente de electricidad eso tendrá un valor y cuando se reciba electricidad de la red, eso tendrá otro valor, el que sea, y en el marco de todo el año se establecerán las compensaciones correspondientes. Si, por ejemplo —por establecer una hipótesis fácil de explicar—, se recibe de la red la misma electricidad que generamos a la misma, como se ha producido en momentos diferentes, el valor de la energía vertida y el valor de la electricidad recibida son diferentes. Por tanto, al final del año se establecerá la compensación correspondiente por el diferencial. Si es mayor el valor de la energía recibida que el de la vertida a la red, habrá que compensar al productor. Si, por el contrario, es mayor el valor de la cantidad vertida a la red que el de la recibida, recibirá la compensación el productor de autoconsumo. Técnicamente, por tanto, podemos encontrar soluciones, lo que ocurre es que, no nos engañemos, esos no son los problemas reales que llevan al Partido Popular a rechazar esta proposición de ley que, insisto, podrían ser solventados. Además, como ustedes tienen mayoría absoluta, no correrían ningún riesgo, pues la solución a estos puntos de discrepancia iba a ser la que ustedes determinaran. ¿Por qué no aceptan entonces ese mecanismo? Porque, como se deduce de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tenemos una visión diferente en relación con el papel que tienen que jugar las renovables y, fundamentalmente, las fotovoltaicas; insisto en que esto está pensado básicamente para ellas. Nuestra posición es la de que las renovables —la fotovoltaica, en este caso— tienen que ser priorizadas por la estrategia del Gobierno y ustedes y el Gobierno piensan que no o, como mínimo, son indiferentes y creen que tienen que recibir el mismo tratamiento que la energía que se produce con cualquier otro sistema. Ese es el planteamiento del Partido Popular y así se puede deducir de la intervención que acaba de realizar su portavoz. ¿Por qué las vamos a favorecer? Desde el punto de vista político, nosotros pensamos que hay que favorecerlas y ustedes, legítimamente, piensan que no hay que hacerlo. Pero no solo lo pensamos nosotros. Con los datos de producción que usted me daba, resulta chocante que la Comisión Europea piense lo que piensa, que la Agencia Europea de Medio Ambiente piense lo que piensa y que las distintas comisiones que han evaluado las opciones planteadas por el Gobierno de España llegaran a una conclusión similar: que no se va a alcanzar el objetivo del 20 % en 2020.

Concluyo con el asunto de las sanciones. Es verdad que nosotros hemos planteado reducir las sanciones, pero es que el planteamiento que contiene el real decreto que está siendo motivo de informe ha dado lugar hasta a chanza en algún medio de comunicación exterior, pues propone que se puede sancionar con el doble de multa a una instalación de estas características —en casos más extremos, me imagino— que a una fuga de radiactividad nuclear como consecuencia de un fallo en los sistemas de seguridad de una central nuclear, lo cual es absolutamente desproporcionado, y estoy seguro de que usted comparte este planteamiento.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

En esta intervención nosotros vamos a explicar las experiencias que hemos tenido en relación con el autoconsumo, materia de esta proposición de ley.

El 10 de diciembre del año 2013, el Parlamento vasco presentó una enmienda de transacción en torno al autoconsumo de energía eléctrica y al balance neto. En su escrito, se instaba a continuar con el apoyo al Gobierno vasco para potenciar tanto las redes eléctricas inteligentes como la cogeneración, las energías renovables y la eficiencia energética. Asimismo, tres grupos del Parlamento presentaron una enmienda para conseguir un modelo de energía eléctrica descentralizada y renovable apoyando todas las iniciativas que lo impulsen. Por eso, pedía una apuesta clara del Gobierno por el autoconsumo de energía eléctrica y el balance neto, es decir, que los usuarios pudieran compensar la energía consumida menos la energía vertida a la red. Así, se saldaría en un balance los períodos de producción y consumo en la facturación establecida.

Esta decisión del Parlamento vasco suponía un fuerte apoyo al fomento de las energías renovables y al autoconsumo con balance neto. Sin embargo, el ejecutivo autónomo necesitaba activar realmente toda su capacidad legislativa y fiscal para hacer frente a la reforma que se había aprobado en el sector eléctrico. En el caso concreto del País Vasco, el sector de las renovables había sido en los últimos años un polo importante de innovación y creación de empleo, por eso se presentó una enmienda de transacción.

Voy a explicar, más o menos, en esos cinco puntos importantes de qué se trataba. Se pedía que se siguiera trabajando en la potenciación tanto de las redes eléctricas inteligentes, smart grids, como de las directivas europeas 2004, 2009 y 2012 de promoción de la cogeneración de las energías renovables y la eficiencia energética para conseguir un modelo de energía eléctrica descentralizada y renovable apoyando todas las iniciativas que lo impulsaran, como he comentado anteriormente. Instábamos al Gobierno español a que anulara el borrador del real decreto referente al autoconsumo, remitido a la Comisión Nacional de Energía el 18 de julio del año 2013, y elaborara un nuevo real decreto de autoconsumo de energía eléctrica que preveía el balance neto, sin ningún resultado. Nosotros pedíamos al Gobierno del señor Rajoy que en el nuevo borrador del real decreto, en línea con los informes de las comisiones nacionales de Energía y de los Mercados y la Competencia, anulara el peaje de respaldo y previera el mecanismo de compensación diferida en el tiempo: balance neto, saldos instantáneos entre producción y consumo, lo que fomenta la eficiencia energética. Y en el caso de que entrara en vigor el real decreto mencionado —que entró— el Gobierno vasco analizaría propuestas concretas para favorecer el autoconsumo de energía eléctrica. Este acuerdo fue trasladado al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Presidencia del Gobierno español, con un resultado fácil de prever. Hemos seguido persistiendo en ello y el Ejecutivo autónomo dirigió un nuevo informe al Ministerio de Industria con seis propuestas para paliar los efectos negativos en la industria vasca de la reforma del sector energético.

Antes de eso, el Gobierno vasco se reunió el pasado 29 de diciembre, con los sectores y empresas industriales afectados por la reforma del sector eléctrico, sobre todo por los nuevos peajes de acceso a la energía eléctrica y por el nuevo sistema de retribución a la interrumpibilidad mediante subasta, y se comprometió a insistir ante el ministro Soria en la necesidad de adoptar medidas sin ningún éxito. La propuesta presentada por el Ejecutivo al ministerio se resume en seis ejes.

El primero es la creación de un observatorio de costes energéticos que permitía disponer de una visión periódica de los costos en los sectores industriales, lo que facilitaría la toma de decisiones en política energética e industrial.

El segundo, el establecimiento de un sistema de tarifas de acceso a industrias competitivas, de forma que no existiera discriminación en cuanto a los conceptos que se incluyen en dicha tarifa y que sean coherentes en cuanto a sectores y niveles de consumo con las del resto de Europa. No podemos seguir siendo una isla energética.

El tercero, la reestructuración del actual sistema de interrumpibilidad basado en subastas y que no es considerado por las empresas como un buen método.

El cuarto, la mejora del acceso a redes por parte de las empresas, de forma que las industrias tengan derecho a solicitar la modificación del punto de conexión y de la tensión de suministro. Además, proponíamos exenciones fiscales sectoriales temporales para sectores expuestos a gran competencia al igual que ya se hace en otros países europeos. Y, por último, se propuso trasladar a los Presupuestos Generales del Estado los extracostes sociales y no peninsulares de la energía, conceptos que ahora incrementan injustamente el coste de la factura a las industrias.

He explicado más o menos cuál es la postura de nuestro grupo parlamentario en relación con las experiencias que tenemos tanto en el Parlamento vasco como en el Gobierno, y que desgraciadamente no han sido atendidas. Por tanto, felicitamos al señor Iglesias por su iniciativa, que nos da la impresión de que seguirá el mismo camino que siguen todas las iniciativas sobre el particular en relación con el autoconsumo de energía.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Curiosamente, senador Iglesias, la historia de la energía eléctrica, del consumo eléctrico empieza también por la autogeneración y el autoconsumo, en este caso, evidentemente de los ricos y de las grandes empresas; las primeras experiencias tuvieron lugar en Cataluña, como usted seguramente sabe. La primera gran empresa que utilizó energía eléctrica fue Canadenca y la primera gran empresa de distribución de energía fue Barcelona Traction. Afortunadamente, poco a poco, el sector público intervino y los gobiernos fueron impulsando una red general y una universalización del acceso, incluso con empresas públicas que se dedicaban no solo a las redes de alta tensión, sino también a la distribución.

Con los años, en un sistema generalizado, hemos visto que también tenía sus problemas, fruto de fusiones y de centralizaciones. Hemos acabo en oligopolios, en exceso de combustibles fósiles para producir esta energía y en dependencia del sector exterior, pero, aún más grave, hemos acabado con costes individuales y colectivos cada vez más difíciles de asumir que condicionan el derecho de uso real y la energía —y, por lo tanto, vemos casos de pobreza energética—, que impactan seriamente sobre el medioambiente y, finalmente, que tienen también grandes consecuencias en términos de competitividad y, curiosamente, volvemos a recuperar —acertadamente, yo creo— la idea del autoconsumo y la autogeneración, aunque en una dimensión completamente distinta, primero en términos de complementariedad. Evidentemente, nuestro grupo no defiende un cambio general de sistema en base a la utopía de un aislamiento y una vida aislada del mundo, sino plenamente insertado en esta red general, aunque —esto sí— con un autoconsumo y una autogeneración que realmente esté al alcance de todo el mundo, en concreto, de los consumidores medios y, muy particularmente, también de las pymes.

Nos parece que la red general aporta universalidad, garantía del acceso social y territorial, aporta también calidad y seguridad, regularidad en el suministro y, efectivamente, permite compartir los costes de las infraestructuras vía impuestos, vía sector público, pero vía también a una inmensa masa crítica de consumidores que de momento consiguen llegar a un precio accesible. También estamos convencidos de que el autoconsumo y la autogeneración aportan grandes valores deseables al sistema general.

La visión de proximidad nos parece un gran logro. La flexibilidad que aporta la proximidad en términos locales, en términos mancomunados nos parece positiva. Evidentemente, el apoyo de este autoconsumo a las energías renovables y sostenibles disminuye ampliamente la dependencia energética, contribuye a la limpieza del medioambiente y a la disminución de los efectos del cambio climático y, finalmente, también al ahorro, un ahorro para los usuarios, pero también un ahorro colectivo, general para el país y una disminución de las importaciones y, por tanto, de la dependencia exterior.

Lo que hay que ver con detalle, una vez sentada esta idea de que compartimos plenamente este modelo complementario entre red general y sistema amplio claramente difundido de autogeneración descentralizada y autoconsumo, son dos problemas centrales que hay que resolver para que esta complementariedad sea viable. Primero, ¿cuáles son los costes reales para la red general de volver, entre comillas, parcialmente a la autogeneración y quién los va a pagar? Y, segundo, ¿podemos garantizar que realmente todo el mundo va a poder optar al autoconsumo o estamos hablando de algo que es fruto de la iniciativa particular de una capacidad de emprendimiento?

Ceo que el debate, que ya avanzo estamos a favor de que se produzca a partir de la toma en consideración de esta proposición de ley, tiene que centrarse no solo en las cuestiones técnicas, que evidentemente también son importantes y a las que se han referido aquí, sino que debe enfocarse en dar respuesta a estas dos consideraciones.

Desgraciadamente, como también se ha dicho, nos parece que el Gobierno del Partido Popular no va en esa dirección, entiende que el autoconsumo y la autogeneración son cuestiones marginales, que no aportan ningún valor al sistema general, como lo demuestra este real decreto que está en fase de aprobación, que impide de facto la extensión de este autoconsumo y esta autogeneración a casos que no sean excepcionales. Realmente no sé si lo que le pasa al Gobierno es que está muy escamado con las renovables, si no ha sabido cómo gestionarlo y, por tanto, no quiere ningún problema o si, como me ha parecido deducir de la intervención del portavoz del Partido Popular, es presa de sus contradicciones y de sus prejuicios ideológicos, porque hacer todo el rato alusión a una estricta visión de precios, a la teoría de la oferta y la demanda y a una visión mercantil nos parece absolutamente alejado de lo que plantea de raíz la extensión relativamente masiva del autoconsumo y la autogeneración que, como he dicho anteriormente, va más allá del precio, aunque lógicamente este factor es siempre importante.

En definitiva, tenemos un Gobierno que en esta cuestión está a la defensiva, que no acepta el consumo diferido, que pone peajes, que penaliza en la tarificación a los usuarios que opten por el autoconsumo, que pone requisitos administrativos y técnicos bastante insoslayables, y que dificulta de manera notable la amortización de las inversiones necesarias, aunque sean pequeñas.

Esta proposición de ley que, como ha explicado bien el senador Iglesias, está en las antípodas del real decreto al que he hecho mención y que está en tramitación, pretende cambiar esta prevención, que esta ínfima predisposición a explotar este nuevo territorio cambie, y que este Parlamento y, por tanto, el conjunto de la sociedad española, pueda sin prevenciones y sin prejuicios explorar esta nueva vía que consideramos altamente interesante y útil para las personas concretas que se puedan beneficiar e, insisto, para el conjunto de la sociedad.

Mi grupo va a apoyar sin reservas la toma en consideración de esta proposición, y, por tanto, el debate sobre esta cuestión; debate que demuestra que se quiere dar impulso y prioridad a la generación y consumo de proximidad en el marco de un sistema general universal, que nos va a permitir afinar sobre la base de cuestiones técnicas y experiencias que ya existen, porque esto no es ningún invento, como se ha dicho, ya existen precedentes de otras sociedades y otros entornos donde se ha puesto en marcha, funciona, es útil y donde ha demostrado su eficacia y su eficiencia, y además, nos permitirá también apuntar otros debates que menciono de paso pero que también tienen que ver, a nuestro juicio, con temas novedosos y centrales, por ejemplo, la municipalización o remunicipalización de parte de las infraestructuras o la potencia de los coches eléctricos enchufados al sistema por las noches, convirtiendo las grandes ciudades en potentísimas centrales de producción eléctrica.

En definitiva, un tema apasionante, imposible a nuestro entender de soslayar, una puerta abierta a un futuro mucho más positivo para nuestro país en términos de medioambiente, de no dependencia energética, y, sobre todo, de justicia y redistribución social.

Muchas gracias. Y, senador Iglesias, cuente con nuestro voto a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un debate importante, un debate de carácter energético, y quisiera empezar diciendo que es difícil hablar de una parte sin hablar del todo. Nosotros no podemos hablar de manera exclusiva de una fuente de energía sin hablar del marco general energético; es decir, de la política energética que deberíamos tener, de la política energética que se debería hacer, y saber hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Estos son los principales elementos que hay que tener presentes a la hora de hablar de energía, sea energía de autoconsumo, sea de energías renovables, sea de energías alternativas, sea de energías nucleares, de energías convencionales, etcétera.

Nuestro grupo ha venido proponiendo en reiteradas ocasiones hablar del conjunto energético; es decir, definir el mix energético. Recuerdo que en la legislatura pasada, con el ministro Sebastián no fue posible. Dijimos que era importante, que era clave definir un mix energético y no fue posible. En esta legislatura estamos viendo que tampoco es posible con el ministro Soria, no hay un mix energético definido, no lo hay. El principal objetivo de esta legislatura y denominador común ha sido el déficit tarifario. Señor Juncal, ha sido así, el déficit tarifario ha sido el denominador común de esta legislatura. Pues bien, tenemos un problema.

Quisiera también poner de manifiesto que, en la legislatura pasada, en el Congreso de los Diputados se hizo un trabajo importante; hace falta poner en valor, en relieve, el trabajo que se estuvo realizando para definir las prioridades energéticas con una prospectiva de veinte o treinta años, porque es evidente que no se puede hacer una política energética sin definirla a largo plazo. Porque cuando se define una política energética a largo plazo se está marcando el camino que se ha de seguir ya que, en definitiva, hay iniciativas que van a tardar en dar resultados, y si no tenemos este camino, esta hoja de ruta, este proyecto difícilmente podemos tomar en consideración aspectos parciales de energía.

Por lo tanto, ni en la legislatura pasada ni en esta hemos definido un mix energético. ¿Y dónde estamos en estos momentos en materia de energía? Como decía antes, en relación con el déficit tarifario, que es lo que manda, se han suprimido todas las primas, no ha habido ningún sector merecedor de análisis en cuanto a eficiencia en empresas, en el sector industrial y en otros sectores, no lo hemos considerado y, en definitiva, ha primado exclusivamente esta cuestión, que tampoco se ha terminado de resolver ni se ha resuelto bien.

La realidad es que en estos momentos tenemos una energía cara, de las más caras de Europa, porque cuando a la producción le sumamos los impuestos y todas las cargas adicionales de todas las energías, lo que hace es que justamente esta energía no sea competitiva para las empresas españolas y tengan un problema en relación con las demás, porque cuando se internacionalizan ya vienen con una carga, con una mochila detrás. Esta es una realidad. En cuanto a la energía que se consume en los hogares, pasa tres cuartos de lo mismo.

Por consiguiente, no somos competitivos, tenemos unas tarifas altas, tenemos una situación energética sin definir, y en estos momentos no hemos primado a aquellos sectores y cuestiones que deberían haberse primado. Voy a poner algunos ejemplos, entre ellos el de la cogeneración. Recuerdo haber hablado en algún momento con el ministro, que comentaba que había empresas que se dedicaban a hacer negocio con la cogeneración; son palabras del ministro. Muy bien, ¿pero a quién hay que sancionar? ¿A todas las empresas que están utilizando cogeneración o a las que hacen un mal uso? La cogeneración era una energía que conseguía eficiencia en muchas empresas que habían apostado por ella para poder ser más competitivas. Esto no lo hemos tenido en cuenta. Podríamos hablar de energía de biomasa o de otras energías renovables, cosa que tampoco hemos tenido en cuenta.

Lo cierto es que hablar de autoconsumo es importante, como hacerlo de las energías renovables; hay que hacerlo, es evidente. Nosotros entendemos que es grave que se penalice el autoconsumo. Se han comentado antes aquí, y en la interpelación que se hizo ayer al ministro también salieron esos aspectos en relación con el proyecto de real decreto que ha dado lugar a comentarios, risas y burlas en algunos medios de comunicación, cosa que me parece lamentable.

En definitiva, este Gobierno en estos momentos ha querido solucionar el déficit de tarifa, pero no se ha resuelto del todo. Tenemos, como decía antes, una de las energías más caras de Europa y tampoco solucionamos un problema importante: la enorme dependencia energética global que tenemos del exterior. Por lo tanto, creo que factores como la eficiencia energética, la dependencia energética y el tipo de energías por las que hay que apostar son debates que se tenían que haber hecho. Entendemos en estos momentos que no hay política energética, que no tenemos un mix energético, y esto nos limita mucho las posibilidades. Sería bueno que se retomara aquel trabajo que se presentó en el Congreso de los Diputados en el que se marcaban estrategias y se tenían en cuenta aspectos importantes. Lo digo porque tampoco se realizó con el Gobierno anterior el mix energético, y al final tampoco se solucionó, ni mucho menos, pero con este tampoco. Parece que siempre caemos en los mismos errores y la energía es una cuestión de estrategia de Estado, no cualquier cosa. Nosotros entendemos que este tema hay que considerar de forma global. Lo hemos propuesto muchas veces, pero no hay forma. Nosotros discrepamos de muchas cosas que se han realizado, discrepamos de muchas leyes, sobre todo de la reforma energética, porque al final hubo una invasión de competencias tremenda y una serie de promesas que no se cumplieron. En fin, podríamos hablar muchísimo.

Nosotros ya hemos visto que su voluntad es que no. En definitiva, compartimos algunos de los aspectos de la proposición de ley que se presenta, mientras que con otros no estamos de acuerdo, pero entendemos que debe realizarse un debate global, puesto que solo así podremos ubicarnos y saber adónde vamos; no vale hacerlo por partes, sino que hay que acometerlo de una forma concreta y global.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero anunciar al señor Iglesias que nuestro grupo apoyará la toma en consideración de la proposición de ley de autoconsumo eléctrico y quiero aprovechar también para recordar que fue el anterior Gobierno socialista quien en 2011 dio los primeros pasos para hacer posible el autoconsumo eléctrico en nuestro país.

Esto supondría cambiar radicalmente el modelo actual de generación eléctrica que se produce en puntos alejados al de consumo a un modelo de generación distribuida donde se produce cerca del punto de consumo. De esta forma, la generación eléctrica dejará de ser un patrimonio casi en exclusiva de las grandes eléctricas y dará paso —y esto es importante— a la democratización de la energía.

En la pasada legislatura el Partido Popular nunca se opuso al autoconsumo, ni tampoco en esa subcomisión a la que ha hecho referencia el portavoz de CiU, a la cual yo pertenecí. Es más, el propio ministro Soria, al inicio de la legislatura, en concreto el 9 de febrero de 2012, dijo en el Congreso de los Diputados —le leo textualmente, señor portavoz del Grupo Popular—: «Una de las prioridades de este Gobierno es el real decreto de balance neto que va a permitir que una familia pueda hacer una instalación en su casa con una placa fotovoltaica para poder tener autoconsumo, para que si tiene sobrante de autoconsumo pueda verterlo a la red, para que haya balance y que después no tenga que pagar el día que tenga una demanda superior a ese consumo que le genera la placa, y eso va a impulsar no solo la cultura de la utilización de las renovables en general, sino particularmente para cada uno de los usuarios particulares». Fin de la cita. Esto no lo decía un ecologista trasnochado, lo decía el señor Soria, como le digo, al inicio de la legislatura, algo que comparte el Grupo Socialista, que comparten el sector y el resto del arco parlamentario. Es verdad que esto lo decía solo un mes después de tomar posesión. Es una enmienda a la totalidad a lo que usted hoy ha dicho y a lo que ayer mismo dijo el ministro Soria en esta tribuna.

Por tanto, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada, ha ocurrido lo mismo que en tantas ocasiones en esta legislatura. La subida del IVA dijeron que no iban a subirlo y lo subieron; el copago farmacéutico dijeron que no lo iban a poner y lo pusieron; el recorte del Estado del bienestar, la educación o la sanidad, que decían que no iban a recortar y que al final recortaron. El denominador común siempre ha sido el mismo: con una mano han prometido y con la otra han incumplido su palabra, la palabra dada.

Señorías, en el autoconsumo, como en otras muchas cosas, el Gobierno defiende y actúa como abogado defensor de las grandes eléctricas y no en beneficio del interés general, en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que hicieron ustedes en el año 2013 cuando aprobaron la Ley del sector eléctrico e incumpliendo sus promesas, las del ministro, y su palabra, aprobaron un peaje de respaldo, aprobaron lo que se ha conocido como un impuesto al sol para paralizar el autoconsumo en nuestro país, convirtiéndose en el primer y único país a día de hoy que ha legislado, precisamente, para que no se desarrolle el autoconsumo. Quiero recordar cuál fue la posición del Grupo Socialista entonces: nos opusimos, con un punto concreto, el quinto, en la enmienda a la totalidad a la Ley del sector eléctrico y una enmienda, la 256, en la que se proponía una nueva redacción del artículo 9 para facilitar el autoconsumo en nuestro país;



una enmienda que es muy parecida a la proposición de ley que hoy debatimos. Pero no solo nos quedamos ahí, hemos presentado varias iniciativas, preguntas al ministro, mociones… todas ellas han sido rechazas por el grupo mayoritario, por el Partido Popular, porque esto, señorías, lo tienen claro: ustedes votan en contra de todo lo que suponga perjudicar al oligopolio eléctrico, a las grandes eléctricas. Y esto perjudica al oligopolio eléctrico pero —les recuerdo— beneficia al interés general y a los ciudadanos.

Y ahora, a escasos meses de las elecciones generales, quieren rematar la jugada publicando en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que pone barreras económicas, legales y administrativas al desarrollo del autoconsumo en España; un real decreto que no han tenido ni siquiera el valor de mandar previamente al órgano regulador, como es preceptivo, para que emita el correspondiente informe. Pero este puenteo al órgano regulador, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha sido doble: en primer lugar, al no mandarle ese informe, y, en segundo lugar, al obligarle a que las alegaciones se presenten ante la Secretaría de Estado de Industria y no ante el órgano regulador. Por si fuera poco, han abierto el período de información pública cuando regiones como Castilla-La Mancha —mi tierra—, Baleares o Extremadura, por citar solo algún ejemplo, todavía no han formado Gobierno y casi con toda seguridad tendrán nuevos gobiernos, como es el caso de Castilla-La Mancha, donde el próximo presidente será Emiliano García-Page.

Como ven, señorías, lo hacen al más puro estilo PP, sin respetar el órgano regulador ni las reglas del juego democrático; eso sí, el agravante es que lo hacen ustedes para cerrar el paso al autoconsumo en nuestro país y para herir de muerte a las energías renovables porque, como les he dicho, para este Gobierno, para el Gobierno del Partido Popular, el mercado de la energía es solo patrimonio de las grandes eléctricas. Es más, no solo ustedes ponen un impuesto al sol gravando a quien produzca su energía para el autoconsumo, sino que, además, incluso introducen una novedad —y esto me parece grave—. Así, anticipándose a otro problema de las eléctricas, pretenden imponer una tasa por acumular en baterías aquella energía que no puedes consumir en ese momento y que consumirás más tarde. Esta es una alternativa al balance neto que ustedes se cargan por anticipado, y lo hacen —escúcheme bien— a pocas semanas de que una empresa, Tesla, haya anunciado el lanzamiento de una revolucionaria batería tres veces más barata y potente que las que existen en este momento; un torpedo a la línea de flotación del oligopolio eléctrico. Y en esa locura por perseguir a las energías renovables, por perseguir al autoconsumo ustedes van a mantener esa patada en la puerta de tal manera que los inspectores podrán entrar en los domicilios y en las instalaciones sin autorización judicial, pudiendo imponer multas en extremo hasta los 60 000 euros, una cantidad, como ya ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que supone el doble de lo que la propia ley contempla para un delito como es, por ejemplo, el escape radiactivo, es decir, un delito de abandono o liberación de materiales radiactivos.

A este paso, con el señor Soria, vamos a tener que ver, señor portavoz del Grupo Popular, señorías, cómo este gesto, de abanicarse, va a tener un impuesto, al que ustedes van a llamar el impuesto del abanico. Y esto es grave, porque España tiene muchos recursos, como el viento y el sol, para producir energía, para ser independientes y para ser de alguna manera menos dependientes de la energía, algo que también perjudica al conjunto de la economía.

Señor portavoz del Grupo Popular, este real decreto cuenta con la oposición de todo el arco parlamentario —ya lo ha visto usted hoy aquí—, y también con la de los consumidores; ayer se bloqueó el servidor del ministerio ante la avalancha de reclamaciones que se están haciendo contra este real decreto. Pero también cuenta con la oposición del órgano regulador, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia —y esto le debería preocupar—, al que ustedes han puenteado, pero, que, sin embargo se ha manifestado, primero, expresando su rechazo por no haber sido consultado y conocer el texto a través del Boletín Oficial del Estado, y segundo, porque el propio órgano regulador dice que el autoconsumo es imprescindible para nuestro país. Además, es necesario para cumplir con nuestras obligaciones en la Unión Europea en materia de renovables. Por cierto, el pasado martes —son datos actualizados— la Comisión Europea ha vuelto a situar a España entre los países incumplidores por las políticas antirrenovables del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, como decía al principio, es hora de dar paso a la democratización de la energía; es hora de que la generación de electricidad deje de ser algo exclusivo de las grandes eléctricas; es hora de respetar la libertad económica de los consumidores; es hora de dejar de gravar aquella energía que produce una persona en su casa o una pyme en su negocio para el autoconsumo, como hacen ustedes, lo que, por cierto, es una barbaridad. Necesitamos una regulación técnica y administrativa que no ponga barreras legales ni económicas al autoconsumo ni al desarrollo de las energías renovables en este país, de tal manera que una persona, una pyme o un autónomo pueda producir y consumir la electricidad, y verter a la red la que le sobre.

Son muchas las ventajas que tiene el autoconsumo, que ayer obvió el ministro en esta tribuna y usted obvia hoy. La primera es que evita pérdidas en la red; la segunda es que evita gastos importantes en infraestructuras eléctricas; la tercera, como decía anteriormente, es que ayuda a reducir nuestra dependencia energética, a producir con energías limpias y a crear empleo; y otra también importante, es que supone un abaratamiento en la factura eléctrica de entre un 60 % y un 80 %.

Esto, señorías, no es ninguna quimera; ya existe en otros países. Hace quince años que existe en cuarenta Estados de EEUU, o en países de Europa, como el caso de Bélgica o Dinamarca, que tienen menos dependencia energética que nosotros, que tienen menos problemas de abastecimiento o que tienen menos sol. Nosotros, que tenemos abundancia de sol, y además, tecnología propia, tenemos un Gobierno que tira piedras contra el interés general de los españoles y de España.

Señorías del Grupo Popular, les pedimos solo una cosa: escuchen, paren este real decreto, rectifiquen, abran una mesa de diálogo con el sector, con las comunidades autónomas, con el resto de los grupos políticos de forma que aprobemos una normativa que permita el autoconsumo en nuestro país. Dejen de recorrer un camino contrario al de otros países y dejen...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Termino, señora presidenta.

Dejen de aferrarse a un modelo cortoplacista y anticuado que solo beneficia a las grandes eléctricas.

Y por último, señorías, si no quieren hacer caso al Grupo Parlamentario Socialista ni al resto de los grupos, háganselo al menos al papa, al que espero que ustedes no consideren un ecologista trasnochado y radical.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Iglesias, si ha hecho mal la propuesta y quiere reformularla hágalo, retire la que hay, pero aquí estamos discutiendo una propuesta de modificación de la Ley del sector eléctrico, de su artículo 9, y usted pide lo que pide. Yo no tengo la culpa de que hayan puesto los 10 megavatios ni de las dimensiones que le han dado a ese proyecto ni de que no estén contemplados los intercambios de forma igualitaria. ¿Qué estamos debatiendo aquí? La Proposición de ley de autoconsumo de energía, sus condiciones, en definitiva modificación de una ley. Yo me atengo a lo que hay y vuelvo a insistir, después de lo que ha dicho aquí, en que lo razonable, si no la dimensionaron bien, es que la retiren y la reformulen, que hasta septiembre tenemos tiempo.

Con respecto a lo que ha dicho alguno de los intervinientes, ha de saber el señor Martín, que hablaba de los ricos, que precisamente este proyecto les beneficia a ellos, a los que tienen pasta y pueden permitirse poner molinillos, instalaciones fotovoltaicas o baterías —y hablo de instalaciones sencillas, no de los cinco o siete molinillos gigantes a los que he hecho referencia—.

Respecto al sistema de red ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo en que hay unos costes generales que tenemos que mantener todos los usuarios. Vuelvo a insistir en ello pero, claro, el señor Alique baja aquí y condena el autoconsumo. Señor Alique, si estoy conectado a la red, soy un productor, no un autoconsumidor; por muy pequeño que sea, estoy haciendo negocio, desempeño una actividad mercantil, vendo y compro. Ese es el abecé, señor Alique, y no tengo la culpa de que usted no lo tenga claro; las cosas son así. Autoconsumo es que yo me monto mi máquina, produzco electricidad y no me meto con nadie, ni le doy ni me dan, punto. Eso no está penalizado, lo puede hacer cualquier ciudadano, otra cosa es que le cubra económicamente. Su táctica es esa, decir que el Partido Popular no escucha y dedicarse a generar tensiones y disculpar sus gestiones. Pero al final, si se desengancha la gente porque no puede pagar esas instalaciones: baterías, paneles solares, etcétera, porque tienen un coste de 3000 y pico euros, a los que se quedan les saldría más cara la producción porque habría que repartir el coste entre menos.

En relación con el mix, señor Alturo, cójase la tabla de producción de energía con sus distintas modalidades: fotovoltaica, eólica, nuclear, ciclo combinado, carbón de importación, cogeneración, hidráulica, termosolar, carbón nacional, biomasa, minihidráulica, residuos y tratamientos de residuos; de todo lo que se produce al año tenemos un mix completo. Otra cosa es —y estoy de acuerdo— que sería bueno que hablásemos seriamente, porque aquí hay gente que no lo hace. ¿Se suprimen primas a las renovables? Mire, el año pasado hemos pagado 7000 y pico millones de primas a las renovables. El único problema es el déficit tarifario, claro. Y en cogeneración, según mis datos, el año pasado recibieron 1910 millones y se generaron 21 872 megas de producción eléctrica.

Señorías, ¿quieren ustedes una energía eléctrica más barata? Yo también, yo más, esa ha sido mi pelea durante estos años. Efectivamente, tenemos la energía más cara. Industrias: a España le corresponde la línea rosita que ven aquí arriba. Pero, ¡qué casualidad, que en 2003 y en 2004, antes de que vinieran con la orgía de las renovables, estábamos por debajo! Precio en hogares: la línea rosita también es la española; como ven, por debajo en los años 2003, 2004 y 2005, pero en 2006, gracias a las brillantes políticas del Partido Socialista, pasamos a tener una de las energías más caras de Europa.

Señoría, lo que me preocupa es que el señor Sevilla —el nuevo gurú de su grupo— haya dicho en una entrevista: Una reforma energética que hace que la energía sea la más cara de Europa y que el nuevo gobierno tendrá que revisar. Hombre, pues tiene gracia que los que han provocado que sea la energía más cara de Europa, ahora nos lo echen en cara. ¡Vaya perlas! Hay un excelente artículo de un tal Miguel Sebastián —creo que fue ministro de Industria— en el que reconoce algunos errores en la política energética: las primas tenían que estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, Hacienda iba a controlarlas y no se iba a producir esa situación; habían tenido que limitar la cantidad; la producción por horas se había convertido en un producto financiero, con lo cual, el PSOE también ampara la especulación, etcétera. Eso lo dice un señor que fue ministro en materia de energía. Pero otro señor ministro también en materia de energía, el señor Montilla, que ahora no está presente, en esa misma revista —es una revista especializada, tampoco me estoy refiriendo a ninguna del PSOE ni nada por el estilo—, hablando del déficit de tarifa, dijo que esta situación se había convertido en el principal problema en el sector eléctrico y que requería la introducción de medidas regulatorias, etcétera. Otro de los nuevos fichajes que han hecho de cara al futuro, Teresa Ribera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático, propone que el balance neto abone todos los peajes que procedan; es decir, que se pague por el uso efectivo que se hace del sistema al intercambiar excedentes. Hombre, no creo que coincida mucho con lo que ha defendido aquí el señor Alique. Lo que pasa es que, claro, Teresa Ribera participó en una empresa que los malagueños conocen, Isofotón, que obtuvo 62 millones de euros de la Junta de Andalucía y fue a la quiebra. Aquí también hablamos de puertas giratorias, pero, al menos, no digan que una empresa con una controvertida gestión empresarial, cuya causa está en manos de la justicia y que ha ido a la quiebra, es un buen inicio para una actividad.

En definitiva, señorías, habrá que sentarse a dialogar porque la oposición siempre sube a esta tribuna a criticar el sistema eléctrico, pero está claro que necesitamos una energía de respaldo. Creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Contra las renovables no tengo nada, estoy en un momento dulce, porque no sé si ustedes saben que en algunos proyectos de eólica marina realizados en Ferrol, mi ciudad, ha sido Navantia, empresa pública, la que ha conseguido el contrato para montar el primer parque de eólica marina flotante en el mundo. Con lo cual, no tengo más que mostrar mi satisfacción por semejante evento, pero, indudablemente, lo que hay es lo que hay y lo que no puede ser es que paguemos diez veces la misma energía por producirla de una manera o de otra.

¿Es que queremos renunciar al carbón? Pues le tendremos que decir al ciudadano que, si en vez de producir energía nuclear producimos energía fotovoltaica, le vamos a cobrar diez veces el actual recibo, y que decida entonces si renuncia a la energía nuclear. Pero también tendremos que saber qué energía usamos de respaldo, ¿el carbón o el gas?, porque no podemos suprimir las tres.

Para terminar, les voy a dejar un dato: el Partido Socialista anuncia en su programa que renuncia a la energía nuclear y alguna fuerza de la izquierda emergente va más allá y añade a la nuclear —y termino, señora presidenta, en un minuto— el gas y el carbón, a los que también quiere renunciar. Aproximadamente, sustituir la energía que producen esas tecnologías se traduce en lo siguiente: en el caso de la nuclear, supondría unos 14 000 o 15 000 millones de euros al año y, si sumamos el carbón y el gas, la factura se nos iría a 30 000 millones al año. Por tanto, tendremos energías limpias, pero no sé si tendremos para comer.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 621/000123 Justicia

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura a los puntos 12., 12.1. y 12.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con su venia, señora presidenta, voy a presentar el dictamen, en nombre de la Comisión de Justicia, del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Este proyecto de ley, que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 22 de mayo, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 3 de junio, fue ampliado hasta el día 10 de junio de 2015. A este proyecto de ley se presentaron 6 propuestas de veto y 402 enmiendas.

El día 10 de junio la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Maria Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 18 de junio para emitir su informe, en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 18 de junio y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya , Convergència i Unió, Socialista y Popular.

Nada más, señorías, y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 1, presentada por el senador Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

La Ley Orgánica del Poder Judicial está siendo uno de los textos legales más manoseados, por utilizar un término coloquial, a lo largo de esta legislatura. Pudiera pensarse que ello se debía a que el cambio en los responsables del Ministerio de Justicia había conllevado una modificación de la estrategia que se quería plasmar en la Ley Orgánica del Poder Judicial; pero tras analizar las diferentes reformas que se han impulsado, la conclusión a la que se llega es que más bien no existe ninguna estrategia del Gobierno y del Partido Popular en relación con la forma en la que se ha de articular uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, en nuestra democracia. Las reformas planteadas no han significado ni más independencia del Poder Judicial, ni el reforzamiento del papel de la justicia como garante de los derechos de los ciudadanos, ni el impulso a la siempre pendiente reforma del modelo judicial en nuestro país. La mayoría absoluta del Partido Popular impuso la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Eso no ha significado un avance en la independencia del Poder Judicial, como se deriva del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, de enero del 2014, en el que, a la vista de esta reforma, se exigía un incremento de las garantías que existen en nuestro país para la independencia del Poder Judicial.

El marcador sobre el Estado y la calidad de la justicia en la Unión Europea en el 2014 sitúa a España en el puesto 22 de los 28 en percepción de la independencia de la justicia, lo cual nos da una idea de cómo la sociedad española ve estas reformas impulsadas y la situación en la que queda el Poder Judicial y su independencia. El pasado mes de noviembre tres asociaciones de juristas —Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente— y la ONG Rights International Spain se dirigieron a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas para denunciar que se está debilitando la división de poderes y que hay una presión en nuestro país del poder político sobre los jueces. El CIS, como apuntaba en alguna intervención anterior, refleja que el 78 % de los españoles se encuentran poco o nada satisfechos con el grado de independencia de la justicia. Esta es la realidad de cómo nos ven fuera, de cómo nos ve la sociedad española y de cómo nos ven los profesionales de la justicia a la hora de analizar el grado de independencia del Poder Judicial. Tampoco va a ser con esta reforma como se logre mejorar esa percepción de los ciudadanos ni como se logren resolver los problemas reales que padecen la Administración de Justicia y el Poder Judicial. Debatimos hoy un proyecto que es una especie de cajón de sastre en el que se incluyen medidas puntuales e inconexas a diferentes manifestaciones de la situación de desbordamiento que vive hoy la Administración de Justicia, planteándose no ir a la raíz y resolver los problemas que dan lugar a esa situación, sino intentar paliar sus consecuencias pero sin dar respuesta a los motivos que las generan, porque frente a lo que se afirma de manera expresa en el preámbulo, estas reformas contenidas en el proyecto no contienen medidas estructurales. Así, cuando se refiere a la jurisdicción militar, mantiene el actual modelo que exigiría una reforma a fondo, modelo frente al que reivindicamos legítimamente uno alternativo en el que quienes ejerzan esta jurisdicción dependan exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial, como ya tuvimos oportunidad de plantear en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando el proyecto entra en el ámbito de la planta y demarcación judicial, se limita a facultar al Gobierno a extender, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, la competencia territorial de los juzgados de violencia sobre la mujer, cuestión que resulta acuciante porque no acaba de encontrar una respuesta adecuada. Recuerdo que no hace mucho debatimos una moción sobre el mundo rural y en aquel momento nuestro planteamiento fue el de creación de juzgados de violencia de género en el ámbito rural y la solución que se da en este proyecto de ley supondría, además, poner en cuestión —y yo creo que esto es algo peligroso que no se ha evaluado suficiente y adecuadamente— el derecho al juez natural a través de esta reforma, planteando que una decisión del Gobierno modifique el juez natural, al que el delincuente también tiene derecho.

