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DS. Senado, Pleno, núm. 159, de 10/06/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 74

celebrada el miércoles, 10 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para potenciar el deporte aficionado y sin ánimo de lucro. 671/000177 deporte GPCIU


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a fomentar el relevo generacional en el sector agrario. 662/000196 sector agrario; trabajo de jóvenes GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para modificar la aplicación en nuestro país de la Política Agrícola Común (PAC). 662/000198 política agrícola común GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 662/000197 Marruecos; Sáhara Occidental; independencia nacional GPV


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000126 Navarra; cooperación administrativa; fiscalidad; relación Estado-entidades territoriales


DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. 621/000119 Derecho civil; Derecho mercantil; jurisdicción judicial Justicia


PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. 543/000007 autonomía local; despoblación; entidad local; migración rural Entidades Locales


CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

Convenio marco de colaboración y apoyo mutuo entre las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Galicia en materia de protección civil y gestión de emergencias. 592/000015 Galicia; Principado de Asturias; cooperación administrativa; estado de emergencia; protección civil XUNTA DE GALICIA CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DEPORTE AFICIONADO Y SIN ÁNIMO DE LUCRO. 671/000177 GPCIU

El señor Maldonado i Gili expone la interpelación.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor De España Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 183; votos emitidos, 182; a favor, 72, en contra, 110.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FOMENTAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO. 662/000196 GPP

La señora Leyte Coello defiende la moción.

El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Leyte Coello expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Leyte Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 138; en contra, 83.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MODIFICAR LA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC). 662/000198 GPS

La señora Coves Botella defiende la moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Coves Botella expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Moya Moreno, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 25.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI. 662/000197 GPV

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y del señor Mariscal Cifuentes.

El señor Sabaté Borràs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Anasagasti Olabeaga expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, la señora Julios Reyes, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 92; en contra, 137; abstenciones, 2.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000126

En nombre del Gobierno, hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

En turno de portavoces intervienen el señor Eza Goyeneche y el señor Unamunzaga Osoro, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto favorable al proyecto de ley.

Se procede a votar .................................................................................... 15530

El señor presidente informa de que queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 621/000119 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 2, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Cuevas Cuerda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Cuevas Cuerda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto .................................................................................... 15531

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha abstenido en las cuatros propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 229 más 1 voto telemático, 230; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 15 más 1 voto telemático, 16.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 227 más 1 voto telemático, 228; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 15 más 1 voto telemático, 16.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 231, más 1 voto telemático, 232; votos emitidos, 229, más un voto telemático, 230; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 16, más 1 voto telemático, 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 232, más 1 telemático, 233; votos emitidos, 230, más 1 telemático, 231; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 15, más 1 voto telemático, 16.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 12 a 139 y 141 a 153, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora. Capella i Farré defiende las enmiendas 1 a 11, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta senadora.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 154 y 155, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas 245 a 433 y 434 a 575, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 156 a 244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas 576 a 766, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Cuevas Cuerda da por defendidas las enmiendas 767 a 778 y 780 a 787, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y hace a la vez uso del turno en contra de las enmiendas de los demás grupos parlamentarios.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Cuevas Cuerda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar .................................................................................... 15543

Se rechazan todas las enmiendas excepto las números 94, 245, 255, 256, 517, 576, 586, 587, 768 a 777, 779, 780, 782, 784, 786 y 787.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 187 467, 187 468, 187 469, 187 470, 187 471,  87 472, 187 473, 187 474, 187 475, 187 476, 187 477, 187 478, 187 479, 187 480, 187 481, 187 482, 187 483, 187 484, 187 485 y 187 490.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA. 543/000007 Entidades Locales

El señor García Martínez presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Martínez Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe de la Ponencia por asentimiento de la Cámara.



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE GALICIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS. 592/000015 XUNTA DE GALICIA CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DEPORTE AFICIONADO Y SIN ÁNIMO DE LUCRO. 671/000177 GPCIU

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.4

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación no se han presentado enmiendas.

En turno a favor, tiene la palabra el señor Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia.

La veritat és que en cinc minuts és molt difícil exposar aquesta moció. És una moció que, per se, té sis enunciats, sis punts, que desenvolupen el seu missatge. És una moció que tanca un cicle.

Durant tota la legislatura, aquest portaveu, com a portaveu d’esports de Convergència i Unió, he fet preguntes parlamentàries al Govern per escrit, he fet iniciatives, mocions, compareixences, interpel·lacions, i avui diria que aquesta és la moció que tanca el cicle. I la veritat és que amb poc èxit, perquè fins ara l’únic que fem són llistats de greuges, preocupacions, angoixes; sentiments del sector que fa arribar als grups, entre altres el nostre, que l’esport amateur, l’esport de base, l’esport aficionat, està tocat de mort. Sé que el ministre Wert no comparteix aquesta afirmació. Però un dels motius d’aquesta moció és conscienciar. Jo sé que la majoria absoluta del Partit Popular condemna a la mort, a la negativa d’aquest Senat, aquesta moció. Ho sé. Algú de vostès podria dir: doncs per què la presenta? Per responsabilitat, perquè som aquí per defensar els sectors, per sentiment, perquè jo m’estimo l’esport ‒l’esport català i l’esport en general‒ i veig com pateix, i per conscienciar.

No diré noms, lògicament, però la moció conseqüència d’interpel·lació que avui presentem va fer que a l’anterior ple, després de la interpel·lació al ministre, on explicàvem això que avui demanem i instem al Govern, en acabar la meva intervenció i el ple, tres alcaldes i senadors del Partit Popular, per separat, em diguessin amb paraules textuals: «Maldonado, tiene razón, estamos preocupados. En nuestro municipio el deporte base sufre». Lògicament, per disciplina de partir, ells varen votar en contra, i avui votaran en contra. Però la seva consciència i responsabilitat política fa que sàpiguen que això que demanem no és una petició sectària ni una petició polititzada; és una necessitat del sector esportiu català i estatal. Perquè aquests tres alcaldes no eren catalans, curiosament; eren de la restat de l’Estat. A ells els agreixo l’honestedat. I sobre aquesta base, l’únic que faig és esmentar que també al PP hi ha gent preocupada, i molta. Gent del PP que poden ser alcaldes, o presidents de clubs, o esportistes federats. A ells els toca conscienciar el Govern.

Explicaré la interpel·lació. 1.300 dirigents esportius catalans, de la societat civil, per primera vegada a la història, van treure una targeta vermella i van demanar al Govern que rectifiqués, amb un memorial de greuges. No tinc temps d’exposar-los, però sí d’enumerar-los: llicència única; voluntariat esportiu; impost sobre el valor afegit (IVA) reduït; impost de societats; Llei de Transparència; Llei de Blanqueig de Capitals; Llei de mecenatge.

Què és el que demana el nostre grup? Què és el que demana l’esport català? Què és el que demana l’esport estatal? Una normativa específica per a l’esport de base. Que calgui fer allò que ara fan. Per exemple, que el club del Yuró de la Peira, que no té ni seu social, hagi de guardar durant deu anys tota la documentació, hagi de fer una declaració de tota la gent que ha rebut una mínima subvenció i hagi de portar tota una documentació que els és impossible, i no poden contractar un gestor perquè no tenen diners. I qui diu això parla de la llicència única, de l’IVA i de moltíssimes coses.

Se m’acaba el temps.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

La verdad es que en cinco minutos es muy difícil exponer esta moción. Es una moción que, per se, tiene seis enunciados, seis puntos que desarrollan un poco su mensaje. Es una moción que cierra un ciclo.

Durante toda la legislatura este senador, como portavoz de deportes de Convergència i Unió, ha hecho preguntas parlamentarias al Gobierno para su contestación escrita, he presentado iniciativas, mociones, ha pedido comparecencias, interpelaciones…, y hoy esta es la moción cierra el ciclo. La verdad es que con poco éxito porque hasta ahora lo único que hemos hecho son listados de agravios, preocupaciones, angustias, sentimientos que el sector hace llegar a los grupos, entre otros al nuestro, como el de que el deporte amateur, el deporte de base, el deporte aficionado, está tocado de muerte. Sé que el ministro Wert no comparte esta afirmación, pero uno de los motivos de esta moción es concienciar. Yo sé que la mayoría absoluta del Partido Popular condena a muerte esta iniciativa con su negativa en este Senado a esta moción, lo sé. Alguno de ustedes podría decir: ¿Por qué la presenta? Por responsabilidad, porque estamos aquí para defender a los sectores, por sentimiento, porque yo amo el deporte catalán y el deporte en general, veo cómo sufre, y para concienciar.

Lógicamente, no diré nombres, pero el debate de la interpelación origen de esta moción que presentamos al ministro en el anterior Pleno, donde explicábamos esto que hoy pedimos, que es instar al Gobierno, hizo que cuando yo acabé mi intervención y se terminó el Pleno, tres alcaldes, senadores del Partido Popular, por separado, me dijeran estas palabras textuales: Maldonado, tiene razón, estamos preocupados en nuestro municipio porque el deporte base sufre. Lógicamente, ellos, por disciplina de partido, votaron en contra y hoy van a votar en contra, pero su conciencia y responsabilidad política hacen que sepan que esto que pedimos no es sectario, no es una petición politizada, sino una necesidad del sector deportivo catalán y estatal. Estos tres alcaldes, curiosamente, no eran catalanes, sino del resto del Estado, y a ellos les agradezco su honestidad. Sobre esa base, lo único que hago es citar que también en el PP hay gente preocupada, y mucha. Gente del PP que pueden ser alcaldes, presidentes de clubes, gente del PP que pueden ser deportistas federados, y es a ellos a quienes corresponde concienciar al Gobierno.

Voy a explicar la moción con la que 1300 dirigentes deportivos catalanes, por primera vez en la historia de la sociedad civil, han sacado una tarjeta roja al Gobierno y le han pedido que rectifique un listado de agravios que no tengo tiempo de exponer pero sí de enumerar: licencia única, voluntariado deportivo, impuesto sobre el valor añadido reducido, impuesto sobre sociedades, Ley de transparencia, Ley de blanqueo de capitales o Ley de mecenazgo.

¿Qué pide nuestro grupo? ¿Qué pide el deporte catalán? ¿Qué pide el deporte estatal? Una normativa específica para el deporte de base para que no tengan que hacer lo que ahora hacen. Por ejemplo, que el club Turó de la Peira —que no tiene siquiera sede social— tenga que guardar durante diez años toda la documentación y hacer una declaración de toda la gente que ha recibido una mínima subvención, documentación que les es imposible presentar, pues no tienen dinero para contratar a un gestor. Además de esto, me refiero también a la licencia única, al IVA y muchísimas más cosas.

Se me acaba el tiempo.

Voy a terminar mi intervención en castellano para que me puedan escuchar todos los presentes.

Esta no es una moción política, esta no es una moción politizada...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo inmediatamente, señor presidente.

Esta es una moción de conciencia, de sentimiento y de servicio público. Los políticos estamos para ayudar al servicio público, estamos para que los ciudadanos puedan gestionar sus clubes, sus empresas, sociedades, etcétera. En este caso, hablamos de deporte. Por ello, mi llamada se dirige a los alcaldes que me decían que tenía razón, a otros que están aquí y a sus señorías para que, in extremis, le digan al Gobierno que rectifique, pues el deporte base en Cataluña y en el Estado está tocado de muerte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Recojo el guante lanzado por el señor Maldonado y, evidentemente, votaremos a favor de esta moción.

El deporte base, el deporte aficionado, se enfrenta muchas veces a los mismos retos a los que se puedan enfrentar clubes profesionales o clubes grandes, lo cual no tiene sentido. Las comunidades autónomas, en el ámbito de nuestras competencias, estamos desarrollando medidas y aplicando políticas que permiten facilitar la práctica del deporte aficionado, pero es cierto que muchas veces nos encontramos con trabas estatales que dificultan mucho esa labor.

Por lo tanto, considero totalmente oportuna, adecuada, mesurada y lógica la moción presentada por el señor Maldonado, motivo por el que vamos a apoyarla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bon dia.

El Grup de l’Entesa donarà suport a aquesta moció, perquè entenem que l’esport és d’interès general per molts motius: per salut, per cohesió social, pel foment de valors com el respecte al contrari, la convivència a l’equip, l’esforç... Per tant, és un element social que, al llarg de la història, a través de clubs esportius de totes les disciplines i de totes les mides, ha demostrar ser indispensable per al foment de la millora de la nostra societat. No obstant això, volem manifestar que som conscients que existeix una normativa laboral que s’ha de complir. Ens garanteix una relació laboral amb uns drets i uns deures que afecten sobretot els treballadors, i per tant, la seva aplicació i el seu compliment són per a nosaltres irrenunciables. D’altra banda, també som conscients que en la situació actual en què vivim la societat ens reclama molta transparència, a tots els nivells; també al món de les institucions sense ànim de lucre, i més encara quan moltes d’elles reben diners públics.

Ser transparents no ha de ser un impediment per continuar desenvolupant una tasca, en aquest cas l’esport, que contribueixi d’una forma molt significativa a una important funció social d’interès general. Per tant, sí, creiem que cal prendre mesures per garantir la continuïtat de la tasca que realitzen milers i milers de clubs esportius. Però voldria fer un incís per destacar que no tan sols les entitats esportives són les afectades per les mesures que ha pres el Govern de Mariano Rajoy, pel que fa a la pujada de l’IVA o els canvis normatius a la Llei de Societats, sinó que tot el teixit associatiu sense ànim de lucre, de molts altres àmbits, també es troba en la mateixa situació. Entre uns i altres estem ofegant l’esport. Des del Govern de l’Estat, ja hem destacat que la pujada de l’IVA i l’impost de societats ataquen la supervivència de l’esport.

Però vull destacar de forma molt significativa l’Arsal. Amb aquesta llei, amb les seves restriccions en competències esportives als ajuntament de menys de 20.000 habitants ‒és a dir, la majoria‒, s’impedirà que l’assessorament i els recursos municipals que fins ara rebien molts clubs desapareguin de cop. Això es tradueix en situar l’esport de base i amateur en perill d’extinció.

D’altra banda —i en aquest cas parlo de la comunitat autònoma d’on provinc—, la reducció de les subvencions per a l’esport català amb més d’un 90 % acumulat també agreuja la situació de l’esport i de les institucions del món de l’esport. Em refereixo, a banda dels clubs, als consells esportius, la UFEC, els ajuntament... Al pressupost és on es contreu el compromís, i realment es veuen les sensibilitats d’un Govern i les seves prioritats. Per tant, sí a la supervivència de l’esport, sí a la regulació, però no a costa de l’empobriment dels clubs i de les entitats esportives, ni de la penalització del voluntariat.

El marc normatiu s’ha adaptar a la realitat del teixit esportiu. Cal afrontar una modificació de la legislació per tal de reduir el percentatge de cotització de l’esport amateur, i que el voluntariat quedi exempt de la cotització de la Seguretat Social, entenent que les quantitats que perceben estan majoritàriament per sota del salari mínim interprofessional, i que s’adrecen a compensar les despeses pel desenvolupament d’una activitat que no és professional, i no s’haurien de considerar retribucions salarials. Prou menyspreu a les competències autonòmiques, amb l’aplicació de la llicència única esportiva i l’intent de recentralització de l’esport català. Aquesta llicència provoca la pèrdua d’autonomia de les federacions catalanes i les situa sota la tutela de les federacions estatals, alhora que incrementa la quantia de les despeses dels esportistes catalans.

El futur de l’esport precisa d’un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del teixit associatiu, i preservar un sistema viable que fomenti la pràctica de l’esport en les seves vessant educativa, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.

Per tant, queda sobre la taula una tasca pendent, i ara toca demostrar per part dels grups parlamentaris fins on arriba el compromís polític. L’Entesa ho creu necessari i hi estem disposats. Cal veure si les paraules del ministre en la interpel·lació eren sinceres o només eren això: paraules buides de contingut.

Gràcies. (Aplaudiments).

Presidente, señorías, buenos días.

El Grupo de la Entesa va a apoyar esta moción porque entendemos que el deporte es una actividad de interés general por muchos motivos: por salud, por cohesión social, porque fomenta valores como el respeto al contrario, la convivencia en el equipo y el esfuerzo. Por tanto, se trata de una actividad social que a lo largo de la historia, a través de clubes deportivos de todas las disciplinas y de todos los tamaños, ha demostrado ser indispensable para el fomento de la mejora de nuestra sociedad. No obstante, queremos manifestar que somos conscientes de que existe una normativa laboral que hay que cumplir, una relación laboral, con derechos y deberes, que afecta sobre todo a los trabajadores, cuya aplicación y cumplimiento es para nosotros irrenunciable. Por otro lado, también somos conscientes de que, debido a la situación actual en que vivimos, la sociedad nos reclama mucha transparencia a todos los niveles, y también en el mundo de las instituciones sin ánimo de lucro, más aún cuando muchas de ellas reciben dinero público.

Ser transparentes no debe ser un impedimento para seguir desarrollando una tarea, en este caso el deporte, que contribuye de forma muy significativa a una importante función social de interés general. Por lo tanto, sí creemos que hay que tomar medidas para garantizar la continuidad de la labor que realizan miles y miles de clubes deportivos, pero quiero hacer un inciso para destacar que no solo las entidades deportivas son las afectadas por las medidas que ha tomado el Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a la subida del IVA o los cambios normativos en la Ley de sociedades, sino que todo el tejido asociativo sin ánimo de lucro de muchos otros ámbitos también se halla en la misma situación. Entre unos y otros estamos ahogando el deporte, y ya hemos destacado que, con la subida del IVA y del Impuesto sobre sociedades, el Gobierno ataca la supervivencia del deporte.

Quiero destacar de forma significativa la Arsal. Con esta ley, con sus restricciones en competencias deportivas a los ayuntamientos de más de 20 000 habitantes, es decir, la mayoría, se va a impedir el asesoramiento y los recursos municipales que hasta ahora recibían muchos clubes; van a desaparecer de golpe. Eso se traduce en situar el deporte de base y amateur en peligro de extinción.

Por otro lado —y en este caso hablo de la comunidad autónoma de donde provengo—, la reducción de las subvenciones para el deporte catalán en más de un 90 % acumulado también agravia la situación del deporte y de las instituciones relacionadas con el mundo deportivo; me refiero a los clubes, a los consejos deportivos, a la UFEC, a los ayuntamientos... Con los presupuestos se contrae el compromiso y es donde se ve realmente la sensibilidad del Gobierno y sus prioridades. Por lo tanto, sí a la supervivencia del deporte. Sí a la regulación, pero no a expensas del empobrecimiento de los clubes y de las entidades deportivas ni a la penalización del voluntariado.

El marco normativo debe adaptarse a la realidad del tejido deportivo. Hay que afrontar una modificación de la legislación haciendo reducir el porcentaje de cotización del deporte amateur y que el voluntariado quede exento de la cotización a la Seguridad Social, entendiendo que las cantidades que perciben, mayoritariamente por debajo del salario mínimo interprofesional, se dirigen a compensar los gastos para el desarrollo de una actividad que no es profesional, por lo que no deberían considerarse retribuciones salariales. Basta de despreciar las competencias autonómicas con la aplicación de la licencia única deportiva y el intento de recentralización del deporte catalán. Esta licencia provoca la pérdida de autonomía de las federaciones catalanas y las sitúa bajo la tutela de las federaciones estatales, al tiempo que incrementa la cuantía de los gastos de los deportistas catalanes.

El futuro del deporte precisa de un abordaje profundo de la situación jurídica de las entidades deportivas. Hay que facilitar y adecuar las obligaciones que tienen que cumplir para garantizar la supervivencia del tejido asociativo y preservar un sistema viable que fomente la práctica del deporte en sus vertientes educativas, promoción de hábitos saludables y de cohesión social.

Por tanto, queda sobre la mesa una tarea pendiente, y ahora los grupos parlamentarios tienen que demostrar hasta dónde llega su compromiso político. La Entesa lo cree necesario y estamos dispuestos a ello. Habrá que ver si las palabras del ministro en la interpelación eran sinceras o eran solo eso, palabras vacías de contenido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora Sequera. No es preocupi; segur que són paraules buides de contingut. En tenim massa experiència. Però bé, tant vostè com jo, com tots els portaveus, som aquí per seguir denunciant allò que creiem que s’ha d’esmenar, que s’ha de millorar o que s’ha de rectificar. I rectificar és de savis; i rectificar és el que de vegades honora els polítics; i rectificar, de vegades, és el que beneficia la societat; i rectificar és el que de vegades ajuda a que un país prosperi.

Perquè l’esport, a Catalunya i a l’Estat, és un model d’èxit. Espanya, que tant va amb la boca plena de la Roja, los campeones, campeones del mundo, etcètera, ha de barrinar, ha de pensar d’on vénen aquests campions. Els qui els parla avui és un culer tricampió; bi-tricampió. Però sabem que els Xavi, Piqué, Messi no surten del no res. Surten de la base, de la Masia en aquest cas o d’altres llocs. Els Márquez, els germans Gassol, les Ona Carbonell no surten per reial decret; surten per polítiques esportives. I Catalunya ha tingut un teixit espectacular durant segles. A Catalunya hi ha moltíssims clubs centenaris. I a Espanya també: molts clubs centenaris. I aquests clubs centenaris són clubs que han vist com de cop i volta l’IVA ha passat del 8 al 21 %; han vist com les llicències federatives, que es podien fer a la seu de la federació autonòmica corresponent, la catalana o la que fos, ara ha de ser una llicència estatal; ha vist com la Llei de Mecenatge, mentre que a Itàlia i a altres països d’Europa és una font de finançament de la societat, que per tant allibera l’Administració, a Espanya és inexistent, mínimum minimorum. Han vist incongruències incomprensibles, com responsabilitat civil en competicions de carretera. Una petita cursa ciclista ha de fer assegurances per 70 milions. Jo no sé fins a quin punt és normal que es demani a un club ciclista una responsabilitat civil amb una quantia mínima de 70 milions d’euros per als esportistes participants. Això és incongruent. Ens diuen que al nou model del Codi de Circulació això es canviarà, però quants anys fa que arrosseguem? Per tant, Llei de Transparència i Llei de Blanqueig.

La portaveu d’Entesa ha dit que cal complir la Llei Laboral; i tant. Però també ha dit que el voluntariat no hi té res a veure. O és que el senyor que, per exemple a la nostra comarca, a Albinyana, va a regar el camp, i no sé quant li paguen, però si li donen 70 o 80 o 100 euros, o a Les Peces, o a Passanant... Aquest senyor se l’ha de donar d’alta de la Seguretat Social? Saben quin objectiu té, això? Que els milers i milers de voluntaris que, durant molts anys, al poble, al club, han estat netejant la roba, arreglant els vestidors, a canvi de res, a canvi de vegades de poder pagar la benzina, ara estaran assegurats i passaran a ampliar los puestos de trabajo que el Gobierno ha conseguido. Els milers i milers de persones que han treballat durant anys i anys als clubs, gairebé a canvi de res, ara els han d’assegurar, perquè és clar, al final d’any hi ha eleccions, i si aconseguim que 200.000 homes i dones voluntaris de clubs, que porten 15, 20, 30, 40, 50 anys no cobrant, rebent una petita gratificació, ara passin a la cotització de la Seguretat Social, s’emplenaran les llistes i diran que hay más trabajo en España.

Muchas gracias, señora Sequera. No se preocupe, que seguro que son palabras vacías de contenido. Ya tenemos mucha experiencia, pero tanto usted como yo y el resto de portavoces estamos aquí para seguir denunciando lo que creemos que hay que mejorar o rectificar. Rectificar es de sabios, y a veces es lo que honra a los políticos, lo que beneficia a la sociedad y lo que ayuda a que un país prospere.

El deporte, en Cataluña y en el Estado, es un modelo de éxito. España, que tanto se llena la boca con «la Roja» y con ser los campeones del mundo, tiene que pensar de dónde vienen estos campeones.



Quien les habla hoy es un culé tricampeón, más bien bitricampeón, pero sé que los Xavi, los Piqué o los Messi no salen de la nada, salen de la base, en este caso de La Masia y de otros lugares. Los hermanos Márquez, los hermanos Gasol u Ona Carbonell no aparecen por real decreto, sino por políticas deportivas, y Cataluña ha tenido un tejido espectacular durante siglos. En Cataluña hay muchísimos clubes centenarios —y en España también—, clubes que han visto que de repente el IVA ha pasado del 8 % al 21 %, han visto cómo las licencias federativas, que antes se podían hacer en la sede de la federación autonómica correspondiente, en este caso la catalana o en la que fuere, ahora deben ser estatales; han visto cómo la Ley de mecenazgo, que en Italia y en otros países de Europa es una fuente de financiación de la sociedad, y que, por tanto, libera a la Administración, en España es inexistente, minimum minimorum, y han visto incongruencias incomprensibles, como seguros de responsabilidad civil en competiciones de carretera, y es que en una pequeña carrera ciclista se necesita hacer seguros por valor de 70 millones. Yo no sé hasta qué punto es normal que se pida a un club ciclista una responsabilidad civil con una cuantía mínima de 70 millones de euros para los deportistas participantes. Esto es incongruente. Dicen que esto cambiará en el nuevo modelo del código de circulación pero ¿cuánto tiempo hace ya? No sabemos. Así pues, Ley de transparencia y ley de blanqueo.

La portavoz de Entesa ha dicho que hay que cumplir la Ley laboral. ¡Por supuesto! Pero también ha dicho que el voluntariado no tiene nada que ver. ¿O es que el señor que, por ejemplo, va a regar el campo y al que le dan 50, 60 o 70 euros tiene que darse de alta en la Seguridad Social? ¿Saben qué objetivo tiene esto? Que los miles y miles de voluntarios que durante muchos años han estado en su pueblo, en su club, limpiando la ropa, arreglando los vestuarios a cambio de nada, a cambio a veces solo de que les paguen la gasolina, ahora, como asegurados, pasarán a ampliar el número de puestos de trabajo que el Gobierno ha conseguido. Ahora hay que asegurar a los miles y miles de personas que han trabajado durante años en clubes prácticamente a cambio de nada porque al final de año hay elecciones, y si conseguimos que 200 000 hombres y mujeres voluntarios en clubes que llevan 30, 40 o 50 años sin cobrar, recibiendo solo una pequeña gratificación, pasen a cotizar a la Seguridad Social, sumarán en las listas para decir que hay más trabajo en España.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando. Però això l’esport no ho pot permetre ni ho pot aguantar.

Per tant, com que em toca acabar, acabaré com he començat. Sé que aquesta moció està condemnada a la mort, sé que aquesta moció no prosperarà. Intento que els que m’hagin pogut escoltar conscienciïn el seu Govern. Què pretenem? Pretenem que l’esport, català i estatal, sàpiga que alguns senadors i senadores —avui dos grups ja s’hi ha definit a favor— estan preocupats com ells.

Moltes gràcies.

Esto es algo que el deporte ni puede permitirlo ni puede aguantarlo.

Pero como ya tengo que acabar, lo voy a hacer como he empezado. Sé que esta moción está condenada a la muerte; sé que no va a prosperar, aunque espero que quienes me hayan escuchado conciencien a su Gobierno en este tema. ¿Y qué pretendemos? Pues pretendemos que el deporte catalán y estatal sepa que algunos senadores y senadoras —hoy dos grupos se han pronunciado a favor de nuestra moción— estamos preocupados por esto.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que uno sube a esta tribuna con cierto desánimo tras escuchar las palabras, a su vez ya de desánimo, del señor Maldonado, proponente de la moción, dando por hecho que esta no se va a aprobar. Yo espero que el Grupo Popular sea sensible a lo que plantea CiU en esta moción y que al final logremos aprobarla entre todos por unanimidad.

No hace mucho le decía al ministro Wert, aquí en esta misma Cámara, que daba la impresión de que no estaba contento con haber impuesto una reforma educativa que iba a dinamitar la enseñanza pública y que ahora el Gobierno del Partido Popular parecía haber decidido dinamitar también el deporte base, dos pilares fundamentales del Estado de bienestar, porque, si no, no se explicaba que primero impusiese a los clubes y a cuantos practican el deporte una subida del IVA del 8 % al 21 % por el uso de las instalaciones deportivas, y poco después, con la medida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de regularizar laboralmente la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, que parecía responder más a objetivos recaudatorios y presupuestarios, como se ha dicho ya aquí en esta tribuna, y por supuesto a incrementar el número de afiliaciones a la Seguridad Social, se ponía en grave peligro la supervivencia del deporte base, de clubes y de entidades deportivas y la de miles de entrenadores y monitores que de manera altruista y voluntaria vienen realizando una magnífica labor. Señorías, la verdad es que esto es incomprensible. Estamos hablando de más de 62 000 clubes de base no profesionales, que apoyados por sus ayuntamientos abren todos los días las puertas de miles de instalaciones deportivas y que gracias a la colaboración desinteresada de numerosos voluntarios y voluntarias hacen posible que miles de jóvenes puedan practicar un deporte diariamente.

En las federaciones de fútbol, en su momento, se convocó con tal motivo una huelga en sus comunidades autónomas. Estas federaciones, la Comisión de Deportes de la FEMP, las asociaciones deportivas, y la misma Federación Española de Fútbol han manifestado que con esta medida se está tirando por la borda el trabajo desinteresado que cientos de clubes deportivos de base, como decía antes, con el apoyo de sus ayuntamientos, vienen realizando desde hace muchos años. Por eso, creemos que es urgente, y así lo hemos pedido en reiteradas ocasiones en esta legislatura, elaborar, en el marco de un plan de apoyo económico y mejora del deporte base, propuestas para regularizar convenientemente las actividades remuneradas que se realizan en el seno de los clubes y entidades deportivas. No estamos de acuerdo, como seguramente el Grupo Popular va a alegar, con que el que realiza una actividad remunerada no la declare, no pague por ella o no se inscriba en la Seguridad Social, ni mucho menos. Pero tampoco estamos de acuerdo con que se ponga en peligro a todo este voluntariado que viene haciendo funcionar al deporte base en nuestro país.

Por tanto, entendemos que se regularice convenientemente este tipo de actividades deportivas, de acuerdo con la legalidad vigente, por supuesto, en el ámbito laboral, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de cada modalidad deportiva y asegurando el mantenimiento de la consolidada red de voluntariado en el deporte, cuya compensación económica por los gastos que le ocasiona la actividad desarrollada, y lo saben todas sus señorías, en modo alguno puede considerarse como salario. Por ello, solicitamos que se desarrolle una regulación propia y específica para el deporte no profesional que contemple sus peculiaridades, pues de lo contrario, como decía antes, muchos clubes se verán abocados a la desaparición por la falta, lógicamente, de dirigentes que quieran asumir las posibles responsabilidades personales por las potenciales infracciones a la Seguridad Social y a Hacienda, reduciendo al mínimo los directivos y voluntarios que altruistamente colaboran con el fútbol base.

Desde hace años se viene solicitando por todas las esferas federativas que este sector, muy importante, infravalorado en muchas ocasiones por su capacidad de dinamización económica, sobre todo en lo referente al deporte base y amateur, dadas sus particularidades, requiere legislación específica que, lejos de eludir sus responsabilidades, las adecúe a la realidad y generalice su aplicación. Lo mismo podríamos decir del despropósito de intentar crear una licencia deportiva única con una buena intención, como declaraba el Gobierno, que era facilitar y agilizar todos los trámites y que en la práctica parece que va a conseguir todo lo contrario.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente.

Por tanto, manifiesto nuestro apoyo a esta moción y espero que cuente también con el apoyo del Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador España.

El señor DE ESPAÑA MOYA: Buenos días.

Señor presidente, queridos compañeros parlamentarios, ante todo quiero decir que nuestra compañera Marta les pide disculpas por no poder estar hoy en esta tribuna, pero es que a veces la naturaleza falla y su laringe le ha jugado una mala pasada. Por ese motivo hoy tengo el gusto de estar ante ustedes.

Señor Maldonado, ante todo quiero manifestar mi admiración por la infraestructura deportiva de Cataluña desde hace muchísimos años. Yo podría hablarle, por ejemplo, de María Ballester, de Miguel Torres, de Jaime Monzó, de Puyol o de Corell. Y estoy hablando de deportistas importantes de Cataluña, de aquellos que iniciaron un ascenso importante de la natación, en este caso catalana. Sé la buena gestión que han hecho ustedes y admiro su voluntad por favorecer al deporte, pero usted sabe, porque su partido gobierna en Cataluña, que este no es el cauce para resolver problemas y que hay que encontrar otros. Decía usted: ¿Por qué traigo aquí una moción si sé que la voy a perder? Yo no voy a dudar de su buena voluntad, pero usted la trae aquí por una cosa, por interés político. Usted puede, como los demás, vender allí ciertas circunstancias que indudablemente no son motivo de solución, sino de incordio, de fomento del inmovilismo que existe en cualquier club o en cualquier profesión cuando se cambian las condiciones laborales, y sobre todo cuando existen martingalas en el desarrollo de la actividad deportiva.

Yo he sido diez años directivo de una federación deportiva —boxeo— y tres años directivo de fútbol base en dos clubes alicantinos, y podría contarle muchas cosas; podríamos hablar y tratar de convencer, pero lo que indudablemente no es el cauce es venir a esta tribuna y luego tratar de vender a los medios de comunicación lo de ¡qué bueno soy y qué malos son esos!

En relación con la moción presentada, se ha considerado dar respuesta concreta a cada punto y en su orden a los efectos del informe. En cuanto a apoyar las políticas e iniciativas adoptadas por las comunidades autónomas en materia de deporte, he de manifestar que el Gobierno respeta todas y cada una de las competencias de las comunidades autónomas, tanto en esta como en el resto de las materias. Respecto a impulsar la modificación del sistema de licencia deportiva única recuperando el modelo anterior, quiero manifestar que esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional, ya que permitiría evitar duplicidades y reducir trámites administrativos necesarios para la práctica deportiva. También mejorará la movilidad geográfica de los deportistas, ya que habilita a su titular para participar en cualquier competición oficial cualquiera que sea su ámbito territorial. Por otra parte, en su tramitación consiguió tanto el apoyo de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, la UFEC, como en su tramitación parlamentaria el del Partido Nacionalista Vasco. Esta medida reforzará, e indudablemente potenciará el deporte federado.

Sobre reducir el tipo impositivo del IVA del tipo general al tipo reducido, entendemos que es un punto en el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es quien debe pronunciarse en esta materia concreta dentro de su ámbito competencial. Respecto a garantizar el cumplimiento del compromiso acordado en el Congreso de los Diputados de revisar la normativa que afecta del impuesto sobre sociedades, etcétera, quiero manifestar que, en lo referente a la sujeción de los clubes deportivos de base al impuesto sobre sociedades, si bien el texto original del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, suprimía la exención de declarar a las entidades sin ánimo de lucro que, entre otros requisitos, no superasen los 100 000 euros de ingresos totales mediante la modificación introducida a través del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, se ha restaurado la exención, si bien referida a solo 50 000 euros.

Entendemos que es una carga burocrática menor, porque estas sociedades ya estaban aportando la documentación —ahora obligatoria— desde el momento en que pedían subvenciones públicas. Además, en ningún caso supone una carga contributiva adicional. Por otra parte, existen programas informáticos muy simples, gratuitos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE ESPAÑA MOYA: Son programas que ofrece la Agencia Tributaria para los clubs que no tienen apenas operaciones económicas, y esto resulta sencillo. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sería el competente para pronunciarse.

Con respecto a abordar la revisión de la normativa laboral, en este punto mantenemos el respeto y cumplimiento del Pacto de Toledo, cuya aprobación, de hecho, tuvo su origen en una proposición no de ley de Convergència i Unió, que propuso la inclusión de una ponencia sobre la cuestión de la Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, acerca de garantizar los derechos de los trabajadores y reducir el número de regímenes especiales.

Finalmente, en cuanto a dotar las medidas legislativas necesarias con el fin de simplificar las gestiones burocráticas, la ley afecta a las entidades privadas que ejercen potestades administrativas, como las federaciones deportivas y las ligas profesionales.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DE ESPAÑA MOYA: Perdón, termino enseguida, presidente.

También, a las asociaciones de deportistas organizadas, como sindicatos, y a quienes perciban subvenciones públicas en cuantía superior a 100 000 euros o un porcentaje que supere el 40 %. Entendemos que esta norma solo puede ayudar a la gestión, buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas y garantiza un derecho de todos los ciudadanos, por lo que no es justificable una excepcionalidad en este ámbito.

Por tanto, manifestamos nuestra disconformidad con la moción presentada y votaremos en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador España.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 183; votos emitidos, 182; a favor, 72; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FOMENTAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO. 662/000196 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis enmiendas: cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista; una, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y otra, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Leyte, por tiempo de quince minutos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.

Señorías, como he repetido alguna vez en esta tribuna, vivo en Ourense, un concello rural e interior con una importante dispersión poblacional: 3000 habitantes en 62 núcleos de población. Esta situación personal me lleva a preocuparme por la enorme despoblación que está sufriendo el mundo rural, que tiene una población muy envejecida y con escaso relevo generacional, una preocupación compartida por mi grupo parlamentario y estoy segura de que también por todos los miembros de esta Cámara.

Prosigue el proceso de urbanización que comenzó hace varios años, y hace que nuestro entorno rural esté envejecido y masculinizado. Estos problemas aún son más graves en las zonas de interior, sobre todo si coexisten con orografías complicadas, dispersión poblacional y elevadas tasas de envejecimiento, como ocurre en mi comunidad autónoma, Galicia, y en alguna otra comunidad de España.

En España el sector agroalimentario juega un papel estratégico en nuestra economía y nuestra sociedad, tanto por su contribución a la salud de la población como por su aportación a la generación de valor añadido. Hay que decir que el sector aporta el 9 % del PIB y da empleo a 2,5 millones de personas. Y las cifras de las explotaciones van en aumento: en 2014 fueron de 41 000 millones de euros, con un incremento del 23 % respecto de 2011 y un saldo comercial que se ha incrementado en el 324 %, pasando de los 3000 millones de euros a casi 10 000 millones. Son cifras, desde luego, importantes. España está en el octavo lugar del mundo en exportación de productos agroalimentarios y en el cuarto dentro de la Unión Europea, y hay un gran potencial de desarrollo; tenemos que pensar que la población mundial será de 9000 millones de habitantes en 2050, lo que supondrá un aumento de producción del 70 %.

Es en este contexto en el que España y Europa serán indispensables en el logro de un equilibrio mundial de alimentos y la agricultura y la pesca seguirán siendo imprescindibles para una alimentación saludable, prometiendo futuro, si es que sabemos aprovecharlo. Sin duda, esto implica una exigencia de mejora en los sistemas de producción para seguir modernizando este sector estratégico de nuestra economía, y conseguirlo supondrá una revitalización del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento de nuestros ecosistemas en buen estado de salud, porque es cierto que las cifras económicas son muy importantes, pero no lo es menos la necesidad de evitar el abandono de gran parte de nuestro territorio. Para paliar esta situación resulta imprescindible, necesario, incorporar a los jóvenes al sector agroalimentario, así como a las mujeres, y para ello es imprescindible hacer atractiva esta oferta con una remuneración adecuada a su esfuerzo y dedicación, que puedan realizar una agricultura competitiva y rentable y con mayor apoyo a la internacionalización del sector. Debemos pasar de la situación «no quiero que mis hijos trabajen en el campo, como yo» a lograr hacerlo atractivo y necesario, porque la agricultura es una labor muy importante y una profesión digna del mayor respeto y consideración por ser vital para nuestro futuro como país y como personas.

En los últimos veinte años en España se han perdido prácticamente la mitad de los ocupados agrarios, que han pasado de 1 600 000 a menos de 800 000. Es cierto también que el problema del relevo generacional en la agricultura rebasa nuestras fronteras y ya es un problema europeo. Los agricultores menores de 35 años en la Unión Europea representan menos del 6 %, mientras que la producción de alimentos, como he dicho, tiene que seguir aumentando en el futuro. Esta cifra en España es aún más baja, se sitúa en el 4,5 % y, en contraposición, sigue la tendencia alcista de los mayores de 65 años. Dicho de otra manera, uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años y solo uno de cada veinte tiene menos de 35. Por tanto, hay que tomar medidas. Pero, además de las medidas, se precisa un cambio de mentalidad que dignifique el sector agrario. Es necesario para todos. Debemos tener en cuenta que las tierras de cultivo ocupan una gran extensión de nuestro territorio y que la agricultura y el desarrollo rural pueden y deben ayudar a mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones, la producción de energía renovable y bioproductos y el almacenamiento de carbono en tierras agrícolas. También debe jugar un papel importante en la protección de los recursos hídricos, la protección de los hábitats y la biodiversidad y —no menos importante— en la conservación y restauración de los paisajes, algo que, sin tener estudios ni conocimientos previos, han hecho nuestros agricultores desde siempre.

Nadie duda de que la PAC ha contribuido de forma muy importante a la construcción de Europa. Las sucesivas reformas han permitido adaptarnos a los desafíos de la evolución, permitiendo que nos beneficiemos de un nivel de seguridad y de normas de salud muy elevados; apoyando el desarrollo de las marcas de calidad, indicaciones geográficas y agricultura ecológica; incrementando la orientación al mercado de la producción agrícola; modernizando la agricultura y controlando los excedentes —esto, en España, ha beneficiado más a unas comunidades autónomas que a otras; en algunos casos, como en la mía, no ha ido demasiado bien. De todas maneras, bienvenida la PAC y bendita sea—; e incluyendo el desarrollo rural y el medio ambiente como metas.

Desde todas las instituciones debemos tratar de favorecer el retorno a un medio rural que tiene que ofrecer mucho a los jóvenes si somos capaces de realizar ese cambio de mentalidad y cambiar la denostación por la oportunidad, ofreciendo unas buenas infraestructuras, solucionando los problemas existentes de acceso al crédito y cambiando también las rigideces de la estructura socioeconómica del mundo rural, que verdaderamente provocan serias dificultades, para promover de forma efectiva el relevo generacional en el sector agrario de nuestro país.

Cierto es que la crisis ha supuesto un cambio de actitud de los jóvenes respecto de la agricultura y las zonas rurales, que empiezan a ver en este sector una oportunidad laboral; y, aunque insuficiente, hay que aprovechar ese cambio para incrementar la formación mediante ciclos educativos apropiados que capaciten a los jóvenes para afrontar los nuevos retos. La política que se está desarrollando en el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas se dirige precisamente a afrontar esos retos, especialmente a frenar el envejecimiento y la despoblación, incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias, garantizar una renta adecuada a los agricultores y asegurar un manejo sostenible de los recursos.

El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de medidas para ofrecer incentivos económicos, financieros y fiscales para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, además de apoyar la internalización del sector para llegar a más mercados con más productos y a mejor precio, objetivos que se podrán realizar gracias a la exitosa negociación de la nueva PAC, que supone un total de 47 000 millones de fondos europeos. Precisamente ayer pudimos escuchar a nuestra ministra en la conferencia denominada Nueva PAC, retos y oportunidades, referirse a que la nueva PAC supone más ayudas para los jóvenes y los sectores vulnerables. El Gobierno se ha marcado como objetivo incorporar a 15 000 nuevos jóvenes para el próximo periodo, un 50 % más que en el anterior, con la adopción de medidas que permitan estas nuevas incorporaciones para que se involucren jóvenes emprendedores con capacidad de innovar y afrontar los nuevos retos.

Entre las actuaciones relacionadas con el desarrollo rural que se están poniendo en marcha cabría destacar la inclusión de la medida de ayuda para la instalación de jóvenes agricultores de forma prioritaria en el marco nacional de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, que establece elementos comunes para su aplicación en todo el territorio nacional. Hay que señalar que el grueso de la programación de desarrollo rural recae en las comunidades autónomas, que son las que desarrollarán e implementarán las medidas que se consideren más oportunas en sus territorios de acuerdo con su estrategia y, por tanto, las que decidan el dinero que programarán para la instalación de jóvenes agricultores. Pero creo que con la colaboración entre Gobierno y comunidades autónomas es posible trabajar por el futuro que todos deseamos.

En la nueva PAC se concederán ayudas directas a agricultores jóvenes destinadas a consolidar las explotaciones dirigidas por ellos, tales como ayudas de un máximo de 70 000 euros por joven agricultor beneficiario. También se subvencionarán las inversiones en activos físicos para mejorar el rendimiento de la explotación y la comercialización. Habrá apoyos para contratar asesoramiento, así como desgravaciones fiscales durante los primeros cinco años de actividad. Y apoyo a las inversiones realizadas por jóvenes a través de un instrumento financiero nacional de préstamos y garantías que se está creando en colaboración con varias comunidades autónomas a fin de soslayar la dificultad existente de acceso al crédito, que, aunque es genérica, en el caso de jóvenes agricultores cobra especial relevancia.

Por ello, me gustaría y agradecería que todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara diesen el apoyo al siguiente texto: El Senado insta al Gobierno a fomentar el relevo generacional en el sector agrario facilitando la entrada de agricultores adecuadamente formados y suprimiendo las trabas que existen hoy en día para el acceso de los jóvenes a la actividad agraria, contribuyendo con ello a hacer que el campo sea más rentable y atractivo para los jóvenes y para potenciar aún más el sector agrario en nuestro país, con el fin de que no abandonen la vida rural y de garantizar la continuidad del campo.

Ese es el texto. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro enmiendas de adición a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con el relevo generacional. Y las hemos presentado, habida cuenta del carácter absolutamente genérico que tiene la moción y, por tanto, la falta de concreción de las medidas que debería tomar el Gobierno del Partido Popular para que dicho relevo generacional pueda tener posibilidades reales, aparte de lo que ya ha hecho el Gobierno, que es lo que nos ha relatado la senadora Leyte en la presentación de esta moción.

La primera enmienda establece desarrollar la Ley 35/2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, especialmente en lo referente a las subvenciones y ayudas de carácter prioritario. Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista la política de igualdad de género ha de tener obligatoriamente un carácter transversal en cualquier línea de actuación política de todo Gobierno. Por eso, pensamos que desarrollar adecuadamente —y ustedes saben que el Gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, no lo ha hecho— la Ley 35/2011 no solo visibiliza y pone en valor el trabajo de la mujer en el medio rural, sino que también puede suponer un gran apoyo para que los jóvenes, tanto mujeres como hombres, puedan plantearse en su futuro vital incorporarse a la agricultura o ganadería de nuestro campo. Esto, además, incide claramente en el asentamiento de la población en nuestros territorios rurales, tan necesario para evitar la espada de Damocles que pende sobre grandes zonas de nuestro país: la continua despoblación.

La segunda enmienda propone incrementar las consignaciones presupuestarias para el programa de primera instalación de jóvenes agricultores. Desde luego, señorías, no vamos a descubrir aquí y ahora que sin la necesaria dotación presupuestaria difícilmente se pueden llevar a cabo políticas efectivas también para el relevo generacional. Aunque la senadora Leyte lo ha explicado como si fuese un logro de este Gobierno, las políticas sobre nuevas instalaciones de jóvenes agricultores se llevan haciendo y presupuestando desde hace ya bastante tiempo en los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores). Sí, y ustedes han rebajado también la cantidad en estos presupuestos. Y es que ahora, cuando el Gobierno debería estar elaborando los Presupuestos Generales del Estado para 2016, es cuando se puede instar a incrementar la partida correspondiente del programa 414B, sobre el desarrollo del medio rural; en concreto, la primera instalación de jóvenes agricultores.

La tercera enmienda que presenta el Grupo Socialista, también de adición, se refiere a incrementar el porcentaje de la aportación estatal en la cofinanciación de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020 de las comunidades autónomas, hasta alcanzar el 50 % de cofinanciación que tenía el anterior programa de desarrollo rural.

Y, por último, la cuarta enmienda, asimismo de adición, habla de impulsar, en colaboración con las restantes administraciones implicadas, la adopción de las oportunas medidas fiscales, sociales y financieras que establezcan los incentivos económicos necesarios para apoyar y atraer a los jóvenes agricultores a los núcleos rurales, con especial atención respecto de aquellos que sufren un riesgo de despoblación, como las zonas de alta montaña.

Señorías, todos entendemos que la adopción, entre otras, de las medidas fiscales y sociales que establezcan los necesarios incentivos económicos dirigidos a apoyar la instalación de jóvenes en el medio rural debe ser la primera piedra, la piedra angular en la que debe apoyarse el Gobierno para que seamos efectivos en el necesario relevo generacional. Además, como ya he comentado al referirme a la primera enmienda, eso ayudaría claramente al mantenimiento de la población en las zonas rurales en general y, en particular, en las zonas de alta montaña, que, como todos conocemos, tiene una problemática muy concreta y específica.

Como pueden ver, señorías, son únicamente cuatro medidas concretas, pero estoy convencido de que entre todos podemos establecer muchas más que tengan el mismo objetivo: llenar de un poquito de contenido la resolución de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Por ello, espero que el Grupo Popular no considere dichas enmiendas como una ofensa de radicalidad a la concreta y efectiva moción que ha presentado.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

La verdad es que después escuchar a la senadora Leyte tengo que decir que coincido plenamente con su exposición; pero le pediría que ustedes fueran consecuentes. En realidad, en el diagnóstico estamos absolutamente de acuerdo. Es cierto que estamos al final de la legislatura y que lo que no se ha hecho hasta ahora difícilmente se podrá hacer en el poco tiempo que queda, y es verdad que como declaración de intenciones está bien, pero les pido, repito, que sean consecuentes.

Si creen que esta política es absolutamente necesaria porque, como usted muy bien ha explicado —y las cifras son incuestionables—, el campo ha envejecido, ha perdido población, ha perdido mano de obra, ha perdido trabajadores, y en este momento se dan unas circunstancias determinadas por las cuales hay jóvenes que quieren volver de la ciudad al campo ya que la crisis se lo ha puesto difícil y, por tanto, quieren recuperar las tierras, quieren volver a iniciar una actividad agraria, hagan ustedes un gesto. Como estamos ante unos nuevos presupuestos, insisto: hagan un gesto, digan que sí al incremento de recursos para hacer posible lo que están pidiendo, porque, si no, no nos los creeremos. Y es que el programa 414B ha perdido desde el año 2010 hasta ahora la mitad de los recursos. Como usted ha dicho, el tope de la Unión Europea en ayudas a los jóvenes será de 70 000 euros, pero estamos en una media de poco más de 30 000 euros y los jóvenes agricultores y las organizaciones profesionales agrarias dicen lo mismo: que cada vez es más difícil acceder a las ayudas, más difícil acceder al crédito —efectivamente— y más difícil acceder a un plan de mejoras, que ha perdido prácticamente el 20 % de las ayudas.

Lo repito una vez más: sean ustedes coherentes y consecuentes; hagan un gesto; dígannos algo; dennos algún motivo por el cual podamos creer que realmente van a cambiar su política, que a partir de ahora las cuestiones que impiden que los jóvenes puedan empezar una actividad agraria van a cambiar. Pero si usted nos dice: no podemos aceptar ninguna de sus enmiendas y lo único que les pedimos es un acto de fe… Francamente, a estas alturas de la legislatura, pedirnos un acto de fe creo que es, senadora Leyte —lo digo con todo respeto—, un poco ingenuo, porque por responsabilidad no podemos hacerlo. Tenemos que ser más exigentes que nunca porque la situación es muy grave y muy complicada. Y convendrá usted conmigo en que a lo largo de la legislatura el espíritu de consenso no ha existido en esta Cámara; quizá en algunas cuestiones muy concretas en el ámbito de la pesca hayamos logrado algún acuerdo, pero, en general, el consenso no ha sido una tónica en esta legislatura. Y en esta materia, la de la incorporación de los jóvenes al campo, que tiene que ver con el desarrollo del medio rural, el recorte en los presupuestos a los planes de desarrollo rural ha sido enorme en cuanto a las aportaciones directas del Estado para ayudar a las comunidades autónomas en los PDR. Ustedes han puesto en un cajón la ley del 2007, una ley muy importante, porque en el mundo rural debe haber un complejo sistema de medidas para que haya suficiente calidad de vida con el fin de que los jóvenes se quieran quedar. Y exactamente igual pasa con una discusión trascendente: la del modelo de agricultura. Si la única apuesta que hacemos en este momento es la de la agricultura estrictamente industrial, vamos por mal camino, porque esa es la inercia del mercado y con esa inercia vamos a expulsar a los agricultores y, especialmente, a los jóvenes por sistema.

Por tanto, le pido un gesto, senadora Leyte; y si existe ese gesto, nos sumaremos a su propuesta.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Coincideixo amb els senadors que m’han precedit en dos o tres aspectes que són prou importants: el bon sentit de la moció, l’interès, el to amb què l’ha desenvolupat i els arguments donats, posats damunt la taula. Crec que tots els senadors que som aquí en aquest hemicicle estem a favor de la incorporació de la gent a l’entorn rural, però ho tenen a les seves mans. Això ho expliquem el Grup de Convergència i Unió en aquestes esmenes presentades.

A partir del reglament que ha vingut de la Unió Europea pel que fa a l’aplicació a la PAC, vostès tenen la possibilitat, o la tenien, mitjançant els diferents reials decrets, d’establir unes bases mínimes perquè tots els joves que tinguin ganes d’establir-se a l’entorn rural i a les explotacions agràries i ramaderes poguessin tenir-ne l’oportunitat. Què fan vostès? Doncs, l’article 25 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, i el Reial Decret 1076/2014, també de 19 de desembre, que el que fan és establir l’assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrària comuna, fixa una exclusió injusta pel que fa a alguns joves que vulguin incorporar-se al món agrari. Qui en queda fora? Els joves agricultors que s’inicien en l’activitat exclusivament en sectors com els de la fruita, hortalisses, patates, plantes ornamentals o també la vinya, equí o una combinació de tots ells, sectors que no estaven exclosos en el règim de pagament únic. Qui queda també exclòs? Els joves agricultors de sectors no incorporats al règim de pagament únic que disposin de drets bàsics de pagament per cessions, és a dir, arrendaments o vendes o successió inter vivos o mortis causa de drets, que no poden percebre el pagament anual complementari.

Per tant, primer constato la bondat de la seva proposta, senadora Leyte, però ja que vostès poden instar el Govern, l’executiu, de l’Estat espanyol perquè prengui mesures, li demanem en un sentit coherent del que hem presentat que se suprimeixin les traves que s’han fixat amb aquests dos reials decrets, el 1075/2014 i el 1076/2014. Li explicaré dues coses que crec que són gràfiques. Malauradament, ahir, a les meves terres, les nostres dels senadors que representem les terres de Lleida, vam tenir una pedregada, aquestes inclemències meteorològiques esdevingudes que tenen una afectació molt gran a les explotacions. Imagineu-vos aquelles explotacions que han fet aquells emprenedors o que han agafat el testimoni d’aquelles explotacions agràries que són negocis familiars de diferents generacions que en un dia tots els esforços i inversions que s’han fet durant un any poden perdre’s per culpa d’aquestes pedregades. Li diré aquests pobles: es corresponen a la comarca del Segrià i de la Noguera, com poden ser Albesa, Corbins o d’altres zones properes a una zona concreta de producció, en aquest cas, de fruita dolça, de pinyol i de llavor.

En el torn de portaveus, faré una explicació crec molt més extensa del que hauria de ser el concepte de justirendibilitat, d’emprenedoria dins de l’entorn agrari i en la implicació dels joves en la seva explotació.

