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DS. Senado, Pleno, núm. 149, de 25/03/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 69

celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar determinadas medidas en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea en relación con el combate contra el islamismo radical. 671/000163 GPEPC


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de la Semana Santa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 662/000181 Unesco; cultura popular; patrimonio cultural; protección del patrimonio GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la promoción internacional del sector turístico español. 662/000182 política de turismo; turismo extranjero GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para paliar la pobreza energética y garantizar una protección efectiva a los consumidores vulnerables, acorde a los dictados de la Unión Europea. 662/000183 GPCIU


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. 621/000103 ayuda a las víctimas; infracción; procedimiento penal; sistema judicial Justicia


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. 621/000105 derecho a la información; derecho a la justicia; interpretación; modificación de la ley; poder judicial; procedimiento penal; traducción; transposición de la legislación comunitaria Justicia


Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. 621/000104 competitividad; inflación; reforma económica; índice de precios Economía y Competitividad


Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. 621/000106 financiación de la empresa Economía y Competitividad

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR DETERMINADAS MEDIDAS EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL COMBATE CONTRA EL ISLAMISMO RADICAL. 671/000163 GPEPC

El señor Sabaté Borràs defiende la moción e informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que el señor presidente anuncia que no hay defensa de la enmienda presentada.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 193.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APOYAR Y DEFENDER EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES OPORTUNAS, LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA CULTURA DE LA SEMANA SANTA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO. 662/000181 GPP

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

El señor Gutiérrez Alberca defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martín Rodríguez.

Ante la pregunta del señor presidente de si la propuesta de modificación se puede aprobar por asentimiento, el señor Unamunzaga Osoro solicita que se someta a votación.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 232; a favor, 228; en contra, 2; abstenciones, 2.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. 662/000182 GPP

El señor Almodóbar Barceló defiende la moción.

El señor Manchado Lozano defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Almodóbar Barceló expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Almodóbar Barceló, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 149; en contra, 91; abstenciones, 2.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA PALIAR LA POBREZA ENERGÉTICA Y GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN EFECTIVA A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES, ACORDE A LOS DICTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 662/000183 GPCIU

El señor Sedó Alabart defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Alique López defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Se suspende la sesión a las once horas y cincuenta y cinco minutos para guardar un minuto de silencio en la Plaza de la Marina por las víctimas del accidente aéreo ocurrido ayer en los Alpes franceses.

Se reanuda la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor Sedó Alabart expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 23; en contra, 141; abstenciones, 68.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. 621/000103 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 23, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 24 a 30, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 31 a 37 y 39 a 44, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 45 a 51 y 53 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 81 a 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas 65 a 72 y 74 a 80, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Marra Domínguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar............................................................................... 14345

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. 621/000105 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas 16 a 18.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 4, 6, 8, 10, 11, 14 y 15, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 79 a 83, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 34 a 46, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 47 a 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 19 a 22 y 24 a 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas 66 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar............................................................................... 14364

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 621/000104 Economía y Competitividad

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, del señor Mariscal Cifuentes y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto............................................................................... 14381

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido negativo en las dos propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 telemático, 229; a favor, 14; en contra, 146 más 1 telemático, 147; abstenciones, 68.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 telemático, 229; a favor, 14; en contra, 145 más 1 telemático, 146; abstenciones, 69.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 12, del señor Mariscal Cifuentes y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto:

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 21 a 25, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 26 a 37, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 13 a 18 y 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas 38 a 42, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar............................................................................... 14393

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 621/000106 Economía y Competitividad

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 8, del señor Mariscal Cifuentes y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 49 a 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 9 a 24 y da por defendidas las números 25 a 32, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 69 a 86, 88 a 108, y 110 a 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ortiz Molina defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 33 a 48 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el Informe de la Ponencia.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar............................................................................... 14412

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 84 y 111.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las veintidós horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR DETERMINADAS MEDIDAS EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL COMBATE CONTRA EL ISLAMISMO RADICAL. 671/000163 GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.5.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Estamos ante una moción consecuencia de interpelación sobre un tema de absoluta actualidad; siempre lo es la seguridad, pero en este caso estamos hablando de la priorización de los objetivos de seguridad de la Alianza Atlántica y, complementariamente, de la Unión Europea.

El objetivo de la interpelación y, por supuesto, de esta moción que es la que tiene carácter propositivo es situar en un primer plano de la estrategia de la Alianza Atlántica el conflicto en el Mediterráneo. Evidentemente, la Alianza Atlántica en este momento, como quedó patente en el debate de la interpelación, tiene dos conflictos abiertos, entre otros, el conflicto del este de Europa, con un foco principal en Ucrania, y otro en el Mediterráneo que, evidentemente, tiene una conexión clara con el conflicto del Próximo Oriente.

Señorías, no es una propuesta coyuntural. Recientemente, en esta última semana, en el plazo que ha transcurrido entre la interpelación y la presentación de esta moción, ha habido atentados en Túnez, en Yemen, en Siria, entre otros. Pero el objetivo de la moción es un planteamiento estratégico. Pese a todo, hay que tener en cuenta que la percepción de riesgo de la amenaza yihadista está aumentando en nuestras sociedades. No es casualidad que muchos medios de comunicación pusieran de relieve, a raíz del atentado en Túnez, precisamente la cercanía de Túnez respecto de las costas españolas: menos de 1000 kilómetros separan a Túnez de algunas ciudades como Palma de Mallorca o Barcelona. Por lo tanto, estamos ante una amenaza cada vez más próxima.

La moción no es una propuesta militarista, es fruto de una reflexión estratégica, y plantea un objetivo de defensa combinando la acción política y la acción militar cuando sea necesaria y estrictamente necesaria. Hace pocos días, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en un periódico español, hablando de la crisis de Libia decía: Así que la lección aprendida allí es que cuando usemos medios militares podemos conseguir nuestros objetivos militares, pero necesitamos objetivos políticos más allá. Es algo, por tanto, a tener en cuenta en todo el Próximo Oriente y también en el ámbito mediterráneo. La seguridad en Europa se conseguirá —les decía el otro día— con medidas judiciales y policiales, pero también con una acción política y, cuando sea imprescindible, militar en los focos del conflicto en Oriente Próximo y en el Mediterráneo, por supuesto en colaboración con los países de la zona, que son fundamentales para contener realmente esta amenaza y que no sea vista la actuación de la Alianza Atlántica como una injerencia externa.

Hay que conseguir la consolidación de gobiernos estables en países fundamentales, como son Irak y Siria, institucionalizar regímenes respetuosos con los derechos humanos y que recojan la pluralidad de sus sociedades para que de esta forma contribuya de una manera efectiva a la lucha contra el yihadismo y a la consecución de la paz.

Asimismo, hay que intentar avanzar en la resolución de conflictos, que vienen de lejos en algunos casos, como el problema palestino, al que también aludíamos el otro día. En este caso es positiva la actitud decidida del presidente norteamericano, Barack Obama, con el primer ministro israelí, Netanyahu, en el sentido de exigir el mantenimiento de la voluntad de avanzar en la negociación para llegar a la instalación de dos Estados en la zona de Palestina, de Israel. Tenemos también el conflicto del Líbano, el conflicto del África subsahariana, evidentemente una serie de conflictos que tienen matices y características distintas pero que confluyen en una causa como es la deriva de una determinada concepción radical del islamismo que lleva al yihadismo violento.

Quiero valorar positivamente y agradezco el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios que han suscrito la enmienda transaccional que se ha presentado y de una manera especial la actitud de diálogo, positiva y de colaboración del Grupo Parlamentario Popular y especialmente la de su portavoz en el debate de esta moción, el senador Alejandro Muñoz-Alonso, que ha hecho posible que realmente haya un acuerdo en un tema que, sin duda, como decíamos el otro día, es una política de Estado, es un objetivo que transciende los intereses partidistas y evidentemente debe fundamentarse siempre en consensos entre todas las fuerzas políticas y el Gobierno de España. En este sentido quiero poner de relieve y valorar de una manera especial la aportación para situar el tema y cortar de raíz las vías de financiación del yihadismo como uno de los objetivos fundamentales que recoge la moción. Por tanto, el hecho de que hoy se pueda aprobar por una amplia mayoría o por unanimidad esta moción creo que es relevante que refuerza la posición de nuestro país en un conflicto tan importante como el de la seguridad y la lucha contra el yihadismo, que hoy es una gran amenaza para España, la Unión Europea y Occidente.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Efectivamente, ha sido presentada una transaccional firmada por todos los grupos, excepto el Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular se entiende decaída.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No hay intervenciones.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Buenos días, señor presidente.

Estamos ante una moción consecuencia de interpelación oportuna, aunque los asuntos militares no formen parte del orden del día de las Cortes Generales habitualmente. Quizás el peso de la historia reciente, con la dictadura, el debate del 86 sobre el ingreso en la OTAN, un antiamericanismo a veces primario y otras reactivo, el aparente gasto innecesario en la defensa y seguridad hacen que quienes presenten iniciativas como la que ha hecho el señor Sabaté parezcan bichos raros, sobre todo proviniendo de un Partido Socialista. Sin embargo, si recordamos la moción presentada por el senador Muñoz-Alonso hace un mes sobre la persecución de los cristianos en estos países y la casi unanimidad que obtuvo, nos indica que conviene hablar de estos temas y suscitar el debate sin apriorismos.

Ya está bien de ser una sociedad acomplejada y atada al pasado. Y digo esto porque no sé si ustedes han seguido una noticia de la semana pasada en la que se decía que el conflicto ucraniano ha reabierto el debate en la inmaculada Finlandia, y lo digo por su consolidada neutralidad de años y de canciones de John Lennon. Como han visto que en Crimea los rusos se han merendado la península de un bocado, ya no están para juegos de salón, pintando palomas de la paz en las paredes de su país, sino que semejante amenaza ha relegado a posturas progresistas a otro tipo de debates. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y las tienen a remojo, con lo que se hace verdad el refrán aquel que dice que los hombres y los rocines, cada uno va por sus fines. El oso ruso existe. Está armado y amenaza no solo a Ucrania sino a los Países Bálticos, y Finlandia, tradicionalmente neutral, tiene 1340 kilómetros de frontera con Rusia. Finlandia es el país de la Unión Europea con la frontera más larga con Rusia y su relación con el vecino del este, con quien se enfrentó a dos guerras mundiales, ha reabierto el debate.

El pasado mes de agosto, aviones militares rusos violaron espacio aéreo finlandés y, por eso, han vuelto al debate. Y me gustaría saber qué dirían por estos lares si en lugar de limitar con Portugal y con Francia limitáramos con Putin. Pero es que limitamos con el Magreb, y por ahí las cosas no están mejor. Y la frase de si quieres la paz, prepara la guerra, sin ser belicistas, tampoco hay que ser ingenuos. Bien sabemos que todo lo militar tiene un rechazo primario, porque detrás hay una industria de armamento con demasiada corrupción, y cuando el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insiste en la necesidad de que los países miembros de la OTAN incrementen el gasto en materia de defensa, nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos y decimos que lo hagan los directamente amenazados o los muy ricos, porque, como se acordó en la última cumbre de la Alianza en Gales, eso de aumentar hasta un 2 % del PIB los gastos de defensa durante los próximos diez años nos parece una barbaridad. Curiosamente, Stoltenberg subrayó que Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia y Estonia ya lo están cumpliendo, y confiaba en que el resto de países miembros de la Alianza alcanzasen este objetivo, que, repito, a los países en crisis sanitaria, educativa y con más del 20 % de desempleo nos parece una barbaridad.

¿Pero no es también una barbaridad lo que está ocurriendo con el yihadismo islamista? ¿Es gratis la seguridad? ¿Hay que pagar o no la seguridad? Nosotros siempre hemos dicho que no es de recibo que la Unión Europea tenga 28 ejércitos bonsáis y que no se aprovechen las sinergias de los 28 Estados para hacer, como tiene Estados Unidos, un solo sistema de defensa que, desgraciadamente, ya fracasó en Europa en 1954 por culpa de Francia. Los nacionalismos de Estado salen muy caros y son ellos los culpables de que en estos temas no tengan un tratamiento unitario y estemos al albur de la última desgracia.

El terrorismo también se aprovecha de la corrupción y del mal gobierno que sufren algunos países, especialmente, en el norte de África, como vemos en Libia, donde, tras la muerte de Gadafi, se han sucedido ataques a intereses occidentales, y ahora en medio del conflicto sirio.

El espacio donde prospera la delincuencia organizada encuentra fuente de todo tipo de recursos. No obstante, debemos tener muy claro cuál es la diferencia entre una actividad y la otra. Mientras que el crimen organizado tan solo busca el beneficio económico, para lo cual no le importa asociarse con terroristas, los grupos terroristas conciben el dinero como un medio para conseguir sus fines. Y dado que hay muy pocos Estados que apoyen abiertamente actividades terroristas, la alianza de intereses entre el crimen organizado y el terrorismo se ha estrechado en los últimos años en todos los niveles y espacios geográficos favorecida por la globalización.

Otros contextos favorables a la expansión del yihadismo son los siguientes: negligencia gubernamental, calculada o no. Recuérdese que hasta 2003, cuando el Gobierno de Arabia Saudí cambió de política hacia Al Qaeda, este grupo terrorista disfrutaba de las posibilidades de beneficiarse de manera más fácil del apoyo de los sectores sociales que le eran partidarios. Lo mismo ocurrió en Kazajistán hasta 2004 o, como hemos dicho más arriba, sucede en Pakistán. Los déficits de integración interna son contextos ideales para la radicalización y el reclutamiento en el seno de comunidades que viven en occidente. Y voy terminando. Corrientes antidemocráticas, aun cuando no sean de matiz religioso, crean también un trasfondo ideológico del que se sirven los grupos terroristas. Y, finalmente, hemos de mencionar las estructuras en torno a las cuales se construyen las corrientes salafistas que, según hemos visto, también son medios en los que se desarrollan las fases iniciales de radicalización.

Por todo ello, anunciamos nuestro voto favorable, como se ha comentado, a la moción del senador Sabaté...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente.

... que como miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, conoce de cerca estos problemas y sabe que hay que situar, como objetivo prioritario de la acción política en el seno de la OTAN y de la Unión Europea, la lucha contra el yihadismo, así como los otros dos puntos referidos a la consolidación institucional en Irak y Siria y la disponibilidad de una fuerza operativa en el seno de la OTAN para luchar contra la amenaza yihadista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño simplemente para reiterar el agradecimiento a todos los grupos que han suscrito la transaccional a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.

Vull començar la meva intervenció, en nom de Convergència i Unió, anunciant el vot favorable per a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació. Nosaltres també hem signat aquesta transacció que ens sembla que és un afegitó que millora la moció, però que sobretot dona contingut de voluntat de consens a la iniciativa presentada en el seu dia pel Grup Parlamentari Entesa, en aquest cas pel senador Sabaté. Estem totalment d’acord amb l’objectiu de la moció, fins i tot en el fons. Potser el nostre grup li hauria donat una altra forma, no massa diferent, la veritat sigui dita és que no massa diferent, però encara que estiguem d’acord amb el fons i l’objectiu, potser la forma hauríem fet alguna petita modificació perquè, com diu la dita castellana: cada maestrillo tiene su librillo. Potser el nostre grup no hauria arribat a posar Iraq i Síria, no hauria contextualitzat tant, no hauria arribat a concretar tant, perquè el perill és més ampli i es podria entrar en més espais, i també perquè en aquests països, més enllà del radicalisme yihadista, hi ha un problema ètnic entre la societat xiïta, sunnita, etcètera. que traspua uns altres problemes més enllà de la violència. Però, com deia, ens sembla bé la iniciativa, oportuna en el temps i en el fons i, per tant, volem afegir-nos amb el nostre vot favorable.

L’OTAN neix amb l’amenaça de la guerra freda i el conflicte entre dos formes de veure el món. Avui en dia el que està en perill és la supervivència dels ciutadans, la cultura, la història de la humanitat davant una forma radical de professar la fe musulmana, que no és reflex de la gran, pacífica i diversa societat àrab i musulmana. El yihadisme és una altra història, no té res a veure amb el món musulmà i molts sectors musulmans, la immensa majoria dels mons musulmans, rebutgen el yihadisme i la seva barbàrie.

