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DS. Senado, Pleno, núm. 160, de 23/06/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 75

celebrada el martes, 23 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanz Carramiñana. 500/000319


ACTAS

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 9 y 10 de junio de 2015.


PREGUNTAS

Pregunta sobre el plan de contingencia con el que cuenta el Gobierno para el caso de que fracasen las negociaciones de la Unión Europea con Grecia. 680/001128 Grecia; política monetaria única; zona euro JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)


Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno sigue pensando que su problema son los medios de comunicación. 680/001129 medio de comunicación; política gubernamental ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)


Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno es consciente del rechazo generalizado que tienen en Catalunya las sistemáticas políticas anticatalanas que ha impulsado a lo largo de la Legislatura. 680/001136 Cataluña; relación Estado-entidades territoriales JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)


Pregunta sobre si el Gobierno piensa plantear en la Unión Europea, ante la situación de la inmigración masiva, una especie de Plan Marshall europeo para el continente africano. 680/001107 ayuda al desarrollo; migración ilegal; África IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)


Pregunta sobre si el Gobierno garantiza la confianza de los ciudadanos en la justicia en nuestro país. 680/001131 sistema judicial JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)


Pregunta sobre si el Gobierno considera que D. José Antonio Sánchez Domínguez reúne el perfil idóneo para presidir la Corporación RTVE. 680/001122 empresa pública; pluralismo de los medios de comunicación; televisión JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)


Pregunta sobre las medidas urgentes que va a adoptar el Gobierno con el fin de evitar el despropósito de que los ayuntamientos y diputaciones deban embargar a las personas más necesitadas el importe de las ayudas sociales que la propia administración les otorga, en el caso de tener deudas con la administración y sin respetar mínimo alguno por alimentos. 680/001137 administración local; embargo de bienes; política social FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


Pregunta sobre si el Gobierno está actuando con decisión para solucionar urgentemente el expediente de reinicio de los servicios marítimos de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes (Francia) ante las gravísimas consecuencias que provoca en Asturias su suspensión desde el pasado mes de septiembre al impedir la diversificación de tráficos del puerto de El Musel y desviar la actividad portuaria hacia la región vecina de Galicia. 680/001126 Francia; Galicia; Principado de Asturias; autopista; instalación portuaria ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)


Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para que el aeropuerto de Foronda (Vitoria-Gasteiz) recupere el H24. 680/001127 Vitoria/Gasteiz (Araba/Álava); aeropuerto; horario comercial MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)


Pregunta sobre la deuda total del Ministerio de Fomento y de cada una de las empresas del Grupo Fomento a 31 de diciembre de 2014. 680/001132 deuda pública; infraestructura de transportes; urbanismo JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)


Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante esta Legislatura. 680/001124 cultura; deporte; política educativa; universidad ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)


Pregunta sobre si el Gobierno va a replantearse el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a fin de superar la incertidumbre existente en el mundo educativo. 680/001130 legislación escolar; organización de la enseñanza VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)


Pregunta sobre el criterio que tiene el Gobierno en relación con la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal oficial. 680/001123 gratuidad de la sanidad; vacunación MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)


Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del cumplimiento de su plan para la dispensación de los tratamientos de última generación frente a la hepatitis C. 680/001125 derecho a la salud; enfermedad infecciosa; gastos farmacéuticos JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)


Pregunta sobre el momento en que será prioridad de este Gobierno la lucha contra la gravísima y creciente desigualdad social que sufre nuestro país. 680/001133 desigualdad social; política social RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)


Pregunta sobre las medidas concretas que tiene previsto adoptar el Gobierno para enfrentar los problemas agravados y específicos de salud que sufren las mujeres como consecuencia de los recortes sociales impuestos a los ciudadanos. 680/001135 condición de la mujer; política de austeridad ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)


Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la evolución de la capacidad de empleo y la cobertura social de los desempleados en nuestro país. 680/001134 lucha contra el paro; seguro de desempleo RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)


INTERPELACIONES

Interpelación sobre si el Gobierno piensa modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para fijar un límite de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos clasificados como secretos o reservados. 670/000189 derecho a la información; secreto de Estado; transparencia administrativa JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)


Interpelación sobre la valoración que realiza el Gobierno del proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 670/000192 autoconsumo; decreto; suministro de energía eléctrica AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para traspasar a las Comunidades Autónomas los inmuebles que tienen adscritos y que albergan hospitales, ambulatorios y servicios sociales, pero que siguen siendo propiedad de la Seguridad Social, con el fin de racionalizar su gestión. 670/000194 edificio público; equipamiento social; reparto de competencias FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


Interpelación sobre el cumplimiento por parte del Gobierno de las medidas comprometidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados en relación con la conocida como cuestión de los bebés robados, que tuvo lugar en nuestro país. 670/000193 adopción; investigación judicial; protección maternal e infantil; secuestro de personas ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política industrial. 671/000178 globalización; innovación; política industrial GPS


HABILITACIONES

Pleno del Senado. 551/000066


Tramitación de iniciativas legislativas. 551/000067


Elección de cargos en las Mesas de las Comisiones. 551/000068


Comisión de Cultura. 551/000063


Comisión Especial de Estudio sobre el trabajo y la explotación infantil. 551/000064


Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d. 551/000069


Comisión de Economía y Competitividad. 551/000069


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES

Delegación de la competencia legislativa en las Comisiones correspondientes para la aprobación de diversos Proyectos de Ley. 551/000065

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.



MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE

MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE. 550/000059

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA. 500/000319

El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanz Carramiñana adquiere la condición plena de senador al prestar acatamiento a la Constitución.



ACTAS

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2015.

Se aprueba el acta.



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA CON EL QUE CUENTA EL GOBIERNO PARA EL CASO DE QUE FRACASEN LAS NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON GRECIA. 680/001128 JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bildarratz Sorron. En turno de dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).



PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SIGUE PENSANDO QUE SU PROBLEMA SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 680/001129 ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

El señor López Águeda formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno de réplica interviene de nuevo el señor López Águeda. En turno de dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).



PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ES CONSCIENTE DEL RECHAZO GENERALIZADO QUE TIENEN EN CATALUNYA LAS SISTEMÁTICAS POLÍTICAS ANTICATALANAS QUE HA IMPULSADO A LO LARGO DE LA LEGISLATURA. 680/001136 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

El señor Cleries i Gonzàlez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Cleries i Gonzàlez. En turno de dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA PLANTEAR EN LA UNIÓN EUROPEA, ANTE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN MASIVA, UNA ESPECIE DE PLAN MARSHALL EUROPEO PARA EL CONTINENTE AFRICANO. 680/001107 IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS. 680/001131 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

El señor Martínez-Aldama Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Catalá Polo). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Martínez-Aldama Sáenz. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ REÚNE EL PERFIL IDÓNEO PARA PRESIDIR LA CORPORACIÓN RTVE. 680/001122 JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Guillot Miravet. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO CON EL FIN DE EVITAR EL DESPROPÓSITO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DEBAN EMBARGAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS EL IMPORTE DE LAS AYUDAS SOCIALES QUE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN LES OTORGA, EN EL CASO DE TENER DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y SIN RESPETAR MÍNIMO ALGUNO POR ALIMENTOS. 680/001137 FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor Bel Accensi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bel Accensi. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON DECISIÓN PARA SOLUCIONAR URGENTEMENTE EL EXPEDIENTE DE REINICIO DE LOS SERVICIOS MARÍTIMOS DE LA AUTOPISTA DEL MAR ENTRE GIJÓN Y NANTES (FRANCIA) ANTE LAS GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS QUE PROVOCA EN ASTURIAS SU SUSPENSIÓN DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE AL IMPEDIR LA DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS DEL PUERTO DE EL MUSEL Y DESVIAR LA ACTIVIDAD PORTUARIA HACIA LA REGIÓN VECINA DE GALICIA. 680/001126 ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor Martínez Oblanca formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Martínez Oblanca. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE EL AEROPUERTO DE FORONDA (VITORIA-GASTEIZ) RECUPERE EL H24. 680/001127 MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

La señora Iparragirre Bemposta formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).



PREGUNTA SOBRE LA DEUDA TOTAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO FOMENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 680/001132 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)

El señor Fernández Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Fernández Ortega. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DURANTE ESTA LEGISLATURA. 680/001124 ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

La señora Capella i Farré formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Capella i Farré. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REPLANTEARSE EL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, A FIN DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE EN EL MUNDO EDUCATIVO. 680/001130 VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

El señor Álvarez Areces formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Álvarez Areces. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).



PREGUNTA SOBRE EL CRITERIO QUE TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE LA VACUNA DE LA VARICELA EN EL CALENDARIO VACUNAL OFICIAL. 680/001123 MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

La señora Almiñana Riqué formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Almiñana Riqué. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL CUMPLIMIENTO DE SU PLAN PARA LA DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS C. 680/001125 JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor Iglesias Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Iglesias Fernández. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).



PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE SERÁ PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO LA LUCHA CONTRA LA GRAVÍSIMA Y CRECIENTE DESIGUALDAD SOCIAL QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. 680/001133 RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

La señora Andrés Prieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Andrés Prieto. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS AGRAVADOS Y ESPECÍFICOS DE SALUD QUE SUFREN LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LOS RECORTES SOCIALES IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS. 680/001135 ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)

La señora Llinares Cuesta formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Llinares Cuesta. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE EMPLEO Y LA COBERTURA SOCIAL DE LOS DESEMPLEADOS EN NUESTRO PAÍS. 680/001134 RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

El señor Varela Sánchez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Varela Sánchez. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA MODIFICAR LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES, PARA FIJAR UN LÍMITE DE AÑOS A PARTIR DEL CUAL SE DESCLASIFIQUEN AUTOMÁTICAMENTE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS. 670/000189 JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)

El señor Saura Laporta expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate). Vuelve a intervenir el señor Saura Laporta. Cierra el debate el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate).



INTERPELACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO. 670/000192 AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

La señora Salanueva Murguialday expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López). Vuelve a intervenir la señora Salanueva Murguialday. Cierra el debate el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TRASPASAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS INMUEBLES QUE TIENEN ADSCRITOS Y QUE ALBERGAN HOSPITALES, AMBULATORIOS Y SERVICIOS SOCIALES, PERO QUE SIGUEN SIENDO PROPIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE RACIONALIZAR SU GESTIÓN. 670/000194 FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor Bel Accensi expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). Vuelve a intervenir el señor Bel Accensi. Cierra el debate la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).



INTERPELACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS. 670/000193 ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

El señor Rodríguez Esquerdo expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Catalá Polo). Vuelve a intervenir el señor Rodríguez Esquerdo. Cierra el debate el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).

Hace uso de la palabra el señor López Águeda en relación con la intervención del el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL. 671/000178 GPS

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Alique Lopez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.



HABILITACIONES

PLENO DEL SENADO. 551/000066

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión plenaria extraordinaria los días 7, 8 y 9 de julio de 2015, cuyo orden del día es leído por el señor presidente.

Esta autorización incluye tanto el cómputo de los plazos a los que se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las reuniones de las comisiones y sus órganos que resulten necesarias para la tramitación de las iniciativas incluidas en el orden del día de dicha sesión plenaria extraordinaria.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. 551/000067

Se solicita la habilitación de los plazos y las reuniones necesarias de los órganos de la Cámara durante el período extraordinario de sesiones para la tramitación de las iniciativas a que da lectura el señor presidente.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



ELECCIÓN DE CARGOS EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES. 551/000068

Se solicita la habilitación para la celebración de reuniones extraordinarias de comisiones durante el periodo extraordinario de sesiones para que procedan a cubrir las vacantes que se puedan producir en sus Mesas.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



COMISIÓN DE CULTURA. 551/000063

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de esta comisión, el día 6 de julio de 2015, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL. 551/000064

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de esta Comisión, el día 6 de julio de 2015, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado, así como las correspondientes sesiones extraordinarias durante el mismo mes.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D. 551/000069

Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria, el día 1 de julio de 2015, de la mencionada ponencia de estudio para la aprobación del Informe.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 551/000069

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria, el día 1 de julio de 2015, para la aprobación del Informe elaborado por la Ponencia estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES

DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY. 551/000065

Al amparo de lo establecido en los artículos 75.2 de la Constitución y 130.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado, oídos los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, en su reunión del 23 de junio de 2015, y a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha resuelto proponer al Pleno la delegación de la competencia legislativa en las comisiones correspondientes para la aprobación de los proyectos de ley que enumera el señor presidente.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha delegación.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.

Se abre la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se abre la sesión.



MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE.

MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE. 550/000059

El señor PRESIDENTE: Señorías, en los últimos días han fallecido don Juan Ignacio de Uría, que fue senador por designación real en la legislatura constituyente y luego senador por el Parlamento Vasco hasta el año 1989, y don José Federico de Carvajal, que fue presidente de esta Cámara, presidente del Senado, entre los años 1982 y 1989. Yo les rogaría que guardáramos un minuto de silencio en su memoria. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias. (Aplausos).



ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA. 500/000319

El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: Procede el acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz Carramiñana.

¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz Carramiñana ha adquirido la condición plena de senador.

Bienvenido y mucha suerte. (Aplausos).



ACTAS

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2015.

El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna observación? (Denegaciones).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada.



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA CON EL QUE CUENTA EL GOBIERNO PARA EL CASO DE QUE FRACASEN LAS NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON GRECIA. 680/001128 JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, preguntas. Preguntas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Jokin Bildarratz.

Tiene la palabra su señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Arratsalde on, mahaiburu jauna.

Señor presidente del Gobierno, declaración de la portavoz del Gobierno británico hace dos semanas ante la posible salida de Grecia de la zona euro: «Seguimos asegurándonos de que tenemos listos los planes adecuados y estamos acelerando los preparativos, habida cuenta de dónde se encuentran las conversaciones». Fin de la cita.

La declaración es de la portavoz del Gobierno británico, no de la portavoz del Gobierno español, que ha estado totalmente silente y ausente ante la grave eventualidad que hemos vivido estas últimas semanas. Lo lógico es que un gobierno, incluso el británico, que como sabemos no es miembro de la Unión Monetaria, realice un análisis y una valoración del potencial impacto que sobre la economía, esto es, sobre las empresas, la banca, el sector financiero, el comercio y el turismo, tendría una eventual salida de un país de la zona euro.

En esa misma línea, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, calificaba de «gran incertidumbre» las consecuencias reales que tendría una salida forzada de Grecia de la Eurozona. La portavoz del Gobierno español se encontraba, entretanto, ocupada con el devenir de los cambios políticos en su partido, tratando, primero, de preverlos y de descifrarlos después. El problema es que usted, su portavoz y su gobierno continúan a lo mismo cuando la situación en Grecia sigue siendo delicada y lo será en los próximos años. Porque, aunque la reunión de jefes de gobierno del Eurogrupo constató ayer la existencia de avances en la negociación con Grecia, somos muy conscientes de que no se va a producir un acuerdo definitivo, por lo que la situación de incertidumbre volverá a plantearse. La situación no se ha resuelto definitivamente porque antes de que finalice el mes caduca el segundo rescate y el país tiene que pagar 1500 millones de euros al FMI, además de lo que tenga que cubrir durante el verano.

Hemos escuchado decir que las consecuencias de esta situación pueden ser imprevisibles, pero lo que la ciudadanía espera de un gobierno es, cuando menos, primero, una previsión de escenario, segundo, un plan de contingencia y, tercero, una batería de medidas dispuestas a paliar las consecuencias de esta situación tan grave. Usted, señor presidente, me podría decir que nada de lo que ocurre en Grecia va a tener consecuencia alguna para nuestra economía, con lo que yo agradeceré su respuesta y daré por finalizada la pregunta. Pero, todas y todos los aquí presentes somos conscientes de que esto no es así. Por eso, le formulo la pregunta: ¿cuál es el plan de contingencia con el que cuenta el Gobierno ante la situación que se ha suscitado en Grecia o, dicho de otra manera, cuál es el análisis realizado por el Gobierno, cuáles son las medidas que ha previsto y cuál es la evaluación de la situación que ustedes realizan de cara al futuro? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Bildarratz.

El plan del Gobierno español es exactamente el mismo que el de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el resto de los países que conforman el Consejo Europeo que nos hemos reunido en la noche de ayer. El plan es llegar a un acuerdo con el Gobierno griego. El objetivo es que Grecia se mantenga en el euro, que podamos desembolsar las cantidades pendientes del segundo programa, que el BCE pueda continuar actuando y que Grecia se comprometa a reducir su déficit público, su deuda y a hacer reformas estructurales que le permitan crecer y crear empleo. Este es el plan y lo que tiene que hacer Grecia son esas reformas estructurales a las que acabo de hacer referencia. En el día de ayer hemos acordado darle un mandato al Eurogrupo, que se reunirá mañana a las 19 horas. Estoy absolutamente convencido de que en poco tiempo se conseguirá un acuerdo con Grecia. Insisto este es el plan de las tres instituciones y de todos y cada uno de los países que conforman el Consejo Europeo

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Pero no me ha contestado a nada, dado que Portugal, Irlanda, Reino Unido, y muchos otros países han adoptado ya medidas porque, evidentemente, la salida de Grecia del Eurogrupo va a tener consecuencias dentro del Estado español. Además, hemos conocido, por los medios de comunicación, que ustedes van a presentar los presupuestos para el año 2016. Imaginamos que a no ser que usted haya tirado la toalla, que puede ser, habrá contemplado una serie de medidas que tendrán su traducción en los próximos presupuestos. No pretendo ser alarmista, pero me voy a referir a los análisis que se han publicado sobre la situación que estamos viviendo, los cuales contemplan también problemas para España. Primero, existe el riesgo de contagio, es decir, que la presión de Grecia se traslade a otras economías europeas; segundo, las instituciones financieras serían las peor paradas ante esta situación; cuentan con una importante cantidad de deuda pública y todavía no se han rehecho de la crisis financiera; tercero, un incumplimiento parcial o total de sus compromisos por parte de Grecia tendría como efecto un menor crecimiento europeo y la recuperación en Europa tiene un ritmo más lento que el mercado asiático o americano y evidentemente eso tiene consecuencias de cara a la inversión y de cara al consumo interno; y eso es diferente en Alemania y también lo es en el Estado español. Eso es lo que usted tiene que preparar en un plan de contingencia porque eso es lo que nosotros le estamos planteando. Cuarto, tal y como expresaba la agencia de calificación crediticia Moody’s, las dificultades de Grecia lastrarán la confianza y pueden debilitar la recuperación de la confianza en la unión monetaria porque el que se empobrece es el ciudadano del Estado español. Ayer cambió la tendencia, pero esta última semana hemos sentido ya las consecuencias de la situación con un claro debilitamiento bursátil, con un descenso en torno al 13 % y también en mercado de deuda pública con la prima de riesgo escalando por encima de 150 puntos e incluso en algunos momentos llegando a la cifra de 170.

Señor presidente, las consecuencias de la situación económica en Grecia son importantes. Estos problemas deben ser evaluados, medidos, analizados, y las medidas propuestas tienen que ser valoradas y también comunicadas —esto es muy importante— a la ciudadanía; deberían incluso ser acordadas, pero eso, hablando del Partido Popular, sabemos que es mucho pedir, que es, en estos momentos, un imposible.

Quiero recordarle que llueve sobre mojado. La pasada semana tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión en Washington con el Fondo Monetario Internacional y el mensaje que recibimos, para la situación económica en España, no fue nada halagüeño, y menos en este contexto de incertidumbre generado por el dossier Grexit, que afecta a España.

Son de sobra conocidas las medidas propuestas para España por el FMI: reformas adicionales, garantizar una mayor diferenciación de salarios entre empresas, nueva reforma laboral, incremento de los impuestos especiales y medioambientales, aumento del IVA, etcétera. El problema, señor presidente, no son tanto las medidas propuestas, que también, sino que su mera propuesta viene a contradecir radicalmente el hiperoptimista escenario económico que está aireando su Gobierno. Usted declara que va a tomar unas medidas, y el Fondo Monetario Internacional le recomienda que adopte justo las contrarias. El siguiente paso ya lo conocemos, lo conocimos hace cuatro años; está claro que en periodo preelectoral usted no va a adoptar ninguna de las medidas que le han propuesto, eso está claro; es previsible que incluso ni las acepte. Usted pretende repetir lo que hizo en la campaña de las elecciones anteriores, que es presentar una propuesta en su programa para luego llevar justamente la contraria a la práctica.

El día 16 de noviembre del 2011, a cuatro días de la cita con las urnas, usted declaraba: Yo no voy a subir los impuestos; no. Fin de la cita. Además, usted lo explicaba por si alguien no lo había entendido bien: Subir los impuestos hoy —decía— significa más paro y más recesión; subir los impuestos hoy es dar una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas. Ese fue el fin de la cita.

Hoy nos encontramos en las mismas; usted vuelve a hablar de bajada de impuestos mientras el Fondo Monetario Internacional le recuerda la necesidad de que los suba. La situación es la misma, pero con una única diferencia: la ciudadanía ya sabe cuál será el resultado final, que es que Rajoy propone y el Fondo Monetario Internacional dispone, porque usted no es como Tsipras que se pelea hasta la extenuación poniendo el pie contra pared. (Protestas).

Termino con una última reflexión, señor presidente. No ofrece ninguna confianza un Gobierno que no ha analizado la situación para el Estado español, que no ha evaluado las consecuencias para el Estado español y que no ha adelantado las medidas a adoptar para el Estado español. Nunca es tarde. Le invito a que lo haga porque las tensiones de deuda se van a mantener en Grecia, pero también en España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Tiene la palabra, señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Bildarratz, con absoluta franqueza, no sé si usted quiere que yo haga lo que dice el Fondo Monetario Internacional o no lo quiere. Lo único que le puede decir es que en España gobierna el Gobierno de España y no el Fondo Monetario Internacional. (Aplausos). A lo mejor usted preferiría que gobernara el Fondo Monetario Internacional. (Aplausos).

Y claro, entre Grecia y España hay una pequeña diferencia, y es que en España tomamos decisiones, evitamos el rescate y hoy estamos aquí. Esa es la pequeña diferencia entre lo que ocurre en Grecia y lo que ocurre en España. (Aplausos).

El Fondo Monetario Internacional lo más sustancial que dice en el informe que se refiere a España es que España, en el año 2015, es el país de la Unión Europea que más crecimiento económico va a tener. Eso es muy positivo, y usted debiera alegrarse. Además, dice que España es el país de la Unión Europea en el que va a haber un mayor crecimiento del empleo; es decir, exactamente lo contrario de lo que sucedía en 2012 cuando llegamos al Gobierno, y usted debiera alegrarse, señor Bildarratz. (Aplausos).

Dejado claro este asunto, que creo que no hacía falta, pero, por lo que escuchado, no me queda otro remedio que recomendarle que, cuando quiera criticar al Gobierno, al menos se documente y sepa de lo que habla, vamos a hablar ahora de Grecia. (Rumores). Voy a tratar de explicarle cómo está la situación en Grecia y qué es lo que creo yo que va a suceder.

En el momento presente Grecia no tiene quien le preste con la única excepción de los países que conformamos la Unión Europea. Grecia ha recibido la solidaridad de Europa; en concreto, ha recibido de Europa 225 000 millones de euros de préstamos, que es el equivalente al 90 % de su PIB, que es como si a España le hubieran prestado los países europeos 900 000 millones de euros. El principal de ese préstamo que tiene Grecia con Europa se empieza a pagar dentro de 30 años. No son malas condiciones. Y los intereses dentro de 10 años. No son malas condiciones. España ha aportado 26 000 millones de euros en préstamos a Grecia y, además, se ha aprobado una quita del 50 % de los préstamos de los privados. Por tanto, primer mensaje: la solidaridad de Europa con Grecia existe. Segundo: los países de la Unión Europea queremos seguir siendo solidarios con Grecia. Y, tercero: todos pensamos igual en la Unión Europea, como quedó acreditado en el día de ayer.

A partir de ahí le voy a hacer dos consideraciones importantes. Antes de las elecciones griegas, Grecia tenía un programa que estaba cumpliendo. Se le entregaba el dinero de los préstamos, el Gobierno hacía reformas para crecer y para crear empleo, y su pronóstico de crecimiento para este año estaba por encima del 3 %. Pero hubo elecciones —y me limito simplemente a reflejar los hechos, no voy a hacer ningún juicio de valor, no me corresponde—, y el nuevo gobierno se negó a cumplir las condiciones pactadas en su día; anunció que daría marcha atrás en las reformas hechas; pidió que se le diesen los 7200 millones de euros pendientes del segundo programa, más dinero sin condiciones, porque decían que lo necesitaban, y además una quita de la deuda. Esto es lo que ha defendido el Gobierno de Grecia en estas fechas. Yo no voy a entrar en los detalles, pero sí quiero decirle dos cosas. Primero, que Europa y las instituciones se avinieron a negociar las condiciones. Europa fue flexible; fueron flexibles la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Lo peor de lo que ocurrió fue que al quebrarse el acuerdo entre las instituciones y el Gobierno griego, como siempre, empezaron a pagar los ciudadanos. La economía, que iba a crecer el 3 % largo, ahora tiene una previsión de crecimiento del 0,5, pero en el primer trimestre el crecimiento fue negativo. La prima de riesgo subió de 500 a 1000. Empezaron las salidas de depósitos. Aumentó el desempleo. Se redujo el superávit fiscal primario. Y cayó la recaudación un 24 % en este mes de mayo con respecto a mayo del año anterior. Es decir, que las cosas no van a mejor.

¿Cuál es la solución? Pues la que hemos defendido siempre: hacer políticas que permitan crecer y crear empleo. Y ayer hubo un dato positivo; ayer por fin, Grecia, o su gobierno, se dio cuenta de que no podía continuar así; ayer dio marcha atrás en sus planteamientos y, por eso, mañana habrá una reunión del Eurogrupo. Yo espero que esa reunión sea positiva. Espero que Grecia continúe en el euro. Creo que es bueno para Grecia, que lo es, sobre todo, para los ciudadanos griegos y para el conjunto de Europa. Y si no es así, déjeme que no contemple este escenario de momento. Sí le digo que ya no estamos en la situación de 2012, porque España ya no está amenazada por un rescate, porque aquí ya no se discute si va a haber un euro de primera velocidad o uno de segunda y porque España hoy, como ha hecho reformas estructurales, tiene una economía sustentada en bases sólidas; es el país que más está creciendo de Europa y el que más está creando empleo.

Por tanto, no se preocupe usted por lo que le pueda pasar a nuestro país, que ya está estudiado, como todo, en la Unión Europea. A lo que tenemos que dedicarnos ahora es a salvar a Grecia, ahora y en el futuro. Y a eso se aplica el Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SIGUE PENSANDO QUE SU PROBLEMA SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 680/001129 ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Óscar López Águeda.

Tiene la palabra su señoría.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, lleva usted tres años y medio ya al frente del Gobierno de España. Tres años y medio escurriendo el bulto y buscando culpables permanentemente. Primero fue la herencia, luego los sindicatos, los ayuntamientos... (Rumores); calma; las comunidades autónomas. Ahora la culpa es de las televisiones, o de Floriano, que es el único cambio que ha hecho usted. La culpa siempre es de los demás, nunca es suya, señor presidente del Gobierno, ni a causa de las decisiones que usted toma.

Como digo, usted ha estado tres años y medio escurriendo el bulto, buscando culpables y echando balones fuera. Pero yo creo que a usted le eligieron para gobernar y para dar la cara, y no para vivir en una televisión de plasma que es lo que ha hecho usted en estos tres años y medio, señor Rajoy. (Rumores). En estos cuatro años han acumulado ustedes todo el poder. Todo. Era imposible tener más poder. Mayoría absoluta en el Gobierno de España, en comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones... Todo el poder, señor Rajoy. Y hace cuatro años podía y debía haber unido a los españoles contra la crisis. Pero decidió lo contrario. Decidió utilizar el rodillo de su mayoría absoluta contra la mayoría de los españoles, que es lo que ha hecho usted en estos tres años y medio, señor Rajoy.

Mire, usted ha gobernado solo y contra todos; usted ha reformado la legislación laboral de este país contra los sindicatos y los trabajadores; usted ha hecho una reforma local contra los ayuntamientos; usted ha reformado la sanidad para aplicar copagos y hacer también ciertas privatizaciones contra pacientes y contra médicos; usted ha hecho una reforma educativa contra toda la comunidad educativa; usted ha mercadeado con votos en la reforma del aborto contra los derechos de las mujeres. (Rumores). Sí señor, esto es lo que han hecho ustedes.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Y es más, usted ha hecho una amnistía fiscal contra la decencia de este país, señor Rajoy. (Aplausos). Esto es lo que usted ha hecho.

Mire, no es que ustedes no hayan hablado con otros partidos políticos; ustedes no han hablado con nadie, ni con sindicatos ni con comunidades ni con ayuntamientos, ni con los de su propio color. Por lo tanto, lo que usted ha hecho ha sido gobernar solo y contra todos. Podía haber hecho lo contrario, ha tenido tres años y medio para ello, pero eligió el camino más fácil, que lamentablemente era el peor, señor Rajoy. Porque, como digo, usted ha gobernado solo y contra todos y, básicamente, lo que usted ha hecho en este país en tres años y medio ha sido subir impuestos, recortar derechos y rebajar el sueldo de los trabajadores españoles. Porque ese es el modelo de competitividad que usted aplica; ese es el camino fácil. Era muy fácil subir impuestos, recortar, básicamente en sanidad, educación y dependencia y rebajar los salarios; modelo de competitividad que ha aplicado usted, señor Rajoy. Eso es lo que ha hecho. Déjeme que le diga que ese modelo suyo tiene, para salir de la crisis, un problema: es muy injusto, señor Rajoy, y provoca mucha desigualdad en este país, que es lo que está provocando su Gobierno.

Señor Rajoy, ha sido usted muy poderoso con los débiles. Usted ha rebajado salarios, ha recortado becas, ha aplicado copagos, ha subido impuestos a todo el mundo, independientemente de su renta, y ha sido usted muy débil con los poderosos, les ha hecho una amnistía fiscal a la carta a los que tenían sus cuentas en Suiza. Eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy.

Y ahora, cuando ve venir lo que ve venir, le entra a usted un ataque de pánico. Tiene usted todos los síntomas, señor Rajoy, todos: culpar al mensajero, intentar culpar a las televisiones, a los portavoces, o alimentar la vieja estrategia del miedo, el cuento del lobo que se cuenta a los niños. Cuento del lobo, miedo, el miedo que tienen ustedes a perder el sillón, que es lo que de verdad les lleva a esa estrategia del miedo que es ridícula y que es la suya, la que viene, señor Rajoy. Sí señor. (Aplausos).

Mire, no ha entendido usted nada, señor Rajoy. Da igual quién cuente la reforma laboral, da igual que vaya el señor Floriano, el señor Casado o la señora Cospedal a contarla en televisión, los españoles no la quieren. El problema no es que quite usted a la señora Cospedal o al señor Floriano de los telediarios, el problema es que sigue la reforma laboral que puso usted en marcha en este país. No es un problema de comunicación, no es problema de lo que dicen ustedes o de cómo lo dicen; el problema es lo que hacen y lo que han hecho en este país teniendo mayoría absoluta y teniendo el gobierno de todas las administraciones.

Señor Rajoy, no son las televisiones las que le martillean a usted —usted ha inventado ese concepto—, sino que es usted el que martillea a los trabajadores con la reforma laboral; es usted el que martillea a los estudiantes subiendo tasas y bajando becas; es usted el que martillea a los pacientes con los copagos médicos; ha sido usted el que ha martilleado a la sociedad española. Por cierto, hablando de martillear, no son las televisiones las que le martillean a usted, sino que ustedes martillean los discos duros que les pidió un juez como prueba para probar su financiación irregular. (Aplausos).

Señor Rajoy, lo que piensa la mayoría es que no es un problema de lo que dicen, sino de lo que hacen. Pero como usted es el que ha acuñado la teoría de que sus problemas tienen que ver con el martilleo de las televisiones, le pido que me explique eso del martilleo y las televisiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Águeda.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sólo le voy a decir dos cosas, señor López. En respuesta a la pregunta que me ha formulado le digo: no. Y en cuanto al modelo bueno, que por lo visto es el suyo, y a la falta de acción de gobierno del Gobierno que presido, le voy a decir que en el año 2011 este país estaba en la siguiente situación: amenazado de rescate, amenazado de quiebra, amenazado con salir del euro; tenía todos los desequilibrios económicos posibles: déficit público, déficit del sector exterior, tenía inflación, un sistema financiero en quiebra, deuda externa; tenía recesión, varios años en crecimiento negativo y en los últimos cuatro años la brillante gestión de su legislación sobre el mercado laboral había dado lugar a que 3 400 000 españoles hubieran perdido su puesto de trabajo. Lo que hemos hecho nosotros es, lisa y llanamente, comenzar a arreglar el colosal desaguisado en el que ustedes convirtieron a nuestro país, a España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.

Tiene la palabra el senador López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, veo que el señor Rajoy desmiente al señor Rajoy, porque ha sido usted, y no yo, quien decía que los problemas que tenía su partido, sus resultados electorales y lo que queda por venir era culpa del martilleo de las televisiones. Es más, permítame que le diga que, como consecuencia de ello, andan ustedes amenazando a las televisiones privadas de este país con hacer concursos porque no les gusta lo que sale en televisión. Pero sabe lo que le digo, señor Rajoy, que a nadie le gusta lo que sale en televisión, pero la culpa no es de las televisiones, sino suya por hacer lo que hace en este país. Ese es el problema, pero usted mata al mensajero, señor Rajoy.

Pero déjeme que le diga algo más. Andan ustedes ahora, además de buscar culpables, además de amenazar todos los días a las televisiones porque no les gusta lo que sale, alimentando la estrategia del miedo, del miedo al cambio; y hablando de partidos radicales, déjeme que le diga, señor Rajoy, que a mí no se me ocurre nada más radical que un partido que destruye las pruebas que le pide un juez a martillazos con el ordenador como hicieron ustedes. (Aplausos.— Protestas). Eso sí que es ser un partido radical; eso sí que es radical; eso es muy radical. Y soy incapaz de imaginar —y créame porque lo he intentado— a un presidente del Gobierno tan radical como para ser capaz de mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza. (Protestas). Eso es lo que hace usted, señor Rajoy, y eso sí que es radical y antisistema.

Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Águeda.

Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.

El 30 de marzo de 2015 reclamó más Europa para frenar a los populismos que crecen en casi todos los países. Noviembre de 2014, Congreso del Instituto de la Empresa Familiar; aseguró rotundamente que no pactaría con Podemos porque no compartían programa y porque esa formación ofrece soluciones falsas a problemas reales. Y dijo: No podemos pactar con los que amenazan el Estado de bienestar. (Protestas). 21 de septiembre de 2014: El populismo ha encontrado su expresión institucional en Podemos; afirmó: Ellos tendrán que explicar si no defienden el régimen de Chávez y de Venezuela. 17 de septiembre de 2014: No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014, Radio Nacional de España: Podemos es populismo. Lo que busca este movimiento es convertir a España en Venezuela, y con el populismo mi partido no va a pactar ni antes ni durante ni después de en las elecciones. (Fuertes y prolongados aplausos.— Protestas). Fin de la cita. Señor Pedro Sánchez. Esa es la credibilidad del partido al que usted representa en esta Cámara.

Ustedes no pueden pretender que nadie les tome en serio porque es absolutamente imposible. (Aplausos.— Protestas). Y tengo muchas más citas, Señor López. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio a un señor que dice una cosa en numerosas ocasiones y en importantes foros y luego hace otra? (Fuertes protestas). A mí me han venido representantes del Instituto de la Empresa Familiar a decir que no se puede tomar en serio a una persona que actúa así.

A partir de ahí, voy a tratar de explicarle de manera resumida, como es natural, lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. ¿Y qué hemos hecho? Superar la situación en la que ustedes dejaron este país. (Varios señores senadores de los escaños de la izquierda: ¡Nooo!.— Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!) Este es el problema real al que nos hemos enfrentado en estos cuatro años, y no a un problema de medios, como usted dice. Ustedes dejaron a España en la crisis económica más dura que había vivido en décadas. ( Varios señores senadores de los escaños de la izquierda: ¡Nooo!.— Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); dejaron a España al borde de la quiebra (Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); dejaron a España al borde del rescate (Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); dejaron a España con todos los desequilibrios económicos posibles (Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); dejaron a España en recesión (Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); aumentaron el desempleo y tres millones 400 000 españoles perdieron su puesto de trabajo por ustedes y por su legislación laboral; por ustedes. (Varios señores senadores de los esacaños de la izquierda: ¡Nooo!— Varios señores senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!) Eso es lo que dejaron, y ese fue el problema al que nosotros tuvimos que hacer frente. Pero, por fortuna, algo podemos decir hoy aunque queden muchas cosas por hacer. Ya no hay amenaza de quiebra, ya no hay amenaza de rescate, ya nos podemos financiar a precios razonables, hemos superado los desequilibrios, somos los que más crecemos de Europa, el año pasado se han creado 440 000 puestos de trabajo y este año, 600 000. Queda mucho, porque superar las consecuencias de su gestión económica es muy complicado y lleva su tiempo, pero las cosas van mejor. Mire, lo único que no se puede hacer es volver a las políticas que ustedes aplicaron en los años 2008-2011, porque fueron los que estuvieron a punto de provocar la quiebra de España, aunque todavía no se han enterado; y por eso —ya que usted cita miembros de mi partido— ahora ponen al señor Sevilla a ver si arregla esto ¡Venga, bueno! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. (Rumores).



PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ES CONSCIENTE DEL RECHAZO GENERALIZADO QUE TIENEN EN CATALUNYA LAS SISTEMÁTICAS POLÍTICAS ANTICATALANAS QUE HA IMPULSADO A LO LARGO DE LA LEGISLATURA. 680/001136 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Pregunta de don Josep Lluís Cleries.

Tiene la palabra su señoría. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, en la última ocasión en que pude preguntarle, usted cuestionó mi representatividad e ironizó sobre mi intervención. Lo hizo en su segundo turno de réplica para que yo no pudiera contestarle, pero lo hago hoy. El Grupo Popular, con mayoría absoluta de 160 senadores, solo tiene una senadora por Cataluña; eso equivale al 0,62 % de su grupo. Fíjese en las cifras de estas elecciones municipales en Cataluña: de los 9077 concejales existentes, solamente 214 son de su partido, un 2,35 %. El Partido Popular solo ha obtenido una alcaldía de 947 municipios, y eso es fruto de sus políticas anticatalanas. (Rumores). Han pasado de ser la tercera fuerza política a ser la sexta. Yo sé de mi representatividad; no sé si usted sabe de la suya, señor Rajoy, al menos en Cataluña. La fuerza mayoritaria en las Cortes Generales es cada vez más residual en Cataluña, y voy a darle algunas pistas de los porqués. Usted ha practicado un ataque sistemático a la lengua catalana y a la inmersión lingüística. En Cataluña siempre estamos pendientes de sus agresiones constantes. No ha respetado la Llei d’educació de Catalunya. Nos ha sometido y nos somete a una asfixia financiera y a un constante maltrato. (Rumores.— Protestas).

Podemos hablar también de las inversiones. Los Presupuestos Generales del Estado dedican a Cataluña 145 euros por habitante; la media española es de 242. Los ciudadanos de Cataluña, señor Rajoy, pagamos nuestros impuestos religiosamente, pero no tenemos el retorno que nos pertenece. Diariamente —cada día, cada día—, sale un AVE de Barcelona con 41 millones de euros que viene aquí, a Madrid, y después vuelve vacío; y al día siguiente, 41 millones más. (Rumores). Y así, los 365 días del año. Su Gobierno ha enviado a la Unión Europea las previsiones presupuestarias para los próximos años… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: …donde usted sigue recortando en sanidad y educación. Sepa que la Generalitat de Catalunya, el president Mas al capdavant, no recortará un céntimo en sanidad ni en enseñanza ni en servicios sociales. (Rumores). Hay una línea roja que no traspasaremos de ninguna forma. No permitiremos que siga poniendo en riesgo el Estado del bienestar, porque quien ha ejecutado, señor Rajoy, los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia tiene nombre y apellidos: es usted, señor Rajoy; y el Partido Popular. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad también llevan su firma, señor Rajoy. Se ha querido colgar el sambenito de los recortes a las comunidades autónomas, y el responsable es el Gobierno del Estado, su Gobierno; y muchos dirigentes territoriales de su partido lo han pagado en estas elecciones autonómicas. Sus políticas antisociales, anticatalanas, producen un rechazo absoluto en Cataluña. No se puede conseguir la justicia social, la equidad y la ocupación con su Gobierno. Y tampoco lo podemos conseguir con una autonomía amputada, limitada y ahogada, por lo que optamos el 27 de septiembre por unas elecciones plebiscitarias que nos lleven a la libertad de Cataluña.

¿Cómo lo ve usted, señor Rajoy? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cleries.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Cleries.

Lamento no poder compartir sus afirmaciones, cosa que supongo que no le va a sorprender. Quiero decir que lo que he intentado hacer a lo largo de esta legislatura —que ha sido muy compleja y muy difícil— ha sido defender el interés general de todos los españoles, vivan donde vivan y sean quienes sean. A eso es a lo que me dediqué: a intentar superar la mayor crisis económica que se ha producido en nuestro país en décadas; a intentar que España —y dentro de España, Cataluña— no fuera a la quiebra; a intentar evitar el rescate; a corregir los desequilibrios económicos; a intentar mejorar la competitividad de nuestra economía; a intentar volver al crecimiento económico y a que se creara empleo en nuestro país. Y al tiempo, en una situación de dificultades presupuestarias máximas, hemos intentado —y lo hemos conseguido— mantener el sistema de pensiones públicas, mantener el seguro de desempleo, mantener la sanidad pública y mantener la educación pública. Esas son políticas a favor de todos los españoles y no van contra nadie. Y ahora yo puedo decirle —y se lo digo con orgullo, porque lo siento— que vamos por el buen camino, que hemos pasado lo peor, que vamos a crecer más que nadie este año en la Unión Europea, que ya se está creando empleo. Y falta muchísimo por hacer —ya lo sé—, pero las cosas han cambiado. Cuando llegamos al Gobierno se destruía empleo al ritmo del 9,2 % al año, ahora se crea empleo al ritmo del 7,6 % al año.

Y no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre Cataluña, estoy en profundo desacuerdo. Cuando yo llegué al Gobierno —es decir, cuando yo llegué eso ya se estaba produciendo—, la Generalitat de Catalunya no podía financiarse —no podía ser culpa mía, porque yo no estaba en el Gobierno—. La última vez que se financió fue con bonos patrióticos, pagando el 7,75 % del dinero del contribuyente al año —la última vez que pudo financiarse—. Y como no podían financiarse no pagaban a los proveedores, señor Cleries, y no podían atender a su déficit público ni a sus vencimientos en los mercados ni atender los servicios públicos. Y por eso el Gobierno puso en marcha los instrumentos de liquidez, para Cataluña y para tres o cuatro comunidades autónomas más, y recibieron 50 000 millones de euros. ¿Sabe usted a cuánto se financia hoy la Generalitat de Catalunya, qué tipo de interés paga? Es bueno que lo sepa el conjunto de la Cámara: paga el 0 % de interés por las deudas que tiene con el Estado; y cuando yo llegué pagaba el 7,75. Al menos debería tener la decencia de reconocerlo (Aplausos).

Señor Cleries, cuando nosotros llegamos al Gobierno, España, y, por tanto, Cataluña, estaban al borde de la quiebra y del rescate; ahora no. Tenía todos los desequilibrios posibles; ahora no. Ha mejorado la competitividad, y eso es muy bueno, entre otras cosas, para el sector exportador de Cataluña. ¿Había crecimiento económico? No, y ahora Cataluña también crece. Se destruía empleo, y ahora se crean puestos de trabajo, también en Cataluña. Estas políticas económicas que hemos llevado a cabo han sido buenas para Cataluña, otra cosa es que ustedes estuvieran preocupados por otras cosas que, sin duda, a ustedes les preocupan pero que no son las que importan a la gran mayoría.

Y no le acepto lo que ha dicho de las inversiones. No se lo puedo aceptar, por una razón que usted tiene que entender: porque no es verdad. En Cataluña, el Ministerio de Fomento ha dedicado en esta legislatura más de 8000 millones de euros. Destacan actuaciones como la conexión por AVE de las cuatro capitales de provincia —la única región de España en que eso ocurre— y con Francia; los avances en el corredor mediterráneo; la finalización de la T1; una tercera pista en el aeropuerto de El Prat; los accesos terrestres al puerto de Barcelona… No quiero abrumarle, pero es que si no digo las cosas parece que no existen. En materia de Rodalies hemos puesto en marcha las cercanías en Tarragona y Girona, mejorando los accesos a Barcelona —hemos dedicado 570 millones de euros en esta legislatura—. Las ayudas a entidades financieras —13 221 millones de euros a Caixa Catalunya— han permitido salvar el dinero de muchos depositantes catalanes y es la primer región en transferencias del Estado en materia de I+D+i. Por tanto —no voy a continuar, porque no tiene ningún sentido—, no acepto nada de lo que usted ha dicho. El Gobierno ha cumplido con Cataluña en una situación de extrema dificultad y se ha dedicado a lo que tenía que dedicarse, que era intentar superar la crisis económica más fuerte que ha vivido España en las últimas décadas.

No tiene razón, señor Cleries. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.

Senador Cleries, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señor Rajoy, yo tampoco comparto lo que usted ha dicho, porque también durante un tiempo se ha cobrado el FLA con intereses. Y el problema de que no pueda pagar la Generalitat de Catalunya es el AVE que sale cada día con los 41 millones de euros. (Rumores). Dejen que nosotros cobremos nuestros impuestos y ya podremos financiarnos. El problema que tenemos es que los impuestos vienen a parar a ustedes, a sus arcas, y son ustedes los que deciden. Y les interesa el FLA porque crea dependencia. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: En cambio, si hay financiación, lo que se genera es autogobierno. Pero vemos que con ustedes no lo conseguiremos porque para usted, señor Rajoy, todo va bien, todo va mejorando. Y, es cierto, hay cosas que van mejorando —y lo hemos reconocido—, pero también le diré que usted olvida que prácticamente una de cada cuatro personas está en paro, que una de cada cinco personas con las que nos cruzamos por la calle está en riesgo de pobreza y que uno de cada tres niños se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Eso también es fruto de sus políticas; así es como nos encontramos ahora, y lo dice el INE. Tenga también esto en cuenta.

El president Mas le presentó veintitrés puntos. ¿Usted los ha respondido? No, no los ha respondido. Y también he de decirle que tenemos una democracia tan fuerte que no nos deja ni hacer consultas, pero le recuerdo que 2 340 000 personas fuimos a votar; y, por mucho que el Tribunal Constitucional quiera, no lo van a borrar. Ahí está nuestro voto legítimo y democrático. Usted ha actuado de forma constante con políticas anticatalanas y antisociales. Es así, y la cifra que he dado sobre inversiones en los Presupuestos Generales del Estado ahí está: en los Presupuestos Generales del Estado. Y luego ustedes se sorprenden de que haya pitadas. Después de actuar de esta forma contra Cataluña, se califica por parte de su partido de energúmenos, enfermos y portadores de odio a los que pitan. Pero, señor Rajoy, ¿cómo tendríamos que calificar a los que atacan la dignidad de Cataluña, no con pitadas, sino con leyes, con decretos, con recursos o con querellas al president de la Generalitat y a los miembros de su Gobierno? ¿Cómo los tendríamos que calificar? Yo no voy a caer en el error de calificarlo. Lo arreglaremos, señor Rajoy, a nuestra manera: democráticamente. Y los que no respetan Cataluña recibirán una respuesta adecuada en las urnas el 27 de septiembre. Las urnas, la democracia, envían a cada uno a su sitio. Y también le voy a decir —sé que ahora me dirá alguna cosa— que en Convergència Democràtica de Catalunya nos sentimos más fuertes que nunca en la defensa de la libertad y de la justicia social para Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, presidente.

Señor Cleries, le agradezco que en la última parte de su intervención haya aclarado que usted habla en nombre de Convergència Democràtica de Catalunya. Simplemente habla en nombre de Convergència Democràtica de Catalunya. Y tienen ustedes la mala costumbre de echarle a los demás la culpa de todo lo que no les gusta o de todo lo que les ocurre. El Gobierno de España tiene la culpa de todo. Ustedes todo lo hacen bien. Si hay algo que sale mal, la culpa la tiene el Gobierno de España porque no ha tomado una u otra decisión. Mire usted, yo asumo mis propias responsabilidades cuando tengo que tomar decisiones y no intento culpar a los demás por ellas.

Hay algo a lo que usted se ha referido en su intervención en lo que sí puedo estar de acuerdo: en que no hice lo que a ustedes les parecía bien. No lo hice yo ni la mayoría de los catalanes. Ustedes querían liquidar la ley, ustedes querían saltarse la Constitución y el estatuto de autonomía, y eso yo no lo puedo aceptar. Se lo he dicho en su momento y se lo vuelvo a reiterar hoy aquí: yo voy a defender la soberanía nacional porque creo en ella y porque creo que lo que sea España es algo que tiene que decidir el conjunto de los españoles y no unos cuantos. (Aplausos). Y eso no es ser anticatalán. Eso es defender las leyes, eso es defender la Constitución y eso es defender los intereses del conjunto de los ciudadanos. Señor Cleries, eso no es ser anticatalán. Ser anticatalán es dividir a la gente; ser anticatalán es sembrar cizaña; ser anticatalán es obligar a la gente a que elija entre ser catalán, español y europeo, cuando se pueden ser las tres cosas a la vez y eso supone un gran enriquecimiento. Eso sí que es ser anticatalán. (Aplausos).

Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza: están rompiendo todo. Treinta y siete años después, han logrado liquidar la coalición que tenían con Unió Democràtica de Catalunya. ¿Esos también son anticatalanes, señor Cleries? Los buenos catalanes, ¿quiénes son? ¿La CUP? Van muy bien usted y su partido por la línea del equilibrio y la moderación. Va usted muy bien. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA PLANTEAR EN LA UNIÓN EUROPEA, ANTE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN MASIVA, UNA ESPECIE DE PLAN MARSHALL EUROPEO PARA EL CONTINENTE AFRICANO. 680/001107 IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Pregunta del senador Iñaki Anasagasti.

Tiene la palabra su señoría. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Cuando nosotros teníamos una buena relación —incluso personal— con el señor Rajoy, nos decía que estábamos obsesionados con el transporte mecánico por carretera. Y ayer mismo, por ejemplo, el secretario de Estado de relaciones con Europa, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en su comparecencia que a un problema europeo había que darle una solución europea, fundamentalmente a algo tan terrible como es la inmigración. Además, puso encima de la mesa la política que va a seguir Europa en este tema: una política solidaria, una política integral, de enfoque global, de no hacer nada para que haya un efecto llamada, de identificar los lugares de origen… En fin, ese tipo de cosas. Y nos parece muy bien. Pero ¿por qué no se va al fondo de la cuestión? En el pasado se pusieron encima de la mesa planes, sobre todo para que eso no se produzca. ¿Por qué la gente tiene que emigrar? Fundamentalmente, porque huye de algo o porque tiene hambre. Entonces, ¿por qué la Unión Europea y ustedes no ponen encima de la mesa de una vez por todas ese plan Marshall o —llámenle como quieran— de cooperación internacional para que eso no ocurra y no tengan que estar abordando este problema reiteradamente?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias.

Como novedad, por una vez estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es gravísimo, sin paliativos. Han intentado cruzar el mar 100 000 personas y más de 2000 personas han muerto en aguas del Mediterráneo; una catástrofe humanitaria inédita.

Me propone como solución ese plan Marshall, expresión que ha tomado usted de la que propuso el señor Blair en 2005 —con diez años de retraso, la retoma—. Si se quieren tomar en serio los temas, tenemos que saber cuáles son los problemas que afrontamos, cuál es el potencial de África y cuáles son las soluciones que queremos. Y en los problemas estructurales, tiene usted razón. La esperanza de vida en el África subsahariana es de menos de 60 años. Hasta mayo, han muerto 11 000 personas por ébola. Siete de los diez Estados más frágiles del mundo están en África. Y desde el año 2000 ha habido veinticuatro países en conflicto. Pero África tiene un enorme potencial, tiene una población joven. Dos tercios del crecimiento de la población activa en el mundo están en África, el producto interior bruto ha crecido un 4,5 % durante el último año, y el comercio con España —y eso es dar soluciones— ha aumentado en diez años en un 250 %. España ha cumplido con África.

En cuanto a cooperación, hemos invertido más de 10 000 millones, y en la réplica le diré lo que hemos hecho en el Consejo de Seguridad, en la Unión Europea y a nivel bilateral y lo que vamos a hacer en La Valeta. Pero espero sus argumentos, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Anasagasti, tiene la palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Hablando de cifras, está bien. Cuando usted era joven y yo era jovencito fuimos a Guinea Ecuatorial, en 1988. Usted recordará aquel viaje, en que hicimos un informe muy exhaustivo —en aquel momento era secretario de Estado Luis Yáñez—, y usted criticó muchísimo que no se cumpliera aquel informe de cooperación. Además, usted repetía muchísimo una frase: «el que tiene el poder y no lo ejerce, que no se queje».

Viendo su sensibilidad, porque usted proviene de un partido demócrata-cristiano, indudablemente le hago esta pregunta, porque usted ha dicho que sí, que ese informe se hizo. Efectivamente, ese informe se planteó en la época de Antonio Barroso, como presidente de la Comisión Europea. Y la palabra Marshall es descriptiva, pero tenía un nombre rimbombante: Estrategia europea para África, hacia un pacto euroafricano que acelere el desarrollo. Es del año 2005, para coordinar la ayuda al desarrollo de todos los Estados que forman la Unión Europea. Pero, claro, hay que recordar que en estos años el Gobierno ha reducido la cooperación en el 70 %. Usted no se puede poner ninguna medalla con este asunto. Por tanto, hay que desarrollar un sistema de cohesión social, de sostenibilidad, de políticas ambientales y de interconexiones. Y tiene que haber una coordinación entre Estados miembros. Y tiene que haber fondos, que no se usan muchas veces.

Además, usted recordará que Bruselas contabilizó un total de veintiséis políticas diferentes en relación con África. ¿Por qué no hablan ustedes de esto y no solamente de la inmigración? Lógicamente, tienen que hablar de ella, faltaría más, porque es una cuestión absolutamente terrible, pero ¿por qué no promocionan el sector privado también en África? ¿Por qué no hacen caso? Y lo del Plan Marshall hace dos años lo plantearon cinco presidentes africanos en relación con el ébola, un plan que debía tener África para erradicar la malaria y el ébola. También recordará que Tony Blair en el año 2005 hizo un informe de 453 páginas, que ustedes han debido meter no sabemos en qué archivo y ahora está absolutamente desaparecido en combate.

Por eso, usted, es muy sensible a todo dolor humano...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: ...lógicamente, como en aquella época de Guinea. Yo lo único que sé de usted de Guinea es que no lo siguió muy de cerca y que a un diplomático que estaba allí, en Guinea, lo nombró embajador en Washington.

Me parece muy bien que usted tenga esa sensibilidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senado Anasagasti.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias.

Primero, no logro comprender por qué en aquella época yo era joven y usted solo jovencito. (Risas). En fin, me lo explicará luego.

Segundo, el señor don Antonio Barroso no existe. Entiendo que quiere usted referirse a Durão Barroso.

Tercero, se ha quedado usted, efectivamente, en el año 2005. En el Consejo de Seguridad, España ha participado en las misiones de paz de Burundi, Congo y República Centroafricana. En el Consejo de Seguridad estamos apadrinando la Resolución 1325, sobre el papel de la mujer en la solución de conflictos, y estamos pergeñando una resolución para acabar con el tráfico que hacen las mafias en el Mediterráneo.

En la Unión Europea participamos en los dos grandes procesos migratorios: en el de Rabat, con 57 países, y en de Jartum. Participamos también en el Fondo Europeo, que tiene 30 506 millones, y un 8 % lo aporta España. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos con la Unión Africana, donde estuvo el rey y donde estuvo el presidente del Gobierno en noviembre, en La Valeta, para hablar de ese problema. Y para solucionar ese problema corresponde a España y solo a España la idea de un fondo fiduciario con el fin de acabar con ese tema. Somos perfectamente conscientes de que hay que fomentar el crecimiento en África, permitir que sus productos entren en los mercados occidentales...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): ... y que hay que aumentar la cooperación y el comercio internacional. Y eso estamos haciendo.

Feliz 2005, señor Anasagasti. Yo estoy en 2016. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS. 680/001131 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Justicia. Pregunta de don Juan Francisco Martínez-Aldama.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro —adiós, señor Rajoy—, ¿garantiza el Gobierno la eficacia y la confianza en la justicia española?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señor Martínez-Aldama, la verdad es que quería oír cómo formulaba la pregunta, además de la mera transcripción literal, porque no es fácil entender qué quiere usted preguntarme al decir si el Gobierno garantiza la confianza en la justicia.

En primer lugar, nosotros creemos en la separación de poderes. La confianza en la justicia la deben tener los ciudadanos en el Poder Judicial, imagino; por tanto, creo que es una cuestión de análisis sociológico y de funcionamiento de la justicia. En todo caso, nosotros respetamos estrictamente la separación de poderes, cumplimos con las competencias que tiene el Gobierno en materia de justicia, colaboramos con la justicia en la provisión de medios y respetamos las competencias que tienen, como digo, esta Cámara, el Parlamento, la justicia y el Poder Ejecutivo. Por tanto, respetamos el funcionamiento independiente y profesional de la justicia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Martínez-Aldama, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, los españoles opinan, en su mayoría, que la justicia no funciona correctamente; la perciben como lenta, cara y, sobre todo, que no es igual para todos los españoles. Y aquí quiero centrarme, porque al conocer el tribunal que va a juzgar el caso Gürtel, el mayor caso de corrupción de la historia de España, la percepción de los españoles de que la justicia no es igual para todos se va a acentuar.

Señor ministro del Partido Popular, que magistrados propuestos por el Partido Popular juzguen a tres extesoreros del Partido Popular, a exministros del Partido Popular, e incluso al propio Partido Popular, es un escándalo, es un torpedo en la línea de flotación de la independencia y credibilidad de la justicia española. Señorías, dos de los tres magistrados que van a juzgar el caso Gürtel han sido nombrados miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular: la presidenta del tribunal, la señora Espejel, también condecorada por la señora Cospedal, y el señor don Enrique López, que también fue nombrado por el Gobierno del señor Rajoy como magistrado del Constitucional —bien es verdad que luego tuvo que dimitir al ser cazado conduciendo en estado ebrio—.

Señorías, el señor don Enrique López ha hecho más de cincuenta cursos y ponencias en la FAES, la fundación que preside José María Aznar, e incluso ha compartido cursos con procesados a los que ahora tendrá que juzgar, como, por ejemplo, el señor don Clemente Aguado, viceconsejero del Gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre. Por compartir, señor ministro, ha compartido cursos y ponencias con usted en la FAES. Claro, esto viene un poco a cuento, porque ustedes pedían la dimisión de un ministro de Justicia por compartir una cacería con un juez —el señor Garzón—. Y ahora, ¿van a pedir la dimisión de su ministro por compartir cursos con el juez Enrique López? Sería bueno que hubiera un ejercicio de coherencia por parte de ustedes.

Señorías, esto es un auténtico escándalo, y ustedes tienen la obligación de pararlo; ustedes. Yo no espero que los magistrados se inhiban motu proprio, no lo harán. Sí habrá recusaciones, entre ellas, la del grupo a que represento, la del Partido Socialista, pero lo lógico, lo ideal, sería que ustedes, el Partido Popular, les recusaran. Entonces los españoles creeríamos que el Partido Popular apuesta por la independencia de la justicia, de lo contrario pensaremos que se hace verdad aquella frase que dijo un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, eso de que todo está atado y bien atado. En este caso todo estará tapado y bien tapado, es decir, la corrupción que afecta al Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señor Martínez-Aldama, yo creo que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros. Nosotros creemos que hay una justicia profesional e independiente en España, y ustedes no (Aplausos.— Rumores), porque ponen de manifiesto claramente que cualquier elemento subjetivo demuestra para ustedes la falta de independencia de los profesionales. Nosotros creemos en la independencia de nuestros jueces. Y los ciudadanos también deben de creerlo, porque, frente a lo que usted ha dicho —debe de ser su opinión personal, porque no tiene ninguna base científica—, los españoles valoran en 3,5 a la justicia, según los últimos datos del CIS. A su partido político e incluso a esta Cámara la valoran mucho menos que a la justicia, por tanto, no debe de estar tan mal la opinión de los ciudadanos sobre ella. Y cuando los ciudadanos deciden cuáles son los principales problemas que hay en España sitúan a la justicia en el punto número 16, y por delante hay muchos más problemas. O sea, tampoco comparto con usted la opinión de que los ciudadanos no confían en la justicia. Creo que está usted equivocado y que tiene una visión muy parcial de las cosas.

En todo caso, señoría, también parece derivarse de su opinión que las personas que en alguna etapa de su vida profesional se han dedicado al autogobierno —y nuestra Constitución prevé que sean jueces y magistrados los que formen parte del órgano del gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial— queden inhabilitados para el desempeño de su carrera profesional. Bien, a lo mejor habría que aplicárselo a todos, no solamente a algunos. Yo no creo que eso sea así, no creo que sea así en absoluto, porque sigo confiando en la independencia y en la profesionalidad de los jueces y magistrados. Y si ustedes no creen en ello, ahí están en todo caso los instrumentos legales, las recusaciones; y, evidentemente, se estudiarán si existe causa suficiente. Ustedes dudan de la imparcialidad de jueces y magistrados de carrera profesional con treinta años de carrera y creen que haber sido miembros del Consejo General del Poder Judicial o haber dictado conferencias en una universidad, en una fundación o en cualquier foro desacredita, inhabilita a un profesional. Nosotros no creemos que sea así; pero, insisto: tienen ustedes la recusación siempre a su disposición para ver si hay causa suficiente para inhabilitar a un juez profesional e independiente, como son, en general, todos los miembros de la carrera judicial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ REÚNE EL PERFIL IDÓNEO PARA PRESIDIR LA CORPORACIÓN RTVE. 680/001122 JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta de don Jordi Guillot Miravet.

Tiene la palabra su señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero afirmar que es una vergüenza que en esta legislatura no hayamos reformado el Senado.

Señor ministro, usted lo habla como razonable, cree que es normal, que es adecuado que el señor Sánchez, el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, afirme en una comisión parlamentaria que él ha trabajado para el PP, que él vota al PP, que él seguirá votando al PP y, evidentemente, dirá que no votará en este caso a Izquierda Plural. ¿Usted se imagina, señor Montoro, que en cualquier país de la Unión Europea el presidente de algo tan sensible como es la radiotelevisión pública puede hacer en sede parlamentaria ese tipo de afirmaciones?

Señor Montoro, ¿por qué tenemos que pasar esta vergüenza? Contésteme.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, en España se vota libremente. Los ciudadanos tenemos libertad ideológica, libertad de expresión y libertad de voto. Eso es lo que significa un sistema de libertades. Exactamente, ¿qué es lo que avergüenza a su señoría? ¿Que se ejerza la libertad de voto o que se cuente públicamente cuál es la intención de voto? Afortunadamente, no voy a determinar cuál es el ciudadano y cuál es el profesional que se pueda ver privado en el ejercicio de su profesión, y menos en una empresa pública que está dedicada al interés general, por el hecho de pensar, de expresarse o de votar de una determinada manera.

¿Sabe qué ocurre, señoría? Que a veces ustedes, los miembros de esa izquierda contundente, lo que no admiten es que la gente piense de otra manera. Ustedes tienen la verdad soberana, tienen el criterio supremo y la superioridad moral de plantearse que todos aquellos profesionales que están ejerciendo sus cargos en empresas públicas de sus administraciones votan a partidos contrarios a aquellos por los que están en función en el ejercicio de esas administraciones.

La verdad es que no sé de qué se avergüenza. Desde luego, yo estoy muy orgulloso de que en España se vote libremente y que cualquier persona pueda expresarlo públicamente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

¿De qué me avergüenzo? De la desfachatez. ¿Sabe qué me avergüenza? Que el presidente de un ente público, de radiotelevisión, se atreva a decir en sede parlamentaria que él es del PP. (Rumores). Él puede ser de lo que quiera, él puede votar lo que quiera, él puede hacer lo quiera. Y le digo además que esa izquierda, los que estamos aquí, luchó contra el franquismo; usted, no. Así que, calladito. (Rumores.— Protestas). Hablando de libertades, nosotros luchamos contra el franquismo; usted, no. (Rumores.— Protestas).

No es razonable que el presidente de un ente público, que tiene que preservar la pluralidad de algo tan delicado como es la radiotelevisión, no solo se dedique a manipular, no solo sea un mercenario de la manipulación, sino que afirme que lo hace convencido porque es el hombre del PP (Rumores.— Protestas), y esto no es razonable.

Señoría, la radiotelevisión pública española está perdiendo audiencia, la radiotelevisión pública española está denunciada en todos los órdenes como una televisión manipulada, sectaria, al servicio de un Gobierno. Y lo que es peor, no le sirve de nada, porque este Gobierno, de ustedes, y su presidente del Gobierno están achicharrados a pesar de la manipulación. (Protestas). Sí, léanse los estudios de opinión o vean los votos de las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

Lo que les planteo como Gobierno es: ¿no podían encontrar otro perfil, conservador pero serio, profesional, otra persona que no hubiera hundido Telemadrid, otra persona que no nos avergüence en el Financial Times, otros presidentes de corporación a los que el Consejo de Europa no tenga que llamar la atención, alarmado por la manipulación que se está produciendo en Radiotelevisión Española? Porque ustedes verán todo esto como muy normal, pero no es normal lo que está pasando en radiotelevisión, no es normal la manipulación, no es normal la humillación de los profesionales.

Y les digo una cosa, más pronto que tarde, la radiotelevisión pública española estará al servicio de toda la sociedad, devolveremos la dignidad a esos profesionales y eso será cuando ustedes se vayan a la oposición. (Rumores).

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Guillot, se ve que vamos acercándonos a períodos electorales: cada vez que se levanta alguna de sus señorías, nos lanza una proclama de estas, propias de un mitin —pero de un mitin en un pueblo—, y no de una intervención en el Senado de España. (Protestas).

Señoría, respecto al franquismo, yo estaba donde estaba y no veía a muchos de ustedes luchar contra el franquismo. (Rumores). Eso se lo cuento después, a la salida, cuando quiera, porque se ponen ustedes una clase de medallas.... La democracia en este país la ha hecho la gente, la ha hecho la gente normal, la gente de la sociedad civil; no la han hecho los partidos políticos ni determinados dirigentes políticos: la hemos hecho entre todos —a ver si aprenden de una vez esa lección—. Al igual que la ley que rige el Ente Público Radiotelevisión Española es una ley que determina el Parlamento, y ha habido votaciones en el Parlamento, en el Senado y en el Congreso de España, que han decidido la idoneidad de los miembros de su consejo de administración; entre ellas, la idoneidad del señor Sánchez Domínguez.

Déjese ya de discursos sectarios y partidistas. (Denegaciones del señor Guillot Miravet). Ahora diga que no; ha hecho usted un discurso de lo más equilibrado y ponderado esta tarde, señoría. Pues nada, visto así, cedo la palabra al presidente y celebro su intervención. (Risas).

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO CON EL FIN DE EVITAR EL DESPROPÓSITO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DEBAN EMBARGAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS EL IMPORTE DE LAS AYUDAS SOCIALES QUE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN LES OTORGA, EN EL CASO DE TENER DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y SIN RESPETAR MÍNIMO ALGUNO POR ALIMENTOS. 680/001137 FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ferran Bel Accensi.

Tiene la palabra su señoría.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, durante el mes de mayo y el mes de junio las corporaciones locales, ayuntamientos, consells comarcals, diputaciones hemos vivido una situación me atrevo a decir kafkiana, una situación incalificable: hemos empezado a recibir diligencias de embargo en relación con los usuarios de servicios sociales; Hacienda nos ha transmitido que los ayuntamientos, las corporaciones locales deben embargar todos los créditos, incluidas las ayudas sociales, a los usuarios; esto significa que no se pueden pagar las becas comedor, no se pueden pagar las ayudas por alimentos, no se pueden pagar las ayudas por medicamentos o por suministros para evitar su corte. Algunos ayuntamientos, incluido el mío, ante nuestra insistencia hemos podido resolverlo a lo largo de las últimas horas, pero la mayoría no lo han podido resolver y tienen paralizadas estas ayudas.

Señor ministro, ante esta situación, ¿cuáles son las medidas urgentes que va a adoptar el Gobierno para evitar esta sinrazón?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, el Gobierno ya anunció públicamente en el mes de mayo, hace unas semanas, que estaba estudiando proponer un cambio normativo para ampliar el ámbito de las exenciones que afectan a las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades locales a los ciudadanos de renta reducida y en situaciones de especial necesidad, así como garantizar el carácter inembargable de estas, porque lo razonable es establecer unos requisitos legales que conviertan en inembargables estas ayudas que tienen como objetivo garantizar un mínimo de subsistencia a las familias que carecen de medios económicos.

El problema que existe actualmente es que estas ayudas económicas están reguladas como subvenciones y como tales pueden ser embargadas. Lo que tratamos de hacer es promover el cambio legal para que eso no ocurra y, a partir de ello, la protección que vamos a proponer hacia estas personas y familias es doble, ya que además de evitar el embargo de las ayudas las declararemos exentas de tributar, exentas de pagar impuestos. Consideramos que el ámbito adecuado para introducir esta modificación legal es la reforma de la Ley general tributaria, que actualmente tramita el Congreso de los Diputados. En este sentido, estamos preparando una enmienda para ofrecer una protección jurídica adecuada a las personas y a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, para que, estas ayudas sociales estén exentas de tributación, insisto. Estoy convencido de que su grupo parlamentario apoyará el contenido de esta enmienda y, por tanto, en la tramitación del Senado llegaremos con el asunto bien despejado y resuelto. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor ministro.

En todo caso, ya hablaremos de modificaciones legales, que son imprescindibles y nosotros también tenemos alguna propuesta al respecto pero, independientemente de esto, ¿cuáles son las medidas urgentes? Porque la pregunta es: ¿por qué hasta hoy no se embargaban estas transferencias y por qué en estos momentos, con una falta de sensibilidad extrema, desde el Ministerio de Hacienda se procede a efectuar estos embargos?

Las medidas son urgentes, la gente no puede esperar a un cambio normativo, porque antes de proceder a estos embargos se tendría que haber pensado en el cambio normativo. Y el cambio normativo, señor ministro, no es tanto dejar exentas estas rentas porque, como usted sabe, los perceptores de estas ayudas, de estas microayudas, en ningún caso llegan al mínimo exento, por tanto no deben tributar. El problema es que se les pretende embargar estas ayudas y que los ayuntamientos no se las paguen a quienes las necesitan, sino que las ingresen a Hacienda, y eso a quien pone en un problema en estos momentos es a ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, que están en primera línea. Por tanto, las modificaciones legislativas, de acuerdo, pero, ahora, hoy, esta tarde, ¿cuáles son las medidas urgentes que va a tomar el Ministerio de Hacienda, va a dejar de embargar hoy estas cantidades?

Nuestro grupo va a presentar una enmienda para que las ayudas sociales sean inembargables en cualquier caso, enmienda a la Ley general tributaria que se va tener que hacer extensiva también a otros ámbitos de la legislación civil.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador, si es lo que he dicho, y lo he dicho leyendo: he dicho que lo razonable es establecer unos requisitos legales que conviertan en inembargables estas ayudas; ya lo he dicho. (Denegaciones del señor Cleries i Gonzàlez). Bueno, pues no lo he dicho; pero lo he leído para no improvisar, senador.

Por tanto, coincido con el objeto de la cuestión, ya he dicho cuál es el procedimiento, por supuesto tendrá efecto retroactivo para que no se produzca ningún tipo de condicionamiento sobre estas personas o sobre estas familias y quiero trasladar la máxima tranquilidad a ese respecto. Es una situación que se ha producido, pero también es evidente que nuestra normativa establece que cualquier tipo de subvención está sujeta a tributación. A partir de ahora no lo estará en las condiciones que suponga la asistencia social, esa renta mínima para estas personas que tanto lo necesitan. Tenemos la misma sensibilidad y vamos a resolver, espero que conjuntamente con los otros grupos políticos y con el suyo también, obviamente, esta cuestión para que no se produzca ningún tipo de equívoco.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON DECISIÓN PARA SOLUCIONAR URGENTEMENTE EL EXPEDIENTE DE REINICIO DE LOS SERVICIOS MARÍTIMOS DE LA AUTOPISTA DEL MAR ENTRE GIJÓN Y NANTES (FRANCIA) ANTE LAS GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS QUE PROVOCA EN ASTURIAS SU SUSPENSIÓN DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE AL IMPEDIR LA DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS DEL PUERTO DE EL MUSEL Y DESVIAR LA ACTIVIDAD PORTUARIA HACIA LA REGIÓN VECINA DE GALICIA. 680/001126 ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Fomento. Pregunta de don Isidro Martínez Oblanca.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra de Fomento.