De tota manera, sí que li demanaria, senadora Leyte —que això sí que ho tenen a les seves mans— que aquesta proposta de modificació d’aquests dos reglaments, que ho poden fer o poden instar el Govern de l’Estat espanyol que ho faci perquè faciliti la incorporació dels joves i, com a mínim, que no els exclogui d’una política europea que, com molt bé ha dit vostè, el que vol és tornar a recuperar els joves, rebaixar l’edat mitjana de gent que està treballant en el mercat agrari i donar-los facilitats. Facilitats, perquè l’esforç ja el posen.

Gracias, presidente.

Coincido con los senadores que me han precedido en el uso de la palabra en dos o tres aspectos que son bastante importantes: en el buen sentido de la moción, en el interés de esta y el tono en que ha sido desarrollada y en los argumentos que se han puesto sobre el tapete. Me parece que todos los senadores presentes en este hemiciclo estamos a favor de la incorporación de la gente joven al entorno rural, pero está en sus manos conseguirlo, como bien explica el Grupo Convergència i Unió en la enmienda presentada.

A partir del reglamento que nos ha llegado de la Unión Europea sobre la aplicación de la PAC, ustedes tenían la posibilidad, mediante los distintos reales decretos, de fijar unas bases mínimas para que todos los jóvenes que tengan ganas de establecerse en un entorno rural, en las explotaciones agrarias y ganaderas, pudieran tener una oportunidad. ¿Qué han hecho ustedes? El artículo 25 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y el Real Decreto 1076/2014, también de 19 de diciembre, que establece la asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agraria común, fijan una exclusión injusta respecto de determinados jóvenes que deseen incorporarse al mundo agrario. ¿Y quién queda fuera? Los jóvenes agricultores que se inicien en la actividad exclusivamente en sectores como el de la fruta, hortalizas, patatas, plantas ornamentales, la viña, o una combinación de todos ellos, sectores que no habían quedado incluidos en el régimen de pago único. ¿Quiénes quedan también excluidos? Los jóvenes agricultores de sectores no incorporados al régimen de pago único que dispongan de derechos básicos de pago por cesión, es decir, mediante arrendamientos o ventas o sucesión ínter vivos o mortis causa de derechos que no puedan percibir el pago anual complementario.

Por tanto, en primer lugar, reconozco la bondad de su propuesta, senadora Leyte; sin embargo, ya que pueden instar al Ejecutivo del Gobierno español a que tome una serie de medidas, desde la coherencia de lo presentado le pedimos que se supriman las trabas impuestas en estos dos Reales Decretos, el 1075/2014 y el 1076/2014, y le voy a explicar un par de cosas que creo que son bastante gráficas. Desgraciadamente ayer, en la tierra de los senadores que representamos a Lérida sufrimos una intensa granizada y estas inclemencias meteorológicas afectan significativamente las explotaciones. En este sentido, imaginemos la situación de los emprendedores de estas explotaciones o de los que han tomado el testigo de explotaciones familiares a lo largo de generaciones y que ven que en un solo día todos sus esfuerzos, todas las inversiones realizadas durante un año, pueden perderse. Voy a mencionarle algunos pueblos de la comarca del Segrià y de la Noguera, por ejemplo, Albesa, Corbins u otras zonas cercanas a un área concreta de producción en este caso, de fruta dulce, de fruta de pepita y de hueso.

En el turno de portavoces daré una explicación mucho más extensa sobre cómo deberían ser los conceptos de justirrentabilidad y de emprendeduría dentro del entorno agrario y la implicación de los jóvenes en su explotación agraria.

En cualquier caso, senadora Leyte, quiero pedirle —porque está en sus manos— que inste al Gobierno del Estado español a llevar a cabo esta propuesta de modificación de estos dos reglamentos para que facilite la incorporación de los jóvenes y que al menos no queden excluidos de una política europea que, como muy bien ha dicho usted, lo que desea es volver a recuperar los jóvenes, rebajar la edad media de los trabajadores del mercado agrario y darles facilidades porque el esfuerzo ya lo ponen ellos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PLANA FARRAN: Per tant, tingui a bé incorporar d’incorporar aquesta esmena, que crec que és de just sentit tenir-la.

Moltes gràcies.

Por tanto, por favor, tenga a bien incorporar esta enmienda, que considero justa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra la senadora Leyte, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo.

He escuchado con suma atención la defensa de las enmiendas que ya había estudiado y que analicé ayer con el Gobierno.

Voy a empezar diciendo al senador del Partido Socialista que votaremos en contra de sus enmiendas. En su enmienda número 1 habla de la titularidad compartida y la igualdad de las mujeres en el mundo rural; por supuesto estamos de acuerdo con la igualdad de las mujeres en el mundo rural, pero ese no era el tema de esta moción, que ya se abordó en esta Cámara —además, me tocó defenderlo a mí— y en cuanto a la titularidad compartida no solo es un problema del Gobierno del señor Rajoy sino también de las comunidades autónomas; concretamente, Andalucía, donde ustedes gobiernan desde hace muchos años, es una de las comunidades donde menos se ha puesto en marcha la titularidad compartida; se ha implementado muchísimo más, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Por consiguiente, no es un problema del Gobierno del señor Rajoy sino que, en último caso, será un problema conjunto.

La enmienda número 2 no concreta consignaciones presupuestarias, es imprecisa y tendríamos que conocer el informe económico previo. De todas maneras, en este momento no están sobre la mesa los Presupuestos Generales del Estado y estoy segura de que la intención es, precisamente, que se tengan en cuenta en ese debate.

En cuanto a la enmienda número 3, la reforma de la PAC se ha llevado adelante con el acuerdo de todos los países y en este momento no sería posible revisar lo ya acordado.

La enmienda número 4 no mejora la redacción original en absoluto, es redundante y se centra en incentivos económicos.

Por lo que respecta a la enmienda de la Entesa, antes de nada quiero agradecer el tono siempre agradable y las buenas maneras del senador que la ha presentado, el señor Boya. Este no es el momento de hablar de presupuestos, pero estoy segura de que, si los próximos los elabora el Partido Popular, se tendrán en cuenta estas cuestiones porque esa es la voluntad del Gobierno, como ayer mismo expresó la ministra, en el sentido de que se lleve a cabo ese relevo generacional. Sí ha habido medidas concretas de cara a la puesta en marcha de exenciones fiscales, se han aumentado las ayudas para la primera explotación y se van a instaurar medidas para el acceso al crédito. Creo que esas sí son medidas importantes para ayudar a los jóvenes a que se establezcan en el mundo rural.

Consideramos que no se puede aceptar la enmienda de Convergència i Unió porque el Real Decreto 1075/2014 no determina las orientaciones productivas de las superficies sobre las que deben activar sus derechos los jóvenes agricultores que reciban derechos de pago básico. Por consiguiente, el Gobierno cree que esto no afectaría a esa cuestión.

En cuanto a lo que ha comentado del granizo, es cierto que los agricultores, y especialmente cuando los jóvenes inician esa nueva actividad con toda la ilusión, a veces se ven frente a ese tipo de problemas pero existen seguros agrarios y, además, el Gobierno está siempre con ellos cuando ocurre una catástrofe —es así y lo tiene que reconocer— y, desde luego, siempre ayuda a las comunidades autónomas en toda España, en todo el territorio, a paliar los efectos de los desastres naturales.

Por tanto, rechazo las enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Turno en contra. (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Senadora Leyte, a mi grupo se le ocurren dos razones para que el Grupo Popular presente en este momento esta moción: la primera, que crea que corresponde al Gobierno central la competencia en la política de fomento del relevo generacional; y, la segunda que crea que las comunidades autónomas no están haciendo suficiente al respecto. En nuestro caso, por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En cuanto al primer punto, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias exclusivas en materia agrícola y, como dije ayer, tiene voluntad de seguir ejerciéndolas, por supuesto siempre en el marco de la política agraria común. Por lo tanto, no corresponde al Gobierno central la iniciativa en tal materia.

En el segundo caso, en el caso de que pensara que no se está haciendo nada, tampoco tiene razón porque en el caso del Grupo Vasco, y de las instituciones vascas, el impulso a la incorporación de los jóvenes al sector agrario profesional ha constituido, constituye y seguirá constituyendo una línea básica de actuación. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos hecho existe una preocupante situación de envejecimiento del sector agrario vasco en comparación con otros sectores productivos, por varias razones que creo que podríamos resumir en las que voy a citar a continuación. En el sector agrario vasco existe muy poca mano de obra asalariada; las explotaciones son, en su mayoría, microempresas que solamente emplean a sus titulares, normalmente unidades familiares. Por otro lado, el principal medio de producción en el sector, el suelo agrario, tiene muy escasa movilidad en el País Vasco y se ve sometido además a una presión urbanística muy grande para usos residenciales, industriales o para infraestructuras, lo que lógicamente encarece el poco suelo que existe para usos agrarios. Asimismo, las necesidades de suelo para acceder a producciones rentables son cada vez mayores, mientras que el suelo sigue siendo el mismo o menor. Igualmente, el acceso a la mayoría de los subsectores agrarios requiere afrontar fuertes inversiones que, dados los niveles de rentabilidad que se obtienen —que no son comparables con el resto de sectores— precisan de largos plazos de amortización y de financiaciones costosas y muy específicas. Las condiciones de trabajo en el sector agrario, sobre todo el ganadero, son mucho más exigentes que en otras actividades laborales, por lo que siempre lo hemos denominado como trabajo esclavo, entre comillas, y creo que hay que recordarlo.

Por todo esto, el sector agrario es el sector productivo, por lo menos en el caso de nuestro país, que más dificultades presenta a la hora de captar empleo juvenil. A diferencia de otros sectores, el problema en este caso es la falta de voluntad de acceso por las condiciones de las que hemos hablado antes, y aunque existen jóvenes dispuestos y con interés —cada vez más, probablemente— de volver al sector primario, al sector agropecuario, necesitan una serie de incentivos suficientes. Por estos motivos el Gobierno vasco publicó un decreto, el 4 de febrero de 2014, en el que desarrollaba el Estatuto de personas jóvenes agricultoras. Y por ello también es por lo que el nuevo Plan de desarrollo rural para el periodo 2015-2020 de Euskadi, aprobado en comisión el pasado 26 de mayo, recoge una serie de medidas para fomentar la incorporación de los jóvenes al sector. En este sentido, quisiera destacar dos líneas en este sentido. La primera de ellas se trata una ayuda a la primera instalación de hasta 70 000 euros, que incorpora además la novedad de un sueldo de 10 000 euros al año durante los dos primeros años de instalación y la posibilidad de financiar la compra de tierras y ganado así como el arrendamiento de tierras; que es una parte muy importante del problema. Y la segunda es que se da un carácter prioritario a los jóvenes que se inician en esta actividad agraria en cuanto a la concesión de diferentes ayudas —apoyo a las inversiones, cooperación, etcétera—, en porcentajes superiores a las concedidas al resto de beneficiarios, como por ejemplo las ayudas a la inversión de hasta 20 puntos en el caso de la incorporación de jóvenes, etcétera.

Por otra parte, en 2004 se puso en marcha en la comunidad autónoma vasca el Plan de jóvenes agricultores y agricultoras, Gaztenek. Se trataba de un plan interinstitucional cuyo impulso correspondió conjuntamente al departamento de agricultura y a los diferentes departamentos de las tres diputaciones forales, con carácter decenal, para fomentar la preparación y el acceso de los jóvenes a la agricultura. En la actualidad, se está avalando el plan y se pretende crear uno nuevo para trabajar hasta 2020.

Por tanto, ni el Gobierno tiene competencias ni va a venir ahora a hacer algo que no se esté haciendo, tanto desde el punto de vista organizativo, como legislativo, financiero o formativo. En el País Vasco contamos con varias escuelas profesionales de agricultura que dependen de la fundación HAZI y abarcan desde la gestión hasta la escuela de pastores. Por tanto, como todo eso ya se está haciendo no vemos la razón de esta moción, salvo la demostración de un interés general sobre este asunto y nada más, pues, vuelvo a repetir, no son competentes ni aportan nada que no se esté haciendo.

La semana pasada el señor Xabier Iraola, que es un experto en temas agrarios, escribió un artículo en su blog que se titula «Los ángeles de Mikel». En ese artículo explicaba que Mikel dejó la empresa de maquinaria en la que trabajaba, y se fue a la escuela de pastores de Arantzazu a formarse. Casualmente encontró lo que el señor Iraola llama el primer ángel, que no fue otro más que un pastor del Goierri que dejaba a su rebaño por motivos de salud, y así Mikel pudo comenzar a gobernar su propio rebaño y contar con su pequeña cuadra. Posteriormente se le apareció un segundo ángel, que era una señora que tenía un puesto en el mercado de San Martín de San Sebastián, Donosti, que también se jubilaba; y Mikel y su pareja, Inma, cogieron ese puesto en el mercado de San Martín. Y por último, aparece un tercer ángel que es otro pastor ya mayor, que deja su rebaño y, además, su cartera de clientes; una cartera de clientes que principalmente englobaba establecimientos hosteleros, lo que le daba una cierta garantía en las ventas. Estos tres ángeles son los que dejaban la actividad y Mikel e Inma los que entraban. Por tanto, aparte de todo lo que hagamos, lo que hay que conseguir es que los ángeles salientes sean conscientes de que su trabajo de toda la vida se queda en los entrantes. Esa es una parte que probablemente no se arregle ni con dinero ni con planes sino que es algo muy superior. Al final, el señor Iraola terminaba diciendo: «Mikel e Inma han tenido tres ángeles pero otros muchos no tienen tanta suerte y se quedan en el camino. Busquemos y/o trabajemos esos ángeles cuya luz se está apagando, sigilosa y anónimamente, para que alumbren el futuro de otros jóvenes.»

Esto es lo que hay que hacer, senadora Leyte, y usted también lo ha explicado. Sin embargo, creemos que esta moción no viene a aportar nada nuevo sobre lo que se está haciendo y, además, a pesar de todo lo que dijo el ministro Montoro ayer sobre que no había ningún afán recentralizador ni nada de nada, sinceramente el hecho de pedir al Gobierno que empiece a hacer algo en cualquier ámbito en el que las comunidades autónomas —o, por lo menos, la Comunidad Autónoma del País Vasco— tengamos competencias exclusivas nos da mucho miedo porque siempre supone un mordisco a las competencias exclusivas y ya nos han mordido bastante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Leyte, yo también le agradezco el detalle de haber podido mantener una conversación previa a este debate, que no ha sido lo habitual en esta legislatura. Por tanto, vaya por delante este agradecimiento por sus formas.

Quería hablar un poco de aquellos que no tienen ángel, como decía el senador Cazalis, que creo que ha hecho una muy buena intervención y que, en definitiva, ha situado el problema. Es cierto que es un problema complejo porque muchas veces no es únicamente el dinero sino que son las circunstancias y los contextos. La realidad —y esto, evidentemente, son números muy generalistas— es que alguien que quiera empezar en la actividad agraria necesita disponer, como mínimo, de unos 150 000 euros para poder empezar a desarrollar una actividad que, como ustedes saben, cuenta con las particularidades del mundo agrícola o ganadero, que es compleja porque se necesita maquinaria, inversión y tierras. Por tanto, la realidad es que los únicos que en este momento se están incorporando como jóvenes al sector agrario son aquellos que tienen ángel, como decía el senador Cazalis, o aquellos que pueden recuperar la actividad que estaba ejerciendo alguno de los mayores de la familia, que a partir de ese momento puede quedar en sus manos y ya cuentan con unas instalaciones y unas infraestructuras que están funcionando. Para el resto es muy complicado y lo demuestra el hecho de que en 2012 lo intentaron 5800 jóvenes, pero solo la mitad lo consiguió. Eso demuestra que no hay falta de voluntad por incorporarse a la actividad agraria sino que necesitan un camino que tenga un trazo claro que les permita superar todos esos problemas que les imponen las circunstancias y que muchas veces tienen que ver, efectivamente, con el dinero, pero no solo eso. Así, en este momento las normativas, los requisitos, las posibilidades de implantar una actividad agraria en algunos municipios se hace enormemente difícil porque en general las administraciones tampoco ayudan.

Desde esta perspectiva, es bueno que debatamos y que la sociedad tome conciencia de lo trascendente que es que en el mundo rural haya jóvenes agricultores y que, por tanto, se desarrolle una actividad que vaya más allá de la producción de alimentos, que también —y usted lo ha dicho— y que tiene mucho que ver con la gestión del territorio. En eso estamos absolutamente de acuerdo. El desacuerdo fundamental, senadora Leyte, al margen de lo que ha apuntado el senador Cazalis sobre las cuestiones competenciales, está en que realmente en esta moción no visualizamos ningún instrumento que vaya a cambiar las cosas.

Usted ha dicho que íbamos a hablar de la exitosa negociación de la PAC, como señaló ayer la ministra en una conferencia; de acuerdo, hablemos —de hecho, lo vamos a hacer en la siguiente moción— y veremos, desde nuestro modesto punto de vista, que esta negociación ni ha sido tan exitosa ni ha dado los resultados que ustedes anunciaron que iba a dar.

No me alargo más, señor presidente. Solo quiero decirle que estamos de acuerdo con el diagnóstico y con la nueva voluntad de diálogo que usted ha expresado, pero absolutamente en desacuerdo si no somos capaces de definir algún instrumento que haga que esta moción no sea, como decía el anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular, una moción de carácter generalista que se limite a decir a los agricultores que estamos preocupados por ellos, por su acceso a la agricultura, pero no tenemos ninguna palanca, ningún mecanismo que dé soluciones.

Acabo, señorías, recordándoles lo que decían los agricultores hace unos meses frente al Ministerio de Agricultura: Mamá, quiero ser agricultor y no me dejan.

Esa es la realidad, no les dejamos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

S’han posat molts conceptes damunt la taula. S’ha parlat d’incorporació de joves, com he dit abans, s’ha parlat de transmissió generacional, d’emprenedoria, en definitiva, de vertebració d’un entorn que els que venim d’un entorn rural volem.

Suposo, vull suposar, que les diferents administracions, des de diferents perspectives, i els diferents govern també ho volen, però obras son amores y no buenas razones. Li dic això perquè, entre altres coses, la proposta que li havia fet aquest senador era ben bé una proposta que es podia acceptar i que, d’una manera o altra, facilitaria mínimament la incorporació o la no exclusió d’alguns joves en algun entorn, com he dit, de la fruita dolça, de diferents sectors de la ramaderia, de la planta viva, en la qual vostès els recordo que van intentar arreglar una solució que havien provocat amb l’increment del 21 % de l’IVA i, després de dos anys i de moltes explotacions tancades, van tornar a l’IVA original.

Però voldria parlar-li d’alguns aspectes més genèrics. En primer lloc, la inversió necessària que s’ha de fer per iniciar una explotació agrària, la inversió en immobilitzat. Si no hi ha unes facilitats molt grans, a més a més de l’esforç i aquests business angels que són les famílies, moltes vegades, no es poden dur a terme, llevat que sigui per transmissió familiar. Aquí venim amb la qüestió dels negocis o les empreses familiars i la dignificació del treball que vostè molt bé ha dit, senadora Leyte, quan abans hi havia aquell xip, si m’ho permet, que deien els fills dels treballadors que es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia: busca’t la vida en un altre lloc. Doncs això no ho hem de permetre, entre altres coses perquè es necessita un nivell de formació cada vegada més elevat, perquè hi ha uns clústers agroindustrials i agroalimentaris que són de primera magnitud, i aquí estem parlant tant de Catalunya com d’Andalusia, però també a altres territoris de l’Estat espanyol amb producció lletera, com és el seu territori, on s’està fent la feina bé, on el nivell de productivitat és prou elevat, però no tan sols cal això. Hi ha altres conceptes com són la justirendibilitat, allò que dèiem de la cadena alimentària, que tots els sectors, tots els actors principals, de la cadena alimentària puguin tenir el seu punt de participació en aquest valor afegit que el client final està disposat a pagar.

A més, hi ha un altre element essencial: la reducció dels costos de producció. Quant s’han incrementat els costos de producció en els últims anys? Ahir parlava amb la ministra, la interpel·lava en la sessió de control. A quin preu es va pagar la fruita l’any passat, la campanya passada? Vint cèntims menys del que costa produir-la. És aquest bucle pervers que ahir ja vaig esmentar i avui hi torno el que fa que molta gent amb ganes de continuar amb l’explotació agrària no puguin perquè no tan sols han d’invertit els seus esforços sinó també els seus diners i la taxa de retorn és negativa.

Però, més enllà de les situacions puntuals dels mercats, hi ha d’altres coses que l’executiu del Govern de l’Estat espanyol podria fer, per exemple, la factura elèctrica. S’aplica sobretot a les comunitats de regants i ha generat un increment de cost del 70 %. Està a les seves mans poder-la adaptar segons les demandes i la temporalitat. No pot ser que hi hagi una tarifa plana i aquesta factura elèctrica s’hagi de pagar permanentment tot l’any, fins i tot quan no s’utilitza. A més, hi ha els costos financers a l’hora de fer inversions en immobilitzat, que vol dir: terra, estris, llavors, planter, adobs, electricitat, mà d’obra... Fixi’s qui s’encarrega de l’immobilitzat material, qui se’n fa càrrec i en quins períodes cobren. Totes aquestes mesures que li estic dient, més enllà del que li he explicat —perquè després ja entrarem a parlar de la PAC—, en les mesures que li he fixat en les esmenes que li he presentat, totes aquestes eines, són a les seves mans i vostès no ho estan utilitzant.

Ahir també vaig recomanar a la ministra que les quotes de la seguretat social dels treballadors del camp es redueixin un 30 % o un 40 %. Per exemple, els mòduls de l’IRPF que cada vegada no s’hagi de fer una demanda constant al Ministeri d’Hisenda per aconseguir que s’adaptin a les situacions i les inclemències temporals que, torno a dir, han patit no tan sols un territori que he esmentat, sinó que això és un dia a dia, les sequeres que han patit a l’entorn rural, totes aquestes coses depenen de l’executiu del govern del Partit Popular i és a les seves mans; d’aquí aquestes demandes.

Anem a l’articulat. Vostè m’argumenta que no poden acceptar les esmenes que li he fet, entre altres coses, perquè no s’escau a la normativa europea, més o menys és aquest plantejament. Jo li dic que, de forma genèrica, el reglament de la Unió Europea estableix un marc en el qual es puguin donar les ajudes, que no subvencionar, d’incorporació dels joves a l’entorn rural, a les explotacions agràries, i vostès, amb aquells reials decrets que han promulgat el que fan és excloure una part important d’aquests joves que volen fer-ho, per tant, el principi d’igualtat el trenquen.

Però vostès han utilitzat una escletxa del reglament de la Unió Europea d’aplicació de la PAC perquè hi hagi un PDR estatal i que les comunitats autònomes hagin d’aportar un 70 % de cofinançament a aquests programes dels plans de desenvolupament rural contravenint un dels principis fonamentals de la Unió Europea, que és el principi de subsidiarietat. Les administracions més properes i, en aquest cas, que tenim competències exclusives som aquelles que sabem les bases dels problemes i les solucions que s’hi poden donar. Què ha hagut de fer en aquest cas l’administració catalana? Incrementar l’aportació del cofinançament als plans de desenvolupament rural. Per tant, vostès per un costat diuen que no poden acceptar aquestes esmenes que li faig al respecte de la discriminació de la incorporació dels joves a l’entorn rural i, per un altre, aprofiten aquesta escletxa que permet el reglament de la Unió Europea per aplicar aquesta política, aquesta via central, d’acció del govern del Partit Popular, que és aprofitar cada escletxa legal per a la recentralització.

Segur que en el fons, senadora Leyte, tant vostè com jo estem d’acord que hem de donar tot el suport per a la incorporació dels joves a l’entorn rural, a les explotacions agràries, ramaderes, perquè és la millor forma de vertebrar el territori, i vostè ve d’un entorn rural i jo també, i el territori de Lleida correspon al 37 % de Catalunya i tan sols el 7 % de la població, i necessitem aquesta vertebració territorial. Posem-hi les eines. Ja li dic que, des del Govern de Catalunya, amb les seves limitacions, i no vull entrar aquí al fons perquè potser ens allargaríem massa, ho està fent i de la millor manera possible. Li demano que, per part del Govern del Partit Popular, facin el mateix.

Un petit esment, senyor ministre: ahir la ministra em va dir que havien obert exportacions a altres territoris a l’hora d’exportar la fruita quan li vaig fer la interpel·lació.

Gracias, presidente.

Se han puesto muchos conceptos sobre la mesa. Se ha hablado de la incorporación de los jóvenes, como ya he dicho antes, y también de la transmisión generacional y de emprendeduría. En definitiva, se ha hablado de la vertebración de un entorno que aquellos de nosotros que procedemos del mundo rural deseamos mantener.

Quiero suponer que las distintas administraciones, desde diferentes perspectivas y con distintos gobiernos, también desean lo mismo, pero obras son amores y no buenas razones. Les digo esto porque, entre otras cosas, la propuesta formulada por este senador podía aceptarse perfectamente y de una forma u otra facilitaría, aunque mínimamente, la incorporación o la no exclusión de los jóvenes en determinados entornos, como los ya mencionados: la fruta dulce, distintos sectores de la ganadería o la planta viva. Les recuerdo que intentaron arreglar una situación que provocaron ustedes mismos con el incremento del IVA hasta el 21 %, cuando, transcurridos dos años y después del cierre de muchas explotaciones, volvieron a aplicar el IVA original.

Pero me gustaría hablares de algunos aspectos más genéricos. En primer lugar, quiero referirme a la inversión necesaria para iniciar una explotación agraria, a la inversión en inmovilizado, que muchas veces no se puede realizar y de los business angels, que muchas veces son las familias, a no ser que existan muchas facilidades o se trate de una transmisión familiar. Aquí podemos hablar de las empresas familiares y de la dignificación del trabajo porque, como muy bien ha dicho la señora Leyte, antes a los hijos de los trabajadores que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería se les decía que se buscasen la vida en otro sitio. Esto no debemos permitirlo, entre otros motivos, porque se requiere de un nivel de formación cada vez más elevado, y porque existen unos cluster agroindustriales y agroalimentarios de primera magnitud, y aquí estamos hablando tanto de Cataluña como de Andalucía, pero también de otros territorios del Estado español con producción lechera, como sucede en su territorio. Allí el trabajo se está haciendo bien y el nivel de productividad es bastante elevado, pero no es necesario solo esto sino que hay otros conceptos a tener en cuenta como el ajuste, la rentabilidad, y lo que mencionábamos de la cadena alimentaria: que todos los sectores, que todos los actores principales de la cadena alimentaria puedan tener su punto de participación en este valor añadido que el cliente final está dispuesto a pagar.

También hay otro elemento esencial que es la reducción de los costes de producción. ¿En cuánto se han incrementado los costes de producción en los últimos años? Ayer habló de ello la ministra en una interpelación que se le hizo en la sesión de control. ¿A qué precio se pagó la fruta en la pasada campaña? Pues 20 céntimos menos de lo que costó su producción, y este es un bucle perverso del que ayer hablé y que hoy vuelvo a mencionar. Por culpa de este bucle muchas personas que tienen ganas de continuar en la explotación agraria no pueden hacerlo, porque no solo deben destinar a ello sus esfuerzos sino también invertir su dinero, y la tasa de retorno es negativa.

Pero es que más allá de las situaciones puntuales de los mercados existen otros aspectos en los que sí podría actuar el Ejecutivo del Gobierno del Estado español, como es, por ejemplo, la factura eléctrica. La factura eléctrica que se aplica sobre todo a las comunidades de regantes ha generado un incremento de costes del 70 % y está en sus manos adaptarla según las demandas y la temporalidad. No puede ser que exista una tarifa plana de forma que haya que abonar la factura de electricidad permanentemente, todo el año, incluso cuando no se está utilizando. También hay que tener en cuenta los costes financieros en el momento de la inversión en inmovilizado; e inmovilizado son tierras, son aperos, son semillas, son abonos, son planteles, es electricidad, es mano de obra, etcétera. ¿Quién realiza este trabajo? ¿Quién se encarga del inmovilizado material? ¿Quién se ocupa de esto y en qué periodos cobran? Pues todas las medidas que le estoy mencionando, y que he plasmado en las enmiendas más allá de lo que ya le he explicado —después entraremos a hablar de la PAC—, todas esas herramientas las tienen ustedes en sus manos y no las están utilizando.

Ayer también recomendé a la señora ministra que las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores del campo se redujeran un 30 % o un 40 %, por ejemplo; que en el caso de los módulos de IRPF, que no haya que realizar esa demanda constante al Ministerio de Hacienda para lograr que se adapten a estas situaciones y a las inclemencias temporales que, insisto una vez más, ha sufrido no solo un territorio como el mencionado, sino que es el día a día del entorno rural, con las sequías que ha padecido. Todas estas cosas dependen del Ejecutivo del Gobierno del Partido Popular y, por tanto, está en sus manos actuar sobre ello; de ahí nuestras demandas.

Por lo que se refiere al articulado, usted argumenta que no pueden aceptar las enmiendas que he presentado, entre otros motivos, porque no se corresponden con la normativa europea. Este ha sido más o menos su planteamiento, pero le he de decir que de forma genérica el Reglamento de la Unión Europea establece un marco en el que se pueden otorgar —que no subvencionar— ayudas de incorporación de estos jóvenes al entorno rural, a las explotaciones agrarias; pero ustedes, a través de los reales decretos que han promulgado, están excluyendo a una parte importante de esos jóvenes que desean hacerlo, y con ello rompen el principio de igualdad.

Ustedes, mediante esta rendija, han utilizado el reglamento de aplicación de la PAC para que exista un PDR estatal, y las comunidades autónomas tienen que aportar un 70 % de cofinanciación a estos programas de los planes de desarrollo rural, contraviniendo uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad. Las administraciones más cercanas, que en este caso ostentamos competencias exclusivas, somos las que sabemos y conocemos las bases de los problemas y las soluciones que podemos darles. ¿Qué ha tenido que hacer en este caso la Administración catalana? Incrementar la aportación de la cofinanciación a los planes de desarrollo rural. Por lo tanto, ustedes, por un lado, afirman que no pueden aceptar estas enmiendas que yo les formulo en relación con la discriminación de la incorporación de los jóvenes al entorno rural y, por otro, aprovechan esa rendija que permite el reglamento de la Unión Europea para aplicar esta política, esta vía central de acción del Gobierno del Partido Popular que consiste en aprovechar todas las rendijas legales para la recentralización.

Seguro que en el fondo, senadora Leyte, tanto usted como yo estamos de acuerdo en que tenemos que dar todo el apoyo necesario para la incorporación de los jóvenes al entorno rural y a las explotaciones agrarias y ganaderas, porque es la mejor forma de vertebrar el territorio, y usted y yo procedemos de un entorno rural. Lérida ocupa el 37 % del territorio de Cataluña y tan solo tiene el 7 % de la población, por tanto, necesitamos esa vertebración territorial, pero demos las herramientas. Ya le digo que el Gobierno de Cataluña, con sus limitaciones —y no me gustaría ahora entrar en el fondo de la cuestión porque quizá nos alargaríamos demasiado—, lo está haciendo de la mejor manera posible. Le pido que el Gobierno, el Ejecutivo del Partido Popular, haga lo mismo.

Quería hacer una pequeña mención, señor ministro, a lo que dijo ayer la ministra cuando le formulé la interpelación acerca de que habían abierto las exportaciones de fruta a otros territorios.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PLANA FARRAN: Acabo, senyor president.

Voldria dir-li que per crear i generar un mercat, ara acabo, president, gràcies, es tarda nou anys, no es fa d’un dia per a l’altre. Per tant, posin-se a treballar, posin les mesures perquè els joves els ho agrairan i l’entorn rural també.

No votarem a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Termino, señor presidente.

Me gustaría decirle que en crear y generar esto se tarda nueve años, no se logra de la noche a la mañana. O sea, empiecen a trabajar y tomen las medidas necesarias porque los jóvenes se lo agradecerán y el entorno rural también.

No vamos a votar a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Leyte, lo que voy a comentar no va expresamente contra usted como senadora a título personal, quiero que ya de antemano lo tenga claro, pero sí va sobre su grupo. Esta moción que ustedes han presentado nuevamente en el fondo deja mucho que desear sobre cuál debe ser el verdadero trabajo que debe realizar esta Cámara, y por desgracia da mucho pábulo y mucha fuerza a aquellos que opinan que en esta Cámara no se hace ningún trabajo y que somos inútiles para la sociedad española. Se lo digo sinceramente a la senadora Leyte y al Grupo Popular.

Ustedes han dicho que las enmiendas que hemos presentado los grupos de la oposición, incluido el mío, eran demasiado genéricas, cuando ustedes presentan una moción absolutamente genérica, en la que no aportan ninguna medida nueva especial en relación con la regeneración necesaria en el campo español. Por tanto, no podemos estar más en desacuerdo. A pesar de esa radicalidad sobrevenida que ustedes nos están achacando como estrategia orquestada entre el Gobierno y el Partido Popular para desviar el foco de atención lógico en el evidente fracaso de sus políticas —ahora que estamos terminando esta legislatura les entran las prisas y también los miedos—, es cierto, senadora Leyte, que estamos de acuerdo en muchas cosas de la parte estructural de su moción, como han comentado otros portavoces; claro que sí, claro que tenemos un problema de envejecimiento progresivo en el campo español y claro que lo tenemos que intentar solucionar. El diagnóstico es evidente: hay un problema, como existen también problemas adicionales que ustedes comentan en su moción y que no ayudan en nada —y leo textualmente— a ese necesario relevo generacional, como son los elevados costes de instalación, que también ha comentado el senador Plana; o el número de explotaciones disponibles excesivamente reducido, o la falta de formación específica, a la que nosotros, el Grupo Socialista, añadiríamos también la paralización continua en muchos expedientes de ayudas a jóvenes agricultores en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como puede ser el caso de Aragón.

¡Claro que estamos de acuerdo, senadora Leyte, en que el relevo generacional debe ser una fuente de oportunidades de empleo para los jóvenes de nuestro país que quieran incorporarse a ese nicho de empleo, a ese trabajo en el campo, en el medio rural! ¡Claro que estamos de acuerdo! Es que existe un problema, senadora Leyte y senadores del Grupo Popular, por eso ustedes han presentado una moción, pero aquí terminan ya las coincidencias con el Grupo Socialista. Porque ante este problema y ante la necesidad del Gobierno —obligación, diría yo— de tomar medidas urgentes, ustedes proponen en esta parte resolutiva ambigüedades, generalidades: que el Gobierno estudie... Pues, senadora Leyte, el Ministerio muy posiblemente conozca perfectamente este problema, pero por desgracia, en esta moción, los únicos que hemos presentado algunas medidas concretas y específicas —posiblemente hay muchas más—, que pensamos que pueden servir para intentar hacer este relevo generacional, hemos sido los grupos de la oposición en esta Cámara, senadora Leyte. Usted no ha presentado nada concreto y específico nuevo. Y le recuerdo que en 2013 ustedes presentaron una moción en este Pleno, también en relación con este tema, en la que incorporaban algún punto en concreto que tiene que ver con el primer pilar de la PAC y que usted ha recordado en su exposición y estoy convencido de que nos va a recordar en su intervención posterior. Ahí ustedes decían algo en concreto, pero ahora nos presentan una moción que quieren que les apoyemos y en la que no dicen absolutamente nada, dejando que el Gobierno tome la iniciativa.

Hay una cosa que yo podría entender, y es que ustedes tuvieran una información que nosotros no tenemos. Es decir, que el Ministerio de Agricultura tenga preparada alguna medida concreta y específica importante para luchar a favor de este relevo generacional para apoyar a los jóvenes en el campo de nuestro país. Entendería que ustedes tuvieran información de primera mano sobre eso. Lo que ya no tengo tan claro es que, si eso es así, no lo hayan especificado ustedes en su moción. ¿O es que nos lo va a anunciar ahora usted en el turno de portavoces? (Denegaciones de la señora Leyte Coello). Pues entonces, si no existe ninguna medida, resulta que ustedes han presentado una moción vacía y totalmente generalista, lo que da a entender que ustedes no han comprendido nada de lo que ha pasado el 24 de mayo. Son los ciudadanos los que han mandado un mensaje claro a todos los políticos de este país. Hay que hacer una política cercana a los ciudadanos para intentar resolver sus problemas. Esta moción, ni es cercana ni intenta resolver ningún problema porque no aporta nada nuevo, pero se necesitan soluciones, señorías, también en este punto.

Hablemos de las enmiendas. A mí me sorprende que diga que nuestra enmienda número 1 no es el tema, cuando habla de potenciar la ley sobre titularidad compartida, la Ley 35/2011. ¿No es el tema visibilizar el trabajo de la mujer en el campo, en el medio rural español? ¿No es ese el tema? ¿No facilitaría la solución potenciar esa ley, por cierto, competencia del Estado, como ya informamos al Grupo Popular, y que tiene guardado el Gobierno en un cajón desde hace ya casi cuatro años? ¿No sería importante potenciar esa ley para que la mujer se pueda reincorporar, por un lado como joven agricultora, y por otro, como mujer que lleva toda la vida trabajando a la sombra del marido sin tener derechos? ¿Visibilizar eso no entra en el tema? Sí, señorías, ¡claro que entra en el tema! Debería ser política transversal de todo gobierno que se crea la política de igualdad entre las mujeres y los hombres de este país.

Dice usted que nuestra segunda enmienda es imprecisa, cuando pedimos que se incremente la consignación presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado, si es que los hace el Gobierno del Partido Popular, como ha dicho usted. (Denegaciones de la señora Leyte Coello). No sabemos si ha comentado eso o una cosa parecida, pero no voy a entrar en el tema. Dice usted que es una enmienda imprecisa. ¿Usted piensa de verdad, de corazón, que si llegamos a poner una cifra concreta aquí el Ministerio de Agricultura iba a aceptar esta enmienda? Pues no. Evidentemente.

Y luego hay una cosa que me choca de la enmienda número 4 que hemos presentado. Y me sorprende. Dice usted que nuestra enmienda número 4 no mejora el texto original, ¡y mira que es fácil mejorar el texto original! Pero dice usted que no lo mejora. A mí me sorprende muchísimo, porque esta enmienda número 4, señorías, senadora Leyte, está extraída casi textualmente de una magnífica ponencia de estudio que ha hecho esta Cámara en relación con la despoblación en el medio rural de nuestro país. Y entre de todas sus conclusiones, en dos de ellas que se reducen a una, repito, con consenso de todos los grupos, incluido el suyo, el Grupo Popular, habla de esto. O sea, que me está diciendo usted que algo que hemos consensuado todos en esta Cámara es demasiado vago para incorporarlo en una moción que ha presentado el Partido Popular en la que no dice nada. Sorprendente.

Como decía, no nos sorprende que haya personas que piensen que a veces perdemos el tiempo en esta Cámara. No nos sorprende que ustedes parezcan vivir en un bucle del tiempo constante, como el día de la marmota, y piensen que siempre estamos en 2011, que ustedes no han gobernado casi cuatro años en este país y que han tomado medidas, y deben tomarlas, porque tienen esa responsabilidad, sobre los problemas que tengan los ciudadanos de este país, también los jóvenes agricultores de este país. Con mociones de este tipo y actitudes como las suyas —y, repito, no se lo tome a título personal, me refiero a actitudes de su grupo—, se desmerece absolutamente cualquier trabajo de la oposición, pues dudo mucho que ni siquiera se planteen la posibilidad de llegar a acuerdos. De hecho, han sido muy pocos los acuerdos a los que se ha llegado en esta Cámara y esto desmerece mucho el trabajo de todos los senadores.

Y no quiero agotar el tiempo, pero quiero acabar con una reflexión personal. Señorías, ser el partido más votado en un ayuntamiento o comunidad autónoma no significa tener la mayoría de los votos de los ciudadanos. Porque, muy a su pesar, puede ser que una mayoría de votantes quieran cambiar la política que ustedes, los del Partido Popular, han realizado. A título personal les digo que si dialogar, llegar a acuerdos y consensuar para cambiar la nefasta política que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional y en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas es ser radical, pues sí, yo, senador del Grupo Parlamentario Socialista, me considero un radical, un radical para cambiar esa política del Partido Popular.

Muchas gracias, señorías.

Señor presidente, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Presidente, señorías, siento que esta moción no sea aprobada por unanimidad. Me hubiese gustado que en algo tan importante para el mundo rural hubiésemos sido capaces de alcanzar un consenso. Creo que uno de los objetivos principales de la moción se ha logrado, el de hablar aquí del problema de abandono en general del campo que existe y la nula o muy escasa —nula no se puede decir porque hay un 4,5 %— incorporación de los jóvenes al mundo rural. Por tanto, el objetivo principal era que en esta Cámara, en el Senado de España, se hablara de un problema que afecta enormemente el mundo rural.

Aquí siempre ocurre esta dicotomía. El senador Cazalis dice que en realidad ni siquiera tendríamos que traer aquí esta moción, porque es una cuestión que está transferida y las comunidades autónomas son las responsables, las encargadas. Él se siente amenazado por ese intento centralizador que yo no veo, pero él sí, y lo respeto. Sin embargo, otros achacan todo al Gobierno. En este país existe esta dicotomía. Es una manera de pensar razonable y justa, y en ella nos movemos todos los que nos dedicamos a la actividad política; se trata de una responsabilidad compartida. El Gobierno español intenta poner de manifiesto el problema, intenta adoptar las medidas que puede en función de sus competencias, sin invadir ninguna que corresponda a las comunidades autónomas, porque de no ser así, estas las llevarán al Tribunal Constitucional. Por tanto, se tiene cuidado en este aspecto. Es importante que el Gobierno adopte todas las medidas que pueda llevar a cabo. Al Gobierno le competía la negociación de la PAC, y creo que lo ha hecho de manera adecuada. Aunque las previsiones eran muy negativas, ha habido un gran logro en la cantidad alcanzada. Se han negociado los 47 000 millones, que han sido muy beneficiosos para nuestro país, cuando esas no eran las previsiones. El sector lácteo ha aumentado enormemente su dotación frente a los 12 millones anteriores. La cuota de pesca también ha aumentado, y eso sí que es responsabilidad del Gobierno central. Creo que lo ha hecho magníficamente, y de eso también se van a beneficiar todas las comunidades autónomas, a las que les tocará aplicar esas políticas en sus distintas comunidades. Por consiguiente, creo que cada uno tenemos que hacer nuestro papel de la mejor manera posible.

Ahora me voy a referir a las intervenciones de sus señorías. Considero que el problema es preocupante. Las organizaciones agrarias tienen una gran impronta en el mundo rural, como el Foro de Acción Rural, y están constituidas por muchas organizaciones, en las que se incluyen redes de desarrollo rural, agricultores, silvicultores, conservacionistas, propietarios, sindicatos y municipios, que están muy preocupados por este problema. Creo que todos han recibido una documentación que han mandado a todos los partidos políticos, también el partido en el Gobierno, poniendo de manifiesto estas cuestiones. Desde luego, una de sus máximas preocupaciones, entre otras, era precisamente que se reconociera la importancia del mundo rural y que se hablara de una incorporación y de una oportunidad real para mujeres y jóvenes.

Señorías, no he dicho que la titularidad compartida no sea importante; la titularidad compartida fue una iniciativa del Grupo Popular. Lo que he dicho es que hay grandes dificultades en su aplicación, muchas veces por problemas con las leyes y las competencias de las comunidades autónomas. He dicho simplemente que este no era el tema de esta moción y que ya se ha defendido varias veces en esta Cámara.

El senador del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que el Gobierno no ha hecho nada. Pues bien, yo quiero recordarle que mientras gobernaban ustedes, la renta agraria bajó un 15 % y ha subido un 2 % solo en los dos últimos años. Como han estado muchos años en el Gobierno —en esta última etapa dos legislaturas, pero en etapas anteriores muchos años—, les corresponde una gran parte de responsabilidad en lo ocurrido, por eso me hace gracia que venga aquí diciendo que todo es culpa del Gobierno, que no hacemos nada y que esto es un brindis al sol. Considero que parte de estas circunstancias son precisamente responsabilidad de sus políticas, que han estado mucho tiempo haciendo brindis al sol y por eso nos vemos en estos momentos en esta situación. Por consiguiente, en último caso, la responsabilidad también les corresponde.

Se han ofrecido medidas, como la posibilidad de negociación de créditos para jóvenes agricultores; el aumento de la dotación para instalar nuevas explotaciones; la Ley de cooperativas, que permitirá aumentar el peso del sistema en las rentas agrarias; el nuevo programa de desarrollo rural para revitalizar las áreas rurales, que también actuará como un eje vertebrador, algo que considero decisivo; y por último, las exenciones fiscales.

El Gobierno está trabajando, y me consta, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para que todo esto sea una realidad. Europa también está preocupada. Y, hablando de formación, a lo que se ha referido el senador de CiU, el señor Plana, tengo que decirle que en la última reunión de ministros de Agricultura de los veintiocho países se ha puesto sobre la mesa un plan Erasmus, parecido al de las universidades, para jóvenes agricultores.

Creo que son iniciativas muy importantes porque van en la línea de ese cambio de mentalidad que pedimos para aumentar la formación y conseguir que los jóvenes estén a la altura de los nuevos retos. Esa propuesta de los veintiocho países que se han sentado en esa mesa es fundamental. La incorporación de los jóvenes es un desafío y una necesidad, aunque algunos no lo perciban o sus posicionamientos políticos les impidan apoyar esta propuesta que creo razonable.

Esta propuesta es un punto de partida, un trampolín para relanzar un mundo que, de verdad, esmorece.



Busqué la palabra, porque existe en gallego, y también está recogida en el Diccionario de la Real Academia. Significa que desaparece, con el desastre que eso produciría en gran parte del territorio. En Galicia gran parte de los incendios tienen mucho que ver con el abandono agrícola y ganadero. También hay que tener en cuenta la proliferación de animales salvajes, que están destrozando cosechas, cuando antes labrar esas tierras los mantenía a raya y era un ecosistema que funcionaba.

Traigo aquí este tema con el objetivo de aumentar la sensibilidad hacia él. Me consta que el Gobierno la tiene y que se va a notar en los Presupuestos Generales del Estado, que ustedes verán y que los hará, por supuesto, el Partido Popular —no sé por qué el senador tenía dudas al respecto porque yo no dije nada de eso—. Creo que debemos ser capaces de dar respuestas, impulsar a los jóvenes emprendedores y asalariados para que dirijan sus pasos al mundo agrario, que con su esfuerzo no solo conseguirán un medio de vida, sino que también ayudarán al resto de la sociedad manteniendo nuestra alimentación, innovando con nuevos cultivos y prácticas, aplicando nuevas tecnologías y sosteniendo el medio ambiente y todo lo que lo conforma.

En cuanto a los resultados electorales, quiero decirle al senador socialista —esto es a título personal, ya que ha hablado de eso— que yo vivo en el entorno rural, soy alcaldesa desde hace veinticuatro años con mayoría absoluta, y en estas últimas elecciones hemos ganado un concejal más; hay once concejales en la corporación y hemos pasado de siete a ocho. (Aplausos). Por tanto, creo que sí estoy cerca de los ciudadanos, que sí conozco sus problemas, y desde luego tanto la gente joven como la gente de mi municipio saben que siempre tendrán una defensora del mundo al que realmente he dedicado mis últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 138; en contra, 83.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MODIFICAR LA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC). 662/000198 GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde 1962 Europa comparte una política agraria común. Al tratarse de un sector en constante renovación, el modelo de aplicación ha ido variando con los años, porque ha tenido que hacer frente a diferentes retos. En un principio se puso en marcha una política que debía atemperar los excedentes, hasta llegar a esta nueva política agraria común, fundamentalmente una política social de rentas, más que una política sectorial.

De hecho, la política medioambiental, la seguridad y la calidad agroalimentaria, la cohesión territorial son los fundamentos de esta nueva política agraria común, que se reflejan, se desarrollan, se ven plasmados especialmente en el segundo pilar de la PAC. Sin embargo, señorías, la última reforma aprobada, la del periodo 2014-2020, ha sido sin lugar a dudas la reforma más polémica de las que hemos conocido hasta ahora. Dos razones de peso: la primera es que se considera que esta nueva PAC no va a ayudar a alimentar a la creciente población teniendo que racionalizar medios de producción como el agua y la tierra, que hacen esencial una apuesta por la I+D+i, cosa que no ocurre en la plasmación de esta nueva política agraria común.

La segunda razón por la que no hay un contento generalizado sobre cómo ha quedado definida es todavía más importante. Esta nueva PAC no cuenta con herramientas para la regulación de los mercados agrícolas, de las que sí disponen otros países productores, lo que permite la intervención pública cuando los mercados colapsan, con lo cual es casi imposible proteger en estos momentos a los pequeños y medianos productores.

Durante el proceso de negociación de esta nueva PAC, el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo expresó su preocupación, su inquietud, por el elevado grado de subsidiariedad —más bien se trata de una renacionalización—, que la comisión iba a permitir a cada uno de los Estados miembros. Y, de hecho, así ha sido, porque esto podía generar desequilibrios entre los productores comunitarios.

Solamente le voy a poner un ejemplo para que ustedes perciban hasta qué grado hemos sembrado diferencias de trato entre unos agricultores y otros. Aquí en nuestro país, en España, el sector de frutas y hortalizas frescas es uno de los más potentes, pero no cuenta con la ayuda pública que sí tienen los productores de frutas y hortalizas frescas de otros países como, por ejemplo, Francia e Italia, lo que lleva a los productores españoles a competir en desigualdad de condiciones. Y esta, señorías, es solamente una de las muchas frustraciones que la aplicación de la PAC ha generado en España, hasta el punto de que todo el proceso de negociación ha sido denunciado ante la Comisión Europea por diferentes organizaciones agrarias; un hecho insólito, un hecho inédito hasta ahora en la historia de nuestro país. Hay oscurantismo, falta de participación e interlocución del sector, arbitrariedad, información errónea, especialmente en la definición de «agricultor activo» y en la de «regionalización», que no se ha aclarado hasta el mes de diciembre, una vez que las medidas estaban adoptadas; y hay, lo que nos resulta más grave, un incumplimiento de las directivas comunitarias en su aplicación a España. Estos son los ejes fundamentales de las denuncias que las organizaciones agrarias han formulado ante la Unión Europea. A nuestro juicio, una pésima gestión del Gobierno de España, donde han primado las decisiones políticas y el hacer daño a las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular. Por encima de un criterio técnico y de racionalidad han primado los criterios políticos. Porque, ¿cómo explican ustedes, señorías, que con la misma ficha financiera, según los datos que nos ha hecho llegar el Gobierno en distintas ocasiones, solo haya una comunidad autónoma que haya perdido con esta nueva política agraria común? Andalucía, señorías, pierde casi 600 millones de euros entre el segundo y el primer pilar, entre ayudas directas y desarrollo rural; y la única explicación que podemos encontrar a tal hecho es precisamente la del castigo político.

Esta nueva PAC, señorías, ha resultado tan decepcionante y polémica que diversos foros están haciendo un estudio pormenorizado, una revisión crítica, para promover su renovación en la revisión intermedia que se tiene que realizar entre los años 2016 y 2017. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Y precisamente porque tenemos esta oportunidad de revisión hemos traído aquí esta moción para aportar nuestro grano de arena, mejorar esta aplicación de la PAC y situar a la producción agrícola y a los productores en el centro de las políticas agrarias de nuestro país; y sobre todo para hacer esta aplicación mucho más equitativa.

Señorías, si hay un punto de coincidencia entre todos los protagonistas del sector no es otro sino la necesidad de vetar el cobro de ayudas y subvenciones a quien no tenga una actividad agraria en sus explotaciones, a los denominados «agricultores de salón» y, de hecho, se ha llegado a un acuerdo, a un compromiso, con el Ministerio de Agricultura en la definición de este «agricultor activo»; acuerdo que podría ser insuficiente, pero efectivo, para ahuyentar a los denominados «caza primas». Ese acuerdo en la definición de «agricultor activo» afectaría a aquellos que percibieran al menos un 20 % de sus ingresos a partir de la venta de sus productos. Pues bien, señorías, ni siquiera eso es lo que va a conseguir la aplicación de esta nueva PAC, porque a pesar del acuerdo del ministerio con las diferentes comunidades autónomas y organizaciones agrarias, el decreto que plasma el contenido de la PAC en España no contempla esta limitación; es decir, que bastará con el mantenimiento, con tener el territorio, para poder cobrar ayudas directas de la PAC. Obviamente, este incumplimiento del Gobierno ha causado una enorme decepción, una gran indignación; de nuevo ganan los grandes propietarios, los cotos agrarios, y pierde la agricultura familiar y profesional; de nuevo esta aplicación de la PAC consolida los 900 000 perceptores frente a los 400 000 agricultores y ganaderos profesionales. Algo similar va a ocurrir a partir del año 2016 con las ayudas a los pastos; podrán cobrar los propietarios de pastos sin ni siquiera tener un requisito mínimo de cabezas de ganado.

Señorías, otro aspecto crucial en la aplicación de esta PAC es que Bruselas blindaba la posibilidad de hacer un reparto más igualitario o más justo de estas ayudas, o sea, de fijar un techo, una limitación o un tope máximo en la percepción de estas ayudas. España, por supuesto, al hacer la traslación a nuestro país, ha optado por no aplicar ningún tipo de techo en la percepción, solamente el que obliga la Unión Europea: recortar un 5 % para los perceptores de más de 150 000 euros. En otros países, en cambio, no solamente se ha establecido un techo en la percepción de ayudas, sino que se han adoptado medidas redistributivas como, por ejemplo, en Francia, al premiar económicamente a las primeras hectáreas y con ello conseguir un reparto más social de nuestras ayudas. En España, ya les digo, no se ha optado por poner un tope a estas ayudas, con lo que de nuevo cuando se publique el listado de los perceptores en el año 2015, volveremos a ver cómo el 8 % de estos perceptores acaparan más del 50 % de esas ayudas. Volveremos a ver en ese listado cómo los Mora Figueroa, Villar Mir, Botín, Abelló, Grosvenor o los Conde, ocupan el top ten de perceptores de ayudas o subvenciones de la PAC. Igual que lo hemos visto en el listado de este año 2014 que se acaba de publicar recientemente. Obviamente, señorías, nosotros en nuestra moción queremos que se fije un tope, y lo hacemos precisamente en los 150 000 euros, una vez descontados los gastos que genera el empleo. Y ese dinero sobrante pasaría a incorporarse al segundo pilar.

Igualmente, señorías, nos parece injustificado que tras pelear en Bruselas el incremento de las ayudas acopladas hasta un 15 %, finalmente el Gobierno de España haya decidido no utilizar ese tope en las ayudas acopladas; es decir, no prestar o no incorporar cultivos que están en riesgo de desaparición, como por ejemplo el olivar en pendiente o el olivar de baja producción, a pesar de las reiteradas peticiones que hayan formulado diferentes comunidades autónomas. Igual de incomprensible nos resulta el trato discriminatorio que tiene el ganado caprino frente el ovino, cuando en el anterior ejercicio, en la anterior campaña, habían tenido un trato similar en el tema de las ayudas. Proponemos en nuestra moción utilizar el máximo respaldado por Bruselas, el 15 % de las ayudas acopladas y, además, hacer una revisión para que haya una redistribución más justa.