En el mismo ámbito, el proyecto de ley plantea permitir que las salas de Gobierno puedan modificar las normas de reparto de determinados tipos de juzgado para equilibrar la distribución de los asuntos. Y mediante otros contenidos del proyecto de ley igualmente se plantea facultar o facilitar que el Consejo General del Poder Judicial pueda especializar órganos judiciales de modo temporal, lo cual en la práctica va a significar poner en cuestión la apuesta que se hizo hace ya bastantes años por una justicia especializada. También con los contenidos de este proyecto de ley se propiciará adscribir al órgano instructor de causas de especial complejidad como medida de apoyo uno o varios jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia, lo cual deja sin resolver otra parte, que es que además de jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia —antes secretarios—, hay otro personal de apoyo básico en la Administración de Justicia sin el que estos jueces, magistrados o letrados de apoyo no van a poder desarrollar sus tareas. Si no se proveen las necesidades que de ello se derivan, la utilidad de esta adscripción de profesionales de refuerzo va a ser más reducida de lo que, entiendo, pretende el proyecto.

Mientras tanto, la oficina judicial sigue en una fase aún experimental, sigue sin cubrir la mayor parte del territorio del Estado español y, por lo tanto, sin conseguirse los objetivos a los que se aspiraban cuando se hizo la apuesta por esta oficina judicial.

Por lo que se refiere a los cambios que se plantean en la composición de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, quiero recordar que estos cambios se derivan de una reforma anterior en la que se decidió concentrar competencias en la Comisión Permanente en detrimento del Pleno, que hasta entonces las ostentaba. Ahora, la situación de falta de adecuada configuración de la Comisión Permanente se pretende resolver con una ampliación de la misma. Nosotros seguimos apostando por el modelo anterior, seguimos apostando por un modelo en el que la mayor parte de las competencias residan en el Pleno y no en la Comisión Permanente.

Respecto al papel de los secretarios judiciales, esta reforma mantiene la visión de estos como herederos de la vieja figura del escribano y, por ello, solo se modifica una parte de sus competencias reales. De verdad se romperá con esa visión del secretario como heredero del escribano cuando se ponga en marcha el despliegue completo de la oficina judicial, cuestión que, como acabo de afirmar, no se resuelve con este proyecto de ley.

Por otro lado, no alcanzamos a entender, en primer lugar, la trascendencia y, en segundo lugar, el empeño en cambiar la denominación de secretarios judiciales por letrados de la Administración de Justicia, ni tampoco por qué se les pretende imponer un régimen sancionador más duro que el previsto para jueces y magistrados. El cambio de denominación no ha sido reivindicado hasta ahora por ninguna de las organizaciones representativas del colectivo. Creemos que si con este cambio se pretende dar una mayor dignidad a la figura del secretario, se yerra; a estas alturas, el secretario judicial tiene de por sí suficiente legitimidad y suficiente reconocimiento. Por otro lado, pensamos que el que aparezcan otros letrados en la práctica de los procedimientos puede dar lugar a confusiones que no creo que compensen la modificación que se plantea.

Finalmente, el proyecto introduce una regulación del recurso de revisión para que se base en un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que España aparezca como Estado demandado y en el que se declare además la existencia de una vulneración de derechos reconocidos por el Convenio europeo para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Creemos que con la redacción que se plantea se introducen cortapisas a la presentación de este recurso que carecen de justificación.

Por estos motivos hemos formulado el veto que sometemos a la consideración del Pleno.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a la propuesta de veto número 4, presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Esta es ya la segunda o la tercera vez que modificamos la Ley del Poder Judicial. Releí ayer la comparecencia del exministro Ruiz-Gallardón al inicio de esta legislatura, en la que planteaba clarísimamente que su objetivo fundamental era la modernización de la justicia. En la exposición de motivos del proyecto de ley que hoy estamos discutiendo el objetivo fundamental continúa siendo el mismo: modernizar la justicia. Y la pregunta sería: ¿en estos cuatro años se ha modernizado la justicia? Seguramente han sido los cuatro años con mayores turbulencias en el mundo de la justicia: una huelga como no se había producido nunca, manifestaciones del Colegio de Abogados de Cataluña y del Consejo General de la Abogacía... Todo ello indica que la justicia empeora cada año; es decir, nadie hoy se atreve a defender, como se hace en otros ministerios o en otras áreas, que la justicia ha mejorado. Si no ha mejorado, ¿qué es lo que ha pasado en la justicia? En el proyecto de ley que discutimos hoy podemos entrar a debatir acerca del gabinete técnico o de las funciones de los secretarios, pero cuando estamos terminando la legislatura me parece importante destacar cuáles son los grandes objetivos o las grandes finalidades de la política de justicia en estos tres años. Quiero destacar tres: primera, medidas para evitar que los ciudadanos vayan a la Administración de Justicia; segunda, disminución de la independencia del Poder Judicial; y tercera, la no adecuación de la justicia al modelo territorial de España. La primera es clarísima. La Ley de tasas, que se rectificó y se reformó parcialmente por la presión que hubo, fue un intento de que determinados sectores de la población no acudieran a la justicia, pero hemos visto que la Ley de jurisdicción voluntaria que discutimos hace poco, o la del registro civil, que también discutiremos dentro de poco, no dejan de ser externalizaciones de la justicia para evitar o disuadir la asistencia de los ciudadanos a la justicia. La segunda es el tema de la independencia. Aquí ya se han hecho comentarios, pero la reforma que se hizo con el exministro Ruiz-Gallardón significaba una transferencia de competencias y de poder del Consejo General del Poder Judicial al ministerio, a la que se da una vuelta más, tema al que luego me referiré. La tercera es la no adecuación de la justicia al modelo territorial. Sé perfectamente lo de la unidad de la justicia, pero la pregunta es si un modelo territorial como el nuestro necesita una cierta adecuación, aunque sea pequeña, de la justicia. Y quiero empezar por aquí para decirles lo siguiente. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, una vez eliminadas las frases o los contenidos que el Tribunal Constitucional dijo que no eran constitucionales, es decir, lo que está en vigor, dice en su artículo 98: Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña son las que establece el presente Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes que apruebe el Parlamento y las que, si procede, le delegue el Consejo General del Poder Judicial. Entre estas funciones está informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados, así como presentar una memoria anual al Parlamento. Es decir, son una serie de funciones respecto a las cuales la pregunta es: ¿dónde está el consejo de la justicia? El Estatuto catalán, el andaluz, el de Aragón, el de Castilla y León, el de Extremadura, el de Baleares y el de Valencia contemplan la constitución de consejos de justicia, pero no se ha creado ninguno. Es más, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que para el nombramiento de un fiscal jefe de una comunidad es necesario el informe o ir previamente al Consejo de Estado. Y la pregunta es clarísima: ¿Por qué razón, en la segunda o tercera modificación del Poder Judicial, no se crean los consejos de justicia, a los que obligan absolutamente los estatutos de autonomía y el Estatuto del Ministerio Fiscal? Dicho de otra manera, se pierde de forma consciente la oportunidad de intentar adecuar la justicia al modelo territorial del Estado español, sin que esto signifique en absoluto ceder poder del Consejo General del Poder Judicial a las comunidades autónomas. Por lo tanto, estas dos son razones suficientes para pedir el veto. Pero insisto en que querría que se me diera una explicación de por qué razón los consejos de Estado, que están recogidos en los estatutos y en el mismo Estatuto del Ministerio Fiscal, no aparecen hoy aquí.

En cuanto a la independencia, ya he dicho anteriormente que hubo unanimidad de todo el mundo, excepto del Partido Popular, en que la reforma que se hizo del Consejo General del Poder Judicial significaba una transferencia de poderes y de competencias del consejo hacia el ministerio. Hoy se da una vuelta de tuerca más y se propone una modificación del Poder Judicial en la que se pasa de una imagen colectiva a una imagen presidencialista, donde el presidente del Tribunal Supremo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial tienen todos los poderes. Asimismo, se introduce una función en la figura de los magistrados eméritos, sin querer discutir su papel, lo que en definitiva nos puede llevar a una utilización de estos magistrados, que son incómodos en determinadas salas de la justicia.

Por lo tanto, tenemos dos razones de fondo para pedir el veto. Primero, por el hecho de que se está laminando y reduciendo la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los abogados, de los magistrados o de los jueces, sino una garantía de los derechos de las personas. Y, segundo, por no hacer ni un solo intento, por pequeño que sea, de adecuar el Poder Judicial a la estructura de las comunidades autónomas, todo ello en un marco de disminución de recursos económicos y humanos.

Hay algunas cuestiones más que quiero relatar, aunque sea de forma breve. La primera es que nos parece bastante inconcebible que la modificación de la jurisdicción militar en una disposición final o transitoria —no recuerdo bien— se prolongue hasta dos años. Un Gobierno que continuamente está presumiendo de hacer reformas, resulta que una reforma tan importante como esta no la acomete y la pospone para dentro de dos años. La segunda es el hecho de que el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo sirve para quien ha efectuado la reclamación pero no en otros casos similares para poder presentar el recurso ante el Tribunal Supremo.

En el caso de los secretarios judiciales, el proyecto de ley justifica su cambio de nombre como una reivindicación de los secretarios. Sin embargo, yo he hablado con alguno de ellos —por tanto, no quiero decir con esto que los secretarios judiciales digan todo lo que me han dicho a mí dos o tres— y dicen que esa no es ninguna reivindicación suya. El cambio de nombre de secretarios judiciales por letrados de la Administración no es ninguna reivindicación. En cambio, sí están reclamando la potenciación de su figura, de su papel y la necesidad de recursos.

En síntesis, señorías, este proyecto de ley se inscribe en una dinámica de la política general del Ministerio de Justicia que no es de modernización. Hoy no se ha modernizado la justicia española y cuando acabe la legislatura sí se habrán producido tres hechos importantes: la justicia será menos independiente, habrá más dificultades para acceder a ella y continuará siendo, sin ningún género de dudas, el único aparato de Estado que no se ha adecuado en absoluto al modelo territorial del Estado español cuando están obligados, a mi entender, tanto por los estatutos nuevos como por algunas otras leyes. Hoy era la oportunidad de haber presentado una propuesta de modificación del Poder Judicial que contemplara elementos de un modelo territorial que no fuera centralista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, presentada por la senadora Almiñana, senadores Bruguera, Martí, Montilla y la senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la prisa es una mala consejera, lo suele ser en todos los órdenes de la vida, y lo es especialmente, si ustedes me lo permiten, en el trabajo legislativo y parlamentario.

El Gobierno presenta a la Cámara un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no es sino un mal conjunto de medidas para modificar aspectos concretos de esa importante ley orgánica, sin un diagnóstico previo y meditado de los problemas que aquejan al sistema de gobierno de nuestra estructura judicial y, por tanto, sin ninguna coherencia y sin ninguna ambición. Imponen ustedes una tramitación apresurada y, una vez más, modifican el proyecto del Gobierno también mediante esa técnica tan querida por ustedes, como es la autoenmienda de su grupo parlamentario, burlando una vez más, por cierto, los controles previos a los que deben someterse los proyectos legislativos del Gobierno. Una mala práctica que seguimos reprochando con contundencia.

A nuestro juicio, señorías, esta es una muestra más de la acción legislativa errática, desordenada y carente de toda lógica o estrategia de la política de justicia del Gobierno del Partido Popular. El trámite que estamos sustanciando es en realidad una nueva oportunidad perdida; la oportunidad de reformar el Poder Judicial, por ejemplo, mejorando su funcionalidad, su eficacia, su proximidad y trasparencia y su adecuación a la estructura territorial de España, a la que hacía mención el senador Saura. Nada de eso va a mejorar con su proyecto; va a empeorar precisamente, y mucho. Empeora la tutela judicial efectiva y la aplicación del mandato constitucional de respeto al derecho al juez predeterminado por ley; en su lugar, ustedes arbitran un modelo mediante el que incluso un real decreto del Gobierno, un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo de la sala de gobierno de un tribunal, puedan acordar nuevas normas de reparto no previstas en la legislación correspondiente. Dicen ustedes que lo hacen para agilizar el procedimiento o para distribuir mejor las cargas de trabajo. Permítanme que lo dude; más bien creo que sus medidas generarán nuevos problemas jurisdiccionales y también pérdida de algo tan importante como es la seguridad jurídica.

Este proyecto empeora el funcionamiento del Consejo General de Poder Judicial, mermando aún más, si cabe, su carácter colegiado. Hay que recordar que es la segunda reforma que nos presenta el Gobierno en esta legislatura y esconde los objetivos de un mayor control del Poder Judicial y la satisfacción de algunas demandas corporativas que, sin embargo, no han sido suficientemente explicitadas. Disponen ustedes, sin ninguna justificación que lo acredite, un aumento de los puestos de la Comisión Permanente y perseveran en el desarrollo de un modelo presidencialista en el consejo que nosotros no compartimos y que, además, creemos que no se ajusta, como hemos reiterado en más de una ocasión, a las previsiones constitucionales.

A ustedes —lamento decirlo— les preocupa más el control que el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y del Poder Judicial. Señorías, ustedes realmente no creen en la independencia del Poder Judicial. A ustedes los jueces con criterio propio, no sometidos a sus discretos y sutiles dictados, les molestan. ¿No será esta la razón por la que han tomado la decisión de suprimir a determinados jueces eméritos? ¿No será que esos jueces eméritos de los que se prescindirá tienen nombre y apellidos y tal vez han tenido la responsabilidad, en concreto, de no avalar determinadas reformas de carácter legislativo que ustedes han llevado adelante a lo largo de esta legislatura?

El proyecto que hoy tramitamos empeora también la Comisión de igualdad y, lo que es peor, la percepción que de ella va a tener la ciudadanía; era la única comisión paritaria del consejo que hasta ahora había de ser presidida por una mujer y, sin ninguna razón que explique y justifique el cambio, pienso que suprimir esta obligación tiene poco sentido.

Tampoco consideramos adecuadas las medidas que se adoptan con relación a los secretarios judiciales —a estos profesionales con los que el senador Saura decía que había hablado—, que después de la aprobación de esta ley se convertirán en letrados de la Administración de Justicia, o las funciones del gabinete técnico también del Tribunal Supremo, que convierten ustedes en un gabinete del presidente sin dar tampoco ninguna explicación acerca de las razones que aconsejan este cambio. Igualmente, con relación a los médicos forenses introducen ustedes una medida muy controvertida que abre la puerta a una posible privatización encubierta de determinadas funciones a estos profesionales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; se trata de la posibilidad de que puedan emitir dictámenes a solicitud de particulares, y eso es una grave distorsión de su función pública —pensamos nosotros— en defensa del interés general que no deberíamos permitir.

El proyecto es una suma de medidas inconexas que no responden a un modelo de conjunto. En su presentación ante el Congreso de los Diputados, el ministro sorprendió, yo diría que a propios y extraños, con una increíble reflexión sobre la disyuntiva entre evolución y revolución, entre incorporar mejoras sucesivas y constantes o vuelcos repentinos; afirmó que la estrategia reformista de su Gobierno compensa la falta de espectacularidad con un ritmo constante en el avance —cito textualmente—. Y eso no es cierto, porque no hay avance ni mejoras sucesivas y constantes; hay, señorías, retroceso —esa erre que también se ha utilizado antes desde esta tribuna—, hay autoenmienda a proyectos anteriores del propio Gobierno y hay una falta lamentable de diagnóstico y de visión de conjunto de los problemas que aquejan a nuestro sistema judicial.

Nosotros no deseamos vuelcos repentinos ni improvisación, tampoco remiendos parciales e inconexos. Lo que deseamos, lo que de verdad necesitan el país, la Administración de Justicia y los ciudadanos es una reflexión compartida que nos permita establecer un buen diagnóstico de los problemas que realmente queremos resolver. Y con esta modificación —como decía al comienzo— perdemos de nuevo la oportunidad de reformar el sistema de gobierno del Poder Judicial con una actitud de mayor respeto a los principios constitucionales y a la estructura territorial de España —por cierto, la persona que me ha precedido en el uso de la palabra también ha aludido a esta cuestión—. ¿Por qué razón no son ustedes capaces de abordar la desconcentración del Consejo General del Poder Judicial para que se corresponda a un modelo territorial que reconoce funciones en el ámbito de la justicia a las comunidades autónomas y que, sin embargo, estas no pueden desarrollar adecuadamente sin la modificación de esta ley orgánica? Yo quisiera recordar aquí que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no dijo que esa desconcentración fuera inconstitucional; dijo que debía realizarse mediante la modificación de la ley orgánica y no mediante modificación estatutaria, pero que ese mandato no correspondía al propio estatuto, sino a la voluntad legislativa de las Cortes Generales. Ahora había una ocasión. Pues bien, esta Cámara podría abordar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese sentido, pero ustedes han cerrado toda posibilidad a que este cambio pueda tan siquiera examinarse.

Ustedes, a pesar de la crisis profunda de nuestro modelo territorial, que es innegable, son incapaces de proponer soluciones a los problemas de fondo, y uno de ellos es precisamente este: si hay un poder del Estado que no se ha adecuado todavía al Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978 es precisamente el Poder Judicial. Habrán de ser otros quienes acometan este reto, y estoy seguro de que eso será más pronto que tarde.

Señor presidente, señorías, por todas estas razones que he descrito con brevedad presentamos este veto y solicitamos la devolución del proyecto al Gobierno.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6 del Grupo Vasco.

Tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, nosotros queremos plantear hoy ocho razones que vamos a intentar desarrollar para justificar tanto los vetos como las enmiendas parciales que hemos presentado, siempre y cuando dichos vetos no saliesen adelante. Esos ocho ejes van a ser los que, en esta ocasión, van a vertebrar nuestra defensa tanto en el veto como en las enmiendas.

La primera razón parte de que cualquier Gobierno siempre ha querido y ha tenido la voluntad de controlar la justicia. Cualquier Gobierno, del color que fuere, siempre ha tenido esa ambición, y hasta puede ser comprensible. Lo que ya no se entiende es que nosotros, el Legislativo, también vayamos a entrar al juego que quiere el Gobierno, el Ejecutivo, para coartar, para mutilar la libertad que tiene que tener el Poder Judicial de organización, de atribución y de decisión. Estoy planteando uno de los objetivos de la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es tutelar la independencia que constituye la característica esencial del citado poder, y la pregunta que les hago, señorías, es si ustedes de verdad entienden que con esta modificación se está respetando lo que la exposición de motivos dispone respecto a este proyecto. ¿De verdad se lo creen? Después, con las enmiendas, desarrollaré este primer punto y lo que supone para el Consejo General del Poder Judicial.

Como segundo punto tenemos que hablar de si esta modificación responde o no a la organización territorial de la que nos hemos dotado y que así recoge la Constitución española. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita, en nuestra opinión, como no puede ser de otra manera, responder a la configuración territorial del Estado en comunidades autónomas que realiza la Constitución española y que, lógicamente, también se tiene que proyectar sobre la organización territorial del Poder Judicial. Aquí tenemos que traer a colación dos reflexiones. Primera, que el estatuto de autonomía andaluz, en su artículo 144, recoge la creación del Consejo de Justicia de Andalucía. Se trata de un estatuto de autonomía que fue aprobado allí, en el Parlamento andaluz, pactado y negociado tanto en el Congreso como en el Senado. Pero fíjense en lo extraño de las circunstancias —o, si quieren, en la anécdota—, que ese mismo texto, en Cataluña, no fue válido, porque para el Grupo Popular lo que sí valía para el estatuto andaluz no era válido para el catalán, siendo este el que recurrieron, con el mismo texto, con la misma literalidad. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que en el artículo 144 del estatuto de autonomía andaluz ya viene recogida la creación del Consejo de Justicia y, evidentemente, hace una relación, un link, con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, lo que viene a hacer el estatuto de autonomía es una referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial que no recoge la creación de este órgano. ¿Y por qué, siendo una ley orgánica, no recoge lo que ya todos hemos aprobado? ¿Por qué no lo recoge? Si la voluntad del legislador, acordada tanto en el Congreso como en el Senado, era precisamente la de crear un consejo en Andalucía —entiéndase que también en diferentes autonomías que tuvieran competencias en la materia—, ¿por qué no se reafirma y por qué no se desarrolla en la Ley Orgánica del Poder Judicial? Eso es no aceptar lo que traslada la Constitución española y es no aceptar la realidad del Estado español. Es ahí donde está el problema, el nudo gordiano, tanto de este proyecto de ley como de la filosofía de trabajo que impera en ustedes. Lo que vemos en este proyecto de ley se puede trasladar a cualquier decreto ley, se puede trasladar a cualquier otro proyecto de ley, porque la filosofía es la misma: recentralización, recentralización y recentralización. Si en algún momento concreto se han visto obligados a acordar otro tipo de texto, como es el andaluz, después, cuando lo tienen que desarrollar y respetar, no lo hacen.

Tercera razón. Artículo 24 de la Constitución española: Derecho a un juicio público y sin dilaciones indebidas. Pregunta: ¿entienden sus señorías de verdad que este proyecto de ley responde a los dos principios que les he mencionado, juicio público y sin dilaciones indebidas, cuando estamos observando que hay vistas ya para los años 2017, 2018 y 2019? ¿De verdad me dicen que con este proyecto de ley se están cumpliendo los principios que marca la Constitución española? Hay que ser conscientes de que si eso no es así, se están produciendo graves perjuicios en la seguridad jurídica. Cuando los juzgados y tribunales no responden a las necesidades de la sociedad actual, de la sociedad del siglo XXI, cuando se prolongan asuntos pendientes y se genera retraso en la Administración de Justicia, evidentemente estamos trastocando, estamos rompiendo una de las bases principales de la democracia porque no se está haciendo justicia. No es justicia aquella que va a dictar una sentencia en el año 2019 o en el 2020. No es justicia. Díganme un solo país moderno, democrático, que esté en la misma situación en la que se puede encontrar el Estado español. Todos aquellos países que pueden ser un modelo para nosotros no están en esta situación, y ustedes saben que con este proyecto de ley esta cuestión no se soluciona. Hay que hacerlo de otra manera. Sabemos que no es fácil, pero después de pasar una legislatura, después de las comparecencias, pocas, que el Gobierno ha tenido en esta Cámara en la Comisión de Justicia, donde planteó los objetivos que tenían para esta legislatura, como la modernización, la eficacia y la búsqueda de rapidez en la solución de los problemas de la justicia, está claro que este proyecto de ley es la muestra de un fracaso. Es la muestra de un fracaso, porque cuando comenzaron la legislatura el mensaje que dieron fue que el Partido Popular iba a darle la vuelta a la justicia como a un calcetín, y lo único que ha conseguido ha sido darle la vuelta a un cubo con agua fría y mojarse, porque no han obtenido ninguno de los objetivos que estaban marcando y que querían desarrollar.

Un cuarto elemento que también quiero subrayar es el de la improvisación. Estamos viviendo un método de trabajo poco reflexionado, poco debatido y con mucha improvisación. No tenemos más que ver qué cantidad de proyectos de ley vamos a tener encima de la mesa de aquí a final de legislatura, más de 30. ¿De verdad ustedes entienden que tanto el Congreso como el Senado van a ser capaces de debatir y reflexionar con un mínimo de rigor, criterio y seriedad 30 proyectos de ley, de los cuales 17 van a ser leyes orgánicas, y que vamos a poder hacerlo de una manera seria? Nosotros entendemos que no. Este proyecto de ley va en la misma línea. Y no vengan con cuestiones como que hay que trabajar más o que hay que trabajar menos; no creo que ese sea el problema, no creo que nadie en esta Cámara tenga ningún problema para estar aquí en julio, agosto, septiembre..., lo que haga falta. Pero, evidentemente, tanto ustedes como nosotros sabemos que no es una manera seria de trabajar.

Quinta reflexión. No tenemos más que mencionar el problema que se está generando con el Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio y que tiene 16 errores graves. ¿Por qué se producen? ¿Improvisación? ¿No escuchan? Hay falta de voluntad para el acuerdo. Este fue el quid de la cuestión, uno de los objetivos que se marcaron como Gobierno al comienzo de legislatura: acuerdo, diálogo, negociación y decisión. Y no ha habido tal. Lo podemos ver todos los días, y consideramos que es uno de los motivos de su fracaso en el ámbito de la justicia.

Sexta reflexión. Este proyecto de ley denota una fascinación por el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes llegaron al Gobierno queriendo democratizarlo, había que cambiar la manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y lo único que hicieron fue crear una comisión permanente formada por cinco miembros, cuyo número quieren modificar ahora, para ir regalando prebendas, quién nos conviene y quién no nos conviene, quién se porta bien y quién no se porta bien, para ser elegido vocal y acceder a la comisión permanente; es decir, su fascinación por mediar, por interceder, por condicionar la labor del Consejo General del Poder Judicial no aporta nada y, además, no es nada bueno para la independencia de la justicia a la que antes nos hemos referido.

¿Y qué decir del tema género? Uno de los debates importantes en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para llevar adelante su voluntad de modificación del Consejo General del Poder Judicial fue precisamente este tema, y uno de los acuerdos que se consiguieron, tanto en el Congreso como en el Senado, fue precisamente que la presidencia de la Comisión de Igualdad estuviera representada por una mujer, cosa que en estos momentos decae. ¿Por qué? ¿Por qué no se respetan los criterios que en aquel debate tuvieron lugar? Porque allí se hablaba de género, y ocurre lo de siempre, que cuando hay un poco de presión y ven realmente la filosofía que trasladaba todo el proyecto intentan dar una solución parcial, que entonces también criticamos, porque para nosotros la cuestión no es que la presidenta de la Comisión de Igualdad tuviera que ser una mujer, sino que debía haber un equilibrio en todas las presidencias para que hubiera una representación paritaria y que el tema de género tuviese su espacio, su lugar. Es decir, aprueban algo para salir del paso y después, con el tiempo, lo eliminan.

Séptimo punto. ¿Qué le decimos a la familia Couso? Es un tema que también se ha debatido aquí. ¿Qué le decimos a la familia Couso cuando el juez Pedraz se ha visto obligado a archivar el caso debido a la reforma que se realizó el año pasado? Porque, tal y como afirma el juez, la reforma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo que los responsables se refugien en España. ¿Qué le decimos a la familia? Algo habrá que decirle. Es un tema que está ahí, están identificadas las personas que dispararon y tenemos un muerto. ¿Qué se le dice a la familia? ¿Qué se le dice a la justicia? Porque la justicia ha pedido cosas, ha reflexionado y en su momento el Grupo Popular, como defensa, iba a la Corte Penal Internacional. Nosotros también dijimos que no era posible en todos los casos y en este en concreto, con Estados Unidos, que huelga decir que es un país no firmante del Tratado de Roma. ¿Qué le decimos a la familia Couso? Después seguiremos hablando de este tema porque se me termina el tiempo, pero sí quisiera que me dijeran algo, porque algo deberíamos contestar y alguna solución habría que dar. No sé si es la que planteamos nosotros, pero alguna solución hay que dar, porque no podemos dar la callada por respuesta.

Para finalizar, únicamente quiero decir, como octavo punto, que somos muy críticos con esta modificación y por ello apoyaremos todos los vetos que han presentado los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Este proyecto de ley, tal y como se manifiesta en su exposición de motivos, contiene un paquete de medidas estructurales y organizativas, desarrolladas en ochenta y ocho apartados, con el fin de mejorar la respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses.

Nuestro grupo considera que este proyecto, que supone una oportunidad para adecuar y actualizar el sistema judicial, no contempla de manera adecuada la adaptación que los estatutos de autonomía exigen en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desaprovechando nuevamente la imperiosa necesidad de llevar a cabo esta adaptación exigida estatutariamente. Como ejemplos de todo ello, resulta incomprensible que después de más de ocho años de su inclusión en determinados estatutos de autonomía sigan sin desarrollarse los consejos de justicia de las comunidades autónomas, y que concretamente en el citado proyecto no se contemple la creación y desarrollo de estos teniendo en cuenta que estas previsiones estatutarias han sido recogidas también en otras leyes como, por ejemplo, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o en el Estatuto básico del empleado público.

En el caso de Cataluña, la creación del Consejo de Justicia, de acuerdo con los artículos 97 a 100 del Estatuto de Autonomía, conllevaría la desconcentración del Consejo General del Poder Judicial en los términos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatut de Catalunya.

Es necesario que se regule la creación de los consejos de justicia, y que al regular la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial se prevea esta desconcentración de competencias en favor de los consejos de justicia autonómicos en temas tan importantes, entre otros, como determinados supuestos en materia disciplinaria, en competencia sobre gestión y organización y en materia de protección de datos, y que sean todas ellas posteriormente revisables ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y es que hay previsiones legales que se podrían considerar previsiones fantasma, porque en determinadas leyes nos referimos a unos órganos, los consejos de justicia de las comunidades autónomas, que después no tienen desarrollo legislativo alguno. Estos órganos están previstos en los estatutos de autonomía de Andalucía, en su artículo 144; en el de Aragón, en su artículo 64; en el de Castilla y León, en el 42; en el 52 del de Extremadura; en los artículos 95 a 100 del Estatut —aunque reinterpretados por la sentencia del Tribunal Constitucional—; en el 96 del estatuto de las Illes Balears; y en el 33 del de Valencia. De esta forma, el desarrollo legislativo del bloque de constitucionalidad que representan los estatutos de autonomía tendría plena eficacia.

En este sentido, debemos destacar que la legislación ordinaria ya recoge supuestos en los que prevé la existencia de estos consejos. Tal es el caso del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en sus artículos 11.2 y 36.1 prevé, por un lado, que la memoria anual que elaboren los fiscales superiores sobre la actividad del Ministerio Fiscal en su territorio sea remitida al consejo de justicia de la comunidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Dónde se va a remitir? Por otro lado, que el consejo de justicia de la comunidad autónoma sea oído previamente al nombramiento de un fiscal superior de la comunidad autónoma. ¿Cómo va a vehicularse esto? Hoy por hoy, este consejo no existe; son órganos fantasma, órganos prometidos por diversos gobiernos regulados en diversas leyes aprobadas por estas Cortes Generales, y pedimos que se constituyan en el marco de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional cumpliendo el carácter que esa jurisprudencia acotó para estos. Por todo ello, se considera oportuno que al regular la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial se prevea esta desconcentración.

Otro motivo que propicia esta propuesta de veto es que no se desarrollan las nuevas atribuciones que los respectivos estatutos de autonomía han otorgado a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

Asimismo, en materia de personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, esta reforma debería permitir realizar el traspaso completo de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, haciendo así efectivas las competencias normativas, ejecutivas y de gestión sobre el mencionado personal en aquellas comunidades autónomas competentes, como Cataluña, para que puedan asumir la gestión del cuerpo de secretarios judiciales, actualmente dependientes del Ministerio de Justicia.

En relación con el uso de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas ante la Administración de Justicia, se ha constatado que su grado de implantación no es el adecuado. A tal efecto, el presente proyecto debería impulsar todo tipo de medidas que refuercen su utilización, y de manera especial impulsar que su conocimiento y el de su derecho propio sea un requisito, y no únicamente un mérito preferente en el acceso a plazas judiciales en territorios con lengua oficial propia.

Por otra parte, respecto a la composición del Consejo General del Poder Judicial, nuestro grupo parlamentario es contrario a la división de este órgano en dos tipos de vocales:



los pertenecientes a la comisión permanente, actualmente 5, que con el proyecto pasarían a ser 7, y el resto, ya que, aunque el objetivo de la creación de esta estructura pudiera ser loable en principio, la práctica ha demostrado que este sistema no ha sido efectivo. Genera una discriminación entre vocales al atribuirles diferentes competencias según pertenezcan o no a la comisión permanente, y ha creado disfunciones graves para el buen funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional, cuando la Constitución no establece distinciones entre los derechos y atribuciones de los vocales que integran este órgano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado presenta una propuesta de veto al presente proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto devolutivo a esta nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —no sé cuántas van ya— porque es otro ejemplo más de la actuación artificiosa e incoherente del Ministerio de Justicia, con don Rafael a la cabeza. Un ejemplo más de intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, un ejemplo más de cómo controlar la justicia en diversas materias y en diversos momentos.

Señorías, con la idea de pretender cambiar el sistema judicial, de modernizarlo, ustedes hoy nos traen un subterfugio más para no abordar de verdad los problemas de fondo de la justicia española. Una contrarreforma más para introducir por la puerta de atrás objetivos partidistas. Esto lo pusieron de manifiesto en la Ley 4/2013, pero hoy ponen al descubierto sus verdaderas intenciones para controlar el Poder Judicial a través de los órganos del consejo. Tratan de hacer prevalecer los intereses de su partido frente a los intereses generales, beneficiando, como siempre, a las minorías privilegiadas frente al interés común de los españoles.

Nos traen hoy a esta Cámara una ley técnica, como dicen ustedes, pero una ley con muy mala técnica legislativa, articulando una serie de medidas estructurales y organizativas que no logran en todo el texto dar de verdad una respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos y de sus intereses. La sociedad actual, España, hoy, necesita, nos exige, un alto grado de eficiencia y agilidad en nuestro sistema judicial, porque cuando la justicia es eficaz genera paz social y seguridad jurídica y esto, que debería haber sido el núcleo y el objetivo central de su reforma, es justo todo lo contrario. Continúan sin dar ni una sola respuesta a los problemas más graves que aquejan al sistema judicial español, a los problemas que vienen señalando todos los operadores jurídicos. Ustedes, con su terquedad, llevando la contraria a todos, presentan una nueva reforma que incrementa esa inseguridad jurídica y, cómo no, como siempre, la pérdida de derechos para algunos. Pero si por lo menos ante esa situación agilizaran o especializaran las respuestas judiciales, podríamos dar la vuelta, pero tampoco posibilitan un equilibrio en las cargas de trabajo que se dan en nuestros juzgados. Por tanto, señorías, con su nueva reforma, con otra reforma más, nuestra justicia seguirá sufriendo retrasos, seguirá siendo lenta y seguirá siendo insegura.

Con esta ley no provocan un proceso de garantías. Aquí tenemos la primera vulneración de la Constitución española: el derecho al juez natural, al juez ordinario, al juez predeterminado por la ley. Ustedes, con sus componendas, abren la puerta a que este principio desaparezca; un principio, señorías, que la predeterminación legal, la propia Constitución, reconoce y extiende a todos los órganos jurisdiccionales, pero ustedes, con su mayoría absoluta habitual, lo desbaratan y pulverizan. ¿Cómo es posible que ustedes pretendan imponer cambios de demarcación y de competencias en contra del juez natural? ¿O es que pretenden volver a los juzgados especiales? ¿O es que quizás les ha traicionado el subconsciente y sienten una evidente añoranza de tiempos pasados? Sea cual sea la cuestión, lo cierto es que ustedes están vulnerando nuestro máximo texto legal.

Otro fraude más de esta nueva reforma: diseñan un sistema que aparentemente, repito, aparentemente, va en contra del proyecto estrella del ministro Gallardón, que era reorganizar la planta judicial. Pero ¡qué va! Es todo lo contrario, expresan una serie de cambios mediante los cuales consiguen llegar a los fines iniciales que pretendía en su momento el señor Gallardón, pero en este caso lo hacen de tapadillo, porque bajo los principios de racionalidad y de economía, adoptan una serie de medidas que afectan directamente a los repartos de todos los juzgados: de lo mercantil, penal, menores, vigilancia penitenciaria, violencia de género, contencioso o social, pero, como siempre, sin contar con la opinión de los jueces afectados, permitiendo, por tanto, alterar las normas de reparto y así poder atribuir ad hoc determinados asuntos a determinados órganos judiciales. Esto, señorías, no es justicia.

Por otro lado, con su ley pretenden controlar el Poder Judicial; adoptan la discrecionalidad como norma y convierten los órganos colegiados en meras comparsas. Señorías de la derecha, ¿por qué quieren volver a modificar la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial? Su gestión, basada siempre en beneficiar a alguien, no es que empiece a ser preocupante, es que empieza a ser penosa. Los socialistas ya nos opusimos radicalmente —una palabra que no les gusta nada— a su contrarreforma 4/2013, de 28 de junio —lo decimos también hoy—, que se evidenció con aquel recurso ante el Tribunal Constitucional, porque se sustraía del Pleno del Consejo el grueso de sus competencias. Y si ya con aquella ley establecían un sistema presidencialista en el funcionamiento del propio Consejo, hoy dan una vuelta de tuerca más y pasan de un sistema presidencialista a un sistema absolutista, lo que viene a demostrar que esto les gusta muchísimo.

Con respecto a las comisiones, que una mujer presida la Comisión de Igualdad lo ven mal, y en el resto de las comisiones ni les cuento. Señorías, con esta ley, y en este ámbito, están generando una evidente discriminación que nos aleja cada día más de Europa, lo que demuestra que ustedes, de verdad, no tienen nada claro qué significa la igualdad y qué significa la paridad. Pero esta, quizás, sea una de las fórmulas que demuestran mejor sus políticas de igualdad, las políticas que ustedes defienden en el entorno de la mujer.

Y como no podía ser de otra manera, en esta ley tienen que traer su obsesión en justicia durante toda la legislatura, que no es otra que la de su privatización. En este caso les toca a los médicos forenses. Desde hoy, con su ley, podrán realizar dictámenes e informes a petición de particulares. Señorías, la figura del médico forense no fue concebida para intereses privados. Ustedes nuevamente invaden el ámbito de lo público sin que exista para nada ninguna necesidad ni motivación social, jurídica o médica, pero es su obsesión: privatizar.

Otro tema controvertido de la ley —algún senador lo ha señalado antes— es el gabinete técnico, que pasa a ser un gabinete del presidente con un órgano exclusivamente de control político de la sala del Tribunal Supremo. ¿Qué sentido tiene este desmán? Me gustaría que me lo explicaran.

Centrémonos en otra polémica de su ley: los secretarios judiciales. Se les cambia de nombre, nada más; no se le reconocen nuevas funciones y ni siquiera se contemplan las que vienen ejerciendo, pero sí se abre la puerta a un posible ERE en justicia. ¿Van a hacer con los secretarios judiciales lo mismo que hicieron con los 700 jueces, con los jueces sustitutos o con los 300 fiscales sustitutos? Sería bueno para nosotros y, sobre todo, sería bueno para ellos saber cuál será su futuro porque, ya que les van a dejar como meros auxiliares de los jueces, sería bueno que conozcan la suerte que van a correr.

Señorías, como le dije al señor ministro en el pasado Pleno, las actuaciones del Gobierno están poniendo en tela de juicio la independencia judicial española. No solo lo decimos los socialistas, lo dice también la comisaria de Justicia de la Unión Europea; lo dice el cuadro de indicadores de la justicia de la Unión Europea, que relega a España al tercer puesto por la cola en cuestión de independencia, empatados con Croacia y solo por encima de Bulgaria y Eslovaquia; lo dice también —y así ha concluido— la Federación de Colegios de Abogados de Europa, donde se reúnen más de 800 000 profesionales; o la propia relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces. Esa es la opinión que tienen de la justicia española desde fuera. A pesar de eso, ustedes siguen con esta nueva reforma.

Pues bien, nosotros consideramos la justicia como un verdadero servicio público y, por ello, rechazamos de plano esta contrarreforma. Se trata de una ley que, como señalaba, impone su obsesión privatizadora; una ley que no obedece a ninguna planificación ni modernización de nuestro sistema judicial; una ley que trata de juntar medidas aisladas, propagandísticas, corporativas e, incluso, medidas partidistas para presentar a los españoles —si me permiten la expresión— un churro de modelo organizativo.

Los socialistas, señorías, no vamos a apoyar nunca este sistema ni estas medidas que devalúan y merman los derechos de los ciudadanos, que impactan sobre las propias garantías procesales y que generan una indiscutible inseguridad jurídica. Lo grave de esto es que van a terminar su mandato como lo empezaron: gobernando para una minoría, causando daños irreparables a los ciudadanos españoles y sembrando más desigualdad en el país. Siguen recortando derechos, privatizando la justicia, por tanto, perjudicando a la propia administración de justicia y, en definitiva, a la justicia española.