Más de nueve meses lleva suspendida la autopista del mar que conectaba el puerto asturiano de El Musel con el de Nantes, abierta en 2010 en cumplimiento de la prioridad política establecida por la Unión Europea para cabotaje, con el objetivo de descongestionar las carreteras transpirenaicas y reducir el impacto medioambiental del transporte de mercancías, en particular las emisiones de dióxido de carbono. En la inauguración de esta primera ruta se dijo que tenía tanta importancia como la alta velocidad ferroviaria, porque promueve la actividad económica y favorece el transporte de forma eficiente y eficaz.

En la actual legislatura el Gobierno de Rajoy llevó a Galicia el AVE e impulsó la autopista del mar desde Vigo, con notable éxito comercial. Por el contrario, el tiempo va pasando y en Asturias seguimos sin AVE y la línea de transporte marítimo que nos unía con Francia permanece suspendida.

Señora ministra, le solicito explicaciones sobre este asunto de gravísimas consecuencias para El Musel y para Asturias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

La situación actual es consecuencia de una cláusula que se introdujo en el año 2010 por el anterior Gobierno, mediante la cual se permitía a la sociedad explotadora interrumpir el servicio durante un tiempo indefinido alegando, como ha hecho, inviabilidad; lo podía hacer tres meses y por tiempo indefinido.

Señoría, durante toda esta legislatura y a lo largo del periodo en el que ha estado funcionando la autopista del mar el Gobierno ha cumplido estrictamente con el calendario de pagos —27,5 millones de euros entre los dos Estados—, quedando 2,5 millones para la nueva naviera que se acoja al convenio. A pesar de ello, el servicio fue interrumpido por decisión unilateral de la naviera desde el pasado 18 de septiembre.

Solucionar cuanto antes el expediente de reinicio de los servicios de la autopista del mar entre Gijón y Nantes es una de las actuaciones prioritarias de este Gobierno, y así lo estamos llevando a cabo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministra.

Tiene la palabra, senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pues no se ve por ningún sitio, señora ministra, porque llevamos más de nueve meses y creemos que es urgente reanudar la autopista del mar de Gijón, máxime cuando hay empresarios dispuestos a tomar el relevo que el anterior concesionario abandonó con merma de los tráficos de El Musel, pérdida de actividad económica para Asturias, detrimento de puestos de trabajo en la comunidad autónoma con la tasa de población activa más baja, perjuicio medioambiental y menoscabo de una fórmula de transporte intermodal patrocinada por la Unión Europea.

El Gobierno de España es responsable directo de que esta línea marítima no se recupere y solo quedaba por ver que ahora fuentes del propio Ministerio de Fomento hagan advertencias a través de los periódicos en descrédito de la única propuesta presentada para reactivarla. Cada día que pasa sin que Asturias restablezca su transporte marítimo regular con Francia es un desperdicio de las posibilidades que se ofrecen desde El Musel y pone en evidencia que el ministerio no resuelve el problema, obstaculizando además las iniciativas empresariales que aspiran a solucionarlo.

El Gobierno está en la obligación de ayudar a crear actividad económica y empleo en lugar de poner pegas, señora Pastor. Condicionar la subrogación en la concesión de la línea a que se asuma la eventual devolución de ayudas a la entidad titular, GLD Atlantique, es lo mismo que rechazar cualquier oferta de reactivación. Prolongar esta situación es perpetuar el desprecio hacia los asturianos, que vemos con estupor cómo en Galicia —qué casualidad— ya han tenido que ampliar los servicios de su autopista del mar a principios de este año, al mismo tiempo que la de Gijón permanece suspendida. En Asturias queremos el mismo trato que a Galicia o que a cualquier otra comunidad autónoma; lo contrario, señora ministra de Fomento, es un atropello.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

No ponga en duda la voluntad del Gobierno para reiniciar cuanto antes el servicio de esta autopista. De hecho, en esta legislatura hemos realizado modificaciones que benefician a todas las autopistas del mar: hemos reducido las tasas con carácter general un 14 %, rebajamos en 2014 un 5 % las tasas de buque de mercancía, que en 2015 congelamos; además, la bajada para los tráficos marítimos de corta distancia, que han sido mayores que para el resto de los tráficos, de un 8 %, y estamos revisando a la baja las tarifas máximas de todos los servicios portuarios. Por otra parte, estamos realizando inversiones en infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de estos tráficos, como es el caso de la nueva rampa RO-RO del puerto de Gijón.

Le puedo asegurar que desde que tuvimos conocimiento de la interrupción del servicio hemos trabajado intensamente para reactivar la autopista del mar. En primer lugar, en el mes de septiembre de 2014 nos reunimos con la Comisión Europea para abordar las posibilidades de extender el periodo de elegibilidad de costes subvencionables hasta el límite máximo de cinco años; la Comisión Europea nos respondió favorablemente. El Gobierno español, junto con el francés, han mantenido sucesivas reuniones con la naviera para que desbloqueara la situación; de hecho, los jefes de delegación de la comisión intergubernamental hispano-francesa gestora del convenio han celebrado hasta seis reuniones, a la par que sus servicios técnicos han estado en permanente contacto.

Finalmente, el pasado 5 de mayo la naviera accedió a vender su participación a la sociedad explotadora de la línea por un euro a una nueva naviera; a partir de ahí hemos establecido una hoja de ruta clara y precisa para relanzar la autopista. Una vez conocido que la única naviera interesada es Transportes Riva, que usted conoce, se ha estado trabajando para que esta pueda pasar a ser el nuevo operador; así, se ha cerrado una reunión de la comisión intergubernamental con el Gobierno francés para el próximo 2 de julio para la aprobación de la transferencia de la autopista del mar a Transportes Riva.

Eso es lo que hacemos, señoría, por Asturias y por los asturianos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE EL AEROPUERTO DE FORONDA (VITORIA-GASTEIZ) RECUPERE EL H24. 680/001127 MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Eugenia Iparragirre.

Tiene la palabra su señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Mila esker, mahaiburu jauna, arratsalde on. Buenas tardes, señorías.

Señora ministra, el tema de mi pregunta de hoy es recurrente, lo sé, pero no por ello carente de necesidad, puesto que la demanda que hoy le presento en nombre de mi grupo sigue siendo de plena actualidad: este aeropuerto de Foronda sigue sin despegar, sigue sin usarse como merece y sigue sin mejorar su situación a todos los niveles. Lo hemos reiterado, y así lo concluye el informe encargado por el Gobierno vasco.

El aeropuerto de Gasteiz constituye la mejor infraestructura aeroportuaria de Euskadi por ser la más amplia, la más segura y la que menos inclemencias meteorológicas sufre. La pista de Foronda es, sin lugar a dudas, la más adecuada de la comunidad autónoma para albergar vuelos intercontinentales y vuelos en general. La postura de nuestro grupo político ha sido siempre clara al respecto: el objetivo político ha sido y es conseguir que el aeropuerto de Foronda se halle plenamente operativo las 24 horas del día, porque estamos convencidos de que en la medida en que Foronda funcione y le vaya bien como aeropuerto ese beneficio repercutirá sin duda de modo positivo en Gasteiz, en Araba y en Euskadi.

Señora ministra, yo no le aporto nada nuevo si le digo que las infraestructuras aeroportuarias, los aeropuertos, juegan un papel importante en el sistema de transportes de una sociedad moderna y urbanizada como la existente en Euskadi, intensamente poblada y muy activa económicamente; son una herramienta fundamental para que podamos competir económicamente con otras regiones o países. Pero, señorías, el actual sistema aeroportuario español, el modelo de gestión aeroportuaria centralizada en el que solo un órgano ubicado aquí, en Madrid, decide las inversiones, establece las tasas aplicables en cada aeropuerto y su política comercial —en ese sentido cobra especial importancia la asignación de franjas horarias para las operaciones de las aeronaves y para las relaciones con las diferentes compañías—, el actual sistema aeroportuario español es una potente herramienta de control político y de política territorial practicada centralizadamente por el Estado, por su Ministerio de Fomento y, concretamente, por AENA.

Así pues, el funcionamiento en red, añadido a la política de franjas horarias y tasas seguida hasta la fecha, ha servido y sirve, como lo estamos comprobando hoy en Foronda, para definir el papel que cada aeropuerto juega en el sistema de transporte y para jerarquizarlos: cuál de ellos se considera prioritario políticamente frente a los otros, desviando tráfico, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente por la actuación del ministerio en los aeropuertos de Burgos y Zaragoza.

Señora ministra, como le decía al comienzo, esta pregunta sigue siendo de actualidad, prueba de ello es que hace pocas semanas el Parlamento vasco aprobó una PNL en la que instaba a su Gobierno a que tomara medidas y es por ello por lo que hoy le formulo la pregunta en esos términos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Iparragirre.

Entendemos que el horario operativo actual del aeropuerto de Vitoria es el más adecuado para satisfacer la demanda de tráfico del aeropuerto. Todas las compañías que lo soliciten con una mínima antelación de cuatro horas operan vuelos comerciales fuera del horario operativo y pueden hacerlo sin restricción de ningún tipo, como así lo están haciendo. Por tanto, puedo afirmar sin ninguna duda que el horario actual del aeropuerto no supone ningún obstáculo a su operatividad.

Desde el ministerio y desde la propia AENA se ha trabajado durante la legislatura para devolver la viabilidad económica a esta compañía. Hemos centrado nuestros esfuerzos en asegurar la viabilidad económica futura de aeropuertos deficitarios, entre los que se incluye el aeropuerto de Vitoria. Hemos implantado una política de gestión encaminada a la contención de gastos, a la racionalización de inversiones y a la mejora de la eficiencia. La mejora de los resultados económicos del aeropuerto de Vitoria puede calificarse de satisfactoria: ha cerrado 2014 con una reducción de sus pérdidas del 90 % con respecto a 2012. El éxito de esa política también ha tenido su reflejo en los datos del tráfico: si en el año 2013 creció el 8,2 % en lo referente a carga, en 2014 ha subido, señoría, un 19,1 % —no lo debemos estar haciendo mal del todo—. Y en cuanto a pasajeros y número de operaciones atendidas, un 2,3 % y un 9,2 % respectivamente; en los primeros meses del año, señora Iparragirre, se ha continuado esta tendencia favorable y el aumento ha sido del 24 % y del 14 %.

Sobre el horario operativo del aeropuerto, como sabe, el horario fijado es de 12 horas al día en horario nocturno durante cinco días a la semana, lo que está perfectamente adecuado a su actividad. La demanda de vuelos regulares de transporte de mercancías es, señoría, exclusivamente en horario nocturno y nadie ha pedido que sea en horario diurno. No obstante, para compatibilizar el horario operativo nocturno con la realización y promoción de vuelos de pasaje aprobamos en diciembre de 2014 un real decreto ley que evita aplicar las tarifas de fuera de horario sensiblemente superiores a los vuelos de pasajeros. Cualquier compañía que solicite con una antelación mínima de 4 horas operar en el aeropuerto de Vitoria fuera del horario operativo lo está haciendo.

Por otra parte, señoría, me gustaría recordarle que promovemos el desarrollo de la conectividad aérea; nos reunimos, estamos en estrecho contacto con el organismo vía Vitoria. Tengo que decirle que la empresa DHL tiene previsto invertir 23 millones de euros para ampliar sus instalaciones.

Por último, señoría, le anuncio que el aeropuerto de Vitoria tiene previsto ampliar su horario en la modalidad de uso restringido, es decir, para escuela de pilotos, aviación privada y aeroclub, desde las 8:30 de la mañana a las 4 de la tarde, lo que permitirá atender el tráfico de aviación general no comercial.

Señoría, es lo que humildemente hemos hecho por ese aeropuerto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LA DEUDA TOTAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO FOMENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 680/001132 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Manuel Fernández Ortega.

Tiene la palabra su señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra.

Cuando llegó usted al Gobierno, al mes y medio, compareció en la Comisión de Fomento del Congreso y ya fue capaz de dar cumplido detalle de cuál era la deuda de cada una de las empresas del Grupo Fomento, incluso dijo que su primer compromiso era mantener el esfuerzo inversor. Luego pudimos comprobar, presupuestos en mano, que eso era mentira, que su compromiso no era mantener el esfuerzo inversor; a partir de ese momento me estuvo dando los datos de la deuda hasta mitad de legislatura y pudimos comprobar que la deuda tampoco se reducía, que crecía a ritmo de 4 millones de euros al día hasta mitad de legislatura.

A partir de ese momento se acabó el dar datos, y yo creo que usted lo hizo porque era consciente de que su cuento, el de la herencia recibida, se le desmontaba. Usted no invertía y la deuda no hacía nada más que aumentar, luego el cuento de la herencia recibida se desmontaba y la forma de ocultarlo era no dar datos. Y hasta aquí hemos llegado. Ya no sé si es que usted ha despedido a todos los responsables de contabilidad del Ministerio de Fomento —que creo que no— o simplemente que ha dado la orden de que a partir de ese momento no se nos diera ningún dato sobre la deuda del Ministerio de Fomento y del grupo de empresas que forman parte de ese grupo. Fíjese hasta qué punto su orden ha tenido cumplida obediencia que me contestaron por escrito que la deuda a 30 de junio de 2014 me la había contestado el secretario de Estado el día 23 de junio de 2014 sin que yo le preguntase en la Comisión de Fomento. Todo un esperpento por cumplir sus órdenes de no dar ya ninguna explicación. Es más, mi queja de que no me da usted los datos de la deuda del Ministerio la ha atendido la Mesa y le ha dado traslado de que cumpla con su obligación de informar a los senadores de cómo va la deuda del Grupo Fomento, y usted no atiende a las preguntas que le hacemos pero tampoco atiende a los requerimientos de la Mesa de esta Cámara.

Por lo tanto, he tenido que preguntarle hoy —y espero que ya cumpla usted con su obligación— cuál es la deuda del Grupo Fomento a 30 de diciembre de 2014 y que en adelante lo haga cuando se le pregunte y, además, nos dé los datos descritos para cada una de las empresas del Grupo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.

Señor Fernández Ortega, me alegro de que le preocupe la gestión del Ministerio de Fomento. Ojalá le hubiera preocupado al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque lo que he hecho desde que llegué al Gobierno es hacer frente, si me permite, al desastre que el Gobierno socialista dejó en 2011: facturas sin pagar por 5500 millones, que era la deuda… (El señor Becana Sanahuja: ¿Lleva cuatro años pagándola?) Sí, señoría; y una deuda de más de 42 000 millones de euros. Me he dedicado a eso: a pagarla. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Fernández Ortega, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Señora ministra, respete a la Cámara y respete el trabajo que hacemos. Usted no se ha dedicado a pagarla, de hecho lo que ha hecho ha sido aumentarla y, además, lo ha hecho incumpliendo su compromiso de mantener el ritmo inversor. Usted invierte la mitad, ha recortado la inversión al 50 % y, encima, ni siquiera cumple lo que pone usted en los Presupuestos Generales del Estado. En los de 2015 descubrimos que había hecho usted un recorte sobre lo presupuestado enorme: de 650 millones de euros en ADIF, que suponía el 22 %; luego recortó también la inversión en Puertos del Estado en 250 millones, un 32 %, pero nos enteramos un año después.

Usted no cumple sus compromisos, lo que usted escribe en los papeles es papel mojado, no sirven para nada, y además usted tiene la obligación de dar la información a la oposición, que es su obligación, que no es que tenga usted un detalle con nosotros, es que es su obligación, a ver si se entera, porque va a terminar la legislatura y todavía no se ha enterado de que tiene que respetar a esta Cámara y a la Presidencia de esta Cámara que le ha exigido por escrito que conteste. Es que usted tiene que dar los datos de la deuda; que un mes y medio después de haber tomado posesión usted estaba en condiciones de dar los datos, y los dio. ¿Cómo es que ahora, que ha transcurrido tanto tiempo, no es capaz de hacerlo? Lo que está haciendo es ocultar su gestión, que no es buena.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida termino, señor presidente.

Su gestión es muy mala por mucho que usted se levante aquí y diga que ha hecho lo que ha podido con la herencia recibida. No, señora ministra, la herencia que va a dejar usted es la que va a ser penosa.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Le voy a dar el dato más objetivo sobre el endeudamiento. Mire, señoría, en el año 2004 la deuda del Ministerio de Fomento era de 13 500 millones (Protestas), sin embargo la pésima gestión de su Gobierno dejó al ministerio con una deuda de 42 245 millones para ser exactos, el triple de la deuda; ADIF pasó de 800 millones de deuda a 9300; AENA tenía una deuda de 5000 que ustedes dejaron en 12 600; Renfe tenía 2300 millones de deuda que pasaron ustedes a 5300 millones. (El señor Antich Oliver: Ahora). Por cierto, cuando habla de deuda, usted, que es de Andalucía, podría pedirle a su Gobierno, que ha pasado de tener una deuda de 14 800 millones en el 2011 a 29 100 en el 2014… (Rumores.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Y si nos remontamos al 2008, la deuda se ha multiplicado más de 3,5 veces.

Frente a esta pésima gestión, señoría, este Gobierno ha puesto orden donde había una gestión lamentable. Pese a lo que nos dejaron hemos bajado la deuda en más de 4700 millones, que a usted le podrá parecer poco, pero son 800 000 millones de las antiguas pesetas.

Señor Fernández Ortega, entiendo que su grupo no le deje reconocer la gestión de este Gobierno, pero AENA ha pasado de 12 210 millones de deuda en el 2011 a los poco más de 8000 millones con los que vamos a cerrar este ejercicio; casi 3000 millones menos; el Grupo empresarial Fomento ha pasado de unas pérdidas de 670 millones en el 2011 a un beneficio de más de 170 millones, y en términos de EBITDA los recursos se han incrementado en 800 millones. Si seguimos en la misma línea, las previsiones de cierre serán aún mejores.

Mire, señoría, a usted le van a tener que dar dos tardes de clases de economía. En relación a ADIF, al haber transferido la red ferroviaria de titularidad estatal ADIF, valorada en 12 000 millones, un 70 %, 8300 millones, pasan a formar parte de su patrimonio neto. Y si no me falla la memoria desde que preparé mi oposición, el 30 % restante, 3500 millones, se computan como pasivo fiscal. En definitiva, señoría, tome dos tardes de lecciones de economía y luego hable usted de deuda. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DURANTE ESTA LEGISLATURA. 680/001124 ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Pregunta de doña Ester Capella, que tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Bona tarda, ministre. ¿Cómo valora su gestión al frente del ministerio?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señora Capella. Yo no soy un entusiasta —al menos, no lo soy de forma incondicional— de la autoevaluación; creo sirve para algunas cosas pero, normalmente, uno no es el mejor juez de sí mismo.

Ahora bien, dicho esto, yo aplicaría una doctrina muy clásica, la de Agustín de Hipona, que dice: «cuando me considero no valgo nada, pero cuando me comparo valgo bastante». Pero no hablo sobre mí, sino sobre la gestión realizada en el Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte, donde, naturalmente, quedan muchísimas cosas por resolver, como en cualquier otra área, porque la ambición que un político debe tener a la hora de gestionar una competencia nunca debe dejarle satisfecho. Pero si comparamos la situación actual con la que me encontré al llegar al ministerio, sí me permite estar razonablemente satisfecho. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Usted, señor Wert, es el ministro de la LOMCE, la ley de educación más retrógrada de la actual etapa democrática. No solo tiene en contra a todos los grupos de la oposición, que nos hemos puesto de acuerdo para cambiar la ley, sino también a las comunidades autónomas. ¿Qué puede esperarse de un ministro que pretendía utilizar la ley de educación para españolizar a los niños catalanes? Y por cierto, ¿cómo va su misión evangelizadora?

Ya sabemos por qué le puso Rajoy: porque usted es uno de los españoles, muy españoles y mucho españoles, que decía Mariano en un exceso de intelectualidad. Un español de los de España en español, al que le resbala que decenas de familias en el País Valencià y en las Illes no puedan estudiar en su lengua. Su intento de romper el exitoso modelo escolar de integración lingüística y social nos hace más fuertes y cohesionados y nos reafirma en la defensa de nuestro modelo educativo. Ha sido el ministro que ha legitimado que la cultura pague como IVA de lujo, en lugar de pagar un IVA reducido o superreducido, como le reclama el Parlament de Catalunya, para estimular un sector cultural, que también lo es económico, que padece la crisis y sus recortes: sus exagerados recortes de un 40 % en los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, usted recorta salvajemente en cultura y subvenciona la tortura de un animal, que ha convertido legalmente en fiesta nacional y en bien de interés cultural inmaterial, con una obsesión enfermiza de que los toros regresen a Cataluña. Usted nos torea con la Ley del mecenazgo, un canon digital que pagamos a escote y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y una fatídica y nefasta Ley de la propiedad intelectual. Ministro, ¿y el retorno de los papeles de Salamanca, los que quedan, para cuándo? Por cierto, si tiene pensado devolverlos antes de que le cesen añada en el mismo paquete los de Ávila. Y qué decir del deporte, Cataluña está en el disparadero con la licencia única federativa y las reformas fiscales que castigan al deporte de base y al deporte catalán. Ahora usted, genio y figura, está preocupado solo por la pitada al himno y al rey. Ministro, usted se merece una gran pitada, la del mundo de la cultura. No en vano tiene en su haber un récord, han renunciado al Premio Nacional de Cultura y a otros galardones muchísimas personas. Nadie quiere una foto con usted.

Esquerra comparte lo que decía María Zambrano: La cultura es el despertar del hombre, porque la cultura es Estado del bienestar, salud, cohesión social, nos despierta, nos hace hombres y mujeres libres, formados y críticos, nos permite afrontar la vida en y con libertad, pero es evidente que para el Gobierno del que usted forma parte ese es el problema, temen a la cultura porque nos hace libres y ahí es donde radica el problema, y por eso quieren desarbolarla.

Acabo presidente. A los catalanes y catalanas usted nos ha dado motivos y más que razones para continuar avanzando en un proyecto de futuro esperanzador, la construcción de la república catalana donde educación, cultura y también deportes sean el eje central de las políticas y de la acción política porque aspiramos a ser mujeres y hombres libres y cultos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Acabo, presidente.

Ministro, dimita antes de que lo cesen, y no se vaya a un organismo oficial internacional: váyase a su casa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señora Capella, por sus amables consideraciones, incluidas aquellas con las que me quiere recluir en mi casa. En un Estado democrático, no me parece que entre dentro de sus funciones estrictas decidir cuál tiene que ser el futuro de nadie, ni siquiera el de un ministro. Y, qué quiere que le diga, ese papel que le han escrito y que ha leído usted —por cierto, no demasiado bien, al revés—, podría llegar a constituir un cierto resumen de las cosas que se han hecho bien. La principal, cambiar las reglas del juego de un sistema que no funcionaba, porque un sistema como el que nos encontramos, con una abandono educativo temprano superior al 26 %, va a acabar la legislatura con un abandono por debajo del 20 %; va a acabar la legislatura con una tasa de repetición que está bajando también —era del 35 %— y con un tasa de presencia en la formación profesional que ha crecido casi el 30 % —estaba entre las más bajas de Europa—. Y cambiar las reglas del juego, sobre todo, para superar una serie de problemas de nuestro sistema educativo que eran seculares y que se han aplicado también a una limitada reforma del sistema universitario. En el campo cultural es verdad que las cosas que se han hecho tienen que ver pero no en el sentido en que las ha dicho su señoría, sino cabalmente al contrario, con la propiedad intelectual; también se ha dotado de un estatuto de autonomía a través de la correspondiente ley a la biblioteca nacional; también se ha aprobado una ley de patrimonio cultural inmaterial y en el campo del deporte se ha avanzado muchísimo más a través, precisamente, de alguna de las cosas que ha mencionado su señoría como la licencia única, en conseguir el saneamiento económico del deporte profesional y en fomentar el deporte aficionado.

Tiene usted, señora Capella, todo el derecho del mundo a criticar una gestión —la mía, la de cualquier otro—, pero lo que yo le rogaría —y se lo rogaría para el futuro— es que intente fundamentarlo en alguna evidencia, que intente fundamentarlo en algunos datos, porque esas expresiones...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): ...de descalificación gratuita, en una Cámara como esta, no conducen a nada.

Dicho todo lo cual, me alegro, señoría, de que tenga usted ese juicio sobre mi desempeño y sobre mi persona, porque a mí, personalmente, me conforta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REPLANTEARSE EL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, A FIN DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE EN EL MUNDO EDUCATIVO. 680/001130 VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Álvarez Areces.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en esta fecha, prácticamente ya en los finales del curso, solamente algunas comunidades autónomas, como Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Madrid, Baleares y La Rioja, han publicado los decretos curriculares, aunque algunos de ellos muy recientemente; en otros casos, todavía están en borradores o culminando las últimas fases de la norma. Por tanto, es necesario que esta serie de circunstancias sea tenida en cuenta a la hora de programar el curso. Tampoco se han dictado instrucciones sobre los criterios a seguir en la organización de los centros educativos y en muchas comunidades, como le decía, hay una gran incertidumbre, no solamente por parte de las direcciones de los centros, sino del profesorado y de las familias.

Y le pregunto: ¿Va a replantearse el Gobierno el calendario de implantación de la LOMCE a fin de superar la incertidumbre que existe en ese ámbito educativo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Álvarez Areces por su pregunta y por el tono de la misma. El Gobierno no se plantea revisar el calendario como tal Gobierno, porque, incluso aunque se lo planteara, no podría hacerlo. Como su señoría sabe perfectamente, el calendario de implantación de la LOMCE está recogido en la disposición final quinta del mismo texto y, por tanto, en virtud de los principios de legalidad y de jerarquía normativa, sería precisa una disposición con rango de ley para modificar ese calendario. Insisto, sería precisa si fuera precisa, que no lo es. Y no lo es porque yo he reconocido —y lo he hecho varias veces, incluso creo haberlo hecho también en esta Cámara— que se trata de un calendario exigente, pero que se trata de un calendario realizable. Y la prueba de que es un calendario realizable es que en aquellos ámbitos en que la competencia la ejerce directamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la aplicación se está produciendo en los desarrollos normativos necesarios, aparte de los que se realizan por parte del Gobierno, sin problemas. Por tanto, no hay incertidumbre alguna; no hay más incertidumbre que la que algunos quieran crear en cuanto al desarrollo de aspectos que corresponden, efectivamente, en virtud del artículo 6 bis de la LOMCE, a las comunidades autónomas y que muchas comunidades autónomas han realizado sin ningún problema. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Álvarez Areces, tiene la palabra.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.

Señor ministro, desde mi punto de vista, yo creo que no solamente tenemos incertidumbres, sino también improvisación —y voy a dar argumentos—, improvisación que afecta gravemente a la organización del curso escolar porque tiene relación, prácticamente, con el 50 % de todo el alumnado de la ESO y del bachillerato, ya que incluye a los primeros cursos de ambos niveles.

En cualquier caso, aunque se cumpliese el calendario por parte de las comunidades autónomas que aún tienen que hacerlo, hay una serie de cuestiones que son ya prácticamente imposibles de resolver. En primer lugar, la orientación académica para el alumnado y para las familias, que no podrá realizarse al menos con la información suficiente para ello. En segundo lugar, la planificación docente es evidente que se va a resentir gravemente, ya que una parte de las materias será de nuevo diseño —muchas de ellas, además, verán modificada su carga lectiva— y con ello la estructura de contenidos y las metodologías. El profesorado se verá obligado a prepararlas y a programarlas al mismo tiempo que las imparte, lo que, sin duda, va a repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza. Es obvio que esta precipitación, sin respetar unos plazos razonables de consulta y deliberación para tomar decisiones y posibles acuerdos con los componentes de la comunidad escolar, va a provocar situaciones de malestar y de incertidumbre.

Además, hay que tener en cuenta que en el nuevo currículo hay una gran complejidad y variedad de materias y cargas horarias en las asignaturas no troncales que van a traer serios problemas a los alumnos, que van a tener que afrontar, al terminar cada una de las etapas, unas pruebas o reválidas que serán las mismas para todos, con lo que la preparación puede resentirse.

La mayoría de comunidades autónomas, con los gobiernos que se configuran tras las elecciones del pasado 24 de mayo, están planteando solicitar una convocatoria urgente de la conferencia sectorial para estudiar todos los problemas y ese malestar que se está creando — créame, señor ministro— por esa precipitada implantación de la LOMCE.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

Y van a solicitar paralizar el calendario de implantación no solo en lo que afecta a los diseños curriculares, sino también a las reválidas y a otros aspectos relativos a las mismas. Sin duda, tendrá que tener el rango legal que tenga, pero va a encontrar usted un amplísimo apoyo si trata simplemente de crear una racionalidad en ese calendario de implantación. ¿Piensa atender dicha petición, señor ministro? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Álvarez Areces. Ciertamente no estoy de acuerdo con lo que ha dicho su señoría, pero sí lo estoy con la forma razonada en que lo ha presentado.

Como le he dicho antes, el calendario es exigente, pero no es imposible. Empezando por el último aspecto que su señoría ha evocado, el que se refiere a las evaluaciones, tenga presente que las primeras evaluaciones con efectos académicos no tendrán lugar sino hasta el curso 2017-2018. Es decir, hay un tiempo más que razonable. En cuanto al desarrollo curricular, la mayor parte de la carga respecto a todo aquello que va a ser posteriormente objeto de evaluaciones recae sobre la Administración General del Estado que, a través del desarrollo reglamentario de la norma, ya ha cumplido con la parte que le incumbe de ello. Es verdad que la ley no puede alcanzar la perfección en su desarrollo si no hay una colaboración de las comunidades autónomas en lo que les toca, tanto en lo que se refiere a aplicación de metodologías y didáctica en general como a la determinación del horario máximo de las asignaturas, así como de los estándares de aprendizaje evaluables de las asignaturas específicas y las de libre configuración autonómica. En realidad, hay un espacio complementario amplio que tienen que desarrollar las comunidades autónomas, pero el propio reparto de las competencias que se efectúa por la LOMCE permite que en aquello que va a ser posteriormente objeto de evaluación se mantenga un denominador común suficientemente comprensivo como para que no dependa esa posible variabilidad de la acción normativa de las comunidades autónomas. Por tanto, por supuesto que se atenderán cuantos requerimientos de buena fe y de sentido común tengan a bien hacerse.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Termino en un instante, señor presidente.

Pero siempre teniendo en cuenta que los principios de legalidad y jerarquía normativa se tienen que aplicar a esta como a cualquier otra cuestión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE EL CRITERIO QUE TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE LA VACUNA DE LA VARICELA EN EL CALENDARIO VACUNAL OFICIAL. 680/001123 MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta de doña Mónica Almiñana.

Tiene la palabra su señoría.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señor ministro, el pasado 11 de junio anunció en el último congreso de la Asociación Española de Pediatría que se incluiría la vacuna de la varicela en el primer año de vida en el calendario vacunal común. En 2013 se decidió que el calendario vacunal común solo incluiría la vacuna de la varicela a los 12 años y para aquellos niños que tuvieran algún riesgo. Los pediatras mostraron su desacuerdo, pero la decisión más controvertida llegó cuando la vacuna fue retirada de las farmacias, lo que provocó un gran desconcierto a los padres que acudían a comprarla por recomendación de sus pediatras. Por todo ello le preguntamos: ¿cuál es el criterio del ministerio para la vacuna de la varicela?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, senadora Almiñana, por su pregunta. Efectivamente, la recomendación del calendario vacunal común que se estableció por el consejo interterritorial en el año 2013 prevé que la vacuna de la varicela se ponga en la edad preadolescente, a los 12 años, a todas aquellas personas que no la hayan pasado antes y que, por tanto, no hayan quedado inmunizadas de manera natural, y que se dispense también a grupos de riesgo. Esta era la recomendación que había hasta ahora. En su momento, el informe de salud pública planteaba que, o bien se buscara la inmunidad de manera natural para evitar que la población no estuviera inmunizada en la edad adulta cuando la enfermedad tiene una mayor afección y por tanto es más peligrosa, o bien se vacunara al menos en el umbral del 80 % de la población. Por tanto, en ese sentido se desaconsejaba su venta en farmacias.

A nosotros nos ha parecido pertinente el debate que se ha producido, así como la realidad social de las personas que iban, por recomendación de sus pediatras, a comprar las vacunas a Portugal, Francia o Andorra. Asimismo, solicitamos informes a la Asociación Española de Pediatría y a la Asociación Española de Vacunología. A partir de tener esos informes, acudimos a la comisión de salud pública —con carácter previo a que yo anunciara que íbamos a realizar esta propuesta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud— para debatirlo en dicha comisión —donde se encuentran los responsables del ministerio y de los gobiernos autonómicos—, la cual ha decidido elevarlo al consejo. Por tanto, es en el consejo donde se tomará la decisión de establecer esta vacuna —previsiblemente en la edad pediátrica, durante el primer año de vida— y la de seguir manteniendo también la vacunación a los 12 años, en caso de no estar inmunizada la población, y seguir atendiendo a los grupos de riesgo.

Este es el cambio que se propone y tendrá que ser una decisión que adoptemos de acuerdo con las comunidades autónomas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Almiñana, tiene la palabra.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señor ministro, los temas de salud pública son siempre complicados. Lo que está claro es que el bien común prevalece sobre el bien individual, pues cuando hablamos de vacunas la protección de la población frente a una enfermedad depende de la tasa de protección del resto de la población. Gracias a las vacunas hemos erradicado enfermedades como la viruela.

Señor ministro, el uso partidista de las políticas de salud pública es, como mínimo, irresponsable, y más cuando hablamos de población infantil. Sin embargo, usted decidió anunciar el cambio del calendario vacunal en relación con la vacuna de la varicela sin respetar los mecanismos ni los organismos de los que nos hemos dotado entre todos, porque lo anunció sin haber hablado con las comunidades autónomas, ni haber pasado por el consejo interterritorial, ni tampoco por la comisión de salud pública, teniendo en cuenta, además, que se está trabajando en la revisión de un calendario común para toda España para el año que viene. Y le recuerdo que su ministerio tampoco avisó a las comunidades autónomas de la retirada de la vacuna en las farmacias en 2013.

Por contar con otras referencias, en nuestro entorno hay países que vacunan al año de vida, como Grecia y Alemania, y otros que lo hacen a los 12 años, como Reino Unido y Francia. En todo caso, aceptando cualquiera que sea la decisión final, en la mayoría de asuntos sobre salud pública hay que ir con cuidado, básicamente porque causan alerta entre la población, porque las decisiones que se toman tienen resultados a largo plazo y porque no vale, a nuestro parecer, acudir a un congreso de pediatras y anunciar lo que se quiere oír, para añadir a los pocos días que aún tardará varios meses en ser una realidad; entre otras cosas, porque no piensa convocar el consejo interterritorial —donde se tiene que aprobar la medida— hasta que todos los gobiernos autonómicos estén constituidos. Resultado: los padres no entienden nada.

Señor ministro, una de las principales obligaciones de su ministerio es generar confianza en la población, y le aseguro que ni usted ni su antecesora lo han logrado. Todo ello nos lleva a pensar que ha banalizado usted esta cuestión, anunciando una vacuna sin tener en cuenta a todos los actores. Espero estar equivocada, señor ministro, porque no me parecería adecuado que la máxima autoridad sanitaria del país hiciera un uso tan inadecuado de un asunto tan complejo y que genera angustia a muchísima gente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Yo quisiera tranquilizarla, pues parte usted de un error, seguramente no intencionado. Lo que yo anuncié es que iba a trasladar esta propuesta a la comisión de salud pública, como efectivamente hicimos, y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, me parece de lo más razonable que para tomar esta decisión esperemos a que estén constituidos los nuevos gobiernos. Además, lo trasladado a la comisión —cuestión que ha sido ratificada por la misma y que ha decidido elevar al consejo— fue también objeto de consenso en el Congreso de los Diputados la semana pasada, a raíz de una iniciativa presentada por el Grupo de Convergència i Unió... Ya no sé cómo se llama. La semana pasada era Convergència i Unió, pero ahora ya no sé qué grupo es exactamente. Por tanto, tuvo lugar un consenso, al que ustedes no se sumaron, en torno a esta posición, que creo que cuenta con el suficiente respaldo social y científico. Y no se preocupe usted, que haremos las cosas bien y contaremos con las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL CUMPLIMIENTO DE SU PLAN PARA LA DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS C. 680/001125 JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús Iglesias.

