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DS. Senado, Pleno, núm. 151, de 15/04/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 70

celebrada el miércoles, 15 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2014. 780/000005


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha. 662/000184 GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil. 662/000186 GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor del abaratamiento de costes del transporte aéreo y marítimo entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la península. 662/000185 GPMX


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril de 2006. 610/000140 Arabia Saudí; acuerdo bilateral; garantía de inversiones; inversión en el extranjero; inversión extranjera; promoción de inversiones


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de 2014. 610/000141


Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014. 610/000142


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3 de septiembre de 2014. 610/000143


Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 2002, junto con una Reserva y una Declaración que España desea formular. 610/000144


Denuncia del Convenio relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974. 610/000145


Denuncia del Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas de 1974 relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976. 610/000146


Revocación de la adhesión de España al Protocolo de 1990 que enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990. 610/000147


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 622/000013 derecho a la información; secreto de Estado; transparencia administrativa GPEPC


Proposición de Ley para la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. 622/000014 GPMX


COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

Comisión Especial de Estudio sobre el modelo de gestión aeroportuario, la privatización de Aena, S.A. y el destino de los recursos ingresados. 650/000009 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)


PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación. 543/000006 ayuda al desarrollo Cooperación Internacional para el Desarrollo

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2014. 780/000005

La señora defensora del pueblo (Becerril Bustamante) expone un resumen del Informe.

En turno de portavoces intervienen los señores Yanguas Fernández e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Burgos García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR TRABAJANDO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA. 662/000184 GPP

El señor Cotillas López defiende la moción.

El señor Álvarez Villazán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Cotillas López expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 143; en contra, 1; abstenciones, 84.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO, UNIVERSAL Y GRATUITO DEL REGISTRO CIVIL. 662/000186 GPS

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Arias Navia defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 85; en contra, 140; abstenciones, 4.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL ABARATAMIENTO DE COSTES DEL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA. 662/000185 GPMX

El señor Quintero Castañeda defiende la moción.

El señor Mateu Istúriz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Quintero Castañeda expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. 610/000140


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000141


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. 610/000142


ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 610/000143


PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000144


DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. 610/000145


DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. 610/000146


REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. 610/000147

El señor vicepresidente (Lucas Giménez) informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas a estos acuerdos, cuya votación queda pospuesta.

El señor Iglesias Fernández hace constar la abstención del Grupo Parlamentario Mixto en el punto 7.1.3.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. 622/000013 GPEPC

El señor Saura Laporta defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno a favor interviene el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. 622/000014 GPMX

El señor Iglesias Fernández defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno a favor interviene la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En un segundo turno a favor interviene el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL ABARATAMIENTO DE COSTES DEL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA. (Votación) 662/000185 GPMX

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 86; en contra, 142.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).

CONOCIMIENTO DIRECTO

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. 610/000140


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000141


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. 610/000142


ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 610/000143


PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000144


DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. 610/000145


DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. 610/000146


REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. 610/000147

El señor presidente recuerda a la Cámara que el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, había manifestado su abstención en el punto 7.1.3.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, hace constar su voto en contra del punto 7.1.1. y su abstención en el resto.

El señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, hace constar la abstención de su grupo en el punto 7.1.3.

Se autorizan todos los acuerdos por asentimiento de la Cámara, con la suma del voto telemático favorable del señor Martín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y las salvedades manifestadas.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. (Votación) 622/000013 GPEPC

Se rechaza la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 83; en contra, 143; abstenciones, 1.



PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Votación) 622/000014 GPMX

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 84; en contra, 144.



COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIO, LA PRIVATIZACIÓN DE AENA, S.A. Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS INGRESADOS. 650/000009 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

Comienza el debate de totalidad sobre la solicitud.

En turno a favor interviene el señor Sendra Vellvè.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la solicitud.



PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN. 543/000006 Cooperación Internacional para el Desarrollo

El señor Cleries i Gonzàlez, representante designado por la comisión, presenta el informe.

El señor Tovar Mena defiende el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Tovar Mena, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rubio Mielgo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 62; en contra, 132; abstenciones, 16.

Se aprueba el informe de la ponencia con el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 208; en contra, 2.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión.



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2014. 780/000005

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y 5.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para exponer un resumen del informe, tiene la palabra la excelentísima señora defensora del Pueblo.

La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Señor presidente, señorías, presento en nombre de la institución del Defensor del Pueblo el informe correspondiente al ejercicio 2014, que días atrás fue presentado en el Congreso de los Diputados.

Comenzaré por agradecer a la comisión mixta, de la que forman parte algunas de sus señorías, el interés que han mostrado a lo largo de todas las reuniones de la comisión por los asuntos que hemos trasladado a la misma, de los que hemos dado cuenta de nuestros informes, de nuestros trabajos, así como las sugerencias, recomendaciones y propuestas que hemos recibido en muchas ocasiones por parte de esta comisión mixta. Yo creo que ha sido un trabajo interesante, el presidente y la Mesa de la Comisión han tenido a bien reunirla en bastantes ocasiones y eso nos ha permitido cambiar impresiones, que sus señorías hayan hecho alegaciones y aportaciones a nuestro trabajo y a nosotros explicarnos de la mejor manera posible. Agradezco, pues, a sus señorías el trabajo que han realizado hacia el defensor.

El objetivo del informe y, por tanto, el objetivo del ejercicio porque se refleja en el informe del año 2014 ha sido, entre otros, el dotar a la institución de mayor eficacia para responder mejor, para atender mejor a los ciudadanos que se dirigen a nosotros; tener mayor número de iniciativas por nuestra parte a raíz de las cuestiones que hemos observado o que los ciudadanos nos han hecho llegar; dotar a los instrumentos y a los medios del defensor de mayor agilidad y más facilidad para que los ciudadanos se dirijan a nosotros e, incluso, hacerlo de manera que personas con alguna discapacidad tengan acceso con facilidad por distintos medios —medios más tradicionales pero también más nuevos, medios informáticos— a las páginas del defensor, a las quejas o a lo que ha dicho la institución en determinadas ocasiones.

Todo ello está relacionado con la transparencia. Yo pienso que la transparencia no consiste solo en dar unos datos —que debemos dar— sobre nuestras actuaciones, nuestros contratos, los salarios o los viajes, no solamente es eso, que es básico y fundamental, sino que, además, la transparencia debe ser el responder a los ciudadanos cuando formulan una pregunta o quieren saber algo, la transparencia debe proporcionarles respuesta inmediata o decirles: Ahora no puedo pero más adelante se lo daré en estos términos. Por eso también ha sido parte de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo ampliar ese campo de la transparencia y dar unas respuestas lo antes posible, claras, suficientes y en tiempos razonables.

En nuestra página web hemos puesto los tiempos medios, los tiempos en que nosotros tardamos en responder a un ciudadano, y también hemos puesto los tiempos medios en que las administraciones nos responden. Esto nos obliga a la institución, naturalmente, pero como comenté en alguna ocasión ante sus señorías, también fuerza a las administraciones a ser lo más rápidas posible en sus respuestas porque sus días van a estar contados, mejor dicho señalados también en la página web.

El número de quejas que hemos recibido a lo largo del año 2014 ha sido bastante similar al anterior, 2013: han sido 23 186 quejas. Además de las quejas hay otro tipo de actuaciones que ahora resumiré ante sus señorías.

De entre las quejas recibidas destacan por su número, también en muchos casos por su importancia, las relacionadas con las rentas mínimas, los asuntos relacionados con la dependencia y con las personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad nos referimos muchas veces a problemas de carácter urbanístico y arquitectónico; son todavía innumerables los edificios públicos y, desde luego, el número de viviendas particulares que carecen de las más mínimas facilidades para personas con discapacidad. Sus señorías habrán visto el otro día en algún medio de comunicación el caso de una madre que tiene que bajar tres pisos llevando sobre sus espaldas, sobre sus hombros a un hijo mayor ya, con una gran discapacidad. Esta es una cuestión con la que seguro que sus señorías serán sensibles porque muchos son alcaldes, han sido alcaldes y tienen una vinculación muy grande con las ciudades; los ayuntamientos deberían hacer un esfuerzo para que en poco tiempo esto deje de ser un problema. Incluso me permito decir que en aquellos edificios que son bienes de interés cultural —y les habla una persona que ha tenido responsabilidades en ese campo—, por encima del interés cultural está la accesibilidad, y eso hay que hacerlo compatible y hay que hacer lo que sea menester, como se suele decir, para que eso deje de ser un problema en poco tiempo.

Otras cuestiones objeto de queja en un número importante son los impuestos sobre bienes inmuebles, materia que también conocen bien sus señorías. Hay una queja de carácter general de muchos ciudadanos, de muchos municipios, municipios que han recalificado terrenos, los han declarado urbanizables, no se ha procedido a la urbanización, se ha paralizado por circunstancias económicas y, sin embargo, los contribuyentes tienen que hacer frente a un IBI de un terreno calificado como urbanizable y la urbanización no se sabe cuándo se hará. Asimismo —y yo espero que en próximas comparecencias podamos decir que esto sí ha mejorado—, los retrasos de la administración de justicia, que también conocen sus señorías.

Como consecuencia en gran parte de lo que nos trasladaron los senadores y senadoras y diputadas y diputados de la comisión, hemos incrementado las actuaciones de oficio, nuestras actuaciones propias, y hemos pasado de 347 en 2013 a 487 en 2014.

¿Cuáles han sido los temas? Los alumnos con discapacidad, los problemas de inserción, lograr la inserción de estos alumnos, así como el tratamiento de enfermedades hepáticas y oncológicas. Respecto a los nuevos tratamientos para las enfermedades hepáticas, estamos viendo que en estas fechas están recibiendo o van a recibir la medicación necesaria. Nosotros nos alegramos mucho de ello, son muchas las personas que están sufriendo y que están esperando recibir esos tratamientos.

También hemos tenido actuaciones relacionadas con un asunto que conocen ustedes, las cláusulas suelo. Hemos tenido quejas y a nosotros nos han parecido abusivas muchas de estas cláusulas, porque los que firmaban una hipoteca no conocían que esas cláusulas eran fijas, que no iban a ser modificables aunque bajara el precio del dinero, el euríbor. Pero en 2013 se dictó una sentencia y junto con el código de buenas prácticas y la recomendación del Gobierno —que no es mandato imperativo, es instar a las entidades bancarias a que tengan en cuenta esta cuestión— esperamos que mejore la situación y sean muchas las personas que puedan beneficiarse o no verse gravadas por estas cláusulas suelo, cuyo alcance desconocían.

Las recomendaciones a distintas administraciones también han aumentado, hemos llegado a 467, es un aumento considerable, y están relacionadas con vivienda. En el proyecto de ley de reforma fiscal propusimos que se mantuvieran los coeficientes de abatimiento, que evitaban ligeramente que las viviendas compradas en el pasado se vieran impelidas a un alza fiscal extraordinaria si eran vendidas; se han mantenido estos coeficientes de abatimiento, lo cual modera el precio y, por tanto, las plusvalías a la hora de su venta. Y también hemos solicitado en varias ocasiones que el Fondo social de viviendas se ampliara, de manera que llegase a más personas, a más familias en diversas situaciones. Se nos ha dicho por parte de la Administración y del Gobierno que se va a hacer, de modo que estamos esperando para ver cómo se concreta esa ampliación del fondo.

Recordarán sus señorías actuaciones nuestras en relación con la nutrición infantil, sobre todo a lo largo de los meses de verano cuando los centros escolares están cerrados, y nuestra solicitud de que se atienda a los menores aun cuando el centro no esté en periodo lectivo, porque nos parecen que son muchas las familias que no pueden verse privadas de los comedores durante dos meses largos de verano. Así se lo hemos recomendado a las comunidades y a los ayuntamientos y, en general, la inmensa mayoría, han sido sensibles y han adoptado las medidas necesarias para paliar estos déficits en las vacaciones.

También hemos formulado alegaciones y recomendaciones sobre un proyecto de ley que acaba de salir del Senado y ha vuelto al Congreso, que es el del estatuto de las víctimas. Tras muchas reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos años con las víctimas y con cierto conocimiento de algunos de sus problemas, lo que hemos pedido, entre otras cosas, es que puedan participar en el procedimiento penitenciario, es decir, que se las oiga, si así lo desean las asociaciones o las víctimas, que se las pueda escuchar; que se las pueda enviar un mensaje diciendo: se va a hacer lo siguiente, se ha tomado tal resolución, y que se escuche a la familia o a la víctima antes de dar un paso en la ejecución penitenciaria.

Por otra parte, hemos insistido en facilitar la presencia de víctimas y de colectivos de víctimas en los organismos internacionales, que puedan tener ocasión de expresarse, de explicar lo que ha sucedido durante décadas, cuáles fueron los hechos, lo que han sufrido y quiénes son las víctimas y quiénes son o han sido los verdugos. Porque son varios los organismos internacionales que no tienen verdadero conocimiento de estos hechos y cuando les hablamos de ellos nos escuchan con mucho interés, pero es algo relativamente desconocido para ellos. A nosotros nos parece que seguramente desde el Ministerio de Exteriores se podría facilitar esa presencia en determinados momentos para que se sepa la realidad, lo que han sido décadas y décadas, lo que ha producido el terrorismo en España, el dolor que ha dejado y sobre todo que se sepa quiénes son la víctimas y quiénes fueron los verdugos. (Aplausos).

De las actuaciones más destacas que han tenido consecuencias positivas o favorables tras nuestra actuación voy a destacar tres: la ley de segunda oportunidad, que en este momento está en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados —sus señorías tendrán ocasión de trabajar sobre ella—. A nosotros nos parece que esta ley de segunda oportunidad —como su nombre dice, está muy claro lo que se propone— abre una vía nueva, una vía que en otros países de la Unión Europea estaba ya en marcha para familias y personas sobrendeudadas y que por determinadas circunstancias que se pueden concretar no iban a poder hacer frente a la deuda por muchos esfuerzos que hicieran e incluso en el caso de que vendieran el patrimonio que tuvieran. Es una vía nueva, como decía, que se extiende al campo judicial y también al campo extrajudicial, una vía extrajudicial que no tiene coste, que se puede hacer mediante mediador o notario y que permite aplazar la deuda, hacer una quita, rebajar la deuda y al final abrir un horizonte a esa persona o a esa familia para que pueda emprender otra vez, como decimos habitualmente, volver a empezar sin estar condenada de por vida por hechos pasados que le acaecieron.

A lo largo del procedimiento legislativo podrá mejorarse y quizá sus señorías puedan tener en consideración algunos aspectos relacionados con los autónomos, que creo que no están absolutamente incluidos en la ley, pero seguro que esta será objeto de reflexión por parte de sus señorías.

La misma ley contempla la ampliación del código de buenas prácticas bancarias, cuestión también interesante, y nuestra valoración en principio es positiva, si bien tendremos que fijarnos muy bien en cómo se desarrolla. La aplicación de este código facilita también poder hacer frente a los problemas de familias o personas que suscribieron una hipoteca pero de buena fe no pueden hacer frente a sus costes y tienen la amenaza sobre sí de ser lanzadas de sus domicilios. El código amplía la suspensión de los lanzamientos hasta el año 2017 y amplía también el número de familias que van a poder tranquilizarse porque no van a sufrir de inmediato un lanzamiento. Esto también será motivo de estudio por parte de sus señorías, para nosotros es algo fundamental, lo viene siendo desde tiempo atrás porque en los años 2012 y 2013 ya hicimos trabajos sobre los desahucios, crisis económica e insolvencia personal, etcétera. Pero tenemos que ir terminando con este problema porque los desahucios por motivos económicos con razones suficientes tienen que acabarse, tienen que terminarse, tienen que ser casos absolutamente extraordinarios. No es posible que haya familias que se vean amenazadas por impago y que en unos meses tengan que abandonar la casa, que es, como hemos dicho y yo repito, el bien material más importante que una familia tiene. La dación en pago puede ser el último recurso, pero la dación en pago para cualquiera es una tragedia, es una tragedia porque se queda uno desprovisto del bien material más importante que uno tiene. (Aplausos).

La atención a los presos con hepatitis C que ha anunciado el ministro de Asuntos Sociales parece una decisión interesante y acertada y nos alegramos, porque lo observábamos nosotros en las visitas a los centros penitenciarios. Nos parece muy bien que se ponga de inmediato esta medida, igual que la atención sanitaria a inmigrantes en centros de salud. Había que hacerlo y se ha hecho. Nos alegramos.

Hemos terminado a finales de año, comienzos de 2015, un estudio hecho con todos los defensores autonómicos sobre las urgencias hospitalarias; hablamos de ello en el Sistema Nacional de Salud y hablamos ya en la comisión. Se ha hecho un trabajo largo, durante dos años, con todos los defensores, analizando fundamentalmente los derechos de los pacientes en esos servicios de urgencias y las atenciones que pueden recibir. No es un estudio de algunos centros, sino que es una visión de conjunto hecha con los gestores de los servicios de salud de urgencias, con las asociaciones de médicos y con asociaciones de pacientes, y damos mucha importancia, desde luego, al personal que atiende los ingresos, que son altísimos, altísimos por la vía de urgencias, así como damos mucha importancia también a los derechos de los pacientes, a la información que reciben ellos y sus familiares o a la privacidad que pueden tener en las dependencias de urgencias. Los componentes y portavoces de la comisión tienen el documento y nosotros creemos que es importante, pero si su señorías tuvieran alguna cuestión más que añadirnos, ahora o más adelante, en las próximas comisiones sobre esta materia lo tendríamos en cuenta con mucho interés.

En nuestra calidad de mecanismo —terminología de Naciones Unidas— nacional de prevención de la tortura visitamos todos los centros de privación de libertad, todos los lugares de privación de libertad —como saben, desde la comisaría hasta una prisión— y visitamos también los centros de internamiento de extranjeros. Hemos efectuado 3 visitas a centros de internamiento de extranjeros en países de la Unión Europea, lo hemos hecho en las ciudades de París, Londres y Róterdam para comparar qué procedimientos tienen y, sobre todo, qué instalaciones tienen en estos países y cómo son las nuestras. Yo misma he acudido a estos viajes y, a raíz de las conclusiones extraídas, hemos hecho recomendaciones al Ministerio del Interior —sin entrar en materia de administración de justicia, pues no es nuestra competencia— sobre cómo deben ser o cómo se pueden mejorar estas instalaciones, cómo mejorar la relación con los abogados, cómo mejorar la relación con las autoridades del país de origen de estas personas, cómo se puede ampliar el número de voluntarios o de personas que integran las organizaciones sin ánimo de lucro y cuál debe ser el papel de las fuerzas de seguridad en estos centros. El ministerio tiene nuestras recomendaciones y esperamos que alguna de ellas pueda prosperar, con el fin de que las instalaciones de estos centros de privación de libertad, tal y como existen en otros países, sean absolutamente correctas desde el punto de vista humanitario.

En cuanto a los centros de estancia temporal —de los que he tenido la oportunidad de hablar con sus señorías en varias ocasiones—, repito algo dicho anteriormente. Estos centros cuentan con un personal profesional muy bueno, que conoce muy bien cuál es su oficio y que atiende humanitariamente muy bien y correctamente a todas las personas, pero su nivel de ocupación es excesivamente alto.

Como consideración final, quiero mencionar —sin entrar en el fondo— los trabajos que estamos desarrollando en relación con los menores. Hemos estudiado cómo se escucha y se atiende a los menores en los procedimientos administrativos y ahora trabajamos en la atención que se les procura durante los procedimientos penales: la atención del abogado, del juez, los lugares donde se produce la escucha, cómo se dirigen a ellos, cómo se les puede proteger mejor, cómo se les puede entender mejor y cómo se les puede escuchar mejor, pues no se trata solamente de oír, sino de escuchar lo que los menores dicen.

Termino —no quería hacer un informe demasiado largo porque sé que sus señorías tienen también un largo orden del día— con una consideración final. Cuando una persona o grupo de personas se dirigen al defensor y este le pide a una Administración una respuesta o una información, nosotros sabemos que a veces hay dificultades para obtener esa respuesta, pues puede ser compleja, puede afectar a varias administraciones o podemos considerarla insuficiente y por ello ser insistentes y reiterativos. Sin embargo, les recordamos que detrás de esa queja, detrás de esa solicitud de información siempre hay un ciudadano que tiene un problema; por eso nos interesamos en la queja. No se trata de una actuación caprichosa de la institución. No es el defensor quien se queja. Cuando visito a algunos alcaldes o consejeros, me dicen: cuántas quejas o cuánto se queja usted, defensora. No, no, no soy yo la que se queja. Quiero transmitirles esto: no es la defensora la que se queja, son los ciudadanos los que tienen la posibilidad de transmitir una queja en un sistema democrático. No todos los sistemas políticos cuentan con esta institución; esto forma parte del haber del sistema democrático, sobre todo de los países de la Unión Europea y de algunos más. Por tanto, es bueno contar con esta posibilidad. Nuestra actuación permite que se revisen criterios, que se diagnostiquen posibles errores y llamar la atención sobre algunos asuntos, y hacerlo de manera razonada y razonablemente, y no movidos por meras emociones o situaciones emotivas, sino por actos suficientemente razonados y explicados. Al final, la razón es la que debe guiar al defensor y también nuestras acciones; una razón que observe y pondere la realidad, que se ajuste lo más posible a ella, de modo que la razón no nos lleve a aquello de que el sueño de la razón produce monstruos. El Estado social y democrático de derecho nos permite las reformas; nos permite las correcciones de errores; nos permite la revisión de nuestros procedimientos, y eso está en el haber de nuestro sistema político, cosa que no está en el haber de otros sistemas políticos. Esa es la gran diferencia.

Señorías, no voy a terminar con las quejas, más bien quisiera terminar con la esperanza de que, puesto que los organismos e instituciones internacionales, y también nacionales, analizan y dan cuenta de una evolución favorable de la economía española, pienso que esa evolución favorable pronto se podrá traducir en una situación mejor para muchas familias que han atravesado y que todavía pueden atravesar dificultades en estos tiempos. Ojalá sea así y que en la próxima dación de cuentas, que en el informe que hagamos a sus señorías podamos decirles a todos ustedes que las circunstancias económicas, sociales y de empleo han mejorado y que esa mejora también se vea reflejada en la institución del Defensor del Pueblo.

Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora del pueblo, por su informe de la gestión correspondiente al año 2014.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas. ¿Van a compartir el turno?

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Compartiré el turno con don Jesús Iglesias.

En primer lugar, quiero agradecer, como ya lo hice en la comisión correspondiente, el trabajo que están haciendo la defensora del pueblo y todo su equipo, que se ve reflejado además en este informe que la defensora nos acaba de exponer, como también lo hizo en la comisión a la que pudimos asistir hace unas semanas.

Se trata, desde nuestro punto de vista, de un informe extenso y exhaustivo con temas que la sociedad, además, nos está demandando, como pueden ser, por poner un ejemplo de los muchísimos que hay, las recomendaciones de las cláusulas suelo, a las que también ha aludido la señora defensora en esta tribuna.

También en mi partido, Unión del Pueblo Navarro, nos preocupa —se lo pude decir en la comisión correspondiente— el tiempo de respuesta de las administraciones públicas a los ciudadanos. Hay que continuar haciendo hincapié en este tema ya que, al final, una respuesta tardía de la Administración se convierte en una respuesta inservible, desde todo punto de vista, para los ciudadanos. Por eso animo a la institución del Defensor del Pueblo a seguir, una vez más, insistiendo en este tema. Sé que lo está haciendo; también sabemos que hay consultas muy complejas, muy difíciles, que hay que recabar una serie de informes, pero hay que insistir en que las administraciones contestemos —puesto que soy alcalde también— con la mayor celeridad posible.

Quiero destacar un esfuerzo importante —la defensora lo ha dicho en esta tribuna— en aras de la transparencia, más aún cuando los ciudadanos pueden ver cómo está su queja en un determinado momento a través de los medios telemáticos e informáticos; pueden conocer si está avanzando, si está estancada o qué está ocurriendo con una queja. Además de importante, creo que es necesario para que los ciudadanos conozcamos cómo está el estado de una determinada queja.

Quiero agradecer —siempre lo hago, lo he hecho ya en todas las comisiones y lo voy a hacer hoy aquí— especialmente de nuevo a la defensora del pueblo su ocupación y su preocupación por las víctimas del terrorismo de ETA. En nuestro partido, Unión del Pueblo Navarro —como ella ya conoce porque yo se lo he venido diciendo todos estos años—, estamos siempre preocupados y ocupados por este tema; además, yo ya le entregué en su día el primer y segundo volumen de un libro, que ha editado el Gobierno de Navarra en colaboración con el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que se titula «Relatos de plomo. Historia del Terrorismo de ETA en Navarra», porque conviene conocer lo que ocurrió en realidad en aquellos tiempos de plomo. Estamos ahora mismo en la batalla del relato. Hay que saber exactamente qué ocurrió para poder tomar las decisiones adecuadas —yo creo que las tomaremos— y poner a cada uno en su sitio, a las víctimas del terrorismo en el que les corresponde y a los terroristas y a quienes les jalean —no nos olvidemos de quiénes les jalean y quiénes justifican esta violencia— en los juzgados y también en la cárcel, que es donde les corresponde estar.

Y finalizo ya mi intervención agradeciendo una vez más y reconociendo de nuevo el trabajo tanto de la defensora del pueblo, como de los adjuntos, como de todo su equipo por este informe que hoy nos traen a la Cámara.

Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Agradezco a la defensora del pueblo la presentación de su informe, presentación que yo calificaría de benévola, benévola en relación con los contenidos del informe y benévola también en la valoración que se hace de la respuesta que los poderes públicos han realizado a sus recomendaciones.

El informe no deja de ser el reflejo de una sociedad que mayoritariamente sigue sin percibir que se esté saliendo de la crisis. De ahí que, como muy bien afirmaba la señora defensora del pueblo, las preocupaciones de esa sociedad sean mayoritariamente las que giran en torno a la necesidad de rentas mínimas, las que ven cómo la aplicación de la Ley de la dependencia no tiene el desarrollo de las previsiones que en ella se establecían o que, desde la perspectiva ya de las recomendaciones de la institución, se ponga el acento en la necesidad de afrontar el drama social de los desahucios.

Repasando brevemente los capítulos más importantes de este informe y en relación con la Administración de Justicia, es fácil percibir cómo el contenido expreso de ese informe contrasta en la mayoría de los casos con el discurso que los miembros del Gobierno trasladan a esta Cámara en sus comparecencias. Si el ministro de Justicia, respecto al capítulo de Administración de Justicia, reiteraba que no se produce sobrecarga de trabajo nada más que en el 10 % de los órganos jurisdiccionales, el informe de la defensora del pueblo destaca las dilaciones indebidas en el orden civil, fundamentalmente en una materia tan sensible como es la relacionada con la jurisdicción en materia de familia, que supone un importante número de quejas, o igualmente las dilaciones indebidas en los juzgados de lo social y de lo penal; también se reflejan las penurias materiales de los juzgados y tribunales. Se hace una referencia a la encomienda de gestión al Colegio de Registradores para la tramitación de expedientes de nacionalidad. Y la conclusión que se puede obtener de esas referencias es que, a 1 de enero del presente año, había aún pendientes 250 000 expedientes por resolver. Como saben muy bien sus señorías y la propia defensora del pueblo, se ha renovado el convenio para esa encomienda de gestión y se están dando pasos —no me detengo en ello porque hay una moción al respecto— con relación a la privatización del Registro Civil.

Respecto a los centros penitenciarios, me parece especialmente preocupante que mientras se produce un descenso en el número de reclusos, sin embargo, aumente el número de suicidios, y ello debiera ser motivo de alguna actuación.

El informe no hace referencia a un problema importante en los ámbitos de los centros penitenciarios y de la salud, que es la salud mental. Seguramente sus señorías saben —estoy convencido de que la defensora es conocedora de ello— que, recientemente, un intento del defensor del pueblo andaluz de visitar el centro penitenciario de Córdoba precisamente para hacer una aproximación a la realidad en cuanto a la atención en materia de salud mental se vio frustrado por la negativa de Instituciones Penitenciarias a permitir ese acceso, argumentando que ello alteraría el régimen penitenciario al que estaban sometidos los internos. Ignoraba las capacidades de perturbación del defensor del pueblo andaluz que, sin duda, han detectado en Instituciones Penitenciarias. Invito a la defensora del pueblo a que realice alguna gestión de apoyo y respaldo a su homólogo en la comunidad autónoma andaluza.

En relación con la aplicación de la triple terapia para la hepatitis C, es verdad que, con carácter general, hay un compromiso del Ministerio de Sanidad de afrontar el problema proporcionando a los enfermos este nuevo tratamiento pero, aun a día de hoy, existe el inconveniente de concretar los mecanismos de financiación, y en el ámbito penitenciario, además —como refleja el informe—, tiene la exigencia, hasta ahora de Instituciones Penitenciarias, de que este tratamiento se dispense en un hospital, lo cual, desde la perspectiva médica —también lo dice el informe— no es, en ningún caso, un requisito demandable. Pero, obviamente, la dispensación en un hospital significa que Instituciones Penitenciarias transfiera el coste de la dispensación del medicamento a la comunidad autónoma titular del hospital. Por tanto, se trata exclusivamente —aunque no lo diga así de claro el informe, yo lo interpreto de esa manera— de una medida de deriva del coste económico desde Instituciones Penitenciaras a las comunidades autónomas.

El informe evita entrar en consideraciones en torno a la nueva Ley de seguridad ciudadana argumentando que en el momento de su elaboración la ley se encontraba en trámite parlamentario. No tenga duda la señora defensora del pueblo de que en el próximo informe se verá compelida a reflejar las quejas —inevitables, por otro lado— que por aplicación de esta nueva Ley de seguridad ciudadana se le van a trasladar. Comparto letra por letra, coma y punto por coma y punto, lo que dice el informe en torno a los derechos constitucionales de reunión y de manifestación. En coherencia con esa interpretación que la señora defensora del pueblo, la oficina y la institución hacen de estos derechos de reunión y manifestación, estoy seguro de que dará respuesta adecuada a esas quejas que se tramitarán como consecuencia de la aplicación de esta ley.

En cuanto al estatuto de las víctimas, que ya debatimos no hace mucho en esta Cámara, simplemente he de hacer una referencia. Espero que la institución sea igualmente sensible con las grandes ausentes en esa ley del estatuto de las víctimas, que son las víctimas del franquismo, y que esa misma preocupación por las víctimas que trasladan en el ámbito internacional se amplíe a las víctimas del franquismo.

En relación con el capítulo de migraciones, como muy bien sabe la señora defensora del pueblo, se continúa con la práctica de devoluciones en caliente. Se ha intentado dar cobertura legal —sin conseguirlo, obviamente— a través de esa reforma de la Ley de seguridad ciudadana. Me llama la atención que en el informe de la señora defensora del pueblo se reseñe reiteradamente la actuación del Consulado General de España en Nador sin que sea posible solucionar unas prácticas que, según este informe y otros, suponen la exigencia de requisitos extra legem. Esto, en un funcionario, tiene una calificación muy clara, se llama prevaricación, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores no sea capaz de afrontar esta realidad que convierte al Consulado General de España en Nador en la primera concertina, ya en territorio marroquí, es absolutamente inaceptable.

En relación con el reglamento de los centros de internamiento, los CIE, el informe dice que no se han desarrollado adecuadamente la mayor parte de los contenidos de dicho reglamento aprobado hace un año, más allá de los preceptos que han sido anulados por sentencia del Tribunal Supremo. Como saben sus señorías, y sabrá también la señora defensora del pueblo, ayer se presentaba un informe de Cáritas y del Servicio de Atención a Inmigrantes de los jesuitas en el mismo sentido, diciendo que la mayoría de los preceptos de este reglamento un año más tarde no se aplican.

Constata el informe la denegación reiterada de permisos de residencia o la renovación de la tarjeta de residencia de los cónyuges de españoles que proceden de países extracomunitarios con motivo de no acreditar suficientemente recursos económicos. Hay alguna sentencia —que yo conozca hay una del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco— declarando la ilegalidad de esta exigencia porque supone una discriminación constitucional, curiosamente no en relación con el cónyuge extranjero sino con el español, al que se le priva de la convivencia con su cónyuge frente a la realidad del resto de sus conciudadanos.

También destaca el informe —y ha sido motivo de debate en esta Cámara porque es llamativo— las bajas cifras de solicitud de asilo y protección internacional a pesar de la situación geográfica de nuestro país y a pesar de que en los últimos años se ha producido un incremento notable de los conflictos internacionales y de los desplazamientos de población que de ellos se derivan. Felicito a la institución por la decisión que ha tomado —y en el informe se refleja— de analizar y evaluar el funcionamiento del sistema en España, y es que es obvio y evidente que alguna disfunción notable se está produciendo.

También hace referencia el informe a las denegaciones de concesión de nacionalidad por residencia a ciudadanos saharauis en 2014. Como dice el informe, de las solicitudes habidas se ha concedido la nacionalidad en seis casos y se ha denegado en 569 por no dar validez a la documentación expedida por la República Árabe Saharaui Democrática, lo cual significa, además, un cambio de criterio puesto que durante mucho tiempo esta documentación fue reconocida a la hora de tramitar estas concesiones de nacionalidad.

En cuanto a educación, se reflejan las quejas por la escasez de plazas en el segundo ciclo de educación infantil. Se nos llena la boca en muchas ocasiones hablando de la necesidad de propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar y, sin embargo, no se ponen los instrumentos imprescindibles para ello cuando sin duda alguna estas plazas de educación infantil lo son. Lo que dice el informe en materia de becas también deja en evidencia las afirmaciones del señor ministro de Educación. El número de becarios de enseñanza obligatoria cayó en un 35 %, y aunque se da un aumento de un 8 % entre los estudiantes universitarios, la cuantía de las becas es menor en un momento en que las tasas universitarias suben, cuestión que tantas veces hemos debatido. Refleja el informe igualmente un recorte en las ayudas para terapias complementarias destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales, en este caso de forma muy sutil. Se insinúa algo que tantas veces hemos repetido desde esta tribuna, y es que no nos creemos los datos que proporcionan el ministerio y la secretaría de Estado.

En relación con la sanidad, es llamativo que el mayor número de quejas se produzca en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha; algo tendrá que ver con lo que hemos denunciado en diferentes ocasiones. En cuanto al copago farmacéutico, se denuncia en el informe que hay quejas porque no se reconoce la exención en determinados supuestos y porque, además, el mecanismo creado tiene unos niveles de progresividad absolutamente insuficientes. Y se hace también referencia a la situación de lentitud en la dispensación de medicamentos innovadores diciendo de forma muy clara que hay una notable tendencia a la baja en la comercialización de estos medicamentos, fundamentalmente en materia de oncología y hepatitis D, curiosamente desde el momento en que la crisis se manifiesta, es decir, desde el año 2009.

En políticas sociales se refleja la cronificación de los problemas de la dependencia. Asimismo, se refleja que ha sido asumida por el Imserso la recomendación en torno a la declaración y calificación del grado de discapacidad, es decir, la elaboración de un nuevo baremo. Sin embargo, no se han cumplido los compromisos temporales.

En materia de vivienda estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de que la Sareb se incorpore en el Fondo social de viviendas, pero el señor ministro de Economía se sigue negando a ello.

En relación con el empleo, se denuncia el retraso en el pago de ayudas para el Plan Prepara. Sus señorías tuvieron oportunidad de debatir ayer en torno a otra serie de prestaciones no contributivas.

En cuanto a Fogasa, la ministra dijo que se había acabado el atasco, pero el informe refleja que a finales de año había 65 000 expedientes pendientes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Voy terminando, señor presidente.

En materia de energía se denuncia el peaje al respaldo en el autoconsumo, se reivindica el reconocimiento del consumidor vulnerable —el señor ministro en una reciente comparecencia lo ha negado— y, finalmente, se denuncia la diferencia de trato en la retribución de las fotovoltaicas que se da entre los inversores españoles y los inversores internacionales.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora defensora.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatori jaun-andreok.

No voy a entrar en el contenido del informe porque para eso tuvimos la comisión. Como esta es la última comparecencia de la defensora del pueblo en esta legislatura, mi intención es comparar lo que dijimos allá por el año 2012 y lo que digamos ahora sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer.

El principal dato que hemos de tener en cuenta es que en febrero de 2012 se vieron en esta Cámara los informes de 2009 y 2010, algo que, evidentemente, no tenía mucho sentido; en diciembre de ese mismo año 2012 se vio el informe de 2011. Por lo tanto, creo que en estos años sí tenemos que felicitar a la defensora del pueblo por hacer su trabajo en tiempo y forma y presentarnos los informes por lo menos en el primer cuatrimestre del año siguiente que da origen al informe, porque, si no, parecería que estábamos hablando de historia en vez de algo que pudiera ser real y vivo. Así pues, lo dicho, la felicito por haber cumplido su palabra de traernos los informes en el primer cuatrimestre del año siguiente. También quiero felicitarla por la calidad de los informes. Todos estamos de acuerdo con que los informes que ha elaborado la defensoría son de una altísima calidad y es justo felicitarla a la defensora, por supuesto, y, sobre todo, a su equipo de asesores, que lo han hecho francamente bien.

Dicho esto, quisiera mostrar mi pesar porque la defensora no ha tenido en cuenta una petición que mi grupo le hizo en la comparecencia del año pasado, si no recuerdo mal, para que elaborara un informe de revisión sobre los secuestros parentales, acerca de los que ya había trabajado la propia defensoría en el año 1999. Es un tema dramático que cada día está más en el candelabro —como dijo aquella famosa modelo—, y en cambio no se ha renovado lo que la defensoría tenía que decir. En 1999, según ese informe de la defensoría, se hicieron cambios en el Código Civil y en el Código Penal. Ahora hemos intentado hacer cambios en el Código Penal, y creo que nos hubiera venido muy bien a todos que la defensoría hubiera hecho el informe que se le pidió y así haber apoyado estos cambios y que el grupo mayoritario los hubiera aceptado. Lo que espero es que la confección de este informe no esté en lista de espera, que se haya quedado en tareas pendientes y se hayan olvidado de ello.

También solicitamos en su momento que se hiciera especial hincapié en las actuaciones de oficio. Evidentemente, como ha dicho la defensora, se reciben muchas quejas y, por lo tanto, actúan en función de las quejas recibidas. Pero no todo el mundo tiene la facilidad de quejarse. Nos parecía y nos parece muy importante que la Defensoría del Pueblo actúe también de oficio. Nos consta que lo ha hecho, que han aumentado el número de actuaciones de oficio y le pediríamos que sigan en esa línea, porque nos parece una línea muy importante. Evidentemente, ser reactivo a las quejas supone más trabajo que esperar. Ser activo es siempre más complicado, pero yo creo que también aumenta mucho la calidad de la actuación y merece la pena seguir en esa línea. Por eso, le animamos a que lo siga haciendo.

También le pedimos en su momento algo que se ha hecho en parte, que los datos que se publican en los informes anuales se hicieran siempre en relación con el histórico de datos. Es decir, que no se diera solamente el dato aislado del mismo año, sino que se hicieran series estadísticas. Y otra sugerencia más que sería interesante y que nos vendría bien, sobre todo a los que tenemos que analizar los problemas, es que cada final de legislatura se hiciera un resumen comparativo de los datos de esa legislatura con los de otras legislaturas. Este es un trabajo que puede parecer secundario, pero en realidad no lo es tanto, primero, porque nos da pistas sobre si vamos o no por la buena senda, y segundo, porque la información es esencial para los que tenemos que meditar o pensar por dónde tienen que ir las decisiones que se tomen al objeto de mejorar la calidad de los ciudadanos.

Por nuestra parte, nada más. Hacemos una valoración positiva de su trabajo; positiva y crítica, como ve. Hemos sido críticos en otros asuntos puntuales que se han incorporado a los informes, en el de las víctimas, etcétera, pero creo que no es el momento. Ya hemos tenido oportunidad, y supongo que volverá a haberla, de que nuestro grupo pueda seguir hablando de ello. Solamente me queda volver a darle las gracias por cumplir con su palabra, felicitarle por ello y pedirle que, en la medida en que se pueda, se siga en esta línea de mejora continua, porque creo que es importante y es una manera más de defender los intereses de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Sean bienvenidos, señora defensora, adjuntos y su equipo a esta Cámara. En primer lugar, quiero agradecer, como han hecho el resto de portavoces, su informe y su trabajo, pero también especialmente su intervención de hoy, pues creo que merece, y de hecho así ha sido, el aplauso de todos los grupos, porque ha dicho usted cosas importantes y con mucho calado. Yo lo he dicho otras veces, pero creo que hoy es sustancial decirlo, estamos en el último debate del informe de la defensora de esta legislatura y creo que la participación y su trabajo en la comisión ha sido durante estos años una excelente oportunidad, porque, sin duda alguna, esta comisión es la que nos da la oportunidad de ver en sus informes el reflejo de lo duros que han sido estos años de crisis que hemos vivido, que, como usted ha dicho y yo me sumo a su deseo, esperamos que termine muy pronto y que las quejas sean de otro tenor. Un repaso rápido a las cifras de su informe nos sitúa perfectamente en los indicios de lo que sucede en este país. Función, empleos públicos, la temporalidad de los empleos en el ámbito público y la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios han acumulado un número importante de quejas, 4604 exactamente. Actividad económica, urbanismo, educación, política social, Administración de Justicia, Hacienda Pública, Seguridad Social... Vemos —y usted lo dijo muy bien en la comisión— que las quejas son de carácter eminentemente social y que, por tanto, apuntan a lo que me refería, a una situación que afecta muy directamente a los ciudadanos.

Ayer, en las preguntas al Gobierno surgió una cifra realmente dura. Sabemos cuáles son las cifras del paro en este país y hay un colectivo de 1 700 000 personas, defensora, que no recibe ninguna prestación, es decir, que ciertamente están en una situación personal y familiar muy grave.

En su informe habla también de ámbitos que voy a repasar muy rápida y someramente; son los ámbitos que, de alguna manera, apuntan y definen las líneas de esta fotografía de nuestro país de hoy: la pobreza energética; los desahucios; la pobreza infantil; el trato en los CIE a todos aquellos que, a pesar de esta situación tan crítica, quieren saltar la verja, llegan por mar —estamos viendo lo que está sucediendo en el sur de Italia— y siguen pensando que aquí pueden tener una oportunidad; todos aquellos que han perdido su acceso a la sanidad o los que han sufrido la pérdida de la calidad sanitaria o educativa; los que no pueden asistir a la universidad por el aumento de las tasas; los que han visto recortado el derecho a la justicia igualitaria. Podría seguir pero creo que no es necesario.



Usted se ha referido a ello y todo el mundo conoce hoy estas cifras porque se han reiterado en muchas ocasiones. Por tanto, me sumo también a la excelente noticia que significa el aumento de actuaciones de oficio. Es verdad que lo hemos reiterado y demandado en las comisiones. Creo que es una excelente noticia y una razón para felicitarles a ustedes.

Quiero dar una cifra que no se ha dicho y creo que es importante porque también refleja un poco este escenario que recoge su informe; esta cifra no está en el informe pero creo que es importante decirla. En estos años, en nuestro país han desaparecido 80 000 hogares. Es una cifra significativa. De nuestros pueblos, de los barrios de nuestras ciudades han desaparecido 80 000 hogares. Lo digo porque tiene mucho que ver con una parte importante de su intervención en la que ha reivindicado de una forma contundente que hay cosas que deben terminar. Es evidente que el vendaval de la crisis se ha llevado por delante muchas cosas. Hoy hay quien quiere ver las cosas mejor, usted lo ha dicho, y yo espero que sea así. No debemos perder la esperanza ni tampoco es cuestión en este debate de hablar de economía y sí de los problemas sociales, de las quejas y de cómo evitamos —creo que, en definitiva, es lo importante, defensora— que aquellos que se ocupan de las cifras no olviden que tras ellas hay nombres, que tras las cifras hay nombres, que están los nombres de 3 millones de niños pobres, de personas mayores, de mujeres que viven en la sordidez de la pobreza y que a veces, lamentablemente, tienen que sumar a la pobreza la violencia de género. En los barrios los servicios públicos se van ajando, se van desdibujando y se retrotraen a los tiempos del blanco y negro.

Evidentemente, de todo ello hay en su informe, hay quejas y acciones que, como usted muy bien ha dicho, están planteadas con el rigor y con una respuesta razonada que —creo que esto también es motivo de felicitación— alcanza esos 36 días de respuesta para un total de las 23 186 que se han planteado este año.

Evidentemente, todo es mejorable y ustedes, en la etapa que les ocupa, han dado un salto cualitativo en esta institución que debemos reconocer y que creo que es muy significativo. Tiene que ver —usted también se ha referido a ello— con la transparencia, que es un valor muy importante y muy exigible a todas las administraciones en general.

Insistiré en una queja que me la ha oído decir alguna otra vez y la voy a reiterar hoy porque creo que tengo que hacerlo. A pesar del aumento notable de sus actuaciones, difíciles, —lo han hecho en muchos ámbitos— necesitamos ante esta situación, defensora, entrar a fondo en algunas cuestiones que realmente tienen calado en este país. Lo he dicho en alguna otra ocasión. Insisto, la pobreza infantil y algunas cuestiones que tienen que ver con el entorno de la pobreza infantil requieren que este país sea capaz, como se ha hecho en otros países, de poner a los legisladores líneas rojas. No podemos legislar en contra de la infancia, en general de ningún sector vulnerable, pero especialmente en contra de la infancia, y aquí hay muchas legislaciones y determinaciones que han tomado el Gobierno y las Cámaras que han afectado a la infancia de este país.

Por lo tanto, hay que delimitar las líneas rojas de la legislación para que cuando legislemos no pisemos los derechos de los menores, no actuemos, no legislemos en contra del interés de los menores en términos generales. Esta es una cuestión fundamental. Soy consciente de la dificultad de abordar este asunto. Ustedes han actuado en algunos ámbitos, y lo han hecho bien, y en este momento debemos exigir algo que debe ser —digámoslo así, en nuestro imaginario, como defensores de lo público— una meta pendiente.

Yo estoy seguro de que habrán influido mucho sus recomendaciones para que el ministro de Sanidad haya cambiado la situación, haya revertido la situación del derecho de las personas en situación irregular a recibir atención primaria; un derecho que no deberíamos haber perdido, que no deberíamos haber confundido con el turismo sanitario. Ciertamente, estoy seguro de que su intervención ha sido definitiva.

Usted se ha referido también a las rentas mínimas y a la dificultad de las personas con dependencia. Esta una cuestión fundamental. Hemos visto casos muy duros. Usted ha hecho referencia a uno de ellos, yo iba a citar algún otro, pero creo que no es necesario pues usted lo ha reflejado perfectamente en su intervención al referirse a una madre que lleva a cuestas a su hijo para poder bajar las escalares de un edificio porque no tiene ascensor. Pues bien, moría hace unos días en Cuenca, en circunstancias similares, un adolescente con graves deficiencias psicomotoras ante el clamor de la madre ante una Administración insensible a su caso, que ilustra la situación de la dependencia en nuestro país, que es ciertamente una situación grave, en la que los 770 000 dependientes del año 2012 se han reducido a 729 000 en noviembre de 2014; es decir, hay un 5,5 % menos, pero eso contrasta con lo que nos dicen los directores y gerentes de servicios sociales. Es decir, tenemos 170 000 personas con derechos reconocidos a una ayuda pero en lista de espera, a los que hay que sumar otros 94 000 que han solicitado una prestación pero que aún no han obtenido respuesta. Esta es la situación en ámbitos de dependencia y, ciertamente, este es un campo en el que ustedes deberán estar muy atentos.

Usted ha hablado del IBI, y yo quiero referirme también a ello, defensora. En este país hay 900 000 personas que son víctimas de eso que usted ha mencionado: unas recalificaciones que se hicieron en un momento y que están pagando unos IBI que son absolutamente desproporcionados con respecto a lo que valen hoy los terrenos de sus viviendas. En este colectivo hay personas que en este momento son muy pobres y no pueden hacer frente al pago del IBI y se ven en situaciones muy graves porque la Administración tiene una absoluta incapacidad para ofrecer un mínimo de elasticidad y solucionar el problema de aquellos que son pobres y que hoy no pueden pagar un impuesto que afecta directamente a su vivienda, lo que nos sitúa en una contradicción enorme por la voracidad de nuestras administraciones para recaudar impuestos sin tener en cuenta la situación real de estos colectivos.

Se habló en la comisión —y por falta de tiempo no voy a entrar en ello— de todo aquello que hacía referencia a las resoluciones sancionadoras por parte de las delegaciones del Gobierno, que con la aprobación de esta ley, conocida como Ley mordaza, les va a dar a ustedes mucho trabajo en estos próximos años.

Ha hablado usted también de las becas. Considero que hay que replantearse el sistema actual de pagos en dos tiempos. Hay muchas familias que están obligadas a solicitar préstamos por esta cuestión, y es un tema absolutamente importante porque afecta al principio fundamental de la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, debemos estar —ustedes lo están y yo se lo agradezco— muy atentos a este problema.

Y acabo ya, señora defensora. Simplemente, quiero hacer un apunte. Creo que es importante que el escenario que se relata en su informe tenga también muy presente el mundo rural. En estos últimos meses el Senado está haciendo un esfuerzo por conocer el mundo rural y las zonas de montaña y por ver exactamente la problemática en estos ámbitos y en sus servicios públicos, porque todas estas deficiencias de carácter social en el mundo rural se reflejan en forma de despoblación. Por tanto, les agradecería que dirigieran su mirada a esta cuestión. Seguramente merecería un debate en sí misma, pero creo que en algunas conclusiones de las comisiones que hoy todavía están en funcionamiento encontrarán ustedes material.

Por último —lo dije ya en comisión y lo reitero aquí—, quiero recordarle —evidentemente será el Gobierno quien se lo haga llegar— que en las conclusiones de la ponencia de estudio de la Comisión sobre el riesgo de los menores en la red —son oportunidades también, evidentemente, pero en este caso hablamos del riego que generan para los menores y adolescentes—, en este mundo que evoluciona con tanta rapidez, se pide un mecanismo en la Defensoría para que de alguna manera esté vigilante por los muchos problemas colaterales que conlleva este ejercicio de la comunicación en el mundo virtual de las redes sociales y que afecta a los menores. Ciertamente lo recibirán ustedes, porque, como digo, está en las conclusiones de esta comisión, pero quiero adelantarlo aquí porque creo que esta comisión ha hecho un gran trabajo. Aún no se ha presentado la publicación pero, efectivamente, ya les anuncio que ustedes recibirán, si el Gobierno lo considera, la petición de creación de este mecanismo en el marco de la Defensoría para atender todos los problemas que guardan relación con esta materia.

Acabo aquí, señora Becerril. Decía usted que hay quien se queja de sus quejas, que hay consejeros y administraciones que se quejan de las quejas de la defensora. Yo termino mi intervención diciéndole: Señora defensora, quéjese, y quéjese mucho, porque su queja, la queja de la defensora y de sus colaboradores es hoy la esperanza de muchos, de todos aquellos para quienes las cosas no van bien, y su queja es, sin duda alguna, la única esperanza de que las cosas, al menos algunas, cambien.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Buenos días, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para fijar posición ante el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al pasado ejercicio 2014.