Por todo esto, señorías de la derecha, presentamos esta propuesta de veto para que su nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no entre nunca en vigor, no aumente la ineficacia, no se incremente la desigualdad ni la falta de homogeneidad y objetividad de un servicio público, como es la justicia.

Ya que estamos, les pedimos un favor porque en los últimos días ha aparecido una noticia según la cual el ministro de Justicia ponía en pie de guerra a los jueces al sugerir que son ellos quienes retrasan las causas. Desde luego, lo que les pedimos es que no ofendan a los magistrados de este país ni con sus leyes ni con sus palabras porque, al final, son ellos los que de verdad, con su esfuerzo, están sacando adelante la justicia y, por el contrario, son ustedes, con sus leyes —como esta, por ejemplo, de la reforma—, los que sin aportar soluciones están erosionando la credibilidad de nuestras instituciones.

En lugar de cuestionar a los jueces o presentar leyes artificiosas y disparatadas, con el único objetivo de controlar y dirigir la política de justicia, para la sociedad española y para todos los que en alguna ocasión tienen o tenemos que acudir a nuestros tribunales, sería mucho más positivo que se aportaran de verdad, y con sentido común, los medios que necesita el sistema judicial español y no leyes de reforma como esta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente, señorías, paso a posicionar al Grupo Popular en el turno en contra en cuanto a los vetos presentados por las distintas opciones políticas.

Es evidente que la opinión de sus señorías difiere mucho de la nuestra, y de las aseveraciones que haré en nombre del Grupo Popular en relación con este proyecto de ley. Pero algunas de sus señorías lo que han hecho ha sido una evaluación, un análisis y una crítica completa a la labor legislativa en esta materia a lo largo de estos cuatro años. Por supuesto, entiendo que están en su legítimo derecho, pero voy a ceñirme exclusivamente a lo que ustedes han presentado en sus vetos y, por tanto, daré una réplica razonable a todas las cuestiones que han reflejado, teniendo en cuenta que muchos de ellos son una repetición y, por tanto, intentaré hacer un resumen para, de alguna manera, ser sucinto pero a la vez explicativo a la hora de contestar a sus señorías.

Por lo que se refiere a la aseveración de que la reforma es un mero conglomerado de medidas accesorias, de poco calado, debe señalarse muy al contrario de esa apreciación, que la reforma plantea unos objetivos delimitados y enmarcados dentro de un proceso de modernización y agilización al que el sistema judicial no puede ser ajeno. ¿Cómo podemos especificarlos? En cuanto a la agilización y especialización de las respuestas judiciales, en primer lugar se prevé que el consejo general pueda especializar uno o varios órganos judiciales de modo temporal para enjuiciar y resolver aquellos asuntos o materias que, por su volumen, exigen respuestas rápidas, específicas y puntuales.

En segundo lugar, se establece también que el propio consejo podrá adscribir al órgano instructor, a uno o varios jueces o letrados de la administración de justicia con funciones no jurisdiccionales para realizar labores de estudio y apoyo a aquellas causas complejas que así lo requieran.

En tercer lugar, para facilitar un reparto más homogéneo de la carga de trabajo entre los juzgados especializados —algo que a ustedes parece que no les convence— se potencia también la posibilidad de extender por real decreto la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales y se posibilita que las salas de gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los juzgados de lo mercantil, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso administrativo o de lo social. Entendemos que es bueno para agilizar la respuesta a los ciudadanos.

Se mejora también en la calidad de las resoluciones judiciales. En primer lugar, se introducen cambios en los plenos para unificar criterios, estableciendo que se constituyan plenos jurisdiccionales para resolver uno o varios asuntos al objeto de unificar criterios, previendo que el juez deba motivar las razones por las que se aparte del criterio acordado en uno de estos plenos, lo cual es muy razonable porque en muchas ocasiones se producen sentencias distintas sobre asuntos exactamente iguales; y, en segundo lugar, se contempla la posibilidad de que el consejo pueda convocar pruebas de especialización, además de las ya previstas, entre miembros de la carrera judicial.

En cuanto a la profesionalización de los cuerpos al servicio de la administración de justicia, se establece un nuevo sistema de sustituciones para los secretarios judiciales, que pasa a llamarse cuerpo de letrados. No le gusta a usted la terminología, pero no entiendo por qué; no sé qué tienen ustedes contra los letrados o contra que se les llame letrados. En definitiva, es una apreciación que no comparto y no creo que sea sustancial dentro de la reforma como para haber prestado esa especial dedicación a lo largo de sus intervenciones. También se prevé que el cuerpo de gestión procesal pueda tener carácter de agente de la autoridad a la hora de documentar embargos, alzamientos, etcétera.

Se reconoce expresamente al personal al servicio de la administración de justicia funciones que están dirigidas a la protección y asistencia a las víctimas, y se modifican los institutos de medicina legal para convertirse en órganos multidisciplinares, exigiendo la especialidad de medicina legal para acceder al cuerpo de médicos forenses.

En cuanto al recurso de casación contencioso-administrativo, se reforma este recurso en el ámbito contencioso introduciendo el criterio de interés casacional y eliminando el actual requisito de la cuantía, algo que favorece a los administrados, a los ciudadanos.

Señorías, han hablado ustedes también de la violencia de género. En este ámbito se amplían las competencias del juez de violencia sobre la mujer para instruir los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer, así como a los delitos de quebrantamiento de condena o de medida cautelar. A eso ustedes no han hecho ninguna referencia.

Se introduce también, señorías, la regulación actualizada de la publicidad de las relaciones judiciales, incorporándose un nuevo capítulo sobre la protección de datos en la Ley Orgánica del Poder judicial. Se establece un régimen de responsabilidad patrimonial de los jueces idéntico al de los demás funcionarios públicos y, asimismo, el mecanismo del recurso de revisión del Tribunal Supremo, que es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se prevé también expresamente la audiencia previa de las partes antes de plantear cuestiones prejudiciales ante el tribunal.

Además de las cuestiones apuntadas han hablado ustedes también de manipulación en cuanto a la composición de la comisión permanente del consejo. Debemos señalar que este proyecto de ley eleva el número de miembros de la comisión permanente, que va a pasar de cinco a siete vocales: cuatro nombrados por el turno judicial y, tres, designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Fruto de la experiencia de casi un año de funcionamiento del nuevo consejo, se entiende oportuno aumentar la composición de la comisión permanente, puesto que así lo propuso también el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe de 27 de junio de 2014 al anteproyecto de la ley, que señala estrictamente lo siguiente: «Los artículos 494 y 495 regulan la Comisión Permanente de forma idéntica a la establecida en los artículos 601 y 602 del Texto vigente. Con anterioridad hemos apuntado la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional con el objeto de reducir los Vocales del CGPJ, si se considera que las funciones encomendadas a este órgano constitucional pueden ser ejercidas por un menor número de miembros. Ello no obstante, para el supuesto de que los órganos que tienen atribuida dicha iniciativa de reforma no la llevasen a cabo, se entiende oportuno aumentar la composición de la Comisión Permanente, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con mayor rigor y dedicación. En este sentido, podría resultar oportuno que dicha Comisión estuviera compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y por otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia.» Páginas 503 y 504, párrafo 76, Libro IV del informe que el propio consejo emite. Por tanto, señorías, lo que hacemos aquí es trasladar directamente la opinión del consejo a la propia ley.

Por lo que se refiere a materia organizativa, se aduce por parte de los grupos parlamentarios que se dejan en manos de los órganos de gobierno determinadas decisiones de especialización, extensión de jurisdicción, etcétera, que no cumplirán con ese objetivo, que aumentarán el coste presupuestario, la desigualdad, etcétera. A sensu contrario de lo señalado en la enmienda, el proyecto de ley no introduce nuevas medidas distintas de las ya existentes en la ley, porque la especialización de los juzgados, señorías, está prevista en el artículo 98 de la ley. Sin embargo esta especialización no está prevista para que determinados juzgados asuman de modo definitivo, que no temporal, el conocimiento de materias especializadas —por ejemplo, en materia de familia— de modo exclusivo y excluyente, y el resto de los juzgados del partido carecen de competencias sobre ellos. ¿Qué ocurre con la reforma? Se dota, se introduce mayor flexibilidad para hacer frente a contingencias especiales. La especialización podrá hacerse con carácter temporal y no definitivo, y no necesariamente con ese carácter exclusivo, y el juzgado especializado podrá conocer no solo de los asuntos que se le atribuyen sino también de asuntos ordinarios. De esta manera de alguna forma también contribuimos a descargar el número de asuntos de los juzgados, en suma, atendiendo a un mejor control y agilidad de la justicia. En la práctica esta especialización ya se mantiene.

En cuanto al cuerpo de secretarios judiciales, que pasa a ser denominado cuerpo de letrados, como he comentado antes, ustedes dicen que no conocen a secretarios judiciales que hayan argüido en pos de esta modificación, pero, por el contrario, yo sí conozco. Tendremos opiniones diferentes, pero les diré que es una adaptación a las actuales funciones desarrolladas por el cuerpo. Se introduce una referencia expresa a que ostenten la dirección de la oficina judicial, se añaden nuevas competencias como la mediación y la tramitación, en su caso, de resoluciones de procedimientos monitorios, se incluyen los decretos como tipo de resolución por ellos dictadas y se prevé que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente un escalafón. Por tanto, señorías, hay razones suficientes para respaldar la ley.

Creo que la señora Rieradevall, representante de CiU, y el señor Bildarratz, representante del PNV, han argüido sobre la composición permanente del consejo y la presidencia de la comisión de igualdad, pero ya hemos hablado de la comisión de igualdad, de las funciones de los médicos forenses, del desarrollo del gabinete técnico —que dicen que es un gabinete a las órdenes del presidente— y, en definitiva, de los secretarios judiciales y sustituciones.

El señor Saura ha hablado también de la agilización y especialización de las respuestas judiciales, de la profesionalización de los cuerpos al servicio de la administración de justicia, de la mejora de la calidad y de la lucha contra la violencia de género. Ya hemos comentado que se amplían las competencias del juez de violencia sobre la mujer y también hemos hablado de la comisión permanente del consejo.

En definitiva, muchos de los vetos de sus señorías, de la mayoría de los grupos, son exactamente iguales. La representante de CiU se ha ceñido fundamentalmente al tema de que no se desarrollan los consejos de justicia en las comunidades ni las atribuciones de los estatutos de autonomía, algo a lo que también han hecho referencia el señor Saura y el señor Montilla. Además, se muestran contrarios a la admisión de dos tipos de vocales.

En relación con la creación de los consejos de justicia de las comunidades autónomas —y quiero hacer especial hincapié porque sus señorías han argüido mucho sobre el tema— en primer lugar, diré que creemos que la demanda en relación con los procesos autonómicos, señor Bildarratz, es más propia, de una enmienda al articulado en la que solicitase la inclusión de alguna previsión al respecto que de una enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica. Es una opinión.

En segundo lugar, la eventual regulación de los consejos autonómicos en el ámbito del Poder Judicial es, señorías, una opción legislativa, no una obligación ni exigencia, tal y como se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. Señala el Tribunal Constitucional, para recuerdo de todos: ...es notorio que el Estatuto catalán incurre en un evidente exceso al crear en el artículo 97 un Consejo de Justicia de Cataluña al que se califica como «órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña» y cuyos actos lo serían de un «órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial», siendo así que el Poder Judicial (cuya organización y funcionamiento están basados en el principio de unidad, según el artículo 117.5 de la Constitución española) no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial, cuyo estatuto y funciones quedan expresamente reservados al legislador orgánico, como establece el artículo 122.2 de la Constitución. En esas condiciones, es obvia la infracción de los artículos 122.2 y 149.1.5 de nuestra Constitución, según es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, en sentencias del año 2005, etcétera, pues ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones de aquel consejo dando cabida, en lo que ahora interesa, y en su caso, a eventuales fórmulas de desconcentración que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, han de quedar, en su existencia y configuración, a la libertad de decisión del legislador orgánico con los límites constitucionales antes expresados. Cierro comillas. He leído estrictamente lo que la sentencia del Tribunal Constitucional establece.

Por otra parte, no estamos ante una demanda de desconcentración y de descentralización requerida por el conjunto de la sociedad, sino ante una propuesta basada en razones de oportunidad que, sin duda, legítimamente arroja ciertas dudas sobre su pertinencia desde el punto de vista tanto de la configuración del consejo, como garante de la independencia judicial, como desde una perspectiva de eficacia y contención del gasto público.

En cuanto a las nuevas atribuciones que los estatutos de autonomía han otorgado a los tribunales superiores de justicia, señorías, en el momento actual, los tribunales superiores de justicia constituyen la cúspide de la estructura judicial en las comunidades autónomas, salvo en lo que se refiere, lógicamente, al recurso de casación ordinaria del cual conoce el Tribunal Supremo. Ciertamente, en el ámbito civil, la asunción de competencias de los TSJ en materia de recursos de casación por infracción procesal se encuentra pendiente simplemente del desarrollo normativo adecuado, aunque no parece suficiente una mera traslación de la competencia a los tribunales superiores de justicia, sino que parece oportuno también cuestionar, como se ha hecho en un cierto sector doctrinal, si es conveniente seguir manteniendo la distinción entre recurso de casación ordinario y recurso de casación por infracción procesal.

Señorías, en relación con el hecho de establecer que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades sea un requisito y no únicamente un mérito, entendemos que no cabe duda que la Constitución española establece que el castellano, aparte del gallego, del catalán y del vasco, son idiomas propios y amparados por la Constitución, pero dentro de esas previsiones, el artículo 3 de la Constitución española establece que la única lengua oficial en todo el Estado español es el castellano, respecto de la cual se impone el deber de conocerla y el derecho de usarla por todo los españoles, etcétera. Por tanto, entendemos que es en este marco constitucional en el que tiene cabida la actual regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que el conocimiento de las lenguas cooficiales y del derecho foral debe valorarse como mérito pero no como requisito a la hora de seleccionar y promover los puestos de personal al servicio de la Administración de Justicia y del ministerio fiscal.

Señorías, por todos los argumentos expuestos, y alguno más que mi compañero el señor Altava establecerá en el turno de portavoces, el Grupo Popular va a rechazar los vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Compartiré turno con el señor Iglesias.

Esquerra Republicana comparte los argumentos esgrimidos por cada uno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han presentado veto al presente proyecto de ley. Compartimos los argumentos esgrimidos por la portavoz de Convergència i Unió, la señora Rieradevall; por el portavoz de la Entesa, el señor Saura Laporta; por el también portavoz de la Entesa, el president Montilla; por el portavoz del PNV, el señor Bildarratz; por el portavoz de Izquierda Unida, el señor Iglesias, y por el portavoz del PSOE, el señor Rodríguez Esquerdo. En definitiva, votaremos a favor de todos los vetos presentados porque, como han dicho muchos de los portavoces, llevamos ya varias reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en concreto, un mínimo de tres con el Partido Popular en el Gobierno, con ustedes.

Se trata de reformas parciales pero importantes porque afectan a las estructuras básicas y esenciales de la administración de justicia. Son reformas, como también se ha dicho, erráticas y descoordinadas, pero a criterio de Esquerra Republicana, de profundo calado, que evidencian claramente cuál es el fin que persigue el Partido Popular: una administración de justicia centralizada y controlada, y una voluntad política de imponer el modelo de justicia al que aspiran, con una administración de justicia poco independiente, que vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho al juez ordinario y predeterminado por la ley; en definitiva, como decía, una justicia dependiente y controlada. Y todo ello sin entrar a considerar la mala técnica legislativa a la que nos tienen acostumbrados. Legislamos con prisas innecesarias, con mala técnica en la forma y en el fondo. Utilizan el Senado como Cámara para autoenmendar aquello que no se atreven a presentar en el Congreso de los Diputados no sea que resulte muy claro o evidente y que entonces sí que salgan en la foto; repito, utilizan la poca visibilidad del Senado para autoenmendarse. En este caso, ustedes han presentado una enmienda que va directamente dirigida —tiene nombres y apellidos— a que determinados magistrados —y me atrevería a decir que de determinada sala del Tribunal Supremo— tengan que jubilarse anticipadamente; la han presentado a hurtadillas, no sea que parezca que tiene algo que ver con aquello de que les han enmendado la plana en su reforma laboral.

En definitiva, Esquerra Republicana votará a favor de todos y cada uno de los vetos presentados por los distintos grupos parlamentarios al presente proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Si el objetivo de la ley es, como se dice en el preámbulo —y lo recordaba el portavoz del Grupo Popular—, hacer un esfuerzo de modernización y agilización, la concreción en el articulado se aleja otra vez de forma muy notable de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Lo que hay aquí es un parche de peor calidad que el tejido sobre el que se va a colocar, que encaja exclusivamente con la visión del señor Catalá de que no hay una sobrecarga de trabajo en la Administración de Justicia sino que, en todo caso, fallan los mecanismos de distribución de esa carga de trabajo. Por eso, a través de diferentes mecanismos, como la extensión del ámbito territorial de los juzgados de violencia contra la mujer o la especialización temporal de determinados juzgados, se busca esa distribución de la carga de trabajo sin reparar en que el mecanismo que se pretende aplicar va a afectar, sin ninguna duda, a algo a lo que también hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: la calidad de las resoluciones judiciales. Imagínense sus señorías el caso de Sevilla, donde existe un problema serio en la jurisdicción laboral y en la mercantil —tal y como hemos reseñado con anterioridad en algún otro debate—, pues se están haciendo señalamientos, tanto en el ámbito de la jurisdicción social como en la mercantil, para dentro de dos, tres o, incluso, cuatro años, pero la respuesta a ello no puede ser pretender especializar temporalmente, como juzgado de lo social o juzgado de lo mercantil, a un juez de lo penal. Si hace años se tomó la decisión de buscar una alternativa en la especialización de los juzgados fue pensando en que la sociedad de nuestro tiempo era más compleja que la de hace cien años —lo cual es obvio y evidente— y que esa complejidad social tenía una manifestación en la conflictividad que llegaba a los juzgados, y que la respuesta a esa conflictividad debía ser una apuesta por la especialización de juzgados y tribunales.

No sé si en alguna ocasión anterior lo manifesté, pero he de reconocer aquí que cuando se hizo esta apuesta tuve reservas sobre lo acertado de esa decisión. Sin embargo, desarrollada esta opción a lo largo de 15 años, ya ni me planteo las reservas sino que asumo que ese es el modelo. Pero si ese es el modelo, no hagamos una involución del modelo que supuso la creación de los juzgados de lo mercantil o la violencia contra la mujer, y eso es lo que plantea este proyecto. Si un juzgado especializado tiene una sobrecarga de trabajo que supera el 150 % de la fijada según los parámetros del ministerio o según los parámetros del Consejo General del Poder Judicial —no me voy a detener en ese debate en este momento—, plantéese la creación de un juzgado de esas características y suprímase otro si ya no es necesario, si resulta que su carga de trabajo demuestra que esa complejidad y evolución de la sociedad ha derivado en una variable de la conflictividad que hace innecesario ese juzgado, pero no se plantee ahora volver a los juzgados de primera instancia e instrucción, que es a lo que se vuelve en la práctica con esta reforma al abrir la posibilidad de esas especializaciones puntuales. Insisto, es imposible que después de haber apostado por la especialización, después de haber formado jueces y magistrados especializados, ahora se pretenda que, de repente, dejen de ser —permítanme expresarlo en términos médicos— otorrinolaringólogos y se conviertan en médicos de familia de nuevo, pues ello provocará que las sentencias reflejen esa ausencia de formación adecuada para afrontar la resolución de problemas especializados según los juzgados.

Para finalizar, quisiera hacer una última consideración sobre la comisión permanente, porque solo voy a abordar dos de los temas planteados por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El argumento de que la memoria del Consejo General del Poder Judicial recoge la necesidad de incrementar el número de miembros de la comisión permanente solo se debe a que, obviamente, esa valoración la hace un consejo que responde a la configuración que se deriva de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013. Por tanto, no nos pida a que los que nos movemos en otra lógica, a los que en aquel momento nos cuestionamos esa reforma, que la asumamos ahora por vía indirecta. Como resulta que han transferido competencias del pleno a la comisión permanente, contra su voluntad y contra su voto, y ahora se dan cuenta —porque lo dice además el Consejo General del Poder Judicial— de que esa asunción de competencias no se puede sostener con la configuración que ustedes dieron a la comisión permanente, la van a corregir en este momento para que responda mejor. No, lo siento mucho, pero los que rechazamos en 2013 esa distribución de competencias la seguiremos rechazando con una composición de la Comisión Permanente de cinco o de siete miembros; nos movemos en otra lógica. Permítannos ustedes que seamos consecuentes y que, por lo tanto, rechacemos también esta modificación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas tardes, señor presidente.

Evidentemente, senador Rodríguez, es normal que nosotros evaluemos la legislatura. ¿Por qué? Porque probablemente esta modificación de la ley orgánica sea precisamente la síntesis de lo que es la legislatura y de lo que es la justicia. Tal como usted ha establecido, hay dos conceptos nucleares: la modernización y la agilidad. Es por eso por lo que todos estamos trayendo a colación la comparecencia del ministro Gallardón en su momento en la Comisión de Justicia y el establecimiento de una serie de objetivos y prioridades para la legislatura. ¿Qué ocurre? Que si al finalizar la legislatura estamos marcando los mismos criterios y los mismos objetivos que al inicio de la misma, se constata que la evolución es cero. Si nosotros estamos diciendo que 2014, en cuanto a resoluciones judiciales, ha sido peor que 2013, y si estamos diciendo que 2014 ha sido incluso peor que 2011, evidentemente los objetivos que se marcó el Gobierno no han sido cumplidos. Y es ahí donde yo establecía que este proyecto de ley supone un jarro de agua fría para el Gobierno, porque constata un fracaso del propio Gobierno.

Ciñéndome al concepto de agilización, usted hacía dos buenas reflexiones que me parecen adecuadas. Decía: la agilización se va a producir a través de dos herramientas principales: una de ellas es dotando al Consejo General del Poder Judicial de una serie de mecanismos puntuales para que pueda adoptar medidas a efectos de establecer una serie de criterios y metodologías de trabajo que ya tiene. ¿O no hizo el año pasado y hace dos años una recomendación a todos los tribunales superiores para que en aquellos casos de corrupción y de carga de trabajo por casos de corrupción pudieran corregirse y llevar adelante determinadas tareas? Está bien, pero es que ya se está haciendo y no está suponiendo una mayor agilización, porque la trama Gürtel sigue igual y el caso Nóos sigue igual; siguen igual.

Mientras no lo dotemos de verdaderos recursos, mientras no lo dotemos de personal, mientras no lo dotemos de otra serie de herramientas, podremos establecer objetivos, podremos establecer proyectos de ley, pero no nos van a llevar a buen fin. Lo único que le pido, puesto que veo que no va a tener remedio y no van a aceptar ningún veto y probablemente ninguna enmienda, es que establezcan una serie de indicadores y de criterios de evaluación para que lo que ustedes están planteando a través de este proyecto de ley se pueda medir, porque este cuento lo estamos escuchando desde el principio de la legislatura. Han pasado cuatro años, y ya entonces el señor Gallardón decía: nosotros somos personas de hechos, no de dichos; de hechos. Si son personas de hechos, cero menos cero, cero; un cero en agilización. La modernización puede ser otra cuestión, pero en agilización, estamos peor que en el año 2011 —y son datos del Consejo General del Poder Judicial en la Memoria de 2014—; estamos peor, repito.

Respecto a los consejos de justicia autonómicos, usted ha dicho: son una opción legislativa, no son una obligación. Pues no. Si lee el artículo 144 del Estatuto de Autonomía de Andalucía verá que no se puede entender si no hay una referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está claro cuál es el espíritu de la doctrina constitucional, está claro, pero usted me va a decir que cuando el estatuto de autonomía hace referencia al Consejo de Justicia de Andalucía dice que es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? 2007. Entonces sí existe esa obligación. Ley orgánica, ley orgánica aprobada por las Cortes Generales; ley orgánica, instrumento de la Constitución española.

Quisiera hacer una referencia —ya que no me ha comentado nada— a la justicia universal. Le he hecho una pregunta: ¿qué le decimos a la familia Couso después de que el juez Pedraz se ha visto en la obligación de elevar el archivo del caso? Me gustaría que le diese una respuesta a la familia Couso; creo que se la merece. Y dicho sea de paso, no sé si ustedes han seguido el caso de Karenzi Karake, de Ruanda. Saben que el juez Andreu ha pedido la extradición a Londres de esta persona por genocidio, y hay asesinadas nueve personas de nacionalidad española. Le voy a recordar lo que dice la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.4 al respecto, es decir, casos en los que la justicia española puede juzgar: «Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España —que no es el caso— o contra un extranjero que se encontrara en España —que no es el caso— y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas —que no es el caso—.» Si no hubiera estado aprobada esta restricción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta restricción de la justicia universal, la última realizada, esta persona podría haber sido juzgada por los casos de genocidio y por los asesinatos de nueve españoles.

¿Qué le digo a la familia Couso? ¿Y qué les digo a las familias de las personas asesinadas por Karenzi Karake? Me gustaría que nos diese, al menos, alguna respuesta y, en caso de que haga lo mismo de antes, evidentemente volveré al asunto en el turno de enmiendas.

Última referencia: Consejo General del Poder Judicial. Me está haciendo trampas —lo digo en tono de humor— cuando está eliminando las competencias atribuidas al Pleno para dárselas a la Comisión Permanente, evidentemente contra la opinión de todos los miembros que no están en la Permanente. En la próxima revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial me sacará otra vez el argumento de la Comisión Permanente. Y eso es lo que le he querido decir desde el comienzo de este debate: que siempre el Gobierno tiende a controlar el Poder Judicial, y lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que esta Cámara y ustedes como legisladores reafirmen el papel del Gobierno jugando a quitar todas las competencias al Pleno para dárselas a una Permanente. No acabo de entender cómo quieren tutelar lo que tiene que ser una de las bases de la democracia, cual es la independencia judicial.

Tal como hemos dicho, votaremos a favor de todos los vetos, y sabiendo que ustedes no van a votar a favor de los vetos, al menos a ver si consiguen darnos alguna razón a los argumentos que aquí hemos esgrimido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo creo que habría sido interesante que todos ustedes se hubieran leído la comparecencia del exministro Gallardón al inicio de la legislatura. Una comparecencia que situaba la modernización como objetivo fundamental y que decía que a través de las modificaciones legales que hicimos al inicio de la legislatura esto se iba a conseguir. Por lo tanto, modernización, agilidad, cercanía de la justicia a los ciudadanos y conseguir una justicia diferente. ¿Ha sido así en estos cuatro años? ¿Alguien puede decir que la justicia funciona hoy mejor? No solo no lo dice nadie, sino que el proyecto de ley que estamos discutiendo reconoce lo siguiente: «Se incluye también un conjunto de medidas para lograr una mayor agilización y especialización en las respuestas judiciales cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en órganos jurisdiccionales...» Es decir, la exposición de motivos del proyecto que hoy discutimos reconoce clarísimamente que hay retrasos. Pero les voy a decir más: no recuerdo ninguna legislatura desde la democracia donde las turbulencias y la contestación de los operadores jurisdiccionales a la justicia haya sido mayor. Ha habido una huelga importantísima en justicia en esta legislatura;



ha habido contestación de prácticamente todo el mundo en esta legislatura. Les voy a leer dos opiniones: el Colegio de Abogados afirma que la justicia empeora cada año. El Consejo General de la Abogacía manifiesta: «El Estado de derecho fruto del pacto constitucional del 78 está en riesgo de quedar huérfano. Nuestra justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia.» Es decir, no es la opinión de los grupos parlamentarios, es la opinión del Colegio de Abogados, del Consejo General de la Abogacía, de las manifestaciones y contestaciones que la política de justicia ha tenido. Y hoy, a tres o cuatro meses de acabar la legislatura, el Grupo Popular nos vuelve a plantear que hay que modernizar la justicia, pero esto lo dijeron ya en el mes de enero o febrero.

Dos consideraciones finales. La primera es que si no han modernizado la justicia, ¿qué ha pasado con ella? ¿En qué es diferente hoy la justicia a la de hace cuatro años? Yo creo que hay tres cosas que son diferentes. La primera es la repetida intencionalidad del Gobierno del Partido Popular de evitar que la ciudadanía utilice la Administración de Justicia. ¿O qué era la Ley de tasas? ¿Por qué se tuvo que rectificar la Ley de tasas? Por la presión de miles y miles de personas que decían clarísimamente que no podían acceder a la tutela judicial efectiva. ¿Qué está ocurriendo cuando aprobamos hace ahora quince días una ley de jurisdicción voluntaria por la que las bodas, las sucesiones y muchos otros actos jurisdiccionales se pueden efectuar ante notario? ¿O cómo aprobaremos dentro de quince días la privatización del Registro Civil? Es decir, ha habido una dinámica, una serie de instrucciones y elementos importantísimos del Gobierno para que la ciudadanía no vaya, en definitiva, a la justicia.

La segunda es la independencia. No sé cómo alguien puede defender que las decisiones que se han tomado en la otra reforma del Poder Judicial hoy no afectan a la independencia. En la anterior reforma del Poder Judicial se traspasaron multitud de competencias y funciones del Consejo General al ministerio y hoy lo que se hace —alguien lo ha dicho— es dar una vuelta más a esta situación haciendo mucho más presidencialista al Consejo.

Y la tercera cuestión y última a la que me quiero referir, porque es importante, es la de los consejos de justicia. No es que solo hablen los estatutos de autonomía, sino que el Estatuto del Ministerio Fiscal dice que para nombrar a los fiscales de cada comunidad autónoma se necesita el acuerdo del Consejo. Pero además el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales determinados artículos, ciertamente, pero dejó abiertos otros. Le voy a leer dos o tres: Artículo 98 del Estatuto de Autonomía: «Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña son las que establecen este estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes que apruebe el Parlamento y las que le delegue el Consejo General del Poder Judicial». ¿Qué competencias otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial al Consejo de Cataluña? Ninguna, porque no existe. O sea, hay doce funciones que el Estatuto de Cataluña dice que ha de hacer el Consejo de Justicia de Cataluña y este no existe.

Quiero acabar con el tema de la lengua. Mire, en Cataluña se está produciendo en el ámbito de la justicia un deterioro, una disminución de la utilización del catalán. ¿Sabe por qué? Porque no tengo el derecho, como catalán, de que la gente entienda lo que digo; no de que hable el catalán, yo no exijo que nadie hable el catalán, pero con la legislación actual si yo hablo en catalán me pueden decir que no me entienden y que no me contestan. Lo que estoy diciendo es que quiero un país donde todo el mundo pueda hablar y entender las dos lenguas, que esta es la situación social que se da pero no es la que se da en la justicia. El número de sentencias en catalán está cayendo estrepitosamente. El otro día precisamente, en un acto judicial una persona habló en catalán y alguien le contestó: No le entiendo. Por tanto, no estamos exigiendo que alguien hable el catalán, que alguien tenga la obligación de hablar catalán, sino que nadie tenga que cambiar su idioma para que se le entienda, y en estos momentos hablar catalán significa cambiar el idioma para que te puedan decir que te entienden. Por tanto, reflexionen y hagan un cambio en la cultura desde el punto de vista lingüístico que permita que todo el mundo en Cataluña pueda hablar en catalán y en castellano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Senador Rodríguez Comendador, nosotros no hemos obviado la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña; cómo olvidarla después de la respuesta ciudadana que hubo y las consecuencias, que nos han llevado a donde estamos. Nosotros no la hemos obviado, es más la tenemos transcrita en nuestra justificación de la enmienda 153 cuando pedimos que se creen los consejos de justicia. Entendemos su argumentación, que puede interpretarse que no es obligatorio. Pero lo que usted no puede negar es que existe ya el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en sus artículos 11.2 y 36.1 se hace referencia a estos consejos. Y usted tampoco puede obviar que tuvieron la gran suerte de que otros estatutos de autonomía no fueron recurridos o de que tales artículos no fueron declarados inconstitucionales. Luego, ¿qué hacemos con lo que regula el artículo 144 del Estatuto de Autonomía de Andalucía? ¿Qué hacemos con lo que regula el 64 del de Aragón? ¿Qué hacemos con lo que regula el 42 del de Castilla y León, el 52 del de Extremadura, el 96 del de Illes Baleares o el 33 del de Valencia? Luego el desarrollo legislativo de este bloque es necesario y nos remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una oportunidad perdida, es cierto. Nosotros estamos aquí legislando sobre esta Ley Orgánica del Poder Judicial y ustedes nos obligan a obviar la existencia de estos artículos y de estas previsiones. No lo entendemos, porque —y lo decía antes— es una legislación fantasma, o sea se remiten a una legislación que realmente no existe, y nos preguntamos por qué, cuál es el motivo.

Por lo que se refiere a los derechos lingüísticos, aunque usted alega el artículo 3 de la Constitución, entendemos que no colige, y esto no implica que no deba respetarse la cooficialidad de las lenguas del Estado español en los territorios donde estén o el conocimiento del derecho foral por parte de los administradores de justicia o funcionarios, porque si no, estamos discriminando a los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Y en aplicación del artículo 4 de la Constitución Española el derecho a la igualdad no es dar a todos el mismo trato sino que a situaciones diferentes, tratos diferentes, con lo cual no compartimos sus argumentos.

Con el resto de las propuestas de veto defendidas por los otros grupos parlamentarios coincidimos en gran parte, y mientras se continúe pisoteando el estatuto de Cataluña nuestra posición va a ser clara y vamos a dar apoyo a los seis vetos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de nada permítanme que les anuncie —seguro que no les voy a sorprender— que el Grupo Socialista votará a favor de todos los vetos presentados en esta Cámara.

Cuando ustedes llegaron al Gobierno dijeron que con ustedes justicia era igual a modernización y eficacia, y hoy con esta ley van a votar inmovilismo e incompetencia. A eso es a lo que van a llevar ustedes a la justicia española. Y otra vez se van a quedar solos y, como ha dicho algún senador anteriormente, bastante fracasados con esta ley.

Después de la intervención de todos los portavoces ha quedado evidenciado que esta contrarreforma es un engaño más con efectos perniciosos para la justicia en España, un ejemplo más de su forma de actuar en materia de justicia, con fallos, con desaciertos, con torpezas, y lo peor de todo, con un patrón para entrometerse en el Poder Judicial y controlar la justicia.

Señorías, hoy nos traen un nuevo despropósito, nuevas ocurrencias que solo van a generar confusión. Es un proyecto que no es necesario, que no es real y que no nos lleva a la modernidad en el marco de la justicia. Nos pretenden vender que es una ley técnica y no política, que tan solo va a servir para mejorar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Pues no, señorías. Con esta ley pretenden colar por la gatera objetivos partidistas y un mayor control del Poder Judicial para adoptar satisfactoriamente algunas demandas corporativas con las que ustedes se sienten obligados.

Se lo hemos dicho casi todos, es una ley con mala técnica legislativa que no da respuesta a los verdaderos problemas de la justicia española y que no entra, porque ustedes no quieren, en lo que la justicia necesita y lo que los operadores jurídicos le están reclamando.

Me gustaría que en este turno de portavoces nos contestaran a diez interrogantes: Ya que llevan a efecto esta ley, ¿por qué no se centran en la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados? ¿Por qué no se fijan en la lentitud y retrasos de los procedimientos judiciales? ¿Por qué no solucionan la falta de inversión y la falta de medios materiales y humanos que sufren los juzgados en España? ¿Por qué no avanzan en el desarrollo del modelo de oficina judicial? ¿Por qué no desarrollan los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas? ¿Por qué no impulsan la utilización de las lenguas oficiales? ¿Por qué no avanzan hacia los consejos autonómicos de justicia? ¿Por qué modifican las normas de reparto de los juzgados? ¿Por qué no tratan de satisfacer las verdaderas necesidades de las personas que acuden a la jurisdicción? Y por último, ¿por qué alguien —entre comillas ese alguien— va a poder decidir arbitrariamente la extensión o no de los juzgados de violencia de género? En definitiva, señorías, después de estas diez preguntas, ¿por qué plantean una reforma nefasta que retrocede en el tiempo y que no tiene ninguna visión global de la justicia en España?

Como he dicho, me gustaría que contestaran a estas preguntas, pero no lo van a hacer, lo cual demostrará que esta reforma no tiene ningún sentido y que además, como también han dicho diferentes portavoces en esta Cámara, es un proyecto de ley que vulnera la Constitución porque con sus tejemanejes abren la puerta a que desaparezca el juez ordinario, el juez natural —en otras palabras, se lo cargan—, y utilizando una muletilla que en esta legislatura les vale para todo, para ayuntamientos, para juzgados, etcétera, que es la de la racionalidad y la economía, dirigen discrecionalmente los repartos de los juzgados vaciando fácticamente de competencias a los partidos judiciales para que determinados asuntos los vean determinados juzgados.

Como dije antes, los socialistas nos opusimos a la reforma que trajeron en 2013, y hoy, dos años después, la han dejado vivir muy poco, nos vamos a oponer a esta reforma absolutista y privatizadora.

Como he indicado, y algunos portavoces también, les ha vuelto a salir esa vena y esa obsesión privatizadora, ahora les toca a los médicos forenses, la duda es quién será el siguiente; menos mal que cada vez les queda menos tiempo. Y con los secretarios judiciales ustedes han pensado que tenían que hacer algo, han dicho: no sabemos qué hacer, vamos a cambiarles de nombre, vamos a hacer una reforma parcial y cosmética un poquito tendenciosa, vamos a cambiarles algunas competencias y vamos a darles otras, vamos a cambiarles algo, pero la verdad es que desde ahora van a ser simples auxiliares de los jueces y magistrados. Y demás —se lo decía antes—, por la puerta de atrás posiblemente estén provocando la desaparición de los secretarios sustitutos, no sé si con otro ERE; lo que está claro es que les imponen un régimen sancionador mucho más duro que a los propios jueces.

Señorías, lo vienen haciendo desde que entraron en el Gobierno, pero hoy nuevamente se les ve las intenciones. Ustedes están poniendo en tela de juicio la independencia judicial y están desencadenando un claro descrédito de la justicia española. Los socialistas rechazamos de plano esta contrarreforma porque consideramos que la justicia es un verdadero servicio público y nunca vamos a apoyar medidas retrógradas, medidas que impactan sobre las garantías procesales, medidas que generan una evidente inseguridad jurídica, y sobre todo medidas que cada día siembran de más desigualdad a la sociedad española.

Votaremos a favor de todos los vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente, anuncio también ab initio, y que nadie se llame a engaño, que vamos a votar en contra de todas las propuestas de veto que han formulado los distintos grupos políticos.

Señoría, es el artículo 1 de la Constitución que nos dimos en 1978 el que establece los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La justicia nos la dimos como valor superior del ordenamiento jurídico, y es la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial las que se encargan principalmente de regular todo aquello que tiene que ver con la justicia y con la Administración de Justicia. Ahí es donde se encuentra el Estatuto Orgánico del Poder Judicial, que en este caso estamos reformando.

Señorías, la reforma que nos presenta el Gobierno es eminentemente técnica, no es política. Por eso las propuestas de veto que ustedes plantean carecen de contenido; excepto algunas cuestiones más políticas, como puede ser la creación de los consejos de justicia que plantean en los vetos Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Vasco, las demás son enmiendas técnicas —que después pasaremos a ver—, pero no tienen una enjundia política como para poder ser debatidas dentro de la importancia que supone una propuesta de veto.

Señorías, la sensación que me da es que ustedes aprovechan cualquier reunión, cualquier cuestión, cualquier reforma que viene en materia de justicia —lo dije en la Comisión de Justicia— para hacer un juicio a la justicia: vale todo para poder juzgar a la justicia; y la documental, la pericial, la testifical que ustedes presentan siempre es la misma: ver si por fin logran que se condene a la justicia. Pues arrimen el hombro, como el Partido Popular, y entre todos a ver si logramos que mejore esta justicia, porque estoy seguro de que todos los que estamos en esta Cámara, todos los representantes de los distintos grupos políticos estamos a favor de un mejor funcionamiento de la justicia. En vez de criticarla y de hacer un juicio a la justicia para tratar de condenarla entre todos, súmense a estar a favor.

Como ha dicho mi compañero Rodríguez Comendador, hay seis bloques importantes.