Tiene la palabra su señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En el mes de febrero el señor ministro presentó un plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C que en las sucesivas reuniones mantenidas con la plataforma de afectados y en la interterritorial con las comunidades autónomas, parecía contar con un amplio consenso aunque persistieran dudas en torno a los mecanismos de financiación.

Por eso, a estas alturas —tres meses más tarde— le pregunto al señor ministro: ¿qué valoración hace el Gobierno del cumplimiento de ese plan?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, senador Iglesias. La valoración que nosotros hacemos, a la vista de los datos que vamos recibiendo por parte de las comunidades autónomas, es muy positiva. Es muy positiva por el número de pacientes que han empezado a recibir los nuevos tratamientos que se incorporaron en los meses de abril y mayo. En esos dos primeros meses, de los que tenemos prácticamente todos los dados, nos falta alguna comunidad, por encima de 7000 pacientes empezaron a recibir la medicación.

Este es un plan que tiene un horizonte temporal hasta 2017. Las comunidades se están implicando, los especialistas se están implicando también en el trabajo y se está haciendo también un mapa epidemiológico muy completo de la situación de la hepatitis C en España; por tanto, nuestro valoración es muy positiva. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor ministro.

Cuando presentó públicamente este plan, el señor ministro dijo algo muy sensato: «Los laboratorios podrán esperar para cobrar y las comunidades autónomas podrán esperar para pagar, pero los enfermos no pueden esperar a ser curados». Suscribo al cien por cien esta manifestación realizada por el señor ministro.

Sin embargo, que se considere muy positivo el dato de que en dos meses se ha conseguido empezar a dispensar el tratamiento a más de 7000 pacientes, teniendo en cuenta que el objetivo inicial con el estudio epidemiológico realizado era intentar dar respuesta aproximadamente a casi 52 000 pacientes exigiría casi trece meses conseguir que esta atención se extendiera a 52 000 pacientes. Por lo tanto, habría ciudadanos que tendrían que esperar doce, trece meses para conseguir esta atención, lo cual sin duda, como muy bien sabe el señor ministro, conllevaría graves riesgos para su salud.

Por otro lado, estamos ante el primer examen de este plan, a punto de concluirse el primer trimestre, habrá que empezar a pagar a los laboratorios proveedores de la misma. Y entonces, las comunidades autónomas realizarán la evaluación del acertado o no mecanismo que se ha decidido seguir para financiarlo. Yo comprendo que puede haber comunidades autónomas que tengan sospechas sobre la eficacia de este mecanismo cuando a la vez se ha aprobado en la Cámara en la que ahora nos encontramos a mediados del mes de mayo, una reforma de la Ley de financiación de comunidades autónomas y de estabilidad presupuestaria que afecta a la capacidad de decisión sobre el gasto farmacéutico estableciendo un límite que se moverá en el mismo porcentaje en el que pueda aumentar el producto interior bruto.

Es, por lo tanto, tremendamente trascendental que para conseguir la complicidad de las comunidades autónomas en el desarrollo de este plan estratégico se acredite, cuando concluya el mes de junio, que desde el Ministerio de Hacienda se es capaz de responder a los compromisos asumidos, porque así —termino ya— como queda claro la complacencia de la interterritorial de Sanidad sobre este plan estratégico, lo que no quedó tan claro fue la complacencia de la interterritorial de Hacienda al respecto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Va a resultar que estoy de acuerdo con su señoría. Bueno, bastante de acuerdo, porque no puedo estar de acuerdo con el imposible que me pide de que atendamos a 52 000 personas en tres meses, porque eso no es posible. Pero le aseguro que los especialistas son aquellos que reciben a sus pacientes y les hacen el seguimiento, primero, con un diagnóstico adecuado, cuando les dan el tratamiento, y después para seguir viendo su evolución. El plan estratégico señala y reitera con mucha claridad que eso es muy importante. Tienen que ser unidades especializadas, y eso está en manos de los profesionales. Pero le aseguro que va a buen ritmo y que, en general, la respuesta obtenida es satisfactoria.

Estoy completamente de acuerdo con usted en que aquí hay un mecanismo extraordinario de financiación —no es un mecanismo ordinario— que se habilitó y que responde a un compromiso del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, según el cual, dependiendo de la situación de esa comunidad autónoma: si se acoge al FLA, al Fondo de facilidad financiera…, el Ministerio de Hacienda pone una línea de crédito para cubrir todos los gastos —al principio estaban previstos unos 737 millones de euros, pero podría ser una cantidad superior— que debe ser devuelta en el plazo de dos años, con un año de carencia también en el pago de los intereses, que serán los del Tesoro, y que además no cuenta para el déficit. Por tanto, este es el acuerdo que se tiene que aplicar ahora. Y, como usted sabe —se deduce a tenor de su pregunta—, pasados los tres primeros meses hay que formalizar la primera facturación para poder pagar a las empresas, proceso que tiene que realizar el Ministerio de Hacienda junto con las comunidades autónomas. En ello trabajamos, por lo que esperamos que se desarrolle sin más problemas y que no haya ninguna incidencia, de forma que el plan pueda continuar con su despliegue y que los medicamentos y los tratamientos puedan seguir llegando a un número creciente de pacientes.

Pero recojo su aviso y, también, el contenido de su intervención, que le agradezco. Le aseguro que actuaremos con diligencia en ese sentido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE SERÁ PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO LA LUCHA CONTRA LA GRAVÍSIMA Y CRECIENTE DESIGUALDAD SOCIAL QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. 680/001133 RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Raquel Andrés Prieto.

Tiene la palabra su señoría.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes.

Doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

El Gobierno lleva luchando contra la desigualdad, la pobreza y el riesgo de exclusión desde el primer día en que llegó. Tenga en cuenta que lo que usted está viendo son las graves y durísimas consecuencias sociales de la lamentable gestión de gobierno que ustedes realizaron en los años anteriores, que efectivamente produjo un aumento de la desigualdad y de la pobreza, así como importantes situaciones de dificultad para las familias en España. Sabe usted que entre 2007 y 2011 España fue el país de la OCDE donde más creció la desigualdad y que en ese mismo periodo los ingresos del 10 % de la población con menos recursos cayeron un 13 % al año, mientras que la caída entre los que más tenían fue del 1 %. Parece que ahí aumentó mucho la brecha de la desigualdad.

Por tanto, desde el primer momento nos pusimos a trabajar para luchar contra esa situación, a sabiendas de que, si no se resolvía la crisis económica y se ponía al país en la senda del crecimiento y de la creación de empleo y, por tanto, en un horizonte como el que tenemos ahora —entre los años 2014 y 2015 vamos a poder crear un millón de puestos de trabajo—, iba a ser imposible darle la vuelta a esa situación. Estamos trabajando con eficacia en esa y en otras medidas que ayudan a la gente a atravesar esa dura situación y a mirar el futuro con esperanza.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias.

No es verdad, señor ministro. Estamos a tres meses de finalizar la legislatura, una legislatura en la que la desigualdad social se ha disparado desproporcionadamente. Las razones: sus ajustes fiscales, sus subidas impositivas y sus recortes sociales. Si bien es cierto que dichas medidas son equiparables a las de otros países de la Unión Europea, también lo es que en el nuestro se agravan por el aumento de la temporalidad en el trabajo o por la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La realidad, señor ministro, esa que ustedes no priorizan, es la de un país en el que 840 000 niños y niñas corren el riesgo de vivir en pobreza crónica. Seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Y esta realidad convive con un aumento de más del 10 % de las personas con altos patrimonios. La realidad que ustedes no priorizan es la que presentaban en los presupuestos actuales, los de la recuperación, cuando los ingresos medios de las familias en España caían más de un 12 %. La realidad, esa que ustedes no priorizan, es aquella en la que aprueban ayudas millonarias para el rescate de las autopistas —para ustedes eso sí que es prioritario— mientras obvian que más de 2 millones de familias no pueden calentar sus viviendas.

Este año, señor ministro, los salarios medios de los ejecutivos de las empresas del Ibex multiplican setenta veces los salarios medios de sus empleados. Durante esta crisis, mientras los trabajadores veían reducida la cuantía de sus nóminas una media del 4 %, los ejecutivos se la subían una media del 7 %.

Esta es la realidad de un país más desigual, señor ministro, realidad que en tres años y medio no ha merecido por parte de su Gobierno ni una reunión de urgencia, ni un pacto de Estado, ni siquiera un gabinete de crisis. Esta es la realidad que, lejos de solucionar, agravan con todas y cada una de las decisiones que toman.

Señoría, la OCDE identifica cuatro políticas clave para reducir la desigualdad, y les voy a decir lo que ustedes han hecho al respecto. Facilitar la ocupación, especialmente de las mujeres, sobre todo en sectores no reconocidos, y ustedes, tan sensibles, sacaron de la Seguridad Social los convenios de cuidadoras de dependientes. Pelear por salarios altos, y ustedes, tan sensibles, han sido siempre cómplices de aquellos que unían la mejora en la competitividad con la bajada de las nóminas de los trabajadores. En vez de elevar el nivel de protección social, ustedes, tan sensibles, han disminuido la cobertura social por desempleo de las tasas, que rondaban el 80 % y que ahora no llegan al 50 %.

Señor ministro, no ha sido la crisis la que ha traído estas tasas de desigualdad, ha sido la insensibilidad de un Gobierno que ha priorizado parámetros medibles. Y le voy a decir más, la política no puede olvidar todo lo que hace que valga la pena vivir.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANDRÉS PRIETO: Termino, señor presidente.

No se equivoque. El Grupo Socialista no tiene nada en contra de los ricos. Nuestra obsesión y prioridad son los que menos tienen, aquellos a los que su ministerio debería dirigir sus esfuerzos, pero no lo hace.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Señoría, la fuente de la que bebe usted es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2014, que refleja la situación de 2013, por tanto, es la fotografía de lo que pasaba en 2013 en España, después de cinco largos años de destrucción de empleo; 3,5 millones de personas perdieron su empleo y se fueron al paro durante la legislatura anterior, y eso ha producido un aumento del número de hogares en riesgo de exclusión, en situación de pobreza.

Si usted lee la encuesta detenidamente —si la mira con más atención, aunque no sea detenidamente— se dará cuenta de que el factor que explica esa situación, ese incremento hasta el 2013, es el aumento del número de hogares con baja intensidad de empleo. La causa es, por tanto, el desempleo. La Organización Internacional del Trabajo dijo hace unas semanas que el 90 % de la situación de exclusión, de pobreza en España procede del desempleo; no lo dice este Gobierno, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Y si usted lee la EPA del primer trimestre de este año se dará cuenta de que en 180 000 hogares en los que antes nadie trabajaba, ahora empieza a entrar un sueldo. Por tanto, se está dando la vuelta a esa situación atacando la causa. Ese es el camino; desde luego, el camino no es volver atrás. Si se produjeron esos cinco años de penuria, de desolación, de crisis económica y de consecuencias sociales dramáticas para muchas familias fue porque hubo un Gobierno que no hizo nada, que no adoptó ni una sola reforma, que estuvo parado mientras el país se iba a pique. (Aplausos).

Y le aseguro que para que podamos seguir luchando en favor de la inclusión social, de las oportunidades para todas las personas y de la recuperación del empleo en las familias, el riesgo que tenemos que evitar es que vuelva un gobierno que nos lleve de nuevo a esa situación de la que nos ha costado tanto salir. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS AGRAVADOS Y ESPECÍFICOS DE SALUD QUE SUFREN LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LOS RECORTES SOCIALES IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS. 680/001135 ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Encarnación Llinares Cuesta.

Tiene la palabra su señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, aunque usted lo niegue, diversos informes evidencian que sus políticas económicas, laborales y sociales han tenido efectos devastadores sobre las familias, en general, y sobre las mujeres y los niños y niñas, en particular.

Por eso le pregunto qué medidas concretas tiene previsto adoptar para hacer frente a los problemas específicos de salud que sufren las mujeres por sus recortes.

Espero, de verdad, una respuesta seria. No vuelva a lo de la herencia recibida; no vuelva a hablar de la gente que estaba en el paro. La gente quiere soluciones. No asusten a la gente con un Gobierno socialista. Y lo más lamentable es que ustedes no han aprendido nada de lo que les han dicho los ciudadanos y las ciudadanas en las últimas elecciones. Por lo tanto, por favor, dé una respuesta concreta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Yo intentaré hacerlo bien, pero nosotros no asustamos a nadie. Se asustarán de otras cosas, pero no por nosotros; nosotros tratamos de ilusionar con la perspectiva de que ya hay una recuperación que permite crear empleo; se trata de ilusionar con el empleo. Si se asustan, es un problema suyo. Respecto a los resultados electorales, si quiere, luego hablamos.

Su señoría habla de diversos informes. ¿Pero qué diversos informes? Porque usted no ha mencionado ningún informe y afirma que la situación de salud de las mujeres ha empeorado. Sin embargo, la esperanza de vida no ha dejado de subir. Hoy hemos conocido el último dato: entre 2006 y 2014 la esperanza de vida ha pasado de 84,2 a 85,7 años, la más alta del mundo. La última encuesta nacional de salud pone de manifiesto que ha crecido el número de mujeres que manifiestan que tienen un estado de salud bueno y muy bueno; ha aumentado 6 puntos, pasando del 65 % en el 2007 al 71,3 %. Por tanto, se trabaja para cuidar la salud de la población, en general —ese es nuestro mandato y nuestra obligación— y la de las mujeres, en particular. Estos son los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, y la encuesta nacional de salud indica que va bien. Además, a lo largo de estos años —fuera de recortes, porque hemos ampliado la cartera básica de prestaciones— hemos puesto en marcha programas importantes para las mujeres: cribado de cáncer de mama, cérvix, colon rectal. Esto se ha aprobado durante estos años y, por tanto, se ha hecho un esfuerzo por incidir en aquellas causas que podían afectar más a los riesgos de salud que tienen que ver con las mujeres.

Por lo demás, quedo a su disposición para que me explique cuáles son esos diversos informes y qué dicen. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor ministro.

No solamente se lo voy a decir sino que le recomiendo que se lo lea y que se lo estudie.

El último boletín de Cruz Roja refiere que el grupo más vulnerable es el de las mujeres de 25 a 49 años, que asumen el peso de los recortes en sanidad, en educación, en dependencia…, que no tienen ayudas para la conciliación y que, además, un 70 % sufre pobreza extrema.

Señor ministro, aunque lo niegue, la dura realidad es: mujer, pobreza, desigualdad y enfermedad. El 39 % sufre enfermedades crónicas frente al 16 % de la media, según el Instituto Nacional de Estadística. Creíble, ¿verdad? El 22,8 % tiene dolor de espalda frente al 14,3 % de los hombres, según el Sistema Nacional de Salud. La mitad de las mujeres en situación de pobreza cree que su estado de salud es malo. Del 54 % de las mujeres que toman medicinas, según datos de Cruz Roja, el 31 % tiene problemas para financiar su salud, con el agravante —le recuerdo— del copago y de la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública.

Señor ministro, voy a terminar leyendo lo que dice textualmente el boletín de Cruz Roja: «…Cruz Roja hace patente esta situación para que el problema entre en la política y desde ahí se pongan en marcha nuevas medidas. Sólo así será posible, y sostenible en el tiempo, que ninguna mujer se quede al margen en el camino de esta frágil, pero necesaria, igualdad de género.»

Eso es lo que pretendemos los socialistas al presentar esta pregunta. Ya he visto que usted no tiene respuesta y que, como siempre, echan la culpa a los demás. Hemos insistido muchas veces en que derogue el real decreto. Las mujeres inmigrantes tienen graves problemas con la salud...

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora LLINARES CUESTA: Antes de las elecciones afirmó que tendrían derecho a la atención primaria de salud pública. ¿Dónde está? Recupere la educación de 0 a 3 años para poder conciliar. No excluya de la cartera de servicios el derecho de las mujeres a poder acceder a la reproducción asistida porque sean mujeres o porque hayan decidido tener una pareja que sea mujer.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias.

Para terminar, señor ministro, no modifique la actual Ley del aborto que protege la salud de las mujeres, también de las más jóvenes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Su señoría ha hecho una pregunta un poco tipo batiburrillo, pero yo le quiero dar garantías, no a su señoría, sino al conjunto de los ciudadanos que nos pueden estar siguiendo y que pueden sentir inquietud.

El Sistema Nacional de Salud, todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, el ministerio, el consejo interterritorial, los órganos que dependen de él, las estrategias que se ponen en marcha…están enfocados a proteger la salud general de la población, muy particularmente la de las mujeres en aquello que les es específico. No debería usted lanzar alertas que no se compadecen con la realidad ni con los datos ni con la gestión del día a día ni con su protección.

Tendría usted que recordar también que hoy están trabajando 90 000 mujeres más que cuando ustedes se fueron del Gobierno (Aplausos) y que, por tanto, las mujeres están encontrando su lugar y están avanzando. Tendría que recordar que este Gobierno ha tomado medidas a favor de la conciliación, que hemos ampliado también la edad en la que se puede tener derecho a una reducción de jornada para que las trabajadoras atiendan al cuidado de los menores. Conciliación y corresponsabilidad, ese es el camino. Estamos tomando medidas en ese ámbito, en el ámbito de la igualdad, para mejorar una situación que objetivamente no es buena en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Hemos aprobado un Plan de igualdad de oportunidades, hemos diseñado una estrategia, hemos puesto en marcha medidas y estamos corrigiendo una situación que ustedes dejaron como dejaron. Objetivamente, en términos de igualdad, hoy España avanza —eso lo reconocen los organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas—, por lo que ustedes, en vez de utilizar esto como un tema político contra el Gobierno, deberían estar colaborando con él…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): …para favorecer que crecientemente haya más igualdad entre los hombres y las mujeres en España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE EMPLEO Y LA COBERTURA SOCIAL DE LOS DESEMPLEADOS EN NUESTRO PAÍS. 680/001134 RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta don Ricardo Varela.

Tiene la palabra su señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señora ministra, creo que sería bueno que le explicara al señor ministro, antes de que se marche, cómo son esos empleos de los que habla y que refleja la EPA.

Señor ministro, los últimos datos oficiales, EPA y contabilidad nacional, referentes al primer trimestre del año 2015 nos dicen que, con respecto al año 2011, en España se ha perdido el 9 % de la carga del volumen de trabajo; lo que trabajamos el conjunto de los españoles ha bajado un 9 %. Eso está medido en horas anuales. Por tanto, señora ministra, ¿cómo se compadece ese dato con el discurso del Gobierno de que el crecimiento está generando empleo? Le ruego que me conteste a lo que le pregunto.

Señora ministra, es muy sencillo, explíqueme, porque yo soy muy torpe, ¿cómo, disminuyendo el número de horas trabajadas por todos los españoles, al mismo tiempo estamos creando empleo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Se lo voy a explicar muy fácilmente, señor Varela: cuando gobernaron los socialistas en España hubo 3,5 millones de parados más; desde que gobierna el Partido Popular, hemos recuperado 1 millón de los empleos destruidos por el Partido Socialista. Frente a la destrucción de empleo, creación de empleo en la sociedad española con los Gobiernos del Partido Popular. Creo que es bastante simple. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Varela, tiene la palabra.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Señora ministra, entre los años 2011 y 2014 se han destruido en nuestro país 53 142 587 horas de trabajo de media cada semana. Esos datos están recogidos en la EPA que usted tiene encima de su mesa. O, lo que es lo mismo, con ustedes en España se trabajan 2800 millones de horas menos cada año, datos recogidos en la EPA que usted tiene encima de su mesa; ahí está incluido, por cierto, el último trimestre del año 2015.

Señora ministra, mientras ustedes nos cuentan eso del crecimiento y del empleo, la realidad es que han destruido una de cada diez horas de trabajo de las que se encontró el señor Rajoy cuando hablaba aquí de lo que se había encontrado. Esa carga de trabajo, señora ministra, esa pérdida de actividad, de economía, de volumen de trabajo supone, ni más ni menos, que 1 108 411 de puestos de trabajo. Es el tiempo equivalente a lo que trabajarían estas personas.

Esa es la realidad del empleo, señora ministra. Esa es la realidad del empleo, no lo que nos cuentan ustedes en cada momento. Hablen de empleo, no de empleos, que es una cosa, como usted sabe, bien distinta. El resto del empleo, el que no han destruido, lo han troceado y precarizado. Esto, señora ministra, está perfectamente diseñado para hacer recaer el peso de la crisis en los asalariados y para poder crear la ficción de la creación de empleo: donde había uno, lo partimos en cuatro, ergo hemos creado tres empleos donde había uno. Esa es la realidad, su realidad del empleo. Además, señora ministra, como usted bien sabe, en su período la remuneración salarial de los trabajadores ha caído 37 000 millones de euros; es decir, un 7 % de media anual. Abaratar salarios y facilitar despidos, esa es la realidad.

Señora ministra, usted además ha desprotegido a las personas que se quedaban en paro. Cuando termine este año, habrán disminuido en 10 000 millones las partidas destinadas al subsidio para el desempleo. Y en el Programa de activación para el empleo que vino usted a vender aquí…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señor presidente.

Con el Programa de activación para el empleo que nos vino a vender aquí, según sus pronósticos, tendrían que estar cobrando el stock de inicio 300 000 personas, y lo están cobrando, señora ministra, 44 000. Una estafa, suya y de su Gobierno, a los más desprotegidos, a los que están cobrando un subsidio por desempleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Varela, menudo papelón tener que hablar de empleo cuando ha sido usted miembro de un Gobierno socialista en Galicia cuando se destruía empleo en nuestro país y se perdían oportunidades a mansalva.

En España hay hoy 200 000 parados menos que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011 y, lo más importante, hay más afiliados a la Seguridad Social que cuando llegamos al Gobierno. Señor Varela, hemos recuperado un millón de los empleos destruidos desde el 2008 por la crisis económica y por el Gobierno socialista. Empleo y más empleo en España. Y, señor Varela, más empleo de calidad. Hoy en España tres de cada cuatro trabajadores que están trabajando de forma asalariada lo hacen con un contrato indefinido, el 76,4 %. En diciembre de 2011 los que tenían un contrato indefinido representaban el 74 %; por cierto, en 2007, con un Gobierno socialista, el 69 %.

Empleo precario. En España, los contratos temporales cuya duración es inferior a tres meses representan hoy el 3 % del total de los contratos; en el año 2007, con ustedes, el 4 %. Por tanto, hay más contratos indefinidos en España y menos temporalidad. Esa es la realidad, señor Varela, le guste o no.

Me habla de salarios. Señor Varela —usted ha sido miembro del Gobierno de Galicia, Consejería de Empleo—, los salarios se pactan en negociación colectiva. No me atribuya una responsabilidad que no me corresponde. Lo respeto y es el ámbito particular de negociación de los interlocutores sociales.

Este es el Gobierno que más se ha ocupado de las personas desempleadas. En los últimos tiempos hemos destinado anualmente más de 30 000 millones a prestaciones y subsidios por desempleo; es decir, 100 000 millones de euros más que en la legislatura anterior del Gobierno socialista. Hemos prorrogado el programa Prepara, que ha dado oportunidades a 520 000 parados de larga duración. También hemos puesto en marcha con los interlocutores sociales un plan especial de activación —no queremos que nadie se quede atrás en la recuperación— para atender a los parados de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares. Lo hemos puesto en marcha, insisto, con los interlocutores sociales, con los sindicatos y con la patronal, y ya hay más de 100 000 personas que han pedido esa ayuda en todo el territorio nacional. Por tanto, estamos con el empleo, pero dando también respuesta a esa situación de especial dificultad…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Damos respuesta a quienes ustedes olvidaron y a los que ustedes quitaron todas las oportunidades en este país. Con el Partido Popular llega el empleo y el apoyo a los desempleados.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA MODIFICAR LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES, PARA FIJAR UN LÍMITE DE AÑOS A PARTIR DEL CUAL SE DESCLASIFIQUEN AUTOMÁTICAMENTE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS. 670/000189 JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el señor Saura, por tiempo de quince minutos.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, el objetivo de la interpelación, pero sobre todo de la moción subsiguiente, es poder llegar a un acuerdo para que en España ocurra lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea: el acceso público a documentos históricos, que en España, excepto en muy pocos casos, no ocurre. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). La cronología, usted la conoce, pero se la voy a recordar.

En 1968, en plena dictadura franquista, se aprueba una Ley de secretos oficiales que tiene una anomalía en relación con el resto de la legislación, y es que no establece un límite temporal para que los documentos históricos sean públicos; en los otros países se establecen 30, 40 o 25 años. En la Ley de secretos oficiales de 1968 no hay absolutamente ningún límite. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley franquista de 1968 hace eternos los documentos declarados secretos.

En el año 1984, el ministro Morán adoptó el acuerdo de abrir todos los archivos y la biblioteca en menos de veinticinco años; eso fue en el año 1984. Y España, con el ministro Morán, estuvo a la vanguardia de la transparencia y de la información en documentos históricos. Esto funcionó desde 1984 hasta el 2010. Pero en 2010 ocurrió algo sorprendente —y no sé por qué pasó—, que el ministro Moratinos declaró secretos los catorce temas que constituyen toda la política exterior; repito que fue en octubre de 2010. Y, simultáneamente, la exministra Carme Chacón propuso desclasificar —luego no se desclasifican— 10 000 documentos históricos. He de decir que el acuerdo que adoptó el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español con la propuesta de Morán fue secreto, ni se publicó en el BOE ni hubo referencia a él en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, muy poca gente sabía que había un acuerdo de estas características.

En octubre o noviembre de 2011 la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores aplica el acuerdo que había adoptado el Gobierno socialista en octubre de 2010. La aplicación supone no dejar consultar los documentos. Esto provocó, fundamentalmente, tres cosas. Primero, un manifiesto de casi cuatrocientos historiadores de diecisiete universidades del mundo en el que se quejaban por ello desde Paul Preston hasta Ángel Viñas o Josep Fontana. Provocó también que, prácticamente, todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado formulásemos preguntas o proposiciones en las comisiones para solucionarlo. He de decir que alguna se aprobó. Yo presenté una en nombre de mi grupo pidiendo que se tomaran todas las medidas para que esto fuera público. El Grupo Popular planteó una transaccional añadiendo: siempre y cuando económicamente se pudiera, pero no se ha hecho nada. Y hace unas tres semanas defendí en esta Cámara una proposición de ley de modificación de la Ley de secretos oficiales que, fundamentalmente, trataba de poner un límite temporal a la información pública. Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores tomó dos decisiones. Una —equivocada—, rompió la unidad del archivo que tenía y envío los materiales anteriores a 1931 al Archivo Histórico Nacional y los posteriores al Archivo General de la Administración. Hoy hay acceso público al primero, por tanto a los documentos históricos anteriores a 1931, pero a los posteriores, no. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que hay historiadores que están intentando hacer una investigación sobre la actividad de La Pirenaica, Radio España Independiente, y no pueden. Algunos historiadores me han contado que están realizando una investigación sobre los buques de guerra alemanes e italianos que estuvieron en España de 1940 a 1946 y que no pueden acceder a los datos. O hay investigadores que están intentando saber las unidades de Sidi Ifni y no lo consiguen porque está absolutamente cerrado.

A pesar de ello, el ministro de Asuntos Exteriores, en agosto de 2013, asumió un compromiso. Dijo: llevaré al Consejo de Ministros un acuerdo que sustituya el acuerdo de octubre de 2010 para que esto pueda ser así. Han pasado dos años y no se ha presentado este acuerdo. Esto fue en agosto de 2013 —lo tengo documentado por carta— y en este momento no hay nada de nada. Posteriormente, tuvimos la visita del relator de las Naciones Unidas sobre temas de libertad y de justicia, que hizo un informe sobre España demoledor en relación con este aspecto. En España no se pueden consultar numerosos documentos históricos y no hay criterio para decidir cuáles son.

Y todo esto pasa en un momento en el que, tanto en España como a nivel internacional, existe la dinámica de petición de mayor transparencia. En España existe la Ley de transparencia, que es una respuesta a esto, pero además se están tomando medidas importantes en Gran Bretaña, en Argentina. Hace un mes, el papa dijo que se estaba planteando levantar el secreto de todos los documentos referidos a la guerra de Argentina. En estos momentos, en Brasil se está levantando toda la documentación histórica de la dictadura y no han pasado cuarenta años. O sea, se ha hecho todo esto pero se sigue sin poder facilitar información pública.

Hay algunos casos, como me han explicado personalmente, de gente que ha pasado bochorno. Es bochornoso que tengas que ir a los documentos históricos de Gran Bretaña para buscar cosas a las que en España no tienes acceso; es bochornoso que como en España no puedes acceder a determinada información sobre el Sáhara, tengas que ir a los archivos franceses; y es bochornoso que el Gobierno haya adjudicado determinadas becas para investigación y cuando el becario va a investigar no le dejen. O sea, cosas absolutamente kafkianas.

Desde ese punto de vista, además, me parece importante otra cosa: el acceso a los documentos históricos no es un tema de los historiadores, que también, sino que en un país es una esencia de la democracia saber qué pasó, cómo se fraguaron las conversaciones, qué acuerdos se tomaron… Es decir, la construcción de la historia de un país pasa en buena parte por que los investigadores estudien los documentos históricos que nos puedan dar una visión real de lo que pasó. Por lo tanto, no es un problema de historiadores y de investigadores, que también.

Quiero acabar con lo siguiente. El otro decía en otro debate que hay temas en los que la diferencia ideológica hace imposible el acuerdo. Con lo que ustedes piensan de la pobreza y la austeridad y lo que pienso yo, no es posible el acuerdo; en las inversiones o no en AVE, no es posible el acuerdo porque tenemos posiciones ideológicas o políticas distintas; pero lo que les estoy pidiendo hoy es de sentido común: lo que pasa en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, podemos discutir si son veinticinco años, treinta y cinco años, cuarenta años, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta que usted no quiso desclasificar los famosos 10 000 documentos que dicen que la exministra dejó. Aparte de la decisión del ministro Margallo en relación con esos documentos, hay otra decisión que parece que usted tomó —me gustaría que lo corroborara o no— de no desclasificar esta lista, que dicen que está muy bien hecha, de 10 000 documentos. Por tanto, le pido que me explique si piensan cambiar.

Un historiador alemán decía: «No deja de ser incomprensible que el marco político general de la investigación en España pase por una ley de 1968». No puede ser. No es tan difícil hacer esta ley, solo hay que cambiar dos o tres cosas. Por tanto, me gustaría de usted que pudiéramos negociar o llegar a un acuerdo sobre qué hacer, un acuerdo que sustituyera al de octubre de 2010 y que permitiera el acceso de los historiadores e investigadores. No sé si tendrían que ser treinta, treinta y cinco o cuarenta años, los que fueran; que hubiera una modificación de la Ley de secretos oficiales, que aún es una ley franquista; y, sobre todo, que lanzáramos el mensaje de que queremos hacer investigación y conocimiento para reafirmarnos, para conocer lo que hemos hecho, lo que el Gobierno ha hecho, lo que el país ha hecho, y que esto fuera un elemento más de consolidación de un Estado democrático.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señoría. Como dice usted, trae de nuevo a este Pleno una cuestión que se ha tratado profusamente en esta legislatura. Y trata de convencerme de unos elementos que, como bien dice usted, no forman parte de ningún tipo de ideología, sino de algo que compartimos plenamente, que es la trasparencia y el acceso al conocimiento de la historia. En ese sentido, comprenderá usted que tratar de convencer al convencido es una pérdida de tiempo. Pero se lo agradezco, porque entiendo que su señoría no me ha interpelado nunca ni hemos tenido la ocasión de hablar, y le puedo garantizar que no tengo nada en contra de que los documentos —estos y cualesquiera otros— se puedan desclasificar, siempre y cuando se cumplan además, obviamente, otros requisitos importantísimos que afectan a aspectos tanto o más importantes que los que su señoría señala, como puedan ser, por ejemplo, y también compartidos por otros países, la propia seguridad del Estado o la viabilidad económica de poder hacerlo, cosa que se ha explicado en esta Cámara sucesivamente.

Considero que el tema, como digo, se ha explicado claramente por parte del Gobierno, tanto en preguntas orales como en figuras de control escrito, pero no tengo, insisto, ningún problema en volver a explicárselo, como su señoría ha insistido en su intervención que haga, tratando de explicarme nuevamente lo que tantas veces ha explicado ya en esta Cámara.

Aprovecharé también para hacer un nuevo intento por saldar los equívocos y medias verdades que se repiten en propuestas e intervenciones parlamentarias que contribuyen poco a la claridad de los elementos de hecho que en estos momentos estamos estudiando. Comenzaré por responder directamente a su pregunta, y no con mis palabras, ya que, como sabrá, esta no es exactamente mi área de competencia —usted lo ha señalado—, sino con las del Gobierno en su conjunto. No le pillará de nuevas que haga ya casi dos años que el Gobierno contestara por escrito lo siguiente: «Respecto al cambio normativo referido, se indica que no forma parte de las prioridades legislativas del Gobierno». Como es lógico, a estas alturas de la legislatura sigue sin ser prioritario por las razones que ahora señalaré.

Esta posición ha sido respaldada, y sin duda propagada, por el grupo que apoya al Gobierno, especialmente en los debates de las proposiciones y mociones que siguieron a esta propuesta. Hace apenas dos meses pudo usted escuchar al senador Campoy cuando rechazaba su iniciativa legislativa; sin embargo, como ha manifestado y como reza en el propio enunciado de esta interpelación, su deseo de cambio en la Ley sobre secretos oficiales tiene una finalidad que también se da en algunos otros países, algo en lo que le doy totalmente la razón: fijar un límite de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos. No se nos oculta que esta iniciativa trae causa, a su vez, de la también muy parlamentarizada historia de los mal llamados 10 000 documentos anteriores a la Ley de 1968, que estarían pendientes de desclasificación. Pues bien, en este asunto estamos más cerca. Precisamente, como fruto de este profuso debate, tenemos como acertadas referencias una moción presentada por su grupo, y aprobada con transacción, de octubre de 2013, y una proposición no de ley, también transaccionada, en el Congreso en abril de 2014. Ambos textos confluyen en las mismas ideas. Hay un acuerdo de fondo, que es proceder a la desclasificación de los documentos, lo que se producirá previo estudio y revisión con profundidad, inventariado y selección. Esta labor previa se realizará cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios.

Teniendo en cuenta este mandato parlamentario, permítame hacerle una pequeña recapitulación de cuál ha sido la historia de los famosos documentos y las labores de estudio preliminar que se han hecho en el Ministerio de Defensa. En la primavera del año 2011, en la Secretaría de Estado de Defensa, órgano competente en el ministerio para estas cuestiones, se comienza a estudiar cómo atender a determinadas peticiones que estaban llegando al ministerio sobre la desclasificación de documentación previa al año 1968. El secretario de Estado elevó la cuestión a la ministra, quien solicitó a los Estados Mayores, en junio de 2011, listados de documentos con una breve reseña sobre material y contenido. Los Estados Mayores contestaron en los dos meses siguientes, agosto y septiembre, con unas relaciones previas de conjuntos documentales. No son 10 000 documentos individuales identificados, sino conjuntos de textos, carpetas y legajos cuyo contenido y alcance concreto no se puede conocer sin un estudio detallado y cuyo número, si los individualizásemos, sería muy superior a esa cifra tan llamativa y redonda. Habiendo adquirido conciencia de lo monumental de la tarea y de la imposibilidad de desclasificar a ciegas carpetas cuyo contenido se ignora totalmente, la anterior ministra abandonó la cuestión sin elevar propuesta alguna al Consejo de Ministros.

A partir de aquí creo que conocen la historia. Desde que este ministro ha tomado posesión, la posición del Ministerio de Defensa es la misma y es coherente con la del Gobierno anterior. Así, no se desclasificarán documentos de los que se ignore su contenido porque el Consejo de Ministros, como comprenderá, no va a tomar riesgos que afecten a la seguridad y a las relaciones, por ejemplo, con otros países, con el patrimonio documental del Estado. Ahora bien, cuando dispongamos de los medios y la capacidad para estudiar esos contenidos no habrá ningún problema en llevar a cabo la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues una ciertamente compleja y que requiere unos medios, sobre todo de personal, de los que no disponemos ahora y de los que probablemente tardaremos en disponer, ya que en el actual escenario presupuestario de la defensa nacional, y teniendo en cuenta los riesgos y amenazas que tenemos que afrontar, discúlpeme la crudeza, pero esta tarea no es prioritaria. Sabemos de la magnitud de la tarea porque, como primer paso para el cumplimiento de lo dispuesto en las mociones aprobadas por esta Cámara, hemos trabajado en el diseño estratégico de la operación, es decir, hemos estudiado qué necesitaríamos y cómo haríamos el proceso de desclasificación, y en efecto, señoría, para desclasificar los documentos es imprescindible, primero, obtener una relación correctamente clasificada y anotada de textos previamente estudiados y supervisados, y para ello, y al objeto de realizar una estimación de necesidades, hay que partir de dos de los condicionantes que dificultan enormemente el objetivo: el primero, la dispersión de la documentación en todo el departamento, que como sabe su señoría está disperso por el territorio nacional. Y el segundo, la ausencia generalizada en los documentos de indicaciones y descripciones que puedan delimitar ab initio su clasificación.