En primer lugar y ante todo, creo que es de justicia felicitar a la defensora del pueblo, a sus adjuntos y a todo su equipo por el trabajo realizado y la tarea desarrollada y, como ha dicho algún portavoz de otro grupo, por cumplir con los plazos de presentación anunciados en su día, al inicio de la legislatura. Desde esta tribuna les saludamos a todos, y como frontispicio de la actuación de la Defensoría del Pueblo, entendemos que las personas que sufren son las que tienen que ser objeto de especial atención por la institución.

Una consideración previa. Nuestro grupo parlamentario ya lleva toda esta legislatura presente planteando una cuestión, a nuestro entender estratégica y crucial. Creemos conveniente y necesario que la institución del Defensor del Pueblo sea lo más ecuánime e independiente posible, y para lograr ese objetivo la mejor herramienta sería la creación de un protocolo que evitase toda arbitrariedad y subjetividad de la institución a la hora de ejercer sus actuaciones. Volvemos a reiterarlo en este Pleno del Senado.

Entrando ya en materia y en el análisis del presente informe, debemos destacar y cabe felicitar, respecto al análisis estadístico, la puesta en marcha de un nuevo servicio de consulta para el estado de las quejas presentadas por los ciudadanos. La actualización de los servicios que presta la Administración es un ejemplo de voluntad y de proximidad a los ciudadanos. La defensora del pueblo en 2014 recibió 23 186 expedientes de queja, respecto a los 22 692 del año anterior. Son unas 500 más que en 2013. ¿Qué ha pasado? ¿Las funciones prestadas por las administraciones han empeorado? ¿La mayor parte de las quejas presentadas son sobre impuestos, como se ha comentado, y también sobre la Administración de Justicia? ¿La falta de recursos y las tasas judiciales tienen o han podido tener alguna influencia? Vemos que el número de expedientes realizados por la defensora del pueblo ha pasado de 33 167 a 23 964, un descenso notable. ¿Las administraciones funcionan mucho mejor, o bien el derecho de queja no funciona y los ciudadanos están dejando de ejércelo? De las 23 000 quejas, 1813 procedieron de la Comunidad Autónoma de Cataluña, cifra que representa un 7,8 %, porcentaje sensiblemente inferior al que le correspondería por población. Suponemos que ello se debe también a la actividad del Síndic de Greuges que, sin duda, debe de estar desarrollando una tarea eficaz. De las 23 000 quejas casi la mitad corresponden a funciones realizadas por la Administración General del Estado, o cuya competencia exclusiva corresponde a la Administración General del Estado. Es importante señalarlo porque cuando el Gobierno nos presenta sus reformas de las administraciones públicas y las propuestas de la CORA es bueno saber que más de la mitad de todas las quejas que recibe la Defensoría del Pueblo corresponden a funciones de la propia Administración General del Estado. Quizá el Gobierno debería autoanalizarse más en vez de dictar las reformas que deben efectuar las demás administraciones; la autocrítica siempre es un buen ejercicio para corregir errores. También observamos que en los expedientes individuales la proporción entre los entrados y los concluidos por administraciones resulta parecida, sin embargo en el caso de expedientes agrupados, que en ocasiones afectan a muchas personas, el balance de expedientes concluidos con las administraciones autonómicas es mucho más favorable que el correspondiente a la Administración central. También en este apartado cabe remarcar que las actuaciones de oficio en centros penitenciarios son muy altas, ¿a qué se debe? A propósito de las recomendaciones del Defensor del Pueblo de años anteriores, ¿cuántas de ellas se han iniciado o se han cumplido? Esto es importante.

Respecto a los temas abordados, sobre los productos financieros compartimos la voluntad de las medidas presentadas por el Defensor del Pueblo y esperamos que el Gobierno pronto las desarrolle. En su informe se nos dice que la Subcomisión de transparencia de productos financieros de la Comisión Económica del Congreso de los Diputados está considerando entre sus propuestas la posibilidad de instaurar un código de colores en función del riesgo. ¿Lo consideran suficiente? ¿Cree que una escala de colores es todo lo que podemos adoptar para evitar problemas a personas que no entienden el difícil lenguaje jurídico-económico? No discrepamos de la medida, la vemos positiva, pero nos parece insuficiente a todas luces.

Preferentes. Vemos que este año ya no se encuentran entre las causas de queja más habituales al Defensor del Pueblo, pero estos casos no se resuelven. El trato de las preferentes y de los preferentistas aparece en su informe en el apartado de dilaciones indebidas. Compartimos plenamente su nota referente a que la tardanza en la tramitación de los procesos judiciales repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de derecho. Una justicia tardía supone en la práctica una mala justicia o una injusticia flagrante. Los ciudadanos que han tenido que utilizar la vía judicial manifiestan que la falta de recursos personales y materiales de los juzgados está provocando dilaciones en los procesos presentados, sobre todo cuando se trata de demandas colectiva. En su informe mencionan y hacen referencia a que han pedido al Consejo General del Poder Judicial información al respecto. ¿Han recibido algún tipo de información? De ser así, ¿qué motiva esta tardanza?

Vivienda y desahucios. Valoramos las recomendaciones del Defensor del Pueblo que tienen como objeto paliar los desahucios. Por medio del Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios frente al desahucio, se aprobó la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraban en una situación de especial riesgo de exclusión. ¿Considera el Defensor del Pueblo que se está aplicando este real decreto ley en su versión más amplia o, por el contrario, se buscan subterfugios para no aplicarlo? El panorama económico puede ser mejor aún, pero continúan existiendo personas que no pueden hacer frente al pago de las cuotas de las hipotecas que gravan su vivienda habitual, al menos así son los datos publicados. Sería recomendable que una figura como el Defensor del Pueblo intercediera para la prórroga y pleno cumplimiento de este real decreto ley.

Violencia de género y casos de violencia y maltrato infantil y a personas mayores. Es una cuestión sobre la que nuestro grupo parlamentario mantiene una gran preocupación, y las cifras son dramáticas. Es una auténtica vergüenza este caso —el caso del informe del Cedal—, pero es un número más de la estadística española de malos tratos. Este grupo parlamentario, como los demás, está preocupado y consternado al ver que las políticas del Gobierno desgraciadamente no están ayudando a la erradicación de este problema y sentimos que esta institución no pueda hacer más —o no haga más— ante uno de los peores dramas sociales de este país. Instamos a que el Defensor del Pueblo, y a petición de los aquí presentes, interceda de forma determinada y rauda en la lucha contra estos casos, y como institución garante de las quejas de los ciudadanos trate, y así lo comunique al Gobierno, este tema como prioritario.

Trata de seres humanos. La trata de seres humanos es una lacra, y todos tenemos la obligación de luchar contra ella y de erradicarla, ya que supone una vulneración de los derechos humanos y un delito. Hay que perseguir al tratante y proteger a la víctima. Compartimos todo lo establecido en el informe y valoramos muy positivamente los avances logrados en esta materia.

Seguridad y justicia. Mostramos nuestra preocupación ante las demoras judiciales y los problemas de colapso en los registro, ya que provocan que la justicia deje de ser justicia, como dijimos antes. Creemos necesario que se impulsen medidas que tengan como finalidad la agilización de la justicia. Este grupo parlamentario tiene dudas de que la seguridad y la justicia se vean afectadas positivamente por la Ley, recién aprobada, de seguridad ciudadana. Esta ley ha causado estupor en la sociedad, tanto por sus cambios normativos como por las sanciones que conllevará. No podemos dejar pasar en este informe que la reforma de la justicia gratuita que ha hecho el Gobierno impedirá o imposibilitará el acceso a la justicia a muchos ciudadanos. El grupo parlamentario CiU comparte plenamente el criterio de la defensora del pueblo, que el año pasado consideró que las tasas judiciales son extraordinariamente elevadas.

Lengua. En su informe se considera que en el desarrollo y aplicación de la LOMCE deberíamos aprovechar para introducir en el sistema las innovaciones necesarias para ajustarlo paulatinamente al modelo de educación inclusiva que, según han declarado instancias internacionales, facilitan la mejora de la calidad de la educación para todos los alumnos. Pero en ningún caso pone de manifiesto que esta reforma merme los sistemas educativos, como el catalán, de sus funciones de inmersión lingüística, modelo que ha sido ejemplo internacional de integración social y educativa. A pesar de intereses electoralistas o espurios, este modelo cuenta con un gran apoyo académico y social.

Una referencia a la consulta sobre el 9 de noviembre. Agradecemos que el Defensor del Pueblo considerase que la petición del ciudadano ante este organismo no reclamara una intervención adicional de esta institución en lo que se refiere a intervenciones de este organismo ante el Tribunal Constitucional. Así entendemos que ejercemos las funciones y no como cuando se personó en su día contra el proyecto sobre el estatuto de autonomía.

Formato del informe. Queremos recalcar de nuevo, en relación con el apartado relativo a los expedientes de queja recibidos de comisionados parlamentarios autonómicos y a los expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional recibidos de comisionados parlamentarios, que, aunque podemos ver el número de quejas totales, no así la materia a la que se refieren. Por tanto, creemos que sería interesante y conveniente poder determinar y precisar mejor la temática de estas quejas.

Para concluir, quisiera mencionar tres cuestiones que ya hemos tratado en distintas ocasiones, tanto en la comisión mixta como en alguna comisión de estudio del Senado. Primero, consideramos que debe realizarse un especial seguimiento sobre la violencia en el deporte. Segundo, un mayor seguimiento en todo lo relativo a violencia de género, prostitución y trata de blancas, como hemos comentado. Y, por último, poner un mayor énfasis y mayor determinación en el seguimiento de todo aquello relacionado con el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado a terceros: a otras administraciones o a proveedores.

Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias por su atención, defensora, adjuntos y equipo técnico.

Muchas gracias, señorías, por su atención.

Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS GARCÍA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, un año más, quisiera agradecer a la defensora del pueblo y a todo su equipo su labor, plasmada de manera expresiva en el informe anual que ahora se somete a la consideración del Senado.

Señorías, al tratar de resumir las cuestiones que más le preocupan a mi grupo de este informe que analizamos, dos serían las ideas más significativas que cabe deducir de las quejas que el mismo relata: el avance en la brecha social de nuestro país entre ricos y pobres y el retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por parte de los ciudadanos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, lo que ha señalado el último informe de la OCDE, hecho público el pasado mes de marzo, es que España es, de lejos, el país de esta organización donde más han aumentado las desigualdades económicas con la crisis a causa, sobre todo, del desempleo y de que el sistema de protección social ha dado una peor cobertura a los menos protegidos, en un sistema laboral muy precario. Respecto a la calidad del empleo que se crea, el informe de la defensora es muy revelador. En todo caso, señorías, tener un trabajo y estar en riesgo de exclusión social hoy no es una paradoja. La devaluación salarial, la pérdida de poder adquisitivo, el empeoramiento de los servicios públicos y los trabajos precarios han hecho que crezca el número de personas que, a pesar de tener un empleo, rozan la pobreza. España es hoy el tercer país con más pobreza laboral de Europa, después de Rumanía y Grecia porque, frente a esta realidad y lejos de su natural función protectora, las administraciones, ante los recortes a los que se enfrentan, no pueden atender a los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables. En este sentido, compartimos las valoraciones que contiene el informe con relación a los enfermos de hepatitis C y, muy especialmente, a los enfermos internos en los centros penitenciarios.

Subsidios por desempleo, salud, dependencia, educación, nada se escapa a la voracidad recortadora del PP. En el Congreso de los Diputados han sumado una vez más, por la puerta de atrás, nuevos recortes en sanidad, en este caso en el curso de la tramitación de la Ley de financiación autonómica. Tampoco el derecho constitucional a una vivienda digna ha quedado a salvo de este grave embate a nuestro muy dañado modelo del Estado de bienestar. Por eso no es de extrañar que la vivienda y el problema de acceso a su conservación no sea, de manera directa o indirecta, un tema con una importante presencia en el informe que nos ocupa.

Agradecemos muy especialmente lo completo de la información facilitada sobre este asunto y, al respecto, compartimos el análisis y la valoración que hace el informe en relación con la inclusión de las viviendas de la Sareb en el Fondo social de vivienda, con la venta de viviendas de protección pública a entidades privadas y con los embargos de las viviendas familiares habituales y únicas por deudas de escasa cuantía a la Seguridad Social.

Ante este problema, el conocido como Decreto Ley de segunda oportunidad recientemente aprobado por el Gobierno, desgraciadamente, no ayuda en nada: Su desarrollo ha dejado claro que no hay segunda oportunidad; no evita la pérdida de la vivienda, no aumenta los mínimos inembargables actualmente, no incluye a los fiadores avalistas, no hay dación en pago y no hay eliminación de las cláusulas suelo.

Por otra parte, compartimos la preocupación que supone la llamada de atención que hace el informe con relación a la pobreza energética que sufren tantas familias españolas. Compartimos la necesaria e ineludible reflexión que deben llevar a cabo los poderes públicos sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico. En este sentido, hacemos nuestra la valoración y propuesta que hace el informe respecto a las críticas para disfrutar del bono social y la imposición de peajes al autoconsumo de energía eléctrica, al proyecto de sustitución de contadores y al procedimiento de facturación, a fin de que un bien esencial para una vida digna no se convierta en un preciado objeto de lujo; un lujo como en el que está convirtiendo este Gobierno el disfrute por los ciudadanos de sus derechos fundamentales y de las libertades públicas. ¿Qué les voy a contar que no hayan escuchado ya desde esta misma tribuna de la reciente reforma del Código Penal, calificada por prestigiosos juristas de puro populismo punitivo, alentada por mezquinos cálculos electorales? ¿Qué les voy a contar con relación a algunas cuestiones a las que hace referencia este informe respecto al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión; de la Ley de seguridad ciudadana, conocida muy gráficamente como ley mordaza? ¿Qué les voy a contar al respecto de las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes? La citada ley trata de dar cobertura jurídica, algo que rechaza de plano, además de otros muchos, un muy reciente estudio de prestigiosos juristas de doce universidades españolas bajo el título: Rechazo sin fronteras, fronteras sin derechos.

Y, como colofón, frente a tal sucesión de atropellos, como mecanismo de salvaguardia en todo el Estado de derecho, ¿dónde queda el acceso del ciudadano a la justicia? Pues cada vez más en el limbo.Este apartado acumula

nuevamente gran número de quejas en el informe que nos ocupa. El informe hace una descripción dantesca de la situación actual de demasiados juzgados, evidenciando que la planificación presupuestaria ha condenado a la Administración de Justicia a una insuficiencia de medios que acrecienta las dilaciones y está poniendo en cuestión la eficacia en la justicia. Y no olvidamos que las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del PP en 2012 calcularon el acceso de los ciudadanos a la justicia. No lo dicen los socialistas, sino que lo dice el informe encargado por la comisión de libertades y derechos de los ciudadanos, LIBE, del Parlamento Europeo, sobre el impacto negativo de la crisis económica, los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, hecho público el pasado 18 de marzo.

La marcha atrás, una más que ahora protagoniza de nuevo el ministro de Justicia en materia de tasas evidencia que el Gobierno no ha querido reconocer una supresión de tasas parcial y técnicamente chapucera, que, en todo caso, al afectar solo a personas físicas seguirá impidiendo el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. A algunos colectivos, como el de autónomos, pequeños empresarios y ONG, no les afecta. Supone un proceso involutivo respecto a lo público que en el ámbito de la justicia tiene su mejor ejemplo en la privatización consumada legalmente en la práctica de los registros civiles con la que el Gobierno del Partido Popular pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, lo que, además, supone poner en cuestión el mantenimiento real y efectivo de los juzgados de paz, dejando abierta la puerta a la supresión de los mismos y, por extensión, más allá de las declaraciones del actual ministro de Justica, supone amenazar la vialidad sustantiva de la actual estructura de partidos judiciales y, como consecuencia de ello, supone un ataque a lo local, a lo rural, a la España no urbana, esa a la que tanto debe el Gobierno —lo dice de boquilla—, pero que luego sentencia a muerte con sus medidas. Se está condenando al medio rural al abandono y a la despoblación, un abandono vinculado directamente al brutal recorte de servicios por la excusa de ser deficitarios, y lo digo con conocimiento de causa. En Castilla y León, por esta razón, se están suprimiendo líneas regulares de autobuses que toda la vida han comunicado a los pueblos con las capitales y Madrid. Por esta misma razón, deberíamos cerrar las radiales de Madrid, el 50 % de los aeropuertos, el 40 %, por poner un ejemplo, de las autovías. El Partido Socialista no quiere ninguna de las dos cosas, pero otros parece que sí.

En los ayuntamientos de los pueblos de montaña y en los ganaderos existe en estos momentos una gran preocupación por las medidas que están tomando los poderes públicos. Por ejemplo, en relación con las hectáreas disponibles para pactar, en algunos pueblos de montaña se están recortando hasta el 70 %. Esto es una barbaridad que, sumada al irrisorio precio de la venta de la carne, a las famélicas e insuficientes subvenciones y a los piensos por las nubes, prácticamente condenan a los ganaderos al abandono de su actividad. Y, señorías, si los ganaderos se van, los pueblos se cierran, porque ya solo quedan pensionistas.

¿Qué les voy a contar que no sepan del estado de los montes y sus riesgos de incendio? Los socialistas reivindicamos el medio rural y, por ello, servicios públicos de calidad para poder vivir con dignidad en los pueblos.

Señorías, para concluir, una vez más, agradezco a la defensora del pueblo y a su equipo la perfecta radiografía que ha ofrecido de nuestro país y de su situación, tanto de manera expresa como implícita. El informe que hoy analizamos es una radiografía social de España en la que, a pesar de las alharacas del Gobierno del PP y de su presidente, no se aprecian, desgraciadamente, nuevo rumbo ni cambio de tendencia. En las páginas de este informe sigue apareciendo un país en el que los recortes en materia de asuntos sociales y las dificultades económicas se hacen crónicas. Esta es la España que se sigue dibujando, a cuya conservación y denuncia el Grupo Parlamentario Socialista anima a la defensora del pueblo a no abandonar su privilegiada aunque, cada vez, más reducida atalaya.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Burgos.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, interviene la senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora defensora del pueblo, señores defensores adjuntos y resto del equipo de la institución que hoy nos acompañan en esta sesión y que tan buena y admirable labor realizan, hoy nos encontramos ante el último informe de la gestión anual realizada por la institución del Defensor del Pueblo, presentado y debatido en esta legislatura ante las Cortes Generales. Es verdad que posiblemente haya otra oportunidad, quizás en septiembre, siguiendo el compromiso que asumió la defensora del pueblo y que ha venido cumpliendo, de, con carácter previo a que finalice la gestión que realiza en 2015, dar un anticipo de la evolución de las quejas de los ciudadanos, qué problemas hay, y cuáles son sus recomendaciones. En todo caso, como he dicho, este es el último informe de la gestión correspondiente a 2014 presentado y debatido en esta Cámara.

Me parece oportuno, y así lo ha hecho también el señor Cazalis, hacer un pequeño balance del funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales a lo largo de esta legislatura, y lo voy a hacer brevemente, teniendo en cuenta una triple dimensión: en primer lugar, las actuaciones que hace esa institución en su defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos; en segundo lugar, desde una perspectiva interna, los compromisos que ha asumido esa institución en su defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de nuestro país para lo que está comisionado; y, en tercer lugar, su relación con las Cortes Generales. Pues bien, en el primer eje, en la defensa de derechos y libertades de los ciudadanos de este país para lo que está comisionado, el balance es positivo, como así también lo han manifestado otros portavoces que han intervenido en esta sesión plenaria. En esos informes anuales de la gestión que ustedes vienen realizando, se observan los problemas que tienen los ciudadanos a través de las quejas que les dirigen a ustedes; también se ven las recomendaciones que, tras estudiarlas con mucho esfuerzo, efectúan ustedes; cuáles han sido las actuaciones de oficio en las que ha habido un incremento, que también les pedimos desde esta Cámara. Quiero señalar que ustedes están haciendo estudios monográficos, a los que la señora Becerril ha hecho hoy también referencia, que precisamente versan sobre aquellos problemas sociales más candentes y que más preocupan a los ciudadanos, referidos a diversos temas, deudores hipotecarios, desahucios, trata de seres humanos, libros escolares y sobre muchas otras cuestiones, y alguno está pendiente de que podamos debatirlo y estudiarlo en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Se han mejorado los tiempos de respuesta, y ahí ha sido muy exigente la institución del Defensor del Pueblo para conseguir una mayor eficacia y, como digo, una mayor efectividad en la solución de los problemas que plantean los ciudadanos; mejora de la respuesta del defensor del pueblo pero también de las distintas administraciones públicas a las que se pide información o a las que se transmiten resoluciones. Una medida muy oportuna fue la que tomaron cuando establecieron un nuevo mecanismo, en el caso de administraciones entorpecedoras o incumplidoras, como es trasladar a la fiscalía esos supuestos, lo que ha contribuido a que verdaderamente haya disminuido de forma exponencial el supuesto de administraciones incumplidoras.

En este eje podemos afirmar que la institución ha actuado con independencia y firmeza respecto a otras instituciones, con gran cercanía a los auténticos problemas de los ciudadanos, con sensibilidad ante las quejas y haciendo un papel no de mero trámite o tramitador de esas quejas, sino de sondeo, de tener sensibilidad y estar a pie de calle de todo lo que está pasando y de lo que afecta a los ciudadanos que impide que hagan uso de sus derechos y libertades.

Respecto al funcionamiento interno, segundo eje sobre el que quería hacer un balance, han asumido ustedes nuevos compromisos y nuevos retos por encima de la ley, como decía antes, redundando en una mayor eficacia, y ello, además en un contexto de austeridad, de contención y reducción del presupuesto, sin menoscabo de la actividad que ustedes realizan. Ha habido esfuerzo en la transparencia, como aquí nos ha detallado la señora defensora del pueblo, aun con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de transparencia, aprobada en 2013. Se puso en marcha una página web en abril de ese año para dar más accesibilidad a los ciudadanos pudiendo presentar sus quejas también por vía telemática. Me parece muy interesante esa nueva iniciativa —también ha hablado de esto la señora defensora— de un portal de seguimiento de las quejas. Creo verdaderamente que ese es un acicate enorme para todas las instituciones, empezando por la del Defensor del Pueblo y para el resto de las administraciones públicas afectadas por quejas y recomendaciones, porque así los ciudadanos pueden tener perfectamente información puntual del estado de sus quejas y del tiempo de respuesta por parte de las distintas administraciones. Como digo, es un compromiso de transparencia y de aumento de tiempos de eficacia y de mayor accesibilidad y proximidad a los ciudadanos.

Presentan el informe y han hecho un gran esfuerzo en nuevos formatos. Ahora es también accesible a través de las tabletas y en formato ebook, y también han hecho un esfuerzo para dar accesibilidad a personas con discapacidad a través de un convenio con la ONCE haciendo que estos informes puedan ser también escuchados. Creo que ese gran esfuerzo ha redundado en una mayor proximidad y eficacia respecto a los ciudadanos y, como decía, con austeridad y reducción presupuestaria, lo que no ha impedido que aumentaran ustedes una demanda que les hicimos: incrementar las actuaciones de oficio. Porque si en 2013 fueron 347, en 2014 han sido 489, un incremento de más de un 41 %, aspecto que me parece esencial.

El tercer eje sobre el que quería hacer este balance está relacionado con las Cortes Generales. Como ha señalado el senador Cazalis, hemos podido ver que han centrado el esfuerzo en una mayor celeridad en la presentación y debate de los informes, y, de hecho, los correspondientes a la gestión de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se han presentado en febrero y hemos podido debatirlos entre marzo y abril en la comisión mixta y en los Plenos de ambas Cámaras. No ocurría así al principio y lo cierto es que los primeros informes que debatimos en esta legislatura, en el año 2012 fueron los de 2009, 2010 y 2011, como ha comentado el señor Cazalis. Pues bien, todo ello ha supuesto un esfuerzo para dar normalidad y para que el debate esté próximo a la gestión que se ha venido realizando. Además, también está esa información previa que nos permite a la comisión mixta antes de que finalice la gestión actual ir teniendo datos sobre las quejas y recomendaciones efectuadas. Son numerosas las comparecencias que han tenido lugar en la comisión mixta, así como el estudio de distintos temas monográficos, como ha comentado usted, y se detalla minuciosamente en el informe que hoy debatimos. Por ello no me queda más remedio —lo que hago con sumo agrado— que felicitarles y agradecerles la labor que ustedes vienen haciendo al igual que han hecho el resto de portavoces.

A través del análisis, estudio y debate de estos informes sobre la gestión anual del Defensor vemos la evolución de la situación de España y de los principales problemas que nos afectan a los españoles. Así, vimos en uno de los primeros informes que pudimos analizar en esta legislatura, el correspondiente a 2011, la crudeza de la crisis económica y las quejas presentadas por los ciudadanos ante los mayores recortes sociales que se habían practicado —los que hizo el Gobierno socialista en 2010—, con un importante apartado que se introducía por primera vez en ese informe referente a la pobreza y a la crisis económica. Pues bien, esa nefasta gestión socialista agravó profundamente las consecuencias de la crisis dejando heridas muy difíciles de curar, como son esos, nuevos, más de 3 millones de desempleados, es decir, el mayor recorte social que hemos sufrido. Afortunadamente, y gracias a estos años del Gobierno del Partido Popular y a la adopción de reformas ambiciosas y rigurosas a la vez que dolorosas, así como fundamentalmente al esfuerzo de los españoles, la situación empieza a ser muy distinta: de 76 meses en los que ha ido subiendo el paro, hemos pasado a 16 meses en los que baja el paro. Si desde 2008 a 2011 se destruían 2200 empleos diarios, en 2014 se han creado 1200 empleos diarios. Hay más de 9 millones de pensionistas que han cobrado sus pensiones revalorizadas, mientras que en otros tiempos otros las congelaron cuando, además, en esos momentos el IPC era superior al 3 %. Más de la mitad de los presupuestos actuales del Estado están destinados a gasto social y el 70 % de las medidas de financiación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales se ha dedicado a prestaciones sociales. Se han mantenido y prorrogado las prestaciones por desempleo y aprobado nuevas medidas para facilitar la inserción de los parados de larga duración.

Señorías, el Gobierno de Rajoy ha aprobado, además, un plan nacional de inclusión social para el período 2013-2016, un plan que el Gobierno socialista dejó caducar en 2010, a pesar de que ya había una importante bolsa de pobreza. Ha aprobado también un plan concertado para servicios sociales, ambos con una importante dotación presupuestaria. Pues bien, ese esfuerzo y esa prioridad en mantener los pilares del Estado del bienestar, en atender especialmente a las personas más vulnerables ante la crisis y con más dificultades ha ido trayendo su fruto y vemos cómo en 2013 por primera vez en los últimos cuatro años se reducen los indicadores más importantes que se utilizan en Europa para medir la desigualdad social. No hay que olvidar lo que ocurría en años anteriores: entre 2007 y 2011 España fue el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad, según un informe de la propia OCDE de junio de 2014. La pobreza —también la pobreza infantil— crecía en España mucho más que en la Unión Europea. Afortunadamente, esa tendencia se ha acabado. Ante una situación tan grave como la que había, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en mantener el Estado del bienestar de una forma sostenible, en desarrollar políticas sociales priorizándolas en las personas más vulnerables, en luchar contra la pobreza, la desigualdad o la exclusión social. Hay aspectos muy importantes que se recogen en el informe como la integración y la solución de problemas con personas con discapacidad. Aquí se ha aprobado una Ley de derechos de las personas con discapacidad, un plan de acción para los años 2014 a 2016 que, sin duda, permitirá mejorar la situación de las personas con discapacidad, y lo veremos en los informes próximos que pueda presentar la defensoría del pueblo. (Rumores).

Respecto a la dependencia —sobre la que también hay quejas y de la que han hablado otros portavoces—, ha habido reformas para asegurar la viabilidad de la Ley de dependencia. Hoy hay más beneficiarios con derecho a prestación, menos lista de espera y más servicios profesionales, pero hemos tenido situaciones muy graves, que se han recogido también en los distintos informes de gestión de la institución del Defensor del Pueblo, como la situación de los deudores hipotecarios, el drama de personas que sufrían desahucios o las situaciones de insolvencia personal. En este campo tan dramático y que representa la cara amarga de la crisis económica también ha habido importantes avances: más de 12 500 reestructuraciones de deuda, más de 3800 daciones en pago, suspensión de más de 13 000 lanzamientos de viviendas habituales. (Rumores). Además, en la Ley de emprendedores se establecían acuerdos extrajudiciales para que los empresarios pudieran renegociar sus deudas y tener otra oportunidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por favor, señorías, ruego silencio, hay un rumor muy fuerte.

Continúe, señoría.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Ahora —se ha aludido también en este debate por la defensora del pueblo y por otros portavoces— se ha aprobado recientemente el Real Decreto Ley de 27 de febrero de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que, desde luego, va a permitir un fuerte avance en protección social de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Se amplían los colectivos beneficiarios por esas reestructuraciones de deuda, de daciones en pago, se lucha y se amplía esa lucha contra cláusulas bancarias abusivas. Además, me parece fundamental que la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales, que finalizaba el próximo mes de mayo, se prolongue dos años más, hasta 2017. También se establece un mecanismo de segunda oportunidad, un marco permanente ante las situaciones de insolvencia personal. Por primera vez familias, autónomos y pymes van a tener un sistema específico para poder superar situaciones de insolvencia y tener una segunda oportunidad en su vida y que a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, no tengan que arrastrar indefinidamente a lo largo de su vida la losa de una deuda que nunca van a poder pagar.

Además, en este real decreto se reforman las tasas judiciales de manera que se suspenden dichas tasas para todas las personas físicas y se amplían deducciones fiscales para aquellas familias en situaciones más vulnerables.

Hay muchos otros aspectos en los que se han hecho avances: en los enfermos afectados por hepatitis, en las becas o en las víctimas del terrorismo. Sin duda, esa fue una prioridad y un compromiso de la defensora del pueblo y el Partido Popular siempre ha defendido un compromiso claro e inequívoco con las víctimas del terrorismo, que para nosotros constituyen un auténtico referente ético y moral en la lucha por la libertad y la democracia. De ahí que le anime a que sigan con ese compromiso, haciendo recomendaciones que, sin duda, serán tenidas en cuenta, como se ha hecho hasta ahora, por el Gobierno de la nación.

Aquí se han hecho críticas a las acciones del Gobierno. Se ha mencionado que la pobreza y la desigualdad han aumentado, cuando por los datos que yo he podido dar...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora TORME PARDO:



Sí, señor presidente, termino, aunque he estado unos minutos sin poder intervenir porque había fallado el micrófono, con lo cual, le ruego tenga en cuenta esa cuestión (Rumores).

Aunque muchos se dedican a criticar la acción de este Gobierno, a pesar del cambio notable en la tendencia, hay muchas formas distintas de hacer las cosas. He puesto ejemplos de lo que está haciendo el Gobierno de la nación, pero es que en políticas sociales, en los pilares del Estado del bienestar, como son sanidad, educación o atención a la dependencia, las que tienen las competencias son las comunidades autónomas, y no todas hacen lo mismo. Tengo un ejemplo muy claro, el de una comunidad a la que pertenezco, una comunidad del Partido Popular, la de Castilla y León. Allí se ha trabajado por la cohesión social y la calidad de los grandes servicios públicos. Y, tanto los éxitos como el balance que puede presentar en la Comunidad de Castilla y León Juan Vicente Herrera son indudables. Han sido una prioridad esos grandes servicios públicos. Ello se traduce en que el 80 % del gasto no financiero se dedica a gasto social. En Castilla y León la sanidad pública y la educación aparecen situadas en los primeros puestos en la valoración de los profesionales y de los ciudadanos. Pero es que lo mismo ha ocurrido con la atención a la dependencia, en lo que se nos valoraba con un 9 al inicio de la legislatura y ahora con un 10, habiendo reducido las listas de espera y siendo ahora una de las comunidades que más compatibiliza el tipo de ayudas que se pueden dar.

Somos líderes, como decía, en calidad educativa y en calidad en sanidad, haciendo, además, un gran esfuerzo en que estos servicios se presten con igual calidad en el medio rural, cuestión a la que hacía referencia también el portavoz de la Entesa.

Como decía, las cosas se pueden hacer de forma muy distinta. Así lo hace el Gobierno de España y las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, que no ha estado interrumpida dos minutos que son los que lleva usted de más, así que procure acabar.

La señora TORME PARDO: Finalizo, señor presidente.

Por ello, animo a la institución del Defensor del Pueblo a que siga trabajando con ese rigor, firmeza y contundencia con que lo hace, trasladando las quejas de los ciudadanos y proponiendo soluciones que el Gobierno del Partido Popular, sin duda, pondrá en marcha, como ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Torme.

Damos las gracias a la defensora del pueblo, a los defensores adjuntos y a todo su equipo, y vamos a continuar el orden del día con las mociones.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR TRABAJANDO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA. 662/000184 GPP

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador señor Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. En nombre del Grupo Popular en el Senado presento a esta Cámara una moción de apoyo al sector de la remolacha azucarera y del azúcar de remolacha, sector que a día de hoy concentra sus hectáreas de explotación, y por tanto la producción, principalmente en dos regiones de nuestro país, en Castilla y León y en Andalucía, aunque también tiene incidencia en el País Vasco, en La Rioja y, ya en mucha menor medida, en Navarra, habiendo desaparecido prácticamente en Extremadura y en Castilla-La Mancha, tierra de donde yo provengo.

En la campaña 2013-2014 las hectáreas plantadas han estado en torno a las 35 000 con una producción, más o menos, de 2 851 523 toneladas. En Castilla y León esa producción ha sido de algo más de 1 843 000 toneladas, el 68,8 %, sobre una extensión cultivada de 22 983 hectáreas; en Andalucía, 8407 hectáreas han producido un total de 715 175 toneladas; en el País Vasco, 163 520 toneladas, el 6,1 % de la producción española, sobre una superficie de 2240 hectáreas; y en La Rioja, 1257 hectáreas con 115 300 toneladas de producción, el 4,1 % del total nacional. De estas cantidades recolectadas, el 80,3 % ha sido en época invernal con 2 135 648 toneladas y 26 605 hectáreas, y 8419 hectáreas y 715 875 toneladas de producción en la época estival.

Desde la campaña 2009-2010 la superficie cultivada ha descendido en más de 11 000 hectáreas, por tanto, hay casi un 24 % menos de superficie cultivada en remolacha azucarera. En esa campaña acabó el proceso de reestructuración del sector que nace en la reforma del año 2008.

En la campaña 2005-2006 el número de agricultores remolacheros alcanzaba en nuestro país los 20 591. Además, 5500 trabajadores lo podían hacer y lo hacían en once fábricas de transformación de la remolacha en azúcar. Hoy se estima que ya son solo 8500 los agricultores dedicados a la remolacha y tan solo cinco las fábricas que se dedican a producir azúcar; cuatro fábricas en la zona norte —en La Bañeza, Toro, Miranda y Olmedo—, y una fábrica en la zona sur, en Guadalete. Son dos las empresas propietarias de estas cinco fábricas: Azucarera Iberia S.L. y la Cooperativa General Agropecuaria ACOR.

La superficie de remolacha en España es ya sólo el 3,5 % del total de la Unión Europea y el 0,8 % de la superficie mundial. En cambio, el consumo nacional en esta campaña 2013-2014 ha sido de 1 641 209 toneladas de azúcar, más o menos, 35 kilos/habitante, aun así, ha descendido el consumo sobre el año anterior en un 7,1 %. Por lo tanto, somos importadores netos con una balanza comercial negativa de 1 320 417 toneladas, fundamentalmente de azúcar bruto destinado al refino. Principalmente importamos de Reino Unido, Francia, Brasil, Portugal y Mozambique. Nuestra cuota asignada por la Unión Europea no alcanza el medio millón de toneladas, es decir, menos de un tercio de aquello que consumimos. Las ayudas que la Administración hace llegar al agricultor representan, hasta la fecha, el 53 % de los ingresos del agricultor de remolacha; estas ayudas, como se ve, están por encima de la media que reciben los agricultores por la política agraria común.

La desaparición del régimen de cuotas en la Unión Europea a partir del 1 de octubre de 2017 genera, sin duda, alguna incertidumbre, también importantes retos, y creemos que puede generar oportunidades al sector, que se dan al liberalizar la producción y al ser nuestro país, España, deficitaria en cuanto a nuestro consumo, en tanto en cuanto nuestro consumo es mayor —hasta multiplicar por 3— que la producción asignada hasta el momento por las cuotas comunitarias.

La organización del sector en la interprofesional de productores e industria está generando también acuerdos que ayudan a ser optimistas en cuanto a la generación de valor añadido y, por lo tanto, también a la consecución de buenos precios que hagan rentable el cultivo.

Las organizaciones agrarias, los agricultores son partidarios de incrementar el número de hectáreas cultivadas y, por lo tanto, la producción. Hay que recordar que España, nuestros agricultores en las hectáreas que cultivan son altamente competitivos por cuanto que la producción es mayor por hectárea que en otros países de la Unión Europea con los que vamos a competir, con los que ya competimos de manera directa.

Entendemos que es necesario seguir avanzando en el aumento de la competitividad de nuestro sector remolachero en un escenario de liberalización de producciones, de comercio global, de aumento de las expectativas de hectáreas cultivadas y también, por qué no decirlo, de una posible caída del precio final del azúcar. Para ello, entendemos que la investigación, la I+D+ i en el sector agrario, avanzar en mejores semillas, la valorización de los subproductos, la reducción de todos los costes que genera la producción de la remolacha y la reducción de los costes en el regadío es fundamental para hacer más competitivo el sector y para hacer posible un sector rentable, una renta adecuada de los agricultores y de la industria que permita satisfacer no solo las demandas del consumidor, sino también seguir generado economía y empleo.

El Gobierno de España en las últimas negociaciones sobre la política agraria común para el período 2014-20120 ha defendido el mantenimiento de cuotas más allá del 1 de octubre de 2015, y ha conseguido finalmente que se prorroguen hasta ese 1 de octubre de 2017. También se prevé en la PAC, y el Gobierno ha adoptado los acuerdos precisos para ello dentro de la política nacional, ayudas acopladas a la producción de casi 17 millones de euros anuales hasta 2020; ayudas que nacen en tanto en cuanto el Consejo de Ministros de la Unión Europea del 24 y 25 de junio de 2013 llegó al acuerdo final del mantenimiento del sistema de cuotas de producción hasta el final de la campaña de comercialización 2016-2017. Por lo tanto, hay un marco de estabilidad del sector de cuatro años para incrementar su competitividad de cara a hacer frente a una nueva coyuntura en un mercado menos intervenido.

Otras medidas que también están acordadas son mantener el canon de producción durante el vigente régimen de cuotas, que pasen a ser ordinarias la actuales medidas extraordinarios de incremento de la cantidad de azúcar en el mercado comunitario, la recalificación del azúcar fuera de cuota y la importación adicional de azúcar bruto con arancel reducido; la fecha de comunicación del traslado de azúcar a la campaña de comercialización posterior por las empresas productoras se extiende hasta el 31 de agosto, teniendo en cuenta de esta manera la remolacha que se cultiva en la zona sur de España, y durante la vigencia del régimen de cuotas se mantiene la preferencia de importación en los tres primeros meses de cada campaña de la comercialización a las refinerías a tiempo completo. La cantidad correspondiente de azúcar para refinar en este período se incrementa ligeramente hasta los 2 millones y medio de toneladas. Todo esto, junto a las ayudas acopladas al sector de la remolacha, que suman casi 17 millones de euros, y la posibilidad de acometer ayudas en el Plan de desarrollo rural por cada comunidad autónoma, como ha anunciado el Gobierno de Castilla y León, entendemos que hace posible trabajar en esas oportunidades; trabajar en las oportunidades de reducir costos, trabajar en las oportunidades de aumentar la competitividad, trabajar en la oportunidad de aumentar la superficie cultivada y la producción y trabajar en la oportunidad, como están haciendo otros sectores, de buscar en la internacionalización nuevos mercados.

Por ello, el Grupo Popular, en la búsqueda de esas oportunidades, reafirmándonos en la necesidad de seguir haciendo sostenible y manteniendo un cultivo que en el regadío es rentable, propone esta moción, en la que el Senado insta al Gobierno, en primer lugar, a seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y en un uso más racional de los factores de producción, y reducir las diferencias de costes con los productores europeos, invirtiendo en investigación y desarrollo como herramienta clave para conseguir esa competitividad; y, en segundo lugar, a apoyar cualquier iniciativa que pueda realizarse para favorecer la imagen del producto del azúcar que haga posible, como todo en la vida, que con un consumo racional y adecuado pero también necesario, pueda salvarse la situación de ese descenso del 7,1 % del consumo interno en la campaña 2013-2014 respecto de la anterior.

Creemos que hay expectativas y retos, quizás también incertidumbres, que se pueden salvar con el trabajo serio que están haciendo los productores y la industria, con la concertación de medidas que ayuden a hacer rentable la producción, así como con la aportación que el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías pueden llevar a cabo mediante las ayudas que permitan hacer a este sector rentable y competitivo y cambiar esa tendencia que se originó ya hace tiempo y que hizo que desapareciese el cultivo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, mi región.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular ha presentado una moción —entendemos que con buena intención— para mostrar su apoyo al sector remolachero azucarero de nuestro país, fundamentalmente asentado, como ha dicho el señor Cotillas, en Castilla y León y Andalucía. Pero sorprende en esta moción que, tras una exposición de motivos en la que se resume brevemente la situación por la que atraviesa el sector, en la parte resolutiva se inste al Gobierno a que siga haciendo lo que está haciendo —parece ser—, con lo que da la impresión de que lo que se pide al Gobierno que haga y nada es todo uno. Pero tampoco en el análisis que realizan en la exposición de motivos se aporta absolutamente nada nuevo. Probablemente, las afirmaciones bien podrían haber sido obtenidas con un sistema de corta y pega de cualquiera de los informes técnicos que elaboran las organizaciones agrarias. Incluso, hay un párrafo copiado literalmente de uno de estos informes, en el que únicamente se cambia un tiempo verbal —erróneamente, por cierto, porque distorsiona el sentido—. Y la intervención del senador del Partido Popular a los senadores que no conozcan el cultivo de la remolacha les ha podido venir muy bien para enterarse de esta proliferación de datos técnicos, que probablemente le ha pasado el Ministerio de Agricultura, y que de forma divulgativa y orientativa vienen muy bien, pero no aportan prácticamente nada para defender la moción.

Es evidente, señorías, que la reforma del sector azucarero en la Unión Europea ha afectado negativamente a los remolacheros y es evidente que la liberalización del mercado comunitario provocará la desaparición de buena parte de la superficie dedicada a la remolacha en toda la Unión Europea. Es evidente también que esta situación tendrá una especial incidencia en España si no se establece un precio remunerativo apropiado, que al menos cubra los costes de producción. Todos sabemos que el buen trabajo y la profesionalización de los cultivadores ha hecho que la remolacha española presente los mayores rendimientos de azúcar de toda la Unión Europea, pero esto, señorías, ha sido sobre la base de un mayor coste de producción respecto de otros países comunitarios, sobre todo debido a los costes del riego. Y todos sabemos que el sector está poniendo los medios necesarios para incrementar su competitividad con inversiones económicas en infraestructuras, maquinaria, etcétera, y siguiendo las pautas marcadas por los técnicos de las organizaciones agrarias, las industrias azucareras y de la Asociación de investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera.

Pero la liberalización de las cuotas y la falta de apoyos económicos suficientes pueden hacer inútiles todos estos esfuerzos y provocar la desaparición del cultivo en nuestro país, con las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva. Señorías, puede ser que el futuro de la remolacha y los remolacheros pase por incrementar la productividad, es cierto, pero no solo por eso, debe pasar también por la mejora de los precios, para que al menos, como decía antes, cubra los costes de producción. Eso solo se consigue si las industrias azucareras y las administraciones articulan una serie de medidas económicas de apoyo directo a los remolacheros que aseguren el cultivo y la rentabilidad de las explotaciones. En ese sentido tenemos que agradecer los acuerdos interprofesionales que se vienen firmando entre la industria y las asociaciones agrarias que, como el último firmado en diciembre de 2014, permitirá definir un escenario estable para los remolacheros ante la desaparición de las cuotas de azúcar en el año 2017. Todos estos compromisos son básicos para mantener todo el tejido social y económico asociado al cultivo de la remolacha azucarera.

Conscientes de esta realidad, la moción que presenta el Partido Popular sería muy oportuna si hubieran planteado algo concreto, pero como he dicho ya al inicio de mi intervención, no plantean ustedes absolutamente nada, y por eso nosotros presentamos una enmienda, que espero que nos acepten, en la que proponemos algo muy sencillo: que el Gobierno elabore y apruebe un plan nacional que evite la disminución y deslocalización de la producción en las zonas tradicionales —es lo que piden, señorías, las organizaciones agrarias—, y que entre las medidas a adoptar dentro de ese plan se incluya algo tan sencillo, entre otras medidas por supuesto, como la reducción de las tarifas de regadío, que saben ustedes que se han incrementado brutalmente desde que el Partido Popular ha llegado al Gobierno y que están ahogando la economía de los remolacheros; medidas concretas, señoría, que complementan, por supuesto, la declaración de buenas intenciones que es lo que hacen ustedes solamente con su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o rechaza la propuesta de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Cotillas López.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señor presidente, vamos a rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por varios motivos.

En primer lugar, en cuanto a lo que hace referencia a volver a negociar con la Unión Europea el mantenimiento de las cuotas, al menos hasta el 2020 sabe el señor senador que es poco viable, por no decir inviable directamente, que se ha tenido en cuenta la negociación de la política agraria común, que es muy difícil encontrar socios ahora en la Unión Europea que vuelvan a negociar sobre lo mismo y que, además, sabe que se consiguió, frente al criterio de algunos, que se llegase hasta el 2017. Hay comparecencias del anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete, en las que hacía referencia a la manera con la que se aplaudió por el anterior Gobierno precisamente el fin de las cuotas en el año 2015.

En cuanto al segundo punto, elaborar y aprobar un plan nacional que evite la disminución y deslocalización de la producción en las zonas tradicionales, tengo que decir que ese plan nacional está en marcha. Hay una ayuda asociada acoplada a la remolacha que se ha conseguido en esta política agraria común, que ha negociado este Gobierno, de 17 millones de euros anuales hasta el 2020. Si hubiésemos aplicado la política del Partido Socialista de la tasa plana, en vez de 400 euros/hectárea hubiésemos pasado a una disminución del 80 % por ejemplo en Andalucía. También hay ayudas agroambientales dentro del Plan de desarrollo rural. En ese sentido, Castilla y León va a aplicar una ayuda de 500 euros la hectárea, y además también en la organización común de mercado el sector cuenta con acuerdos interprofesionales que dan estabilidad y seguridad a las relaciones contractuales entre productores e industria.

En cuanto a las medidas para la reducción de los costes energéticos, ya lo hemos debatido aquí y no hace mucho tiempo. Es verdad que este Gobierno ha tenido que hacer frente a una situación de déficit tarifario bastante heredada del Gobierno anterior —estamos haciendo frente a ella— y, evidentemente, todos los consumidores hemos notado que nos ha subido el recibo de la luz, aunque menos que en la etapa anterior del Gobierno socialista. Lo que sí ha hecho ya el Gobierno, tal y como se ha comprometido con los agricultores, ha sido reducir, como usted bien sabe, los módulos y el 85 % del impuesto a la electricidad, precisamente, este año.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cotillas.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatori jaun-andreok.

Los datos en este caso son claros y elocuentes. El mundo de la remolacha no es precisamente el mundo más conocido, pero parecer ser que las cosas están más o menos claras: 1,4 millones de toneladas de consumo de azúcar en España frente a una cuota asignada por Bruselas de, escasamente, un tercio, 480 o 490 000 toneladas. Esta cuota supone —y eso también hay que recordarlo— el 50 % de la cuota que España tuvo para 2006.

Como dice la moción, a partir de 2017 se instaura la liberalización de cuotas. Mientras tanto, Francia y Alemania, que son los principales productores o los que más compiten, han tenido reducciones de cuota muy inferiores a la española. Hoy mismo podíamos leer en una publicación profesional que ya para estas fechas los agricultores franceses habían completado el 90 % de la siembra de remolacha y esperan una cosecha excelente, igual de excelente que la anterior, e igual que la anterior. Si ya tenemos que importar, como Estado, dos tercios del consumo por cuestiones de cuota, los productores tendrán que competir con las producciones de Francia que son excelentes y, por tanto, probablemente, a un precio inferior. Y si a esto le sumamos que una de las dos grandes firmas del sector azucarero estatal tiene capital francés, pues seguimos añadiendo alegría a esta fiesta.

No parece fácil que el sector remolachero pueda trabajar con comodidad, sobre todo, porque estos cultivos además necesitan una importante inversión de salida y, por lo tanto, necesitan tener una cierta, no seguridad, pero una cierta estabilidad en los precios finales y si el futuro de las cosechas no está asegurado, evidentemente, es muy difícil aumentar la producción, como se pretende, para poder intentar competir después de 2017 y cubrir el 100 %, si no el 100 % acercarse a él, de las necesidades de azúcar en el Estado, porque además los precios van a la baja. Por lo tanto, los incentivos para el sector no son demasiados.

Algunas comunidades autónomas, senador Cotillas, y usted lo sabe, precisamente para dar seguridad, para mejorar y dar más tranquilidad al sector, han decidido destinar fondos propios a la remolacha. En el caso vasco, se han destinado 800 000 euros entre patata y remolacha por esta preocupación generada, pero también por una preocupación muy importante añadida por el incierto futuro de la fábrica azucarera de Miranda de Ebro, lo que no ayuda nada, desde luego, al sector remolachero vasco.

Esta moción insta al Gobierno a seguir trabajando —y eso está bien— y a apoyar cualquier iniciativa de las que se puedan presentar. Pero, evidentemente, decir a quien tiene que trabajar, decir a quien tiene la obligación de trabajar que siga trabajando es una obviedad. Claro que se tiene que seguir trabajando, obligatoriamente. Se podrá equivocar, pero tiene que seguir trabajando. Decir que siga trabajando en una moción y estar aquí hablando de este tema no parece tener mucho sentido. Resumiendo: en realidad, la parte dispositiva de esta moción dice nada o casi nada. Muy buenas intenciones, pero ninguna medida, ninguna idea. Podremos estar de acuerdo o no con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista —probablemente, no estaríamos de acuerdo—, pero por lo menos intentan aportar algo como representantes que somos, algo más que buenas intenciones.

Por lo tanto, senador Cotillas, como ha dicho el senador Anasagasti, esta es una discusión dulce. Yo creo que esta es una moción diabética, porque no dice nada respecto a hacer una correcta gestión del azúcar, y eso se llama diabetes. En consecuencia, señor presidente, nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Cazalis, según lo dicho hasta ahora, lo que sabemos y vemos es que el sector remolachero se hunde. Esa es la realidad. Se han perdido la mitad de las hectáreas cultivables, en los últimos años se han cerrado 10 azucareras y la pérdida del valor del cultivo es casi de un 50 %. El senador Cazalis lo ha definido perfectamente —como siempre— con esa afortunada frase de la diabetes. Sin embargo, ante esta situación, ustedes hablan de seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y en un uso más racional de los factores de producción o de la I+D, y señalan un segundo punto que me parece interesante: apoyar cualquier iniciativa que se realice a favor de la imagen del producto. (Yo hubiera añadido: apoyar cualquier iniciativa que ayude a la recuperación del sector.)