L’OTAN, com a organisme internacional que vela per la seguretat dels ciutadans, ha de tenir un paper preponderant en aquest nou risc global. Per això, la bondat i la nostra felicitació per presentar aquesta iniciativa. La falta d’un ens o exèrcit europeu s’ha de suplir amb aquesta aportació internacional a l’OTAN i, per tant, cal que la Unió Europea i els països membres es facin responsables de vetllar per la seguretat de tots els territoris que demanen auxili, que es troben en situació de complicació. Aquesta intervenció, ja ho ha dit el senador Sabaté, no pot ser vista com una imposició militar occidental al món àrab, sinó com un acte d’ajuda a aquells que ho necessiten i que —ho veiem, per exemple, a Bocaram, a Nigèria, a molts altres llocs— molt sovint són massacrats. La creació d’una força operativa és una bona idea, però això no ha de suposar que els pressupostos d’aquest organisme s’hagin de demanar als Estats membres. La Unió Europea ha d’orquestrar una nova forma de funcionar i, per tant, hem de ser responsables de la seguretat global però, al mateix temps, els Estats membres hem de seguir responent als problemes socials de la nostra societat en aquest moment en base a la crisi econòmica que ens envolta. Per tant, per aquesta problemàtica no hem d’afeblir l’Estat del benestar, per vestir un sant, despullant-ne un altre.

Per acabar, voldria fer una reflexió final. He començat dient que l’OTAN és una institució que neix de la guerra freda, però és cert que això ja és història, i que la humanitat ara té altres perills, en aquest cas bèl·lics i al voltant de la violència. Per tant, des de Convergència i Unió creiem que els Estats membres de l’OTAN han d’afrontar una profunda reflexió que ens porti a una transformació total de l’OTAN. L’OTAN ha de deixar de ser el que ara és, o deixar de ser bàsicament el que ara és, per convertir-se en un nou instrument amb el qual lluitar contra els nous perills que envolten la societat, entre ells el radicalisme islàmic i, per tant, contra el yihadisme brutal, aquest yihadisme que massacra i que cada dia ens dona imatges terribles de persones innocents que són executades només perquè no pensen com ells o perquè es troben en el camí per on passen.

Acabo, senyor president.

Aquesta moció també ha de servir per demanar una profunda reflexió perquè l’OTAN ha de canviar: ha de canviar els seus objectius, ha de canviar el seu funcionament, i ha de ser un nou instrument per la pau i la llibertat dels pobles.

Quiero empezar mi intervención en nombre de Convergència i Unió anunciando el voto favorable a esta moción consecuencia de interpelación. Nosotros también hemos firmado esta transaccional, pues nos parece un añadido que mejora la moción y, sobre todo, da contenido a la voluntad de consenso respecto de la iniciativa presentada en su día por el senador Sabaté, del Grupo Parlamentario Entesa. Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo de la moción e, incluso, con su fondo. Quizá nuestro grupo hubiera realizado alguna pequeña modificación en cuanto a la forma, pues, como dice el dicho castellano: cada maestrillo tiene su librillo. Quizá yo no habría concretado tanto en los casos de Irak y Siria, pues el peligro es más amplio y podría incluir más espacios, pero, también, porque en estos países, más allá del radicalismo yihadista, existe un problema étnico entre la sociedad chiita, sunita, etcétera, que provoca otros problemas más allá de la violencia. Pero, como decía, nos parece bien la iniciativa, oportuna en el tiempo y en el fondo y, por lo tanto, queremos sumarnos a ella con nuestro voto a favor.

La OTAN nace con la amenaza de la guerra fría y los conflictos en el mundo. Hoy en día lo que está en peligro es la supervivencia de los ciudadanos, de la cultura, de la historia de la humanidad ante formas radicales de profesar la fe musulmana, que no es reflejo de la gran y pacífica sociedad árabe. El yihadismo es otra historia, no tiene nada que ver con el mundo musulmán. La inmensa mayoría del mundo musulmán rechaza el yihadismo y su barbarie.

Señorías, la OTAN, como organismo internacional, debe tener un papel relevante en este nuevo riesgo global y, por ello, les felicitamos por presentar esta iniciativa. La falta de una entidad o ejército europeo se debe suplir con esta aportación internacional de la OTAN, y es necesario que la Unión Europea y los países miembros se hagan responsables de velar por la seguridad de todos los territorios que se encuentran en una situación complicada. Ya lo ha dicho el señor Sabaté: esta intervención no tiene que ser vista como una imposición militar del mundo occidental al mundo árabe, sino como una ayuda a aquellos que lo necesitan, como Nigeria y otros países, donde vemos cómo muchos de ellos son masacrados. Por tanto, la creación de una fuerza en este sentido es una buena idea, pero ello no debe suponer que los presupuestos de este organismo se deban pedir a los Estados miembros. La Unión Europea debe orquestar una nueva forma de funcionar y ser responsable de la seguridad global, al mismo tiempo que los Estados miembros han de seguir respondiendo a los problemas de nuestra sociedad sobre la base de la crisis económica que nos rodea. Esta problemática no debe debilitar el Estado del bienestar, pues no se trata de desvestir un santo para vestir otro.

Para terminar, quisiera hacer una última reflexión. He empezado diciendo que la OTAN es una institución que nace de la guerra fría, pero es cierto que esto ya es historia y que la humanidad sufre otros peligros, en este caso, bélicos. Por lo tanto, en Convergència i Unión creemos que los Estados miembros de la OTAN tienen que afrontar una profunda reflexión que nos lleve a la transformación de este organismo. La OTAN debe dejar de ser básicamente lo que ahora es para convertirse en un nuevo instrumento para luchar contra los nuevos peligros que rodean a la sociedad, entre ellos el radicalismo islámico y, por lo tanto, contra el yihadismo brutal, este yihadismo que masacra y que cada día nos deja imágenes terribles de personas inocentes que son ejecutadas solo por el hecho de que no piensan como ellos o porque se cruzan en su camino.

Acabo, señor presidente.

Esta moción también debe servir para pedir una profunda reflexión porque la OTAN debe cambiar sus objetivos y debe ser un nuevo instrumento para la paz y la libertad de los pueblos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.

Señorías, la afirmación de que el yihadismo es hoy por hoy la principal amenaza para la seguridad y las libertades a las que se enfrenta el mundo es una evidencia que han venido a confirmar de manera cruel y sangrienta sucesos como los de París en enero, los de Copenhague en febrero y los de Túnez la semana pasada, respecto de los cuales aprovecho en nombre de mi grupo para trasladar mis más sinceras y sentidas condolencias a las familias de todas las víctimas, en especial a las de Antoni Cirera y Dolors Sánchez, los dos ciudadanos españoles muertos en el atentado terrorista contra el Museo del Bardo en Túnez el pasado miércoles, y me uno, cómo no, a las condolencias por el fallecimiento de las 150 víctimas en el fatal accidente aéreo, de los cuales 47 eran españoles y españolas.

Señorías, esta amenaza global para el mundo occidental en el caso de nuestro país que es el yihadismo alcanza una especial intensidad por nuestra situación geográfica y por nuestra propia historia. De hecho, los especialistas recuerdan que después de Francia somos el país más agresiva e insistentemente mencionado por los líderes islamistas, los cuales en repetidas ocasiones han llamado a limpiar el Magreb musulmán de los hijos de España, en alusión implícita a las ciudades de Ceuta y Melilla, caladeros, junto con Túnez, del Estado Islámico.

Frente a esta realidad es preciso combatir el yihadismo allí donde surge y se desarrolla. El yihadismo se extiende por una amplia zona geográfica que va desde Nigeria y el Sahel pasando por el norte de África hasta Oriente Medio. Esta amenaza debe ser combatida por todos los medios, incluidos los militares, hasta neutralizarla, siempre que sea posible en cooperación con los gobiernos legítimos de los países afectados, como ya se hace en algunos, o si es necesario haciendo desistir a los Estados de prestar apoyo a los terroristas.

En este sentido, compartimos el reciente acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de emplear todas sus herramientas relevantes para hacer frente a la amenaza de los terroristas del autodenominado Estado Islámico y contribuir a la estabilidad de Siria e Irak, países en los que este grupo radical se ha hecho fuerte. Compartimos el respaldo a la estrategia regional de la Unión Europea para Siria e Irak y contra el Estado Islámico preparada por la Comisión Europea, que contempla intensificar la diplomacia y respaldar las reformas políticas y económicas y la reconciliación entre etnias.

Y si bien compartimos estos objetivos, creemos que es preciso que el Consejo Europeo promueva una actuación robusta de la política común de seguridad y defensa en los escenarios que sea necesario para hacer frente a esta amenaza y garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. El Consejo debería considerar un mandato para elaborar una estrategia política europea de intervención basada en un enfoque político para combatir el terrorismo yihadista. Es preciso delimitar, en términos de objetivos y capacidades, las condiciones de nuestras operaciones militares de intervención frente a grupos yihadistas en países de riesgo o con conflictos, luchar contra la financiación internacional de los grupos terroristas y conseguir una recomposición de alianzas europeas con países de Oriente Medio en relación con el terrorismo yihadista y su financiación. Esta estrategia podría incluir de manera operativa la creación de una unidad específica paneuropea, con mando unificado y dotada de medios para actuar en teatros de conflicto terrorista compuesta por elementos militares, cívicos y de inteligencia. En este sentido, consideramos crucial, en sintonía con el objeto de la moción presentada por el senador Sabaté, el papel y la implicación que puede y debe jugar la OTAN en función de sus acreditadas capacidades militares y de coordinación.

Desde esta perspectiva, señorías, mi grupo parlamentario va a dar apoyo a esta iniciativa recordando, por una parte, que el objeto es garantizar la seguridad sin dañar la libertad y conseguir la unidad frente al terrorismo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, imprescindible para ser eficaces.

Y por otra parte, estas acciones militares deben ser complementadas con medidas de carácter político para ayudar a los países en los que se desarrollen o que puedan verse afectados, en especial los del norte de África, a poner en marcha programas educativos y culturales, a mejorar la eficacia de sus servicios de seguridad y a incrementar el intercambio de inteligencia y las medidas de prevención.

Y termino. La cuestión no es si habrá más atentados en Europa, que los habrá, sino cuándo y dónde. De todos depende que esto no ocurra.

Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Abad.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Sabaté, yo seguí con mucha atención la interpelación que en el Pleno último le hizo su señoría al ministro de Defensa, y quedé gratamente impresionado por el amplio margen de coincidencia entre interpelante e interpelado, lo que quedó muy patente. Por otra parte, no me extraño puesto que conozco muy bien su dominio, su conocimiento del mundo internacional y sus problemas y sus posiciones constructivas y realistas. Por todo ello, me felicito de que hayamos podido llegar a una transaccional firmada prácticamente por todos los grupos, en la que creo se reflejan los aspectos más relevantes de la lucha contra el yihadismo, esta nueva forma de terrorismo que se ha convertido en una amenaza no solo contra los valores de Occidente sino que, como expresión de una insólita barbarie, no tolera ninguna manifestación cultural, religiosa o política que no encaje en su estrecha e intolerante visión del Islam, una visión que, es importante subrayarlo, no es aceptada por la inmensa mayoría de los musulmanes, que son, por otra parte, sus víctimas más inmediatas.

Me parece necesario recordar que la OTAN ya ha puesto como objetivo prioritario la lucha contra el yihadismo. Lo hizo, como se ha señalado y figura en la enmienda transaccional, en la cumbre de Gales en septiembre de 2014, como bien recordó en el debate de la interpelación el ministro de Defensa. Fue allí, además, la intervención española la que alertó sobre la necesidad de prestar la máxima atención al flanco sur de la Alianza en un momento en que parecía darse exclusiva prioridad a los problemas derivados del nuevo expansionismo ruso, sobre todo en relación con Ucrania, después de la ilegal anexión de Crimea y de la patente intervención en el Donbass.

Por otra parte, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, a la que su señoría y yo pertenecemos, y creo que también todos los que han participado en este debate, aprobó dos meses después en la sesión plenaria de La Haya, en noviembre de 2014, la Resolución 416, en la que se urgía a los gobiernos y parlamentos de los países miembros de la Alianza, entre otras cosas, a favorecer en Siria un proceso político inclusivo, a asistir a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos, a incrementar la ayuda humanitaria a Siria e Irak y a ayudar a este último país en la lucha contra ISIS, las siglas con que se conoce el yihadismo en la mayor parte de la prensa internacional. Se urgía igualmente a cooperar activamente con Naciones Unidas en materias logísticas y humanitarias. El secretario general, en la respuesta habitual que hace a las propuestas de la Asamblea Parlamentaria, manifestaba su acuerdo con esas posiciones. En ningún caso se alude a fuerzas operativas, ni se han solicitado ni parece conveniente o adecuada la idea. Creo que podemos hacer mucho sin poner soldados sobre el terreno, salvo los que participan en la retaguardia en tareas de formación y de capacitación, como lo está haciendo España en Irak.

Reitero, pues, nuestra plena coincidencia con el espíritu y los objetivos de esta moción en el sentido de subrayar la gravedad de la amenaza yihadista y la consecuente necesidad de la lucha contra esa amenaza haciendo de ella una prioridad de nuestra política de seguridad. Las adhesiones a ISIS que se están produciendo en distintos países de África, desde Egipto y Libia hasta la Nigeria de Boko Haram y el bárbaro atentado de Túnez, al que aquí se ha aludido, demuestran claramente que nos hallamos ante un peligro cierto e inmediato que exige una acción muy amplia por nuestra parte. Pero yo quiero señalar que, aparte de esos frentes en Siria e Irak y de los frentes norteamericanos, los más importantes de nuestra batalla contra el yihadismo están aquí, en España, como lo están en los otros países socios y aliados con los que colaboramos de una manera muy intensa.

La reciente proposición de ley que aprobamos en el pasado Pleno y la acción permanente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en esa línea. Hoy mismo se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional un juicio contra una red de captación de futuros yihadistas. Porque una de las características más notables de esta nueva forma de terrorismo que representa ISIS es la presencia de combatientes procedentes del extranjero, incluido nuestro país, como bien sabemos, y es aquí, en otros países europeos, incluso americanos o en la lejana Australia donde se radicaliza, se intoxica y se inicia el lavado de cerebro de esos jóvenes de ambos sexos de entorno musulmán o recién convertidos que se sienten fascinados por la idea de recrear un nuevo califato.

En la transaccional a la que hemos llegado hemos tocado una serie de aspectos, entre otros, la financiación, que me parece extraordinariamente importante, porque si cortamos el flujo de ingresos que tiene esta organización, evidentemente, la dejaremos en condiciones de no llevar a cabo ninguna de sus acciones terroristas.

Por tanto, me felicito por haber llegado a este acuerdo, felicito de nuevo al senador Sabaté por su iniciativa en plantear esta cuestión, y expreso mi satisfacción por votar favorablemente a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación firmada por todos los grupos, menos el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 193; emitidos, 193; a favor, 193.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APOYAR Y DEFENDER EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES OPORTUNAS, LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA CULTURA DE LA SEMANA SANTA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO. 662/000181 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos. Por tanto, entiendo que decaen las enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Gutiérrez Alberca. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, por supuesto, un recuerdo a las víctimas del accidente. En segundo lugar, esta moción que presentamos pretende que la Semana Santa se incorpore a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Sin duda, no podrán negar ustedes que esta es una moción oportuna, al menos, desde el punto de vista temporal. Precisamente, estamos a escasas fechas de que la mayoría de las ciudades de España inicien su Semana Santa, inicien sus procesiones, inicien su trabajo para que puedan estar en las mejores condiciones todos sus pasos monumentales. Las distintas cofradías y hermandades llevan desde hace ya muchos meses ensayando uno de los acontecimientos culturales, sin duda, más representativo que se sucede por todo lo largo y ancho de la geografía española, que claramente la Unesco quiere defender con sus declaraciones de patrimonio inmaterial.