Esta reforma va en la línea de las anteriores; pretende esa agilización y especialización. No voy a comentar concretamente todas las cuestiones que ya se han puesto de manifiesto. Grosso modo, voy a comentar las ocho que manifestaba el senador Bildarratz y las diez que planteaba el senador Rodríguez Esquerdo, junto con las del resto de portavoces. Se ha hablado en el veto 2, del Grupo Socialista, en el veto 3 de Convergència i Unió y en el veto 6, del Grupo Parlamentario Vasco, de que se hace un reparto más homogéneo de la carga de trabajo. Efectivamente, pero eso, senador Iglesias, no tiene por qué afectar a la resolución y a la calidad de las resoluciones judiciales, porque la especialización precisamente busca que los jueces estén más capacitados en el orden jurisdiccional concreto: civil, penal, contencioso-administrativo o laboral para dictar sentencias; con lo cual, en todo caso, se va al revés, a conseguir una mejor especialización para que esas sentencias sean más acordes con el ordenamiento jurídico aplicable en concreto.

Respecto de los consejos de justicia ya se han manifestado diversas cuestiones; pero quiero poner encima de la mesa una que se ha quedado sobre el tapete, la que afecta al Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde se prevé el Consejo de Justicia. Porque, señorías, no ha sido recurrido; es constitucional en tanto en cuanto no ha sido recurrido, pero por analogía, en tanto que recoja y regule lo mismo que el Consejo de Justicia del Estatuto de Autonomía de Cataluña con la Sentencia 31/2010, será inconstitucional exactamente igual; simplemente por coherencia constitucional, porque el Tribunal Constitucional no puede decir dos cosas distintas en una cuestión similar.

Quiero también dejar claro el uso de las lenguas. Yo soy de Castellón, y estoy orgullosísimo de mi tierra, como cada uno de ustedes. Allí hablamos el valenciano y estoy encantado porque yo hablo las dos lenguas perfectamente; escribo y hablo el valenciano y estoy encantado de utilizarlo con la gente con la que estoy acostumbrado a hablar en valenciano. En todo caso, se va a reconocer como mérito en las pruebas de especialización para conseguir una plaza en la Comunidad Valenciana, para poder quedarse allí de juez o de magistrado, pero no podemos obligar al resto de jueces y de magistrados que no tienen esa cooficialidad a que se les considere un mérito. Requisito, sí; mérito no.

El gabinete técnico es un órgano —ya se ha puesto también de manifiesto— de asistencia al presidente del Tribunal Supremo y a las salas que lo único que viene a refrendar son las realizaciones o las mejoras técnicas que el propio gabinete técnico recoge para sí. En cuanto a la comisión de igualdad, me llama poderosamente la atención que se manifieste que hasta ahora la presidía una mujer. Señorías, y ahora también va a poder ser una mujer la que la presida. ¿Quién va a ser? Aquella persona que decidan los vocales. Imagínense ustedes que es vocal del Consejo General del Poder Judicial un catedrático de universidad, que se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la violencia sobre la mujer. ¿Por qué no puede ser él, con mejor criterio, que una mujer que desempeñe otras funciones, el presidente de la comisión de igualdad? Lo puede hacer mejor; la puede dirigir mejor. No se está diciendo que no sea una mujer; se está dando la posibilidad abierta de que el más preparado en esta cuestión sea el que lleve la voz cantante como presidente y de que sean los propios vocales quienes lo decidan.

Le mejora en la calidad de las resoluciones judiciales creo que ha quedado clara; cuestión que me ha permitido responder a los vetos 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, 4 y 5 de Entesa pel Progrés de Catalunya y 2 del Grupo Socialista, porque esas pruebas de especialización, además de las ya previstas que va a poder hacer también el consejo, añadirán —está demostrado— conocimientos específicos buenos para cada resolución en concreto.

Respecto a la sustitución de los secretarios judiciales, fueron las secretarias —esto no lo debería decir, pero lo voy a decir porque parece que sus señorías no han leído la prensa y esto ha salido publicado en la prensa— de la Administración de Justicia quienes solicitaron el cambio de denominación, quizás por la connotación que podía tener. Esto no lo estoy diciendo yo, esto ha salido en la prensa. Fueron las secretarias del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de secretarios y secretarias judiciales, quienes de una manera principal solicitaron ese cambio de denominación para pasar a ser letrados o letradas de la Administración de Justicia, con lo cual estamos dando cabida a los propios afectados para que hagan o logren tener una modificación.

En cuanto al recurso de casación al contencioso-administrativo, que veo que ustedes lo han obviado, simplemente tengo que decir que lo único que se está haciendo al introducir el interés casacional es poner una coletilla importantísima tanto para el Tribunal Constitucional como para el resto de órdenes jurisdiccionales; que más allá de la cuantía de 600 000 euros, que como recordarán modificamos en la pasada legislatura, esté el interés casacional; es decir, que si los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo entienden que un asunto tiene la relevancia para ser estudiado, aun cuando sea de cuantía inferior a los 600 000 euros, que sea estudiado. Me parece que es más democrático y más de justicia.

Respecto al veto número 6 del Grupo Parlamentario Vasco, que alude a la lucha contra la violencia de género, se dicen diversas cuestiones. Se amplían las competencias del juez de violencia de género para que pueda conocer de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer, así como del quebrantamiento de condena y de medidas cautelares.

Hay otras cuestiones, como la estadística, que no han salido a colación, pero que quiero poner de manifiesto. En el veto número 6 del Grupo Parlamentario Vasco se cuestiona que se solicite para el País Vasco la competencia de la estadística judicial, afectando a lo que plantea el artículo 461.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señorías, la estadística judicial viene atribuida en favor —si se aprueba esta ley— de los letrados de la administración de Justicia. La Comisión Nacional de Estadística es la que garantiza la plena participación de todas las administraciones competentes en materia de justicia, también de las comunidades autónomas, pero estos secretarios o letrados de la administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia, que solamente hay uno. Son gestores de la estadística, y entendemos que se debe mantener así.

Respecto de la composición de la Comisión permanente, a la que se refieren los vetos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los distintos grupos políticos —a esta cuestión, como ven, todos los grupos políticos plantean un veto—, quiero hacer referencia a una de las ocho razones que argumentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, a la de que cualquier Gobierno quiere controlar la Justicia. Mire usted, no sé otros, pero éste desde luego que no, porque querer controlar la justicia sería vaciar de competencias al Consejo General del Poder Judicial o, por ende, a la Comisión permanente si esas competencias las asumiera el Ministerio de Justicia, pero se está haciendo todo lo contrario: respetar la separación de poderes y dejar al Poder Judicial lo que debe ser del Poder Judicial. Eso sí, dejando al órgano de gestión del Consejo General del Poder Judicial, que es la Comisión permanente, la mayoría de las competencias.

En el artículo 24 se establece el derecho a juicio público sin dilaciones indebidas. Como saben, van a llegar reformas de la Ley de enjuiciamiento criminal en las que se va a plantear la mejora de las garantías procesales y la introducción de sistemas telemáticos. Señorías, a lo mejor tenemos que buscar esos sistemas alternativos de solución de conflictos; ir hacia el arbitraje y hacia la mediación. Quizás esté ahí la solución y no en sobrecargar los juzgados.

Termino, señor presidente —se me ha acabado el tiempo—, como he empezado: votaremos en contra de las propuestas de veto planteadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.-Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMA. SRA. DÑA. LAURA BERJA VEGA. 500/000320

El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, vamos a realizar el acatamiento de la Constitución de la excelentísima señora doña Laura Berja Vega.

Excelentísima señora doña Laura Berja Vega, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora BERJA VEGA: Prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la excelentísima señora doña Laura Berja Vega ha adquirido la condición plena de senadora.

Enhorabuena, bienvenida, y mucha suerte. (Aplausos).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. (Votación) 622/000015 GPMX

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Vamos a comenzar votando la toma en consideración de la Proposición de Ley de autoconsumo de energía. Les comunico que se autorizó el voto telemático a la senadora Coralí Cunyat, que no ha ejercido su derecho.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 225; a favor, 69; en contra, 140; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Continuación) 621/000123 Justicia

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las propuestas de veto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial. De la misma manera que en el caso anterior, a la senadora Coralí Cunyat se le autorizó su derecho a voto y no lo ha ejercido en ninguna de las propuestas de veto.

Votamos, por tanto, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, el senador Eza, la senadora Salanueva y el senador Yanguas han presentado las enmiendas 66 y 67.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Unión del Pueblo Navarro, como se ha dicho, ha presentado únicamente dos enmiendas a este proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son dos enmiendas cortas y muy claras, en concreto las números 66 y 67, de acuerdo con el registro de la Cámara, que tratan de añadir…(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento señor Yanguas, no continúe.

Por favor, ruego silencio en la sala, es imposible escuchar al orador. (Rumores). No continúe, espere; tiene el tiempo interrumpido.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como decía, son dos enmiendas claras, que tratan de añadir dos párrafos a ese artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente en vigor.

Señorías, los delitos contra la integridad sexual y la indemnidad sexual de los menores en esta época se han incrementado notablemente, fruto de dos cosas, de la globalización y del uso de las nuevas tecnologías. Ese es un asunto que no tiene duda. Por ello, estas enmiendas tratan de penar con más dureza estos execrables crímenes, en dos sentidos: uno, que puedan ser perseguibles en España este tipo de delitos sexuales contra los menores, aunque se produzcan en otro país del mundo y también a sensu contrario; y dos, que si este delito es cometido contra los menores, contra su integridad sexual, por alguna persona que esté ejerciendo alguna profesión, sea inhabilitado no solo aquí, sino en todos los países del mundo. Tiene una lógica aplastante que un profesor, por ejemplo, condenado en España por una agresión sexual a un menor o a una menor no pueda ejercer de profesor en nuestra vecina Francia o nuestra vecina Portugal.

Pedimos estas dos cosas, algo tan sencillo como eso; y espero que durante el trámite correspondiente, porque hasta ahora no he tenido noticias de lo que va a hacer el partido que sustenta al Gobierno, podamos tener noticias y se aprueben estas dos enmiendas.

Buenas tardes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Yanguas.

También el Grupo Mixto presenta las enmiendas 1 a 58, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y 59 a 65, presentadas por la señora Capella.

Comparten el tiempo. Tienen treinta minutos entre los dos.

En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Senadores, senadoras, hemos presentado enmiendas de adición y supresión. Como decía antes en la defensa de mi posición ante los vetos presentados al proyecto de ley, esta nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, incomprensible; reforma o modifica cuestiones substanciales de la Ley Orgánica de Poder Judicial y evidencia la política errática del Partido Popular y la inexistencia de estrategia o de una estrategia clara en materia de justicia. Me preguntaba a mí misma que cuántas eran las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para hacer qué. A criterio de Esquerra Republicana, se trata de legislar de forma táctica y en función de unos intereses partidistas, y estas reformas no hacen más que poner de relieve esa voluntad infinita del Partido Popular de controlar e incidir en el Poder Judicial. En definitiva, se les ve el plumero; ustedes ya hace tiempo que se han cargado la división de poderes.

La enmienda 59 modifica el apartado 5 del artículo 200; la redacción del artículo y la propia enmienda del Grupo Popular, en este caso introducida por vía del Senado, no es inocua; lo apuntaba antes al referirme a esta enmienda en la defensa del voto favorable a los vetos; busca jubilaciones anticipadas de determinados magistrados que diría yo que llevan nombres y apellidos, casualmente, en unas salas más que en otras. En este caso, esta reforma y esta enmienda afectan concretamente a la Sala de lo Social. Será por aquello de que les tumbaron su reforma laboral de 2012. Entre las sentencias importantes que ha dictado esta sala, la Sala Social, está la que restaura la ultraactividad de los convenios colectivos. Ustedes no dan puntadas sin hilo.

La enmienda 61 es de supresión. No existe justificación alguna para ampliar el número de miembros de la comisión permanente; lo realmente necesario es que se garantice la rotación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y no lo es la ampliación del número de miembros. Decía al principio de la defensa de las enmiendas que esta reforma obedece a una finalidad táctica y partidista, en este caso también a esta voluntad permanente de controlar las resoluciones del propio Consejo del Poder Judicial.

La enmienda 64 pretende garantizar las atribuciones del Pleno que no son otras que las que derivan del artículo 122 de la Constitución española. Antes alguno de los portavoces venía a decir esto en la defensa del veto al proyecto de ley, que la propia reforma puede ser inconstitucional porque, en definitiva, lo que hace es sustraer al Pleno del Consejo General del Poder Judicial determinadas atribuciones.

La enmienda 65 es de adición de un nuevo apartado. La introducción en su día del añadido de que con la mayoría exigible con carácter general puedan adoptarse los acuerdos, ha permitido que la aprobación de acuerdos lo sea con escasísimo número de votos favorables. Nuestra enmienda viene a garantizar que los acuerdos sean adoptados con un quórum efectivo y, en consecuencia, con una mayoría adecuada. En definitiva, solicitamos el voto favorable a las siete enmiendas presentadas por Esquerra Republicana.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Continúa el Grupo Mixto con la defensa de sus enmiendas. Señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Con nuestra primera enmienda planteamos la supresión del apartado 2 del artículo 3, que establece el ámbito de intervención de la jurisdicción militar al mantener la concepción tradicional de una jurisdicción de carácter excepcional.

En otra enmienda planteamos una redacción alternativa del artículo 5 bis, abriendo la posibilidad, tal como plantea el informe de Consejo General del Poder Judicial que ha valorado el proyecto, de que el recurso de revisión se pueda interponer no solo en el caso de la resolución objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por quien fue demandante en dicho proceso, aunque la violación declarada ya haya agotado sus efectos. Por tanto, planteamos en nuestra enmienda, como única exigencia para la posibilidad de formulación de este recurso, que la vulneración haya sido relevante o determinante en el fallo.

En otra enmienda planteamos la supresión del párrafo 61 bis. No vemos clara la concepción que se traslada al proyecto de este nuevo gabinete técnico al servicio del Tribunal Supremo; preferimos que se mantenga la actual concepción de ese gabinete técnico. Por ello, formulamos seis enmiendas que afectan al gabinete para que el mismo dependa del presidente del Tribunal Supremo, para que el letrado coordinador en cada una de las áreas sea designado en la sala, para que el nombramiento del director sea a propuesta de la sala de gobierno del Tribunal Supremo y para que el nombramiento y cese de los letrados corresponda al Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Mediante otra enmienda planteamos la supresión del artículo 87.2, que faculta al Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, a extender la jurisdicción de los juzgados de violencia contra la mujer.

Presentamos una enmienda de supresión al artículo 98, porque plantea la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial, con el informe favorable del Ministerio de Justicia, especialice temporalmente a uno o varios órganos para conocer de asuntos objeto de especialización, incluso cuando se trata de órganos radicados en distintos partidos judiciales, lo cual, además de poder atentar contra el derecho al juez natural, conllevaría a desplazamientos físicos territoriales de los justiciables.

Planteamos también la supresión del artículo 167, que introduce un nuevo párrafo segundo para que las salas de gobierno puedan acordar las modificaciones precisas y las normas de reparto de los juzgados de lo mercantil, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de los contencioso-administrativo y de lo social.

Compartimos que los programas, aplicaciones y sistemas informáticos deban ser compatibles, pero no que tal compatibilidad deba garantizarse de forma unilateral por parte del Consejo General del Poder Judicial ni que este tenga competencias exclusivas sobre los ficheros de datos de carácter personal. Hay tres enmiendas que plantean una regulación alternativa de estas materias.

Planteamos la supresión del artículo 344 bis, que habla de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, por las razones ya argüidas en la defensa del veto. Asimismo, mantenemos, a través de varias enmiendas, la denominación tradicional de secretarios judiciales y rechazamos que se establezcan tres categorías. Igualmente mantenemos la regulación de las condiciones para el ingreso en el cuerpo de secretarios. Además, presentamos enmiendas para que se reconozca la libre asociación profesional y sindicación; y abrimos, con otras enmiendas, la posibilidad de que sean designados encargados del registro civil. Rechazamos el cambio en el régimen retributivo que se plantea en el texto del proyecto y las limitaciones que se establecen para acceder al régimen retributivo que se plantea en el texto del proyecto y las limitaciones que se establecen para acceder al Tribunal Supremo. También rechazamos que se supriman los secretarios sustitutos.

En diversas enmiendas planteamos una modificación del artículo 453, que habla del paquete de funciones; queremos destacar, con nuestras enmiendas, el papel de director de la oficina judicial, frente al de fedatario público, y el de impulsor, artículo 454, del procedimiento, atribuyéndole competencias en el orden de la jurisdicción voluntaria. Asimismo, planteamos en varias enmiendas un régimen disciplinario más garantista que el que se introduce en el proyecto y con mayor seguridad jurídica, homologándolo con el de jueces y magistrados.

Pedimos la supresión de los apartados 85, 86 y 87 del artículo único, en relación con la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que son los que cita la ampliación, por las razones también argüidas de que responderá a la lógica de transferir competencias del Pleno reflejada en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hemos presentado enmiendas a las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta, que modifican las leyes de enjuiciamiento civil, de la jurisdicción contencioso-administrativa y procesal militar, en relación con el recurso de revisión, en los términos planteados en la modificación del artículo 5 bis, a tenor del informe de la Ley Orgánica de Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, formulamos una enmienda a la disposición final sexta para que el Gobierno, en el plazo de un año, remita al Congreso un proyecto de ley orgánica reguladora de la jurisdicción militar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta las enmiendas 342 a 370.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Empezaré con la enmienda 342, en la que añadimos un artículo 5 bis, ya que entendemos que debiéramos acomodar el texto a lo informado por el Consejo General del Poder Judicial. En este elemento tratamos de no excluir ex ante y para todos los casos la posibilidad de que efectivamente algunos pronunciamientos de la Corte europea puedan tener efectos más allá de los límites establecidos en este proyecto de ley. También entendemos que no se exija que la vulneración siga produciendo efectos negativos en el recurrente. Por ello, eliminaríamos el concepto «persistan», ya que consideramos que el texto queda mucho más justo y equilibrado en su redacción.

La 343 es una enmienda que, en nuestra opinión, mejora la adecuación al sistema de reparto competencial en materia de justicia entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma correspondiente.

Vamos a retirar la 344 porque ya hay una transaccional planteada por el Grupo Popular, la 393, en la que se tiene en cuenta la edad de los magistrados hasta los setenta y cinco años como máximo; hay un reconocimiento a los que hasta ahora estaban realizando esas labores.

Entendemos que con la 345 también mejoramos en el ámbito competencial lo existente en estos momentos; hay una mejor adecuación al sistema de reparto competencial en materia de justicia y de protección de datos obrantes en ficheros del sector público entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma correspondiente.

La enmienda 346 —estamos hablando de personal—, para lograr esa mejor adecuación de reparto competencial. Es un clásico en nuestras reivindicaciones la supresión del carácter nacional tanto de los letrados de la Administración de Justicia (que están en el artículo 440 del actual proyecto) como de los funcionarios que integran los restantes cuerpos al servicio de la Administración de la Justicia y que están referidos en el artículo 471 —cuerpos de médicos y forenses, de facultativos, de Gestión procesal, etcétera—, ya que entendemos que las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia debieran poder crear cuerpos propios de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. A fin de cuentas, como de todos es sabido, colaboramos de una manera importante en la relación con el Ministerio de Justicia y en el trabajo para que la misma sea llevada adelante en diferentes realidades.

Con la enmienda número 349 eliminamos el concepto «una representación de las comunidades autónomas», porque no parece razonable que se restrinja la participación de las comunidades autónomas en la Comisión Nacional de Estadística Judicial a solo una representación, sino que, en nuestra opinión, debieran estar y debiera darse entrada a todas las que ostentan competencias en el ámbito de la justicia y vayan a tomar parte en dicha comisión.

Tenemos a partir de la 352 una serie de enmiendas relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial. Las hemos argumentado en el Pleno. Todas ellas proponen, por una parte, el no incremento de 5 a 7 miembros de la Comisión Permanente —ya lo hemos justificado antes—, porque entendemos que puede ser utilizado de una manera discrecional. Además, en su momento, nosotros consideramos que todos los vocales deberían tener el mismo estatus —por lo tanto, no nos parece adecuado— o, en todo caso, que fuera un sistema rotatorio para que todos los vocales, de una manera u otra, al cabo de la legislatura pudieran haber estado en la Comisión Permanente y no tuvieran que obtener una plaza en dicha comisión dependiendo de su comportamiento de cara al presidente o de que a alguien pueda gustarle su comportamiento. La enmienda 353 va en la misma dirección, como también la enmienda 356.

En la enmienda 354 decimos que no existe razón alguna que justifique que la Presidencia de la Comisión de Igualdad no pueda recaer en una mujer.

En la enmienda 355 pedimos un artículo de adición para la mejor adecuación al sistema de reparto competencial en materia de justicia entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, sabiendo que es una reclamación clásica de nuestro grupo la supresión del carácter nacional de los funcionarios —tal y como hemos señalado antes— a los que se refiere tanto el artículo 440 y como el artículo 471.

Con respecto al Consejo General del Poder Judicial, en la enmienda 356 proponemos que el Pleno ha de conocer una serie de materias que aquí establecemos. En ese sentido, nos parece importante reforzar la posición del Pleno como titular originario de las funciones constitucionales y de las mayorías exigidas para los nombramientos, a fin de garantizar el máximo consenso interno, al mismo tiempo que el consejo debe mantener una relación constante y fluida con las comunidades autónomas, tal y como hemos señalado antes.

En la enmienda 357 proponemos una adición para posibilitar que los acuerdos de la Comisión Permanente sean recurribles en recurso de alzada ante el Pleno. Como ven, el protagonismo del Pleno es clave y muy importante para nosotros, porque tiene que darse la pluralidad y ha de estar representada de una manera u otra en el Pleno y en la Comisión Permanente.

En la enmienda 358 planteamos que los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial sean adoptados por mayoría de los miembros presentes.

En la enmienda 359, relativa a la justicia universal, planteamos la vuelta a la versión del artículo 23 de la ley que estuvo vigente durante 2007 y 2009. No creo que merezca la pena que me alargue más en este asunto —en la defensa de los vetos lo he justificado y considero que la enmienda está defendida—, pero sí me gustaría que durante este turno me dieran alguna explicación al respecto.

Con respecto a la enmienda 360 se ha producido una transaccional que quisiera leerles, pues se refiere al artículo 106 bis, donde se adiciona un apartado nuevo al artículo 579, que quedaría redactado como sigue: «5. El Presidente, los Vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial... están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares,...».

En la enmienda 361 consideramos que se debe realizar una mención específica de aquellos miembros de la carrera judicial que superaron las pruebas selectivas de especialización en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, convocadas por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 30 de junio de 2011. Se trata de personas que superaron estas pruebas. Por tanto, entiendo que no existe ningún motivo para que el grupo mayoritario no de su voto favorable a esta enmienda y podamos sacarla adelante.

La enmienda 362 es de adición y, junto a otras, tiene relación con el Registro Civil. Consideramos que en aquellas comunidades autónomas con competencias en materia de justicia y que hayan asumido la llevanza del Registro Civil, este servicio público podrá ser dirigido por letrados de la Administración de Justicia cuando la Administración de Justicia competente haya destinado a ese servicio personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de aquellas dependiente. En ese sentido, también va la 363.

La 364 hace referencia, igual que la 365, a la enmienda 342, que únicamente trata de dotar de coherencia a la misma.

Para finalizar, una de las importantes —digo importantes porque es una de las que han justificado nuestra presentación del veto— es que se creen en las comunidades autónomas consejos de justicia autonómicos que actúen como órganos desconcertados del Consejo General del Poder Judicial. Entendemos que esta sí que es una medida de clarificación competencial, que sí que es una medida de modernización, que sí que es una medida de agilización, en definitiva, que sí que es una medida que encaja perfectamente con el preámbulo, con la exposición de motivos del presente proyecto de ley.

A la espera de que no todas las enmiendas sean aceptadas, al menos sí alguna de ellas, esperamos también la bonhomía del resto de grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

El grupo de Entesa presenta dos grupos de enmiendas —214 a 233 y 234 a 280—, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 372 y 377, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador presidente Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente, los senadores y senadoras socialistas del Grupo de Entesa hemos presentado un conjunto de 66 enmiendas a este proyecto de ley orgánica, y quisiera destacar en primer lugar, como he señalado en la defensa del veto, las enmiendas 228, 230 y 231, que proponen suprimir los apartados veinticuatro a veintiséis del texto, cuya modificación pensamos que atenta contra las garantías procesales de los ciudadanos como el derecho al juez natural u ordinario predeterminado por la ley, como señala el artículo 24.2 de nuestra Constitución.

No es tolerable que el Gobierno, tanto por decreto como por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, pueda atribuir a un juzgado de un partido judicial competencias fuera de ese partido permitiendo, además, que las mismas puedan alterar las normas de reparto sin contar con la opinión de los jueces afectados. Además, es más que probable que la modificación propuesta también degrade la calidad de respuesta que dan en la actualidad, por ejemplo, los juzgados de Violencia sobre la Mujer, al posibilitar la extensión jurisdiccional.

El siguiente paquete de enmiendas que les voy a detallar muy brevemente afecta a las modificaciones introducidas con relación a la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Con las enmiendas 219 a 224 y 273 proponemos suprimir el nuevo artículo 61 bis y 61 bis sexies, que crean el Gabinete Técnico al servicio del presidente del Tribunal Supremo en un nuevo intento de control del Poder Judicial y, por tanto, que atenta contra su obligada independencia. A este gabinete del presidente se le otorga, desde nuestro punto de vista, un excesivo poder al ser un instrumento para controlar la admisión y los informes de cada sala, lo que está fuera de todo criterio técnico y que lo sitúa como un órgano más bien de control político encubierto de las salas.

Las enmiendas 237 y 239 proponen corregir la posibilidad que otorga el proyecto de ley de que el dolo o culpa grave de un juez o magistrado que ha causado daños y perjuicios en el ejercicio de sus funciones pueda ser reconocido por resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial, cuando desde nuestro punto de vista solo debería ser reconocido por sentencia judicial.

No compartimos la nueva modificación que propone el Gobierno en esta legislatura del número de miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 6 a 8, manteniendo el diseño de un consejo extremadamente presidencialista que asigna las principales competencias de Gobierno al presidente y a los miembros que ocupen la Comisión Permanente, desvirtuando claramente su funcionamiento como órgano colegiado. Nuestras enmiendas 264 y 265 proponen suprimir estas modificaciones.

La enmienda 266 propone suprimir la modificación propuesta del artículo 610 que elimina la exigencia de que quien presida la Comisión de Igualdad necesariamente tenga que ser una mujer como prevé el texto actualmente vigente. Además, sorprendentemente, cabe señalar que solo exigen paridad en esta comisión y no para las tres restantes.

Consideramos necesario profundizar en la democratización de los órganos de Gobierno del Poder Judicial y, en particular, también del Tribunal Supremo, con el objetivo de mejorar la gobernanza de este alto tribunal. Para ello hay que reforzar el carácter representativo de sus órganos unipersonales de Gobierno mediante la participación de todos los magistrados del Tribunal Supremo en la elección del vicepresidente del mismo. Incluimos esta propuesta de modificación mediante las enmiendas 268 y 269.

Creemos que no está justificado exigir una determinada antigüedad para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo. Con la enmienda 248 proponemos suprimir esta modificación.

La enmienda 271 propone añadir una nueva disposición adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial para reconocer la capacidad del Tribunal Supremo para elaborar su propio presupuesto como una sección más de los presupuestos generales del Estado y de este modo que pueda ejercer eficazmente su función de interpretar uniformemente también el ordenamiento jurídico estatal.

Hemos incluido una serie de enmiendas con el objetivo de descongestionar los juzgados de lo Mercantil y poder trasladar los procedimientos sobre acciones relativas a condiciones generales de contratación a los juzgados de Primera Instancia que territorialmente corresponda. Es de sobra conocido los numerosos litigios sobre cláusulas de suelo que se están produciendo en estos últimos años, que están saturando los pocos juzgados de lo Mercantil que existen, con el consiguiente perjuicio para los demandantes que sufren el retraso de la correspondiente resolución. También consideramos que los juzgados de lo Mercantil deben conocer los procesos concursales de las personas físicas cuando estos no sean empresarios. Nuestras enmiendas 225, 226, 262 y 280 abordan precisamente estas modificaciones.

Asimismo, hemos registrado un grupo de enmiendas relativas a la figura de los secretarios judiciales, dado que no nos parece bien el tratamiento que realiza el Gobierno en el texto propuesto. Precisamente son las enmiendas 214, 235, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 256 y 275.

Proponemos el cambio del letrado de la Administración de Justicia a director procesal porque se adecua mejor a las funciones directivas que ejerce, y también proponemos incluir modificaciones para otorgarle un tratamiento legal idéntico al previsto para los funcionarios de carrera. Mejoramos sus condiciones de asociación y sindicación. Proponemos suprimir el artículo sesenta y dos para evitar la posibilidad de un ERE o despido colectivo encubierto a los secretarios sustitutos —como se ha puesto también de relieve en la intervención de algún portavoz en el turno precisamente de vetos—. Es una posibilidad, dados los antecedentes que ha habido con los jueces sustitutos y los magistrados suplentes, como ustedes saben. Y rechazamos el sistema de penalización de las infracciones que pueden cometer en el ejercicio de sus funciones, y por eso proponemos, en cambio, un sistema más proporcional a sus responsabilidades dentro de la Administración de Justicia.

Las enmiendas 252 y 253 pretenden corregir otro intento del Gobierno de privatización de servicios de la Administración de Justicia, la relativa a que los médicos y forenses puedan realizar informes y dictámenes a solicitud de particulares.

Consideramos muy importante también nuestra enmienda 218, que pretende recuperar para los juzgados y tribunales españoles las competencias en materia de jurisdicción universal —también se ha puesto de relieve en la intervención de algún portavoz—. Precisamente con esta enmienda se pretende que se permita, digamos, perseguir la comisión de delitos muy graves y las violaciones de los derechos humanos que puedan producirse fuera del país y sin perjuicio de la nacionalidad del autor o de los autores.

Finalmente, hemos incluido una serie de enmiendas de supresión de algunos de los apartados modificados con enmiendas del Grupo Popular en el Congreso, que, en una mala praxis, en el procedimiento omiten su conocimiento y, en su caso, la emisión del correspondiente dictamen por parte de los preceptivos órganos del Estado. Me refiero a nuestras enmiendas 234, 238, 247, 257, 262 y 268.

Lamentablemente, como asimismo señalaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de lo razonable de algunas de nuestras enmiendas, como las de los diferentes grupos también, y de que seguramente la receptividad no será muy elevada, el rodillo se acaba pero ustedes lo harán funcionar, me temo, hasta el final. Es una lástima.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president; gracias, señoría.

El Grupo de Entesa presenta las enmiendas 281 a 341.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve porque las enmiendas corresponden a los criterios generales que he defendido tanto en la defensa del veto como en el turno de portavoces. Empiezo por toda una serie de enmiendas que hacen referencia a la democratización —no sé si llamarlo así— del Consejo General del Poder Judicial, que significa oponerse a que competencias de la Permanente pasen al Pleno y del Pleno al presidente y que este tenga menos competencias. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial continúe siendo un órgano colectivo y no un órgano presidencialista.

Por otro lado, en este mismo sentido, nos parece inadmisible que en la Presidencia de la Comisión de Igualdad, que, hasta ahora, en la ley constaba presidenta, ahora sea presidente. Se dice que no tiene importancia. Pues si no tiene importancia, que se deje presidenta, tal y como estaba.

De la misma manera, hemos presentado algunas enmiendas a algo que nos parece importante: a que las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea afecten exclusivamente a la persona que ha presentado la reclamación. En la ley se exige que si hay otra persona en condiciones similares tiene que volver a hacer la reclamación a Europa. Creemos que esto es innecesario y, por tanto, que deben extenderse los beneficios de la primera sentencia a cualquier otra reclamación que sea similar. Estaríamos también absolutamente de acuerdo con que se incorpore lo de la justicia universal, así como con suprimir aquella parte de los textos que habla de la posible privatización de los médicos forenses.

La enmienda 299 y las siguientes se refieren al cambio de denominación de los secretarios judiciales como letrados de la Administración de Justicia. Nos parece que es un cambio cosmético que no responde a nada, mientras que sí es necesario reforzar sus competencias y funciones para que tengan un papel más importante.

Hay una enmienda que modifica el límite de dos años que propone el proyecto de ley para que exista una ley orgánica de reforma de la jurisdicción militar con el fin de que se produzca a la mayor brevedad posible. Asimismo, pretendemos suprimir el hecho de que el Cuerpo Jurídico Militar continúe incorporándose a altos niveles de la Jurisdicción Civil. Pensamos que esto no tiene sentido.

En síntesis, son enmiendas, entre comillas, de democratización del Consejo General del Poder Judicial, de extensión de los beneficios que pueden significar las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, y otra serie de enmiendas propugnan un Consejo General del Poder Judicial más cercano a la ciudadanía.

Nada más, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

El Grupo Convergència i Unió presenta las enmiendas 132 a 213.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Consideramos esta reforma una reforma parcial, que no da respuesta ni tan siquiera a las normas aprobadas por estas Cortes Generales, como son los estatutos de nueva generación en los que hay previsiones concretas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que están pendientes desde el año 2006. En esta ocasión, en lugar de cumplir aquello que diversos ministros de Justicia habían anunciado, nos desviamos una vez más y realizamos una reforma que para nuestro grupo representa una ocasión perdida lamentable.

Para reparar esta iniciativa legislativa que no da respuesta a aquello que comunidades autónomas como Cataluña venimos reclamando desde hace años, mi grupo ha presentado a este proyecto 82 enmiendas, concretamente, 54 de adición, 26 de modificación y 2 de supresión, algunas de ellas técnicas pero con significación jurídica importante.

Lamentamos primeramente que no se aproveche esta reforma para dar mayor eficacia a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para ello, es imprescindible la exigencia de que para interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo deba haber una resolución específica sobre el caso. Ello conlleva que sea imposible su cumplimiento si por identidad con supuestos resueltos no se admite la demanda.

Pedimos, pues, en nuestra enmienda 132, que también se pueda sustentar esa revisión en fundamentos iguales o que resuelvan sobre una demanda esencialmente igual. No se deben imponer trabas o requisitos no justificados para la restitución íntegra de un derecho fundamental.

Hemos presentado también otro grupo de enmiendas que versan sobre competencias que se atribuyen al Gobierno del Estado y que deben tenerlas los gobiernos de aquellas comunidades autónomas que han asumido competencias en el ámbito de la Administración de Justicia. En definitiva, se trata de cumplir la llamada cláusula subrogatoria. En el caso del Estatut d’ Autonomia de Catalunya, el artículo 109 dispone: «La Generalitat ejerce, además de las competencias expresamente atribuidas por el presente Estatuto, todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno del Estado con relación a la Administración de Justicia en Cataluña.» Pues bien, esta cláusula subrogatoria no se cumple en ámbitos diversos: se incumple en el ámbito de la previsión de medios materiales y de gestionar los archivos judiciales y se incumple en el ámbito del informe sobre si son o no necesarios nuevos juzgados de Violencia sobre la mujer. Por ese motivo hemos presentado varias enmiendas dirigidas a garantizar este cumplimiento.

Por otra parte, nuestra enmienda 153 pretende que se regule la creación de los consejos de justicia y que, al regular la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, se prevea la descentralización o desconcentración de sus competencias a favor de los consejos de justicia autonómicos en temas tan importantes como determinados supuestos en materia disciplinaria, en competencias sobre gestión y organización y en materia de protección de datos, y que todas ellas sean posteriormente revisables ante la opinión del Consejo General del Poder Judicial. No me voy a alargar más en esta enmienda pues se ha desarrollado en el trámite de vetos.

Otro grupo de enmiendas van referidas a los letrados de la Administración de Justicia, antes llamados secretarios judiciales. Pedimos su traspaso a las comunidades autónomas. Y mientras este traspaso llega, pedimos la intervención de las comunidades autónomas en un conjunto de actuaciones sobre estos cuerpos. Lamentamos que el Grupo Popular pretenda limitar el mandato de los secretarios coordinadores provinciales y de los secretarios del gobierno en su autoenmienda 394 sin excepción alguna, de manera que puede impedir que un secretario con experiencia, que esté desarrollando una buena labor, sea castigado en lugar de incentivado.

Mediante nuestra enmienda 145 queremos evitar el perjuicio que supone no computar el tiempo de servicios prestados como secretario de gobierno o secretario coordinador a la hora de ocupar plaza de letrado en la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo.

Por otra parte, en coherencia con enmiendas anteriores, respecto al reconocimiento de una mayor capacidad normativa, así como ejecutiva y de gestión de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, con respecto a los letrados de la Administración de Justicia destinados en su territorio se propone que el nombramiento de letrados se haga a propuesta del órgano competente en dicha comunidad, en la forma y de acuerdo con los requisitos que se determinen por ella. La atribución actual al Ministerio de Justicia para el nombramiento de los letrados de la Administración de Justicia de libre designación, destinados en el territorio de comunidades autónomas con competencias asumidas, tampoco es imprescindible para el mantenimiento del carácter nacional del cuerpo y, en cambio, impide el ejercicio de las competencias autonómicas.

Hemos presentado otras enmiendas relativas a las competencias que deben tener las comunidades autónomas sobre personal y medios materiales. Se trata de cumplir estrictamente con los artículos 103 y 104 del Estatut de Catalunya. No podemos regular en los estatutos unas competencias y cuando nos toca implementarlas a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos olvidamos de ellas, como en tantos otros puntos que hemos discutido ya. Esto también es no cumplir la Constitución porque los estatutos forman parte del bloque de la constitucionalidad.

También hemos presentado las enmiendas 196 y 197 para adaptar a la Ley Orgánica del Poder Judicial las nuevas competencias que van a tener los procuradores a través de la Ley de enjuiciamiento civil aún en fase de proyecto de reforma.

Hemos presentado también enmiendas relativas a las competencias del Consejo General del Poder Judicial y a su nueva configuración. Consideramos que debe garantizarse la rotación y forzar las mayorías exigidas para determinados acuerdos; que al frente de la Presidencia de la Comisión de Igualdad siga estando una mujer —no entendemos tampoco el cambio de criterio—; aclarar los supuestos en que se alude a una mayoría y no se dice de qué tipo; y debería reforzarse el Consejo General del Poder Judicial en su conjunto, en su Pleno, y darle las facultades que la Constitución le otorga.

En cuanto a las enmiendas relativas al conocimiento de la lengua y el derecho propio de aquellas comunidades autónomas que tienen lengua oficial propia y derecho propio, pedimos que este conocimiento sea un requisito, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y no nos cansaremos de decir que es necesaria la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de conocimiento de lengua y de derecho propio.

Lo podríamos materializar mediante cláusulas transitorias, de forma gradual, especialmente dirigido a aquellos que pretenden quedarse en esa comunidad autónoma con derecho y lengua oficial propios; podríamos buscar matices, abrir el diálogo. El ministro de Justicia comentó un día al portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso, el diputado Jordi Jané, hoy conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, que estaban dispuestos a hablar de ello. Pues bien, ahora tienen una buena ocasión a través de su voto favorable a las enmiendas que mi grupo ha presentado sobre el conocimiento de lengua y derecho propios, las números 154, 155 y 259 a 273.

Por lo que a la demarcación judicial se refiere, hemos presentado dos enmiendas, la 133 y la 134, que pretenden que se prevea la posibilidad de que las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia puedan establecer las demarcaciones judiciales mediante una disposición normativa de su respectivo órgano de gobierno. También consideramos imprescindible que se tenga en cuenta el criterio e interés de las entidades locales en la determinación de la demarcación judicial y la fijación de la capitalidad de los respectivos partidos judiciales.

Por lo que al depósito para recurrir se refiere, hemos presentado las enmiendas 202 y 203. Consideramos que la existencia del depósito para recurrir no se justifica ni desde el punto de vista recaudatorio —para eso ya está la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional— ni desde el punto de vista de agilidad procesal y eliminación de recursos temerarios o innecesarios, pues la posibilidad de subsanar paraliza el procedimiento, aunque sea brevemente, y su escaso importe no tiene efectos desincentivadores. Por otra parte, carece de sentido el distinto plazo de subsanación previsto para la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional y el previsto para el depósito para recurrir; diferencia de plazos que genera confusiones y disfunciones. Asimismo, consideramos procedente ampliar su exención a los recursos de reposición contra las resoluciones de los secretarios judiciales.