Señorías, me quedo ojiplático —palabra que existe en castellano y que es muy sonora— ante la situación de este sector —que podríamos comparar con el sector de la leche, sobre el que mantuvimos un debate en una moción muy parecida a esta—, ante la que ustedes podrían guardar un silencio prudente y no decir nada. Sin embargo, presentan aquí una moción para decir que, ante el hundimiento del Titánic remolachero, ustedes seguirán haciendo lo que hacen y lo que les han dicho anteriormente. Es decir, nada. Ciertamente, esto es para nota.

Hemos debatido mucho y largo y tendido durante esta legislatura acerca de las materias agrarias. El señor Cotillas decía que han hecho algo en cuanto al tema del riego. Es verdad que han hecho algo, pero muy poco, señor Cotillas. Sabe que eso no va a reducir en absoluto el 400 % del aumento del coste del término de potencia, que hace insostenibles determinados riegos, en especial, de productos como la remolacha o la patata, que han sufrido una caída en el precio del producto, que ni si quiera les permite asumir los costes de producción, lo que mantiene a este sector, como también al de la leche, absolutamente contra las cuerdas.

La enmienda del PSOE es una oportunidad para aprovechar esta moción y llevar a cabo una acción cuantificable que sea capaz de dar alguna alternativa al sector. Este no es en absoluto el caso de esta moción. Esta moción se suma a su táctica de señalar tan solo el problema —efectivamente, lo señalan, pero hacen únicamente eso— y, a partir de ahí, presentan una moción que solo sirve para el escaparate y nada más.

Por tanto, nos encontramos ante el mismo debate que tuvo lugar en el Pleno anterior con el caso de la leche. Creo que ustedes habrán escuchado en las noticias —el asunto de la leche ha salido en diversas ocasiones en los informativos y en los periódicos— decir al agricultor: Oiga, estoy contra las cuerdas, los contratos de los que ustedes hablan no funcionan, pues lo que me están diciendo las empresas del sector lácteo es que tengo que aceptar un contrato con unas condiciones absolutamente inasumibles para la producción, que lo tomo o lo dejo. Por tanto, no tiene ningún mecanismo para salir al paso y salvar sus explotaciones. Esto es reiterativo en el ámbito de la agricultura. La caída de los precios lleva a muchos sectores a una situación dramática, muy especialmente a las pequeñas explotaciones y a los pequeños agricultores, y seguimos sin hacer nada. En esta legislatura hemos perdido la oportunidad, como les planteamos, de crear una comisión específica, una ponencia para abordar el problema de los precios agrarios, que es gravísimo y que va a tener unas consecuencias muy graves para el sector y para este país. Miro al señor Plana porque sabemos que en nuestro territorio el drama de la fruta va a ser otra vez un tema sobre el que vamos a tener que hablar, y mucho, y va a tener unas consecuencias demoledoras para el conjunto del sector.

Por tanto, señorías, creo que debemos ser honestos por principio, pero especialmente con los agricultores. Debemos decirles que queremos crear marcos que sean creíbles y eficaces. Ciertamente, lo que está claro es que agitar únicamente el agua no nos va a permitir pescar más peces; es decir, hablar de la remolacha no sirve para salvarla, y me temo mucho que en este debate lo único que hacemos es hablar, no hay ninguna medida concreta, y así no vamos a ninguna parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN : Gràcies, president.

En primer lloc, voldria establir un element clau, tot el meu respecte cap a tots els productors agraris i, en aquest cas, els productors de la remolatxa. Retrets, i molts, al que s’està fent contínuament en aquesta cambra en matèria d’agricultura. Haurien d’observar que, gairebé cap grup polític ha presentat cap esmena. I em consta que el representant del partit socialista ha estat dubtant de presentar esmenes. No és perquè hagin presentat una moció pulcra en el seu sentit i en el fons. Sinó perquè ja n’estem cansats que es presentin mocions que no tinguin cap tipus de contingut. Si m’ho permet, gairebé estem amb una qüestió que es diu de vaga de paraules caigudes. En un lloc que hauria de ser l’altar de la utilització de la paraula, de la negociació i de la interpel.lació directa del Poder Legislatiu cap al Poder Executiu, ens presenten una moció, important, però sense cap tipus de mesura. I li dic de veritat, senador Cotillas, des de l’estima que li tinc —ja fa quatre anys gairebé que estem compartint espai i part d’aquest paisatge humà que conformem tots els senadors, doncs crec que hi ha aquest mínim respecte i estima—. Però jo crec, i m’estic plantejant seriosament per part del nostre grup polític, de presentar cap altre tipus d’esmena si no hi ha un contingut de fons. I reitero, reitero tant en la forma con en el fons. Reitero aquesta situació.

Perquè si això ho afegim a una situació de poca agilitat productiva pel que fa a la nostra comissió, la Comissió d’Agricultura, hauríem de fer una mica de balanç, en el fons, i dir: hem estat útils? Hem estat capaços de transformar aquelles demandes que, des del sector, se’ns estan enviant, cap a aquests senadors que som representants de la voluntat popular de diferents territoris per articular i millorar un element fonamental com pot ser, —i ho ha dit el senador Boya— millorar la vida d’aquelles persones que estan a l’entorn rural i que la seva prioritat és viure a l’entorn agrari i ramader? I hauríem de dir que no. Segurament que em rebatrà, que em comentarà que s’ha fet la Llei de millora de la cadena alimentària, la Llei de integració de cooperatives, que s’han pres algunes mesures, però se’n poden fer més.

I li torno a reiterar. Avui, el que s’està veient aquí, amb la gairebé nul.la presentació d’esmenes a la moció que presenten —que no li nego que té la seva importància— crec que és una sonora bufetada a la forma d’actuar que es té al respecte de l’agricultura. Haurien pogut fer algunes propostes. Quan parlen de millora de la competitivitat, som al seu costat. S’han presentat, per part de tots els grups polítics, diferents mocions, per posar-li un exemple, de reducció del cost de la factura elèctrica a l’hora de regar. Vostès, amb la reforma tributària, sí que han rebaixat un 4,5 %. Però li recordo que, en sis anys, el preu de la factura elèctrica utilitzada pel reg —que és fonamental perquè si hi ha aigua, hi ha vida— s’ha increment un 300 %. I això està a la seva mà de proposar mesures pal.liatives a aquesta situació.

Però anem al fons d’aquest sector, molt atomitzat l’element productor. Un oligopoli en la indústria transformadora i incapacitat d’arribar els productors al client final. A més a més, es diu que l’espai europeu és aquell altar del neoliberalisme, el tema de la remolatxa li he de reconèixer que no el coneixia. Però em posen els pocs pèls que tinc de punta. Amb la regulació total que s’està fent de les condicions, tant de producció, tant de quotes assignades i amb la favorització d’alguns països productors en detriment dels productors de l’Estat espanyol. És a dir, aquell altar del neoliberalisme que alguns acusen que s’està transformant l’espai europeu, aquí veiem que hi ha una regularització des de la producció fins a la transformació i això va en benefici dels productors finals i de tota aquesta cadena productiva i cadena agroalimentària? Doncs no és així. I vostès tenien la possibilitat i l’oportunitat en aquesta moció, de fer unes propostes en positiu, demandant i interpel.lant i obligant a l’Executiu del Govern de l’Estat espanyol a que prengués unes mesures concretes.

He parlat de la millora de competitivitat pel que fa a la factura elèctrica. Podríem parlar del preu del gasoil B. Es necessita gasoil per poder produir, per poder fer anar tots els estris que es necessiten al camp. Quin increment hi ha hagut?

Són unes mesures que es podrien prendre. Són unes mesures mínimes però que tindrien molt impacte en la renda productiva d’aquelles persones que es dediquen al camp. Perquè ens omplim la boca que no volem que l’entorn rural quedi despoblat. Ho he dit i ho tornaré a dir. Al costat d’un projecte social, cal un projecte econòmic. I aquest projecte econòmic vol dir que, aquelles persones que estan treballant a l’entorn rural, puguin viure dignament. Un concepte que és la equirendibilitat. Evidentment que els productors necessiten els transformadors i els distribuïdors per arribar al client final. Però repartim d’una forma més equitativa tot aquest valor afegit. I apliquem mesures. Hi ha eines, hi ha instruments, s’ha fet una llei, amb els seus pros i amb els seus contres. Apliquem-ho. Segur que em dirà que la ICA està fent una actuació excel.lent i em consta que s’està fent molt bona feina. Però siguin proactius i posin-ho sobre el paper. És dignificar aquesta cambra en la qual estem presents. És dignificar la feina de tots els senadors que som aquí. És donar valor al fet que el Govern de l’Estat espanyol està a favor de l’entorn rural. No vull entrar en el tema de la distribució i de la negociació de la PAC. Que hi podria entrar. No vull entrar en això. Però li demano, si us plau, que siguin més concrets. Torno a reiterar-li. Aquest senador, si no hi ha unes mesures totalment concretes, es pensarà, d’una forma continuada, si fer aportacions i utilitzar, tan sols, el torn de portaveus.

Per acabar, i no voldria deixar-m’ho, voldria fer una cita de l’Eduard Galeano que diu:



Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. Doncs ajudem a canviar el món i ajudem a dignificar l’entorn rural.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

En primer lugar quiero establecer un elemento clave: mi respeto a los productores agrarios, agrícolas y a los productores de la remolacha. Se han hecho muchos reproches en esta Cámara en materia de agricultura, pero tendríamos que observar que ningún grupo político ha presentado ninguna enmienda —me consta que el representante del Partido Socialista ha estado dudando sobre presentar enmiendas—, y no es porque se haya presentado una moción pulcra en el fondo y en la forma, sino porque estamos hartos de que se presenten mociones que no tengan ningún tipo de contenido. Si me lo permite, estamos casi ante una huelga de palabras caídas —podríamos decirlo así— en un lugar que tendría que ser el altar del uso de la palabra, de la negociación y de la interpelación directa del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Es decir, nos presentan una moción importante pero sin ningún tipo de medida a aplicar. Y se lo digo de verdad, señor Cotillas, con el aprecio que le tengo —hace ya cuatro año que compartimos espacio en este entorno humano que conformamos todos los senadores y creo que este mínimo respeto y aprecio existe—, nuestro grupo político se está planteando seriamente presentar enmiendas si no hay un contenido, repito, tanto en la forma como en el fondo. Reitero esta situación.

Si a esto añadimos el hecho de la poca agilidad productiva de nuestra comisión, de la Comisión de Agricultura, tendríamos que hacer balance y pensar: ¿Hemos sido útiles? ¿Hemos sido capaces de transformar aquellas demandas que el sector nos está enviando a los senadores, que somos representantes de las voluntades populares de los territorios, para articular y mejorar un elemento fundamental como es —y lo ha dicho el senador Boya— la vida de aquellas personas que están en el entorno rural y que su prioridad es vivir en el entorno agrícola y ganadero? Tendríamos que decir que no. Seguramente me va a rebatir, seguramente me va a comentar que se han hecho la Ley de mejora de la cadena alimentaria, la Ley de integración de cooperativas, que se han presentado algunas medidas. Pero se pueden hacer muchas más.

Repito: hoy lo que se está viendo aquí, con la casi nula presentación de enmiendas a la moción que presentan —que no le niego que tiene su importancia—, es un reproche sonoro a la forma de actuar frente al tema de la agricultura. Se podían haber hecho propuestas cuando hablan de mejora de la competitividad. Estamos de su parte. Todos los grupos políticos han presentado distintas mociones. Por ejemplo, respecto a la reducción del coste de la factura eléctrica, ustedes, con la reforma tributaria, sí que la han rebajado aproximadamente un 4,5 %, pero en seis años le recuerdo que el precio de la factura eléctrica autorizada para el riego —que es fundamental, porque si hay agua, hay vida— se ha incrementado un 300 %. Y está en sus manos proponer medidas paliativas a esta situación.

Pero vayamos al fondo de este sector: atomización del elemento productor, oligopolio de la industria transformadora e incapacidad de los productores de llegar al cliente final. Además, se dice que el espacio europeo es aquel altar del neoliberalismo. Debo reconocerle que no conocía el tema de la remolacha, pero los pocos pelos que me quedan se me ponen de punta con la regulación total que se está haciendo de las condiciones tanto de producción, de cuotas asignadas y con el beneficio de algunos países productores en detrimento de los productores en el Estado español. Es decir, frente aquel altar del neoliberalismo que algunos acusan en el cual se está transformando el entorno europeo, aquí hay una regularización desde la producción hasta la transformación. ¿Y eso se hace en beneficio de los productores finales y de toda esta cadena productiva y agroalimentaria? No es así, y ustedes tenían la posibilidad y la oportunidad de hacer una serie de propuestas en positivo, solicitando, interpelando y obligando al Ejecutivo del Gobierno del Estado español a que tomara una serie de medidas concretas.

He hablado de la mejora de competitividad en cuanto a la factura eléctrica. Podríamos hablar también del precio del gasóleo B. Se necesita gasóleo para poder utilizar todas las herramientas del campo y poder producir. ¿Qué incremento ha habido?

Son unas medidas mínimas que se podrían tomar, que tendrían mucho impacto en la renta productiva de esas personas que se dedican al campo. Y nos llenamos la boca diciendo que no queremos que el entorno rural quede despoblado. Lo he dicho y lo repito: junto a un proyecto social tiene que haber un proyecto económico. Proyecto económico quiere decir que aquellas personas que están trabajando en el entorno rural puedan vivir dignamente, el concepto de la equirentabilidad. Evidentemente, los productores necesitan los transformadores y los distribuidores para llegar al cliente final, pero repartamos de una forma más equitativa todo este valor añadido y apliquemos medidas. Existen herramientas, instrumentos, se ha hecho una ley con sus pros y contras, pero apliquémoslos. Estoy seguro de que me va a decir que el ICA está haciendo una actuación excelente —me consta que está haciendo un muy buen trabajo—, pero sean proactivos y póngalo sobre el papel. Se trata de dignificar esta Cámara en la cual estamos, de dignificar el trabajo de todos los senadores, de poner en valor que el Gobierno del Estado español está trabajando por el entorno rural. No voy a entrar en el tema de la distribución ni en el de la negociación de la PAC, que lo podría hacer, pero le voy a pedir por favor que sean más concretos. Repito: este senador, si no se aplican unas medidas concretas, se va a replantear continuamente si hacer aportaciones, o utilizar o no el turno de portavoces.

Quiero terminar citando —porque no quiero que se quede en el tintero— a Eduardo Galeano: Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Pues, ayudemos a cambiar el mundo y a dignificar el entorno rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Sigo al senador Plana. Voy a leer otra cita, esta vez de Antonio Machado, este gran poeta sevillano vinculado totalmente a Castilla y León. Dice lo siguiente: Tu verdad, no; mi verdad, tampoco. Unámoslas y caminemos juntos hacia la verdad.

Senador Cotillas, si ustedes hubieran querido transaccionar nuestra enmienda, se hubiera podido hacer perfectamente. Es verdad que es difícil, que lo que nosotros planteamos en la primera parte tiene una enorme dificultad. ¿Cómo no lo vamos a saber?

Segundo: Elaborar un plan. Dicen ustedes que lo están haciendo. No es cierto que ya haya un plan, se están adoptando medidas concretas puntuales que no forman parte de un plan. Nosotros pedimos que se haga un plan que podríamos haber redactado de otra forma si ustedes hubieran querido, incorporando las propuestas que han hecho aquí tanto el senador Cazalis, el senador Boya, el senador Plana y nosotros.

Le diré en cuanto al tercer punto exactamente lo mismo.

Recordando también a Castilla y León he de decir, señorías, que me extraña que no haya sido un senador de Castilla y León —dado que es donde se produce cerca del 80 % del cultivo de la remolacha— quien haya defendido aquí esta moción. Digo que me extraña, y la verdad es que no me extraña. Ustedes, los que no son de Castilla y León —por cierto, no es la comunidad del Partido Popular, como mi compañera, la senadora Torme, ha dicho en su anterior intervención, sino una comunidad en la que durante unos años ha estado gobernando el Partido Popular—, deben saber que el Partido Popular de Castilla y León tampoco estaba de acuerdo con esta reforma que se ha llevado a cabo y que también ha sido suficientemente crítico con esta reforma del Gobierno del Partido Popular. Por eso entiendo que no haya ningún senador de Castilla y León defendiendo esta moción.

Senador Cotillas, nosotros somos Poder Legislativo, y como se ha dicho también aquí, tiene que ser el Poder Ejecutivo el que diga si se puede o no hacer algo y si hay dificultad o no, pero nosotros como Poder Legislativo tenemos que instar al Gobierno a que haga algo. Por favor, no le instemos —aunque sé que se va a aprobar porque ustedes tienen mayoría— a que siga haciendo lo mismo, porque flaco favor va a hacer al cultivo de la remolacha de Castilla y León si sigue haciendo lo que está haciendo. Si fuera posible legalmente hacer otra enmienda antes de que se apruebe, yo diría: No, dejémoslo, que no haga nada y que lo deje como está hasta que haya un cambio de Gobierno, porque, como siga haciendo lo mismo, lo tenemos claro.

Todos sabemos que el sector remolachero se prepara para el final del actual sistema de cuotas en 2017, teniendo a favor los mayores rendimientos por hectárea —como señalaba antes— de toda Europa y una constante modernización. Pero tenemos en contra una enorme vulnerabilidad frente a todos los países europeos y a otros como los americanos o asiáticos.

Señorías, será difícil competir, y lo sabemos todos, con Francia, país que no tiene los mismos costes de regadío, o con Brasil, India, Tailandia o China, donde los costes de producción son mucho más baratos, o con el azúcar de caña barata, una situación que será realmente preocupante tras la desaparición de las cuotas.

A partir de la entrada en vigor de la reforma de la OCM del azúcar, el sector europeo del azúcar, como se ha señalado aquí, sufrió unos fuertes cambios estructurales que provocaron, entre otras cosas, que la Unión Europea pasase de ser exportadora de azúcar en los mercados internacionales a ser importadora neta. La cuota de producción del azúcar, que se redujo en más de 6 millones de toneladas, ha provocado el cierre de 87 fábricas en toda Europa, el fin del cultivo de la remolacha en países como Irlanda, Letonia, Eslovenia, Bulgaria y Portugal, y en España ha llevado aparejado el cierre de 7 fábricas azucareras —las de Guadalcacín y La Rinconada, de Azucarera Ebro, en la zona sur, y las de Peñafiel y Valladolid, de ACOR, en la zona norte—. Y por si fueran pocos problemas, continuamente se relanzan negociaciones comerciales tanto bilaterales con la Unión Europea como con otros socios comerciales, en muchas de las cuales se utiliza el azúcar como moneda de cambio, defendiendo el cultivo en países con menores costes de producción sin tener en cuenta que las condiciones sanitarias, laborales y de calidad son bastante inferiores a las de la Unión Europea.

Sus señorías saben que, para compensar esta situación y para compensar el precio mínimo institucional de la remolacha, los cultivadores reciben una ayuda a esta reestructuración procedente tanto del presupuesto de la Unión Europea como del Estado y de las comunidades autónomas. Aunque lo saben ustedes perfectamente, les recuerdo que la ayuda estatal consiste en el pago adicional a la remolacha, un pago estatal acoplado y condicionado a la realización de actividades de mejora.

Tengo que recordarles en cuanto a las ayudas autonómicas, a las que ha hecho también mención el senador Cotillas, que hay una enorme diferencia entre comunidades: mientras que en Andalucía se mantiene una ayuda de 340,5 euros por hectárea para remolacha de regadío y 224 euros en secano, en Castilla y León en el año 2011 —como conoce usted perfectamente— se publicó una orden que dejó sin efecto la ayuda de 3 euros por tonelada que había hasta el año 2014 y que desde la campaña 2011-2012 los agricultores han dejado de percibir, limitándose en estos momentos las ayudas para el cultivo sostenible de remolacha azucarera a las contempladas —es verdad, usted también lo ha dicho antes— en el Programa de desarrollo rural de Castilla y León pero dentro de las medidas agroambientales.

El sector de la remolacha, no obstante, se ha venido defendiendo por sí mismo, manteniendo la unidad de todos los afectados mediante los sucesivos acuerdos interprofesionales que mencionaba yo en mi primera intervención, por los que se establecen esas relaciones contractuales entre los productores y la industria para la compraventa de la remolacha, algo característico y relevante de este sector. No voy a detallarlos, pero sí quiero recordar su importancia: por ejemplo, cómo en 2009 se puso en marcha el denominado Plan 2014 para incrementar los rendimientos por hectárea de la remolacha y a la vez reducir los costes; cómo en 2010 entró en vigor el acuerdo de integración del acuerdo-marco interprofesional y el Plan 2014, que clasificó a los agricultores en función de distintos parámetros, como, por ejemplo, el rendimiento, y distribuyó los derechos de siembra entre ellos. En el año 2010 comenzó también el Plan de ajuste del número de muestras, que incluía que, en vez de medir los valores de riqueza y descuento de cada entrega del cultivador, se disminuiría el número de muestras en función de la cantidad de raíz entregada y la frecuencia de la entrega. Y se consiguieron importantes resultados.

Es verdad que tanto las administraciones como los agricultores —como dicen ustedes en la moción— consideran que es necesario seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo y en un uso más racional de los factores de producción, pero también —reconózcanlo— es necesario reducir las diferencias de costes con los productores europeos.

Señorías, seamos serios. No pueden pedirnos aquí que instemos al Gobierno a seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y en un uso más racional de los factores de producción cuando, por ejemplo, en Castilla y León —donde se cultiva casi el 80 % de la remolacha azucarera de nuestro país— impiden hacer sondeos y en la mayor parte de la comunidad no dan autorización ni para los sondeos de menos de 7000 metros cúbicos. No seré yo, señorías, quien les pida que instemos al Gobierno a reducir las diferencias de costes con los productores europeos cuando el Gobierno del Partido Popular no es capaz de controlar ni los costes de producción debido al incremento del precio de la energía eléctrica, impidiendo incluso que los agricultores suscriban contratos temporales coincidiendo con la campaña de riego.

Señorías, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha negociado y aceptado que las cuotas para la leche, la remolacha y los derechos de producción de viñedo desaparezcan, y no es de recibo que ahora se sienten aquí tan complacientes, con una PAC que ha eliminado todos los mecanismos de protección, haciendo desaparecer todas las medidas que eviten la disminución y deslocalización de la producción en las zonas tradicionales, o la reducción de las tarifas de regadío, que, como decía antes, están ahogando a los agricultores;...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino ya, señor presidente. Un segundo.

... o una revisión al alza de las cuantías de las ayudas acopladas para mantener la competitividad.

Por tanto, señorías, mi grupo se va a abstener. Fíjense, podríamos votar que no, pero nos vamos a abstener por que no piensen que no queremos apoyar todos los tipos de medidas que se hagan. Pero, como ya les han dicho aquí, esta moción tiene mucho de tomadura de pelo y muy poco de seriedad, porque realmente pudiendo plantear las medidas que consideremos —ustedes, los demás grupos, mi grupo— necesarias para que el Gobierno las tome en consideración y luego decida si se pueden hacer o no —porque esa es su función—, digo que, en vez de hacer todo eso, lo único que hacemos es un brindis al sol.

Espero que ustedes sean capaces de dar explicaciones de por qué no aceptan estas enmiendas y por qué, pudiendo presentar algo más serio, presentan esta moción a todos los cultivadores de remolacha de Castilla y León, de Andalucía y de todo el país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días otra vez.

Gracias, señor presidente.

Señorías, no les discuto que estoy doblemente sorprendido. En primer lugar, estoy gratamente sorprendido por el voto de abstención del Grupo Socialista —agradezco ese voto—, y un poco más decepcionado y sorprendido con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos —no el Socialista— que han intervenido aquí esta mañana. Estoy acostumbrado a que ustedes hagan enmiendas, a que hagan su trabajo, a que aporten, a que den alguna solución desde su prisma, a lo que no estoy acostumbrado o lo que no entiendo es la posición de sus grupos, y me ha decepcionado sinceramente. Pensaba al inicio que se debía a que este cultivo afecta principalmente a Castilla y León y a Andalucía y que podía ser una de las razones por la que los senadores afincados en el territorio catalán hubiesen preferido dejar hacer, dejar pasar. Pero, después de escucharles, y tomando las últimas palabras del señor Plana, les diré que es verdad que personas pequeñas, con gestos pequeños —que puede ser esta moción—, todas juntas, pueden cambiar el mundo. Pero no es fácil cambiar el mundo ni la situación de la remolacha criticando a este portavoz y no aportando nada. Por tanto, créanme, estoy sorprendido.

No ha habido ni una sola propuesta. Al Grupo Socialista tengo que reconocerle que ha hecho algunas propuestas, aunque no estamos de acuerdo con ellas y hemos explicado por qué. Sin embargo, ustedes no han hecho hoy una sola propuesta, entiendo que quizá será porque no tengan la solución o porque tampoco les preocupe mucho este sector.

Señor Cazalis, la diabetes puede generarse de una manera o, en el caso de la de tipo 2, por el paso de los años o como consecuencia de determinados hábitos de conducta, de consumo, etcétera, más o menos saludables. Evidentemente, su intervención no va a ayudar mucho al sector del azúcar. Es una diabetes que le puede llegar por la falta del buen hábito de generar propuestas. No ha aportado nada a nuestra moción y seguro que todavía aportan menos las intervenciones de los portavoces, que ni la han enmendado para mejorarla ni han buscado otra cosa que la confrontación directa con este portavoz que, como digo, tampoco tiene ningún inconveniente en recibir todos los golpes que sean necesarios y precisos.

Señor Boya, ¿a quién y a qué se debe la pérdida en el sector del azúcar? Y esta pregunta también va dirigida al Grupo Socialista. En Valladolid dicen que hablan el mejor castellano de todo el territorio nacional. Los de Ciudad Real tenemos otro acento, pero hemos vivido el cierre de la azucarera y la eliminación de toda plantación de remolacha en nuestro territorio, pero no ha sido ahora, no ha sido con estas políticas del Gobierno del Partido Popular —al que animamos para que las siga haciendo—, ha sido con las políticas de su Gobierno, del Gobierno del Partido Socialista.

Tengo que poner en cuestión los extraordinarios resultados que dice usted que han aportado esas acciones, ese plan 2009-2010 porque ¿cuáles han sido los magníficos resultados? Tal y como he dicho en mi primera intervención ¿los 8500 agricultores dedicados ahora a la remolacha y al azúcar cuando eran más de 20 000 antes de la reforma de 2008? ¿Y quién gobernaba en 2008? Creo que el Partido Socialista. ¿Esos son los magníficos resultados? ¿O un 50 % de reducción en la cuota, también en 2008? ¿Y quién gobernaba en 2008? ¿Esos son los magníficos resultados? Yo creo que esas políticas serían las que habría que cambiar. Señor Boya, año 2008: pérdida del 50 % de la cuota, muy por encima de lo que perdían los grandes productores, Francia y Alemania. Repito, año 2008, Gobierno del Partido Socialista. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. Por favor, ruego silencio en el hemiciclo.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Por lo tanto, creo que hay que intentar sumar —como han dicho— y, en mi opinión, el Gobierno del Partido Popular se está sumando a los propios agricultores, a las organizaciones profesionales, al sector de la industria. Y lo está haciendo posible con medidas que facilitan el trabajo de las interprofesionales a las que ustedes han alabado con buen criterio. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Nosotros también damos las gracias a que el propio sector sea capaz de ponerse de acuerdo para garantizar la sostenibilidad de su producción, buscar nuevos mercados, buscar mejores precios y garantizar la rentabilidad para toda la cadena alimentaria. En eso hemos trabajado, señor Plana, y es cierto que lo vamos a recordar toda la legislatura, pero es que lo hemos hecho nosotros, aunque también haya intervenido el Senado como parte del poder legislativo, y es una buena medida que está dando resultados y que estamos muy orgullosos de poder defender. Somos un grupo parlamentario que defiende la acción de un Gobierno, que la impulsa en esta Cámara y fuera de ella. Por eso, entiendo que a ustedes les parezcan poco nuestras mociones, pero no entiendo que les parezcan tan poco y que no hagan nada por resolverlo.

Además, señor Plana, señor Boya, es curioso que cada vez que traemos una moción aquí, todos los sectores estén contra las cuerdas, todos. Pero también es curioso que esté aumentando la renta agraria, que estén aumentando las exportaciones, que esté aumentando el consumo en maquinaria y en insumos en el mundo agrario. Es curioso que todos vayan al precipicio, pero los datos indican que su esfuerzo está siendo importante porque el rendimiento, parece ser, empieza a merecer la pena gracias a las políticas de este Gobierno, del Gobierno del Partido Popular.

Como digo, los agricultores están viendo la liberalización del mercado como una oportunidad para aumentar la capacidad de producción, para aumentar el número de explotaciones y para aumentar las hectáreas cultivadas, justo lo contrario de lo que ha hecho el sistema de cuotas que ustedes han defendido históricamente. Por cierto, las únicas intervenciones sobre el tema del azúcar que he podido encontrar en los Diarios de Sesiones hacen referencia a dos preguntas del Grupo Socialista. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

Señorías, guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Y el sentido de las dos preguntas no era llevar la cuota a 2020, era saber si de verdad se iba a dejar la cuota en 2017. Curioso. Hoy ya que está asegurada en 2017 vuelven ustedes a la historia de 2020 que, como digo, el ex ministro Arias Cañete —de quien yo me fío— dijo que no era la posición del Partido Socialista en la negociación previa en la política agraria común.

Quisiera agradecer el trabajo y los acuerdos de las interprofesionales. Hay que recordar que con la tasa plana se hubiesen perdido un 80 % de ayudas en Andalucía. Usted ha explicado cómo el Gobierno de Andalucía ayuda a los agricultores; ha explicado también, y se lo agradezco —yo lo había dicho pero pensaba que no lo iba a decir usted—, cómo el Gobierno de Castilla y León también ayuda a esos mismos agricultores, pero lo que no nos ha dicho, y tendremos que mirar, es cuál de los dos al final ayuda más. Yo tengo la sospecha fundada de que ayuda más el Gobierno de Castilla y León porque usted no ha dicho que lo haga menos y, posiblemente, creo que esa sea la realidad.

Miren, nuestra moción es muy sencilla de entender, también fácil de explicar y tiene un único objetivo, que es hacer posible que ante un tiempo de nuevos retos, ante un tiempo de incertidumbres pero de mayores oportunidades, el sector de la remolacha, del azúcar, vuelva a crecer y no vuelva a ir hacia atrás, como lo ha hecho en épocas de Gobierno socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 143; en contra, 1; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO, UNIVERSAL Y GRATUITO DEL REGISTRO CIVIL. 662/000186 GPS

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 2 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores).

Señorías, guarden silencio.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. (Rumores).

El Grupo Socialista presenta esta moción para que no desaparezcan los registros civiles públicos y gratuitos, para que los órganos judiciales no se alejen, incluso físicamente, de los ciudadanos y para que no se pague por un servicio público.

El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Esquerdo, espere un momento, por favor.

Señorías, guarden silencio.

Continúe, señor senador.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

En esto tan sencillo se puede resumir nuestra moción, en que se mantenga el carácter universal, público y gratuito del Registro Civil y que no se regale su gestión a los compañeros del señor Rajoy, que no se pierdan más puestos de trabajo en España, sobre todo en el sector público, y para que ustedes entiendan que los ciudadanos y los profesionales quieren que se retire su proyecto de ley de manera definitiva.

Señorías, la primera Ley de Registro Civil surgió en 1870 fruto de la Constitución de 1869, en la que primaron las tesis liberales que ensalzaban el ideal democrático de respeto a los derechos y a las libertades individuales, se instauró el principio del Estado aconfesional y se decidió que los bautismos, los matrimonios y las defunciones no iban a depender ya de los registros parroquiales. Esta ley estuvo en vigor hasta 1957, cuando se elaboró la segunda Ley de Registro Civil, y en 1957 se estableció que el registro pasase a depender del Ministerio de Justicia, que el encargado fuera un juez y, a pesar de todo lo que ha llovido, se ha ido prestando un servicio público adecuado.

Señorías, el Registro Civil es una de las instituciones que ha evolucionado y ha ido adaptándose con eficiencia a los cambios que ha experimentado la sociedad española; un éxito que se ha ido desarrollando por las excelentes cualidades de los profesionales a los que se confió su llevanza. Así llegamos a 2011 cuando, como ustedes saben, se promulgó la tercera Ley del Registro Civil, que debería haber entrado en vigor en 2014. Esta ley, la de 2011, se consensuó con todos, incluso con el Partido Popular, para que, por ejemplo, el papel se sustituyera por un nuevo registro único a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, con un carácter electrónico y bidireccional; que se mantuviera el carácter público y universal, y cuya llevanza correspondiera a un funcionario público.

El registro había conseguido una renovación tecnológica y organizativa que costó a los españoles cerca de 130 millones de euros y supuso un paso firme hacia un Registro Civil más ágil y de mayor calidad, orientado a la excelencia y al ciudadano. Se digitalizaron más de 123 300 tomos y cerca de 80 millones de páginas. Pero entonces llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar; llegaron ustedes y asolaron la Justicia; llegó Ruiz-Gallardón y asoló el registro, aumentaron los actos jurídicos, territorializó de manera inadecuada las funciones, aplicó principios hipotecarios en un ámbito en el que mayoritariamente se inscriben actos jurídicos y, por último, se atribuye la llevanza de los registros civiles a los registradores mercantiles y de la propiedad.

Señorías, esta es una decisión política que da luz verde a la privatización del Registro Civil y a la privatización de un servicio público, además de dejar en el aire la situación laboral de más de 3500 funcionarios, al tiempo que va a generar el cobro y el pago por expedientes rutinarios, perjudicando el acceso de los ciudadanos a la Justicia, empeorando el servicio e incluso motivando la futura desaparición de la figura del juez de paz.

Desde luego, los socialistas les reconocemos una virtud: que han conseguido en poco tiempo irritar y enfadar a todo el mundo. Como siempre, han actuado de espaldas a los operadores jurídicos e incluso han faltado al respeto a los propios secretarios judiciales.

El Consejo General del Notariado ha argumentado reiteradamente que esto es una privatización. Los sindicatos, todos los sindicatos, señalan que es poner en manos privadas los registros civiles, lo que va a suponer un coste económico a los ciudadanos. Los jueces indican que se beneficia del negocio privado a un colectivo profesional hacia el cual el actual poder político ha demostrado su proximidad. El Consejo de Estado formula su reexamen en profundidad, además de criticarlo y decir que es oscuro y tiene numerosos interrogantes. Los ayuntamientos españoles, de todos los colores, y muchos parlamentos autonómicos respaldan el Registro Civil como servicio público y gratuito para la ciudadanía, además de defender el empleo público. Y los secretarios judiciales, a los que ustedes han ninguneado, señalan que es someter el Registro Civil al arancel, obligando a pagar por dar constancia jurídica de los actos relativos al estado civil de las personas. Señorías, y todo esto ¿por qué? Para elaborar una ley de parte, para compensar a los registradores del descenso provocado en su negocio, para facilitar a los compañeros, colegas y familiares del señor Rajoy nuevas vías de negocio; en definitiva, señorías, para seguir con su afán privatizador, favoreciendo a sus correligionarios.

El Registro Civil tramita cada año más de 1,4 millones de expedientes gratuitos para la ciudadanía: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, tutelas, cambios de nombres, cambios de apellidos… Privatizar, pagar por todo esto es algo grotesco e inmoral. Pero antes de que esto suceda el próximo 15 de julio, hace unos meses ustedes crearon una verdadera revuelta, un auténtico cisma dentro del Colegio de Registradores, que incluso les dieron un portazo por la falta de acuerdo y no quisieron hacerse cargo del registro. ¿Por qué? Muy sencillo, ellos lo dejaron muy claro: no asumían este trabajo de forma gratuita y ustedes tuvieron que adecuar la ley para buscar el negocio.

Así, con su contrarreforma, habrá que pagar, seguro; digan lo que digan, habrá que pagar, porque, si no ¿de dónde va a salir el dinero para la privatización? La respuesta la dan los propios registradores, y es que el propio colegio reconoce que para prestar un servicio público de calidad, accesible y seguro, como dijo el señor Ruiz-Gallardón, es necesario asegurarles una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil. Entonces, ¿de dónde va a salir esa financiación? ¿De los Presupuestos Generales del Estado, como hasta ahora? Parece que no. ¿De recortes de nuevos servicios? Ahora no toca porque estamos en período electoral. Por tanto, solo queda una triple respuesta: los aranceles de los registradores se incrementarán multiplicados por 10, los actos registrales y los hechos inscribibles se aumentarán y el número de clientes obligados a realizar operaciones con registro también crecerá. Por tanto, el Gobierno, su Gobierno, ha cuadrado el círculo y el negocio sale perfectamente redondo.

Esto es sencillamente imperdonable, y todo para regalar un servicio a unos privados, atentando contra el actual modelo de seguridad jurídica, generando una justicia para ricos y otra para los demás; una política que, unida a sus otras actuaciones, continúa mermando los derechos de los ciudadanos. Ustedes van a acabar con 452 registros civiles de toda España y con los miles de juzgados de paz que hacen de Registro Civil en los municipios pequeños, y todo para crear una sociedad anónima. Lo vamos a llamar registros civiles, S.A. Será una empresa privada que está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad.

Pero permítanme que hable un momento sobre los propios registradores, los beneficiarios de todo esto. El ministro y ustedes dicen que son funcionarios públicos —admitimos pulpo como animal de compañía—. Los registradores son un híbrido entre funcionarios públicos que dependen del Gobierno y trabajadores privados que se financian con aranceles. Lo cierto es que sus registros son empresas privadas y trabajan con una evidente estructura empresarial. El actual ministro juega con las palabras porque incluso la propia Unión Europea recoge que los registradores no pueden ser considerados personas de derecho público porque cobran aranceles y están sujetos al IVA; pero ustedes continúan sacando el pulpo a pasear. Pues no, porque los registradores de la propiedad y mercantiles son profesionales que cobran por su trabajo. Todo esto, señorías, huele francamente mal; huele mal por la cesión de un regalo de un servicio público a unos privados, por la gestión de los expedientes, y canta mucho por la conversión de expedientes, por los software de gestión y por las empresas tecnológicas escogidas con vinculaciones familiares con altos cargos del Gobierno. Señorías, todo esto huele mal por el desarrollo millonario de un nuevo sistema informático. Si en cualquier país se hubiera aprobado un real decreto en un Consejo de Ministros un 4 de julio, bajo la Presidencia de un registrador, hermano de dos registradores, y siendo el ministro de Justicia el yerno y el cuñado de dos registradores, cuando menos, hubiera sido un escándalo; pero aquí no, aquí ustedes siguen sacando pecho y llevando la ley adelante.

Con respecto a los funcionarios de verdad, ¿qué les va a pasar a los del Registro Civil? También es sencillo: los interinos perderán su puesto en favor de los funcionarios con plaza y, los titulares, gracias a la movilidad que se va a generar con la relación de puestos de trabajo, se les recolocará en otros juzgados; por tanto, 3500 empleados públicos se pondrán en la cola del paro.

Es verdad que los españoles vieron una esperanza con la llegada del nuevo ministro, cuando Gallardón dijo adiós. El señor Catalá, al poco de sentarse en el sillón del ministerio, dijo que reconsideraría algunas de la cuestiones de su antecesor. Dijo que no habría reformas sin colaboración con los funcionarios públicos y, todavía más, se comprometió a revisar la llevanza del Registro Civil, pero ¿todo fue un sueño para los españoles? No, todo fue una gran mentira y un gran engaño porque él también sabía, y lo dijo aquí, qué hacer con el Registro Civil: entregarlo, regalarlo, cederlo a los registradores y desmantelar un servicio público que, según el Observatorio de Calidad del Ministerio de Hacienda, cuenta con un 85 % de satisfacción. Incluso han llegado a desarrollar una reforma a la medida donde el propio Colegio de Registradores es quien ordena y legisla en esta materia y le dice al Gobierno cómo tiene que desarrollar la ley vía enmiendas. Por lo tanto, los españoles, en justicia, hemos ido a mucho peor.

Señorías, un servicio como este debe ser público e integrado en la Administración Pública; debe ser universal y gratuito, y nunca se debe dejar en manos privadas porque no solamente se va a deteriorar el servicio sino que se va a generar una fuga de datos personales que dejarán de estar bajo el control de la propia Administración Pública y pasarán a manos de despachos privados.

Todo esto, según ustedes, lo hacen para desjudicializar el registro, para evitar las quejas de los ciudadanos, para reducir las colas, para eliminar la burocracia, para dotar de más seguridad jurídica y, sobre todo, para ahorrarse 450 millones. Falso, rotundamente falso. Señorías, todo esto es un intervencionismo atroz y un disparo a la línea de flotación del derecho a la intimidad y un choque contra el sistema jurídico y la ética política.

Con esta moción no pretendemos poner en duda la cualificación profesional de los registradores —aunque es cierto que no tienen experiencia en el Registro Civil— pero ustedes, desde luego, les van a convertir en una suerte de cuarto poder independiente de la administración, con autonomía en la gestión, ajeno a las estructuras públicas y con un claro monopolio legal. Esta es su política, una política de austeridad de pay per view, pero en régimen de concesión y por conducto obligatorio.

Meter la mano en el bolsillo de los españoles, deslocalizar oficinas y colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, civil y mercantil, con un poder sin parangón en cualquier Estado de derecho moderno, no es lo ideal. Señorías, con su decisión política se va a anquilosar nuestra creatividad jurídica y nuestro derecho privado.

Por lo demás —y lo decía antes—, el ceder datos personales e íntimos de los españoles a una corporación privada es un riesgo que apunta al corazón de la democracia y del Estado de derecho, que por un lado abre la puerta para el usufructo privado de bienes públicos y de cualquier tipo y, por otro, abre una puerta que la convierte en giratoria para algunos como nuevo nicho de negocio.

Cada día que pasan ustedes en el Gobierno nos sorprenden. Justo dentro de tres meses —de 15 de abril a 15 de julio—, cuando un ciudadano vaya a registrar el nacimiento de un hijo pagará 20 euros; por registrar una defunción y por casarse, 100 euros; por un libro de familia, 120 euros; por inscribir una comunidad vecinal, 300 euros. Aunque casarse va a ser más difícil este verano, porque algunos juzgados de los registros civiles están dejando de dar fechas, otros no encuentran condiciones para garantizar la celebración de bodas a partir de julio, otros ya no dan citas y, otros, directamente los envían a los ayuntamientos. ¿Esto es seguridad jurídica? ¿Esto es gobernar para los ciudadanos? Solo nos queda una esperanza, que hoy vean la respuesta que dan los grupos en esta Cámara y reaccionen, de modo que no permitan que se pierda un servicio público, con lo que supone para la ciudadanía y no solamente porque se pierdan datos sensibles e importantes para los propios españoles, sino incluso desde el punto de vista histórico y sociológico.

Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista presenta esta moción, porque no queremos que desaparezcan los registros civiles y los juzgados de paz; porque no queremos que los órganos judiciales se alejen de los ciudadanos; porque no queremos pagar por inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, tutelas, por inscribir incapacidades, adopciones, cambios de nombre, cambios de sexo o cambios de apellido; porque no queremos que se generen situaciones de inseguridad a los ciudadanos, como ya se están generando; porque no queremos que 3000 funcionarios se queden sin empleo; y porque no queremos que el Registro Civil deje de ser público, universal y gratuito.

Por todo esto, esperamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara, para que este proyecto de ley nunca entre en vigor y para que el Registro Civil en España, después de ciento cuarenta y cinco años de vida, no se privatice ni se regale a los compañeros del señor Rajoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda que he formulado con el senador Mariscal plantea la derogación del marco legal del que se está colgando el proceso de privatización al que hace referencia esta moción sobre el Registro Civil. Así, plantea la derogación de las disposiciones adicionales vigésimo primera, vigésimo tercera y vigésimo cuarta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Esta enmienda refuerza la moción estableciendo el mecanismo legal que de verdad garantizaría la paralización del proceso de privatización iniciado.

Aparte de ello, no me resisto a decir que el debate que hemos venido desarrollando con bastante intensidad en torno a esa materia debe llevarnos a una reflexión, la de que es legítimo plantearse la mejora de la gestión de un servicio público, como es el Registro Civil, pero que no lo es buscar una alternativa que en ningún caso va a conseguir ese objetivo y que además está absolutamente alejada de la realidad. Por más que se insista, no es verdad que haya un cuestionamiento por los ciudadanos del Registro Civil, que parece que tiene las mismas virtudes y los mismos defectos que el sistema general de Administración de Justicia; que sus carencias son las de los juzgados y que, por lo tanto, son subsanables de la misma forma que las carencias del resto de los juzgados.

Además, afecta a una materia especialmente sensible, los datos personales, lo que configura los datos de la personalidad de nuestros ciudadanos que tienen que tener garantizado al 100 %, por supuesto, que van a contar con una protección y no van a ser difundidos.

Decía el portavoz socialista, acertadamente, que no se trata de cuestionar la capacidad técnica o los conocimientos de los registradores de la propiedad o de los registradores mercantiles, pero, a la vez, debo señalar que no es lo mismo registrar la transmisión de un bien inmueble que registrar una defunción o un nacimiento, entre otras razones, porque en la inscripción o anotación de una diligencia de embargo se trabaja con documentos y en la inscripción de un nacimiento o de una defunción se trabaja con personas. En la mayoría de los casos, la presencia física nunca va a poder ser sustituida por ningún avance tecnológico que se aplique, por mucho que se informaticen los registros civiles.

Por otro lado, tal y como también apuntaba el portavoz socialista, lo que queda claro en este debate es el poder de un colectivo pequeño en este país, unos pocos cientos de registradores mercantiles, a los que se han sumado los de la propiedad, que, además —y esta es otra razón para oponerse a esta privatización—, han encontrado en los últimos años en la Dirección General de los Registros —órgano administrativo dependiente de los responsables del poder político— una especie de tanque, de Panzer, por un lado, para fiscalizar la actuación de cualquier novato en las funciones registrales, pero, además, para desarrollar, a través de la figura de las instrucciones, una interpretación de las normas que es cuasi legislativa. No se da esa situación en ninguno de los jueces encargados del Registro Civil, que gozan de la independencia propia del Poder Judicial. Es decir, esa independencia del funcionamiento de los registros civiles, que en este momento forma parte de la independencia del Poder Judicial, va a desaparecer porque la dependencia se establecerá de esta Dirección General de los Registros, que será la que marque la doctrina, lo cual permitirá una intromisión, hasta ahora imposible, del poder político en el funcionamiento de los registros civiles.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista que paso a detallar. En primer lugar, añadimos el carácter telemático al punto primero de la moción presentada, de acuerdo con la Ley 20/2011. En segundo lugar, y en línea con el punto número 3 de la moción, que insta a que se lleven a cabo las actuaciones e inversiones necesarias que permitan la entrada en vigor de la ley, introducimos una mejora e instamos al Gobierno a que asegure la desjudicialización y la llevanza del registro por funcionarios públicos a través de la plataforma electrónica diseñada al efecto. También en línea con el punto número 4 del petitum de la moción, creemos necesario que la moción aborde todas aquellas acciones posibles para que se mantengan los puestos de trabajo de todos los funcionarios; todos, tanto los fijos como los interinos. Finalmente, como señala el punto número 4, creemos que es fundamental que se realice una adecuada implantación del nuevo modelo de gestión del Registro Civil, contando para ello con todos los sectores y colectivos implicados, y garantizar de este modo que la transición entre sistemas se realice asegurando la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.

Por estas razones, y teniendo en cuenta que se trata de una enmienda que contribuye a la mejora de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, les solicitamos que tengan a bien proceder a su aceptación, más aun teniendo en cuenta que se trata de una enmienda en positivo que, sin duda, nos permitirá avanzar en el funcionamiento de un registro que ofrezca un mejor servicio al ciudadano.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

Señor Iglesias, aceptamos la enmienda que propone la derogación de las disposiciones adicionales vigésimo primera, vigésimo tercera y vigésimo cuarta de la ley porque entendemos que mejora la moción.

En cuanto al señor Arias, presenta una enmienda de sustitución con la intención, supongo, de hacer un traje nuevo a la moción que presenta el Grupo Socialista, pero creo, de verdad, que se han confundido de destinatario. Esta enmienda, este traje nuevo, se lo deberían haber enviado hace tiempo al ministro Gallardón y, si no, al actual ministro de Justicia, porque si usted de verdad se reafirma en su enmienda, tal y como ha dicho, debiera retirarla ahora mismo y apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista.

Hay dos diferencias fundamentales entre la enmienda y la moción. Nosotros, los ciudadanos, los operadores jurídicos y los sindicatos pretendemos que se retire la ley, cuestión que usted no cita para nada en la enmienda. Otro aspecto que diferencia su enmienda respecto de la moción socialista es la continua referencia que hacen ustedes a la traslación telemática de datos, cuestión que ya contempló la ley de 2011 que pretendía, como indicaba antes, hacer un registro único de carácter electrónico y bidireccional, pero con sede en la propia Administración de Justicia y no dirigido a terceros, unos privados beneficiados con alguna empresa que seguramente resultará beneficiaria de la creación y el mantenimiento de todo el sistema telemático y que, además, obtendrá un contrato de relevancia económica muy significativo para alguna empresa mercantil que, según se señala, está muy próxima a altos cargos del Gobierno.

Por tanto, por estas dos cuestiones no podemos aceptar su enmienda de sustitución. Si quiere dar un paso más con su enmienda, es muy fácil: queremos que el registro sea civil, público, universal y gratuito y que garantice los puestos de trabajo y las inversiones necesarias de acuerdo con la ley. Pues bien, tan sencillo como esto: ahora va y, además de retirar su enmienda, le explica al ministro su traje nuevo y vota a favor de la moción socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

¿Algún senador desea utilizar el turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En esta reflexión sobre la situación del Registro Civil y sus alternativas, a la vista también de que la Ley 18/2004 llega hasta el límite, forzando las previsiones de la Ley 20/2011, y constatando además que, en mi opinión, va a resultar imposible que el 15 de julio sea factible el despliegue completo de la ley de 2011, podemos aprovechar la oportunidad, en primer lugar, para repensar la conveniencia de desjudicializar los registros civiles; en segundo lugar, si se llegara a la conclusión de que la desjudicialización sigue siendo la mejor opción, hay que realizar la búsqueda y el encaje de otra fórmula sin salir de la Administración de Justicia. En algún momento se barajó —y no digo yo que sea la opción más adecuada ni preferente— que fueran los secretarios judiciales los que llevaran los registros civiles dentro, insisto, del servicio de Administración de Justicia.

Por otro lado, a estas alturas creo que la garantía de gratuidad —lo decía con datos concretos el portavoz proponente, el portavoz socialista, en la defensa de la moción— es hoy una auténtica quimera. En el debate con el señor ministro ya avanzábamos que se habían introducido nuevos actos inscribibles para garantizar ingresos a los registradores y que se pagaría por actuaciones que hasta ahora eran gratuitas. Recientemente, los medios de comunicación reflejaban que la renovación de la encomienda de gestión de los procedimientos de nacionalidad supondría la transferencia de recursos públicos por importe de 4 millones de euros.