En la defensa del patrimonio, la tradición española ha tenido dos vertientes claramente diferenciadas, una de ellas siempre ha sido la de la protección, a través de los bienes de interés cultural, desde hace muchos años, que tuvo un ámbito nacional y que luego, como es normal, las competencias en cuanto a su declaración han sido transferidas a las comunidades autónomas. Esta declaración de Bien de Interés Cultural, que incluso algunas de las semanas santas de España tienen otorgada, favorece la distinta protección de los elementos que configuran ese acervo internacional que ha ido pasando de generación en generación. Y más allá de esa declaración de Bien de Interés Cultural, a muchas de estas manifestaciones también les han otorgado otra declaración, que es la de bien de interés turístico, bien sea nacional, bien internacional. Las declaraciones de interés turístico, sin duda, han buscado una mejor promoción, un acceso a los mercados turísticos, un acceso a la promoción nacional e internacional a través de las distintas oficinas de turismo que España tenía enclavadas bien en países extranjeros, bien en las distintas provincias de España; y esas declaraciones han conformado un elenco de distintas semanas santas que configuran las que tienen declaración de bien de interés turístico internacional y generan una complicidad desde el punto de vista promocional y también desde una mejora de los recursos económicos en cada una de las ciudades, localidades o provincias en que se realizan.

Desde este punto de vista, un paso más son las declaraciones que han venido acompañadas desde la Unesco, que, en su momento, iban dirigidas exclusivamente a las declaraciones monumentales; así, se fueron declarando distintos cascos históricos de ciudades o distintos monumentos como pueden ser el acueducto de Segovia, el casco histórico de Burgos u otras múltiples declaraciones como bienes de interés de patrimonio mundial, en algunas ocasiones distintos conjuntos, como pueden ser el camino de Santiago, y otros que no son exactamente lugares del patrimonio mundial. En este sentido, la creación en el año 2009 de una nueva lista, que es la lista del patrimonio inmaterial, permite que muchas de estas manifestaciones que no tienen un monumento específico o una ubicación específica, sino que el interés de protección está en un conjunto de elementos, haya favorecido que prácticamente más de 290 elementos en todo el mundo hayan sido declarados patrimonio inmaterial. Digo que la protección abarca a un conjunto porque precisamente en España algunas de estas declaraciones han ido dirigidas a elementos como la dieta mediterránea o el flamenco que no podemos ubicar específicamente en un lugar determinado. No es una manifestación exacta, sino que se intenta proteger esa tradición, ese patrimonio que se ha ido pasando, como digo, de generación en generación. Por lo tanto, nuestro grupo piensa que es idónea la ubicación en esta categoría, en la de patrimonio inmaterial, de la Semana Santa. También es idóneo que, aparte de que hay muchas manifestaciones específicas que podrían tener su declaración también específica como patrimonio inmaterial, tengamos un cierto paraguas, el que sea, de la Semana Santa y que de ahí puedan colgar aquellas otras declaraciones más individuales. Por ejemplo, yo soy de Valladolid y sé que Valladolid está trabajando ya desde hace mucho tiempo en una declaración específica de su Semana Santa en la que tiene en cuenta sus elementos singulares, los pasos de su Semana Santa, que tienen una tradición que va más allá y que engloba la tradición de la escuela de imaginería, la de las propias cofradías en su adquisición y la de las propias cofradías en su procesión. Por lo tanto, encaja perfectamente que se pueda seguir trabajando en esos campos de declaración específica con un paraguas. Pongo por ejemplo el Camino de Santiago. A partir del Camino de Santiago francés está en vías de declaración el Camino de Santiago del norte y, sin duda, tal como se aprobó también en esta Cámara, el Camino de Santiago de la Vía de la Plata será declarado en el futuro con un paraguas general que es el Camino de Santiago.

Por lo tanto, pienso que es oportuno que trabajemos en esta declaración del patrimonio inmaterial y también que lo solicitemos en las instancias correspondientes como es el Consejo del Patrimonio histórico artístico y a través del Ministerio de Cultura, que es quien eleva posteriormente a la Unesco estas declaraciones. En España hay tres escuelas muy importantes en el desarrollo de la imaginería, la escuela castellana, la andaluza y la murciana; todas ellas, evidentemente, tienen la oportunidad de encajar en esta declaración. Me siento un poco osado al hablar en esta Cámara de cuestiones relacionadas con el patrimonio cuando uno de sus letrados, Alfredo Pérez de Armiñán, se encarga precisamente en estos momentos de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Unesco o cuando el mismo presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, es un gran entendido en los asuntos de patrimonio, como demostró en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; autoridades ambas indiscutibles que hacen que de alguna manera el Senado también tenga cosas que decir en estas cuestiones del patrimonio inmaterial, y muchas de las mociones que aquí se han presentado han tenido que ver con ello.

Por tanto, creo que reúne todas las condiciones y, además, tenemos que tener en cuenta que realmente es un elemento participativo. Muy pocas manifestaciones culturales tienen la participación que tiene la Semana Santa en cada una de las provincias de España, muy pocas, porque en ella participan, en hermandades y cofradías, miles y miles y miles de personas, hombres y mujeres. Hay que decir también que precisamente las distintas cofradías y hermandades se han adaptado perfectamente, a veces mucho más allá del carácter religioso, a la incorporación de la mujer, por ejemplo, en sus actividades procesionales u otras actividades que tienen que ver con la modernización de la cultura y de la religión. Esta actividad reúne a más de 32 millones de turistas culturales en España, turismo que tiene un crecimiento, en el último año, del 11 %. Asimismo, hay estudios que garantizan que la actividad económica de la Semana Santa mueve —son datos de un estudio publicado en Sevilla, Córdoba, Valladolid y Palencia— en torno a los 354 millones de euros. En esta semana, solamente en esas conmemoraciones celebradas en esas ciudades, que son las que hacen ese estudio, se mueven 350 millones de euros que, por supuesto, supone miles de empleos y de personas que se van a incorporar al mercado de trabajo. Precisamente, en la encuesta pública de empleo, que va a publicarse en las próximas fechas, podremos ver la repercusión que tiene no solamente el turismo de sol y playa, sino también el turismo cultural que se engloba en estas manifestaciones.

Por lo tanto, creo que todo ello hace que pensemos que es una oportunidad instar a la declaración de la Semana Santa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Agradezco también a todos los grupos la colaboración que han tenido tanto en la presentación de enmiendas como en las posibilidades de que se mejore el texto. Y por eso pienso que es una oportunidad, pienso que hay que ir a por ello y pienso que solicitar el voto afirmativo para esta moción es algo que entra dentro de lo cabal y dentro de lo necesario.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gutiérrez Alberca

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, president. Bon dia, senyories,

El nostre grup havia presentat una esmena en aquesta moció del Partit Popular per corregir un automatisme que té el Partit Popular cada cop que es parla de cultura encara que sigui una proposta seva, com és en aquest cas, acaba posant-se la mà a la butxaca i no vol destinar ni una euro suplementari als esquàlids pressupostos públics disponibles, ni tan sols per a una despesa que es presumia tan petita com elaborar un dossier de candidatura quan, evidentment, l’administració central i les comunitats autònomes disposen de professionals i recursos per fer-lo. Per tant, la despesa suplementària no hagués estat gaire important. Tot i així, el Partit Popular, va posar aquell afegitó de què no es gasti ni un euro en una iniciativa cultural. Afortunadament —i cregui’m senyor Gutiérrez, que ho celebrem moltíssim i esperem, a més a més, que serveixi de precedent— el Grup Parlamentari Popular ha acceptat la nostra esmena i, per primera vegada, veiem que es pot plantejar una iniciativa entorn a la cultura sense que, automàticament, ens hàgim d’autocensurar en termes pressupostaris.

El nostre grup donarà suport a aquesta moció, i encara més després del que he explicat ara, després que el grup majoritari de la Cambra hagi acceptat la nostra esmena. I ho farà perquè, més enllà de les seves arrels inequívocament religioses, la Setmana Santa a Espanya és sense dubte el més gran fenomen de cultura popular que existeix. Tot el sentiment i tota la credibilitat que es poden expressar a través de les diferents formes d’art, música, literatura, pintura, escultura, dansa, teatre i, fins i tot, altres canals d’expressió cultura com la gastronomia, l’ornamentació o el vestuari, es troben i s’han trobat des de fa molts segles reflectits a la Setmana Santa. Tenen, a la Setmana Santa, un punt de referència i un punt d’expressió enorme, claríssim, importantíssim. A Catalunya també. A Catalunya, la Setmana Santa també està molt present. M’agradaria destacar la Passió. La Passió és una representació teatralitzada de la passió de Jesucrist que se celebra de manera molt important a molts municipis com ara Olesa, Esparreguera, Ulldecona, Cervera, per citar-ne alguns. També m’agradaria destacar la processó de Verges, a l’Empordà, una processó absolutament singular al voltant de la mort, de la mort com a un dels temes principals, evidentment, de la Setmana Santa. I finalment, la tradició de les mones de Pasqua que són el fonament de què el dilluns després del diumenge de Pasqua sigui festiu a Catalunya, perquè són el símbol de la celebració de la resurrecció i a l’hora el punt final de la Quaresma.

Insisteixo, senadors del Partit Popular, i senyor Gutiérrez, que el nostre grup no té cap problema a votar a favor i a demanar un reconeixement internacional de la Setmana Santa com a Patrimoni Cultural Immaterial. Però amb aquesta mateixa claredat, deixi’m-li dir que ens sentim enormement decebuts. El Partit Popular ha portat a aquest Plenari fins al dia d’avui 110 mocions. 110 mocions des de l’inici de la legislatura són les que el Partit Popular ha portat el Partit Popular a aquest Plenari. Doncs bé, d’aquestes 110 mocions, aquesta és la primera, i única per tant fins al moment, que parla de cultura. Una de 110 mocions demostren la prioritat i l’interès que el Partit Popular atorga a la cultura i, a més a més, deixi’m que li digui, senador Gutiérrez, que aquesta primera moció que porten, de cultura, al Plenari d’aquest Senat, és una obvietat. No aporta res, no canviarà res de la Setmana Santa, de la immensa manifestació cultural de la que abans parlàvem al nostre país aquesta voluntat de demanar la declaració de Patrimoni Immaterial i és que gairebé no està ni a l’alçada del que haurien de servir les mocions en termes de control o d’impuls al govern. Com si la cultura, senador Gutiérrez, a Espanya no tingués grandíssims problemes o altres reptes molt més importants.

Per ser una primera moció, haurien d’haver estat vostès molt més valents i em permeto suggerir-li uns quants temes que sí haguessin merescut una moció i un debat, un primer debat a partir d’una moció sobre cultura, en aquest Plenari. Em permeto suggerir-li una moció per afluixar els requisits burocràtics a les entitats culturals sense ànim de lucre de poca facturació, que està acabant d’ofegar-les i a moltes d’elles —incloses germandats i confraries de Setmana Santa— les condemna a desaparèixer. Li suggereixo, òbviament, una moció sobre la reducció de l’IVA als espectacles culturals del 21 % al 10 %; li suggereixo una moció que instés al govern a complir el programa del Partit Popular i, per tant, a presentar una autèntica llei del mecenatge al nostre país; li suggereixo una moció per iniciar els treballs de redacció de la Llei definitiva que la modificació de la Llei de propietat intel·lectual preveu per lluitar de veritat contra la pirateria, perquè sinó, incomplirem aquesta llei, i al cap d’un any de la seva aprovació, no tindrem la normativa definitiva que l’entorn digital necessita al nostre país; li suggereixo una moció per presentar una llei sobre el reconeixement del plurilingüisme a Espanya i el suport de l’administració general de les institucions de l’Estat al seu ús, tal com el ministre, en resposta a una pregunta d’aquest Grup va dir que hi estava obert; li suggereixo, finalment, en un altre ordre de coses, una moció per portar un programa de suport, per exemple, a l’arquitectura al nostre país com acaba de fer fa pocs mesos l’Assembla francesa.

En definitiva, hi ha multitud de temes i de qüestions en l’ordre i en l’àmbit cultural, molt més importants que promoure el reconeixement d’una cosa que ja funciona, que és òbvia, i que té prou força per si mateixa. Simplement, només la lectura d’aquest informe que li recomano —es tracta de l’informe sobre l’estat de la cultura a Espanya, fet per la Fundació Alternatives—, li hagués suggerit una dotzena llarga de temes a partir de reflexions molt interessants sobre el que necessita la cultura per presentar una moció en aquest Plenari.

Esperem, senador Gutiérrez, i senadors del Partit Popular, que la segona moció sobre cultura no sigui la número 221 i, sobretot, que sigui molt més transcendent i molt més important. Estic segur que vostè comparteix amb mi, això sí, que la cultura espanyola es mereix molt més que aquesta moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Nuestro grupo había presentado una enmienda a esta moción del Partido Popular para corregir un automatismo que tiene el Partido Popular cada vez que se habla de cultura, aunque sea una propuesta suya, como sucede en este caso, acaba poniéndose la mano en el bolsillo y no quiere destinar ni un euro suplementario a los escuálidos presupuestos públicos disponibles ni tan solo para un gasto que se presumía tan pequeño como elaborar un dossier de candidatura cuando, evidentemente, la Administración central y las comunidades autónomas disponen de profesionales y recursos para hacerlo. Por tanto, el gasto suplementario no hubiera sido muy importante. Sin embargo, el Partido Popular puso el añadido de que no se gastara ni un euro en una iniciativa cultural. Por suerte —y créame, señor Gutiérrez, que lo celebramos mucho y que, además, esperamos que sirva de precedente—, el Grupo Popular ha aceptado nuestra enmienda y por primera vez vemos que se puede plantear una iniciativa en torno a la cultura sin que automáticamente tengamos que autocensurarnos en términos presupuestarios.

Nuestro grupo va a apoyar esta moción, y todavía más tras lo que acabo de explicar, es decir, que el grupo mayoritario de la Cámara haya aceptado nuestra enmienda, y lo vamos a hacer porque, más allá de sus raíces inequívocamente religiosas, la Semana Santa en España es, sin duda, el fenómeno más grande de cultura popular que existe. Todo el sentimiento y la creatividad que se puedan expresar a través de las distintas formas de arte, música, cultura, danza, teatro e incluso otros canales de expresión cultural como la gastronomía, la ornamentación o el vestuario se encuentran y se han encontrado desde hace muchos siglos reflejados en la Semana Santa, tienen en la Semana Santa un punto de referencia y un punto de expresión enorme, muy claro y muy importante. En Cataluña la Semana Santa también está muy presente, y me gustaría destacar La Pasión, que es una representación teatralizada de La Pasión de Jesucristo, que se celebra de una forma muy importante en muchos municipios, Olesa, Esparreguera, Ulldecona, por citar solo algunos, y me gustaría destacar también la procesión de Verges en el Ampurdán, una procesión muy singular en torno a la muerte como uno de los temas principales de la Semana Santa y, por último, la tradición de las monas de Pascua, que son precisamente la base de que el lunes posterior al Domingo de Pascua sea festivo en Cataluña, porque son el símbolo de la celebración de la Resurrección y, al mismo tiempo, el punto final de la Cuaresma.

Insisto, senadores del Partido Popular, y señor Gutiérrez, en que nuestro grupo no tiene ningún problema en votar a favor de este reconocimiento internacional de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial, pero con la misma claridad permítame decirle que nos sentimos enormemente decepcionados. El Partido Popular ha aportado a este Pleno hasta la fecha 110 mociones, 110 mociones desde el inicio de la legislatura son las que ha traído el Partido Popular a este Pleno. De estas 110 mociones, esta es la primera y única hasta la fecha. Por lo tanto, ¿qué habla de cultura? Una sobre ciento diez mociones demuestran la prioridad y el interés que el Partido Popular otorga a la cultura. Además, permítame que le diga, señor Gutiérrez, que esta primera moción de cultura que llevan al Pleno de este Senado es una obviedad, no aporta nada, no va a cambiar nada en la Semana Santa, en esta inmensa manifestación cultural de la que hablábamos en nuestro país, esta voluntad de pedir la declaración de patrimonio inmaterial, y es que prácticamente no está a la altura de para lo que deberían servir las mociones en términos de control o impulso al Gobierno, como si la cultura, senador Gutiérrez, en España no tuviera grandísimos problemas u otros retos más importantes.