Finalmente, quiero hacer referencia a nuestra enmienda 204, de modificación de la disposición adicional cuarta. Consideramos que se debe realizar una mención específica a aquellos miembros de la carrera judicial que superaron las pruebas selectivas de especialización en los órdenes jurisdiccionales, civil y penal, que fueron convocadas por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 30 de junio de 2011, reconociendo el mérito en el anteproyecto a los magistrados que ya lo acreditaron de una manera contrastada superando un largo proceso de selección.

Para terminar, voy a hacer referencia a una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 157 de mi grupo, mediante la cual el artículo único, apartado nuevo, del 40 bis modifica el apartado 8 del artículo 301, que queda redactado como sigue: Artículo 301.8. También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma en que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos, a las necesidades especiales y singularidades de estas personas mediante ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos; asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas 68 a 82, 84 a 126, 128 a 131, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 372 y 377, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de estas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista ha presentado 62 enmiendas a este proyecto de ley que van en consonancia con el veto devolutivo presentado anteriormente y que ustedes, como era de esperar, con su absoluta mayoría, han vuelto a desestimar, excepto aquellas en que hemos conseguido llegar a acuerdos y transar entre todos. Son 23 enmiendas de modificación; 31 de supresión, 2 de sustitución y 5 de adición, que doy por defendidas, señor presidente, y que iré desgranando por bloques, aunque me detendré en alguna de manera más pormenorizada.

Señorías de la derecha, hoy nuevamente se está demostrando que con sus propuestas y con sus actos están perjudicando la eficiencia y la eficacia de la Administración de Justicia en España. A lo largo de sus años de gobierno —y quizás lo evidencian hoy más que nunca en este proyecto de ley— están demostrando lo que para ustedes es la justicia: una verdadera herramienta de poder particular, pero nunca la han considerado ni la consideran como un verdadero servicio público. De ahí que las 62 enmiendas que presentamos pretendan dar congruencia, dar fortaleza y sobre todo paliar los efectos perniciosos de este proyecto de ley que hoy nos traen a la Cámara. Son enmiendas que pretenden dotar de sentido común y garantizar la protección del interés general frente al interés de unos pocos. Son enmiendas que podemos dividir en 6 bloques.

Por empezar por los secretarios judiciales, ustedes tienen un interés especial por cambiar la denominación, el nombre: ya no serán secretarios judiciales. Señorías, nosotros consideramos que el cambio de denominación es absolutamente secundario; que en el ámbito de los secretarios judiciales lo prioritario es atribuirles funciones de impulso y dirección, por ejemplo, de la oficina judicial; que lo prioritario es que tengan el mismo tratamiento que cualquier funcionario de carrera; que lo verdaderamente prioritario es que puedan proteger sus derechos como trabajadores en asociaciones o en sindicatos; que lo prioritario para los secretarios judiciales es que no tengan un régimen disciplinario y sancionador superior al de los jueces y magistrados; que lo prioritario para ellos es que no sufran un ERE encubierto; esto sí es lo prioritario y no cambiarles el nombre. Y, desde luego, sin duda compartimos la opinión del Consejo General del Poder Judicial y del propio Consejo Fiscal de que el nombre elegido por ustedes es un fallo más de este proyecto.

Por eso, por considerarlo prioritario —por lo que antes le señalaba, por el interés que ustedes tienen en cambiar de nombre—, los socialistas en nuestras enmiendas propusimos uno que, sin duda, es mucho más coherente con la función que tienen que realizar los secretarios judiciales: sería el del letrado director procesal.

Señorías, un segundo bloque de enmiendas trata de evitar que ustedes cuelen por la puerta de atrás y con sus medidas atribuciones ad hoc de determinados asuntos a determinados órganos judiciales. En este proyecto recogen en letra pequeña, para que no se note mucho, el proyecto estrella del anterior ministro de Justicia, el señor Gallardón, para reorganizar la planta judicial. Vulneran la Constitución y el artículo 24: el principio de tutela judicial efectiva y el derecho al juez predeterminado por la ley; acaban de un plumazo con ese artículo 24 del texto constitucional. Además, van a contribuir definitivamente, y de manera decidida, a minorar la calidad de respuesta de los juzgados. De ahí nuestras enmiendas, que también pretenden evitar sus modificaciones en cuanto a las normas de reparto o a vaciar de funciones los partidos judiciales. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por ejemplo, queremos evitar que se extienda la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, porque esto va a degradar, como antes les decía, la calidad de respuesta de los juzgados. Pero es evidente que ustedes no atienden a estas circunstancias.

Un tercer bloque de enmiendas se refiere a su nuevo intento, el enésimo, de privatizar la justicia. En esta ocasión les ha tocado a los médicos forenses y, desde luego, los socialistas nos oponemos a que los forenses puedan realizar informes o dictámenes a petición de particulares. La figura del médico forense no fue concebida para intereses privados, y su reforma no solo va a generar una invasión en el ámbito de lo público sino que, además, es absolutamente innecesaria, no existe ningún tipo de necesidad ni de motivación social, jurídica ni médica para que esto ocurra.

Señorías, con su nueva propuesta, sin duda, van a perjudicar la tutela judicial efectiva y van a generar —estamos casi seguros— archivos de causas y una mayor dilación y distorsión en los procedimientos. De ahí nuestra clara oposición.

Un cuarto bloque de enmiendas se centra en el artículo 1, en los apartados 7, 8, 9 y 10, donde los socialistas hemos vetado el proyecto de ley y también nos opusimos a su reforma de 2013. Ahora, en esta fase, pretendemos suprimir esos cuatro apartados porque no hay ninguna justificación, ninguna, para incrementar la Comisión Permanente; no hay ninguna necesidad, ninguna, de una nueva regulación para la Comisión de Igualdad, y no son de recibo las medidas que ustedes proponen para el apoyo de los jueces instructores. Señorías, ¿qué razones existen para que ustedes autoenmienden y modifiquen la Ley de 2013, que ya no era buena, por una peor?



Ustedes con esta ley tan solo han dejado a la anterior vivir año y medio, y van a establecer un peor sistema. Si antes era de una manera, ahora será absolutamente presidencialista. Lo decíamos antes en los turnos del veto. Si el consejo funcionaba antes con esa clave, ahora dan un pasito más, y van a pasar de ese sistema presidencialista anterior a un sistema absolutista actual, reuniendo todos los poderes del consejo en el presidente y el resto de los miembros del consejo se quedan como floreros, se quedan como marionetas. Señorías, los socialistas esto no lo podemos aceptar, porque están afectando seriamente al funcionamiento de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial. De ahí otro grupo de enmiendas importante para nosotros, porque pretendemos que ustedes, el Gobierno, no controle ni dirija ni manipule el Poder Judicial. El gabinete técnico que ustedes proponen de un gabinete de la Presidencia pasa a ser un gabinete del presidente. Así, a simple vista, no parece tanto, pero sí lo es porque ustedes están planteando, y con descaro suficiente, un control político encubierto en las salas del Tribunal Supremo. Esto, señorías, es, lisa y llanamente, vergonzoso.

Por último, un último bloque de enmiendas, el sexto, recoge varias pretensiones del Grupo Socialista, porque ustedes no las han propuesto o simplemente las han despreciado. Pretendemos dotar de eficacia a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, evitándose las trabas y requisitos no justificados que se están poniendo y exigiendo. No queremos que con la Ley Orgánica del Poder Judicial se genere ningún tipo de privilegio a unos funcionarios sobre otros y que unos se sientan más favorecidos que otros, por lo que presentamos enmiendas para evitar situaciones que impidan, por ejemplo, que los jóvenes puedan acceder a la carrera judicial. También presentamos enmiendas en algo importante no solo para la justicia española, sino para algo que les gusta a ustedes, la marca España, y sobre todo para la defensa de los derechos de los españoles. Pretendemos otra vez que se deje sin efecto esa limitación que ustedes han impuesto a los jueces y tribunales españoles sobre el ejercicio del principio de justicia universal. Señorías, esto ha sido algo muy debatido en esta Cámara, se lo hemos dicho todos los grupos por activa y por pasiva, se lo han dicho los jueces y tribunales, y mantener esto es un retroceso y una violación de los derechos humanos. De ahí nuestra enmienda para que esta cuestión se mantenga, por principio y por coherencia.

Por último, quiero hacer referencia brevemente a una enmienda que esta mañana se ha transado sobre los adquirentes de buena fe. Creo que estos venían necesitando, después de la modificación del Código Penal y de la Ley hipotecaria, una redacción más justa o más real de lo que ellos pretendían. La enmienda de esta mañana es algo que las asociaciones de afectados han asumido, creo que con buen criterio. Por fin, parece que esas pretensiones han sido recogidas por todos, asumidas por todos y a ellos, a los afectados, se les ha dado una cumplida respuesta a lo que venían demandando años atrás. Por lo tanto, creo que en ese aspecto tenemos que estar satisfechos.

Señorías, los socialistas hemos presentado 62 enmiendas parciales, que son conformes a ese veto devolutivo; 62 enmiendas que pretenden favorecer la eficiencia y la eficacia de un servicio público como la justicia; 62 enmiendas que, junto al veto devolutivo, se quieren enfrentar y contraponer a un manifiesto desprecio que ustedes sienten por una correcta Administración de Justicia, por un buen servicio público y, por tanto, por un trato digno a las personas que, a un lado o a otro de los tribunales, hacen uso y se integran en la Administración de Justicia en España.

Estas son las enmiendas que presentamos los socialistas; enmiendas que tratan de arreglar un desaguisado que ustedes nos traen hoy a la Cámara; enmiendas pertinentes para dotar a esta ley de sentido común y, sobre todo, para superar efectos perjudiciales que van a provocar en la Justicia española. Yo les pediría que las aceptasen, aunque estoy seguro de que no lo van a hacer, lo que va a generar más daño a nuestro sistema judicial. Aprobarán su reforma y pondrán con esta ley nuevamente en peligro los pilares básicos del Estado de derecho, pero, una vez que salga de este trámite, ya no seremos nosotros los que se lo demandemos, sino que serán los ciudadanos los que se lo exijan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas 371, 373 a 376, 378 a 392 y 394 a 402.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Con la venia, señor presidente.

Voy a dar por defendidas todas y cada una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y, con permiso de la Presidencia, voy a iniciar el turno en contra, puesto que vamos a votar en contra de todas las enmiendas excepto de aquellas que han sido transadas o aceptadas.

Hemos transado las enmiendas del Grupo Mixto números 33 y 36, así como las enmiendas 217, 312 y 316 de la Entesa, y hemos aceptado las enmiendas 236 y 270. Hemos transado las enmiendas 157 y 204 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y hemos aceptado la 135, la 139 y la 140. Hemos transado la 360 del Grupo del PNV y aceptado la 361. También hemos transado la 71 y la 130, que ha mencionado el portavoz del Grupo Popular y que tan importante es para todos, y aceptamos las enmiendas 87 y 121. Por tanto, señorías, el Grupo Popular ha tenido en este periodo previo a la votación de las enmiendas una actitud razonable, hasta donde hemos podido llegar, intentando aceptar aquellas enmiendas que nos parecía que mejoraban el texto en su conjunto y que eran positivas y beneficiosas y transando aquellas que, desde nuestro punto de vista, eran convenientes porque mejoraban sustancialmente el texto.

Como ustedes comprenderán, no voy a entrar en detalle en la argumentación de todas y cada una de las enmiendas presentadas puesto que, desde mi punto de vista, no sería razonable y, sobre todo, la sesión sería interminable, pero sí quiero contestar a todos los grupos y argumentar alguna de las enmiendas presentadas de la mejor manera posible con el fin de que, aunque lógicamente no compartan los argumentos que voy aducir, por lo menos tengan ustedes la explicación de por qué nuestro grupo no va a aceptar las enmiendas propuestas.

En cuanto al portavoz del Grupo Mixto, tengo que decirle que, por ejemplo, en la enmienda número 4, que hace referencia al gabinete técnico, no resultan acordes los cambios propuestos al modelo de gabinete técnico especializado y estructurado que se establece en el proyecto de ley. Es una enmienda que comparte también la Entesa con la número 283.

Muchas de las enmiendas que ustedes han presentado, lógicamente, son idénticas; por tanto, si contesto a una, valdrá para todos. Entiendan que no se trata de un desprecio, ni mucho menos, sino de intentar resumir el máximo posible en aras de la brevedad parlamentaria.

Las enmiendas 5 a 10, de supresión y modificación, presentadas por el Grupo Mixto, en coherencia con la enmienda anterior, la 4, se rechazan exactamente igual por la misma argumentación.

Las enmiendas de supresión 11 y 12, y de modificación 13, 14 y 15, que afectan a la flexibilidad del sistema, desde nuestro punto de vista, suponen una mejora judicial.

Igualmente, hay dos enmiendas de modificación, la 19 y la 20, que se rechazan puesto que entendemos que el proyecto de ley somete a los magistrados procedentes del cuerpo militar al mismo sistema de acceso al Tribunal Supremo que al resto de magistrados. Igualmente, en cuanto a los secretarios judiciales, entendemos que es una reivindicación suya la denominación de letrados. Al igual que las enmiendas 214 y 299, de la Entesa y la enmienda 68, del Grupo Socialista.

En cuanto a las enmiendas 28, 29 y 30, que afectan a los derechos retributivos, al acceso a las plazas del Tribunal Supremo para secretarios judiciales y los nombramientos, se rechazan igualmente porque entendemos que hay que profesionalizar la justicia en todos los ámbitos, con la consiguiente adecuación de las retribuciones al puesto de trabajo que realmente realicen. Se rechazan la 29 y la 30 de supresión también, que son iguales que la 246, de la Entesa, y la 310 y 98, del Grupo Socialista.

La 33, sobre estadística judicial, se ha transado, como ustedes saben, y es igual que la 312, de la Entesa. La redacción propuesta dice así: Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia permitirán, en todo caso, la extracción automatizada de la totalidad de los gastos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos.

Igualmente, se ha transado la 36, sobre las funciones de los secretarios de gobierno, que es igual que la 316, de la Entesa, cuya redacción, que corresponde al 465, dice así: Elaborar los planes anuales de suplencias de letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia una lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como letrados de la Administración de Justicia, sustitutos en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma.

En cuanto a las enmiendas de modificación 39, 40 y 41, se rechazan también por una mejor redacción técnica de la contenida en este proyecto, puesto que no se aprecia la mejora técnica que alegan los enmendantes.

Las enmiendas 44, 45, 46 y 47, del Grupo Parlamentario Mixto, junto con las enmiendas 48 a 53, de adición, se rechazan igualmente por innecesarias.

La enmienda 61, sobre la comisión permanente; la 62, sobre la Comisión de Igualdad; la 63, sobre nombramientos en Pleno; y la 64, que son iguales que las enmiendas 356, 357, 358, 352 y 354, del PNV; 116, del Grupo Socialista; 266, de Entesa, se rechazan igualmente porque entendemos que no concurren razones objetivas que sustenten en la comisión permanente esa necesidad cualificada en la elección de sus vocales. En cuanto a la Comisión de Igualdad, la presente modificación del proyecto se ajusta también al principio de igualdad efectiva en la designación de su presidente. Y, en cuanto a los nombramientos en Pleno, la ampliación de las materias respecto a las que había que conocer en el Pleno, así como la exigencia de mayorías cualificadas, harían de él un órgano muy poco funcional y poco operativo.

No voy a entrar en las enmiendas presentadas por la Entesa que hayan sido contestadas respondiendo al Grupo Mixto, porque son iguales. Hemos dicho que hemos transacionado la 217, la 312 y la 316, y hemos aceptado la 236 y la 270. La redacción definitiva propuesta para la enmienda 217 sobre personas especialmente vulnerables quedaría así: Apartado b): En materias relacionadas con determinadas personas y las medidas de protección de las personas mayores o de sus bienes cuando estos tuviesen su residencia habitual en España.

En cuanto a las enmiendas que se refieren al gabinete técnico, entendemos que los cambios propuestos no resultan acordes al modelo de gabinete especializado, y son las números 219, 220, 221, 222, 223, y 224. La 225, sobre acciones colectivas, no es necesaria.

En cuanto a la enmienda 228, sobre la especialización de los juzgados, tengo que decir que la especialización de juzgados está prevista ya en el 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, esta especialización sí está pensada para que determinados juzgados puedan asumir de modo definitivo el conocimiento de materias especializadas. Lo hemos visto también en la contestación de los vetos. Muchos de los argumentos que estamos utilizando los hemos usado cuando hemos debatido los vetos. Por tanto, reiterar la misma argumentación me parece absolutamente innecesario.

Sobre las responsabilidades de los jueces hemos hablado anteriormente. También hemos comentado con extensión y profusión el asunto de los secretarios judiciales, y aquello que yo pueda dejar de decir, mi compañero y portavoz, el señor Altava, completará la argumentación que yo realice.

Sigo con las enmiendas presentadas por Entesa. Las enmiendas 259 y 260, sobre disfrute de licencias o permisos de larga duración, no contienen, a nuestro modo de ver, justificación de fondo suficiente. Las enmiendas de supresión 263, 264, 265, 266, 267 y la 268, de adición, entendemos que no están absolutamente justificadas, y lo que hace el proyecto de ley es mejorar la situación anterior.

Aceptamos la 270, que se refiere a la disposición adicional cuarta, y que quedaría redactada de la siguiente manera: El Consejo General del Poder Judicial podrá convocar además de las expresamente previstas en esta ley, otras pruebas de especialización entre miembros de la carrera judicial, en las que se valoren conocimientos específicos dentro de las distintas ramas del derecho. Su superación será considerada como mérito en los concursos que no se resuelven exclusivamente por criterios de antigüedad. Reglamentariamente se determinará el número, contenido y desarrollo de estas pruebas, que podrá comprender el reconocimiento y valoración de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Si de esta especialización se derivara algún incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente para soportar dicho gasto.

Además de las que se refieren a los ficheros, que son temas técnicos, y a los secretarios judiciales, sobre los que ya hemos debatido ampliamente, hay otra enmienda, la 312, de la Entesa que se ha transado y que se refiere a la Comisión Nacional de Estadística Judicial, e igualmente se ha transado la 316. Creo que mi grupo ha aceptado todas aquellas enmiendas que ha considerado absolutamente convenientes. En ese sentido, ustedes considerarán que no ha habido generosidad, pero nosotros entendemos que hasta donde hemos podido llegar, hemos llegado.

En cuanto a las enmiendas presentadas por CiU, se han transado la 157 y la 204, y vamos a votar a favor de las enmiendas 135, 139 y 140. Ha habido, no sé si ustedes lo entienden así, un intento de acercamiento, de adaptarnos y de aceptar aquellas enmiendas que entendíamos que mejoraban sustancialmente el texto del proyecto de ley.

Sobre las que se refieren a los letrados de la Administración de Justicia y a la denominación hemos hablado suficientemente y no voy a entrar en ellas, si les parece bien. Hemos transado, como he dicho, la 157 y la 204 y a favor se van a votar la 135, la 139 y la 140.

Todo lo que se refiere a la demarcación judicial, también lo hemos comentado, y en relación con las competencias hemos dicho que debe fijarse por el Estado conforme al sistema en el que participan las comunidades autónomas y que su fijación no puede quedar al arbitrio de una comunidad autónoma en exclusiva.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, vamos a votar favorablemente la 361 y hemos transaccionado la 360. Hemos hablado sobre el Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales suficientemente, sobre la promoción interna, sobre las competencias del Pleno, las enmiendas son iguales a las del Grupo Mixto, 60, 62, 63, 64 y 65. La 160 bis se ha transado, como saben perfectamente sus señorías, y hemos aceptado, como he dicho, la 361.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, votaremos a favor de las números 87 y 121. Se han transado la 71 y la 130, como hemos comentado antes, que es de especial importancia, desde nuestro punto de vista, puesto que los terceros, adquirientes de buena fe, no podían ver demolidas sus viviendas innecesariamente y sin justificación en este aspecto. Ahí todos los grupos hemos hecho un esfuerzo que justifica plenamente que estemos aquí al servicio de los ciudadanos.

Señorías, con su venia también, señor presidente, termino mi intervención dejando para el turno de portavoces completar alguna explicación que falte al portavoz del Grupo Popular y ponente de este proyecto de ley, mi compañero el señor Altava.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.

¿Ha realizado también el turno en contra? (Asentimiento).

Pasamos, entonces, al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Yo calificaría el debate de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acabamos de mantener un poco como la política del avestruz, es decir, esconder la cabeza debajo del ala y verlas venir. Estoy de acuerdo, y además voy a utilizar el criterio planteado por el senador Altava, en que hay un distingo bien claro entre aquellas enmiendas que son de carácter técnico, eso es evidente, de aquellas que lo son de carácter político, porque a las de carácter político no ha respondido a ninguna, a ninguna.

Sobre los consejos judiciales de comunidades autónomas sí nos han transmitido qué es lo que dice o no dice la doctrina del Tribunal Constitucional, pero ¿cuál es la opinión del Partido Popular? ¿Qué opina el Partido Popular del Consejo de Justicia de Cataluña, de Aragón, de Andalucía? Y si son leyes orgánicas y en las mismas están recogidos los consejos judiciales, ¿por qué la Ley Orgánica del Poder Judicial no va a recoger lo que tienen recogido estas leyes también orgánicas? ¿Por qué? Y ese es el debate político, ¿por qué? Evidentemente, nos están demostrando que el Partido Popular no cree en este Estado de las Autonomías, no cree, dice una cosa, pero siempre vota la contraria. Pasó en el debate de la Constitución, ha pasado en la mayor parte de los debates de los estatutos de autonomía, también en el de Euskadi.

El Partido Popular es el partido de la recentralización y el de la no creencia de un Estado de las autonomías. Eso es el Partido Popular, y por eso denomino y califico esta política como la política del avestruz, si introduzco la cabeza debajo del ala, nadie se va a enterar de lo que está pasando, pero la gente lo ve y la gente sabe qué es lo que está pasando. Estamos hablando de la justicia universal, fíjense si es importante este tema que, como les he dicho, estos días el juez Andreu ha pedido la extradición de Ruanda, de la persona antes citada, por genocidio y sabemos que no va a poder encausarle porque no cumple con lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada el año pasado por el Grupo Popular, y tampoco nos han dicho nada. Y les he planteado una cuestión muy concreta, muy concreta: ¿qué pasa con la familia Couso? ¿Qué le decimos a la familia Couso? Les he preguntado, no sé si diez o doce veces y no he recibido ninguna respuesta, pero no es para mí, es para la familia Couso, porque, como ustedes saben, el juez Pedraz, a su pesar, ha tenido que elevar el archivo de esta causa, a su pesar, y por responsabilidad de ustedes, porque cuando estamos legislando aquí, evidentemente, también tenemos que asumir responsabilidades, porque somos nosotros los que aprobamos o dejamos de aprobar determinados preceptos y este es uno muy muy muy importante. ¿Qué le decimos a la familia Couso?

Y para terminar, lo que también es de carácter político es la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Están haciendo trampas no en el solitario, sino con aquellos que les son fieles y a los cuales quieren premiar a través del Consejo General del Poder Judicial y darles un asiento en la Comisión Permanente de dicho Consejo y, en ese sentido, nunca vamos a asentar una democracia, porque mientras la justicia no sea independiente y mientras el Legislativo no sea capaz de hacer marcar claramente la frontera entre el Ejecutivo y el Judicial, ahí es donde nos estaremos haciendo trampas en el solitario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve. Cuando una ley en dos años se ha de reformar es que se ha fracasado; cuando una ley que es orgánica y desde el Poder Judicial se ha de reformar en dos años es que el fracaso ha sido muy grande. El fracaso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el objetivo del exministro Gallardón al inicio de la legislatura de modernizar la justicia —quería decir una justicia más rápida, más cercana, más ágil— ha sido un fracaso. Y esta ley lo que hace es un intento de tapar, por un lado, este fracaso, pero, por otro, persistir en los defectos de lo que ya fue la reforma anterior del Poder Judicial, fundamentalmente tres.

En primer lugar, como hay mucho retraso —como dice la exposición de motivos— en los expedientes de justicia, lo que hay que hacer es sacar de la Administración de Justicia determinados aspectos operacionales de la justicia, ya sea la jurisdicción voluntaria, ya sea la Ley de tasas, es decir, el Registro Civil que veremos dentro de quince días. Hay toda una serie de competencias y de funciones que se sacan, en definitiva, de la Administración de Justicia y se externalizan o se privatizan.

En segundo lugar, el control del Poder Judicial. No es un control específico del Poder Judicial; lo es de Radiotelevisión Española o de muchos otros organismos. Hay una obsesión o una forma de gobernar por parte del Gobierno del Partido Popular que se basa en el control.

Y la tercera es —se ha dicho repetidamente por varios portavoces— la oportunidad perdida de constituir los consejos de justicia. Todos los nuevos estatutos que se aprobaron contemplaban los consejos de justicia. Había de dos tipos: el de Andalucía y el de Cataluña y el del resto de consejos de justicia. Es cierto que el Tribunal Constitucional laminó determinados artículos del Estatuto de Cataluña declarándolos inconstitucionales, pero dejó en pie un consejo de justicia con unas determinadas funciones que en este texto no se han incluido. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco preguntaba por qué no lo hacen. Porque tienen una concepción centralista y uniforme del Estado, es decir, no contemplan en absoluto no ya una descentralización política de la justicia, sino simplemente una desconcentración de alguna manera de la justicia.

Por todas estas razones, evidentemente, votaremos en contra de la ley. Hemos presentado los vetos y pensamos que para que la justicia cambie, sea una justicia moderna y para que la justicia se adecúe a la estructura territorial de España, cosa que no ha pasado en ninguna otra Administración, es necesario un cambio de mayoría, que seguro que se dará en las próximas elecciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Este proyecto de ley va a pasar a la historia como la oportunidad perdida —lo hemos dicho ya varios portavoces— tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el año 2006, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de otros estatutos de autonomía de nueva generación. En ellos se recogían una serie de posibilidades que solo serían efectivas cuando se adecuara la Ley Orgánica del Poder Judicial a esas previsiones estatutarias. Hablo, por ejemplo, de los consejos de justicia de las comunidades autónomas, repetidamente. ¿Va a ser una legislación fantasma la que se prevé en los estatutos de autonomía de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, de Castilla y León, de las Illes Balears y de Aragón? Señorías del Grupo Popular, incumplir lo dispuesto en los estatutos de autonomía también es incumplir la Constitución, esa a la que ustedes tanto veneran —para lo que les interesa, claro está—.

Reivindicamos las competencias conferidas a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. En aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña reivindicamos, pues, las competencias que se reconocen a la Generalitat en materia de demarcación y planta, así como mayor capacidad normativa, ejecutiva y de gestión respecto a los letrados de la Administración de Justicia destinados Cataluña; en materia de funcionamiento y organización de los archivos judiciales; en el nombramiento y remoción de los secretarios de Gobierno; en el nombramiento del secretario coordinador; mayor competencia normativa y de gestión en los registros de personal, en la elaboración y aprobación de la oferta de empleo público competencia de las comunidades autónomas; en la regulación del proceso de selección y en el nombramiento del personal interino, y mayor competencia normativa y de gestión en el régimen jurídico de los funcionarios de justicia. Reivindicamos nuestros derechos lingüísticos. Consideramos que la acreditación de un conocimiento suficiente de la lengua propia de la comunidad autónoma ha de configurarse como un requisito para el acceso y provisión de plazas en el ámbito de la Administración de Justicia y no solo como un mérito, como se prevé en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Reclamamos el derecho a que en las actuaciones judiciales pueda utilizarse la lengua propia de la comunidad autónoma. Las personas que cubren vacantes en comunidades autónomas que tienen más de una lengua oficial o derecho propio tienen que tener un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de la lengua y, por supuesto, del derecho civil propio de estas comunidades. Es imprescindible que se establezca un temario específico en las pruebas de acceso al cuerpo de funcionarios sobre las peculiaridades de las comunidades autónomas, así como modificar la composición de la comisión de selección.

No voy a alargarme más en el memorial de agravios y reclamaciones. El mensaje es, señorías, que hay muchos aspectos mejorables en este proyecto de ley. Lamentamos que no hayamos podido transaccionar más enmiendas. Hemos podido transaccionar la 157.

En cuando a la 204, ha habido una pequeña confusión porque no es exactamente la enmienda que nosotros presentábamos a la disposición transitoria cuarta en la que queríamos que se reconociera la especialización de los magistrados. La enmienda 387 del Partido Popular no es exactamente lo mismo que pedíamos, porque les ponen otras condiciones y no se reconoce la superación de estas pruebas del 2011. Valoramos la aceptación de las enmiendas 135, 139 y 140, pero habíamos presentado 82 enmiendas. Anunciamos que vamos a votar en contra del proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Intentaré ser lo más breve posible porque creo que ya se ha debatido exhaustivamente.

Creo que se ha visto cuál es la actitud: senador Rodríguez Comendador, razonable, razonable… No creo que hayan llegado ni a un 5 % de las enmiendas presentadas. Ustedes aplican su absoluta mayoría y van a aprobar una ley que va perjudicar a la justicia, la va a privatizar y va a poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. Nosotros, como Grupo Socialista, hemos presentado un veto y 62 enmiendas, pero el hecho de que toda la oposición en su conjunto haya formulado 6 vetos y casi 370 enmiendas —hasta ustedes se han enmendado— tiene que hacer pensar que en menos de año y medio se va a reformar nuevamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto tendría que hacerles pensar, por lo menos, que algo no están haciendo bien y que algo está pasando en materia de justicia para que ustedes mismos tengan que enmendar una ley de hace año y medio y no acusar a la oposición de que no trabajamos en favor de la justicia.

Hágannos caso alguna vez, acepten más enmiendas de estas que presentamos y seguramente no se estropeará el Poder Judicial. Está claro que ustedes van a seguir adelante con su estrategia de interferir y politizar el Poder Judicial, pero, mientras tanto, le voy a intentar explicar, para que quede claro —aunque seguro que usted lo sabe—, cómo está la justicia española hoy. Faltan recursos humanos y materiales en los juzgados; sobrecarga de trabajo, me atrevería a decir que sin precedentes, en los juzgados españoles; enfermedades e incluso muertes de jueces asociadas al exceso de trabajo; instalaciones y sedes judiciales en mal estado y con problemas de espacio, seguridad e higiene que están generando riesgos laborales; recursos informáticos obsoletos diferentes e incompatibles; falta de competencias, desprotección del colectivo judicial y funcionarial; intromisiones del Gobierno en la independencia judicial como consecuencia, incluso, de resoluciones judiciales; cierto desconocimiento del ministerio sobre la organización y el trabajo ordinario de las fiscalías y juzgados, porque para este Gobierno la justicia no es una prioridad; reducciones presupuestarias en una Administración de Justicia que ya contaba con ajustados recursos; vulneraciones reiteradas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en la que luego ustedes tienen que dar pasos hacia atrás, y privatizaciones en la justicia; judicatura jerarquizada, mermada en su independencia y con alarmantes controles políticos; no se crean juzgados, no se nombran jueces nuevos, al contrario, se despide a jueces y fiscales sustitutos.

Como intentaba decir antes, existe una falta de modernización desde el punto de vista de la organización y del funcionamiento. En muchas ocasiones esto genera un retraso al dictar las resoluciones. Este es el estado de la justicia en España y así lo vemos todos; así lo vemos los grupos de la oposición, lo ven los operadores jurídicos y lo ven los jueces, pero ustedes no lo ven. Y lo que está provocando esa falta de visión por parte del partido que todavía apoya al Gobierno es que se está generando una clara desconfianza entre los españoles. Sí, señorías, los ciudadanos están perdiendo la confianza que tenían en los tribunales como mecanismo adecuado para la resolución de los conflictos, mientras que la práctica totalidad de los operadores jurídicos están manifestando, por activa y por pasiva, su oposición en casi todas las reformas que ustedes o el Ministerio de Justicia están emprendiendo durante este mandato.

Señorías, si ustedes están dejando la justicia española así es porque se están instalando en una crisis de responsabilidad organizada dentro de la justicia y, con esta ley, van a acentuar la irresponsabilidad todavía más. Que la Administración de Justicia tiene problemas de organización, de infraestructuras, de medios y de modernización es evidente. Por lo tanto, yo creo que la oposición en su conjunto les está urgiendo , al partido del Gobierno y al propio Gobierno, a hacer una reforma real de la justicia, a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de una manera real y cierta. Nos consta que no lo van a hacer. Seremos los socialistas, señorías, los que dentro de pocos meses, con voluntad política y no partidista, propondremos un pacto de Estado por la justicia para que sea reformada y funcione correctamente, buscando los consensos necesarios porque la justicia es uno de los pilares del Estado de derecho. La justicia es, primero, el producto del Poder Judicial independiente y, segundo, de una Administración de Justicia eficiente y eficaz. Por eso, el futuro de la justicia y de nuestro Estado de derecho con ustedes en el Gobierno, tal y como vienen demostrando con sus leyes, sigue estando en el aire. Con ustedes, la justicia en España ya no tiene futuro, así que, lamentablemente, a la justicia le toca esperar que los ciudadanos abran la puerta de su salida del Gobierno y seamos otros, los socialistas, los que arreglemos este desaguisado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial que tenemos hasta ahora y que vamos a reformar es respetuosa con la Constitución, con la independencia judicial y con su preámbulo, que habla de la plenitud, de manera tal que los poderes públicos deben ser respetuosos con esa independencia judicial exactamente igual que todas las personas físicas.

Sus señorías han planteado multitud de enmiendas —en primer lugar, quiero agradecer las transaccionales que hemos firmado todos los grupos—, y de una manera somera cumplidamente ha respondido ya el senador Rodríguez Comendador, pero voy a incidir en algunas de sus manifestaciones.

Me parecen muy interesantes las dos enmiendas que ha planteado Unión del Pueblo Navarro, la 66 y la 67, respecto a los delitos contra menores, pero no hace falta modificar esa norma porque la Ley Orgánica 1/2014 delimita con claridad y plena aplicación del principio de legalidad y reforzamiento de la seguridad jurídica los supuestos que la jurisdicción española debe conocer.

En cuanto a la enmienda 59, de la senadora Capella, hemos alcanzado la transaccional por la que los magistrados y fiscales eméritos del Tribunal Supremo pueden alcanzar los 75 años de edad; por lo tanto, solo tengo que agradecer la transaccional firmada por todos los grupos.

Respecto a la enmienda 61, que plantea esa duda de por qué pasamos de 5 a 7 vocales en la Comisión Permanente, simplemente porque la renovación de la Comisión del Consejo atiende a criterios de oportunidad y conveniencia, dotando a la vez a la propia Comisión Permanente de mayor estabilidad en su gestión. Lo que se pretende simplemente es dotar de una mejor gestión a ese órgano de gobierno dentro del órgano de gobierno de los jueces.

Las enmiendas 63 y 64 son las relativas a los nombramientos del Pleno. Respecto a la ampliación de las materias que debería conocer el Pleno del Consejo, entendemos que para dar todas las competencias al Pleno haría falta un órgano poco funcional y operativo, y no estimamos oportuno que todos los acuerdos de la Comisión Permanente puedan ser recurribles en alzada ante el Pleno.

Por lo que se refiere a la enmienda 1, del senador Iglesias, al que reconozco su verdadero trabajo, las modificaciones introducidas por el proyecto de ley en la regulación del Consejo General del Poder Judicial, tienen como finalidad realizar ajustes necesarios, en ocasiones puestos de manifiesto por los propios informes del Consejo General del Poder Judicial tras más de un año de funcionamiento, con lo cual creemos que lo que estamos haciendo es acoger las propias peticiones del consejo.

Hemos alcanzado una transaccional respecto a su enmienda 4, y en las enmiendas 5, 6, 7 y 8, que afectan al gabinete técnico, por coherencia con la anterior, hemos recogido aquellas peticiones que nos ha formulado el propio consejo.

Respecto al Cuerpo Jurídico Militar, en el proyecto de ley se somete a los magistrados procedentes del cuerpo militar al mismo sistema de acceso al Tribunal Supremo que al resto de magistrados, lo que tiene mucha coherencia, señorías, porque, si recuerdan ustedes, hace años los únicos magistrados eran los magistrados de Trabajo, y así uno iba a la Magistratura de Trabajo, porque realmente solo eran magistrados aquellos. La Ley Orgánica del Poder Judicial unificó la carrera judicial incorporando a esos magistrados de Trabajo en una única carrera que era la carrera judicial. A partir de ahí, hay jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Exactamente igual los magistrados del Cuerpo Jurídico Militar que pueden acceder a la sala quinta, a la sala de lo militar del Tribunal Supremo, tienen que tener el mismo acceso que cualquier otro juez o magistrado.

En cuanto a su enmienda 19, relativa a la denominación de letrados, no vamos a incidir en ello. Ya he manifestado en los vetos que ha sido una petición de los secretarios judiciales.

Respecto a la fe pública judicial o la dación de cuentas, exactamente igual. Entendemos que la sistemática empleada es la adecuada y por eso las previsiones de la ley orgánica se complementan con las establecidas en las leyes procesales que regulan la materia.

En cuanto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Vasco, la 342, relativa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera este grupo parlamentario que existe proporcionalidad con los requisitos establecidos en el artículo referente, pero no consideramos necesaria la extensión del ámbito objetivo del precepto sobre la base de la analogía.

Respecto a la 344, los magistrados y fiscales eméritos, quiero agradecer principalmente el trabajo de la señora Rieradevall y el senador Bildarratz por la transaccional que hemos alcanzado. La 347, es exactamente igual que la anterior. La 349, respecto a la Comisión Nacional de Estadística, están presentes las comunidades autónomas en esa Comisión Nacional de Estadística, si bien, como le he dicho con anterioridad, la estadística judicial depende de los letrados de la Administración de Justicia, que es un cuerpo único que depende del Ministerio de Justicia, y consideramos que debe ser así.

Respecto a la Comisión de Igualdad —enmienda 354—, más de lo que hemos comentado. Es más democrático que los propios vocales del consejo elijan entre ellos al que encuentren más preparado, sea hombre o mujer.

Sí quiero poner de manifiesto, porque lo ha dicho en varias ocasiones y no quiero que piense que rehuimos el debate, su enmienda 359 respecto a la jurisdicción universal. Para mí sería muy cómodo decirle que esto lo debatimos tanto en la IX legislatura, que se reformó la justicia universal, como en esta X legislatura.

Usted me preguntaba ¿qué le decimos a la familia Couso? La preocupación que tiene usted la tengo yo y el dolor que usted puede tener lo tengo yo, pero recuerdo que cuando defendimos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial todos ustedes estaban preocupados y nos imputaban a los senadores del Grupo Parlamentario Popular que modificábamos la jurisdicción universal por salvar a unos dictadores chinos. Para nada se hablaba de lo otro. Le aseguro que el dolor que tiene usted por la familia Couso o por hacer bien las cosas lo tenemos todos. Lo único que se hace es regular exactamente igual que en nuestro derecho comparado. ¿Hay justicia en Francia?, ¿hay justicia en Italia?, ¿hay justicia en Alemania? Estamos exactamente igual, recogiendo y regulando tal y como están en estos países que los tenemos por democráticos y tan avanzados la justicia que ellos tienen. Eso es lo que ya hicimos con la reforma de justicia universal en esta X legislatura.

Respecto a los criterios de pruebas de especialización en la enmienda 361, la hemos aceptado y ya ve que todos aquellos magistrados especialistas de lo Penal que aprobaron, y que aun así el Tribunal Supremo por una sentencia suspendió ese examen, lo tendrán por válido en tanto en cuanto se puedan presentar a las pruebas de acceso correspondientes.

Respecto a la enmienda 237 de la Entesa, en cuanto a dolo o culpa grave de jueces y magistrados, entendemos que la responsabilidad del juez que motiva el derecho de repetición puede derivar de una declaración judicial pero también de un procedimiento sancionador que se dé en el propio seno del Consejo General del Poder Judicial, como ocurre con otros funcionarios.

La enmienda 228 planteada por el senador Saura también respecto a la especialización de los juzgados, ya está prevista en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y para nada afecta al principio del juez natural legal o predeterminado por la ley. Lo único que estamos haciendo es que se especialicen determinados juzgados y que incluso esos magistrados sean también especialistas, a lo que tiende en este momento la sociedad.

Respecto a la Comisión de Igualdad me remito a lo que les hemos manifestado.