Lo desacertado de la opción que se estaba intentando sacar adelante paso a paso ha contado con la contestación de todos los colectivos del ámbito de la justicia, y de algunos próximos. Me llama la atención, una vez más, la contundencia de los notarios en esta materia. Voy a leer brevemente, si me lo permiten sus señorías, un par de párrafos del editorial de la revista El Notario del siglo XXI, que está en esa mesa del patio del Senado que, como saben sus señorías, es la revista del Colegio de Notarios de Madrid, porque me parece realmente grave. Empieza diciendo: «… la redacción por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de algunas de las enmiendas a la última reforma del Registro Civil, fundamentalmente con la finalidad de apuntalar sus vías de financiación, no viene más que a confirmar los peores augurios: la estrategia política diseñada para garantizar la subsistencia de un cuerpo de funcionarios va a ser sufragada por los usuarios del tráfico civil y mercantil, por la vía de incrementar su burocracia y trámites». Pero todavía, elevando aún más el tono, al final concluye diciendo: «Pese a todo ello —a lo que acabo de hacer referencia—, existe un riesgo todavía mayor, que apunta al corazón de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Se van a ceder los datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con intereses económicos propios e individuales muy señalados. La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar. Ya no es solo que por este portillo se abra la puerta al usufructo privado de bienes públicos de cualquier tipo y condición, sino que atribuye herramientas de control policial sobre la ciudadanía a sujetos cuyos intereses privados no coinciden con los del Estado». Ninguna editorial de Mundo Obrero se atrevería a decir las cosas con tanta claridad.

Muchísimas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor presidente, señorías.

Hace poco más de tres años y medio que se aprobó con un amplio consenso —se ha comentado, y es un dato importante que hay que subrayar— la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, es decir, todos los grupos de la Cámara apoyaron este texto. Además, esta ley tenía una buena adecuación a las necesidades de la sociedad del siglo XXI y superaba ya las contradicciones que estaba generando la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957. Algo importante era el equilibrio que se lograba, por una parte, con la necesaria protección del derecho fundamental a la intimidad y, por otra, con el carácter público del propio Registro Civil. Un dato curioso es que la Ley 20/2011, de 21 de julio, se publicó el día 22 de julio, pero a través de su disposición adicional décima el grueso de dicha ley entró en vigor a los tres años de su publicación, es decir, el 22 de julio del 2014.

Evidentemente, no creo que sea el momento para valorar si la vacatio legis era excesiva o no, pero sí voy a subrayar que, a un mes de la entrada en vigor de la ley, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contestó en esta misma Cámara, si mal no recuerdo a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, lo siguiente: El Gobierno, en breve, presentará una propuesta para que el Registro Civil esté a cargo de los registradores mercantiles. Lo anunció en esta Cámara, y su respuesta no fue ninguna casualidad, puesto que en el Consejo de Ministros celebrado la semana siguiente, el viernes 4 de julio de 2014, como ustedes recordarán, mediante un real decreto ley ómnibus, que más tarde fue la Ley 18/2014, de 15 de octubre que antes ha mencionado, se modificaron decenas de leyes en las cuales había 5 disposiciones adicionales que establecían que la llevanza del Registro Civil sería asumida por los registradores de la propiedad y mercantiles. La conclusión es que la Ley 20/2011, que se aprobó por unanimidad —aunque nosotros tuviéramos algún reparo porque desocializaba el único Registro Civil, reparo que entendíamos que se contrarrestaba con el artículo 22 y las disposiciones adicionales primera, segunda y sexta de la propia Ley 20/2011—, evidentemente equilibraba el papel que tenían que jugar las comunidades en todo este quehacer.

En estos momentos, en el Congreso de los Diputados se encuentra en tramitación la reforma de la Ley 20/2011 y, a su vez, se quiere poner en marcha un sistema informático único que debiera estar en funcionamiento antes del 15 de julio de 2015; es decir, podemos sintetizar esto con una frase: todo un modelo de buen hacer jurídico. Tres años de vacatio legis, teóricamente arbitrados para operar con tiempo, contraste y reflexión, y ahora se nos remite al 15 de julio de 2015, es decir, una prórroga de más de un año pero no para ejecutar el modelo de llevanza ya diseñado, acordado y consensuado en esta Cámara, sino para poner en marcha un nuevo modelo radicalmente distinto al original después de cuatro años.

Y no solo eso. Si la técnica legislativa, en nuestra modesta opinión, ha sido penosa, la técnica relacional, la inteligencia emocional o de sensibilidad para con los implicados y, en este caso, con las comunidades autónomas, también podríamos decir que es penosa. ¿Saben sus señorías cuándo fue comunicada la nueva regulación a los representantes de las comunidades autónomas? Pues en una reunión técnica convocada de urgencia la misma mañana del viernes en la que el Consejo de Ministros debatía y aprobaba el real decreto ley en cuestión que ahora he mencionado, es decir, todo un ejemplo de respeto para con las comunidades autónomas.

Con respecto a la financiación de toda la llevanza del registro, lo que viene a decir es que la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo. Lo decía la ley ómnibus y lo dice la ley aprobada el 15 de octubre, pero si la llevanza del Registro Civil ya no será financiada con cargo al presupuesto público, la pregunta que todos los aquí presentes nos tenemos que hacer es quién sufragará los gastos que genere el Registro Civil, porque en tanto en cuanto no haya una respuesta clara a esta pregunta seguirá existiendo una laguna negra y, evidentemente, un cero o un conjunto vacío en transparencia, porque no parece lógico que los registradores mercantiles aplaudan que sean ellos quienes tengan que cubrir los gastos que genere la llevanza del Registro Civil, como tampoco parece lógico que el coste del Registro Civil se repercuta, vía aranceles, a los restantes usuarios del Registro Mercantil. Con lo cual, ¿cuál es el modelo de financiación que tiene esta llevanza por los registradores mercantiles? Porque, evidentemente, como se decía antes, aquí nadie da duros a cuatro pesetas. Por tanto, ¿dónde está la financiación de todo este servicio?

Además, si repercutiera vía aranceles a los restantes usuarios del Registro Mercantil, podría generar una serie de dudas con el derecho europeo del consumidor y de la competencia, y esto sí que puede generar serios problemas.

En cuanto al punto de vista competencial, ya comentado, el modelo previsto en la Ley 20/2011 permitía algún tipo de intervención autonómica en el ámbito del Registro Civil. Fuimos críticos, pero sí que permitía algún tipo de acuerdo, y es que en aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos posibilitaban la ejecución y desarrollo de esta norma, así lo hacían, pero el modelo que resulta del real decreto que antes hemos citado, después convertido en ley, que encomienda la llevanza del Registro Civil a los registradores que tengan a su cargo el Registro Mercantil, no deja espacio alguno para la intervención autonómica. Es decir, esta ley reduce el papel de las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia de Registro Civil al de verdaderos almacenes de libros de Registro Civil, y no es otro el papel que se da, después de esta ley, a las comunidades autónomas.

Para finalizar, diré únicamente que nosotros vamos a apoyar este texto con la enmienda aportada ya que creemos que clarifica verdaderamente el sentido de esta moción, pero pedimos una vez más algo que para nosotros es muy importante. Me refiero al segundo punto, que no está en la enmienda realizada por el grupo mayoritario, sobre la importancia que tiene la Ley 20/2011 en el ámbito competencial y, sobre todo, respecto del papel que tienen que jugar las comunidades autónomas. Verdaderamente esto clarifica que las comunidades autónomas sí tienen mucho que decir en la llevanza del Registro Civil.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

El nostre votarà favorablement a aquesta moció del Grup Socialista perquè coincidim en un objectiu. L’objectiu és fàcil: volem un Registre Civil gratuït, públic i universal. Això és el que volem.

Com vostè saben, al Registre Civil s’hi inscriuen les dades o els fets essencials d’una persona, el naixement, la mort, el matrimoni, però moltes altres dades. Per tant, estem parlant d’una instància on cal garantir la privacitat. Des d’aquest punt de vista, per garantir la privacitat, històricament el Registre Civil depèn de l’Administració. Ara el Partit Popular ens planteja una privatització del Registre Civil. I la primera pregunta és per què. Quines són les raons que porten al fet que el Partit Popular plantegi una modificació i una privatització del Registre Civil? Privatització que dóna, en definitiva, als registradors mercantils. No hi ha absolutament cap raó, ni una raó en el projecte de llei i, prèviament, en el decret que justifiqui la privatització del Registre Civil. Però, a més a més, hi ha una cosa que també el portaveu del Grup Mixt, el senyor Iglesias, ha dit, que és el risc —no només ho diem nosaltres, sinó els altres grups de l’oposició— que manifesten el Col·legi de Notaris i altres col·legis professionals. Som davant del risc que dades íntimes no siguin respectades des del punt de la seva intimitat i privacitat.

Des d’aquest punt de vista, el projecte de llei diu que no hi haurà problemes econòmics, però no presenta cap memòria econòmica. Llavors, la pregunta que els faig és la següent: com es pot plantejar una reforma, una modificació, del Registre Civil sense dir què es vol millorar, sense dir quin cost econòmic té i posant en risc, en definitiva, la informació o les dades absolutament confidencials que té el Registre Civil.

Jo vull també llegir un parell de paràgrafs del mateix document que el senyor Iglesias ha llegit. Un que diu el següent: «Resumamos una vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un poder sin parangón en cualquier Estado de Derecho moderno».

Això ho diu el Col·legi de Notaris: col·loquem els registradors mercantils com a monopolitzadors de tot el trànsit jurídic, que no té absolutament cap comparació en cap estat de la Unió Europea.

Hi ha un altre paràgraf que també és molt bo, que diu el següent: «El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a una ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, sin estudio alguno sobre los efectos del encarecimiento y entorpecimiento que va a producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España. En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer».

En síntesi: no sabem —el Partit Popular no ens diu— quines són les deficiències o els problemes a resoldre. No ens diu com es finançarà. No hi ha memòria econòmica. Al mateix temps, les inversions importants de més de 100 milions d’euros que s’han fet, en definitiva, es cediran a l’esfera privada. I, paral·lelament, la modernització del Registre Civil en cap cas pot significar un canvi en l’estructura legal.

Jo crec que són raons suficients per dir que no, en definitiva, a aquest projecte de llei, però per donar suport avui a la moció del Partit Socialista, que planteja claríssimament la continuïtat del Registre Civil públic, gratuït i universal en contra de les incerteses i del regal material, però polític, important que el Govern del PP fa als registradors mercantils i de la propietat.

Res més i moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista porque coincidimos en su objetivo, un objetivo sencillo: queremos un Registro Civil gratuito, público y universal; esto es lo que deseamos.

Como ustedes saben, en el Registro Civil es donde se inscriben los datos o los hechos esenciales de una persona, su nacimiento, muerte, matrimonio y muchos otros datos. Por tanto, estamos hablando de una instancia en la que se debe garantizar la privacidad. Desde este punto de vista, para poder garantizarla el Registro Civil depende históricamente de la Administración, pero ahora el Partido Popular nos plantea su privatización. La primera pregunta es esta: ¿por qué?, ¿cuáles son las razones que llevan a que el Partido Popular plantee la privatización del Registro Civil? Se trata de una privatización que da también al Registro Mercantil. No hay ni una sola razón en el proyecto de ley ni en el previo real decreto que justifique la privatización del Registro Civil. Pero es que, además, hay otro aspecto que ha mencionado el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Iglesias, y que manifiestan tanto el Colegio de Notarios como otros colegios profesionales —no solo lo decimos nosotros, también lo dicen los demás grupos de la oposición—, que es el riesgo de que la privacidad de los datos íntimos no sea respetada.

Por otra parte, en el proyecto de ley se afirma que no va a haber problemas económicos, pero no se presenta ninguna memoria económica. Por tanto, la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿cómo puede plantearse una reforma, una modificación del Registro Civil, sin afirmar qué es lo que se quiere mejorar, qué coste económico supondrá poner en riesgo, en definitiva, una información o unos datos absolutamente confidenciales que tiene el Registro Civil?

Me gustaría leer también un par de párrafos del mismo documento que el señor Iglesias ha leído. Uno dice lo siguiente: «Resumamos una vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un poder sin parangón en cualquier Estado de Derecho moderno».

Esto lo dice el Colegio de Notarios: coloquemos a los registradores mercantiles como monopolizadores de todo el tráfico jurídico, cuando no existe ninguna situación comparable en ningún Estado de la Unión Europea.

Y otro párrafo —también muy bueno— dice lo siguiente: «El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a una ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, sin estudio alguno sobre los efectos del encarecimiento y entorpecimiento que va a producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España. En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer».

En síntesis, no sabemos —el Partido Popular no nos lo dice— cuáles son las deficiencias o los problemas que deben resolverse, no nos dice cómo va a financiarse y no hay ninguna memoria económica. Al mismo tiempo, las inversiones importantes de más de cien millones de euros que se han realizado van a cederse, desde mi punto de vista, a la esfera privada. Y, en paralelo, la modernización del Registro Civil en ningún caso puede significar un cambio de su estructura legal.

Me parece que son motivos suficientes para decir que no, en definitiva, a este proyecto de ley y para aprobar la moción del Grupo Socialista que plantea, a todas luces, la continuidad de un Registro Civil público, gratuito y universal, en contra de las incertidumbres y del importante regalo material, pero político, que el Gobierno del Partido Popular hace a los registradores mercantiles de la propiedad.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Bé, d’entrada, estem d’acord en tots els punts de la moció. Primer, en relació al primer apartat, defensem que el registre civil, com a servei orientat a la ciutadania, es mantingui amb totes les garanties, i mostrem el nostre rebuig al possible allunyament d’aquest servei dels ciutadans.

Amb aquesta reforma, operada amb el Reial decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, el Govern espanyol ha optat per aprovar un canvi de model de registre civil que suposarà que, a partir de l’



entrada en vigor de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, el proper 15 de juliol de 2015, la funció registral, o el que és el mateix, dels registres civils, passi a ser exercida pels registradors de la propietat i mercantils. Bé, no podem estar d’acord amb un model de registre civil que, tot i que atorga la competència per a la gestió del registre civil als registradors de la propietat que tinguin al seu càrrec les oficines del Registre Mercantil en la seva condició de funcionaris públics, en realitat comporta la privatització d’aquest servei públic i la possibilitat, que no s’ha de descartar, que en un futur els registradors puguin cobrar pels seus serveis. Considerem que amb aquest model estan en perill la gratuïtat i el caràcter públic del servei.

Al seu torn cal tenir present que no està clara quina serà la funcionalitat de les oficines del registre civil, que només estaran ubicades a les capitals de província. El servei públic del registre civil s’allunya del ciutadà ja que la reforma limita la presència del registre civil a la capitalitat de la província i obliga al ciutadà a desplaçar-se a les capitals de província per realitzar tràmits que afecten a la vida quotidiana i que es poden dur a terme mitjançant jutjats de pau. A banda de considerar la reforma molt centralitzadora, considerem que la mesura és un greuge comparatiu vers els ciutadans que no resideixin en capitals de província i constitueix un pas enrere vers la prestació d’un servei públic de vital importància.

Pel que fa al punt 2 de la moció sobre la retirada de la tramitació parlamèntaria del Projecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, cal dir que el meu grup parlamentari es manifesta en la mateixa línia del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el qual ha manifestat recentment en la Conferència Sectorial de Justícia, celebrada a Madrid el 8 d’abril de 2015, la seva oposició a la privatització del Registre Civil i ha instat al Ministeri de Justícia que aturi la tramitació del Projecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de justícia i del registre Civil.

En referència al tercer punt, estem d’acord que cal dur a terme les actuacions i inversions necessàries per a l’entrada en funcionament de la Llei 20/2011, l’entrada en vigor de la qual, insistim, hauria de veure’s prorrogada a fi de posposar la mateixa fins que no s’obtingui un consens en la propera legislatura.

Estem d’acord també en el punt 4: cal evitar que es produeixin situacions d’inseguretat per als ciutadans i, en particular, dels cossos de funcionaris públics afectats per la indefinició i la confusió existent a l’actualitat. El contingut de l’estructura i el funcionament del futur Registre Civil es desenvoluparan en una altra norma complementària: el Projecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de justícia i del Registre Civil, que continuarà la reforma en la línia apuntada, on s’especificarà el règim del personal al servei de l’Administració de Justícia destinat actualment al Registre Civil. Fins que aquesta desjudicialització no es produeixi la confusió i indefinició és evident.

Pel que fa a Catalunya, la gestió del registre civil seguirà com fins ara encomanada al jutjats i tribunals i el Departament de Justícia continuarà essent l’encarregat de la provisió de mitjans humans i materials per al funcionament de l’Administració de Justícia a Catalunya. En un futur s’haurà d’estar al desenvolupament normatiu que determini les mesures concretes i escaients, cosa que no ha d’implicar necessàriament la cessió de tots els mitjans materials i personals. El criteri del Departament de Justícia és el de mantenir aquest personal dins l’Administració de Justícia. Els jutges, secretaris judicials i funcionaris que actualment es dediquen en exclusiva o de forma compartida a prestar aquest servei passarien a realitzar la seva activitat en l’àmbit de la funció jurisdiccional, reforçant així l’Administració de Justícia.

Considerem que cal evitar que els ciutadans i els cossos de funcionaris públics afectats pateixin les situacions d’inseguretat i confusió que ara s’estan produint. Per tot això, ja anunciem el nostre suport mitjançant el vot favorable a aquesta moció.

Gracias, señor presidente.

Ante todo, estamos de acuerdo con todos los puntos de la moción. Respecto al primer párrafo, defendemos que el Registro Civil, como servicio orientado a la ciudadanía, se mantenga con todas las garantías, y mostramos nuestro rechazo al posible alejamiento de este servicio de los ciudadanos.

Con esta reforma, operada con el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, el Gobierno español ha optado por aprobar un cambio de modelo de Registro Civil que supondrá que a partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el próximo 15 de julio de 2015, la función registral, o lo que es lo mismo, de los registros civiles, pase a ser ejercida por registradores de la propiedad y mercantiles. No podemos estar de acuerdo con un modelo de Registro Civil que, aunque otorga la competencia para su gestión a los registradores de la propiedad que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil en su condición de funcionarios públicos, en realidad conlleva la privatización de dicho servicio y la posibilidad, que no debe descartarse, de que en un futuro los registradores puedan cobrar por sus servicios. Consideramos que con este modelo están en peligro la gratuidad y el carácter público del servicio.

A su vez, debemos tener en cuenta que no está claro tampoco cuál va a ser la funcionalidad de las oficinas del Registro Civil, que tan solo estarán ubicadas en las capitales de provincia. El servicio público del Registro Civil se aleja del ciudadano, puesto que la reforma limita la presencia del Registro Civil a la capitalidad de la provincia y obliga al ciudadano a desplazarse a las capitales de provincia para efectuar trámites que afectan a su vida cotidiana y que pueden llevarse a cabo mediante los juzgados de paz. Además de considerar la reforma muy centralizadora, opinamos que la medida es un agravio comparativo para los ciudadanos que no residan en capitales de provincia, y constituye un paso atrás ante la prestación de un servicio público de vital importancia.

En cuanto al segundo punto de la moción, sobre la retirada de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, mi grupo parlamentario se manifiesta en la misma línea del conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, que recientemente ha manifestado en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada en Madrid el 8 de abril de 2015, su oposición a la privatización del Registro Civil y ha instado al Ministerio de Justicia a que detenga la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

En cuanto al tercer punto, estamos de acuerdo en que se deben llevar a cabo las actuaciones e inversiones necesarias para la entrada en funcionamiento de la Ley 20/2011. Insistimos en que su entrada en vigor debería verse prorrogada con el fin de posponerla hasta que se obtenga un consenso en la próxima legislatura.

Estamos de acuerdo también con el punto cuatro. Debemos evitar que se produzcan situaciones de inseguridad para los ciudadanos y, en concreto, de los cuerpos de funcionarios públicos afectados por la indefinición y la confusión existente actualmente. El contenido de la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se van a desarrollar en otra norma complementaria al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que va a proseguir la reforma en la línea apuntada, donde se especificará el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia actualmente destinado al Registro Civil. Hasta que esta desjudicialización no se produzca, la confusión e indefinición son evidentes.

En cuanto a Cataluña, la gestión del Registro Civil seguirá, como hasta ahora, encomendada a los juzgados y tribunales y el departamento de Justicia seguirá siendo el encargado de la provisión de medios humanos y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cataluña. En un futuro deberemos estar pendientes del desarrollo normativo que determine las medidas concretas y más apropiadas, lo cual no debe implicar necesariamente la cesión de todos los medios materiales y personales. El criterio del departamento de Justicia es conservar este personal dentro de la administración; los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que se dedican en exclusiva de forma compartida a prestar este servicio pasarían a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia.

Consideramos que debemos evitar que los ciudadanos y los cuerpos de funcionarios públicos afectados padezcan las situaciones de inseguridad y confusión que ahora se están produciendo y, por todo ello, anunciamos nuestro apoyo mediante el voto favorable a esta moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo, presidente.

Señorías, en primer lugar, nuestro agradecimiento a los grupos que van a apoyar esta moción y nuestra decepción, una vez más, por la posición que adopta el grupo mayoritario, no solamente porque no asuman nuestra propuesta —lo que es ya costumbre habitual y reiterada—, sino porque de verdad siguen sin aprender y siguen sin escuchar a los españoles.

El sábado pasado miles de personas se manifestaron en Cibeles contra la privatización de los registros civiles, dejaron bien claro que no se puede privatizar un servicio público esencial en favor de un colectivo privilegiado para convertirlo en un negocio. Pero es que los funcionarios públicos de Justicia que están en los registros civiles, que trabajan allí, llevan meses, casi un año, parando cada viernes media hora para protestar por la privatización —claro, si no les escuchan seguirán—. Señorías, su Gobierno ya provocó la marea blanca de la sanidad, provocó la marea verde de la educación y desde el día 11 de abril tienen la marea amarilla de justicia. ¿Y saben lo que va a pasar con tantas mareas? Que se va a generar tal resaca social que, visto lo visto, les van a sumergir en el más absoluto de los fracasos y en pocos meses les van a hacer salir del Gobierno, que ya es hora.

Señorías, creo que ha quedado muy claro que los registradores no van a asumir la gobernanza de este servicio público sin contraprestación económica alguna. Las cuentas no salen, como he señalado antes, y los ciudadanos van a pagar sí o sí y los registradores van a cobrar sí o sí también. Y si no, ahí tienen el primer ejemplo: Boletín Oficial del Estado de 7 de abril, encomienda de la gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Esta medida es un claro anticipo del proceso de privatización del Registro Civil. ¿Cómo pretenden engañar a los españoles diciendo que con esta resolución, con esta encomienda, se pretende dar salida a 150 000 expedientes de nacionalidad atascados desde finales de 2013? La realidad es que dichos expedientes se encuentran paralizados por ustedes para provocar un embudo, sin que les importe la situación de estos 150 000 extranjeros solicitantes de nacionalidad española. Al final ustedes se han sometido a las órdenes de los registradores y con la publicación de este boletín oficial les dan 4 millones de euros por la encomienda —no está mal, ¿eh?—, 4 millones de euros de marzo a diciembre, no está mal. ¿Por qué en vez de destinar esos 4 millones a los registradores mercantiles, a los compañeros del presidente Rajoy, a los cuñados, a los primos, a los sobrinos, no se lo ingresan directamente al Registro Civil para que mejoren sus condiciones? ¿Por qué no lo utilizan para dotar el Registro Civil de mejores medios, para que tenga más inversiones, como dice su moción o como dice incluso la propia defensora del pueblo? Muy sencillo, señorías, porque el problema del Registro Civil en España no es ni el coste, ni la burocracia, ni las colas, ni la judicialización, ni los 450 millones, el problema del Registro Civil en España es su Gobierno, el Popular, y su ministro, antes Gallardón y ahora el señor Catalá; esa es la verdadera razón, ese es el verdadero problema que tiene el Registro Civil en España, su Gobierno y su ministro.

Privatizar un servicio público a favor de una alcurnia profesional, como son los registradores de la propiedad y los registradores mercantiles, y a costa del bolsillo de los españoles alguno lo definiría como un verdadero atraco. Hoy, señorías, van a consumar un acto que yo defino como uno más de soberbia y de indiferencia del Grupo Popular y de su Gobierno: darán el primer paso, evidente ya, para hacer un Registro Civil algo más oscuro y mucho más ineficaz. Van a regalar la gestión del Registro a los registradores, a los amigos, a los familiares del presidente del Gobierno y de otros ministros para dotarles de mayor volumen de negocio y harán que el registro deje de ser universal, público y gratuito; eso sí, va a ser mucho más familiar porque entre hermanos, cuñados y primos va a ser más familiar, pero van a desmantelar una historia jurídica de ciento cuarenta y cinco años perjudicando al Derecho privado, dañando la seguridad jurídica y la propia economía de los españoles.

Desde el 15 de julio —lo decía antes también algún portavoz—, dentro de unas pocas fechas los actos que se refieren a las personas, o sea, el nacimiento, la filiación, el cambio de nombre, el cambio de apellidos, el cambio de sexo, la nacionalidad, la vecindad civil, la emancipación, la separación o el divorcio, si se quieren inscribir, a pagar; el régimen económico de un matrimonio o las modificaciones de las relaciones paterno-filiales, la modificación de la capacidad de las personas, si se quieren inscribir, a pagar; la tutela, las prestaciones legales, la protección de personas con discapacidad, los apoderamientos, las declaraciones de ausencia, el fallecimiento o la defunción, si se quiere inscribir, a pagar. Cualquier certificación que ustedes se inventen, señorías, para incrementar el negocio, a pagar. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios registradores que les han exigido una fuente de financiación segura, suficiente y bastante para prestar los servicios que se les encomienden, y el primer ejemplo ya lo hemos visto: para empezar ahora mismo, cuatro millones de euros por los expedientes de nacionalidad. Para que vean cómo se compromete el Gobierno con los registradores, 4 millones de euros, y para que vean cómo ustedes no se comprometen con el texto de su enmienda porque esos cuatro millones de euros podrían ir al Registro Civil y sólo era un mero canto de sirenas.

Señorías, han tomado una decisión que, como les decimos, facilita la privatización y perjudica el bolsillo y la intimidad de las personas, y a miles de funcionarios que dejarán de prestar su función y que se inscribirán gratis —estos sí lo harán gratis— en las colas del paro. Pero es que a ustedes no les importa que se empeore un servicio, o que se perjudique a los ciudadanos, o que se despida a funcionarios, o que los operadores jurídicos, los sindicatos, estén en contra; su único objetivo es facilitar el regalo a los compañeros del señor Rajoy para nuevas posibilidades de negocio. Existe un compromiso y creo que los españoles lo deben saber.

Con su actuación se va a menoscabar el derecho de los ciudadanos a la justicia y el acceso a la justicia. Lo hacen cada viernes en su Consejo de Ministros, pero hoy tendrían una buena oportunidad para demostrar lo contrario, lo que dicen en su moción, si fuera cierto, pero me da que va a ser que no, que van a seguir votando en contra de la moción porque se han comprometido de verdad para que el próximo 15 de julio el Registro Civil en España sea un negocio y se acabe con ciento cuarenta y cinco años de historia jurídica.

Señorías, un servicio como este debe ser público, universal y gratuito —lo hemos repetido todos y no nos cansaremos de repetirlo: público, universal y gratuito—, pero claro, ustedes pretenden dotar del control más absoluto de todo el tráfico jurídico civil y mercantil a los registradores. Pues sigan adelante con el atropello, sigan adelante, las mareas les sacarán del camino.

Como es lógico, nosotros votaremos a favor de esta moción que presentamos y desde aquí también prestamos todo nuestro apoyo a esa nueva marea, la amarilla, de los trabajadores de Justicia de los registros civiles, porque no queremos su ley, no queremos que entre en vigor nunca y porque igual que los españoles, igual que los ciudadanos, igual que los sindicatos, igual que los trabajadores, queremos que la institución del Registro Civil en España no se privatice y siga siendo, de verdad, universal, pública y gratuita.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Esquerdo, quienes les colocaron a ustedes en la oposición fueron los ciudadanos, no fue el Partido Popular. Por lo tanto, de momento ustedes están donde están y nosotros estamos gobernando y gobernando bien para sacar adelante a este país de la quiebra en la que lo metieron ustedes. (Aplausos).

Es curioso que cuando todos estamos de acuerdo en que el registro debe ser público, en que debe ser gratuito, en que debe ser electrónico —creo que estamos todos de acuerdo también en que debe ser un registro moderno, un registro electrónico— y que además se garantice el empleo, ustedes no tengan a bien aceptar la enmienda que hemos presentado, una enmienda que completaba lo que ya garantiza este Gobierno. Y es que a veces, cuando algunos se dirigen desde el escaño o desde la tribuna, da la sensación de que más que en el hemiciclo están en un mitin de campaña electoral, pero de momento vamos a seguir hablando de lo que importa, que hoy es el Registro Civil.

Porque hablan —y repiten como un tantra— de la privatización de los registros; hablan y repiten también que los ciudadanos van a pagar, pagar y pagar por cualquier gestión que hagan ante los registros. ¿Y de dónde sacan eso? ¿De dónde saca eso, señor Rodríguez Esquerdo? Yo tengo aquí la disposición adicional vigesimoprimera del real decreto y dice literalmente que la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita sin excepción de ningún tipo. ¿De qué estamos hablando?

Nuestra enmienda incidía en la modernización del registro, la garantía de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, consensuada con todos, avanzando en la desjudicialización que incluía esa ley y la llevanza por funcionarios públicos, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo de todos los funcionarios o que la implantación del nuevo modelo de gestión se realice contando con los sectores y colectivos implicados, garantizado además la correcta prestación del servicio a los ciudadanos. En definitiva, una enmienda que mejoraba lo que ya se garantiza, una enmienda en positivo y que, lamentablemente, han perdido una oportunidad muy brillante de aceptar esta mañana.

Adelanto que nuestro grupo va a votar en contra de la moción y lo hace por los siguientes motivos. En primer lugar, porque está garantizado el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil y, como saben, es la Ley 20/2011 la que establece la desjudicialización de este servicio. De hecho, con la atribución al cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles se logra la efectiva desjudicialización prevista en la ley, tal y como refleja también el artículo 274, que no deja ningún género de duda sobre el carácter de funcionarios públicos de los registradores.

Por tanto, el Registro Civil sigue perteneciendo al Estado, quedando a cargo de funcionarios que están bajo su dependencia jerárquica y funcional. Igualmente, la propiedad de las bases de datos, la supervisión de los sistemas informáticos y en general las funciones de inspección y control del correcto funcionamiento del servicio público corresponden al Estado. Además, el Registro Civil continuará siendo un servicio público gratuito, ya que no se contempla, como decía anteriormente, ningún devengo de aranceles para las operaciones registrales ni para su publicidad. Así lo ha manifestado el ministro Catalá y se recoge expresamente en la disposición adicional. ¿Porque se acuerdan ustedes de que el ministro se comprometió a revisar las tasas? ¿Se acuerdan de lo que decían? Pues parece ser que el ministro Catalá es una persona que cuando dice algo lo cumple, es una persona de fiar.

Piden la retirada del Proyecto de Ley de medidas de reforma en el ámbito de la administración de justicia y del registro civil. En este sentido, el cambio de modelo se estableció con la Ley 20/2011 y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Estableció un Registro Civil electrónico y desjudicializado, con el que se pretendía y se pretende modernizar y mejorar un servicio público que actualmente recibe un alto número de quejas por parte de los ciudadanos. Desde 2011 se inició el proceso, todavía incompleto, de digitalización a través de la aplicación Inforeg, un sistema que a día de hoy es insuficiente y que lleva a plantear de otra manera la reforma, una reforma que también implique la base organizativa y no solo la mejora de los medios técnicos. Y es en este ámbito en el que se sitúa el proyecto actualmente en tramitación parlamentaria, con el plazo de enmiendas abierto y, por lo tanto, no procede a valorar su solicitud, dado que el modelo de registro electrónico previsto en la Ley 20/2011 sigue pendiente de aprobación.

Piden que se lleven a cabo aquellas actuaciones e inversiones necesarias que permitan la entrada en vigor con todas las garantías de la ley. Este cambio de gestión del registro implica que los ciudadanos ganarán también en cercanía respecto al previsto inicialmente, pudiendo acudir tanto a las oficinas registrales como a los actuales juzgados y a los juzgados de paz. Además, al tratarse de un registro civil electrónico, los trámites se podrán realizar cualquier día y a cualquier hora en el portal correspondiente que podrá en marcha el Colegio de Registradores; esto servirá para que los ciudadanos no tengan que acercarse físicamente al registro para realizar sus gestiones, algo que ponen en duda y que será de esta forma, algo que sin duda será muy positivo para los ciudadanos. Y, finalmente, repetiremos por activa y por pasiva el compromiso del Gobierno a través del ministro de Justicia de mantener los empleos de los funcionarios y de los interinos.

Por tanto, el cambio de gestión del Registro Civil no conllevará ninguna reducción de empleo público; además, se mantienen los juzgados de paz, que actuarán como oficinas o puntos de consulta del nuevo Registro Civil, muy alejado de lo que han venido manifestando durante esta legislatura ustedes y de lo que han puesto de manifiesto una vez más esta mañana. En definitiva, nosotros, el Grupo Popular, consideramos que el nuevo modelo de registro ya garantiza las cuestiones que plantean en su moción: un registro público, un registro cercano, un registro electrónico, un registro gratuito y se garantiza el empleo público, reforzando también la función jurisdiccional.

Por estos motivos, reitero, nuestro voto contrario a la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación, les informo de que no vamos a suspender el Pleno para comer. Después de la votación entraremos en la tercera moción, a continuación los tratados y los convenios internacionales, después las tomas en consideración de proposiciones de ley y realizaremos las votaciones correspondientes a partir de las cuatro de la tarde.

¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento).

Vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto, defendida por el senador Iglesias

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 85; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Ya veo que no hay prisa. (Rumores).

Señorías, yo no tengo ninguna prisa en seguir con el Pleno.

Muchas gracias.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL ABARATAMIENTO DE COSTES DEL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA. 662/000185 GPMX

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de quince minutos el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Presentamos hoy una moción ante el Senado mi compañera María del Mar Julios y yo —como decimos nosotros, erre que erre, no es nada nuevo—, una moción de transportes, una moción que habla de Canarias y que desgraciadamente tenemos que seguir presentando porque los avances en transporte en Canarias en estos últimos años han sido pocos, nulos o yo me atrevería a decir que hemos entrado en un retroceso, y más adelante les diré el porqué de esta afirmación y les daré los datos.

La crisis económica, la desaparición en Canarias de algunas compañías, el monopolio en Canarias de algunas rutas aéreas y la política de tasas aeroportuarias son algunos de los factores que han incidido en los últimos años en que el transporte en Canarias se haya visto mermado: pérdida de frecuencia, pérdida de rutas, disminución de pasajeros y aumento de precios.

Como decía antes, el transporte en Canarias se ha visto disminuido y esto ha condicionado la movilidad de aquellos ciudadanos que residen en las islas principalmente, pero también de todos aquellos ciudadanos que nos visitan o que quieren salir al exterior. Si hay un territorio que cuenta, evidentemente, con un hecho diferenciado incuestionable, incuestionable, ese es Canarias. Canarias es una región que está nombrada por la Unión Europea como ultraperiférica, insular, de doble insularidad en algunas islas y de lejanía, cuestión que, repito, la Unión Europea recoge ya en sus estatutos y que, desgraciadamente, muchas veces el Gobierno de Canarias no lo tiene en cuenta a la hora de articular las diferentes políticas y medidas en materia de transporte.

Muchas veces he subido a esta tribuna, he preguntado y he solicitado diferentes actuaciones para mejorar el transporte en Canarias. Hoy presento una moción con 9 puntos que creo que podríamos aprobar y pido a sus señorías y a todos los grupos políticos que sean sensibles, puesto que algunos de ellos ya lo han defendido anteriormente.

En la pasada legislatura —porque tengo el honor de haber estado dos legislaturas en esta Cámara— el Partido Popular apoyó algunas de las propuestas que voy a plantear hoy, y no solo las apoyaba, también las presentaba, las reivindicaba al Gobierno del Partido Socialista, aunque en ese caso no fueron aprobadas. Paradójicamente, unos años después, vuelvo a presentarlas y el Partido Socialista me ha apoyado durante toda esta legislatura —así se comprometió— y el Partido Popular, que me apoyaba antes, ahora no lo hace. Esto es una realidad. Les voy a decir textualmente, porque para eso están los Diarios de Sesiones, lo que el Partido Popular decía sobre el transporte en Canarias hace tres años y medio, y más concretamente sobre el transporte en islas como El Hierro. Después escucharemos lo que dice el Partido Popular hoy día, por eso la moción consta de 9 puntos.

Primer punto. Convocar una reunión urgente. ¿Entre quién? Entre el Ministerio de Fomento, que tiene todas las competencias en transporte aéreo, la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, porque siempre nos olvidamos de los cabildos insulares como Gobiernos insulares. La realidad geográfica de Canarias es que somos 7 islas y cada una de ellas tiene una realidad diferente —eso tenemos que entenderlo—, con lo cual los cabildos insulares son piezas fundamentales y estratégicas del desarrollo de Canarias conjuntamente con la comunidad autónoma. Por eso pido esta reunión urgente.

¿Para qué? Para que se puedan regular las tarifas entre la Península y Canarias y las tarifas entre Canarias. Las tarifas entre islas están reguladas por obligación de servicio público, con lo cual es el Estado quien lo puede hacer, y lo puede hacer y no es una ilegalidad; no hay ninguna ilegalidad porque todas las rutas en Canarias están declaradas OSP y lo puede hacer. Es verdad que entre la Península y Canarias no y que ahí puede haber conflictos de competencias, etcétera, pero lo que pedimos es que se articule. No nos vale con que la ministra se reúna con las compañías aéreas y les diga dos cosas: que les pida que bajen los precios porque son muy caros o que, como en el último año ha bajado radicalmente el precio de los carburantes, les ha pedido que bajen los precios pero no lo han hecho. Lo que no puede ser es que se lo pida por la radio o que se lo pida en prensa, tenemos que articular medidas para que el Gobierno lo pueda hacer, porque las compañías sí que han aumentado el precio de los billetes cuando el precio de los combustibles subía y entonces el Gobierno lo autorizaba; pues ahora también tiene que tener argumentos para decir a las compañías que bajen estos precios.

Segundo punto. Aceptar la propuesta planteada en la nueva reforma económica y fiscal de Canarias, REFC, para que fije unos precios máximos de referencia para los billetes de avión entre Canarias y la Península— que viene ligado al primer punto—. El REFC fiscal ha sido aprobado, pero la parte económica, la parte vital, no ha sido aprobada. Queremos el compromiso del Gobierno y del grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Popular, que en Canarias aprueba estas medidas, las aprueba y dice que las va a defender por unanimidad en el Parlamento de Canarias y las aprueba, insisto, pero aquí, en las Cortes, lo niega. Entonces estamos ante un dilema: ¿miente el Partido Popular a los canarios en Canarias o impone el Partido Popular de España al Partido Popular de Canarias que aquí no pueda actuar? Me lo pregunto. Esto es aprobado por todos.

Tercer punto. Impulsar una nueva regulación y mejora del aprovechamiento de las subvenciones al transporte, incrementando la bonificación a los pasajeros en rutas débiles, sobre todo en las islas de menor población. Se trata de impulsar una nueva regulación y mejor aprovechamiento de las subvenciones al transporte para las islas con menos capacidad y de más débil transporte, como son La Gomera y, especialmente, El Hierro, con una bonificación del 75 %. Una vez planteé en esta misma tribuna la bonificación del 75 % para la isla de El Hierro, pues somos la única isla, junto con La Gomera, que no estamos conectados con el exterior; solo nos conectamos con las otras islas, con dos de ellas principalmente. Desde la tribuna me respondieron que el Gobierno de Canarias, con competencia exclusiva en el transporte marítimo, no lo hacía porque legalmente no se podía, y que cuando el Gobierno de Canarias lo hiciera, el Gobierno del Estado lo haría. Pues, fíjense, hace ya un año que el Gobierno de Canarias legisló —por tanto, es legal y está completamente regularizado— que las islas con menor tráfico y peor comunicadas, como La Gomera y El Hierro, tengan una subvención adicional del 75 % para los pasajeros, con el fin de compensar así el que no tengan vías de conexión con el exterior. Por tanto, ya está hecho. Cumplan ahora ustedes su compromiso. Ustedes me dijeron desde la tribuna: cuando el Gobierno de Canarias lo haga, porque es ilegal, nosotros lo haremos. El Gobierno de Canarias lo ha hecho ya hace un año. Que bonifique ahora ese 75 % el Gobierno del Partido Popular.

Cuarto punto. Establecer como obligatorio el billete punto a punto y la tarifa plana. ¿Esto qué quiere decir? Una tarifa plana en todo el archipiélago para conseguir la cohesión territorial. El presidente del Gobierno y la ministra dicen abogar por la cohesión territorial, pero ¿puede haber cohesión territorial cuando en una misma comunidad autónoma, Canarias, un pasaje de Lanzarote a la isla de El Hierro cuesta 280 euros? ¿Eso es cohesión territorial? ¿Lo es que cuando damos un salto de la Península a Tenerife el billete tenga un precio y que cuando se quiere ir a El Hierro se sumen al precio otros 140 euros más? ¿Eso es cohesión territorial? Me gustaría que me lo dijeran. No tiene nada que ver. Nosotros proponemos una tarifa plana en el precio del billete entre todas las islas y el billete punto a punto, para que, aunque tenga que hacerse escala en otra isla, el precio sea el mismo por viajar de Fuerteventura a La Gomera que por viajar de Tenerife a Gran Canaria; en este último caso, el vuelo es directo, mientras que en el otro tengo que hacer escala, pero el precio debería ser el mismo si queremos esa cohesión territorial.

Quinto punto. Recuperar la bonificación al transporte de mercancías agrícolas e industriales hasta el cien por cien del coste del transporte, porque así lo dice y avala Europa y porque a ello se comprometió el Partido Popular en el debate de investidura: bonificar el cien por cien para que Canarias pueda competir y sus productos puedan ser competitivos; que tanto los que exporta como los que importa puedan tener en Canarias el mismo precio que tienen en territorio continental, porque si no, nuestras empresas y productos agrícolas, principalmente, nunca podrán ser competitivos en el territorio continental. Si al precio del producto tenemos que sumarle el precio del transporte entre Canarias y la Península, como comprenderán, nunca podrán ser competitivos.

Sexto punto. Desarrollar una estrategia de captación de tráficos aéreos con Estados Unidos, Latinoamérica y África para que Canarias se convierta en un hub aeroportuario, o permitan a los aeropuertos canarios tener la quinta libertad. Esta fue una promesa del debate de investidura del presidente del Gobierno, el señor Rajoy. ¿Incumplimiento? Sí, sí y sí, ha incumplido, pues fue una promesa del presidente Mariano Rajoy y del Partido Popular en Canarias. Ya era una promesa del programa electoral del Partido Popular en Canarias —del que no han cumplido nada—, pero, repito, fue incluso una promesa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura. ¿La han incumplido? Sí. Sin embargo, hay una compañía que hace meses lo ha pedido y se lo han permitido —para que luego no me diga, señor Mateu, que se lo han permitido a todas las compañías que lo han pedido—, y hay otra que lleva muchos meses esperando que se le permita volar y se aplique a los aeropuertos canarios la quinta libertad.

Séptimo punto. Contribuir al lanzamiento de nuevas rutas, tanto aéreas como marítimas, así como la bonificación de todas las operaciones de concentración y distribución de tráfico.

Octavo punto. Mejorar la conectividad de la isla de El Hierro en términos de calidad y regularidad. Esto lo he repetido hasta la saciedad en esta Cámara y lo vuelvo a decir. En la Península, un trayecto de ida y vuelta de treinta minutos en AVE cuesta 18 euros. Lo volví a mirar hoy y me costaba 18,34 euros ir a Segovia y volver si compro yo el billete. Si lo compra un ruso, también le cuesta 18,34 euros. Lo mismo. Entre Gran Canaria y El Hierro, si lo compro yo me cuesta 180 euros y si lo compra un ruso, 210 euros. Imagínense ustedes una familia de cuatro miembros, de los millones de turistas que vienen a Canarias, que viene a Gran Canaria —una isla espectacular—, pero piensa pasar un día en El Hierro —otra isla también espectacular—, pues le sale más de mil euros. Con mil euros me voy desde Madrid a cualquier parte del mundo, me pago una semana de hotel y como. Esa es una realidad. Por tanto, los canarios no nos podemos permitir que a una familia de cuatro personas le cueste ir de Gran Canaria a El Hierro más de mil euros. Insisto, es una realidad. Ustedes me pueden decir todo lo que quieran, me pueden dar datos, listas, estadísticas; me pueden hablar de economía y de lo que quieran, pero la realidad es esta, y no la han mejorado, la han empeorado. Y hoy hablaremos también de la privatización de AENA.

Por último, cumplan ustedes el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Canarias y devuelvan las competencias de los aeropuertos canarios a la comunidad autónoma —y también lo pedimos para los cabildos porque son fundamentales en nuestro archipiélago— porque, si no, desgraciadamente, esto va a afectar al día a día de los ciudadanos canarios, a la economía y a la sociedad. El desarrollo social y económico de Canarias no pasa por no tener unos aeropuertos acordes a una cohesión territorial y acordes con lo que nosotros vivimos.

Repito lo que he dicho muchas veces desde esta tribuna, y termino: en Canarias no nos movemos para ir de vacaciones, nos movemos para ir al hospital, nos movemos para ir a trabajar. Pero también nos movemos para cosas tan cotidianas como para ir a ver una obra de teatro; los chicos de 16 años se mueven para jugar al fútbol, al tenis. También nos movemos para estudiar. Nos tenemos que mover para sacar un pasaporte o el DNI. ¿Cuánto le cuesta a una persona de aquí sacar un pasaporte o el DNI? Si lo pierde, creo que tiene que pagar 14 euros. Pues el herreño tiene que pagar 14 euros si lo perdió, más 78 euros por el pasaje, más el taxi del aeropuerto a la comisaría. Esa es una realidad. ¿Eso es cohesión territorial? ¿Eso es igualdad de oportunidades? No.

Pido a todas sus señorías que aprueben esta moción con estos nueve puntos porque, si no, estarán dejando una vez más a El Hierro y a Canarias muy mal paradas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mateu por tiempo de cinco minutos.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Senador Quintero, es un placer nuevamente poder debatir con usted. Hacía tiempo que no escuchaba su voz y sus reivindicaciones; reivindicaciones que creo han sido bastante superadas por la actividad del Gobierno del Partido Popular. Sabe usted que precisamente el Gobierno trabaja siempre muy intensamente para mejorar la conectividad con las islas Canarias, y somos plenamente conscientes, tanto el Gobierno como el Grupo Popular que le apoya, de la importancia estratégica que tiene el transporte aéreo y marítimo para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro territorio. Esta importancia se redobla precisamente con las cuestiones que usted ha planteado, con nuestras queridas regiones no peninsulares en las que esta conectividad, esta accesibilidad desempeña un papel fundamental para garantizar e impulsar el transporte de mercancías, contribuyendo con ello al desarrollo comercial y a satisfacer esas necesidades de movilidad a las que usted hacía alusión, senador Quintero, sin olvidar la accesibilidad y la movilidad para los ciudadanos, así como para mejorar la competitividad mediante el transporte marítimo de las mercancías canarias. Esa mejora de la conectividad constituye la piedra angular que es el crecimiento del turismo. Precisamente las últimas cifras sobre el turismo en España son apabullantes. Esto demuestra que nuevamente se ha vuelto a generar confianza en la actividad económica de nuestro Estado, y ese crecimiento y aumento del turismo provoca, como no puede ser de otra manera, una espectacular generación de empleo. Quiero recordar que uno de cada siete empleos que se crea en España es gracias a la ampliación del turismo. Insisto en que el Gobierno está volcado en mejorar esa conectividad, pero, por supuesto, sin olvidar a nuestros compatriotas de Ceuta, de Melilla y de las Islas Baleares.

Por eso, señor Quintero, trabajando el Gobierno de España como lo está haciendo, podemos afirmar que no solo se ha garantizado la accesibilidad y la conectividad entre los distintos territorios de España, sino que se ha mejorado, especialmente la de los territorios insulares. En este sentido, senador Quintero, he de recordarle que, ciertamente, en muchas ocasiones se ha debatido aquí sobre la accesibilidad, sobre la movilidad, sobre la conectividad, sobre la cohesión territorial y social de nuestros territorios fuera de la Península, territorios insulares o territorios en el norte de África. Usted es perfectamente conocedor de todas y cada de las actuaciones que ha desarrollado el Gobierno de España, siempre en bien y en pro de esa conectividad. Estos esfuerzos, como digo y no me cansaré de repetir, han constituido o creado o generado un campo mejor de condiciones de conectividad en el archipiélago. ¿Fundamentalmente qué condiciones nuevas de conectividad en el archipiélago han sido mejoradas por esa actividad del Gobierno de España? Precisamente, senador Quintero, en los nueve puntos de su moción en los que usted ha focalizado su intervención esa actuación ha mejorado —y tendremos que seguir trabajando, por supuesto, porque nunca hay que quedarse en el listón de la complacencia— lo que denominamos la calidad de esa conectividad, la regularidad, que es fundamental para satisfacer sus pretensiones y, desde luego, el ámbito de los precios, por mucho que usted se refiera, senador Quintero, a otras cuestiones que, desde luego, yo se las acepto y las puedo entender. Luego, en los diez minutos de que dispongo en el turno de portavoces, me explayaré en desarrollar los nueve puntos que usted ha tocado; en ellos usted hace una mezcolanza de muchos temas: habla de OSP, de bonificaciones, de exenciones, incluso de procesos de transferencias que están en contra de la Constitución, tal y como ha avalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias; también habla del no buen trato que se le dispensa a su isla, El Hierro. Habla usted de muchos conceptos que, repito, en ese plazo de diez minutos, con una capacidad de síntesis que espero poder ejercer y concretar —no amenazar, porque eso no conduce a nada—, trataré de explicarle la realidad de los puntos en los que usted ha expuesto un panorama negro de la actividad que está desarrollando el Gobierno.

Por todo ello, señor Quintero, y porque nos avala la actividad del Gobierno, yo le propongo una enmienda de sustitución, un texto alternativo que dice lo siguiente —ya se lo pasé para su estudio y creo que no va a ser aceptado—: «El Senado insta al Gobierno a seguir potenciando, en estrecha colaboración con los representantes del Gobierno autonómico y en el ámbito de sus respectivas competencias…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya concluyendo.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, señor presidente.

… medidas que permitan reforzar la conectividad y accesibilidad de las islas Canarias, tanto en los enlaces entre las islas del archipiélago, como en las conexiones con el resto de destinos nacionales y mercados internacionales de carácter estratégico.»

He de comunicarle que votaremos en contra de la presente moción.