Para ser una primera moción, deberían haber sido ustedes mucho más valientes y me permito sugerirles algunos temas que habrían merecido una moción y un primer debate a partir de una moción sobre cultura en este Pleno. Me permito sugerirle una moción para suavizar los requisitos culturales a las entidades culturales sin ánimo de lucro, de poca facturación, que está acabando de asfixiar a muchas de ellas, incluyendo también hermandades y cofradías de Semana Santa, a las que van a obligar a desaparecer. Sugiero también una moción sobre la reducción del IVA en los espectáculos culturales del 21 al 10 %. Sugiero una moción que instara al Gobierno a cumplir el programa del Partido Popular y, por lo tanto, a presentar una auténtica ley del mecenazgo en nuestro país. Sugiero, asimismo, una moción para iniciar los trabajos de reforma de la Ley de propiedad intelectual para luchar realmente contra la piratería porque, si no, vamos a incumplir esta ley y un año después de su aprobación no tendremos la normativa definitiva que el entorno digital requiere en nuestro país. Les sugiero una moción para presentar una ley sobre el reconocimiento del plurilingüismo en España y el apoyo de la Administración General a su uso, tal como el ministro, en respuesta a una pregunta de este grupo, dijo en el sentido de que estaba abierto a este tema y sugiero, por último, en otro orden de cosas, una moción para plantear un programa de apoyo a la arquitectura en nuestro país, como acaba de aprobar hace pocos meses la Asamblea francesa.

En definitiva, hay múltiples cuestiones en el orden y ámbito cultural mucho más importantes que promover el reconocimiento de algo que ya funciona, que es obvio y que tiene suficiente fuerza de por sí. La lectura de este informe —es una lectura que les recomiendo sobre el estado de la cultura en España, hecho por la Fundación Alternativas— les hubiera sugerido más de 12 temas a partir de reflexiones sumamente interesantes sobre lo que nuestra cultura necesita para presentar una moción en este Pleno.

Esperamos, senador Gutiérrez y senadores del Partido Popular, que la segunda moción sobre cultura no sea la número 221 y, sobre todo, que sea mucho más trascendente y mucho más importante. Estoy convencido de que usted compartirá conmigo, eso sí, que la cultura española requiere mucho más que esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia.

Senyories, encara consternat pel terrible accident aeri que es va produir ahir als Alps francesos, aprofito aquesta intervenció per enviar una mostra d’afecte i proximitat als familiars de les víctimes.

Més enllà del profund valor espiritual que la Setmana Santa té per als catòlics, hi ha un aspecte artístic i cultural d’aquesta celebració que li atorga un caire extraordinari. Ningú no dubte que la religió i l’espiritualitat han estat font d’inspiració artística des dels temps més remots. En el cas de la cultura occidental, és indubtable que el cristianisme ha determinat la nostra evolució cultural i, per tant, l’empremta del cristianisme i, fins i tot, de l’Església catòlica ha estat molt rellevants en les manifestacions culturals. L’Església catòlica ha estat dipositària i transmissora d’innombrables tresors culturals. Aquests tresors inclouen obres arquitectòniques, pictòriques o literàries i, al mateix temps, tot un seguit de tradicions culturals que formen part de la col·lectivitat i que constitueixen un bé cultural immaterial d’un valor incalculable. El criteri de valoració de les manifestacions culturals com a expressió de la natura i de l’entitat col·lectiva es reconeix com a part fonamental d’un llegat històric significatiu que s’ha anat transmetent de generació en generació. En el cas de la Setmana Santa les tradicions seculars que han arribat fins als nostres dies s’afegeixen a autèntiques obres d’art que acompanyen aquestes tradicions tan estimades. Les processons i moltes altres celebracions populars que se celebren són una bona mostra i un exemple del que hem afirmat anteriorment.

Permetin-me que faci referència a les nombroses celebracions que es fan a Catalunya, totes elles molt antigues i de gran arrelament popular. Simplement, a nivell enumeratiu podem destacar, per exemple, la manifestació de Setmana Santa que es té lloc en un municipi molt petit de la demarcació de la qual jo sóc senador, el municipi de Mieras, on la celebració es remunta a la història al segle XVIII, i en la qual participen personatges com ara botxins, dimonis banyuts, o produeixen recitacions arcaiques amb proclames de sentència de mort i, en alguns punts clau, hi ha uns recorreguts processionals també molt específics. Per exemple, a Lleida, la processó de la Verge dels Dolors surt el Diumenge de Rams, i és una festivitat que la comunitat cristiana celebra amb processons que commemoren l’entrada de Jesús a Jerusalem. Una altra manifestació curiosa és la de Ciutat Vella de Barcelona, que rep el nom de la Burreta, en al·lusió a la somera que Jesús va cavalcar segons el relat evangèlic quan entrava Jerusalem. I, a banda de les processons, el Diumenge de Rams, també són una data assenyalada per a la celebració de les tradicionals fires i mercats del ram. En moltes poblacions catalanes hi ha un fet compartit en altres àmbits de l’Estat espanyol i d’Europa, que són els que anomenem els armats, també anomenats manaies, manages i estaferms. Tot això són denominacions sobre comitives que encapçalen les processons de Setmana Santa i que consisteixen, com vostès saben, en la representació d’un grup d’homes vestits de soldats, normalment romans. I, en aquest sentit, cal destacar també els armats de Tarragona, de llarguíssima tradició i arrelament popular o els estaferms de Besalú, que tenen també específicament unes característiques excepcionals. En moltes localitats catalanes la nit del Dijous Sant és una de les més esperades de l’any. Les representacions escèniques que rememoren la captura, crucifixió i agonia i mort de Jesús són unes tradicions molt arrelades i celebrades popularment. Altres processons, com la del Dijous Sant que se celebra a Badalona, que es documenta ja al segle XVII, i que és coneguda com la Processó del Silenci. O, per exemple, el Dijous Sant en un municipi també de la demarcació per a la qual sóc senador, el municipi de Verges, que té unes característiques molt específiques, i que crea l’ambientació ideal per al pas de la cèlebre Dansa de la Mort, una dansa macabra que és l’única de la qual es té documentació i que s’ha mantingut vigent en el context popular a tot Europa. O també el Via Crucis Vivent de Sant Hilari, que és un municipi també de La Selva, de la demarcació de Girona. En aquest sentit, a la Setmana Santa de Girona, el Dissabte Sant es fa un processó que només admet la participació de dones i que es coneix com la processó de la Soledat i que simbolitza la solidat de la mare de Déu, la Vigília de la Resurrecció. O les Tres Gràcies, punt àlgid de la Setmana Santa de Reus. O la manifestació d’El Serral, a la Conca de Barberà, que també recorda les processons de Setmana Santa, celebrant-se el Diumenge de Glòria per reconèixer l’encontre que simbolitza el retrobament de Crist amb la mare de Déu.

Tots aquests actes folklòrics i religiosos tenen un gran arrelament popular. També podem esmentar la Passió d’Esparreguera, la d’Olesa de Montserrat o les Caramelles, com una de les celebracions més antigues; en aquest cas es tracta de cants que se celebren, especialment a la Catalunya Vella, i la més antiga de les quals se celebra a Sant Julià de Vilatorta, a la comarca d’Osona. Tot això són celebracions populars i molt arrelades i que enriqueixen el que anomenem particularitats o manifestacions culturals.

És evident que la diversitat i l’heterogeneïtat de les múltiples manifestacions culturals són molt accentuades i responen a realitats ben diferenciades, amb una arrel cristiana de base. Tant a tot l’Estat espanyol, com a França, a Portugal o també a Itàlia, en tots aquests indrets, d’una manera o altra, tenen lloc celebracions d’aquest tipus.

La proposta de modificació que s’ha presentat per part de tots els grups parlamentaris i que fa decaure dues esmenes que hi havia presentades al text de la moció del Grup Parlamentari Popular, al nostre entendre, millora encara més el text i, per tant, li donarem suport d’una manera clara.

Sembla raonable que la cultura de la Setmana Santa entri a formar part de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És un primer pas perquè es recullin en aquesta llista les diferents i diverses manifestacions pròpies de la celebració de la Setmana Santa per part de les diverses nacionalitats i regions que configuren l’Estat espanyol. Convé tenir molt present que totes aquestes celebracions tenen una immensa capacitat d’atracció turística i que omplen de visitants ciutats i pobles de tota la geografia de l’Estat. Sens dubte, la inclusió com a bé d’interès cultural immaterial en la llista elaborada per la Unesco representaria una promoció i una difusió important. Convé remarcar el valor religiós, cultural i turístic, així com tot el potencial econòmic de la Setmana Santa, i entendre la cultura com a eix de dinamització turística i, per tant, la cultura posada al servei també de la reactivació econòmica, que tanta falta ens fa al nostre país.

Per tots aquests motius el nostre grup parlamentari votarà favorablement a la moció que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, que ha estat transaccionada per tots els grups i defensada pel senador Alberto Gutiérrez Alberca fa una estona.

Moltes gràcies per la seva atenció i bon dia.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, todavía consternado por el terrible accidente aéreo que se produjo ayer en los Alpes franceses, aprovecho esta ocasión para enviar una muestra de afecto y proximidad a los familiares de las víctimas.

Más allá del profundo valor espiritual que la Semana Santa tiene para los católicos, existe un aspecto artístico y cultural de esta celebración que le otorga un talante extraordinario. Nadie duda de que la religión y la espiritualidad han sido fuente de inspiración artística desde tiempos inmemoriales. En el caso de la cultura occidental, no cabe duda de que el cristianismo ha determinado nuestra evolución cultural y, por lo tanto, la huella del cristianismo e, incluso, de la Iglesia católica han sido muy relevantes y pertinentes en las manifestaciones culturales. La Iglesia católica ha sido depositaria y transmisora de innumerables tesoros culturales. Estos tesoros incluyen obras arquitectónicas, pictóricas o literarias y, al mismo tiempo, toda una serie de tradiciones culturales que forman parte del colectivo y que constituyen un bien cultural inmaterial de un valor incalculable. El criterio de valoración de las manifestaciones culturales como expresión de la naturaleza y de la entidad colectiva se reconoce como parte fundamental de un legado histórico significativo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. En el caso de la Semana Santa las tradiciones seculares que han llegado hasta nuestros días se añaden a auténticas obras de arte que acompañan a estas tradiciones tan queridas. Las procesiones y muchas otras celebraciones culturales son una buena muestra y un ejemplo excelente de lo que hemos afirmado anteriormente.

Permítanme que haga referencia a las numerosas celebraciones que se hacen en Cataluña, todas ellas muy antiguas y muy enraizadas en el entorno popular. Quiero destacar simplemente, a título de ejemplo, la manifestación de Semana Santa que se produce en un municipio muy pequeño de la demarcación de la que yo soy senador, en el municipio de Mieras, cuya celebración se remonta en la historia al siglo XVIII, donde participan demonios con sus cuernos, se producen recitaciones arcaicas y, en algunos puntos clave, hay unos recorridos también muy conocidos. En Lérida, en la fiesta del Domingo de Ramos, tenemos una festividad en la que la comunidad cristiana celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Otra manifestación curiosa es la de Ciudad Vella de Barcelona, que recibe el nombre de Burreta, en alusión al relato evangélico en el que se cuenta, precisamente, la entrada de Jesús en Jerusalén. Y, además de las procesiones del Domingo de Ramos, también tenemos una fecha señalada para la celebración de las tradicionales ferias y mercados. Asimismo, en muchas poblaciones catalanas hay un hecho compartido en otros ámbitos del Estado español y de Europa, lo que llamamos los armados, también llamados manaies y estaferms. Es decir, son distintos vocablos o denominaciones sobre comitivas que encabezan las procesiones de Semana Santa y que consisten, como ustedes saben, en la representación de un grupo de hombres vestidos de soldados, normalmente, romanos. Y, en este sentido, cabe destacar también los armados de Tarragona, con una muy dilatada tradición o los estaferms de Besalú, que tienen también unas características excepcionales. En muchas localidades catalanas la noche del Jueves Santo es una de las más esperadas del año. Las representaciones escénicas que rememoran la captura, la agonía y la crucifixión de Jesús son unas tradiciones muy enraizadas popularmente. Hay otras tradiciones, como la del Jueves Santo en Badalona, que se documenta y se remonta al siglo XVII, y que es conocida como la Procesión del Silencio. O, por ejemplo, el Jueves Santo en un municipio también de la demarcación de la que soy senador, el municipio de Verges, que tiene unas características muy propias y específicas, y que crea la ambientación ideal para el paso de la célebre Danza de la Muerte, una danza macabra que es la única de la que existe documentación y que se ha mantenido vigente en el contexto popular en toda Europa. O el Vía Crucis Viviente de Sant Hilari, que también es un municipio de la zona de La Selva, de esta demarcación de Gerona. En cuanto a la Semana Santa de Gerona, el Sábado Santo hay una procesión que solo admite la participación de mujeres, que se conoce como la procesión de la Soledad y que simboliza la soledad de la madre de Dios, la Vigilia de la Resurrección. O las Tres Gracias, punto álgido de la Semana Santa de Reus. O la manifestación de El Serral, en la Conca de Barberà, que también recuerda a las procesiones de Semana Santa, celebrándose el Domingo de Gloria y que simboliza el reencuentro de Cristo con la madre de Dios.

Todos estos encuentros folclóricos y religiosos tienen un gran enraizamiento popular. También podemos mencionar la Pasión de Esparreguera, la de Olesa de Montserrat o las Caramellas, una de las celebraciones más antiguas; en este caso se trata de cantos que se celebran, sobre todo, en la Cataluña bella, la Cataluña más antigua, siendo la más antigua la de Sant Julià de Vilatorta, en Osona. Como digo, todas estas celebraciones populares están muy enraizadas y enriquecen lo que llamamos particularidades o manifestaciones culturales.

Es evidente que la diversidad y la heterogeneidad de las múltiples manifestaciones culturales son muy acentuadas y responden a realidades muy diferentes, si bien tienen una raíz cristiana de base. En todo el Estado español, en Francia, en Portugal o también en Italia, en todos estos lugares, de un modo u otro, se producen celebraciones de este tipo.

La propuesta de modificación que ha sido presentada por parte de todos los grupos parlamentarios y que hace decaer dos enmiendas que habían sido presentadas al texto originario de la moción del Grupo Parlamentario Popular, a nuestro entender, mejora si cabe todavía más el texto y, por lo tanto, vamos a apoyarla.

Parece razonable que la cultura de la Semana Santa entre a formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un primer paso para que se recojan en esta lista las distintas y diversas manifestaciones propias de la celebración de la Semana Santa de las diversas nacionalidades y regiones que conforman el Estado español. Conviene tener muy presente que todas estas celebraciones tienen una inmensa capacidad de atracción turística y que llenan de visitantes las ciudades y pueblos de toda la geografía del Estado. Sin duda, la inclusión como bien de interés cultural inmaterial en la lista elaborada por la Unesco representaría una promoción y una difusión importante. Hay que subrayar el valor religioso y turístico, así como el potencial económico de la Semana Santa, y entender la cultura como eje de dinamización turística y, por tanto, al servicio de la reactivación económica, que tanta falta nos hace en nuestro país.

Por todos estos motivos nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido transaccionada por todos los grupos y defendida por el senador Gutiérrez Alberca hace unos instantes.

Muchas gracias por su atención y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, con su venia.

Es obvio que ayer fue el día del dolor por la tragedia y hoy el de la conmoción por la consternación, así que aprovecho mi presencia en esta tribuna para trasladar a las familias de las víctimas nuestro sentido pésame.

Señorías, donde se me interpela, concierne, o al caso viene, confieso mi agnosticismo. Y lo hago con la conciencia tranquila de que cuando Dios me llame a cuentas —si Dios existe— no podrá reprochármelo. Al contrario que Judas, yo, no lo niego. (Risas).

Hecha esta declaración de principios, mi agnosticismo no me impide ver la materia. Materia patrimonial y artística del barroco, el clasicismo, el romanticismo, el cubismo, el impresionismo o el oportunismo surrealista de esta moción en su redacción conforme fue presentada. (Aplausos).

Ustedes van del mito a la leyenda, como el que va de los toros al evangelio, haciendo todo inmaterial. No sé lo que Salzillo hubiera pensado del caso viendo cómo le hacían inmaterial el ciruelo que, por mor de su gubia, con barbas le salió San Antón y sin barbas la Purísima Concepción. (Risas).

Comoquiera que no pocos de los aquí presentes proponentes de esta moción juraron su cargo, he de deducir que cristianos creyentes son.



Pues sepan que con esta moción no van a ganar el cielo. Y no solo por incumplir el décimo mandamiento, como probado está en la sede de Génova, sino por tomar el nombre de Dios en vano de un puñado de votos. Pues si bien es cierto que el fin justifica los medios, la oportunidad del fin lo devalúa notablemente, y visto el resultado de las elecciones andaluzas, de no haber sido corregida la moción con las enmiendas presentadas, lo coherente hubiera sido retirarla para redactarla como Dios quiere y manda. De lo contrario, hubiera corrido el riesgo de que, cuando hubiera sido presentada ante la zarza, las tablas de la ley hubieran sido arrojadas de nuevo contra el becerro de oro.