Consecuentemente, la primera acción que hay que realizar va a ser crear un grupo de trabajo dependiente del secretario de Estado de Defensa en su competencia, como le decía antes, de la dirección de la seguridad de la información del ministerio, en el que estuvieran representados tanto el órgano central, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría y la Secretaría General de Política de Defensa, como el Estado Mayor de la Defensa, los Estados Mayores de los Ejércitos y el de la Armada. El grupo de trabajo deberá definir un plan de acción para obtener en un plazo razonable, no inferior me temo a los seis meses, un inventario fidedigno de los documentos, teniendo en cuenta que habría que hacer imprescindibles laborales de catalogación y agrupación por materias. Esta labor sería intensiva en personal con formación archivística y de administración documental, recurso humano no precisamente excedentario en mi departamento.

El siguiente paso sería valorar cuáles son realmente los documentos que pudieran ser susceptibles de ser desclasificados y cuáles serían aquellos que por afectar a la seguridad nacional, a las relaciones internacionales o a la privacidad de los expedientes de los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras razones, no se podría modificar su clasificación. Para ello, sería necesario contar en todos los organismos implicados de personal con los conocimientos necesarios para poder hacer una valoración de los asuntos por desclasificar, con dedicación exclusiva mientras dure el proceso. La estimación más optimista de esta fase se sitúa en un plazo no inferior a un año, siempre, por supuesto, que pudiéramos contar con el recurso humano adecuado. Le pongo un ejemplo: si tenemos que estudiar la importancia de un informe firmado en su momento por un capitán de navío, para su valoración sería necesaria la participación de un marino de igual rango, sin menoscabo de que, además, se necesitaría la participación técnica de especialistas en la cuestión tratada, e incluso la de un superior jerárquico para adoptar un dictamen definitivo que protegiese los valores que le acabo de citar. Eso es mucho personal cualificado que no siempre va a estar destinado donde le sea sencillo acceder a los documentos para el estudio, ya que estarán en sus puestos realizando su trabajo ordinario y de total relevancia para nuestra seguridad y defensa.

Por último, señoría, una vez concluida la ingente labor, tendríamos que elevar las correspondientes propuestas de desclasificación a la autoridad competente, teniendo en cuenta lo que dice la Ley 48/1978, que modifica, por cierto, la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, en su artículo séptimo. Dice así: «La cancelación de cualquiera de las planificaciones previstas en el artículo 3 de esta ley será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración». Se entiende, por tanto, que habría que definir qué autoridad tendrá la competencia, máxime cuando determinados organismos, como la Junta de Jefes de Estado Mayor de entonces, han dejado de existir. Esta labor también consumiría tiempo y recursos.

Finalmente, habría órganos a los que por volumen de trabajo les costase más emitir resoluciones de desclasificación que a otros, ya que, por ejemplo, y dado el volumen documental, no sería nada recomendable saturar de golpe la actividad ordinaria del Consejo de Ministros con la adopción de decisiones de desclasificación que tendrían que ser específicas y que alcanzarían una enorme cantidad. Como penúltima objeción temporal, previamente a su elevación al Consejo de Ministros, los documentos tendrán que pasar por el Centro Nacional de Inteligencia, que llevará a cabo una segunda revisión. Y también, en este caso, nuestros servicios de inteligencia sufrirían mucho para destinar personal y medios a una labor de este tipo.

En cuanto a la posibilidad de externalizar parte de estos cometidos, nos encontraríamos con el inconveniente de que al final la valoración para determinar si se pueden o no desclasificar determinadas materias correspondería a personal del ministerio, en su mayoría oficiales y oficiales generales de las Fuerzas Armadas, por lo que esta colaboración sería meramente de apoyo administrativo. La propia labor de presupuestación y el cálculo de necesidades y de recursos humanos y materiales tendría que ser realizado por personal especialista, acreditado, capacitado y organizado en los respectivos equipos y grupos de trabajo. No se considera factible disponer de un presupuesto en tanto no se haya dimensionado completamente el volumen de trabajo de desclasificación de los documentos citados. En definitiva, estamos ante un proceso largo, costoso y que requiere la mayor atención y delicadeza. Se trata de cuestiones reservadas que pueden afectar potencialmente a la seguridad nacional, a las relaciones con otros países y a la propia intimidad de las personas cuyos dosieres o cuya información se encuentra en esos documentos.

En estos momentos, el Ministerio de Defensa, como ya tantas veces he reiterado, no cuenta con los medios técnicos de personal y recursos presupuestarios para afrontar una tarea que no se considera prioritaria en estos momentos, habida cuenta del escenario de seguridad en el que nos movemos, para la defensa nacional.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador interpelante, al amparo del artículo 87, por tiempo de cinco minutos.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias.

Señor ministro, gracias por la respuesta, pero su argumentación se cae como un castillo de naipes. ¿Sabe por qué? Porque de 1984 a 2010 los investigadores podían ir a la sala de lectura y consultar los archivos, sin todo esto que usted ha dicho. De 1984 a 2010. El conflicto aparece en 2011, cuando el secretario general técnico del nuevo Gobierno aplica la decisión del Partido Socialista y no deja investigar. Esto se tiene que hacer, pero sin esto, durante dieciséis años, se funcionó y no hubo ninguna queja de los investigadores. ¿Qué respuesta me da a esto? ¿Cómo es posible que de 1984 —con el acuerdo del señor Morán— a 2010 —y tengo documentos e informaciones— se pudiera ir a la sala de lectura del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores —de usted no tengo información—, se pudiera ver todo y ahora me dice que no se puede?

Pero fíjese en otra cosa. Usted ha dicho al comienzo que esto no es prioritario para el Gobierno. Le voy a leer una carta de agosto de 2013 del ministro de Asuntos Exteriores a los historiadores, que responde a lo que usted dice que no es prioritario y que nunca lo ha sido. Dice lo siguiente: «Desde el departamento se ha preparado un proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros que sustituya al de octubre de 2010 y que permita un acceso más fácil y libre a la documentación con algunas exclusiones, en particular, aquellas que afectan a intereses nacionales». ¿Dónde está este acuerdo? Han pasado dos años. Hay una carta escrita. ¿Dónde está el acuerdo? Porque se comprometió el ministro de Asuntos Exteriores.

Lo que está diciendo este documento que le han escrito —que es normal que se lo escriban porque el ministro no puede estar en todo— es, por un lado, que usted no considera que esto haya funcionado durante dieciséis años —funcionaba más o menos bien, pero funcionaba— y que a partir de 2010 se da un retroceso terrible como no se ha dado en ningún otro país europeo, y, por otro, que hay un compromiso del Gobierno en una carta firmada. El ministro de Asuntos Exteriores ya ha escrito tres cartas en las que dice que va a modificar el acuerdo. Todo esto que usted ha dicho se puede hacer, es fácil. Yo propongo un acuerdo del Consejo de Ministro, el retorno a la posibilidad de investigar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y una modificación de la Ley de secretos oficiales que solo tiene que decir una cosa: cuántos años. Se puede no desclasificar, pero decir cuántos buques de guerra había en 1940 o en 1946, ¿compromete a la seguridad nacional? Hablar de las unidades del Sáhara o de Ifni, ¿compromete a la seguridad nacional? Una investigación sobre Radio Pirenaica, ¿compromete a la seguridad? Todo lo que pasa en 1931, ¿compromete a la seguridad? Pues no. Entiendo que ustedes tengan una relación —en algunos sitios está en cajas y lo único que se ha hecho es abrir la caja, comprobar que estaban los expedientes y cerrarla — y entiendo que si hay un documento del año 1970 en el que hay unas conversaciones entre el entonces jefe del Estado y Estados Unidos que creen que puedan interferir en la seguridad lo declaren secreto. Esto lo entiendo. Pero lo que no entiendo es lo otro. Usted me da una respuesta muy burocrática, pero si viera la realidad, si hablara con la gente y viera lo que ha pasado, comprendería que es mucho más fácil. Por tanto, yo le propondré en la moción que cumpla lo que el ministro de Asuntos Exteriores dijo hace dos años y que inicien un proceso de reforma de la ley, que simplemente ha de decir cuántos años y qué materias quedan excluidas, y que todo lo demás lo vayan haciendo, porque hay mucho trabajo. A nuestro grupo se le aprobó una moción —usted lo ha comentado— con una transaccional del Grupo Popular, y no han hecho nada después de tres años. No le digo que lo hagan inmediatamente, pero si en 2012, en una moción, el Grupo Popular propone una transaccional para empezar a hacer cosas y hoy viene usted aquí y dice que no han hecho nada, no acabaremos nunca. Por lo tanto, señor ministro, le agradezco su tono; creo que acordar la sustitución del acuerdo de 2010 es fácil, que hacer la ley en estos términos es fácil, que mantener la dinámica que se mantenía era fácil y, sobre todo, que hay que empezar a trabajar. Nadie se va a quejar si se tarda cuatro o cinco años. ¿Yo de qué me quejo? De que no se ha hecho nada. Y este es un tema muy importante, insisto, no solo para los historiadores, sino para la historia de la democracia del Estado español.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Saura.

Cierra el debate, al amparo del artículo 84.4 y en nombre del Gobierno, el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, en efecto, su interpelación versa sobre la modificación de la Ley de 5 de abril de 1968 en el sentido de fijar un límite de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos, cualesquiera que sean. En mi primer turno le he explicado cuál es la situación. Cuando dice usted que no se ha hecho nada, creo que ya le he dicho lo que se ha hecho para poder adoptar cualquier tipo de decisión sensata con estos documentos. Hace usted un repaso irónico de algunos elementos que podrían no tener ningún tipo de connotación desde el punto de vista de la seguridad nacional, de las relaciones exteriores o de la salvaguarda de la intimidad de determinadas personas que podrían verse reflejadas en esos documentos. Evidentemente, en los ejemplos que su señoría pone obviamente no la hay, también se lo digo yo, pero estamos hablando de muchísimas cosas además de los barcos italianos que estaban por ahí. Con lo cual, si queremos poner ejemplos, centrémonos en el fondo de la cuestión, en los conceptos, es decir, seguridad nacional, relaciones exteriores e intimidad de las personas.

Le insisto, este Gobierno no considera prioritario ahora, en estos momentos —porque no puede hacerlo con los recursos que tiene—, modificar la actual Ley de secretos oficiales para establecer únicamente un procedimiento de desclasificación en el transcurso de un determinado periodo de tiempo.

Y los países a los que usted ha hecho referencia también toman todas las salvaguardias en este asunto. Hay un límite temporal para desclasificar, pero también unas condiciones a las cuales se somete ese límite temporal, que son exactamente las que yo acabo de señalar: la seguridad nacional, la seguridad de las relaciones exteriores y la intimidad de las personas. En algunos países funciona así. Por lo tanto, si utilizamos la legislación comparada, utilicémosla en todo su alcance.

Fuera de lo que antes les avanzaba respecto a la inmersión, vuelvo a repetir que ni el Gobierno ni el ministerio de Defensa son contrarios a la desclasificación de estos documentos, pero quiere hacerla con todas las garantías, y para eso necesita de unos determinados medios. Hasta que no tengamos esos medios, señoría, no podremos abordar con rigor y responsabilidad esta desclasificación. Y lo lamento mucho, porque me encantaría, créame, poder hacerlo. No tengo nada en contra de desclasificar documentos que ayuden a conocer la historia de España, nada; al revés, me parece fundamental y básico para que todos nos conozcamos mejor y sepamos muy bien de dónde venimos y adónde no queremos volver. Eso está muy claro, pero también le digo una cosa: no lo voy a hacer a costa de la seguridad del Estado, ni de las relaciones exteriores, ni de la intimidad de las personas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.



INTERPELACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO. 670/000192 AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 4.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Tiene la palabra la senadora Salanueva, por tiempo de quince minutos.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, buenas tardes.

Durante la tramitación y aprobación de la Ley del sector eléctrico, como bien sabe usted, enmendamos dicho proyecto, entre otras cuestiones en lo relativo al autoconsumo, pues considerábamos que no era justo el peaje de respaldo que se le aplicaba para soportar los costes del sistema eléctrico. Y es que el autoconsumo eléctrico evita costes, racionaliza el consumo —decíamos—, contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de energía y medioambiente, favorece el desarrollo igualitario de la industria energética, promueve la competitividad entre tecnologías y el abaratamiento de costes, reduce el precio de la electricidad para el consumidor final y, quizá lo más importante, crea empleo.

La verdad es que en estos momentos lo más grave y cierto es que el mayor problema para el autoconsumo está no solo en la Ley del sector eléctrico, sino en el proyecto de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo que el Gobierno ha presentado y hecho público el pasado 5 de junio. Como digo, este es el verdadero problema para ciudadanos y pequeñas y medianas empresas en caso de aprobarse el proyecto de ley tal cual. El borrador ha hecho saltar las alarmas de empresas, particulares, asociaciones de consumidores, asociaciones sectoriales ambientales e, incluso, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros organismos. Sin que haya concluido el plazo de alegaciones —previsto para mañana—, más de 9000 firmantes han procedido a manifestar su queja y discrepancia con la propuesta del Gobierno en relación con el autoconsumo. Ya en 2011, el Real Decreto 1699 señalaba la necesidad de regular el autoconsumo y establecía un plazo de cuatro meses. Sin embargo, ni en cuatro meses ni en cuatro años se ha hecho nada, lo cual revela, a nuestro juicio, la escasa importancia que este Gobierno ha dado al tema.

Pero lo que nos parece más grave es que ahora, al final del mandato, y casi por la puerta de atrás —aunque el señor ministro me dirá que ya se ha abierto el plazo de alegaciones, como no puede ser de otra manera, y se ha puesto en conocimiento de los organismos afectados—, se plantee una regulación tan negativa para el autoconsumo mediante el procedimiento de real decreto, en vez de a través de un proyecto de ley, que pudiera debatirse con sosiego y participación en las Cortes Generales. Cumplir con los necesarios requisitos de transparencia y participación de los grupos y agentes sociales nos hubiera parecido mucho más positivo, incluso siendo receptivos y no haciendo oídos sordos a las recomendaciones de organismos públicos independientes. Son muchos y claros los informes que usted conoce bien, emitidos a favor del autoconsumo por el Defensor del Pueblo, por la Comisión Nacional de la Energía y también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etcétera, que no voy a leer.

Es conclusión generalizada que la medida planteada desincentiva totalmente la práctica del autoconsumo. Es más, a nuestro juicio, va totalmente en contra. Se establecen cortapisas, frenos, trabas, barreras —como usted quiera denominarlo— económicas, administrativas y técnicas; barreras técnicas y tecnológicas tan concretas como las relativas a las baterías. Mucho se ha hablado sobre las baterías en los sistemas de acumulación. Y usted me dirá: explícitamente no se prohíbe el uso de baterías, pero convendrá conmigo en que las previsiones del real decreto suponen una traba técnica al modelo, y eso es así porque, aunque el borrador no prohíbe de manera explícita el uso de baterías, sin embargo para los sistemas de menos de 100 kilovatios se prohíben sistemas de acumulación y si, por lo que fuera, se solventara o se levantara esa prohibición, se establecería un cargo extra a los sistemas con acumulación que harían inviable la recuperación de las inversiones.

Nos parece que el texto —y así también lo han calificado expertos en la materia mucho más que yo— es confuso y farragoso. Me podría decir usted que yo no sé del tema y podría admitírselo, pero expertos y técnicos en la materia dicen que es casi ininteligible para los expertos, que induce a confusión e inseguridad jurídica y, además, choca frontalmente con normas aprobadas por distintas comunidades autónomas españolas en el ejercicio de sus competencias. Hay normas aprobadas para el desarrollo del autoconsumo en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Aragón, en Navarra. Se dice también —y nosotros así lo hemos considerado— que no está a favor de la normativa europea, de las directivas europeas. La propia memoria del decreto justifica la directiva europea. Sin embargo, a nosotros nos parece que tanto la Directiva de renovables 2009/28 como la de eficiencia energética 2012/27 dicen precisamente todo lo contrario de lo que ustedes establecen en el borrador de real decreto. No lo voy a leer entero para no ser muy prolija, pero sí quiero que conste en el Diario de Sesiones que el artículo 13 dice: Los Estados miembros aplicarán a las renovables normas objetivas no discriminatorias y simplificadas para favorecer los pequeños proyectos y la generación distribuida. El 16 insta a aprobar normas de reparto de costes para la integración de las renovables con criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y que tengan en cuenta los beneficios que las renovables aportan a la red. Las tarifas no podrán ser discriminatorias y deberán reflejar los beneficios que aporta el sistema. Asimismo, la 2012/27 en su artículo 15 dice que los Estados miembros suprimirán los incentivos y las tarifas que menoscaben la eficiencia energética o que impidan la participación de los consumidores en la gestión de la demanda. Los artículos 18 y el 19 de la misma directiva piden que no se obstaculice el acceso a los servicios energéticos o a las medidas de eficiencia energética para no cerrar el mercado a la competencia ni permitir el abuso de posición dominante de las empresas distribuidoras —tema muy importante—, y también pide a los gobiernos que tomen medidas para suprimir barreras de todo tipo que se opongan a la eficiencia energética.

Frente a lo que establecen dichas directivas, el borrador, a nuestro juicio, incorpora un modelo basado en el establecimiento de barreras económicas y administrativas; no solo técnicas, como he dicho antes, en materia de baterías, sino también administrativas y técnicas. ¿Por qué decimos que hay trabas administrativas, señor ministro? Porque el borrador exige a todos los autoconsumidores solicitar la conexión y el acceso a las redes a la compañía distribuidora de la zona, dejando al arbitrio y discrecionalidad de los propietarios de las redes —sobre todo a los de distribución— la potestad de admitir o denegar nuevas instalaciones de producción bajo criterios de seguridad y calidad de suministro.

Así pues, el procedimiento se complica, pero, además, se hace discrecional, que eso, en nuestra opinión, es muy peligroso, dejándolo al arbitrio de las distribuidoras. Y quizá lo más grave, señor ministro, a nuestro juicio, es que esta solicitud de conexión se exige también a las instalaciones ya puestas en marcha con anterioridad y ya legalizadas, a aquellas legalizadas que son inferiores a 100 kilovatios de potencia y también a los sistemas de autoconsumo que nunca evacuan energía a la red. Nos parece que esto tiene un carácter de retroactividad que no debe ser contemplado y que podría suponer una ilegalidad manifiesta de aprobarse tal como está previsto.

Trabas económicas a las que yo hacía referencia: dos impuestos letales que vienen a sustituir al peaje de respaldo, como son un peaje de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes del sistema, van a ser una traba y un golpe mortal de necesidad para los sistemas de autoconsumo. Estos impuestos, señor ministro, asfixiarán al autoconsumo, aunque estamos de acuerdo —porque alguna vez usted me lo ha dicho en comisión— en que tienen que contribuir y pagar, como todos, por las redes que se usan; estamos de acuerdo, señor ministro, en que el autoconsumidor pague por los costes del sistema, por el uso efectivo que hace de las redes, igual que el resto de los consumidores; es decir, debe pagar por los costes del sistema, por la potencia que tiene contratada en su suministro, esto es, la potencia que le da derecho a utilizar la infraestructura eléctrica en cualquier momento, y debe pagar también por los costes del sistema, por la energía adquirida en la red. Sin embargo, señor ministro, no es de recibo que, además, un autoconsumidor pague también por los costes del sistema cuando no hace uso de ellos porque consume la energía que él mismo produce. El autoconsumidor ya paga por el respaldo del sistema, pero no tiene sentido que además deba contribuir al sistema con una energía que no está demandando en la red. Pondré dos ejemplos para ilustrarlo que a mí me han servido de mucho: es como si quisiéramos cobrar a un particular que lee con luz natural por la energía que hubiera utilizado si hubiera encendido una bombilla, o como cobrar por usar bombillas de alto rendimiento porque tienen menos consumo. De mantener esta exigencia, el autoconsumidor se convertirá en el principal pagano —en el sentido de pago— o aportante a los costes del sistema, y este ataque económico supondrá la inviabilidad del sistema.

A nuestro juicio, señor ministro, se ha optado por un modelo que va a la contra del derecho comparado y de la regulación internacional. Países como Portugal, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda apuestan por impulsar el autoconsumo a través del sistema de balances netos basados en el intercambio de kilovatio/hora entre las instalaciones de generación y el sistema eléctrico. Sin embargo, este Gobierno apuesta por un sistema en el cual o bien el autoconsumidor vende sus excedentes en el mercado de producción obteniendo un beneficio económico o bien los cede de forma gratuita sin mediar precio. Y nosotros, al igual que los países de nuestro entorno físico y económico, consideramos que ni una cosa ni la otra, sino un término medio, que es la naturaleza y la filosofía del autoconsumo, y es que tiene que existir una rentabilidad, un concepto amplio que trasciende el interés lucrativo y especulativo, sin que suponga pérdidas para quien instale una instalación —valga la redundancia— basada en el autoconsumo. A nuestro juicio, señor ministro, se han obviado todas las ventajas del sistema de autoconsumo: económicas, de competitividad, medioambientales, productivas, y una regulación como la prevista provocará la paralización total de la industria fotovoltaica debido a lo injusto y excesivo de los nuevos peajes y tributos, a la prohibición de la acumulación, a una inviabilidad económica de las instalaciones, y dará lugar, de aprobarse tal como está previsto, a una legislación confusa y con muchas trabas de tramitación administrativa.

La clave de la cuestión es la apuesta que el Gobierno ha hecho desde la aprobación de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cuyo objetivo es la sostenibilidad de los ingresos del sistema eléctrico mediante la subida automática de los peajes, prescindiendo de la eficiencia energética, porque la mayor verdad es que el ahorro de energía significa menos ingresos para el sistema eléctrico, y eso hace quebrar el modelo diseñado por el Gobierno. Esa es la clave, que se consuma mucho para evitar el déficit de tarifa a futuro, que pagamos los consumidores, y que se sustenta sobre una serie de costes reconocidos a las empresas eléctricas pero no reales. Con eso estaría dicho todo, sin embargo, al actual modelo eléctrico no le conviene el ahorro de energía, la eficiencia energética, porque lo descuadra. Eliminando el autoconsumo, señor ministro, se perpetúa un sistema eléctrico caro, anticuado y poco transparente.

Pensamos que es el momento oportuno para iniciar un proceso de reflexión, de diálogo; posiblemente, algunas de mis afirmaciones estén erradas, usted tendrá otros datos para contrastar los míos, pero le pedimos diálogo, voluntad de llegar a un acuerdo y sensibilidad hacia las propuestas que se han realizado o que se van a realizar porque, como he dicho, el plazo para su presentación finaliza el día 24. Desde luego, Unión del Pueblo Navarro, aunque no nos compete porque de seguir su tramitación no llegará aquí ese real decreto, no comparte la literalidad de lo que ustedes han presentado a exposición pública.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Salanueva.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, le agradezco la oportunidad que me brinda para a través de esta interpelación fijar una vez más en esta Cámara la posición del Gobierno con relación al autoconsumo de energía eléctrica, que me permitirá decir que no tiene nada que ver con lo que usted acaba de exponer. Y se lo voy a demostrar.

La primera vez que se regula el autoconsumo en España es mediante el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, cuando se crea el registro para autoconsumidores de energía eléctrica. Posteriormente, la Ley del sector eléctrico 24/2013, de 26 de diciembre, garantiza el desarrollo ordenado del autoconsumo; autoconsumo que este Gobierno regula por primera vez, nunca antes había estado regulado, pero tiene que hacerlo, como todo en la vida, compatibilizándolo con otro tipo de objetivos; supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que el autoconsumo tiene que ser compatible con una garantía de sostenibilidad técnica del sistema; en esto creo que estaremos totalmente de acuerdo. Pero, además, el autoconsumo debe ser compatible también con la sostenibilidad no solo técnica, sino económica y financiera del sistema para evitar que ocurra lo que ha ocurrido ya en este país entre 2004 y 2012 con la generación creciente de un desfase entre los ingresos y costes del sistema, eso que se conoce como el déficit del sistema eléctrico; no el déficit de tarifa, como usted ha dicho, porque si acepta que es déficit de tarifa estará diciendo entonces que la solución es aumentar la tarifa. Pero no es así, la solución al déficit del sistema eléctrico es aumentar los ingresos y/o disminuir los costes. No hay otra manera. La habría, pero está descartada por el Gobierno, que es el incremento en la tarifa eléctrica.

Además, el sistema de autoconsumo que el Gobierno establece en la Ley del sector eléctrico determina la obligación para las instalaciones de autoconsumo que estén conectadas a la red de contribuir a la financiación de los costes y de los servicios del sistema eléctrico. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla: si yo soy un autoconsumidor, genero la electricidad que consumo y no estoy conectado a la red, no tengo más que pagar el coste de la inversión de mi instalación; no pagaría el coste de la energía a ninguna compañía, no pagaría impuestos, ni el IVA ni el impuesto sobre electricidad, y no pagaría ningún tipo de costes, ni de transporte, ni de distribución, ni de sistemas insulares y extrapeninsulares, ni pagos por capacidad de respaldo. No pagaría nada. Pero si soy un autoconsumidor, quiero estar conectado a la red y no pago por los peajes de transporte y distribución ni por los costes de los servicios que paga el resto de los consumidores, usted, que no está en autoconsumo, me estaría financiado a mí. Y eso es lo que cree el Gobierno que es profundamente injusto. Le voy a explicar por qué y además también le diré que hay excepciones en la ley; es decir, si hay supuestos de autoconsumo en los que su introducción suponga una disminución en el coste global de la generación para todo el sistema, y esa disminución del coste sea superior a lo que se pagaría por el importe de los peajes en transporte y distribución y de los costes asociados a las actividades reguladas del sistema, en ese caso, como ocurre en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, porque son sistemas aislados, evidentemente, hay un tratamiento especial que también viene especificado en el proyecto de real decreto.

El autoconsumidor puede ser aquel que o bien autoconsume lo que produce y no está en absoluto conectado con el sistema, o bien que produce aquello que va a consumir pero que tiene un enganche a la red para una de dos cosas, o las dos: para que en el caso de que no produzca suficiente para su propio consumo pueda obtenerlo de la red o incluso para el caso contrario, que produzca más de lo que consume y lo pueda verter a la red vendiendo esa electricidad al resto. Pues bien, en este último caso, aparte de consumidor, esa persona, ese autoconsumidor sería un sujeto productor porque estaría produciendo electricidad y la estaría vertiendo. Por todo ello, el Gobierno ha considerado necesario regular el autoconsumo. Usted me decía que lo había hecho muy tarde, al final de la legislatura. Pues sí, no le voy a decir que no, pero haga un repaso de todo lo que este Gobierno ha hecho en materia energética a lo largo de esta legislatura: nada más y nada menos que terminar con el déficit en el sistema eléctrico y con el incremento continuado y persistente en la factura de la electricidad de los consumidores españoles. Por cierto, es la primera vez que un gobierno regula el autoconsumo: en primer lugar, es la primera vez que lo introduce en la Ley del sector eléctrico y, en segundo lugar, lo regula por un real decreto ley.

¿Qué es lo que se pretende? En primer lugar, se pretende compatibilizar la generación a pequeña escala, la que está vinculada al propio consumo, con la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico y, además, con la posibilidad de que la Administración Pública pueda garantizar el desarrollo del autoconsumo y que este no comprometa ni la seguridad de la red —señoría, en esto estaremos de acuerdo— ni tampoco el impacto económico que pueda tener en los consumidores que no están en autoconsumo.

El autoconsumo, como antes le decía, tiene un especial interés en los sistemas aislados porque puede contribuir a disminuir el coste global de generación para todo el sistema. Es verdad que el autoconsumo tiene distintas ventajas sobre el consumidor convencional. En primer lugar, el autoconsumidor no paga a ninguna compañía de generación eléctrica porque está generando su propia electricidad. Hay otra ventaja, y es que el autoconsumidor no tiene que pagar su parte de los costes de las actividades reguladas del sistema siempre y cuando, lógicamente, no esté enganchado a ese sistema. Y hay una tercera ventaja, y es que no tiene que pagar ni IVA ni el impuesto sobre la electricidad sobre aquello que está consumiendo. Sin embargo, el autoconsumidor tiene un inconveniente, y es que se tiene que financiar su propia inversión y, por cierto, es una inversión que no tiene un coste bajo. Eso sí, si aparte de consumir aquello que produce el autoconsumidor, lo que quiere es estar conectado a la red por si acaso, entonces, tal y como hacen el resto de los consumidores, tiene que afrontar una serie de costes que están asociados a la red, pero no solo de transporte y distribución, sino que hay otro tipo de costes de las actividades reguladas del sistema. Por ejemplo, suponga usted que hay un autoconsumidor que en un momento determinado, estando enganchado a la red, no produce lo que necesita para consumir y lo importa del sistema. Y suponga usted que en ese momento tiene que estar importando, comprando esa energía eléctrica de centrales térmicas por las que se está pagando un respaldo. ¿Ese respaldo lo paga solo el resto de los consumidores o lo paga el resto de los consumidores y también el autoconsumidor que se está beneficiando de él? Nosotros creemos que lo tienen que pagar todos los consumidores, porque pagar o no el respaldo no tiene nada que ver con que sea o no sea autoconsumidor, tiene que ver con que lo utilicen. No tiene nada que ver, ese es el error de quienes defienden que haya nuevamente una burbuja en el sistema eléctrico que antes vino por las tecnologías renovables y ahora se pretende que venga por el autoconsumo. Eso es lo que un gobierno responsable tiene que evitar. Señoría, es muy bonito eso de venir aquí y decir: es que se pretende establecer —como se escucha por ahí— impuestos al sol, peajes al sol y peajes al viento. No es verdad; es al contrario, quien tenga autoconsumo, frente a otro tipo de consumidores, no paga ni IVA ni paga impuesto de electricidad. Ahora bien, si yo estoy en autoconsumo y usted no y usted está contribuyendo como consumidor eléctrico a financiar todos los años el importe de la amortización de principal e intereses de la deuda del sector eléctrico que ha sido acumulada a lo largo de los últimos doce años, ¿usted cómo me va a pedir a mí que yo no lo pague y usted sí? ¿Por el hecho de estar yo en autoconsumo? Sería profundamente injusto, señoría. De verdad, se está mal informando a la opinión pública cuando se está diciendo en algunos ámbitos que el Gobierno no quiere el autoconsumo. Eso es falso, lo que no quiere el Gobierno es que aquel que tiene autoconsumo esté sufragando una parte de sus costes con lo que están pagando otros consumidores. Por tanto, se está montando un debate absolutamente ficticio en relación con esta cuestión. Además, señorías, no estaría en absoluto justificado. ¿Sabe por qué? Porque, al final, habría una cuestión también de justicia, y es que serían los consumidores más vulnerables, que son aquellos que normalmente no tienen recursos para acceder a una financiación de una inversión de autoconsumo, los que seguirían en el consumo convencional y estarían financiando al resto que está en autoconsumo parte de los costes regulados del sistema. Por tanto, señorías, no tiene ningún sentido que se diga que no se pretende impulsar el autoconsumo, porque es exactamente al contrario: es la primera vez que un gobierno en España lo impulsa.

Usted también ha hecho referencia a las baterías, pero, ¿dónde ha visto usted que se haya establecido impuesto, canon, peaje, tributo, contribución a una batería para acumular electricidad? No es verdad, usted puede tener una batería en su casa para acumular, y puede tenerla si es autoconsumidor o si no es autoconsumidor. Suponga usted que es autoconsumidor y tiene una batería y una parte de lo que está produciendo de electricidad la autoconsume y la otra la almacena en su batería, nadie paga absolutamente nada por eso. Ahora bien, si usted es autoconsumidor, tiene un enganche a la red por si algún día se queda corto y quiere obtener electricidad del resto del sistema y además tiene una batería, si usted puede acumular energía del resto del sistema en esa batería, tendrá que pagar por esa batería en función de la potencia instalada que tenga, pero como cualquier otro consumidor, a no ser que usted me diga: yo quiero que se introduzca una disposición en el real decreto para que aquellos que tengan una batería en su casa y puedan acumular energía de aquella que importan del resto del sistema no paguen ni contribuyan a ningún coste. La siguiente pregunta sería: ¿se la pagamos el resto? Usted, cuando contrata la energía eléctrica ya sabe que paga una parte por el término de potencia y otra parte por lo que consume. Aquí es exactamente el mismo caso. No se ha establecido ningún impuesto, señoría, por más que usted lo diga. No hay ningún tipo de impuesto ni de canon ni de carga a ningún tipo de batería. Las baterías están para acumular energía, y usted la puede acumular por el procedimiento del autoconsumo: si usted no está conectado, no paga absolutamente nada y, si está conectado, paga como el resto. Eso sí, paga en función de la utilización de la red; pero en el término fijo que pagan todos los consumidores usted tendrá que pagar de acuerdo también a lo que paga el resto de los consumidores.

Señorías, el importe de los peajes de acceso se paga en función del uso real de la red; es decir, en función de la demanda de energía eléctrica que usted esté haciendo en cada momento del sistema eléctrico. Estos peajes de acceso tienen dos componentes: uno fijo y otro variable. El componente fijo lo paga todo el mundo en función de la potencia que se tenga contratada, pero el variable depende directamente de la evolución de la demanda y, por tanto, de la energía que usted demande.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, nadie paga peaje de acceso a la red por la energía que autoconsume en el caso de que no haya enganche a la red, pero si lo hay, tiene que pagar; de lo contrario, esos costes de la red, de las actividades reguladas, estarían siendo financiados por el resto de los consumidores, y eso sería profundamente injusto.

Por tanto, es la primera vez que se regula el autoconsumo; es la primera vez que se contempla en la Ley del sector eléctrico, y en este real decreto lo que se regula, en definitiva, son las condiciones para hacer compatible el autoconsumo y la sostenibilidad técnica, económica y financiera del sistema.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora interpelante.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, le daré las gracias por cortesía, como no puede ser de otra manera, pero me parece que ha hecho afirmaciones un poco gratuitas, por lo menos en lo que a mí respecta. Me dice que es muy fácil y bonito venir aquí y actuar con frivolidad, me acusa usted de frivolidad. Pues lo lamento mucho y me parece impropio de usted. Me parece impropio que me lo diga a mí que he tenido una actitud absolutamente responsable con el Gobierno, por la situación general y por la particular que afecta a Navarra, pero también porque estoy ejerciendo la labor de oposición. Para eso estamos, para poder interpelarle y preguntar en un momento crítico y decisivo de este real decreto.

Dice usted que es la primera vez que se regula. Efectivamente, ha dicho que en el decreto de 2011 era la primera vez que se hablaba de autoconsumo y se daba un plazo de cuatro meses, que no se cumplió, para regular el autoconsumo. Bienvenido. Tarde, pero bienvenido porque era necesario regular el autoconsumo, así que no tengo nada que decir.

No puedo admitir en términos dialécticos y políticos la acusación que vuelve a hacer, primero soterrada, pero luego lo ha dicho directamente, en cuanto a que las reivindicaciones que se realizan en este momento en contra del real decreto de autoconsumo van a fomentar otra vez una burbuja similar a la de las renovables con las decisiones que el Gobierno socialista adoptó en los años anteriores al 2011. Lo niego, y le diré por qué. Creo que —ha sido una constante— hay cosas que se hicieron mal. Ciertamente, no se deberían haber hecho nunca o se deberían haber hecho de otra manera, pero esa culpabilización permanente a las renovables del déficit de tarifa, dice usted, no del eléctrico, me parece que es injusto. En estos momentos nadie pretende, y mucho menos esta portavoz, generar una burbuja y establecer una serie de exenciones, ventajas, ayudas, subvenciones para quienes decidan optar por el autoconsumo. Simplemente, señor ministro, le digo que el Gobierno de España opte por una legislación similar a la del resto de Europa. No estamos leyendo en los periódicos europeos que haya problemas ni burbujas energéticas por las ayudas al autoconsumo; en este sentido, estudie la legislación de Portugal. A esta portavoz y a este grupo parlamentario le vale con que lo que va a regular definitivamente el Gobierno sea similar con lo que establece la legislación portuguesa.