Señor presidente, muchas gracias. Señores senadores, gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, senador Quintero, autor de la moción originaria, para contestar si acepta o no la enmienda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para comunicar que no voy a aceptar la enmienda del senador Mateu, que me hizo llegar hace unos días, y también es verdad que le había comunicado que no la podía aceptar porque era demasiado genérica, pues, desgraciadamente, no contiene nada relativo a los nueve puntos a los que yo me refería. Repito, no voy a aceptar la enmienda.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Quintero.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces. Tiene de nuevo la palabra el senador, señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Me habría gustado, señor Mateu, que me hubiera dado los datos de los nueve puntos, porque así le podría contestar. Desgraciadamente, cuando ahora termine, no le podré replicar.

En cuanto a las estadísticas, le diré que el aumento del turismo en Canarias, desgraciadamente, no ha tenido la incidencia en el empleo que hubiéramos querido. No puede aludir eso porque llevamos unos años con récord turístico en Canarias y no ha tenido la misma incidencia en el empleo que si hubiera contado con factores como la reforma laboral y otros. Por tanto, no hablemos de eso porque no ha sido así; a lo mejor, en el resto del territorio, sí, pero en Canarias el aumento del turismo no ha tenido incidencia en el empleo.

Señoría, como le decía anteriormente, le voy a dar datos del Gobierno y del Ministerio de Fomento —no me los invento yo—: Canarias, desde 2011 hasta el año actual, ha perdido más de 100 conexiones y 1 470 000 plazas entre Canarias y la Península; repito, hemos perdido más de 100 conexiones con la Península entre el año 2011 y el actual. No son datos míos, son preguntas oficiales que se han hecho al Gobierno y respuestas del Ministerio de Fomento, esa es la realidad; casi 1,5 de plazas. Ha aumentado el precio de los billetes en algunas islas hasta un 10 %, desde 2011 hasta el año actual, entre Canarias y la Península. También tengo los datos por islas; si quiere, se los doy. Pero la media del precio de los billetes ha aumentado en más de un 3 % entre Canarias y la Península.

Adelantándome a que usted me diga que el precio global ha bajado un 2 % —también me lo dijo la ministra—, le diré: hombre, claro, si saco un billete a Alemania para el invierno, lo voy a conseguir barato. ¿Pero no se han dado cuenta de que los canarios tenemos que viajar por obligación de hoy para mañana? A lo mejor no se han dado cuenta. ¿No se han dado cuenta de que no estoy hablando de que regularicen el transporte aéreo en Canarias? Cuando me voy a sacar el billete para las vacaciones de diciembre, claro que encuentro una tarifa reducida. ¿No se han dado cuenta de que para nosotros el avión es como para ustedes coger el coche en la Península? ¿Que a lo mejor tienes que salir urgente de tu casa para ir al hospital? A lo mejor no se han dado cuenta. No me digan que ha bajado un 2 % el global, porque entre la Península y Canarias ha aumentado más de un 3 %, según datos de su ministerio, y han perdido 1,5 de plazas, y esa es la realidad.

Señoría, la OSP entre El Hierro y Gran Canaria fue aprobada por el anterior Gobierno; es verdad que ahora este Gobierno lo ha vuelto a ampliar. Es una realidad, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pagar una OSP el Gobierno de Canarias a El Hierro? Los precios son de 200 euros. ¿Quién va a coger un vuelo con esos precios? En Canarias, todos los precios son obligación de servicio público. El Ministerio de Fomento pone los precios y cuando en Canarias, entre islas —no me diga entre Canarias y la Península—, las compañías han pedido el aumento del precio del billete por el aumento de combustible, el ministerio lo ha aceptado, y ahora que lo puede hacer legalmente entre islas —vuelvo a repetir para que no se refiera usted entre Canarias y la Península—, no ha hecho efectiva la legislación. Lo puede hacer y no lo ha bajado.

Señor Mateu, no entienda que esto es una crítica personal porque siempre es usted muy educado cuando hablamos, pero, desgraciadamente, no han cumplido nada. No me puede decir usted que el Gobierno de España ha cumplido lo prometido con Canarias. Entre islas, el precio del billete ha aumentado en los últimos cuatro años un 7 %, y eso lo pagamos todos. ¿Dónde está la cohesión territorial? Antes le he preguntado: ¿por qué ustedes defendían esto hace tres años y medio? ¿Por qué presentó una moción el Partido Popular? Fíjense, el Partido Popular presentó una moción en el Senado relativa a la isla de El Hierro —el senador era yo, encantado de la vida— para ampliar la pista de rodaje y para bajar los billetes. No salió adelante. Yo voté a favor, pero no salió adelante. ¿Por qué han votado en contra de todas las que he presentado? ¿Por qué? No me ha respondido a ninguna de esas preguntas. ¿Le parece justo que tengamos que pagar para sacar el DNI o el pasaporte? Un billete de avión, más el taxi, y si me tengo que quedar porque son las cuatro de la tarde, ya no tengo vuelo para El Hierro. No me responde a nada de eso; me dirá que han invertido 250 millones de euros para el 50 % de residencia. Por cierto, un derecho que casi lo querían quitar, hay que hablar de los Presupuestos Generales del Estado, donde pusieron una coletilla, una disposición adicional, pero gracias a que mediática y políticamente —yo reconozco las cosas, a lo mejor ustedes no— su partido se movió en Canarias para que ni se les ocurriera, porque entonces, ¿adónde iríamos a parar? ¿Y por qué no hablamos de que nada más entrar el Gobierno de España en el mes de enero aprobó un decreto y quitó la bonificación de las tasas aéreas para Canarias? ¿La quito o no? Sí, la quitó. ¿Y la puso otra vez? Sí, la puso, ¿por qué? Porque en ese momento —era el mes de agosto, no digo el año por no equivocarme—, fue la primera vez que El Prat superó a Barajas en número de pasajeros y en rentabilidad —siempre ha estado por encima porque una de las mayores pérdidas es el aeropuerto de Barajas— y se bonifican otra vez las tasas para favorecer exclusivamente a ese aeropuerto, no para favorecer a Canarias; lo repito, fue para para favorecer exclusivamente al aeropuerto de Barajas. Dígame qué políticas ha hecho el Gobierno para favorecer el transporte en Canarias.

Repito que el precio del billete ha aumentado un 3 % entre Canarias y la Península y un 7 % entre las islas, datos de su ministerio. Hemos perdido 1 470 000 plazas y más de 100 frecuencias con la Península. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Siempre se basan en que el turismo en Canarias va bien. ¿Por la marca España? No, no. El turismo en Canarias va bien por dos cosas: porque Canarias está en una situación estratégica geográficamente y porque nos estamos beneficiando de conflictos en otros países que han derivado turismo hacia Canarias, pero no porque el Gobierno de España esté haciendo una promoción para que vayan turistas a Canarias. En cuanto a la apertura de las rutas con Rusia, fue el Gobierno canario, y no el de España, el que tuvo que ir allí para conseguir que se abrieran rutas entre Canarias y Rusia. Es decir, ustedes se atribuyen lo bueno, pero lo malo es culpa nuestra o del Gobierno de Canarias, evidentemente. En cambio, lo bueno es del Partido Popular.

De estas nueve propuestas voy a mencionar dos, ya que usted nos ha presentado una enmienda que no podemos aceptar. La primera no tiene coste económico, fíjese usted —acepte esta primera para que Canarias tenga la quinta libertad y sea hub aeroportuario; yo se lo firmo hoy. Repito, no tiene coste económico ninguno—. Reúnanse urgentemente con los cabildos para que vean cuál es su demanda y la de la comunidad autónoma. La segunda consiste en que se permita que Canarias sea hub aeroportuario y obtenga la quinta libertad sin ningún coste económico. Si en verdad el Partido Popular quiere favorecer a Canarias, acepten estas dos propuestas; si no, evidentemente seguirá siendo un no por sistema, como ustedes han hecho siempre en esta Cámara respecto del transporte de Canarias y fundamentalmente con la isla de El Hierro.

Senador Mateu, el transporte en El Hierro ha empeorado, pues en el año 2009 llegamos a tener 198 534 pasajeros y hemos bajado hasta los 153 000. ¿Por qué? Porque los precios son muy caros y porque es inviable que una familia normal pueda coger un avión diario como se coge el coche en la Península. Hasta que en la cabeza de los que gobiernan en Madrid no entre que el transporte aéreo en Canarias es lo mismo que cuando ustedes cogen el coche para venir a esta Cámara, para ir a trabajar, para ir al médico, para ver a sus hijos, a un partido de fútbol o al teatro, desgraciadamente en Canarias seguiremos teniendo los transportes más caros de España y de Europa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, mila esker, mahaiburu jauna.

Egia da hitz batzuetan bakarrik aipatuko dudala gure taldearen ikuspuntua, Quintero senatariak ederki aipatu dituelako beraien mozioan aldarrikatzen dutena, edo eskatzen dutena. Berak aipatu du hasieran erdaraz esaten den bezela , erre que erre hasi dela gai honekin. Eta egia da, askotan hitz egin dugula gai honi buruz.



Berriro ere beharrean aurkitzen badute beraien burua gaia hona ekartzeko, ezinbestekoa da hausnarketa bat egitea, eta hori da orain arte planteatu duten guztietan ezetza jaso dutelako, ezetza jaso dute, eta kasu batzuetan berak zioen modura, atzera joan dira, hau da, hobekuntzak ez dituzte lortu, eta gainera atzerako pausuak izan dituztela. Eta hori bakarrik gertatzen da gehiengo absolutuaren ondorioa bezala. Hori, estilo horretan ohituta gaude, eta hori izan da, edo izango da gaur bertan ikusiko dugun hurrengo urratsa. Horrek eramaten gaitu oposizioko taldeak, eta kasu honetan Quintero senatariak aurkeztu duen mozioaren tresnak bezala, galdera bidez, edo edozein, parlamentarioki, egin dezakegun tresnak, erabil ditzakegun tresnak aldarrikatzeko behin eta berriro behar duguna. Eta nik hausnarketa txiki bat bakarrik egingo nuke. Espainiako gobernuak ez ditu errealitate ezberdinak onartzen. Kasu honetan, geografikoki Kanariar irlak dituzten ezaugarri bereziak ez dituzte onartzen, ez dituzte ikusten hain adibide zehatzak, eta egunerokotasuneko adibideetan nabaritu dituzten beharrak. Zaila egiten zait, Alderdi Popularreko senatariak, iruditzen zaidalako oso gizon zentzuduna eta enpatia daukan gizona dela, hain sentsibilitate kontu datu horien aurrean datuekin erantzutea, benetan aipatzen diren kasuak, egunerokotasunekoak dira, eta beharrak dituztenak dira. Beraz, iruditzen zait gobernuaren erantzuna haratago izan beharko lukeela, eta ez datuekin erantzutea, edo egin denarekin erantzutea. Hain zuzen ere, DNI bat atera behar badute, edo medikura, edo kirola egiteko dituzten tasak aipatuta, zaila egiten da erantzuna datuekin izatea. Baina berriro nion, Espainiako gobernuak zailtasunak dituela dauden errealitate desberdinak onartzeko, eta ez kasu honetan bezala. Guk, beste kasu askok, ez geografikoki baizik eta politikoki edo beste arlo askotan ikusi dugu.

Beraz, Quintero senatariaren mozioan beste puntuetan eskumenen kasua aipatu du, ez dituela hartutako konpromisoak bete, horretaz ere jakin badakigula gure taldearen babesa izango du mozio honek. Penaz, behin eta berriro askotan Talde Popularrak kupoa betetzeko aurkezten dituen modura beraien mozioak, oposizioko taldeak erabili behar ditugula behin eta berriro errepikatuz gure beharrei erantzuna jasotzen ez dugulako Gobernuaren aldetik, eta nahiz eta errepikatzeko gaiak izan, berriro jorratu behar dira. Zoritxarrez, jakinda, aldez aurretik erantzuna zein izango den: berriro ere, ezetza. Horregatik, gure babesa mozioari.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente.

Voy a explicar en muy pocas palabras el punto de vista de mi grupo parlamentario. El señor Quintero ha expresado muy bien lo que reivindica en su moción. Ha dicho al principio que han tratado este tema repetidamente, lo que es cierto. Si de nuevo se encuentra en la necesidad de traer este tema aquí es fundamental hacer una reflexión, y es porque hasta ahora siempre han recibido la negación, siempre han rechazado sus propuestas, porque no han recibido mejoras para ellas. Y esto es solo consecuencia de la mayoría absoluta; estamos acostumbrados a este estilo, y es lo que vamos a volver a ver hoy en esta Cámara, lo que nos lleva a que los grupos de la oposición, tal y como ha expresado el señor Quintero, utilicemos las herramientas necesarias para hacer nuestras reivindicaciones. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión: el Gobierno español no acepta las distintas realidades. En este caso, no acepta las características especiales de las islas Canarias. Se han planteado unos ejemplos concretos de rutinas diarias y, teniendo en cuenta que el senador del Partido Popular es muy sensato, me resulta difícil que se responda tan vagamente a lo expresado por el señor Quintero, porque lo que se ha planteado son necesidades diarias de los canarios. Por lo tanto, creo que la respuesta del Gobierno debería ir más allá y no responder con lo que ya se ha hecho. Teniendo en cuenta las cosas que se han mencionado para sacar el DNI o para ir al hospital o para hacer deporte, resulta difícil entender que se responda con datos. Lo vuelvo a decir: el Gobierno de España tiene dificultades para aceptar las distintas realidades del Estado, y no solo en este caso, lo hemos visto en otros ámbitos también, incluso políticos.

El señor Quintero menciona en su moción que no se han cumplido los compromisos adquiridos, por ello mi grupo apoyará esta moción. Muchas veces el Grupo Popular ha presentado mociones para llenar el cupo, pero nosotros presentamos las mociones porque necesitamos respuestas a nuestras necesidades, y las volvemos a repetir sabiendo desgraciadamente de antemano cuál va a ser la respuesta: la negativa. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyor president.

Efectivament, aquest debat, com ara assenyalava encertadament la senadora Iparraguirre, posa de manifest la diferència substancial entre la manera d’entendre Espanya que té el Govern i el Partit Popular i la que tenim altres grups. Perquè, en fi, sembla gairebé increïble que no es pugui entendre que existeix un fet diferencial, una singularitat tan òbvia i evident com la que té a veure amb la mobilitat i, per tant, amb les polítiques de transport i comunicacions en el cas de les illes Canàries.

El Partit Popular entén una Espanya homogènia, una Espanya en la qual s’han d’aplicar les mateixes polítiques a qualsevol lloc, en comptes d’entendre que Espanya està feta des de la diversitat i que la capacitat de continuar units té a veure amb la capacitat d’abordar, de manera diferent, les situacions diferents que es produeixen en diferents llocs. És el cas de la mobilitat i el transport d’una manera òbvia i claríssima pel que fa referència a les illes Canàries.

La moció que presenta el Grup Mixt, a través del senador Quintero, aporta una bateria de mesures complementàries i, per tant, un paquet integral de resposta a una situació greu en la qual aquest dret a la mobilitat es veu absolutament conculcat i, per tant, el nostre grup hi donarà suport. Amb el benentès, repeteixo, que té a veure amb les mesures concretes, que ens semblen raonables i ens sembla especialment important i significatiu el tema de la tarifa plana i l’abonament, crec que és una solució correcta possible i útil en un cas com aquest, però a la resta també ens hi sumaríem i, sobretot, perquè és l’expressió, una vegada més, que existeix una Espanya diferent, que s’ha de tractar de manera diferent.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, este debate, como señalaba acertadamente la senadora Iparragirre, pone de manifiesto la diferencia sustancial entre la manera de entender España que tienen el Gobierno y el Partido Popular y la que tenemos otros grupos. Parece casi increíble que no se pueda entender que existe un hecho diferencial, una singularidad tan obvia y evidente como la que tiene que ver con la movilidad, con los medios de transporte y comunicaciones en el caso de las islas Canarias.

El Partido Popular entiende una España homogénea, una España en la que se tienen que aplicar las mismas políticas en cualquier lugar, en vez de entender que España está hecha desde la diversidad y que la capacidad de continuar unidos tiene que ver con la capacidad de abordar de manera diferente las situaciones distintas que se producen en distintos lugares, como es el caso de la movilidad y el transporte, de una forma obvia y clarísima, en relación con las islas Canarias.

La moción que presenta el Grupo Mixto, a través del senador Quintero, aporta una batería de medidas complementarias y, por lo tanto, un paquete integral de respuestas a una situación grave en la que este derecho a la movilidad se ve absolutamente mermado; por esta razón, mi grupo la va a apoyar, entendiendo siempre que tiene que ver con unas medidas concretas que nos parecen razonables, importantes y significativas. La tarifa plana, el abono es una solución correcta, posible y útil en un caso como este. Pero también nos sumaríamos al resto. Y, sobre todo, a la expresión, una vez más, de que existe una España distinta que se tiene que tratar de forma distinta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini. (El señor Sendra Vellvè pide la palabra). ¿Sí, senador Sendra?

El señor SENDRA VELLVÈ: El senador Sendra va a sustituir a la senadora Candini, que tiene un grave problema de afonía.

Gracias, presidente.

Quiero manifestar nuestro acuerdo con lo manifestado por el senador Narvay Quintero.

Estem absolutament d’acord amb la moció presentada. S’ha de tenir una sensibilitat molt i molt especial amb el tema d’infraestructures de transport en aquells territoris de l’Estat que estan allunyats, com són Canàries, com són les illes Balears, per la seva insularitat però, sobretot, i en aquest cas de Canàries, per la seva llunyania.

Vostès, senyors del PP, i vostès senyors del Govern, no poden ignorar que el transport de Canàries, entre les illes Canàries, cap a Canàries o fins i tot a les illes Balears no és un luxe, és una necessitat. Vostès no poden ignorar les directrius de la Unió Europea en aquest sentit quan reconeixen el dret de Canàries i els seus ciutadans a tenir uns preus públics per un servei que és del tot públic. Vostès continuen pecant del mateix. S’omplen la boca d’Espanya però continuen governant, des de la seva curta visió centralista dels despatxos de Madrid. Parlen molt d’Espanya, ens volen a tots molt espanyols, però, a l’hora de governar i d’invertir s’obliden dels territoris allunyats. Allunyats geogràficament i també, certament, políticament.

I, per acabar i, a risc que m’acusin de jihadista, jo li recomano al senador Quintero, als ciutadans de Canàries, que el millor que poden fer per a garantir les infraestructures de tot tipus per a Canàries i per als seus ciutadans és optar per la millor infraestructura, per la millor via, que és la via canària a la independència.

Gràcies. Votarem que sí a la moció del senador. Gràcies.

Estamos absolutamente de acuerdo con la moción presentada. Se debe tener una sensibilidad muy especial en cuanto a infraestructuras de transporte en aquellos territorios del Estado que están alejados, como son Canarias o las Islas Baleares, por su insularidad, pero sobre todo en el caso de Canarias, por su lejanía.

Ustedes, señores del PP y del Gobierno, no pueden ignorar que el transporte entre las islas Canarias, hacia Canarias o bien hacia las Islas Baleares, no es un lujo, es una necesidad. Ustedes no pueden ignorar las directrices de la Unión Europea en este sentido cuando reconoce el derecho de Canarias y de sus ciudadanos a tener unos precios públicos por un servicio que es del todo público. Ustedes continúan pecando de lo mismo. Se llenan la boca de España, pero siguen gobernando desde su corta visión centralista de los despachos de Madrid. Hablan mucho de España, nos quieren a todos muy españoles, pero cuando gobiernan se olvidan de los territorios alejados geográficamente y también alejados políticamente.

Para terminar, y a riesgo de que me acusen de yihadista, yo recomiendo al senador Quintero y a los ciudadanos de Canarias que lo mejor que pueden hacer para garantizar las infraestructuras de todo tipo para Canarias y para sus ciudadanos es optar por la mejor vía, la mejor infraestructura, que es la vía canaria hacia la independencia.

Vamos a votar que sí a la moción del senador.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Medina. (Rumores).

Silencio, señorías.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Una vez más vamos a hablar en esta Cámara de transporte aéreo y marítimo entre Canarias y con Canarias. Anuncio que votaremos que sí a la moción por las razones que a continuación voy a explicar. Sobra decir, porque ya se ha dicho aquí, la importancia que tienen para Canarias nuestras infraestructuras de puertos y aeropuertos; garantizan la movilidad, garantizan la conectividad, y además dan estabilidad y fiabilidad al sector turístico, que aporta al PIB canario nada más y nada menos que en torno al 35 o 40 % de su valor. Hay que tener en cuenta además que el 90 % de los turistas que nos visitan lo hacen a través de nuestros aeropuertos. De ahí la necesidad perentoria de establecer políticas que protejan estas infraestructuras.

Respecto a la moción, he de decir que la mayoría de los apartados resolutivos que contiene ya han sido analizados y debatidos en esta Cámara, tanto en comisión como en Pleno, y quiero mostrar mi agradecimiento a su proponente, porque algunas son iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Voy a destacar algunas que creemos que son de especial interés.

La primera es la necesidad de actualizar las obligaciones de servicio público. Datan del año 1998 y va siendo hora de que alguien las actualice, porque la experiencia ha demostrado que sirven más para defender los intereses de los operadores que para defender los intereses de los usuarios. Hay que insistir en encontrar frecuencias, horarios y tarifas competitivas que, insisto, vayan en beneficio de los usuarios. Y en la moción se incluye algo que también sería importante analizar y estudiar, la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público en algunas rutas Canarias-Península, no en todas, porque en algunas no son necesarias, pero en otras sí.

Segunda, establecer precios máximos de referencia para los billetes de avión entre Canarias y la Península es una propuesta que recoge la actualización del REF, cuyo defensor más trascendental ahora parece que es nuestro ministro Montoro por lo que dijo ayer.

Tercera, favorecer el transporte de mercancías con políticas de bonificaciones adecuadas —después haré un comentario al respecto—.

Y cuarta —que ya se ha solicitado pero hemos obtenido una respuesta negativa del Gobierno—, la posibilidad de transferir a la comunidad autónoma las competencias en materia de transporte aéreo interinsular.

Voy acabando porque después de lo dicho por el señor Quintero poco más tengo que decir. Quiero hacer unas cuantas reflexiones políticas, sobre todo al último comentario del señor Mateu, que afirmó aquí que se ha mejorado en calidad, regularidad y precio. Señor Mateu, saldría satisfecho si usted sube aquí y me dice solo una medida novedosa, una, adoptada por el Gobierno del Partido Popular que haya mejorado la calidad, la regularidad y el precio entre las comunicaciones marítimas y aéreas de Canarias; una sola.

Visto el problema desde la perspectiva de la conclusión de una legislatura y comparando legislaturas y Gobiernos, es justo reconocer y poner en valor determinadas medidas adoptadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; después cuestionaré algunas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular.

Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los canarios y canarias le tenemos que agradecer que haya adoptado la medida de disminuir las tasas aeroportuarias. Otra medida importantísima es el incremento del tanto por ciento en las bonificaciones; el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las subió del 33 % en 2004 al 50 % en 2007 para el transporte aéreo, y del 10 % en 2004 al 25 % en 2007 en transporte marítimo. Luego, no pongan ustedes aquí en su haber que han garantizado las bonificaciones, porque eso ya estaba; es más, ustedes tuvieron alguna tentación que diré después. Además, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —hay que recordarlo también— aprobó el Real Decreto 170/2009, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías. Esto lo hizo un Gobierno socialista; medidas concretas, claras, nítidas, cuantificables y poco cuestionables.

¿Y el Partido Popular? Vamos a ver qué ha hecho el Partido Popular, estoy a la espera, señor Mateu, de que usted después me concrete alguna. Yo le voy a concretar algunas. Lo primero que hizo fue subir las tasas, ¿sí o no? Lo segundo, un intento de establecer, a través de la disposición adicional decimotercera de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, cuantías máximas bonificables, ¿sí o no? ¿Sí o no sufrimos los canarios y los ciudadanos de Baleares, de Ceuta y Melilla un calvario enorme para acreditar nuestra residencia por un capricho de la señora ministra? Por cierto, señor Mateu, ¿qué sabemos de ese expediente famoso? ¿Hay conclusiones o no? ¿Se ha incumplido o no se ha incumplido el Real Decreto 170/2009, señor Mateu?

Señor Mateu, tengo aquí un acuerdo del Pleno del 8 de junio de 2012, aprobado en esta Cámara. ¿Se ha cumplido algo de lo que esta Cámara aprobó? Como tengo tiempo se lo voy a leer: «Elaborar una estrategia específica en materia de transporte aéreo y marítimo para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en colaboración con los Gobiernos y las ciudades autónomas correspondientes.» Punto 6. «Establecer una bonificación del 80 % a las operaciones de las compañías aéreas que cubran las rutas siguientes: La Gomera-Gran Canaria; la Gomera-Tenerife norte; El Hierro-Gran Canaria; Tenerife Sur-Gran Canaria y todas aquellas que afecten a Baleares.» Señor Mateu ¿se ha dado cumplimiento a este acuerdo plenario? Y lo más preocupante para los canarios y las canarias: la privatización de nuestros aeropuertos. Sé que usted me va a decir que jurídicamente... Esa decisión, cuyas consecuencias van a ser imprevisibles para Canarias las ha tomado el Gobierno de la nación a espaldas del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias y de la sociedad canaria. Ojala nos equivoquemos, señor Mateu, pero previsiblemente algunos de los ocho aeropuertos canarios —cuatro de ellos están entre los más beneficiosos del país— se cerrarán, y ojalá me equivoque.

Por lo tanto, señor Mateo, el balance de estos cuatro años de legislatura del Gobierno del Partido Popular en relación con una materia tan importante, transcendental y sensible para los canarios, desde nuestro punto de vista, ha sido nefasta, y comparada con la que hizo el Gobierno socialista, más nefasta todavía. Y si no, tiene usted una oportunidad magnífica de dar aquí datos y cuantificar las actuaciones concretas y no perdernos en filosofías —permítame la expresión— baratas. Concrete, porque a lo mejor concretando podemos comparar, y seguro que incluso usted está convencido de que las cosas no las han hecho demasiado bien.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Nuevamente quiero concretar algunos aspectos de los nuevos puntos que ha expuesto el senador Quintero, relativos a lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años de legislatura, que ha sido mucho y ha contribuido a mejorar los índices de conectividad y de accesibilidad de los canarios.

Senador Quintero, en el punto primero usted habla de una línea entre Canarias y la Península, una OSP de competencia estatal que ya existe. Habla de Canarias con la Península y esa ya estaba adjudicada. Y quiero recordarle que las OSP o los contratos de navegación de interés público solo rigen cuando la oferta privada no alcanza los parámetros de calidad, regularidad y precios que establece el Gobierno para mejorar la conectividad con las islas. Le recuerdo nuevamente, como hecho del Gobierno del Partido Popular, que en el año 2014 se formalizó un nuevo contrato de gestión de servicios para líneas marítimas de interés público entre Cádiz y Canarias, con una vigencia de dos años, hasta el 31 de marzo de 2016, y con un presupuesto de 3000 euros. Cubre también otras líneas no capitalinas, como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

Respecto a la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público interinsulares, que usted también ha mencionado, no cabe. El estatuto de autonomía únicamente habla del transporte entre puntos del mismo archipiélago y de las propias islas canarias; de ahí precisamente el Decreto de 23 de julio del año 1998, por el que se establecen las obligaciones de servicio público a que se someten determinadas líneas regulares de cabotaje marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cuanto al transporte aéreo, en la última comisión mixta, en la cual se desarrollaron los trabajos de manera muy cordial, con fecha 10 de marzo se acepta y se observa que ha mejorado el tráfico aéreo en el archipiélago y que la conectividad de los ciudadanos canarios está bastante mejorada. Son trece obligaciones de servicio público en las conexiones interinsulares, de las cuales cuatro son deficitarias, y el Gobierno de España pone 8,9 millones de euros en toda la legislatura.

¿Ha mejorado el tráfico de pasajeros en los aeropuertos canarios? En el año 2014 se incrementó un 7,1 % respecto al año anterior: 1,3 % en enlaces con la península y 6,8 % en las rutas OSP; hubo una reducción del precio de los billetes en el último año, un 2 % como usted bien decía en los enlaces con la península y un 1 % en los enlaces interinsulares. También hay que recordarle que la manipulación o tratar de influir en los precios depende de la normativa comunitaria para saber distinguir lo que es una OSP; únicamente se puede influir en los precios en una OSP y no en lo que está cubierto por el servicio empresarial privado fuera de la actividad del Gobierno. Y además el establecimiento de una OSP, donde se tocan los precios, chocaría frontalmente con la flexibilidad que existe en los precios, porque por beneficiar a algunos pasajeros, a lo mejor a las compañías aéreas que establecen tarifas máximas y tarifas low cost no les saldrían luego las cuentas de resultado. Por tanto, lo que inicialmente beneficiaria a algunos perjudicaría a otros, al quedar reducidas todas las posibles promociones en los billetes.

En los enlaces domésticos entre Canarias y la Península son seis las compañías que vuelan, y ofrecen una gama muy amplia a todas las personas en función de sus posibilidades económicas: Air Europa, Iberia, Iberia Express, Ryanair, Vueling y Air Nostrum. Además, desde Canarias se vuela también a otros destinos, no solo a Madrid, también a Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga, etcétera.

En cuanto a la reforma del REF, siempre ha de tener el escenario marco o sostenimiento de la normativa establecida en la Unión Europea, y no hay que olvidar que el Reglamento 1008/2008, de 24 se septiembre, establece normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la comunidad, en la que solo se señala la posibilidad de intervención en el libre mercado para unos supuestos muy tasados —no voy a volver a incidir en ellos—, que son los supuestos propios de las obligaciones de servicio público.

Hay que decir que, según el análisis elaborado —y conocido por el Gobierno canario—, se puede decir que la conectividad de los enlaces domésticos es muy satisfactoria: seis compañías, 20 000 asientos diarios, de media, a unos precios competitivos: 113 euros de media por trayecto durante 2014, de los que el residente aporta solo la mitad, y 65,5 euros en los interinsulares, en los que se aportaría únicamente también la mitad.

Oferta. Verano de 2015, que va del 29 de marzo al 24 de octubre. Las compañías, 23,2 millones de asientos en los aeropuertos canarios, asientos repartidos en los más de 161 000 movimientos que se realizan para 593 rutas. Creo que se atiende la conectividad de los ciudadanos canarios. Compañías en el aeropuerto de El Hierro ofertan 134 600 asientos y en La Gomera 60 400, todos ellos vuelos interinsulares.

Mejor aprovechamiento de las subvenciones con respecto a la isla de El Hierro. Pilares fundamentales de la política de transportes del ministerio, como sabemos, son la política de bonificaciones a residentes que usan el transporte aéreo y marítimo y las obligaciones de servicio público, como ya hemos dicho. Desde el año 2012 el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento ha sufragado con más de 810 millones de euros el transporte aéreo de nuestros residentes, añadiendo a ello los 8,9 millones de euros de las cuatro líneas deficitarias interinsulares cubiertas por la OSP. Se siguen aplicando las bonificaciones del 50 % desde el año 2007, y tengan ustedes presente que ya quedó convencido su presidente —veo que ustedes todavía no— de que no peligra ese 50 % de bonificación. Desde luego, los criterios para acceder a esa bonificación no vienen dados por el lugar de residencia exacto, sino que, sencillamente, es sin distinción de ningún tipo, solo por el hecho de residir en cualquier municipio no peninsular. Así, en el ejercicio de 2014 el Ministerio de Fomento ha contratado nuevamente los enlaces de Gran Canaria-El Hierro-Tenerife Norte y El Hierro-Gran Canaria-La Gomera-Tenerife Norte, invirtiendo para ello 6,15 millones de euros para compensar las pérdidas de explotación de la línea. Vamos sumando y vemos que la actividad del Gobierno no ha sido lenta ni ralentizada, sino realizada con sumo interés, como ustedes se merecen, lo mismo que los ceutíes, los melillenses y los residentes en las islas Baleares.

Un hecho interesante que conviene destacar: Transporte marítimo interinsular, competencia exclusiva del Gobierno canario. El Gobierno de España, por compromiso con ese territorio, aporta el 25 % del precio de los billetes, lo que supone un 46 % del total del presupuesto del ministerio, 27,5 millones de euros, un esfuerzo del Gobierno precisamente para que ustedes se den cuenta de que se les considera, y no han de vivir con amargura ni con angustia. Sencillamente, insisto, el Gobierno de la nación quiere una España unida, vertebrada y cohesionada territorialmente.

Tarifas punto por punto. Hay que destacar que, evidentemente, solo en las rutas bajo OSP se puede influir en los precios, y, desde luego, la imposición de una tarifa plana, única en la OSP eliminaría esa flexibilidad tarifaria actual basada en los precios de referencia comparados con los precios máximos, y estos precios de referencia son un 25 % inferiores que en las tarifas superiores marcadas, y, por ejemplo, los precios actualmente vigentes son un 18 % inferiores, en promedio, a las tarifas de referencia, no a las máximas, establecidas.

Respecto a la bonificación del 100 % en el transporte de mercancías y de los productos agrícolas, ya se abordó en una moción, senador Quintero, y, efectivamente, tanto en un acuerdo del año 2009 de la Comisión Europea, como en una instrucción del 2009 se permitía que lo que los decretos del año 2007 establecían hasta el 75 %, fuera hasta el 100 %. Pero, como ya le expliqué en aquella ocasión, nos encontramos con una situación de caja dejada por el Gobierno anterior bastante caótica, y, desde luego, ahora mismo es difícil llegar al 70 % de esa financiación. ¿Por qué? Porque el porcentaje último y definitivo se calcula en función de un prorrateo de la cantidad asignada en el presupuesto de cada año, del número de las solicitudes y de los costes y tipos calculados. Pero he de decirle que en el periodo 2012-2014 se han empleado 59 millones para subvencionar el transporte de mercancías y, desde luego, el esfuerzo que se ha hecho en el año 2015 con respecto a 2014 es más de un 47 %, 8 millones para mercancía agrícola y 1 millón para la industrial, y además no hay que olvidar que ha dejado de exigirse el cobro de la prestación patrimonial pública por carga hub. Los hubs son aeropuertos en los cuales una compañía o una alianza de ellas distribuye a los pasajeros con los cuales trabaja, y ahí el Gobierno de España lo único que tiene que hacer es crear nuevas infraestructuras con posibilidad de ampliación para que sea atractivo. Así, el tráfico aéreo con Estados Unidos se rige por un convenio que establece la libertad absoluta de gestionar un vuelo entre Europa y América y se incluye el ejercicio de la quinta libertad, que no hay que hacerla de una manera explícita y no hay ningún límite, pero no ha habido ninguna solicitud de quinta libertad para esas líneas. Ahora le diré cuáles son. Con Latinoamérica hay nueve posibilidades de quinta libertad, con África hay tres. La condición de quinta libertad per se no es ningún aliciente para establecer una compañía, hay que acompañarlo de otras medidas. En la actualidad todas las que se han presentado se han analizado. Verano de 2015, única compañía que ejerce los derechos es la alemana Tuifly Gmbh Langenhagen, seis vuelos semanales entre Canarias y Cabo Verde; y se sigue estudiando, evidentemente, Ceiba Internacional para operar con Las Palmas-Dakar y Malabo-Guinea Ecuatorial. Usted no ha hablado para nada del registro de aeronaves y vulnera absolutamente la Constitución —lo menciona en su moción— y he de decirle que está establecido en la Constitución y en el Decreto de 13 de marzo de 1969, en los que se establece que es competencia exclusiva del Gobierno de la nación.

Respecto a las nuevas rutas, usted habla también de las autopistas del mar, en las que no solamente influye el hecho insular, sino otros aspectos que estableció el Gobierno de España en su programa.

Por último, —porque se me acaba el tiempo— he de decirle que los puertos canarios y sus plataformas logísticas son consideradas, a efectos de distribución logística, como grandes plataformas por su colocación y por las bonificaciones y exenciones, y también por el tratamiento de mercancía en tránsito que ha establecido el texto refundido de Puertos y de la Marina Mercante del año 2011.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya terminando.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Es más, señoría, estamos a favor del mantenimiento de esa conectividad, e insisto, pensamos lo mismo. El Gobierno de España ha trabajado y va a seguir trabajando en la mejora de esa conectividad, y he de comunicarle que vamos a votar en contra de la moción por los argumentos que he dado, que creo que son suficientes, sobre la actuación del Gobierno de España.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia, y gracias señorías.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. 610/000140


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000141


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. 610/000142


ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 610/000143


PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000144


DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. 610/000145


DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. 610/000146


REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. 610/000147

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1 a 7.1.8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): No se han presentado propuestas a estos acuerdos. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervengo exclusivamente para que conste nuestra abstención al convenio de Ucrania.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Algún otro grupo desea intervenir? (Denegaciones).

Los someteremos a votación —como se ha manifestado antes— con esa reserva señalada por el portavoz del Grupo Mixto, a partir de las 4.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. 622/000013 GPEPC

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Esta iniciativa corresponde a una modificación de la Ley de secretos oficiales del año 1968. Proponemos una modificación porque la normativa vigente en esos momentos, que, insisto, es del año 1968, contempla una gran anomalía. Todas las leyes de secretos oficiales de los países democráticos y occidentales contemplan un límite temporal, es decir contemplan que a partir de veinticinco años, de treinta, de veinte, de cuarenta, los documentos son públicos. En cambio, nuestra ley, la Ley de secretos oficiales, no contempla un límite temporal. Dicho de otra manera: los secretos son eternos si no existe desclasificación. Y con esta modificación que proponemos hoy en la proposición de ley simplemente estamos planteando una equiparación con el resto de países occidentales. Proponemos que el límite temporal sea de treinta años, prorrogables en dos veces por diez años. Por tanto, insisto, la modificación que proponemos simplemente es una equiparación con las leyes de secretos oficiales del resto de países occidentales, situando en treinta años el límite temporal a partir del cual los documentos han de ser públicos.

Esta no es una cuestión simplemente de historiadores o de investigadores. El otro día un senador me decía: Esto afecta mucho a los historiadores y a los investigadores. Es evidente que les afecta, pero afecta a la esencia de la democracia. No se puede concebir una democracia sin que los archivos políticos sean públicos cuando haya pasado un determinado tiempo, para saber cuál ha sido la acción del Gobierno, cuáles han sido las relaciones y los contactos con otros Estados. En definitiva, para saber cuál es la identidad de un país se necesita absolutamente el acceso a archivos públicos. No tiene ningún sentido, y hasta, si me lo permiten, es ridículo que se niegue en estos momentos a un investigador que está investigado las dotaciones de los buques de guerra italianos desde el año 1940 al año 1946 el acceso a la información. Se le dice que no. Tampoco tiene ningún sentido y es absolutamente absurdo que no se pueda acceder a la documentación de la actividad clandestina de las emisiones de Radio España Independiente o de las unidades de Ifni, del Sahara; es decir, a cuestiones militares o diplomáticas de los años treinta o de los años cuarenta, a las que hoy no se tiene acceso.

He de decir que la gravedad y la anomalía de esta situación han llevado a que en el transcurso de los tres o cuatro últimos años, prácticamente todos los grupos parlamentarios, ya sea en el Congreso o en el Senado, han presentado iniciativas en este sentido. El Grupo Catalán Convergència i Unió lo ha hecho, el Grupo Vasco, el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, nuestro grupo, evidentemente, hemos planteado iniciativas en ese sentido, y en algunos casos, hace tiempo hemos aprobado transaccionales que nos había ofrecido el Partido Popular, en concreto, en una que presentó nuestro grupo el 21 de octubre de 2013, aceptamos una transaccional que decía: «La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a proceder, cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.» Un acuerdo parecido se tomó en el Congreso de los Diputados en un iniciativa que planteó —si no recuerdo mal— Convergència i Unió. Los acuerdos de estas mociones no se han cumplido, ninguno (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia); a pesar de la buena voluntad que manifestamos los que propusimos estas iniciativas en el pasado, ninguno de estos acuerdos se ha aprobado.

¿Cuál ha sido la historia de este asunto? En 1984 el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Morán, aprobó una orden ministerial mediante la cual hacía pública toda la documentación histórica a partir de veinticinco años. Y esto apareció en el conjunto de la Unión Europea como una medida de las más aperturistas en cuanto a archivos. Pero en estos momentos, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene cerrado, aunque sea temporalmente, el archivo, mientras que una parte del archivo histórico lo ha derivado al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración del Estado. Es decir, aquello que supuso aperturismo en 1984 sufre hoy un retroceso importante. ¿Cuál es la razón de esta situación? La razón es que, en octubre de 2010, otro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, declaró secreta prácticamente toda la política exterior —14 áreas— y, por tanto, no se permitía el acceso a ellas. Y a pesar de que la ministra de Defensa —en aquellos momentos, Carme Chacón— presentó una propuesta de desclasificación de 2000 documentos, finalmente, el Gobierno socialista no lo aprobó. Por tanto, en estos momentos nos encontramos con la no desclasificación de 10 000 documentos del Ministerio de Defensa, desclasificación que negó el ministro Morenés, con un archivo general del Ministerio de Asuntos Exteriores cerrado temporalmente, del que parte de la documentación —y con ello se rompe el principio de unidad de archivos— ha sido trasladada al Archivo Histórico Nacional y otra parte de los documentos al Archivo General de la Administración. Esto ha significado, incluso, la restricción de documentos del siglo XIX. El escándalo fue y es tan grande que, en julio de 2013, muchos profesionales —300 primero y 700 después—, catedráticos e historiadores entre ellos, elaboraron un manifiesto que decía: cerca de 300 investigadores exigen al Gobierno que desbloquee el acceso a documentación histórica, diplomática y militar. En este documento estaban desde Paul Preston hasta Ángel Viñas, desde Josep Fontana hasta Borja de Riquer, figuraban catedráticos de 17 países que presentaban un manifiesto denunciando la política restrictiva de acceso a los archivos públicos del Gobierno español.

Les voy a leer dos párrafos de este manifiesto: Los investigadores denuncian que, desde septiembre de 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a bloquear la consulta de su documentación histórica —por regla general, la que tiene más de 30 años—, esgrimiendo un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en octubre de 2010, y que el actual titular de la cartera, el señor García-Margallo, prometió revisar hace un año sin que hasta la fecha haya adoptado ninguna decisión. En otro párrafo se dice: Esta situación constituye una anomalía sin parangón ninguno en cualquier otro país, pues se trata de un bloqueo al acceso de documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Tal decisión ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas, muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público, pero también atenta contra los principios de transparencia que se presuponen en la cacareada nueva Ley de transparencia, al extender el manto y el secreto sobre toda la acción exterior del Gobierno. La Ley de 1968 no ponía límite temporal a la clasificación o al acceso público de los documentos. En el año 1984, hay un acuerdo del ministro Morán para abrir los documentos públicos pasados veinticinco años. No obstante, en 2010 se produjo un retroceso con el ministro Moratinos, pues declara prácticamente toda la política exterior como política de secretos. Por último, también se ha producido un retroceso con el ministro Morenés quien, en lugar de aprobar la desclasificación de los 10 000 documentos que el anterior ministro había planteado, no desclasifica ninguno de ellos. Por otro lado, el ministro García-Margallo, en una entrevista con alguno de los firmantes de este manifiesto, se había comprometido a que, una vez se aprobara la Ley de transparencia, él adoptaría un acuerdo de revocación del acuerdo de octubre de 2010 del ministro Moratinos para facilitar el acceso público a esta documentación. Sin embargo, el compromiso del ministro García-Margallo no se ha cumplido aún. Ciertamente, lo único que se ha conseguido es un avance en cuanto a los documentos del ministerio que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, pues se pueden consultar, pero siempre que no sea más allá de 1931.

Me decía un historiador de estos que produce bochorno que mucha de la información y documentación para escribir, para investigar sobre lo que ocurre en España hay que ir a buscarla a archivos de otros países fuera del Estado español. Es decir, para saber lo que pasa en España hay que acudir a un archivo de Inglaterra, de Francia o de Italia para tener completa información. Por eso, señoras y señores senadores, lo que estamos proponiendo no es ninguna revolución. Simplemente estamos planteando acabar con una anomalía, con la perversión de una ley que se hizo en el franquismo, en 1968, y que no se ha rectificado, equiparando, en definitiva, nuestra legislación a la de la Unión Europea. Nuestra propuesta es de treinta años, con dos posibles prórrogas de diez años, que pueden ser sometidas a modificación; porque lo que hacemos hoy no es aprobar el texto sino la toma en consideración.

Este no es un tema, insisto, entre derechas e izquierdas; se trata de la homologación del Estado español con el resto de Estados de la Unión Europea por una cuestión básica: necesitamos que los investigadores y los historiadores puedan acceder a los documentos de acción de gobierno de relaciones con los Estados para conformar nuestra historia y nuestra identidad.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Algún señor senador desea intervenir en turno a favor? (Pausa).

El senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

La exposición que ha realizado en la presentación el senador Saura es suficientemente clara. Por abundar en alguno de los argumentos, toca ya reformar la Ley de secretos oficiales. Se intentó en 1986 y en 1990 con un Gobierno socialista; se volvió a intentar en 1996 con un Gobierno presidido por José María Aznar, que abría el mecanismo de fijación de un plazo para la desclasificación de estos documentos. En los últimos dos años, en 2013 y 2014, se han producido esas negativas de acceso a determinados documentos clasificados, algunos con más de 75 años de antigüedad, a diferentes grupos de historiadores. Posteriormente, es cierto —también lo ha dicho el señor Saura—, se remitieron desde los Ministerios de Defensa y de Exteriores, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración diferentes bloques de documentación, lo que generó un problema diferente: la escasez de recursos de personal de ambos archivos se convirtió en un nuevo obstáculo para el acceso; es decir, estaban abiertos a la consulta, pero no era posible materializarla porque no se disponía de los medios humanos necesarios.

Ante una sociedad que pide hoy más transparencia, esta ley mantiene espacios de sombra. Una sociedad que, además, vive la contradicción de que ella sí, la sociedad, es cada vez más transparente no solo porque se den prácticas ilegales como las que denunciaba el señor Snowden, sino porque a través de diferentes mecanismos nuestra información circula con tremenda facilidad: por los contadores inteligentes, las compañías eléctricas saben si nos levantamos al baño a medianoche; a través de las tarjetas de fidelización, los supermercados saben qué marca de yogur consumimos habitualmente. Por otra parte, la Ley de seguridad ciudadana abre nuevos escenarios a las fuerzas de seguridad del Estado para acceder a información personal. Sin embargo, el ámbito del poder se esfuerza en mantener esa situación de blindaje ante la posibilidad de conocimiento por los ciudadanos.

Hacía referencia el señor Saura en su intervención al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre políticas de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, encabezado entonces por el señor Moratinos, que constituye una auténtica desmesura: En primer lugar, otorga con carácter genérico la clasificación de secreto a las siguientes materias —voy a reseñar solo las que más me han llamado la atención—: la posición básica de España en el sistema de Naciones Unidas —no ahora en el Consejo de Seguridad, sino en el sistema de Naciones Unidas—. En la Unicef, en la Organización Mundial de la Salud está clasificado como secreto la posición básica de España, si el Gobierno así lo interpreta, sobre cómo ha manifestado nuestro país en la Organización Mundial de la Salud que se debe de intervenir frente a la crisis del ébola. También con este carácter genérico de clasificación como secreto está la posición básica en conflictos internacionales e internos de naturaleza política, social, económica y comercial. Clasifica como secreto las negociaciones en caso de secuestros —lo cual tiene sentido mientras el secuestrado está secuestrado, pero no tras su liberación— y en lo relativo a la concesión o no de las extradiciones. Califica como secreto las cuestiones de asilo y de refugio. Califica como secreto los asuntos relacionados con crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Luego, en otra declaración otorga con carácter genérico la calificación de reservada a las gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecte. Es decir, se extiende un ámbito de sombra sobre materias que ya de por sí son suficientemente oscuras y que pueden dar lugar a prácticas irregulares e incluso delictivas.

La justificación tradicional del establecimiento de normas para la declaración de secreto es siempre la seguridad, que se empieza a convertir, yo creo, en el gran dilema de nuestra democracia en los últimos tiempos, porque, por mor de la seguridad, cada vez se introducen más limitaciones en derechos y libertades y, en este caso, en la de acceder a la información.

El juez federal Murray Gurfein, en una resolución en la que exculpó a los dos principales diarios de los Estados Unidos que publicaron en 1971 informes secretos sobre la guerra de Vietnam, realizaba en su resolución judicial una reflexión que a mí me parece perfectamente aplicable en este momento y a esta materia; afirmó que también hay seguridad en los valores de nuestras instituciones libres, una prensa crítica, una prensa objetiva, una prensa omnipresente, que es la que tiene que soportar el poder con el fin de que se preserven valores aún mayores como son el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Por ello, es oportuna esta proposición de ley y es oportuno que en su contenido no solamente se abra un escenario de mayor transparencia, a la que los ciudadanos tienen derecho, sino que se busque la homologación con los Estados de nuestro entorno en cuanto a introducir el mecanismo de plazos para el mantenimiento de la clasificación de la información y de los documentos y, luego, que se acabe con anacronismos tan evidentes y manifiestos como que la Junta de Jefes de Estado Mayor sea competente para declarar el secreto o para declarar el carácter de reservado a determinada documentación. Solamente los órganos sometidos al control parlamentario pueden tener esta facultad que afecta a derechos y libertades fundamentales.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. En efecto, señorías, el Grupo Parlamentario de la Entesa y, en su nombre, el señor Saura, traslada ante este Pleno una iniciativa cuyo objeto ya fue debatido en esta Cámara, en el seno de la Comisión de Defensa, y en la que insiste de nuevo en una modificación de la Ley de secretos oficiales en vigor. Su propuesta de modificación de esta ley pretende los extremos siguientes: por una parte, basándose en la resolución del Consejo de Ministros reclaman el libre levantamiento de calificación por parte de éste y, por otra, fundamentalmente, la delimitación del plazo de treinta años, más dos prórrogas, en su caso, de diez años cada una de ellas. Para ello, la iniciativa contiene como argumentos la Ley de transparencia, el principio del derecho de acceso a la información pública, la equiparación con los países del entorno y también la demanda de 300 investigadores e historiadores que han solicitado al Gobierno la desclasificación de 10 000 documentos de la Guerra Civil así como, por último, su adecuación a la Constitución española.

Confiesan, señor Saura, que la motivación de su iniciativa responde en un inicio a la reivindicación de 300 —según señala usted, los cuantifica— investigadores e historiadores que vienen reclamando la desclasificación de un número de documentos y archivos concernientes a temas relacionados con la Guerra Civil, y, en cualquier caso, anteriores a la Ley de 1968. En todo caso, señoría, nada nuevo hay en su argumentación con respecto a anteriores iniciativas y, en consecuencia, nada nuevo podrá encontrar en nuestra respuesta, que es la postura del Grupo Parlamentario Popular ante su proposición, que va en la misma línea que la expuesta entonces por mi compañera María de la Encina Regalado.

Entrando en el análisis de su argumentación, en cuanto a la Ley de transparencia alega su señoría que esta ley declara el principio del derecho de acceso a la información pública, pero que cercena seguidamente con numerosas limitaciones. En primer lugar, y en referencia a esta ley, hay que decir que nunca España tuvo una ley de transparencia —nunca, señoría, nunca—, y que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que la ha impulsado y puesto en valor. Hay que decir también que esta ley reconoce y garantiza el derecho de acceso a la información, y los límites naturales, por otra parte, a todo derecho vienen marcados en la propia Constitución española, que, más allá de ser numerosos, son los lógicos en un Estado de derecho que deba garantizar debidamente la seguridad y defensa de sus ciudadanos.