Señorías, esta Cámara está a la espera de la tramitación de la ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial; ley que, como sabemos, se va a hacer para enmendarle la plana a la Ley del patrimonio histórico español, en la que no tenía cabida, entre otras, la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que ustedes aprobaron y dejaron en el limbo, a pesar de que Roma ha sacado del listado del patrimonio inmaterial de la fe la carencia de bautismo. En fin, que aquí nos tienen ustedes de la ceca a La Meca con una soltura que deja pasmado al rey mejor pintado.

«Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza pagan a un orfebre para que haga un dios de ello; se postran y lo adoran.» «Acordaos de esto y estad confiados; ponedlo en vuestro corazón, transgresores.» Isaías 46.6 y 8.

Entiendo que conocedores los promotores de la iniciativa de estas profecías, para no incurrir en la ira del profeta, es por lo que la moción pedía explícitamente en su iniciativa inicial que no implicara coste adicional presupuestario alguno; párrafo ahora corregido por el buen criterio de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señorías, a saber: ¿Qué proponía la redacción de la moción ahora transada y corregida? ¿Proponía hacer inmaterial la fe? Ya lo es intrínsecamente inmaterial por su propia sustancia. ¿Proponía hacer inmaterial los pasos procesionales? Si es así, no creo yo que los costaleros, que esta Semana Santa soportarán el inmaterial peso de los tronos, compartieran la opinión. ¿O quizás inmateriales son los nazarenos penitentes, las palmas del domingo de ramos, las ramas de olivo, el cirio pascual, la corona de espinas, el látigo, los clavos, la lanza, la caña con vinagre, la palangana de Pilatos o la cruz en sí misma? Por no hablar de las centurias romanas, que, a pesar de ser de atrezo, inmaterialmente respiran para no ser abatidas. (Risas).

Señorías, la etiología inmaterial de la Semana Santa es un holismo de transmisión generacional grupal y una respuesta de interacción con el entorno que nos proporciona un sentido de identidad tan diverso como la cultura de este costurón de historia que se llama España.

Lo único que tenía de inmaterial la moción, ahora corregida, era su oportunismo, y aun hoy, otra vez poniendo los bueyes delante del carro, queremos que la Unesco haga los deberes que nosotros nos ponemos, que no son otros que hacer una buena ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de España, amén de la injerencia que la moción hacía en la autonomía de quienes, teniendo las competencias, son responsables de su patrimonio.

Se entenderá por ello que con ánimo de hacer las cosas bien, mi grupo haya presentado unas enmiendas felizmente transaccionadas. Lo digo sin ironía y agradeciéndoles que hayan aceptado las enmiendas presentadas. ¡Arrepentidos nos quiere Dios!

¿Por qué digo esto? Porque viendo la lista reconocida por la Unesco, la Semana Santa española debería haber figurado en su catálogo desde hace muchos años, no digo a iniciativa de qué Gobierno. Y obvio la oportunidad de la propuesta y los proponentes, porque vistos los resultados electorales de Andalucía, en el pecado llevan ustedes la penitencia. El camino al Gólgota les ha llevado a una crucifixión que va a durar algo más que una semana de pasión.

No haber alcanzado un consenso hubiera sido ningunear la identidad de nuestro pasado, el reconocimiento a quienes desde su fe o su compromiso personal hacen posible antropológicamente la Semana Santa y minusvalorar una memoria tan inmaterial como la materia que la hace posible.

Dicho esto soy conocedor, por conversaciones de pasillo, de que algunos grupos aquí representados se abstendrán en esta iniciativa, lo que tratándose de la materia que se trata se ajustaría a aquello de lavarse las manos como Pilatos. Mis respetos a su consideración, no pretendo hacerles cambiar el rumbo de su voto. Soy consciente de la sentencia que Disraeli acuñó en sus memorias: «A lo largo de mi vida parlamentaria he oído cientos de discursos que me han hecho cambiar de opinión, pero nunca de voto».

Señorías, permítanme que les cuente una anécdota —a las señorías que no apoyarán la moción—. Además de senador soy alcalde de Valdepeñas —aunque viendo cómo está el patio no sé por cuánto tiempo (Risas)— y ocurre que hace unos años se dirigieron a mí una serie de cofrades para que intercediera en una decisión de la junta mayor de su cofradía. El tema era este: la junta había decidido —cosa que hizo— retirar el paso procesional de Pilatos alegando que era de escayola. Les contesté que no podía hacer nada por no estar en mis competencias, pero que no estaba de acuerdo con la junta ni con los argumentos porque, ¿qué otra cosa si no escayola fue Pilatos?

Señorías, esta es una iniciativa buena, tan buena que no hace daño a nadie y hace justicia a la memoria antropológica de muchas de nuestras generaciones. Inoportuna por el tiempo y la oportunidad que la motivó, pero buena, por eso apelo a los que no la comparten para que, retando a la memoria de Disraeli, los discursos les hayan hecho cambiar de opinión y… de voto.

Agradezco al grupo proponente la transacción de nuestras enmiendas, que han dado lugar al acuerdo, y solicito el voto afirmativo de la Cámara lamentando que la transacción acordada les haya privado del elocuente verbo de mi compañero Antonio Gutiérrez Limones, sevillano, que con generosidad ha delegado en mí el paso del trono y la saeta de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente.

Parece que no era tan obvia la defensa de esta moción, parece que no era tan obvia porque, señor portavoz del Grupo Socialista, sinceramente, yo creo que lo primero en la cultura es el respeto. Igual que yo respeto su agnosticismo, respete usted también las tradiciones y las manifestaciones. (Aplausos). Usted a veces confunde la expresión en esta tribuna con el Club de la Comedia, allá usted. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No ha entendido nada, no ha entendido nada!— Rumores).

Vuelvo a pedir respeto, por favor.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Respeto también es dejar hablar a quien tiene el uso de la palabra.

Pienso que no es una obviedad, como decía el senador Martí Jufresa. Desgraciadamente —no en esta ocasión por quienes van a apoyar la moción—, la cultura tiene que ser un ámbito de acuerdo. Usted solicitaba que trajéramos más mociones a este plenario; las hemos traído y hemos trabajado mucho. Yo creo que esta legislatura es en la que más veces se ha reunido la Comisión de Cultura del Senado desde que está constituida, en la que más mociones se han debatido allí, y el trabajo de comisión también es un trabajo parlamentario, se lo tengo que recordar.

Es verdad que nosotros hemos presentado mociones, pero si usted quiere hacer oposiciones para ser el portavoz del Grupo Popular, bienvenido. Nosotros nos administramos y formulamos las mociones que pensamos que debemos presentar, si usted no está muy a gusto en su grupo y quiere venir al nuestro, estamos abiertos también, somos un partido político que ha dado muestras permanentes de generosidad en el acuerdo (El señor Martínez-Aldama Sáenz: No ha entendido nada), de generosidad permanente también en que puedan venir personas de distintos grupos a enriquecer nuestra formación.

Por lo tanto, esta moción, desgraciadamente, a veces no es una obviedad, porque en muchos ayuntamientos de España se presentan iniciativas que pretenden que no salgan de procesión los pasos; precisamente en Andalucía son muy recientes las manifestaciones de un determinado grupo político —que ha alcanzado ahora una representación en el Parlamento— solicitando que no se hicieran estas manifestaciones por considerar —algo que nosotros entendemos con ustedes, puesto que van a apoyar la moción— que no es así. Esto no es solo una manifestación religiosa, tiene que ver con las manifestaciones religiosas, pero va mucho más allá, es una manifestación fundamentalmente cultural pero también turística, económica y de participación. ¿Y qué es la cultura si no es participación?

Yo, después de haber escuchado al portavoz del Grupo Socialista, creo que va a apoyar la moción, pero de alguna manera no está muy convencido. Por lo tanto, haga usted examen de conciencia; lo que tiene que hacer usted es un examen de conciencia, confesarse consigo mismo y decidir en su mismidad. Considero que al final lo que cuenta es la votación y la votación va a ser a favor, algo que agradezco.

Señoría, nosotros hemos apoyado algunas cuestiones de patrimonio inmaterial como, por ejemplo, la tauromaquia, pero no la apoyamos solo nosotros, ha sido una iniciativa legislativa popular, con un apoyo de más de medio millón de firmas, de cerca un millón de firmas; una iniciativa legislativa popular, tramitada en esta Cámara —y muchas veces nos llenamos la boca con los nuevos métodos de participación, sobre cómo se pueden incorporar iniciativas que vengan de la población y no de los grupos, que no vengan del Gobierno, y que se abra esa puerta— pues, señoría, en esta legislatura se han presentado dos iniciativas legislativas populares, y una de ellas precisamente tiene que ver con este asunto cultural.

Asimismo, yo creo que usted no ha entendido muy bien que el patrimonio inmaterial tiene poco que ver con el patrimonio material y que no es necesario concretar expresamente en una manifestación específica ese patrimonio, porque lo que da fuerza a la declaración es precisamente el conjunto de manifestaciones que está en el acervo tradicional, no exclusivamente en una manifestación específica. A pesar de eso, aquí se han especificado muchas de ellas en Cataluña, se han especificado muchas de ellas no solo por el portavoz del Grupo Catalán Convèrgencia i Unió y, evidentemente, todas ellas tienen cabida.

Por lo tanto, no es una obviedad, y pensamos que es oportuna y no oportunista —oportuna temporalmente, como he dicho—, porque nosotros no pretendemos con esta moción intentar llenar una bolsa, tener un granero, contentar más o menos a las distintas cofradías, a las distintas hermandades —que por supuesto también, porque forman parte de la Semana Santa—, pero no más allá de lo que es la declaración desde el punto de vista del acervo cultural y tradicional que está inmerso en la cultura de cada pueblo, sean creyentes o no sean creyentes, sean agnósticos o sean practicantes. No queremos mezclar este debate aquí, porque apartar de alguna manera el debate religioso del debate cultural creo que es sano y conveniente. Así lo hemos planteado en esta moción, sin embargo, hay algunos que tenían que sacar ese cargo de conciencia de tantos años de pecador. (Risas). No es motivo nuestro juzgarlo y no estamos aquí para juzgarlo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gutiérrez Alberca. (El señor Martín Rodríguez pide la palabra).

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente, intervengo en este caso por obvias alusiones. Y es obvio también que lo que Salamanca no da Valladolid no lo presta.

Querido compañero Alberto Gutiérrez, le ruego que se lea después en el Diario de Sesiones mi intervención, porque es obvio que si no la ha entendido no puede ser usted portavoz de cultura de su grupo. (Risas). El verbo...

El señor PRESIDENTE: Senador Martín, sea usted breve, por favor. Ya ha tenido un turno de diez minutos.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muy breve.

Que me llame hereje, hecha mi fe de agnosticismo, no es algo que me ofenda, pero le ruego que se lea mi intervención. Yo he tratado con sumo respeto a todos los que han hecho y hacen posible la Semana Santa. Y su moción, conforme estaba presentada, lo que hacía era ningunearlos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín.

A la moción del Grupo Parlamentario Popular se presentó una propuesta de modificación firmada por todos los grupos.

¿Hay algún senador que pida que se someta a votación?

¿Puede aprobarse por asentimiento?

¿Puede salvarse el voto? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Que se someta a votación.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación, les recuerdo que minutos antes de las doce suspenderemos la sesión para subir todos a la Plaza de la Marina a guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente de aviación de ayer.

Sometemos a votación la propuesta de modificación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 232; a favor, 228; en contra, 2; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. 662/000182 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se han presentado dos enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Socialista y otra, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean en recuerdo de las víctimas del trágico accidente aéreo de ayer, muchas de ellas turistas que volvían a sus casas tras pasar unos días de vacaciones en nuestros destinos. Desde aquí, todo nuestro apoyo y solidaridad con sus familiares. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado vuelve a traer al Pleno una moción que, como en otras ocasiones, lo que busca y pretende es aportar una serie de medidas que den apoyo desde esta Cámara a nuestro turismo, a nuestros empresarios turísticos y a nuestros destinos. En esta ocasión se trata de una moción que contribuirá plenamente a ganar competitividad e imagen al sector económico —como todos saben— más importante y cuya aportación ha sido y está siendo fundamental para salir de la crisis.

Señorías, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, genera muchísimos puestos de trabajo y riqueza para millones de personas, por tanto, plantea retos importantes y merece toda nuestra atención desde el ámbito de la política.

España es referente mundial en materia turística. Ocupamos una posición privilegiada como destino turístico internacional. Somos líderes globales y lo demuestra el hecho de que España ocupa la tercera posición como receptor de turismo internacional y el segundo lugar por nivel de ingresos en el mundo. Además, como les decía al principio, el sector turístico está contribuyendo como ningún otro a impulsar la recuperación de nuestro país y crear empleo. En el Partido Popular somos conscientes de esa importancia y, por ello, desde el minuto uno, el Gobierno, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, tomó medidas. La primera reforma llevada a cabo por este Gobierno para potenciar al sector turístico fue la aprobación del Plan nacional integral de turismo, con el que se reconocía al sector como prioritario y como verdadera política de Estado; plan que, en estos momentos, ha logrado ejecutar más del 70 % de sus medidas.

Ese es el compromiso del Partido Popular. Y esta moción es una nueva muestra de ello. En ella hablamos de promoción, de destinos, de nuestra riqueza cultural, patrimonio histórico, gastronomía, compras, turismo de salud, visados, eventos que atraen a un gran número de visitantes hasta nuestros destinos. Con la aplicación de las nuevas tecnologías al turismo o la puesta en valor de nuestros productos, sin olvidar los mercados tradicionales, en el Gobierno se está trabajando activamente en los nuevos mercados emergentes. Se es consciente de que un hay gran número de turistas que ya no busca únicamente, como antes, sol y playa, sino otro tipo de turismo, como el cultural, de ocio, de salud —como decía— o de compras. El turismo de compras, por ejemplo, señorías, ya es uno de los principales motores económicos para el desarrollo de sector turístico y comercial en nuestro país. Concretamente, España ocupa el quinto lugar en el mercado del lujo dentro de la Unión Europea. Según el estudio demoscópico de Turespaña, España se percibe en el exterior como un destino muy atractivo para ir de compras. Este dato, unido a los más de 60 millones de turistas que recibe nuestro país al año, convierten a este segmento turístico en uno de los que más pueden contribuir a la potenciación del comercio en España, por lo que se pretende enfocarlo a aquellos mercados potenciales que buscan una alternativa al turismo vacacional propiamente dicho, como pueden ser China o Estados Unidos.

La llegada de turistas internacionales procedentes de mercados emergentes, como Brasil, Estados Unidos o China, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Desde China, por ejemplo, en el año 2014, se incrementó el número de turistas que llegaron hasta nuestro país en más de un 14 %. Todos estos países que les mencionaba se caracterizan por ser grandes emisores turísticos mundiales en la actualidad, con un excepcional dinamismo. Se trata de un turista de una extraordinaria rentabilidad, que viene a España buscando, como decíamos, no solo sol y playa, sino el resto de la oferta que ponemos a su disposición, teniendo en cuenta, además, que dada la lejanía de sus países de origen suelen mantener estancias más largas.

Por ello, esta moción busca que el Gobierno de España apueste fuertemente por estos mercados, centrándose en lo que se consideran estrategias claves: conocimiento de la demanda, posicionamiento segmentado y la facilitación del viaje, donde los avances en materia de visados y la conectividad aérea juegan un papel absolutamente decisivo para incrementar los flujos turísticos entre esos mercados emergentes y España. Por cierto, a partir del mes que viene, en España tendremos un vuelo directo, una nueva conexión directa, con China.

En la moción que presentamos hablamos también de la puesta en valor del turismo cultural y de nuestro patrimonio histórico —hablábamos de ello en la anterior moción—. Y es que en el Gobierno se viene potenciando este segmento turístico para conseguir que el arte y la cultura se posicionen fuertemente como producto turístico en los mercados internacionales. El turismo cultural es un producto de importancia estratégica y junto a su elevado grado de satisfacción en el turista y su interés por repetir y expandir la experiencia convierte a los turistas que viajan a nuestro país para conocer mejor la cultura en unos excelentes embajadores de la marca España.