Como ya le he explicado, creemos que hay que pagar por lo que hay que pagar, por lo que se considera justo. También estamos pagando el plan PIVE a quien se compra un automóvil, y lo pagamos entre todos para ayudar a la industria de la automoción y, sin embargo, nadie considera que esas medidas sean injustas. Por eso, pongamos cada cosa en su justo término.

Decía usted que cualquier medida tiene que ser compatible con la sostenibilidad técnica del sistema y, por supuesto, con la económica. Sin duda alguna, pero es que mi grupo parlamentario jamás propone barbaridades que hagan quebrar o que pongan en riesgo los principios de economía, de sostenibilidad financiera y de equilibrio presupuestario de nuestro país. Sin embargo, opinamos que no van por el camino adecuado y nos creemos en la obligación de decírselo.

Uno de los argumentos recurrentes es indicar que el desarrollo del autoconsumo supone un serio peligro para la estabilidad del sistema eléctrico porque minorará sustancialmente los ingresos obtenidos. Nosotros creemos que eso no es cierto. Obviando los beneficios que el autoconsumo aporta al sistema —reducción de pérdidas, CO2, cuestiones medioambientales, menor necesidad de infraestructuras y transporte, o reducción de importaciones de combustible— la realidad es, señor ministro, que los costes que ocasiona el autoconsumo son menores, en todo caso, que los beneficios globales. No solo son menores sino que además pueden ser fácilmente recuperados por el sistema sin tener que recurrir al incremento de los peajes. Vuelvo a insistir en que se incrimina a ciudadanos y empresas que realicen instalaciones de autoconsumo, al contrario que en otros países. Mirémonos en el espejo de países avanzados de nuestro entorno, con una situación sociopolítica y económica similar a la nuestra, y veremos que allí se valora la contribución al ahorro y al medioambiente, preservándolo para las presentes y futuras generaciones, sin pagar costes ni indicar que lo que no pagan unos lo tienen que pagar los otros. Esa es la acusación que se hace permanentemente y, a nuestro juicio, es radicalmente falsa y sirve de fundamento para poner trabas y problemas al autoconsumo.

No tengo más tiempo, pero sí le diré que, a nuestro juicio, en relación con las zonas extrapeninsulares supondría un tremendo ahorro de costos para el sistema que pagamos entre todos. Usted, como canario, tendrá la sensibilidad suficiente para entenderlo así. En Canarias, cada kilovatio/hora consumido, además de lo expuesto, ahorraría diez veces más que la reducción de ingresos, que sería un beneficio para el sistema y para todos los ciudadanos.

Decía —y acabo ya, señor ministro— que se mal informa. Yo no sé si mal informamos o no, pero a mí no me corresponde informar sino, simplemente, ejercer la labor de oposición y de control al Gobierno. En cualquier caso, ya hay noticias en Estados Unidos, sin ir más lejos, que ridiculizan a España —lo leí en un medio gallego— por multar más el autoconsumo que los residuos radiactivos. No lo digo yo, ya se indica en la fase de alegaciones al proyecto.

Lo único que le pido es que no lo considere una frivolidad, que mantenga una actitud de escucha y que piense que hay cosas que son mejorables, que serían buenas para su Gobierno y para el conjunto de la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Salanueva.

Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.

Señoría, cuando ha empezado su intervención ha dicho que en la primera parte de la mía yo había afirmado que lo que usted había dicho era gratuito y frívolo. Yo le propongo un pacto: que revisemos exactamente lo que dije y si he utilizado la expresión gratuita o frívola para referirme a lo que usted dijo, le pediré disculpas; ahora bien, si no las he pronunciado, será usted la que me las pida a mí. ¿Le parece bien? (Denegaciones de la señora Salanueva Murguialday). Estupendo. Lo cierto es que ni con usted ni con nadie he utilizado nunca la palabra gratuito, y mucho menos frívolo. Cuestión distinta es que le haya dicho —y lo repito y espero que no le moleste— que me parece que alguna de las afirmaciones que usted ha hecho, y que se corresponden con la literatura existente sobre el autoconsumo, no tiene ningún fundamento, pero de gratuita y de frívola no las he tachado. A mí me gustaría que lo comprobáramos inmediatamente después, si a usted no le viene mal.

Efectivamente, es la primera vez que en España se regula el autoconsumo, a través de la nueva Ley del sector eléctrico y del real decreto que está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dice que he hablado de que se generaría un posible efecto burbuja si no lo reguláramos en estos términos y es que es literalmente así, señoría. ¿Sabe por qué? La pregunta que hay que hacerse es que si el coste de la energía, sin incluir impuestos y sin incluir los costes de los peajes, es de aproximadamente de unos 50 euros por megavatio en España, y en el caso del autoconsumo es de 130 euros ¿por qué a pesar de ello es rentable establecer autoconsumo? Justamente porque se puede prever la posibilidad de enganche al sistema sin abonar ni los costes regulados ni los peajes, y esa es la razón por la que se tiene que incluir, señoría. De lo contrario, el resto de los consumidores, insisto, estarían financiando a aquellos otros que, libre y legítimamente, optaran por el autoconsumo.

¿Niega usted que haya posible efecto burbuja? Pues justamente para evitar un efecto similar al que se produjo con las tecnologías renovables —que, por cierto, con buen criterio ya el Gobierno anterior empezó a intentar encauzarlo a partir del año 2010— es por lo que tenemos que regularlo. Pero, insisto, hay que hacerlo compatible con la sostenibilidad técnica del sistema y la sostenibilidad económica y financiera.

Pregunta usted por qué no lo hacemos como en algunos otros países europeos donde, efectivamente, no se les cobra por los costes regulados del sistema, aunque sí por las redes de transporte y distribución. La razón es muy sencilla. ¿Me nombra usted algún país europeo que tenga como coste del sistema una amortización de principales e intereses cada año de 2500 millones de euros? ¿Me dice usted alguno? ¿Quién lo paga? ¿El resto de los consumidores? ¿Me indica usted algún país europeo donde el sistema eléctrico esté pagando 1800 millones de euros cada año para intentar que el coste de generación en sistemas insulares y extra peninsulares, como es el caso de España, tenga un coste de producción para los ciudadanos que allí viven similar al del resto del país? ¿Hay algún europeo que tenga eso? Si usted me lo busca, entonces, a lo mejor, podríamos entrar en una vía de acuerdo, pero es que el caso de España es un caso de costes regulados del sistema.

Usted también me podría decir que pasemos los pagos por capacidad, los sistemas insulares y extra peninsulares y la amortización del déficit a los Presupuestos Generales del Estado, pero es que esa opción no la comparte el Gobierno. Es decir, que o va a Presupuestos del Estado o va a los costes regulados del sistema y, en opinión del Gobierno, tiene que seguir yendo a los costes regulados del sistema porque estamos como para inflar más el gasto público en España... Tenga en cuenta que todavía este mismo Gobierno está gastando por encima de la disponibilidad que tenemos en ingresos, aproximadamente 47 000 millones de euros. ¿Inflamos esa cifra en 10 000 millones más? ¿Nos metemos hasta los 57 000 millones? ¿Cuáles son los efectos del incremento del déficit? Señoría, a mí me parece muy bien que esté en contra pero ¿cuál es la alternativa? ¿Lo metemos a Presupuestos Generales del Estado? Insisto, otros países no tienen los problemas de costes regulados del sistema como tenemos aquí.

Luego me decía usted que lo hagamos como con el PIVE, que va con cargo a los presupuestos. Pero no, señoría, el PIVE, afortunadamente, no tiene nada que ver con esto porque es una herramienta que tiene un retorno, en términos de recaudación, superior a la aportación que se hace desde el presupuesto. Además, el PIVE ha contribuido a contar en España con un sector de la automoción netamente exportador y está habiendo —fíjese usted qué curioso— eficiencia energética, esa de la que usted me habla. Porque al final, ¿qué es el PIVE? Pues sustituir vehículos con altas emisiones por vehículos mucho más eficientes, algo que además impulsa la industria, impulsa la exportación, impulsa la actividad de distribución, impulsa el mercado publicitario, genera actividad económica, genera crecimiento y genera producto interior bruto.

Y finalmente, y respecto a que en otros países se preserva el medio ambiente con el autoconsumo, la apuesta por las renovables, etcétera, consulte en cualquier medio de comunicación de estos días y verá la apuesta que se está haciendo en España por las energías renovables. Esta misma mañana se anunciaban inversiones en varios periódicos económicos aproximadamente por valor de 10 000 millones de euros de cara a los próximos años. Y yo me pregunto, si de verdad es un sistema que no da confianza, que no da credibilidad, que no cuenta con estabilidad regulatoria, ¿cree usted que las empresas iban a invertir en el sector de renovables? Cuando uno de los grandes operadores del sistema eléctrico en España dice, tal y como así lo ha anunciado, que invertirá 275 millones de euros en empresas de generación renovable, ¿cree usted que lo hace porque la estabilidad regulatoria no es propicia? Yo creo que es exactamente por todo lo contrario.

Y esta es la razón por la que insisto en que creo que el autoconsumo tiene que ser regulado.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya terminando.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Sí, señor presidente.

Tiene que ser regulado con un carácter sostenible en el ámbito económico, financiero y técnico, y al final habrán de ser los consumidores quienes elijan legítimamente si quieren estar o no en ese sistema.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TRASPASAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS INMUEBLES QUE TIENEN ADSCRITOS Y QUE ALBERGAN HOSPITALES, AMBULATORIOS Y SERVICIOS SOCIALES, PERO QUE SIGUEN SIENDO PROPIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE RACIONALIZAR SU GESTIÓN. 670/000194 FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 4.3.

El señor PRESIDENTE: El autor de la interpelación, el senador Bel Accensi, del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, nuestra interpelación es sencilla en su fundamentación. Presuponemos que el Gobierno tiene intención de solventar un problema que se ha alargado durante muchísimos años, incluso décadas, y queremos saber qué medidas piensa adoptar.

No me voy a extender en el planteamiento de la situación porque entiendo que la mayoría de sus señorías ya la conocen. La génesis del problema tuvo lugar en los años ochenta, cuando se traspasaron determinadas competencias y servicios, especialmente en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, a las comunidades autónomas. En cumplimiento de la Ley del proceso autonómico se fueron efectuando determinados traspasos de los servicios, pero no los edificios en que estos se estaban prestando. Ello afecta a muchas comunidades autónomas, pero yo me voy a referir especialmente al caso de Cataluña, donde hablamos de 111 edificios en el ámbito de la sanidad y de 47 inmuebles en el de los servicios sociales. Este traspaso, que no se produce ni en los años ochenta ni en los noventa ni en los dos mil genera ciertas ineficiencias; algunas de ellas se han ido solventando con muchísimas dificultades, y otras no. Pero coincidiremos en que es una anomalía que la propiedad registral de estos inmuebles y edificios la continúe manteniendo la Seguridad Social y, en cambio, quienes efectúan las inversiones y se encargan de su mantenimiento son las comunidades autónomas.

Para que se hagan una idea, en el caso de Cataluña esto supone que estos 111 edificios, que tenían un valor tasado inicialmente en 1989, de mutuo acuerdo entre el Estado y la Generalitat, en algo más de 60 millones de euros, hasta el año 2011 la Generalitat haya efectuado inversiones por valor de más de 400 millones de euros.

Le pondré dos ejemplos, uno que conozco personalmente, el del Hospital Verge de la Cinta, tasado en 1989 en 1 200 000 euros y en el que la Generalitat ya ha invertido más de 13 millones de euros; y el más emblemático, el Hospital Universitario de la Vall d’Hebron, tasado en aquel momento, en 1989, en 60 millones de euros y en el que la Generalitat había invertido hasta 2010, si no recuerdo mal, aproximadamente 460 millones de euros. Prácticamente se multiplica por diez el valor invertido en estos edificios.

De hecho, ha habido requerimientos del Tribunal de Cuentas en innumerable ocasiones, también lo recogían así los acuerdos del Pacto de Toledo y al final de la legislatura anterior, si no recuerdo mal, el 1 de agosto se aprobó la Ley 27/2011 de modernización del sistema de la Seguridad Social. En la disposición adicional trigésima octava de esta ley se preveía además una cuestión que entendemos que también se deberá solventar en algún momento: la cancelación de unos antiguos préstamos —concretamente once— de la Administración General del Estado a la Seguridad Social. La forma de cancelar sin desequilibrar financieramente las cuentas del Estado y las de la Seguridad Social era precisamente la entrega por parte de la Seguridad Social de estos inmuebles a la Administración General del Estado —se dio un plazo de seis meses que después no se cumplió—; y, a la vez, con carácter inmediato, la Administración General del Estado se obligaba a traspasar estos inmuebles a las comunidades autónomas.

Ustedes pueden pensar que se trata de un mero capricho por mantener la titularidad, pero es una cuestión de justicia, es razonable y, a la vez, es para generar una cierta eficiencia. Esto genera innumerables problemas en la gestión del día a día; algunos se han solventado a lo largo de estos treinta años con muchísimas dificultades y con una extrema demora en el tiempo, y les pondré algún ejemplo. En alguno de estos hospitales emblemáticos de Cataluña como la Vall d’Hebron, el Bellvitge, el Joan XXIII de Tarragona, el Hospital Arnau de Vilanova en Lérida, el Hospital Trueta de Girona o el mismo Hospital Verge de la Cinta en Tortosa, si la Generalitat ha querido construir un parking mediante un sistema de concesión, no diré que ha sido prácticamente imposible porque se han ido solventando, pero con demoras de muchísimos años porque quien debe dar la autorización y la concesión previa es la Seguridad Social, que ya no mantiene ninguna gestión ni tutela ni mantenimiento sobre esos inmuebles. En determinados casos, algunos de estos hospitales, especialmente aquellos que tienen carácter universitario —que son la mayoría— se han planteado efectuar inversiones con colaboración público-privada en investigación y desarrollo. A veces estas inversiones se debían sustentar sobre algún derecho real en relación con estas propiedades, y eso también ha generado muchísimos problemas y, en algún caso concreto que prefiero no citar, la imposibilidad de poder materializar estas inversiones.

Ante estos hechos, señora ministra, nosotros nos preguntamos por qué no se resuelve esta cuestión y por qué la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011 fue suprimida en los segundos Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Gobierno del Partido Popular. En aquel momento se nos dijo que esta no era la mejor solución, pero que se quería corregir y que no se renunciaba al traspaso de estos inmuebles a las comunidades autónomas. Pues bien, estamos finalizando la legislatura y no hemos tenido noticia de que el Gobierno tenga voluntad explícita de solventar esta situación.

Curiosamente, los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas en relación con la aprobación de la Cuenta General del Estado han sido constantes. De hecho —lo tengo, aquí, pero no lo voy a citar explícitamente—, la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que se celebró en el Congreso, cuando se aprobó la Cuenta General de 2012, en diciembre de 2014, explicitaba como una anomalía todavía no resuelta que estos inmuebles no se hubiesen traspasado a las comunidades autónomas. Es más, la anomalía es supina cuando la Seguridad Social continúa amortizando estos inmuebles; unos inmuebles sobre los cuales no tiene el derecho de uso y que no utiliza pero, curiosamente, en sus cuentas los continúa amortizando. Pues bien, no solo es suficiente el pronunciamiento del presidente del Tribunal de Cuentas y el informe que acompaña a la Cuenta General del Estado, sino que estas Cámaras, el Congreso y el Senado aprobamos la Cuenta General del Estado y aprobamos unas recomendaciones. Entre las recomendaciones que aprobamos en la Cuenta General de 2012, recientemente —estoy hablando de hace aproximadamente tres o cuatro meses—, las dos Cámaras prácticamente por unanimidad aprobamos la recomendación 35 —si no recuerdo mal—, que insta al Gobierno a solucionar esta situación; insta a que se solvente la situación del desequilibrio que plantean las cuentas en tanto en cuanto existe un préstamo del Estado a la Seguridad Social —concretamente, 11 préstamos de más de 17 000 millones de euros— que no se amortiza, que no devenga intereses y que está claro que se debe cancelar por el procedimiento que contemplaba la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011; es decir, facilitando el traspaso, la entrega, de estos inmuebles de la Seguridad Social al Estado e inmediatamente, como es obvio, del Estado a las comunidades autónomas.

Recientemente, el Gobierno también ha aprobado —y en algunos casos discrepamos de una parte del contenido, como saben ustedes bien, y en otros podremos estar de acuerdo— el informe Cora. El informe Cora pretende establecer cierta racionalidad en la asignación de recursos en la Administración Pública y aquella máxima que el ministro Montoro no para de repetir: una Administración, una competencia. Si la competencia de la prestación de los servicios sanitarios, si la competencia de la prestación de los servicios sociales corresponde a las comunidades autónomas, si las comunidades autónomas son las que están haciendo las inversiones en estos edificios, si son las que se están ocupando de su mantenimiento y son las que están planificando su desarrollo a medio y largo plazo, no tiene ningún sentido que la propiedad de estos edificios no esté en manos de las comunidades autónomas, porque será mucho más eficiente, porque facilitará la gestión del día a día y porque, seguramente, las comunidades autónomas lo entenderán como un gesto de buena voluntad, de racionalidad y de coherencia con los planeamientos del informe Cora.

Por tanto, señora ministra, nuestra interpelación va dirigida a que nos diga cuáles son las medidas que piensa tomar el Gobierno en la cuestión que le he planteado y, a poder ser, los plazos. Ustedes podrán responder que no hay tiempo, pero también yo le puedo decir que hemos tenido muchos años. No se lo voy a decir, pero ya que van a habilitar los meses de julio y agosto en las dos Cámaras porque, como me comentaba esta mañana mi portavoz, tienen que tramitar treinta y cinco leyes entre julio y agosto, creo que en alguna disposición adicional de estas treinta y cinco leyes podríamos encontrar la solución que le estoy planteando.

En todo caso, señora ministra, muchísimas gracias de forma anticipada por su respuesta.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Senador, muchas gracias por su intervención y, sobre todo, por el tono en que la ha realizado.

Usted sabe muy bien que la Seguridad Social, como establece su ley general, dispone de un conjunto de bienes para el cumplimiento de sus fines que constituyen un patrimonio diferenciado del patrimonio del Estado. Eso tiene una explicación que todos los senadores pueden entender y es que el patrimonio de la Seguridad Social se ha generado históricamente con aportaciones de trabajadores y de empresarios a lo largo del tiempo. Ese es el patrimonio de la Seguridad Social.

Usted decía que la asunción de competencias sanitarias y de asuntos sociales por parte de las comunidades autónomas no ha modificado esa situación. Así lo establecía la disposición adicional séptima de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, que establece que los centros y establecimientos que forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social continuarán titulados a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio —decía la ley— de su adscripción funcional a las distintas administraciones públicas sanitarias. Ya se contemplaba así en la Ley de 1986. La legislación distingue perfectamente la titularidad de esos bienes de su adscripción funcional, y tanto una cosa como la otra las reconoce sin ninguna duda. Es decir, esos bienes siguen conformando el patrimonio único de la Seguridad Social. Es una titularidad que, como usted decía, ha sido compatible todos estos años con la gestión y con la administración de esos inmuebles transferidos a las comunidades autónomas cuando se han asumido competencias en servicios sociales y en sanidad. Eso precisamente es lo que recogió el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre los traspasos de los servicios de la Seguridad Social a la Generalitat de Catalunya en materia de Seguridad Social, Insalud e Imserso, publicado en el BOE de 24 de julio de aquel año. En ese real decreto, como sabe usted perfectamente, se contempla toda la relación de inmuebles que son patrimonio de la Seguridad Social pero que se adscriben a la Generalitat de Catalunya conforme a los servicios e instituciones que aparecen relacionados en él. En dicho texto se reconoce ya expresamente que esos bienes se adscriben a la Comunidad Autónoma de Cataluña sin perjuicio de la unidad de patrimonio cuya titularidad sigue correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es la garantía de la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social. Así, en 1981, el año de esa transferencia, ya decía el texto literalmente —y se lo leo—: La adscripción de los bienes patrimoniales de la Seguridad Social se entiende, sin perjuicio de la unidad del patrimonio de esta, distinto del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, se traspasa solo el uso de esos inmuebles, quedando la titularidad y los correspondientes derechos y facultades de ella derivados a favor de la Tesorería y en el patrimonio único de la Seguridad Social. Es más, dicho uso debe serlo solo para el destino para el que se transfiere, no para otro diferente. Si hubiese un cambio de uso, el bien inmueble debe revertir otra vez a su titular, como ya se ha hecho en otros casos, que no es otro que la Tesorería General de la Seguridad Social. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Porque, insisto, el patrimonio se ha generado históricamente con aportaciones de trabajadores y de empresarios y, si no, se quebraría la unidad de caja de la Seguridad Social.

En definitiva, señorías, un traspaso a las comunidades autónomas sin compensación al sistema de la Seguridad Social supondría poner en riesgo las futuras pensiones de nuestro país, porque es un elemento capital de la sostenibilidad del sistema. Y no lo dice solo la legislación vigente, que avala dicha titularidad estatal; lo dicen también sentencias posteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Usted me habla del año 2011. ¿Qué paso en 2011? Que un Gobierno, para aprobar la ampliación de la edad de jubilación de las pensiones, la Ley 27, decidió incluir una disposición adicional trigesimoctava sobre el patrimonio de la Seguridad Social en los términos que usted señalaba en su intervención; disposición adicional, por cierto, que no entró en vigor y que fue derogada, como bien ha dicho, por la Ley 17/2012 a través de una disposición derogatoria segunda. Por tanto, no entró en vigor porque no constituía un mecanismo jurídico adecuado para los fines perseguidos, pues las leyes anteriores —como antes he demostrado— reconocían que la titularidad es de la tesorería, sin perjuicio de esa adscripción de los bienes al uso de cada una de las transferencias que se hicieron a las distintas comunidades autónomas.

Señoría, no sé lo que han hecho otros gobiernos, pero sí sé lo que va a hacer y va a seguir haciendo este Gobierno: no entrar en procesos de liquidación del patrimonio de la Seguridad Social, de la caja única de la Seguridad Social y reforzar el corazón de nuestro sistema de bienestar, que es patrimonio de todos, el patrimonio de la Seguridad Social. Por tanto, no podemos mermar la riqueza histórica que supone la Seguridad Social. Se trata de un patrimonio inquebrantable que cualquier Gobierno, al menos este Gobierno, ha de conservar, pues así nos lo dice la ley, pero también porque es el pacto logrado entre generaciones y lo que garantiza las pensiones de hoy y de mañana. Las aportaciones de los cotizantes, por supuesto, y ese patrimonio son la garantía del presente y del futuro de la Seguridad Social.

Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora ministra.

La verdad es que, por diferentes motivos, su respuesta me ha dejado extremadamente preocupado. Usted ha dicho: este es un patrimonio inquebrantable porque lo financiaron los trabajadores con sus cotizaciones, y la titularidad de todo este patrimonio continúa siendo de la Seguridad Social. Entonces, señora ministra, nos tendrá que explicar por qué solo en Cataluña los 111 edificios que se tasaron en el año 1989 —el traspaso se hizo en 1981— tenían un valor de 61 millones de euros. En el mejor de los casos, el sistema de la Seguridad Social habría pagado 61 millones de euros.

¿Sabe cuánto ha invertido la Generalitat en estos hospitales, con recursos exclusivamente de la Generalitat pagados por los catalanes? 440 millones de euros. ¿Nos pretende decir que este dinero que ha invertido la Generalitat forma parte ahora del patrimonio de la Seguridad Social? Eso no se lo cree ni el Tribunal de Cuentas. Léanse, por favor, los informes del Tribunal de Cuentas respecto a las cuentas generales del Estado. Lo que usted ha dicho, señora ministra, es la constatación, una vez más, de que el Estado nunca tiene suficiente, de que el Estado es devorador. Ustedes pretenden que el dinero invertido por la Generalitat de Catalunya —y de esto debe enterarse toda la prensa y todos los catalanes— corresponda a la Seguridad Social; Seguridad Social que tiene 17 000 millones de deuda y que no paga intereses a la Administración General del Estado desde el año 1990.

Y perdone que tome este posicionamiento, señora ministra, porque nos engañan, y a uno lo que peor le sienta es que le engañen. Cuando eliminaron esta disposición adicional trigesimoctava dijeron que ya buscarían alguna solución. Usted hoy nos ha dicho y ha constatado desde esta tribuna que no quiere ninguna solución. No me extraña que haya tormenta, porque es para que haya tormenta, ya que fue aprobado por esta Cámara, por el Grupo Popular, por los senadores del Grupo Popular, por los diputados del Grupo Popular y publicado en el Boletín Oficial del Estado el martes 27 de enero de 2015; resolución de 22 de diciembre de 2014, Presidencia del Congreso de los Diputados y Presidencia del Senado: se dispone la publicación del dictamen de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas; declaración de la Cuenta General del Estado, aprobado por Congreso y Senado, diputados y senadores del Grupo Popular; recomendación 30, leo textualmente: «En este sentido, debería recuperarse la vigencia de la disposición adicional trigesimoctava de la Ley 27/2011». Ustedes están pidiendo que se recupere la disposición adicional trigesimoctava, ustedes, y desde esta tribuna usted, ministra, niega esta realidad, con lo cual nosotros hoy, como regalo de la verbena de San Juan, de la revetlla de Sant Joan, hemos entendido que nos viene a decir: oigan, señores catalanes; oigan, señores de la Generalitat, estos 440 millones de euros que han invertido ustedes directamente de sus presupuestos y con sus recursos no son suyos, son del sistema de la Seguridad Social, son de todos, cuando estos inmuebles no tenían en origen ni el 10 % del valor.

No puede decir, señora ministra, que esto forma parte del patrimonio inquebrantable de la Seguridad Social. No nos vamos a entender nunca; no la van a entender en Cataluña, y yo creo que no la van a entender en otras comunidades autónomas. El valor de estos edificios, el 90 % del valor de estos edificios, no lo han pagado los cotizantes de la Seguridad Social, lo hemos pagado los catalanes con nuestros impuestos y nuestros recursos. Por tanto, señora ministra, le pido que reconsidere su posición y nos diga cuáles van a ser las medidas para traspasar estos edificios a la Generalitat de Catalunya

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor senador.

La tormenta siempre es buena. El agua es buena para todos, es riqueza y es empleo, y también pensiones, porque las pensiones se mantienen con empleo. No se asuste porque haya tormenta esta tarde en Madrid.

Las transferencias que se puedan hacer de los edificios se tienen que hacer con compensación al sistema de la Seguridad Social. Usted me habla de las inversiones que hace la Generalitat de Cataluña en esos edificios. Tiene derecho de uso de esos edificios; son inversiones para el mejor uso de esos edificios, y lo que le digo es que pertenecen a la Seguridad Social. Seguridad Social que es la caja única, patrimonio de todos los españoles, de los que vivimos en todo el territorio nacional y también de los españoles que viven en Cataluña; por tanto, a los catalanes, a los españoles que viven en Cataluña, seguro que les gusta, les tranquiliza y les da confianza la unidad de caja de la Seguridad Social, que es la que paga puntualmente las pensiones de todos, todos los meses, todos los años y cada día más y mejores pensiones. (Aplausos).

Lo he dicho con absoluta claridad, el Gobierno no va a permitir que se rompa esa unidad de caja y no va a permitir que se trocee la Seguridad Social. La Seguridad Social es muchas cosas en este país: es una amplia red de oficinas, es su fondo de reserva, son sus funcionarios, son sus buques sanitarios que están atendiendo a los pescadores en alta mar, es su tecnología y son también los inmuebles que históricamente forman parte de su patrimonio por derecho propio. Y nosotros no vamos a despiezar eso. Aunque a ustedes les gustaría que fuese de otra manera, van a seguir adscritos —como he dicho y como dicen las leyes— al patrimonio de la Seguridad Social. Los inmuebles, los locales o las fincas de las que estamos hablando forman parte de las reservas patrimoniales del sistema, que es algo a lo que ningún gestor que se precie debería renunciar.

Por tanto, nosotros con el patrimonio de la Seguridad Social no vamos a hacer trueques y no vamos a traspasar por lotes a la comunidad autónoma esos edificios. Nosotros estamos trabajando por fortalecer el sistema, por que haya cada día más cotizantes que garanticen el pago de las pensiones y por que cada día su patrimonio se revalorice sin minorarlo. Por tanto, no podemos defraudar ese caudal de confianza entre generaciones que supone la caja única y el sistema de Seguridad Social, porque ese es el gran patrimonio que tenemos todos los españoles, los que viven en Cataluña y los que viven fuera de Cataluña, el principio de unidad de caja, que, por cierto, defiende el Tribunal Constitucional. La sentencia y la doctrina del tribunal dice que la Tesorería General de la Seguridad Social es un servicio común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestaria. Por tanto, es un patrimonio único ligado como recurso financiero a la realización de determinados fines de la Seguridad Social y cuya titularidad corresponde y corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso es lo que permite, señor senador, que hoy se paguen puntualmente todas las pensiones en España, que hoy se dediquen más de 135 000 millones de euros a pensiones, que haya más pensiones que nunca, más altas que nunca —por cierto, es la primera vez que la pensión media supera los 1000 euros en nuestro país— y a más pensionistas que nunca. Y hablando de Cataluña, también gracias a la solidaridad y a la unidad de caja se pagan puntualmente las pensiones en Cataluña, y los catalanes y los españoles que viven en el resto del territorio nacional han podido incluso tener pensiones con ganancia de poder adquisitivo superior a los 2000 millones de euros en momentos muy difíciles, como fueron los años 2013 y 2014.

Por tanto, más pensiones, mejores pensiones y ganancia de poder adquisitivo con esas pensiones. Nosotros ni rompemos el sistema de caja única de la Seguridad Social ni hacemos como hicieron los socialistas, que a la mínima incertidumbre congelaron las pensiones. Por tanto, más pensiones y mejor patrimonio siempre para la Seguridad Social.

Muchísimas gracias. (Aplausos.— Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señora ministra.



INTERPELACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS. 670/000193 ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 4.4.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, el Grupo Socialista presenta esta interpelación fundamentalmente por tres razones: en primer lugar, porque han pasado más de dos años desde que el entonces ministro de Justicia, señor Gallardón, se comprometiera a implantar una serie de actuaciones para esclarecer los hechos denunciados en relación con la sustracción y venta de bebés que se produjeron en España en la segunda mitad del siglo pasado, tan solo hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Ustedes, señor ministro, iban a tomar cartas en el asunto, pero lo cierto es que no han conseguido calmar los ánimos de los que siguen pidiendo justicia, porque su Gobierno no ha asumido los compromisos de sus obligaciones.

En segundo lugar, señor ministro, porque hace ahora siete meses, exactamente el 21 de octubre del pasado año, el Grupo Socialista presentó ante la Comisión de Justicia en esta Cámara una solicitud de comparecencia de las asociaciones que en nuestro país trabajan por esclarecer estos hechos.

Señor ministro, señorías, Adelante Bebés Robados, Adoptados.org, Alumbra, Aberoa Andalucía, AVA Alicante, Bebés Robados Murcia, Itxaropena, Bizkaia, Colectivo Sin Identidad Canarias, la asociación de bebés robados y adoptados irregularmente en Baleares, Todos los niños robados son también mis niños y SOS Bebés Robados, a los que doy la bienvenida a esta Cámara, han querido y quieren dirigirse a sus señorías para que por primera vez en democracia puedan ser escuchados por los representantes de los ciudadanos y puedan dar traslado de sus demandas. Pero han pasado casi ocho meses y nadie del Partido Popular, ni por supuesto del Gobierno, ha dado respuesta a esta solicitud, aunque me consta que a la vista de esta interpelación se les citó el pasado día 17 —por cierto, sin su presencia—, no sé para decirles qué, quizá para repetir los mismos argumentos de hace dos años.

Estará conmigo, señor ministro, en que esta actitud por parte de un Gobierno que se precie no solo es desesperante sino deplorable, a no ser que esta inacción tenga motivos inconfesables.

Y en tercer lugar, esta interpelación surge porque el Grupo Socialista se hace eco de las demandas de estas asociaciones y quiere denunciar la pasividad y el silencio del Gobierno. Señor ministro, nula gestión, nulo interés por este espinoso y controvertido asunto y silencio cómplice. Por estas razones, los socialistas pretendemos que estas asociaciones sean oídas, porque la democracia española necesita escucharles y tiene la obligación de reparar sus vidas. Simplemente esto es lo que pretende esta interpelación, que, como bien sabrá, derivará en una moción que en su momento esperamos sea asumida por esta Cámara, aunque tenemos la impresión de que después de casi ocho meses sin respuesta ustedes no quieren hablar de este drama sencillamente porque no quieren reconocer el problema, no quieren que esto se visualice como un verdadero problema de Estado.

Señor ministro, se están olvidando de que no solo las víctimas, no solo los familiares sino que la propia democracia española necesita saber, necesita saber qué ha pasado con más de 300 000 niños y niñas que desaparecieron entre 1940 y 1990; necesitan saber si esto es algo muy parecido a lo que ocurrió en Holanda en los años cincuenta, que recrea magníficamente Stephen Frears en la película Philomena, donde en un clima social de impunidad e indefensión, a las madres solteras de clases populares se les robaba a sus hijos mientras las instituciones religiosas y médicas tenían una influencia inapelable.

Señorías, señor ministro, es una obligación investigar y saber lo sucedido y por qué, investigar los robos y las adopciones. En nuestro país hay decenas de miles de ciudadanos españoles que actualmente tienen una identidad falsa y que hoy desconocen si fueron secuestrados, robados o vendidos. El Gobierno popular se comprometió a impulsar un programa específico para con las víctimas y los familiares; se comprometieron ustedes a realizar pruebas de ADN; se responsabilizaron en mantener una comunicación permanente con los afectados; se obligaron a facilitar los accesos de información a los registros civiles; en definitiva, se comprometieron a apoyar la investigación y la aclaración de esta terrible maquinación. Y la verdad, señor ministro, es que han hecho bien poco. Se han conformado con abrir la oficina de la calle La Bolsa el 26 de febrero de 2013, que está siendo inoperante, y según dicen las propias asociaciones, no genera ninguna confianza. Tan solo se ha incorporado a su base de datos —según los datos que manejamos— 360 perfiles y se han iniciado 366 expedientes a pesar de que sus iniciales objetivos, que eran crear un banco de datos de ADN o facilitar a las familias la localización y el reencuentro y facilitar los datos registrales, no está sirviendo para casi nada.

Señor ministro, el robo de niños y su adopción ilegal en esos años supone una lacra para la historia reciente de España; robos y adopciones que se produjeron por razones represivas, razones económicas y razones políticas; robos y adopciones que se produjeron con una impunidad indecente; robos y adopciones en las que estaban implicados médicos, enfermeras, matronas, religiosas, funcionarios públicos y empleados del registro civil.

Señor ministro, hay multitud de indicios pero ni una sola investigación global sobre este tema, y lo cierto es que hubo niños robados y vendidos. Lo cierto es que miles de hombres y mujeres entre 30 y 70 años hoy desconocen si tienen una identidad cierta. Lo cierto es que hubo madres engañadas y despojadas y que hubo familias destrozadas, madres que lloraron en un entierro y después lloraron sobre tumbas vacías, y hoy, cuarenta o cincuenta años después, siguen, y así me lo han trasladado, oyendo el llanto de sus hijos ante la frialdad de sus cuerpos en los propios paritorios.

Señor ministro, el robo de bebés debe ser reconocido por todas las instituciones como un problema de Estado, y, por tanto, deben dar una respuesta. Ustedes, que todavía ostentan la responsabilidad de gobernar en España, tienen la obligación política y moral de mantener una actitud activa frente a esta auténtica atrocidad y de esclarecer esto de manera definitiva, con compromisos ciertos.

Estoy seguro de que ustedes conocen que se ha producido un aluvión de denuncias, más de 2200, con procedimientos que se están archivando en un 60 %, y que desde 2010, cuando empezó ese aluvión y se pensó que había una trama organizada, no hay ni una sola sentencia condenatoria y hay escasísimas imputaciones. La propia Fiscalía General del Estado ha reconocido que esta situación es frustrante y desesperante para los familiares, y reconoce que se archivan las causas con razones tan peregrinas como que los mayores tienen dificultad de memoria o que tienen un deterioro físico.

Señor ministro, esto es peregrino, sobre todo en la época en que nos encontramos. Lo real es que se siguen despreciando a las víctimas, lo real es que la pasividad del Gobierno, la lentitud judicial y el archivo de las múltiples causas está generando frustración a miles y miles de familias.