En cuanto a la equiparación de países de nuestro entorno, que es recurrente por parte de su señoría, efectivamente, lo somos gracias a esta ley, porque esta ley nos homologa a los estándares de las democracias más consolidadas en esta materia. En el seno de la Unión Europea, la mayoría de los países cuentan con una ley de similares características.

Entremos de lleno en los plazos, que, al fin y al cabo, es el eje de su reivindicación y su propuesta. Así pues, usted parece encontrar la diferenciación con el resto de países en el sistema de plazos que propugna, estableciendo un plazo general de treinta años, más dos prórrogas, en su caso, de diez años. Pero, señoría, me llama la atención no encontrar en el texto, tanto justificativo como dispositivo de su proposición, razón, base, argumento, estudio, fundamento, análisis, que explique el porqué de este plazo. ¿Por qué, señor Saura, a treinta años? ¿Por qué no veinte? ¿Por qué no cincuenta? Tal vez usted se acoja al criterio seguido por otro país. Si es así, sabrá que con carácter general, señoría, no existe la desclasificación en automático; no existe, señoría. Cuando establecen plazos quien los establece lo hace en base a una clasificación por materias y, aun así, existen materias que no son desclasificables, señoría. Ejemplo, Estados Unidos, que, efectivamente, a los veinticinco años, por su valor histórico, declara que pueden ser desclasificados los documentos; un recurso que utilizan ustedes. Ahora, no cuentan toda la verdad, porque, en primer lugar, tiene que tener valor histórico y necesita que una comisión lo declare como valor histórico y, en segundo lugar —y eso lo dicta la misma norma—, no puede ser considerado desclasificable aquello que el jefe del departamento que lo clasificó estima que no lo puede ser, y hay un elenco, que no voy a reproducir aquí, de situaciones, como las fuentes de Inteligencia, elementos o información sensible que puedan propiciar la construcción de armas de destrucción masiva, etcétera.

Por tanto, señoría, hay que tener en cuenta que cuando se clasifica un documento o un archivo puede pretenderse evitar su utilización de manera indeterminada o indefinida; con lo cual, establecer a priori límites temporales podría convertir en inclasificable su clasificación. A título de ejemplo, pensemos que hay materias de forma intemporal que son necesariamente declaradas secretas, como las técnicas o medios que un Estado emplea para luchar contra el terrorismo o la criminalidad organizada. En consecuencia, es imposible predecir hasta cuándo deben extenderse los efectos de una clasificación. Yo creo, señorías, que esto es de sentido común y fácilmente comprensible en nuestro país por nuestras circunstancias pasadas y presentes. Y abundando en la cuestión temporal, debo decir también que el artículo tercero del Reglamento de la Ley de secretos oficiales establece que, siempre que ello sea posible, la autoridad encargada de la clasificación indicará el plazo de duración. Lo que ocurre, señorías, es que la clasificación se establece en base a un estudio de riesgo. Si este permanece, debe, en buena lógica, permanecer también y mantenerse también vigente su clasificación.

En cuanto a la adecuación constitucional que usted preconiza y el aspecto formal del acto de clasificación, en primer lugar, y antes de nada, hay que resaltar que el Tribunal Supremo ha declarado la constitucionalidad de la Ley de secretos oficiales —vaya esto por delante—, amén de que el artículo 105. b) de la Constitución española propugna el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros, en efecto, salvo que expresamente afecte a la seguridad y defensa, entre otros límites. La propia ley en su artículo 10 requiere de un acto formal para su declaración, exigencia que viene reforzada por la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que obliga a la motivación de los actos de clasificación al ser limitativos de derechos.

Por último, utiliza también la mención que hace la ley en su redacción original de la Junta de Jefes de Estado Mayor, señor Iglesias, que, como todas sus señorías conocen, ya no existe en virtud de la Ley Orgánica de defensa nacional. Por tanto, no existiendo ese órgano, difícilmente puede clasificar algo. En consecuencia, estamos hablando de que carece de toda virtualidad y estamos por ello en una discusión algo estéril, señorías. Su debate no representa, por tanto, un motivo suficiente para proceder a la modificación por sí sola de la ley por más que pueda merecer una mera corrección, como también pueden merecerla otras muchas leyes.

En definitiva, señora presidenta, únicamente es el Consejo de Ministros quien efectúa un juicio de probabilidad sobre el posible daño a la seguridad y defensa del Estado. En consecuencia, y por los motivos expuestos no podemos apoyar su iniciativa. En este sentido, he expuesto los argumentos que desde el Grupo Parlamentario Popular creemos son suficientes para rechazar su proposición de ley.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

En nuestra opinión, señorías, esta propuesta sería procedente, prudente y equilibrada porque entendemos que el grupo proponente ha hecho un verdadero esfuerzo en plantear una proposición de ley que pueda ser asumible por el resto de grupos parlamentarios.

Ya en el siglo XVIII el filósofo Jeremy Bentham decía lo siguiente: Dos Gobiernos que caminan, el uno por las sendas del misterio y el otro por las de la publicidad, el último tiene una fuerza, una valentía y una reputación que le harán superior a todas las disimulaciones del otro. Para Bentham la opacidad en el Gobierno era una especie de miopía que operaba en contra de sus propios intereses de largo plazo.

Hemos hablado de la transparencia, de que la sociedad actual nada tiene que ver con la sociedad de 1968, con la sociedad de aquella dictadura, en nada tiene que ver. Evidentemente, la sociedad de hoy pide que, tanto nosotros como lo que nosotros producimos, es decir, la legislación, también se contextualice en las necesidades que la sociedad tiene en el siglo XXI.

Ustedes recordarán las memorias de Calvo-Sotelo y cómo contaba el expresidente que cuando llegó a la Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez en febrero de 1981 y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado solo halló en su interior un papel en el que estaba anotada la combinación para abrir la caja fuerte. Ustedes también recordarán que cuando el presidente Zapatero llegó al Gobierno el equipo del hasta entonces presidente del Gobierno, el señor Aznar, había borrado todos los archivos informáticos de Presidencia antes de irse. Ustedes también recordarán cómo en el tiempo de la Presidencia de Aznar hubo un debate con la desclasificación de los documentos, de una serie de documentos originados en los servicios de espionaje, que fueron declarados secretos previamente por el Gobierno de González. El presidente Felipe González se negó a entregar uno de esos documentos al juez Baltasar Garzón por estar clasificado como secreto, y ello estuvo motivado por actos calificados como terroristas, y estos actos estaban reivindicados por los GAL.

Ustedes no me van a convencer, señorías del Partido Popular, de que una sociedad sana, una sociedad a la cual y la cual nos pide transparencia hasta el máximo de todas nuestras actuaciones, pueda soportar con un determinado equilibrio una serie de actuaciones que puedan ser totalmente discrecionales y que no asumen totalmente el papel que tiene que jugar un Ejecutivo. Porque esos papeles, esa información, esa producción, la propiedad de toda esa información evidentemente es de la ciudadanía, es de la sociedad, que nos presta toda esa información para que la gestionemos con prudencia, y es obvio que hay determinados momentos que es mucho más coherente mantenerlas de una manera discreta salvaguardando una serie de intereses que no generar un perjuicio mucho mayor para la propia sociedad. Pero es muy difícil convencer a la sociedad de que no haya un tiempo, un tempus, que finalice, el cual pueda ser motivador de esta serie de perjuicios que se dice que pueden generar para la propia sociedad.

El pasado año, en noviembre de 2014, el senador Anasagasti planteaba una pregunta al ministro de Defensa, Pedro Morenés —ustedes lo recordaran—, el argumento del senador Anasagasti venía a decir algo así como que los papeles y documentos de la época franquista seguirán cerrados para los historiadores, investigadores y curiosos en general, que quieren acceder a una información que para todos puede ser procedente. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, indicó que no se iba a producir ninguna desclasificación de cerca de 10 000 documentos correspondientes al período, señorías, entre 1936 y 1968. El ministro defendió la no apertura de los archivos con la siguiente argumentación: primera, el contenido de los documentos afectaría al honor de las personas. ¿De qué honor estamos hablando? ¿De qué honor? ¿De qué personas? ¿De las que fueron fusiladas? ¿De las que fueron vilipendiadas? ¿De las personas cuyos familiares fueron presos? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Del honor de quién estamos hablando? Segundo argumento: que fueran elementos que pudieran afectar a la seguridad nacional o a miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Que determinados actos que se han producido en 1938, en 1940, en 1945, van a afectar a la seguridad nacional o a miembros de las Fuerzas Armadas?

Y tercer argumento que nos daba en este hemiciclo el ministro de Defensa, Pedro Morenés: la desclasificación de los documentos indiscriminadamente sería un acto irresponsable. Bueno, es evidente que nosotros no lo compartimos. Y también es evidente que la sensibilidad de este tipo de calificaciones con respecto a la opinión que tiene la sociedad no es coincidente. Porque si todavía no se ha entendido que la sociedad, 47 años más tarde, está en otra clave totalmente diferente, es que vamos muy mal.

Uno de los argumentos que el senador Campoy ponía encima de la mesa era que, puesto que en la argumentación de esta proposición de ley no había nada nuevo a lo hasta ahora debatido, tampoco las razones que se iban a aportar iban a ser cualitativamente diferentes. Aquí vuelvo a plantear el mismo argumento, ¿no les parece, señorías, que la sociedad actual nada tiene que ver con la sociedad del 68? ¿De verdad creen que la demanda que realiza la sociedad con respecto a la clasificación de documentos o a actuaciones de gobiernos de diferente color y de diferente tiempo en nada ha cambiado? Se ha puesto como ejemplo la Ley de transparencia. Bueno, hay una Ley de transparencia, pero creo que a todos nos convendría ser humildes respecto a esta ley y jugar de una manera modesta, porque tenemos que traer aquí a colación los límites que la propia Ley de transparencia establece en su artículo 14, el cual permite al Gobierno clasificar documentos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, con la economía, aparte de los típicos de seguridad, etcétera, que todos entendemos. Pero, evidentemente, hay una serie de límites que no están en el derecho comparado y que no son comprensibles. Con lo cual, esta ley no nos homologa.

También he decirles que en el propio Consejo de la Transparencia se es muy humilde y hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque no hay una gran demanda por parte de la ciudadanía con respecto a la transparencia. Pero no porque la sociedad no quiera ser transparente, sino porque todavía no hemos habituado las administraciones, los gobiernos, las instituciones a la ciudadanía a demandarnos la función de transparencia. Y es obvio que actitudes como la que estamos viendo en el día de hoy, no aceptando, ni siquiera, la toma en consideración de esta proposición de ley, a nosotros, en este caso, al grupo mayoritario, le pone en una situación muy complicada. Porque la transparencia no se desarrolla únicamente con una ley, sino que se desarrolla con la actitud, con los valores y con el comportamiento del día a día.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Señor Campoy, tarde o temprano las propuestas que hacemos serán realidad, porque es de sentido común. Usted dice que utilizamos los mismos argumentos. Y seguiremos utilizándolos hasta que lo consigamos. Pero ustedes sí han cambiado de argumentos. Porque, fíjese, hay dos o tres mociones aprobadas. Una, en el Congreso, si no recuerdo mal, una de Convergència i Unió y una nuestra con transaccionales en la que ustedes admitían la necesidad de avanzar en ese sentido. Nos propusieron transaccionales que están aprobadas diciendo que solo dependía de recursos económicos. La pregunta es: ¿Cuál es la posición buena del PP, aquella o esta? ¿Quién puede defender que en 2015 los historiadores no tienen acceso a conocer cuántos buques italianos había en los puertos españoles y que eso está clasificado?

Usted me ha dicho: Hay distintos niveles de clasificación. Pero es que la Ley del 68 ya lo contempla, no lo hemos modificado. Por tanto, hay artículos en la Ley del 68 que posibilitan que haya cosas que no sean desclasificables, pero se debería motivar a hacerlo, que es lo que decimos; y hay otras que se pueden desclasificar en veinte o en treinta años. Me dice: ¿Por qué treinta años? Diga usted una cifra. Porque lo que hay en otros países son veinte, veinticinco, treinta años, y yo pensé: para hacérselo fácil no les pongas veinte, ponles treinta y ponles dos prórrogas de diez, pero veo que ni poniéndoles treinta y dos prórrogas de diez ustedes dicen que sí.

Fíjese, no sé si usted ha leído lo que dice del Gobierno español el manifiesto de los 300 intelectuales. Es brutal. Dicen que la actitud del Gobierno español al negarse a desclasificar y hacer públicos documentos históricos no tiene parangón en ningún país democrático. No lo digo yo, lo dicen Paul Preston, Ángel Viñas, Josep Fontana. ¿Les da lo mismo esto? No es la opinión de la oposición. Las personas más relevantes en el ámbito de la investigación y de la historia de diecisiete países les dicen eso, y ustedes dicen que no pasa nada.

Además, hay otra cuestión que he comentado en el inicio de mi intervención. Este no es un tema solo de investigadores o historiadores, es un tema de los ciudadanos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué se dijo en el primer Consejo de Ministros después del 23-F aunque digo a mí, estoy seguro de que es importante para España. Está clasificado como secreto y han pasado ya cuarenta y dos años. En otros países esto estaría hoy desclasificado.

También hay otra cuestión y es que hay una tendencia en el mundo de ir más allá de la apertura de los archivos. Inglaterra no está proponiendo, sino que ha aprobado un plan de desclasificación para bajar de los treinta a los veinte años, de tal manera que en el año 2022 los ingleses podrán acceder a documentos del año 2002. Y me decían los historiadores que les daba una cierta vergüenza tener que ir a archivos de otros países para saber la historia de España.

Con todo esto me sorprende usted defienda lo que tenga que defender y con buen tono que ustedes no sean conscientes de ello. No estamos en un tema ideológico de derecha o de izquierda. El señor Morán dio un paso importantísimo hacia delante, el señor Moratinos hacia atrás y la señora Carmen Chacón hacia delante y ustedes, tanto el señor Morenés como el señor García-Margallo, hacia atrás.

Pero hay otra cosa. Fíjese usted si lo que decimos tiene sentido común y tiene peso que el señor Margallo se ha comprometido, por escrito, a presentar un acuerdo en el Consejo de Ministros, después de la aprobación de la Ley de transparencia, que anule el acuerdo de octubre de 2010 que planteó Moratinos, por el que recogía que toda la política exterior era una política exterior secreta. Está escrito, tengo la carta. El señor García-Margallo les dice a los historiadores que está de acuerdo en la necesidad de desclasificar su archivo general y que quiere esperar a la vigencia de la Ley de transparencia para hacer eso. Entonces, usted no puede decir que no, porque han aprobado mociones en las que se instaba al Gobierno a hacer esto; el ministro de Asuntos Exteriores se ha comprometido por escrito a abrir su archivo general. Cuando se abrió en el año 1984 no pasó absolutamente nada.

Por lo tanto, este es de aquellos asuntos en los que creo que las mayorías absolutas o la poca reflexión, si me lo permite, en general del Grupo Popular no dan una respuesta satisfactoria. La pregunta es: ¿qué les cuesta políticamente, qué miedo tienen ustedes políticamente a desclasificar documentos gradual y temporalmente, con toda la prudencia y situarse en la onda en la que están situados todos los países de la Unión Europea y en la que se están situando los países nuevos? Les he hablado de Inglaterra, pero fíjese que en Argentina han abierto un portal de internet en el que se puede acceder a todos los documentos de la dictadura argentina; en Brasil, está pasando una cosa parecida. Es decir, la corriente del tiempo en estos momentos no está impulsando la cerrazón de las informaciones, sino la apertura.

Por lo tanto, me sabe mal que hoy no hayamos podido aprobar una iniciativa que creo que es buena para todo el mundo, no solo para la oposición o para el Gobierno sino para el país, y estoy absolutamente convencido y tengo la confianza de que tarde o temprano los argumentos que hemos expuesto tanto yo como los partidos de la oposición, por sensatos, van a hacer posible que España sea simplemente un país homologable al de otros países en cuanto a la desclasificación de los documentos y secretos oficiales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.

Comparezco ante sus señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, y lo hago para anunciar nuestro voto a favor; voto que no puede ser de otro tipo porque nuestro grupo lleva años y años reivindicando lo mismo que ha explicado el senador Saura y otros grupos.

Fíjense, señorías, qué curioso: pedimos modificar la Ley de secretos oficiales 9/1968; sí, sí, 1968, no me he equivocado. Señorías, en 1968 yo tenía 15 o 16 años, estaba haciendo 6.º de Bachillerato, iba a la escuela con una maletita, era un bachiller y vivía en pleno franquismo. Pues todavía está vigente aquella ley. Yo he escuchado con intensidad y con respeto al señor Campoy. Vaya papelón. Seguro que cuando le tocó y tuvo que dirigirse al Gobierno para que le dieran información y le mandaron esto que ha leído bono, bono, vaya vaya, dónde dónde, habrá dicho: madre mía, qué duro es ser senador, senador Campoy, porque defender una ley del 68 en pleno franquismo, cuando muchos de los senadores y senadoras no habían nacido y otros éramos simples escolares, parece un cómic, parece un tebeo.

Señoría, nuestro grupo lleva años pidiendo esta modificación. No hace mucho presentamos una moción que como la de hoy, como la del Congreso y como las otras, se tumbó. Esta moción pedía básicamente esta modificación por muchas razones; algunas de índole social, otras históricas, otras del ámbito de la docencia, etcétera. Hay muchos motivos que pueden llevar a un grupo en este caso a la Entesa, a quien agradezco y felicito por la iniciativa o a nosotros en su día o a otros partidos a presentar esta iniciativa. En primer lugar, porque un país plenamente democrático debe asumir que en su pasado hay partes oscuras, y esto debe conllevar conocerlas y asumir las responsabilidades correspondientes. Esta voluntad de abrir cajones y desempolvar la historia no se hace para perseguir a nadie en concreto, se hace para conocer la verdad. Una parte importante de esta documentación, ahora secreta, habla, por ejemplo, de crímenes contra la humanidad perpetrados aquí o en colaboración con otros regímenes latinoamericanos, y por dignidad hacia las víctimas es necesario saber qué paso y cómo paso. Sin ir más lejos, estos expedientes, ahora secretos, hablan de víctimas del franquismo, y sus familias deben saber cómo, cuándo y por qué.



¿Puede haber algo más democrático que saber la verdad? Por ejemplo, Cataluña lleva muchos años reclamando tener acceso al proceso y posterior fusilamiento del presidente Lluís Companys. Y yo pregunto: ¿es ilegítimo que el pueblo de Cataluña quiera saber toda la verdad sobre la muerte de su presidente?

Otro ámbito que pide que se modifique esta ley es el de la investigación, como ha dicho el señor Saura. Muchos investigadores de la historia de España y muchas universidades piden acceder a estos documentos. ¿Cómo se puede cerrar el paso a este sector que se dedica a investigar la historia de España? Todos los grupos tenemos un documento de 300 intelectuales investigadores que denuncian que tienen una barrera que no les deja avanzar, que tienen que irse a otros países para saber qué pasó en España.

La ministra Chacón prometió desclasificar más de 10 000 documentos del Ministerio de Defensa para usos de investigación, tal y como hace años vienen pidiendo los investigadores y centros universitarios. Con la llegada del nuevo Gobierno del Partido Popular y el ministro de Defensa, señor Morenés, esto se ha parado. Uno se pregunta qué teme el PP que se conozca de la verdad de la historia de España, a quién o qué se quiere proteger, qué oscuros fantasmas se quieren esconder. Hablamos de lo que pasó hace 40, 50, 60, 200, 300 años y uno alucina pepinillos —como dicen los jóvenes— viendo que se está intentando esconder la historia de siglos pasados; es incongruente. Y para más inri, vemos que esta Ley, que está en plena vigencia y es una ley potente y válida, se hizo en 1968, en pleno franquismo. Esto corrobora aquella expresión de este portavoz y de nuestro grupo de que España tiene grandes déficits democráticos. Este es un déficit democrático, señorías.

Quiero acabar mi intervención diciendo que mis palabras tienen solo dos objetivos: por una parte, hacer que no se consiga que se apruebe, no aportar los 13 votos de nuestro grupo a la mayoría, aunque una vez más la mayoría absoluta del Partido Popular lo va a tumbar, que quede constancia escrita en el Diario de Sesiones de esta petición, que es reiterativa, y el derecho al pataleo, porque sabemos que el Partido Popular —como ha dicho ya su portavoz— votará en contra de una petición tan básica como es democratizar un poco más el Estado español. Por tanto, no se aprobará la moción y todo seguirá igual, hasta que llegue un Gobierno capaz de entender que dar luz en la oscuridad es bueno para la democracia de un país.

Señorías, este senador se pregunta qué hay de malo en saber la verdad, nos guste o no, incluso aunque nos tengamos que avergonzar, ¿por qué no? Si el Estado español ha hecho cosas que se sabe que no tenía que hacer, nos ruborizamos colectivamente, y ya está, pero abrimos las puertas a la oscuridad, abrimos los cajones, limpiamos el polvo y decimos a los investigadores y a los estudiosos que allí tienen la historia de España, que hoy está oculta. Por tanto, derecho al pataleo es lo único que nos queda, demostrar que a veces las mayorías absolutas son nefastas, y para secretos oficiales hoy también lo son.

Sé que el portavoz del Partido Popular es un buen parlamentario, una persona que se explica bien y, como muchas veces le he oído hablar, sé que sus intervenciones son, como decimos en catalán, muy acuradas. Pero, sinceramente, todo lo que ha dicho hoy me ha parecido muy técnico, muy tecnócrata y con muy poco corazón, con muy poco sentimiento, con muy poco de aquello que ha de tener la política, que es sentido de la responsabilidad, la dignidad y los sentimientos. Y en esta moción que ha presentado el senador Saura hay mucho sentimiento, sentimiento de gente que quiere saber qué pasó con sus antepasados, sentimiento colectivo, sentimiento de un país que quiere conocer la verdad, sentimientos, sentimientos y sentimientos que hoy van a quedar una vez más en el cajón de los olvidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el asunto que nos ocupa es la modificación de la Ley de secretos oficiales de 1968. No es un asunto nuevo. Recientemente, tal y como se ha referido ya, ha sido tratado en el Congreso de los Diputados y también en esta Cámara. En ambas ocasiones el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado su disposición a dicha modificación. Igualmente, lo hacemos en el día de hoy, por lo que anuncio el voto favorable de mi grupo a la propuesta del señor Saura.

Ya a finales de la última etapa de Gobierno Socialista, el Gobierno que presidía el señor Zapatero, por iniciativa de la ministra de Defensa en aquel momento, la señora Chacón, concluyó las tareas previas que permitirían la desclasificación de en torno a 10 000 documentos relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968 y que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puerto españoles y planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta entre otros. Esta iniciativa quedó pendiente solo del acuerdo del Consejo de Ministros, sin embargo, como todas sus señorías saben, el adelanto de las elecciones generales aconsejó posponer este último trámite.

El nuevo y actual Gobierno, con el señor Morenés como ministro de Defensa, no ha considerado pertinente dar ese último paso alegando excusas varias relativas a las prioridades de la acción de Gobierno, incluso otras más peregrinas sobre las dificultades que representaba el trabajo previo al acuerdo de desclasificación, cuando en realidad se encontraron con todo el trabajo concluido. Lo cierto y verdad es que a día de hoy la situación sigue siendo la de siempre, al amparo de la Ley de secretos oficiales de 1968, modificada levemente en 1978, la opacidad sobre asuntos mediatos y más lejanos sigue siendo absoluta, con el agravante añadido de una clara y decidida falta de voluntad de que salga a la luz.

La tan cacareada y flamante Ley de transparencia garantiza el derecho a la información al tiempo que establece con carácter inmediato una retahíla de límites para acceder a ella, excluyendo además la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la política económica y monetaria, y así otros seis epígrafes más, permaneciendo intocable la ley que se pretende modificar con la iniciativa que estamos debatiendo. ¿Cuál ha sido el resultado? En esta materia estamos donde estábamos y esta situación genera un sonoro contraste. Si a la Ley de transparencia le atribuimos, siendo muy generosos, una pretendida tendencia a regular el derecho a saber, a la ley en vigor que regula los secretos oficiales, le debemos atribuir, con toda justicia, tal y como fue concebida la determinación de regular el derecho a prohibir que se sepa.

Sobre la oportunidad histórica de haber hecho con anterioridad la modificación que se propone y que respaldamos, o hacerlo ahora se admiten opiniones, pero lo que no es opinable es que cada momento histórico presenta determinadas circunstancias y demandas y que en el momento actual estamos tardando para que determinados episodios y documentos salgan a la luz. ¿Por qué? Porque es de interés general que así sea, porque nada aconseja precauciones innecesarias, y porque no hay razones objetivas que justifiquen mantener el estigma del secreto sobre acontecimientos ya periclitados de nuestra historia. En el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es oportuno abordar una revisión profunda en la legislación de secretos oficiales que nos equipare en esa materia a países de nuestro entorno. Parece legítimo que un país como el nuestro pretenda equipararse a los mejores países del entorno y para que esto sea así, tendremos que dar pasos decididos en la dirección correcta y que nadie tenga, señorías, ninguna duda. Nuestra posición tiene más que ver con el interés científico que con el político, que también.

Señorías, parece razonable que los Estados sean precavidos en la administración de aquella información que podría debilitar su posición presente o futura, pero qué pasa en España para que documentación referente a hechos lejanos no pueda ser consultada por tratarse de documentación sensible. En España, los papeles son secretos a perpetuidad, los de los ochenta, los de los setenta, los de los sesenta, los de los cincuenta, cuarenta, treinta, y así, sin límite. ¿Qué nos ocurre en España? Deberíamos preguntarnos. ¿Por qué nos diferenciamos tanto, en esta materia, del entorno al que queremos emular? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, que se juegan mucho en su posición estratégica presente, cuidan protegen, pero hacen públicos sus documentos históricos, incluso cuando estos se refieren a períodos o episodios oscuros. Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y Estado Unidos también, constituyendo además una referencia que ha inspirado a muchos. Todos ellos administran con celo sus secretos, pero todos ellos tienen en extremo un término temporal, con las excepciones pertinentes, para que estos sean públicos. ¿Por qué en España no? No tiene sentido. A día de hoy, nadie creerá que no es posible hacerlo porque nos jugamos más que esos otros países. Eso invitaría a risa. Si en Gran Bretaña se puede acceder al material más oscuro sobre el conflicto de las Malvinas, que data de 1982, y en los Estados Unidos a investigar la colaboración de Nixon y Kissinger en el derrocamiento del democráticamente elegido Gobierno de Salvador Allende, ¿qué problema tenemos en España para que los historiadores accedan a los pormenores de la Gerra Civil y la dictadura, por ejemplo? ¿Acaso tendrán que seguir nuestros historiadores —tal y como se indicaba—, nuestros investigadores, nutriéndose de las migajas de archivos extranjeros para cumplir con su tarea?

El Grupo Parlamentario Socialista considera que habría que elaborar una nueva Ley de secretos oficiales, prudentemente restrictiva con el secreto y generosa con la información; absolutamente restrictiva con la discrecionalidad y generosa con los límites temporales y, por supuesto, plenamente adecuada a la Constitución y, en consecuencia, plenamente respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque, señorías, los gobiernos y los Parlamentos debemos saber e interiorizar que los españoles y las españolas no son contribuyentes y usuarios de servicios públicos; no son solo electores y elegibles; son, sustancialmente, ciudadanos libres depositarios de derechos inalienables, que es lo que realmente define su condición de tal. La ciudadanía es siempre mayor de edad y no admite en ninguna circunstancia posición de subordinación. En las sociedades libres y democráticas como la nuestra son los gobiernos y los parlamentos los subordinados al ciudadano. Y en el concepto de ciudadanía no queda espacio alguno para la tutela, salvo la relativa a sus propios derechos. Asumir esa realidad que parece fácil, pero que no es frecuente en nuestro país, nos ayudaría mucho a entender lo correcto, incluso, diría yo, lo obligado, de lo que se pretende con la iniciativa que nos ha presentado el señor Saura.

Concluyo, señora presidenta, reiterando nuestro voto favorable a esa iniciativa. Y, permítanme, señorías, que lo haga, además, formulando en voz alta una pregunta que estoy seguro que se hacen muchísimos ciudadanos y ciudadanas en España: con la ocultación eterna de todo lo clasificado, ¿se trata de protegernos ante terceros o, más bien, se trata de protegernos ante nosotros mismos? Esta será la eterna duda mientras la oscuridad siga ocupando el espacio que debiera corresponder a la luz.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a ver si soy capaz de contestar a todos y cada uno de los portavoces que han intervenido, dando también las gracias a todos ellos por el tono que se ha empleado en este debate.

Pero quiero hacer una aclaración previa al señor Bildarratz. Yo he dicho exactamente, señor portavoz, que no hay nada nuevo en la argumentación del señor Saura con respecto a anteriores iniciativas. No me lleve a otro terreno; en 1968 yo tenía 4 años. Quiero aclararlo, porque he oído comentar algo que no era exactamente lo que yo he querido expresar; a lo mejor no lo he expresado bien.

Señor Maldonado, le agradezco mucho sus palabras. Usted y yo ver si soy capaz de ponerle algo más de corazón, como usted me reclamaba, y, en consecuencia, aportar más luz a este tema.

Señor Saura, en cuanto al plazo temporal para desclasificar, para ser claros y que no quede duda sobre esto, le diré que el Grupo Parlamentario Popular no está a favor de otorgar una desclasificación con carácter general. Es el que clasifica quien debe estimar cuándo es posible desclasificar, toda vez que considera que los riesgos que la motivaron ya no existen. En este sentido, repito, no existen procedimientos de desclasificación automáticos. En consecuencia, ¿cuál es la postura del Grupo Parlamentario Popular? ¿Desclasificación? Sí, señorías, desclasificación, pero de manera individualizada. Esta es la clave del asunto: de manera individualizada. Estamos a favor de la legítima aspiración —encomiable inquietud, por otra parte— al conocimiento y la investigación, en especial sobre nuestra historia —y se lo dice un doctorando—, mas, por muy legítimas que sean las aspiraciones y reivindicaciones de los investigadores, ya sean 300, ya sean 3000, debemos establecer una cautela, como Estado, no como Gobierno, para no desclasificar de golpe y a ciegas un conjunto de archivos que pueden ser sensibles para la seguridad y la defensa, que pueden a afectar a personas en vida, o interferir en las relaciones exteriores con otros países, o en los intereses comerciales o económicos; y, por supuesto, también puede afectar a la protección de datos, amén de que pueda representar algún riesgo para nuestro país, sin que sea lo deseable este es uno de los quid de la cuestión— que deba prevalecer un criterio muy respetable, pero apriorístico e incompleto, sin la concurrencia del principio de seguridad, bajo el cual todos componemos un país. Esto es básico.

Dicho esto, señorías, el Gobierno atiende todas las peticiones de acceso a documentos que recibe de manera individualizada, aplicando la legislación vigente y en el sentido más favorable para el solicitante, y en especial, señor Saura, para los investigadores, más allá de aquellas áreas con archivos y documentos aún sensibles. A título de ejemplo le diré que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha resuelto de manera favorable el 94,5 % de las solicitudes individuales con respecto a su archivo general.

En cuanto a lo que parece estar detrás de esta actitud obstruccionista del Gobierno del Partido Popular, que parece ser que no quiere abrir bajo ningún concepto la caja de los truenos, por expresarlo de una manera coloquial, en relación con la desclasificación de esos documentos que aquí se han señalado y se han cuantificado en 10 000, en primer lugar hay que llamar la atención sobre la ardua tarea que representa la desclasificación de documentos. Señor Saura, usted habla de 10 000 documentos, cuando la realidad es que la desclasificación afecta, en efecto, a 10 000, pero son expedientes —no los confundamos con documentos—, cada uno de los cuales tiene una cantidad numerosa de documentos, lo que podría multiplicar su número por diez o por cien fácilmente. Excuso decir que no se sabe qué contienen.

Señor Ortiz, la supuesta desclasificación efectuada por el Gobierno socialista —como usted ha dicho textualmente, a finales de la última etapa del Gobierno de Zapatero—, la supuesta desclasificación que ustedes dicen que efectuaron, solo fue un anuncio de intenciones o un anuncio intencionado, sin haber llevado a cabo una clasificación y una categorización homogénea, con muchas reservas por parte de los órganos implicados en su desclasificación y sin un estudio detallado y detenido, documento a documento, que garantice eliminar cualquier riesgo y efecto negativo. Fue, por tanto, señor Ortiz, una declaración de intenciones de la entonces ministra de Defensa, que dejó aparcada meses antes de las elecciones. Podían haberlo aprobado en Consejo de Ministros, como usted dice. Ahora se utiliza el argumento de la falta de tiempo, que a mí me parece más una excusa.

¿Por qué, señor Ortiz, no lo hizo el Gobierno socialista? Sencillamente, y lo digo con toda sinceridad, porque se encontraron con el mismo problema que existe en la actualidad; con el mismo problema. Y muchas de las preguntas que usted ha realizado aquí se las debería usted contestar, porque su Gobierno fue responsable de esto durante la etapa socialista. No se puede desclasificar sin conocer de manera responsable, señoría; no se puede. Y no se puede y no hay medios para proceder a su estudio. Esto es lo que ustedes se encontraron, que, repito, es lo mismo que existe ahora.

Ciertamente, habida cuenta de la situación económica previa —hay que recordar de nuevo que solo en el Ministerio de Defensa, cuando llegó el Partido Popular, había facturas impagadas por más de 1800 millones de euros—, la racionalización y priorización de necesidades obligó y provocó que el ministro de Defensa, lógicamente, afirmara que no tenía recursos materiales para proceder a desclasificar por los distintos departamentos del ministerio, sin contar los informes que, caso a caso, debe emitir el Centro Nacional de Inteligencia, previa la consideración del Consejo de Ministros. Desgraciadamente, señorías, las prioridades —y ustedes lo saben bien, señores del Grupo Socialista— fueron otras. Y han tenido que ver con esas prioridades.

En cualquier caso, contradicción o hipocresía política, lo cierto es que el único Gobierno que ha aprobado una ley de transparencia ha sido el Gobierno del Partido Popular —eso es así—, una ley que regula el acceso a la información pública por vez primera y que establece un equilibrio adecuado entre el derecho de acceso y otros derechos, como la seguridad, que pudieran colisionar entre sí. Al fin y al cabo, estamos ante el binomio libertad-seguridad, tan actual por cuestiones de terrorismo internacional en los países democráticos desarrollados. No es distinto el debate, señorías: seguridad de todos frente al derecho de acceder a la información. Y aunque pueda parecer reduccionista sobre la cuestión objeto de debate, la doctrina constitucional considera —a mi juicio, acertadamente— que no hay derechos y que no hay libertad sin seguridad. Señor Saura, tan esencial para la democracia es la una como la otra; insisto: la una como la otra. Este axioma, en los tiempos que vivimos y con los acontecimientos que se suceden, refuerza la necesidad de extremar la cautela en todo aquello que pueda restar seguridad a todos los que formamos parte de un mismo país, de un mismo Estado.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.



PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. 622/000014 GPMX

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 8.1.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el derecho de gracia nace como una prerrogativa que en su momento constituía herencia de la monarquía absoluta. La proposición de ley que tengo el honor de defender ante este Pleno pretende reformar la Ley de 18 de junio de 1870 sobre el ejercicio del derecho de gracia. En 1870, cuando se aprueba esta ley, se hacía en la búsqueda de un proceso modernizador en el marco del sexenio democrático que se abrió con la revolución gloriosa de 1868, siendo entonces regente el general Serrano y presidente del Consejo de Ministros el general Prim.

Restaurada la monarquía en la persona de Alfonso XII, se mantuvo la vigencia de esta ley, que solo vio alterado su discurrir con la proclamación de la Segunda República, en que se trasladó el derecho de gracia al Tribunal Supremo, reservándose exclusivamente la competencia de ejercer ese derecho el presidente de la República en los delitos de extrema gravedad, realmente en aquellos que suponían una condena de pena de muerte.

La Constitución de 1978 otorga al rey el derecho de gracia conforme a la ley —artículo 62, letra i)—, y de alguna forma lo blinda o lo refuerza con la previsión del artículo 87 —párrafo tercero—, al excluir todo lo relativo a la prerrogativa de gracia del ámbito de actuación de la iniciativa legislativa popular, situándolo en el mismo plano que las materias propias de la ley orgánica, las materias tributarias o las de carácter internacional. Hoy es una institución socialmente cuestionada. Las razones para su cuestionamiento son, en primer lugar, que supone una excepción al principio de separación de poderes, que atribuye a los jueces la facultad de dictar sentencia y hacer que se cumpla. Tiene, inevitablemente, un cierto grado o una cierta dosis de arbitrariedad. Y en la práctica es imposible eludir que se vulnere el principio de igualdad. A ello hay que sumar que algunas concesiones de indultos, de forma absolutamente desafortunada, a personas condenadas por delito de tortura o por corrupción no han contribuido precisamente a mejorar la consideración social del indulto.

De alguna manera, hasta ahora la dinámica en la concesión de indultos ha ido por detrás de la sensibilidad y la consideración social. Esa sensibilidad social hace que hoy resulte impensable que se pueda conceder el indulto a un condenado por violencia de género, pero hasta hace muy poco esa sensibilidad social no era incompatible con que se indultara a quien era responsable dolosamente, con condena por un delito de tráfico con resultados graves. Hoy también es socialmente cuestionada esa posibilidad.

Sin embargo, en opinión de este portavoz la institución del indulto sigue siendo necesaria, no ya como expresión de la compasión o la magnanimidad del monarca, sino como elemento corrector cuando la aplicación de la ley —sed lex, dura lex; hace ya muchos años, en tiempos de Roma, se estableció este principio— da como consecuencia un resultado al menos desproporcionado en la condena; en unos casos, porque la vida es tan compleja, que es imposible encajar todas las circunstancias, toda su complejidad, en el Código Penal; y en otros, porque el transcurso del tiempo, el cambio de las circunstancias o el compromiso personal del reo hacen que cuando se lleva a cabo el cumplimiento de la pena se constate que en esa coyuntura la condena impuesta en su momento resulta desproporcionada. Hay que pensar que, tras el endurecimiento del Código Penal que se ha aprobado recientemente en esta Cámara, la institución del indulto seguramente va a resultar más necesaria.

La proposición de ley, por tanto, pretende ayudar a recuperar la legitimidad y el reconocimiento social a través de una reforma que aspira, modestamente, a ser sensata, impidiendo que en la concesión de indultos se actúe con arbitrariedad o que se frivolice en la concesión de esos indultos.

Si desde la recuperación de las libertades, en estos treinta y siete años, se han concedido más de 18 000 indultos, no es razonable ni que en el 2014 solo se hayan concedido 87 —seguramente por la reacción pública y la presión que ello ha generado como respuesta a algunos de los concedidos por el señor Gallardón—, ni que en su momento el señor Acebes se convirtiese en el paladín del indulto y estableciera el récord, probablemente mundial, de concesión de indultos: 1333 las personas indultadas en un solo acuerdo, justificado, no lo recuerdo exactamente en estos momentos, por una visita papal o un año santo.

La proposición de ley —entro en su contenido de forma muy rápida— suprime uno de los artículos de la Ley de 1870, modifica tres artículos, y añade tres nuevos. Así, se pretende suprimir el artículo 3, que establece excepciones a la prohibición de indultar mientras no exista una sentencia firme, y además se reflejan en el texto vigente una serie de capítulos y títulos del Código Penal que ya no se corresponden con el recientemente aprobado. Se modifica el artículo 5, y se propone una ampliación de la información que debe reflejar el acuerdo de concesión del indulto para que figure expresamente el delito concreto cometido, el grado de ejecución, el título de imputación, el origen de la solicitud y la motivación de la concesión. Se pretende modificar también el artículo 11, prescindiendo de la referencia que se hace al Consejo de Estado. Al artículo 30 se presenta una enmienda para que en el real decreto que se publica en el BOE con la concesión del indulto se reflejen los mismos contenidos a los que acabo de hacer referencia en relación con el artículo 5.

Y, como he dicho, también se añaden tres nuevos artículos. El artículo 33 establece materias excluidas del indulto, que son las siguientes: los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Delitos masa. Delitos societarios contra la Administración pública y la Hacienda Pública. Delitos de malversación y fraude. Delitos de prevaricación urbanística. Delitos de terrorismo, tenencia de armas, explosivos y colaboración con banda armada. Delitos de tortura. Delitos electorales. Y delitos ecológicos.

Igualmente, se pretende introducir un nuevo artículo 34, para que cuando el tribunal sentenciador informe desfavorablemente el Gobierno deba solicitar un informe vinculante a una comisión mixta, que habría que crear expresamente para ello, con participación del Parlamento y del Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, mediante dos enmiendas se pretenden introducir dos nuevos párrafos en el artículo 35, en los que se establezca que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso copia de los expedientes de indulto concedidos y que publique anualmente datos estadísticos sobre los indultos concedidos.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno a favor?

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Senadoras, senadores, en cuanto a la posición de Esquerra Republicana con respecto al indulto, es evidente que no compartimos que sea una institución que case o deba casar bien con un Estado de derecho. Para nosotros representa su quiebra porque hace saltar por los aires la separación de poderes, ya que no hace otra cosa que enmendar la plana al Poder Judicial, a lo que resuelva un tribunal, el juez predeterminado por la ley, al contenido de la sentencia dictada por un tribunal que enjuicia y que, por tanto, tiene acceso a las pruebas, en el que las partes han estado en igualdad de condiciones, etcétera. Enmienda la plana al Poder Judicial, porque modifica el contenido de una sentencia, como he dicho, y deja sin efecto el fallo. Y al Poder Legislativo, porque el Poder Ejecutivo corrige la interpretación y la aplicación de una ley y, por tanto, también los efectos del tipo penal, sin que previamente haya propuesto la reforma de ese proceso, en este caso penal, y, en consecuencia, la legislación penal.

Como decía, el indulto no deja de ser una excepción al derecho aunque se encuentre reglado, aunque esté legislado, aunque esté contemplado en la ley, aunque esté contemplado en la Constitución. Su reglamentación se escapa al ámbito y a la propia competencia penal. Es una rémora del pasado, y el propio nombre de la ley así lo expresa: Ley de la gracia de indulto, la gracia que concede el soberano absoluto.

Para defender el mantenimiento de esta figura o institución jurídica se dice que es necesaria para salvar ciertas disfunciones que se producen en la aplicación del Código Penal y de las penas que conllevan determinados delitos porque son situaciones materialmente injustas cuando la pena resulta desproporcionada por la exasperación de esta, etcétera. También se dice que se aplica para remediar situaciones injustas derivadas de las dilaciones indebidas de un proceso, porque cuando debe ser ejecutada dicha pena ha transcurrido tanto tiempo que la propia función de esta no cumple con sus objetivos. Hago mías las palabras del catedrático de Derecho Penal, Juanjo Queralt, de la Universidad de Barcelona, cuando dice: No a los indultos, sí a la reforma, a la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal —por tanto, en este caso también del Código Penal en cuanto a revisar la pena—. Es decir, un sistema basado en un nuevo enjuiciamiento atendiendo a unas circunstancias que hacen inviable el fallo de la sentencia judicial.

Pero los supuestos para remediar sentencias injustas por la exasperación de la pena o por las dilaciones indebidas —otros están ya regulados—, como decía, deberían ser reconducibles a un procedimiento nuevo de revisión penal. Nada tienen que ver con el listado indecente —repito: con el listado indecente— de indultos concedidos a determinados delincuentes, especialmente de cuello blanco o delincuentes que han cometido delitos al amparo del poder. Indecente es también el uso indebido por parte de algunos gobiernos y, por tanto, por parte de algunos ministros de Justicia, cuando se ha vinculado la concesión de indultos a efemérides vinculadas a grandes eventos religiosos: jubileos, la venida del papa al Estado español... Hubo un ministro del Partido Popular que, en fin, creo que batió el récord al proponer como ministro de Justicia la concesión de una larga lista de indultos durante su permanencia en dicho cargo.

Por tanto, para Esquerra Republicana el indulto es una institución anacrónica y antidemocrática que debería desaparecer. No obstante la posición que he mantenido a lo largo de mi intervención, daremos apoyo a la proposición planteada por Izquierda Unida, en el bien entendido de que viene a modificar sustancialmente la regulación actual de la Ley de la gracia de indulto, e incorpora mejoras —como bien exponía en su intervención el señor Iglesias— en relación con la transparencia en la concesión y la posibilidad del análisis de una comisión mixta en caso de que por parte del tribunal sentenciador se informase desfavorablemente la concesión del indulto. Entendemos que no es nuestro modelo, pero en todo caso nosotros daríamos apoyo a que se proceda a iniciar el trámite de esta proposición de ley.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador. (El señor Díaz Tejera pide la palabra).

Senador Díaz Tejera, se puede utilizar otro turno a favor, y luego habrá otro turno en contra del que también se podrá hacer uso. Hay dos turnos a favor y dos en contra.

Senador Rodríguez Comendador, puede hacer uso de la palabra.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. Buenas tardes, señorías.

Posiciono al Grupo Popular en el turno en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Izquierda Unida, sobre la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la gracia de indulto.

Señorías, esta proposición de ley, presentada por el Grupo Mixto en el Senado el 4 de marzo de este año, tiene por objeto poner fin al abuso endémico de la institución del indulto por parte del Poder Ejecutivo y garantizar la transparencia de cada una de las decisiones en la materia. Se señala en la proposición que, a la luz de la práctica observada en estos más de treinta y tres años de democracia, se echa en falta un desarrollo constitucional y moderno de la institución del indulto adaptado a nuestro actual Estado de derecho, basado en la división de poderes. Por ello, se reconoce que es necesaria una profunda reforma de la ley de 18 de junio de 1870, del siglo XIX, del ejercicio de la gracia de indulto —haciendo alusión a que tiene muy poca gracia—, e incluso una nueva ley reguladora. Se considera que la actual opacidad del sistema podría ser atenuada si en la redacción de los reales decretos de otorgamiento de los indultos se recogieran referencias como el delito cometido, el grado de ejecución, el título de la imputación, en grado de autoría o complicidad, la pena indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justificó.

Esta proposición, como ha comentado el señor Iglesias, se estructura en un artículo único, que suprime el artículo 3, modifica los artículos 5, 11, 22, 24, 30, y crea nuevos los artículos 33, 34, incluyendo en la disposición transitoria, en los apartados octavo y noveno, un nuevo artículo 35.

Señorías, las competencias para ejercer el derecho de gracia son exclusivas del Poder Ejecutivo, tal como establece la Constitución. Nuestro ordenamiento jurídico vigente, el ordenamiento constitucional, así lo establece; por tanto, no existen competencias atribuidas al Poder Legislativo en este aspecto. El indulto es por su propia naturaleza una institución discrecional que nunca afecta al delito ni a la culpabilidad del reo —eso queda aparte—; solo puede limitar en determinados casos la aplicación de una determinada pena. El indulto es igualmente una institución extraordinaria, y prueba clara de ello es que el Gobierno concede aproximadamente tan solo un 7 % de los indultos que se solicitan; además, en el 96 % de ese 7 % de los casos la concesión del indulto cuenta también con el parecer favorable del tribunal sentenciador o del ministerio fiscal.

Expuesto lo anterior, debe concluirse que ni mucho menos el ejercicio de la gracia de indulto es llevado a cabo de manera arbitraria, como aquí se ha dicho. La petición de informes, la formación del expediente, la observación de las reglas en el ejercicio del derecho de gracia, que figuran en la normativa vigente, son elementos que controlan y que limitan la concesión de indultos por parte del Gobierno. Si bien no está sujeta a motivación, los elementos reglados que he mencionado limitan de alguna manera el ejercicio del derecho de gracia. A mayor abundamiento, en numerosas ocasiones la concesión de indultos se debe a peculiares condiciones humanitarias de tipo personal, laboral, médico o familiar del condenado, debiendo rechazarse frontalmente que tales condiciones pudieran ser públicas, so pena de socavar la intimidad del indultado y colocar el beneficio de la gracia a la altura del perjuicio sufrido por la publicidad de tales circunstancias.

En relación con las concesiones de indultos que se apartan de los criterios del tribunal sentenciador o del ministerio fiscal, cabe señalar que tales informes no son vinculantes, de modo que el Poder Ejecutivo puede apartarse de estos, pero hay que decir que en ocasiones lo hace por los condicionantes antes señalados, referidos a la intimidad del indultado o a las circunstancias humanitarias o personales de este.

En cualquier caso, cabe repetir aquí de nuevo que el Gobierno se aparta de ambos pareceres aproximadamente en un 4 % de los indultos que concede, y que la propuesta redactada en el apartado tercero de esta proposición no de ley ya existe, puesto que la concesión y denegación de indultos es revisable por la jurisdicción contenciosa, como ocurre en la práctica habitualmente. La jurisdicción contenciosa es competente para controlar que se hayan observado todos y cada uno de los elementos reglados en la formación del oportuno expediente del indulto. Por lo tanto, hay un control jurisdiccional del Gobierno en la concesión del indulto.

Señorías, en cuanto a la competencia de ejercer el derecho de gracia, del que ha hablado la señora Capella también, que corresponde al Gobierno, sucede lo mismo en la inmensa mayoría de los Estados de nuestro entorno. No obstante, toda decisión gubernamental en torno a los indultos, así como otra cuestión, como he dicho antes, es susceptible de control parlamentario, por supuesto, de acuerdo con lo regulado en la propia Constitución española y en el Reglamento del Congreso. Además, el Gobierno ordena publicar en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, todos y cada uno de los indultos que concede, y en cada una de esas publicaciones aparece el nombre y apellidos de la persona indultada, el tribunal que lo condenó, la fecha de la sentencia, la fecha de los hechos que se indultan, la tipificación del delito, la pena impuesta y el contenido del indulto. Por lo tanto, sí hay claridad específica y transparencia en cuanto a algunos aspectos de la concesión del indulto. Es más, si añadimos más publicidad o más elementos que se hayan tenido en cuenta para la concesión del indulto, como las que he manifestado antes: cuestiones de enfermedad o familiares y circunstancias económicas o personales de especial consideración, pudiera resultar especialmente gravoso para la persona indultada y atacable desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal.

De todas maneras, como ya hemos dicho que la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contenciosa existe, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, creo, señorías, que deberíamos ir un poco más allá de la proposición. Por ello voy a leer textualmente la respuesta que el ministro de Justicia dio a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el 19 de noviembre del año pasado, en relación con este tema. Decía el ministro: «Señorías, el Gobierno está trabajando en la reforma del derecho de gracia, asociado con una idea que es común a la política y que venimos desarrollando en las distintas áreas del Gobierno, que es el mayor control y la mayor transparencia en el ejercicio de esta función. Tenemos que tener en cuenta los orígenes históricos de la figura del derecho de gracia; pero también en democracia, en un sistema democrático como el actual, en un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno, estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de reforma que mejore el ejercicio del derecho de gracia. Estamos en un proceso de regeneración democrática, ofreciendo colaboración, ofreciendo acuerdo, y no descartando que se pueda llevar a cabo. Y en ese contexto, señorías, debemos trabajar conjuntamente en la reforma del derecho de gracia, para lo cual yo les invito, señorías, a participar conjuntamente con el Gobierno en los próximos meses en una reforma integral de la ley acorde con la situación actual que vivimos».