En materia de turismo gastronómico y cultural también es necesario un decidido compromiso del Gobierno para poner en valor y promocionar la gran riqueza y variedad de nuestros productos. Son muchísimas las acciones que se vienen desarrollando en este sentido desde hace tres años. El objetivo primordial debe ser diseñar diferentes productos turísticos que tengan como eje central la gastronomía española en cualquiera de sus manifestaciones, aprovechar la importancia que esta ha adquirido dentro de las prioridades de los turistas que visitan España, e incrementar la promoción nacional e internacional de los diferentes destinos turísticos con activos gastronómicos, ya que tenemos los mejores restaurantes del mundo y los mejores cocineros.

Señorías, hablamos en nuestra moción de la necesidad de facilitar la llegada de turistas hasta nuestros destinos. Una política de visados adecuada y mejora de su gestión es un objetivo absolutamente vinculado con la estrategia del Gobierno del Partido Popular para potenciar el crecimiento de mercados emergentes. En este sentido, se ha trabajado muy bien durante los últimos años. En la actualidad, España es el segundo país que más visados Schengen tramita, solo por detrás de Francia. En 2013 se produjo un incremento del 17,6 % respecto a 2012. En 2014, los datos son aún mejores que el año anterior.

Hablamos también de las nuevas tecnologías. Internet, señorías, como todos saben, desempeña un papel fundamental y cada vez mayor en el sector turístico. De hecho, el contenido on line es hoy una de las principales fuentes de información sobre viajes en Europa y supera a todos los demás medios de comunicación y marketing tradicionales. Las empresas de viajes conectan con los consumidores finales a través del marketing on line, redes sociales, aplicaciones móviles o plataformas de reserva, convirtiendo además al turista —lo cual es muy importante— en nuestro mejor descriptor de los establecimientos y destinos, ya que él mismo puede compartir sus experiencias al instante.

Otro de los elementos importantes que reflejamos en la moción, que contribuye a mejorar la imagen de España en el exterior, sirve como polo de atracción de turistas y de gran escaparate de nuestras bondades es el de los eventos deportivos. Las actuaciones en este sentido deben responder al objetivo de mejora de la calidad que tiene planteado el sector turístico español en su conjunto, lo que hace necesario profundizar en la diversificación como medio para obtener una mejor distribución estacional de los flujos turísticos y un mayor reparto de los mismos por la geografía española. Consideramos fundamental que desde el Gobierno se sigan potenciando y aprovechando acontecimientos deportivos como herramienta de promoción internacional de España. Podríamos hablar de los acuerdos suscritos por el Gobierno con la Federación Española de Baloncesto o con la de fútbol, o de la presencia publicitaria de nuestro país en distintas pruebas del Mundial de Motociclismo.

Otro de los eventos importantes puede ser la Volvo Ocean Race, vuelta al mundo a vela, que se celebra cada tres años y que desde el año 2005 tiene su salida desde España, siendo Vigo la primera sede y la ciudad de Alicante en las siguientes ediciones, que ha vuelto a ser puerto de salida en la edición 2014-2015 que se celebra en la actualidad. Señorías, la salida de esta edición desde Alicante supuso un impacto en el PIB de 89,3 millones de euros —según el estudio de impacto económico presentado hace unas semanas— y, lo que es más importante: que en los diez días de la regata se crearon más de 1716 puestos de trabajo durante un año a jornada completa en toda España y en la Comunidad Valenciana. Además, la regata convirtió a nuestro país, y a la ciudad de Alicante concretamente, en el centro mundial de la vela. Por tanto, estarán conmigo, señorías, en que este tipo de acontecimientos, además de ser nuestro mejor escaparate, contribuyen de una manera muy importante a la mejora de la economía y, lo que es fundamental para nosotros, a la creación de puestos de trabajo.

Señorías, debatimos esta moción en una coyuntura excepcional, en un momento de cambio en el que la situación de nuestro país y del sector turístico es bien distinta a la que nos encontramos hace poco más de tres años. Este cambio empieza a percibirse gracias a la labor de un Gobierno responsable, que ha tenido que tomar decisiones de una importante dureza. Después de estos más de tres años, empezamos a recoger los frutos de unas decisiones arduas pero inevitables y muy necesarias. Hoy, por suerte, podemos afirmar que se vislumbra un cambio a mejor y que en ese cambio el sector turístico ha tenido muchísimo que ver.

Señorías, la rentabilidad de nuestro sector está mejorando. Mes a mes, desde hace ya muchísimos, vemos cómo se incrementa el número de turistas que visitan cualquiera de nuestros destinos, aumenta el gasto que estos turistas realizan en esos destinos y recuperamos el lugar que siempre tuvimos y que con el Gobierno anterior perdimos. El turismo en España va mejor, y esto es fruto, principalmente, del trabajo de todos y cada uno de los agentes del sector, que han hecho muchísimos esfuerzos por mantener los niveles de calidad y competitividad de la oferta, pero también es debido a la apuesta clara y decidida de un Gobierno, el del Partido Popular, que siempre tuvo al turismo como un sector fundamental para tirar del carro de la economía y el empleo en España, y que le otorga además la importancia que merece y necesita. Pero no nos conformamos, señorías.

Queda mucho todavía por hacer y por ello presentamos esta moción, para contribuir, como he dicho antes, desde el ámbito de la política a la mejora y al incremento de la calidad, de la competitividad y de la rentabilidad turística de nuestro país, España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Tengo que confesarle, senador Almodóbar, que cuando vi la moción no sabía muy bien a qué respondía. Sigo sin saberlo, pero sus últimas palabras me ratifican en que ustedes presentan la moción para terminar diciendo que el Gobierno lo está haciendo todo bien, porque otra cosa no se me ocurre a la vista del contenido.

Ahora estoy en turno para defender mi enmienda, pero me faltan palabras. Permítame que le corrija algunas cifras —incluso la introducción está mal, y no sé si la ha escrito usted o algún asesor del ministro—: la aportación al PIB no es del 15 %, sino del 12 %. Empezamos mal.

A mí me parece que hablar de turismo, señoría, sin atacar los problemas que de verdad tiene el turismo es un brindis al sol; brindis al sol que, por cierto, se ratifica cuando uno ve en toda esta moción que las cosas tan importantes que usted quiere hacer, tantas acciones, etcétera, las acompaña de un informe de impacto económico cero. Es decir, en esta legislatura estamos acostumbrados a multiplicar los panes y los peces, pero lo que no se puede es hacer todas esas cosas que usted ha dicho gastándose cero. Eso no puede ser, y como no puede ser, quiero denunciarlo aquí. Eso confirma que esta es una moción cumbayá o una moción hare krishna, que sirve para vestirnos de rosa o de naranja y pasearnos por aquí lanzando pétalos de flores al aire, y si caen encima del ministro Soria o del presidente Rajoy, mejor. Eso no vale, señor Almódobar. Y no vale que presentemos mociones que hablan de la necesidad de invertir en destinos turísticos maduros y obsolescentes para mejorar la eficiencia energética de los edificios turísticos y para mejorar la huella ecológica que el turismo tiene, y usted lo sabe muy bien porque es de un territorio con un litoral muy castigado por el turismo, al igual que yo que soy de la isla de Mallorca. Pero no podemos hablar de turismo sin hablar de estacionalidad, sin hablar de la necesidad de luchar contra el hecho de que tenemos inactivos durante la mitad del tiempo de cada año todos los activos materiales pero también los recursos humanos. Señoría, el turismo son personas que se mueven, personas que viajan de un sitio a otro y personas que atienden a esas personas que se mueven. Por tanto, si no hablamos de las características especiales que tiene el sector empleo en el turismo no estamos hablando de turismo.

En consecuencia, ese es el sentido de nuestra enmienda, enmienda que entendíamos que mejoraba el texto, en primer lugar porque introducíamos en esos planes de turismo de compras y de turismo saludable algo que hay que tener en cuenta: no se pueden hacer planes de turismo de compras en general porque no es lo mismo desplazarse a Madrid o a Barcelona para comprar que ir a la isla de Menorca o a un rincón de Galicia, y para eso las competencias de turismo están transferidas. Por lo tanto, en nuestra enmienda decíamos que había que hablar de planes autonómicos de turismo, de compras, de deporte saludable, pero autonómicos, porque no es lo mismo practicar deporte en la Comunidad de Madrid que practicar deporte en la región valenciana o en las islas Canarias.

Esa era la primera parte. En la segunda, que creemos que es el nudo gordiano, planteábamos hacer cosas, planteemos cuestiones serias de inversiones en turismo, de inversiones para mejorar los destinos turísticos, de inversiones para mejorar la estacionalidad, de inversiones para luchar contra la precariedad del empleo y enmarquemos todo esto en una herramienta que Europa ha puesto en marcha, el plan Juncker, porque estas acciones caben en él. Digámosle al Gobierno: hagan el favor, piensen ustedes en la posibilidad de pedir inversiones en España del plan Juncker relacionadas con el turismo.

Ese era y es el objetivo de nuestra enmienda, que usted me ha dicho que no van a aceptar —no van a aceptar ninguna—, pero yo sigo esperando que en las intervenciones que habrá a continuación, usted, que va a tener la última palabra al poder intervenir en el último turno, espero que sea capaz de aceptarla porque tanto la que hemos presentado nosotros como la de Entesa, por no decir ambas, me parecen muy razonables.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero sumarme a las condolencias manifestadas en esta Cámara por el trágico accidente de aviación. Me parece que es adecuado, además, al estar tratando una moción en que hablamos precisamente de turismo.

Señor Almodóbar, quiero sumarme también a la intervención del señor Manchado en este sentido ya que es cierto que esta moción vuelve a ser, no sé si una oda o una ola al Gobierno. Ustedes hablan de modernizar el turismo, de acciones contundentes, pero en ningún momento hablan del fondo de la cuestión, de los problemas que tenemos que abordar respecto del turismo para hacerlo más competitivo, para que realmente este sector, que es muy importante, tenga capacidad para seguir generando empleo y para provocar, por tanto, ese crecimiento que todos esperamos en nuestro país.

Los problemas son muchos y diversos. Nosotros hemos planteado en nuestra enmienda algunas cuestiones que salen al paso para abordar esa modernización de la que ustedes hablan en el preámbulo y que luego no vemos por ningún lado en la parte dispositiva, entre otras cosas, porque como ha dicho el senador Manchado, esta moción vuelve a venir sin mochila de recursos económicos, y todos sabemos que si no hay recursos económicos difícilmente podremos lograr todo aquello de lo que estamos hablando aquí. Sabe usted también que el presupuesto de turismo no es especialmente elevado para los retos que tiene este sector en nuestro país. Por tanto, hemos de hablar de la caída, del rendimiento en las inversiones en el ámbito turístico, hemos de hablar de degradación ambiental, pérdida de calidad en servicios y productos, hemos de hablar de estancamiento en la generación del empleo, hemos de hablar de la incapacidad para captar turismo con capacidad de gasto elevado, y hemos de hablar también de cómo incentivamos el turismo nacional que, como usted sabe, ha caído de una forma notable durante estos años.

Por tanto, aquí se trata precisamente de buscar nuevos nichos, nuevas actividades que sean capaces de ayudar a esta desestacionalización, que es realmente uno de los problemas graves de nuestras zonas de turismo, actividades para ayudar al reequilibrio poblacional de nuestro país, que sabe usted está basculado absolutamente hacia las costas. El turismo puede ser una herramienta muy importante para intentar retener a la población de las zonas de interior. Por eso hablábamos de promover un plan de turismo activo en el conjunto del Estado junto con las comunidades autónomas capaz de concretar las condiciones que permitan aprovechar el impulso de nuevas tendencias turísticas que tienen un impacto muy positivo en el mercado. Hablábamos precisamente de potenciar ese turismo en las zonas de montaña y del interior y que tiene que ver con el concepto de turismo activo; hablábamos también del termalismo como elemento que puede dar calidad y desarrollar potencialidades en esas zonas, y hablábamos muy especialmente de un punto muy importante en el que pedimos que seamos capaces de implementar medidas fiscales. Ustedes saben que al sector turístico le prometieron una rebaja del IVA, no lo han hecho y, como explicaré con más detalles en el turno de portavoces, esto le ha generado problemas desde el punto de vista de la competitividad de algunas empresas, problemas en el ámbito fiscal en que se desarrollan, en el ámbito laboral y también por la falta de medidas financieras que le permitirían ganar la competitividad y capacidad necesarias para afrontar un futuro que garantice su evolución.

Pero me temo, señor Almodóbar, que de esto no quieren hablar. Ustedes han venido, como he dicho al comienzo de mi intervención, a hacer la ola al Gobierno y con eso poco vamos a ayudar al sector turístico y poco vamos a solucionar los problemas que tiene —que son muchos— en el conjunto de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Boya.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, agradezco sus aportaciones pero, como ya he dicho, no podemos aceptar ninguna de las enmiendas. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de sustitución, desvirtúa completamente la nuestra, y no la podemos admitir al no compartir las cuestiones que plantea. Y lo mismo sucede con la enmienda de Entesa. Decía el senador Boya que veníamos a alabar lo que había hecho el Gobierno en materia turística, y es que es así, hay que hacerlo, hay que hablar de lo que ha hecho el Gobierno en materia turística porque estamos viendo mes a mes los frutos del trabajo realizado, con la llegada de turistas, con el gasto que realizan, con una mejor promoción, con una mejor eficiencia en el gasto, etcétera. Hacer más con menos, que es lo que hemos dicho desde el primer día; por cierto, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo afirma que el turismo aporta el 15,2 % del PIB.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra. (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Señoría, usted sabe mejor que nadie que los esfuerzos baldíos producen melancolía. Hace dos o tres meses el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción sobre el turismo rural; en aquella oportunidad nosotros insistimos en que el turismo es una competencia de las comunidades autónomas y se desconocía que este es un Estado autonómico. En esta moción se desconoce totalmente el turismo rural, el agroturismo —que era tan importante hace dos o tres meses— y, además, algo que para nosotros es fundamental: que estamos en un Estado autonómico pues en ningún apartado de la moción se habla de este asunto, que es el nervio del funcionamiento de una política turística adecuada. Como se ha dicho aquí insistentemente, no hay un plan económico para abordar todas estas reformas y todas estas iniciativas que pretende la moción del Partido Popular.

Nos ha parecido interesante el apunte del senador Manchado en relación con el plan Juncker, que aunque estamos en Europa tampoco se contempla, y es en ese ámbito en el que tenemos que trabajar.

Por tanto, anuncio que mi grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

En el preámbulo de su moción hablan de perfeccionar la España turística, es una definición más o menos afortunada, pero que podemos utilizar como objetivo final pues España tiene mucho que perfeccionar y no solo el turismo. Hay una cifra interesante: en Francia, el turismo supone el 6 % del PIB; va por delante de nuestro país. Por tanto, debemos perfeccionar todos nuestros sistemas económicos y sobre todo buscar un país equilibrado.

Según dicen algunos estudios, en el año 2030 el número de turistas podría alcanzar los 2000 millones de personas en todo el mundo, una cifra que no podemos obviar porque supone un recurso muy importante para nuestra economía. La cuestión está en saber cómo lo hacemos, cuál es nuestra apuesta definitiva, que en mi opinión es de lo que adolecemos, y qué instrumentos tenemos para alcanzar esos objetivos. Hemos dicho reiteradamente que España debe salir del modelo exclusivo de sol y playa para, como han hecho Francia y algunos otros países, buscar un turismo más equilibrado, que pueda romper la estacionalidad, que sea capaz de repartir su riqueza en el contexto del país. Y eso ciertamente no lo conseguimos, en buena medida porque nos falta decisión, seguramente porque los 323 millones de euros que destinamos a esta materia no son suficientes, quizá lo son para la promoción turística pero no para abordar algunas infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para cambiar las cosas. Por tanto, la primera cuestión sería saber si destinamos suficientes recursos; ahora hablaré de algunos ejemplos que, desde mi modesta opinión, demuestran que no.