Finalmente, señorías, quisiéramos que se consideraran de un modo especial las dificultades que tiene el ejercicio de la agricultura en las zonas con limitaciones naturales. Precisamente porque tienen limitaciones naturales necesitamos su supervivencia, puesto que tienen una gran trascendencia para el medio rural. Me gustaría extenderme muchísimo más sobre el segundo pilar, pero no puede ser porque en estos momentos, a mediados del año 2015, todavía no se han aprobado los reglamentos que van a definir el desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma.

En definitiva, señorías, debemos remediarlo y podemos hacerlo porque esta es una buena ocasión para plantear propuestas, para intentar mejorar la nueva PAC. Si no lo hacemos, esta nueva política agraria común va a afianzar la brecha entre los grandes terratenientes y los pequeños y medianos productores, va a favorecer el abandono del campo, el éxodo rural. Cambiar es lo que se ha hecho, pero cambiar para que todo siga igual; razón por la que el Grupo Socialista presenta esta moción, para intentar paliar un reparto injusto de las ayudas, para que la PAC siga teniendo como objetivos primordiales la producción de alimentos y, sobre todo, la vida en el mundo rural, máxime cuando en estos momentos las subvenciones, las ayudas directas de la PAC significan algo más del 30 % de la renta de los agricultores y ganaderos.

Por todo ello, les pido, señorías, a todos los grupos presentes en esta Cámara su voto favorable.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Abans de res, vull dir que a la meva anterior intervenció al president li he donat la qualificació de ministre. Res més lluny de tot això; vull demanar disculpes i reiterar el meu coneixement respecte de les institucions, i que sé que és el president del Senat i no el ministre.

En segon lloc, crec que ens de facilitat tots plegats que aquesta Cambra de representació territorial doni tanta importància, com a mínim en el que fa referència a la sessió plenària, a l’agricultura. Avui ho hem vist i ahir també ho vam veure. Sessions de control on els diferents grups polítics fan diferents intervencions a la ministra del ram, com avui s’ha vist, amb la moció d’abans i amb la que estem tractant en aquests moments, també referida al tema de l’agricultura i a una qüestió tan fonamental per a Europa i per al nostre entorn més proper com és l’aplicació de la Política Agrària Comuna, que té unes reminiscències històriques i que va néixer per unes qüestions determinades. I ja que es parla del concepte de sobirania alimentària, crec que això ho hauríem de tenir del tot interioritzat. El concepte de sobirania alimentària i el concepte de fixació dels professionals a l’entorn del qual parlem: l’entorn rural, l’entorn agrari, l’entorn pesquer, l’entorn ramader.

Per tant, en segon lloc —ja que primer he volgut felicitar-nos fent aquesta proclama—, he presentat aquestes esmenes a la moció, i agraeixo a la senadora proposant d’aquesta moció l’acceptació, o si més no el clima de diàleg perquè poguéssim arribar a uns punts d’acord. El Grup de Convergència i Unió ha presentat unes esmenes concretes, que volen millorar el text, respecte del que s’estableix en uns punts concrets, com la incorporació de joves, que abans hem parlat. Volem fer aquest incís respecte de la publicació del Reial Decret 1076/2014. Després, demanem la supressió del punt e), quan diu «establir criteris perquè les zones amb limitacions naturals rebin fons complementaris. La justificació d’això, entre altres coses, és que ja els PDR autonòmics tenen assignats aquests fons. Treure fons del primer pilar i portar-los a aquest segon pilar podria generar una certa distorsió. Ho dic des de la màxima comprensió i amb la voluntat d’intentar establir un model en el qual tots puguem encabir-nos. Parlem també del concepte d’eliminar les ajudes acoblades als incentius contraris a la normativa de la Unió Europea, que suposo que tots els grups hi estarem d’acord. Amb la senadora que proposa la moció ja vam parlar, durant les converses que vam tenir en el dia d’ahir, i hi havia aquest punt, no de conflicte sinó d’una certa diferenciació de posicionament respecte del punt e).

He anat indagant i fonamentant-me en tot això i les principals organitzacions professionals agràries em deien això, que podia ser un motiu de distorsió un cop que ja s’han assignat els Plans de Desenvolupament Rural autonòmics. Després, al torn de portaveus, insistiré en el tema de la regionalització, el cofinançament, l’escletxa legal que s’ha utilitzar per fer un PDR estatal en detriment dels PDR autonòmics que fins ara, en alguns territoris i durant uns períodes, sortien bé i tenien la seva importància.

Per tant, proposem aquestes esmenes i esperem que a tinguin a bé i que d’una manera o altra les puguin incorporar. Reitero, però, la felicitació a aquesta Cambra per la importància que es dóna a un sector tan important com és el sector agrari, agroindustrial i agroalimentari.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Antes de nada quiero decir que en mi anterior intervención al presidente le he dado la cualificación de ministro. Nada más lejos de la realidad. Quiero pedir disculpas porque conozco las instituciones y sé que es el presidente del Senado y no el ministro.

En primer lugar, todos tenemos que felicitarnos porque esta Cámara de representación territorial dé tanta importancia, como mínimo en la sesión plenaria, a la agricultura. Ayer hubo sesiones de control donde los distintos grupos políticos preguntaron e interpelaron a la ministra del ramo. Hoy se ha visto ya una moción sobre el tema y ahora estamos tratando otra también que alude a la agricultura y a una cuestión tan fundamental para Europa y para nuestro entorno más próximo: la aplicación de la política agraria común, que tiene unas reminiscencias históricas y que nació por unas cuestiones determinadas, entre otras, por la necesidad de delimitar el concepto de soberanía alimentaria; concepto que deberíamos tener ya del todo interiorizado, al igual que el de fijación de los profesionales, en el entorno en el que estamos, en el entorno rural, en el entorno agrario, en el entorno pesquero y en el entorno ganadero. He querido, por eso, hacer esta proclama para felicitarnos.

En segundo lugar, esta enmienda que el Grupo Convergència i Unió ha presentado a la moción —día tras día agradeceré a la senadora proponente de la misma su aceptación, pero si no lo hace, al menos le agradezco el clima de diálogo creado para que pudiéramos llegar a algunos puntos de acuerdo—, quiere mejorar unos puntos concretos del texto: la incorporación de jóvenes que antes hemos comentado —hago este inciso con vistas a la aplicación o a la publicación del Real Decreto 1076/2014—, la supresión del punto e) que dice que hay que establecer criterios para que las zonas con limitaciones naturales reciban fondos complementarios. La justificación, entre otras cosas, está en que ya los PDR autonómicos tienen asignados estos fondos. Quitar fondos del primer pilar para llevarlos a este segundo pilar podría generar una cierta distorsión, y lo digo con la máxima comprensión y con voluntad de intentar establecer un modelo en el que todos podamos caber. Luego hablamos de eliminar las ayudas acopladas a los incentivos contrarios a la normativa de la Unión Europea, cuestión con la que supongo que todos los grupos estaremos de acuerdo. Ayer hablamos con la senadora que propone esta moción sobre el punto e), en el que no hay conflicto pero sí una cierta diferencia de posicionamiento.

He estado indagando y documentándome sobre este aspecto con las distintas organizaciones profesionales agrarias y me han dicho que puede ser motivo de distorsión una vez que se han asignado los planes de desarrollo rural autonómicos; posteriormente, en el turno de portavoces insistiré en la racionalización, en la cofinanciación y en la rendija legal que se ha aprovechado para hacer un PDR estatal en detrimento de los PDR que hasta ahora han funcionado bien en algunos territorios, al menos durante unos periodos, y que tenían su importancia.

Proponemos, pues, estas enmiendas y esperamos que tengan a bien incorporarlas de una forma u otra, pero reitero mi felicitación a esta Cámara por la importancia que se da a un sector tan fundamental como es el agrario, el agroindustrial y el agroalimentario.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, autora de la moción originaria, la senadora Coves, para manifestar si acepta o no la enmienda.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente. Si no le importa, voy a intervenir desde mi escaño.

Comparto con el senador Plana la importancia que tiene para esta Cámara una política tan importante como es la política agraria común, especialmente porque con el nuevo ejercicio se aplicará en los próximos seis años, y, por ello, como ya destacaba en mi primera intervención, si podemos mejorarla debemos hacerlo porque que yo recuerde es la primera vez en la historia que la negociación ha sido llevada a Bruselas por un incumplimiento del propio Reglamento de la Unión Europea. Por tanto, algo se ha hecho mal; de ahí que traiga esta cuestión a esta Cámara para que la estudiemos, debatamos y, si acaso, la mejoremos; tendremos una oportunidad estupenda en la próxima revisión del año 2016.

Señor Plana, lamento no poder aceptar su enmienda y voy a intentar justificar mi rechazo. En cualquier caso, le agradezco que la haya formulado en esta Cámara porque eso nos permite seguir ahondando no solo en las diferencias sino en el grado de aproximación al que podamos llegar. Obviamente estamos de acuerdo con el relevo generacional, cómo no; el campo está sufriendo un envejecimiento, que es uno de los factores fundamentales que explica la existencia de síntomas tan claros como el incremento de los incendios forestales en los últimos años. No hay actividad agraria. El campo no es interesante para los jóvenes, y, además, la administración tampoco lo hace interesante. Por tanto, es un tema que tenemos pendiente con el que estamos absolutamente de acuerdo.

Pero no coincidimos, señoría, en la supresión del punto dos que usted solicita, en el que pedimos un trato preferencial para las zonas con limitaciones naturales que están distribuidas a lo largo de todo nuestro país. Existen en Cataluña, en Andalucía, y en cualquier comunidad autónoma. Precisamente porque tienen limitaciones naturales, la práctica de la agricultura y de la ganadería tiene especiales dificultades y sencillamente queremos que se tenga un mimo especial con esa práctica. Por tanto, no podemos aceptar la supresión que usted nos solicita en su enmienda.

Muchísimas gracias, senador Plana.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Coves.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No es la primera vez que hablamos en esta Cámara de la política agraria común. Hemos tenido oportunidad de debatir proyectos de ley que afectaban a la misma. Por tanto, son conocidas las posiciones de los grupos políticos en relación con esta materia.

Izquierda Unida expresó su discrepancia, en primer lugar, sobre algo que se destaca en la moción de forma acertada, con el concepto de agricultor activo. En la definición de este concepto, la normativa comunitaria daba una cierta libertad a los gobiernos de los Estados para delimitar las características de este concepto. Al respecto expresamos, en algunos de estos debates, que la definición que el Gobierno de España estaba manejando no salía al paso de lo que se había convertido, en estos años de aplicación de la política agraria común en nuestro país, en motivo incluso de escándalo, como el hecho de que las cantidades más importantes o el volumen de ayudas más grande fueran precisamente a sociedades o a grandes capitales familiares, a grandes patrimonios familiares que mantenían sin actividad una gran parte de sus propiedades agrarias. Entendíamos que había que ser mucho más estricto en la definición de este concepto y que los parámetros que se barajaron por el Gobierno de España no eran los adecuados. Hoy nos ratificamos en ello e, igualmente, compartimos la conveniencia, como plantea la moción, de fijar un techo a esas ayudas que al menos palíe las consecuencias de los criterios previamente definidos.

En la comunidad autónoma asturiana, la política agraria común, y las ayudas que de ella se derivan, tienen una gran transcendencia. La política agraria común generó perjuicios claros a nuestra estructura agropecuaria que fueron paliados de forma parcial con estas ayudas directas. Sin embargo, la aplicación de los criterios que se han establecido para el periodo 2014-2020, aunque en el año 2014 hayan sido aplicados de forma muy tenue, están generando un recorte que supone un riesgo mayor para esas explotaciones agropecuarias. El anterior ministro de agricultura, el señor Cañete, antes de marcharse como candidato a eurodiputado y después como comisario, desmintió claramente las denuncias hechas en Asturias en el sentido de que la aplicación de estos nuevos criterios iba a significar inevitablemente recortes. La realidad ha desmentido al señor Cañete. En 2014, sin aplicar todavía estrictamente los criterios fijados, a Asturias ha llegado ya un millón menos de euros y ha disminuido el número de beneficiarios, hay 161 beneficiarios menos.

Por otro lado, habíamos dicho, en discusiones anteriores, que estos criterios iban a generar perjuicios de forma inevitable porque, además del discutible criterio establecido por el Gobierno en torno al agricultor activo, no se había tomado la decisión política de aplicar otros mecanismos previstos en la PAC para dar respuesta a las necesidades de sectores que vivían circunstancias específicas. Por ejemplo, el no asumir que los pagos vinculados a la producción lleguen al 15 % reduce de forma importante las posibilidades de transferir montos importantes a las rentas agrarias. Y lo mismo no aceptar que la ganadería de montaña tenga un tratamiento específico como sector estratégico cara a un incremento de los pagos acoplados. Esto nos permite, además, enlazar con el debate de la moción anterior. Si hay un área geográfica en la que resulte más difícil mantener la actividad agropecuaria, y además en la que resulte más necesaria, es la de las zonas de montaña; donde hay más riesgo de despoblamiento es en las zonas de montaña. La continuidad de la actividad y el mantenimiento de las poblaciones mediante ayudas permitiría, en primer lugar, la subsistencia de las actividades agropecuarias que utilicen métodos de producción tradicionales, naturales, que cumplan los objetivos de las producciones ecológicas, que además son capaces de generar mayores plusvalías. Por otro lado, más allá de los réditos económicos que el mantenimiento de estas actividades generen, las mismas, más el asentamiento poblacional, permiten acotar el crecimiento de las especies no cinegéticas, de las especies salvajes que generan daños en la actividad agropecuaria, y también reducir su incremento de las zonas abandonas sin ningún tipo de cultivo, lo que conlleva riegos de carácter medioambiental e incendios forestales.

En Asturias, el sector que más se beneficiaba de las ayudas de la PAC ha sido tradicionalmente el sector lácteo. Por tanto, reducir en este momento las ayudas al sector lácteo supone sumar un problema más a las dificultades que se derivan del final de las cuotas lácteas. En el pasado más reciente, las ayudas de la PAC podían suponer en algunas explotaciones hasta el 60 % de las rentas. En consecuencia, cualquier disminución, como la que ya se ha producido, e incluso una disminución mayor, como la que inevitablemente se va a producir, puede poner en riesgo la continuidad de otro número muy importante de explotaciones lácteas después de años en los que se han perdido decenas de miles de explotaciones de estas características.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok, egun on berriro.

Hoy nos tenemos que felicitar, como ha dicho el senador Plana, porque llevamos casi toda la mañana hablando de agricultura, lo cual viene bien y aclara las cosas.

Senadora Coves, antes de empezar a hablar de la moción, quiero dar unos datos que luego me van a servir para hablar de otras cosas.

La comunidad autónoma vasca tiene una extensión de 7234 kilómetros cuadrados, 2,2 millones de habitantes y una densidad media de 301 habitantes por kilómetros cuadrado. El 85 % de los municipios son de montaña. El 8 % de la población vive en municipios con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, según la clasificación de área rural de la OCDE, mientras que en Álava este dato es del 19 %. Como ya he dicho en la moción anterior, existe una fuerte imbricación entre lo rural y lo urbano, lo que aumenta las oportunidades para el medio rural porque facilita la prestación de servicios a los ciudadanos, pero, a su vez, reduce la disponibilidad del territorio con fines rurales: el 15 % del territorio rural es de cultivo, el 30 % es SAU, superficie agrícola útil, y el 55 % es forestal. Esta imbricación produce a su vez una fuerte presión urbanística, lo que complica las cosas a la agricultura del País Vasco. Demográficamente, entre 2001 y 2011 aumentó la población en las zonas rurales un 15,7 %, mientras que en la media de la comunidad autónoma solo aumentó un 4,67 %, aunque no se incrementó de manera homogénea en todo el territorio: fue menor en la montaña alavesa, en el Duranguesado y en el Alto Deba, por ejemplo. El 19,5 % de la población rural es mayor de 65 años, dos puntos más que la media del Estado, por debajo solo de Alemania e Italia en Europa; algo que también hemos de tener en cuenta. El PIB agrícola es el 8,9 % en la montaña alavesa, entre el 7 % y el 5 % en el valle y La Rioja alavesa y en Markina-Ondarroa, mi comarca, y en cambio es del 5 % en el resto del territorio. Empleados en el sector primario en la comunidad autónoma vasca en 2012 estaban 18 625 personas, de las cuales 15 843 lo estaban en el sector primario agroganadero. Desgraciadamente, en los últimos ocho años el empleo en el sector primario agroganadero se ha reducido un 30 %.

Un dato importante que se ha comentado antes y del que seguiremos hablando lo encontramos en el censo agrario de 2009, según el cual el 30 % de las explotaciones son dirigidas por mujeres, el 20 % del total de los asalariados son mujeres y de las 3400 personas jóvenes que se incorporaron al sector ese mismo año, 2700 fueron hombres y 720 mujeres, más o menos una relación 80/20. Por eso en el País Vasco elaboramos el Proyecto de Ley del estatuto de mujeres agricultoras. En el 2009 estaban censadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco 16 416 explotaciones agrícolas: el 21 % en Álava, el 35 % en Guipúzcoa y el 43 % en Vizcaya; pero la dimensión media de explotación en Álava es de 32 hectáreas, en Guipúzcoa de 16 y en Vizcaya de 10. Y si comparan esta extensión media con la que tiene la mayor parte de sus territorios verán que la diferencia es muy notable en el tipo de explotación del que estamos hablando. Solamente el 10 % de las explotaciones están gestionadas por titulares de menos de 40 años.

Estas son las características sectoriales específicas del País Vasco, aunque probablemente sean extrapolables a algunas otras comunidades, como la asturiana o la cántabra. Como he dicho en la moción anterior y últimamente no me canso de repetirlo, ese es el motivo por el que reclamamos las competencias exclusivas que tiene la comunidad autónoma vasca en esta materia y por eso decimos que tenemos voluntad política de seguir ejerciéndolas, en este caso en ambos pilares de la PAC. Y no es solamente una declaración política, es que en el nuevo PDR, del que ya he hablado antes y que fue aprobado recientemente, en mayo del presente año, se especifica la utilización de una cantidad importante de fondos propios no procedentes de la Unión Europea. De los 400 millones que se van a utilizar para el desarrollo del segundo pilar, un 87,1 % proceden de Feder, a lo que hay que sumar otros 500 millones que va a invertir el departamento de Medio Ambiente en cuestiones medioambientales y en la gestión de aguas. Por lo tanto, no solamente hay un interés político de que se cumpla, sino que además esta decisión está avalada con hechos.

Senadora Coves, en la conferencia sectorial celebrada en Madrid el 23 y el 24 de julio de 2013 se abordó la aplicación de la reforma de la PAC en el Estado de cara a este nuevo periodo de programación 2014-2020. En aquella conferencia el Gobierno vasco, sustentado por este grupo político, denunció la aprobación, en el marco de la política agraria común, de un modelo de gestión centralista y uniformizador del Estado, que limitaba las competencias agrarias y el desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, se defendió que la Comunidad Autónoma del País Vasco tenía plenas competencias para la aplicación de la política agraria en su territorio y, como he dicho, voluntad política de ejercerlas en referencia a la reforma de la PAC en su ámbito de gestión, tanto en lo relativo a las ayudas directas como a las ayudas estructurales en materia de desarrollo rural y sectorial, sin mayores restricciones que las que impone el propio marco normativo europeo, ni más ni menos. Concretamente, en cuanto a la aplicación de la reforma en materia de ayudas directas, en dicha conferencia se reclamó la implantación de un modelo de regionalización administrativa para la base territorial de Euskadi conforme al sobre financiero que le corresponde a la comunidad autónoma vasca en el reparto estatal. En cuanto a la aplicación de la reforma en el segundo pilar, en los fondos Feder, se demandó capacidad plena a la hora de definir estrategias, objetivos y medidas propias acordes a la realidad socioeconómica de Euskadi sin que resultase necesaria la existencia de un programa nacional o un marco nacional. Y esta misma reclamación se planteó en la conferencia sectorial del 20 y 21 de enero de 2014, donde se culminó el modelo de aplicación de la PAC en el Estado, y en las distintas reuniones bilaterales mantenidas entre la consejería y el ministro Arias Cañete y la ministra García Tejerina, así como en el Congreso y en el Senado.

Por tanto, consideramos que debemos seguir defendiendo un modelo de regionalización administrativa para la base territorial de Euskadi en función del sobre financiero que nos corresponde en el reparto estatal, y consecuentemente, aceptando la competencia que ya tenemos pero que no se nos deja ejercer, Euskadi podría establecer cuantas medidas de apoyo, criterios, techos de ayuda, etcétera considere oportuno de acuerdo a su singularidad. Esto es lo que venimos reclamando y defendiendo.

Senadora Coves, esta es la tercera moción tipo ómnibus que se ha presentado en los tres últimos Plenos: la primera fue la de la senadora Llinares, ayer la de la senadora Andrés y hoy la suya. Ayer la senadora Andrés nos dijo que tendríamos que haber trabajado un poquito más y haber presentado enmiendas a cada uno de los puntos para poder llegar a acuerdos. Yo estoy de acuerdo con que la senadora Andrés nos incite a que trabajemos más —creo que ella no lo puede hacer, pero nosotros sí—, pero también podemos dar la vuelta al argumento: lo que no podemos hacer es debatir mociones en las que tenemos tantas cosas sobre las que discutir, cosas en las que podemos estar o no de acuerdo, pero que, desde luego, no podemos ventilar —dicho entre comillas— en los diez minutos que dura la intervención, por muchos acuerdos a los que hayamos llegado antes. Por tanto, también podemos pedir nosotros al Grupo Socialista que traiga todos estos puntos a debate de uno en uno —tienen capacidad de hacerlo— para que los discutamos en comisión y lleguemos a acuerdos, algo de lo que no tengo ninguna duda.

Como dije ayer, nosotros apreciamos lo que quiere hacer su señoría con la moción; entendemos que es poner en evidencia lo que ha sucedido y decir que hace falta cambiar la PAC. Por ello nos quedamos con la definición del punto 1 de su moción. Creemos que eso es lo que hay que hacer, hay que revisar lo que se ha hecho con la PAC, llegar a consensos y hacerlo desde un punto de vista que ya está refrendado por la distribución administrativa y política del Estado español. Por ello no vamos a votar en contra; nos vamos a abstener, porque entendemos que sí hace falta modificar la PAC, pero lo que no podemos hacer es aceptar la parte dispositiva tal y como está porque entonces, como dije ayer, seríamos del Grupo Socialista, y de momento no lo somos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo de la Entesa tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a esta moción. La verdad es que se trata de una moción que, al margen de la parte dispositiva, que puede ser discutible o abordable, como decía el señor Cazalis, y que va a motivar la abstención de algún grupo, invita a hacer una reflexión en profundidad sobre un tema que, como se ha dicho ya a lo largo de la mañana, es absolutamente vital en muchos ámbitos para un sector que no está bien. Y la prueba más evidente de que no está bien es que esta demanda sobre la repartición de los fondos de la PAC la haya hecho llegar a las más altas instancias europeas una organización profesional agraria. A nosotros, por tanto, nos parece oportuna.

Asimismo consideramos que el debate debe poner al Grupo Popular ante un espejo, porque ciertamente todos recordamos los términos tan aplaudidos del discurso de Arias Cañete hablando de la PAC y elogiando su negociación y los fondos, pero luego, cuando ha llegado la hora de la verdad y hemos visto cuál ha sido el reparto de los fondos, el señor Arias Cañete ya no está y la realidad, que tiene poco que ver con la propaganda, es que hay una reducción de un 13 % en el lineal para los agricultores, una reducción que será de un 25 % para aquellos que tengan ayudas por debajo de los 5000 euros. Por tanto, sí es el mismo dinero, aunque no exactamente, pero hay una pérdida importante para los agricultores, que van a recibir menos dinero. En las correcciones que ha habido en 2014 y que afectan a 865 554 beneficiarios del régimen de pago único hay una reducción de 5452 euros en relación con 2013. No sé si para ustedes la cantidad es o no importante, pero para los agricultores que tenían que recibirla les aseguro que sí lo es.

Por tanto, insisto, la propaganda y la verdad tienen poco que ver. Recordarán ustedes además que el señor Cañete, en el que hoy es un tema central del debate y que lo fue entonces: la definición de agricultor activo, aseguró de todas las formas posibles que eso iba a cambiar porque ciertamente era una indecencia que cobraran aquellos cuya única gestión del campo era especular, pero a pesar de esos compromisos la realidad es que hoy estamos igual que antes, por no decir peor. Es decir hay 2 millones de hectáreas en nuestro país que no se cultivan y que en cambio perciben ayudas de la PAC, hay 700 millones de euros de la PAC por tierras que no producen absolutamente nada y esos sí serían, sin duda alguna, recursos que podrían ir destinados a ayudar a los agricultores jóvenes que tienen tantas dificultades para acceder a la agricultura. Allí es donde habría que rascar el dinero para poder ayudar a todos aquellos que quieren incorporarse para hacer una gestión del campo, para trabajar el campo y la tierra; esos son los únicos que deberían cobrar y ser beneficiarios de las ayudas de la PAC.

Por tanto, insisto, la moción nos parece útil; creemos que es necesaria una revisión crítica sobre cómo ha sido elaborada esta PAC y una nueva perspectiva que sea capaz de hacer que la PAC sea justa, que el dinero llegue a aquellos que realmente cultivan la tierra y lo necesitan para superar una situación que en este momento pone otra vez sobre la mesa unas cifras que vuelven a rayar en la indecencia, es decir, que el 0,2 % de los perceptores en España reciban más de 150 000 euros repartiéndose prácticamente el 10,5 % de las ayudas. Por tanto, efectivamente nosotros somos partidarios, señora Coves, de que se ponga un tope a esas ayudas y que especialmente aquellos que van a recibir más encima no sufran ajustes del 5 % en relación con aquellos que lo van a sufrir del 13 % o del 14 %, es decir, que se haga un reparto justo.

Además, esta PAC, señorías, tiene otro problema que comentaba el senador Plana en la anterior moción, y lo hizo ayer también, y es que no tiene mecanismos para garantizar un precio mínimo de mercado. No se habla de ello en esta moción pero hoy sabemos, y lo hemos debatido en esta tribuna reiteradamente, que uno de los problemas graves de nuestra agricultura es el precio de los productos, es decir no es suficiente producir ni producir calidad sino que el problema es el precio que te van a pagar, y eso tampoco está resuelto. Se ha hablado de los problemas del veto ruso y eso tiene que ver con estos mecanismos, y ciertamente Lleida y los productores de fruta dulce de Aragón tienen un grave problema que ya se puso en evidencia el año pasado y que no vamos a poder resolver y va a llevar a una crisis muy profunda en una parte muy importante de nuestro campo.

A ello hay que sumar la opacidad que ha tenido toda la tramitación de los PDR, las propias instancias europeas han puesto en evidencia la falta de participación en ellos, y creo que hay elementos suficientes como para pedir a todos los grupos que apoyen esta moción porque, yo no sé senador Cazalis si podemos entrar en el debate punto por punto, es cierto que es complejo y complicado, tiene usted razón, pero yo creo que la moción tiene un sentido crítico con una situación que realmente no es satisfactoria, y no lo dice el Grupo de la Entesa o el Grupo Socialista, sino que lo están diciendo las organizaciones agrarias y creo que en este sentido el Gobierno y, por tanto, el Grupo Popular deberían reflexionar al respecto.

Señor Plana, vull manifestar també el meu desacord amb el punt que vostè ha volgut excloure de la moció del Partit Socialista. No entenc la seva esmena perquè, certament, que les zones de muntanya requereixen més recursos és més que evident, però no sé quin és el desequilibri que es pot produir en aquest moment quan encara ara els reglaments del PDR no estan aprovats. Encara ara no estan aprovats. I és més, en aquesta PAC, el reglament nacional de la PAC diu exactament que el 5 % del sobre nacional hauria d’anar destinat a les zones de muntanya, i això no es compleix ni en una mínima part. (Quiero manifestar también, señor Plana, mi desacuerdo con el punto que usted ha querido excluir de la moción del Partido Socialista. No entiendo su enmienda porque, ciertamente, que las zonas de montaña requieren más recursos es más que evidente, pero no sé cuál es el desequilibrio que se puede producir en estos momentos cuando aún ahora los reglamentos del PDR no están aprobados. Aún ahora no están aprobados. Y es más, en esta PAC, el reglamento nacional de la PAC dice exactamente que el 5 % del sobre nacional debería ir destinado a las zonas de montaña, y eso no se cumple ni en una mínima parte).

Es decir, que si unos territorios están discriminados negativamente en el reparto de la PAC estos son especialmente las zonas de montaña, y un 40 % del territorio de este país es zona de montaña. Estamos realmente en un debate muy trascendente para intentar dar alguna oportunidad a muchas zonas que hoy no la tienen ni quizá la vayan a tener, porque además no hay ningún mecanismo que les reconozca una esperanza de futuro. Por tanto, creo que la agricultura de las zonas de montaña debe recibir más recursos, como sucede en Francia y en otros países en los que las ayudas de la PAC suman hasta un 15 % en las zonas de montaña, algo de lo que estamos a años luz en este país.

Quiero pedirles también su voto favorable y decirle al senador Plana que reconsidere su enmienda ya que creo que no es justa precisamente con las zonas de montaña.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Tot i la interpel·lació directa, senador Boya, no és pas la moció seva. Potser qui ha demanar la incorporació de l’esmena ha de ser la proposant d’aquesta moció.

Aquest plantejament que ha fet, i que soni com una justificació, ni molt menys, és un plantejament que ens han comunicat la major part de les organitzacions professionals agràries —perquè una de les tasques que tenim les persones amb una certa representativitat—, i l’han posat sobre la taula. I quan els vam demanar que justifiquessin aquesta situació ens van dir: «és que venim d’un temps en el qual tan sols s’invertia el 60 o 70 % dels Plans de Desenvolupament Rural, quan era responsabilitat dels Governs autonòmics». Amb el Govern actual de la Generalitat, el 98 % dels fons dels Plans de Desenvolupament Rural s’estan aplicant, a diferència de temps passats, i no vull parlar de qüestions d’herència, ni molt menys.

Però no vull entrar en aquest fons, i crec que estaríem d’acord, senador Boya, en punts de consens, però com he dit abans, obres son amores y no buenas razones. Hi havia una política fallida o semifallida de cofinançament i d’aplicació de Plans de Desenvolupament Rural, sobretot en zones de muntanya o en zones com Les Garrigues, que es va passar d’un PDR aplicat al 60 % en temps del tripartit a l’actualitat, que s’ha arribat al 98 %. És evident, doncs, que totes les coses són susceptibles de millora, però alguna cosa bé s’ha hagut de fer. I torno a reiterar —gairebé per orígens familiars, i per la representativitat que tenim amb la senadora Rivero moltes vegades que parlem de qüestions de desenvolupament rural i qüestions relacionades amb la inversió i l’aplicació de polítiques agràries i agroalimentàries o agroindustrials a les zones de muntanya—, l’



esforç és màxim.

Però no era la qüestió de fons de la moció, perquè no vull que sembli un debat entre vostè i jo, ni molt menys. Voldria parlar de la qüestió de fons a la qual ens estem referint, l’aplicació de la proposta de PAC que ha fet el Govern de l’Estat espanyol aquí. Torno a corroborar el que he dit a l’anterior moció. L’aprovació del Reial Decret 1075/2014, juntament amb el 1076/2014, posa en evidència la incongruència en tres grans eixos que representa la PAC: les ajudes directes, que és la part millor dotada econòmicament, i la que d’una manera o altra, arriba als agricultors i ramaders; el desenvolupament rural, destinat a accions concretes; i per últim, com molt bé deia el senador Boya —i en això coincidim, com en moltes altres coses, senador Boya—, les mesures de mercat aplicables. Però no vull que d’aquest debat s’arribi a un punt de dir que el sector agropecuari està buscant únicament i exclusiva la subvenció. Perquè moltes vegades, quan ens movem per entorns que no són rurals, entorns urbans o periurbans, arriba aquesta percepció que es busca únicament i exclusiva la subvenció per se. No és així. El que hauria de ser la PAC és un conjunt de mesures d’inici o continuïtat d’aquesta activitat econòmica, social i de vertebració i fixació del territori respecte de les persones que es dediquen a l’activitat agrària i a l’activitat ramadera.

Amb això, vull fer un altre incís en una qüestió que és bàsica: els Plans de Desenvolupament Rural. S’ha aprofitat, per part del Govern de l’Estat espanyol, qualsevol escletxa legal per arribar a un punt de recentralització de les atribucions que teníem les comunitats autònomes o aquells territoris que tenim unes ànsies majors. Ens basem en el principi de subsidiarietat; som així. És un principi informador i creiem que el que han de fer les administracions que estan més properes a la situació tractada, entre altres coses, és donar-hi aquesta solució. L’han de donar en altres aspectes, una solució d’aportació de mesures que puguin ser favorables a totes aquelles persones i tots aquells entorns que vulguin aplicar la seva política econòmica a unes activitats concretes.

També voldria insistir en un altre aspecte que crec que és denunciable, com és el concepte d’agricultor actiu. Amb aquest concepte, que hagués permès implantar unes mesures no tan flexibles, sinó més ajustades a la realitat, haguéssim aconseguit, entre altres coses, que no s’hagués aplicat aquell principi del Gattopardo que diu: «canviar-ho tot perquè tot quedi igual». Totes aquelles persones que eren perceptores amb l’anterior model de la PAC continuen d’una manera o altra, perquè no hi ha hagut una diferenciació ni una descripció detallada del concepte d’agricultor actiu, tal com diu fins i tot la Unió Europea, de la forma més adequada i més correcta.

Què vol dir tot això? Doncs que teníem una oportunitat de posar en valor el sector agrari, el sector ramader, el sector agroalimentari, el sector agroindustrial, i d’explicar molt bé totes aquelles funcions —com he dit abans— a partir de la sobirania alimentària, que és un element fonamental que hauríem de tenir inculcat tot l’espai europeu; a partir de la valorització del treball que s’està realitzant a l’entorn rural; a partir d’unes mesures de mercat que arribin a aquell punt de justa rendibilitat de totes aquells parts que formen la cadena alimentària, i donar-hi una funció de dignitat que en aquest cas es veu una mica deixada de banda.

Voldria insistir en un altre element. La PAC, o les polítiques europees d’inversió en R+D+I, haurien de ser un element per millorar la rendibilitat, per millorar la productivitat i perquè, d’una manera o altra, es pogués fer una redistribució més justa de tot aquest valor afegit que es genera al sector agroindustrial. Evidentment, cal que s’observi el principi d’igualtat. No es pot utilitzar el concepte de regionalització per fer-lo tan sols a partir de criteris, no vull dir imposats, però sí promoguts per part del Ministeri sense tenir cap tipus de consideració a les consideracions —valgui la redundància— que han vingut de les diferents administracions autonòmiques.

Ja va aconseguir l’anterior ministre, el senyor Arias Cañete, que ningú no estigués content o que estiguessin contents aquells que ja ho estaven abans, i excloure alguns grups, com els joves agricultors que es volen incorporar a l’activitat agrària, que es veuen desplaçats i no tenen aquesta possibilitat de continuar el seu camí; aquell camí que —vull tornar a rememorar— ens va explicar una vegada l’escriptor Francesc Canosa, que deia que la pitjor collita és aquella que no se sembra. I això els que venim del camp ho sabem. Si no sembrem, si no adoptem les mesures adequades, sabeu el que passarà? Doncs que el despoblament de l’entorn rural serà cada vegada més gran, la sobirania alimentària estarà en mans d’altres territoris i ens trobarem amb un entorn rural totalment despoblat.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Una interpelación directa, senador Boya, no es precisamente su moción. Quien quizá debería pedir la incorporación de la enmienda es la proponente de esta moción.

El planteamiento que ha hecho usted —y no es que esto quiera ser una justificación ni mucho menos— es el que hace también la mayor parte de organizaciones profesionales agrarias, porque una de las tareas de quienes tenemos una cierta representatividad es comunicarnos. Nos lo han comunicado, lo han puesto sobre la mesa, pero cuando les pedimos que justificaran nuestra situación, nos dijeron: es que venimos de un tiempo en el que tan solo se invertía el 60 o el 70 % de los planes de desarrollo rural, cuando era responsabilidad de los gobiernos autonómicos. Pues con el actual Gobierno de la Generalitat el 98 % de los fondos de los planes de desarrollo rural se está aplicando, a diferencia de tiempos pasados —y no quiero hablar de cuestiones de herencia ni mucho menos—.

Sin embargo, no quiero entrar en este fondo. Senador Boya, creo que estaríamos de acuerdo en algunos puntos, pero como he dicho antes, obras son amores y no buenas razones en una política fallida o semifallida de cofinanciación y de aplicación de planes de desarrollo rural, sobre todo en zonas de montaña o en zonas como, por ejemplo, las Garrigas, donde se ha pasado de un PDR que estaba aplicado en un 60 % en tiempos del tripartito, a la actualidad, en que se ha llegado a un 98 %. Es evidente que las cosas se pueden mejorar, todas son susceptibles de mejora, pero algo ha debido hacerse bien. Y reitero, si me lo permite, que por orígenes familiares y por la representatividad que tenemos con la senadora Rivero, cuando hablamos muchas veces de desarrollo rural y de cuestiones relacionadas con la inversión y la aplicación de políticas agrarias y agroindustriales en las zonas de montaña, decimos que el esfuerzo es máximo.

Pero no era ese el fondo de la moción porque vuelvo a decir que no quiero que esto parezca un debate entre usted y yo, ni mucho menos. Lo que queremos comentar es la cuestión de fondo a la que nos referimos, la aplicación de la propuesta de la PAC que ha hecho el Gobierno del Estado español aquí. Reitero, insisto una vez más y corroboro lo que he dicho en la anterior moción. La aprobación de los reales decretos 1075/2014 y 1076 pone en evidencia la incongruencia en tres aspectos básicos o en tres grandes ejes que representa la PAC. Primero, las ayudas directas, que es la parte mejor dotada económicamente y la que de un modo u otro llega a los agricultores y ganaderos; segundo, el desarrollo rural destinado a acciones concretas, y por último, como muy bien decía el senador Boya —en esto coincidimos, como en muchas otras cosas—, las medidas de mercado aplicables. Pero no quiero que de este debate se llegue a un punto en el que el sector agrario o agropecuario esté buscando única y exclusivamente la subvención. Muchas veces, cuando nos movemos por entornos no rurales, urbanos o periurbanos, llega esa percepción de que se busca única y exclusivamente la subvención per se. Y no es así; no lo es. Lo que debería hacer en este caso la PAC es establecer una medida o un conjunto de medidas de inicio o de continuidad de esta actividad económica, social, de vertebración y de fijación del territorio y de las personas que se están dedicando a la actividad agraria y ganadera.

Y con esto quiero hacer otro inciso en una cuestión que es básica: los planes de desarrollo rural. El Gobierno del Estado español ha aprovechado cualquier rendija legal para intentar llegar a un punto de recentralización de las atribuciones que teníamos las comunidades autónomas o aquellos territorios que tenemos mayores ansias. Nos basamos en el principio de subsidiariedad. Somos así. Es un principio informador y creemos que lo que deben hacer las administraciones que están más cercanas a la situación tratada es, entre otras cosas, dar esta solución, y hacerlo en otros aspectos; aportar soluciones y medidas que puedan ser favorables a todas aquellas personas, a todos aquellos entornos que quieran aplicar su política económica a unas actividades concretas.

También querría insistir en otro aspecto que creo que es denunciable: el concepto de agricultor activo. Con este concepto, habiendo podido establecerse unas medidas no tan flexibles, sino más ajustadas a la realidad, habríamos conseguido, entre otras cosas, que no se hubiera aplicado aquel principio de El gatopardo que dice: cambiarlo todo para que todo quede igual. Todas aquellas personas que eran perceptoras con el anterior modelo de la PAC lo siguen siendo de un modo u otro, porque no ha habido una diferenciación ni una descripción detallada del concepto de agricultor activo —tal como dice incluso la Unión Europea— más adecuada y correcta.

¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hemos tenido una oportunidad de poner en valor los sectores agrario, ganadero, agroalimentario y agroindustrial, de explicar muy bien todas aquellas funciones, como he dicho antes, a partir de la soberanía alimentaria, que es un elemento fundamental que deberíamos tener inculcado todo el espacio europeo, a partir de la valorización del trabajo que se está realizando en el entorno rural, a partir de unas medidas de mercado que lleguen al punto de justa rentabilidad de todas aquellas partes que forman la cadena alimentaria, y darle una función de dignidad, que en este caso se ha visto algo dejada de lado.

Quiero insistir en otro elemento. La PAC o las políticas europeas de inversión en I+D+i deberían ser un elemento para mejorar la productividad y la rentabilidad, para que se pueda hacer una distribución más justa de todo este valor añadido que se genera en el sector agroindustrial, y, evidentemente, para que se observe el principio de igualdad. No se puede utilizar el concepto de regionalización para hacerlo única y exclusivamente a partir de criterios, no quiero decir impuestos pero sí promovidos por el ministerio sin tener ningún tipo de consideración a las consideraciones —valga la redundancia— que proceden de las distintas administraciones autonómicas.

El anterior ministro, el señor Arias Cañete, consiguió que nadie estuviera contento, o que solo lo estuvieran quienes ya lo estaban, y consiguió que aquellos grupos, como los jóvenes agricultores que se quieren incorporar a la actividad agraria, se vieran desplazados y excluidos y sin posibilidad de seguir su camino. Ese camino que quiero rememorar es el que nos explicó una vez el escritor Francesc Canosa, que decía que la peor cosecha es aquella que no se siembra, y esto quienes venimos del campo lo sabemos. Si no sembramos, si no implantamos las medidas adecuadas, lo que pasará es que la despoblación del entorno rural será cada vez mayor, la soberanía alimentaria estará en manos de otros territorios y nos encontraremos con un entorno rural totalmente despoblado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora señora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias también a todos los portavoces que han intervenido, con los que podré o no compartir su posición sobre este asunto, pero, desde luego, les agradezco muchísimo su trabajo y, sobre todo, el estudio que han llevado a cabo.

Me doy por satisfecha de haber traído esta moción al Pleno si todos estamos convencidos —cuando digo todos quiero decir la mayoría, porque todavía no hemos oído al Grupo Popular— de que es necesario hacer una revisión, mejorar, cambiar, la aplicación de la política agraria común que se está haciendo en estos momentos en España. Me doy por satisfecha con eso, porque tendremos la posibilidad de volver a plantear nuevas iniciativas que nos permitirán profundizar en todos y cada uno de los puntos que son necesarios revisar.

Señorías, comparto plenamente algunas cuestiones que se han planteado aquí. Soy consciente de que en el medio urbano la política agraria no tiene receptividad, no tiene una visión tan positiva como en el medio rural, pero eso se debe no tanto a la política de ayudas y de subvenciones —por cierto, no es obligatorio cobrarlas— sino más bien al reparto desigual e injusto que se hace de esta política de ayudas y subvenciones, porque si las principales fortunas de España vuelven a ser, año tras año, las que más cobran, obviamente se crea una conciencia crítica con respecto a esta política agraria común.

Una de las razones fundamentales por las que el Grupo Socialista trae aquí esta moción es por la situación que está viviendo el campo en estos momentos: un veto de Rusia a las exportaciones agroganaderas que —parece que ayer quedó claro— se va a postergar más de un año; un abaratamiento del precio del petróleo que tiene su repercusión, su correlato, en una disminución en el precio de los fertilizantes; un incremento exponencial de la tarifa eléctrica agrícola, como consecuencia de las decisiones del Gobierno de España; pero, sobre todo, una caída brutal de los precios, que está haciendo que en estos momentos la mayoría de los agricultores y ganaderos estén vendiendo sus productos por debajo del precio de costo.

No es extraño, por tanto, que el año pasado la renta agraria cayese un 7,1 %, situándose en los niveles del año 2000, y que el empleo agrario, desde el año 2011 hasta ahora, no haya dejado de caer: 128 000 parados en el año 2011, y ahora, en el año 2014, ya tenemos nada menos que 192 000 parados en el campo.

Por tanto, no podemos afirmar que este sector se esté recuperando. Aquí, señorías, no existe ningún brote verde —permítanme la digresión—. Si el Grupo Popular sigue valorando la gestión del Gobierno, como viene haciendo hasta ahora, en función de la fluctuación de la renta agraria, tenemos que concluir que la tarea del Gobierno en estos momentos ha fracasado estrepitosamente. Si su argumento de defender la gestión del Gobierno cuando subía la renta agraria era precisamente fundamentarla en eso, ahora que está bajando, tenemos que entender el fracaso absoluto de la ministra Tejerina.

Señorías, nos preocupa enormemente la falta de reacción del Gobierno, que está haciendo que se agrave la situación que vive el campo en estos momentos. Hoy más que nunca necesitamos una política agraria que mire por el interés general de España y que cuente —lo han dicho diferentes portavoces, señorías— con instrumentos de intervención que permitan que los mercados no colapsen.

Ya sé que la PAC no es capaz de arreglar todos los problemas que tiene el campo, pero sí al menos de paliarlos, haciendo que esa política de ayudas y de subvenciones tenga un esquema mucho más igualitario, mucho más justo, mucho más racional. Que no sea la PAC un instrumento que ahonde en las diferencias entre el campo y la ciudad, entre los grandes propietarios y las pequeñas y medianas explotaciones.

Señorías, desde que se conoce el presupuesto global de la PAC —con el exministro Arias Cañete— hasta la aplicación definitiva, no hemos conocido más que fiasco tras fiasco. ¿Puede el partido que sustenta al Gobierno decir hoy aquí que la cifra global del presupuesto de la PAC es la misma o mejor que la del ejercicio anterior? (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). ¿Puede sostener esto hoy en día el Grupo Popular? ¿Puede sostener el Grupo Popular que no se va a producir trasvase de dinero entre comunidades autónomas? ¿Puede sostener el Grupo Popular, como se nos prometió hace ya algún tiempo, que no va a haber un trasvase de rentas entre agricultores y ganaderos? Me gustaría que el Grupo Popular contestara después estas preguntas. Yo les voy a ayudar en su respuesta.

Hace unos días el Ministerio de Agricultura, a través de la página del FEGA, publicaba los datos de un recorte en el pago único de la PAC del año 2014 de más de un 9 % —el senador Boya decía que en torno al 13 %—. La cuestión es que solo en el año 2014 las ayudas directas se han reducido 425 millones de euros. ¿Me van a decir que los agricultores no van a notar la merma en ese pago único? ¿Eso es lo que me están diciendo?

El problema no es solamente que haya bajado el montante y que haya un recorte en las ayudas, sino cómo se ha aplicado ese recorte. En ejercicios anteriores, la Unión Europea permitía, y en este también, que se aplicara esa redistribución, que ese ajuste se hiciera de manera proporcional, de tal forma que ese recorte no se aplicaba a los perceptores que cobraban menos de 5000 euros. Pero, no, el Gobierno de España en estos momentos ha aplicado un ajuste general igual para el que cobra 2000 euros de la PAC que para el que cobra 200 000 euros, haciendo por tanto ese ajuste mucho más injusto porque beneficia al que más cobra y castiga al que menos cobra. Tan injusto, señorías —se lo han señalado todos los portavoces—, como la definición del agricultor activo. Por cierto, el cambio de opinión del Gobierno de España ha sido tan radical que en los documentos que tenemos nosotros se refleja la primera definición que había prometido el Gobierno de España y que luego, repentinamente, cambió. Eso hizo que muchos de los agricultores y ganaderos de España hicieran cambios jurídicos y cambios administrativos para poder acogerse a las nuevas ayudas con ese nuevo criterio, pero cuando lo habían culminado, van ustedes y cambian de criterio. Lo cierto y verdad, señorías, es que con esta definición o, mejor dicho, con la ausencia de definición de agricultor activo vuelven de nuevo a cobrar ayudas en un nivel importante los agricultores de salón —una descripción exacta de lo que va a ocurrir en España—. De nuevo los aeropuertos, los servicios de transporte, las instalaciones recreativas, las instalaciones deportivas, todos ellos, volverán a cobrar un año más ayudas de la PAC, siempre que representen al menos un 5 % del total de los ingresos no agrícolas.

Creo que esto es lo que da mala fama a la política agraria común, esa posibilidad de que infraestructuras que no generan producción ni empleo puedan cobrar finalmente ayudas. Se ha producido un fiasco en el montante global del presupuesto general de la PAC; se ha producido un fiasco en la definición de agricultor activo y también un fiasco importante en el reparto de las ayudas acopladas. En definitiva, señorías, no nos gustan los cambios que ha introducido a última hora el Gobierno de España. Probablemente nos diga ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que estos cambios han venido obligados por la Unión Europea, pero no sé si se trata de un engaño del propio ministerio desde el primer momento, o si se ha debido a la falta de capacidad negociadora del ministerio ante la Unión Europea. Ninguna de las dos respuestas me gusta, ninguna me vale.

Espero que el Grupo Popular no caiga ahora en la tentación de argumentar con la herencia recibida o los medios de comunicación para evitar responsabilidades sobre este tema. Espero que no se le ocurra siquiera argumentar con esa mentira que tantas veces ustedes han repetido de que el anterior Gobierno defendió la tasa plana. No es cierto. Es falso. Enséñenme un documento con una firma socialista que haya avalado esa tasa plana. Por favor, dejen de mentir a esta Cámara y a la sociedad, porque eso no es verdad.

En definitiva, señorías, nuestra intención con esto es abrir un debate sobre la aplicación de la PAC en España. No nos gusta tal y como ha quedado, pero, viendo la política en general, la actuación del Partido Popular, pensamos que es también un añadido más. Ustedes siempre que hacen leyes, siempre que gobiernan tratan de cuidar, de mimar y de proteger a los suyos, a quienes son sus iguales, y da lo mismo que se trate de la política fiscal, de la amnistía fiscal, que se trate del intento de privatizar la educación o la sanidad,…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

La señora COVES BOTELLA: Gracias.

...siempre tratan de favorecer y de afianzar a los que más tienen. En esa tarea, señorías, tengo que decirles que tienen éxito y además tengo que reconocerles su perseverancia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Voy a empezar mi intervención —como ha hecho en muchas ocasiones el Grupo Popular, yo una vez más— ratificando nuestro agradecimiento y de muchos agricultores españoles y organizaciones agrarias por el trabajo que el Gobierno de España —el ministro Arias Cañete en su momento y ahora la ministra García Tejerina— ha hecho y sigue haciendo con la negociación de la política agraria común, porque, sin duda, era lesiva la propuesta que venía de la Comisión para todos los agricultores y ganaderos de España, senadora Coves. Y cuando escuchaba su intervención, pensaba que usted se estaba refiriendo a la propuesta que la Comisión hizo en su momento, una propuesta en materia agrícola para España que distorsionaba totalmente las ayudas comunitarias y que posiblemente hubiese hecho que desaparecieran muchas explotaciones agrarias en España. Por cierto, sí voy a hablar de la tasa plana, que es verdad, y parece mentira que usted la siga negando. Fue una de las cuestiones que planteaba la Comisión en aquel momento y que el señor Zapatero aceptaba. (La senadora Coves Botella: Es mentira. Enséñemelo; enséñemelo). Hay documentos, y me comprometo a traérselos cuando usted quiera para que los vea usted, toda la prensa y todos los señores senadores que quieran. (Aplausos.— La señora Coves Botella: Sí, sí, tráigalos). Los traeremos. Porque mentiras, las justas. Y mentiras las que ustedes nos dijeron no a nosotros, sino sobre todo a los agricultores españoles, durante mucho tiempo, aplicando modulaciones que reducían las ayudas en un 10 %, y que ustedes negaban. Eso sí que era un engaño total y absoluto a los agricultores.

El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular fue capaz, junto con las organizaciones agrarias, junto con las comunidades autónomas, de darle la vuelta a una propuesta aceptada por el señor Zapatero en su momento —por lo tanto, sí era una herencia, que fuimos capaces de tirar para atrás— que todos rechazaban: aquella que hablaba por cierto de la tasa plana obligatoria en 2020; aquella de los 100 euros por hectárea de forma lineal, que usted dice que no; aquella que hablaba de no limitar la superficie, con lo cual habría habido una bajada en las ayudas de forma generalizada; o aquella que hablaba de unas prácticas medioambientales, que eran, en algunos casos, imposibles de poder cumplir por los agricultores. Precisamente, aquellas eran algunas de las medidas que contemplaba esa propuesta de la Comisión, que aceptaban de forma unánime el Gobierno socialista y todos ustedes. Ustedes callaban. Por lo tanto, creo que hay una diferencia.

¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Hacer un gran trabajo. Y, efectivamente, ha sido una de las negociaciones más duras que ha habido. ¿Por qué? Porque había que darle la vuelta a una propuesta de política agraria común para España que era lesiva para los intereses de todos los agricultores y de todos los ganaderos españoles y con la que estaban en contra todas las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista, aunque se callaran porque era algo que había negociado su propio Gobierno. Esa es la realidad. ¿Qué hizo durante ese tiempo que llevó a cabo la negociación el Gobierno de España? Precisamente, hacer posible que se mantuviera un presupuesto similar al que habíamos tenido desde el año 2006 hasta el año 2013, limitar los trasvases de ayuda entre beneficiarios, sectores, territorios, —que usted conoce muy bien— y orientar los pagos hacia aquellos agricultores que practicaran la actividad agraria. De ahí que hayamos hablado, ustedes y nosotros, de la clasificación de los agricultores activos. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, darle la vuelta a una propuesta que era lesiva, como decía.

Además, el Partido Popular ha conseguido los objetivos que se propuso, y uno de ellos, hablando de los PDR, era precisamente que hubiera un programa de ámbito nacional que coexistiera con el resto de los PDR autonómicos y con este de ámbito suprarregional, con el fin de aplicar proyectos entre distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la Ley de cooperativas, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Hacer posible que España tenga 47 000 millones de euros de ayudas para el sector agrario y ganadero de esa política agraria común, de los cuales, 8291 van dirigidos al desarrollo rural y 3000 millones son para medidas de mercado, aquellas que tanto les preocupan a ustedes. Por lo tanto, creo que se hizo una buena negociación. Que hay cosas que habrá que ir revisando está clarísimo, pero, con eso, lo que sí queda garantizado es precisamente una parte importante de los ingresos de los agricultores, que supone el 30 % aproximadamente.

Hay una cuestión también muy clara, y es que en los programas de desarrollo rural lo que consigue el Gobierno es precisamente que cada comunidad autónoma con competencias tenga igualdad de oportunidades en esos proyectos de desarrollo y autonomía en el desarrollo de esos programas, no como ocurría anteriormente —que eso seguro que sí les gustaba a ustedes, sobre todo, a usted, señora Coves—. En el programa de desarrollo rural, aprobado por el Gobierno socialista, el 76 % de los fondos para el desarrollo rural se lo repartieron entre siete comunidades autónomas —eso lo hizo el Gobierno socialista—, y el resto, es decir, las otras diez comunidades autónomas, solo tenía el 23,4 % de fondos. ¿Eso sí les gusta a ustedes? Pues a nosotros no, nosotros preferimos que todas las comunidades autónomas tengan las mismas posibilidades y que los fondos lleguen a todos ellos en la misma situación.