La 268 planteada por el senador Saura entendemos que no procede respecto a la elección del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, habida cuenta que la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2013 unificó las figuras del vicepresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en una sola figura, siendo elegido por el Pleno del consejo entre miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Por tanto, esa representación está garantizada a través del propio órgano de Gobierno.

En cuanto a la enmienda 271 sobre la capacidad del Tribunal Supremo para elaborar su propio presupuesto entendemos que no es procedente la previsión que contiene la enmienda, toda vez que el Tribunal Supremo se rige por los mismos criterios que el resto de órganos jurisdiccionales en esta materia.

La 272 respecto a las acciones colectivas ampliarlas a acciones individuales, si bien la podemos entender, entendemos que sin perjuicio de compartir que los juzgados de lo Mercantil puedan conocer estas acciones individuales, no parece que pueda darse un trasvase automático de asuntos de los juzgados de lo Mercantil a los juzgados de lo Civil. El cambio de competencia sí que podría suponer una vulneración del juez legal para todos aquellos procedimientos que ahora mismo se hallan en curso.

En la enmienda 252 respecto a los institutos de medicina legal y ciencias forenses, la reforma lo que pretende es dar cobertura a la posibilidad de que los médicos forenses realicen informes periciales a solicitud de los particulares y para nada, señorías, privatizar la medicina forense. Se pretende que esos muy buenos profesionales con que cuentan los juzgados puedan también informar de una manera pericial a determinadas personas que puedan solicitarlo, habida cuenta que eso va a servir para un posterior proceso, habiendo tenido una pericial por alguien que tiene cierta auctoritas en la materia, como es el médico forense.

Respecto a enmienda 132 de la senadora Rieradevall, no consideramos acertada la extensión del ámbito objetivo del precepto sobre la base de la analogía, caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Exactamente igual, la 134, en cuanto a la demarcación judicial ha de fijarse por el Estado conforme a un sistema en el que participan todas las comunidades autónomas.

Hay muchas más cuestiones respecto a los institutos de toxicología. Respecto a los consejos de justicia cumplidamente hemos hablado de ello en los vetos. Respecto al uso de las lenguas cooficiales exactamente igual, debe ser un mérito pero nunca un requisito exigible de manera taxativa. Respecto a la Comisión de Igualdad lo que ya hemos manifestado.

En cuanto a la enmienda 202, relativa a que no se ha manifestado depósito para recurrir, entendemos que el depósito para nada responde a la misma finalidad que la tasa, y el propio concepto jurídico así lo determina y lo hace excluyente.

Y, por último, respecto a la disposición adicional nueva que se corresponde con la enmienda 206 de Convergència i Unió, que pretende añadir una disposición adicional nueva en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, entendemos que no puede exigirse exactamente igual el conocimiento de la lengua oficial para la provisión de plazas en Fiscalías.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Para abreviar, respecto a todas las planteadas por el Grupo Socialista, aunque ya he manifestado con anterioridad determinadas cuestiones, simplemente diré que con las reformas llevadas a cabo respecto al gabinete técnico este no pasa a ser el gabinete del presidente, solo se modifican las competencias. Y, por falta de tiempo, me remito a lo establecido en los vetos.

Por estas y por las razones que ha manifestado el senador de mi grupo que me ha precedido en el uso de la palabra, vamos a votar en contra de las enmiendas planteadas, salvo de las del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Comenzamos con las enmiendas de la senadora Salanueva y del senador Yanguas.

Votamos la enmienda número 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 21; en contra, 138; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 20; en contra, 137; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos las enmiendas números 1, 3, 6, 10 a 12, 19, 21 a 23, 25, 27 a 30, 37 a 39, 43 a 47, 54 a 56 y 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 2, 14 a 18, 20, 24, 31, 32, 35, 40, 41, 48 a 53 y 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 22; en contra, 137; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 4, 7 a 9, 26, 34 y 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 21; en contra, 198; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella, votamos la enmienda 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 18; en contra, 140; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 61 y 63 a 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 19; en contra, 140; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 60 y 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda 361.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 220; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 345.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 18; en contra, 138; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 369.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 20; en contra, 138; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 344 y 351.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 78; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 352 a 354, 357, 359, 366 y 370.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 81; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 342, 356, 358, 362 a 365, 367 y 368.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 18; en contra, 200; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 343, 347 a 350 y 355.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 18; en contra, 198; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 346.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 200; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos las enmiendas 236 y 270.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 217; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 214, 215, 223, 224, 249, 255, 256 y 272.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 227 y 261.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 79; en contra, 140; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 216, 265, 266 y 276.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 78; en contra, 138; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del primer bloque del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 69; en contra, 138; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del segundo bloque de Entesa, comenzamos votando las enmiendas 328 y 329.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 77; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 281, 292, 294 a 298, 300, 304, 311, 314, 319, 320, 330 a 336 y 340.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 282, 284, 285, 289, 290, 291, 299, 301 a 303, 305, 307 a 310, 315, 317, 318, 322 a 327, 337 a 339 y 341.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 69; en contra, 138; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 286 a 288, 306, 313 y 321.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 4; en contra, 196; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos la enmienda 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 159; en contra, 59; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 219; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 160; en contra, 1; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 136 y 212.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 190.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 137; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 137, 167, 176, 177, 178, 200 y 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 138; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 175 y 202.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 81; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 30; en contra, 138; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 156, 199, 201 y 211.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 18; en contra, 137; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 203, 204, 205, 208 y 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 18; en contra, 136; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 133, 138, 154, 155, 158 a 163, 165, 168, 192, 206 y 213.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 26; en contra, 189; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 198.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 27; en contra, 189; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 132, 147, 150, 152, 169, 170 y 185.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 18; en contra, 199; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 197; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas números 87 y 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 221.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas números 68 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 138; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 70, 115, 116 y 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221;



votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 79 y 120.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74, 75, 76, 101, 106, 107 y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 67; en contra, 135; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 372 y 377 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 139; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las enmiendas 371, 379, 381, 385, 392, 398 y 399.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 135; en contra, 82; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 374, 375, 380, 382, 383, 384, 386 a 390, 394, 395, 396, 401 y 402.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 137; en contra, 18; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 376, 378, 391, 397 y 400.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 196; en contra, 17; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda 373.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 140; en contra, 62; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 656, sobre la enmienda número 33 de los senadores Iglesias y Mariscal y la enmienda 312 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 160; en contra, 58; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 657, sobre la enmienda número 36 de los senadores Iglesias y Mariscal y la enmienda 316 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 142; en contra, 60; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 658, sobre la enmienda número 360 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 659, sobre la enmienda número 71 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 217 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 143; en contra, 58; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 660, sobre la enmienda número 130 del Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda 279 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 220; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 188 661, sobre la enmienda número 157 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 219; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 663, sobre la enmienda número 124 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 274 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 664, sobre la enmienda número 13 de los senadores Iglesias y Mariscal y la número 293 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 142; en contra, 75; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 188 665, sobre la enmienda número 5 de los senadores Iglesias y Mariscal y la enmienda 283 del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 142; en contra, 57; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas aprobadas en la comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 203; en contra, 15; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 140; en contra, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE ESPAÑA EN EUROJUST, LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, LAS REDES JUDICIALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL EXTERIOR. 621/000124 Justicia

El señor presidente da lectura al punto 12.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Presentamos el dictamen del proyecto de ley por la que se regula el estatuto de miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.

El proyecto de ley que sometemos en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 22 de mayo, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 3 de junio, fue ampliado hasta el día 10 de junio de 2015.

A este proyecto se han presentado 23 enmiendas. El día 10 de junio la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 18 de junio para emitir su informe, en el que no introdujo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión, igualmente, se reunió para dictaminar ese mismo día, el 18 de junio, y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Vamos a comenzar el debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos ante un proyecto de ley que viene inducido por la necesaria aplicación efectiva de la Decisión del Consejo del 28 de febrero del año 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia y, a su vez, por la Decisión del Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo.

En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el artículo 85 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea otorga a Eurojust la función de apoyar la coordinación y la cooperación entre las distintas autoridades encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros y que debe perseguirse según criterios comunes. Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo la adopción de reglamentos que regulen la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Eurojust. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

En este sentido, el proyecto de ley que hoy debatimos se dirige a establecer las normas necesarias para adaptar la Decisión europea de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifican las decisiones precedentes para fortalecer la lucha contra las formas graves de delincuencia e incorporar su contenido a nuestro ordenamiento jurídico.

Este es el objetivo de este proyecto de ley, objetivo que compartimos plenamente. Por ese motivo, queremos votar a favor. Aun así, hemos presentado unas enmiendas que esperamos que puedan ser aceptadas. Las vamos a defender en el próximo turno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Estamos en el debate de totalidad.

¿Algún otro interviniente? (Pausa).

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Socialista para debatir sobre la implementación de la Decisión 2009/426, del Consejo de Justicia e Interior. El contenido de este proyecto de ley deja perfectamente clara su finalidad de reforzar, y así lo hace, Eurojust, modificando la Decisión de 2002, de creación, regulando el Estatuto como miembro y sus relaciones con este órgano de la Unión Europea, e incorporando la regulación de los magistrados de enlace. Es necesario recordar que esta agencia pretende la mejora de la coordinación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros en la lucha incansable contra la delincuencia organizada de niveles supranacionales. En un mundo cambiante, como es el actual, ha sido necesario adaptar los parámetros en las diferentes modificaciones, fruto de las experiencias de los casos tramitados, la mayoría de ellos con un gran calado en la sociedad, para mejorar la competencia y alcance de este importante organismo de lucha contra la delincuencia, trasponiendo la norma europea al ordenamiento jurídico español y las relaciones con las autoridades nacionales.

En este ámbito, también hay que destacar los aspectos relativos a la prevención y resolución de conflictos, jurisdicción en los procesos penales y regulación del sistema de consultas. También nos parece adecuada la regulación del personal profesional que, dependiente del Ministerio de Justicia, trabaja en el exterior, lo que debe facilitar en un futuro mejorar todos aquellos aspectos relativos a la eficacia en la consecución de los objetivos establecidos en la Decisión 2002 y posteriores.

Somos conscientes de la importancia de esta ley, de esta mejora legislativa, que sin lugar a dudas repercutirá positivamente en la obtención de unos mejores resultados, de unos buenos resultados en la lucha permanente contra la delincuencia, en la que la homologación de los estatutos de los miembros nacionales de Eurojust también redundará en una mayor fluidez y acercamiento, positivo a todas luces.

En esta línea, consideramos importante el aumento en el número de personas que van a desempeñar su trabajo en Eurojust, su composición y la regulación de su mandato por cuatro años, al igual que la sede habitual de trabajo. Con idéntico carácter, nos parece correcto el apoyo que este miembro nacional va a recibir, siendo asistido por un suplente y un asistente, con una movilidad, en este caso, más flexible, que también redundará en las investigaciones y trámites que hay que realizar.

En relación con el contenido de este proyecto de ley, existe otro pilar destacable, al que se ha hecho referencia en la anterior intervención de manera somera, como es el sistema nacional de coordinación de Eurojust, que debe reforzar la trasmisión de la información y los canales de comunicación de los miembros nacionales ante Eurojust con las autoridades.

En otra parte del proyecto de ley, y siempre con la necesidad que tiene el tránsito de información, es trascendente que el representante nacional, suplente o asistente, tenga un marco que le faculte y facilite la obtención de información con cualquier autoridad nacional dentro de unos plazos razonables, de obligada contestación a sus requerimientos, descartando así cualquier demora injustificada en las respuestas a dichos requerimientos, básico para la correcta, eficiente y ágil labor en la lucha contra la delincuencia organizada y trasfronteriza.

Al igual que lo anteriormente indicado, la creación de la cédula de coordinación de emergencia y su disponibilidad permanente, así como la obligación de los Estados para su operatividad inmediata, supondrá una acción en tiempo real necesaria para atajar las que hoy en día están y son constituidas organizaciones criminales.

Todos estos aspectos son importantes, aunque de nada sirven si no se tienen en cuenta los posibles incumplimientos por parte de algunos de los miembros, relativos a denegaciones reiteradas o al no correcto cumplimiento de los Estados en materia de ejecución de sentencias, donde la ampliación de las funciones del Colegio de Eurojust actuará corrigiendo estos posibles casos.

Señorías, independientemente de la defensa de las enmiendas que llevaré a cabo en el siguiente turno, el correspondiente a su defensa, y siempre ante la necesidad de mejorar a través de ellas el texto que aquí se nos ha presentado —enmiendas no solo de nuestro grupo, sino también del resto—, entendemos que dicha norma, aunque por supuesto siempre es mejorable, es, en líneas generales, adecuada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

Pasamos a las enmiendas.

Por el Grupo Vasco, para la defensa de las enmiendas 4 a 6, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Tal como usted decía, hemos presentado tres enmiendas. La enmienda número 4 es al artículo 5, sobre la memoria de actividades. El miembro nacional remitirá, además de al ministro de Justicia, a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, un informe anual de las actividades desarrolladas que hará llegar a las Cortes Generales y a las cámaras legislativas de las comunidades autónomas.

En el ámbito de integración en la Unión Europea, las comunidades autónomas juegan un papel importante y pueden jugar todavía un papel mucho más importante que el que les dota el Comité de Regiones. Nosotros apostamos por ello, y por eso planteamos esta enmienda, al igual que la enmienda número 5, donde hablamos de la Ertzaintza y de los Mossos, que son policías integrales y ejercen funciones de policía integral. Siendo esto así, resulta totalmente justificada y necesaria su presencia en los asuntos que puedan tratarse en el ámbito del sistema de coordinación de Eurojust que puedan resultar de interés para esta comunidad autónoma. Estamos hablando de una policía integral.

Y en la última enmienda están los mismos argumentos que acabo de decir, porque la Ertzaintza es policía integral y tiene que jugar un papel importante. Tiene muchos recursos, tiene una gran capacidad, tiene una gran experiencia y no entendemos la cerrazón del grupo mayoritario, que no entiende que la Ertzaintza y los Mossos son policías integrales, son policías que están dentro de unas comunidades autónomas con competencia plena en este ámbito y además, como decíamos antes, en el desarrollo de la Unión Europea y en el desarrollo de integración de la Unión Europea las comunidades autónomas pueden jugar un papel muy importante a la hora de definir este proceso de integración europeo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, portavoz. Gracias, señor Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las enmiendas 21 a 23. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervendré también con brevedad y desde el escaño porque en realidad tenemos solo tres enmiendas, la 21, la 22 y la 23. Se trata de un proyecto de ley, como se ha dicho, que compartimos en la medida en que adapta a la legislación española la Directiva 2009/426, de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, que modifica nuestra Ley 16/2006, por la que se regulaba nuestra presencia en Eurojust. Lo que pretendemos con nuestras enmiendas, básicamente la 21 y la 22 porque la 23 es más bien técnica, es sobre todo asignar un papel al control parlamentario que deben ejercer, también en materia de Eurojust, las Cortes Generales. Planteamos que, una vez designado el candidato a miembro nacional ante Eurojust, comparezca tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Senado para ser evaluado por las Cortes Generales, y en caso de que no recibiese como mínimo el voto de las tres quintas partes tanto del Congreso como del Senado, que se modifique esa candidatura y que se presente una de nuevo. Entendemos que es poner en valor el papel de las Cortes Generales, de ambas Cámaras, y que es necesario también en un tema tan importante y de tanta relevancia como es la colaboración con la justicia europea. Por tanto, esperamos del grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno su sensibilidad y su interés por un tema que entendemos que afecta al conjunto del ámbito parlamentario en España.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Sabaté.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta las enmiendas 7 a 12 y 17 a 20.

Tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de diez enmiendas: ocho de modificación, una de adición y una de supresión. Hemos presentado un grupo de enmiendas que podían llamarse competenciales, como la número 7, que pretende que la memoria de actividades que elabora el miembro nacional de España en Eurojust sea remitida para su conocimiento no solo a las Cortes Generales, sino también a las cámaras legislativas de las comunidades autónomas. O la enmienda número 10, que insiste en la presencia de las policías autonómicas, tal y como se ha referido también el portavoz del Grupo Vasco, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza, en los asuntos que puedan tratarse en el ámbito del sistema de coordinación nacional de Eurojust y que puedan ser de interés para la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

La enmienda 19 modifica el apartado 3 del artículo 33. Pretende que las policías autonómicas se encuentren plenamente capacitadas para constituirse en punto de contacto a los efectos de su posible participación en las redes de cooperación judicial internacional cuando así se requiera.

Mi grupo ha defendido reiterada e insistentemente en la Comisión de Interior —el señor Guillaumes en el Congreso y el senador Sendra en esta Cámara—, en cada proyecto de ley y en distintos debates, la necesaria consideración de las policías autonómicas a la hora de formar parte de esas bases de datos policiales, que no es otra cosa que integrarlas en el cumplimiento de una misión compartida entre todos, que es una misión para ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Para ello, debemos compartir bases de datos y dar a las policías autonómicas la necesaria intervención en las leyes que aprobamos en esa cámara.

Hemos presentado otro grupo de enmiendas que recogen lo que nos pide el Consejo de Estado en la línea del informe del Consejo Fiscal. Ambos han criticado con contundencia el cambio de modelo por el que se elimina el papel que venía realizando la Fiscalía General del Estado en el tema de las comunicaciones, las solicitudes, la recepción y las trasmisiones de información. Consideramos que esta eliminación no es útil, porque la Fiscalía General del Estado debe tener un papel en este proyecto de ley. Por este motivo, algunas de nuestras enmiendas pretenden recoger el papel que, respecto a las posibilidades de coordinación e intermediación en este ámbito, debe y puede tener la Fiscalía General del Estado. Tal y como está previsto en el proyecto, la Fiscalía parece que actúe como una mera oficina administrativa de recepción y automática remisión de información a Eurojust, lo cual devalúa sus funciones y crea burocracia innecesaria. Por ello se propone que, cumpliendo con lo establecido en la Instrucción 3/2011, la Fiscalía ejerza un control de las notificaciones a Eurojust valorando la concurrencia de los requisitos.

También hemos presentado la enmienda número 8, mediante la cual pretendemos corregir en el proyecto el hecho de que la asistencia solo pueda prestarse desde la sede de Eurojust en Madrid, ya que en realidad esa asistencia puede prestarse desde cualquier ciudad de territorio español o incluso desde el propio destino sin necesidad de desplazarse. No lo consideramos necesario, y menos teniendo en cuenta que a la convocatoria pueden presentarse magistrados, fiscales y secretarios judiciales de todo el territorio español.

La enmienda 9 propone modificar el artículo 7.4, pues consideramos razonable que la asistencia, además de prestar apoyo al miembro nacional, tenga facultades de sustitución cuando su lugar de trabajo sea La Haya.

Y finalmente, presentamos la enmienda número 20, de supresión, referente al artículo 38 del proyecto de ley. Este modifica no solo el texto, sino el espíritu de la vigente Ley 16/2006, que obliga a que los magistrados de enlace sean necesariamente jueces o fiscales con más de cinco años de servicio para permitir un nombramiento completamente discrecional en el que ni siquiera se exige expresamente ser funcionario.

Los temas con los que trabajan los magistrados de enlace son normalmente temas procesales relacionados con procedimientos penales, extradiciones, resoluciones europeas de reconocimiento mutuo, comisiones rogatorias, y debería seguir manteniéndose la necesidad de que fueran jueces o fiscales. Para respetar tanto la trasparencia como los criterios de mérito y capacidad, esos nombramientos deberían hacerse previo concurso de méritos, como proponía tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado en los informes al anteproyecto.

Esperemos, pues, una votación favorable a nuestras enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

En nombre del Grupo Socialista, para la defensa de las enmiendas 1 a 3, tiene la palabra el señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias.

Como ha indicado el presidente, el Grupo Socialista ha presentado un total de tres enmiendas, la 1, la 2 y la 3. La número 1 es una enmienda que propone la modificación del artículo 2.1, apartado que indica que el miembro de España en Eurojust será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, entre magistrados o fiscales con al menos quince años de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicción penal, conocimientos en materia de cooperación jurídica internacional y dominio del idioma inglés. La incorporación que nosotros solicitamos es que exista una previa comparecencia de la persona propuesta como candidato ante las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado.

En lo que se refiere a la enmienda número 2, que además es coincidente con las de otros grupos, es una enmienda de adición dirigida al artículo 2.2. Consideramos que también las Cámaras deberían pronunciarse sobre la propuesta de nombramiento, que se entendería rechazada si obtuviera el voto negativo de tres quintas partes de sus miembros. Se trata, como es lógico, de dar una mayor relevancia al Parlamento en la designación de estos representantes.

En cuanto a la enmienda número 3, a la disposición derogatoria única, es una enmienda de modificación para exceptuar de la derogación la disposición final primera de la Ley 16/2006, por la que se regula, mediante la que se había incluido en su momento y con el consenso de todos los partidos políticos una modificación de la Ley de enjuiciamiento civil, indicando que la comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser licenciado en derecho, legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio. Esta es también otra de las enmiendas que hemos propuesto y que en su momento fue apoyada por todos los grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

En turno en contra tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Buenas tardes.

Con la venia, señor presidente, paso a contestar en turno en contra a las enmiendas propuestas por los distintos grupos políticos. Quiero decir de antemano que vamos a rechazar todas ellas. (Rumores). Voy a dar las explicaciones oportunas, tranquilícense.

En cuanto a las enmiendas primera y segunda, del Grupo Parlamentario Socialista, no compartimos la necesidad de que las Cortes Generales participen en el nombramiento. La ley define con absoluta y nítida claridad los requisitos que deben exigirse al candidato para poder ser nombrado. Además, la ley también establece la necesidad del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado, en función de cual sea la carrera de procedencia del funcionario. Dicho informe ya valora adecuadamente la idoneidad del candidato y, además, por las instituciones que entendemos que son las más apropiadas para ello. Por tanto, en esa línea tampoco se comparte la idea de otorgar a la Cámara un derecho de veto sobre el candidato propuesto dado que para el perfil de las funciones que va a desempeñar se considera suficiente con que sea el Gobierno quien lo designe, avalado, además, por las instituciones que hemos mencionado, las más implicadas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

En cuanto a la enmienda número 3, que es igual que la 23 de la Entesa —del mismo modo que la 1 y la 2 del Grupo Socialista, a las que ya he dado respuesta, son exactamente iguales que la 21 y la 22 de la Entesa—, también rechazamos la propuesta dado que lo dispuesto en la disposición final primera está integrado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que entendemos que no precisa ser exceptuado de la derogación.

En cuanto a la enmienda número 4, propuesta por el Grupo Vasco en el Senado, no compartimos la necesidad de incluir esta previsión. La remisión de la copia de la memoria a las Cortes Generales cobra su sentido en el marco de la función de control que las Cortes ejercen sobre el Gobierno como depositarias de la soberanía nacional.

Esta función, como es sabido, no corresponde a las cámaras legislativas autonómicas, que tienen atribuida la función de control sobre los gobiernos autonómicos, pero en ningún caso sobre el Gobierno de España. Por tanto, dado que todas las comunidades autónomas están representadas aquí en el Senado, en tanto que Cámara de representación territorial, entendemos que no procede aceptar la enmienda propuesta.

En cuanto a las enmiendas números 5 y 6, propuestas también por el Grupo Parlamentario Vasco, teniendo en cuenta que coinciden con las presentadas en el Congreso, y dado que la respuesta debe ir en la misma línea de la que allí tuvo lugar, serán rechazadas siguiendo los criterios del Ministerio del Interior.

Respecto a la enmienda número 7, correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, no compartimos la necesidad de incluir la previsión que propone. La remisión de la copia de la memoria a las Cortes Generales cobra su sentido en función del control que las Cortes tienen en nombre de la soberanía nacional. En esta misma línea se encuentra la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Por lo tanto, también la rechazamos.

La enmienda número 8, presentada también por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, no nos parece adecuada, teniendo en cuenta que el asistente deja de prestar servicios en su puesto de origen —el juzgado o la fiscalía, dependiendo de la carrera de procedencia— y pasa a desempeñar las funciones de asistente en exclusiva, luego pierde sentido el argumento invocado de prestar servicios desde su propio destino sin necesidad de desplazarse. El asistente debe, en todo caso, abandonar su puesto de trabajo y pasar a desempeñar esas nuevas funciones. Además, de aceptarse la modificación propuesta, eliminaríamos de la ley la previsión que ahora contiene el artículo 7 in fine, que dice exactamente: «Si el asistente tuviera su lugar de trabajo en Madrid, su sede estará en la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia, en función de la carrera de procedencia». Por lo tanto, ya que no sería posible precisar en este momento cuál va a ser su lugar de trabajo, tampoco sería aconsejable la enmienda.

Por último, teniendo en cuenta las labores de coordinación y colaboración de las autoridades nacionales, y que la oficina del Eurojust está en La Haya, lo más operativo es que el asistente tenga su sede en Madrid, en el Consejo, en la Fiscalía o en el Ministerio de Justicia, en función de su carrera de procedencia.

En cuanto a la enmienda número 9, presentada también por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, quiero anunciar que la rechazamos, pues no nos parece adecuada la previsión que recoge, dado que ya existe un miembro nacional suplente. Además, el asistente no puede tener su residencia en La Haya, por lo que en estos casos la facultad de suplencia quedaría vacía y el simple hecho de que el asistente pueda no tener su trabajo en La Haya evidencia que no es necesario que haya una segunda persona para suplir al miembro nacional. La Decisión no establece como obligatoria la suplencia del asistente, por lo que el proyecto de ley ha optado por un solo modelo de suplencia con residencia obligatoria en La Haya.

En cuanto a las enmiendas números 10 y 19, presentadas por el Grupo Catalán, dado que coinciden con las presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso, las rechazamos con el mismo criterio que el Ministerio del Interior adujo entonces.

Las enmiendas 13, 14, 15 y 16 se han retirado.

En cuanto a las enmiendas 11 y 12, hacer pivotar todas las comunicaciones entre Eurojust y las autoridades nacionales sobre la Fiscalía en exclusiva vaciaría de contenido las funciones del coordinador nacional, que es el responsable de que la información que se transmita a Eurojust sea adecuada. Por otro lado, también diseñaría un sistema con excesivo protagonismo de la Fiscalía en detrimento de los órganos judiciales, que también asumen un gran número de competencias desde la entrada en vigor de esta ley. En el proyecto de ley se diseña un sistema que, aunque a lo mejor no es el perfecto, nos parece más abierto y flexible. Residencia parte del protagonismo en la Fiscalía como cauce ordinario de comunicación, pero no exclusivamente en ella, pues lo comparte con otros órganos judiciales.

En cuanto a la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Catalán, no aceptamos la modificación propuesta en cuanto al texto del proyecto de ley porque este ya recoge todas las previsiones y el Consejo de Estado, en su informe, no dio ninguna información sobre este asunto.

Asimismo, también rechazamos la enmienda número 20, de supresión del artículo 38, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, pues el proyecto de ley no contiene estas especificaciones en el artículo 38, que establece que el régimen jurídico aplicable a todo el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior se definirá mediante real decreto. No se ha establecido un sistema de nombramiento totalmente discrecional, en el que ni siquiera se exige ser funcionario, como dice el grupo parlamentario, sino que se ha habilitado el desarrollo reglamentario en el que sí se desarrollarán detalladamente todos esos proyectos. Además, al margen de solicitar que se suprima el artículo, sus señorías no han presentado una alternativa para regular a los magistrados de enlace y demás personal en el exterior, por lo que, en todo caso, suprimir este artículo, tal y como proponen sus señorías, supondría dejar sin ninguna regulación a estas figuras.

Las enmiendas números 21 y 22, de Entesa, ya las hemos visto junto a las números 1 y 2 del Grupo Socialista, y la enmienda número 23, también de Entesa, la hemos visto en la enmienda número 3 del Grupo Socialista. Por tanto, solo nos queda comentar la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que propone sustituir la expresión «deber de colaboración» por «deber de transmisión». Entendemos que la modificación en innecesaria puesto que dentro del concepto «deber de colaboración» se entiende lógicamente el «deber de transmisión».

Por todo ello, señorías, vamos a rechazar las enmiendas propuestas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Rodríguez Comendador.

Turno de portavoces.

El Grupo Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo algunas disposiciones necesarias para desarrollar la Decisión 2009/426/JAI, del Consejo de Justicia e Interior, de 16 de diciembre de 2008. El objetivo es, tal como se ha comentado, incrementar y adecuar la coordinación entre las autoridades judiciales de los Estados miembro, con lo que se establecen unos sistemas de coordinación con Eurojust para poder transmitir información y comunicación de las autoridades competentes. Y es aquí, senador Rodríguez Comendador, donde quisiera hacer una reflexión sobre el papel de la Ertzaintza y el de las comunidades autónomas, basándome en lo que usted ha comentado a la hora de evaluar y razonar por qué no aceptan nuestras enmiendas.

El Tratado de Lisboa en su artículo 5.2 concede un papel muy importante a las comunidades autónomas. Según ese artículo 5.2 en estos momentos todas las comunidades autónomas juegan un papel con las Cortes Generales a la hora de evaluar determinados principios; por ejemplo, el principio de subsidiariedad. Por tanto, ¿es suficiente el papel que juegan las Cortes Generales? No, porque el Tratado de Lisboa ya posibilita en su artículo 5.2 el papel de las comunidades autónomas que, además, ya lo están realizando; ese el primer punto. Y el segundo punto es que, en base a los criterios del Ministerio del Interior, nos dice que no al papel de la Ertzaintza. Pero, ¿cuáles son esos criterios del Ministerio del Interior? En este sentido, lo único que le pregunto es si la Policía autónoma vasca es o no una policía integral. ¿Tiene que luchar contra el terrorismo internacional o no tiene que luchar contra el terrorismo internacional en un mundo global —como diría el difunto Ulrich Beck—, de riesgos globales? ¿O en Euskadi y en Cataluña vamos a hacer una serie de excepciones para determinados puntos? No hay más que ver, por ejemplo, la última actuación que llevaron a cabo en Cataluña los mossos a la hora de detener a una serie de yihadistas —o presuntos yihadistas—, además del conflicto que pudiera existir entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior.

Sin duda, está claro el papel y que la delincuencia no tiene fronteras, con lo cual si este proyecto de ley establece los sistemas de coordinación, es evidente que las Policías autonómicas, que como decíamos son integrales, también deben jugar un papel muy importante.

En nuestra opinión, de lo que estamos hablando es del papel que tienen que jugar las comunidades autónomas dentro del proceso de integración de la Unión Europea.

Le voy a poner un ejemplo: los länder. En Alemania los länder juegan un papel muy importante en el establecimiento de las políticas de integración en la Unión Europea. No se entiende la relación del Bundestag y el Bundesrat sin el otro, mientras que en esta Cámara de representación territorial el grupo mayoritario juega el papel de no hacer ningún caso a las comunidades autónomas ni a aquellos que las representamos. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos haciendo un flaco favor.

Como última reflexión: hoy se ha aprobado una moción prácticamente por asentimiento, de reflexión y propuesta al Gobierno en el ámbito de la Unión Europea. En este sentido, me quedaría con dos elementos que se han aprobado en la citada moción: primero, el punto decimoquinto, donde viene a hablar de estar unidos en la diversidad, en este mundo de riesgos globales; y, segundo, trabajar para lograr una Unión Europea de corte federal. ¿No cree que la intervención de estas Policías autonómicas y de las comunidades autónomas no reflejan en mayor medida esos dos mensajes que hemos aprobado: unidos en la diversidad y trabajar para lograr una Unión Europea de corte federal?

Les pido que reflexionen nuevamente sobre estas enmiendas y que las apoyen porque entiendo que son positivas para todos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Intervengo solamente para poner de manifiesto que no sé si son conscientes de que en cada proyecto de ley que discutimos aparece el tema territorial. Hemos hablado hace un momento de la Ley del poder judicial y hemos discutido durante bastante tiempo si debían existir consejos de Estado o no. Hemos hablado del poder judicial y hemos debatido sobre si era necesario o no que todo el mundo pudiera entender y hablar el catalán y el castellano. Ahora hablamos del papel de la policía integral o de la ubicación de la existente, y mañana, cuando hablemos de la ley de montes, volverá a aparecer esta cuestión. Por ello, creo que es necesario solucionar el modelo territorial porque es un tema que atraviesa absolutamente todo, discutamos sobre el judicial, sobre montes o sobre Eurojust.

Nos parecen muy oportunas dos enmiendas que se han planteado. La primera es la relativa a que el asistente pueda vivir en Bruselas o en Madrid, pero no en cualquier otra ciudad del territorio español. Sin embargo, el portavoz del Partido Popular la ha rechazado porque dice que es más operativo que viva en Madrid. ¿Por qué es más operativo que viva en Madrid, en el siglo XXI? ¿Por qué razón? No hay ninguna razón. Si además fuera por operatividad, todos deberíamos venir a vivir a Madrid. Por lo tanto, no puede ser verdad que en el texto de un proyecto de ley se rechace esa posibilidad.

Por lo que se refiere a la Policía, les voy a leer lo que dice el texto del estatuto aprobado sin ninguna limitación por el Tribunal Constitucional: Una de las funciones de la Policía de Cataluña se desarrolla en el ámbito internacional y en las operaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países; y, además, de acuerdo con el Estado, ha de estar presente en los grupos de trabajo y de colaboración con las Policías de otros países en que participe el Estado. Es decir, que se está planteando que los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza estén presentes en los grupos de trabajo internacional. ¿Por qué no lo están? ¿Por qué no están en ninguno? ¿Por qué no se cumple el estatuto? Es una policía integral que, como se ha dicho aquí, desarrolla todas las funciones, de terrorismo, de drogadicción y de orden público, pero desde sectores del Estado se considera una policía de segundo orden a la que no se le permite estar en los organismos y en los grupos internacionales.

Por lo tanto, en relación con este proyecto de ley, nos parece inconcebible que la ubicación del asistente se sitúe únicamente en Bruselas o en Madrid porque hoy, en el siglo XXI, puede estar en cualquier sitio. Y, además, también nos parece inconcebible —y contrario a una ley orgánica— que no haya relación ni coordinación de los Mossos o la Ertzaintza con las Policías internacionales, como está recogido en la Constitución.

Para acabar, les diré que todos los proyectos de ley que estamos debatiendo, todos, están padeciendo por la insuficiencia, a nuestro entender, de un modelo territorial con una perspectiva federal, que supere los tics antiguos que aún quedan en esta Cámara.

Nada más y Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Mi grupo considera una pretensión loable adaptarnos a las decisiones del Consejo Europeo sobre Eurojust y, por ello, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

A pesar de que no compartimos los criterios argumentados por el senador Rodríguez Comendador para rechazar todas nuestras enmiendas, vamos a votar a favor. Sin embargo, lamentamos que no las vayan a aceptar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz en esta área, el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, presidente.

La verdad es que en esta segunda intervención en relación con las enmiendas, y después de haberlas explicado y de haber apoyado su importancia en relación con este proyecto, entendía que se nos iban a dar unas contestaciones un poco más completas, sobre todo en aquello que se refiere a la denegación de la comparecencia de estas personas, de estos candidatos. En este sentido, aunque es verdad que son propuestos por un real decreto del Consejo de Ministros y que, además, traen un informe previo, avalado por el Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del Estado, entendíamos que habría que dar importancia a las Cámaras —y más aún en el caso de los senadores, que tenemos que dar competencias al Senado— y celebrar una comparecencia de estas personas en las diferentes comisiones sería interesante. Es más, en todo caso, aumentaría el respaldo que pudieran tener, máxime si tenemos en cuenta que cuando nos interesa hacemos referencia al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, y cuando no nos interesa, no les hacemos caso. Por tanto, no me parece una contestación adecuada, aunque imagino que quien la ha dado la habrá meditado, como no puede ser de otra manera.

Para nosotros Eurojust tiene una gran importancia —antes se lo hemos indicado— en los órganos nacionales —y en este caso, europeos— encargados de perseguir la delincuencia. Hay que tener en cuenta que a día de hoy la integran 28 países y, por lo tanto, es una agencia de muchísimo peso que se creó para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el fraude, contra la trata de seres humanos, contra las acciones de terrorismo, la corrupción a todos los niveles, los delitos informáticos y el blanqueo de capitales. Muchos de estos delitos han llegado ya a los hogares españoles; por ejemplo, todos los que tienen que ver con los delitos informáticos, que ya se sufren y que en la inmensa mayoría de los casos provienen de redes de delincuentes perfectamente organizadas y que exceden de las fronteras nacionales. Se trata de grupos delictivos que, además, ya están en todos o en muchos de los ámbitos de la economía y también en los ámbitos sociales de nuestros países. Por eso, entendemos que los objetivos son claros, que hay que facilitar la cooperación judicial en beneficio de esa lucha contra estas formas graves de delincuencia, en investigación de determinados delitos que afecten a dos o más miembros, en coordinación, apoyo y fomento de la cooperación, en investigaciones que afecten a un Estado miembro o en apoyo a la petición de un Estado miembro.

Por ello, nos parece importante que todos apoyemos a esta agencia, aparte de por todas las razones que he indicado, por otras de peso. Y es que nuestro país, España, es uno de los países más requeridos internacionalmente. Esto es indicativo de muchas cosas, desgraciadamente muchas de ellas por circunstancias y hechos negativos. Por ello, es necesario que nuestro país sea muchísimo más activo, de mucho más uso de Eurojust y más colaborador de lo que ha lo sido hasta la fecha.

Por lo tanto, voy a finalizar mi intervención haciendo referencia a esa persecución importante de los delitos, que debemos tener siempre presente dentro de esa labor legislativa que tenemos encomendada, estableciendo los medios humanos, materiales y legislativos para la consecución de los objetivos. Se debe perseguir a estas mafias, se debe perseguir a estos grupos organizados de delincuencia que operan traspasando las fronteras para, insisto, conseguir este objetivo y dar cumplimiento a las funciones de Eurojust.

Por otro lado, me alegro del consenso que ha alcanzado esta ley, para que todo el mundo se dé cuenta de que no existe ninguna radicalidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

Por el Grupo Popular cierra el debate el senador Arias Navia.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, el tono de los portavoces que han intervenido.

Quiero decirle al portavoz del Grupo Nacionalista Vasco que los criterios son la Constitución española y la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que establece la distribución material de competencias. A partir de ahí, obviamente, las labores de coordinación se realizan en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Como todos saben, Eurojust se creó en 2002 con el objetivo de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia. Esta decisión se incorporó a nuestro ordenamiento mediante la Ley 13/2006, que regula actualmente el Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea; en 2008, mediante la Decisión 2009/426/JAI, se modificó para reforzar Eurojust con la intención de profundizar en la operatividad y aproximar lo más posible el estatus de los diferentes miembros nacionales, garantizando un mínimo común en lo que a competencias y poderes se refiere.

Por lo tanto, el primer objetivo de este proyecto es y era trasponer la norma europea a nuestro ordenamiento jurídico e incorporar las novedades que afectan a Eurojust y sus relaciones con las autoridades nacionales competentes. Además, se incorporan las previsiones contenidas en la Decisión Marco 2009/948/JAI, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, y regula un sistema de consultas y decisiones entre las autoridades competentes de los países afectados por el eventual conflicto de jurisdicción.

También se regula el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, ya que el incremento de plazas de personal y también la diversidad de sus perfiles aconsejan regular de manera expresa la creación de plazas de magistrados de enlace, consejeros de cooperación jurídica o consejeros de justicia. En este sentido, el proyecto de ley contiene una habilitación expresa al desarrollo reglamentario para determinar su régimen jurídico.

Finalmente, la norma aprovecha para adaptar al ordenamiento español las previsiones de la Decisión 2008/976/JAI del Consejo, con el fin de establecer una regulación más completa de las redes internacionales de cooperación.

En lo esencial, este proyecto de ley sigue el modelo de la Ley de 2006, que ha permitido que la imagen de la delegación española en Eurojust sea muy positiva; y, al mismo tiempo, se han hecho ajustes en el modelo de la regulación de Eurojust a la normativa europea y a la realidad actual de cooperación internacional judicial.

Como novedades en cuanto a la composición nos encontramos con un miembro nacional, un suplente y un asistente; se refuerza la profesionalidad del miembro nacional y el adjunto cuando se eleva de diez a quince los años necesarios de experiencia; y, además, por lo que respecta al asistente, también se le exigen diez años.

En cuanto al estatuto, se mantiene la dependencia orgánica del miembro nacional y también su nombramiento por real decreto, al igual que el miembro suplente y el asistente, quedando todos en situación de servicios especiales. La duración del mandato pasa de tres a cuatro años, renovable por otros cuatro, siendo el cese obligatoriamente motivado.