La segunda cuestión importante es ver que las dinámicas en las que estamos instalados desde hace décadas han generado en nuestro país algunos desequilibrios, a los que me he referido anteriormente, y que realmente deben ser también objeto de debate en el ámbito del turismo; es decir, tienen mucho que ver con la estacionalidad pero también con los modelos, con los recursos y las apuestas que hacemos en esta materia. Ustedes hablan en esta moción de algunos tipos de turismo: de salud, deportivo, de compras, etcétera. Hay muchas modalidades, pero algunas apuestas deberían ser escogidas, lógicas y con sentido común; por ejemplo, el recurso de los parques naturales no es menor. Fíjense ustedes que, en este momento, a nivel mundial, hay unos 8000 millones de visitas a los parques nacionales y a entornos naturales. Hay una potencialidad enorme; en cambio, algunos de nuestros parques nacionales son un escaso reclamo turístico por sus potencialidades.

En este ámbito, sin duda, hay alguna política, alguna acción que no se está llevando a cabo. Sucede algo parecido en el ámbito de las vías verdes pues el interés turístico por estas vías es enorme. Lo podemos ver cuando nos fijamos en las estadísticas de las visitas a la página de vías verdes, unas 536 000 hasta marzo de 2014; en este momento, como ustedes saben, España tiene unos 2000 kilómetros en estas 102 vías verdes. Pues bien, seguimos sin tener recorridos de una cierta envergadura que puedan competir con lo que sucede en los países de nuestro entorno. He presentado en este sentido algunas mociones en la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta Cámara para hablar de la potencialidad que tienen las vías verdes y, sobre todo, las de largo recorrido, como está sucediendo en Francia. Fíjense que Europa tiene 70 000 kilómetros de vías para bicicleta que están generando una riqueza espectacular: 44 000 millones de euros en el conjunto de Europa; nosotros no tenemos ninguna de larga distancia. Por tanto, son inversiones estratégicas que debemos hacer sin ninguna duda, porque la inversión que se hace en esta materia es absolutamente espectacular, señorías. En este sentido, en Francia algunas cifras lo demuestran porque sus inversiones se han multiplicado por nueve. Por tanto, señorías, esto es lo que pretendemos con nuestra enmienda, pero parece ser que a ustedes no les parece un ámbito interesante, siguen mirando hacia otro lado cuando quizás lo que hay que hacer no sea tan complicado ni tan difícil; en ocasiones, hay que copiar, y copiar bien, lo que sucede en otros entornos.

Algo parecido sucede con el turismo al que se refería el senador Anasagasti, el turismo rural, el turismo de montaña, incluso, el turismo de nieve, y déjenme que les hable de este último, puesto que soy de una zona de montaña, y de esto no va a hablar nadie. En ocasiones, se ha discutido sobre este asunto, pero ha aportado mucho; en este momento hay 6 millones de turistas en nuestras estaciones de invierno, por tanto, necesita un plan estratégico específico, y no se está haciendo. Tenemos una potencialidad enorme, de la cual nos ocupamos muy poco, y no estamos haciendo casi nada para que mejore y pueda afrontar los retos de futuro. Ya mantuvimos un debate en el año 2012 o principios de 2013 sobre esta materia, pero ustedes también votaron en contra. Por lo tanto, hay algunas cuestiones, señorías, sobre las que deben ustedes reflexionar que no son —insisto— difíciles y que no están muy claras. Lo único que necesitamos es un poco de imaginación y un poco de voluntad.

Por otra parte, se ha comentado —estoy absolutamente de acuerdo— que debemos hacer un planteamiento distinto con los destinos maduros. Hay zonas que necesitan reinventarse. Les dedicamos poca atención y esta es una cuestión capital porque —como ustedes saben, especialmente los que son de zonas de costa— aquí hay mucho que hacer. Que los destinos turísticos languidezcan por décadas de uso intensivo de las zonas, que haya también problemas ambientales que tienen su origen en el turismo, son problemas que requieren una reflexión y una acción contundente para salirles al paso. Por tanto, hay que mejorar las infraestructuras, hay que dar competitividad —ustedes deben abordar la promesa que hicieron al sector turístico con el tema del IVA— y, sobre todo, hay que buscar un encaje adecuado para unas empresas que son secundarias en la cadena del turismo, que son débiles desde el punto de vista de su estructura empresarial y que están muy condicionadas por los ámbitos impositivos, por los requisitos de seguridad, etcétera, y que necesitan ayuda porque estas empresas son clave muy especialmente para, entre otros ámbitos, el turismo activo. Estas empresas son las que generan producto, son las que generan interés a los clientes, a los turistas y, por tanto, debemos protegerlas especialmente.

En su moción no hablan de ello. Nosotros sí hablamos de esta cuestión en uno de los puntos de una enmienda y nos parece sumamente importante que lo tengan en cuenta porque estas empresas son clave, precisamente, para esa desestacionalización, para dar valor añadido a muchos destinos de sol y playa y muy especialmente al mundo rural y a las zonas de montaña. Creemos, por tanto, que es una de las claves del futuro turístico de este país, junto con las —insisto— inversiones, algunas de ellas en infraestructuras, que deben ayudarnos a buscar nuevos nichos de mercado que están funcionando muy bien en países cercanos y que en España pueden tener un impacto muy positivo.

Por esta razón, les pediría hoy que reflexionasen. Yo venía con un cierto entusiasmo a debatir esta moción porque ha habido acuerdo en otras dos mociones. Pensé que quizás, no sé si atreverme a decirlo, por el mensaje que ha mandado Andalucía, el rodillo al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular no iba a rodar. Pensé que quizás el Partido Popular estaba reflexionando y que entendía que ahora sí, que esto es una cosa de todos y que en política podemos y debemos pactar algunas cosas porque para eso está la política, para avanzar en las posiciones de discrepancia. Pero veo que no, señor Almodóbar, veo que en el tema del turismo ustedes siguen en sus trece, que no podemos pactar y, por tanto, nuestro voto va a ser que no, va a ser en el mismo sentido de lo que les dijeron muchos electores andaluces: así no.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo de CiU, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Molt bon dia a tothom.

Voldria començar la meva intervenció també expressant el meu condol per les víctimes i familiars de la tragèdia d’ahir. En tot cas, em permetran que tingui un especial record pels nou gironins que volaven en aquell avió, alguns dels quals són coneguts per part d’alguns membres d’aquest grup i, per tant, volia començar la meva intervenció amb aquest record.

Òbviament, en el cas de Catalunya, el turisme també és un sector estratègic en la seva economia, tant en termes de creació de llocs de treball com de generació de riquesa. Al mateix temps, el turisme ha estat una activitat clau per dinamitzar zones del territori que al llarg d’aquests anys, amb el pas dels anys, han perdut activitats econòmiques tradicionals. Des de fa anys, Catalunya és líder en la recepció de turisme internacional dins l’Estat espanyol, una posició que és especialment significativa si tenim en compte que Espanya és un dels països que reben més turistes del món. Assolir aquest lideratge ha estat possible gràcies a la posada en valor dels principals atractius i recursos turístics que tenim al territori, a la col·laboració —importantíssima— entre les diferents administracions i entre el sector públic i privat, i òbviament a la implantació de diferents plans i polítiques turístiques que han configurat una destinació turística de primer ordre internacional.

Voldria destacar també el treball de desenvolupament de diferents segments de l’oferta, treballant la segmentació correcta dels mercats, i especialment la política d’implantació —que vostès en moltes ocasions critiquen— dels centres de promoció turística propis en els principals mercats emissors.

Dit això, i malgrat que a priori podríem compartir, vistes aquestes diferents reflexions, l’exposició de motius que avui ens presenten en aquesta moció, nosaltres també anunciem el vot en contra respecte a la moció que presenta avui el Grup Parlamentari Popular, perquè no compartim en cap cas els punts que especifiquen en la part dispositiva de la mateixa moció i tampoc no comparteixo, de cap de les maneres, alguna de les reflexions que ha fet el senador Almodóbar.

Entrant concretament a la moció, òbviament no podem votar el text, la moció que avui proposen, per diferents aspectes. En primer lloc i ho han dit els companys, no es respecten —o almenys en el redactat que han presentat, malgrat que vostè ho ha lligat tot amb promoció, no quedava així explicitat en la moció concreta— les competències de les diferents comunitats autònomes; plantegen mesures que des del nostre punt de vista suposen una clara recentralització, i —també ho han dit els companys—, no preveuen dotar les comunitats autònomes de pressupost perquè puguin desplegar els seus propis plans o estratègies, que tan bé funcionen i tan bé s’adeqüen a les especificitats de cada territori; tampoc no plantegen pressupost per dur a terme les iniciatives que sí podria desplegar el Govern i que dependrien de les seves pròpies competències, així com tampoc no plantegen mesures que, sí depenent del Govern, podrien ajudar en el sector del turisme que, com bé he dit, és un dels sectors més importants que tenim a tot l’Estat.

Des de Convergència i Unió creiem que vostès no poden fer veure que tant els preocupa i els importa el turisme, si després les polítiques dels diferents ministeris, pel que fa a les seves pròpies competències, van clarament en contra del que és, com vostè bé ha dit, un dels sectors econòmics més importants de l’Estat. Per a vostès el turisme no és ni ha estat un dels sectors estratègics per a la recuperació econòmica d’Espanya i així ho demostra, com hem dit tots els portaveus fins ara, la falta d’inversió i pressupost. Però encara més, em sembla a mi, el fet que les diferents polítiques del Govern del Partit Popular i les diferents polítiques que s’estan duent a terme des dels diferents ministeris suposen autèntiques barreres i dificultats per al sector del turisme, i que sobretot afecten al treball i la feina que estan fent dia a dia no només els empresaris, sinó també les institucions i administracions en l’àmbit territorial. De fet, jo em centraré precisament en explicar algunes mesures que des d’alguns ministeris, o pràcticament tots els ministeris, han anat en contra de les polítiques turístiques que s’estan duent a terme en els territoris i d’un sector que és importantíssim per a tothom.

Pel que fa als ministeris de Cultura i d’Hisenda —n’hem parlat en diverses ocasions i la moció anterior feia referència en molts casos a aquest tema— vostès un dels punts que presenten a la moció fa referència al turisme cultural, però en canvi en cap moment no fan referència, perquè evidentment no els interessa, a la repercussió que ha suposat l’aplicació del 21 % de l’IVA cultural; un IVA que afecta a l’enorme oferta cultural que tenim en el nostre país —abans hi feien referència—: festivals musicals, festivals teatrals, dansa, oferta museística, també el patrimoni. Vostès han creat autèntiques barreres d’accés a la cultura, no només per part dels ciutadans sinó també, òbviament, per part dels visitants i els turistes. Davant d’aquest fet molts municipis i moltes comunitats autònomes van decidir assumir i menjar-se aquest increment de cost, amb el que això suposa en detriment de la promoció turística en aquest àmbit, per exemple.

Pel que fa concretament al ministeri responsable de turisme, jo voldria fer una referència, precisament, al turisme gastronòmic. En un dels punts de la moció fan referència que tres dels deu millors restaurants del món són espanyols. Deixi’m que li digui que em sento poder, fins i tot, una mica ofesa, perquè avui no només intervinc com a senadora sinó que puc dir-li que intervinc també com a regidora de turisme de la ciutat de Girona. L’any passat, el millor restaurant del món va ser el Celler de Can Roca, ubicat a la ciutat de Girona. Enguany, aquest any 2015, aquest restaurant és el segon millor del món però amb el pastisser millor del món que és un dels germans Roca, que ens ajuden tant a fer promoció del nostre territori. Jo li asseguro que ni nosaltres des de l’Ajuntament ni el restaurant ha rebut cap tipus de petició per part del Ministeri per utilitzar aquesta magnífica promoció, per promocionar la resta del territori. Per tant, han obviat que això ha sigut una realitat i una sort que hem tingut durant un any. Fins i tot vam anar a veure el Ministeri per demanar pressupost per utilitzar aquesta magnífica notícia i promoure’ns a fora del territori, i en cap cas van voler assumir aquesta proposta, com tampoc no ho han volgut fer a través dels Pressupostos Generals de l’Estat i, per tant, és un punt que nosaltres hem intentat treballar directament amb el ministeri i que va quedar aparcat.

Altres accions de diferents ministeris. Miri, jo també i com a regidora de turisme he patit les dues inundacions que hi ha hagut a l’estació de l’AVE a la ciutat de Girona. La primera, la senyora ministra va voler fer veure que no existia. En la segona, ja va haver de reconèixer que, òbviament, aquí hi teníem un problema. Vostès fan referència a la magnífica marca Espanya, però jo li pregunto, quin és l’impacte negatiu que té el fet que una estació de l’AVE per on passen trens d’alta velocitat que arriben fins a França i, per tant, deixant milers de passatgers francesos a terra, quin és l’impacte negatiu respecte a la marca Espanya que té aquest fet? Això vostès no ho contemplen en la moció, i en canvi és imprescindible, bé ho deien ara, que destinin pressupostos d’



inversió perquè les infraestructures ens permetin accedir als diferents mercats. Més exemples. Tenim autèntics problemes per poder posar una oficina de turisme a l’estació de l’AVE a la ciutat de Girona.

A nivell del Ministeri de Medi Ambient, nefasta inversió en els camins de Ronda, per exemple, i també feien referència aquí ara fa un moment al Parc Nacional d’Aigüestortes. Tot això depèn de vostès.

El Ministeri d’Interior ha tardat no sé quants anys, però al final ha acceptat la proposta que es feia des del territori perquè el port de Palamós, on arriben moltíssims creuers, definitivament fos espai Schengen, compte! a més a més assumint els costos per part del territori des de la Generalitat, i tot i així des del Ministeri d’Interior no posaven cap tipus de facilitats.

El Ministeri de Sanitat: tenim ara conflictes amb els balnearis, amb tot el programa de la Imserso i, per tant, l’afectació que tindrà en l’àmbit del turisme.

Per tant, és una moció a la qual nosaltres no hi podem donar suport. Ens agradaria que presentessin mocions on realment s’hi incloguessin propostes dels diferents ministeris que veritablement poguessin afavorir un sector que és importantíssim. Que presentin mocions sense concretar, sense pressupost i només per alabar la feina del senyor Rajoy i els ministeris quan en realitat el dia a dia demostra que potser la feina ha anat en contra d’aquest sector, bé ho demostren els resultats, crec que és una falta de respecte i, per tant, no podem donar suport a la moció. Em sap molt greu.

Gracias, presidente. Buenos días a todos.

Obviamente, quisiera empezar mi intervención expresando mi duelo por las víctimas y familiares de la tragedia de ayer. Me permitirán que tenga un especial recuerdo para las nueve personas de Gerona que volaban en ese avión, algunos de los cuales son conocidos por miembros de este grupo, razón por la que quería empezar mi intervención con este recuerdo.

Ciertamente, en el caso de Cataluña, para su economía, el turismo es un sector estratégico tanto en términos de creación de puestos de trabajo como en generación de riqueza. Al mismo tiempo, el turismo ha sido una actividad clave para dinamizar zonas del territorio que, con el paso de los años, han perdido sus actividades económicas tradicionales. Cataluña hace años que es líder en la recepción de turismo internacional dentro del Estado español, una posición especialmente significativa si tenemos en cuenta que es uno de los países que recibe más turistas del mundo. Alcanzar este liderazgo ha sido posible gracias a la puesta en valor de los principales atractivos y recursos turísticos que tenemos en el territorio, a la colaboración importantísima entre las distintas administraciones y a los sectores públicos y privado y, obviamente, a la implantación de distintos planes y políticas que han configurado un destino turístico de primer orden internacional.

Quisiera destacar también el trabajo de desarrollo de distintos segmentos de la oferta, la segmentación correcta de los mercados y especialmente la política de implantación —que ustedes en muchas ocasiones critican— de los centros de promoción turística propios de los principales mercados emisores.

Dicho esto, y a pesar de que a priori podríamos compartir, vistas las distintas reflexiones, la exposición de motivos, nosotros también anunciamos el voto en contra de la moción que presenta hoy el Grupo Popular, porque no compartimos en ningún caso los puntos que especifican en la parte dispositiva, ni tampoco compartimos algunas reflexiones del senador Almodóbar.