Me centro en la moción que presenta el Grupo Socialista, que propone revisar el modelo de aplicación de la PAC, que ha entrado en vigor este año 2015. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La moción se basa en una supuesta revisión de la PAC, prevista en los reglamentos de la Unión Europea para el año 2016, lo cual es incorrecto, pues no está prevista en la normativa comunitaria una revisión tan a corto plazo y sin contar con la experiencia necesaria en la puesta en marcha de la PAC. Así lo ha puesto de manifiesto la propia Comisión Europea en el marco del ejercicio de simplificación de la PAC que está llevando a cabo, donde ha establecido como uno de los principios que deben orientar dicha simplificación asegurar la estabilidad en las decisiones políticas acordadas en junio del año 2013.

Resulta necesario, en aras de la seguridad jurídica, dotar por tanto al sector de una cierta estabilidad normativa para que los agricultores no se enfrenten a un escenario cambiante continuamente y que puedan planificar su actividad y disponer de un tiempo para adaptarse a la nueva PAC. Por lo tanto, se desaconseja cualquier revisión precipitada, más aún sin disponer de una experiencia en los resultados obtenidos sobre los que basar esa revisión.

Recientemente, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado unas conclusiones sobre simplificación de la PAC, en las que recomienda a la Comisión centrar su atención en mejorar las orientaciones para la práctica de la PAC, proporcionar asistencia técnica y facilitar el intercambio de buenas prácticas entre administraciones, mientras que se deja para una etapa posterior la simplificación de los reglamentos de base, a la vista de la experiencia adquirida durante los primeros años de plena implementación de la nueva PAC. Por tanto, no está prevista en estos momentos una revisión intermedia de la PAC.

Señorías, el modelo aprobado en España es el resultado de un intenso y dilatado proceso de diálogo, en el que han participado los principales agentes implicados, fundamentalmente las comunidades autónomas y representantes de los agricultores, y, por otros intereses afectados, las organizaciones medioambientales o los proveedores de medios de producción. En concreto se han alcanzado tres acuerdos en la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural tanto para definir la posición española en la negociación a nivel de la Unión Europea en junio de 2012, como para el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España en julio de 2013 y enero de 2014. Además, se ha mantenido un elevado número de reuniones a nivel técnico y de directores generales y con grupos de alto nivel, para asuntos concretos como la regionalización, el agricultor activo, ayudas acopladas, etcétera, y paralelamente con todas las organizaciones sectoriales representativas. Por tanto, señoría, ni oscurantismo ni falta de participación, sino más bien todo lo contrario. Además, las posibilidades de revisión de las decisiones adoptadas en los diferentes ámbitos vienen reguladas en el Reglamento de pagos directos, no siendo posible para los Estados miembros efectuar modificaciones de manera unilateral en cualquier momento.

La moción propone una serie de medidas concretas. Con respecto a la primera le diré que la reducción que proponen de los pagos se recoge en el artículo 11 del Reglamento UE 1307/2013 de pagos directos. El importe de 150 000 euros se refiere al pago básico y no a todos los pagos directos. Por lo tanto, la propuesta, tal y como está planteada, no es compatible con la normativa comunitaria. En España se ha optado por aplicar disposiciones específicas para entidades asociativas, para que el cómputo se realice a nivel individual, así como en el caso de las explotaciones en régimen de titularidad compartida. Estas decisiones fueron notificadas a la Comisión antes del 1 de agosto de 2014, como era preceptivo, y, en principio, no está prevista en la normativa comunitaria ninguna posibilidad de revisión.

Con respecto a la cuestión que plantea sobre la ampliación de las ayudas acopladas hasta alcanzar el 15 %, cabe señalar que el presupuesto destinado a las ayudas acopladas no supone un incremento de la dotación financiera asignada a España, sino que su financiación debe realizarse en detrimento de los demás pagos, fundamentalmente del pago básico. La selección de los sectores beneficiarios de estas ayudas, su justificación y nivel de apoyo es el resultado de un minucioso análisis sectorial realizado en el marco del Grupo de Alto Nivel creado para este fin. Por lo tanto, supone una solución equilibrada que tiene en cuenta los intereses de los sectores más vulnerables, como son los del conjunto del sector agrario. En este caso la normativa comunitaria sí prevé una revisión en el año 2016 para su aplicación a partir de 2017. El acuerdo de la Conferencia sectorial de enero de 2014 ya contempla que esa revisión se llevará a cabo antes del 1 de julio de 2016, y se realizará un seguimiento de todos los sectores, como se ha venido haciendo con normalidad.

Por otra parte, plantea la revisión de la definición del agricultor activo. La definición del agricultor activo se basa en los criterios obligatorios que establece el Reglamento 1307/2013 en su artículo 9.2. Es decir, la lista negativa de actividades excluidas se contempla con unos criterios adicionales de exclusión en base a lo dispuesto en el artículo 9.3 del reglamento para aquellos casos en que el solicitante no se encuentre en dicha lista negra pero su actividad agraria sea insignificante o no constituya actividad principal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MOYA MORENO: España precisamente es uno de los países que más fuerte ha apostado por orientar las ayudas a los agricultores que realmente realicen actividades productivas. La definición de agricultor activo llega hasta el límite de lo permitido en la normativa comunitaria y la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial de Comercio.

También plantean revisar la definición de superficie elegible.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora MOYA MORENO:



Termino, señor presidente.

Me refería a las 38 000 hectáreas elegibles, que finalmente se han quedado en 23 000, con lo cual usted sabe perfectamente cómo hubiese sido la distribución de las ayudas y cómo habrían bajado.

También establece criterios para las zonas con limitaciones naturales. Es una de las cuestiones que hay que ver, pero de hecho reciben desde el segundo pilar de la PAC.

En definitiva, señorías, no vamos a aceptar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista por una razón muy sencilla, y me voy a referir...

El señor PRESIDENTE: Termine, senadora Moya, por favor.

La señora MOYA MORENO: Termino ya, señor presidente.

...a lo que ustedes hablaban de establecer un modelo uniforme. Yo creo que se ha establecido un modelo uniforme de la aplicación de la PAC…

El señor PRESIDENTE: Senadora Moya, ha pasado dos minutos más del tiempo que tiene. (Rumores). Yo suelo ser muy tolerante con los tiempos, pero es que se está excediendo demasiado.

La señora MOYA MORENO: Muy bien, señor presidente, termino.

No vamos a aceptar esta moción porque las propuestas concretas que plantea o bien están en marcha u otras son incompatibles con la normativa comunitaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI. 662/000197 GPV

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última moción. (Rumores).

A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya—.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de quince minutos el senador Anasagasti. (Rumores).

Espere, señor Anasagasti, hasta que haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría, puede empezar su intervención.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario presenta esta moción por tres razones. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). La primera porque en noviembre se conmemora el 40 aniversario de la famosa Marcha Verde que conculcó los derechos del pueblo saharaui, quitándoles, por aquella iniciativa del rey Hasán II, la posibilidad de que vivieran en su propio territorio. En segundo lugar, porque España preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pro tempore. Y, en tercer lugar, porque conocemos la sensibilidad del Partido Popular ya que llevamos mucho tiempo con estas cuestiones y sabemos que, cuando estaba en la oposición, siempre tenía como bandera el hecho de que el asunto saharaui se tenía que resolver y no con un paño caliente, sino, fundamentalmente, con el ejercicio del derecho de autodeterminación para al pueblo saharaui.

Ya sé que posteriormente el ministro Margallo ha mantenido una política de acercamiento continuo al rey de Marruecos, pero los derechos del pueblo saharaui están ahí y hay compromisos históricos, morales y, sobre todo, de coyuntura. Si se va a recordar en noviembre el 40 aniversario de aquella famosa Marcha Verde, no estaría nada mal que España en el Consejo de Seguridad ayudara a solucionar un problema enquistado en la historia.

El 27 de febrero de 1976, tras el abandono por parte de España del hasta entonces llamado Sáhara español, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara Occidental, proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática —RASD—. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio, no se oye al portavoz.

Gracias.

Continúe.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.

Treinta y ocho años después, ningún Estado en el mundo reconoce la anexión del Sáhara por parte de Marruecos y decenas de países, incluida la propia Unión Africana, sí reconocen a la República Árabe Saharaui, lo que no ha impedido que aproximadamente un 75 % de su territorio permanezca militarmente ocupado aun cuando es manifiesta la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sáhara Occidental.

Treinta y ocho años después, el del Sáhara Occidental parece un conflicto olvidado que no interesa, que no está en definitiva en la agenda de la comunidad internacional, al tiempo que las Naciones Unidas se muestra incapaz de persuadir a Marruecos para que cumpla con la legalidad internacional y se celebre un referéndum de autodeterminación.

No obstante, más allá del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y sus relaciones aún por definir con el Estado marroquí, resulta necesario enfocar la mirada en la situación de derechos humanos de la población que reside en los territorios del Sáhara Occidental, convencidos de que ni en el Sáhara ni en cualquier otro lugar del planeta podrá haber paz ni acuerdo político duradero sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición para las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Una violación particularmente odiosa son las desapariciones forzosas o involuntarias que transgreden toda una gama de derechos consagrados en la Declaración Universal y enunciados en los pactos internacionales de derechos humanos y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario, drama todavía presente en la vida de muchas familias saharauis, desconocedoras del destino de sus seres queridos y atenazadas por un dolor y sufrimiento indescriptibles por una herida que no han podido cerrar aún. Véase al respecto el excelente trabajo MEHERIS: La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados, de Carlos Martín Beristain y Francisco Etxebarria Gabilondo, que recoge los hallazgos realizados por un equipo de investigación forense en el laboratorio genético de la Universidad del País Vasco sobre un caso de personas saharauis desaparecidas.

La búsqueda de la verdad, las iniciativas de justicia, la reparación y las garantías de no repetición, además de obligaciones jurídicas vigentes, contribuyen de forma interrelacionada como parte de una misma política integrada y con enfoque de género al reconocimiento de las víctimas como elemento esencial para cualquier futuro político que se pueda diseñar mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes en el marco de las iniciativas llevadas a cabo por Cristopher Ross, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, que en próximas fechas dice que comenzará una nueva gira. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, si no guardan silencio, no se puede escuchar al portavoz. Los que quieran hablar, por favor, salgan del hemiciclo, si no, no podremos continuar el debate.

Continúe, señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.

Como señala con acierto Pablo de Greiff, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que recientemente visitó el Estado español, después de situaciones de represión y conflicto, incluso en situaciones de conflicto en curso en las que no cabe siquiera hablar de transición, los Estados tienen las obligaciones jurídicas permanentes contraídas en virtud del derecho internacional de aplicar medidas que realicen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Lo estamos viendo estos días en Venezuela con la presencia de Felipe González en Caracas. Aquí se ha alabado la iniciativa del presidente González de estar presente en Caracas de una manera discreta, ponderada y prudente, tratando de que se hiciera justicia con los encarcelados por el chavismo. Aquí se aplaude una situación como la de Venezuela; sin embargo pediríamos también que se tenga en cuenta y en consideración la situación de represión que están viviendo personas saharauis y en este momento en huelga de hambre.

El tema saharaui es muy delicado y muy cercano. No olvidemos que todos los veranos hay niños saharauis que pasan parte de esas vacaciones en familias españolas. Por tanto, es un tema que tiene muchísimas implicaciones y, sobre todo, la más importante que es la implicación humana, porque hay una deuda histórica y moral con aquel pueblo y ha llegado el tiempo de que se haga justicia.

Estos cuatro elementos no solo son una cuestión de empatía hacia las víctimas, que también, como demuestra la experiencia internacional en conflictos pasados y presentes, sino que también en el Sáhara Occidental es preciso hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos padecidas por la población civil saharaui bajo administración marroquí.

El citado trabajo de Beristain y Etxeberría y la reciente admisión por parte del juez Pablo Ruz de la ampliación de la querella por genocidio contra el pueblo saharaui, a partir del descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron hallados ocho cadáveres, algunos con documentación española, constituyen pasos firmes en la necesaria dirección de justicia y reparación para las víctimas. Esta es una razón más entre las otras miles y miles de víctimas del planeta para defender el principio de jurisdicción universal y oponerse a la reforma que limita la facultad de las y los jueces españoles de investigar y enjuiciar los graves crímenes de derecho internacional que atentan contra la dignidad humana y contra la propia comunidad internacional.

Por esta razón, el Grupo Vasco ha presentado esta moción, que es una moción sencilla. Nosotros no hemos querido irnos por las ramas, simplemente hemos querido poner negro sobre blanco la situación que ocurrió hace cuarenta años con aquella Marcha Verde, con aquellos acuerdos de Madrid, con aquella vergonzosa salida por parte española del Sáhara y dejar aquello en manos de Marruecos, que se hizo nada menos que con todo el territorio saharaui, e incluso de Mauritania, y con una situación absolutamente impresentable de poblaciones que llegan a las 150 000 personas viviendo en Tinduf, en el Sáhara, a unas temperaturas de 50 grados centígrados.

¿Es, pues, un tema político? Sí, pero fundamentalmente es un tema humano. Tenemos la obligación de tratar de resolver este tema humano. Por eso, nosotros simplemente hemos contado, en primer lugar, lo que ocurrió hace cuarenta años; en segundo lugar, hemos recordado la responsabilidad que tiene España como antigua potencia colonizadora y, en tercer lugar, queremos decir que España, en este momento, tiene la magnífica oportunidad, al estar presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de mover este tema. España está moviendo otros temas, como el de Sudán, Siria u Oriente Medio, pero tiene también la obligación de mover este asunto. Nosotros pedimos al Gobierno que inste al representante español en el Consejo de Seguridad que mueva este tema, que se está pudriendo.

¿Qué se espera, que el Sáhara se muera o que reaccione militar y violentamente e, incluso, con terrorismo? No queremos nada de eso; fundamentalmente queremos que se cumpla la resolución de Naciones Unidas. Uno de los grandes debates de la guerra de Irak fue que no se cumplían o se dejaban de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Aquí hay un acuerdo de Naciones Unidas que se tiene que cumplir, como se tiene cumplir en el Oriente Medio con el tema palestino porque si no, la legalidad internacional, conculcada reiteradamente, va a significar que cualquier iniciativa internacional no sirva absolutamente para nada. Lo que prima aquí, una vez más, es la ley de la fuerza, es la ley de los intereses, es la ley del poder. Por tanto, nosotros sabemos que el Partido Popular lleva mucho tiempo trabajando en estos temas, conocíamos cómo criticaba a Trinidad Jiménez cuando era ministra de Asuntos Exteriores y apareció en aquella fotografía en aquellos actos en pro del pueblo palestino en Madrid, y cómo le afeaba el Partido Popular a Trinidad Jiménez el hecho de que había cambiado por razones de Estado, las tremendas razones de Estado que no están en ninguna Constitución. Son los intereses de Estado, los intereses de no mover demasiado el arbolito porque son pequeños porque si, en lugar de saharauis débiles, empobrecidos y casi sin futuro, tuviéramos ahí una potencia veríamos cómo se iba a mover toda esta situación.

Por todo ello, nosotros pedimos a esta Cámara que, recordando el 40 aniversario, recordando la presencia española en el Consejo de Seguridad y recordando lo que han votado en el pasado todos los grupos parlamentarios a favor del pueblo saharaui, aprueben también esta moción.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

El señor Mariscal y yo hemos presentado dos enmiendas. La primera plantea que la Minurso asuma la misión de velar por los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados. El Sáhara tiene otorgada por Naciones Unidas la calificación jurídica internacional de territorio no autónomo, sin que se reconozca a ningún Estado, por la renuncia de España, la condición de potencia administradora. Marruecos es la potencia ocupante que no puede, conforme al derecho internacional, ni beneficiarse de las riquezas naturales del territorio —la pesca y los fosfatos—, ni aplicar su legalidad interna, que ya es de por sí cuestionable por no responder a estándares democráticos.

Señorías, Amnistía Internacional constata, en primer lugar, la limitación de la libertad de expresión de quienes defienden el derecho a la autodeterminación. En segundo lugar, la prohibición de manifestaciones y uso excesivo de la fuerza. En tercer lugar, denuncias de torturas y malos tratos nunca investigados. En cuarto lugar, que tribunales militares son los que juzgan a civiles saharauis y, en quinto lugar, desapariciones a lo largo de los años setenta, ochenta y noventa nunca investigadas —a las que también hacía referencia el senador Anasagasti—. Por otra parte, en este momento, Takbar Haddi, saharaui residente en Canarias, se encuentra en huelga de hambre para reclamar el cadáver de su hijo de 21 años, muerto en las cárceles marroquíes.

Ante esta realidad, ¿qué hace la Minurso, la misión de Naciones Unidas desplegada en los territorios? Tengo aquí un informe elaborado hace unos años por una delegación de juristas comisionada por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española en misión de observación en los juicios que se desarrollan contra presos políticos saharauis en el Sáhara Occidental, que concluye en los siguientes términos en relación con la Minurso: la actuación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, Minurso, es inexistente. No acude a los juicios aunque los acusados se encuentren incluidos en el censo de votantes elaborados por la propia Minurso, y parece acatar calladamente las órdenes de la policía cuando les prohíben acceder a la zona del tribunal. Asimismo, se ha podido observar a sus componentes asistir pasivamente a las agresiones de la policía marroquí contra la población saharaui, manteniendo su inactividad en todo momento. Y, por desgracia, continúa detallando una larga relación de hechos. Probablemente, esta sea la misión más inútil de los despliegues que ha realizado Naciones Unidas. En algunas ocasiones se ha denunciado que pareciera que los miembros de la Minurso se encuentran en el Sáhara Occidental para disfrutar de sus playas y de las instalaciones hoteleras que sobre los territorios ocupados las empresas marroquíes, en algunos casos en colaboración con empresas españolas, han estado construyendo.

La segunda enmienda plantea que España denuncie la declaración de principios firmada entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental firmada en Madrid el 14 de noviembre de 1975, y que se publiquen ya los anexos secretos de las mismas, de los que ya se sabe algo en relación con las cuestiones económicas. Estos acuerdos son ilegales, pues no son reconocidos por Naciones Unidas. Estos acuerdos son ilegales porque los suscribieron tres regímenes autoritarios: el franquismo agonizante en aquella fecha, la dictadura existente entonces en Mauritania y el régimen autocrático del rey Mohamed VI en Marruecos. De hecho, Mauritania ya se apeó de estos acuerdos y renunció a los territorios sobre el Sáhara Occidental que los mismos le concedían.

Por lo tanto, ya es hora de que, en esa revisión de nuestro pasado reciente, la democracia española condene un acuerdo internacional, adoptado por la dictadura franquista, que vulnera todas las normas del derecho internacional y de que lo haga de forma solemne denunciando este tratado.

Como ha manifestado con todo acierto el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Anasagasti, España se comportó de forma vergonzosa con el abandono de los saharauis, con su entrega al Gobierno de Marruecos, algo que hizo con la abdicación de sus obligaciones como potencia colonizadora de estos territorios. Asumamos en este momento esa responsabilidad y hagamos justicia histórica y, sobre todo —lo que es más importante—, justicia presente.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señora presidenta.

Avanzo ya que compartimos el espíritu de la moción presentada por el senador Anasagasti en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Es necesario hallar una solución para el pueblo saharaui, buscar una solución política, legal y jurídica a la situación del Sáhara Occidental y, por tanto, es necesario, entre otras cosas, que se cumpla la Resolución 3458, de diciembre de 1975.

Pero entendemos que no solo ha de cumplirse esa resolución, sino que debe adoptarse cualquier solución para el Sáhara Occidental teniendo en cuenta el contexto de la legalidad internacional y el marco que precisamente establece Naciones Unidas. Naciones Unidas ha ido acordando y tomando una serie de resoluciones con posterioridad a 1975 sin que se desvirtúen ni el espíritu ni la letra de dicha resolución, y, entre otras, entendemos que debe respetarse la Resolución 2218, de abril de 2015, para hallar una solución que respete los intereses del pueblo saharaui y se tenga en cuenta a las partes y los acuerdos internacionales. El punto 7 de esta resolución dice: «Exhorta a las partes a que continúen las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto». Y el punto 8 señala: «Invita a los Estados Miembros a que presten la asistencia adecuada para esas conversaciones».

Señorías, entendemos que lo correcto sería que el acuerdo que adoptemos hoy en esta Cámara, en el Senado de España, atienda a la posición de las Naciones Unidas, que evidentemente compartimos, y eso es lo que debería aplicar el Consejo de Seguridad. Por tanto, compartiendo el espíritu y la letra de la moción, creemos que podíamos ampliar su contenido para ofrecer todas las garantías y situarnos en el marco establecido por el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.

Espero que el senador Anasagasti acepte nuestra enmienda. En cualquier caso, aunque ya avanzo el voto favorable del Grupo Parlamentario Entesa a la moción, pensamos que quedaría más completa y que entraríamos en la vía de la solución que Naciones Unidas está defendiendo.

Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo parlamentario acepta las enmiendas, tanto las presentadas por el senador Jesús Iglesias como la formulada por el senador Sabaté, porque efectivamente completan esta iniciativa. Lo cierto es que hemos querido presentar una iniciativa muy sencilla con vistas a que fuera aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Teniendo en cuenta que el otro día el señor Sabaté formuló una pregunta al ministro García-Margallo y este le contestó: Todo lo que venga del señor Sabaté nosotros lo consideramos con mucho respeto e interés, espero que esta iniciativa, que nosotros vemos con mucho respeto e interés, también le parezca lo mismo al Grupo Parlamentario Popular.

Y fíjense, el senador Iglesias me ha dicho algo que considero importante en política. Decía: He presentado dos enmiendas; si crees que para que el Grupo Popular pueda aceptar esta moción monda y lironda tengo que retirarlas, lo haría, porque lo importante es que se tome en cuenta que este año se cumplen, desgraciadamente, cuarenta años de aquella famosa Marcha Verde, y que se empiece a encarrilar el tema de una vez por todas y se dé un aldabonazo para que se mueva el asunto del Sáhara.

Por tanto, lógicamente mi grupo parlamentario va a aceptar estas enmiendas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señora presidenta.

Nuevamente se ha traído a este Pleno el tema del Sáhara Occidental, algo necesario, y al mismo tiempo, previsible en este año 2015 por ser una fecha señalada. Tal como se dice en el texto de la moción, y acaba de repetir el senador Anasagasti, próximamente tendrá lugar el 40 aniversario de los infames tratados de Madrid por los que el Estado español, incumpliendo la legalidad internacional, otorgó bajo su responsabilidad el control de los territorios a Marruecos y a Mauritania. Además estamos ante el 45 aniversario de los graves sucesos de junio de 1970, sucesos que no deberíamos olvidar, cuando tropas españolas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos saharauis, matando a un número indeterminado de ellos, y deteniendo posteriormente a los dirigentes del Movimiento Nacional de liberación, entre ellos al señor Basiri, todavía desaparecido. Todo ello en un año en el que España se vuelve a sentar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Por tanto, no es de extrañar que el tema del Sáhara Occidental irrumpa nuevamente en esta Cámara, porque España fue parte del problema y debe ser parte activa de la solución. Sin embargo hasta ahora ningún Gobierno ha querido reparar la injusticia que cometió el último Gobierno franquista. En este sentido consideramos que el texto presentado por el Grupo Vasco puede contribuir a la resolución justa que se pretende, y por ello mi grupo va a apoyar esta moción, porque realmente entendemos que lo que se plantea en el texto presentado es una moción de mínimos perfectamente asumible por el Gobierno, ya que lo que se pide es el cumplimiento de lo ya acordado y que se trabaje intensamente. Lamentablemente en esta Cámara ya hemos conocido un no del Grupo Popular a una propuesta de justicia de mínimos para con el pueblo saharaui y su justa causa; un hecho lamentable porque, repito, el Estado español fue parte del problema y debe ser parte muy activa de su solución.

Señores del Grupo Popular, hoy tienen una nueva oportunidad para solucionar este problema.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Como no puede ser de otra forma, Coalición Canaria quiere expresar su apoyo a la moción presentada por el señor Anasagasti en nombre del Grupo Vasco, y además, le felicita por la oportunidad de hacerlo justo este año, cuando en noviembre se cumple el 40 aniversario de la Marcha Verde que dio lugar a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental ante la pasividad del Gobierno de España de aquel entonces. Recordemos que era el final de la dictadura en este país; en aquel momento se produjo, ante la mirada de todos los observadores internacionales, esa invasión que aún continúa siendo realidad.

Por ello quiero felicitarle, señoría, porque efectivamente esta es una magnífica oportunidad para que el Gobierno de España, que va a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas próximamente, asuma esa deuda histórica que tenemos con África, y especialmente con el Sáhara Occidental y con el pueblo saharaui.

Como saben, en Canarias tenemos una relación de vecindad con el Sáhara y una estrecha relación entre ambos pueblos, el saharaui y el canario, y son muchas las familias canarias que incluso vivían en el Sáhara cuando se produjo la Marcha Verde, y somos conocedores de las penurias y las injustas situaciones en las que viven las familias saharauis, muchas de ellas rotas desde hace cuarenta años cuando se produjo esta invasión.

Señorías, en este sentido —termino, señora presidenta— quiero hacer constar en este Parlamento que son numerosas las iniciativas que hemos tenido en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento de Canarias, y es penoso que después de cuarenta años sigamos debatiendo sobre este tema ante una injusta situación que además es reconocida de forma irregular e ilegal por todo el derecho internacional y supone una gran impotencia no poder resolver esta situación. Desde luego si el pueblo saharaui fuese otro y tuviera una posición de mayor poder en el contexto internacional este tema no estaría hoy como está.

Quiero solamente hacer una mención a una declaración institucional del Parlamento de Canarias porque muchos temas tienen que ver con lo que aquí se está discutiendo, pero sobre todo uno de sus apartados que es el que voy a reiterar, el de condenar toda violencia y menoscabo de los derechos fundamentales de las personas que están en el territorio saharaui. Es importante, y así lo puso de manifiesto un informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que se elaboró en el 2006 en donde reclamaba a Naciones Unidas que se implicara en la preservación del derecho de reunión, de asociación y de manifestación del pueblo saharaui, y también recientemente ha habido un informe de Amnistía Internacional recordando que en estos momentos en este territorio se producen torturas y que internacionalmente tenemos que responder ante ellas.

También quería solidarizarme, por supuesto, con la situación de una madre saharaui, Takbar, que está en huelga de hambre desde el 15 de mayo en la Palmas de Gran Canaria ante el asesinato de su hijo pidiendo que se le devuelva su cadáver y que se produzca una investigación imparcial sobre los hechos acontecidos que condujeron a su muerte.

Por lo tanto, nos sumamos a esta moción y solicitamos también al Grupo Popular que, como lo ha hecho en otras ocasiones cuando no estaba gobernando, también se sume a esta iniciativa y entre todos contribuyamos a resolver esta injusta situación del pueblo saharaui.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senadora Capella i Farré, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, de nuevo estamos ante otra moción en relación con el Sáhara Occidental.

L’Estat espanyol té unes obligacions i responsabilitats directes dimanants del dret internacional. Continua sent potència colonitzadora i administradora. L’Estat espanyol no pot ni ha d’eludir la seva responsabilitat respecte a la situació que està patint el poble sahrauí. Per una banda, l’ocupació del seu territori, sotmès a més a més a un clima de repressió política i social, on es produeixen de forma continuada violacions dels drets humans. Al mateix temps, s’està intensificant la colonització per part del Marroc amb la finalitat o com a objectiu principal d’alterar el que ha de ser el resultat del futur referèndum d’autodeterminació que necessàriament ha de produir-se, perquè existeix un mandat clar i explícit dimanant de les resolucions de Nacions Unides.

D’altra banda, s’està produint el desplaçament i desterrament d’una bona part de la ciutadania cap a camps de refugiats, que es troben en territori algerià i que se sustenten per la cooperació internacional, perquè resulta insostenible la supervivència al desert i perquè estan mancats de tots els recursos, no tenen recursos de cap tipus, entre ells, tampoc de recursos hídrics. La cooperació espanyola en aquest moment és francament millorable. Així ho vam denunciar en aquesta tribuna d’oradors l’abril de l’any passat.

L’Estat espanyol ha d’insistir-hi —ho hauria de fer, és la seva obligació— a nivell bilateral i també multilateral, des de la Unió Europea i des de Nacions Unides, més ara en aquest temps, per tal que es doni compliment a les resolucions de Nacions Unides, exigint-ne el compliment i també el respecte dels drets humans. En definitiva, ho deia abans, Espanya ha d’assumir la seva responsabilitat, complir amb les seves obligacions, amb la seva responsabilitat històrica i ètica que té amb el Sàhara Occidental. La situació actual, com deia abans, és insostenible, el silenci no fa res més que convertir-nos en còmplices del que està passant, i massa sovint importants dirigents de partits polítics espanyols han fet promeses al poble sahrauí, promeses incomplertes que han permès que el conflicte sigui encara una realitat. El novembre de 1976, un important dirigent polític espanyol que va esdevenir president del govern espanyol durant molt temps, deia als camps de refugiats de Tindouf: Vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo sino comprometerme con la historia. Estaremos con vosotros hasta la victoria final.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, ho hem estat sempre, al costat del poble sahrauí, i sí, continuarem estant al costat del poble sahrauí fins a la victòria final. Per aquests motius, i per tots els motius que hem anat invocant cada vegada que hem parlat del poble sahrauí, nosaltres donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.

El Estado español tiene unas obligaciones y responsabilidades directas emanadas del derecho internacional ya que sigue siendo potencia colonizadora y administradora. El Estado español no puede ni debe eludir su responsabilidad respecto a la situación que está sufriendo el pueblo saharaui. Por un lado la ocupación de su territorio se suma a un clima de represión política y social donde se producen de forma continuada violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo se está intensificando la colonización por parte de Marruecos con la finalidad de alterar lo que debe ser el resultado del futuro referéndum de autodeterminación que necesariamente debe producirse porque existe un mandato claro y explícito emanado de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Por otro lado, se está produciendo el desplazamiento y destierro de gran parte de la ciudadanía hacia campos de refugiados que se encuentran en territorio argelino y que se sustentan por la cooperación internacional, porque resulta insostenible la supervivencia en el desierto y porque no tienen recursos de ningún tipo, entre ellos tampoco recursos hídricos. La cooperación española hoy por hoy es francamente mejorable. Así lo denunciamos en esta tribuna de oradores en el mes de abril del año pasado.

El Estado español debe insistir —debería hacerlo, es su obligación— a nivel bilateral y multilateral desde la Unión Europea y desde Naciones Unidas, y más aún en estos momentos, en que se dé cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas y exigiendo también el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. En definitiva, como decía antes, España debe asumir su responsabilidad histórica y ética que tiene con el Sáhara Occidental. Como decía antes, la situación actual es insostenible. El silencio no hace otra cosa que convertirnos en cómplices de lo que está sucediendo. Demasiadas veces importantes dirigentes de partidos políticos españoles han realizado promesas al pueblo saharaui que luego no han sido cumplidas y han permitido que el conflicto sea aún hoy una realidad. En noviembre de 1976 un importante dirigente político español, que se convirtió en presidente del Gobierno español durante mucho tiempo, decía en los campos de refugiados de Tinduf: Vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo sino comprometerme con la historia. Estaremos con vosotros hasta la victoria final.

Esquerra Republicana de Catalunya hemos estado siempre al lado del pueblo saharaui, y sí, seguiremos estando a su lado hasta la victoria final.

Por estos motivos y por todos los demás que hemos ido invocando cada vez que hemos hablado del pueblo saharaui, vamos a dar apoyo a esta moción.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

El principal problema del pueblo saharaui sigue siendo España y los condicionantes de nuestra política exterior, nuestro marco de relaciones con Marruecos, ese marco que desde la perspectiva económica hace que muchas de nuestras empresas hayan encontrado en ese país el lugar de asentamiento de las maquilas —como las que hay en Centroamérica, en América Latina y en el norte de África en este caso—, unos lugares de producción y de ensamblaje que resultan más baratos que el desarrollo de esas actividades en nuestro país.

El segundo problema es la capacidad de presión de Marruecos sobre nuestro país a través de los flujos migratorios. Esa es una constante, y ante cualquier conflicto de España con Marruecos la respuesta del régimen marroquí es esta: hacer más permeables sus controles, sus barreras ante la inmigración y facilitar y propiciar la presión sobre Ceuta y Melilla. En ambos casos se trata de cuestiones de política económica y exterior, que son ajenas a los derechos humanos porque así lo decidimos como sociedad y como colectivo político, porque supeditamos a esos intereses a los del respeto a los derechos humanos que reivindicamos con gran contundencia en otras ocasiones, cuando ello no afecta directamente a nuestra seguridad o a nuestra cartera. Pero es necesario que en algún momento seamos capaces de incorporar a las líneas maestras de la acción exterior, más aún en un caso en el que tenemos una implicación tan directa como es esta, el priorizar el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sobre cualquier otra consideración. Yo no tengo ninguna esperanza de que los votos que hoy se produzcan en esa Cámara signifiquen un cambio de prioridades.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Ha habido algo en la tramitación de esta moción que me ha preocupado. Generalmente el senador Chiquillo suele ser persona amable que siempre está dispuesta a lograr algún tipo de acuerdo. Sin embargo, estos días estaba desaparecido. Yo preguntaba por él, le iba a buscar, pero estaba desaparecido. Ahora no, ahora está ahí, en el escaño. (Risas). Eso me tiene mosca porque me da la impresión de que ustedes van a votar que no.

Simplemente voy a recordarle algo que otro senador de su propio partido decía, concretamente el senador Cosió, que ahora es director de la Policía, es decir,no un cualquiera. A mí me encantaría que ustedes, como grupo parlamentario, siguieran manteniendo lo que decía: Un partido se tiene que presentar ante la sociedad manteniendo una coherencia con los principios que defiende, y no la política del pequeño paso y la política de coyuntura que condiciona todo lo demás.

Decía el PP, el señor Cosidó: «En nuestra opinión, incurre el Gobierno —se refería al socialista, lógicamente— en que, por un lado, mantiene un discurso en el que se apoya permanentemente el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero acto seguido se niega a la posibilidad de un referéndum, tildándolo de imposible, contraproducente, e, incluso, anunciando que la celebración de ese referéndum generaría un grave conflicto en el área.» Señor Cosidó. Partido Popular.

Y le traigo aquí, señor Chiquillo, porque usted sabe que yo tengo una larga trayectoria parlamentaria, todas y cada una de las iniciativas del Partido Popular apoyando el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Me va a salir usted por peteneras hablando de la coyuntura... Ya nos conocemos ese discurso. El otro día le escuché hablando del genocidio armenio y me quedé absolutamente pasmado, porque usted puso un énfasis y un calor en esa defensa que no se encuentra en los parlamentos de Europa occidental.

Fíjese, en un artículo titulado The Responsability of the UN Security Council in the Case of the Western Sahara, publicado en la revista International Judicial Monitor, Hans Corell, el subsecretario general para asuntos legales y exconsejero jurídico de Naciones Unidas, señala tres posibles opciones para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental a la vista de las consideraciones del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su informe al Consejo relativo a la situación en este territorio. En dicho informe, de fecha 10 de abril del año pasado, el secretario general de la ONU señalaba: «Dado que el Sáhara Occidental está en la lista de territorios no autónomos desde 1963, los esfuerzos de Naciones Unidas por conducto de mi enviado personal, mi representante especial y la Minurso, Misión Especial de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, seguirán siendo sumamente importantes hasta que se determine el estatuto definitivo del territorio.» O sea, que esta guerra tiene mucho recorrido.

En caso de no producirse progresos, el secretario general consideraba que habría llegado el momento de que los miembros del Consejo de Seguridad abordasen —Consejo de Seguridad, España presente en el Consejo de Seguridad— una revisión integral del marco establecido en abril de 2007 para el proceso de negociación entre las partes del conflicto. Por tanto —plantea Corell—, la pregunta es: ¿Cómo debe abordar ahora el Consejo de Seguridad la cuestión primordial, esto es, cómo llevar a cabo la autodeterminación del pueblo saharaui? Este proceso se ha prolongado durante décadas y las actuales negociaciones se han convertido en una farsa que ha llegado a su fin. Es una cuestión política que el Consejo tiene que tratar. Pero cualquier solución que se adopte debe ser acorde con el derecho internacional. El Consejo —señala Corell— debe considerar ahora opciones más radicales que en el pasado. Entre ellas, las tres siguientes —fíjese qué interesantes son las tres cuestiones que plantea el señor Corell—. Primera, transformar la Minurso en una operación similar a la Administración Transitoria de Naciones Unidas para Timor Este, que fue investida de amplios poderes para la administración de Timor Oriental y facultada para ejercer la autoridad legislativa y ejecutiva, incluida la Administración de Justicia. Una iniciativa interesante.

Segunda, ordenar a España que lleve a término su responsabilidad como potencia administradora del Sáhara Occidental. Pero, puesto que España abandonó esa responsabilidad —un deber sagrado según el artículo 73 de la Carta de la ONU— en 1976, esta opción, aunque legal, puede no ser aconsejable, teniendo en cuenta además que España es actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Pero el problema con las dos opciones anteriores es que ambas requieren la organización de un referéndum en el que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, lo cual significa que el proceso de identificación de votantes, que ha sido un problema constante durante años, seguiría siendo una complicación importante.

Y tercera, habida cuenta de que la cuestión del Sáhara Occidental está en la agenda de las Naciones Unidas desde hace cuatro décadas, la solución puede ser una tercera opción más radical: que el Consejo de Seguridad reconozca al Sáhara Occidental como Estado soberano. A mí me suena estupendo desde el punto de vista legal. Esta también sería una opción aceptable y no privaría al pueblo saharaui de buscar una solución diferente a su autodeterminación en el futuro, si así lo deseara. Esta última opción requiere ante todo un gran esfuerzo para apoyar la creación de capacidades para el autogobierno, a fin de evitar la formación de un Estado fallido y los consiguientes peligros, especialmente, a la vista de la situación de la seguridad en algunos países vecinos. Una solución a este problema podría ser que el Consejo de Seguridad hiciera efectiva su decisión con una antelación de unos cinco años, por ejemplo, y durante ese periodo dotara a la Minurso con un mandato similar al otorgado a la Untaet.

Hans Corell subraya que sugiere estas posibilidades como soluciones a título estrictamente personal y con absoluta neutralidad, sin otro interés que el respeto a la ley. Estas sugerencias están basadas en su experiencia como juez y asesor jurídico durante muchos años en su propio país, en Suecia, y más tarde como consejero jurídico de la ONU durante una década; de hecho, en el año 2002, a petición del Consejo de Seguridad, Hans Corell emitió un conocido dictamen relativo al Sáhara Occidental sobre la legalidad de determinados actos de las autoridades marroquíes, concretamente, la licitación y firma de contratos con empresas extranjeras para la exploración de recursos minerales en dicho territorio. El dictamen concluía que si se llevaban a cabo en el futuro actividades de exploración y explotación sin tener en cuenta los intereses y los deseos del pueblo del Sáhara Occidental, se estarían violando los principios del derecho internacional aplicable a los territorios no autónomos. Más tarde, Corell sostuvo que los acuerdos de pesca, firmados por la Unión Europea y Marruecos en 2007, no eran conformes con el derecho internacional en lo concerniente al Sáhara Occidental.

La razón por la que Hans Corell plantea la cuestión del Sáhara Occidental es que considera que estamos ante una situación en la que el Consejo de Seguridad corre el riesgo de no llevar a término el cumplimiento de su mandato, como le obliga el artículo 24 de la Carta de la ONU, en la que se le encomienda la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. En el pasado ha habido deficiencias graves a este respecto, incluso casos en que los propios miembros permanentes del Consejo han violado la Carta de la ONU, y esta falta de respeto y defensa del Estado de derecho a nivel internacional simplemente tiene que llegar a su fin. Hay que defender la autoridad de Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad debe estar en la vanguardia de esa defensa. Por tanto, es imperativo que en el tratamiento de la cuestión del Sáhara Occidental el Consejo actúe con autoridad, con determinación y de conformidad con la ley.

Finalizo, señora presidenta. Las palabras al respecto del senador George McGovern son bien claras, y escúchenlas, por favor, que tiene su interés: Lo que está en juego aquí es algo más que el destino de unos cientos de miles de saharauis que viven bajo la ocupación militar marroquí en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados en la vecina Argelia. Como señalan los autores Zunes y Mundy, lo que en última instancia está en juego es el sistema legal internacional posterior a la segunda guerra mundial. Si al pueblo del Sáhara Occidental no se le concede el derecho a elegir su propio futuro, incluyendo la opción de la independencia, y se permite que Marruecos mantenga el dominio del territorio, será la primera vez, desde la fundación de las Naciones Unidas que la comunidad internacional consienta que un territorio no autónomo reconocido sea anexionado a la fuerza sin el consentimiento de la población, y la primera vez que se permita a un país ampliar su territorio por la fuerza militar contra la voluntad de una población sometida. Solo los territorios árabes todavía ocupados por Israel desde 1967 permanecen bajo tal control extranjero hostil, y aunque la resolución de este conflicto también lleva esperando mucho tiempo, al menos ha llamado la atención de la comunidad internacional, mientras que la situación similar en el Magreb se ha mantenido en una relativa oscuridad.

Por eso nosotros hemos presentado esta moción. No creemos que sea cualquier moción, sino una moción que el Partido Popular debería apoyar, como siempre ha hecho cuando estaba en la oposición, porque simplemente se trata de recordar lo que ocurrió hace cuarenta años, recordar que tiene poder moral para hacerlo porque va a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y porque los argumentos que va a utilizar el señor Chiquillo no tienen nada que ver con la realidad, son intereses. Señor Chiquillo, ya conozco su argumentación, y nos va a decir que no es procedente, que los intereses españoles en relación con Marruecos... ¡Chanfainas! Aquí hay una resolución de Naciones Unidas que no se quiere cumplir, ustedes han demandado al Partido Socialista en reiteradas oportunidades que la cumplan, y ahora, como están ustedes en el Gobierno, piensan de otra manera. Pero, seguramente, no estarán en el Gobierno dentro de seis u ocho meses, y seguramente cambiarán de opinión. Preferiría escuchar al señor Chiquillo dentro de siete meses que no lo que va a decir en este momento.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyora presidenta.

Senyores i senyors senadors, d’entrada vull agrair al senador Anasagasti la seva voluntat positiva, la seva sensibilitat, per incorporar les esmenes, entre altres la que hem presentat el Grup de l’Entesa.

Entenc que, tal com explicava en la defensa de l’esmena, precisament la incorporació del respecte i del compliment de tots els acords i totes les resolucions preses per Nacions Unides significa que aquesta moció podria ser, entenc jo, perfectament consensuades. En definitiva, són acords presos en el marc de Nacions Unides, resolucions del Consell de Seguretat, del que avui, com s’ha dit reiteradament, en forma part Espanya com a membre no permanent, i per tant això hauria de possibilitar realment un acord d’aquesta cambra, del Senat d’Espanya. Perquè realment Espanya tenim una responsabilitat, derivada d’uns acords desastrosos, els acords de Madrid, de 1975. Va ser un moment molt especial per a la història del nostre país, un moment en què la dictadura estava finalitzant —el dictador, el general Franco, estava agonitzant, de fet, moriria sis dies més tard— i teníem un cap d’estat interí, el futur rei Joan Carles, però mancat de tot tipus d’autoritat per poder prendre decisions importants en aquest marc.

Va ser una solució vergonyosa per a la dignitat d’Espanya com a estat sobirà la manera d’abandonar el Sàhara Occidental i va ser una decisió desastrosa per al poble sahrauí, que el va condemnar a una situació de marginalitat, en què va haver de fugir bona part de la seva població, centenars de milers de persones, que encara avui estan refugiats als camps de Tindouf. Realment, és una situació que exigeix resposta, i Espanya, com s’ha dit, ha de ser una part important d’aquesta resposta com a antiga potència colonitzadora i com la que va auspiciar i participar en els acords de Madrid també amb el regne de Marroc i Mauritània. (El senyor president ocupa la Presidència.)

La moció planteja el reconeixement del dret d’autodeterminació del poble sahrauí, un dret que ha estat reconegut també en diferents resolucions de Nacions Unides per als pobles colonitzats i, per tant, es tracta que s’expliqui un principi de validesa universal i que no es pot negar, en aquest cas, al poble del Sàhara Occidental. Però necessitem, com deia en la defensa de l’



esmena, una solució en el marc de Nacions Unides. Ha pres resolucions, és cert, com deia el senador Anasagasti, que fins ara no han estat eficaces, però el que hem d’aconseguir, precisament, és que aquesta acció de Nacions Unides realment acabi concretant-se en l’exercici d’aquest dret d’autodeterminació. Però s’ha de fer passant per la missió de les Nacions Unides, la Minurso, per al Sàhara Occidental, s’ha de fer a partir del diàleg entre les parts, a partir del diàleg internacional i sense forçar les solucions de manera violenta. Sobretot per una qüestió: per no inestabilitzar la regió, entre altres. Som en una situació internacional molt delicada, que hem debatut en aquesta cambra en altres moments, com és precisament la inestabilitat de tota la zona del Magrib, que ve ja de l’Orient Mitjà i arriba fins a l’Atlàntic, precisament a les zones de Mauritània, el Marroc i el Sàhara Occidental.

Per tant, hauríem d’intentar que la posició al Consell de Seguretat de Nacions Unides comporti una negociació que forci el regne de Marroc a acceptar la solució del referèndum, una solució negociada, una solució amb les potències implicades, entre altres, Espanya, que finalment acabi en una solució pacífica, democràtica, que reconegui aquest dret del poble sahrauí i acabi amb aquesta situació injusta, de marginació, d’expulsió de centenars de milers de sahrauís que són fora del país i del seu territori des de fa massa anys.

És per tant necessària una solució. Segurament no la donarà el Senat d’Espanya, però seria important que el Senat d’Espanya avui insti el nostre Govern, precisament membre del Consell de Seguretat de Nacions Unides en aquest moment, perquè realment se li doni un impuls definitiu. No és qüestió d’anar donant llargues, sinó de ser resolutius, prendre decisions i impulsar-les cap endavant. Segurament el marc de Nacions Unides podria ser, ha de ser, el marc adequat per resoldre aquesta situació d’una manera satisfactòria. Per això, com he anunciat abans ja, el nostre grup, l’Entesa pel Progrés de Catalunya, votarà favorablement aquesta moció del Grup Basc en el Senat, presentada pel senador Iñaki Anasagasti.

Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies, senyor president.

Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores senadores, ante todo me gustaría agradecer al senador Anasagasti su voluntad positiva y su sensibilidad al incorporar enmiendas, entre otras la presentada por el Grupo de la Entesa.

Entiendo que, tal y como explicaba en la defensa de la enmienda, la incorporación del respeto y el cumplimiento de todos los acuerdos y todas las resoluciones tomadas por las Naciones Unidas significa que esta moción podría ser, entiendo yo, perfectamente consensuada. En definitiva, son acuerdos tomados en el marco de las Naciones Unidas, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del que, como se ha dicho hoy reiteradamente, forma parte España como miembro no permanente. Por lo tanto, esto debería posibilitar un acuerdo de esta Cámara, del Senado de España, porque realmente España tiene responsabilidad derivada de unos acuerdos desastrosos, los acuerdos de Madrid de 1975. Fue un momento muy especial de la historia de nuestro país; un momento en el que la dictadura estaba finalizando —el dictador general Franco estaba agonizando, murió seis días más tarde— y en el que nos encontramos con un jefe de Estado interino, el futuro rey Juan Carlos, sin autoridad para poder tomar decisiones importantes en este marco.

La decisión de abandonar el Sáhara Occidental fue una solución vergonzosa para la dignidad de España; fue una decisión desastrosa para el pueblo saharaui, que fue condenado a una situación de marginalidad y a que gran parte de su población tuviera que huir, centenares de miles de personas que hoy en día aún se encuentran refugiados en los campos de Tinduf. Realmente, es una situación que exige respuesta, y España, como se ha afirmado, debe formar parte importante de esta respuesta como antigua potencia colonizadora y como la que, en cierto modo, auspició y participó en los acuerdos de Madrid con el Reino de Marruecos y Mauritania. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La moción plantea el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, un derecho que ha sido reconocido en distintas resoluciones de las Naciones Unidas para los pueblos colonizados. Por lo tanto, se trata de aplicar un principio de validez universal que no puede ser negado, en este caso, al pueblo del Sáhara Occidental, pero necesitamos, como se decía en la defensa de la enmienda, una resolución en el marco de las Naciones Unidas. Naciones Unidas ha tomado resoluciones, aunque es verdad, como decía el senador Anasagasti, que hasta ahora no han sido eficaces. Lo que debemos lograr precisamente es que esta acción de las Naciones Unidas acabe concretándose en el ejercicio de este derecho de autodeterminación, pero debe hacerse pasando por la misión de las Naciones Unidas, la Minurso, para el Sáhara Occidental, y a partir del diálogo entre las partes y del diálogo internacional, sin forzar la solución de forma violenta, sobre todo por una cuestión: por no inestabilizar la región. Nos encontramos en una situación internacional muy delicada; una situación que hemos debatido en esta Cámara en otras ocasiones, como es la inestabilidad de toda la zona del Magreb, que va desde Oriente Medio hasta el Atlántico y las zonas de Mauritania, Marruecos y el Sáhara Occidental.

Por lo tanto, deberíamos intentar que la posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conlleve una negociación que fuerce al Reino de Marruecos a aceptar la solución del referendo; una solución negociada con las potencias implicadas, entre ellas España, que finalmente desemboque en una solución pacífica, democrática y que reconozca el derecho del pueblo saharaui y ponga fin a esta situación injusta de marginación; esta situación de expulsión de centenares de miles de saharauis que se encuentran fuera de su país y de su territorio desde hace demasiados años.

A este respecto, es necesaria una solución. No la va dar seguramente el Senado de España, pero sería importante que el Senado de España inste a nuestro Gobierno, miembro precisamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en estos momentos, para que realmente se le dé un impulso definitivo. No es cuestión de demorarnos, sino de ser resolutivos y de tomar decisiones e impulsarlas. Seguramente el marco de las Naciones Unidas podría ser el adecuado para resolver esta situación de forma satisfactoria. Por eso, como he anunciado antes, nuestro grupo, el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, va a votar a favor de esta moción del Grupo Vasco en el Senado presentada por el senador Iñaki Anasagasti.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, senyor president.

El nostre Grup Parlamentari de Convergència i Unió, votarà a favor de la moció presentada pel senador Anasagasti en nom del Grup Parlamentari Basc. Breument, els donaré alguns dels arguments pels quals ho farem.

Primer, perquè al llarg de molts anys nosaltres hem defensat el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí. En tots els diversos projectes de llei i mocions que s’han produït a les Corts Generals espanyoles, així com les mocions i iniciatives que s’han pres al Parlament de Catalunya, sempre hem reclamat el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur, el dret a l’autodeterminació. I, com ha dit el senador Anasagasti, moltes d’aquestes iniciatives s’han produït per unanimitat al Congrés dels Diputats. Per tant, no tindria sentit avui que aquí el Senat no estigués a favor i donés suport per unanimitat al dret a l’autodeterminació.

Ens agrada la moció per la considerem idònia en el temps. Estem veient que aquest moment, en el quaranta aniversari de la Marxa Verda, alhora que Espanya està al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, és idoni perquè Espanya, que té una responsabilitat sobre el problema del Sàhara Occidental, prengui la iniciativa. I no la prenguem com de vegades ho fem, que donem suport a una moció, la votem unànimement, reclamem el dret del poble sahrauí a la seva autodeterminació, que reclamem el respecte als drets humans —i després hi faré referència—, sinó que prenguem mesures concretes. I ara, aprofitant la pertinença d’Espanya al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, és el moment en què demanem que es prenguin mesures concretes per resoldre una situació que està enquistada des de fa molts i molts anys. Ara és el moment que Espanya pot adoptar una actitud positiva per intentar resoldre aquest tema. Nosaltres creiem que això ha de basar-se en el reconeixement del dret a l’autodeterminació, i ningú ens pot dir res.

Nosaltres hem reclamat l’exercici del dret a l’autodeterminació i hem sentit durant molts mesos, en aquests darrers anys, per part del Govern del Partit Popular, que el dret a l’autodeterminació només es pot aplicar en casos de descolonització, aplicant això que diuen vostès i que nosaltres podríem discutir, no poden negar al poble sahrauí l’exercici del seu dret a l’autodeterminació. Vostès ho diuen, i el senyor García-Margallo s’ha fet un fart de repetir-ho en el darrer any. Per tant, no poden no donar suport a aquesta moció que reclama el dret a l’autodeterminació.

També crec que és important que puguem —com s’ha fet en algunes de les esmenes i també a la moció— reclamar el respecte als drets humans per part del Govern del Marroc. Una cosa és definir el futur institucional, definir el futur del poble sahrauí i de les seves institucions, i una altra, que hi va lligada, evidentment, és el maltractament i el no respecte dels drets humans que aplica el Govern del Marroc sobre la comunitat sahrauí des de sempre. No podem tancar els ulls. No podem parlar d’interessos —que n’hi ha, i a Catalunya en tenim molts, d’interessos, amb el poble del Marroc i amb el Govern del Marroc—, però no podem tancar els ulls per aquests interessos, per aquesta conjuntura política. De vegades ens interessa tancar els ulls, però hem de dir clarament que el Govern del Marroc està trencant sistemàticament el respecte als drets humans, malversant els drets humans del poble sahrauí. No podem tancar els ulls i no podem tancar la boca i restar callats amb això. No valen aquí els interessos, per molt forts que puguin ser; ni comercials, ni polítics ni econòmics. El Govern del Marroc ha de respectar els drets humans, i Espanya té una responsabilitat perquè això sigui possible. Té responsabilitat perquè tot això ve d’una mala descolonització en el moment en què es va produir, com s’ha dit aquí. Evidentment, el Marroc, que sempre juga al límit i juga a posar en situacions incòmodes el Govern espanyol, va aprofitar el moment de la transició espanyola —de fet no havia ni començat la transició, no s’havia mort el dictador—, va aprofitar una situació d’impàs en la governabilitat espanyola per poder atacar i fer-se fort al Sàhara Occidental.

Per tant, hi ha un problema que afecta, i afecta molt, Espanya, que és una descolonització mal feta. Espanya té la responsabilitat, i més ara en el marc de les Nacions Unides, de trobar-hi una solució, que passa perquè el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació, que passa perquè es compleixi la legalitat internacional i que passa perquè les Nacions Unides, aplicant les diverses resolucions que s’han anat fent, obligui el Marroc a poder tirar endavant un referèndum per l’autodeterminació. I, sobre la base del diàleg entre el Front Polisari, el poble sahrauí i el Govern del Marroc, amb el suport de la comunitat internacional i les Nacions Unides, i especialment d’Espanya i de la Unió Europea, cal que ajudin a buscar un marc estable perquè el poble sahrauí tingui una sortida institucional viable, creïble i basada en la legalitat internacional. Ara és el moment en què ho podem fer i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció del Grup Parlamentari Basc que insta el Govern —i per tant, això ha de ser ràpid—, en el marc de la seva pertinença al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, a trobar una solució a un problema que no va provocar Espanya però que, en certa manera, és responsable de com va sortir. El poble sahrauí necessita que trobem d’una vegada per totes una solució estable, respectant el seu exercici a l’autodeterminació, basada en el diàleg i en la legalitat internacional, i que pugui trobar, en les diferents fórmules que ja les Nacions Unides han intentat proposar, una solució estable per al poble sahrauí i el seu futur.