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno a favor? (Asentimiento).

Senador Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes, señorías. Con la venia, señora presidenta.

¿Quién no tiene hoy claro en España que esto se tiene que modificar? Todo el mundo lo cree. No hay nadie que diga que esto se tiene que quedar como está, y no porque la ley sea de 1870, con una modificación del 14 de enero de 1888. No es por eso, porque hay leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una ley bastante garantista, si bien ha sufrido algunas reformas, pero lo es por la calidad cultural y jurídica de sus autores, que son también del mismo siglo y son magníficas.

Esta materia se tiene que reformar fundamentalmente, no porque sea un vestigio histórico de cuando el rey concentraba en sí el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. No es tampoco por eso. Se tiene que reformar porque en la actualidad reina la arbitrariedad en el ámbito de los indultos; y no acudo a ningún expediente concreto que todos tenemos en la memoria sobre asuntos nada edificantes, que también tenemos en la memoria, sino que apelo a que, durante los 11 años que he estado aquí como senador, la mayor parte de las veces para las que se ha pedido mi colaboración no ha sido para asesoramiento jurídico diverso, sino para gestionar peticiones de indulto.

¿Qué ocurre? Que en la práctica real el indulto se ha convertido en una técnica para retrasar la ejecución de las sentencias, en general durante años aunque como media durante uno, y eso en la práctica es malo para el prestigio del sistema democrático y para el prestigio de la justicia, porque la ejecución de las decisiones se demora sin razón alguna hasta años más tarde. ¿Y por qué razón? Insisto, porque lógicamente, como no se sabe si va a haber un indulto parcial o total, no se puede ejecutar algo que luego carecerá de sentido si se ha podido acceder al indulto total o parcialmente.

El indulto no deja de ser un instrumento de política criminal, no deja de ser un instrumento de pacificación social. Recuerden, por ejemplo, el caso de los insumisos. ¿Se acuerdan de cuando el servicio militar era obligatorio y había objetores de conciencia e insumisos? A los insumisos se les condenaba, pero como instrumento de pacificación social fueron indultados. Pero también es un instrumento de corrección. Y aquí apelo a un razonamiento que se hizo antes, que es un instrumento de corrección porque legalmente se puede ser profundamente injusto; con la aplicación estricta de la legalidad se puede ser profundamente injusto. La preocupación en torno a la división de poderes, al Estado social y democrático de Derecho o a la vieja concepción del jefe del Estado como aquel en el que se concentraban todos poderes del Estado no es el debate que me gustaría tener en la tarde de hoy. Ya me gustaría que esta institución, que es un vestigio de otro tiempo, que es un anacronismo, fuera innecesaria, porque lo es en términos de puridad democrática, de puridad de Estado de Derecho. Pero en la práctica real se es tan profundamente injusto en muchas ocasiones aplicando la legalidad estricta, que gran parte de las peticiones de indulto conllevan el informe favorable del juez o del tribunal sentenciador, porque en el momento de la aplicación de la ley han comprobado que, para las características del hecho y para las características del sujeto, ésta resultaba desproporcionada.

Yo les sugiero para estos próximos meses —también lo ha hecho don Luis— dos textos. Uno es de la profesora doña Rosario García Mahamut. El portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular sabrá quién es porque es una catedrática de Derecho Constitucional, canaria por supuesto. La calidad se acredita permanentemente. En el caso de este manual es manifiesta por muchos movimientos de cabeza que haya; mantengo mi afirmación y con pasión. Pues bien, esta catedrática, doña Rosario García Mahamut, tiene un libro sobre el indulto, que fue objeto de su tesis doctoral. Ella es catedrática no sé si en Castellón o en Alicante. Y el otro texto es el del profesor García San Martín, que también trabajó en su tesis doctoral sobre esta materia. Son dos textos que les sugiero para los próximos meses cara a trabajar en el proyecto que ustedes anuncian.

¿Y cuál es el problema? El problema, y es la razón por la que estoy utilizando este turno a favor, es la tardanza porque realmente cuanto antes se reforme esto mejor para el prestigio y la calidad de nuestro sistema democrático. Yo no sé si han calculado ustedes el tiempo de tramitación del proyecto en el Congreso y en el Senado para que pueda ser aprobado en esta legislatura.

A mí me parece que si hoy votamos sí a la admisión a trámite de esta proposición —y ya le manifiesto, señor Iglesias, que tengo diferencias de criterio sobre su contenido concreto—, que si se tramita este texto, se puede enmendar completamente; es lo que intento decirle; es decir que, con la percha de este texto, tramitándose, pueden incorporarse un montón de enmiendas, se le puede dar la vuelta si ustedes no están de acuerdo o se pueden hacer las incorporaciones que se quieran; y estaríamos dentro de esta legislatura.

¿Qué creo que habría que reformar? Primera cosa que habría que reformar: la lista de materias que deben ser excluidas de un posible indulto, que hay que ampliarla, de tal manera que se cierre la posibilidad de que pueda darse en España un indulto en torno a figuras delictivas vinculadas a la corrupción; en términos generales, la delincuencia de cuello blanco, o como se la quiera llamar. Que nunca se plantee para eso. Que nunca se pueda aplicar un indulto a ninguno de los condenados por este tipo de figuras delictivas. Y, segunda sugerencia para la reforma: ampliar el ámbito de la transparencia. ¿Por qué hay que ampliar el ámbito de la transparencia? Porque en la actualidad no se está obligado a motivar las denegaciones, excepto en supuestos concretos. Y, aquí, de lo que se trata es de que siempre, siempre, siempre, la Administración pública o el Gobierno estén obligados a responder y a explicar por qué han decidido el no. Es decir, la mejor manera de controlar las potestades regladas es cuando se exterioriza, se razona, se motiva y se explican las causas por las que se ha denegado algo. Entonces el ciudadano tiene información y el Poder Judicial puede supervisar si se adecúa al ordenamiento. Con estas dos características, materias no susceptibles de concesión del indulto y aumento de la transparencia, creo que avanzaríamos.

Luego, hay una tercera cosa que le sugiero, señor Iglesias, y también a la bancada Popular. Usted plantea en el texto que se remitan a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados los expedientes del indulto. La sugerencia es que pudieran ser la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados o la Comisión de Justicia del Senado, dado que no tenemos la tarea de convalidación de decretos leyes, las receptoras de estos expedientes; o, si quieren buscar una fórmula de síntesis, podría ser una comisión mixta, Congreso-Senado, la que estudiara los expedientes que se plantean en torno a los indultos.

Por último, me parece que una buena fórmula para abordar este asunto sería ver cómo evaluamos, de manera especial, lo que diga el juez o el tribunal sentenciador sin cerrarle al Gobierno la posibilidad de usar el indulto como instrumento de política criminal, como instrumento de corrección o como instrumento de pacificación social (El señor presidente ocupa la Presidencia). Porque si exige que tenga que haber ese pronunciamiento positivo del juez o del tribunal sentenciador y, si no hubiese acuerdo de una comisión mixta de parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, en la práctica estaríamos vaciando que el Gobierno tuviera esa posibilidad del indulto, cuando a mí me parece, francamente, que la posibilidad del indulto es permanentemente necesaria porque, insisto, en muchísimas ocasiones aplicando estrictamente la legalidad se es profundamente injusto. No olvidemos que uno de los valores superiores, fundante de nuestro sistema democrático, junto al de la libertad, la igualdad y el pluralismo político, es el de la justicia. Y para garantizar esa justicia hace falta un ejercicio cabal, con control y transparencia del indulto. No es un derecho subjetivo, pero es una posibilidad que en manos de un Gobierno que motiva, que razona y que explica las causas de su decisión, creo que haría que todos ganásemos, y, en última instancia, ganaría la calidad del sistema democrático.

Gracias, señorías. Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Segundo turno en contra. (Pausa).

No hay segundo turno en contra. Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Senador Iglesias? (Denegaciones). No hay intervención.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera comenzar mi alocución haciendo una referencia al portavoz del Grupo Popular, sobre todo al argumento que utilizó a la hora de justificar la concesión de una serie de indultos. Decía que había una serie de peculiares condiciones humanitarias que no se podían publicitar en garantía del derecho a la intimidad del condenado. Yo hago una reflexión y es que, sobre la base de los datos aportados por la Fundación Ciudadana Civio, con una metodología de trabajo totalmente objetiva, como la de contabilizar aquellos casos publicados en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno del Partido Popular ha tenido en el año 2014, 87 peculiares condiciones humanitarias y, sin embargo, en el año 2012, el mismo Gobierno ha tenido 534 peculiares condiciones humanitarias. Sorprende que con ese razonamiento tan subjetivo, como lo es el de las peculiares condiciones humanitarias, haya en el año 2014 una cantidad determinada —después valoraremos lo que supone cuantitativamente en sus justos términos— y que, sin embargo, en el año 2012 haya 534, en el año 2004, 320, en el año 2006, 517 o en el año 2007, 543 indultos. Si analizamos los datos, es evidente que podemos encontrar múltiples motivaciones.

De ahí que quisiera, aunque ya se ha mencionado, desarrollar un poquito la idea que el senador Iglesias y la senadora Capella han comentado al apuntar a las razones tan objetivas, peregrinas y sorprendentes que en el año 2000 empleó el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes. Porque en diciembre del año 2000 fueron concedidos 1333 indultos en un solo día, repito, 1333 indultos en un solo día. Probablemente, les resulte exagerado a muchas de sus señorías, y también a un público joven, ver que en un solo día se puedan conceder 1333 indultos. Por eso mismo les voy a leer textualmente el Diario de Sesiones, de 13 de diciembre del año 2000, de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde el ministro de Justicia dice, al razonar y argumentar por qué se concedían esos 1333 indultos: «Han confluido para ello dos acontecimientos excepcionales en el presente año; el primero, el cambio de milenio». ¿No me creen? ¡El cambio de milenio! Está en el Diario de Sesiones del 13 de diciembre de 2000. Ese es uno de los argumentos que justifican los 1333 indultos. Segunda razón: la petición formulada por la Santa Sede a todos los gobiernos del mundo en el Año Jubilar. Y como probablemente no me crean, les remito también al mismo Diario de Sesiones; es decir, cambio de milenio y petición formulada por la Santa Sede a todos los Gobiernos del mundo en el Año Jubilar.

Señorías, lo que sorprende es que con el mismo Santo Padre, ahora San Juan Pablo II, y mismo presidente del Gobierno, Aznar, es que el mismo gobierno hiciera caso en el tema de los indultos pero no hiciera caso cuando el Papa recibió en el Vaticano a los presidentes, tanto de Estados Unidos, Reino Unido como de España, para detener la guerra injusta contra Irak, con las consecuencias tan injustas que ha tenido y están teniendo. Es decir, sorprende que cuando el Santo Padre invita a los tres presidentes al Vaticano para conminarles a que no vayan a una guerra con unas consecuencias previsibles tan graves, no le hicieran ningún caso pero sí hicieran caso cuando el Santo Padre pidió a todos los gobiernos del mundo en el Año Jubilar tener un comportamiento y una actitud humanitaria. Es evidente entonces por qué estamos pidiendo en estos momentos que esta proposición de ley salga adelante, porque tal discrecionalidad no puede seguir funcionando en pleno siglo XXI con la sociedad que tenemos. Entiendo que a partir de aquí sobran las palabras y, a nuestro entender, no tenemos otra opción, nadie tiene más opción en estos momentos, que votar sí a la toma en consideración de esta proposición de ley. Primero, porque la ley existente es arbitraria; segundo, porque es poco transparente en la toma de decisiones; y, tercero, es totalmente absolutista. Afecta de manera similar —y esto también es importante—, independientemente del color político que haya ocupado el Ejecutivo. Según datos publicados en la revista española de investigación de criminología, entre 2000 y 2008, analizando los dos gobiernos diferentes, se dieron, con el gobierno del Partido Popular, el 55,7 % de los indultos y con el Partido Socialista el 44,3 %.

Ha habido indultos a condenados por delitos de terrorismo, repito, indultos a condenados por terrorismo; ha habido indultos a condenados por corrupción, y no digo que tenga que haberlos o que no tenga que haberlos, lo único que digo es que tienen que estar regulados y que no pueden depender de ninguna bonhomía, de ningún Gobierno que en un momento determinado considere que hay un cambio de milenio o que es un año jubilar. No hay más que ver que en los dos últimos años los indultos han ido a la baja. Como les decía, en el año 2013 ha habido 204 indultos y en 2014, 87. Por lo tanto, es evidente que la presión popular hace que el Ejecutivo se sienta presionado. Pero también les quiero dar un dato, y es que si en 2004 hubo 320, en 2006, 517, en 2007, 544 o en 2012 solo 534, en Estados Unidos, el presidente Obama, en seis años, ha indultado a 43 personas. Si valoramos entonces que en 2014 solo —entrecomillas— ha habido 87 indultos, hay que poner las cosas en sus justos términos, pues si en un país con 350 millones de estadounidenses se han dado 43 indultos en seis años, en el Estado español, solo en un año se han dado el doble con prácticamente diez millones menos de habitantes.

No me digan, señorías, que no hay que hacérselo mirar. Por no hablar de los 11 indultos concedidos a 11 presos con motivo de la Semana Santa. ¿A sus señorías les parece normal que en pleno siglo XXI sean las cofradías las que propongan al Consejo de Ministros las personas que tienen que ser indultadas y no sean los fiscales o los jueces? ¿Las cofradías? Tenemos que ser conscientes de las argumentaciones que se están planteando en esta sesión. Tenemos que ser conscientes de que el Tribunal Supremo ha llamado la atención sobre un indulto llevado adelante por el Consejo de Ministros a través del ministro Alberto Ruiz Gallardón. ¿Recuerdan sus señorías a aquel kamikaze que provocó la muerte de un joven cuando iba conduciendo, que fue indultado y el Tribunal Supremo paralizó aquel indulto por no adecuarse a las exigencias de la propia ley? Desde entonces toda la argumentación que está utilizando el Gobierno ha sido modificada, pero todavía no está siendo suficiente ni necesaria ni transparente para justificar este tipo de indultos.

Señorías, finalizo. Hoy nos ha dicho el grupo mayoritario que es verdad que hace falta una modificación de la ley vigente, pero ha conminado a que esperemos a que sea el Gobierno el que proponga un texto.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente. Muchas gracias.

Creo que la proposición de ley es una buena razón para justificar también la labor que se hace en este Legislativo y para dar carta blanca no al texto que se presenta sino al buen planteamiento que hace el Grupo Mixto y para debatir tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado sobre un texto en el que entendemos que hay una institución totalmente cuestionada, la del indulto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño.

La pregunta es por qué estamos discutiendo esta proposición de ley hoy aquí. Creo que no la discutimos porque en esta legislatura se hayan dado más indultos que en las anteriores. Tengo las cifras del período de Adolfo Suárez, de Calvo-Sotelo, de Felipe González, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero y, excepto la de José María Aznar que fue muy elevada, el resto son parecidas. El problema es que en esta legislatura se han producido indultos que han sido escandalosos, que han motivado polémicas y que, en contra de lo que debe ser el indulto, una institución de más justicia, ha sido un instrumento de menos justicia. Por tanto, el problema de fondo que tenemos hoy es dilucidar qué medidas tomamos para que el indulto se vea reducido en sus justos términos a las necesidades del indulto.

Desde ese punto de vista, quiero recordar, cuando digo que esta legislatura ha sido escandalosa en los temas de indulto, el manifiesto de 180 jueces contra los indultos del Gobierno, que decía que los indultos del Gobierno afrentan al Poder Judicial y que son impropios de un sistema democrático y de Derecho, ilegítimo y éticamente inasumible. El durísimo alegato bajo el título Contra el indulto como fraude, en defensa de la independencia judicial y por la dignidad lleva una serie de firmas —no voy a leerlas— importantes y reconocidas. Por tanto, el problema de fondo es que ha habido muchos indultos de cuello blanco, que ha habido otros indultos sobre corrupción no justificados, que, en definitiva, han producido una sensación de alarma.

Desde ese punto de vista, nos parece oportuna la proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario Mixto, a la que daremos soporte, fundamentalmente para conseguir dos cosas: por un lado, que no se pueda abusar de forma arbitraria de la aplicación de los indultos —por tanto, habrá que tomar medidas en ese sentido—, y, por otro, que exista transparencia. Se ha dicho que los indultos salen publicados en el Boletín Oficial del Estado, pero es difícil, estadísticamente, tener una visión transparente de las motivaciones en las que se basa el indulto y de algunos datos de los presuntos delincuentes.

Por tanto, señor presidente, votaremos a favor de esta iniciativa. No queremos que en ningún caso la institución del indulto, que viene de donde viene, y en la que no estamos de acuerdo aunque es necesaria para complementar la justicia, sea un elemento de política criminal del Gobierno y mucho menos que sea una forma de favorecer intereses económicos, políticos o de amistades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en líneas generales, consideramos acertada esta proposición de ley, aunque con algunos matices, los cuales derivan de las siguientes reflexiones.

Como es sabido, la institución de la gracia del indulto persigue conciliar las exigencias de la justicia formal con las propias de la justicia material del caso concreto. Solo la existencia de poderosas razones de justicia material permiten justificar esta institución y siempre que se vincule a los fines constitucionales de la pena, que son la rehabilitación y la reinserción social, artículo 25.2 de la Constitución.

La vigente Ley, de 18 de junio de 1870, presenta una regulación insuficiente, que posibilita que el Poder Ejecutivo pueda, en ocasiones, llevar a cabo una intromisión intolerable en las funciones propias que al Poder Judicial atribuye la Constitución: juzgar y hacer cumplir aquello que haya sido juzgado, artículo 117.1 de la Constitución.

Mientras que el legislador no afronte la regulación de una nueva ley del ejercicio de la gracia del indulto, que revise en profundidad esta institución y ponga fin a la duda razonable en la doctrina general sobre su rango normativo y, en consecuencia, sobre su adecuación a la exigencia constitucional de la regulación por ley formal, nosotros estamos de acuerdo en modificarlo.

De acuerdo con el artículo 62.1 de la Constitución, corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, pues es necesario cuestionar que la vigente normativa haya llenado dicha exigencia constitucional. La Ley de 18 de junio de 1870, derogada el 9 de agosto de 1873, fue reestablecida por el Real Decreto de 22 de abril de 1938, y es en virtud de esta norma reglamentaria que continúa hoy en vigor. Así pues, se puede llegar a la conclusión de que la regulación que se contiene en la ley de 1870, con la excepción de aquellos preceptos que fueron modificaciones por la Ley 1/1988, tiene únicamente el rango jerárquico normativo propio del decreto que la va a reestablecer, es decir, las propias disposiciones reglamentarias. Dicho esto, mientras no se articule una nueva ley se considera necesario reformar de forma urgente determinados aspectos de la ley vigente con un triple objetivo, lo que ha de conllevar una mayor adecuación al Estado democrático y de derecho y a la separación de poderes que la Constitución consagra.

Primero, impedir la aplicación del indulto en determinadas conductas delictivas que provoquen en la ciudadanía un gran rechazo y alarmas sociales, excluyendo las correspondientes figuras delictivas de su ámbito de aplicación. Segundo, aumentar el control interno del tribunal sentenciador, mediante la introducción de la necesidad de un informe favorable de este, como requisito previo a la concesión gubernamental del indulto ya sea este total o parcial. Tercero, introducir expresamente la posibilidad de control jurisdiccional de la decisión gubernativa. Es en este sentido que aunque aceptamos las líneas maestras de esta proposición de ley, en el caso de que esta fuera tomada en consideración, introduciríamos algunas aportaciones o propuestas a las reforma. Aparte de mejoras técnicas, por ejemplo, propondríamos la de añadir al nuevo artículo 33 de la proposición de ley los delitos siguientes: delitos de trata de seres humanos, contra la libertad e identidad sexual, contra la seguridad colectiva y los delitos contra la comunidad internacional. Proponemos su adición por el rechazo y la alarma social que provocan estas conductas.

Por lo que al artículo 34 se refiere propondríamos un texto alternativo que sería que contra la decisión del Gobierno, ya sea de concesión o de denegación del indulto, se pueda interponer por persona legitimada para ello, o en cualquier caso por el ministerio fiscal, un recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo. Este texto alternativo responde al objetivo de introducir expresamente la posibilidad de control jurisdiccional de la decisión gubernativa. En un Estado de derecho no pueden existir, como ahora, ámbitos de decisión gubernamentales inmunes al control de los tribunales, control que en el caso que nos ocupa comprenderá no solo los elementos formales y de procedimiento, sino también la exigencia de una motivación suficiente a la decisión, su racionalidad y proporcionalidad de acuerdo con los hechos determinantes y la proscripción de toda arbitrariedad. Por lo tanto, nuestra postura es que no teniendo de momento un proyecto de reforma total con una nueva ley, entendemos que es positivo que como mínimo se reforme la que tenemos vigente.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA:



Con la venia, señoría. Buenas tardes.

No es verdad que en general esta institución no exista en las constituciones y en los ordenamientos jurídicos democráticos. En general, excepto en Grecia, donde está prohibido de manera expresa, con la excepción de los delitos políticos, está en todos los sistemas democráticos con nombres diversos: en Alemania creo que le llaman entschuldigung; en Estados Unidos en general el concepto es el de la mercy, aunque usan la expresión pardon o general pardon, cuando son indultos particulares o fórmulas más generales. Pero si estudiamos cualesquiera de las constituciones del conjunto de países la Unión Europea, en general, en todos ellos existe, de una manera o de otra, bien el rey, bien el jefe del Estado, pero en todos siempre es el Gobierno el que tiene la responsabilidad, porque es, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, el que tiene la responsabilidad de dirigir la política interior y exterior, es el que tiene la responsabilidad de la política criminal.

Nosotros no cuestionamos que el Gobierno mantenga la responsabilidad de la política criminal y que use esta institución, al margen de los orígenes históricos, porque es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Repito una expresión de antes, porque en muchas ocasiones aplicando estrictamente la legalidad se puede ser profundamente injusto en términos de contenido material, en términos de justicia material. Por eso, lo que planteamos es que la competencia sea del Gobierno, primero. Segundo, que al Gobierno se le prohíba en un listado un conjunto de delitos sobre los cuales no pueda dictar indulto, alguno de los cuales ha expuesto el senador Iglesias y otros la senadora de CiU y los distintos portavoces. Nosotros usamos una expresión general de los delitos de corrupción o delitos de cuello blanco, como ustedes estimen, y todos entendemos a lo que nos estamos refiriendo. Tercero, que los elementos de control que use la Sala Tercera no solo sean los actuales elementos reglados. Esta es una potestad reglada y tiene muy pocos elementos para ser controlados. Serían: la competencia, el fin y el procedimiento. Muy pocos elementos. Lo que estamos planteando es que se amplíe —puede ser la figura del hecho determinante—. Hay técnicas para embridar las potestades y que no desborde la discrecionalidad e inunde, otra vez insisto, el reino de la arbitrariedad. En primer lugar, porque el artículo 9.3 de la Constitución, en el último inciso, establece la prohibición de la arbitrariedad a los poderes públicos. Y, en segundo lugar, porque no es una manera edificante de intensificar la calidad de nuestro sistema democrático si el Gobierno es arbitrario. Por esa razón se plantea aumentar los controles, aumentar esos elementos reglados y reducir al máximo ese potro desbocado de la arbitrariedad. Algún autor, el profesor Manuel Sarmiento, de nuevo un profesor canario, en un libro sobre la potestad discrecional habla de la discrecionalidad como el caballo de Troya dentro del Estado de derecho. Entonces: listado de figuras delictivas donde estén prohibidas, aumento de los controles y una cuestión clave, aumentar la motivación. La concesión puede ser una extinción total de la pena, una extinción parcial o una conmutación —cambiar una pena por otra—, extinción, reducción o conmutación, en cualesquiera de los tres supuestos, usted razone, haga público, exteriorice, motive, para que lo sepa la ciudadanía —pedagogía democrática— y para que lo sepan los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en el momento de la supervisión. En la actualidad la Sala Tercera se limita a aquello que establece el ordenamiento. ¿Ha pedido usted informes a la autoridad judicial, juez o tribunal? ¿Ha pedido usted los informes a los que está obligado? No siempre está obligado a motivar la denegación, solo está obligado cuando estamos hablando de informes previos de la autoridad judicial. Por eso, insistimos en la necesidad de ampliar el control y ampliar la transparencia.

En lo que se refiere al procedimiento concreto, he insistido antes en la necesidad de establecer un mecanismo que resulte adecuado. Yo no tengo especial patriotismo por una Cámara concreta, pero comoquiera que estamos aquí en el Senado, y como he dicho varias veces, dado que aquí, en el Senado hay tareas que no se hacen, por ejemplo la convalidación de los decretos leyes —artículo 86, los 30 días que tiene la Cámara—, podemos distribuir las competencias y que lo haga el Senado de España o, si se entiende que no es correcto, creemos una comisión mixta para estudiar esos expedientes de indulto. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que todos pueden estudiar esos expedientes de indulto, las posibilidades de arbitrariedad se van reduciendo. Fíjense ustedes que una de las maneras de luchar contra el lado oscuro de la fuerza es aumentar la luz. Una manera de luchar contra el lado oscuro de la fuerza es plantear las posibilidades de acceso al estudio de los expedientes. Todo lo que sea poner el foco sobre algo siempre es bueno para la calidad del propio sistema democrático. Por eso les insisto a ustedes. No se lo explico solo a los grupos que hasta ahora han esgrimido razones a favor de la admisión a trámite, sino que se lo explico a ustedes.

Si esperamos muchos meses para contar con el texto que nos remita el Gobierno, existe la preocupación de que, posiblemente, durante esta legislatura no se pueda aprobar. Si se admite a trámite esta propuesta del señor Iglesias —al que hay que darle las gracias, pues todos hemos concluido que es necesario reformar esta Ley de 1870, modificada el 14 de enero de 1888—, si todos compartimos esa necesidad, admitamos a trámite el texto y durante su tramitación podremos incorporar todo tipo de formulaciones, incluso, todas las que plantee el Gobierno, porque nada lo va a limitar. En el momento en que se admite a trámite una proposición, su contenido no está limitado después porque haya que respetar una u otra propuesta, sino que se pueden incorporar todas las enmiendas que se estimen y luego se le da el orden sistemático que libérrimamente se considere adecuado.

Por eso, les vuelvo a insistir: si queremos reformar el indulto durante esta legislatura, esta proposición es una magnífica oportunidad. No aceptar mi sugerencia es perder la oportunidad. Insisto en que no estoy hablando del contenido, de la propuesta del articulado, sino solo de admitir la percha en términos procedimentales, y en torno a esa percha llevar a cabo las modificaciones que estimemos oportunas. Yo les sugiero que se admita a trámite, pues no están vinculados por el contenido específico del articulado, y de esta forma podremos trabajar con entera libertad sobre el expediente de la proposición. Dejar este asunto para mucho más adelante me temo —perdonen, no querría faltarles al respeto— que podría significar una proclamación de voluntad de querer reformar, aunque en la práctica la prueba del algodón que esto significa indica lo contrario. No quiero faltarles al respeto, pero si quieren reformar este asunto, me parece que esta es una buena oportunidad.

Me sobra un minuto y tres segundos, señor presidente, pero seguro que mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista están encantados de que acabe ya. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Con la venia, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.

Yo también agradezco al senador Iglesias la oportunidad que nos da de tratar un tema interesante como es el derecho de indulto consagrado en nuestra Carta Magna.

Senador Bildarratz, he escuchado con muchísima atención sus argumentaciones. Usted habla de cuestiones exclusivamente humanitarias. Yo he hablado de cuestiones humanitarias, personales, laborales, médicas o familiares; un abanico un poquito más amplio de las estrictamente humanitarias que usted señalaba. Asimismo, usted hacía referencia al número de indultos concedidos por el Gobierno: este año, 87; el año pasado, más de 200; el anterior, 300. Señoría, se conceden aproximadamente —más o menos, décima arriba o abajo— el 7 % de los indultos que se solicitan. ¿Son muchos, son pocos? El 96 % de los indultos concedidos por el Gobierno llevan aparejado informe favorable o del tribunal sentenciador o del ministerio fiscal.

Creo que estamos razonando bien, pero exageramos los temas que nos interesan, arrimando el ascua, lógicamente, a la sardina de cada intervención, lo cual es legítimamente correcto y lógico en una intervención parlamentaria. Pero seamos escrupulosos a la hora de dar todos los datos, por favor.

Señor Díaz Tejera, coincido con usted en muchas cosas, en otras no, lógicamente, pero usted ha comentado tres aspectos en los que yo creo que coincidimos. Primero, que la competencia del indulto sigue siendo del Gobierno. De acuerdo. Segundo, que acotemos el número de delitos sobre los cuales no exista el derecho de indulto. De acuerdo también. Tercero, que los elementos de control que hoy tiene la Sala Tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo los ampliemos, de forma que haya más claridad y transparencia. También de acuerdo. Por último, que se aumente la motivación a la hora de concesión del indulto. Totalmente de acuerdo.

Usted me decía que utilizáramos la percha que nos ha brindado el señor Iglesias para poder colgar la reforma. Yo le digo: permítame usted que el Gobierno o el Grupo Popular traiga una percha sobre la que yo argumente y que todos podamos trabajar sobre ello. Es lo único que le he dicho. Con esa misma argumentación, con la que yo estoy de acuerdo en el fondo —luego veremos los detalles—, permita usted que el Gobierno de España, legítimamente, pueda traer ese proyecto de ley sobre el que todos podamos discutir y ampliamente debatir. Eso está al caer. Aunque el ministerio no me ha dicho eso, sé que en las próximas semanas podremos tener ya un borrador para poder trabajar sobre él, porque todos coincidimos en esencia en que la Ley de Gracia y Justicia de 1870, en muchos aspectos, es anticuada y nos hace poca gracia y tiene que ser mejorada sustancialmente. Creo que todos coincidimos en eso. Quizás es en la forma en lo que discrepemos.

De todas maneras, señorías, sabemos que la Ley de Gracia y Justicia tiene cuestiones que son susceptibles de mejora, pero regula también de forma concreta y clara el procedimiento a seguir en la concesión de indultos y establece las reglas precisas, con las cuales podremos discrepar o no, atinentes a la intervención del Gobierno y de los tribunales de justicia en la tramitación de las solicitudes. Todos los indultos, como hemos dicho, se publican en el Boletín Oficial del Estado con la identidad del condenado, la causa, el tribunal sentenciador, el delito cometido y el contenido exacto de la gracia acordada. Además del control social que comporta la publicación oficial, como hemos referido, la Sala Tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo puede trabajar y dictaminar sobre los posibles errores en el procedimiento del expediente administrativo, sin perjuicio de que la evaluación de otras alternativas normativas constituya una tarea propia de los órganos administrativos afectados por una concreta regulación, incluso en situaciones de funcionamiento correcto de esta institución.

En definitiva, señorías, la concesión del indulto parte de la valoración de las circunstancias particulares que concurren en el solicitante, que pueden tener, lógicamente, un carácter subjetivo u objetivo. También cabe identificar apriorísticamente tales circunstancias, al menos las más comunes, que son analizadas caso por caso toda vez que su importancia cualitativa puede variar entre los sujetos. Por consiguiente, las propuestas favorables o desfavorables no se basan en análisis cuantitativos atendiendo a la concurrencia de un número concreto de las referidas circunstancias. Se observa que el Gobierno tiene en cuenta como motivo principal para la concesión o la denegación de indultos los informes que remiten tanto el tribunal sentenciador como el ministerio fiscal, de los cuales ya les he comentado que el 96 % de los indultos concedidos van avalados de esta manera. Además, se tiene en cuenta otros aspectos como el registro de los antecedentes penales y policiales del condenado, el tipo de delito y de la condena, la situación penitenciaria en ese momento, los aspectos, como hemos dicho, humanitarios, familiares, médicos, laborales y personales del reo etcétera. Sin embargo, señorías, hay algo claro. Los delitos de violencia doméstica, de maltrato familiar y de abusos sexuales son líneas rojas que el Gobierno no ha traspasado jamás a la hora de la concesión de indultos.

Con carácter general, señorías, los indultos acordados tienen casi siempre carácter parcial y están supeditados, lógicamente, a la ausencia de otras condenas penales en un plazo cierto. Y a esto, normalmente, también se le suman otras condiciones como son el seguir un tratamiento de desintoxicación o el abonar responsabilidades civiles, y en esta línea suele consistir también la sustitución de la pena por otra diversa, como, por ejemplo, en caso de penas privativas de libertad, por trabajos en beneficio de la comunidad, o en una rebaja de la pena privativa de libertad sustancial, a fin de que el órgano sentenciador pueda acordar la suspensión de la ejecución de la pena, si lo estima oportuno.

Señorías, entendemos las razones y argumentos que han expuesto sus señorías desde los distintos grupos, compartimos muchas de ellas, otras no tanto, pero creemos, sinceramente, que, utilizando las palabras del señor Díaz-Tejera, la percha sobre la que debemos colgar el futuro debate sobre la Ley de indulto, esa futura percha tiene que venir y va a venir de la mano del Gobierno de España y de la mano del Grupo Parlamentario Popular.

Por lo tanto, señorías, votaremos en contra de la proposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL ABARATAMIENTO DE COSTES DEL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA. (Votación) 662/000185 GPMX

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a las votaciones que tenemos pendientes de manera ordenada, es decir, comenzamos por la última moción que hemos visto esta mañana, que era la del Grupo Parlamentario Mixto, en la cual no se había aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Por lo tanto, se vota la moción tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 86; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).

CONOCIMIENTO DIRECTO

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. 610/000140


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. 610/000141


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. 610/000142


ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 610/000143


PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000144


DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. 610/000145


DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. 610/000146


REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. 610/000147

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de los tratados y de los convenios internacionales.

En la lectura de los mismos el senador Iglesias había manifestado su abstención en el caso del convenio entre la Unión Europea y el Estado de Ucrania. ¿Es cierto, senador Iglesias? (Asentimiento).

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Manifiesto mi voto en contra del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, y con respecto al resto de acuerdos, de denuncias, de tratados, de protocolos, la abstención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra, senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Intervengo para manifestar que el senador Saura y yo votaremos en el mismo sentido que el senador Iglesias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, senador Guillot. Muchas gracias.

En mi opinión, no hace falta efectuar la votación, simplemente, que consten en el Diario de Sesiones las manifestaciones de estos senadores. ¿El resto de senadores aprueba los tratados y los convenios? (Asentimiento).

Perfecto. Se aprueban por asentimiento, y constarán las manifestaciones de los senadores que han hablado.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. (Votación) 622/000013 GPEPC

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 83; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Votación) 622/000014 GPMX

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 84; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



COMISIONES ESPECIALES

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIO, LA PRIVATIZACIÓN DE AENA, S.A. Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS INGRESADOS. 650/000009 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: A continuación, se producirá un debate de totalidad sobre la solicitud.

¿Turno a favor?

Tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Somos 37 senadores, miembros de más de un grupo parlamentario, los que hemos presentado una solicitud para crear la Comisión Especial de Estudio sobre el modelo de gestión aeroportuario, la privatización de AENA y el destino de los recursos ingresados.

El Gobierno ha iniciado un proceso de privatización parcial del capital de AENA sin clarificar los objetivos que persigue, más allá de la obtención de unos ingresos patrimoniales. No parece que el modelo responda a la persecución de los estándares de competencia, eficiencia y vinculación a los territorios donde se ubican los aeropuertos, tal como ocurre con la mayoría de los modelos aeroportuarios de la Unión Europea. El modelo de gestión aeroportuario del Estado es un caso único en Europa y en los principales países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá o Australia, que en las últimas décadas han pasado de un sistema centralizado integrado a un modelo individualizado y descentralizado. Es necesario debatir parlamentariamente las ventajas e inconvenientes de cada modelo de gestión aeroportuario, a fin de poder implementar el modelo que más beneficie al tejido productivo y al conjunto de los ciudadanos, así como clarificar cuál será el destino de los más de 4000 millones de euros que percibirá la Administración central por esta venta patrimonial que atañe a todas las comunidades autónomas.

Como grupo parlamentario, hemos manifestado en diversas ocasiones que estamos en contra de la privatización de AENA porque va a hacer muy difícil que se pueda cambiar el modelo de gestión individualizado y descentralizado que permita que cada aeropuerto esté al servicio de la economía y el tejido productivo donde su ubica, y no como sucede actualmente, pues el sistema de gestión centralizado está pensado para los intereses del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

La ministra de Fomento reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 23 de enero que este es el principal motivo de privatización, según dijo textualmente. Y lo que se hace sobre todo es garantizar que en el futuro no se trocearán los aeropuertos en España, si se me permite la expresión.

Como decía antes, un modelo individualizado y descentralizado permite que los intereses del operador aeroportuario coincidan con los de la economía del lugar en que está situado el aeropuerto. En el caso de la economía catalana es muy importante poder contar con vuelos intercontinentales directos ya que este hecho es un factor muy importante para determinar la ubicación de las empresas intensivas en conocimiento. Hoy día no solo compiten las empresas sino también los territorios; todas las grandes áreas urbanas de Europa tienen como prioridad atraer ese tipo de empresas. La gestión descentralizada hace que Valencia y Barcelona tengan muchos menos vuelos intercontinentales en comparación a su región metropolitana. Además, este modelo de gestión descentralizado también permite a las regiones más turísticas, Illes Balears, País Valencià e islas Canarias, entre otras, atraer más turistas al poder modificar sus tarifas.

El argumento que se esgrime para no modificar el modelo centralizado e integrado es que ello perjudicará a los aeropuertos deficitarios y, consecuentemente, a los territorios donde estos se ubican. Sin embargo, este argumento tiene una base muy poco sólida ya que entonces no se entendería cómo los aeropuertos deficitarios de los países que ya han cambiado a un modelo de gestión individualizada siguen funcionando, como es el caso de la Gran Bretaña. La respuesta es obvia: hay varios sistemas para financiar estos aeropuertos, siendo una de ellas la de subvencionar a las compañías aéreas para operar en una determinada ruta; medida que tiene la ventaja, respecto a la situación actual, de que amplía los destinos de los aeropuertos deficitarios. Es decir, que fórmulas hay muchas si es que no se quiere favorecer a un aeropuerto ni a su región en detrimento del resto de territorios.

Repito que el sistema de caja única ha permitido una sobreinversión en el aeropuerto Madrid-Barajas que este no podría haber financiado si no fuese por la aportación del resto de aeropuertos. Además, la política comercial está subordinada a los intereses de este aeropuerto.

Por todos estos motivos hace falta un cambio en el modelo de gestión de los aeropuertos del Estado hacia la gestión individualizada o, como mínimo, más descentralizada y que suponga la separación efectiva de la gestión especialmente de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona, de modo que cada uno pueda tomar sus decisiones en lo que hace referencia a inversiones y pueda llevar a cabo una política comercial propia, tomando como referencia los países del entorno con un volumen de transporte aéreo similar. Esta opción permitiría especializarse a los aeropuertos que actualmente pertenecen a AENA y competir entre ellos, así como con el resto de aeropuertos, lo cual supondría un verdadero logro de eficiencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Todo lo que les estoy explicando no es que solamente lo digamos nosotros, es que también lo dice literalmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Esta comisión considera que una reforma de mayor calado podría haber consistido en una gestión de los aeropuertos más flexible, permitiendo a cada uno de ellos adaptarse mejor a las presiones competitivas del mercado o bien acudir a la teoría económica y a la evidencia empírica que sugieren que los aeropuertos compitan entre sí en función de aerolíneas y pasajeros, de tal modo que puedan desarrollar distintas estrategias para mejorar su posicionamiento competitivo.

Asimismo, en relación con el proceso de privatización añade: Asumiendo que el modelo se someta al proceso de descentralización y reforma reguladora deseable, la entrada de capital privado debería realizarse idealmente de forma individualizada en determinadas unidades de la red a través de contratos de concesión o mediante la privatización de los aeropuertos, salvaguardando siempre los intereses públicos en juego.

En relación a los casos concretos del aeropuerto Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala además: Asimismo se recomienda que los aeropuertos concretos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, los dos de mayor tamaño en la actualidad, presencia internacional y potenciales hubs, recaigan en lotes separados.

Repito que lo decimos nosotros y también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero es que ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, también lo decían en su programa electoral. Les leo literalmente: En el caso de la gestión aeroportuaria definiremos las reglas de un nuevo marco en el que la competencia y la liberalización sean los ejes rectores de un mejor servicio a los ciudadanos. Sin embargo, ustedes hacen lo contrario de lo que decía su programa; ustedes quieren privatizar en bloque todos los aeropuertos para evitar la competencia entre ellos y especialmente entre Madrid y Barcelona, para poder así continuar sobreinvirtiendo en el aeropuerto de Barajas en detrimento de El Prat. A ustedes les da pánico que el aeropuerto de Barcelona sea más competitivo que el de Madrid; ustedes no quieren raciocinio o rigor, trasparencia y competencia, y bajo la excusa de competir internacionalmente de forma conjunta, quieren atar corto a los aeropuertos, cortarles las alas para seguir convirtiendo a Barajas en el campeón nacional aeroportuario. ¿Es este el modelo de competencia y liberalización para un mejor servicio a los ciudadanos? ¿A todos los ciudadanos?

Ustedes quieren privatizar sin liberalizar, privatizar sin permitir que los aeropuertos españoles compitan entre sí, que los aeropuertos no puedan contar directamente con los recursos que han generado. Las decisiones sobre a qué aeropuertos y en qué cuantía se destinan los recursos se hace de forma centralizada, y así quieren ustedes que continúe; y, además, que las decisiones sobre inversiones sigan siendo de naturaleza política, mientras que las deudas seguirán siendo asumidas conjuntamente. Por eso, hemos creído necesario plantear hoy la creación de esta Comisión Especial de Estudio sobre el modelo de gestión aeroportuario, la privatización de AENA, S.A. y el destino de los recursos ingresados; y lo hemos hecho conjuntamente 37 senadores de varios grupos parlamentarios. Esperamos que esta petición sea aprobada para poder hablar de manera clara, trasparente y sin opacidad de este tema y en sede parlamentaria.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

¿Turno de portavoces? Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Julios, que compartirá turno con el senador Iglesias.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes.

Coalición Canaria va a apoyar esta iniciativa de creación de la comisión; de hecho, el senador Quintero y yo somos dos de los senadores firmantes de dicha iniciativa.

Como hemos dicho en el Pleno en multitud de ocasiones, la privatización de los aeropuertos canarios significa un atropello a los intereses estratégicos de nuestra comunidad autónoma. Los aeropuertos de Canarias son un pilar fundamental en la cohesión territorial de Canarias; son necesarios en el día a día de los ciudadanos de nuestra tierra; son necesarios para tener acceso a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en territorio continental; son necesarios para tener acceso a servicios sanitarios; son necesarios para tener acceso a servicios educativos; y, repito, son necesarios para tener acceso a los mismos derechos que los ciudadanos del territorio continental. Además, son fundamentales para el desarrollo económico y estratégico de nuestro territorio y no solo para el turismo porque hay que tener en cuenta que por nuestros aeropuertos entran y salen no solo los canarios, sino doce millones de turistas. Son, junto con los puertos, la única vía de entrada y de salida de nuestra comunidad autónoma y, además, una herramienta fundamental para nuestra economía: para el transporte de nuestras mercancías, de la agricultura, de la ganadería, para el comercio y para la entrada incluso de productos básicos. Repito, son una herramienta fundamental para la diversificación de nuestra economía —indispensable para la integración del territorio del archipiélago— y, además, un elemento fundamental para atenuar la lejanía y la ultraperificidad de nuestra comunidad autónoma.

Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que los aeropuertos de Canarias se gestionen funcionando en red. No cabe otra fórmula para que haya cohesión en el territorio que el que todos los aeropuertos sean gestionados en red para poder equilibrar el desarrollo de todas y cada una de nuestras islas.

También hemos planteado la necesidad de que los aeropuertos canarios funcionen de forma descentralizada para ser competitivos y que nuestra comunidad autónoma pueda convertirse en un puente entre América y África. No es de recibo que en cada desplazamiento que hacemos para salir o llegar a Canarias tengamos que pasar obligatoriamente por Madrid. Tenemos mucho más cerca el continente africano que el europeo, pero la mayoría de nuestros saltos a cualquier lugar tenemos que darlos pasando por Madrid.

Por eso nos parece fundamental una comisión que trabaje en el desarrollo de la gestión aeroportuaria, pero también lo es que se intente parar en la medida de lo posible el proceso de privatización de los aeropuertos.

Señorías, entendemos que el proceso de privatización de los aeropuertos significa —como he dicho en otras ocasiones, y repito— que el Gobierno de España y el Gobierno del Partido Popular no solo no defienden los intereses de un territorio como Canarias, sino vender Canarias en trocitos, en cachitos. Vender los aeropuertos de Canarias es vender parte de nuestro territorio, y nos parece impresentable que se esté tomando esta decisión.

Como hemos dicho en otra ocasión, fíjense que esto ya lo advirtieron en el año 1982 los diputados y diputadas, tanto del Parlamento de Canarias como del Congreso de los Diputados y, así, nuestro estatuto de autonomía recoge, concretamente en el apartado 13 del artículo 33, que es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión de los puertos y de los aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Y el Estado, con el proceso de privatización, ha dejado de tener una gestión directa de los aeropuertos de Canarias.

Por lo tanto, reclamamos el derecho al traspaso de estas competencias a nuestra comunidad autónoma. Hasta tal punto es así que, como saben, no solo el Parlamento de Canarias en multitud de ocasiones, sino que el propio Gobierno de Canarias ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la decisión de privatizar los aeropuertos de AENA. En un Estado de derecho no es de recibo que una ley orgánica como el estatuto de autonomía, que sigue vigente en este momento, no se cumpla; no es de recibo que el propio Gobierno de España no cumpla con un artículo de una ley orgánica vigente en este momento en España. ¿Por qué se actúa así? ¿Es que Canarias no les merece respeto? ¿No les merece respeto el Estatuto de Autonomía de Canarias?

Señorías, nos parece una vergüenza el proceso de privatización y nos preocupa cuál va a ser el uso de los beneficios de los aeropuertos canarios. El último DORA —Documento de Regulación Aeroportuaria— elaborado por el Ministerio de Fomento prevé una mísera inversión para los próximos cinco años —y permítanme que hable de mísera inversión— de 345 millones de euros para la totalidad de los aeropuertos canarios; esto solo da para el mantenimiento de los aeropuertos, solo para eso. Señorías, no se prevé ninguna inversión más, a pesar de que los aeropuertos canarios, en un solo año, dieron un beneficio de 300 millones de euros. Pero esto es lo que hace el Estado, y si el Estado no reinvierte los beneficios de los aeropuertos de Canarias en Canarias, ¿qué vamos a esperar de la inversión de los inversores privados?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Continúa con este turno el senador Iglesias, también del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El éxito de la privatización del 49 % del capital de AENA es la mejor demostración del error que ha supuesto esa decisión. Como saben sus señorías, las acciones salieron a Bolsa —creo recordar que fue el 11 de febrero— con una cotización de 58 euros y, hoy, en torno a las dos de la tarde, estaba cotizando a 91 euros, después de haber sufrido una caída como consecuencia de la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de ajustar los costes de AENA, lo cual significa una reducción de ingresos de en torno a 100 millones de euros. Sepan que en días anteriores cada una de las acciones llegó a cotizar a 104 euros.

Ha sido tal el negocio que han hecho los inversores que dos de las entidades financieras colocadoras de capital, Morgan Stanley y Bank of America, que mantuvieron una participación durante 12 días y, transcurrido ese plazo, vendieron un 30 % de aquella, obteniendo entre los dos un beneficio de 120 millones de euros. Ha sido una operación rentable, pero no para los españoles ni para la Administración General del Estado sino fundamentalmente para los inversores que acudieron a la oferta que se planteó.

En este momento se anuncia ya la puesta en marcha de algo que se puso en valor, a su vez, como uno de los atractivos del proceso de privatización: el hecho de que AENA era titular de importantes inmuebles en los entornos aeroportuarios. Ya se anuncia la gestión en los próximos meses de estos espacios y la búsqueda de socios para su desarrollo y promoción, lo que sin duda contribuirá a seguir generando importantes beneficios para los inversores privados; sin embargo, además se abre una espita que puede ser de descapitalización de esa sociedad. Por ello respaldaremos la propuesta que se ha formulado en el sentido de que se cree una comisión especial que analice, entre otras cosas, el proceso de privatización de AENA.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

La primera valoración que realizaré en nombre de mi grupo parlamentario es que quizá todo lo concerniente al proceso de privatización de AENA, del que venimos hablando últimamente, refleja su inoportunidad desde un principio en cuanto a las formas. El día 11 de febrero, fecha en que inició su cotización, se debatía en esta Cámara una moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre lo acertado o no de la privatización de AENA; como ven, fue algo un tanto inoportuno. La segunda inoportunidad se produjo el 26 de febrero, cuando compareció ante la Comisión de Fomento el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, don Julio Gómez-Pomar, para informar sobre la entrada del capital privado en AENA, y él mismo nos decía en respuesta a las quejas manifestadas por los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que era difícil explicar la privatización de AENA hasta que esta no se produjese. Sobre la privatización de AENA —decía— es difícil dar una explicación hasta que no se vea lo que suceda. Evidentemente a ello respondimos que eso no era una explicación sino una dación de cuentas, una vez más, sin escuchar a nadie. Y hoy, 15 de abril, debatimos la solicitud de creación de una Comisión Especial de Estudio sobre el modelo de gestión aeroportuario, la privatización de AENA, S.A. y el destino de los recursos ingresados.

Como se puede observar es fácil deducir que no vamos acertados, no sé si en cuanto a los tiempos o a la dirección: primero se decide, luego se informa y, a continuación, solicitamos poder debatir sobre ese hecho que ya está decidido y consumado.

En este sentido, señorías, el Gobierno ha vuelto a actuar sin escuchar a nadie más que a su mayoría absoluta. Por ello hoy nos encontramos de nuevo reclamando que se nos escuche y manifestando nuestro desacuerdo —en algún caso para desandar lo andado—, como ya se ha mencionado, pues entendemos, tal y como también alguien ha mencionado anteriormente, que es necesario debatir parlamentariamente las ventajas e inconvenientes de cada modelo de gestión aeroportuario a fin de poder implementar el que más beneficie al tejido productivo y al conjunto de los ciudadanos. Asimismo consideramos necesario clarificar cuál será el destino de lo recibido por la Administración central y que atañe a todas las comunidades autónomas.

Por todo ello, mi grupo considera más que oportuna la solicitud que hoy se trae a debate en esta Cámara. Creemos que es necesario, a pesar de que debería haberse cursado de otra manera, como ya he dicho, y haberse consultado desde el comienzo, y no ahora, con los hechos consumados. En cualquier caso, seguimos considerando oportuna la propuesta porque aún quedan decisiones importantes por tomar, que deberían y podrían ser diferentes en el futuro a las que se han venido tomando hasta ahora: decisiones en torno al modelo aeroportuario, a la privatización propiamente dicha —como hemos comentado—, así como al destino de los recursos ingresados por ella.