Como bien han dicho todos los portavoces, se crea un sistema nacional de coordinación con Eurojust, en el que están representadas todas las instituciones: fiscalía, poder judicial y ministerio, para establecer de manera clara el cauce de comunicación, manteniendo la fiscalía general, como se ha dicho, sin perjuicio de que cada autoridad judicial pueda comunicarse directamente con el miembro nacional y, por ello, se nombra un coordinador, que es el enlace y el responsable último de esa interlocución.

En lo que se refiere a los conflictos de jurisdicción, como saben, la norma estaba pendiente de trasposición a nuestro ordenamiento y, por tanto, se incorpora con este proyecto de ley.

En definitiva, señorías, estas son las líneas generales y las novedades que incorpora este proyecto de ley. Creo que todos coincidimos en la necesidad de la trasposición de la normativa europea para regular las redes de cooperación judicial internacional, los conflictos de jurisdicción y las condiciones del personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.

Creo que estamos de acuerdo en lo esencial, y por ello les pido el voto favorable para este proyecto de ley.

Quiero expresar mi agradecimiento a aquellos que han manifestado previamente su apoyo, así como su trabajo y su atención.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Arias.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Eurojust.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, números 4 a 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 21 a 23 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 7, 10 y 19 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 1, 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 66; en contra, 143; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 212; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 621/000118 Interior

El señor presidente da lectura al punto 12.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente. Intervendré con la mayor brevedad.

El pasado 24 de noviembre de 2014 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. Con diversas modificaciones, el Pleno de dicha Cámara aprobó el proyecto de ley en sesión celebrada el día 23 de abril de 2015, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el pasado 30 de abril de este mismo año. El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado día 21 de mayo, y durante dicho plazo se presentaron dos propuestas de veto y ciento setenta y dos enmiendas; retirándose posteriormente una de estas.

La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por la señora Capella i Farré, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el señor Bruguera Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió; los señores Cascallana Gallastegui y Ángel Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; y, finalmente, los señores Aznar Fernández y Represa Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, reunida el día 3 de junio de este año, emitió informe sobre este proyecto de ley proponiendo incorporar determinadas modificaciones de carácter gramatical o de orden técnico.

La comisión se reunió posteriormente el día 11 de junio para dictaminar este proyecto de ley. En dicha sesión se defendieron y votaron las propuestas de veto, que resultaron rechazadas. Se deliberó, a continuación, sobre las enmiendas presentadas y, sometido a votación el informe de la ponencia con las modificaciones propuestas en el curso del debate, resultó aprobado y, en consecuencia, dictaminado el Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

El dictamen de la comisión y los votos particulares presentados han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, con fecha 16 de junio de 2015.

Este proyecto de ley tiene como objetivo, según expresa su preámbulo, actualizar el régimen estatutario general de la Policía Nacional, reuniendo al propio tiempo en un texto legal sus aspectos principales. Así, se regulan: la adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional, los derechos individuales y de ejercicio colectivo, el régimen de deberes e incompatibilidades, la ordenación del Cuerpo Nacional de Policía en escalas y categorías, el régimen de uniformidad y distintivos y armamento, el régimen de ingresos y formación, la carrera profesional y la provisión de puestos de trabajo, las situaciones administrativas, la protección social y régimen de distinciones y el régimen de representación y participación de los funcionarios. La regulación contenida en este proyecto se desarrolla en 97 artículos ordenados en 13 títulos sucesivos. Completan el articulado 6 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 10 disposiciones finales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Acabamos la legislatura con un Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, pero sin que se aborde una reforma profunda del modelo de Policía, que está pendiente, al menos, desde la VI Legislatura. Contamos con un sistema policial lleno de insuficiencias y desequilibrios, que sin que las remuneraciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean elevadas, sin embargo globalmente absorbe un volumen de recursos muy superior al que se dedica en la media de los Estados de la Unión Europea. Un estudio de Eurostat sobre el gasto general de los gobiernos según su función indica que España dedica al orden público el 2,1 % del producto interior bruto, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 1,9 %. Son datos de 2012, puesto que no conozco datos posteriores. Si la comparación la hacemos sobre el gasto público total, España ocupa el cuarto lugar, con un 3,2 % sobre el gasto global, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 2,07 %. Nos situamos tras Chipre, con un 3,69 %; Rumania, con un 3,36 % y Bélgica, con un 3,23 %.

El nuestro es un país seguro. Según datos de 2014, se cometieron en nuestro país 44,8 delitos y faltas por cada 1000 habitantes, con una caída de la delincuencia del 3,6 %. Somos el tercer país más seguro de la Unión Europea, solo nos superan Portugal y Grecia en este parámetro. La encuesta del CIS del mes de mayo establecía que la preocupación ciudadana sobre la inseguridad ciudadana —valga la redundancia— es solo del 2,3 %, mientras que los grandes bloques de preocupación de nuestros conciudadanos son el paro, con el 79,4 % y la corrupción, con el 50,8 %.

El problema fundamental de nuestro sistema policial sigue siendo la descoordinación entre los diferentes cuerpos, que empieza por la ausencia de una única base de datos, a la que se suman la ineficacia en el despliegue y la duplicidad de funciones. Izquierda Unida, los senadores que suscribimos este veto seguimos apostando por la unificación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en un único cuerpo de Policía civil. Este proyecto no va en esa dirección, salvo que se entienda que destacar el carácter jerarquizado de la Policía lo aproxima al carácter militar de la Guardia Civil. No creemos que este sea el camino adecuado.

Quiero hacer también referencia al cambio de denominación, que no compartimos en tanto en cuanto no hay una justificación real para ello, más allá de que imponer nombres o cambiar la denominación de alguna forma es una expresión de posesión y sin ninguna duda supondrá un gasto, en nuestra opinión absolutamente innecesario.

Finalmente, nuestro veto se basa en que el proyecto es profundamente conservador al reforzar el principio jerárquico, al mantener la obligación de residencia, al conservar las dos vías de acceso al Cuerpo Nacional de Policía: la escala básica y la escala ejecutiva y porque no se avanza en los derechos de representación, participación y negociación colectiva. Estos son los argumentos en los que basamos nuestro veto al proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante una ley, en esta etapa final, con la fogosidad con que tenemos de presentar leyes, en la que entiendo que se ha perdido una gran oportunidad. Es una ley que, como bien saben todos —si no lo saben, se lo comento—, ya fue acordada en 2011 con las organizaciones sindicales y sobre la que había un consenso entre los grupos políticos. Esta ley no se concluyó en esa etapa. Han pasado cuatro años y ahora, en tiempo de descuento, traen una ley que no aborda realmente los problemas que tiene la Policía; además, rompe los consensos establecidos, por lo que me preocupa cuál es el objetivo de esta ley, qué persigue esta ley. Porque si es verdad que es necesario modernizar muchos aspectos de funcionamiento de la Policía, el requisito imprescindible sería un marco de acuerdo que posibilitara estas medidas.

La ley, por ejemplo, podría haber aprovechado para mejorar la formación o la cualificación para el acceso a la carrera profesional; sin embargo, no hay avances en esta materia. La ley tendría que haber aprovechado para incrementar la participación y haber avanzado, en lo que se denomina instituto armado civil, en algunos derechos de los trabajadores, en este caso de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional, y tampoco ha avanzado en esa materia. La ley tenía la oportunidad de adaptarse a algunos principios de la Ley del estatuto básico del empleado público, porque no hay tanta diferencia entre unos y otros; se podría haber avanzado en algunos aspectos en esa dirección, y tampoco lo ha hecho. La ley también debería haber contemplado la Ley de igualdad de género, pero tampoco avanza en esa dirección. Es decir, pierde oportunidades importantes y entra en un tema de una manera rocambolesca: favorece la movilidad entre las policías autonómicas o policías locales, que pueden acceder al Cuerpo Nacional de Policía, pero en una única dirección. Parece que hacen ustedes una especie de OPA hostil a las comunidades autónomas en esta materia. No hay una vuelta en el derecho de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de poder participar en otros ámbitos autonómicos y de tener una movilidad con doble dirección.

Por otra parte, la ley habla de presupuestos y de medios, pero no dota de medios materiales y humanos, y más en un momento en el que tenemos unas deficiencias muy importantes debido al envejecimiento y a la reducción de efectivos de la Policía. Por lo tanto, creo que se ha perdido una buena oportunidad. Si esta ley no aborda todos estos temas, nuestra pregunta es, como decía al principio: ¿para qué?

Y entran ustedes en aspectos que incluso nos sorprenden, porque la ley se dedica a cosas tan importantes como decir que genera mayor integración social cambiar el nombre del Cuerpo Nacional de Policía por Policía Nacional, una añoranza no se sabe bien de qué, porque ustedes saben que el concepto de policía nacional, en la Ley de 1986, al unificar el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, cambió de nombre ya que tenía unas connotaciones anteriores poco afortunadas para este país.

Pero ustedes dicen que con eso mejora la imagen, y yo digo que mejorar la imagen de la Policía es lo que no ha hecho el Gobierno en este periodo. Mejorar la imagen de la Policía pasa por hacer una política no partidista, como la que han hecho ustedes en este periodo de tiempo; pasa por evitar espiar a compañeros, como ha ocurrido con el reciente escándalo del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, y pasa por no cesar a aquellos que se atreven simple y llanamente a comentar con un representante político, un representante de un cargo institucional, lo que opina. Me preocupa este concepto de ley que tienen ustedes, esta manera de dar valor a la Policía cuando ustedes han desprestigiado, han cesado a comisarios de Policía por el mero hecho de luchar contra la corrupción. Hemos tenido ya bastantes escenarios de deterioro de la imagen de la Policía, y esta ley no va a ayudar a mejorar la imagen, y menos cambiándole el nombre.

Señoría, la ley podría haber abordado también, como le he dicho antes, una mayor participación, un incremento de los derechos individuales o colectivos de los funcionarios del Cuerpo de Policía y no amplía los aspectos ligados a la negociación colectiva. El estatuto básico ya plantea la negociación por la vía extrajudicial en el caso de conflictos, y ustedes no han querido ni siquiera abrir esa vía, esa posibilidad de negociación; niega la observación sindical en los procesos de formación o de promoción interna y no flexibiliza para nada, cuando no tiene ningún sentido ya imponer una residencia, por ponerle algunos ejemplos que reivindicaban y que era muy fácil haber tenido en cuenta.

También pierden una oportunidad de implantar un sistema integrado en el sistema educativo general. Establecen un periodo transitorio después de la Ley de 2007, del estatuto básico, de cinco años para la obtención de la titulación académica que requieren las diferentes categorías para la promoción interna, con lo que generan una baja cualificación y también una merma de sus posibilidades de promoción y de carrera profesional. Esto ya viene recogido en la ley, y ustedes, aparte de lo que figura en el estatuto básico del empleado público, conceden otros cinco años de periodo transitorio en esta materia.

Como les decía, no plantean, bajo ningún concepto, una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los diferentes cargos de responsabilidad, en los diferentes nombramientos o incluso en los tribunales, algo que sería fácil aplicar con la propia Ley de igualdad, y favorecen una movilidad un tanto rocambolesca cuando incorporan a las policías locales y autonómicas en este caso.

La ley no ha dotado de ningún medio, se limitan a un seguro de accidente por fallecimiento e incapacidad para actos de servicio. Ese es todo su compromiso en esta ley, sin dotación para la formación, para la clasificación y cualificación profesional. El mayor gasto que van a tener ustedes en la implantación de esta ley es ese triste recuerdo del antiguo nombre de Policía Nacional. Van a cambiar ustedes todas las nuevas rotulaciones, uniformes, insignias, coches, nombres de diferentes cuarteles, etcétera; es decir, 68 000 funcionarios van a ver modificada su indumentaria con un nuevo nombre, y todo esto sin ningún sentido, y supone su mayor esfuerzo presupuestario para mejorar y dotar de medios a la Policía.

En resumen, es una nueva ocasión perdida la que tenemos con esta ley; es una ocasión perdida por un Gobierno y un ministro que culminan una etapa bastante gris, una etapa que quieren cerrar con esta Ley de régimen de personal, como hicieron con la Ley de régimen de personal de la Guardia Civil, pero que a la vez está generando una política de recortes a las libertades, como han manifestado, en la Ley de seguridad ciudadana, por poner un ejemplo; una política que ha llevado a un desprestigio internacional a las organizaciones más importantes, con su famoso control de fronteras o el derecho de asilo; una política que les lleva a una carencia de medios humanos y materiales como nunca ha tenido la Policía en estos casos y a la vez trasladando múltiples servicios a la seguridad privada con su Ley de seguridad privada. Es decir, están haciendo una policía partidista, carente de medios, carente de formación, carente de derechos, jerarquizada, una policía que no es la que necesita este país.

Por lo tanto, creemos que la ley no aporta, pierde una oportunidad; no aporta nada en la mejora de la cualificación, de la formación y de los derechos y creemos que deberían retirarla. Por eso hemos presentado el veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

En el turno en contra tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, estamos terminando un día que ha sido denso en debate y estamos terminándolo con dos vetos que, como toda la labor que hace la oposición en esta Cámara nos merecen absoluto respeto. Pero, señorías, tienen que reconocer conmigo que en esta ocasión han tenido ustedes que exprimirse hasta lo insospechado para poder sacar esencia y presentar estos dos vetos. Lo que se ve por el mero hecho del tiempo que han empleado sus señorías en la defensa de sus vetos —no olvidemos que, en definitiva, lo que están pidiendo es la devolución de la ley al Gobierno—, que es mínimo. ¿Por qué sucede esto? Por una razón muy clara: porque no hay razones de peso suficiente —y repito, entiéndanme esto que estoy diciendo desde el máximo respeto a la opinión que ustedes manifiestan aquí—, no hay razón suficiente para que el Grupo Socialista, ni tampoco, señor iglesias, el Grupo Mixto pidan la devolución al Gobierno de esta ley.

Es verdad que todo es discutible, pero la base en la que ustedes dos sustentan esta petición de devolución, si me permiten, es muy débil. Yo no voy a perder, porque no la hemos perdido nunca, la cordialidad en el debate, señor Cascallana, pero usted ha mencionado cuestiones que no corresponden ni competen a la Ley de Policía, que tendrían que ver más con la Ley de igualdad. Ha hablado usted de lagunas dentro de la ley, que no se corresponden con esta ley. Estamos más bien, si me permite que se lo diga, cerrando un círculo importante, un círculo que ha hecho este Gobierno. Y permítame que haga un breve paréntesis. Dice usted: esta ley ya estaba en 2011. ¿Por qué no la trajeron ustedes? Yo le podría decir, sin perder esa cordialidad, que también debían tener ustedes un presupuesto en 2011 que no trajeron a esta Cámara. ¿Por qué no la trajeron? Lo que sí es cierto es que en 2011 ustedes podían tener una ley que ha servido de base en muchas cosas para que un Gobierno del Partido Popular a partir del año 2012 empezase a trabajar, porque esta ley no surge, como usted ha dicho, de la noche a la mañana, señor Cascallana; es una ley en la que se lleva trabajando seriamente desde el año 2012 con otros ministerios, con sindicatos y con el Consejo de la Policía, y, evidentemente, se ha hecho un trabajo serio a lo largo de tres años. ¿Con qué objetivo? —aquí empalmo con la contestación que le quiero dar al señor Iglesias—. Con el de dotar a nuestra Policía de una legislación global, que en este momento y después de tantos años de democracia no tiene, porque esta ley, entre otras cosas, deroga muchos reglamentos que vienen de una etapa preconstitucional, y eso es lo que busca el Gobierno.

Por lo tanto, creo que estos vetos los podríamos haber saldado con enmiendas parciales que gustosísimamente hubiéramos debatido y que nos hubieran conducido, sin ningún género de dudas, a acuerdos tanto en el Congreso como aquí.

Entro muy brevemente —porque no quiero extenderme más de lo que se han extendido ustedes, señorías— en los puntos clave en los que ustedes han basado el veto: el modelo policial. Pues claro, señor Iglesias, su modelo policial no coincide ni ahora ni probablemente vaya a coincidir nunca con el modelo policial de este Gobierno, al que sustenta el Partido Popular. Ustedes llevan años hablando, y es legítimo que lo hagan, de unificar Policía y Guardia Civil, y no es ese nuestro modelo. Pero usted tiene que entender que con la responsabilidad de gobierno que tienen el Grupo y el Partido Popular tenemos que seguir con un modelo que, como usted muy bien ha dicho en esta tribuna hoy mismo, funciona muy bien. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues mantener ese modelo que funciona muy bien y mejorar sus condiciones de trabajo adaptándolas a situaciones que hoy, después de tantos años de democracia, de tanta legislación producida en las diversas etapas, de tantas sentencias de los tribunales, entre otros del Tribunal Constitucional, hay que adaptar. Y en ese modelo policial que nosotros mantenemos se mejoran muchísimo las condiciones en las que trabajan nuestros policías hoy día. No voy a ser exhaustivo, pero piensen ustedes que esta regulación global que hoy intentamos hacer está sustituyendo a una legislación que proviene del año 1986. Por lo tanto, todas esas mejoras que hemos podido incluir en la ley las estamos haciendo hoy.

Se refería usted a la militarización, supuesta militarización que, en su opinión, con este proyecto de ley se produce en la Policía Nacional. No es así, señoría. Por primera vez, por primera vez en democracia se lleva a cabo una plasmación completa y expresa de los derechos de los funcionarios de la Policía en un proyecto de ley como el que hoy traemos aquí. Se incorporan prerrogativas que no tenían hasta ahora los policías, cosas tan obvias como un seguro de responsabilidad civil, señorías. Este es nuestro objetivo.

Han hecho ustedes también hincapié, sobre todo el señor Cascallana, en el cambio de nombre, intentando llevar —supongo yo— a esta Cámara y a la opinión pública la idea de que el cambio de nombre responde a ideas trasnochadas que vienen de otras épocas. No, señoría, algo tan sencillo como el cambio de nombre es consolidar lo que está en la calle. El cambio de nombre se produjo cuando se intentó cambiar hace años por Cuerpo Nacional de Policía. Pregunte usted hoy a cualquier ciudadano que se encuentre al salir a la plaza de la Marina Española y verá que identifica al policía de la puerta con la Policía Nacional; el cambio no tiene ninguna otra connotación. Y no tengo que recordarle que ahora que ustedes han abrazado con tanto ímpetu la bandera nacional, este tipo de símbolos tampoco les ha de molestar, y, evidentemente, yo, que conozco su talante, estoy seguro de que no les molesta. (Aplausos). Señorías, el cambio de nombre no puede suponer en ningún caso motivo para presentar un veto.

Medidas sindicales, sindicalismo policial. Yo le puedo decir dos cosas en relación con esto. Primera, el modelo que lleva rigiendo la Policía en cuanto a las agrupaciones sindicales se ajusta estrictamente al mandato constitucional, artículo 28 de la Constitución, y segundo, cumplir estrictamente ese mandato se ha convertido en algo que fácilmente se puede demostrar: ha sido un sistema eficaz, porque en ninguna otra escala de funcionario público se da el nivel de afiliación, las altas cotas de afiliación que se producen en la Policía, de acuerdo con ese modelo que consagra nuestra Constitución. Si a ello añadimos que se amplían las competencias del consejo policial de seis a once con este proyecto de ley, tampoco se sostiene la crítica que ustedes hacen.

Señorías, no hay argumentos de fondo para que hoy tengamos que devolver una ley necesaria, una ley que mejora sustancialmente la situación de nuestros policías, una ley que, en definitiva, cierra un círculo con la que mañana tendremos oportunidad de debatir en esta Cámara, la ley de protección civil; cierra un círculo importantísimo, y es el que en materia de política interior —y yo estoy convencido de que a ustedes eso les agrada— hemos hecho en esta legislatura. Fíjense, señorías, que en estos cuatro años, que todavía no se cumplen, hemos modificado las leyes de seguridad pública, de seguridad privada, de tráfico, de Guardia Civil, de Policía, y mañana cerraremos, como digo, ese círculo con la de protección civil. Hemos dado —y esta Cámara debe estar orgullosa de ello— una vuelta completa a la legislación en materia de interior, algo en lo que ustedes han participado tanto como nosotros, porque, en definitiva, las leyes que salen de aquí son tanto de la oposición como del Gobierno, y yo, señorías, me encuentro satisfecho de haber colaborado modestamente con mi grupo a que en el día de hoy aprobemos, o al menos rechacemos, los vetos que permitan mañana aprobar una ley que modifica sustancialmente y mejora las condiciones de nuestros policías, y que con la que aprobaremos mañana, la de protección civil, se cierra un círculo de una legislación obsoleta, que ha cumplido, sin ningún género de dudas, una misión, pero que hoy día, evidentemente, tenemos —y lo estamos haciendo— que adaptarla a las nuevas circunstancias del siglo XXI.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias. Si me lo permite, intervengo desde el escaño.

Yo intento defender los planteamientos que me corresponden con el mayor rigor posible, pero reconozco que la pasión no es igual en cada uno de los temas y de los proyectos y que, probablemente, como muy bien ha detectado el portavoz del Grupo Popular, este no es uno de los temas o de los proyectos que más entusiasmo me genera a la hora de debatir. Felicito la perspicacia del portavoz del Grupo Popular al respecto. En todo caso, ello no devalúa las razones de fondo; la pasión mayor o menor que ponga en ello no devalúa los argumentos o las razones de fondo.

Y como también detectó con mucho acierto el portavoz del Grupo Popular, hay una razón que de por sí justifica el veto: el modelo policial. Existen diferencias, no sé si abismales, pero sí grandes, en los modelos policiales que defiende el Grupo Popular y el que podamos defender nosotros. Y solamente por eso ya está justificado suficientemente el veto, porque el proyecto no refleja, ni de lejos, el modelo policial que nosotros defendemos, sobre todo en una cuestión a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular: que nosotros planteamos la unificación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y, obviamente, el proyecto no va en esa dirección.

Hay más cuestiones. Las intervenciones a lo largo de muchos debates, como el que acabamos de tener, han explicitado que tanto el Grupo Vasco como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ponen sobre la mesa el papel que han de jugar las policías autonómicas como policías integrales y la necesidad de coordinación que de esa condición de policías integrales que tienen tanto la Ertzaintza como los Mossos d’Esquadra es exigible en relación con el resto de las fuerzas policiales del ámbito del Estado, y tampoco con este proyecto de ley se avanza en esa dirección, de ninguna manera.

Finalmente, las condiciones de trabajo. Es verdad que este proyecto refleja una mejora en el reconocimiento de las condiciones laborales y de los derechos de los funcionarios de policía como en el resto de los funcionarios, pero tampoco se logra una homologación con las condiciones del resto de funcionarios civiles. Por eso, aun reconociendo esos avances, nuestro veto también se fundamenta en que se queda corto en el reconocimiento de esos derechos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Si me permite, intervengo también desde el escaño para anunciar que vamos a votar afirmativamente los dos vetos que se han presentado, fundamentalmente porque compartimos la mayoría de los argumentos que se han expuesto al defenderlos.

Yo quisiera destacar unos cuantos puntos para defender nuestra posición favorable a los vetos.

En primer lugar, esta ley cambia lo que se hizo en el caso de la Guardia Civil, en el que debatimos dos leyes; por una parte, la Ley de derechos, con carácter orgánico, y, separadamente, la Ley de personal. En este caso, se trata de una ley orgánica que engloba los dos conceptos. Nosotros creemos que es un error y defendemos la regulación separada como en el caso de la Guardia Civil. No quiero hacer excesivo énfasis en ello, porque ya se ha hecho, pero tampoco nos parece adecuado cambiar la denominación de Cuerpo Nacional de Policía por la de Policía Nacional por los argumentos que ya se han expuesto, fundamentalmente por la cuestión económica. Esta ley también significa, desde nuestro punto de vista, un paso atrás en la negociación colectiva. De alguna manera estamos hablando, como en el caso de la Guardia Civil, por cierto, de una reforma laboral del colectivo de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía. Esta ley tampoco avanza, al contrario, retrocede seriamente, en la igualdad y el equilibrio entre mujeres y hombres. Otro punto importante de discrepancia es la famosa disposición adicional cuarta, el tema de la movilidad, para el que la ley, tal como está ahora, únicamente prevé el mecanismo para pasar de las policías autonómicas al Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros creemos que la movilidad debería ser bidireccional y, más allá de esto, defendemos una ley específica de movilidad. Esta ley ha llegado sin diálogo, sin acuerdo y sin consenso no solo político, sino también entre los colectivos que representan a los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía. Se ha hablado también del coste económico de la ley, pero el informe de impacto económico, desde nuestro punto de vista, es irreal y se ha elaborado únicamente para cubrir el expediente. Frustra la promoción interna, se toman medidas arbitrarias y en algún caso, a nuestro juicio, discutibles constitucionalmente, como es el caso de la disposición adicional primera.

En definitiva y para ir acabando, señorías, se trata de una pieza más del modelo de seguridad pública que impone el Partido Popular. Estamos hablando de un modelo que englobaría la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, la Ley de personal de la Guardia Civil, la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la Ley de seguridad privada, y la ley que estamos discutiendo en estos momentos; hablamos de un modelo que, en general, tiende a la privatización, que considera que la seguridad es para el que se la pueda pagar, introduciendo aquí un concepto que ya se ha utilizado en otros campos, en la educación, la sanidad, etcétera. Nuestro modelo, en definitiva, es radicalmente distinto. Defendemos básicamente y fundamentalmente la preeminencia de la seguridad pública por encima de la seguridad privada; y defendemos la seguridad ciudadana como un servicio público y no como un negocio. Por todo ello, repetimos, nuestro voto será favorable a los dos vetos que se han presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario no ha presentado veto a este proyecto ley, pero vamos a votar que sí a los dos vetos presentados porque discrepamos en muchos temas; en particular, con la llamada pasarela para que los policías autonómicos accedan al Cuerpo Nacional de Policía; una pasarela que entendemos que no está pensada ni hecha con intencionalidad técnica, sino con una intencionalidad netamente política. He sido muy breve porque en el debate de enmiendas, y posteriormente en el turno de portavoces de la ley, ya me extenderé en mis argumentos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias. Intervendré brevemente.

Usted argumenta, señor Aznar, que hay dos motivos para no presentar vetos. Uno, que este proyecto de ley mejora ostensiblemente la situación anterior. Yo le rogaría que al final, aunque no le pueda contestar, me diga en qué, en qué mejora, porque parece que han venido ustedes a innovar algo, y sinceramente no mejora. Solamente le pondré un ejemplo de que se retrocede: la homologación de los estudios. Me refiero a la formación por ponerle solo un ejemplo, pero le podría dar algún otro. Como le decía al principio, con este proyecto se pierde una oportunidad, aunque usted me dice que esto se podía haber arreglado vía enmiendas; 47 enmiendas ha presentado el Grupo Socialista; y, desde luego, ustedes no han hecho ningún ofrecimiento para arreglar esto, ni para mejorar o cambiar nada. Por lo tanto, sí le rogaría que me explique después los motivos que les llevan a presentar esta ley que tanta mejora va a suponer para el conjunto de los funcionarios y para nuestro país.

Usted ha dicho que llevan trabajando en la ley desde el año 2011 y que han tenido —después le hablaré de los presupuestos— encuentros con todo el mundo, pero ¿me puede decir quién les apoya? ¿Qué sindicato les apoya? Porque antes sí había un acuerdo. Han estado cuatro años trabajando sobre un documento con el que todo el mundo estaba de acuerdo y, sin embargo, en este momento ninguna organización sindical apoya esta ley. ¡Hombre, algo habrán hecho mal o, por lo menos, habrán frustrado expectativas!

Usted nos dice que nosotros no presentamos los presupuestos en 2011. Ya sé que nosotros no hicimos el electoralismo que van a hacer ustedes con los presupuestos en esta ocasión (Aplausos). Lo que están haciendo ustedes es traer a esta Cámara unos presupuestos para hacer electoralismo. Esta mañana ya han adelantado algo sobre el asunto de los funcionarios y el 7 de julio lo sabremos; ustedes les dicen: les vamos a arreglar esto, pero luego no se ponen de acuerdo y la lían. Pero estoy convencido de que ustedes van a elaborar unos presupuestos que serán los de la salida de la crisis; de esa crisis que ustedes dicen que es de Zapatero y que olvidan que es internacional. Ustedes van a presentar los presupuestos solamente con un afán electoralista y quiero denunciarlo aquí. Porque usted me dice que nosotros no presentamos los presupuestos en 2011; hubiera sido mejor que el nuevo Gobierno afrontase la etapa que tenía que afrontar. Pero estoy seguro que ustedes van a hacer de estos presupuestos su bandera electoral. Dudaba si harían bandera del nacionalismo o de los presupuestos, pero ya sé que será de esta última.

Me ha asombrado que diga usted que la Ley de igualdad no tiene correspondencia con esta ley. ¿Cómo qué no? (El señor Aznar Fernández: No, no.) Bueno, pues si se ha equivocado, lo retiro, pero le he entendido eso. Desde luego, pierden ustedes la ocasión de incorporar criterios de la Ley de igualdad de género a esta ley; en eso estaremos de acuerdo; tienen las enmiendas y tienen tiempo de aceptarlas para que no tengamos un problema en este punto.

En cuanto al asunto de la Policía Nacional, no tiene sentido. Ustedes quieren volver a ese nombre por añoranza. ¿Qué sentido tiene en estos momentos cambiar un nombre? ¿Hay una demanda ciudadana al respecto? Y para rematar, dicen que nosotros nos envolvemos ahora en la bandera nacional. No, no, mire usted, nuestro concepto de la patria es algo más que la bandera nacional, son muchas más cosas. No sé si me entiende. En cualquier caso, claro que hay muchos patriotas de este país que estuvieron perseguidos y que asocian nombres con una etapa del pasado; sí, señor. ¿Qué necesidad tenemos de estas cosas? ¿A qué viene esto? ¿Va a mejorar esto el funcionamiento de la policía en general? No me hable usted de la bandera en este caso que no tiene mucho sentido.

Sindicatos, sí; hay altas cuotas de afiliación. La Constitución habla de un instituto armado de naturaleza civil. Por tanto, principios jerarquizados, sí, pero con derechos; es un cuerpo especial. Sin embargo, ustedes siempre ponen el acento en la jerarquía, en el ordeno y mando, en el uso partidista, en los ceses indiscriminados. Pero le vuelvo a repetir que tenemos la oportunidad de avanzar en el carácter civil y de trasladar a esta ley algunos de los derechos que ya se contemplan en el Estatuto básico del empleado público —Ley de 2007—, pero ustedes no han sido capaces ni de acercarse a esta ley, ni siquiera respecto de la resolución de conflictos extrajudiciales. Por lo tanto, han perdido ustedes aquí una ocasión.

Termino. La ley no mejora ni la formación, que luego me gustaría que me explicasen, ni la promoción interna, ni la carrera profesional, ni los derechos ni los medios. Ustedes traen aquí una ley que realmente no viene a resolver ningún problema, sino que los crea; al menos, a frustrar unas expectativas que eran importantes para muchos funcionarios de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casacallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Cascallana, escúcheme ahora bien, y verá cómo, al menos en alguna cosa, llegamos a algún acuerdo. A usted lo que le pasa es que le quedan resabios de antaño. Permítame que traiga aquí a colación una película. ¿Recuerda usted Del rosa al amarillo, del gran Summers? Si es así, hablemos de la policía, y dejemos atrás ese resabio que tiene usted de viejos tiempos. No estamos hablando de la policía gris, que pasó a beige y que hoy es azul. Entonces era, señoría, hasta el año 78, la Policía Armada. Y seguro que me va a decir usted que alguna vez corrió delante de ella.



Probablemente usted corrió y mucha gente de mi grupo también corrió delante de ella. No es de esa policía de la que estamos hablando; hoy estamos hablando de una policía completamente democrática, de una policía que tiene un nombre que la ciudadanía tiene perfectamente asumido, el de Policía Nacional, y que nada —fíjese, no le voy a decir que ni muy poco— tiene que ver con aquella policía armada, a la que sin duda se estaba refiriendo usted. Por lo tanto, olvidemos ese resabio, que en eso estaremos de acuerdo al menos.

Señor Iglesias, es verdad que usted tiene un motivo para presentar este veto: su modelo —y yo se lo he reconocido— y el nuestro no se parecen en nada. Y el día que usted o su grupo, acompañados de otros grupos, si llegara el caso, lleguen a gobernar, podrán traer a esta Cámara y al Congreso de los Diputados esa modificación del modelo. Pero entienda usted que nosotros estamos satisfechos con el modelo policial que tenemos; un modelo que funciona, según usted mismo ha dicho y ha recocido en esta tribuna; por lo tanto, no queremos cambiar el modelo policial, queremos mejorarlo. Porque, a pesar de lo que dice el señor Cascallana, este modelo policial y esta policía, a la que nosotros vamos a dotar de una nueva ley, mejorará sustancialmente sus condiciones con la aprobación de este proyecto.

El señor Cascallana me ha dicho: dígame usted en qué mejora. Señor Cascallana, simplemente le voy a enumerar, por no ser exhaustivo, brevemente alguna de las cuestiones; el solo hecho de que nunca antes de ahora se haya realizado una regulación global de la normativa que afecta a la policía nacional, sería suficiente. Pero si no lo es, veamos una segunda cuestión. Señor Cascallana, usted repite una y otra vez que tenían preparada la ley en 2011. Haberla traído. Lo que no sabía es que era usted, además, echador de cartas, o la bruja Avería, si me permite cordialmente decírselo, porque está usted anticipando lo que va a traer aquí el Partido Popular: el presupuesto, y además nos dice en qué va a consistir y en qué va a mejorar la vida de los españoles. Yo estoy encantado, y le invito a usted a que apoye ese presupuesto cuando lo traigamos, que será un ejercicio de seriedad y un ejercicio de responsabilidad para dar al país la estabilidad que necesita en esos meses que tendremos hasta que se conozca el resultado de las elecciones generales. Será un ejercicio de responsabilidad de este Gobierno si lo trae, y, evidentemente, ahí se verán las mejoras que se han producido, claro que sí. Estoy seguro de que a usted esas mejoras le van a alegrar también porque es un español más, y entiendo que como tal va a recoger usted todas las mejoras que se han producido en esta época de gobierno del Partido Popular.

Voy a resumir brevemente algunas de las cuestiones que usted me pedía. Aunque solo fuera por esto, fíjese usted, merecería la pena la ley. Por primera vez se regulan bienes jurídicos de los policías que hasta hoy, aunque parezca mentira, no estaban regulados, como es la intimidad del policía. Por ejemplo, fíjese, le parecerá una nimiedad, la asistencia jurídica del policía, la seguridad laboral del policía, la segunda actividad que vienen, porque usted lo sabe y es consciente, reclamando durante años los policías, unificar los sistemas de ascenso; cuestiones, señorías, que a nosotros nos pueden parecer nimias y que, sin embargo, para los profesionales de este cuerpo son importantes. Junto a eso, están todas las mejoras que vienen relacionadas con el tema sindical, al que antes hemos hecho alusión; y sobre todo se contempla dotar a la Policía Nacional de una regulación global acorde con el siglo XXI en el que nos encontramos, ya que todo lo que estamos en este momento regulando proviene en muchos casos del año 86, incluso algunos reglamentos, como les decía, son de la época preconstitucional.

Por tanto, señorías, entendemos, con el máximo respeto a los vetos que ustedes quieran presentar, que son ya habituales, y más allá de los argumentos en que basen esos vetos, que en este caso no se justifican en absoluto. Le he dicho al señor Iglesias que estamos hablando de modelos distintos y, por lo tanto, es lógico, dado su planteamiento ideológico, que quiera presentarnos aquí un modelo que no se corresponde en nada con el que hoy día es el modelo del Partido Popular y también suyo, no nos olvidemos de esto.

En cuanto al resto de los portavoces, quiero agradecerles su participación. Me sigue sorprendiendo que el portavoz de Convergència i Unió no tenga nada en contra de la ley pero apoye los vetos. Acepto, dado el respeto máximo que me merece su postura, ese apoyo a los vetos, y espero que mañana, en el trámite de debate de las enmiendas, nos pueda decir en qué basa esos vetos, algo más que no sea que es una ley que trae al parlamento el Grupo Popular, el Gobierno Popular.

Señorías, termino con la cuestión. Mañana, mi compañero el senador Represa les dará cumplida respuesta a todas las enmiendas que han presentado, que en muchos casos son técnicas y que podremos debatir. Pero, repito, estamos cerrando un círculo, estamos cerrando una legislación, en materia de interior, difícil y complicada; y prueba de ello es que ustedes no lograron traerla a la Cámara, lo que creo que, en definitiva, es bueno para todos los españoles, que es lo que aquí nos debe preocupar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto. Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 76; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Igual que en el caso anterior, se autorizó a la senadora Cunyat el uso del voto telemático, pero no ha ejercido su derecho a utilizarlo, de modo que no varía el resultado.

Votamos la propuesta de veto número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas. Vemos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal, 1 a 39, 41 a 67 y 69 a 79. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Con la máxima brevedad paso a defender las enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo.

Enmendamos el conjunto del proyecto para mantener la denominación de Cuerpo Nacional de Policía. También planteamos en una de nuestras enmiendas que se incorpore el principio de legalidad como complemento al de jerarquía en la atribución de funciones y de responsabilidades. Igualmente, enmendamos para que resulte de aplicación a la organización interna, a los procesos selectivos, a la promoción interna o a los conflictos laborales, la Ley de transparencia y buen Gobierno. Formulamos , asimismo, una enmienda para que la rehabilitación no tenga carácter excepcional. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor, ruego silencio, no se oye al orador. Les ruego respeto y silencio en la Cámara.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

También para que la formación se imparta en horario de trabajo; para que se reconozcan diferentes derechos laborales en relación con retribuciones o jornadas, el derecho a afiliarse a cualquier sindicato, la participación a través de las organizaciones sindicales representativas y que estas tengan participación en los procesos de selección y promoción interna. Acotamos los deberes a través de diferentes enmiendas. Queremos que el deber de obediencia a las órdenes se acote a las que sean legítimas y relacionadas con su competencia. Mediante otra enmienda suprimimos la obligación de residencia. Reducimos las posibilidades de repetición contra el funcionario infractor a la concurrencia, de forma que para que esta repetición se produzca ha de exigirse la concurrencia de dolo. Ampliamos la obligación de resarcimiento por las administraciones a los daños personales. Planteamos la creación de la escala facultativa con dos categorías: facultativo superior y facultativo técnico, y establecemos su regulación. Enmendamos para que la disminución de las condiciones psicofísicas que no comporten el pase a la jubilación o a la segunda actividad sean apreciadas por un tribunal médico.

Asimismo, formulamos enmiendas para que el mecanismo de provisión de libre designación solo sea aplicable a puestos de trabajos con los niveles 29 o 30. También enmendamos para que la provisión de puestos de trabajo se haga con sujeción al principio de publicidad. Igualmente, planteamos la supresión del artículo 50, de evaluación del desempeño para medir el rendimiento y logros de resultado; entendemos que no hay unos criterios objetivos que permitan realizar esa evaluación. También enmendamos para que ningún policía nacional en situación de servicio activo pueda ser obligado a realizar servicios con detenidos, nocturnos, ni en turnos rotatorios a partir de los 58 años. (El señor presidente ocupa la Presidencia). También formulamos enmienda para que las organizaciones sindicales no solo sean interlocutores, sino que se les reconozca la condición de negociadores.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado las enmiendas 80 a 119 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 40 y 68 del Grupo Parlamentario Mixto y 171 y 172 del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Las dos primeras enmiendas que voy a defender se refieren al conjunto del proyecto de ley. La 80 versa sobre la modificación de todo el proyecto de ley puesto que defendemos la tramitación separada, por una parte, de la Ley de derechos y deberes como ley orgánica y, por otra, de la ley ordinaria de personal. La 81 también afecta a todo el proyecto de ley —ya lo hemos comentado en el turno anterior—, afecta al nombre que se le da, Policía Nacional y Cuerpo Nacional de Policía.

Hay toda una serie de enmiendas que las doy por defendidas. No voy a citarlas todas, pero sí las voy a agrupar porque básicamente se dirigen a varios objetivos: clarificar el catálogo de derechos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, disponer de vías extrajudiciales para la resolución de los conflictos colectivos que se puedan presentar; suprimir el deber de residencia, cosa que no se exige al resto de funcionarios públicos; y un nuevo redactado, que proponemos, del código de conducta de acuerdo con la resolución de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa del año 1979 y con la resolución del mismo año de la Asamblea de Naciones Unidas.