Moltes gràcies, i com ha he dit, votarem favorablement a la moció del Grup Parlamentari Basc.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a votar a favor de la moción presentada por el senador Anasagasti en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, y brevemente voy a darles algunos argumentos por los que lo vamos a hacer.

En primer lugar, porque a lo largo de muchos años nosotros hemos defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través de las diversas mociones y proyectos de ley que se han tramitado en las Cortes Generales, así como en las mociones y otras iniciativas que se han adoptado en el Parlamento de Cataluña. Siempre hemos reclamado el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, el derecho a la autodeterminación, y, como también ha dicho el senador Anasagasti, muchas de estas iniciativas se han aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no tendría sentido que hoy aquí, en el Senado, no se mostrase este apoyo al derecho de autodeterminación de forma unánime.

Nos gusta la moción porque la consideramos muy idónea en el tiempo. Consideramos que hoy, en el 40 aniversario de la Marcha Verde, cuando España está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un momento idóneo para que España, que tiene una responsabilidad sobre el problema del Sáhara Occidental, tome la iniciativa. Pero no la tomemos como a veces podemos hacer, que apoyamos una moción, la aprobamos unánimemente y reclamamos el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, reclamamos el respeto a los derechos humanos —luego me extenderé sobre ello—, sino que adoptemos medidas concretas. Ahora, aprovechando la pertenencia de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el momento de que se tomen medidas concretas para resolver una situación que está enquistada desde hace muchos años. Ahora es el momento en que España puede adoptar una actitud positiva para intentar resolver este tema, que nosotros creemos que debe basarse en este principio de reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Nosotros siempre hemos reclamado el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y muchas veces hemos oído en los últimos años por parte del Gobierno del Partido Popular que el derecho a la autodeterminación solo se puede aplicar en casos de descolonización. Pues aplicando esto que dicen ustedes —y que nosotros podemos discutir—, no pueden negar al pueblo saharaui el ejercicio a su derecho a la autodeterminación. Ustedes lo dicen y el señor García-Margallo no ha parado de repetirlo en el último año. Por tanto, no pueden dejar de dar apoyo a esta moción que reclama el derecho a la autodeterminación.

Y creo que también es importante que podamos reclamar —se expresa en algunas de las enmiendas y también en la moción— el respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos. Una cosa es definir el futuro institucional, definir el futuro del pueblo saharaui y de sus instituciones, y otra, que evidentemente va ligada, es el maltrato y el no respeto a los derechos humanos que está llevando a cabo el Gobierno de Marruecos sobre la comunidad saharaui desde siempre. No podemos cerrar los ojos, no podemos hablar de intereses, que los hay —en Cataluña tenemos muchos intereses con el pueblo de Marruecos—. No podemos cerrar los ojos por esos intereses, por esa coyuntura política que a veces nos interesa. No podemos cerrar los ojos, sino decir claramente que el Gobierno de Marruecos sistemáticamente está rompiendo el respeto a los derechos humanos, malversando los derechos humanos del pueblo saharaui. No podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar la boca y quedarnos callados ante esto. Aquí no valen los intereses, por muy fuertes que estos pudieran ser, ni comerciales, ni políticos, ni económicos. El Gobierno de Marruecos debe respetar los derechos humanos y España tiene una responsabilidad en que eso sea posible. Tiene responsabilidad porque todo esto viene de una mala descolonización —ya se ha hablado aquí del momento en que se produjo—. Evidentemente, Marruecos, que siempre juega al límite y juega a poner en situaciones incómodas al Gobierno español, aprovechó el momento de la transición española —cuando ni siquiera había empezado la transición, porque no había muerto aún el dictador—, aprovechó una situación de impasse en la gobernabilidad española para poder atacar y hacerse fuerte en el Sáhara Occidental.

Por tanto, hay un problema que afecta a España, y que la afecta mucho: una descolonización mal hecha en la que España tiene una responsabilidad, y ahora, como decían, en el marco de las Naciones Unidas, la tiene aún más, para hallar una solución, que pasa por que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación; que pasa por que se cumpla la legalidad internacional; y pasa por que las Naciones Unidas, aplicando las distintas resoluciones que se han ido dictando, obligue realmente a Marruecos a sacar adelante un referéndum para la autodeterminación, y que busquen, sobre la base del diálogo entre el Frente Polisario, el pueblo saharaui y el Gobierno de Marruecos, con el apoyo de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y en especial de España y de la Unión Europea, un marco estable para que el pueblo saharaui tenga una salida institucional viable, creíble y basada en la legalidad internacional. Ahora es el momento en que podemos hacerlo; por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Vasco que insta al Gobierno —esto, pues, debe de ser rápido—, en el marco de su pertenencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a encontrar una solución a un problema que en cierta manera no provocó España, pero que sí es responsable de cómo salió. El pueblo saharaui necesita que encontremos, de una vez por todas, una solución estable, respetando su ejercicio a la autodeterminación basada en el diálogo y en la legalidad internacional y que puedan encontrar, a través de las diferentes fórmulas que Naciones Unidas ya ha intentado proponer, una solución estable para el pueblo saharaui y para su futuro.

Muchas gracias, y como ya he dicho, vamos a votar a favor de la moción del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, vamos a votar a favor de esta moción, con la que estamos totalmente de acuerdo, ya que fija la posición que desde hace tantos años —hace ya demasiados años— se viene recordando en esta Cámara de forma periódica. Una postura coincidente con el marco fijado por la Organización de las Naciones Unidas para la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera, y mutuamente aceptada, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Un compromiso con el que todos nos sentimos cómodos y que todos hemos defendido en esta Cámara en algún momento, pero también llevamos cuarenta años viendo cómo no se cumple. Demasiado tiempo para que nada se haya conseguido. Podemos usar nuestro turno de portavoces para buscar culpables, podemos usarlo para buscar la crítica entre las partes o podemos usarlo para ponernos de acuerdo y pedirle al Gobierno que utilice todos los instrumentos, todos los mecanismos y todos los organismos que tiene a su alcance para lograr que se celebre el referéndum de autodeterminación auspiciado por las Naciones Unidas. Un acuerdo que debería pasar, señorías, por votar a favor de esta moción. Una moción enriquecida con las enmiendas de todos los grupos que complementan un texto muy claro presentado por el PNV, un texto que recoge, en primer lugar, una apuesta por la recuperación de la memoria histórica; en segundo lugar, una apuesta por la activación de nuevos mecanismos de diálogo y, en tercer lugar, el encargo al Gobierno de retomar con intensidad la solución a un conflicto que lleva olvidado cuarenta años en las agendas internacionales.

Se pide en esta moción que se prepare un plan de divulgación explicando la realidad y la historia de la Marcha Verde para buscar soluciones, y que estas estén absolutamente respaldadas por toda la ciudadanía. Repito, debe hacerse un proceso de divulgación de lo que sucedió en aquel momento, conocer la realidad de la Marcha Verde, saber cuál fue la acción o, más bien, la inacción del régimen, cuál fue la posición política de este país. Debemos conocerlo y todas y todos los ciudadanos de este país tenemos que saber qué pasó realmente para evitar su repetición y garantizar, además, la reparación.

Todos merecemos conocer la realidad, desde los refugiados saharauis hasta los ciudadanos marroquíes y, cómo no, todas y todos los ciudadanos españoles. Y que no se entienda esto como un ataque a lo sucedido, sino más bien que lo que se busca, y así lo entendemos, es analizar, estudiar y divulgar, de modo que todo ese trabajo sirva de base para que el cambio consensuado se cimiente en realidades. Si realmente hay voluntad de las partes para seguir negociando bajos los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas, sin condiciones previas y con buena fe, como se indica en la Resolución 2218 del año 2005, si desde España lo que queremos realmente es propiciar, auspiciar, invitar —usen, señorías, el verbo que quieran— a un acuerdo con Marruecos en el marco de Naciones Unidas, es importante conocer nuestra historia para conseguirlo. Por eso manifestamos nuestro total apoyo al primer punto de la moción y, también, nuestro total apoyo a los puntos 2 y 3.

Venimos de cuarenta años de vueltas políticas sin soluciones: el Plan Baker, las resoluciones de Naciones Unidas incumplidas, los 24 años de la Minurso sin conseguir el fin para el que fue creada, que era la realización del referéndum, son demasiados fracasos; fracasos buscados en algunos casos, fracasos propiciados en otros, fracasos políticos, fracasos sociales; señorías, fracasos al fin. Y esto debe cambiar, y puede cambiar porque estamos ante un nuevo escenario tanto internacional como nacional que puede ayudar. Estamos frente a una nueva monarquía, estamos frente a una nueva posición del Estado en Naciones Unidas. Por eso nos parece muy positiva la propuesta de aprovechar la posición de España en el Consejo de Seguridad para reiterar nuestra petición de cumplimiento de la Resolución 3458, porque esa posición, ese asiento en el Consejo de Seguridad, no debiera ser solo una cuestión de prestigio, sino que nos tendría que servir como lanzadera, como plataforma para elevar la presencia de nuestro país y reforzar nuestra capacidad en la búsqueda de acuerdos. Debería aprovecharse para lanzar invitaciones, negociaciones o exigencias, elijan también en este caso la palabra que ustedes quieran, y devolver con ellas al pueblo saharaui la dignidad que le ayudamos a perder.

Además, España tiene la obligación moral de hacerlo porque, más allá de nuestros lazos históricos, la ONU nos sigue reconociendo como potencia administradora. Por eso entendemos que debemos ser nosotros quienes abramos el debate en el Consejo de Seguridad, quien inicie contactos con Francia y con Marruecos y los demás países que forman parte de ese comité. Debiéramos ser también los primeros en velar por la garantía de los derechos humanos de los que eran ciudadanos españoles con plenos derechos. Debemos usar todas nuestras posibilidades institucionales, todas.

Aprobar esta moción, señorías, sería un buen paso para algo tan simple como convertir nuestras palabras en hechos. Y permítanme que me explique. El 23 de abril del año pasado se debatió en esta Cámara una moción para reclamar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyera en la Minurso acciones de supervisión de los derechos humanos. Se trataba de una petición similar a la que plantea hoy el Grupo Parlamentario Mixto en sus enmiendas. En aquel momento el senador Chiquillo Barber, para justificar su voto en contra, con un tono entre recriminatorio y pseudopedagógico, dijo textualmente: Deberían saber cómo funciona, primero el Grupo de amigos y, en segundo lugar, el Consejo de Seguridad. En el Grupo de amigos España participa con voz y con voto, pero en el Consejo de Seguridad no estamos. Y ahora, a pesar de que sí ocupamos un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España se ha limitado a votar a favor de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la renovación de la Minurso, sin abrir ni siquiera debate sobre la necesidad de la supervisión de que los derechos humanos sean parte de esa misión humanitaria. Y a pesar de que el senador Chiquillo seguía diciendo en su intervención: Todos sabemos las posiciones de cada cual, España la ha mantenido y la va a mantener: que se supervisen los derechos humanos en todas las misiones en todos los rincones del mundo. Y fíjense, señorías, ni en el Consejo de Seguridad, ahora que pueden, lo han pedido. Han perdido esa oportunidad. Ni tan siquiera lo hacen en este rincón de España, en el que una madre saharaui hace huelga de hambre para pedir ver el cadáver de su hijo. Tarbak Haddi lleva, como decían los senadores anteriores, casi un mes en huelga de hambre ante el Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Y es curioso, pero nadie hace nada por ella, nadie, ni siquiera el Estado español, que simplemente observa a una ciudadana haciendo huelga de hambre en su territorio, sin preocuparse y sin analizar soluciones, olvidándose del hecho de que como potencia administradora del territorio saharaui debiera preocuparse por sus intereses, y obviando la obligación moral que tendríamos que tener con ella.

Hablaba el senador del Partido Popular de supervisar los derechos humanos en todos los rincones del mundo, mientras el Ministerio del Interior deniega la protección internacional de asilo al activista saharaui Hassana Aalia, miembro de la Asociación de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, condenado a cadena perpetua por denunciar la situación del pueblo saharaui. Señorías, mientras el Gobierno se limitó a denegar su derecho al asilo, tuvo que ser la justicia ordinaria la que tomara cartas en este asunto para evitar temporalmente su deportación, esa misma justicia, señorías del Partido Popular, que ustedes se han empeñado en sesgar con la Ley de justicia universal para impedir, entre otras, la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en relación con el genocidio del pueblo saharaui entre los años 1976 y 1991. Es curioso que en este caso el juez Ruz pudiera continuar adelante al tratarse de delitos cometidos contra ciudadanos españoles. Explíquenme, señorías, ¿podemos defenderles en los tribunales, pero no podemos hacerlo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

Por eso, señorías, hoy es el día en el que ustedes deberían enmendar ese voto en contra, porque no es de recibo no haber aprovechado nuestra nueva posición en el Consejo de Seguridad después de decir lo que dijeron en esta Cámara, atreviéndose incluso a criticar la acción de otros gobiernos en relación con la situación del pueblo saharaui. Me gustaría que hoy todos pudiéramos aprobar esta moción por unanimidad, sobre todo, porque nosotros mismos —todos y todas— deberíamos empezar a exigirnos con hechos lo que vendemos con palabras en esta casa de la palabra.

Así que permítanme, señorías —y termino—, una última reflexión, mi última reflexión, además, como senadora, porque este es mi último Pleno. Si hace unos días fuimos capaces de aplaudir de forma unánime a la delegación de Emiratos Árabes Unidos, un pueblo, un país cuestionado internacionalmente por los defensores de los derechos humanos, les pido, señorías, que mostremos el mismo apoyo unánime, esta vez con nuestros votos, al pueblo saharaui, un pueblo al que se le ha quitado incluso el derecho a ser pueblo.

Señorías, ha sido un placer; ha sido fantástico trabajar con ustedes y ha sido fantástico aprender de ustedes. Salud, y hasta siempre. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Fernández Pena.

Senadora Fernández Pena, le deseo lo mejor en el futuro. Igualmente, ha sido un placer compartir con usted el tiempo que ha estado en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la posición de nuestro grupo respecto del debate de hoy, interesante, importante y sensible debate. Y vayan por delante mis primeras palabras, de compromiso personal, como el de mi grupo y del Gobierno de España, de plena solidaridad con el pueblo y la causa saharaui, su sufrimiento y sus justas e históricas reivindicaciones como pueblo.

Hoy he oído muchas lecciones y, echando mano del mismo argumento que han utilizado algunos de los portavoces, antes de entrar en el fondo de la cuestión voy a ir a los antecedentes parlamentarios, porque, sin que yo haya intervenido en el turno en contra, unos cuantos Rappeles en esta Casa han dicho, ya no qué iba a votar, que era más fácil, sino qué iba a decir.

Primero quiero poner en valor las palabras del ministro de Asuntos Exteriores en esta Casa, en las Cortes Generales, en el Congreso y el Senado, con respecto al Sáhara Occidental. El ministro Margallo señaló —es el planteamiento del Gobierno de España— que el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión que toca muy de cerca los intereses y valores compartidos por los españoles y también la sensibilidad de la mayoría de nuestros conciudadanos. España mantiene un firme compromiso con la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de Naciones Unidas.

Yendo ya a la pasada legislatura, también sé muy bien lo que dijo el representante del Grupo Parlamentario Popular en esta Casa cuando defendió la causa saharaui, quien solicitó que se promoviera la modificación del mandato de Minurso para darle competencias plenas y directas en el ámbito de los derechos humanos.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, aprobó en mayo de 2014 una proposición no de ley en la que se ahondaba en el compromiso del Partido Popular, que sigue defendiendo a día de hoy: la necesidad de una solución urgente, justa y definitiva al conflicto en el marco del Consejo de Seguridad; promover en el ámbito de las relaciones bilaterales y en el seno de los organismos internacionales las propuestas de consenso que incluyan la vigilancia y protección de los derechos humanos; apoyar la labor de Minurso; apoyar el trabajo del enviado personal del secretario general para la supervisión en materia de derechos humanos en el Sáhara Occidental; el papel de las ONG; facilitar que las delegaciones parlamentarias puedan visitar el Sáhara Occidental y acercarse a la realidad de ese territorio; y buscar una solución equilibrada, adecuada y conforme a derecho a los casos pendientes de solicitud de nacionalidad española para ciudadanos saharauis.

En primer lugar, España, el Gobierno español sabe —y muchas de sus señorías también, aunque, por sus intervenciones, permítanme que lo dude— que la solución tiene que ser política, es decir, ni militar ni impuesta por la fuerza por una de las partes. En segundo lugar, debe ser mutuamente aceptable; es decir, no son aceptables aquellas soluciones decididas unilateralmente o impuestas sin el consentimiento de las dos partes: Marruecos y el Frente Polisario. Y, en tercer lugar —y el Partido Popular tiene ese firme compromiso— debe prever la libre determinación del pueblo del Sáhara en el marco de la legalidad internacional, encarnada y representada por Naciones Unidas.

Si algunos de los portavoces que hoy han hecho uso de la palabra no lo conocen, es su problema, y si lo conocen y han hecho las intervenciones que han hecho, hay que decir que estas son frívolas y con muchas dosis de demagogia. Sí, hemos asistido a unas intervenciones con algunas gotitas de demagogia —por ser generoso en mi valoración—, porque, hablando de los antecedentes, también conocen que el Pleno del Congreso, en el reciente debate sobre el estado de la nación de 2015 —hace apenas seis meses—, aprobó prácticamente por unanimidad la Resolución número 12, en la que se insta al Gobierno de España, que está cumpliendo ese mandato, durante su pertenencia al Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016 a la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

¿Qué dicen esos principios? ¿Qué dice sobre cómo funciona el Consejo de Seguridad? ¿Hay desconocimiento o mala fe por algunos de los que aquí han intervenido respecto de cómo se establece el funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Voy a pensar que es desconocimiento, porque si hay un uso torticero de lo que dicen esos procedimientos para formar las mayorías en el Consejo de Seguridad tendría que pensar que hay ganas, con unas dosis de demagogia, de utilizar de una manera recurrente los argumentos que muchas veces se escuchan en esta Cámara sobre otras cuestiones; y en esta me duele, porque es un tema sensible, de derechos humanos, estamos de acuerdo, pero, tal como funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es lo que es. Y ustedes pretenden venderlo de otra manera.

Podría valorar el objeto y el contenido de la moción, y lo voy a hacer, pero la prueba de la pobreza de gran parte de los argumentos de la moción es que se ha tenido que recurrir a los salvavidas de las enmiendas para que tenga algo de contenido, que no va muy lejos de aquello que está haciendo el Gobierno de España. Y lo voy a decir.

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta a la adopción de determinadas medidas en relación con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, va a contar el voto negativo del Grupo Popular. Lo ha adivinado usted, señor Anasagasti. Si usted acaba esta legislatura y no es reelegido, puede quitarle el papel al señor Rappel.

Entrando ya en el objeto y contenido de la moción —reitero, de pobre contenido—, entendemos —aquí sí nos une a todos— que la prioridad no es un debate de hace cuarenta años; no es un debate sobre hechos históricos, sino que se trata de contribuir a la solución del conflicto.

La resolución de la que hablan en su moción los proponentes no fue aprobada por el Consejo de Seguridad, fue una resolución aprobada por la Asamblea General en un periodo en el que España aún era potencia, en diciembre de 1975, porque, como ustedes saben, y usted muy bien ha citado, dejó de serlo el 26 de febrero del año 1976. Por tanto, alguno de sus argumentos queda bastante obsoleto. Y desde entonces ha habido numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, con participaciones del actual Gobierno del Partido Popular, con voz y voto en el Grupo de amigos del Sáhara, y ahora en el Consejo de Seguridad, y de anteriores gobiernos desde 2006 en el Grupo de amigos del Sáhara, incluida la que con buen criterio ha citado el Grupo Socialista, la resolución 2218, de hace apenas un mes y medio, y de la que exigen un cumplimiento inmediato, cuando ustedes saben —si sacan el cuentagotas y dejan de poner dosis de demagogia— que es un tema complejo, difícil, sensible y que no se soluciona con que España presida por el turno rotatorio el Consejo de Seguridad como miembro no permanente.

Quien ha querido saber lo que ha hecho España en ese grupo de amistad, bien lo sabe; y desde el 1 de enero de 2015, quien ha querido saberlo, también sabe lo que ha hecho el representante de España, cumpliendo los mandatos de esta Casa, de las Cortes Generales, pero no desde el año 2012, en que gobierna el Partido Popular, sino, por lo menos, desde 2006, con plena sintonía entre el anterior Gobierno, del Partido Socialista, y el actual, del Partido Popular, que hoy, en su intervención de despedida, ha puesto en duda la portavoz del Grupo Socialista.

Nuestro compromiso fue y es el respeto de los derechos humanos, claro que sí, en todos los rincones del mundo, y especialmente con la población del Sáhara Occidental. Lo hemos defendido bilateralmente y en los foros multilaterales.



España siempre ha defendido, hasta el mes de abril de 2015, mientras se elaboraba la renovación del mandato de la Minurso, que hubiera mecanismos de control del respeto de los derechos humanos, bien lo saben. Pero para que esos mecanismos se incorporen se requieren dos requisitos: en primer lugar, hacerlo de acuerdo con la Carta de Derechos Humanos y el funcionamiento del Consejo de Seguridad, que, repito, algunos portavoces desconocen o han pretendido hacer ver que desconocen hoy, porque requieren el acuerdo de las partes —capítulo VI—. Y, en segundo lugar, tiene que haber un consenso en el Grupo de amigos del Sáhara y en el Consejo de Seguridad. Y en el Grupo de amigos del Sáhara, desde hace ya unos cuantos años Rusia y Francia ponían objeciones, con lo cual, la propuesta que se eleva al Consejo de Seguridad no puede salir con pretensiones como las que ha defendido España, de derechos humanos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El senador CHIQUILLO BARBER: …porque, automáticamente, en el Consejo de Seguridad, donde hay cinco miembros que tienen derecho de veto, y Rusia y Francia lo tienen, hubieran tumbado cualquier pretensión en esa línea.

Por tanto, quiero decir claramente que el Partido Popular ha defendido, defiende y defenderá todos los procesos de negociación entre las partes que lleven a esa solución política duradera y den una solución a esa demanda histórica, política y justa del pueblo saharaui. Lecciones, las justas. Pero las resoluciones de Naciones Unidas…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El senador CHIQUILLO BARBER: El funcionamiento del Consejo de Seguridad es el que es, y España no dejará... (Rumores). Es que a lo mejor yo también me despido hoy. Déjenme despedirme.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El senador CHIQUILLO BARBER: Para concluir, acepto el tono de todas las intervenciones, pero me gustaría que constara en acta el de la del portavoz del grupo proponente, que no tolero. Y reto a esos señores de arriba a que hagan un informe y valoración de votaciones, ausencias y presencias, porque estoy seguro de que el señor Anasagasti ha faltado a muchísimas votaciones sobre temas de calado y de importancia, como este.

El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, termine de una vez.

El senador CHIQUILLO BARBER: Que no me dé lecciones sobre que no estaba en el hemiciclo (Protestas), porque el señor Anasagasti, ausencias, más de una.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco, con la incorporación de las tres enmiendas aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 92; en contra, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000126

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a este proyecto de ley no se han presentado propuestas de veto.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿van a compartirlo, senador Eza? (Rumores).

Perdón, señor ministro. (Risas.— Aplausos).

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en nombre del Gobierno.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Tengo el honor de ocupar la tribuna para presentar y defender ante el Senado el Proyecto de Ley de modificación del convenio económico entre el Estado y Navarra. Este texto fue negociado en la comisión coordinadora del Convenio Económico que rige las relaciones de Navarra y el Estado, acordado en el seno de la comisión negociadora del convenio, y aprobado por el Parlamento de Navarra antes de que el Gobierno de España lo remitiera a las Cortes para su ratificación como proyecto de ley.

El Convenio Económico entre el Estado y Navarra es, sin duda, enormemente representativo de nuestro Estado de las autonomías, basado en la diversidad y la pluralidad de España, en el respeto y la protección de los derechos históricos y, a la vez, en la solidaridad entre los distintos territorios que pertenecen a un mismo país y que conviven al amparo de nuestra Constitución.

El Convenio Económico entre el Estado y Navarra no es un privilegio de los habitantes de esta comunidad autónoma ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros. Es un instrumento de relación diferente, que forma parte de nuestra Constitución, un instrumento en el que tienen acomodo todas las normas tributarias del Estado y que cuenta con los mecanismos necesarios para que esa relación sea beneficiosa, tanto para la comunidad foral como para el conjunto de España.

El convenio económico otorga a Navarra un amplio margen de gestión de las obligaciones tributarias y en la potestad que tiene la comunidad para establecer y regular sus propios tributos, y al mismo tiempo garantiza el respeto a lo dispuesto en la legislación del régimen general del Estado y la contribución de Navarra a la solidaridad interterritorial, amparada, asimismo, por nuestra Constitución.

Los ciudadanos navarros contribuyen, efectivamente, como el resto de los españoles, a los Presupuestos Generales del Estado, y no hay motivo para que desde ningún ámbito se critique o ataque la relación fiscal que se establece entre Navarra y el resto de España, acusándola de insolidaridad. Además, el convenio económico cuenta con sus propios instrumentos de coordinación y arbitraje para resolver las discrepancias y los conflictos que puedan surgir en las relaciones entre el Estado y Navarra, que, con la modificación que ahora planteamos para su ratificación por las Cortes Generales, por el Senado, salen reforzados con el objetivo de reducir la litigiosidad entre administraciones y evitar perjuicios a los contribuyentes.

El convenio económico tiene un amplio respaldo social en los ciudadanos navarros, y me atrevo a decir que también por el conjunto de los españoles, que entienden las instituciones forales de esta comunidad, no como un hecho disgregador, sino como una forma de entender España y su pertenencia a ella. No hay nada en las instituciones forales navarras que las separe de España, todo lo contrario; son instituciones cuya supervivencia se ha mantenido y desarrollado en muy diferentes avatares históricos a lo largo de siglos y que hoy en día tienen, además de la legitimidad que les da el arraigo popular, la legitimidad jurídica y política que les ofrece desde hace más de treinta y seis años la Constitución, marco de convivencia para todos los españoles. Sin lugar a dudas, las modificaciones introducidas lo modernizan y convierten en el mejor convenio posible en dos sentidos: por un lado, en el ámbito tributario, por la incorporación y adaptación a la norma de diversos tributos que han sido aprobados por el Gobierno de España desde la anterior modificación del convenio, en el año 2012; y, por otro, porque refuerza y amplía la autonomía navarra, además de mejorar, como he dicho antes, la coordinación y la integración entre la Hacienda navarra y la Hacienda del Estado.

Quiero detenerme algo más en el avance en la foralidad que supone el convenio. Este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular son firmes defensores de las instituciones forales, que son, sin lugar a dudas, parte de la riqueza histórica de este país. En esta legislatura hemos podido profundizar en el escenario de autogobierno, tanto en Navarra como en el País Vasco, a pesar de la complicada distribución de fuerzas políticas existente en el Parlamento navarro y en las diputaciones vascas. Eso ha sido posible por la capacidad de diálogo que han mostrado todas las partes y, sin duda, también por el respeto al marco constitucional en el que convivimos. Sin una y otra condición no hubiera sido posible ni la aprobación del convenio ni la aprobación del concierto. Deseo que la nueva etapa política que se abre en Navarra tras las últimas elecciones autonómicas pueda caracterizarse por ese mismo espíritu de acuerdo y consenso y por ese respeto a la Constitución y a las propias normas de la comunidad foral, por más que algunos puedan constituir una mayoría parlamentaria que realmente tratara, en términos políticos y dialécticos, de oponerse a alguno de los principios que establece el convenio.

Señorías, como les decía, tras esta modificación se incorporan al convenio económico, con efecto retroactivo, diversos tributos aprobados por las Cortes Generales durante estos años, y más concretamente, el impuesto sobre actividades de juego, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Asimismo, el convenio se adapta a la sustitución del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, al conocido como céntimo sanitario, por un tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, y a la reciente modificación del impuesto especial sobre la electricidad. Además, se establece que las retenciones del gravamen especial sobre premios de loterías percibidas por residentes navarros se ingresarán en la Hacienda de la comunidad foral.

También me gustaría destacar que, a partir de la modificación del convenio, los grupos fiscales deberán estar integrados solo por sociedades que se rijan por la misma normativa, ya sea foral o común, sin que sean posibles los grupos mixtos. Por tanto, el régimen de consolidación fiscal será el correspondiente a la comunidad foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a la normativa foral en régimen de tributación individual, y será el correspondiente al régimen de consolidación fiscal del territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas al régimen tributario común en régimen de tributación individual.

Por otro lado, el convenio introduce cambios que en esencia se producen en la autonomía de la comunidad foral. Creo, sin duda, que este ámbito es muy importante, porque, como decía antes, demuestra los avances que se pueden conseguir cuando el diálogo entre dos gobiernos, el Gobierno de una comunidad autónoma y el Gobierno de España, se realiza desde el respeto a la Constitución y la lealtad institucional, como ha sido el caso. Demuestra, además, nuestra capacidad de interlocución y nuestra disposición a mejorar el autogobierno de las comunidades que quieren ir un paso más allá en su autonomía, siempre que ese paso no se convierta en una carrera que busque desbordar las fronteras constitucionales y la soberanía del conjunto del pueblo español.

En el caso del convenio económico, se modifica el artículo 2 para resaltar la potestad tributaria navarra, de manera que se garantice la posibilidad de que la comunidad foral establezca y regule tributos diferentes a los que ya se mencionan en el convenio, siempre desde el respeto a la legislación del régimen general del Estado y a los principios y criterios de armonización del propio convenio.

Además, se modifica el artículo 6 buscando mejorar los mecanismos de coordinación entre la Administración del Estado y la comunidad foral. Esta modificación va a permitir que cuando se presente un proyecto de ley en el que el Gobierno de España promueva el establecimiento de un nuevo impuesto a nivel estatal, se convoque a la comisión coordinadora o a la subcomisión en la que aquella delegue para evaluar y analizar la adaptación del convenio a la nueva figura impositiva proyectada en el conjunto del Estado. Dicho en otras palabras: Navarra podrá conocer y dar su opinión sobre las líneas básicas de la futura convención de las nuevas figuras impositivas que se proyecten antes incluso de que entren en vigor en el conjunto del Estado.

En el ámbito de la mejora de la coordinación entre ambas administraciones públicas, la estatal y la foral, se introduce asimismo una modificación en el artículo 67 del convenio económico, que tiene como objetivo agilizar la remisión a la junta arbitral de consultas tributarias sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en la comisión coordinadora. De esta manera la junta arbitral, que tiene un papel realmente importante como institución capaz de acercar posturas entre las dos administraciones, adquiere una mayor relevancia a la hora de que disminuya la litigiosidad.

Para finalizar deseo destacar, como ministro de Hacienda y Administraciones públicas, y también decirlo personalmente, como sincero defensor de las singularidades fiscales existentes en España, que la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra fortalece políticamente el autogobierno navarro en el terreno fiscal, al tiempo que mejora la relación entre el Estado y la comunidad foral.

Después de este proyecto de ley, las Cortes Generales habrán ratificado en poco más de un año y con un elevado grado de consenso la modificación de tres pilares de nuestra singularidad fiscal: el concierto vasco, el Régimen Económico Fiscal de Canarias y ahora, el Convenio Económico navarro. Tres regímenes económicos fiscales diferentes, como es el Régimen Económico Fiscal de Ceuta y de Melilla, que hacen de España lo que es, un país complejo, un país articulado, pero un país orgulloso de su diversidad; un país que cuenta con unas instituciones que no existen en ningún lugar del mundo y que trabaja para conservarlas, potenciarlas y adaptarlas a los cambios políticos y económicos.

Señorías, el Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra es un orgullo para todos nosotros porque es el mejor ejemplo de cómo se pueden conciliar y defender los derechos históricos y los intereses generales de España bajo el amparo de la Constitución y de las leyes. La modificación de la Ley del convenio es la prueba de que el diálogo político, la lealtad institucional y la voluntad de entendimiento son fundamentales para avanzar en el autogobierno de una comunidad autónoma y que las propuestas sensatas dentro de la Constitución y de las leyes serán escuchadas siempre por el Gobierno y acogidas por el Parlamento de España.

Navarra está en el origen de la nación española, en su historia y en su futuro, por eso sus derechos históricos están y estarán siempre garantizados por la Constitución y las leyes. La actualización del régimen foral y el impulso de su autogobierno, al amparo de la Constitución, son la mejor garantía de estabilidad política para Navarra, y de progreso económico y social para sus ciudadanos. En esto se fundamenta la modificación del convenio pactada entre el Estado y Navarra, y es por ello por lo que el Gobierno pide hoy a la Cámara su ratificación.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, y perdón por el despiste.

Ahora sí pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Gracias, presidente.

Señorías, hoy es un día importante políticamente hablando para Navarra y para la España de las autonomías. Debatimos, precisamente, la modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, porque está previsto que cuando se produzca una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado ha de procederse de común acuerdo a la revisión del convenio económico. Esta tarea, señorías, de buscar el acuerdo es un proceso largo en el tiempo y complejo en la negociación técnica y política, pues nosotros tratamos de defender los intereses de Navarra y de sus ciudadanos en el marco en el que hay que hacerlo, en el que le corresponde, que no es otro que el de la ley y el del pacto. La comisión negociadora, compuesta por representantes del Estado y de Navarra, a lo largo de distintas sesiones logró el acuerdo que hoy sometemos a la consideración del Senado, y desde luego queremos agradecer el esfuerzo que los técnicos de una y otra parte han realizado para llegar a este punto. No puedo entrar en más detalles porque el señor ministro ha sido suficientemente explícito, y no voy a hablar de las modificaciones tributarias; sin embargo, sí quisiera insistir en algo que también ha señalado, como son los cambios técnicos, con el fin de mejorar la coordinación entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, compromisos de coordinación y colaboración en materia de estabilidad presupuestaria, o añadiendo un nuevo párrafo al artículo 6 para cuando se establezcan nuevos impuestos estatales de modo que se convoque a la comisión coordinadora para evaluar y analizar la adaptación del convenio a la nueva figura impositiva y que Navarra puede conocer y dar su opinión al respecto, incluso antes de que entre en vigor en el conjunto del Estado.

En este mismo ámbito de la mejora de la coordinación se introduce una modificación en el artículo 67 del convenio económico con el objeto de agilizar la remisión a la junta arbitral de consultas tributarias sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en la comisión coordinadora y facilitar de este modo que disminuya la litigiosidad que hemos conocido, por ejemplo, con el conflicto de competencias en relación con las devoluciones de IVA de 2007-2011, o intentar mejorar, a través de la redacción del artículo del convenio, la garantía de la plena capacidad tributaria de Navarra.

En este punto, señorías, debo recordar que el régimen de convenio económico entre el Estado y Navarra es un derecho histórico amparado en la disposición adicional primera de la Constitución Española y en el artículo 45 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del fuero. Y su carácter es paccionado y bilateral, característica que constituye una de las especificidades propias de los regímenes forales, de manera que el acuerdo alcanzado por las partes en el seno de la comisión negociadora no puede ser enmendado ni modificado unilateralmente. Lo ha recordado el señor ministro al decir que antes de que el Gobierno de España lo remitiera a las Cortes, este texto fue aprobado en el Parlamento foral con los votos a favor de los grupos parlamentarios aquí representados hoy, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro, que somos quienes creemos en el fuero y quienes entendemos que trasciende cualquier estrategia de partido.

Como decía un portavoz en el debate del Congreso, con esta reforma se pone de manifiesto que el convenio económico es un instrumento moderno y adaptable a los cambios y permite regular perfectamente las relaciones económico-financieras y tributarias entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado. Un instrumento válido, y no he dicho a qué grupo correspondía este portavoz. En definitiva, para los navarros el convenio económico tiene nuestra máxima consideración y para él les pedimos su comprensión y su apoyo.

En otro orden de cosas, me permitirán que insista en un aspecto que también ha citado el señor ministro: Navarra es solidaria. Algunos nos dijeron en el Congreso que éramos unos privilegiados porque ellos entienden que privilegiados son aquellos que aceptan los derechos pero no las obligaciones. Navarra es solidaria, y precisamente a través de esa cantidad anual hace su aportación al mantenimiento de las cargas generales del Estado por las competencias no asumidas, y lo hace sobre la base de la riqueza regional, el PIB, y no precisamente por el peso de nuestra comunidad en la población española. Por tanto, según este criterio nos corresponde un pago mayor. Además, mediante su aportación al Fondo de compensación interterritorial y también a la financiación del déficit en que incurre el Estado, aporta tanto al pago de los intereses como a la amortización de su deuda.

En definitiva, señorías, quiero insistir también en que la comunidad foral tiene un sistema fiscal equivalente al del Estado derivado del régimen foral. Y es que Navarra cuenta con un sistema fiscal propio que establece un sistema tributario equivalente al del Estado, apreciándose una mayor progresividad en los tipos impositivos con un mayor número de tramos.

Señorías, termino recordando que en Navarra la ya lejana Ley paccionada de 1841, a impulsos de los liberales navarros, tuvo su primer reflejo en el convenio económico de 1877, siendo renovada sin solución de continuidad en 1927, en 1941, en 1969, y por último mediante ley de 1990, ya en período constitucional, con sus sucesivas actualizaciones de 1998, 2003, 2007 y de la actual de 2015, unos siglos difíciles el XIX y el XX políticamente para España, como saben sus señorías. En definitiva, lo que sí quisiera recordar hoy es que el fuero es ante todo la cultura del pacto, y pacto significa reconocimiento del otro como interlocutor válido, fiable y con el que se puede llegar a acuerdos, pero no a acuerdos que caducan en unos meses o en pocos años, sino acuerdos de larga duración que comprometen a generaciones. Ese reconocimiento de otro como socio implica romper con la lógica excluyente de un mundo dividido entre buenos y malos, amigos y enemigos que observamos en determinados movimientos. Porque algunos, señorías, no saben alcanzar pactos, solo hablan de treguas. A la vez, fuero implica también ser reconocido como sujeto y, por tanto, que el otro no busque tu asimilación. Es comprender que el bienestar propio está relacionado con el bienestar de los demás, cuestión que algunos olvidan con facilidad. Fuero implica convivencia con los demás territorios, pero también significa pacto entre los navarros; reconocernos unos a otros como seres libres, completos, y, por lo tanto, como seres a los que nos les falta nada, seres que no necesitan ser redimidos de una identidad supuestamente perdida. Es tratarnos unos a otros como adultos y respetarnos en nuestras diferencias culturales, lingüísticas, ideológicas y hasta religiosas, sabiendo que tenemos en común un mismo derecho: los términos del pacto que acordemos.

Algunos hablan —como hicieron en el Congreso— entendiendo el fuero como privilegio. Creo que ya les he convencido, o por lo menos lo he intentado, de que no es así, porque nosotros también asumimos, junto al derecho, las obligaciones. Algunos también creen que el fuero tiene una ventaja para sus supuestas teorías, porque sospechan, y así lo creemos todos, que el Estado no podría romper nunca su parte del acuerdo unilateralmente. Pero ellos sí; ellos romperán el pacto cuando les dé la gana y nos hablarán de otras teorías que suponen un largo proceso.

El señor PRESIDENTE: Senador Eza, si van a compartir turno, está usted agotando el tiempo.

El señor EZA GOYENECHE: ¿Perdón?

El señor PRESIDENTE: Que si van a compartir turno el senador Unamunzaga y usted, está usted agotando el tiempo que tienen para los dos.

El señor EZA GOYENECHE: Pues termino, señoría.

Me limitaba a hablar ya de los derechos históricos, porque son muy importantes. Nosotros los hemos manejado a través del fuero. Los otros, ellos sabrán. En cualquier caso, reconocemos el diálogo que ha existido para alcanzar este acuerdo y admitimos cualquier posición al respecto. Pero las palabras son libres y, en este caso, nosotros preferimos los hechos, y los hechos son los que han permitido a Navarra un proceso económico y social que ha mejorado al conjunto de los ciudadanos.

Pedimos, por tanto, señorías, su comprensión y su apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que debatimos hoy es la continuidad de una realidad que ya hemos repetido en reiteradas ocasiones en esta tribuna y que no es otra que la relativa a los derechos históricos, a la capacidad de decisión y a la soberanía de Nafarroa. Es una historia, la renegociación de este convenio, que reúne elementos de thriller, de chantajes, de escenificaciones, de agravios, con un desenlace anunciado. Y todo ello realizado, eso sí, en torno a una supuesta normalidad que es la que caracteriza la apariencia de todas las decisiones que adopta su Gobierno en boca de cualquiera de sus representantes a lo largo de toda esta legislatura.

Les voy a volver a exponer lo que para su Gobierno parece ser que es normal y que constituye uno de los elementos centrales de esta trama: la no retirada por parte del Estado del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo en relación con el IVA de Volkswagen. Un recurso no retirado, sino, por el contrario, dejado en suspenso a la espera de que se llegase a un acuerdo. Y este recurso es el elemento que ha sobrevolado y condicionado toda la trama hasta su desenlace definitivo. Efectivamente, ustedes no retiraron el recurso, sino que lo han mantenido activo en un segundo plano para ponerlo en marcha si no consiguiesen un acuerdo que fuese a favor de sus intereses, es decir, de los intereses del Estado español. Es por ello por lo que podemos afirmar que la que estamos debatiendo aquí tiene, en nuestra opinión, un poquito de maquiavelismo. Vamos a recapitular los hechos. Resulta que un día, así como por casualidad y gracias a la diligencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se descubrió que en Navarra se debían 1500 millones como consecuencia del no pago del IVA correspondiente a la empresa Volkswagen. Les añado que la cantidad no era menor, ya que se acercaba a la mitad de los presupuestos públicos de Navarra para 2015. Además, al mismo tiempo de producirse este descubrimiento, sobre la mesa se encontraba otra serie de problemas importantes. Por un lado, dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional que en gran medida ponían en solfa completamente las competencias históricas de Navarra en materia tributaria. Y, por el otro, había que tener en cuenta que el momento político era bastante delicado. Se acercaban las elecciones y era más que evidente que el cambio político y social, como después se ha visto, venía.

El Gobierno de UPN, como no podía ser menos, afirmó que había que defender, por encima de todos los intereses de Navarra, que las cuentas son las cuentas, y así empezó la renegociación de la renovación del convenio que hoy estamos discutiendo.

Durante las negociaciones, como es lógico y previsible, la reclamación de los 1500 millones de euros funcionó: o se acepta lo que yo digo o aquí está mi reclamación de los 1500 millones. Es decir, a la vista de lo ocurrido, podemos afirmar que el Gobierno del Estado ha llevado una postura negociadora que solo se puede definir de una manera: un chantaje puro y duro. Y ante esta obviedad, este hecho objetivo, ustedes no hacían, y no hacen, otra cosa que continuar afirmando que todo era y es normal, que no pasaba ni pasa nada. El propio ministro Montoro contestó esto mismo en esta Cámara a este mismo portavoz que les habla, en relación con una pregunta referida a este tema.

Efectivamente, todo lo ocurrido estos años en relación con Nafarroa era normal, sí, pero normal para sus intereses. A lo largo de esta legislatura, para su Gobierno, han sido normales los constantes recursos del Estado ante las leyes adoptadas por el legítimo Parlamento navarro. Para su Gobierno, ha sido normal que a estos recursos se les sumase la amenaza de denuncia en el Tribunal Supremo de 1513 millones de euros por el denominado pleito a la Volkswagen. Y al final de esta historia, y después de unas cuantas posturitas y unas cuantas grandilocuencias verbales, se llegó a un acuerdo. Por un lado, el Estado retira la reclamación de los 1500 millones de euros y, por otro, se acepta que la potestad tributaria en Navarra para aprobar impuestos diferentes a los regulados en el convenio —y leo textualmente— se ejercerá sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del régimen general del Estado, y esto que les acabo de leer es algo que antes no existía en el convenio. Y en el caso de los dos controvertidos impuestos sobre producción de energía eléctrica y depósitos de entidades de crédito —y leo también textualmente— la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales establecidas por el Estado en cada momento. ¿Qué quieren que les diga? Que colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Que, tal como les dije en esta misma Cámara, agresión tras agresión a lo largo de todo este proceso hasta la puñalada final. Fotos y sonrisas preelectorales. España va bien; y Navarra, ni te cuento. Esta es la película, pero la realidad, desde nuestro punto de vista, ha sido bastante diferente.

Y llegados a este punto, a la narración de los hechos, les hago una pregunta, que espero que me contesten con honestidad: Si realmente estaban ustedes por una solución justa, como repetían una y otra vez, ¿por qué no retiraron el recurso? ¿Por qué no hicieron una negociación en igualdad de condiciones? Palabras como respeto a Navarra, bilateralidad, lealtad, ¿dónde quedaron, señoras y señores del Partido Popular? Les respondo yo: quedaron en nada; y quedaron en nada porque, repito, lo ocurrido no ha sido respeto, ha sido un chantaje, ha sido un proceso de negociación ventajista que ha contado con la patente incapacidad de un Gobierno de Navarra, el Gobierno saliente de Unión del Pueblo Navarro, que ha permitido, reunión tras reunión, todas sus agresiones, amenazas y desprecios, y una presidenta, Yolanda Barcina, a la que ustedes han apoyado en su fracaso, a sabiendas de que este elemento les iba a facilitar sobremanera su ofensiva recentralizadora en Nafarroa. El chantaje de los 1500 millones ha funcionado y ha sido contundente y, como ha ocurrido en otros momentos de la historia en los que se han generado conflictos entre las competencias navarras y las del Estado, una vez más, esto ha sido a costa de socavar las propias competencias que ya se tenían, de acentuar el sometimiento de las competencias navarras a las normas estatales y convertir el Boletín Oficial de Navarra en un corta y pega del Boletín Oficial del Estado.

Por eso, Amaiur, como ya hizo en el Parlamento foral y en el Congreso, no va a votar a favor de esta modificación del convenio porque, en buena medida, nos parece una negociación paripé sometida a un chantaje que no aceptamos. Y frente a esta situación, quiero que les quede claro, y vuelvo a repetir una vez más, que ante estos problemas, Navarra, sus derechos históricos y su capacidad de decisión, ni puede ni va a depender de la voluntad que ustedes, el Gobierno español, tengan, según el momento, de castigar o dar la paga al territorio de Navarra.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Termino enseguida, señor presidente. Gracias.

Este paripé de negociación, en cualquier caso, no les ha funcionado precisamente bien. El fin de la historia es de sobra conocido por todos, y ya se lo dijimos, pero se está confirmando. El Partido Popular va camino de convertirse en una fuerza política residual en mi país, como se ha visto en los resultados de las elecciones municipales, o con la bajada de un 50 % a la ya reducida representación del Partido Popular en el Parlamento de Navarra. Y esto lo que evidencia es que lo que ha existido detrás de este convenio y detrás de muchas más cosas ha sido una constante agresión del Gobierno de Madrid, del Gobierno del Partido Popular, a los intereses, a las competencias y a la soberanía de nuestro pueblo. Una nueva historia está a punto de comenzar en estos momentos.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: El cambio político y social ha llegado a Nafarroa, es imparable y ha venido para quedarse. Y ante ello, y tal como les dijo mi compañero Sabino Cuadra, en el Congreso, tomen ustedes una tila, o más de una si les hace falta, y no se pongan nerviosos.

Termino con una cita, señor presidente. Quiero terminar esta intervención recordando el lema de las Juntas de Infanzones de Obanos en el Reino de Navarra, allá por el siglo XIII: pro libertate patriae, gens libera state. Hombres libres, poneos en pie por la defensa de las libertades de la patria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Les informo a sus señorías que realizaremos la votación de este proyecto de ley a partir de las cuatro, con las votaciones de los vetos del siguiente proyecto de ley.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley, como nos indicaba el ahora ausente ministro de Hacienda en su intervención, ha sido negociado en la comisión coordinadora del convenio económico que rige las relaciones de Navarra y el Estado, acordado en el seno de la comisión negociadora y aprobado por el Parlamento de Navarra antes de que el Gobierno lo remitiera a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley; una tramitación singular, como singular fue también la modificación de la Ley del concierto económico vasco, que aprobamos en esta Cámara el 9 de abril del pasado año, como también recordaba el ministro.

¿Elementos en común de ambos textos? Que las Cortes ratifiquen o no ese conjunto de acuerdos por el procedimiento de lectura única y sin trámite de enmiendas, ya que lo que se pone en valor es precisamente el carácter de norma paccionada entre la Administración General del Estado y, en este caso, el Gobierno de Navarra, ratificados por los Parlamentos de ambas instituciones. Por tanto, procedimiento singular; singular, sí, señorías, con elementos confederales —cualquier manual de derecho constitucional comparado lo calificaría así—, o, si ustedes quieren, con una tramitación similar a la que requiere un tratado internacional. Esta Cámara puede rechazar este proyecto de ley, pero no es soberana para modificarlo. Una muestra del carácter asimétrico del Estado de las Autonomías, que ya dibujó la Constitución de 1978. Pura y simplemente lo que hay que hacer es reconocerlo.

El objetivo del proyecto de ley se corresponde con la adaptación de la norma foral, incorporando a la misma con efecto retroactivo diversos títulos o modificaciones de tributos aprobados por las Cortes Generales a lo largo de esta legislatura, tales como el impuesto sobre el juego, el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado, el impuesto sobre almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, el impuesto sobre entidades de crédito y el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, además de adaptar el conocido como céntimo sanitario, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de establecer también las retenciones del gravamen especial sobre los premios de lotería. A la vez, se realizan las previsiones para garantizar la plena capacidad tributaria de Navarra y se resuelve un contencioso, al que también se han referido otros portavoces, como es el caso del IVA de Volkswagen, que todos ustedes conocen.

El convenio tiene un sólido anclaje constitucional en la disposición adicional primera y en la Ley Orgánica del régimen foral navarro que la desarrolla. Desde ese punto de vista, no hay nada que objetar por parte de nuestro grupo, que, además, les anuncio que votará a favor del presente proyecto de ley. Sin embargo, señorías, se da la circunstancia de que este es el segundo proyecto de ley —el tercero si hablamos del régimen especial de Canarias— que afecta a la financiación de una comunidad autónoma; la primera fue la modificación de la Ley del concierto económico vasco, como mencionaba al comienzo de mi intervención. Pero el Gobierno sigue incumpliendo sus propios compromisos en materia de financiación autonómica. Las comunidades autónomas de régimen foral disfrutan de los incrementos que se han ido produciendo en la recaudación, en parte por la creación de las nuevas figuras tributarias y también últimamente por el mayor crecimiento de la economía, mientras las de régimen común siguen esperando la modificación de la ley. ¿Es esta la igualdad y la solidaridad que tanto pregonan la mayoría y el Gobierno al que da apoyo? ¿O estos principios solo los sacan ustedes a relucir cuando se trata de hablar de la financiación de otras comunidades autónomas, por ejemplo, como Cataluña?

Navarra y el País Vasco, y nosotros nos alegramos por ellos, no necesitan recurrir al denominado FLA para que le haga el gran favor de prestarles dinero. Ellos recaudan todos los impuestos. Otras comunidades sí han de recurrir al FLA y, además, comprueban cómo en este tema, en la financiación autonómica, también el Gobierno incumple sus compromisos. Los compromisos del Partido Popular y de Mariano Rajoy recogidos en numerosas declaraciones y documentos en los que se comprometían a abordar la reforma de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común en esta legislatura.

Pero es que además de estos compromisos existe la obligación derivada de la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009. Por tanto, tienen ustedes una obligación política y también jurídica, que ya hemos visto que no piensan cumplir. Todos hemos constatado las deficiencias existentes en el vigente sistema de financiación, especialmente las relacionadas en particular con el modo de establecer la distribución interna de la solidaridad, a pesar de las mejoras que han posibilitado las revisiones periódicas que ha ido teniendo el sistema. Nosotros siempre hemos defendido la existencia de un mecanismo de solidaridad que transfiera recursos desde las comunidades que tienen más potencial recaudatorio y más renta a aquellas que tienen menos para posibilitar que servicios esenciales del Estado del bienestar —la salud, la educación, los servicios sociales— puedan ser prestados en igualdad de condiciones para el conjunto de los españoles.

No somos los únicos en aplicar mecanismos de solidaridad en España. La mayoría de Estados federales o descentralizados los aplican y, como ustedes saben, también existen mecanismos parecidos entre los países de la Unión Europea. Ahora bien, estos mecanismos deben ser revisados periódicamente y por eso la normativa prevé su renegociación a los cincos años —la Ley 22/2009, a la que me he referido—; cinco años que ya han concluido. En el actual ejercicio ya debería haber entrado en vigor el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

Solidaridad interna, señorías, que debe contar, obviamente, con la aportación de todos. Yo no digo que el texto que hoy aprobaremos, al igual que cuando aprobamos la modificación de la Ley del concierto vasco el año pasado, no posibilite esta solidaridad. Será la concreción de las funciones atribuidas a la comisión coordinadora en el artículo 67, sobre el método de determinación de la aportación, regulados en los artículos 52 a 63 de la ley que es objeto de discusión, lo que lo hará o no posible, y al final, será el resultado de esa aportación en el caso de Navarra o el cálculo y determinación del cupo vasco lo que determinará si existe esa solidaridad o evidenciará si estos territorios están exentos de esa obligación constitucional en la práctica.

Nosotros pensamos que, obviamente, no lo están y que la solidaridad nos vincula a todos, a todos, y que eso requiere transparencia de los modelos, la transparencia del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y también de los sistemas forales. Señorías, si la aplicación de estos sistemas es solidaria —y yo no tengo por qué dudarlo—, ¿por qué cualquier alusión a su posible aplicación a algún otro territorio —pongamos un ejemplo, Cataluña— levanta tan encarecidas oposiciones, tildando tal pretensión de insolidaria? No les mencionaré, pero ustedes la conocen, la innumerable bibliografía de expertos de todas las sensibilidades políticas —alguno de ellos cabecera del señor ministro de Hacienda— que cuestionan con cifras los resultados solidarios de los sistemas forales. Yo no lo he hecho, pero estos expertos lo hacen. Los que de verdad defendemos la equidad y también la solidaridad —que creo que somos la inmensa mayoría de los aquí presentes— sabemos que este tema es un poco tabú —me refiero a la solidaridad de los sistemas fiscales forales—, pero creo también que más pronto que tarde se acabará debatiendo de verdad sobre este tema. Así creemos los que defendemos el concierto y el convenio, pero también que la obligación de ser solidarios no es solo de algunos sino del conjunto de los españoles. Así me gustaría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante que, como pueden intuir y como ha sido tradición en nuestro grupo parlamentario a lo largo de los últimos cuarenta años prácticamente, vamos a votar a favor de esta propuesta de modificación de la Ley 28/1990, que regula el convenio económico entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado español. Lo vamos a hacer porque lo hemos hecho siempre y porque, por principio, entendemos que si hay un acuerdo entre las dos instituciones que deben vertebrarlo —la Comunidad Foral de Navarra y el Estado— debemos respetar el acuerdo al que hayan llegado legítimamente.