En relación con el modelo aeroportuario, en opinión de mi grupo, el modelo por el que opta el Gobierno tiene como base dos posicionamientos que para nosotros son de una gravedad irreversible, que además hemos visto consumados en la formalización del proyecto y que suponen la quiebra de las legítimas aspiraciones que mi grupo tiene con respecto a la posibilidad de gestionar nuestros aeropuertos. Se trata de un proyecto que en el caso concreto de Euskadi ya está diseñado y se fundamenta en un aeropuerto, tres terminales y una estrategia de diversificación que puede posicionar adecuadamente nuestras terminales para no tener problemas; problemas que sí se están registrando, por ejemplo, en el aeropuerto de Foronda.

Además, el proyecto que el Gobierno ha lanzado contraviene las directrices marcadas por la Unión Europea y, por supuesto, por los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria. El modelo que el Gobierno plantea, es único en Europa, como ya he manifestado en algunas otras ocasiones en esta misma Tribuna, y nada tiene que ver con lo que están haciendo en otros países, que dan participación tanto a las autoridades regionales como a las propias cámaras de comercio o a diferentes agentes económicos relevantes, que creemos que pueden ser incentivadores, precisamente, de esa actividad aeroportuaria y, por lo tanto, de la conectividad y competitividad de los territorios y de las regiones.

Como ya conocen, señorías, el estatuto de autonomía de mi comunidad autónoma asume la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. La verdad es que a finales de los años setenta, cuando fue redactado y pactado, nadie podía imaginarse que recurriendo a disculpas de índole administrativa en la definición de cuándo una sociedad mercantil se mantiene en el sector público, de cuándo es pública o de cuándo es público-privada se vetaría la competencia autonómica de gestión aeroportuaria en un escenario en el que el 49 % del capital de la sociedad gestora es privado. De hecho, en los términos del pacto estatutario, la única alternativa a la gestión integral de los aeropuertos por el Estado era su gestión autonómica y no la privatización, como hemos observado. Esa fue la base del pacto de convivencia constitucional y estatutario que con este proyecto se está rompiendo, señorías, puesto que se está incumpliendo y por el continuo desvalor de los estatutos de autonomía, que constituye ya una seña de identidad de la política territorial de este Gobierno.

Además, el proyecto quiebra toda opción de gestión individualizada de estos aeropuertos. El Gobierno dice basarse legalmente en el Real Decreto Ley 13/2010, pero lo que oculta es que en el preámbulo del propio decreto se subraya como propósito normativo abrir vías para la gestión individualizada de los aeropuertos, a través de la creación de filiales o del otorgamiento de concesiones de gestión; vías en las que cabría aunar ambos propósitos: eficiencia y participación autonómica.

Esta gestión individualizada por aeropuerto es un modelo común en Europa —ya lo hemos mencionado anteriormente—, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado, embozado en un interés general que, en realidad, abandona en interés del inversor privado. A nuestro entender, señorías, el modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia, lo que a su vez terminará acarreando profundas y graves repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario del Estado español porque, desde el punto de vista de la competencia o concurrencia, este proyecto es contrario a la política europea de libre acceso a las infraestructuras y consolida una forma de monopolio que no superaría ni de lejos la supervisión de la Comisión Europea ni la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por todo ello, la preocupación que he manifestado en reiteradas ocasiones en nombre de mi grupo —también hoy— sobre el modelo de gestión aeroportuaria, nos hace cuestionarnos, por ejemplo, cómo va a afectar el proceso de privatización de AENA al desarrollo de las transferencias en materia de aeropuertos en aquellas comunidades autónomas que en sus estatutos tienen ya recogida esa competencia, como ha mencionado anteriormente la portavoz de Coalición Canaria.

Señorías, no haré referencia solamente a Euskadi porque, como he citado anteriormente y también esta mañana durante el desarrollo de la moción que presentaba Coalición Canaria, ha quedado patente cómo las decisiones centralizadoras dejan a algunas comunidades, como es su caso, en una situación complicada para los usuarios, por ejemplo —ya lo he citado anteriormente— si se van a priorizar los intereses tras la privatización en detrimento de los ciudadanos o en beneficio de los inversores.

Por todo eso, entendemos que las decisiones que quedan por tomar se deberían acordar en el seno de esta comisión, donde se podrían plantear, debatir y escuchar otras opiniones que no sean las del grupo mayoritario.

En este sentido, consideramos más que oportuna la solicitud de conformación de esta comisión especial que hoy se trae a debate en esta Cámara, a pesar de que, como he dicho al comienzo, tendríamos que haber actuado de otra manera, para que fuera en el seno de esa comisión donde escucháramos las diversas opiniones y se pudieran adoptarse las decisiones que quedan todavía por tomarse.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.

Afortunadamente, el modelo centralizado y privado que prefigura el Gobierno con su privatización del 49 % de AENA, por la vía de los hechos consumados, todavía puede ser reversible. Por tanto, nos parece oportuno y necesario el debate a fondo en una comisión para conseguir un cambio de orientación en dicho modelo.

Por otra parte, como entendemos que nuestra posición respecto al modelo aeroportuario español, la privatización de AENA y el destino de los recursos ingresados ha sido expuesta en reiteradas ocasiones, tanto en comisión como en Pleno, y es sobradamente conocida, señor presidente, me limitaré a expresar nuestro voto favorable a la creación de esta comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Simplemente quisiera reiterar alguno de los argumentos expuestos. Queremos un modelo descentralizado e individualizado para permitir la competencia entre aeropuertos y adecuar los intereses del operador a los de la economía del territorio, para llegar si es necesario a la especialización de cada uno de ellos. En caso de privatización, habría que hacerlo de manera individualizada, especialmente en el caso de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, para así permitir la libre competencia entre ellos. También queremos saber qué pasará con los euros que se ingresen por esta privatización.

Creemos que es imprescindible hablar del tema sin opacidad, con claridad y transparencia. Ustedes, señores del PP, hablan mucho de transparencia. Se ha hecho una ley para ello, para hacer las cosas bien, con luz y taquígrafos, y ustedes sacan pecho con ella, pero practican también en este tema la más absoluta opacidad. ¿No les extraña que este asunto esté ya en manos de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea? ¿No les interesan las valoraciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Se lo voy a volver a leer. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que les recuerdo que es un organismo público que garantiza la libre competencia y regula los mercados y sectores productivos de la economía española, el 2 de julio de 2014 emitió un informe sobre el marco jurídico de la regulación aeroportuaria y el régimen de transparencia y consulta en la fijación de tarifas aeroportuarias de AENA, en el que recomendaba una valoración más motivada de los términos en que se produce la calificación como servicios de interés económico general de toda la red de aeropuertos de interés general gestionados por AENA y, en su caso, un replanteamiento; en concreto, en relación con esta cuestión formulaba las siguientes consideraciones: el amplio ámbito de aeropuertos que quedarían bajo la órbita de la calificación de servicios de interés económico en general; la falta de información justificativa que, efectivamente, muestre que todos ellos son necesarios para cumplir la misión de servicio público atribuida; y la ausencia de valoración respecto a alternativas viables, como pudiera ser la imposición de obligaciones de servicios públicos relativas a ciertas rutas o ciertos aeropuertos más respetuosas con los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción a la competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advertía explícitamente del riesgo de que la Comisión Europea, a través del control de la legalidad para la que está legitimada, pudiera establecer reparos a todo este tema.

Por otra parte, tal como decía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el citado informe, el sistema de gestión en una red conduce a subsidios cruzados entre aeropuertos. Se trata de un sistema por el que los más rentables financian las pérdidas de los deficitarios, lo que ha sido tradicionalmente utilizado para financiar operadores nacionales que ostentaban un monopolio para la expansión del servicio que prestaban.

Por eso repito, y no me canso de decirlo: transparencia y diálogo, señores del PP. No les dé miedo hablar de nuevo de este tema, hablemos. Por eso les pedimos un acto claro en este sentido aprobando hoy la creación de esta comisión. Esperamos que lo hagan así, porque es un asunto tan prioritario, tan crucial, tan importante como para que ustedes se sienten a hablarlo abiertamente con nosotros, con todos los partidos políticos, con todos los grupos parlamentarios y podamos tomar decisiones, porque los beneficios o los perjuicios de lo que ustedes quieren hacer van a ser para todos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Buenas tardes.

Hemos debatido ampliamente sobre la privatización de AENA y todos tenemos claro que el sistema aeroportuario español es estratégico para el país para garantizar la accesibilidad, la cohesión y la vertebración territorial, y yo diría que incluso social. Estamos hablando de un sistema que aporta el 7 % del PIB y que condiciona de manera muy importante otro sector fundamental para la economía española, el sector turístico, que aporta el 11 % del producto interior bruto. Estamos hablando de una infraestructura que genera 140 000 empleos directos y de un total de más de 400 000. Estamos hablando de un sector muy importante para el país, y merece la pena que nos demos una oportunidad de analizarlo y de discutirlo. Por eso el Grupo Socialista ha apoyado la presentación de esta propuesta y va a votar a favor de la creación de una comisión especial de estudio para que analicemos el modelo de gestión aeroportuario en primer lugar.

Creo que se ha expuesto suficientemente en esta Cámara que hay una diversidad de posiciones con respecto al modelo aeroportuario, que va desde la gestión individualizada al otro extremo, que es la gestión en red y centralizada. Nosotros proponemos, y lo hemos hecho en más de una ocasión, un modelo en el que todo el mundo se pueda encontrar cómodo; el modelo portuario podría tomarse como referencia para construir un modelo aeroportuario donde las comunidades autónomas tuvieran un importante papel en la gestión individual de cada aeropuerto, que potenciara la competitividad, sin renunciar a la existencia de una red estatal, por supuesto pública y no privatizada, como plantea el Grupo Popular.

Hay muchos modelos puestos sobre la mesa; esta es una Cámara territorial, en la que es normal que se debatan y se oigan las posiciones de las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, es pertinente la creación de esta comisión especial de estudio. Por supuesto estamos en contra de que el Partido Popular tome decisiones que cercenan la posibilidad de un debate y que las tome de manera arbitraria, aprovechando una mayoría coyuntural, para impedir decisiones y debates que puedan afectar al sistema aeroportuario; privatizar supone cercenar el debate, acabar con él porque ya no hay margen de marcha atrás. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Nosotros hemos denunciado en más de una ocasión que esta decisión puede ser legal pero es ilegítima, porque una mayoría coyuntural no debería haber dado al Partido Popular la potestad de tomar una decisión que tendría que compartir con todos los grupos políticos y, además, les hemos acusado a ustedes de utilizar el rodillo de la soberbia, porque ni siquiera han querido debatir y escuchar al resto de los grupos, como se ha expuesto aquí por más de un senador. Ustedes llegaron y dijeron: esto es lo que hay con nuestra mayoría y no hace falta ni que se lo expliquemos a ustedes, porque como no cuentan con votos para ganar, no tienen ni siquiera derecho a opinar. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. De ahí la conveniencia de que se lleve adelante esta comisión.

Esta comisión tiene motivos más que suficientes para analizar la privatización de AENA; una privatización que se ha decidido, como acabo de indicar hace un momento, con el rodillo de la mayoría absoluta del Grupo Popular; una privatización para la que no hay razones en A, ni políticas ni económicas ni sociales; en B, las que el Grupo Popular haya encontrado, pero en A no hay ninguna razón para haber hecho esta privatización, ninguna. De hecho, le he pedido al Gobierno por escrito que me facilitara, porque es un derecho, los informes que haya manejado para tomar la decisión de poner valor a las acciones. Es un derecho que tenemos los parlamentarios que sirve para que los ciudadanos tengan conocimiento de en qué fundamenta sus decisiones el Gobierno, y ustedes se niegan a cumplir la ley. El 17 de septiembre solicité todos los informes que hubiera manejado el Gobierno; a día de hoy todavía no han encontrado la ocasión de entregármelos, cuando el plazo legal es de dos meses.

El Partido Popular ha hecho la privatización desde la mayoría absoluta con soberbia, pero además la está haciendo incumpliendo la ley, porque me temo que es posible que ni siquiera tengan informes y que hayan tomado esta decisión de una manera arbitraria, de una manera caprichosa. Ya sabemos que es una decisión de Rajoy y de la ministra Pastor y que la otra parte del Gobierno no estaba de acuerdo, que ningún presidente de comunidad autónoma del Partido Popular ha salido a apoyar esta privatización, que a ninguno de ustedes le he escuchado dar una rueda de prensa en su provincia diciendo qué bueno es privatizar los aeropuertos, qué bien ha sentado a mi provincia que se venda la participación de AENA, a ninguno, y, sin embargo, no aportan ni un solo documento que justifique sus decisiones. Además, es una privatización, que, como se ha dicho ya, genera conflicto de competencias con las comunidades autónomas por incumplimiento estatutario. Es una privatización que se ha hecho con daño al interés general, se ha hecho con recortes de empleo, para procurar mayores beneficios a los inversores; no a favor del empleo en este país, de la economía de este país, del interés general. Se ha hecho recortando servicios en los aeropuertos, lo que ha comportado la pérdida de más de 500 000 pasajeros en los aeropuertos del Grupo 3, y 500 000 pasajeros es un daño a la economía de estas provincias muy grave, pero el Partido Popular lo justifica porque eso genera beneficios para los inversores privados.

Merece la pena que se debatan todas las decisiones que se han tomado. Se han tomado decisiones que quieren condicionar el futuro. El Partido Popular ha ocultado y nos hemos enterado a través de informes del Tribunal de Cuentas o del Consejo Consultivo de Privatizaciones o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que han tomado decisiones, de acuerdo con los bancos, que quieren condicionar cómo se gestionará AENA en el futuro. Han firmado con los bancos que ya se puede vender el 100 % de AENA, han cambiado las condiciones de los préstamos para decir que la inversión se va a limitar a 450 millones de euros al año. ¿Qué va a pasar cuando llegue otro Gobierno? Si otro Gobierno no está de acuerdo, ¿pueden los bancos decir que los préstamos ya no están vigentes, porque ustedes caprichosamente pactaron eso con ellos, cuando no había ninguna necesidad? Creo que se justifica más que de sobra que haya una comisión especial que estudie todas las decisiones que han tomado y que vengan a explicárnoslas. Cuando fue el presidente de AENA a la Comisión de Fomento dijo que no tenía nada que explicar hasta que no se privatizara AENA. Pues bien, ya está privatizada; ahora dennos las explicaciones, justifíquense si es que pueden, aunque me temo que el problema es que no pueden, porque esto lo han hecho con intereses que no están dispuestos a explicar.

Se ha gestionado el consejo de administración de AENA de una forma que parecía un patio de recreo: ahora entran representantes de los inversores de referencia —que no lo son, pero lo van a ser—; luego resulta que, como no han llegado a serlo, los echan ustedes fuera; luego los vuelven a meter en el consejo de administración y, finalmente, como no compran las acciones, los sacan fuera y solo meten a uno. Y cuando pregunto al secretario de Estado qué criterio se ha seguido para meter a ese representante y no a otro, no puede darme una justificación normal; simplemente que le ha parecido oportuno. Y hay un representante de TCI en el consejo de administración de AENA porque el Gobierno lo ha decidido, porque no hay un criterio objetivo para que así ocurra. Por tanto, creemos que es necesario que se cree esta comisión especial.

Hay cosas que hemos descubierto recientemente a través de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como que el Gobierno, interesado en potenciar los beneficios de los inversores, ha decidido aplicar un criterio de doble caja en AENA, lo que significa que los ingresos que provengan del negocio comercial —las tiendas, la publicidad, etcétera— vaya directamente a beneficios de los inversores, sin que entren a formar parte del negocio global ni respondan ante la inversión hecha en los aeropuertos, es decir, se trataba de maximizar los beneficios de los inversores. Y de eso nos hemos enterado a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es más, el Gobierno también ha decidido que si el negocio en el extranjero da beneficios tampoco se va a destinar a soportar las inversiones que se hayan hecho en el sistema aeropuerto español, sino que también irán destinados directamente a los inversores, a maximizar los beneficios de los inversores privados.

Por eso, creemos que es necesario que el Gobierno venga a una comisión y nos explique todo esto, porque no hay ninguna decisión adoptada que tenga una explicación a favor del interés general. ¿Cuál de estas decisiones beneficia a los ciudadanos? También hay que acabar con la demagogia del Gobierno cuando viene aquí y nos dice que privatizar va a significar la panacea, que lo va a mejorar todo: la cohesión territorial, la eficiencia, pero nunca nos explica en qué y cómo va a beneficiar todo este tema.

Para terminar quería hacer una reflexión. Me parece vergonzoso oír a los representantes del Partido Popular decir que la privatización ha sido un éxito porque las acciones que vendió el Gobierno a 58 euros, un minuto después valían un 16 % más y dos meses después valían un 50 % más. Eso no es un éxito, eso es un robo a los ciudadanos de este país.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención de todos los grupos parlamentarios; cada uno aquí ha expresado sus opiniones, y espero que el mismo respeto que yo he tenido con todos ustedes lo tengan con la posición que voy a fijar aquí en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Senador Fernández Ortega, solo una cuestión, yo no sabía que usted era nuestro jefe de campaña porque las ruedas de prensa o los actos que podamos considerar son decisión del Partido Popular, y por eso estamos en él. Si hacemos una rueda de prensa, o no, es nuestro problema y además aquí no se ha privatizado nada aunque ustedes han insistido siempre en la misma canción. Si el Estado se reserva el 51 % de las acciones manteniendo, por tanto, la mayoría del capital, seguirá siendo de titularidad pública. Una cosa es privatizar y la otra es dar entrada al capital privado, como es este caso.

Este proceso se ha elaborado con total transparencia; de hecho es un modelo de gestión que está expresamente regulado en una norma de rango de ley aprobada en la legislatura anterior, el Real Decreto 13/2010, de actuaciones de ámbito fiscal, laboral y liberalizaciones para fomentar la inversión y la creación de empleo, convalidado con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Vasco, con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y de Unión del Pueblo Navarro.

Durante esta legislatura se ha realizado un importante esfuerzo para asegurar la viabilidad del gestor aeroportuario de manera que pueda contribuir al desarrollo del transporte aéreo y del turismo, principal industria de nuestro país. Esta viabilidad se ha conseguido gracias a una gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de inversiones y mejora de la eficiencia. Los planes del Ministerio de Fomento para AENA, manifestados por la propia ministra en su primera comparecencia en el Parlamento en febrero de 2012, consistían en la implantación de una serie de medidas de carácter económico al objeto de garantizar la viabilidad de la compañía, debido a la precaria situación en que se encontraba, así como su puesta en valor una vez llevado a cabo el saneamiento económico y una profunda optimización de su gestión. Una vez conseguidos estos objetivos los planes contemplaban, así mismo, el diseño de la entrada de capital privado para el momento en que la situación económica de los mercados lo hiciera posible, con la finalidad principal de asegurar el mantenimiento de la red aeroportuaria actual. Por ello, la primera medida que se adoptó fue la anulación del proceso de licitación emprendido por el anterior Gobierno del Partido Socialista para los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona El Prat. No solamente porque suponía la desintegración de la red aeroportuaria, sino también porque se quería realizar en el peor momento económico posible, habiendo manifestado varios de los licitadores su falta de interés en seguir participando en el proceso. Concretamente, y tras el Real Decreto 13/2010, el Consejo de Ministros del anterior Gobierno aprobó en Julio de 2011 la creación de dos sociedades concesionarias para los mencionados aeropuertos, iniciándose sendos procesos de privatización de más del 90 % del capital social de estas compañías. Esta decisión de destrucción de unas de las principales fortalezas del gestor aeropuertos españoles, como es la gestión en su conjunto de la red aeroportuaria de AENA, la venta de los dos principales activos de la sociedad, implicaba una realidad de desvertebramiento de dicha red, obligando al resto de los aeropuertos a asumir la elevada deuda de la sociedad, lo que comprometía considerablemente su viabilidad futura y, por tanto, su operatividad.

Es necesario resaltar que este proceso, a diferencia del actual, no gozaba de la necesaria trasparencia y publicidad al carecer de los informes previos pertinentes de la Abogacía del Estado. Por tanto, está plenamente justificada la decisión del actual Gobierno de anular el proceso de privatización del anterior Gobierno. Todo ello, además, se ha realizado manteniendo la integridad de la red aeroportuaria española para garantizar la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos sin cerrar ningún aeropuerto.

El Consejo de Ministros del pasado 13 de junio dio el visto bueno al proceso de entrada de capital privado en AENA. La presencia de inversores privados en el capital de esta entidad contribuirá a que las mejores prácticas de gestión sean implementadas, al mantenimiento de la red de aeropuertos y a garantizar la viabilidad futura de la empresa. En la actualidad existe una tendencia mundial hacia la entrada de capital privado en los grandes gestores aeroportuarios. Los modelos de Francia y Alemania suponen una gestión público privada en un porcentaje similar al que ahora se plantea en España. Además, la estructura de la operación de entrada de capital privado en AENA fue informada favorablemente el 26 de junio de 2014 por el Consejo Consultivo de Privatizaciones que ha supervisado el proceso en su conjunto. Todas las actuaciones se han realizado manteniendo la integridad de la red española, garantizándose de esta manera el interés general, la conectividad y movilidad de todos los ciudadanos sin cerrar ningún aeropuerto, a pesar de las peticiones en ese sentido de algunos sectores. Por tanto, los logros más significativos obtenidos por AENA con motivo de las medidas implantadas son: la rentabilidad positiva por primera vez desde su creación y la generación de caja, también positiva, en 2013 de 846 millones de euros frente a los -504 millones de euros del año 2011. Esta tendencia alcista se ha mantenido en los primeros nueve meses de 2014, últimos datos obtenidos y auditados, en los que la generación de caja de la sociedad se ha incrementado hasta los 1066 millones de euros.

Por tanto, y en definitiva, señorías, considera el Grupo Parlamentario Popular que ha habido una total transparencia en la adjudicación y en la entrada de capital privado en la sociedad AENA.

Senador Fernández Ortega, usted siempre está cuestionando la legitimidad de este Gobierno y yo, como miembro del Grupo Parlamentario Popular, no voy a pedir perdón por que los ciudadanos nos hayan otorgado la mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en el Senado. Gracias a ello hemos podido formar Gobierno. Por lo tanto, yo le pediría respeto a la legitimidad del Gobierno y respeto también a las decisiones de los ciudadanos españoles, que esta vez, de una forma mayoritaria, han dado apoyo al Partido Popular.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la solicitud de creación de una comisión especial de estudio sobre el modelo de gestión aeroportuaria.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 81; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada la solicitud de creación de la comisión especial.



PONENCIAS DE ESTUDIO

INFORMES

PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN. 543/000006 Cooperación Internacional para el Desarrollo

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe tiene la palabra el representante que ha designado la comisión, el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, presento ante esta Cámara el informe de la Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.— Rumores). El Pleno del Senado, en su sesión extraordinaria de 16 de enero de 2013, acordó la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo, de una ponencia de estudio que analizase, de acuerdo con los criterios internacionales y las líneas previstas...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio, no se oye al portavoz.

Continúe, señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ... en el IV Plan director, el desarrollo de nuevas fórmulas de cooperación en busca de una mayor eficacia en los actores de la cooperación.

En la exposición de motivos de la moción que dio origen a la ponencia se exponía el doble reto al que se enfrenta la política española de cooperación: por un lado, la reducción de fondos para la ayuda oficial al desarrollo, a raíz de la coyuntura de crisis económica y, por otro, el agravamiento de la pobreza y las condiciones de vida en los países destinatarios de la ayuda, a consecuencia de la crisis mundial.

Las circunstancias de crisis económica no deben hacer disminuir nuestro compromiso con la cooperación, con los más desfavorecidos. Es necesario redefinir estrategias. Evidentemente, tiene un papel clave el esfuerzo público para encontrar nuevos instrumentos que hagan la ayuda más efectiva, a la vez que se fomenta que los actores privados participen en la estrategia humanitaria. Siempre es necesario aunar recursos, pero en momentos de dificultad más aún.

La ponencia quedó constituida en la sesión de la comisión del 6 de febrero de 2013 con los siguientes miembros: doña María Beatriz Jurado, don José Antonio Rubio, doña María de los Ángeles Ortega y doña María Agustina Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Elena Castellanos, sustituida por doña Paula Fernández Pena, y don Juan Andrés Tovar; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, don Jordi Guillot; por el Grupo Vasco, don Iñaki Anasagasti, sustituido por doña María Eugenia Iparragirre; por el Grupo Mixto, don Pedro Eza, sustituido por doña Sandra Domínguez; y la representación del Grupo Catalán Convergència i Unió recayó en mi persona.

Quiero expresar mi reconocimiento a los ponentes por su trabajo, colaboración fluida y voluntad de acuerdo. También quiero reconocer el buen trabajo y rigor del letrado don José María Codes. Veinte comparecientes han aportado a la ponencia reflexiones, propuestas e ideas. Han sido comparecientes de ámbitos muy diversos: representantes de organizaciones no gubernamentales, de entidades sociales, del sector empresarial, financiero, educativo, universitario y de la Administración pública. También quiero manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento por su generosa colaboración.

La ponencia quedó aprobada en la sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo celebrada el 25 de febrero de 2015. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene un voto particular.

Asimismo, quiero destacar el esfuerzo de todos los grupos por buscar el máximo consenso en las conclusiones de esta ponencia. El desarrollo de todo el informe elaborado desemboca en veintiocho conclusiones, que han de servir como nuevas fórmulas de gestión de la cooperación. Aunque todas son importantes, quiero destacarles algunas de ellas.

La necesidad de un gran pacto de Estado en materia de cooperación que dé cumplimiento a los compromisos internacionales adoptados por el Estado español. La necesidad de desarrollar un proyecto común en el que la cooperación no sea vista como una acción asistencialista, sino como un compromiso ético y político de lucha contra la pobreza y la desigualdad estructural, de defensa y respeto de los derechos humanos, y se enmarque en la agenda que vaya estableciendo a nivel de la Unión Europea e internacionalmente. La importancia del incremento de los esfuerzos para mejorar la colaboración y las relaciones en el ámbito de la cooperación entre el ejecutivo y las organizaciones no gubernamentales, fortaleciendo los puntos de encuentro y colaboración.

Las conclusiones también prevén el marco de desarrollo de las alianzas público-privadas y la actuación de las empresas en materia de cooperación, que han de basarse, entre otras, en el respeto a los derechos humanos, ayudar a la gobernanza de los países receptores de la ayuda según criterios de equidad salarial y sostenibilidad y también en el compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Señorías, el objetivo de esta ponencia es aportar nuevas soluciones efectivas y reales para hacer de la cooperación un instrumento de crecimiento humano, de promoción de las personas, de lucha contra la pobreza y la desigualdad; en definitiva, una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los países receptores de la cooperación. Esta es nuestra responsabilidad y este ha de ser nuestro compromiso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

A continuación se producirá la defensa del voto particular presentado por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el senador Tovar.

El señor TOVAR MENA: Gracias, presidenta.

Permítanme, señorías, que comience mi intervención recordando a la persona que debería estar interviniendo por mí aquí y ahora. Me refiero a la exsenadora socialista doña Elena Diego, que fue durante mucho tiempo la portavoz (Aplausos) del grupo en esta ponencia, que dimitió de senadora, como todos ustedes saben, por estar imputada en un asunto en su época de alcaldesa y que la justicia la declaró inocente, como ella siempre mantuvo. Por ello quiero recordar a esta persona honrada e íntegra, que trabajó, y mucho, en esta ponencia. (Aplausos).

En cuanto a la explicación y defensa de este voto particular en la ponencia, que después debatiremos, quiero recordar que lo presentamos para que esta no quede sin una parte fundamental: la garantía de sostenibilidad económica de las políticas de cooperación internacional a lo largo de los próximos años. Por ello, solicitamos el compromiso del Gobierno para destinar una parte del futuro impuesto de transacciones financieras a la cooperación al desarrollo y también solicitamos que otra parte de ese impuesto pueda ir a la lucha contra la pobreza en España; no marcamos porcentajes porque entendemos que esta es una cuestión de futuro, de debate y, sobre todo, de consenso dada la importancia que tiene. Esta Cámara no debe dejar pasar la oportunidad de marcar con claridad el futuro de la cooperación para que no ocurra aquello que viene sucediendo desde que gobierna el Partido Popular: recortes brutales como en ningún otro sector y sin buscar alternativas.

En mi grupo entendemos que en tiempos difíciles desde el punto de vista económico el Gobierno y la oposición tienen la obligación de buscar nuevas fórmulas de financiación, y eso es lo que hacemos en el Grupo Socialista con este voto particular. Es escandalosa la caída del gasto en nuestro país para políticas de igualdad en general, pero de forma especial en la cooperación internacional: en torno al 75 %, señorías, como no ocurre en ningún otro sector, y más del 83 % en ayuda humanitaria; en estos momentos no llegamos al 17 % de nuestra renta nacional bruta como aportación a la cooperación internacional, cuando la aportación media de los países desarrollados está en el 0,50 %. Esta es la cruda realidad. Con estos datos parece claro que el Gobierno actual no cree en la cooperación, y no solo lo dice el Grupo Socialista, lo dice la Coordinadora de ONG y lo dice absolutamente todo el sector.

Que esta ponencia asuma este voto particular es decirles a todos los agentes sociales que comparecieron ante ella que los senadores y senadoras hemos entendido su problema y que hacemos una apuesta de futuro por la lucha contra la pobreza, contra la exclusión social y a favor de los más necesitados, en una apuesta clara por la igualdad de oportunidades, para que el lugar o el entorno social de nacimiento no marque el futuro de ningún ser humano.

Para todo ello, pedimos a la Cámara que acepte este voto particular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.

En primer lugar, me sumo también a los agradecimientos que ha realizado el presidente de la comisión, el senador Cleries, a los miembros de la ponencia por el trabajo realizado; a la labor del letrado, que ha estado recogiendo continuamente todo lo que se ha manifestado en las comparecencias y, cómo no, a todos los comparecientes que hemos tenido. Él lo mencionaba: ha sido un trabajo largo, un trabajo que empezaba el 6 de febrero del 2013 y que concluía un largo año después, en el que yo misma fui sustituida y me incorporé cuando el trabajo ya estaba realizándose.

Quiero poner en valor el instrumento parlamentario de la ponencia porque considero que es interesante. Por un lado, nos permite apreciar el contraste de diferentes puntos de vista de expertos, con una amplia información y exposición de los diferentes puntos de vista para dar respuesta a lo que en aquel comienzo de aquella comisión de febrero de 2013 se planteaba, que no era otra cosa que mantener el compromiso con la cooperación, pero redefiniendo ciertas estrategias, en este caso buscando nuevas fórmulas de gestión para la cooperación internacional al desarrollo. Por otro lado, es interesante también por el propio trabajo que desarrolla y por todo lo que permiten realizar las diferentes opiniones de los ponentes de los distintos grupos sobre estas cuestiones.

En este punto —créame, senador Tovar, que lo tenía anotado en mis apuntes— me voy a permitir hacer un matiz personal con una mención, precisamente como usted lo ha hecho, a Elena Diego, que formó parte de esta ponencia. Por esa posibilidad de continuidad en el trabajo que nos da la ponencia y en una de esas pocas ocasiones que tenemos en política de rescatar en positivo, desde la cercanía, desde lo personal, desde aquí quiero tener un recuerdo para Elena Diego. (Aplausos).

También es interesante la ponencia por el objetivo de la misma, que es, como ha destacado el presidente de la comisión, llegar o intentar llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre las recomendaciones que tras la escucha de todas esas comparecencias se le hacen al Gobierno para que las tenga en cuenta y las implemente. Pero, señorías, ello implica sin duda dejar pelos en la gatera para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible dentro de un marco, ejercicio que deberíamos practicar en política más a menudo para ser capaces de llegar a más acuerdos entre diferentes. En esa línea, en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo Euskadi considera importante la coordinación interinstitucional, que debería sistematizarse y fortalecerse para que en el contexto del ejercicio de la autonomía de cada institución —hablo en este caso de las de nuestra propia autonomía— se puedan generar sinergias favorables al País Vasco, operando sin centralismos bajo el paraguas de la Estrategia Basque Country. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Y se preguntarán ustedes que para qué digo todo esto. Pues, señorías, para poner en valor precisamente el hecho de esa búsqueda de consenso en el seno, en el texto de la ponencia, ya que de realizar una defensa a ultranza de la postura de cada uno de nuestros grupos —del mío, en este caso— no podría pasar del primer párrafo del texto que traemos aquí puesto que la primera discrepancia la tendríamos con el término marca España que menciona. Pero en esa línea de búsqueda de acuerdos mi grupo va a votar a favor del informe de la ponencia, repito, poniendo en valor todo esto que anteriormente he mencionado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Quiero insistir en que hay que reformar esta Cámara, este es nuestro compromiso.

Yo también me quiero sumar al reconocimiento de doña Elena Diego y, sobre todo, invitar a reflexionar por qué una señora como Elena Diego hoy no está aquí. Este es el principal problema y habría que pensar que algo no estamos haciendo bien.

Manifiesto el apoyo de mi grupo tanto al informe de la ponencia como al voto particular que presenta el Grupo Socialista. Si se hubiera planteado una votación contradictoria yo hubiera votado el informe de la ponencia y no hubiera votado el voto particular. ¿Y esto por qué? Porque no estamos discutiendo una moción, no estamos en un debate entre gobierno y oposición, entre mayorías y minorías, estamos discutiendo un informe conclusivo de un trabajo desarrollado durante meses donde, como muy bien ha explicado antes el senador Cleries, han participado muchas ONG, muchas empresas, muchos académicos, donde todos hemos hecho el esfuerzo de intentar encontrar aquellos puntos de acuerdo que permitieran cumplir con los objetivos de una ponencia de estudio. ¿Que para mí cuáles son? La capacidad y posibilidad de profundizar en una materia, en una temática; escuchar y aprender de la gente que sabe; dar espacios de participación; con el informe final realizar un retorno a esos participantes y elevar propuestas al Gobierno. En anteriores experiencias que he tenido con los informes de ponencias de estudio la verdad es que este último punto no se cumple; normalmente, los informes de ponencia, como las mociones, duermen en los cajones el sueño de los justos. Pero para mí lo más importante es poder hacer un retorno cabal, bien construido, inteligente, al esfuerzo que han hecho tantas personas de querer participar y aportar a esta ponencia, que discutía una cosa importante: las nuevas fórmulas de gestión de la cooperación.

Pero, señorías, no nos equivoquemos. Podemos estudiar lo que queramos sobre nuevas fórmulas de gestión, pero sin recursos no existe la cooperación internacional. Existirán en teoría, sobre el papel, nuevas propuestas de gestión pero, insisto, sin recursos no hay cooperación y, lamentablemente, España es el país más puntero de la OCDE en recortes en materia de cooperación. Esto ya lo hemos discutido anteriormente, lo hemos discutido en cada propuesta de Presupuestos Generales del Estado y la explicación que siempre han dado el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular ha sido que cuando se creen las condiciones económicas ya se invertirá en cooperación internacional; una respuesta y un argumentario que, evidentemente, yo no comparto ni en su lógica ni en su contenido. Y es más, es una explicación que no responde a la realidad porque —quiero insistir una vez más— los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que están construidos a partir de un crecimiento económico que el mismo Gobierno reconoce y va ampliando mes tras mes, no contemplaron, todo lo contrario, este incremento en las partidas de cooperación, un año más fueron recortadas.

Es decir, que el objetivo prioritario para mí era intentar buscar un consenso y aprobar un informe para poder retornar a todas estas personas. Esta prioridad explica el esfuerzo realizado, un esfuerzo que hemos compartido todos, las señorías del PP, pero especialmente lo hemos realizado los grupos de la oposición, porque con el bagaje que tienen ustedes en materia de cooperación internacional para el desarrollo en esta legislatura era para decir que no a todo, que no a todo porque las 28 propuestas que contempla el informe de la ponencia no se aguantan si uno ve luego las partidas presupuestarias. Pero insisto, si la lógica era que la gente que ha participado pudiera tener este retorno, que la gente que ha participado pudiera ver la capacidad de entendimiento y propositiva que aún tenemos en el Senado, valía la pena hacer ese esfuerzo de consenso.

En el informe hemos aprobado 28 puntos, 28 puntos con los que yo me siento cómodo aunque algunos los hubiera perfilado más. Por ejemplo, cuando se habla de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales que España ha tomado en materia de cooperación, yo me hubiera referido al 0,7 %, que es el compromiso que tomó —creo— la España gobernada por José María Aznar y lo tomó sin condicionantes, en tanto que ahora se introducen condicionantes. Asimismo, restablecer el gran pacto de Estado, un pacto de Estado desmantelado y dinamitado a partir de los recortes en políticas de cooperación, y hay que insistir en que las políticas de cooperación internacional son responsabilidad de los poderes públicos y que esta responsabilidad no se puede trasladar a terceros. La necesidad de coherencia de políticas y la necesidad de la reforma de la Ley de cooperación. Aquí proponemos una medida legislativa concreta: hay que reformar la Ley de cooperación, de la misma manera que hay que modificar de forma consensuada la propia Ley del FONPRODE —lo que en realidad es una crítica a la modificación que se realizó del FONPRODE, sin ningún tipo de diálogo ni consenso con el resto de grupos—.

En definitiva, señorías, son una serie de propuestas en las que, insisto, mi grupo se siente reflejado, no hay incoherencias con lo que hemos venido defendiendo a lo largo de esta legislatura.

Quiero terminar mostrando nuestro agradecimiento a las ONG, al resto de portavoces de los grupos parlamentarios y muy especialmente al letrado, don José María Codes, porque todo este ingente esfuerzo de recopilación de la información y de ordenación ha recaído en él.

Con esto termino mi intervención. Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero reiterar el agradecimiento a todos los comparecientes que han participado y han hecho posible esta ponencia de nuevas fórmulas de gestión en la cooperación. También debo agradecer el trabajo y la buena predisposición para el acuerdo y el consenso de todos los ponentes, así como un recuerdo para la buena amiga Elena Diego. Igualmente, quiero dar las gracias, como hacía ahora el senador Guillot, al letrado, don José María Codes, que nos ha hecho fáciles las cosas para el desarrollo de nuestro trabajo.

El texto de la ponencia y especialmente las conclusiones de la misma son fruto de un trabajo largo, muy largo. Hoy, al finalizar en este Pleno todo el proceso de la ponencia, es un buen momento para poner en valor las aportaciones, las reflexiones, propuestas e ideas de todos los comparecientes. Estas propuestas, hechas desde la generosidad, han de tener un retorno con una ponencia y unos acuerdos y conclusiones que tengan el máximo consenso y apoyo parlamentario, como parece que así va a ser, y nuestro grupo lo celebra.

Una ponencia es un espacio de encuentro político, de compartir pensamientos, de buscar puntos de consenso para mejorar una política concreta, y si esto tiene sentido, en el terreno de la cooperación internacional aún más porque está íntimamente comprometida con la promoción de las personas en un territorio concreto, con la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los derechos de la infancia, con la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, con un compromiso para la cohesión social y territorial.

Esta ponencia ha tenido lugar y ha coincidido con un momento en el que el Estado español, según la OCDE, es el país que ha reducido más la ayuda al desarrollo —entre 2013 y 2014 ha sufrido una caída en concreto del 20,3 %—, en un momento en el que el Estado español queda muy lejos del compromiso del 0,7 % de la renta nacional bruta destinada a cooperación. Esto hace que los 28 puntos que conforman las conclusiones tengan especial relieve. Así, para nuestro grupo tiene un valor clave el compromiso de restablecer un gran pacto de Estado que dé cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado español, entre ellos el de destinar el 0,7 % a los países más pobres a la cooperación.

También cabe destacar la manifestación expresa de que la cooperación es un compromiso ético y político en la lucha contra la desigualdad estructural, que nos aleja de la idea asistencialista que algunos tienen de la cooperación. Asimismo, es importante recordar al Ejecutivo la importancia de fortalecer la colaboración y las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, actores esenciales de la cooperación al desarrollo, como también lo es definir las condiciones de las alianzas público-privadas.

Estas 28 conclusiones han de tener una virtud: que pasen del papel a las políticas y compromisos activos, y en este sentido, si se llevan a la práctica serán y permitirán un salto cualitativo en la cooperación dentro del Estado. Nuestro grupo parlamentario se siente cómodo con las conclusiones acordadas en su conjunto; esperamos que el conjunto de la ponencia reciba, como he dicho antes, el soporte de todos los grupos parlamentarios. Creo que cada grupo puede poner su acento político en estas conclusiones porque son suficientemente amplias y tienen precisamente esta voluntad de consenso. Sin duda, podemos afirmar que una buena política de cooperación para el desarrollo es una apuesta por un mundo más justo y solidario; una buena política de cooperación es hacer posible que unas palabras que suenan bien pasen a ser una realidad concreta para unas personas y en un entorno concreto. Como nos decía Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos; somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Este también es un buen propósito de la cooperación al desarrollo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Tovar.

El señor TOVAR MENA: Gracias, presidente.

Ya de forma breve, comenzaré como mis compañeros: con los correspondientes y sinceros agradecimientos. En primer lugar, a los comparecientes, a todos aquellos que nos dieron su visión sobre la cooperación y su futuro, que nos han dejado una visión mucho más amplia de la que teníamos y han enriquecido nuestros conocimientos. También al personal de la Cámara, que nos prestó su apoyo durante muchas horas de reuniones de la ponencia y durante otras muchas preparando y elaborando documentos. Y, por último, a todos los senadores y senadoras que han participado en esta ponencia porque crearon un ambiente en el que el trabajo ha sido realmente fácil. Tengo que hacer una mención especial al senador Rubio, que en todo momento ha intentado que las conclusiones de la ponencia salieran por unanimidad, que sé que se ha fajado con el Gobierno para que todos pudiéramos estar a gusto y, por lo tanto, gracias, senador Rubio.

El Grupo Socialista va a votar a favor de las conclusiones de la Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación. No lo hacemos, evidentemente, por las políticas del Gobierno actual en la materia, como ya señalé en mi primera intervención, ya que estas son realmente calamitosas, vamos a votar a favor por el trabajo que se ha realizado en dicha ponencia y por el respeto a los numerosos comparecientes y a sus aportaciones. De estas aportaciones y de las conclusiones quiero destacar y poner el acento en algunas.

En primer lugar, la conclusión número 1, donde se pide un gran pacto de Estado en materia de cooperación y en el que debe aparecer de nuevo el 0,7 % de la renta nacional bruta como objetivo a medio plazo.

La número 5, que dice textualmente: Los recursos destinados a la cooperación deben ser sostenibles, estables y predecibles. De ahí nuestro voto particular, señorías, de ahí el voto particular que pide que una parte del impuesto de transacciones económicas —el día que este exista— pase a formar parte del presupuesto de cooperación. Eso era, señor Guillot, lo que nosotros planteamos siempre y lo que hemos querido mantener.

La número 8 habla de coordinación. Siempre se habla de coordinación cuando se habla de cooperación, y la verdad es que en este campo queda todavía mucho por andar. Hay que buscar la cooperación interministerial, hay que trabajar la cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y hay que hacerlo desde el diálogo y nunca desde la imposición. Creo que esa es la clave; a veces se ha intentado esa coordinación desde la imposición y siempre ha resultado fallida.

Por último, quiero destacar las conclusiones en las que se recomienda la modificación consensuada del reglamento del FONPRODE. No olvidemos que el PP lo aprobó de forma unilateral. Nosotros también creemos, como dice ese apartado, que hay que tener un marco legal más claro en materia de subvenciones, sobre todo para eliminar la preocupación de las ONG respecto al borrador de ley de subvenciones que «popula» por el despacho del señor Montoro. Así nos lo explicaron y así nos lo trasladaron a lo largo de los días de trabajo de esta ponencia.

Nada más, señorías. Muchas gracias y mucha solidaridad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Tovar.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rubio Mielgo.

El señor RUBIO MIELGO: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero sumarme, como no puede ser de otra manera, al agradecimiento que han realizado todos los grupos a todos los comparecientes, que han aportado en esta comisión conocimiento y experiencia en la materia y que han contribuido a que todos los que hemos participado en ella tengamos una visión más amplia de lo que constituye la cooperación.

Quiero agradecer también al letrado, el señor Codes, la labor desarrollada durante los trabajos de esta ponencia y, por supuesto, también a todos los portavoces, a los que comenzaron y a los que han acabado, por la labor y el esfuerzo que han hecho en el amplio debate y en el amplio consenso que hemos alcanzado, dejando fuera muchas experiencias y muchas opiniones para llegar a este consenso.

Señorías, las crisis, sean del tipo que sean —personales, económicas o políticas—, tienen muchos efectos negativos, pero hay que decir que también tienen algunos efectos positivos, y uno de los efectos positivos es que nos hacen replantearnos lo que estamos haciendo, valorar si lo estamos haciendo bien o si podemos hacer las cosas de otra manera, buscando otras alternativas y que nos permitan mejorar. Pues bien, esta ponencia ha sido una reflexión, una reflexión pausada, tranquila de lo que se está haciendo bien en cooperación y de lo que podríamos mejorar y modificar para ser mucho más eficaces en la utilización de los recursos que —y en esto estoy de acuerdo con ustedes— se han visto disminuidos en materia de cooperación, pero debido a la situación económica a la que nos hemos enfrentado y que gracias al esfuerzo de todos los españoles en este momento se va solucionando poco a poco.

Señorías, esta reflexión ha dado lugar, como ya se ha mencionado, a un documento que incluye 28 conclusiones, de las que a mí me gustaría destacar que todas están encaminadas a mejorar la cooperación española, y para ello se han establecido una serie de premisas básicas. Una de ellas es el necesario establecimiento de un gran pacto de Estado en el que se deben definir las metas y los objetivos concretos de la cooperación española, metas y objetivos que deben ser medibles y cuantificables para que nos permitan una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Segunda. La cooperación hay que definirla también como un compromiso ético y político, pero no solamente de los poderes públicos, tiene que ser un compromiso ético y político de toda la sociedad en busca de la lucha contra la pobreza y la desigualdad estructural que tienen muchos países.

Tercera. La cooperación española debe ser cada día más eficiente en la utilización de los recursos, tanto humanos como materiales, y como decía el señor Tovar, estos recursos deben ser sostenibles, estables y predecibles, algo fundamental para el trabajo a largo plazo. Y para ello la cooperación debe contar, en primer lugar, con una planificación basada en los recursos disponibles, concentrándose en los países, en las acciones y en los organismos internacionales en los que España tiene un mayor impacto; en segundo lugar, después de la planificación, debe contar con un sistema de evaluación continua que nos permita conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas para seguir mejorando.

Otro de los aspectos fundamentales con los que debe contar la cooperación es la coordinación, con un objetivo: mantener la coherencia de política en materia de cooperación. Para ello es necesario alcanzar acuerdos, establecer mecanismos de coordinación, primero a nivel interministerial y después con otras administraciones, porque España tiene algo singular, que es la cooperación descentralizada, realizada por las comunidades autónomas y las entidades locales, y por eso es fundamental que haya una coordinación entre todas las administraciones.

Además, se debe facilitar una mayor participación de los grupos parlamentarios y de los agentes implicados en la definición de la posición española en las cumbres internacionales. Esta coordinación que debe hacerse a nivel de las administraciones debe realizarse también con las entidades privadas; esta alianza debe realizarse a través de alianzas público-privadas que terminen con la descoordinación existente entre la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y muchas de las grandes fundaciones privadas que existen en este país, que destinan cientos de millones a la cooperación internacional y que deberían vehicularse, como planteó algún ponente, a través de un listado de actuaciones propuestas por el Gobierno español. El sector privado debe considerarse, por tanto, como un actor más de la cooperación. Por lo tanto, debe mantenerse la coherencia de políticas. Y este sector debe ayudar a lograr un mayor desarrollo, cumpliendo una serie de objetivos que le son más específicos, como son la creación de empleo, la transferencia de conocimiento, el respeto de los derechos humanos o la colaboración en la gobernanza de los países receptores de la ayuda.

Dentro de las conclusiones finales, se establecen una serie de propuestas para analizar las modificaciones legales necesarias. Algunas ya se han dicho. Se insta al Gobierno a que estudie y modifique, si es preciso, la Ley de cooperación, el Reglamento del FONPRODE, la Ley de subvenciones, la Ley de mecenazgo, y a que elabore la propuesta del plan director o el plan de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como la estrategia española sobre responsabilidad social de las empresas, en la línea de la estrategia renovable de la Unión Europea.

Por último, dentro de las conclusiones se ha intentado definir el papel que debe jugar España en materia de cooperación, que no es otro que un papel de liderazgo y activo; un papel de liderazgo y activo en la elaboración de la Agenda 2015. Si tenemos claro, además, que en la cooperación no debe tenerse en cuenta solo la ayuda oficial al desarrollo, sino que deben valorarse aspectos como la deuda, el comercio, las inversiones extranjeras y los instrumentos financieros, España debe jugar un papel importante en la puesta en marcha de mecanismos de financiación innovadores, en la movilización de los recursos domésticos de los países receptores, en la lucha contra la fuga de capitales, en la lucha contra los paraísos fiscales y, por supuesto, intentando evitar las inversiones especulativas en materias primas alimentarias.

En este sentido, haciendo referencia al voto particular presentado por el Grupo Socialista, he de decir que es necesario destacar que la Comisión Europea, como todos ustedes saben, propuso el 28 de septiembre de 2011 una directiva para la implantación armonizada de un impuesto sobre las transacciones financieras en la Unión Europea. En 2012, la misma Comisión vio que era imposible sacar un impuesto por vía de consenso. Vista esta conclusión, se llegó a la propuesta firmada por once países, incluido España, en la que deciden unirse en la solicitud del inicio de un procedimiento de cooperación reforzada que fue autorizado en el Ecofin del 23 de enero de 2013. Hay que decir que España forma parte de este grupo, donde se está trabajando de forma intensa, donde se está negociando y donde esperemos que se alcancen unos resultados alentadores. La posición de España es de sobra conocida. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación defiende el uso de la tasa en un sentido amplio. De hecho, reclamar esta defensa como una fuente de financiación innovadora forma parte de la posición española que va a mantener en la Cumbre de Addis Abeba de julio, dentro de la Agenda Post-2015. Además, es preciso añadir que existe voluntad de que el porcentaje de lo recaudado se destine al desarrollo de los países más desfavorecidos. Pero conviene puntualizar, señorías, que, como hemos dicho anteriormente, se está en un proceso de negociación. Y estando en un proceso de negociación, no resulta conveniente anticipar un impuesto de forma unilateral que obligatoriamente deberá adaptarse a la futura directiva europea. En este sentido, esperamos además que en el próximo Ecofin del 12 de mayo se produzcan avances en la puesta en marcha de esta tasa. Por eso, mi grupo no apoyará el voto particular.

Señorías, espero y deseo que las conclusiones de esta ponencia contribuyan a mejorar la cooperación española, incrementándola y haciéndola más eficiente con el objetivo de eliminar las desigualdades y lograr un mundo más justo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rubio Mielgo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación, les informo que a continuación, al acabar el Pleno se va a reunir la Mesa y Portavoces de la Comisión Especial de Estudio sobre el trabajo y la explotación infantil en la sala 20001 A.

Votamos, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista al informe de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 62; en contra, 132; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación el informe de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 208; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.

Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.


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