Otro grupo de enmiendas tienden a posibilitar la creación de nuevas especialidades; el sentido es menos rígido, más flexible, para adaptar estas posibles especialidades a los nuevos delitos que puedan surgir, así como a la implantación de las nuevas tecnologías.

También presentamos otro grupo de enmiendas tendentes a encontrar una mayor y mejor regulación de la promoción profesional: promoción interna, por antigüedad, en caso de servicios especiales, etcétera, siempre de acuerdo, evidentemente, con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito, capacidad, antigüedad, etcétera.

Hay otras que proponen medidas para eliminar, para evitar cualquier posible arbitrariedad en el sistema de evaluación de resultados, de rendimientos, etcétera, previsto en el proyecto de ley. También las hay que defienden la actividad sindical y, por lo tanto, que garantizan la no limitación de dicha actividad. Asimismo, están las que pretenden clarificar las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva; y otras enmiendas que proponen la regulación del derecho de las organizaciones sindicales representativas sobre las que deben ser informados y en qué plazo temporal tienen derecho a esta información.

Estamos hablando también de la pasarela, como hemos comentado anteriormente, del paso de los miembros a las policías autonómicas, de que, de aprobarse la enmienda relativa a las policías locales, sería una medida que no podría ser unidireccional y de que defendemos, como hemos dicho, una ley específica de movilidad.

Finalmente, presentamos dos enmiendas, la 111 y la 112, que proponen la adición de dos nuevas disposiciones adicionales. La primera, la 111, propone medidas concretas para facilitar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la incorporación y la promoción profesional de la mujer en el Cuerpo Nacional de Policía, y la segunda, la 112 —de adición de una nueva disposición adicional— pretende que por el Estado se garantice una financiación adecuada para el mantenimiento de las prestaciones sanitarias mediante la dotación a Muface, pero sobre todo los tratamientos iniciados en las entidades médicas concertadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 167 a 169.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas, por tanto, voy a intervenir desde el escaño para no gastar tiempo subiendo y bajando del mismo.

La enmienda 167, en la que basamos el argumentario para nuestro voto negativo a la ley —porque no hemos encontrado respuesta a nuestra demanda— propone la modificación de la disposición adicional cuarta en relación con la llamada pasarela, una pasarela unidireccional que pretende que las policías autonómicas, la Ertzaintza y los Mossos d?Esquadra, puedan acceder al Cuerpo Nacional de Policía pero que no permite que agentes del Cuerpo Nacional de Policía puedan acceder al cuerpo de Mossos d?Esquadra o a otras policías autonómicas. En este sentido, como he manifestado anteriormente, vemos una clara intencionalidad política, porque esta disposición adicional cuarta está pensada para vaciar de contenido al cuerpo de los mossos d?esquadra de Cataluña en línea con la obsesión que tiene el ministro del Interior sobre este tema. Por eso, esta enmienda es esencial para nuestro posicionamiento en contra de esta ley.

Hemos presentado también la enmienda 168, relativa a la jubilación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, porque nuestra intención es descender a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al régimen previsto para el cuerpo de la Ertzaintza, debiendo gozar de los mismos derechos, y para los mossos d?esquadra, acordar que su financiación sea a cargo del Estado respecto al recargo a aplicar a las cotizaciones correspondientes al adelanto de la edad de jubilación.

Por último, consideramos que las funciones correspondientes a los cuerpos de Policía y las que efectúan los militares de tropa y marinería son diferentes, por tanto, no nos parece oportuna la reserva de plazo, por lo que pedimos la supresión del artículo mediante la enmienda 169.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 120 a 166 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 40 y 68, del Grupo Parlamentario Mixto, y 171 y 172, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchísimas gracias, señor presidente.

No voy a agotar tampoco mi tiempo, creo que sus señorías lo agradecerán —hemos llevado un día muy intenso como saben ustedes—, pero no quería dejar pasar la oportunidad de trasladarles algunas reflexiones antes de entrar en las aportaciones que hemos querido hacer al texto que nos han presentado.

Antes se oía la voz autorizada en esta materia del Grupo Popular, la de su portavoz el señor Aznar, que decía que la gran seña de identidad del Grupo Popular en esta legislatura ha sido presentar un conjunto de leyes que afectan al Ministerio del Interior, una arquitectura jurídica de la que están muy orgullosos; nosotros, nada; y no solo nosotros, tampoco la mayoría de los ciudadanos. Pero no solo no estamos orgullosos nosotros... (El señor Aznar Fernández establece diálogo gestual con el senador interviniente). Sí, sí, señor Aznar, tampoco la mayoría de los ciudadanos; esto es cuantificable en los resultados electorales: es cuantificable la opinión que tienen sobre el conjunto de medidas que ustedes han aprobado, señor Aznar. Mire, han cercenado libertades; sus propuestas jurídicas que afectan al Ministerio del Interior no han gozado de consenso casi en ningún momento, y tienen ustedes que reflexionar sobre ello. Yo creo que cuando un grupo importante como el suyo, que está gobernando, presenta una ley que pretende la mejora de la calidad del trabajo de los funcionarios que se dedican a algo tan importante como la seguridad pública, deben consensuarla; consensuarla, no solo con los grupos políticos, que son los que tienen que venir aquí, sino también, y fundamentalmente, con los funcionarios y con sus legítimos representantes, los sindicatos. Ustedes no lo han hecho; se lo decía el señor Cascallana: tendrán que preguntarse ustedes por qué no han conseguido el consenso de nadie. Oiga, esto es muy grave. (Denegaciones del señor Aznar Fernández). ¡De nadie, de nadie! Nadie les aplaude, nadie les entiende, nadie les escucha... tendrán que preguntarse por qué. Pero yo les voy a dar una pista: su ministro. Es difícil precisar cuál ha sido el peor ministro del Interior, en democracia; no sé si es él, pero, desde luego, está haciendo muchísimos méritos para serlo. Entre otras cosas, porque ha tenido la habilidad o la falta de educación de no venir nunca a esta Cámara para presentar un texto legislativo. Esa es la seña de identidad del señor Fernández, esa: no haber venido nunca a esta Cámara a explicar los textos. ¡Hombre!, entenderán ustedes que esto, en el Parlamento, es muy importante.

Desde luego, el texto que ustedes nos presentan hoy debería haber estado consensuado. ¡Claro que hace falta, señor Aznar y señores del Partido Popular, una ley de régimen de personal para la Policía! Estamos de acuerdo: hace falta; pero, desde luego, no esta ley. Es una ley que conculca derechos; es una ley que va a propiciar la arbitrariedad de la Administración, que supone un retroceso para 68 000 funcionarios, y que está llena de cosas que llevan a preguntarse por qué hacen ustedes esto. Y no se trata solo de algo que es muy importante, como el cambio de la denominación, el cambio del nombre de nuestra Policía; nosotros, que somos bilingües, decimos por allí: no és qüestió de noms, no es cuestión de nombres; detrás de todas estas cosas hay una fórmula ideológica que sustenta a la seguridad pública, que tiene naturaleza civil dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto debería ser un orgullo para nosotros, porque, además, es mandamiento constitucional. Pero ustedes, de todo esto, no han hecho ni caso. (Denegaciones del señor Aznar Fernández). No: ¡no han atendido a ninguna enmienda, a ninguna! (Interpelaciones gestuales del señor Aznar Fernández). ¡A ninguna! Si usted quiere que digamos que han atendido a alguna... pues hombre, lo diremos en singular. (Nuevas manifestaciones del señor Aznar Fernández). ¡Ah, se refiere al Congreso! ¡Aaah, al Congreso! Lo estábamos hablando aquí: yo conozco el texto que viene del Congreso. Pero ¿cuántos les apoyaron a ustedes allí, señorías? ¿Cuántos grupos les apoyaron, señorías? ¿Cuántas enmiendas de la oposición han recogido ustedes? Eso es lo que determina la calidad de un texto jurídico que va a dar cobertura a 68 000 funcionarios; esta es una de las señas de identidad del texto que tendremos que valorar. Claro que, si no queremos valorar estas cosas y lo que queda, al final, son algunos chascarrillos, pues muy bien, señor Aznar.

Señores del Grupo Popular, han perdido ustedes la oportunidad —una seria oportunidad— de homologar a los textos europeos un proyecto que afecta a la calidad del trabajo de nuestros policías y que va a dar forma a sus derechos y obligaciones. No lo han hecho, no lo han hecho. No han tenido siquiera la habilidad de recoger los textos que hablan del papel de las policías públicas en la Europa a la que pertenecemos. Hay una abismal diferencia entre este texto que ustedes presentan en esta Cámara y el que existe en los países con los que cohabitamos: Francia, Inglaterra, Italia. Hay una brecha considerable que ustedes no han querido atender.

Esta es una de las últimas gracias que nos hace el ministerio, y lo leo para justificar por qué hemos presentado casi 50 enmiendas: «El Ministerio del Interior modifica a su antojo la Ley de personal». ¡Cuando se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados! ¡Esa es la referencia que usted me señalaba desde su escaño! Esta es la última gracieta de nuestro ministro, por no hablar de lo de la pasarela: va a Barcelona, y habla de un modelo de pasarela; viene a Madrid, y habla de otro modelo de pasarela; si fuera a otro lugar... Este es el ministro que tenemos, que va soltando cosas y ha conseguido enfadar a todo el mundo: ha conseguido enfadar a todo el mundo.

Hemos presentado 46 enmiendas. Se me ha pedido brevedad, pero quiero recalcar cuatro o cinco que nos parecen importantes.

Nuestras enmiendas números 126, 127 y 128 hablan de los derechos colectivos, de los sindicatos, de eso que a ustedes parece que les molesta tanto tener: interlocutores válidos que transmitan opiniones y lo que ocurre a diario. (Interpelaciones del señor Aznar Fernández). Sí, sí que les molesta. ¡Hombre, me reconocerán ustedes que toda esa arquitectura legislativa de la que ustedes se ufanan ha cercenado casi todos los derechos de los españoles! No sé si ustedes se dan cuenta de esto. (El señor Aznar Fernández: ¡No!). Sí, sí; y en esto, también. Mire, derechos colectivos, señor Aznar: ustedes no los atienden, mantienen la discriminación y no permiten que nuestros funcionarios puedan acercarse a los sindicatos. Niegan la negociación colectiva... (Interpelaciones del señor Aznar Fernández). Sí, sí, hombre: está en el texto... (El señor Aznar Fernández insiste). ¡Noooo! No, no, no.

A los capítulos de deberes, hemos presentado la enmienda 131, porque nos parecía un asunto muy importante. No se especifican, en todo el texto, ni las órdenes a obedecer o a ejecutar que se refieren a funciones del puesto. No aparece en el texto legislativo.

Hemos presentado varias enmiendas sobre las titulaciones y los estudios, para ahormarlos a lo que está pasando en Europa, a su cobertura. No han querido ustedes atender ninguna. No sé cómo luego viene el director general de la Policía a esta Cámara y dice que tenemos el mejor centro de formación de la policía; que es verdad, que es verdad, sí, sí, cosa que ustedes negaban —el señor Cosidó en esta misma Cámara y en esta tribuna lo ha negado—. Lo que ocurre es que las cosas se ven con una perspectiva distinta. Es de señalar la capacidad que les falta para recoger en el texto las titulaciones para poder ascender. Al tema de la formación hemos presentado las enmiendas números 138 y 139.

Voy terminando. A la regulación de los destinos hemos presentado las enmiendas números 144 y 145. No han solucionado ustedes nada, pero lo peor es que no han entendido el porqué de estas enmiendas, ni por qué los sindicatos, cuando se han reunido con ustedes y con nosotros, nos trasladaban la importancia de que entendiéramos y acogiéramos todo esto. Es una verdadera pena que ustedes no hayan tenido la capacidad de hacer un texto moderno. No lo han hecho. Han perdido ustedes una verdadera oportunidad, y la verdad es que no nos han sorprendido, porque les corrían prisa casi todos los textos del Ministerio del Interior que han presentado y no han buscado el consenso. Sí, sí, sí. ¿Quiere usted decirme ahora qué va a hacer esta Cámara en los próximos días y a qué velocidad vamos a ir? ¡Ah, eso a usted no le preocupa! No, no. Esto es lo mismo que lo que ustedes han hecho, además sin buscar el consenso.

No esté tan ufano, señor Aznar, del papel que usted y su grupo han hecho con las leyes del Ministerio del Interior.

Ya le advertí en el último texto de la Ley de seguridad ciudadana que, si algún día nuestro grupo tuviera la mayoría, cambiaríamos esta ley. Le digo que si algún día mi grupo tiene la posibilidad de estar en el Gobierno de España, modificaremos este texto; eso sí: buscando el consenso con ustedes y con los sindicatos, cosa que ustedes no han hecho.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ángel.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías.

Me corresponde a mí intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto a las enmiendas que se han presentado al articulado de la ley.

Quiero comenzar esta exposición agradeciendo a mi grupo parlamentario que me haya designado como ponente, junto con el compañero don Luis Aznar, para defender este proyecto de ley orgánica. Verdaderamente me siento honrado con esta designación, sobre todo por el cariño, respeto y admiración que siempre he sentido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso para mí es un privilegio defender en esta tribuna este Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

A modo de breve preámbulo —me lo van a permitir sus señorías—, y sin pretensión de exhaustividad ni de profundización, quiero destacar un par de aspectos de los policías nacionales. En primer lugar quiero destacar que, según el barómetro del CIS, la valoración que hacen los españoles de la Policía Nacional en el año 2015 supera a la que hicieron en el año 2014, y si nos vamos retrotrayendo en el tiempo, se va superando año a año según estos avanzan. En segundo lugar quiero decir que merecen todo el reconocimiento por ejercer sus funciones con absoluta entrega y profesionalidad, velando por el cumplimiento de las leyes, auxiliando y protegiendo a personas y bienes, manteniendo el restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana y realizando trabajos de prevención de comisión de delitos, de investigación, de colaboración, de ayuda, etcétera. Gracias a su profesionalidad y entrega y al alto grado de civismo de los españoles, España es hoy día un país muy seguro, y cada día lo es más, con unos índices de delincuencia cada vez más bajos.

Quiero poner de relieve la eficacia policial en la lucha contra el terrorismo de ETA, el terrorismo yihadista y la pertenencia a grupos radicales violentos, el tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado y la trata de seres humanos. Esto nos hace a todos sentirnos más libres, más seguros y, sin lugar a dudas, siempre agradecidos.

Me voy a referir ya a las enmiendas, empezando por dos que afectan a todo el proyecto de ley que han presentado Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Socialista, pero no me quiero olvidar de hacer tres advertencias al señor Ángel, portavoz del Grupo Socialista. En primer lugar, usted nos ha hecho una arenga mitinera que nada tiene que ver con la ley que debatimos. En segundo lugar tengo que decirle que no ha hablado usted de las enmiendas para nada. Ha hecho unas breves referencias al final de su intervención, pero no se ha referido al contenido ni a la justificación de las enmiendas. Quiero recordarle también que el resultado que ha obtenido el Partido Socialista en las pasadas elecciones —ya que lo ha sacado usted a colación en este foro— ha sido el peor de la historia del Partido Socialista en la democracia. Téngalo usted presente. (Aplausos).

Pregunta usted cuántas enmiendas del Grupo Socialista o de los grupos de la oposición se han aprobado en el Senado. Yo le pregunto: ¿Cuántas enmiendas han presentado ustedes en el Senado distintas a las que han presentado en el Congreso, como el señor Aznar y yo le decíamos a través de señas? Cero enmiendas, cero enmiendas distintas a las del Congreso.

Proponen en este proyecto de ley que debatimos —yo sí voy a hablar de las enmiendas— que se divida en dos partes: una, con rango de ley orgánica, que afecte a los derechos y deberes de los policías nacionales, y otra, con rango de ley ordinaria que regule el régimen de personal. Señoría, me dirijo tanto al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya como al PSOE: está recogido en la ley, y como le dije el otro día al señor Cascallana al terminar la comisión, parte de la ley tiene rango de orgánica y parte de rango de ley ordinaria, con lo cual no es necesario. Ustedes se basan en la rigidez, y rigidez ninguna, porque una ley ordinaria tiene la rigidez que tiene y una ley orgánica tiene la rigidez que tiene. Pero estamos cumpliendo un mandato constitucional en virtud del artículo 104 de nuestra Carta Magna.

Le diré respecto a las enmiendas 81 y 120, también de Entesa y del PSOE, respectivamente, que son idénticas. No voy a añadir nada nuevo a lo que ha dicho el compañero Aznar, pero le voy a decir una cosa nada más, y es que a mí me parece que a ustedes les chirría la palabra nacional —me refiero a la denominación de Policía Nacional—. No lo digo porque sí, lo digo porque el otro día en una entrevista oí en televisión a un muy destacado miembro del Partido Socialista, en crítica a su partido, que decía textualmente que para el PSOE estaba proscrita la palabra nacional —como digo, dicho por un miembro muy destacado de su partido—.

Voy a referirme a las enmiendas. Señor Iglesias, ustedes repiten en el Senado todas y cada una de las enmiendas que ya fueron rechazadas en el Congreso —también es verdad que no han presentado ni una más—.

En cuanto al principio de legalidad le quiero decir que toda la actuación de la Policía Nacional está impregnada por el principio de legalidad y que no requiere de una invocación expresa.



Le recuerdo que vivimos en un Estado de derecho y que en nuestra Carta Magna se recoge el principio de primacía de la ley.

En cuanto a los derechos de carácter individual y de ejercicio colectivo quiero decirle que este proyecto de ley orgánica es pionero en muchos aspectos, pero más en el capítulo de derechos individuales y colectivos —hasta ahora inexistente—, y que eleva a categoría la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Nosotros somos partidarios de la evaluación del desempeño, que ustedes rechazan tajantemente: por un lado, está regulado en el Estatuto básico del empleado público, y, por otro, para esa evaluación, se establecen criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad y no discriminación, y con la participación de las organizaciones sindicales a través de su representación en el Consejo de Policía.

En cuanto al preestablecimiento de horarios, cualquiera entiende que, dadas las características de la función de la Policía Nacional, sea difícilmente compatibilizar en todos los casos.

Libertad sindical. Bien, el proyecto de ley es respetuoso con la Ley 2/1986, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que establece que los miembros del colectivo policial solo podrán afiliarse a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por policías nacionales. Además, esta limitación responde también a un mandato constitucional expresado en el artículo 28 sobre el ejercicio del derecho a la libertad sindical, a las fuerzas o institutos armados.

Le quiero recordar que la participación de las organizaciones sindicales de la Policía está siempre presente en el día a día, tiene una importante presencia, y está suficientemente regulado, y la norma recoge el derecho que ostentan al plantear recursos frente a las resoluciones de los tribunales de selección.

Señor Iglesias, un asunto puesto en cuestión por usted y por otros grupos parlamentarios es la residencia, que yo comprendo que es una cuestión sensible. Pero yo le pregunto: ¿Es cierto o no que el servicio policial podría haberse comprometido si existiera una absoluta libertad de residencia, que es lo que ustedes propugnan? Señorías, con este proyecto de ley se fija, con la participación de las organizaciones sindicales a través del Consejo de Policía, un ámbito territorial de referencia buscando un equilibrio dada la función de la Policía Nacional, pero desaparece la residencia obligatoria en la plantilla de destino, que es lo que rige en la actualidad. Lo que se pretende es buscar un equilibrio entre la libertad de residencia y las exigencias de la labor policial.

Le diré en cuanto al resarcimiento económico a los policías nacionales que no hay desamparo alguno para los mismos ante una lesión o patología porque esta materia viene regulada en el título XI, que se refiere a la protección social.

En lo que afecta al título VI —que se refiere al ingreso en la Policía Nacional— les diré que ustedes pretenden que solo se acceda a través de la escala básica. Nosotros pensamos —somos partidarios— que es mejor el sistema de dos vías —a través de la escala básica y a través de la escala ejecutiva, con su respectiva titulación: bachiller por un lado y grado superior universitario respectivamente—, que es el sistema más adecuado para la consecución de los fines que tiene atribuidos la Policía Nacional.

Respecto a la formación, asunto muy importante, quiero hacerle dos referencias: la integración del sistema educativo policial en el sistema general habrá de hacerse, pero entendemos que no por imperativo legal, sino cuando se dé el reconocimiento por las autoridades educativas. Por otro lado, es imposible, como le he dicho antes, dadas las especiales características del cuerpo del que hablamos —de los policías nacionales—, que se pueda garantizar que toda la formación se preste en horario de trabajo. Por eso, en el texto de la ley se dice que se hará preferentemente en horario de trabajo.

En cuanto a la ordenación y provisión de puestos de trabajo piden que la disminución en las condiciones psicofísicas de un policía nacional que no suponga la jubilación o pase a segunda actividad sea valorada por un tribunal médico, y el proyecto de ley lo que exige es un informe del servicio sanitario, porque no estamos ante un cambio de situación administrativa, sino ante un simple o mero cambio de funciones.

Por otro lado, y a lo que ha hecho usted referencia, la libre designación. ¡Hombre, desaparece prácticamente del proyecto de ley la libre designación! Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que hay funciones de la Policía Nacional que aconsejan utilizar este sistema independientemente del nivel, sometido, por supuesto, a los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad, etcétera.

El régimen de representación. Quiero decirle que no creo que haya argumentos sostenibles para discutirme que las organizaciones sindicales representativas tienen una importancia fundamental y muy significativa en el día a día de la Policía.

Voy a pasar a las enmiendas presentadas por Entesa pel Progrés de Catalunya y por el PSOE, que son idénticas, tanto en contenido como en justificación. Ustedes lo que pretenden es hacer una nueva enumeración de los derechos de los policías nacionales prácticamente igual que la del proyecto de ley, pero introducen una novedad curiosa y es el derecho, que ya está recogido en el proyecto, a la adscripción a un puesto de trabajo de su escala o categoría y al desempeño efectivo de las tareas y funciones propias de él. Dicen que tiene como finalidad impedir la utilización de los policías nacionales, vía reglamentaria, para hacer cometidos no policiales. Pero permítanme, señorías, que les diga que el proyecto de ley en absoluto prevé esa utilización que ustedes dicen; me gustaría que me dijeran dónde lo dice.

Ya he respondido a las enmiendas 68 y 127 al contestar al portavoz de Izquierda Unida. Hay otro tipo de enmiendas, que son redundantes con los principios generales de funcionamiento de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y otras obvias, que piden que se tengan en cuenta los convenios internacionales ratificados por España. Señoría, los convenios internacionales como la legislación interna es de obligado cumplimiento, y por todas las administraciones.

Ya les he contestado respecto del deber de residencia.

El código de conducta. Ustedes desarrollan profusamente un contenido de código de conducta, pero el proyecto de ley, entiendo que con buen criterio, se remite a los códigos de conducta que ya obligan a los funcionarios de la Policía Nacional, de manera que se cumple de una forma más fiel con el principio de certeza jurídica.

El régimen de los funcionarios de carrera. Creo que ustedes confunden, y lo digo con todos los respetos, al igual que el portavoz de Izquierda Unida, las funciones a las que vienen obligados los policías nacionales con las del puesto de trabajo que desempeñan. El proyecto de ley no se refiere a funciones específicas de determinados puestos de trabajo, sino que recoge la disposición de realizar ciertas funciones policiales genéricas. También proponen una nueva redacción del artículo 20, que habla de especialidades, y piden que se establezcan vía reglamentaria. Pero si ustedes se leen la ley detenidamente, comprobarán que dice que la Policía Nacional tendrá las especialidades que sean necesarias, y no enumera las especialidades sino las áreas de actividad.

En cuanto a la promoción interna, pensamos que es acertado que se acceda a la categoría superior por concurso-oposición y por antigüedad selectiva. Ustedes proponen que a la categoría de comisario principal solo se acceda a través de antigüedad selectiva y a la categoría de oficial solo por concurso-oposición, y proponen además recuperar la figura del policía de primera, que conllevaría un incremento de gasto público innecesario y crearía problemas de gestión sin ninguna necesidad operativa cierta. La antigüedad no debe ser en exclusiva el sistema de ascenso, pues puede suponer una discriminación hacia otros aspirantes que tengan menos antigüedad pero que estén más capacitados.

Respecto de la enmienda 141, señor portavoz del PSOE, es mucho más garantista para el funcionario ofrecerle tres opciones para el ascenso que solamente dos, como ustedes proponen.

En cuanto al régimen de representación y participación, me remito a lo que he dicho anteriormente contestando a Izquierda Unida.

En cuanto a las enmiendas 104 y 152, las materias que reclaman como funciones del Consejo de Policía ya se informan en el seno de la Comisión de Seguridad Laboral de la Policía, por lo que no procede incluirlas entre las del consejo.

Respecto a la igualdad de trato, de lo que se ha hablado también anteriormente, tengo que decirles que en este proyecto de ley se asumen los principios de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a través de una especial referencia a la igualdad de trato y de oportunidad como un principio informador de la interpretación y aplicación de sus preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, de la formación profesional y de las condiciones de trabajo.

Voy a pasar ahora, en el tiempo que me resta, a contestar al señor portavoz de Convergència i Unió, y voy a referirme a las tres enmiendas que ha defendido. Proponen la incorporación de una disposición adicional nueva, mediante la cual se modifique la edad de jubilación de los policías nacionales, que el régimen de la Ertzaintza pase a dar cobertura también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que además los Mossos d’Esquadra sean financiados parcialmente por el Estado. La edad de jubilación a los sesenta y cinco años para la Policía Nacional nos parece adecuada y, desde luego, no voy a entrar a valorar las otras dos citas que le he hecho porque nada tienen que ver con este proyecto de ley ni me parecen apropiadas.

La enmienda 169 habla de la Ley de tropa y marinería en cuanto a la reserva de ese 20 %. Ustedes dicen que se retire esa disposición pero, al mismo tiempo, no dicen que se retire también la anterior, es decir, la regulación actual, la del 10 %, porque dicen que tienen distintas funciones unos de otros. Pero tendrán distintas funciones tanto el 20 % como el 10 %. Me parece una contradicción por su parte.

Y voy a terminar refiriéndome a la pasarela. La Entesa y el PSOE piden la supresión de la disposición adicional cuarta, calificándola de extravagante, y CiU pide la movilidad total, la movilidad interadministrativa. La incorporación prevista en el proyecto de ley está completamente reglada y con unas exigencias muy concretas: en primer lugar, que se tenga la titulación adecuada para cada escala; en segundo lugar, que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 26 de este proyecto de ley; en tercer lugar, que haya participación de las organizaciones representativas a través del Consejo de Policía; y, en cuarto lugar, que tenga su correspondiente desarrollo reglamentario. El modelo policial que ustedes tienen es distinto al que tiene el Partido Popular. CiU propone la total movilidad interadministrativa. Pero, señoría, me parece que no es el lugar para regular este extremo, porque las comunidades autónomas son competentes para regular el régimen de personal y, en el caso de Cataluña y el País Vasco, de las policías autonómicas en su ámbito territorial, con lo cual, el acceso a sus respectivos cuerpos policiales depende de ellas.

Señor presidente, veo que se me agota el tiempo. Termino diciendo que vamos a votar en contra de todas las enmiendas que se han mantenido vivas para este Pleno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Represa.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Entesa?

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

No pensaba intervenir, pero no puedo resistirme a decir un par de cosas. En primer lugar, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le tengo que decir que a este senador que le habla la palabra nacional no le chirria en absoluto. Lo que ocurre es simplemente que nuestro grupo —y yo, personalmente— defiende lo que dicen tanto el Estatut de Autonomía de Catalunya como la Constitución. El Estatut dice que Catalunya es una nació y la Constitución, en el artículo 1, dice que España se constituye en un Estado social y de derecho. Por lo tanto, no me chirria en absoluto, simplemente, intento ser fiel a lo que dicen las dos normas básicas que yo defiendo, que son la Constitución y el Estatut. No hay ningún problema, no me chirria nada en absoluto. Otra cosa es que a los grupos nacionalistas, como el suyo —y se lo he dicho en más de una ocasión—, les chirríe que hablemos de Estado o hablemos del castellano, que también es lo que dice la Constitución.

Y, finalmente, en cuanto a la tramitación separada o no de las leyes, simplemente le hago una pregunta que no se ha contestado: ¿por qué se ha cambiado el criterio? ¿Por qué cuando se discutieron las leyes de la Guardia Civil fueron dos y ahora se tramitan conjuntamente? ¿Cuál es la razón por la cual se tramita de esta forma conjunta? Únicamente se me ocurre una razón y es que el tiempo apremia, tienen que pasar 40 leyes y 41, tal vez, les parezca ya demasiado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?

Senador Sendra, tiene la palabra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ya he dicho en reiteradas ocasiones durante este debate nuestra posición está básicamente provocada por la ya famosa pasarela. Desde que este proyecto de ley entró en el Senado, venimos manifestando nuestra oposición radical a la pasarela unidireccional, senador Represa; unidireccional: solo las policías autonómicas pueden acceder al CNP. ¿Por qué no puede ser al contrario? Esta es la diferencia con sus argumentos.

Hemos manifestado nuestra oposición radical a la pasarela unidireccional que se crea para que los funcionarios de carrera de los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas puedan ingresar en Cuerpo Nacional de Policía, creando, a nuestro entender, una gravísima discriminación, pues no permite la movilidad en sentido inverso para los funcionarios de la Policía Nacional. Ustedes han aceptado una enmienda del Grupo Mixto para añadir a las policías locales a esa pasarela, y lo celebramos, porque ustedes estaban ninguneando a un cuerpo de seguridad que también es vital en todos y cada uno de los municipios del Estado. Pero, aun así, es absolutamente insuficiente, pues lo lógico sería que también los agentes del Cuerpo Nacional de Policía pudieran ingresar en las policías autonómicas o locales. En principio, me parece que esto sería mucho más lógico, al menos en Cataluña.

Por eso, dada la cerrazón del Grupo Popular en este tema, entendemos que quien marca la acción parlamentaria del PP en el Senado es el ministro Fernández Díaz. Porque no me van a negar ustedes que están a lo que diga el ministerio y el ministro. Y el ministro vive actualmente una situación de pánico y terror por el deseo pacífico, cívico y democrático de libertad que se vive en Cataluña. Para combatirlo, como su partido en Cataluña es residual desde el punto de vista electoral, legislan con todo descaro con su mayoría absoluta. ¿Para qué? Para vaciar el cuerpo de Mossos d’Esquadra de efectivos a través de una opa absolutamente hostil a ese cuerpo policial que hoy tiene la responsabilidad y la competencia de la seguridad ciudadana en Cataluña. Y esa opa hostil de la que les hablo se produce, según parece, por el teórico descontento que hay entre los mossos d’esquadra por la situación que se vive en Cataluña a causa del proceso soberanista catalán. Así lo manifestó el ministro en su día y fue celebrado con alegría por la presidenta del Partido Popular en Cataluña. El Partido Popular en Cataluña considera que la propuesta del ministro del Interior es inteligente, responsable e interesante. ¿Y no piensan ustedes que hay muchos agentes de la Policía Nacional nacidos o afincados en Cataluña que pueden estar descontentos con las actuaciones del Gobierno del Partido Popular en Cataluña en estos últimos años y que puedan desear pasar el puente, la pasarela, en dirección a los mossos? ¿Y no creen que, con las fuertes restricciones en la tasa de reposición que sufren las policías autonómicas, no sería más lógica esa bidireccionalidad? Y además me pregunto, ¿para qué quieren ustedes más agentes de la Policía Nacional en Cataluña? ¿Para pasearse por Calella? ¿Para seguir creando informes falsos sobre políticos catalanes afines a la independencia de Cataluña? De ahí nuestra firme oposición a esa pasarela unidireccional.

Nosotros defendemos la movilidad interadministrativa, incluso a nivel europeo, entre todos los cuerpos de seguridad, ya sea la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas o las locales. Y que nadie piense que estamos en contra del Cuerpo Nacional de Policía. Tenemos un profundo respeto por todas aquellas personas que velan por la seguridad de los ciudadanos, por nuestra seguridad, como lo hacen todos y cada uno de los agentes que tienen asignada nuestra seguridad en esta Cámara. Respeto profundo y admiración. Como la tenemos —igual que dije en su día en relación con la Guardia Civil— por aquella Policía Nacional que lucha denodadamente contra los delincuentes en internet, especialmente contra aquellos que tienen como objetivo a nuestros menores y adolescentes, y por otras tantas razones. Pero no puedo, no podemos tener respeto por esa Policía Nacional que alerta a presuntos terroristas yihadistas sobre el hecho de que están siendo vigilados por los mossos d’esquadra desde hace muchos meses, en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigidos por el juez central de instrucción número 1, Santiago Pedraz. Aquel chivatazo puso en gravísimo riesgo una investigación secreta contra una célula terrorista durmiente que, a medida que iba siendo diseccionada, parecía más cerca de pasar a la acción. Se puso en grave peligro la seguridad de los ciudadanos y por toda respuesta se obtuvo una reacción desproporcionada, airada y muy de acuerdo con su talante, del ministro del Interior. Esa Policía Nacional no nos gusta. Y no nos gusta tampoco que se organice una cumbre antiyihadista internacional en Barcelona, con la presencia de representantes policiales de 38 países y, aun siendo en Barcelona, se ningunee a quien también lucha denodadamente todos los días contra el terrorismo yihadista en Cataluña, que es el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Por todo lo dicho y por algunas cosas más que no he dicho, el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió votará en contra de este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño.

Quiero agradecer al señor Represa —y se lo digo con toda sinceridad— su trabajo, fundamentalmente por tratar de seducirnos e intentar convencernos de la bondad del texto que ustedes nos han presentado. Le agradezco, sobre todo, el rigor con que usted lo ha hecho.

Expresado mi agradecimiento —se lo digo con toda sinceridad—, si yo tuviera que definir el comportamiento de su grupo y del Gobierno, sería con la expresión mantenella y no enmendalla. Ustedes no escuchan nada, de verdad, no entienden nada, se han dedicado a perder a todos los interlocutores válidos que podían haber mejorado este texto, y no lo han hecho. Mantenella y no enmendalla. Durante todo el debate parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, les hemos intentado transmitir determinadas cuestiones que también les han trasladado a ustedes otros interlocutores que han venido aquí, solo con un objetivo: mejorar este texto. Mantenella y no enmendalla. Esta es la definición que podríamos dar.

En cuanto a si nos molesta el término de nacional —y con ello termino—, quiero decirles que a mí no me molesta nada, entre otras cosas, porque digo Cuerpo Nacional de Policía. ¡Mire usted si me va a molestar ahora decirlo aquí! Cuando voy a la biblioteca, digo la Biblioteca Nacional. Cuando hablo de mi equipo de fútbol, me refiero al equipo nacional o a La Roja. Por tanto, no me suele molestar el término nacional. Pero si existe un intento de monopolizar la palabra nacional, entonces sí me molesta. Recuerde usted que en esta Cámara tuve un pequeño rifirrafe con el senador Granados porque afeó nuestra conducta cuando hablábamos de la capital porque él decía que era la capital de la nación. No, el artículo 5 de la Constitución dice claramente que la villa de Madrid es la capital del Estado. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún complejo en decir la palabra nacional. Yo lo suelo decir para casi todo. La semana pasada estuve en el Museo Arqueológico Nacional.

Rectifiquen; rectifiquen, señores del Grupo Parlamentario Popular. Les advierto que han perdido ustedes la oportunidad de tener un texto moderno, del siglo XXI, que diera cobertura a la Policía... Nacional. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ángel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Buenas noches de nuevo, señorías.

Nos encontramos ante un buen Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional y creo que tenemos la oportunidad de apoyar lo que se va a convertir en una ley necesaria, yo diría que imprescindible, para la Policía Nacional y para toda la sociedad. De antemano, agradezco el voto favorable de los senadores que así lo han manifestado.

En el Partido Popular consideramos —y coincidimos en ello plenamente con el Gobierno de España— que resulta indispensable actualizar y completar el régimen estatutario general de los funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional, adaptándolo a sus necesidades organizativas y funcionales y a las demandas del colectivo que la integra, pues son casi treinta años los que han transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de los cambios que ha habido en la regulación de la función pública, singularmente con la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, así como la propia evolución de la institución policial en su paulatina adaptación a las demandas sociales, como dice el preámbulo de este proyecto de ley.

Como les decía, creo que estamos ante la importante oportunidad de apoyar un proyecto de ley que va a suponer un avance sustancial para la Policía Nacional. Y les decía que era importante esta ley porque la Policía Nacional lleva tiempo esperando un marco legal adecuado y acorde con los tiempos actuales. El Partido Socialistas tuvo siete años —el tiempo que duraron las dos anteriores legislaturas de triste recuerdo— para traer a las Cortes Generales un proyecto de ley de policía, y lo hicieron tan al final de la legislatura que no dio tiempo ni a su tramitación. La propuesta del actual Gobierno se ha estado negociando desde febrero del año 2012, al principio de esta legislatura, fecha en que dieron comienzo los trabajos relativos a esta ley. Se lo digo porque ustedes critican que la ley ha llegado tarde, a última hora, y, como ven, no es verdad, porque lleva más de tres años de debate como consecuencia de la alta participación que han tenido los distintos colectivos y estamentos, llámense grupos de trabajo de la Administración y sindicatos, Consejo de Policía, diversos ministerios, estamentos, etcétera. Ha habido mucha negociación con los sindicatos, con puntos de encuentro y con puntos de desencuentro, evidentemente, pero ha habido muchos avances en relación con la actual normativa que se han visto plasmados en este proyecto de ley; es decir, ha habido una extensa e intensa participación del colectivo afectado.

Es una ley que no puede esperar más, que recoge muchas de las sensibilidades de los distintos colectivos, aunque evidentemente no puede recoger todas sus demandas porque son muchas demandas y muchas organizaciones, pero se ha estado escuchando a todos desde el año 2012 y se han conseguido muchas cosas. Por ello, es necesario que el Instituto Armado de la Policía Nacional tenga su ley. Todo ello hace que resulte una ley imprescindible.

Comprendo que haya senadores contrarios, como decía en mi primera intervención, al modelo policial español, pero tengan en cuenta que es el modelo mejor valorado y sirve de ejemplo y referencia a otros países tanto comunitarios como extracomunitarios por ser el nuestro uno de los países más seguros del mundo. Este modelo es eficaz y sirve extraordinariamente bien a la sociedad, y con esta ley pretendemos mejorar.

En definitiva —y voy concluyendo, señor presidente—, este proyecto de ley consigue dos objetivos fundamentales. Por un lado, aglutinar y actualizar el régimen de personal de la Policía Nacional en una única norma y, por otro lado, el establecimiento de un catálogo de derechos y deberes de los policías nacionales, mejorando otros muchísimos aspectos como la protección jurídica y social.

Agradezco a los portavoces el tono empleado, tanto en la comisión como en el Pleno, sus aportaciones para la mejora del texto y el esfuerzo y el trabajo desarrollado por todos. También quiero dar las gracias al letrado de la comisión por sus sabias contribuciones a este proyecto de ley.

Señorías, concluyo ya diciendo que esta, que va a ser una ley histórica, va a ser la primera ley de la Policía Nacional de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Represa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.

Empezaremos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto de los señores Iglesias y Mariscal.

En primer lugar votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 7, 9, 15, 23, 25, 43, 49, 54, 67, 69, 71, 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 59; en contra, 142; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3, 5, 10, 13, 14, 24, 27, 37, 47, 48, 58, 63, 66 y 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 2; en contra, 141; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 2; en contra, 197; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos la enmienda 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 62; en contra, 142; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 81, 108 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos ,214; a favor, 73; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 94 y 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 56; en contra, 142; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 82 a 93, 96 a 107, 109, 110, y 112 a 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 57; en contra, 140; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió votamos la enmienda 167.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 17; en contra, 199.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 17; en contra, 199.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 169.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas 140, 141 y 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 56; en contra, 142; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120, 156, 159 y 162.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 121 a 139, 143 a 155, 157, 158, 160, 161 y 163 a 166.

Comienza la votación.



(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 142; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 56; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 68 del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 203; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 171 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 172 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 59; en contra, 141; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos las modificaciones introducidas en la comisión y que no se hallan comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 215; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 142; en contra, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches a todos.

Eran las veintidós horas y treinta cinco minutos.


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