Tampoco se va a desprender de mis palabras que consideremos este régimen económico foral como un privilegio especial o, como alguien ha apuntado, que pueda tildarse de insolidario. Nada más lejos de nuestra pretensión y de nuestro objetivo; al contrario, celebramos que se pueda formalizar este convenio dentro de la absoluta normalidad, dentro de la absoluta lealtad institucional y, en todo caso, lo vemos con una cierta nostalgia o envidia sana porque entendemos que también podría ser aplicable —no exactamente en los mismos términos, pero sí parecidos— a otras comunidades autónomas del Estado español y, por supuesto, a Cataluña. Lo menciono porque el ministro ha dicho que tenemos un régimen fiscal especial en el caso de Navarra. Sin embargo, también lo tenemos en el País Vasco, es verdad; y también lo tenemos en Canarias, es verdad; y también lo tenemos en Ceuta y Melilla, es verdad. En este sentido, cuando hay tantas singularidades, negarse a que pueda haber una singularidad adicional es difícil de entender, es difícil de comprender, es difícil de explicar y, evidentemente, cuando a los afectados se les argumenta que no es posible ninguna singularidad más en el conjunto del Estado español, después de muchos años de oír la misma canción, creen que se tienen que buscar soluciones alternativas.

En todo caso, nosotros lo celebramos por la Comunidad Foral de Navarra y celebramos que entre dentro de la absoluta normalidad que cuando haya modificaciones significativas en el ordenamiento tributario, tal como establece el preámbulo de la ley, se deban adaptar los regímenes de financiación a estas modificaciones sustanciales. Sin embargo, la Constitución española no establece que estas modificaciones sustanciales solo deban rectificarse en los regímenes de financiación para la Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por ello, como he dicho en esta tribuna en diferentes ocasiones —y hemos presentado varias iniciativas al respecto— a lo largo de los últimos años, especialmente los tres últimos años, ha habido modificaciones sustanciales en el ordenamiento tributario español que han incrementado la recaudación por parte del Estado español de los ingresos tributarios, y este incremento de recaudación de ingresos tributarios, derivados esencialmente del incremento del IVA —pero no solamente del IVA, sino también del IRPF y del impuesto sobre sociedades— no ha repercutido en todas las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña concretamente, aunque podría hablar de cualquier otra, este incremento del IVA que ha beneficiado a todas las comunidades autónomas debido al régimen de financiación, ha provocado una disminución del Fondo de suficiencia, con lo cual los recursos que han ido a financiar la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido exactamente los mismos, aunque se haya incrementado la presión fiscal para las empresas y los ciudadanos residentes en Cataluña. Por tanto, es una situación paradójica, una situación que sorprende y es una situación también muy difícil de explicar.

Con esto no quiero decir absolutamente nada en contra de la Comunidad Foral de Navarra —incluso nos alegramos de su situación— pero sí pone en evidencia ese discurso de que las singularidades solo son aceptables en determinado ámbito.

Como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y también mi grupo parlamentario, en el Congreso, en el Senado y en el Parlament de Cataluña, si ustedes no quieren entender que en Cataluña debe haber una singularidad en la financiación que estimamos que es o era posible, al menos cumplan con la normativa vigente. El sistema de financiación de las comunidades autónomas se tendría que haber sido revisado, pero que no se ha hecho. Al parecer lo iban a hacer antes de finalizar la legislatura, pero la legislatura está finalizando y ya no se va a hacer porque no estamos en la coyuntura necesaria, suficiente, no se da el clima —habrá que poner aire acondicionado si no existe el clima necesario— para realizar esta modificación de la financiación autonómica.

En cualquier caso, la realidad es la que es, y no se trata ya de que lo diga Convergència i Unió, que lo digan la mayoría de portavoces que han intervenido en esta sesión, el Gobierno de la Generalitat o el Parlament de Cataluña, es que lo dijo anteayer, concretamente el día 8 de junio, con voz muy alta, el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional al que el Gobierno recurre para contrastar que las reformas que se han realizado van por el buen camino, que el crecimiento económico supera las expectativas, y que ponen en evidencia cuando lo necesitan —que es bastante a menudo— ha emitido una declaración final de la misión de la consulta del artículo IV de 2015, de fecha de 8 de junio, donde reconoce el crecimiento de la economía española, que se debe perseverar en algunas reformas, que modifica las previsiones de crecimiento y todo eso que nos han ido recordando los diferentes ministros del Gobierno del Estado español. Pues bien, hay un apartado, prácticamente al final de las conclusiones, que dedica a la consolidación fiscal, a la que denomina coordinada y creíble. En este apartado, y leo textualmente para que les quede constancia, aunque lo saben perfectamente el ministro y el Gobierno, establece lo siguiente: «Debería considerarse el fortalecimiento del marco fiscal autonómico. La contribución de los gobiernos autonómicos a la consolidación post-crisis ha sido significativa pero desigual, lo que sugiere posibles riesgos de ejecución en el futuro. Es necesario avanzar aún más en la mejora del marco fiscal autonómico, incluyendo: Mejorar el seguimiento y la ejecución de los objetivos y reglas fiscales regionales, así como también el acceso a los mecanismos de mutualización de la deuda en el marco de la Ley de estabilidad presupuestaria y otros instrumentos relacionados. También podría considerarse la introducción de mecanismos impositivos alternativos que permitan la financiación de las autonomías en épocas de crisis. Abordar los defectos en el diseño del sistema de financiación autonómica que limitan la capacidad e incentivos de las regiones a la consolidación. Permitir el establecimiento de objetivos fiscales regionales diferenciados —mediante un sistema transparente y basado en reglas— que tengan en cuenta las diferencias estructurales entre las necesidades y las capacidades de ajuste.»

Lo hemos reclamado reiteradamente desde esta tribuna, lo han reclamado reiteradamente el Gobierno de la Generalidad, el conseller de Economía, el señor Mas-Colell, y ahora se lo reclama el Fondo Monetario Internacional. Nos parece bien esta modificación de la Ley 28/1990, del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pero nos parece imprescindible la modificación del sistema de financiación de los niveles intermedios en el Estado español. Sin esto, evidentemente, no es posible ni conseguir aquellos objetivos que ustedes entienden que son prioritarios en este momento como es la consolidación fiscal.

En todo caso, quiero dedicar mis últimas palabras a felicitar a la Comunidad Foral de Navarra por esta modificación que a otros nos hubiera gustado también poder disfrutar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de entrar a valorar el proyecto de ley que hoy debatimos, quiero hacer alguna pequeña referencia al sistema de convenio porque hay determinadas voces que, de manera continuada, cuestionan el peculiar anclaje de Navarra en el entramado constitucional, haciéndose eco de los privilegios que supone el convenio económico respecto al llamado régimen común.

El convenio económico forma parte de la especial relación que tiene Navarra con el Estado; una relación refrendada en la Constitución española y en la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. El convenio económico es el instrumento económico por el cual Navarra contribuye —y digo— de manera solidaria con el conjunto del Estado; es aquí donde se determinan las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, señalando sus cuantías y el procedimiento para su actualización, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado.

El régimen foral navarro está democratizado, constitucionalizado, incorporado al modelo autonómico y amparado por la normativa europea. En el imaginario colectivo navarro, fuero equivale a la capacidad de autogobierno. Para nosotros el fuero es una oportunidad para todos los navarros y para todas las navarras. El régimen económico del convenio Navarra-Estado es un derecho histórico reconocido en la Constitución, desarrollado en el Amejoramiento, que es como nuestro estatuto de autonomía, y refrendado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Navarra aporta de media anual un 2,15 % de su PIB regional, representa el 1,6 % de la riqueza de España y el 1,3 % de su población. Navarra es la tercera comunidad autónoma más pequeña en número de habitantes, pero la quinta que más contribuye. Estos son los datos en los que me baso para decir que Navarra contribuye de manera solidaria con el resto del Estado.

Una vez establecido este marco, me centraré en el meollo de la cuestión. Sinceramente, me alegro mucho de que se haya llegado a un acuerdo, y mi alegría todavía es mayor si tenemos en cuenta el desarrollo de las relaciones de Navarra con el Estado a lo largo, peculiarmente, de esta legislatura, y lo digo porque el Gobierno del Partido Popular ha tenido una relación no especialmente cordial ni de respeto hacia nuestro autogobierno. El Partido Popular ha abogado más que nunca hacia una recentralización del Estado autonómico no solo con Navarra sino con el resto de autonomías, y también lo ha hecho con la comunidad foral. Un Gobierno —se lo diría al señor ministro, pero no está— que ha recurrido decisiones del parlamento y actuaciones del Gobierno de Navarra sin dignarse ni tan siquiera a informar previamente de ello. Un Gobierno que ha recurrido catorce leyes forales en tres años. ¡Qué clima tan diferente al que reinaba, por ejemplo, en la legislatura anterior en septiembre del 2010 cuando, también en esta Cámara y con un Gobierno Socialista, debatimos y aprobamos con inmenso grado de consenso la reforma de la Lorafna!

El texto del acuerdo sobre la modificación del convenio es positivo no solamente porque resuelve definitivamente el contencioso del IVA de Volkswagen sino también porque las modificaciones introducidas deberán ser tenidas en cuenta tanto por los que sistemáticamente han recurrido recurriendo al Tribunal Constitucional como también para el propio Tribunal Constitucional, que a partir de ahora, y en sus interpelaciones futuras, va a tener que medir más sus sentencias.

El acuerdo que hoy debatimos no constituye una reforma integral del convenio del año 1990 sino que es una reforma parcial, como las que ya se realizaron en los años 1998, 2003 y 2007.



Es un acuerdo que clarifica las competencias forales en materia tributaria, tras un turbulento período en el que el Gobierno central ha demostrado una falta de respeto constante por los ciudadanos de Navarra, por las decisiones de sus instituciones y, en particular, por las del parlamento de Navarra que, como ya he dicho antes, ha interpuesto catorce recursos de inconstitucionalidad.

La firma del nuevo acuerdo debería poner fin a un tiempo en el que se ha quebrado la tradición paccionada y de lealtad institucional, que exige diálogo entre ambos Gobiernos para trabajar conjuntamente por el interés común. Nunca desde que vivíamos en democracia había habido una brecha tan profunda entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado. El acuerdo, como decía, introduce una disposición adicional que pone fin al conflicto generado por las devoluciones del IVA y articula vías de solución paccionada para futuras controversias, si estas llegaran a producirse.

En ocasiones anteriores nos pronunciamos sobre el conflicto del IVA, subrayando la insostenibilidad e incluso el carácter disparatado de los argumentos de la agencia tributaria, que en el fondo equiparaba una transacción entre Navarra y el régimen común con una operación intracomunitaria.

El acuerdo debe servir para mejorar la coordinación entre ambas administraciones, reconstruir las condiciones de diálogo y recuperar los instrumentos legales que dan juego institucional a la relación Navarra-Estado y comisión coordinadora-comisión negociadora, tan maltratados estos tres últimos años.

En materia de armonización tributaria resuelve el contencioso respecto del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el gravamen sobre depósitos a entidades de crédito y los tributos sobre hidrocarburos, de manera que la potestad tributaria de Navarra queda salvaguardada. Asimismo, se armonizan todos los impuestos regulados durante los ejercicios 2013 y 2014, que estaban pendientes de convenir: loterías, juego online, gases fluorados, de manera que queda la exacción a quien corresponde.

Señorías, la autonomía tributaria de Navarra es un elemento esencial de nuestro régimen foral, que le permite mantener, establecer y reglar con su propio régimen tributario, sin más limitaciones que las marcadas por el propio convenio y por la Constitución; por supuesto que fija las reglas de armonización y el sistema de coordinación y conexión para determinar la competencia de una y otra administración, para evitar sobre todo la doble imposición.

Como todo sistema complejo, entendemos que debe irse adaptando —lo estamos haciendo— y sin duda habrá que seguir haciéndolo. Por ejemplo, el avance hacia una unión fiscal de la Unión Europea es sin duda uno de los grandes retos a los que se enfrenta. Además, el convenio establece también las aportaciones de Navarra y el procedimiento para su cálculo y actualización. Como ustedes bien saben, Navarra financia el 1,6 % de los gastos del Estado que no se corresponden con competencias de nuestra comunidad. El índice se eligió en el año 1990 conforme a la renta relativa y no con respecto a los criterios de población, que hubieran implicado una cifra menor. La autonomía financiera y tributaria en la práctica exige una gran responsabilidad a las instituciones y a la Hacienda de Navarra, como se ha demostrado también durante estos años de crisis.

Señorías, tal y como recoge la Declaración de Granada del Partido Socialista Obrero Español, adoptada en 2013, hacia una estructura federal del Estado, el compromiso de los socialistas con las instituciones del concierto y el convenio del País Vasco y de Navarra es absoluto; instituciones que deben seguir manteniendo su reconocimiento constitucional, al tiempo que se perfecciona su aplicación práctica.

Señorías, será un reto para los socialistas, cuando estemos en el Gobierno de España, encajar la peculiaridad navarra en el horizonte de una España que deberá ser federal, donde la igualdad, la justicia y la solidaridad se den la mano en un diálogo franco que permita una convivencia armónica en una España plural a la que todos pertenecemos.

Si me permite el presidente, quiero aprovechar esta intervención, que es la última en esta Cámara, para despedirme. Sin duda, ha sido para mí una experiencia muy positiva estar en esta Cámara; como decía ayer a mis compañeros, he hecho un máster en política.

Y no quiero terminar sin reivindicar el valor de esta Cámara, de la Cámara de representación territorial, del buen trabajo que aquí se desempeña, del buen hacer de los senadores y de las senadoras, y solo os pido que lo defendáis.

Me voy para Navarra con otras responsabilidades, a una realidad institucional y social bastante compleja; una realidad que va a exigir a todos altura de miras, diálogo, generosidad y, sobre todo, mucha prudencia. Allí estaré para trabajar en la mejora de la vida de la gente y por la convivencia. Allí estaré. Cuando queráis, nos vemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.

Le digo lo mismo que a la senadora Fernández Pena, que le vaya muy bien en el futuro y que tenga mucha suerte. Le deseo lo mejor.

Ha sido un placer compartir con usted el tiempo que ha estado en el Senado. Mucha suerte. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Mis primeras palabras tienen que ser para suscribir todo lo que el señor ministro de Hacienda ha dicho tan atinadamente sobre el convenio económico de Navarra y sobre la oportunidad y naturaleza de las modificaciones que en él se están introduciendo. Aprovecho también para agradecerle todas las gestiones que ha realizado para que esta modificación llegue a buen fin, así como todo lo que a lo largo de esta legislatura ha tenido que hacer por y para Navarra, entre otras cosas, para resolver ese contencioso del que ya se ha hablado: el del IVA de Volkswagen.

Tengo que recordar que este es un sistema que estaba funcionando desde el comienzo de los años noventa y que se quebró en la etapa del Gobierno anterior, presidido por el señor Zapatero.

Los portavoces navarros que me han precedido en el uso de la palabra, el señor Eza y la señora Chivite, ya se han detenido en lo sustancial de los cambios introducidos, por lo que no lo voy a hacer yo. Solamente tengo que decir lo que ya ha indicado el ministro: que estas reformas sirven para modernizar y para perfeccionar nuestro convenio económico.

Desde ahora mismo quiero anunciar que el Grupo Popular va a votar a favor de esta norma jurídica paccionada, con lo que estamos demostrando nuestro compromiso con la Constitución española, con Navarra y con su foralidad histórica.

Señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo es un texto justo, coherente y técnicamente impecable; es fruto del trabajo de los técnicos de la Hacienda tributaria y de la Hacienda de Navarra, así como también del acuerdo habido en el seno de la comisión negociadora del Convenio entre los Gobiernos de Navarra y de España. Tengo que recordar que en la parte navarra, junto a la representante del Gobierno, estaban los representantes de todos los grupos parlamentarios.

Señora Chivite, al tiempo que le deseo mucha suerte en la nueva etapa que va a iniciar, en este momento en que usted se va, le tengo que recordar que el Tribunal Constitucional está dando la razón uno a uno a todos los recursos planteados por el Estado. Le tengo que recordar que en la pasada legislatura el Parlamento de Navarra se ha dedicado, con el Partido Socialista a la cabeza, a legislar en contra incluso de los propios informes de los letrados de esa Cámara, de ese Parlamento.

Como sus señorías recordarán, en el Pleno pasado adoptamos un acuerdo por asentimiento para que este proyecto de ley fuese tramitado directamente y en lectura única, que es el procedimiento habitual porque las relaciones de Navarra con el resto de España siempre se han establecido vía pacto. Me preguntarán por qué es así y lo cierto es que es muy sencillo: porque, como es sabido, desde la Reconquista, todos los territorios que se fueron incorporando a la Corona de Castilla se asimilaron a esta, perdieron sus instituciones propias y se les implantaron las castellanas. La excepción a esa regla fue Navarra, pues su incorporación a la Corona de Castilla se hizo de igual a igual, como un reino aeque et principaliter. A partir de ese año, de 1515, Navarra siguió conservando su personalidad, sus instituciones, sus competencias y su ordenamiento jurídico propio. Navarra siguió siendo un reino de por sí y no un reino nominal; fue un reino real y efectivo con rey propio, aunque no exclusivo porque este lo era también de Castilla. Este estatus jurídico se mantuvo desde 1515 hasta entrado el siglo XIX. Entonces, cuando España se divide en provincias, Navarra volvió a pactar las condiciones para su integración en el Estado unitario español. Es cierto que en ese momento perdió su condición de reino y desaparecieron sus instituciones privativas —es decir, las Cortes, el rey, la Diputación del Reino, el Consejo Real, la Cámara de Comptos y los tribunales de justicia propios—, pero en virtud de la ley paccionada, es decir, del pacto de Navarra con el Estado del año 1841, Navarra no se convirtió en una provincia más de España sino en una provincia foral, con una amplia autonomía administrativa y con un régimen fiscal propio, todo ello gestionado desde ese momento por una institución representativa como es la Diputación Foral.

Esos derechos originarios e históricos de Navarra también fueron reconocidos y amparados por la Constitución de 1978. Por esa razón, y también por la vía del pacto con el Estado, Navarra aprobó en 1982 su amejoramiento del fuero, en el que se consagra que es una comunidad foral, no una comunidad autónoma y que esos derechos originarios e históricos le conceden la potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario distinto del estatal.

Señorías, en los casi 175 años que han transcurrido desde la promulgación de la Ley paccionada, a la hora de interpretar esta es lógico que hayan surgido conflictos entre el Estado y Navarra. Sin embargo, a pesar de las muy diversas circunstancias y avatares políticos que se han vivido en este país, Navarra siempre ha defendido —y además lo ha hecho con ahínco— que esa ley no podía ser modificada unilateralmente por el Estado y que los cambios tenían que ser introducidos a través del pacto, a través del convenio con Navarra —ni más ni menos que como ahora estamos haciendo con este proyecto que debatimos—. El instrumento que estableció la Ley paccionada para armonizar ambos sistemas tributarios es el convenio económico, en el que se determina de quién es la competencia para la exacción de un impuesto; es decir, si es de la Hacienda de Navarra o del Estado. Además, es el instrumento para evitar la doble imposición.

El convenio económico que ahora estamos modificando es una institución histórica, un pacto político de Navarra con España, supone la expresión de solidaridad entre ambas y la norma con rango formal de ley que articula ambos poderes y fija sus límites recíprocos. El convenio económico es donde se determinan las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, donde se señala la cuantía de estas y donde se fijan los criterios de armonización de ambos regímenes tributarios, porque a pesar de lo que hemos podido oír hoy en esta tribuna, el fuero no es ni una antigualla del pasado ni un privilegio ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros. El fuero es el instrumento jurídico garante de la libertad colectiva de Navarra; el fuero es una singularidad pero no es un privilegio porque Navarra no es un paraíso fiscal. Navarra cuenta con un sistema fiscal propio que tiene una mayor progresividad en los tipos impositivos y un mayor número de tramos, pero su presión fiscal es equivalente a la del resto de España.

Además, Navarra, a través del convenio económico y por las competencias que no tiene asumidas, aporta a las cargas generales del Estado y su aportación, el cupo, no depende del número de habitantes —como ya se ha dicho, somos muy pocos, un poco más de 600 000, el 1,3 % de la población española—, sino de su renta relativa, por su riqueza regional, por el PIB de Navarra respecto al conjunto del Estado, y por eso paga el 3 %, en vez del 1,3 % que le correspondería por la población. Esto supone una media de unos 510 millones al año, el 16 % de los presupuestos de Navarra y unos 800 euros por navarro. Además, Navarra contribuye al resto de España por otras vías: a través del Fondo de Compensación Interterritorial y de la financiación del déficit en que incurre el Estado, tanto a través del pago de los intereses como de la amortización de la deuda.

Señorías, su singularidad fiscal no solo genera ventajas a Navarra sino también inconvenientes. Por ejemplo, el resto comunidades de régimen común saben al comienzo del año la cantidad con la que van a contar. Navarra, no. Navarra siempre está al albur de lo que recaude, y más en los tiempos de crisis como los que hemos vivido durante los últimos años. Además, Navarra tampoco se ha podido acoger a las medidas que han sido aprobadas por el Gobierno durante estos últimos años para las comunidades de régimen común, como el aplazamiento del pago de las devoluciones por la liquidación del sistema de financiación, el Fondo de liquidez autonómico o el mecanismo extraordinario del pago a proveedores.

Por tanto, señorías —y con esto termino, señor presidente—, el régimen fiscal de Navarra es una singularidad pero no es un privilegio; no es una antigualla, es algo que está actualizado, que estamos actualizando con este convenio, es algo que funciona y algo que es justo. Tal y como ha dicho el ministro, Navarra está en el origen de la nación, en su historia y en su futuro. Por eso, en mi condición de senador por Navarra, me produce una gran satisfacción reiterar que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta modificación del convenio económico porque es coherente y técnicamente impecable.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 621/000119 Justicia

El señor presidente da lectura a los puntos 6.2. y 6.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 8 de mayo, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 21 de mayo, fue ampliado hasta el día 27 de mayo de 2015. A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto y 787 enmiendas.

El día 2 de junio la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco, don Dimas Francisco Cuevas Cuerda, del Grupo Parlamentario Popular, don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto, doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, se reunió la ponencia para emitir su informe que no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 2 de junio y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, las señoras Almiñana Riqué y Sequera García y los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió, Socialista y Popular.

Señorías, quiero además aprovechar esta intervención para, en nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, agradecer expresamente su trabajo al letrado Juan José Pérez Dobón tras su marcha al Congreso de los Diputados. El señor Pérez Dobón no solo ha colaborado intensamente en los trabajos de la comisión, rayando un altísimo nivel, sino que también nos ha regalado su extraordinaria humanidad y su amistad. Estoy seguro de que en sus nuevas tareas en el Congreso de los Diputados todo le irá tan bien como en los últimos treinta y tres años en el Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Aunque el preámbulo del proyecto insista en que el mismo busca modernizar el sistema positivo de tutela del derecho privado homologándolo con el existente en otros países y articulando instrumentos sencillos y ágiles para la actuación de un determinado derecho, lo cierto es que el proyecto responde a una visión economicista que ha vertebrado, probablemente, la totalidad de las reformas en materia de justicia que el Gobierno del Partido Popular ha ido desgranando y que, además, el actual ministro de Justicia ha expresado con claridad en diferentes ocasiones.

Si hace unos meses defendía que las reformas en materia de justicia debían de ser una aportación a la mejora de la competitividad de la economía española, hace tan solo una semana, en una jornada de procuradores, sostuvo que 25 000 millones están en proceso de resolución en los tribunales. Resulta difícil aproximarse a los mecanismos con los que se ha llegado a hacer esta cuantificación, puesto que la estadística habitual del Consejo General del Poder Judicial en ningún caso permite llegar a esos niveles de detalle. Podía haber dado un paso más y decir que ello era consecuencia de un atasco judicial, fruto de las carencias existentes en medios materiales y en los órganos jurisdiccionales, pero no lo dio.

El número de jueces en el periodo 2011-2014 pasó de 5171 a 5362, dejando a nuestro país con 11,5 jueces o magistrados por cada 100 000 habitantes, pero a la vez hay que recordar que simultáneamente se tomó la decisión de hacer desaparecer, prácticamente extinguir, la figura de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por tanto, aunque formalmente aparezca en los datos un incremento del número de jueces algo inferior a los 200, hay que colocar en el otro plato de la balanza de la justicia la desaparición de aproximadamente 1500 jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Esta visión sobre la justicia es la que permite abrir, no solo en este proyecto, sino en otros anteriores, el ámbito de intervención de registradores y notarios; una especie de constante en gran parte de las reformas impulsadas por este Gobierno. Y por más que de forma reiterada el Gobierno y los portavoces del Partido Popular insisten destacar en su argumentación en los debates parlamentarios el carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores —no me cansaré de añadir siempre que son peculiares funcionarios públicos—, no es menos cierto que se está produciendo una modificación en la concepción de quienes acuden a la justicia valiéndose de estos peculiares funcionarios públicos. Si antes de las reformas que se han desgranado, en estos tres años y pico, el ciudadano que acudía a la Administración de justicia era un justiciable, tras estas reformas, el ciudadano que acude a la Administración de justicia paralela que se ha configurado con notarios y registradores deja de ser justiciable para convertirse en cliente del notario, en cliente del registrador, aunque desde luego en el caso de los registradores sean clientes muy especiales, puesto que lo son forzosos; dependiendo de su residencia o del tipo de actividad que desarrollen tendrán que acudir a un registrador o a otro. Ni siquiera son administrados. Dejan de ser justiciables y ni siquiera pasan a ser administrados, sino que se convierten en clientes que pagan el arancel correspondiente por el servicio que les presta este peculiar funcionario.

En Izquierda Unida pensamos que la Administración de justicia debe avanzar en su papel de garante de derechos y libertades, y rechazamos, por tanto, que se restrinja su ámbito de intervención para dar cabida a otros operadores, profesionales cualificados sin duda, pero que carecen de funciones constitucionales; las funciones constitucionales que a jueces y magistrados les reconoce la Carta Magna, y que legítimamente —quiero pensar que sin poner en cuestión la legalidad— tienen un interés peculiar: el de velar por conseguir sus ingresos, los mayores ingresos posibles, interés que es ajeno al que corresponde a jueces y magistrados. Por lo tanto, las diferencias son notables y evidentes.

Por ello rechazamos —y es uno de los motivos concretos que justifican este veto, además de la impugnación general de la filosofía e ideología del proyecto— que los notarios puedan tramitar expedientes matrimoniales. Pero, además, creo que en la redacción del texto es especialmente desafortunada la confusión que se genera en la terminología al hablar del expediente matrimonial y situar a la vez, en paralelo y sin diferenciar si forma parte de él, la facultad de los notarios de certificar o determinar la capacidad matrimonial. Creemos que esa confusión va a generar problemas de forma inevitable. Sí asumimos que los notarios, para que se vea que no se trata tampoco de una persecución de un colectivo concreto, puedan recoger el consentimiento de los cónyuges y que por lo tanto puedan celebrar matrimonios, aunque pensamos que también puede dar lugar a situaciones peculiares propias de nuestra idiosincrasia como pueblo. Los notarios podrán, efectivamente, hasta ofrecer un paquete matrimonial, capitulaciones matrimoniales o celebrar la ceremonia en los términos que los cónyuges determinen, con toda la parafernalia, día, hora, e incluso también con la posibilidad de meter en el mismo paquete la hipoteca del piso que hayan comprado quienes contraen matrimonio. Es el libre mercado y por lo tanto dentro de esas reglas los contrayentes clientes podrán pactar con el funcionario público notario todas las peculiaridades, condiciones y requisitos de la celebración de su matrimonio. Pero, si estamos de acuerdo con que puedan casar, en ningún caso lo estamos, como no lo está el informe del Consejo General del Poder Judicial, con que puedan tramitar separaciones o divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya menores o cuando no los haya emancipados porque en estos casos no interviene en el procedimiento judicial el fiscal pero el juez vela para que los acuerdos sean mínimamente equilibrados y no haya en los mismos condiciones gravosas para alguna de las partes. En este proyecto se atribuye esa facultad de valoración de las condiciones al notario que, lo vuelvo a decir, carece de la independencia de un miembro del Poder Judicial y también del marco de relaciones del resto de sus actividades. Voy a ponerles un ejemplo; imagínense ustedes un matrimonio de un importante constructor que cada año lleva a la notaría escrituras de compra-venta de centenares de viviendas. Ahora imagínense que acude al notario con su divorcio de mutuo acuerdo. Pues bien, la valoración que el notario pueda hacer de los desequilibrios de esos pactos libremente —entre comillas— asumidos, puede estar condicionada —corremos ese riesgo— por ese otro entramado de relaciones económicas propias del mercado ajenas a la Administración de Justicia que la vida cotidiana impone; y no se trata ni de maldad ni de falta de probidad; se trata de la realidad, de lo que ocurre cada día. Por otro lado, hay que preguntarse qué acomodo tienen en esta ley estos procedimientos. ¿Son de verdad los divorcios de mutuo acuerdo expedientes de jurisdicción voluntaria? En mi humilde opinión no lo son. No son expedientes de jurisdicción voluntaria y no deben tener cabida en un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria.

Otro argumento. Se nos dice que hay necesidad de introducir cambios en la jurisdicción voluntaria y, efectivamente, encontramos puntos de coincidencia en lo que a la búsqueda de una mayor agilidad en la tramitación de estos expedientes se refiere. Pero si por un lado creemos que el proyecto se pasa cuando atribuye a los notarios estas funciones a las que acabo de hacer referencia, por otro pensamos que se queda corto a la hora de optar por la alternativa de transferir competencias de jueces a secretarios que son funcionarios de la Administración de Justicia y a los que solamente en unos casos concretos atribuye competencias. Les atribuye, dicho rápidamente, deslindes, subasta voluntaria, convocatoria de juntas generales, nombramiento y revocación de liquidador, auditor e interventor de una entidad, convocatoria de la asamblea general de accionistas, adopción de medidas en los casos de robo, hurto, sustracción, extravío o destrucción de títulos de valor y nombramiento de peritos en los contratos de seguros y conciliaciones.

Pensamos que las posibilidades de que asuman competencias los secretarios son mucho más amplias y que de alguna manera sigue pesando sobre el secretario la visión tradicional de que su función fundamental es ser fedatario público. Se puede ir más allá, se puede extender al resto de los expedientes a través de nuestras enmiendas. Solamente mantendrían la competencia los jueces en lo relativo al derecho al honor, intimidad y a la propia imagen de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente, y en relación a la fijación de plazos en el cumplimiento de las obligaciones. También esto en línea con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos es mucho más restrictivo que nuestros planteamientos a la hora de transferir competencias a los secretarios. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

En nuestra propuesta se potencia la intervención en los expedientes del Ministerio Fiscal; si lo desjudicializamos sin sacarlo de la Administración de Justicia y le atribuimos la competencia fundamental al secretario, planteamos que sí haya una mayor participación del Ministerio Fiscal como complemento de esa competencia, y en la lógica de esta perspectiva, que ya sabemos que no es la del proyecto, establecemos la posibilidad de que frente a las resoluciones dictadas por los decretos del secretario que resuelve estos expedientes, se establezca un recurso de revisión ante el juez que permita que al final éste evalúe y valore el acierto o desacierto de la resolución del secretario.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por los senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Voy a defender el veto presentado por el senador Guillot y por mí mismo sobre el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria en una sesión también de asistencia voluntaria escasa.

Quisiera hacer en primer lugar tres apuntes muy breves antes de entrar en el fondo del proyecto. El primero es que este proyecto de ley viene 13 años tarde, deriva de la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000 y en enero de 2002 tenía que haber estado en vigor. Han tenido que pasar 13 años para que discutamos este proyecto. En segundo lugar, el Partido Popular sigue en la tradición de los últimos meses de plantear en un mismo proyecto de ley modificación de siete, ocho o nueve leyes vigentes. En tercer lugar, otra tradición del Partido Popular últimamente —y he de agradecer la voluntad de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en las transacciones y en el trabajo parlamentario— son las enmiendas de última hora de este grupo que dificultan mucho las posibilidades de transacción a pesar de las grandes ofertas de diálogo que hemos tenido.

Cuando empezamos a leer esta ley lo primero que se me ocurrió fue pensar que estamos a final de legislatura y pensé en hacer balance de la política de justicia del Gobierno. Releí la primera comparecencia del ministro Ruiz-Gallardón que dijo no sé cuántas veces que de lo que se trataba era de mejorar la justicia. Mejorar la justicia era el objetivo fundamental de la política del Ministerio de Justicia. Y la pregunta es, ¿alguien se atreve a decir que la justicia ha mejorado? Nadie. Creo que es una de esas políticas que ni desde el mismo ministerio se atreven a decir que ha mejorado. La política de justicia, como luego explicaré, ha empeorado. ¿Qué ha pasado con la política de justicia, donde se enmarca este proyecto de ley al que luego me referiré?

Creo que hay tres finalidades u objetivos que ha conseguido la política de justicia en estos casi cuatro años. La primera, un ataque a la separación de poderes, a la independencia de la justicia. La segunda, una privatización y externalización de materias que están en estos momentos en el campo público del Ministerio de Justicia. Y la tercera, como consecuencia de estas dos, la sustracción o limitación de un derecho básico tan importante como la tutela judicial efectiva. Estas son las tres herencias que el Gobierno del Partido Popular va a dejar al próximo Gobierno: un ataque a la independencia judicial, una externalización de la Justicia y una limitación o reducción del derecho fundamental.

Pondré tres ejemplos, por no alargarme más. El primero, el de la independencia judicial, tiene que ver con la reforma del Consejo General del Poder Judicial que fue absolutamente contestada por todo el mundo porque consistió en transferir competencias y funciones del consejo al ministerio dejando a este último, simplemente, con la labor de solucionar algunas vicisitudes de los jueces. He de decir, como lo hice en aquellos momentos en el veto, que la independencia judicial no es un privilegio de los miembros de la judicatura, sino una garantía de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, hay un primer —si me permiten decirlo— pecado original en la política del Ministerio de Justicia, que es el ataque a la separación de poderes y el ataque a la independencia judicial en relación con otros poderes. El segundo, la externalización o privatización de áreas importantes en la Justicia. Algunas se han parado o están paradas en el Registro Civil; recuerden que vimos aquí hace muy pocas semanas el debate entre el catastro y el registro, la ley hipotecaria, y ahora, en definitiva, esta ley. Y, el tercero, es la sustracción o limitación a los ciudadanos de este derecho de tutela judicial efectiva. Hay muchos ejemplos, pero el más claro es el de las tasas, que, evidentemente, son un elemento disuasorio, de dificultad, para que miles de ciudadanos no accedan, en definitiva, a la Justicia.

La contestación social a esta política de tasas obligó a una reforma no totalmente satisfactoria de esta ley, con el incumplimiento importante de que el ministro Ruiz-Gallardón se comprometió a dedicar los recursos de las tasas a la justicia gratuita y esto no se ha producido. Por lo tanto, esta primera reflexión, insisto, se basa en esta imagen, en este balance político global del Ministerio de Justicia, de interferencia en la independencia judicial, de privatización y de reducción de derechos a los ciudadanos.

No sé si alguien se atreverá a decir que este es un diagnóstico de la izquierda radical, pero no es un diagnóstico solo de Jordi Guillot y mío, ni de las entidades, asociaciones o colegios profesionales, sino que podemos afirmar sin ningún género de dudas, de sectarismo, ni de parcialidad, que los desacuerdos con la política de Justicia de todo el mundo de la Justicia nunca habían sido tan graves. Les voy a poner tres ejemplos. En primer lugar, en esta legislatura se ha producido una huelga en la Justicia como nunca se había producido. En segundo lugar, en un reciente informe del Colegio de Abogados de Barcelona se afirma —y lo explica detalladamente— que la Justicia empeora cada año. Y, en tercer lugar, el presidente del Consejo General de la Abogacía ha manifestado lo siguiente: El Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978 está en riesgo de quedar huérfano. Nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia. Quiero repetir esta frase porque es de una gravedad extrema. El presidente del Consejo General de la Abogacía dice que el Estado de Derecho del Estado español, que es fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, que nuestra Justicia está más lejos de la ciudadanía y que nuestra democracia es hoy menos democracia.

He hecho esta primera reflexión para decir que la ley que hoy discutimos está en el marco de esta dinámica o de esta política de Justicia. El propio Consejo General de la Abogacía dice, en relación con el proyecto de ley que hoy discutimos, lo siguiente: El anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, entre otros muchos enfoques desafortunados, pone en manos de notarios y registradores el negocio de determinados actos hasta ahora judiciales, bodas, divorcios, convocatorias de juntas generales, subastas o expedientes de participación, por lo que también habrá que pagar dos veces, una en los impuestos y otra por cada acto. La afirmación que hace el Consejo General de la Abogacía es de una gravedad terrible.

Porque la pregunta es, ¿a quién beneficia esta ley? ¿Beneficia a la sociedad, a los ciudadanos? Cuando se haya aprobado esta ley, ¿quién saldrá beneficiado? Solamente colectivos como los notarios y los registradores porque, como dice el Consejo General de la Abogacía, hacen negocio, en parte, con materias que hoy están absolutamente judicializadas. Por tanto, este proyecto de ley, que estoy seguro que se aprobará dentro de unas horas, pertenece a esta concepción global de la justicia a la que antes me he referido.

Si estuviera el señor ministro, le preguntaría, ¿qué va a hacer, finalmente, el Ministerio de Justicia? Si, en definitiva, estamos vaciando el Ministerio de Justicia de competencias y de funciones, ¿qué es lo que va a hacer?

El argumento central de nuestro veto, del señor Guillot y mío, incide en nuestra oposición a que continúe el vaciado de la administración de justicia. El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha puesto una serie de ejemplos de lo que puede pasar. Yo no quiero poner muchos más, pero hay algunos que son clarísimos. El otro día, una persona que se quería casar me comentaba: He ido al Registro Civil y me han dicho que me van a tardar seis meses en poder casarme. Pero si se aprueba esta ley, me podré casar en una semana pagando un arancel. Hay dos justicias. Incluso en una boda o en un divorcio va a haber dos justicias, una rápida para los que paguen y otra lenta, de cinco o seis meses, para los que no paguen.

Señorías, estamos aquí para que la justicia sea igual para todos. Ustedes dan un paso más en esta legislatura. Hemos tenido un debate profundo durante mucho tiempo sobre igualdad en las escuelas, igualdad en la sanidad, universalización de las políticas sanitarias y de las políticas educativas, pero, hasta ahora, no se ha discutido la universalización y la igualdad en la justicia. El proyecto que traen hoy implica, en el fondo, el establecimiento de dos justicias: aquellos que quieran pagarla tendrán una justicia rápida y los que no tendrán una justicia lenta; una justicia lenta que se va a degradar más porque, si no recuerdo mal, el volumen de materias iniciales de la jurisdicción voluntaria no sobrepasa el 2 %. Por tanto, no hay ningún argumento que pueda darse para decir que, gracias al proyecto de ley que hoy debatimos, se va a producir una mayor agilidad y modernización en la justicia. La modernización en la justicia pasa por más inversión y por más funcionarios, jueces y fiscales, y esto no solo no está pasando sino que se está reduciendo.

Finalmente, les quiero hablar de la competencia. En el proyecto de ley se plantea la competencia para los jueces y los secretarios judiciales. A nuestro entender, y de acuerdo con lo que dice el Consejo de Europa en 1965, en el Libro Blanco de la Justicia, y también, si no recuerdo mal, con el pacto de Estado entre el PSOE y el Partido Popular, la competencia exclusiva era de los secretarios judiciales. Por otro lado, el nombre de proyecto nos gusta. Hace un momento el senador Díaz Tejera y yo comentábamos que no debería llamarse proyecto de ley de la jurisdicción voluntaria, porque la palabra adecuada no es «jurisdicción», que le deberíamos cambiar el nombre. Nosotros hemos presentado una enmienda de cambio de nombre, incluso. Además, esta ley carece de consenso. Rectifico, sí tiene consenso, el de los notarios y los registradores. Si se hace un balance de estos cuatro años, posiblemente el colectivo que ha ampliado su radio de acción y su posibilidad de negocio es el de los notarios y especialmente el de los registradores. Tampoco sé por qué, pero esto es así.

Acabo diciendo que nuestro veto no es apriorístico, que no es un veto de izquierda radical; es un veto que transmite simplemente lo que consideran prácticamente todas las entidades que se mueven alrededor del mundo de la justicia, del Consejo General de la Abogacía; y no les leo determinadas declaraciones de asociaciones como Jueces para la Democracia.

Por todas esas razones, pedimos que se apruebe el veto porque, en definitiva, estamos en contra de que continué el desmantelamiento de la justicia como servicio público, porque ese desmantelamiento perjudica un derecho básico y fundamental de la ciudadanía, como es la tutela judicial efectiva, y porque, incomprensiblemente, promueve en estos momentos un negocio para unos colectivos sin ningún sentido de racionalidad ni de eficacia para la ciudadanía y para la sociedad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada conjuntamente por la señora Almiñana, los señores Boya Alós, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre de los senadores y senadoras de Entesa pel Progrés de Catalunya para defender la propuesta de veto que hemos presentado al Proyecto de ley de la jurisdicción voluntaria y, por tanto, la propuesta de devolución de dicho texto.

Quiero empezar dejando claro, señorías, que no cuestionamos la necesidad de una regulación de la jurisdicción voluntaria, es más, la creemos necesaria, la creemos oportuna. Compartimos con el Gobierno una buena parte de las intenciones recogidas, una buena parte de las intenciones plasmadas en el preámbulo sobre la oportunidad de la reforma y los objetivos que pretende. Compartimos también la necesidad de reformar la regulación de la jurisdicción voluntaria para modernizar una parte importante de la justicia que, evidentemente, resuelve muchos asuntos de cada día, muchos asuntos cotidianos de los ciudadanos, como también compartimos que es necesario racionalizar el sistema en beneficio de los interesados, de los ciudadanos, descargando a los jueces y magistrados del conocimiento de la mayoría de los asuntos de este ámbito y, por supuesto, que debe hacerse con el máximo consenso de todos los operadores jurídicos implicados.

Sin embargo, señorías, una cosa son las buenas intenciones reflejadas en el preámbulo y otra muy distinta el texto concreto, el texto articulado, que nos somete a debate el Gobierno, texto que rechazamos y cuestionamos; de ahí la presentación del veto que estamos defendiendo en estos momentos. Porque lo que cuestionamos de una manera frontal es este texto concreto presentado por el Gobierno del Partido Popular, que rompe y dinamita el acuerdo, el consenso, plasmados en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia suscrito —como ya se ha comentado— en mayo de 2001; un acuerdo y un pacto que, en consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa y también del Consejo General del Poder Judicial, debía traspasar los procesos de jurisdicción voluntaria —o por lo menos una buena parte de ellos— de la competencia de los jueces a la competencia de los secretarios judiciales, es decir, los procesos referentes a la jurisdicción voluntaria quedarían y continuarían dentro de la Administración de Justicia, garantizando el principio de la tutela judicial efectiva. Este proyecto de ley cumple la primera parte del pacto y de las recomendaciones del Consejo de Europa y del Consejo General del Poder Judicial, es decir, elimina estas competencias de los jueces, pero no cumple la segunda, porque las sustrae de la Administración de Justicia para traspasarlas a operadores extrajudiciales, notarios y registradores; es decir, externaliza una buena parte de los trámites de la jurisdicción voluntaria, los privatiza y los convierte en negocio, o, dicho de otra manera, cuestiones que hasta ahora se sustanciaban en los tribunales con el amparo y la garantía de la tutela judicial efectiva, reconocida como derecho en la Constitución española, pasarán de aprobarse el texto que estamos debatiendo a operadores extrajudiciales privados.

Esta decisión unilateral del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustenta ha provocado —y ya se ha comentado también— el rechazo unánime del Conejo General de la Abogacía, de los procuradores, de los secretarios judiciales, asociaciones de jueces y magistrados, fiscales, etcétera, y también ha provocado que esta ley haya entrado en el trámite parlamentario sin consenso político o, como mínimo, sin el necesario consenso político; eso sí, el único acuerdo alcanzado ha sido con los grandes beneficiados de esta ley, es decir, los registradores y los notarios.

El Gobierno defiende el contenido de este proyecto de ley sobre la base, entre otros, de dos argumentos: en primer lugar, descongestionar los juzgados y, en segundo lugar, reducir costes y conseguir ahorro económico. Pues bien, ninguna de las dos pretensiones es cierta. En cuanto a la primera, la de descongestionar los juzgados, la jurisdicción voluntaria representa aproximadamente el 4 % de los asuntos que se sustancian en juzgados y tribunales y esta ley afectará aproximadamente a la mitad de los asuntos de jurisdicción voluntaria, es decir, únicamente se liberará, en el mejor de los casos, el 2 % de la carga de trabajo de jueces y tribunales. Por lo tanto, desde este punto de vista de quitar trabajo, quitar presión y descongestionar los juzgados esta ley es absolutamente innecesaria.

En cuanto al segundo objetivo del ahorro económico, de aprobarse esta ley tal como ha entrado en el Senado tampoco cumplirá este objetivo pretendido por el Gobierno, no se reducirán costos. ¿Por qué? Porque la externalización obligará necesariamente a reformar la justicia gratuita para extender esta prestación a los honorarios de notarios y registradores en los supuestos de justicia gratuita y en estos casos el Estado, por consiguiente, estará obligado a pagar los servicios a los operadores privados en vez de usar sus propios recursos, los de la Administración de Justicia; es decir, no solo no habrá reducción de costes ni ahorro de la administración pública, sino que con el dinero público, con los Presupuestos Generales del Estado, se tendrán que pagar los servicios de notarios y registradores en los casos previstos de justicia gratuita. En ese sentido, tampoco esta ley consigue los objetivos que pretende el Gobierno y, por lo tanto, podemos hablar claramente de una ley innecesaria e ineficaz.

Además de estas razones, rechazamos este proyecto de ley por otras cuestiones que resumo a continuación. En primer lugar, como ya hemos dicho, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

En segundo lugar, se trata de una pieza más del puzle legislativo del Gobierno a lo largo de esta legislatura, caracterizado por recortes de servicios, de derechos y de libertades, y por la privatización de buena parte de los servicios públicos y de estos derechos; en el caso que nos ocupa, en el caso de la justicia, podemos poner, por ejemplo, la Ley de tasas, la privatización de los registros civiles y también el proyecto de ley que estamos debatiendo en estos momentos. La justicia deja de ser un servicio público esencial para privatizarse y, por lo tanto, convertirse en negocio.

En tercer lugar, si se aprueba esta ley tendremos una justicia —también lo ha comentado el senador Guillot y estamos de acuerdo— a dos velocidades, dos tipos de justicia: una justicia más rápida para el que se la pueda pagar y una justicia lenta, mucho más lenta para los ciudadanos que no tienen suficientes recursos económicos, es decir, para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.

En cuarto lugar, como consecuencia de lo dicho anteriormente, esta ley se convertirá en un elemento más de desigualdad entre los españoles, puesto que esta privatización instaura en la práctica un nuevo copago.

En definitiva, nuestra propuesta de veto pretende recordar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular una constante que se repite en todos o en la mayoría de los vetos que hemos presentado a las distintas leyes a lo largo de esta legislatura: quiero recordar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular la obligación de defensa del interés general en la acción de gobierno y también quiero recordarle y decirle que no tiene que utilizar esta obstinación y preferencia de los intereses de ciertos grupos que se van a beneficiar de algunas de las medidas que contiene la norma. En resumen, señorías, creemos haber argumentado suficientemente que esta ley, tal como se nos presenta, es ineficaz e innecesaria para lograr los objetivos planteados por el Gobierno y que también es una ley injusta socialmente.

Para finalizar, reiteramos la necesidad de una nueva regulación de la jurisdicción voluntaria en la que prime el interés general, reforzando y garantizando el acceso de todos a la justicia como servicio público de interés general. A fin de conseguir dicho objetivo proponemos —y lo han hecho también otros grupos parlamentarios— que se atribuyan los expedientes de jurisdicción voluntaria a los secretarios judiciales, como cuerpo administrativo capacitado que haga posible un mejor funcionamiento de los juzgados y tribunales y que mejore las garantías y la tutela de los derechos de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, señorías, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria y pedimos su apoyo a los grupos parlamentarios a través del voto afirmativo.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa del veto número 4, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con su venia. Buenas tardes, señorías.

Les llamo la atención sobre la materia acerca de la que trata este texto y les sugiero la lectura de la página 45 del Diario de Sesiones del día 11 de diciembre de 2014 para usar exactamente las expresiones que en su momento planteó el ministro de Justicia. Es el propio ministro de Justicia quien dice que la alternatividad debe ser un principio inspirador del proyecto de ley —lo dice el ministro de Justicia: la alternatividad—, es decir, que el ciudadano decida si estas materias las hace ante el secretario judicial, el registrador o el notario. El propio ministro, en esta página 45, reconoce que en el texto se deja muy poco margen para la alternatividad, es decir, para que el ciudadano decida y escoja.

Pues bien, ¿qué ocurre con ese texto? Que cumple un mandato de la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Y alguno se preguntará: ¿Por qué razón de 2000 a 2015, es que no ha habido otro texto? Lo hubo, hubo un texto del primer mandato del presidente Zapatero —año 2006— que remitió al Congreso de los Diputados sobre esta materia. También se llamaba jurisdicción voluntaria y, sinceramente, también se equivocaba con el nombre, porque la iurisdictio solo la puede hacer el personal jurisdicente, y el personal jurisdicente son jueces, magistrados y magistrados del Supremo; no es personal jurisdicente ni el secretario judicial, ni los registradores, ni los notarios, que tratan de procedimientos no litigiosos o solicitudes donde no hay conflicto, donde no hay litigio, donde no hay pleito, donde no hay controversia.

¿De qué trata? Trata de la efectividad de derechos privados, trata de obtener certeza acerca de negocios, situaciones o relaciones jurídicas en el ámbito privado —subrayo la palabra privado porque es un argumento capital en nuestra propuesta de veto—. Son asuntos privados que tienen que ver con la intimidad del ser humano o con la intimidad de su núcleo familiar: tienen que ver con la patria potestad, tienen que ver con la guarda de hecho, tienen que ver con la adopción, tienen que ver con el acogimiento, tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con el divorcio u otros negocios no ya exactamente de ámbito privado, sino de tipo societario en el ámbito mercantil en los que se busca obtener la certeza de algo —de una relación o de una situación jurídica donde no hay controversia, donde no hay litigio, donde no hay conflicto— y se acude a este profesional, repito, para dar certeza de una relación, de una situación o de un negocio.

Volviendo entonces a subrayar lo privado, les digo: el Consejo de Europa planteaba que los jueces, en la medida de lo posible, se limitaran a juzgar y ejecutar lo juzgado, o sea, que no desempeñaran tareas administrativas; pero como esta efectividad de derechos privados tiene naturaleza, tiene elementos de carácter administrativo, de lo que se trataba era de que los jueces no se vieran obligados a hacer esa parte y solo hicieran aquello que solo pueden los jueces, y que no hicieran otra cosa que pudieran hacer otros servidores públicos. Entonces, ¿qué planteaba el proyecto que mandó el Gobierno de España en el año 2006 al Congreso? Una traslación del ámbito de competencia de los jueces a los secretarios judiciales, porque una vez que hay mecanismos para grabar la imagen y el sonido se produce un vaciamiento del contenido de las tareas de los secretarios judiciales; hay unos aparatos que graban sonido, que graban la imagen y, por tanto, tenemos unos cualificadísimos profesionales que pueden hacer muchas otras cosas. Y se les encargaba a ellos porque son quienes pueden dar certeza de esa relación, de ese negocio o de esa situación.

¿Qué argumento se utiliza aquí? Se argumenta que es la Comisión de Codificación quien ha remitido el texto. La Comisión de Codificación remitió el texto del año 2006, pero este texto de ahora está profundamente modificado respecto a la propuesta de 2006, porque en 2006 la propuesta que se hacía era una traslación competencial a los secretarios judiciales y había una alternatividad pura. ¿Qué quería decir alternatividad pura? Que el ciudadano o la ciudadana podían escoger entre una prestación gratuita —que ya está pagando con los impuestos— que es ir al secretario judicial o pagar los aranceles e ir al notario o al registrador. El ciudadano o la ciudadana decidían libérrimamente.

¿Qué ocurría con aquel texto? Que respetaba lo que decía el Consejo de Europa —que era que los jueces solo juzgaran y ejecutaran lo juzgado, que no llevaran tareas administrativas—, respetaba lo que establecían los libros blancos del Consejo General del Poder Judicial y respetaba el pacto del 28 de mayo de 2001 entre los dos principales partidos políticos de España. ¿Qué ocurrió en el año 2003 —y luego en el año 2009—? Que tanto un Gobierno PP como un Gobierno PSOE, los dos, subrayaban el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde figura que el secretario judicial tiene unas tareas en la oficina judicial mucho más amplias; es decir, lo acordado en el Consejo de Europa, los libros blancos del Poder Judicial, más luego el Pacto de Estado por la Justicia 2001, más luego la práctica de los Gobiernos del Partido Popular y del PSOE respecto a la oficina judicial, todo ello suponía ese mantenimiento de traslación competencial a los secretarios judiciales.

¿Y qué ocurrió con aquel texto? Que el texto que se había enviado del Gobierno al Congreso, allí en el Congreso el Grupo Popular apoyó todas las enmiendas de Esquerra Republicana —señora Capella, le digo esto para que se conmueva emocionalmente—, repito, el Grupo Popular apoyó todas las enmiendas de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, con lo que de ser un texto que tenía un fin, un proyecto, cuando llega del Congreso al Senado tenía: cuello de jirafa, patitas de ratón, brazos de elefante y piel de tiburón —podríamos seguir con toda la zoología—. (Rumores). Era un proyecto no identificable y aquí, en el Senado —los que estaban en aquel entonces lo recordarán—, quien estaba de ministro de Justicia, don Mariano Fernández Bermejo, decidió retirar el texto porque no se podía concebir como una figura coherente, sino que era absolutamente deslavazada e incoherente. Esto es parte de la historia.

En la actualidad, ¿qué hace este texto? Modifica la propuesta del Consejo de Europa; modifica la propuesta del Pacto de Estado por la justicia del año 2001; no tiene en cuenta las reformas del año 2003 y del año 2009 de este artículo 456 de la Ley orgánica del Poder Judicial; no tiene en cuenta la opción de atribución de competencias a los secretarios judiciales y plantea un modelo nuevo. Ese modelo nuevo —subrayo las expresiones del ministro recogidas en la página 45 del Diario de Sesiones, del Pleno celebrado el 11 del 12 de 2014— deja muy poco margen al principio de alternatividad, cuando es necesario que este principio inspire todo el proyecto.