¿Por qué no se quiere crear una comisión de la verdad? ¿Por qué no se quiere contribuir al conocimiento y al esclarecimiento de los hechos? ¿Por qué no asumimos entre todos un compromiso de la verdad? Si la sociedad española tiene claro que existe un robo masivo de niños, ¿por qué no se les busca ahora que son adultos? ¿Por qué no se quiere encontrar a los responsables de los culpables? ¿Por qué no se pide perdón, se hace justicia y se repara a miles de familias? ¿A qué tiene miedo el ministerio? Las víctimas y sus familiares tienen derecho a saber y todos, la obligación de implicarnos. Porque, señorías, ellos no tuvieron ninguna culpa de ser robados o vendidos. Por eso es imprescindible que los representantes españoles escuchemos lo que tienen que decir sobre este disparate.

Señor ministro, nosotros nos hemos reunido en diversas ocasiones con las asociaciones y colectivos —quiero suponer que usted también— y nos han presentado sus demandas; demandas que, de verdad, si se pone un poquito de interés, son fáciles de cumplir. Nos señalan que tienen una gran dificultad para acceder a los archivos, tanto de los ayuntamientos como de los registros o de las iglesias; nos dicen que existen grandes problemas en las exhumaciones; nos indican que la oficina impulsada por el Gobierno ha tenido escaso éxito y que son necesarias más coberturas sociales, asistenciales, psicológicas o jurídicas; que es necesaria una mayor transparencia en los bancos de ADN, que se deben reabrir muchas de las causas archivadas y que es necesaria la creación de una mesa permanente de trabajo.

¿Tan difícil es cumplir esto? ¿Tan difícil es cumplir estas situaciones? Nosotros, de verdad, creemos que no, y como tienen derecho a ser reconocidos y reparados, la sociedad española, que quiere ser libre y prosperar, no puede permitir que estos casos queden impunes. Y les toca a ustedes, porque gobiernan, dar los pasos necesarios. Los socialistas vamos a poner encima de la mesa una serie de pasos que usted podría dar hoy mismo para empezar a solucionar este problema. En primer lugar, reconocer que esta red es un delito de lesa humanidad, un delito tipificado en el Código Penal y en el Derecho internacional, porque sería un ataque sistemático y organizado contra una población civil —en este caso contra las mujeres y los hijos— y con gran sufrimiento para la salud mental y física de quien lo padeció. Por lo tanto, se cumplen perfectamente los elementos del tipo, y hoy sería un buen momento para reconocer un delito de lesa humanidad. Nunca se debe considerar esta trama como un delito común, como se ha dicho en algún momento, o quizá como una detención ilegal, porque, señor ministro —y permítame la expresión—, tiene bemoles que sea la justicia argentina y la juez Servini las que tienen interés en investigar estas causas y en España se guarden en cajones bajo siete llaves. No es entendible.

Señor ministro, segundo paso: reconocer el derecho a conocer y saber la verdad. No podemos quedarnos impotentes ante esta impunidad. En 2009 España ratificó los acuerdos de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Por lo tanto, España debe asumir la imprescriptibilidad de los delitos porque si no, se estaría incumpliendo su deber de buscar, localizar y restituir a las víctimas. El Estado está obligado —y lo sabe usted— a identificar y ponerles en contacto con sus verdaderos familiares. Si no, señor ministro, España estará incumpliendo los distintos tratados internacionales que ha firmado.

Tercer paso que hoy mismo podría dar: el tráfico de bebes atenta contra los derechos básicos de las personas. Decía antes que es un crimen de lesa humanidad, y por ello el Estado no puede descargar todo el impulso de la investigación bajo las espaldas de las familias; los hombros de las propias familias son las que ahora mismo están intentando luchar por encontrar a los padres biológicos. Por lo tanto, debe existir una investigación oficial.

Y aquí tiene el cuarto paso, señor ministro: promover una investigación efectiva, independiente, objetiva y práctica, tal y como ha venido a establecer el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Estado, España, y nuestra democracia no pueden omitir ese deber esencial de búsqueda, localización y restitución.

Y, señor ministro, el último paso: facilitar desde su ministerio que las reclamaciones y las demandas de las asociaciones que han puesto desde hace años encima de la mesa —y me consta que a usted también se las han puesto— tengan éxito, sobre todo el acceso a la información, porque ya no podemos escudarnos exclusivamente en la protección de datos. Señoría, ha habido una destrucción deliberada de documentos; ha habido resistencia a desclasificarlos; ha habido degradación de restos cadavéricos, serios problemas con las exhumaciones, además de los costes que ello supone. Usted sabe, o debería saber, que se ha producido deslocalización de legajos de abortos anteriores a 1979; se ha producido destrucción de historias clínicas, de certificados de nacimiento, de bautismo y de defunción; se han falseado inscripciones registrales y documentos públicos. Señor ministro, esto ha sido así, y esto es delictivo. Por tanto, los socialistas consideramos necesaria y obligada la creación de una comisión nacional de desaparecidos con un banco de datos genéticos, con un grupo de fiscales especializados que se encarguen de este asunto y con una unidad de la policía judicial dedicada a este asunto exclusivamente. No nos olvidemos de que es el Estado el que tiene que intervenir y no dejar todas las acciones —como le decía antes— a iniciativa de los familiares y de los parientes.

Voy acabando, señora presidenta. Señorías, durante toda la segunda mitad del siglo pasado existió en España una red organizada de tráfico de bebés, procedentes en muchos casos de la sustracción a sus familias mediante extorsiones o engaños. Esta situación, este inmenso drama que durante años se ha silenciado ha generado un evidente desamparo y una completa indefensión a miles y miles de familias españolas. Hasta ahora nadie más que los familiares son los que han buscado y buscan a sus hijos robados. Los que hoy ya son adultos son los que quieren encontrar a sus padres biológicos. Si en la sociedad española existe, y creemos que existe, la certeza de que en España se produjo un robo masivo de niños; si existe la evidencia cierta de que por lo menos durante cuarenta años en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias se robaron y vendieron niños; si existe esa evidencia de que al menos se han presentado 3000 denuncias y que al menos existen 6000 casos documentados, cifras estas que parecen ser la punta del iceberg; si se acepta todo esto la pregunta es muy clara: ¿por qué no se les quiere buscar y encontrar?

Señor ministro, hoy tiene una oportunidad —si me lo permite— me atrevo a decir que histórica. Hoy puede dar los pasos que los socialistas y sobre todo las asociaciones le reclaman, porque este asunto sigue siendo un cabo suelto que no quedó atado en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Es un cabo del que se debe tirar para juzgar estos crímenes y garantizar una convivencia tranquila para miles y miles de españoles. Señor ministro, los socialistas le pedimos que no deje pasar esta oportunidad, porque si ustedes siguen sin hacer nada, si siguen negando la evidencia y si siguen escondiendo la cabeza debajo del ala, lo único que van a conseguir para ellos sobre todo es que mañana otra vez sea tarde.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, señor Rodríguez Esquerdo, estaba interesado en conocer los términos de su interpelación. Ya había leído los teletipos de su intervención previa, donde, por cómo ha utilizado los verbos parecía que ya habíamos celebrado el debate hace dos horas cuando usted lo ha contado a los medios de comunicación. En todo caso, bienvenida sea esa labor de difusión de la información antes de tener el debate en esta Cámara. (Aplausos). Yo, por respeto a la Cámara, me espero a hablar con usted, y luego, si acaso, ya contaré a los medios lo que tenga a bien contar. Bienvenido sea a esta Cámara el interés del Grupo Parlamentario Socialista por un asunto que no solamente desde el inicio de la legislatura nos ha ocupado, sino que nos ha preocupado muy intensamente al Gobierno de la nación y al Ministerio de Justicia; bienvenido sea, porque cuando en diciembre del año 2011 hubo el traspaso de poderes del Gobierno anterior a este, no había ni un papel ni un folio sobre esta materia. Por lo tanto, hasta diciembre de 2011, para el Gobierno socialista anterior este tema que hoy es tan importante para usted no existía. Saben las asociaciones que estamos trabajando con intensidad, y seguro que hay muchas más cosas que hacer, estoy seguro de que hay muchas más cosas que hacer, pero, señoría, no han sido las que en ningún momento ni el Gobierno del Partido Socialista ni los grupos parlamentarios socialistas han hecho hasta la fecha de hoy.

Cuando usted nos pregunta qué hemos hecho en esta materia —entiendo legítimamente esa interpelación—, le tengo que responder, señoría, que es este Gobierno el que se ha interesado por las víctimas, que es este Gobierno el que ha creado los servicios de apoyo para que las acompañen en su proceso de búsqueda, y que es este Ministerio el que se ha reunido sucesivamente con las víctimas; esté seguro —y ellas lo saben de primera mano—, de que estamos dispuestos a seguir trabajando, a mejorar todo lo que sea necesario y a abordar todas las materias que sean de nuestras competencia, porque es verdad —en eso coincido con usted— que estamos ante un asunto absolutamente dramático. Por tanto, creo que hay que valorar como un hecho positivo que haya un Gobierno que habla con las víctimas y que tiene un compromiso claro y manifiesto.

Creo que es bueno que hagamos memoria para comprobar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho desde que se creó la Comisión interministerial de seguimiento, fruto del acuerdo de abril de 2012 entre los Ministerios de Justicia, de Interior, de Sanidad, de Servicios Sociales, y la Fiscalía General del Estado, y qué es lo que se puede hacer en el futuro. Desde entonces, está operativa esta Comisión interministerial, que está trabajando.

Precisamente nuestro planteamiento en esta materia nace, y es muy cierto, del contacto con los afectados, con sus inquietudes, aspiraciones y opiniones. Tengo que decirle que a un mes escaso de la toma de posesión del equipo ministerial de Justicia en enero de 2012, se estaba ya contactando con las asociaciones y concertando las reuniones para escuchar sus opiniones y ofrecerles toda la colaboración. Así se hizo en la primera reunión el día 10 de febrero del año 2012 y así se ha confirmado a lo largo de muchas otras reuniones en las que se ha dado satisfacción a alguna de las peticiones.

Es verdad —lo sabemos— que la principal prioridad de los afectados es localizar a sus familiares biológicos. Por lo tanto, esa tiene que ser también nuestra prioridad: concentrar todos los esfuerzos de la administración pública en crear los mecanismos que faciliten esa tarea de investigación y localización. Es verdad que las dificultades son enormes y muy numerosas; y así se constata, por desgracia, en el archivo de las muchas diligencias que ha abierto la Fiscalía; en algunos casos se ha perdido la documentación o no se encuentran testigos adecuados; en otros, lamentablemente, como ha ocurrido, sobre todo al principio, cuando todavía el actual Gobierno no había elaborado una guía de buenas prácticas forenses, algunas inhumaciones se hicieron sin el rigor científico suficiente, lo que dio lugar a la contaminación de las muestras. Pero nada de eso impide ni va a impedir que nuestro compromiso siga en pie.

Existen otras vías por las que podemos dar o intentar dar solución a la duda que sobre sus orígenes arrastran estas personas, porque creemos firmemente —y así nos lo dicen los expertos— que la ciencia y la tecnología hoy lo hacen posible. Ahora bien, junto a este empeño de seguir adelante hasta agotar todas las posibilidades jurídicas y tecnológicas, hay otro elemento que ha sido prueba flagrante de nuestro compromiso con esta cuestión, el de no prometer aquello que no podemos hacer. No vamos a generar expectativas imposibles de cumplir, ni nos vamos a salir del marco legal que autoriza al Gobierno a hacer determinadas cosas. En todo lo demás, les aseguro que vamos a seguir trabajando. No vamos a dar instrucciones a los jueces, tampoco vamos a salirnos del marco legal, pero vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso. Ese es el enfoque eminentemente práctico que condujo a la creación del servicio de orientación y suministro de información administrativa, dirigido a aportar la documentación en poder de la administración acerca del hecho del nacimiento, del parto, incluso cuando esa información pueda ser indiciaria, con objeto de que, además de poder localizar a los progenitores, se pueda también, si así lo desean las víctimas, poner en marcha acciones civiles y penales.

Permítame, señoría, que muy brevemente indique al menos seis líneas de actuación en las que hemos trabajado hasta el momento. En primer lugar, y para poder gestionar adecuadamente la información, se ha creado un fichero de solicitudes y un fichero de perfiles de ADN, después de haber consultado con la Agencia de Protección de Datos, con la Comisión ministerial de administración electrónica y con los servicios jurídicos.

En segundo lugar, se ha trabajado en el efectivo acceso de los afectados a los servicios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el cual tiene un protocolo de actuación para centralizar los perfiles genéticos obtenidos a partir de los informes aportados por las personas afectadas, a través del Ministerio de Justicia, con el objetivo de crear una base de datos única que permita a las personas implicadas cotejar sus datos con el fin de verificar la existencia de compatibilidades genéticas que puedan revelar relaciones familiares biológicas. Este procedimiento garantiza la máxima calidad pericial. De esta manera se cruzan datos de manera sistemática, incluso, con bases de datos de ADN de diferentes Estados europeos, con el fichero de investigación criminal o con cualquier otro sistema de información, como puede ser también el fichero de perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos, que fue el que se creó en el año 2012, o la base de datos de personas desaparecidas que tiene el Ministerio del Interior. Actualmente, hay 374 perfiles genéticos y tenemos que conseguir que sean muchos más, pero para ello, sin duda, hace falta la colaboración de todos los afectados con el fin de descubrir la filiación natural que estén buscando.

Señoría, me ha parecido entender que usted calificaba de inoperante el servicio de atención. Yo no me atrevería a calificar de inoperante un servicio atendido por profesionales, por personas que dedican toda su jornada laboral a atender esta cuestión, a atender a todos los afectados, a atender a todas las asociaciones, que dedican su máxima cualificación profesional a esta actividad. Yo, por el contrario, lo que hago es apoyar y reforzar el servicio de atención con todos los medios de los que dispone el Ministerio de Justicia.

En tercer lugar, después de los primeros contactos, se diseñó en tiempo record un sistema de gestión informático para crear el censo de afectados, con independencia de la atención presencial que podamos tener, con lo que se puede disponer también de información telemática.

La cuarta actuación fue la apertura del servicio de información a las personas afectadas, como le he dicho antes, atendido por personas cualificadas. En ese servicio, señoría, en el año 2013 se atendieron 753 consultas, y, de ellas, 366 iniciaron un expediente. En el año 2014 fueron 532 las personas que accedieron a la consulta. De ellas, 188 decidieron seguir adelante. Y en el año 2015 llevamos 147 consultas, de las cuales 138 son ya expedientes iniciados, lo que significa un total de 1432 personas atendidas y 592 expedientes que han servido ya para recabar información de los servicios sanitarios, de los cementerios, de los registros civiles, de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, de las archidiócesis, de todos aquellos lugares donde pueda existir un registro público con esta información.

La quinta actuación, que le he mencionado antes también, fue la elaboración de una guía de recomendaciones médico-forenses para realizar las exhumaciones de los recién nacidos. Esto complementa el protocolo que ya tiene el Instituto Nacional de Toxicología para la identificación genética. Además, esta guía y este protocolo se ponen a disposición de los expertos forenses de toda España, de todas las provincias.

Por último, en sexto lugar, hemos llevado este debate también al ámbito europeo. Hemos introducido, en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que actualmente se encuentra en tramitación, relativa a la protección de las personas en lo que se refiere al tratamiento de los datos personales y a la ley de circulación de estos datos, una propuesta para facilitar el tratamiento de los datos y su acceso a ellos cuando la finalidad sea la determinación de la filiación natural.

Este último punto, después de los seis que le he mencionado, señoría, me lleva a otro plano, al de las medidas que hemos adoptado para evitar que esto pueda volver a suceder en el futuro, adaptando nuestra legislación para impedir que hechos como éste puedan volver a suceder en España. Por eso, en el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, actualmente en tramitación, se da la posibilidad de que la inscripción de los recién nacidos se haga directamente desde los centros sanitarios. Esto permitirá también introducir mayores garantías en la identidad de los recién nacidos para evitar, como digo, en el futuro, cualquier sustracción. También esta modificación legal incide en lo que tiene que ver con la identificación. El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar todas las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y para efectuar las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de la filiación materna, incluyendo las pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten necesarias, así como las dos huellas plantares del recién nacido, junto a las huellas dactilares de la madre. Todas ellas son medidas que se están adoptando y que, como digo, impedirán que en el futuro pueda volver a existir una práctica tan deleznable como la sustracción de bebés que hemos conocido en el pasado.

Por otra parte, señoría, también multiplicamos los controles para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación y les exigimos que en el certificado de defunción aparezca la firma de dos facultativos. Estos datos se trasladan inmediatamente a la administración correspondiente donde se conservan con todas las medidas de seguridad.

Todo esto es el elenco de medidas que hasta aquí hemos desarrollado. ¿Son suficientes? ¿Estamos satisfechos? En absoluto estamos satisfechos ni pensamos que sea suficiente. Esperamos que las medidas a las que me he referido en último lugar permitan prevenir e impedir hechos futuros como este y, en ese sentido, que sean absolutamente completas y eficaces.

Respecto a los hechos pasados, el Gobierno continúa dispuesto, como lo ha estado desde el primer día, a seguir haciendo el máximo esfuerzo para respaldar a las víctimas, para mejorar la atención que les prestamos en lo que sea posible.

Estoy seguro de que esta interpelación irá seguida, lógicamente, de una moción posterior y ahí tendremos una buena oportunidad de incorporar ideas y propuestas. Señoría, yo tengo el documento que las asociaciones nos dejaron en el Ministerio de Justicia, en la reunión celebrada el día 17 de junio; estamos trabajando ya con ellas para empezar a implantar buena parte de las medidas que aquí aparecen. Estoy deseando conocer su propuesta de moción para que el resto de la Cámara se sume a este trabajo, porque estoy seguro de que a todos nos mueve el interés de proteger a las víctimas, de esclarecer los hechos acaecidos y la máxima repulsa por los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

En resumen: herencia, herencia, herencia, excusas, excusas, excusas. Eso es lo que ha dicho el señor ministro, exclusivamente eso.

Le he oído y creo que, de verdad, hoy ha perdido una gran oportunidad para cerrar un periodo oscuro y negro de nuestra historia; y lo más grave es que ha mentido a esta Cámara porque usted no se ha reunido con ellos. El día 17 ni siquiera fue usted a la reunión; fueron técnicos de Sanidad, de Interior, de Justicia, pero ni siquiera usted se ha reunido con ellos. (Aplausos).

De verdad, yo esperaba más decisión, más fundamento en su respuesta y, sobre todo, esperaba para ellos alguna respuesta cierta y más aliento para ellos. Esperábamos, después de dos años de promesas —usted siempre cita la fecha de 2012—, después de los siete meses que llevan las asociaciones solicitando una comparecencia, después de tanto tiempo de silencio, de verdad que hoy sí esperábamos más respuestas; pero otra vez se han quedado entre Pinto y Valdemoro, se han quedado sin demostrar nada y con un silencio cómplice. ¿No se da cuenta de que todo lo que nos ha contado en esta Cámara no es lo que ellos piden, no es lo que ellos necesitan? ¿No se da cuenta de que eso no es lo que le están pidiendo? En esa hoja que a usted le han dejado, después de la reunión del 17, en la que piden lo mismo que hace ya años, lo mismo porque no les han hecho caso, no piden nada de lo que ustedes están poniendo encima de la mesa.

Señor ministro, creemos —y se lo decía antes— que la democracia española tiene unas obligaciones para estos padres y estos hijos. ¿Por qué no quieren reconocer que esto es un problema de Estado, que hay 300 000 niños que desaparecieron de su familia biológica, que se los arrebataron a sus padres y que necesitan saber, que España necesita acabar con esta lacra? Hubo niños robados y hubo niños vendidos, es cierto, reconózcanlo. Hay miles de hombres y mujeres en España que tienen una identidad falsa. Hoy ha tenido la oportunidad de resolver este conflicto, o de empezar a resolverlo.

Mire, yo he estado con diversas madres y padres reunidos —cosa que usted no— y me han dicho que siguen llorando cuando cuentan sus historias de cómo les drogaban y estaban varios días como borrachas en los paritorios; otras me han dicho que llevan años despertándose por la noche; otras —lo decía antes— que han ido a llorar a tumbas donde no estaban sus hijos. Son testimonios dramáticos que yo no sé si a usted se los habrán contado pero a mí sí y a los componentes del Grupo Socialista también; y solo por eso, tan solo por eso, usted ya hoy les tendría que haber dado aliento y respuestas; y no ha hecho nada de eso.

Hablaba usted de la oficina de Madrid, y no es que yo diga que es inoperante; lo dicen ellos. ¿No ha hablado usted con ellos? ¿No dice que se han reunido tantas veces? Y como tantas veces se han reunido le habrán dicho que es inoperante; le habrán dicho que es rotundamente inoperante. (Aplausos). Pero es falso; no ha estado con ellos. Los socialistas le proponemos, como ya le hemos dicho y repetiremos en la moción, que creen una comisión que de verdad esclarezca estos hechos; hagan justicia; reparen a los miles de afectados; planteen una hoja de ruta a las asociaciones sobre la base de esas demandas que llevan dos años reclamando; faciliten un acceso a los archivos; faciliten las exhumaciones; impulsen la Oficina de atención a los afectados; dótenla de coberturas, no ya económicas, sino sociales, asistenciales, psicológicas o jurídicas, y creen una mesa permanente de trabajo, y así se verá que, de verdad, ustedes tienen interés en solucionar este problema de Estado. Una democracia no puede permitir que delitos como estos, de lesa humanidad, se queden en el cajón de cualquier juzgado con un auto que diga que son tan mayores que ya no recuerdan cómo ni qué pasó. Reconozcan el derecho a conocer y a saber; no permitan que toda la responsabilidad de esta pesadilla recaiga sobre las familias; apoyen las investigaciones; den esos pasos necesarios y no pongan excusas. Espero que cuando esta moción venga a este Pleno su grupo respalde las propuestas que planteará el Grupo Socialista, que no serán otras que las que presentan los propios afectados.

Señor ministro, hoy no ha demostrado usted nada; al menos intente que su grupo político no esconda la cabeza cuando traigamos la moción a este Pleno, que no repita los argumentos que dieron en la reunión del 17 de junio, no usted, que no estuvo, sino otra gente, trabajadores y funcionarios de los departamentos de Justicia, Interior y Sanidad.

Y acabo ya, señora presidenta. Estas personas se reunieron hace siete días, después de un año y cuatro meses sin hacerlo —un año y cuatro meses han estado sin reunirse, señor ministro, y por eso digo que ha mentido a esta Cámara—, y las asociaciones consideran esa reunión —y leo textualmente— como una tomadura de pelo. Dicen que ustedes siempre les han dicho lo mismo y que ellos se siguen planteando los mismos hechos.

Por tanto, ustedes, que todavía son el Gobierno, hagan y no digan que hacen. Hagan algo. Hoy tiene una oportunidad, señor ministro; venga a esta tribuna y deles una respuesta, y sobre todo, deles aliento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señora presidenta.

Señor Rodríguez Esquerdo, el hecho de que esta legislatura ya esté finalizando no va a cambiar mi manera de entender las cosas. Estoy dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a encontrar soluciones a los problemas, estoy dispuesto a que hablemos con fundamento de los temas. No voy a hacer demagogia como la que está haciendo usted esta tarde, proponiendo soluciones que no sé si usted ha estudiado porque para calificar este problema de delito de lesa humanidad será necesario que algún experto en derecho Penal lo estudie un poco. Quizá no sepa cómo funciona una organización administrativa, pero cuando esta se reúne con quien sea no hace falta que estén todas las personas. El director general de Administración y Justicia, que tiene rango y categoría suficiente, es la persona que lleva la Oficina, la que atiende a las víctimas, y por tanto, el Ministerio de Justicia, entendido como la unidad y la organización administrativa y pública, está permanentemente trabajando desde el año 2012 con las asociaciones de víctimas, cosa que ustedes no han hecho hasta que han descubierto el asunto muy recientemente.

Estoy satisfecho del trabajo que desde el año 2011 viene haciendo, no yo personalmente, como todos saben, sino el Ministerio de Justicia, creando la Oficina de atención a las víctimas, creando las bases de datos, trabajando con el Instituto Nacional de Toxicología, y reuniéndose repetidas veces con las asociaciones. Puedo entender perfectamente que se diga que el trabajo desarrollado no es suficiente, que faltan cosas por hacer. Estoy seguro de que quedan muchas cosas por hacer, pero decir que una oficina de funcionarios públicos es inoperante me parece una descalificación que no merecen los empleados que están al frente de ella. Decir que en este país tiene que venir la juez Servini a que se haga justicia porque aquí las causas se guardan bajo siete llaves, como ha dicho usted, no es de recibo; y yo me haría revisar las afirmaciones que ha hecho en esta Cámara porque me parecen bastante preocupantes. Ha dicho que se han falseado documentos públicos. Debe tener usted muchas pruebas que acrediten la cantidad de barbaridades que ha dicho usted en sede parlamentaria. Yo creo que hay que trabajar con seriedad y hacer muchas cosas que nos faltan por hacer, pero señoría, ni hablar de falseamiento de documentos públicos, ni de que las causas los jueces no las instruyen, ni de que va a venir la juez Servini a poner orden en España; y por supuesto, nada de descalificar la acción de los funcionarios públicos que llevan tres años trabajando en esa materia con intensidad, rigor y con profesionalidad. Yo creo que en este trabajo no nos sobra nadie; no nos sobran ni los jueces, ni los fiscales, ni los funcionarios, ni la Administración, ni los peritos; todos tienen que ayudar; todos tienen que trabajar, y a todos hay que ponerles en valor y a ninguno hay que descalificarle. Yo tengo una orientación práctica para atender las reivindicaciones de las asociaciones y para estudiar el documento que nos entregaron el día 17, y sé que ahí hay una serie de cuestiones que hay que estudiar como el tratamiento de datos y en qué medida se puede facilitar información a las asociaciones. (Protestas en la tribuna del público).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Sé que este debate es muy doloroso para ustedes pero les pediría que escuchen; si no, tendrán que ser desalojados. (Continúan las protestas en la tribuna del público).

Desalojen al público, si no quieren escuchar el debate. Salgan, por favor, de la tribuna, si no quieren escuchar este debate. Sé que es un debate muy doloroso para ustedes.



Por favor, desalojen. Si no quieren escuchar, váyanse, por favor.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Enhorabuena, señor Rodríguez Esquerdo. Si lo que buscaba usted era la confrontación con las asociaciones, aquí la tenemos. (Continúan las protestas en la tribuna del público.— Rumores.— Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Guarden silencio, por favor. Calmémonos por favor. (Rumores.— Protestas). Guarden silencio señorías; guarden silencio (Continúan los rumores); guarden silencio; si no, acabamos este debate; lo acabamos.

Ministro, tiene treinta segundos.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, insisto, desde el año 2012 estamos trabajando con intensidad en este compromiso ético y cívico para aclarar todas las causas implicadas en este asunto de los bebés robados; están trabajando la Fiscalía General del Estado, los servicios forenses, la justicia de España, la Administración Pública y este Gobierno; sabemos que tenemos muchas más cosas que hacer; las vamos a hacer; vamos a seguir comprometidos con este proyecto; ojalá tengamos un apoyo leal para conseguir este fin. No me parece que este sea un asunto como para generar polémicas políticas absurdas porque compartimos el objetivo, que es necesario esclarecer todo lo acontecido y que nunca más vuelva a suceder en nuestro país algo parecido a lo que sucedió y, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para lograrlo. Ojalá, algunos, además de hablar, también apoyen las medidas que tenemos que hacer y ayuden también en el trabajo en ese sentido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por favor guarden silencio. Suspendo la sesión por cinco minutos. (Continúan las protestas en la tribuna del público, que es desalojado.— El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por favor, que los servicios de seguridad se den prisa en desalojar la sala. (Rumores).

Silencio, por favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.

Mociones consecuencia de interpelación. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política industrial.

A esta moción consecuencia de interpelación le ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores senadores Iglesias y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo de cinco minutos, el senador Alique. (Continúan los rumores).

Silencio, señorías. Esto es una Cámara parlamentaria, les ruego que respeten el orden (Continúan los rumores). Silencio, señorías. (El señor López Águeda pide la palabra).

Senador López, tiene la palabra. (Continúan los rumores). Silencio, por favor.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

Se están profiriendo graves insultos en la bancada...(Rumores.— Protestas)... popular que espero que no consten en acta. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Yo recojo su protesta y ruego al Grupo Popular y al Grupo Socialista que mantengan el orden. (Rumores).

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: El Grupo Socialista no ha insultado a nadie.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): No corresponde a lo que es un Parlamento lo que se está viendo ahora. (Rumores.— Protestas).

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, acabo.

Yo quería solicitar con buenas formas al ministro que retire la felicitación malintencionada que ha hecho al portavoz del Grupo Socialista (Fuertes protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): No reabra el debate, señor López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Si me dejan, acabo en cinco segundos.

Lo que ha hecho el portavoz ha sido traer a esta Cámara un debate bien interesante y bien importante.

Gracias. (Aplausos.— Rumores.— Protestas).



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL. 671/000178 GPS

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Alique. (Continúan los rumores).

Señores senadores, en un día tan importante como hoy, en pleno solsticio de verano, ruego un poquito de paz.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el futuro no es una estación desconocida, se construye con las decisiones que tomamos en el presente. Pues bien, si nos remitimos a la época del Gobierno del Partido Popular con el señor Aznar podemos comprender gran parte de los problemas que existen en este momento y que han ocurrido con la industria española. En los últimos quince años el peso de nuestra industria en relación con el PIB ha pasado del 21 % al 16 %; la crisis ha destruido ya más empleo que el que se destruyó en la reconversión de los años ochenta —se han destruido cerca de un millón de empleos más que con la reconversión—, y casi uno de cada tres empleos destruidos durante la crisis lo ha sido en este sector. Además, las exportaciones y la actividad industrial, que en la última década iban casi a la par, ahora se han desacoplado, cada una va por su lado, y aunque las exportaciones crecen, lo hacen menos que en la pasada legislatura, con el Gobierno socialista. Y lo más grave es que las exportaciones no se comportan como tractor de la economía. Esta la realidad, señorías.

¿Y cuál es la causa de todo esto? Para ello, si me lo permiten, recurriré a unas palabras que pronunciaba el ministro de Industria, el señor Soria, hace un año en el diario El País, y que voy a leer textualmente. (Rumores). Señor presidente, no soy capaz de continuar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por favor.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Como he dicho, voy a leer textualmente las declaraciones del ministro de Industria en el diario El País: Entre 2000 y 2012 la industria española perdió peso con respecto al PIB. En su día apostamos por un crecimiento basado en la construcción. Ahora estamos en el 15,3 %. La Unión Europea se ha marcado como objetivo alcanzar el 20 %. Nosotros debemos ser realistas y primero recuperar el 18 % que teníamos en el año 2000.

¿Qué nos estaba diciendo aquí, hace un año, el señor Soria? Primero, que fueron las políticas del Partido Popular las que apostaron por un modelo de crecimiento basado en la construcción, basado, en definitiva, en el ladrillo. Y nos decía también que fue el Partido Popular el que abandonó las políticas industriales, hasta el punto de que el señor Aznar suprimió el Ministerio de Industria. Ahora solo existen ministro y ministerio de Industria en el titular, en el rótulo, porque no tenemos ministro de Industria. En todo caso será ministro del oligopolio eléctrico o ministro de pleitos judiciales, que es lo que ha acabado siendo con el ataque a las energías renovables y la cogeneración. No tenemos, por tanto, ministro de Industria, y lo más grave es que la responsable del ministerio, la secretaria general de Industria, recientemente no ha tenido ningún reparo en decir textualmente —y, además, en el Parlamento— que ella no habla de sectores industriales ni de reindustrialización y que además le parece exagerado el dinero que dedicaba el Gobierno socialista en el año 2011 a programas de reindustrialización.

La verdad es que el Gobierno del Partido Popular y el señor Soria lo tenían muy fácil —se lo dije el otro día—: continuar con el Plan de política industrial 2020, que fue aprobado con el consenso de todos los agentes económicos y sociales, las comunidades autónomas y los partidos políticos, un plan que tenía presupuesto y, sobre todo, rentabilidad, porque entre 2010 y 2011 la industria española experimentó tasas de crecimiento superiores a las del periodo de auge económico. Sin embargo, con la llegada del Partido Popular al Gobierno en el año 2012 la industria se volvió a contraer fuertemente. Por tanto, no cabe duda de que tenemos un problema serio de desindustrialización. Además, hay que recordar que el sector industrial es básico porque es el más productivo, el más competitivo y el que crea empleo de calidad. La conclusión es que para ganar el futuro hay que reindustrializar España. Cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea de tener en 2020 el 20 % del producto interior bruto destinado a la industria supondría crear 600 000 empleos adicionales en nuestro país.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y que decimos en esta moción, pero me centraré solo en alguna de ellas. La primera y fundamental es que hay que aumentar el número de empresas de tamaño medio y grande. Solo el 2 % de las empresas en nuestro país tiene más de veinte trabajadores. Podríamos aumentar un 15 % la productividad de nuestras empresas tan solo si alcanzasen el tamaño medio que tienen en Alemania. Hay que hacer una reforma en profundidad de la formación profesional para adaptar los ciclos formativos a las necesidades del sector productivo. Es necesaria una transición energética para bajar los costes energéticos, que es la principal causa de falta de competitividad de nuestras empresas. Es necesario aumentar los presupuestos en I+D+i, correlacionarlos y colaborar con el sector privado. Por último, la reindustrialización pasa por la apuesta clara por sectores de futuro. Hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por el ahorro y la eficiencia energética, y hay que apostar porque una parte del sector de la construcción se dirija hacia la rehabilitación de vivienda con un componente de eficiencia energética.

Señorías es necesario —y termino— reindustrializar España, y por eso les pedimos que apoyen esta moción. Porque —lo he dicho en más de una ocasión— sin industria no hay país, sin industria no hay futuro y sin industria no hay empleo de calidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alique.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En todas las encuestas realizadas a empresarios estos responden habitualmente que sus problemas fundamentales son, en primer lugar, uno obvio: tener demanda, tener clientes, pero en segundo y tercer lugar aparecen la financiación y los costes de producción. En relación con la financiación, es cierto que en los últimos tiempos parece que los bancos, ante la disponibilidad de liquidez que la política del Banco Central Europeo les ha proporcionado, están más dispuestos a conceder créditos a las pymes. Las previsiones de los analistas para 2015 incrementan un 4,1 % el crédito a las pymes, e incluso se empieza a establecer cierta práctica de competencia entre algunas entidades financieras para conseguir la captación de esos clientes, de las pymes, con una bajada de los tipos de interés. Sin embargo, en este escenario, más positivo, los tipos de interés que pagan nuestras pymes son, aún hoy, bastante superiores a los que se pagan en el resto de la Unión Europea: el tipo medio de concesión de crédito a las pymes ronda en este momento el 4,3 %.

El tercer problema es el de los costes de producción, y entre estos destacan los costes energéticos, sin ninguna duda. Entre 2008 y 2014 el precio de la electricidad en nuestro país se ha incrementado un 52 %, y a día de hoy los costes de la energía superan en un 42 % la media del coste de la energía en la Unión Europea. Este es uno de los elementos de pérdida de competitividad de nuestras empresas, y en algunos momentos la denuncia de esta situación por las grandes industrias consumidoras de energía ha ido acompañada de amenazas de deslocalización. En debates que se han traído a esta Cámara hemos tenido la oportunidad de analizar la situación de empresas relacionadas con la producción siderúrgica, la producción de cinc y de otros elementos metalúrgicos que conllevan un gran consumo energético, las cuales han puesto sobre la mesa que si no se les busca un sistema de acceso a la energía que suponga una reducción de sus costes se plantearían el traslado de esas producciones a otros países de la Unión Europea o de fuera de ella.

Como respuesta a esta realidad, al abrirse las opciones de captación de financiación que oferta el plan Juncker nuestro país ha apostado por mejorar la conectividad de los sistemas eléctricos de España. Todo ello debería dar como resultado una bajada de los precios para los consumidores industriales de energía eléctrica, pero no parece que la alternativa que se ha buscado por el Ministerio de Industria —el establecimiento de subastas periódicas— sea garantía suficiente para la consecución de este objetivo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso, nuestra enmienda propone que el Gobierno desarrolle estrategias dentro de la política energética que logren que los consumidores industriales de energía eléctrica consigan unos precios para esta que les sitúe en términos similares u homogéneos a los de sus competidores europeos, lo que sin duda pasa por una reducción del precio que pagan por el consumo de energía eléctrica.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique, para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño, y seré breve.