¿Cómo podría solucionarse todo esto? Con una propuesta que dijera: para todas estas situaciones jurídicas, para todos estos procedimientos, el ciudadano podrá escoger entre ir al secretario judicial, ir al registrador o ir al notario. Si lo dejase de manera libérrima y que cada ciudadano o cada ciudadana pudieran decidir, entonces eso sí supondría una alternatividad garantizada. Por el contrario, lo que aquí se plantea sobre asuntos tan privados como les acabo de relatar —y como pueden ver ustedes a lo largo de todo el texto, no solo en las propuestas en torno a cada una de las categorías, instituciones o situaciones jurídicas, sino en el conjunto de disposiciones que modifican leyes capitales en nuestro ordenamiento jurídico—, asuntos que, insisto, tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con la efectividad de derechos privados, aunque haya elementos de naturaleza administrativa, es el no respeto a la decisión libre de cada ciudadano. Muy al contrario, como ya han subrayado los portavoces de los distintos vetos, se opta por un modelo que está en coherencia con los textos anteriores, consistente en dotar de competencias a un cuerpo funcionarial —por otro lado, cualificado y dignísimo— para que asuma tareas de evaluación jurídica, cuando su función es registrar lo que les llega —un negocio jurídico previamente contraído— y si tienen alguna dificultad, alguna pega, no registrarlo, pero previamente el negocio ya ha venido contraído. Por todo ello hemos presentado las enmiendas 779, 785 y 787, que lo que plantean son traslaciones competenciales que perturban el conjunto del ordenamiento jurídico con las tareas que tiene el cuerpo de notarios o las tareas que tiene el cuerpo de registradores de la propiedad.

Asimismo, en la reunión que hemos mantenido antes y en la que hemos firmado veintitantas transaccionales para facilitar el trámite —porque es criterio del Grupo Socialista facilitar el trámite, que cada grupo pueda acceder al trámite de cualquier iniciativa, dejando libertad de que cada uno exprese lo que estime y vote lo que estime también libérrimamente—, hemos presentado una propuesta que tiene que ver con el artículo 5 del proyecto y los asuntos que se llevan en esta llamada jurisdicción. Antes de continuar vuelvo a decir que no es correcto hablar de jurisdicción deberían denominarse procedimientos no conflictivos o procedimientos sin controversia; aparte de la obsesión por el lenguaje que tiene el texto en torno a las palabras típicas del derecho administrativo, por ejemplo, las palabras que más se repiten son expediente, interesado y de vez en cuando aparece alguna solicitud, pero, en general, está muy cargada de toda la jerga propia del ámbito del derecho administrativo continental—. Les decía que la definición estaba bien planteada al comienzo del texto, en el artículo 1, pero en el artículo 5 limita las posibilidades del juez, porque solo puede practicar una prueba de oficio cuando afecta a menores o cuando afecta a personas que tienen su capacidad modificada judicialmente, pero le limita a esos dos supuestos. Por ello les hemos trasladado una enmienda donde se deja abierta la posibilidad de que el juez pueda practicar esa prueba de oficio si entiende que hay un elemento de la controversia que hay que clarificar, que tenga esa iniciativa de poder hacer esa prueba de oficio si hay un elemento de la controversia. Antes hablaba con el portavoz del Grupo Popular que es una vieja práctica en los menores cuantía la comparecencia previa, donde el juez llama a los abogados y a sus clientes para ver la madre del cordero en términos peninsulares o la madre del baifo en termino canarios, esto es, de qué trata, cuál es la almendra, el meollo, el cogollo del pleito, porque a veces los abogados ayudan a clarificar o a veces no, a veces son tácticas procesales para enmarañar o no enmarañar.

Estas son algunas sugerencias que hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque el conjunto de enmiendas que hemos planteado intentan que en esta efectividad de derechos privados —vuelvo a reiterar esta expresión—



, en la medida de lo posible, no haya merma de garantías jurídicas; si hay controversia, si hay conflicto ya no estamos en esta ley, eso lo declara el juez y ya es un pleito. Pero como lo que abunda no daña, no me parece mal la propuesta de que, en general, se establezca de una manera preceptiva y por escrito que desde el momento en que hay una oposición, desde el momento en que hay litigio, desde el momento en que hay controversia, ya no estamos en el campo de la mal llamada jurisdicción voluntaria, estamos en el campo del litigio y entonces un tercero imparcial, que es el juez o el magistrado, es el que tiene que declarar el derecho.

Este conjunto de propuestas, este conjunto de razonamientos son los que nos llevan a plantear que si el texto solo se hubiese limitado a respetar la propuesta del Consejo de Europa, el Pacto de Estado por la justicia de 28 de mayo de 2001, o las propias propuestas del Partido Popular y del Partido Socialista a través de las reformas del artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 y 2009, manteniendo que esa oficina judicial fuera el eje básico sobre el que funcionara la Administración de Justicia y que el secretario judicial tuviera más competencias de las que plantea en la actualidad, habría sido una buena fórmula para trabajar sobre un campo que, aunque cuantitativamente no es muy grande, sí que afecta muchísimo a la vida personal, a la vida familiar y a la vida comercial de todos los españoles.

Nada más, presidente. Y gracias a sus señorías por haberme permitido expresar. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador señor Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna para posicionar a mi grupo ante los vetos que ha recibido la ley de jurisdicción voluntaria, una posición lógicamente negativa, y es normal. Saben ustedes que esta es una ley que viene a complementar el ímpetu reformista que ha demostrado este Gobierno en todos los ámbitos: en el ámbito económico, en el ámbito social y también en el ámbito de la justicia. Fíjense si será amplio ese ímpetu que nos quedan todavía como mínimo diez leyes por ver en el ámbito de justicia en lo que nos queda de legislatura; un Gobierno que algunos dan por muerto pero les aseguro que todavía tiene mucho que decir.

En definitiva, es una ley que pretende modernizar la Administración de Justicia, quiere facilitar ciertos trámites que no afectan a derechos fundamentales, no afectan a menores, no afectan a personas con capacidad modificada judicialmente, como bien se ha dicho aquí, en procedimientos donde no hay contradicción y en muchos casos están muy cerca del ámbito administrativo, en los que no es necesaria la tutela absoluta, en los que no es necesario mantenerse dentro del ámbito jurisdiccional, como por otra parte dice el Pacto de Estado por la justicia suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dicen los libros blancos y dicen las recomendaciones europeas.

En el turno de portavoces hablaremos del contenido de esta ley, porque ahora es el momento de hablar de los vetos que hemos recibido, que se parecen mucho; de los 20 minutos de los que dispongo me van a sobrar unos cuantos, porque los cuatro vetos son muy similares, dos de ellos de hecho están calcados y los otros se parecen mucho. Lo citaba antes el senador Saura porque lo dije en la comisión, y lo mantengo: son vetos con un contenido apriorístico, vetos basados en prejuicios, en prejuicios ni siquiera ideológicos, por eso digo casi partidistas. Son vetos que forman parte de una actitud que hemos sufrido este Gobierno y nuestro grupo a lo largo de los últimos cuatro años, en los que han pretendido defender un mantra absoluto de que este Gobierno ataca al servicio público, que este Gobierno va en contra del servicio público, incluso que este Gobierno va en contra de los ciudadanos, cosa bastante incomprensible, pero es lo que estamos aburridos de oír. Y esto es lo que mantienen los cuatro vetos que nos han presentado.

Es muy llamativa, por ejemplo, una referencia a la justicia a dos velocidades; me llama la atención la falta de confianza que tienen ustedes en la Administración de Justicia pública. ¿Por qué creen que si un ciudadano va a la Administración de Justicia clásica, por así decir, en vez de ir al nuevo operador jurídico va a tener una velocidad peor? ¿Por qué creen que va a dar peor servicio el público que el operador que aquí han llamado privado —no es privado porque es un funcionario—? Muestran ustedes una clara desconfianza hacia el servicio público de la justicia.

Se ha hablado también de la necesaria alternatividad. Es cierto que el ministro habló en la presentación de la ley de que pecaba de falta de alternatividad y es verdad también que se han aceptado enmiendas, ha habido cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria de esta ley, por la cual se garantiza, precisamente, esa alternatividad en muchos casos. La gente va a poder elegir ante quién casarse, evidentemente, y otras muchas cosas más. Bien es cierto también que hay determinados ámbitos, determinados procedimientos, determinados expedientes que por su grado de especialización se encargan a otros operarios jurídicos; operarios jurídicos, no operarios privados, como se ha dicho aquí. Estamos hablando de funcionarios públicos con una gran cualificación, funcionarios públicos que son depositarios de la fe pública y que no solo tienen una capacitación profesional, sino también, por qué negarlo, medios técnicos a disposición de todos los ciudadanos. Con lo cual, en absoluto hay una obligación, salvo en casos muy concretos, de acudir a esos nuevos operarios. Además, en esos casos se garantiza la asistencia gratuita, se garantiza que nadie va a tener que pagar para acudir a ese operario jurídico, que tiene todas las garantías, desde luego tiene toda la confianza de este Gobierno y también tiene, por qué no decirlo, la confianza de todos los ciudadanos. Quiero recordarles que hace muchos años las herencias abintestato pueden hacerlas los notarios con plena garantía y con plena satisfacción de los ciudadanos. Precisamente queremos encargar más cometido a esos profesionales, queremos que sirvan al ciudadano porque el objetivo de esta ley es que el ciudadano obtenga satisfacción para el reconocimiento de derechos o de ciertas situaciones que garanticen sus necesidades. Eso es lo que esta ley busca, que sea siempre por el procedimiento más breve y menos costoso para el ciudadano. Por eso, hay una serie de expedientes que siguen bajo garantía jurisdiccional, mediante el articulado de la Ley de jurisdicción voluntaria, y otros que se encargan a otros operadores jurídicos. Además, se garantizan plenamente todos los derechos fundamentales puesto que hay un control jurisdiccional, un control del juez para todo aquello que afecte a menores, a derechos fundamentales o a personas con la capacidad modificada judicialmente.

Esta es la realidad del proyecto de ley que presentamos. ¿Qué nos encontramos frente a ello? Nos encontramos unas posiciones plenamente apriorísticas, de prejuicio absoluto de los grupos que han presentado veto.

El senador Iglesias hablaba de libertad de mercado. Yo quiero decirle que lo que esta ley contempla no es libertad de mercado, es libertad; es libertad para que el ciudadano elija dónde quiere ir, es libertad para que elija cuál es el operador que le va a dar mejor solución a su problema; no libertad de mercado, que también; nosotros creemos en ella, pero sobre todo creemos en la libertad del ciudadano y estamos dispuestos a mantenerla y garantizarla. Sinceramente, me parece que eso es algo muy importante.

El senador Saura ha repetido en su intervención lo que ya dijo en la comisión. Nos hizo un resumen de los cuatro años de la política judicial del Gobierno. Según él, falta independencia del poder judicial, las tasas…, ha traído un resumen de toda la actuación de este Gobierno en justicia. Quiero recordarle que estamos aquí para hablar de la Ley de la jurisdicción voluntaria. Efectivamente, este Gobierno tiene una idea conjunta de la justicia, una idea conjunta que va a conseguir mejorar la intervención de la Administración de Justicia en todo aquello que beneficie al ciudadano y, desde luego, no creo que estemos aquí para hablar del Consejo General del Poder Judicial, aunque podemos hacerlo, porque tenemos la conciencia tan tranquila que podemos hablar de él perfectamente.

El senador Bruguera ha sido quien ha empleado la expresión operadores privados. Me parece una expresión poco adecuada porque ni notarios ni registradores son operadores privados, son funcionaros públicos sometidos a unas obligaciones y con depósito de la fe pública, es así realmente. Son funcionarios públicos, no tienen una tienda abierta, están ejerciendo una función pública. Con lo cual, creo que hablar de operadores privados es una especie de desprecio demagógico al papel que pueden desarrollar y que de hecho desarrollan en números ámbitos de la vida privada, y también de la vida pública en este país.

Por último, el senador Díaz Tejera —que, por cierto, ha mezclado un poco el debate de los vetos y de las enmiendas y no tenemos problema en hablar de vetos y enmiendas, hablaremos de las dos cosas— se ha referido a la alternatividad y, como le digo, ha habido grandes mejoras en alternatividad en este proyecto de ley a lo largo de su tramitación parlamentaria. Es cierto que el ministro se comprometió a incorporar mayores dosis de alternatividad y es algo que se ha hecho. Pero, sobre todo, me parece muy importante el hecho de que se garantice la justicia gratuita para todo aquel que la necesite porque esa es la verdadera alternatividad, la que va a permitir que uno elija y que cuando no pueda elegir no se vea limitado por el hecho económico. Yo creo tanto en la fe pública, creo tanto en la buena fe privada de un notario, como en la de un juez, en la de un secretario o en la de un registrador; creo en las tres igual, y creo que el ciudadano también. Por tanto, va a poder elegir a quién acudir y va a contar siempre con la prestación del servicio que, en definitiva, es lo más importante.

Señorías, considero que los grupos de la oposición quieren aprovechar estos vetos para continuar con su labor de desgaste del Gobierno, lo cual es legítimo, pero en una ley de este tipo, que tiene un contenido procedimental, un gran contenido técnico, es triste que nos quedemos en la espuma de los apriorismos. Una ley con tanto contenido procedimental no merece que hagamos de ella el campo de juego de la política de trazo grueso, que es lo que han intentado los grupos de la oposición.

Por tanto, votaremos en contra de los cuatro vetos. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Cuevas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora señora Capella, que compartirá su turno con el senador Iglesias.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Senadores y senadoras, siempre acabo arrepintiéndome cuando no presento veto a una ley. Después de escuchar al portavoz del Grupo Popular, que ha defendido la posición de voto en contra de los vetos, lamento no haberlo presentado, pensando, ingenuamente, que alguna de las enmiendas que planteaban los distintos grupos parlamentarios llegaría a buen fin. Es verdad que esta es una ley técnica, pero también lo es que ustedes no han admitido y no admiten nunca que se modifiquen las leyes aunque sea por cuestiones técnicas.

Insistiré en varias cuestiones que se señalan en los vetos y que comparto.

Este es un Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria que se terminará aprobando sin que exista ni diálogo ni consenso con ningún operador jurídico de todas las profesiones jurídicas que podrían haberlo apoyado. Se trata de una reforma más en el ámbito de la justicia que atiende poco —desde el punto de vista de Esquerra Republicana— al necesario contenido de servicio público que debe tener la justicia. Este proyecto de ley lo entendemos como un paso más en la privatización del servicio público de la justicia. La posición del Gobierno del Estado español y del partido político que le da apoyo, el Partido Popular, defiende unos intereses muy claros; no son los de la mayoría de la ciudadanía, sino más bien los de unos pocos. Nos encontramos ante un nuevo paso de plantear la justicia de una manera dual: aquellos que podrán acceder a la justicia y aquellos que no podrán hacerlo. Es evidente que la concepción de justicia del Partido Popular no coincide con la que tiene Esquerra Republicana. Para nosotros se trata de un servicio público sin ningún tipo de matices, que está al servicio de los ciudadanos y garantiza el ejercicio y la defensa de los derechos, en definitiva, la tutela judicial efectiva. Para el Partido Popular se trata de un servicio público matizado en el fondo y en la forma, en atención a los tintes mercantilistas que en materia de justicia han ido adoptando a lo largo de esta legislatura, ya sea con las tasas —algunas derogadas pero otras aún vigentes—, ya sea con los aranceles, y esa decidida voluntad de poner trabas al acceso a la justicia que se pone de manifiesto en cada reforma legislativa que afecta a la Administración de Justicia. Ustedes pretenden arreglar el colapso de la justicia y los retrasos en la Administración de Justicia limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a ella. Ustedes utilizan una terminología que les delata; hablan de clientes, de costes, de aranceles, y en este proyecto de ley nombran un nuevo actor en la actividad jurisdiccional en materia de resolución de conflictos: los registradores y notarios. Porque la jurisdicción voluntaria —al menos así lo vemos en Esquerra Republicana— es actividad jurisdiccional.

Con este proyecto de ley, el PP y el Gobierno benefician a un determinado colectivo —insisto, a costa de los derechos de los ciudadanos—, pues aunque señalan que los ciudadanos podrán acceder a los servicios a través de un notario, también limitan que sea obligatoria la asistencia letrada diciendo que será posible. Con esto ustedes convierten la justicia en una justicia dual: los que siempre accederán con intervención letrada en defensa de sus derechos e intereses y aquellos que no tendrán derecho a ello por no ser preceptivo ni obligatorio.

Como ya he dicho, en Esquerra Republicana consideramos que existe una merma de derechos y de garantías para los ciudadanos cuando determinados actos de la vida esenciales para las personas, como casarse, divorciarse, declaraciones de herederos cuando no existe testamento o para protocolizar testamentos ológrafos o aquellos que han sido otorgados verbalmente, pueden ser realizados ante notario y no ante la jurisdicción y muchas veces sin intervención letrada. Como digo, asistimos a una merma de derechos y de garantías, y además pagando.

En Esquerra Republicana defendemos que la jurisdicción voluntaria es jurisdicción y, en consecuencia, las competencias deben ser ejercidas y enmarcadas dentro de la Administración de Justicia; como decía, afecta a actos importantísimos en la vida de las personas. Con este proyecto de ley ustedes no cumplen con las directrices que les marca el Consejo de Europa, ni con el Libro Blanco de la Administración de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, ni con el Pacto de Estado para la reforma de la justicia. Este proyecto de ley no sirve para modernizar ni para racionalizar ni para descongestionar los juzgados y tribunales, sino para limitar derechos y para generar una justicia dual.

Por eso, Esquerra Republicana dará apoyo a todos los vetos presentados por los grupos parlamentarios de la oposición, a pesar de no haber formulado veto, e insisto en que lamento no haberlo hecho.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Comparte grupo con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias, que tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Decía el portavoz del Grupo Popular que los vetos partían de prejuicios, pero, en mi opinión, parten de la experiencia. Parten de hacer un seguimiento de las diferentes iniciativas que el Partido Popular ha desarrollado en materia de justicia en esta legislatura, en la que siguen una línea recta muy clara, y este proyecto es una pieza más de ese puzle. Por lo tanto, las mismas reservas que expresamos en otros proyectos son trasladables aquí, y no porque tengamos prejuicios, sino porque los argumentos que sustentan el proyecto son similares y coherentes —en relación con la acción del Gobierno del Partido Popular me habrán escuchado muchas veces utilizar este término— con otros. Eso, en ningún caso, es prejuicio.

Reconoce el portavoz del Grupo Popular que el proyecto pretende dar más libertad a los ciudadanos, también en lo que se refiere a la libertad de mercado. Que yo sepa, la libertad de mercado es consustancial con nuestro sistema económico, pero eso no significa que la libertad de mercado deba llegar a todas y cada una de las facetas de la vida de los ciudadanos. La libertad de mercado no tiene por qué llegar a todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, y nosotros negamos que la libertad de mercado sea un concepto aplicable a un valor como la justicia y a quien tiene la función constitucional de administrarla. Y eso es lo que hace este proyecto: introducir la libertad de mercado en lo que, hasta ahora, le quedaba sustraído, que era el ámbito de la jurisdicción.

Y al final hay una contradicción in terminis. Luego, en el turno de defensa de las enmiendas —lo adelanto, aunque lo sabe muy bien el portavoz del Grupo Popular y ponente— comentaré que planteamos una modificación en la terminología, en la propia denominación del proyecto, porque va a ser muy difícil que con estos contenidos resulte cierto y ajustado terminológicamente mantener la denominación de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria respondía a un planteamiento en el que los justiciables, frente a otros procedimientos en los que tenían que acudir forzosamente obligados, acudían a la Administración de Justicia de forma voluntaria, pero acudían a la Administración de Justicia. Con los contenidos que ustedes introducen en este proyecto, con la aplicación de la libertad de mercado a estos ámbitos, ya no van a acudir a la Administración de Justicia; van a ir, si lo consideran oportuno, al notario, y el notario será funcionario público peculiar, pero no forma parte de la Administración de Justicia, no forma parte de la jurisdicción, no tiene funciones ni competencias jurisdiccionales. Por tanto, o cambian ustedes la denominación del proyecto o sacan a los notarios de él, porque aquí sí son incoherentes, aquí no mantienen ustedes una coherencia en la concreción del proyecto.

Así pues, y aun habiendo escuchado con todo respeto al portavoz del Grupo Popular y haber conversado con él, incluso cordialmente en algunas ocasiones a lo largo de estos días, no me ha convencido, por lo que mantengo el veto en todos y cada uno de sus términos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, tenemos que contextualizar este proyecto de ley en la ambición de los grupos parlamentarios a la hora de modernizar la justicia. Eso es así. Y el ponente en este caso, el portavoz del Grupo Popular que nos ha precedido en el uso de la palabra, decía que dentro de esa ambición modernizadora todavía quedan unos diez proyectos de ley que van a ir en este mismo sentido. Ayer preguntábamos al ministro de Justicia sobre esta cuestión, y habrá que ver si este trabajo continuado más el que vamos a desarrollar los próximos meses está llevando a buen puerto el servicio público de justicia o no lo está haciendo.

En ese sentido, y utilizando argumentos y palabras del ex ministro Ruíz-Gallardón en esta misma Cámara ante la Comisión de Justicia, tenemos que valorar, hablar y reflexionar sobre la lentitud de la justicia, sobre su escasa imparcialidad, sobre el consenso que entonces decían querer el ministro de Justicia y el Gobierno a la hora de elaborar las leyes, así como superar la congestión que tenían los juzgados. Eso es lo que tenemos que valorar. Hablaremos sobre la calidad, porque son muchos los proyectos de ley, son muchos los textos, ¿pero cuál es el fruto?, ¿cuál es el resultado último? Tenemos que ver que, sobre la base de los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, el resultado de la suma y la resta no es nada positivo para el Grupo Popular. El año 2014 resulta peor que el 2013 y que el 2011 en datos objetivos sobre asuntos tramitados en todas las jurisdicciones. Insisto, el resultado de la suma resulta peor, y ello nos debe llevar a una reflexión sobre la labor y el trabajo que se está haciendo.

Ciñéndonos a este proyecto de ley, este es un texto que nace con la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000, una ley que, como se ha comentado antes, no reguló algo tan importante como era y es la jurisdicción voluntaria, y fue a través de una disposición final donde se encomendó la elaboración de un proyecto de ley en el plazo máximo de un año. Tal como nos ha informado el senador Díaz Tejera, han pasado prácticamente quince años. Han pasado, señorías, quince años para aprobar este proyecto de ley. Con lo cual, la primera pregunta sería: ¿Es esta la gran preocupación que los diversos gobiernos tienen con la calidad de la justicia? Después de quince años viene este proyecto de ley. Segunda pregunta: Si han tenido que pasar quince años, ¿ello no justificaría —por las razones que les voy a dar ahora— que estuviera aquí también el ministro de Justicia para presentar este proyecto de ley? Aquí debiera estar el ministro de Justicia, que les recuerdo que solo ha estado una vez para presentar un proyecto de ley y, después de hacerlo, irse sin ni siquiera escuchar a los portavoces de los diferentes grupos. Y entiendo que es importante, primero, porque han pasado quince años antes de que se presentara este proyecto de ley y, segundo, porque en la ocasión anterior en la que sí se presentó, en la primera legislatura del Gobierno Socialista, tal como nos ha informado el señor Díaz Tejera, fue en el Senado donde se retiró este texto, con lo cual entiendo que a esta Cámara se le debe una explicación por cortesía parlamentaria, además de la presencia del ministro de Justicia para debatir con él este proyecto de ley.

Una de las razones que se han dado para justificar el retraso del presente proyecto de ley ha sido la necesidad del consenso y de que hubiese una voluntad de acuerdo, y no hay más que escuchar a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios para ver que ese consenso no existe y no hay acuerdo. No hay más que ver que hoy se nos han presentado una serie de transaccionales y agradezco además que se haya hecho de esta manera, porque yo no pensaba que se nos iba a aceptar ni siquiera un mínimo texto, con lo cual ha habido un acercamiento y hay que reconocerlo, pero también me tiene que reconocer que no es fácil el consenso cuando esta mañana se viene con un texto muy técnico y muy difícil, por lo que en ese sentido sí creo que ha habido una falla importante del grupo mayoritario.

El objeto de este proyecto de ley es el de encomendar a otras entidades u organismos públicos distintos de los jueces la responsabilidad de determinados derechos hasta ahora en el ámbito de la jurisdicción, como secretarios judiciales, operadores jurídicos ajenos a la Administración de Justicia, etcétera. Tampoco hay acuerdo ni con los que están en el ámbito de la jurisdicción ni con los que están fuera de ella y en ese sentido entendemos, como decíamos antes, que hay una laguna importante.

Es incomprensible la tardanza en la presentación de este proyecto de ley a sabiendas de que la consecuencia debe ser la reducción de carga de trabajo de los titulares de los juzgados y de los tribunales para poder corregir esa penosa situación que el Estado español tiene con respecto a la calidad de la justicia en relación con la media de los Estados miembros de la Unión Europea. Continuamente estamos utilizando diferentes informes elaborados por la Comisión Europea que vienen a decir que la salud de la justicia dentro del Estado español deja mucho que desear o está por debajo de la media. Para poder abordar una mejora del servicio público de la justicia es necesario ese consenso y un trabajo con el resto de grupos, y para que haya una mejora importante se tiene que hacer de una manera conjunta y no como se ha hecho en este proyecto de ley que, tal como se ha comentado aquí, es de una enorme complejidad técnica y la eficacia de la justicia es una de las bases de nuestra democracia. Ello quiere decir que, por una parte, hay que eliminar carga innecesaria a los jueces y tribunales de aquellas competencias que no tengan una naturaleza jurisdiccional en sentido estricto y, por otra, el cuidado de los derechos fundamentales que de ninguna de las maneras pueden verse cuestionados en este proyecto de ley.

Antes hemos comentado temas de calidad. Ayer mismo le decía que cuando se están convocando juicios para el año 2016, vistas para 2017, para 2018 o para 2019, algún problema tiene la justicia. Algún problema tiene la justicia que no se ha sido capaz de resolver durante esta legislatura, y este proyecto de ley tampoco lo va a hacer. No sé si los diez próximos proyectos de ley que van a venir a esta Cámara van a solucionarlo, pero mucho me temo que las actitudes del grupo mayoritario no van a cambiar, con lo cual los resultados de la justicia tampoco van a verse modificados de una manera importante.

Para obtener unos buenos resultados la clave es muy sencilla, y eso se ha podido ver el pasado 24 de mayo al escuchar la opinión de la ciudadanía. Y lo que la ciudadanía pide es que hay que buscar colaboración entre todos los agentes implicados, sin olvidar a los diferentes grupos parlamentarios. Porque, evidentemente, lo único que se consigue sin ese acuerdo es enfadar a los diferentes colectivos, es enfadar a los diferentes agentes u operadores jurídicos y es enfadar a los grupos parlamentarios. La justicia no se merece eso porque la ciudadanía no se merece no tener un servicio público de justicia enfocado a las necesidades del siglo XXI.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Voy a hacer tres consideraciones. La primera es que el señor Cuevas nos acusa de apriorismo en relación con nuestra intervención. Yo he dicho que si el veto fuera simplemente una opinión del señor Guillot y mía, usted tendría razón, pero nunca en la historia de la democracia ha habido tantos conflictos contra el Ministerio de Justicia.

¿Recuerda usted alguna huelga general excepto la de esta legislatura? ¿Qué ocurre para que el Colegio de Abogados de Cataluña diga hace tres o cuatro semanas que la justicia cada vez está peor? ¿Qué significa que el Consejo General del Colegio de Abogados diga literalmente que el Estado de derecho, fruto del pacto constitucional del 78, está en riesgo de quedar huérfano, que nuestra justicia está más lejos de los ciudadanos y que nuestra democracia es hoy menos democracia? ¿Qué opinan de esto? ¿Es la izquierda radical la que dice esto, o es que, en definitiva, todo el mundo está diciendo esto? Por tanto, hay algunas políticas que podemos discutir si son buenas o malas.

Nosotros rechazamos la política económica y ustedes la defienden, pero hoy no se puede defender la política de justicia porque no ha mejorado la justicia. Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia dijo: Objetivo, mejorar la justicia. ¿Alguien se atreve a decir hoy que mejora la justicia? ¿En qué mejora la justicia?

Usted decía: es que ustedes no tienen confianza en los funcionarios y por eso hablan de justicia dual. Yo tengo un caso muy cercano, señoría. Una boda en Barcelona en el Registro Civil. ¿Sabe cuánto tiempo les han dado para casarse en el Registro Civil? Siete meses. Y no es culpa de los funcionarios, es que no hay medios ni personal. Solución que ustedes dan: que se vayan al notario o al registrador y que se lo paguen. Pero nosotros decimos que este servicio, evidentemente, lo tiene que dar la Administración pública, y no en siete meses, sino en una semana o en diez o quince días.

Por otro lado, y con esto acabo, yo he hecho una intervención inicial enmarcando la política de justicia después de releer ayer tranquilamente la intervención de Ruiz-Gallardón. Decía: «Objetivo fundamental, mejorar la justicia». ¿Ha mejorado la justicia? No.

En estos cuatro años, ¿qué ha pasado con la justicia en España? Han pasado tres cosas importantes. Primera, se ha laminado la independencia judicial. El Partido Popular, en contra de todos los grupos parlamentarios, en contra de todas las asociaciones profesionales y entidades jurídicas, hizo una modificación del Consejo General del Poder Judicial donde traspasó competencias del consejo al ministerio, y el consejo hoy tiene muy poco poder. Y sin independencia del Poder Judicial, sin independencia de la justicia se pueden vulnerar los derechos de la ciudadanía.

Por lo tanto, primera cuestión, se ha atacado la separación de poderes. Segunda cuestión, ustedes lo externalizan casi todo. A este paso no sé qué va a hacer el Ministerio de Justicia. Lo externalizan casi todo, lo privatizan casi todo: intentaron hacerlo con el Registro Civil; el otro día lo intentaron en el debate que tuvimos aquí, en el catastro versus registro, en la mediación, y hoy nos traen una externalización, en definitiva, de la jurisdicción voluntaria. Y, tercera cuestión, sus políticas llevan a una reducción del derecho básico fundamental de las personas a tener tutela judicial efectiva.

¿Qué era la Ley de tasas? ¿Era facilitar el acceso a la justicia? ¿O era hacer que mucha gente no fuera a la justicia? ¿Por qué han modificado, aunque sea parcialmente, la Ley de tasas? Por la contestación social que ha habido; han tenido que modificar tarde y parcialmente la ley de tasas por la contestación que ha tenido. Por lo tanto, señor Cuevas, yo le agradezco la voluntad que ha tenido de transaccionar, aunque sea en el último momento. Dos horas antes de la comisión, nos han dado no sé cuántos folios y enmiendas, algunas de las cuales hemos firmado porque nos han parecido oportunas. No hemos tenido una actitud de rechazo. Ahora bien, les decimos que la política de justicia es una de las más nefastas que ha habido. Y la pregunta es: ¿a quién beneficiará esta ley cuando se apruebe? ¿Beneficiará a la sociedad? ¿Beneficiará a los que vayan al Registro Civil? ¿O va a beneficiar, como dice el Consejo General de la Abogacía, a colectivos que van a hacer un gran negocio con materias que son de dominio claramente público? Beneficia a esos, y nosotros decimos que queremos beneficiar a toda la sociedad y a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en los cuatro vetos defendidos por sus respectivos grupos parlamentarios. Coincidimos en el diagnóstico. El texto no acaba de cumplir con los tres principales objetivos que a priori se había propuesto el Gobierno: dar coherencia sistemática a la regularización de la jurisdicción voluntaria; racionalizar el sistema en beneficio de los interesados, descargando a los jueces y magistrados del conocimiento de buena parte de los asuntos propios de este ámbito, y hacerlo con el máximo consenso de todos los operadores jurídicos implicados. Aun así no podemos apoyar dichas propuestas en tanto en cuanto consideramos que la tramitación y aprobación de este proyecto de ley son necesarias e incluso imprescindibles.

Debemos tener en cuenta que el Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria que hoy es objeto de debate viene de un mandato que ya hacía en su momento la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en la que se encomendaba al Gobierno de entonces que remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Se decía: una previsión legal vinculada a la construcción de un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros países. Teníamos que desgajar la jurisdicción voluntaria del ordenamiento de la Ley de enjuiciamiento civil.

Pero a pesar de estar de acuerdo con gran parte del contenido de este proyecto de ley y con la necesidad de tramitarlo, hay muchos puntos mejorables. De hecho, mi grupo ha presentado 90 enmiendas que consideramos que mejorarían bastante el texto que estamos debatiendo. El balance que hacemos es que nos encontramos ante una apuesta clara por traspasar a otros profesionales, órganos y funcionarios públicos ciertas materias que hasta ahora estaban atribuidas solo a jueces y magistrados.

En línea con el parecer del Consejo General del Poder Judicial expresado en su informe al anteproyecto, y en términos generales, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, puesto que compartimos la necesidad de descargar de trabajo al juez y de aligerar la carga de trabajo que afecta a los tribunales. Ahora bien, destacamos que estamos de acuerdo en que la desjudicialización que se lleve a cabo sea parcial y que no se predique en todos los supuestos de jurisdicción voluntaria. Como decimos, si bien es adecuado este aligeramiento de carga de trabajo, no podemos olvidar que es indudable que para el ciudadano la máxima garantía de sus derechos viene dada por la intervención del juez. Por lo tanto, hay cuestiones que no se pueden desvincular de ninguna manera de su conocimiento, como por ejemplo afectaciones de derechos fundamentales, derechos relacionados con menores y otras personas especialmente vulnerables y a proteger.

Por otra parte, la desjudicialización de la jurisdicción voluntaria no puede ver comprometida; por ejemplo, la efectividad de ciertos derechos privados, hasta ahora tutelados y bajo la competencia del conocimiento del servicio público de la justicia y de los jueces y magistrados. Así, no estamos de acuerdo en que se atribuya la tramitación del divorcio ante notario. A pesar del artículo 87 de la norma, que prevé que la atribución al notario del control de los convenios reguladores de separación y divorcio lo sean solo respecto de aquellos de mutuo acuerdo, consideramos adecuado en este caso mantener la competencia del juez, puesto que el divorcio acostumbra a ser un momento proclive para hacer valer situaciones de desigualdad u otras, lo que hace necesaria la intervención del juez.

Asimismo, y compartiendo el informe del Consejo General del Poder Judicial, consideramos que el expediente notarial de reclamación de deudas dinerarias tendría que suprimirse y mantener este procedimiento de jurisdicción voluntaria en el ámbito judicial, puesto que consideramos capital la necesidad de que sea el juez quien controle indirectamente, cuando menos, su admisión e inadmisión, garantizando su viabilidad al efecto de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja.

Estamos en contra de la regulación contenida en la disposición final decimoctava del proyecto de ley, ya que permite que la valoración de la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos para disfrutar del beneficio de justicia gratuita esté en manos del notario registrador. Entendemos que esta valoración debe corresponder y permanecer en manos de las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

Finalmente, en relación con la eventualidad de la ley y la desjudicialización de la jurisdicción voluntaria, entendemos que convendría valorar una ampliación del consenso con las administraciones de las comunidades autónomas, que, como Cataluña, tienen competencias para regular la creación de una justicia de proximidad como escalón inferior de la justicia por debajo de los tribunales de instancia. Los modelos propugnados, pues, por ambas administraciones, la General del Estado y la catalana, podrían entrar en conflicto en ciertos aspectos.

Cataluña propugna crear en la justicia de proximidad unos tribunales de base, los cuales se tienen que encargar del conocimiento de aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria, aquellos que no revisten una especial complejidad y puedan tener una tramitación más ágil. Estos tribunales se tendrán que situar en poblaciones medianas, teniendo en cuenta variables objetivas, como, por ejemplo, la población, las cargas de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se tendrían que cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo la experiencia de los jueces de nuevo ingreso. Estos tribunales de base pueden entroncar con la justicia de proximidad a que se refiere el artículo 108.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; de hecho, no se puede obviar que en Cataluña tenemos las bases para desarrollar la justicia de proximidad porque la contempla nuestro estatuto, y esta justicia podría constituir el primer escalón de la carrera judicial y resolver con celeridad y eficacia conflictos menores en los ámbitos civil y penal.

Por todo ello, vamos a abstenernos en la votación de los vetos, puesto que consideramos que, aunque el proyecto es mejorable, debemos posibilitar su tramitación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz en justicia, el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con la venia.

Cuando se celebra un matrimonio, sea cual fuere la religión y el rito religioso que la presida, o sea cual fuere el acto civil, en un ayuntamiento o en un juzgado, todos tienen en común que lo único que hace quien oficia es dar fe de que hay una expresión de voluntad libremente efectuada en ese acto y que, efectivamente, contraen matrimonio en ese acto. No hacen otra cosa: dan certeza, como explica el artículo 44 del Código Civil, de que el matrimonio tiene la misma naturaleza y características, ya sean cónyuges del mismo o distinto sexo, que fue la reforma que se hizo aquí en el Senado, en el Gobierno Zapatero... Perdonen, pero es que me acabo de acordar de Pedro Zerolo, y me parece injusto seguir hablando de esto sin manifestar mi cariño por él, que fue el que más se lo curró, sinceramente. Todavía lo recuerdo. Estaba ahí cuando tuve el honor de ser ponente, y durante años siempre explicaba que al casar a la gente, sean del mismo o distinto sexo, las madres tienen la misma cara. Todas estaban sonrientes. Era una manera de explicar a la gente por qué apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Les pido disculpas y cierro el paréntesis.

Lo que intento decir es que se explique el artículo 44 y después el 66, el 67 y el 68 del Código Civil, y una vez explicados, expliquen los artículos constitucionales, sobre todo el 14, el de la igualdad respecto a las responsabilidades de los cónyuges. A mí no me parece mal —y esto es una discrepancia que mantengo, dicho sea con todo respeto, con el amigo y colega señor Iglesias— que dé fe de una manifestación de voluntad no solo el secretario judicial, no me parece mal que la pueda dar un notario o un registrador, no tengo ningún inconveniente, pero sí es cierto que, en cualquier caso, no es verdad lo que dijo el ministro en su discurso de que esta ley iba a generar menos coste para la ciudadanía. Eso no es posible, no es posible, porque es como explicar la cuadratura del círculo. Si usted va a un notario o a un registrador, eso le cuesta. Ahora, no me teoricen, que cuando van a un juzgado o a un ayuntamiento también les cuesta; no me teoricen eso, porque no hay punto de comparación entre una cosa y la otra —y estoy mirando a la cara a un alcalde—, no hay punto de comparación. Luego no es verdad que esto genere menos coste para los españoles; al contrario, esto genera más coste para los españoles; eso en primer lugar.

En segundo lugar, aquí no hay prejuicios, lo que hay es un análisis del texto, y cuando se lee el texto se observa que entre el preámbulo y el articulado hay una contradicción: el preámbulo dice alternatividad y el texto no lo garantiza. Yo les sugiero a ustedes lo siguiente: puede haber un artículo cercano al primero que diga: en cualquiera de los procedimientos, siempre que no haya reconocimiento de derechos subjetivos —entonces hace falta que esté el juez— y siempre que no haya controversias —entonces hace falta que esté el juez—, en cualquiera de los procedimientos el ciudadano podrá escoger dónde llevar a cabo la satisfacción de ese interés, de esa afectividad, de ese derecho privado, en cualquiera de las posibilidades que tiene abiertas. Esa es una cláusula general por la que optaba el modelo del año 2006 y que aquí no está; aquí va por cada uno de los supuestos.

Segunda sugerencia que les hago: ¿por qué no plantear que en todos los procedimientos donde haya controversia haya garantía de abogado? Les digo más, aunque se prevea la posibilidad de la justicia gratuita para quien vaya al registrador o al notario, habrá que pagarlo. Luego, más costes. Estoy hablando del ámbito de lo que no es personal jurisdicente, es decir de la traslación competencial al secretario judicial, que era el modelo del año 2006, que es el que plantea el Consejo de Europa, el que plantean los dos libros blancos y el que plantea el pacto de Estado del año 2001, que reafirmaron en 2003 y en 2009 el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista cuando reformaron el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno a la oficina judicial, dotando de más competencias a los secretarios judiciales.

En tercer lugar, señor Cuevas, con todo cariño y respeto, no espete usted a los portavoces de los grupos que son senadores y que están en una Cámara política, que es un Parlamento, que estén aquí haciendo política, porque si no hacen política aquí, ¿qué van a hacer? ¿Calceta o capar a las abejas? Lo que están haciendo aquí es política, según sus posiciones y sus análisis en torno al modelo de justicia;



lo que están haciendo es política. Si usted lo que quería decir era: no haga partidismo sectario, entonces es una expresión distinta y entonces veamos quién hace sectarismo partidista, es decir quién se plantea una propuesta que no genere más costes a la ciudadanía —repito lo de los aranceles—; quién se plantea la alternatividad para que libérrimamente decida el ciudadano si quiere ir al registrador, si quiere ir al notario o si quiere ir al secretario judicial, o incluso quién se plantea la garantía en ese procedimiento monitorial ante el notario en las deudas no contradichas y quién se plantea la garantía para que tenga la presencia de ese abogado.

Les digo incluso más, cuando se dice en el preámbulo que es un texto que llega con el consenso de los profesionales, les manifiesto que hasta hoy a última hora hemos estado hablando con sus representantes, y a excepción de un grupo de funcionarios, todos ellos absolutamente dignísimos y cualificadísimos, no hay tal consenso. No es verdad, están permanentemente manifestándolo. Nosotros no planteamos ningún tipo de conflicto corporativo entre unos y otros, cuestionándonos unos u otros o jerarquizando unos u otros. Eso, permítame que se lo diga con todo el cariño, no lo ha dicho nadie aquí. Nosotros lo que estamos diciendo, sinceramente, es que el modelo que plantea el Consejo de Europa es trasladar los asuntos de carácter administrativo del juez al secretario y que esté, sobre todo, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, que garantiza esa imparcialidad. Los otros servidores públicos —fíjese que sigo usando el concepto de servidores públicos, que me parece un concepto muchísimo más digno— son cualificadísimos y dignísimos, pero su función es distinta. Yo no estoy ahora jerarquizando quién está más cualificado, si el secretario judicial, el juez, el registrador o el notario. Eso no lo ha dicho nadie, todos piden su cualificación, pero la función institucional, el anclaje constitucional es distinto, la función es distinta, la tarea es distinta, y el tercero imparcial, le insisto, es en el ámbito de la Administración de Justicia.

Nuestro planteamiento es situar la mayor parte del grueso competencial en el secretario judicial y que los registradores tengan su ámbito competencial en lo que no supone evaluación jurídica; que el negocio que se ha fraguado antes llegue al registro y si no hay ninguna pega, lo registra y si tiene alguna pega o algún obstáculo, pues no lo registra. Pero su ámbito es el de la hipoteca, es el ámbito societario, no es el de los derechos personales, porque estamos hablando de la efectividad de derechos privados, de ámbitos muy privados, y como estamos hablando de ámbitos privadísimos hay que permitir que sea el ciudadano el que escoja un tipo de relación con el notario de donde vive, con el registrador o con el secretario judicial, pero que sea el propio ciudadano el que escoja. Me parece que ese es un discurso perfectamente admisible por todos y estaba en el texto de los libros blancos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Europa y del Pacto de Estado del año 2001, como he reiterado varias veces, y estaba en el texto que mandó el Gobierno de Zapatero en el año 2006 al Congreso de los Diputados.

¿Cuál es nuestro argumento central? Que siendo un texto que todos califican de técnico —la palabra técnica es de origen griego y quiere decir arte, el arte de resolver situaciones de las personas, no tiene mayor trascendencia—, siendo un texto técnico, tiene una gran trascendencia en la vida privada, en la vida familiar de los españoles, y no se pueden abordar las cosas sin medir las consecuencias: que generan más costo para la ciudadanía; perturbación de nuestro sistema jurídico, porque la función del registrador no es hacer evaluaciones jurídicas, no es participar en el negocio jurídico, sino registrar el negocio que efectivamente se ha hecho.

Luego hay una cosa que no entiendo, se lo he preguntado a usted en privado y vuelvo ahora a preguntárselo en público. ¿Me podrían explicar esa vacatio legis hasta el año 2017 para los notarios? ¿Tiene alguien algún argumento?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe, por favor.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Porque si el argumento es que va a haber reformas de futuras leyes, prevéase tal cosa, pero carece de sentido decir que hasta el año 2017 no puede desempeñar las tareas que prevé el propio ordenamiento.

Nada más, presidente, y gracias por los treinta y seis segundos de más. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador señor Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente, voy a ser breve.

Principalmente quiero agradecer a los grupos políticos que han anunciado que no van a apoyar los vetos, porque supone un apoyo a que siga adelante la tramitación de la ley, a que siga adelante una ley que estamos convencidos de que va a ser buena para los ciudadanos y que, por lo tanto, va a ser buena para todos.

Es una ley que además está contando con el máximo consenso —lo han señalado varios portavoces—. Hasta última hora hemos estado intentando llegar a transacciones. Ya se hizo una gran labor de aceptación de enmiendas en el Congreso y se hace ahora en el Senado, por lo que estamos convencidos de que mejorará el resultado final de este proyecto de ley, que tiene como objetivo final servir al ciudadano, y como objetivo secundario y no menos importante centrar a los jueces en aquello para lo que están. La Constitución dice que los jueces están para juzgar y para hacer cumplir lo juzgado, y eso es lo que queremos, lo que marcan todas las recomendaciones y lo que busca también este proyecto de ley: que el juez se centre en su trabajo, no solo por economía de medios, que también, sino porque es lo justo y lo razonable.

Una vez dicho esto, muy brevemente me referiré a algunos portavoces que han intervenido.

Senadora Capella, me da pena que se quede con ganas de presentar vetos. Se han presentado tantos, que por uno más no habría habido grandes diferencias. Por lo tanto, puede usted seguir vetando con calma y tranquilidad.

El senador Iglesias me dice que no le he convencido. Ni él a mí, y además estoy muy contento de que ninguno nos convenzamos y los dos sigamos hablando y sigamos teniendo la capacidad de dialogar, incluso aunque no nos convenzamos; esa es la gran virtud y el gran mérito de la democracia y por lo que estamos aquí todos nosotros.

El portavoz del Grupo Vasco ha mostrado una preocupación que nos une a todos: la mejora de la calidad de la justicia. Efectivamente, tiene usted mucha razón. Seguramente el gran problema que tiene la justicia es la falta de calidad en la atención al ciudadano, principalmente no solo por los retrasos, sino por más cosas. Esta ley forma parte de un gran catálogo de medidas que intenta mejorar la calidad en la Administración de Justicia. Queremos el consenso y queremos buscar la mejora en la calidad de la justicia. Considero que el Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria avanza en ese sentido.

El senador Saura señala que todos están en contra de cómo evoluciona la justicia y lee algunas declaraciones, muchas de ellas hechas por colectivos en el fragor de ciertas batallas; pero, en el fragor de la batalla, todos decimos cosas. Yo no creo que todo el mundo esté en contra de cómo ha funcionado la justicia en estos cuatro años. Tiene usted razón cuando dice que hay gente que ha mostrado sus discrepancias; las respetamos, pero estamos haciendo lo posible y vamos a seguir haciéndolo.

A la senadora Rieradevall le agradezco que haya entrado en temas técnicos; es decir, que nos dejemos de apriorismos, nos dejemos ya de juzgar a las cosas por su envoltorio y entremos en aspectos concretos. Vamos a hacer lo que podamos para aceptar algunas enmiendas, vamos a transaccionar las que podamos y es bueno que hablemos de cosas concretas y no hagamos prejuicios, como, una vez más, ha hecho el senador Díaz Tejera.

Ha dicho usted que va a haber que pagar por ir al notario. Mucha gente paga por ir al ayuntamiento a que le casen; muchos ayuntamientos tienen tasas tan elevadas como cualquier notario. El hecho de que exista una tasa no es algo que impida a nadie elegir y, en todo caso, con el ejemplo que usted me ha puesto, usted podrá casarse —bueno, usted no. No lo sé; también usted, si quiere más adelante. (Risas)— podremos todos casarnos cuando queramos, si es que somos capaces de ello, y donde queramos: ante el notario, ante el juez, ante el secretario o ante nuestro concejal preferido; hay una libertad plena de elección. Y, aunque usted diga que no, yo sí creo que el Partido Socialista se alinea con tesis radicales y que no son razonables.

Ha tenido usted la osadía de defender su propio proyecto de ley, el del año 2015, del que hace un rato ha dicho que era deslavazado, que hubo que retirarlo porque quedó —como ha dicho usted— con patas de cangrejo y cuello de jirafa —no recuerdo exactamente los animales que ha mencionado—. Usted mismo ha dicho que el proyecto quedaba deslavazado. Por cierto, siguieron más años en el Gobierno y fueron incapaces de presentar ningún otro, así que vamos a compartir culpas: hemos tenido quince años de retraso en la ley, ustedes presentaron un proyecto que tuvieron que retirar porque era una mezcla de animales; después estuvieron varios años sin presentar ninguno, y ahora creo que es una irresponsabilidad presentar un veto a este proyecto de ley. Yo entiendo que ustedes lo enmienden, entiendo que ustedes quieran aportar mejoras, pero no entiendo que veten un proyecto que bebe del acuerdo de la justicia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que bebe del libro blanco, que bebe en buena medida de la ley que ustedes propusieron, que aporta novedades y que es un proyecto de ley para una justicia del siglo XXI. A lo mejor a ustedes les gusta más la justicia del siglo XIX, viendo la gente con la que pactan últimamente, a lo mejor les gusta la política del siglo XIX y a lo mejor también les gusta la justicia del XIX. Nosotros queremos una justicia del siglo XXI, y en ello estamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.



LECTURA ÚNICA

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación) 621/000126

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder, en primer lugar, a la votación del Proyecto de Ley del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Ha habido utilización de la votación telemática por parte de la senadora Cunyat, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y ha emitido su voto afirmativo al convenio, con lo cual lo añadiré a la votación que celebremos ahora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 231 más 1 voto telemático, 232; a favor, 224 más 1 voto telemático, 225; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (Aplausos).



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. (Continuación). 621/000119 Justicia

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las propuestas de veto del Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria.

Ha habido utilización también de la votación telemática por parte de la senadora Cunyat para las cuatro propuestas de veto, y se abstiene en las cuatro.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 229 más 1 voto telemático, 230; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 15 más 1 voto telemático, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 227 más 1 voto telemático, 228; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 15 más 1 voto telemático, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231, más 1 voto telemático, 232; votos emitidos, 229, más un voto telemático, 230; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 16, más 1 voto telemático, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232, más 1 telemático, 233; votos emitidos, 230, más 1 telemático, 231; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 15, más 1 voto telemático, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, las enmiendas 12 a 139 y 141 a 153, que han presentado los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

Espere un momento, senador Iglesias. Señorías, por favor, guarden silencio.

Cuando quiera, señoría, puede empezar.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Señorías, el senador Mariscal y yo mismo hemos presentado 142 enmiendas —una de ellas fue retirada y sobre otra se ha alcanzado un acuerdo transaccional—. Son fácilmente agrupables en bloques estas enmiendas. Por lo tanto, haré una descripción de estos bloques de forma somera.

Enmiendas al articulado. Un primer bloque plantea una definición de expedientes sin conflicto, materia de la que es objeto este proyecto, entendiendo por tales aquellos que, estando legalmente previstos, requieran la intervención de la Administración de Justicia para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. En base a esta definición se plantea que a lo largo de todo el proyecto —en los títulos, en los capítulos, en los artículos— se sustituya la expresión «expedientes de jurisdicción voluntaria» por la expresión «expedientes sin conflicto».

Otro paquete de enmiendas sustituye la atribución de competencia al juez que realiza el proyecto por la concesión de la competencia al secretario en la totalidad de los expedientes, con la salvedad de aquellos que ya se regulan de esta forma en el proyecto y de aquellos otros en los que se plantea el derecho a la imagen de los menores y la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones. La atribución de competencias al secretario sería para el conjunto de la tramitación de los expedientes —inicio del mismo, acumulación en el caso en que proceda, apreciación de la competencia, examen de la existencia de efectos y omisiones, admisión de la solicitud, práctica de pruebas, celebración de comparecencias y la resolución por decreto—. Como ya avanzaba en la defensa del veto, en estos casos se establecería un recurso de revisión frente al decreto promulgado por el secretario, del que conocería el juez.

Un tercer bloque amplía la declaración como no preceptiva de la intervención de letrado y procurador.

En relación con las disposiciones, con nuestras enmiendas defendemos la supresión de la disposición adicional cuarta, la que fija que en tres meses el Gobierno aprobará nuevos aranceles para reflejar la remuneración de las nuevas competencias atribuidas a notarios y registradores —por tanto, sí va a haber retribución—.

Mediante otras enmiendas planteamos modificaciones de la disposición final primera, en primer lugar, para excluir la posibilidad de que los notarios tramiten separaciones de mutuo acuerdo en reconciliaciones o divorcios. No hay discrepancia frente a lo que manifestaba mi buen amigo y compañero, el senador Arcadio Díaz Tejera, en el sentido de que sí aceptamos que los notarios casen —incluso vestidos de Elvis Presley si les pagan lo suficiente y ellos están de acuerdo—, pueden recibir el consentimiento de los cónyuges, lo que no pueden es disolver el matrimonio. En segundo lugar, para que los notarios no instruyan el expediente matrimonial. Sí planteamos por contra que se incorpore a los secretarios de ayuntamiento con capacidad para desarrollar esta función. Y, coherentemente con la visión que tenemos del proyecto y con las enmiendas que hemos formulado al articulado, planteamos otro paquete de modificaciones de los artículos del Código Civil.

En relación con la disposición final cuarta, que hace referencia a la modificación de la Ley del registro civil, de nuevo enmendamos para excluir que los notarios extiendan el certificado de capacidad matrimonial.

Con otra enmienda defendemos la supresión de la disposición final quinta.bis, que vuelve a hablar del arancel de los notarios en estas nuevas competencias.

Con respecto a la disposición final quinta, que modifica la Ley 24/1992, en lo que hace referencia a los matrimonios de carácter evangélico, judaicos o islámicos, enmendamos para excluir igualmente la participación de los notarios en la instrucción de los expedientes matrimoniales, incorporando, por contra, la posibilidad de que esta competencia la asuman los secretarios de ayuntamiento.

También modificamos la disposición final decimoprimera, que modifica la Ley del notariado, y con tres enmiendas planteamos tres nuevas disposiciones finales: una, en cuanto a la adaptación del articulado del Código Civil a las reformas que planteamos de los contenidos del proyecto de ley mediante nuestras enmiendas, y otra, en relación con la Ley de enjuiciamiento civil y el Real decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, fundamentalmente en todo lo que hace referencia a las competencias en la materia.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas 1 a 11, del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Capella i Farré.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Las enmiendas que presentamos se refieren todas ellas a la necesidad de incorporar como preceptiva la intervención de abogado y procurador, porque consideramos en cada uno de los puntos que enmendamos y solicitamos que sea preceptivo que son aspectos importantes en la vida de las personas y que afectan al ejercicio de derechos fundamentales. Por tanto, pedimos que se modifique el artículo 23 y se incorpore la intervención preceptiva de abogado y procurador en la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial.

La mera existencia de derechos de menores o personas con capacidad judicialmente cumplimentada y las situaciones de conflicto de intereses o de otro tipo que se plantean en los supuestos indicados en nuestra enmienda exigen su defensa garantista, haciendo en consecuencia preceptiva la intervención de abogado y procurador. En el mismo sentido, cuando hablamos de remoción del tutor o curador, es decir, si se quiere evitar la confrontación o litigio contradictorio, debe garantizarse que el interesado esté defendido con las garantías exigibles desde el inicio del procedimiento. Igual en la constitución del patrimonio protegido de personas con discapacidad y otras actividades relacionadas con el mismo, es decir, evidentemente, es necesaria la intervención en defensa de los intereses de la persona sometida a declaración de incapacidad para que pueda ser defendida. Asimismo incorporamos una enmienda de modificación relativa a la necesidad de que sea preceptiva la intervención de abogado y procurador para aquellos supuestos que suscitan cuestiones que afectan a menores o a personas con capacidad modificada. Asimismo, en los supuestos de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, constitución de gravamen u otros que se refieren a los bienes y derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

El proyecto excluye la intervención preceptiva para aquellos supuestos cuyo valor del acto para el que se inste el expediente no suponga los 6000 euros. Consideramos que no debe haber límites a tal intervención por las cuestiones que también planteamos en la justificación de la enmienda. Igualmente ocurre respecto al apartado 4 del artículo 68, en lo referido a los expedientes de declaración de ausencia legal y de declaración de fallecimiento, así como para el supuesto de dispensa de impedimento matrimonial y también en lo que afecta a la transcendencia de los derechos de la persona, en definitiva, la necesidad de ejercer la defensa con todas las garantías.

En ese mismo sentido, en materia de expedientes de intervención judicial, en relación con la patria potestad y en caso de desacuerdo en su ejercicio, estimamos necesaria la intervención preceptiva de abogado y procurador.

Finalmente, también consideramos necesaria la intervención de abogado y procurador en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de los bienes conyugales porque de esta manera se garantiza el derecho de defensa en la tutela judicial efectiva. Es verdad que no se prohíbe acudir con abogado y procurador. El hecho de que no sea preceptiva, como decíamos en la defensa del voto favorable de los vetos presentados por otros grupos parlamentarios, está fomentando esta justicia dual, a la que algunos acceden en defensa de sus intereses y de sus derechos legítimos con todas las garantías y otros no porque, al no ser preceptiva la intervención letrada de abogado y procurador, es evidente que tampoco tienen derecho a que se les sea asignados por el turno de oficio.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.

Nosotros presentamos dos enmiendas, la 154 y la 155. En lo que respecta a esta segunda, a la 155, entendemos que será aceptada tras la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular. En ese sentido, únicamente me referiré a la 154.

La enmienda 154 es la correspondiente al artículo 45, que está dentro de la tutela y la curatela. Entendemos que el texto que proponemos mejora y que también tiene en cuenta tanto a las entidades tutelares autonómicas como, en su caso, a las forales con competencia en la materia. Pedimos al grupo mayoritario que atienda esta enmienda porque mejora el texto en este Estado con diferentes comunidades autónomas y sus correspondientes competencias.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Doy por defendidas todas las enmiendas de los senadores de la Entesa pel Progrés de Catalunya, tanto las de los senadores Guillot y Saura como las de los senadores del PSC. En todo caso, lo que haré será defenderlas desde un punto de vista mucho más global.

Este proyecto de ley demuestra nuevamente que, en la mayoría de los casos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular legislan de una manera absolutamente improvisada y dando palos de ciego. Un ejemplo claro de ello es, sin ir más lejos, lo que pasó en el Pleno pasado con la ley de nacionalización de los sefardís. Esta ley es otra prueba de lo que estamos diciendo. En el Congreso se autoenmendaron, pues el Grupo Parlamentario Popular presentó casi un centenar de enmiendas a su propio texto —un texto aprobado por el Gobierno—. Eso quiere decir que presentaron las mismas enmiendas que, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista, y muchas más que el resto de grupos, a excepción de Izquierda Unida, que presentó algunas más —no muchas más— que el Grupo Parlamentario Popular. Esto es legítimo, no tengo nada que decir al respecto, simplemente quiero ponerlo de relieve pues demuestra claramente que en muchos casos el Gobierno legisla sin criterios claros y sin rumbo. Además, tal y como hemos dicho en numerosas ocasiones, los cambios que se introducen a través de estas enmiendas hacen imposible trabajar al resto de grupos parlamentarios en un texto concreto, conocido y real.

Como les decía, doy por defendidas todas las enmiendas que hemos presentado y únicamente voy a exponer sus grandes líneas y las razones que las han motivado, todas ellas en concordancia con el veto que hemos defendido en el turno anterior.

En primer lugar, hemos presentado un grupo de enmiendas que pretenden trasladar al articulado los objetivos expuestos en el preámbulo, que —como decíamos en la defensa del veto— compartimos en gran medida pero no se reflejan en absoluto en el texto del proyecto de ley. En segundo lugar, hacemos referencia al Pacto de Estado para la reforma de la justicia de mayo de 2001 y dejamos claro que no nos hemos movido, que estamos donde estábamos en el año 2001 y que ha sido el Grupo Parlamentario Popular el que de forma unilateral ha cambiado de posición. En tercer lugar, defendemos las recomendaciones del Consejo de Europa y del Consejo General del Poder Judicial para mantener los procesos de jurisdicción voluntaria dentro del ámbito de la Administración de Justicia y, por lo tanto, estamos contra de la externalización de operadores extrajudiciales. Asimismo, consideramos necesario mantener y asegurar en todo caso el principio de alternabilidad, es decir, no cerrar la puerta y permitir que el ciudadano que quiera pueda seguir optando entre acudir al juez o al secretario judicial. En cuarto lugar, hemos presentado otro grupo de enmiendas claramente destinadas a la defensa del artículo 24.1 de la Constitución española, referido al derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva. En quinto lugar, otro bloque de enmiendas, encaminadas a la defensa, promoción y garantía de la justicia como servicio público esencial. En sexto lugar, enmiendas encaminadas a corregir las desigualdades entre los ciudadanos —desigualdades que condena este proyecto de ley—. Y, finalmente, en séptimo lugar, defendemos el interés general por encima de los intereses de determinados grupos, en este caso, de los notarios y registradores y que en otros proyectos de ley son otros los colectivos claramente beneficiados por las medidas gubernamentales.

Estas son, señorías, las grandes líneas que han inspirado todas las enmiendas de los senadores del Grup de la Entesa pel Progrés de Catalunya.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo ha presentado un total de 90 enmiendas: 23 de supresión, 10 de adición, 1 de sustitución y 55 de modificación. He agrupado algunas de ellas para no extenderme demasiado.

Un grupo de nuestras enmiendas trata de limitar la ampliación en la elección de notario. El proyecto de ley recoge muchos puntos de conexión para que distintos notarios puedan intervenir, cosa que consideramos puede atentar contra la seguridad jurídica e, incluso, conculcar el artículo 93 de la Constitución. Por lo tanto, presentamos algunas enmiendas para evitar esta ampliación de puntos de conexión a la hora de determinar la competencia, lo cual tiene una vis atractiva hacia las grandes capitales y perjudica a aquellas zonas en las que es muy importante que exista una notaría. Defendemos una concepción territorial que no concentre todo en las grandes capitales, porque es necesaria una distribución territorial de las notarías acorde y que a esas notarías se les dé un mínimo de trabajo preestablecido en expedientes y procedimientos en los que deberían poder intervenir.

Hay un conjunto de enmiendas que pretenden garantizar la intervención de abogados y procuradores en una serie de procedimientos.

Otro bloque de enmiendas se refiere a los jueces de paz y con ellas se pretende recuperar el papel de los juzgados de paz en la conciliación y en todo tipo de materias. Debemos poner en valor estos juzgados que se caracterizan por la proximidad a la ciudadanía. Concretamente, respecto al título IX, De la conciliación, la enmienda 179 añade como competente al juez de paz —además del secretario— para la presentación, tramitación y celebración del acto de conciliación, así como una mejora técnica respecto a la aportación de documentos.

Con la enmienda 176 se pretende, por una parte, recuperar el papel de los juzgados de paz en la conciliación y en todo tipo de materias. Por otra parte, donde no hay Juzgado de Paz, el Juzgado de Primera Instancia es el juzgado de la población del conciliado, donde debería celebrarse la conciliación. Ello es coherente con el principio de proximidad de la justicia y con la reivindicación de la resolución alternativa de conflictos.

Mediante la enmienda 180 se elimina el inciso en el que se dice que el desarrollo de la comparecencia se grabará, puesto que es irrelevante el contenido literal de las conversaciones que mantengan las partes y el secretario judicial o el juez de paz con la finalidad de alcanzar un acuerdo. Por tanto, es innecesaria la grabación audiovisual. Por otra parte, ello dificultaría o impediría que las partes se expresaran sin reservas por temor de que luego pudiera perjudicarles en un ulterior juicio o en caso de que no se produjera avenencia. También hay que tener en cuenta que muchos juzgados de paz carecen de medios audiovisuales para la grabación, con lo cual, en caso de establecerse como preceptiva esta grabación, tendríamos un problema adicional.

La enmienda 181 versa sobre la competencia en la ejecución. Consideramos que debería corresponder al mismo juzgado que tramitó la conciliación cuando se trate de asuntos de la competencia del propio juzgado. En los demás casos sería competente para la ejecución el Juzgado de Primera Instancia o Mercantil a quien hubiere correspondido para conocer de la demanda.

Mediante la enmienda 184 se modificaría la disposición final decimonovena, con el objetivo de regular la gratuidad de determinados expedientes notariales y registrales. De conformidad con las prescripciones legales contenidas en la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, consideramos que la facultad que el presente proyecto de ley otorga a los colegios notariales o registros para verificar y valorar la acreditación de los requisitos para obtener algunos beneficios y prestaciones de la Ley de justicia gratuita vulnera el sistema de tramitación que articula dicha ley para el reconocimiento de este derecho.

Por lo que se refiere a la intervención del notario o secretario en separaciones de mutuo acuerdo, hemos presentado enmiendas de modificación a los apartados de la disposición final primera, donde se regula. Con las enmiendas 185 a 187 pretendemos la eliminación en los preceptos de las referencias a la disolución del matrimonio por otorgamiento de escritura notarial. En la atribución al notario del control de los convenios reguladores de separación y divorcio consideramos adecuado, en este caso, mantener la competencia del juez, aun cuando sea respecto a aquellos en los que haya mutuo acuerdo.

Con la enmienda 195 se deja claro que cada cónyuge ha de ser asistido por su letrado en el momento de otorgamiento de la escritura pública.

Proponemos en la enmienda 196 excepcionar el pago del impuesto sobre actos jurídicos y documentados de las actas notariales o decretos de los secretarios judiciales para asimilar la fiscalidad de la escritura pública de separación matrimonial o divorcio a la sentencia o decreto de separación o divorcio y así evitar asimetrías fiscales por el simple hecho de que el consentimiento se preste ante notario o ante un secretario judicial.

Mediante la enmienda 188 se propone eliminar la referencia que se hace en el proyecto al derecho internacional privado español en la norma aplicable en la separación y divorcio, ya que en esta materia el Reglamento UE 1259/2010, del Consejo, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, tiene efectos erga omnes.

La enmienda 189, que ha sido transaccionada, se formula para que exista coherencia normativa. Propone añadir un nuevo apartado a la disposición final primera y suprime el inciso «sin ulterior recurso» del artículo 156 del Código Civil, dado que el artículo 88 no excluye el recurso de apelación. Por lo tanto, consideramos que cabe recurso de apelación y, gracias a esta transacción, así va a ser.

Por lo que se refiere al juzgado competente para el proceso de divorcio y separación, mediante la enmienda 191 proponemos añadir el criterio de competencia territorial establecido en el Reglamento UE/2201/2003 cuando los puntos de conexión previstos en el artículo 769 de la ley no se cumplan.

Asimismo hemos presentado un conjunto de enmiendas a los expedientes de jurisdicción voluntaria, enmiendas que van de la 200 a la 207. En ellas proponemos incluir las normas de derecho internacional, a las que el proyecto no hace la debida referencia para los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales.

Proponemos incluir en cuanto a la inscripción en registros públicos las salvedades de las normas de derecho internacional y de la Unión Europea, a las que entendemos que el proyecto tampoco hace la debida referencia.

Y por lo que a la incoación del expediente se refiere, consideramos que resulta necesario suprimir el inciso que exonera a quien acuda sin abogado de concretar la fundamentación jurídica de lo solicitado, puesto que es una cuestión de seguridad jurídica.

Por lo que a la celebración de la comparecencia se refiere, con el fin de dar la posibilidad de que el solicitante conozca los motivos de oposición con antelación para poder preparar la comparecencia y evitar inútiles pruebas y suspensiones, se propone que no se realice a través del trámite de juicio verbal sino del que está previsto a tal efecto en la ley, que actualmente se encuentra en tramitación, y se pueda dar un trámite específico de contestación a la demanda por escrito.

Proponemos en cuanto a la caducidad del expediente ampliar el plazo de tres meses a un año en consonancia con el plazo más breve para la caducidad en la instancia. Finalmente hemos transaccionado que, en vez de ampliarse de tres meses a un año, sea de seis meses. Considerábamos que era mejor doce meses, no obstante el acuerdo es mejor que si se quedara en tres meses.

Nuestra enmienda 214 propone, por lo que a la adopción se refiere, que el recurso de apelación que se presente contra el auto de adopción tenga efectos suspensivos, ya que así se evitaría la inscripción de una adopción que luego pudiera ser revocada.

Por último quiero agradecer al senador Cuevas su buena predisposición para transaccionar ocho enmiendas, de las cuales finalmente se han transaccionado siete. Nos gustaría haber podido hacerlo con más enmiendas y también que se acepten las que quedan pendientes.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista no cuestiona la necesidad de que se aborde la reforma de la regulación de la jurisdicción voluntaria, al contrario, lo señalamos en nuestra propuesta de veto, donde el senador Díaz Tejera lo defendió claramente. Ahora reiteramos la necesidad de que se apruebe un texto, que, en nuestra opinión, es fundamental, es básico para contribuir a la modernización de un ámbito de nuestro ordenamiento jurídico de singular importancia por la cotidianidad de los asuntos que se tratan, por la importancia que la resolución de muchos expedientes tienen para la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y a pesar de que en este texto que se remite se nos presentan unos planteamientos que van en la línea de dar coherencia sistemática a la regulación, de racionalizar el sistema y de hacerlo con el máximo consenso, este proyecto de ley que hoy trae el Gobierno fracasa prácticamente en todos estos objetivos: fracasa en el acuerdo; fracasa en el consenso de los operadores jurídicos; fracasa también en puntos esenciales como la sistemática coherencia necesaria en estos expedientes de jurisdicción voluntaria; y fracasa en un punto que es fundamental, como es la racionalización de la jurisdicción voluntaria, cuando plantea la desjudicialización radical de una buena parte de estos expedientes, cuya tramitación y resolución se atribuye prácticamente en exclusiva a notarios y registradores. Lo recogían aquí muy bien portavoces anteriores, y es que lo que nos deberíamos plantear con este proyecto de ley es a quién beneficia y a quién perjudica, porque si analizamos a quién beneficia constatamos que es a un pequeño colectivo, precisamente al de registradores y notarios, al que el Gobierno, manifiestamente, contribuye a atribuirle en exclusiva una gran parte de los expedientes que con alternatividad deberían llevar adelante los secretarios judiciales; y perjudica, señorías, y lo hace gravemente, a una gran mayoría de los ciudadanos que se ven obligados a tener que acudir exclusivamente a notarios y registradores para poder llevar adelante estos asuntos que son, reitero, cotidianos y fundamentales para la vida de una gran mayoría de los ciudadanos de este país.

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta un conjunto de enmiendas a este Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria, las que van del número 576 a la 766, casi 200. Se trata de enmiendas que quiero dar por defendidas, aunque quiero hacer una determinada referencia a unos puntos que consideramos de especial trascendencia.

En primer lugar, gran parte de las enmiendas socialistas a este proyecto de ley se han centrado en asegurar la tesis de la alternatividad en los procesos de jurisdicción voluntaria que trata esta ley y, en consecuencia, que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir y, por lo tanto, de decidir acudir a uno u otro profesional, siendo posible, por lo tanto, con esta alternatividad, que los ciudadanos elijan como ellos mejor vean conveniente, sin necesidad de que con exclusividad sean notarios y registradores, y que mediante pago se les imponga que resuelvan muchos de estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Esto fue siempre, como bien señaló el senador Arcadio, lo que defendió el proyecto socialista, que no llegó a aprobarse en su momento, pero que con la necesaria coherencia que tuvimos entonces ponemos de manifiesto ahora para que nuevamente, con esta tesis de alternatividad que consideramos fundamental, se asegure la tutela judicial efectiva de los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, pero también para erradicar los intentos de privatización de la justicia que con este proyecto de ley se pretende por parte del Gobierno y que solo conduce a acentuar la desigualdad de oportunidades.

Señorías, incorporar la alternatividad significa dar respuesta a las recomendaciones del Consejo de Europa, significa dar respuesta al Libro Blanco para la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, pero también al Pacto de Estado para la reforma de la justicia, que aconseja establecer las nuevas competencias atribuidas a notarios y registradores con alternatividad a los secretarios judiciales. Es evidente, señorías, que de no hacerse se estaría discriminando descaradamente a los secretarios judiciales, no reconociendo su prestigio actual e histórico, de cientos de años, con funciones que amplía la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en materia de jurisdicción voluntaria y conciliación, y sí vaciando de contenido sus funciones mediante encomienda a notarios y registradores, reitero que sin alternativa judicial, vulnerando así el derecho de los ciudadanos al servicio público de la justicia. Por ello la intervención del secretario judicial está garantizada constitucionalmente, por la posibilidad de intervención directa del juez o tribunal en los expedientes por vía de recursos. En último termino, se garantiza la función del secretario judicial por los jueces como garantes últimos de los derechos de las personas, reconocido por el artículo 117.4 de la Constitución española.

Otro gran conjunto de enmiendas que presentamos los socialistas van encaminadas a conseguir la igualdad entre las partes dentro de los asuntos que se tratan en este proyecto de ley.

Señorías, no es una cuestión menor garantizar la igualdad entre las partes. Lo que queremos decir con ello es que se incluya la preceptividad necesaria de abogado y procurador cuando aun en sede extrajudicial se produzca oposición. Con ello quiero hacer referencia a que, tras múltiples enmiendas que se presentaron en el Congreso de los Diputados, en las que la mayoría de grupos reclamaban esta necesidad de preceptividad de abogado y procurador en estos asuntos, el Grupo Popular ha tenido a bien incorporarlo en el artículo 3.2 del proyecto de ley. Lo que no entendemos es por qué en algunos de los asuntos, en algunos de los expedientes que se tratan en este proyecto de ley, el Grupo Popular, o en este caso el Gobierno, no acepta incluir, también en el caso de oposición, que se pueda establecer la preceptividad de abogado y de procurador.

Por la trascendencia que esto tiene, quiero hacer referencia a algunas de nuestras enmiendas, ya que sería conveniente incorporarlas para clarificar a los ciudadanos cuándo es necesario —lo tienen por justicia— que puedan acudir a un abogado y a un procurador de existir oposición, como es el caso en relación con la defensa del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. Esto viene recogido en el artículo 59.3 del proyecto de ley. O en relación con la declaración de ausencia y fallecimiento; o bien en relación con la patria potestad o con la consignación. Reitero que sería conveniente que este proyecto de ley se modificase en la medida de establecer fehacientemente que es posible que en el caso de oposición los ciudadanos puedan acudir con preceptividad a un abogado y a un procurador en caso de conflicto.

Pero donde quiero pararme con mayor detenimiento, porque este proyecto de ley sí lo excluye y, por tanto, no lo hace preceptivo, es en relación con la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones, cuando proceda. Esto hace referencia fundamentalmente a problemas de cumplimiento de obligaciones entre consumidores, artículo 97.2 de este proyecto de ley, en el que, reitero, no se incorpora como preceptivo abogado y procurador en el caso de que haya oposición y, por tanto, conflictividad entre las partes.

Por ello sería conveniente también en todos estos casos que se hiciera preceptivo que los ciudadanos pudieran acudir, por tanto, a abogado y procurador en el caso de oposición y conflictividad entre las partes.

Señorías, algunas de las enmiendas que también presentamos a este proyecto de ley van orientadas a corregir la atribución de determinados expedientes a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quizá por la queja que se viene haciendo por parte de distintos operadores se recoge aquí una en concreto, que es la que nosotros planteamos en nuestra enmienda 758, que propone la supresión de la reclamación notarial de deudas dinerarias que pudieran resultar no contradichas, esto es, en este proyecto de ley se instaura el procedimiento monitorio notarial en la medida en que supone un proceso alternativo al procedimiento monitorio judicial. No se alcanza a entender sobre qué base se les atribuye a los notarios la competencia en régimen de alternatividad de las reclamaciones de pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible.

Por ello planteamos esta enmienda, porque de no ser así, en nuestra opinión, el nuevo monitorio notarial evitará el control judicial de oficio en cuestiones de tal importancia como las cláusulas abusivas en contratos bancarios concertados con los ciudadanos, con la consiguiente indefensión al sustraer el contrato del que surge la deuda del control de los jueces de instancia, quienes están facultados y obligados a declarar de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas que puedan contener.

Como bien señala el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el procedimiento monitorio es declarativo, que por la naturaleza del tráfico jurídico y de las circunstancias presenta multitud de complejidades que evolucionan con el tiempo. Es un procedimiento, además, agresivo con el patrimonio del deudor, que se incardina en la función jurisdiccional recogida en el artículo 117.3 de la Constitución. Por lo tanto, no puede ser extraído del ámbito judicial y menos para unos operadores, los notarios, que no son autoridad pública. De no suprimirse de hecho este procedimiento monitorio notarial, las posibilidades de defensa del deudor ante este proceso ejecutivo son significativamente menores que si de un proceso declarativo se tratara. Es, por lo tanto, necesario que se suprima este procedimiento monitorio notarial y que se tenga a bien aceptar esta enmienda 758 que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista.

Otro grupo de enmiendas se encamina a dar coherencia sistemática a la regulación de la jurisdicción voluntaria. Consideramos que no existe un marco en el que sea posible establecer todos los expedientes de jurisdicción voluntaria y no autolimitarse a lo que se tramita ante órganos jurisdiccionales, dejando buena parte de los expedientes sin regular o haciéndolo en otros cuerpos normativos. De hecho, a través de disposiciones adicionales se modifican leyes tan importantes como el Código civil, la Ley del notariado, la Ley hipotecaria o la Ley de enjuiciamiento civil, lo que viene a no clarificar el texto del proyecto de ley que hoy se presenta en esta Cámara.

Por lo tanto, con el objetivo de que se aúnen, de que se agrupen en un único texto estos expedientes de jurisdicción voluntaria, ha de tenerse a bien incorporar muchas de las enmiendas que nosotros planteamos en este proyecto de ley a fin de que este se clarifique legalmente en materia de jurisdicción voluntaria.

Estas son las grandes líneas generales que presenta mi grupo parlamentario. Sin embargo, no puedo por menos que hacer referencia a las transaccionales presentadas por el Grupo Popular hace pocas horas. Señorías, no solamente en esta Cámara se debe hablar del fondo de este proyecto de ley. También es conveniente hablar de las formas, de los procedimientos que se deben utilizar en esta Cámara a la hora de traer los proyectos de ley. ¿Qué quiero decir? Que parece que es una práctica habitual que el Grupo Popular, de forma reiterada, se autoenmiende en los distintos proyectos de ley que pasan no solamente por esta Cámara, por el Senado, sino también por el Congreso de los Diputados. Y muestra de ello es este proyecto de ley. Quiero recordar que en el Congreso se presentaron más de 200 autoenmiendas por parte del Grupo Popular. Más de 20 adicionales se han incorporado en esta Cámara, en el Senado. Esto imposibilita que los distintos grupos parlamentarios podamos trabajar con la tranquilidad y el sosiego necesarios que conlleva este proyecto de ley que, reitero, es fundamental para la vida de una gran mayoría de los ciudadanos de este país. Por ello criticamos mucho las formas en las que el Grupo Popular viene aprobando y tramitando estos proyectos de ley sobre la base de autoenmiendas y transaccionales que se presentan en el último minuto en esta Cámara.

No puedo por menos, sin embargo, que hacer referencia a algunas de las enmiendas transaccionadas que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Algunas de ellas, de hecho, recogen enmiendas que previamente, en comisión, ni siquiera fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular y que ahora se presentan como transaccionales. Me refiero en concreto a la enmienda que inicialmente planteó el Grupo Parlamentario Popular, la 785, que sí se presentó en la sesión de la Comisión de Justicia de esta pasada semana pero que, sin embargo, ahora nos trae este mismo grupo como enmienda transaccional. Lo que viene a decir esta enmienda, fíjense, es que amplía con límites insospechados las facultades calificadoras de los registradores, lo que es claramente innecesario y, por tanto, la mayoría del resto de los grupos de la oposición no la ha aceptado.

Otro grupo de enmiendas transaccionadas que se presentan en esta Cámara son las relativas al artículo 53 sobre competencia, legitimación y postulación en relación con la solicitud de emancipación o de beneficio de mayoría de edad, en la que en la práctica de las actuaciones no sería preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, salvo que se formule oposición, en cuyo caso sí sería preceptivo. No es entendible por qué el Grupo Parlamentario Popular no ha querido aceptar esta última pequeña modificación, es decir, que fuese preceptivo abogado y procurador en caso de oposición en un tema que también consideramos de máxima importancia, como es la emancipación.

Otra transaccional a la que no puedo dejar de hacer referencia es la relativa al artículo 140.1. Nuestra posición ha sido muy clara. La competencia para conocer de los actos de conciliación se debe mantener en los juzgados de paz. Nuevamente aquí el Grupo Parlamentario Popular, encubriendo a través de una transaccional, quiere hacer ver que están apoyando el trabajo que realizan los juzgados de paz. Fíjense que únicamente con esta transaccional lo que se incorpora es que esta competencia para los juzgados de paz se realice para una cuantía de petición inferior a los 6000 euros. No es entendible por qué no se establece para cuantías superiores. Sería bueno que explicaran por qué fijan una transaccional cuando la cuantía de petición es inferior a 6000 euros y no una cantidad superior, que es lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular en una enmienda relativa precisamente a favorecer estos juzgados de paz en la tramitación de competencias de actos de conciliación.

Por último, señorías, este proyecto de ley no es la única muestra de cómo el Partido Popular viene legislando en estos últimos años; de hecho, lo vimos en Plenos anteriores de las Cámaras en los que se aprobaron reformas de proyectos de ley de suma importancia, como Ley hipotecaria, la Ley de catastro inmobiliario, la de concesión de nacionalidad a los sefardíes, etcétera, y lo vemos también en relación con este proyecto de ley, en el que claramente, como dije al inicio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular quiere beneficiar claramente a unos colectivos en detrimento de otros; beneficia claramente a los registradores y a los notarios, y nuestra pregunta es por qué con este proyecto de ley se les quiere beneficiar en exclusividad y, por el contrario, se perjudica muy gravemente al resto de los ciudadanos que, reitero, se ven obligados en numerosos expedientes a que con exclusividad tengan que acudir a notarios y registradores y que, por tanto, tengan que pagar los correspondientes aranceles.

Para finalizar, quisiera agradecer que en el último momento —estaba subiendo a esta tribuna— el Grupo Popular haya tenido a bien aceptar una de nuestras enmiendas. Insisto, agradezco que se haya tenido a bien aceptar esta enmienda transaccional, una enmienda que va en la línea —permítanme que la lea— de que el juez o secretario judicial, según quién sea el competente para el conocimiento del expediente, decida sobre la admisión de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés público si afecta a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estimen conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo prevea la ley. Por lo tanto, agradecemos que se haya tenido a bien aceptar esta transaccional.

Por último, no puedo finalizar sin señalar, como dije al principio, la necesidad de un texto que regule la jurisdicción voluntaria. Lo creemos profundamente. También creemos en la necesidad de que estos proyectos de ley de suma importancia sean textos acordados, texto consensuados no solamente por los operadores jurídicos, que son los que al fin y al cabo van a aplicar la ley, sino también por el resto de los grupos de la oposición, en este caso, en esta Cámara. Creemos también en la posibilidad de que se pueda alcanzar un texto, si no por unanimidad, sí con un amplio consenso, sin que finalmente, como viene ocurriendo en esta Cámara, se acabe imponiendo la voluntad de uno solo de los grupos, algo que lamentamos profundamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Popular.

Tiene la palabra el senador Cuevas Cuerda.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Con permiso de la Presidencia, voy a utilizar un solo turno para defender las enmiendas del Grupo Popular y para el turno en contra del resto de las enmiendas.

Nuestro grupo ha presentado un total de 21 enmiendas —que, por supuesto, doy por defendidas— que buscan mejorar, evidentemente, la calidad de esta ley y, además, dar sentido a lo que todos queremos que sea esta Cámara, una Cámara de segunda lectura que permita corregir errores, que permita, por ejemplo, como se ha hecho, ajustar la parte preliminar de la ley a las enmiendas que se han aceptado. Por tanto, sabemos que va a ser una mejora final de la calidad legislativa, que es algo muy importante.

En el turno en contra no voy a referirme a las nada menos que 800 enmiendas presentadas —hay 4 veces más enmiendas que disposiciones en esta ley—. Parecen muchas —y son muchas—, pero realmente la mayor parte de ellas solo son un trasunto de los vetos que se han presentado —lo han dicho algunos portavoces—. Efectivamente, los vetos, al final, se transforman en enmiendas para intentar acomodar la ley a esa negativa absoluta a su filosofía. Esto es normal, es razonable, y la mayor parte de las enmiendas tienen, como he dicho antes, un contenido claramente político en el sentido de que van contra la filosofía de la ley, es decir, contra la desjudicialización —que no privatización— de determinados expedientes. Esto es normal, pero quiero decir que en el Grupo Popular y en el Gobierno hemos hecho un gran esfuerzo para aceptar el mayor número de enmiendas posible. De hecho, hay una veintena de transaccionales —hemos aceptado enmiendas de Izquierda Unida, enmiendas de Entesa, enmiendas del Grupo Socialista— y, en total, se van a incorporar en torno a 30 enmiendas que mejorarán significativamente la ley. Por tanto, creo que entre todos conseguiremos tener una mejor Ley de jurisdicción voluntaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.

Intervengo únicamente para decir que en el turno de portavoces el representante del Grupo Popular mostraba su acuerdo con el diagnóstico que nosotros realizábamos, como es la baja calidad del servicio público de la justicia, tal y como lo percibe el ciudadano. También se nos comentaba que han sido más de 30 las enmiendas acordadas con los diferentes grupos, y se nos ha anunciado que faltan 10 proyectos de ley para trabajar en los próximos meses y lograr que la calidad de la justicia se incremente. Veamos cuál es la actitud. Todos los grupos que estamos en la Cámara hemos sentido y vivido durante la legislatura una cerrazón importante por parte del Grupo Popular. Ha habido proyectos en los cuales no se ha aceptado ninguna enmienda. Entiendo que la calidad de los parlamentarios y su inteligencia es la misma hoy que hace tres meses, es la misma cuando se aceptan 30 enmiendas que cuando no se acepta ninguna. Entiendo que la diferencia es la del interlocutor, la diferencia es la del receptor, que sobre la base de no sé qué políticas o no sé qué criterios a veces acepta una serie de enmiendas y otras veces no acepta ninguna. Si uno de los criterios es el consenso, si uno de los criterios es el acuerdo, háganse esfuerzos, porque no se trata de plantear unas horas previas al debate una serie de transaccionales y ponerlas encima de la mesa para llegar a un acuerdo.

Además, hemos asistido a un proceso y es la primera vez que yo vivo algo similar, y es que en el Pleno votemos enmiendas del Grupo Popular. Me encanta, pero esto quiere decir que había sus dudas en la Comisión de Justicia a la hora de abordar una serie de enmiendas o había elementos que no estaban claros.

Para finalizar, voy a poner encima de la mesa los datos que antes he comentado, los datos del Consejo General del Poder Judicial: los asuntos resueltos en todas las jurisdicciones en el año 2014 son inferiores a los del año 2013 y son inferiores a los del año 2011, con lo cual, a la hora de evaluar y valorar los objetivos que este Gobierno pretendió al inicio de la legislatura, vemos que es evidente que el resultado es negativo. Quedan pocos meses de legislatura, pero parece que el recorrido legislativo todavía es importante. Que sean las actitudes de consenso, de acuerdo, de escucha las que imperen para que la justicia vaya a mejor. Es verdad que en cuatro meses no se arregla nada. Esto es como en la universidad, que estudiando la víspera los resultados no son los apetecidos. Pero si somos capaces de mejorar los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y, en definitiva, de dar un mejor servicio a los ciudadanos, algo se habrá mejorado. Eso depende del grupo mayoritario, depende de ustedes.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Reitero los argumentos de mi grupo para exponer nuestra disconformidad con este proyecto de ley. Posiblemente la pregunta que no se ha contestado es a quién beneficia esta ley. Estamos convencidos de que al día siguiente de su aprobación ningún ciudadano ni ciudadana se beneficiará de esta ley, y la sociedad tampoco; se beneficiarán unos colectivos determinados que harán negocio sobre la base de materias que hoy por hoy forman parte del espacio público. Desde ese punto de vista, esta ley se enmarca dentro de una dinámica general de la política de justicia del Gobierno del Partido Popular que, como he repetido, tiene tres elementos fundamentales: limitar la independencia de la justicia, privatizarla y reducir los derechos de la ciudadanía en cuanto a la tutela judicial efectiva.

Por todas esas razones votaremos en contra. El anuncio de que tendremos un alud de nuevas iniciativas legislativas del Gobierno demuestra la inseguridad, la incapacidad y las limitaciones que hasta ahora ha tenido.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño.

Celebramos que se haya podido llegar a acuerdos en este proyecto de ley y esperemos que esta sea la tónica que impere en los próximos proyectos, pues desgraciadamente estamos acostumbrados a la soberbia parlamentaria que ha tenido esta mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular. Esperamos que en los próximos proyectos así sea. Lamentamos no haber podido alcanzar más acuerdos; de momento, con los alcanzados no podemos darnos por satisfechos en su totalidad y, por tanto, nos vamos a abstener en la votación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidenta. Con su venia.

Señoría, las novedades que aporta este texto en comparación con el anterior es que no respeta el criterio establecido por el Consejo de Europa ni el Pacto de Estado por la justicia del año 2001 ni los libros blancos —estoy haciendo un esfuerzo por hablar como los peninsulares— del Consejo General del Poder Judicial; tampoco lo que hicieron los gobiernos en los años 2003 y 2009 en relación con el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno a la oficina judicial y las competencias del secretario judicial. Por lo tanto, la novedad aquí es que desplaza la traslación inicialmente planeada para ubicar tareas de los jueces en los secretarios judiciales; las saca del ámbito de los secretarios judiciales y los ubica en los registradores y notarios. Esa es la novedad.

Segunda novedad, lo que antes era alternatividad y que la ciudadanía decidiera, ahora ustedes los ubican en registradores y notarios. Tercero, no es verdad que sea menos costoso, es más costoso. Cuarto, no tiene en cuenta la realidad del tiempo en que se va a aplicar. Le pongo el ejemplo de una fecha. El 15 de agosto de 2015 entra en vigor un reglamento comunitario que, como usted sabe, es una norma jurídica que tiene rango de ley, a pesar de su nombre, que regula el derecho sucesorio europeo; establece el certificado sucesorio con ámbito de aplicación en la Unión Europea.



Eso no se contempla en el texto, señoría, cuando se sabe que entrará en vigor el 17 de agosto de 2015.

En general, yo procuro no aludir a asuntos distintos de los que estamos trabajando; estamos debatiendo un mal llamado texto de jurisdicción voluntaria; como he dicho varias veces, es un procedimiento no litigioso, un procedimiento sin conflicto, sin controversia; pero se ha acuñado el término y lo seguiremos usando porque facilita la comunicación. Yo procuro no aludir a eso, a lo que está fuera del texto, porque hay que hacer un esfuerzo por leer el texto, leer el proyecto anterior y escuchar lo que se dice. Aquí se ha señalado que el texto del año 2006 explicaba claramente que la competencia era del secretario judicial. Pero, como decía un afamado lord británico cuya frase usó luego mucho el presidente fundador del Partido Popular, que en paz descanse, «la política hace extraños compañeros de cama». Y señoría, ese texto del año 2006 que mandó el Gobierno al Congreso —y el Partido Popular en el Congreso apoyó todas las enmiendas de Esquerra Republicana; fíjese qué maridaje— transformó la coherencia de un texto en relación con el libro blanco, en relación con el Consejo de Europa, y aparece ese ser con cuello de jirafa o cuerpo de león o pie de gatito o como se quiera llamar. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Esa es la explicación. Por lo tanto, dialoguemos entre nosotros, conversemos entre nosotros con lo que estamos hablando aquí, y a ser posible respóndase a los argumentos que se esgrimen aquí y no busquemos operaciones de camuflaje hablando de asuntos ajenos al propio texto. Ahora comprendo el latiguillo, los lugares comunes, la radicalidad y todo ese tipo de cosas, y esas vainas de los pactos y los impactos. Pero hablando de eso —ya que usted me invita a que lo haga, cosa que jamás hago porque procuro leer los textos; intento ganarme el pan leyéndome el texto, no buscando operaciones de camuflaje—, le comunico, pongo en su conocimiento, que ya que tanto afán se tiene ahora por esto de votar la lista que tiene más apoyo, me decía antes el presidente Griñán que mañana será la cuarta oportunidad que tengan en Andalucía por apoyar la lista más votada. ¡A ver si tienen tanto amor a eso! Y usted perdone que haga esta pequeña excursión, que no busca ninguna operación de camuflaje por no haberme estudiado el texto, dicho sea esto con todo el cariño y todo afecto a su persona.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Cerrando ya el debate queda poco más que decir; nos hemos dicho casi todo lo que nos teníamos ganas de decir.

Al señor Saura solo quiero decirle que estoy convencido de que a quien va a beneficiar esta ley va a ser a los ciudadanos, que van a tener una justicia más moderna y más ágil de la que han tenido hasta ahora; y, por tanto, más eficaz, que es de lo que se trata. Esa es nuestra obligación. Van a poder ejercer mejor sus derechos y conseguir de un modo mejor lo que desean; eso es lo que creo que vamos a conseguir.

Sin entrar más en debate, porque no lo merece ni la ocasión ni el tiempo ni casi la provocación, no le diré al señor Díaz Tejera lo que él se estudia o se deja de estudiar, solo añadiré que la semana que viene va a tener ocasión su compañero de Partido Socialista de ver a quién vota en Castilla-La Mancha, si gobierna con apoyo del PSOE o deja que gobierne la lista más votada, que es la del Partido Popular. (Aplausos). Con esto, cerramos el debate.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Llamamos a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos la enmienda número 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 3; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 109, 114 y 115.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 5; en contra, 187; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34, 63, 66, 68, 70, 74, 79, 91, 93, 96 y 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 134; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, salvo las que están sometidas a transacción, que son las enmiendas 14, 15 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Capella. Votamos la 1 y la 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 1; en contra, 138; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2 a 4 y 6 a 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 11; en contra, 137; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, la enmienda 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 15; en contra, 133; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Comenzamos votando la enmienda 245.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 190; en contra, 4; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 255 y 256.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 191; en contra, 1; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 247, 292, 355, 357 y 376.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 133; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 252.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 292.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 308, 315, 361, 372 y 376 a 382.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 133; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 253, 254, 258, 277, 279, 280, 286, 288, 293, 319, 320, 323, 325, 330, 333, 338, 349, 382 y 383.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 134; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya del primer bloque, enmiendas 245 a 433, salvo las transaccionales que han afectado a las enmiendas 249, 260, 295, 356, 407 y 419.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 58; en contra, 133; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del segundo bloque del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos la 517.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 141; en contra, 1; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 531, 533 y 534.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 186; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 456, 484, 487, 489, 495, 497, 502, 507, 514, 516, 519 y 526.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 134; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa del segundo bloque, enmiendas 434 a 575, salvo las que han sido objeto de transacción que son las enmiendas 437, 438, 451 y 508.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 4; en contra, 134; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió votamos las enmiendas 174, 177, 181, 184, 187, 191 a 194, 198, 205, 210 y 213.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 15; en contra, 134; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 161, 165, 183, 185, 211, 212, 219, 223, 224, 230, 236 y 242.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 192; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 157, 159, 160, 162, 164, 166 a 171, 188, 190, 195 a 197, 200 a 203, 214, 215, 218, 220, 225, 228, 232, 237, 243 y 244.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 134; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, salvo las que han sido objeto de transacción que son las enmiendas 158, 175, 176, 182, 189, 199 y 207.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 16; en contra, 134; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 586 y 587.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 188; en contra, 3; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la 662.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 132; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 707.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 68; en contra, 135; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 639, 646, 692, 703 y 708 a 713.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 135; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 578, 622, 686 y 688.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 576.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 192; en contra, 1; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 623, 714, 715 y 747.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 133; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 583 a 585, 589, 608, 611, 613, 619, 621, 650, 651, 655, 657, 662, 665, 670 y 683.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 134; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 716 a 739, 741 a 746 y 748 a 751.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, salvo las que han sido objeto de transacción, que son las enmiendas 580, 591, 625, 687, 740 y 752.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Popular votamos la enmienda 768.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 145; en contra, 4; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 780.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 145; en contra, 2; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 782.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 190; en contra, 3; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 769 y 770.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 133; en contra, 2; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda 771.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 135; en contra, 10; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la número 772.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 70; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 775.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 56; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 779 y 786.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 1; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la número 787.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 16; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 773, 774, 776, 777 y 784.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 133; en contra, 1; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos, a continuación, las propuestas de modificación del dictamen.

En primer lugar, la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 467.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 135; en contra, 1; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 468.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 148; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 469.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 152; en contra, 1; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 470.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 152; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 471.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 152; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 472.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; en contra, 1; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 473.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 474.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; en contra, 56; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 475.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 148; en contra, 1; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 476.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 151; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 477.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 152; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 478.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 151; en contra, 1; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 479.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 151; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 480.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 135; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 481.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 150; en contra, 2; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 482.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 144; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 483.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 71; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 484.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 134; ; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 485.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 149; en contra, 2; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalmente, votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 187 490.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 207.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 57; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA. 543/000007 Entidades Locales

El señor presidente da lectura al punto 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la palabra el representante elegido por la comisión, el senador García Martínez.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España fue creada en el seno de la Comisión de Entidades Locales, a resulta de la aprobación por el Pleno del Senado en su sesión extraordinaria número 25, celebrada el día 16 de enero de 2013, de una moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y en la que se acuerda que la ponencia de estudio tendrá por objeto el análisis de los factores que han venido provocando el fenómeno de la despoblación rural en España —principalmente en la España interior— de sus causas y consecuencias, y de las medidas que deben adoptar para atajar y revertir este fenómeno.

La Mesa y portavoces de la Comisión de Entidades Locales en su reunión del 5 de febrero de 2013 acordó por unanimidad que se denominara Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. El día 8 de abril de 2014 la comisión acordó el nombramiento de los ponentes y la ponencia quedó conformada de la siguiente forma: como coordinador, el senador que les habla; y, como vocales, los senadores don Gerardo Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Popular; don Antonio Ernesto Arrufat Gascón y don Miguel Ángel González Vega, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Teresa Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; doña María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don José María Cazalis Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco; don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; y, como letrado, don José Fernando Merino Merchán.

La ponencia inició sus sesiones el día 3 de junio del 2014, dedicando el día 24 de marzo de 2015 a su cierre. En total se han celebrado diez sesiones y han comparecido un total de 31 expertos que representaban a todos los ámbitos afectados por la problemática de la despoblación rural en España. Así, comparecieron representantes de la Administración local, provincial, autonómica y nacional, de la FEMP, la universidad, empresarios, asociaciones del mundo rural, Red Española de Desarrollo Rural y Red Estatal de Desarrollo Rural, entre otros.

Antes de iniciar la presentación del informe quiero agradecer a todos mis compañeros de la ponencia, a las senadoras María Jesús Sequera y María Teresa Rivero, a los senadores José María Cazalis, Miguel Ángel González, Antonio Ernesto Arrufat y Gerardo Martínez que me hayan facilitado la coordinación de la ponencia, encontrando en todo momento el consenso a través del diálogo y su enorme implicación en el estudio de las conclusiones y las propuestas recomendadas por esta ponencia. Igualmente, agradezco al letrado, don José Fernando Merino, el habernos facilitado el trabajo de la ponencia.

El informe que tengo el honor de presentar comprende un resumen de las aportaciones de los comparecientes así como las recomendaciones que consideramos sustanciales para la consecución de los objetivos de la ponencia. Las conclusiones fueron repartidas en distintas medidas: destinadas a crear un eje vertebrador en favor de la natalidad, relativas a los fondos europeos y su reparto, de orden territorial, sociales y financieras, de mejora de las infraestructuras, las comunicaciones y las nuevas tecnologías y de impulso económico, así como de apoyo a niños y mayores. Para hacer efectivas estas medidas tendentes a reducir el despoblamiento rural, los ponentes hemos señalado quince recomendaciones que consideramos esenciales para conseguir los objetivos de esta ponencia.

Estas recomendaciones, aunque las citaré muy brevemente, se centran en los siguientes puntos: delimitar y diferenciar zonas o territorios escasamente poblados utilizando como criterio identificador aquellos municipios que han perdido población desde el año 1950 y tienen una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado; que por las diversas administraciones se establezcan las acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural y especialmente de la mujer joven en estos municipios; conseguir para estos municipios el mayor reparto posible de fondos económicos de las administraciones; que todas las administraciones establezcan las acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural; conseguir para estos municipios el mayor reparto posible de fondos económicos; establecer medidas que impliquen discriminación legal positiva para generar empleo; ofrecer a los habitantes de estas poblaciones los servicios básicos que garanticen su permanencia; mejorar las comunicaciones entre territorios; la adopción de medidas fiscales, sociales y financieras que permitan apoyar a los emprendedores y empresas; favorecer la igualdad de oportunidades; desarrollar poblaciones intermedias con unos adecuados multiservicios rurales; impulsar los propios recursos naturales de la población, que permitirán activar el turismo rural; así como apoyar el emprendimiento ganadero; y, por último —y creo que es lo más importante— buscar la mayor coordinación de todas las administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra la despoblación rural con el respeto a su ámbito competencial, apoyando y priorizando inversiones públicas generadoras de empleo en el mundo rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García Martínez.

A continuación, pasamos al debate de totalidad del informe.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Por tanto, no hay debate a la totalidad.

Turno de portavoces.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, señorías, quiero simplemente dar las gracias a todos los participantes y ponentes de la comisión y, por supuesto, a todos cuantos han comparecido en ella pero, sobre todo, hay que agradecérselo al senador Arrufat, que fue el padre de la criatura, y al senador Sebastián García, que ha sido la madre de la criatura, asistidos por el señor letrado. (Risas).

Ha sido un trabajo muy interesante para alguien que viene de un municipio con una densidad de población de 3500 habitantes por kilómetro cuadrado. Como pueden ustedes imaginar, mi principal misión ha sido la de aprender y aportar muy poco más allá de lo que pueda ser lo razonable y de sentido común.

Creo ha sido un trabajo muy interesante y que —como otros muchos trabajos en ponencia que se han hecho en esta Cámara— va a resultar esencial y una referencia para el futuro.

Espero que sus señorías lo lean porque es muy interesante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los miembros de la ponencia, a los senadores y a la senadora, al letrado, señor Merino, y al personal de la Cámara por habernos facilitado el trabajo en un ambiente cordial, distendido y muy agradable.

Quiero destacar que de alguna manera ha quedado constatado que las causas y dificultades de la despoblación rural en España son comunes en todo el territorio, en las diferentes autonomías; y también la cantidad de personas expertas en diferentes ámbitos que han acudido como ponentes y que han expuesto los trabajos que llevan realizando mucho tiempo. Son personas muy sensibilizadas con el problema y que han hecho gran cantidad de aportaciones para intentar lograr un compendio de soluciones que pueden llevarse a cabo.

Espero simplemente que los trabajos de esta ponencia no acaben en la simple edición de un libro en que se recopile todo lo realizado sino que culminen con la puesta en marcha por el Gobierno de una serie de medidas referentes al problema tratado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes.

Intervendré únicamente para agradecer su trabajo a los compañeros de ponencia; por supuesto, al coordinador Sebastián García, al letrado por su diligencia en la asistencia y también al senador Arrufat, por ser el proponente y por habernos permitido —por haberme permitido— participar en este trabajo de pedagogía del mundo rural.

Siempre digo que elegir vivir en el mundo rural supone una manera distinta de entender la vida, pero tenemos que hacer pedagogía para entender que el mundo rural está en el siglo XXI y debemos aprender a verlo en color y no en blanco y negro.

Espero que con algunas de las iniciativas que proponemos en esta ponencia podamos aportar este poquito de luz y que muy pronto puedan ser una realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

En primer lugar, señorías, permítanme manifestar mi agradecimiento a toda la Cámara. Si ustedes recuerdan, allá por enero del año 2013 aprobamos por unanimidad —de las pocas ocasiones en que hemos visto la pantalla en verde— esta propuesta. Con lo cual, déjenme que ponga en valor de nuevo ese detalle que tuvieron ustedes, los de todos los territorios. Asimismo, manifiesto mi gratitud a los que hemos estado peleando por el tema: a María Jesús, Maite, José Mari Cazalis, Gerardo, Miguel Ángel y, sobre todo, a Sebastián. ¿Te acuerdas que el primer día dijimos que nos teníamos que entender? Pues creo que lo hemos demostrado, principalmente, por el interés. Gracias a vosotros y a todos los participantes. También quiero dar las gracias a la dirección de mi grupo parlamentario, tanto a Marcelino Iglesias y a José Miguel Camacho, que nos permitieron introducir esta moción en el Plenario, como a María Chivite y Óscar López, que nos permitieron introducir un grupo de enmiendas en los últimos presupuestos que aprobamos.

Se trata de un tema trascendental para la España interior porque hay 31 provincias afectadas por la despoblación; es decir, prácticamente, provincias de toda España, incluso muchas costeras, como Castellón o Valencia, a las que nombro porque me son más cercanas. Ha habido un trabajo constante y continuo en el ámbito político, profesional y científico.

En segundo lugar, he de citar a esta Cámara, a la que en muchos lugares se pone en evidencia, porque ha desarrollado una labor importantísima en el aspecto territorial y no lo ha hecho únicamente en relación con esta ponencia sino también en cuanto a la Comisión especial de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña que, sin lugar a dudas, la complementará. Esto hay que ponerlo en valor. Tenemos que creer en lo que estamos haciendo y en lo importante que es para la sociedad.

Permítanme también que dirija una reflexión hacia aquellos críticos que cuando presentamos los presupuestos dijeron que no tocaba. Señor Barreiro, ¿recuerda que hablábamos de las enmiendas a los presupuestos para ver si podíamos negociar una cantidad? Pues les invito a que trasladen al Gobierno que ya están listas las conclusiones, para que se apliquen y hagan faena.

Desde luego, les pediré también algo muy importante y es que se enamoren un poco más de la Unión Europea para que las medidas establecidas por esta sirvan para cofinanciar las 15 medidas, las 15 recomendaciones que hacía el senador García Martínez.

Para terminar, les diré que no nos olvidemos de que esto acaba de empezar —que nadie piense que la faena está hecha—; acaba de empezar y tenemos que trabajar en tres direcciones. La primera, como responsables políticos que somos, hemos de hacer ver a nuestros gobiernos —y digo nuestros gobiernos en plural— que tienen que instrumentar las medidas. La segunda, que tenemos que hacer pedagogía con los territorios poblados; les tenemos que pedir empatía para que entiendan estas medidas porque aquí hay muchas senadoras y senadores que residen en núcleos importantes de población y tenemos la obligación de convencerles y de explicarles esta acción. Y tercera medida, importantísima, hacer una labor de marketing y de promoción en los territorios despoblados para poner en marcha las medidas.

Termino simplemente diciendo que, a partir de este momento, señorías, somos todos embajadores de este asunto. Es decir, que si hemos trabajado en una dinámica, en unas recomendaciones, a partir de ahora todos tendremos la responsabilidad de ponerlas en marcha.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Martínez Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de nada quiero agradecer expresamente al letrado de la ponencia de estudio sobre despoblación rural, don José Fernando Merino Merchán, y a todo el personal de la Cámara su inestimable apoyo y colaboración para sacar adelante este trabajo. Muchas gracias, porque han sido de gran ayuda. Asimismo, a mis compañeros senadores Antonio Arrufat, Miguel Ángel González, María Teresa Rivero, María Jesús Sequera, José María Cazalis y al coordinador de la ponencia, Sebastián García, quiero decirles que ha sido realmente un verdadero placer trabajar con ellos durante este periodo de tiempo y compartir esta grata experiencia de trabajo y las muchas horas de reuniones que hemos mantenido. Gracias a todos ellos por su buen hacer y por su trabajo.

La ponencia de estudio ha sido eminentemente de carácter técnico, y eso es algo muy muy importante. En ella han comparecido 31 personas, representantes de los diferentes ámbitos: agentes económicos y sociales del mundo rural y también políticos que, en definitiva, han sido los verdaderos protagonistas y los hacedores de esta ponencia de estudio. Nos han enriquecido muchísimo con sus diferentes puntos de vista, tanto demográficos, históricos y culturales como económicos, lo que nos han permitido hacer este documento que contempla 50 conclusiones y 15 recomendaciones.

La despoblación, como se ha dicho en esta ponencia de estudio, es un problema nacional muy grave que requiere soluciones a corto, a medio y a largo plazo; es un problema que demanda un pacto de Estado contra la despoblación rural en España, que requiere, además, de una estrategia nacional con medidas concretas y no aisladas, como las políticas de apoyo económico, de apoyo empresarial, de conciliación familiar, de incentivos fiscales y de apoyo a la natalidad; medidas todas ellas contempladas en las conclusiones y en las recomendaciones de esta ponencia de estudio.

Este documento, elaborado con esas conclusiones y esas recomendaciones de la ponencia de estudio, representa una puerta abierta a la esperanza de los territorios rurales afectados por la despoblación. La sociedad del mundo rural, los ciudadanos del mundo rural, están hoy muy pendientes de lo que estamos debatiendo en esta Cámara territorial y no les podemos defraudar porque lo que está en juego es el futuro de muchos ciudadanos del mundo rural.

Por ello, señorías, después de agradecer a mis compañeros su participación y colaboración en esta ponencia de estudio, les pido a todas sus señorías el apoyo a este estudio, a estas medidas para combatir la despoblación en el mundo rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Después de escuchar sus intervenciones, ¿se puede aprobar el informe de la ponencia por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobado por asentimiento el informe de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España.



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONOCIMIENTO DIRECTO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE GALICIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS. 592/000015 XUNTA DE GALICIA CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas para que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Señorías, a continuación se reunirá la Comisión de Justicia en la sala Clara Campoamor.

Buenas tardes a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas.


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