Coincidimos plenamente con la enmienda que presenta el senador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias. Creemos que ya se ha debatido en más de una ocasión en esta Cámara que es necesario acometer una transición energética para abaratar el coste de la energía, que es precisamente uno de los grandes problemas que tiene la industria española, que tienen nuestras empresas para ser competitiva. Pero, evidentemente, centrándonos solo en los grandes consumidores estaríamos excluyendo a otra parte del tejido industrial español, que también necesita abaratar costes. Y así, tal como indiqué en la interpelación al ministro, trece sectores industriales importantes de nuestro país firmaban recientemente un manifiesto dirigido al Gobierno diciéndole que la cogeneración es básica, que es una herramienta necesaria para la eficiencia de las empresas, para que sean competitivas en un mercado que está globalizado y que, por tanto, necesita uno de los factores más importantes como costes totales de una empresa, es decir, abaratar.

Como he comentado, en la moción se recoge el apoyo a la eficiencia energética, el apoyo a las energías renovables, y nos parece que debe quedar en esos términos. En otras iniciativas que se han presentado hemos debatido e incluido esas propuestas, y las hemos aprobado, pero en este caso no vamos a admitir la enmienda, no porque no coincidamos con ella, sino porque desvirtúa un poco la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lamento que no se acepte la enmienda, pero eso no va a impedir que vote a favor de la moción.

El sector industrial ha tenido en nuestro país un peso sobre el producto interior bruto muy superior al que tiene en este momento. En 1973, cuando se produce la primera crisis del petróleo, la participación del sector industrial en el producto interior bruto español era del 38,6 %. En 2014, como señala la moción, es del 16 %. Es verdad que a lo largo de estos años, y sobre todo en la crisis en la que se encuentra Europa desde 2007 hasta aquí, la participación de la industria en el producto interior bruto de cada uno de los Estados y en el conjunto de la Unión Europea ha caído, pero en nuestro país esa caída duplica la media de la Unión Europea. Resulta, por tanto, imprescindible hacer un esfuerzo como el que se plantea en la moción para alcanzar el objetivo —fijado por la Comisión Europea y compartido por nuestro país— de lograr que la participación del sector industrial en el PIB alcance el 20 %. Y ello, por razones muy variadas: desde la importancia que el sector industrial tiene como motor del desarrollo económico, hasta porque al sector industrial va asociado prácticamente el resto de los sectores. Del sector industrial cuelga un sector de servicios a la industria, del sector industrial cuelga una gran parte de las actividades relacionadas con la investigación y la innovación. El sector industrial resiste mejor que otros sectores las coyunturas negativas de una crisis, y de esa manera el empleo que se establece en el sector industrial es capaz de sobrevivir durante un tiempo mayor —al menos, que el de otros sectores— las situaciones negativas en la economía. Por otro lado, es un sector con una vocación de exportación natural, y que de esa manera contribuye a conseguir balanzas comerciales positivas para los Estados que apuestan por él.

En diferentes debates también hemos apuntado la necesidad de que una política industrial activa contribuya al desarrollo, a la consolidación de dicho sector, y hemos denunciado que, en nuestra opinión, el Gobierno de España está renunciando al desarrollo de esas políticas industriales, porque el ministerio dirige fundamentalmente la mayor parte de sus esfuerzos a la energía y, en segundo lugar, se prioriza el turismo, mientras que la parte industrial de la cartera es una especie de asignatura maría que se sobrelleva con mayor o menor dedicación, sin que, aparte de experiencias positivas, como la del plan PIVE, sea capaz de desarrollar iniciativas que vayan más allá del diseño de líneas de ayuda o de subvenciones.

Dentro del sector industrial —y con ello concluyo mi intervención—, creo que, sin cerrar los ojos a la trascendencia e importancia de cara al futuro que tienen los sectores innovadores, nunca se debe volver la espalda a los sectores tradicionales, aunque solo sea porque siempre resulta más fácil desarrollar una actividad o un sector, construir sobre lo que ya existe que sobre apuestas que pueden ser muy sugerentes en algunos momentos y estar perfectamente justificadas como consecuencia de los cambios que se desarrollan en la actividad productiva y en el conjunto de la economía, pero que son más arriesgadas en tanto en cuanto carecen del enraizamiento en la formación de trabajadores, en la tradición a la hora de conseguir financiación, de estar acreditadas como sectores capaces de devolver y generar la riqueza suficiente para que esas inversiones obtengan la rentabilidad imprescindible. Y en muchas ocasiones han sido las apuestas innovadoras las que han cegado las estrategias industriales, apuestas innovadoras en detrimento de otros sectores, que, siendo maduros, aún tienen posibilidades de desarrollar una actividad fructífera y servir de soporte a esa innovación que sobre ellos se puede realizar como una apuesta mucho más segura.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, a nosotros nos gusta esta moción, no solamente porque viene del señor Alique, que seguramente será el ministro de Industria en la sombra del líder Pedro Sánchez, sino porque el PIB vasco en materia industrial era en el año 2012 del 21,3, en España, del 15,9, y la media europea, del 17,1. Es decir, el Gobierno vasco y el PNV siempre han apostado por la industria porque consideramos que es el núcleo duro de una sociedad que quiere invertir y no quiere tener paro, fundamentalmente. Y España debería situar la política industrial en el centro, en la almendra de su acción política y de su agenda política.

Y hablando de almendra, tengo que decir que la Comisión de Industria viajó la semana pasada —jueves y viernes— a Salamanca. Estuvimos en Aldeadávila y Almendra, y estuvimos en una empresa nuclear. Por cierto, senador Alique, usted se perdió una buena visita a dos apuestas importantísimas. Además, tuvimos un anfitrión de lujo, el senador José Muñoz, que nos recibió y nos atendió fantásticamente. Fue una experiencia que ruego a sus señorías que tomen en cuenta en el futuro, porque vale la pena conocer algo tan importante como Aldeadávila y la propia Almendra. Como digo, senador Alique, se perdió un buen viaje, y creo que le falta esa parte de experiencia personal para tener un mayor conocimiento de la política industrial.

De todas maneras, seguimos insistiendo en que, efectivamente, la política industrial tiene que estar en la agenda política y en que las líneas de actuación para el desarrollo de la industria deben tener un carácter transversal, localizando nuevos mercados en el territorio internacional. Actualmente, cerca del 65 % de las exportaciones españolas lo son a países de la Unión Europea, lo que, lógicamente, lleva consigo un riesgo. Y no me quiero alargar mucho más, porque las intervenciones en las de mociones consecuencia de interpelación son de cinco minutos.

Para preparar esta intervención he buscado qué se ha hecho y qué se ha podido hacer durante estos últimos años en política industrial, y he encontrado un informe en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, presentado el 30 de octubre de 2013, que se llama Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España, elaborado sin coste por The Boston Consulting Group, con motivo de su 50 aniversario a nivel mundial y el 25 de su presencia en España, y en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Es un buen informe, del que, si me lo permiten, porque no tengo mucho más tiempo, voy a leer el índice. El papel de la industria española y la recuperación económica —importante—. La línea de actuación e iniciativa a desarrollar. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la economía. Mejorar la competitividad de las factorías productivas clave. Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i. Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las pymes españolas. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas. Aumentar el peso en la financiación no convencional de las empresas industriales. Apoyar la internacionalización de las empresas industriales y diversificación de mercados. Y orientar la capacidad de influencia de España en la defensa de sus intereses industriales.

La verdad es que se parece mucho a su moción, señor Alique. Es un buen trabajo el que se ha hecho. ¿Cuál es el problema de este tipo de trabajos y de este tipo de políticas? Que no se llevan a la práctica, desgraciadamente. Es decir, la teoría está en todas partes, el problema es —repito— llevarla a la práctica. Ojalá este Gobierno, en lo poquito que le queda, lo lleve a la práctica y su moción sea aprobada, y a usted, cuando sea ministro de Industria, también le aprueben su política industrial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres donarem recolzament a la moció que ha presentat el Grup Socialista. Ho farem perquè pensem que evidentment el país necessita una política industrial, una política de reindustrialització, no només per la pèrdua del pes de la indústria en el conjunt de la economia i del PIB, sinó també per altres raons que s’han citat en la presentació de la moció per part del senador socialista.

Evidentment, la indústria és qui crea una ocupació de més qualitat i més estable, és el sector que més impulsa la recerca, el desenvolupament i la innovació empresarial, és el sector que més contribueix a l’exportació i, per tant, a una bona balança de compte corrent. I ho fem també perquè és evident que al nostre país no existeix una estratègia de política industrial. Perquè si examinem alguns dels documents del ministeri, veurem que hi ha una certa similitud amb el document que citava el senador Anasagasti, però el problema no és només fer un document amb una diagnosi i amb algunes formulacions i algunes propostes genèriques, que segurament la majoria dels qui som aquí compartiríem a l’hora de realitzar aquesta diagnosi, de fer propostes genèriques, el problema és que no va més enllà del reforçar, modificar, continuar, però no s’acaba de concretar en mesures, en propostes concretes, en línies de treball concretes, i, evidentment, en traducció pressupostària. I aquest és un dels problemes que te la política industrial al nostre país.

Té un altre problema que és inicial, que és una competència compartida. La indústria, la competència sobre la indústria és una competència que és de l’Administració General de l’Estat, però també és competència de les comunitats autònomes. En tots els estatuts d’autonomia trobaran vostès a la indústria, entre d’altres, diguem, com una competència de les comunitats autònomes. A més a més, no és una competència del Ministeri d’Indústria. La majoria dels elements necessaris per desenvolupar una política industrial no estan en mans del Ministeri d’Indústria, estan en mans del ministre d’Economia, aquelles que tenen relació amb la innovació, amb la recerca, amb el desenvolupament, aquelles que tenen relació amb la internacionalització de l’empresa, són elements fonamentals per tenir una política industrial, no estan en mans del ministre d’indústria. Tampoc està la política fiscal en mans del ministre d’Indústria, que és un element determinant. Tampoc està, en aquest cas, altres instruments com són els relatius a la formació, a la capacitació del personal, o aquells que tenen relació amb la reducció de càrregues burocràtiques també per la creació d’empreses, o amb les mesures que puguin estimular entre d’altres coses el que les empreses espanyoles tinguin més dimensió, perquè aquest és un dels problemes que tenim si ho analitzem en relació amb altres països europeus. És un problema també de dimensió empresarial, i el solucionar aquesta qüestió no està en mans de l’agenda del ministeri d’Indústria, sinó en el conjunt del Govern. I aquest és el problema: el que no hi ha una estratègia industrial global assumida pel conjunt del Govern. No és una cosa exclusivament que ha de portar el ministre d’Indústria, sinó el Govern. Jo no he escoltat aquí evidentment en cap moment el president del Govern parlar del paper important de la indústria, ni al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques tampoc, ni al ministre d’Economia. I això és entre d’altres coses perquè no consideren, o no han considerat que la indústria ha de ser un eix estratègic, central de la política econòmica del Govern.

I aquesta és la qüestió. I a més a més, després s’ha de saber concertar amb les comunitats autònomes, evidentment que sí, perquè també tenen un paper. I fins i tot en alguns aspectes s’ha de concertar amb els sindicats i les organitzacions empresarials. Miren vostès, si en algun sector sectorial, —valgui la redundància—, la indústria està en una posició relativament bona és el del sector del automòbil, entre d’altres coses perquè hi ha polítiques concertades entre l’Administració central i les comunitats autònomes, i també pactades amb les empreses i pactades amb els sindicats. És un exemple de coses que funcionen, que funcionen ara i que funcionaven abans. El problema és que això es pot resumí, es pot apuntar, en el sector exclusivament de l’automòbil, però no és pot traslladar a cap altre sector, malauradament.

I amb això acabo. El que vull dir és que sí que necessitem una estratègia industrial per Espanya de caràcter global, la necessitem concertada perquè, evidentment, la reindustrialització a què fa referència la moció, és una tasca absolutament necessària.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Socialista, y lo haremos porque creemos que el país necesita una política industrial, una política de reindustrialización, no solo por la pérdida del peso de la industria en el conjunto de la economía y del PIB, sino también por otras razones que ha citado el senador socialista en la presentación de la moción.

Evidentemente, la industria crea una ocupación de más calidad, más estable, es el sector que más impulsa la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial, es el sector que más contribuye a la exportación, y, por tanto, a la balanza de cuenta corriente. Y también apoyamos la moción porque es evidente que en nuestro país no existe una estrategia de política industrial. Si examinamos algunos documentos del ministerio vemos que hay una cierta similitud con el documento que citaba el senador Anasagasti, pero el problema no es solo confeccionar un documento con un buen diagnóstico y algunas propuestas genéricas que seguramente compartiríamos la mayoría de los que estamos aquí, el problema es que no van más allá de reforzar, modificar, continuar, y no acaban de concretarse medidas, propuestas, líneas de trabajo y su traducción presupuestaria. Este es uno de los problemas que tiene la política industrial en nuestro país.

Tiene otro problema, éste inicial: que es una competencia compartida, porque la competencia sobre la industria es de la Administración General del Estado, pero también de las comunidades autónomas. En todos los estatutos de autonomía encontrarán, entre otras, que la industria es una competencia de las comunidades autónomas. Además, no es una competencia del Ministerio de Industria. La mayoría de los elementos necesarios para desarrollar una política industrial no está en manos del ministro de Industria, sino en manos del ministro de Economía, tanto los que tienen relación con la innovación, la investigación y el desarrollo, como los que tienen relación con la internacionalización de la empresa, elementos fundamentales para tener una política industrial. Como digo, no están en manos del ministro de Industria. Tampoco lo está la política fiscal, y es un elemento determinante. Ni en este caso otros instrumentos, como los relativos a la formación, la capacitación del personal o aquellos relacionados con la reducción de cargas burocráticas para la creación de empresas. O las medidas que puedan estimular que las empresas españolas tengan más dimensión, uno de los problemas que tenemos en relación con otros países europeos. Es también un problema de dimensión empresarial. Y solucionar esta cuestión no está dentro de la agenda del Ministerio de Industria, sino de la del conjunto del Gobierno. Y este es el problema: que no existe una estrategia industrial global asumida por el conjunto del Gobierno. No es algo que tenga que llevar exclusivamente el ministro de Industria sino el Gobierno. Y no he escuchado aquí en ningún momento al presidente del Gobierno hablar del importante papel de la industria ni al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ni al ministro de Economía. Y eso es, entre otras cosas, porque no han considerado que la industria tiene que ser un eje estratégico, central, de la política económica del Gobierno.

Esta es la cuestión. Además, después hay que saber concertarla con las comunidades autónomas, evidentemente, porque también tienen un papel. E incluso en algunos aspectos se debe concertar con los sindicatos y las organizaciones empresariales, porque si en algún sector sectorial —valga la redundancia— la industria se encuentra en una posición relativamente buena es en el sector del automóvil, entre otras cosas, por la existencia de políticas concertadas entre la Administración central y las comunidades autónomas, y también pactadas con las empresas y los sindicatos. Este es un ejemplo de cosas que funcionan, que funcionan ahora y funcionaban antes. El problema es que esto se puede apuntar en el sector exclusivamente del automóvil pero, desgraciadamente, no se puede trasladar a ningún otro sector.

Termino diciendo que necesitamos una estrategia industrial para España de carácter global, concertada, porque, evidentemente, la reindustrialización a la que hace referencia la moción es una tarea absolutamente necesaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies president.

Senadors, nosaltres també compartim amb bona mesura els objectius i els punts bàsics d’aquesta moció. Ho compartim amb aquesta estratègia de que cal focalitzar en la indústria, no m’agrada dir la paraula, reindustrialització, perquè a vegades pot semblar que haguem quedat sense indústria, però parlant o de reindustrialització o de reactivació industrial en alguns casos, cal definir unes estratègies que ens puguin permetre desenvolupar la política industrial. Política industrial que ha d’anar, como ja s’ha dit, marcada amb concordança amb les comunitats autònomes, ja que la competència és compartida. Crec que podem dir perfectament que Europa serà industrial o no serà. Europa serà industrial o no serà. La industria està tornant a Europa. I hem de potenciar i seguir les directrius europees en marcar l’estratègia que es pot definir des de l’Estat espanyol amb la industrialització. El senador Anasagasti ho ha dit, i el cas nostre de Catalunya també és així, nosaltres ja estem per sobre del 20 % d’industrialització que marca l’objectiu 2020 de la Comissió Europea, de la Unió Europea. I el nostre objectiu és que l’any 2020 anéssim cap al 25 %. Seria l’objectiu que des de Catalunya voldríem prendre com a criteri bàsic per assolir aquesta industrialització.

M’agradaria poder marcar tres àmbits on crec que s’ha d’actuar en qualsevol pla d’ industrialització. El primer seria que amb les diferents administracions que en tenen part, entitats socials, sindicats, que poguéssim definir un sistema de detecció dels riscos en el sector industrial, que fóssim capaços de veure amb aquests sectors que encara estan vius, els que poden patir per causes que poden venir de la globalització, dels canvis de la demanda. Això seria molt important per poder enfocar abans de prendre decisions més dràstiques. I crec que seria important, un dels punts seria el que en podríem dir polítiques actives. Hem d’actuar com estem fent, molt profundament des de Catalunya amb el RIS 3, els plans RIS 3, de l’estratègia intel·ligent especialitzada, per tal de promoure els clústers empresarials, tant a nivell regional com a nivell sectorial, que potencien l’excel·lència, que potencien la competitivitat i la productivitat; són bases que podem treballar en aquest àmbit dels clústers i de l’excel·lència. A Catalunya ho estem fent amb l’agroalimentària, amb l’automoció, amb l’aeronàutica, amb el sector farmacèutic, amb el químic, i això permet potenciar que hi haja inversió en innovació, en recerca i, sobretot, en creació d’start-ups. I també ens permet guanyar amb aquests clústers, guanyar capacitat, guanyar grandària de les empreses per poder competir conjuntament i definir estratègies conjuntes, que ens permetin entre d’altres coses afrontar la internacionalització i la globalització, que és inevitable en aquests moments.

Per tant, és bàsic que puguem definir aquestes línies que en podríem dir de polítiques actives que són les que hem d’enfocar directament a la indústria. Però hi ha d’altres que es basen en altres aspectes. Evidentment —ho han dit altres senadors—, una és amb els costos, la indústria afronta uns costos que no depenen directament de la seva activitat industrial i que podrien rebaixar-se profundament i ajudar-los amb la seva supervivència, amb la seva reconversió. El primer és l’energia. Hem parlat aquí entre d’altres coses d’autoconsum. Amb aquest viatge que deia el senyor Anasagasti a Salamanca, vam veure com l’empresa Unesa te tancada una planta de biogàs, perquè com no es vol considerar els purins com tractament de residus sòlids per part del Ministeri d’



Insdústria, tenen una planta que els serviria per poder reduir costos. Això ho hem de caviar. Hem de fomentar també totes les infraestructures, des d’un punt de vista molt intel·ligent i que potencien les àrees industrialitzades perquè les ajudin encara a mantenir la seva productivitat.

Hem de treballar també, aquí s’ha dit, tot l’àmbit de la fiscalitat, no tant d’anar buscant ajudes, subvencions, sinó que creem un marc estable i a llarg termini perquè les empreses puguin innovar, puguin fer recerca i puguin invertir en capacitat de poder produir. I finalment, basic, la capacitat i la formació. Necessitem treballar la formació dual. Necessitem que els nostres joves puguin anar conjuntament amb les empreses, aprofitant els sistemes com estan funcionant a Àustria, Dinamarca o Alemanya —i vaig acabant—, per poder tenir aquesta formació dels joves directament a les empreses, i que la formació que les empreses donen no es perdi al cap de poc temps. I treballar molt per la transferència tecnològica empresa-universitat, col·laborar empresa i universitat no significa privatitzar la universitat, significa garantir que hi haja una transferència del millors valors dels nostres estudiants cap a l’empresa i que sigui productiu.

Moltes gràcies, president.

Gracias, presidente.

Señores senadores, nosotros también compartimos en buena medida los objetivos y puntos básicos de esta moción. Compartimos la estrategia de que es necesario focalizar en la industria. No me gusta citar la palabra reindustrialización, porque puede parecer que nos hemos quedado sin industria, pero, hablando de reindustrialización o de reactivación industrial en algunos casos, es necesario poder definir unas estrategias que nos permitan desarrollar la política industrial, una política industrial que tiene que ir, como se ha indicado, en concordancia con las comunidades autónomas, ya que la competencia es compartida. Creo que podemos decir perfectamente que Europa será industrial o no será. La industria está volviendo a Europa y hay que potenciar y seguir las directrices europeas y marcar la estrategia que se puede definir desde el Estado español en materia de industrialización. El senador Anasagasti lo ha dicho, y en nuestro caso, en Cataluña, también es así. Nosotros estamos por encima del 20 % de industrialización que marca el objetivo 2020 de la Unión Europea, y nuestro objetivo es que en el año 2020 podamos llegar al 25 %. Ese sería el objetivo que Cataluña quisiera tener como criterio básico para llegar a esta industrialización.

Me gustaría poder enmarcar tres ámbitos en los que creo que se debe actuar en cualquier plan de industrialización. El primero, que las diferentes administraciones que toman parte, entidades sociales y sindicatos pudiesen definir un sistema de detección de los riesgos en el sector industrial, que fuésemos capaces de ver en aquellos sectores que todavía están vivos lo que puedan sufrir por causas que puedan venir por la globalización y los cambios de la demanda. Eso sería muy importante para poder hacer un enfoque antes de tomar decisiones más drásticas y creo que uno de los puntos importantes serían las políticas activas. Tenemos que actuar, como lo estamos haciendo muy profundamente desde Cataluña, con los planes RIS 3 de la estrategia de inteligencia especializada para promocionar los clusters empresariales tanto a nivel regional como a nivel sectorial, que potencian la excelencia, la competitividad y la productividad; son bases con las que podemos trabajar en este ámbito de los clusters y de la excelencia. En Cataluña lo estamos haciendo con la agroalimentaria, la automoción, la aeronáutica, la farmacéutica y el sector químico, y esto permite potenciar que exista inversión en innovación, investigación y, sobre todo, creación de startups. Estos clusters también nos permiten ganar capacidad, tamaño de las empresas para poder competir conjuntamente y definir estrategias conjuntas que nos permitan, entre otras cosas, afrontar la internacionalización y la globalización que es inevitable en estos momentos.

Por tanto, es básico que podamos definir estas líneas que podríamos llamar de políticas activas, que son a las que hemos de enfocar directamente a la industria, pero hay otras que se basan en otros aspectos. Evidentemente —lo han dicho aquí otros senadores—, la industria afronta unos costes que no dependen directamente de su actividad industrial y que podrían rebajarse profundamente y ayudarlos en su supervivencia, en su reconversión. El primero es la energía y se ha hablado aquí entre otras cosas de autoconsumo. Hay que decir al senador Anasagasti que en este viaje a Salamanca vimos cómo la empresa Unesa tenía cerrada una planta de biogás porque por parte del Ministerio de Industria no se quieren considerar los purines como tratamiento de residuos sólidos, una planta que les serviría para poder reducir costes. Esto hay que cambiarlo, tenemos que fomentar todas las infraestructuras desde un punto de vista muy inteligente y que potencien las áreas industrializadas para que las ayuden a mantener su productividad.

Tenemos que trabajar todo el ámbito de la fiscalidad, no solo ir buscando ayudas y subvenciones, sino crear un marco estable y a largo plazo para que las empresas puedan innovar, puedan hacer investigación e invertir en capacidad para poder producir. Finalmente algo básico, la capacidad y la formación. Necesitamos trabajar la formación dual, necesitamos que nuestros jóvenes puedan ir conjuntamente con las empresas, aprovechando sistemas como los que funcionan en Austria, en Alemania o en Dinamarca —voy terminando— para poder tener esta formación de los jóvenes directamente en las empresas y que la formación que las empresas dan no se pierda al cabo de poco tiempo. Asimismo, debemos trabajar mucho para la transferencia tecnológica empresa-universidad. La colaboración empresa-universidad no significa privatizar la universidad, significa garantizar que haya una transferencia de los mejores valores de nuestros estudiantes hacia la empresa y que sea productiva.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Anasagasti, lo que le puedo garantizar es que el gran problema que tiene la industria española —como usted bien sabe— es que no hay ministro de Industria, pero eso se va a solucionar porque pronto habrá elecciones, volverá el Gobierno socialista, será Pedro Sánchez el presidente del Gobierno. (Protestas), e independientemente de quién sea el ministro o la ministra, habrá política industrial y sobre todo habrá estrategia industrial.

Señorías, hay tres elementos fundamentales que influyen claramente en el desarrollo de una empresa, son los costes financieros, los costes laborales y los costes energéticos. Como dije en la interpelación al ministro hace unas semanas, los costes financieros son en los que ha tenido más dificultad la industria española en estos tiempos, sobre todo porque la mayoría, un 90 %, está integrada por pymes, que tienen dificultades para exportar y que, además, están centradas en segmentos de tecnología baja y muy baja que les hace mucho más difícil competir en un mundo globalizado. Han tenido serias dificultades para la financiación, para acceder al crédito y cuando lo han hecho se han financiado al doble que una empresa alemana, y eso ha sido perjudicial para su competitividad. Por lo tanto, el primer elemento al que me refería, el de los costes financieros, no ha tenido resolución por parte de este Gobierno en esta legislatura. Primer fracaso del Gobierno.

En los otros dos costes, los laborales y los energéticos, resulta que el Gobierno ha decidido impulsar reformas por la vía de bajar los costes laborales, pero no por la vía de bajar los costes energéticos. Con la reforma laboral el Gobierno ha facilitado el despido, ha precarizado el empleo y ha bajado los salarios. La consecuencia es que se ha creado una nueva clase de trabajadores: los trabajadores pobres. El Gobierno ha pretendido mejorar la productividad a costa de precarizar el empleo, convirtiendo a los trabajadores españoles en los chinos de Europa. Por contra, los costes energéticos han crecido sustancialmente. Hay que recordar que los costes energéticos representan entre un 20 y un 30 % —cuando no más en algunas empresas— sobre el total del coste de producción de una empresa y precisamente los costes energéticos han sido el principal problema que han tenido nuestras empresas para ser competitivas en un mundo globalizado.

También con la contrarreforma energética del Gobierno se ha atacado a la cogeneración, que es una herramienta básica para la industrialización de España. Y es que, efectivamente, como decían 13 sectores industriales recientemente en un manifiesto, sin cogeneración no hay industria en nuestro país. Esto lo han entendido muy bien países como Alemania, que a pesar de tener una industria fuerte, una industria competitiva, sin embargo han hecho una clara apuesta por la cogeneración. Este, además, es otro ejemplo de cómo el Gobierno del Partido Popular camina en dirección contraria a lo que hacen otros Gobiernos de países desarrollados; de esta manera, países como Alemania apuestan por las energías renovables, apuestan por la cogeneración, al mismo tiempo que vemos que el Gobierno español las penaliza y las ataca.

El resultado de la política económica del Gobierno no puede ser más desalentador, como reconocía recientemente el director de Unesid. Decía: Les recuerdo que todo lo que hemos ahorrado —lo decía él— con la reforma laboral se lo ha zampado el recibo de la luz. Pero más clara seguramente ha sido la propia secretaria general de Industria del Ministerio, que ha dicho en sede parlamentaria que no hay empresa que no vaya a su despacho y que el principal problema que le plantee no sea el de los altos costes energéticos.

Señorías, las políticas del Partido Popular han hecho menos competitiva nuestra industria, menos competitivas nuestras empresas. Con las políticas del Partido Popular se ha hecho estragos para la clase media y ha hecho a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Recientemente conocíamos un informe en el que se refleja que ha crecido un 40 % el número de ricos en nuestro país, al mismo tiempo que han crecido las bolsas de pobreza y que hay desigualdad, hasta el punto de que somos, según la Unión Europea, el segundo país donde más han crecido las desigualdades. Las mismas políticas antisociales y neoliberales del Partido Popular han producido un efecto: el de crear más ricos, que sean los ricos más ricos, y el contrario, es decir, que haya más pobres y que sean cada vez más pobres. Les recuerdo que hay 2,5 millones de niños que sufren la pobreza infantil, que hay 3 millones de desempleados que no cobran prestación y que hay 400 000 jóvenes que han tenido que marcharse de este país para ganarse la vida.

Es evidente que hay que cambiar esta realidad, hay que cambiar esta situación y para ello es fundamental, en primer lugar, derogar la reforma laboral que ha instaurado la precariedad. En segundo lugar, como decía, la industria tiene que pasar a representar un 20 % del PIB. Hay que dejar de castigar fiscalmente a las pequeñas empresas que quieren dar el salto a ser medianas. Hay que crear un banco público de inversión, como han hecho países como Alemania, para garantizar la financiación real de las empresas. Y por último, termino, señor presidente, hay que apoyar la economía verde, hay que apoyar las energías renovables, hay que apoyar la rehabilitación de viviendas con un componente sostenible…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Porque, como dice un informe de la OIT, con ello podríamos crear hasta un millón de empleos de aquí al año 2020.

Ya sabemos que el Partido Popular no lo ha hecho, sabemos que no lo hará, pero no se preocupen, como le decía al señor Anasagasti, que en unos meses habrá un ministro socialista que hará política industrial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Alique, usted nos dice que el peso de nuestro sector industrial está muy lejos del que sería deseable, y le tengo que decir que sí, que es cierto; pero lo que no le he oído a usted es que durante la legislatura pasada la producción industrial cayó casi 5 puntos del PIB, un 30 %, y quedó un 22 % por debajo de la media de los 7 países más competitivos.

Usted nos dice que los españoles quieren que se cree empleo, y por supuesto que es cierto; pero se calla que durante esa misma legislatura se perdieron 3 400 000 puestos de trabajo y en la industria se perdieron 660 000. No le he oído hablar de los cientos de miles de pymes y de autónomos que cerraron durante esa legislatura, ni de las 30 000 fábricas que tuvieron que cerrar en los ocho años de su Gobierno. Y este es el balance de esa política industrial de la que usted tanto alardea.

Señor Alique, es cierto, ustedes en el año 2010, cuando faltaba un año para acabar la legislatura, con un diagnóstico erróneo que nada tenía que ver con la situación que estaba pasando la industria en ese momento, aprobaron un plan de política industrial que era totalmente irreal porque en plena crisis, cuando no había dinero, cuando había un gran déficit, decían que le iban a destinar 82 000 millones de euros.

Yo no quiero asustar a nadie, como decía una portavoz socialista que ha intervenido esta tarde, pero la realidad es que ustedes dejaron este país en quiebra, lo dejaron en plena recesión, a punto de salir del euro y al borde del rescate económico. Y ha sido el actual Gobierno el que, después de hacer un diagnóstico certero, ha puesto en marcha una política económica de consolidación fiscal con la que se ha reducido el escandaloso déficit público que ustedes nos dejaron, y además ha emprendido una serie de reformas estructurales que han sido duras, difíciles de adoptar y mucho más de explicar con las que se le ha dado la vuelta a este país y, como decía esta tarde el presidente del Gobierno, se ha logrado que hoy seamos el país que más crece de Europa.

Uno de los pilares fundamentales de esa política económica ha sido la industrial, en la cual han intervenido todos los ministerios del Gobierno, pues se han tomado medidas en muchos campos: en el energético, en el medioambiental, en el fiscal, en el laboral, y con esas medidas se ha logrado crear un entorno empresarial favorable al desarrollo industrial y hacer que nuestra industria sea mucho más competitiva y juegue el papel de protagonista que le corresponde. Asimismo, el Ministerio de Industria ha realizado una política industrial activa y con ella se ha reforzado la financiación no bancaria, se ha apoyado a sectores concretos y también se ha aprobado esa agenda de la cual nos hablaba el señor Anasagasti, que ha servido para detectar las medidas necesarias al objeto de que nuestra industria pueda salir fortalecida, sea potente y pueda competir en los mercados internacionales. Y los resultados son palpables, se ven, porque en el año 2014 la producción industrial, esa que con los socialistas cayó un 30 %, por primera vez en muchos años ha crecido y lo ha hecho un punto porcentual; pero es que en ese año la inversión extranjera aumentó un 17 % y las ventas de las grandes empresas crecieron 4,5 puntos; además, en lo que llevamos de año, hasta el mes de abril, las exportaciones están batiendo un récord histórico del 4,9 %, y hoy mismo hemos podido leer en la prensa que la producción de nuestras fábricas ha retomado los niveles previos a la crisis.

Señor Alique, todos sabemos que la única fórmula para crear empleo es que se creen empresas. Pues bien, usted no nos ha dicho que en los dos últimos años de su Gobierno, 2010 y 2011, se cerraron 81 000 pymes y autónomos y tampoco le he oído decir que el año pasado, en 2014, se han creado 42 000 pymes y 75 500 autónomos —esa es la diferencia— y el hecho es que hoy el 73 % de las empresas dicen que quieren ampliar plantilla, por lo que creo que algo se ha debido hacer bien, porque hemos pasado de un proceso de destrucción continua de puestos de trabajo a una etapa de creación de empleo continuada. El presidente del Gobierno nos decía esta tarde: 440 000 empleos se han creado en el año 2014 y en este año se van a crear 600 000.

Todo esto demuestra —y con esto acabo, señor presidente— que vamos por el buen camino para que el peso del sector industrial siga aumentando en nuestro PIB, pueda llegar a ese 20 % en el año 2020...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Acabo, señor presidente.

Para que nuestra economía tenga un crecimiento sostenible y para que se siga creando empleo, que esto es lo que realmente importa a los españoles. Por eso vamos a votar en contra de esta moción.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



HABILITACIONES

PLENO DEL SENADO. 551/000066

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión plenaria extraordinaria los días 7, 8 y 9 de julio de 2015 con el siguiente orden del día:

1. PREGUNTAS

2. INTERPELACIONES

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4. MOCIONES

5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

5.1.2. Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

5.1.3. Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

Comisión: Justicia

5.1.4. Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

5.1.5. Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas.

Comisión: Economía y Competitividad

6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública.

Esta autorización incluye tanto el cómputo de los plazos a los que se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las reuniones de las comisiones y sus órganos que resulten necesarias para la tramitación de las iniciativas incluidas en el orden del día de dicha sesión plenaria extraordinaria.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.



TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. 551/000067

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación de los plazos y las reuniones necesarias de los órganos de la Cámara para la tramitación de las siguientes iniciativas durante el periodo extraordinario de sesiones:

Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social procedente del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero.

Proyecto de Ley de patentes.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1988, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.

Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social.

Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas.

Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Proyecto de Ley de voluntariado.

Proyecto de Ley del tercer sector de acción social.

Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, procedente del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo.

Proyecto de Ley de seguridad nacional.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación.

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Proyecto de Ley orgánica del Código Penal Militar.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Proyecto de Ley de carreteras.

Proyecto de Ley del sector ferroviario.

Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento, procedente del Real Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo.

Proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Muchas gracias.



ELECCIÓN DE CARGOS EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES. 551/000068

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación durante el periodo extraordinario de sesiones para la celebración a lo largo del mismo de sesiones extraordinarias de comisiones para que procedan a cubrir las vacantes que se puedan producir en sus Mesas.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.



COMISIÓN DE CULTURA. 551/000063

El señor presidente da lectura al punto 6.4.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura el día 6 de julio de 2015 con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 187 813.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.



COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL. 551/000064

El señor presidente da lectura al punto 6.5.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Estudio sobre el trabajo y la explotación infantil el día 6 de julio de 2015 con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado, con número de registro de entrada 187 836, así como las correspondientes sesiones extraordinarias durante el mismo mes.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.



PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D. 551/000069

El señor presidente da lectura al punto 6.6.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria el día 1 de julio de 2015 de la mencionada ponencia para la aprobación del informe.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 551/000069

El señor presidente da lectura al punto 6.7.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria el día 1 de julio de 2015 para la aprobación del informe elaborado por la Ponencia estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES

DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY. 551/000065

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: Al amparo de lo establecido en los artículos 75.2 de la Constitución y 130.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en su reunión del 23 de junio de 2015 y a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha resuelto proponer al Pleno la delegación de la competencia legislativa en las Comisiones correspondientes para la aprobación de los siguientes proyectos de ley:

Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, procedente del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Economía y Competitividad.

Proyecto de Ley de patentes. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Industria, Energía y Turismo

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas.

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Comisión: Economía y Competitividad.

Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria. Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1988, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. Comisión: Asuntos Exteriores.

Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Comisión: Economía y Competitividad.

Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Comisión: Empleo y Seguridad Social.

Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas. Comisión: Empleo y Seguridad Social

Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Comisión: Justicia.

Proyecto de Ley de voluntariado. Comisión: Sanidad y Servicios Sociales.

Proyecto de Ley del tercer sector de acción social. Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, procedente del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo. Comisión: Empleo y Seguridad Social.

¿Se aprueba dicha delegación?

Queda aprobada.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.


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