Entrando concretamente en la moción, obviamente no podemos apoyar el texto que hoy proponen, por distintos aspectos. En primer lugar, y lo han dicho los compañeros, no se respetan, al menos en el redactado —a pesar de que usted lo ha ligado todo a la promoción, y no quedaba así explicitado en la moción—, no se respetan las competencias de las distintas comunidades autónomas; plantean medidas que, desde nuestro punto de vista, suponen una clara recentralización, y —también lo han mencionado otros compañeros— no prevén dotar a las comunidades autónomas de presupuesto para que puedan desplegar sus propios planes o estrategias, que también funcionan y se adecúan a las especificidades de cada territorio; tampoco se plantea presupuesto para llevar a cabo las iniciativas que sí podría desplegar el Gobierno y que dependerían de sus propias competencias; y tampoco plantean medidas que sí dependen del Gobierno y que podrían ayudar al sector del turismo, que, como bien he dicho, es uno de los más importantes del Estado.

Convergència i Unió considera que ustedes no pueden hacer ver que les preocupa y les importa tanto el turismo si después las políticas de los distintos ministerios, en cuanto a sus propias competencias, van claramente en contra de lo que es, como usted ha dicho, uno de los sectores más importantes del Estado. Para ustedes el turismo no es, ni ha sido, uno de los sectores estratégicos para la recuperación económica de España, y así lo demuestra, como hemos dicho todos los portavoces hasta el momento, la falta de inversión y presupuesto. Pero todavía me parece más evidente el hecho de que las políticas del Gobierno del Partido Popular y las políticas que están llevando a cabo los distintos ministerios suponen auténticas barreras y dificultades para el sector del turismo, políticas que, sobre todo, afectan al trabajo que están realizando día a día no solo los empresarios, sino también las instituciones y administraciones en el ámbito territorial. De hecho, me voy a centrar precisamente en algunas medidas de algunos ministerios, prácticamente de todos, que han ido en contra, justamente, de las políticas turísticas que se están llevando a cabo en los territorios, en un sector importantísimo para todos.

En lo que respecta a los ministerios de Cultura y de Hacienda —ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, e incluso la moción anterior se ha referido a ello—, uno de los puntos que presentan en la moción hace referencia al turismo cultural, pero, en cambio, en ningún momento se refieren, porque evidentemente no les interesa, a la repercusión que ha supuesto la aplicación del 21 % del IVA cultural, un IVA que afecta a la enorme oferta cultural que tenemos en nuestro país, y a la que antes nos referíamos: festivales musicales y teatrales, danza, oferta museística y también del patrimonio. Ustedes han creado auténticas barreras de acceso a la cultura no solo a los ciudadanos, sino también, obviamente, a los visitantes y turistas. Ante este hecho, muchos municipios y comunidades autónomas decidieron asumir y comerse este incremento de coste, con lo que esto supone en detrimento de la promoción turística en este ámbito.

En lo que respecta al ministerio responsable del turismo, quisiera hacer referencia al turismo gastronómico. En uno de los puntos de la moción hacen referencia a que tres de los diez mejores restaurantes del mundo son españoles. Déjeme decirle que me siento incluso un poco ofendida, porque hoy no solo intervengo como senadora, sino también como regidora de turismo de la ciudad de Girona. El año pasado el mejor restaurante del mundo fue El Celler de Can Roca, ubicado en la ciudad de Girona. Este año 2015 este restaurante es el segundo mejor del mundo, con el mejor pastelero del mundo, que es uno de los hermanos Roca, que tanto nos ayudan a promocionar nuestro territorio, y yo le aseguro que ni nosotros en el ayuntamiento ni en el restaurante hemos recibido ninguna petición del ministerio para utilizar esta magnífica noticia para promocionar el resto del territorio. Se ha obviado que esto ha sido una realidad y una suerte que hemos tenido durante un año, incluso fuimos al ministerio a solicitar presupuesto para utilizar esta magnífica noticia y promovernos fuera del territorio, pero en ningún caso quisieron asumir esta propuesta, como tampoco lo han querido hacer a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, en este punto nosotros intentamos trabajar directamente con el ministerio, pero quedó aparcado.

Otras acciones de distintos ministerios. También como regidora de turismo he sufrido las dos inundaciones que se han sucedido en la estación del AVE en Girona. La ministra, en la primera ocasión quiso hacer ver que no existía y en la segunda tuvo que reconocer que tenían un problema. Ustedes hacen referencia a la magnífica marca España, pero yo le pregunto: ¿cuál es el impacto negativo que tiene en la marca España el hecho de que una estación del AVE por la que pasan trenes de alta velocidad que llegan hasta Francia deje a miles de pasajeros franceses en tierra? Ustedes no contemplan esto en la moción. En cambio, es imprescindible, y lo hemos dicho, que se destinen presupuestos de inversión para que las infraestructuras nos permitan acceder a los distintos mercados. Más ejemplos. Tenemos auténticos problemas para poner una oficina de turismo en la estación del AVE en la ciudad de Girona.

En lo que respecta al Ministerio de Medio Ambiente, nefasta inversión en los caminos de Ronda, por ejemplo, y se ha hecho referencia también al Parque Nacional d’Aigües Tortes. Todo esto depende de ustedes.

El Ministerio del Interior ha tardado muchos años, pero al final ha aceptado la propuesta que se le hacía desde el territorio para que el puerto de Palamós, al que llegan muchísimos cruceros, definitivamente fuera espacio Schengen, ¡cuidado! asumiendo los costes el territorio de la Generalitat, y aun así el Ministerio del Interior no ponía ninguna facilidad para que esto sucediera.

En el Ministerio de Sanidad tenemos ahora conflictos con los balnearios, con todo el programa del Imserso, y, por tanto, este hecho afectará en el ámbito del turismo.

Por todo ello no podemos apoyar la moción. Nos gustaría que presentaran mociones que realmente incluyeran propuestas de los distintos ministerios que favorecieran este importantísimo sector, pero presentan mociones sin concretar, sin presupuesto y solo para alabar el trabajo del señor Rajoy y de los ministerios. Cuando en el día a día se demuestra que el trabajo ha ido en contra de este sector, así lo demuestran los resultados, creo que es una falta de respeto, y, por consiguiente, no podemos apoyar esta moción. Lo siento mucho.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

La señora CUNYAT BADOSA: És la primera vegada que intervinc en una moció de turisme. M’agradaria afegir-me a una moció que pretengués, precisament, promocionar tot el territori, però és inacceptable i impossible sumar-s’hi.

Moltes gràcies, president.

Es la primera vez que intervengo en una moción de turismo. Me gustaría añadirme a una moción que pretendiera promocionar todo el territorio, pero en este caso es imposible sumarse a ella.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidente.

También quiero sumarme a las condolencias a las familias de las víctimas y recordar a las propias víctimas en una moción que, como decía el senador Boya, tiene mucho que ver con la aviación.

Señor Almódobar, de verdad, nos ponen las cosas muy difíciles. Votar en contra de una moción que dice lo que dice la suya es muy complicado; de verdad, es muy complicado, porque no se puede estar en contra de muchas de las cosas que ustedes dicen en ella. El único problema es que uno está en contra de cuestiones que ustedes no se creen; no podemos votar a favor de una cuestión que ustedes no se creen.

Yo también voy a hablar del Gobierno, porque si no hablamos del Gobierno la cosa está desequilibrada. Usted habla de la importancia que ha dado este Gobierno al turismo, y yo le digo que este Gobierno en una legislatura, en cuatro años, le ha quitado al presupuesto turístico 765 millones de euros; han invertido ustedes en turismo 765 millones de euros menos que en la legislatura anterior. Ustedes hablan de nuevas tecnologías, y han cedido el liderazgo en proyectos como Iberoeka o Eureka Turismo. Ustedes hablan de nuevas tecnologías, y han quitado de en medio un proyecto como Intelitur. Hablan de turismo cultural, y hay un proyecto que se puso en marcha en la anterior legislatura y que se llama España es cultura, del que ustedes han dejado los restos, que es una página web que no se actualiza desde febrero del año 2012, señor Almodóbar. Acaban de descubrir el turismo gastronómico. Quiero recordarle que en la anterior legislatura, el anterior secretario de Estado, Joan Mesquida, ya se hacía fotos y planteaba esta cuestión, por ejemplo, con Ferran Adrià, y está en las hemerotecas. Hablan ustedes de turismo deportivo, pero la inclusión del motociclismo y de los deportes como una actividad susceptible de generar turismo está en el plan de marketing de Turespaña de la anterior legislatura, y ahora descubrimos que la Volvo puede traer turistas. Ustedes nos hablan de promoción ahora, en el año 2015; cuando falta medio año para terminar la legislatura descubren la promoción segmentada. Fantástico.

Señor Almodóbar, el turismo es una actividad muy importante en la economía española, y a pesar de todo, llevamos seis PIVE para el sector del automóvil y ni una cosa parecida para el sector turístico. Esa es la importancia que su Gobierno da al turismo. Y la importancia que da al turismo su Gobierno tiene que ver con olvidar los dos problemas fundamentales y colaterales que genera el turismo. En primer lugar —y se lo he dicho antes—, la obsolescencia de los destinos maduros. Hablemos de PIB. Voy a darle unas cifras, unos datos que creo que justifican esto. La diferencia entre los años 2000 y 2013 es que mientras que el PIB turístico ha crecido 2,9 puntos, el PIB español ha crecido 19 puntos. En los últimos años, esos en que usted dice que el Gobierno lo ha hecho tan bien y que, por lo tanto, han aumentado los turistas, todos los expertos, todos, coinciden en que el motivo por el que España ha aumentado el PIB turístico es la inestabilidad en el meridiano oriental. Sucesos desgraciados en Egipto, Libia y Túnez provocan que vengan más turistas a España. Vender que eso es un éxito del Gobierno me parece dudoso.

Señorías, la estacionalidad tiene efectos graves. El primer efecto es la rentabilidad de las empresas; el segundo efecto es la calidad de vida de los recursos humanos, esas personas que yo le decía que son el turismo; el tercero, y se lo digo desde una comunidad muy afectada por la estacionalidad, es que las pensiones de los trabajadores de hostelería, que son el 35 % del empleo en las Islas Baleares o en las islas Canarias, son notablemente más bajas que en el resto del territorio español, porque la mitad del año están inactivos los dos principales activos que tiene la industria, que son los materiales y los recursos humanos. Decir que no podemos luchar contra esto y no hablar de ello en una moción de turismo, me parece un error. Asimismo, me parece un error —como le decía antes— no hablar de la necesidad de invertir en las instalaciones turísticas, tanto públicas como privadas, con colaboración público-privada, para mejorar su calidad, factor determinante para incrementar el valor del turismo o para mejorar su eficiencia energética o la lucha contra el cambio climático.

Dicho todo esto, yo me atrevo a recomendarle, aunque ya sé que es tarde, que se lea todas las enmiendas que se han presentado. No puede ser. No quiero ser melancólico —como decía el senador Anasagasti—. Creo que hasta el rabo todo es toro, y me gustaría que fuera usted capaz de asumir que su moción es incompleta. No es mala; yo no he dicho que su moción sea mala; es una moción buenista, cargada de buenas palabras; pero cuando uno suma eso a un impacto cero y a una intolerancia a todo lo que se propone, la cosa cambia. Le han hablado, porque afortunadamente el Senado es diverso, de turismo de nieve, de turismo rural, yo le hablo de turismo de sol y playa. Y nada cabe en su moción, y eso me parece un error.

Nosotros vamos a votar en contra de esta moción, y lo hacemos lamentando tener que votar en contra de una moción que habla de turismo. Pero en realidad votamos en contra de ustedes, votamos en contra de su Gobierno, votamos en contra de un Gobierno que les hace ser intolerantes. Ustedes son sordos ante cualquier sugerencia que se les hace. Ustedes traen aquí una moción cargada de palabras y sin mochila económica, como decía el senador Boya.

La propuesta que les hacemos de incluir —lo digo por si no lo sabían, y esto le gustará al senador Anasagasti— en el plan Juncker inversiones públicas y privadas que tengan que ver con el turismo y acciones contra la estacionalidad, la hizo un colaborador nuestro, donostiarra, para más señas, al vicepresidente Katainen hace un mes y medio en Bilbao. A él le pareció bien y, sin embargo, a su Gobierno le parece mal y eso que tiene coste cero. Pedirle al plan Juncker que invierta en España en turismo tiene coste cero. Si puede hacerse sin gastar nada, Montoro no se va a enfadar por eso. ¿Por qué no dicen que sí a eso? ¿Por qué no dicen que sí a algo que le suena bien a la Comisión Europea, ni más ni menos que al vicepresidente de la Comisión Europea, señor Katainen? Pero ustedes votan que no. ¿Cómo puede ser eso?

Son ustedes los que nos hacen votar que no a los demás, porque todos estamos aquí para llegar a acuerdos. Como ha dicho el senador Boya, esta es una Cámara para llegar a acuerdos, pero ustedes no quieren alcanzarlos. Ustedes son sordos ante cualquier sugerencia que les hacemos. Ustedes creen que aceptar una sugerencia de Entesa, del Partido Socialista o de cualquier grupo de la Cámara es una derrota. Ustedes creen que se derrota su posición si asumen alguna de nuestras propuestas, y justo es lo contrario: a ustedes les van a derrotar por no escuchar; a ustedes les va a derrotar el pueblo español, como les han derrotado en Andalucía, por no escuchar, por no ser sensatos, por tener un Gobierno autista (Aplausos); un Gobierno que a ustedes, y lo siento por ustedes, les convierte en autistas, y sé que ustedes no lo son. Que no puedan aceptar nada porque el Gobierno les dice que no, es una falta de respeto absoluta a esta institución y una falta de respeto a los ciudadanos, a los que representamos el resto de grupos. Es más, en muchas cosas tenemos razón. No son ustedes los únicos que piensan; el pensamiento no es único; los demás también tenemos opinión. El problema es que ustedes no lo aceptan, y, por eso vamos a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Manchado, intolerancia en todo caso será la suya por votar en contra del Partido Popular, como usted bien ha dicho, aunque la moción sea buena, como usted también ha dicho. (Aplausos).

Señorías, después de sus intervenciones, tengo que reconocer que es tan grande la diversidad turística de España que harían falta muchísimas mociones para atender a todos los segmentos turísticos, pero poco a poco. Aquí también se ha dicho que a lo largo de la legislatura se han traído diferentes iniciativas para mejorar este sector tan importante.

España recibió en los dos primeros meses del año 2,5 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 4,5 %; cifra que marca un nuevo récord en los registros. Señorías, este titular que les leo es del lunes, pero podría leerles titulares similares que se vienen repitiendo desde hace muchísimos meses. Esta es la realidad, la realidad de un país que avanza, que progresa y que sale de la crisis gracias al esfuerzo de todos los españoles y a las acertadas políticas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular. Esto es España. Ahí están los datos, señorías, porque a veces no se sabe muy bien de qué país hablan ustedes. Reconozcan de una vez que las cosas van mejor. Por supuesto que queda mucho por hacer, y el Gobierno del Partido Popular lo va a hacer, pero es que arreglar el desastre que otros generaron y que nos hicieron perder competitividad turística ha sido complicado.

Déjenme que les enseñe algunos titulares interesantes de esta misma mañana: «Las ventas del turismo nacional para Semana Santa crecen un 20 %», «Se recupera el turismo nacional», «Los turistas chinos —y hablamos de turismo de compra— elevan un 51 % su gasto en compras en España», «España, cuarto país con mayor competitividad turística según el foro económico mundial», «España en el top 10 de los países del mundo con mejores infraestructuras», «Los turistas chinos que visitaron España en 2014 crecieron un 14 %», «El empleo turístico mejora también en los destinos urbanos», «Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, valora la nueva dirección del turismo en España», «Las pernoctaciones hoteleras crecen un 4,3 %», «El sector hotelero se muestra optimista de cara al segundo trimestre del año» o «La cumbre del Consejo Mundial de Viajes de Turismo se celebrará en Madrid el próximo mes», por algo será. Señorías, con todo esto que les he mostrado, no estaremos haciendo las cosas tan mal como ustedes lo pintan.

El efecto multiplicador del turismo en la economía es uno de los argumentos justificativos para que diversos países hayan decidido tomar como punto de partida de su desarrollo la actividad turística. Somos líderes en el mundo, somos el tercer receptor del mundo de turistas internacionales, como les he dicho, el año pasado con 65 millones de turistas, récord histórico. Pero, además, el lunes supimos que en febrero llegaron a España 3,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 5,3 % otra vez. El gasto turístico de 2014 cerró en 63 000 millones de euros, récord histórico otra vez. El incremento de los gastos medios, tanto por día como por persona también se incrementa. Este viernes conoceremos el dato respecto a febrero y volverá a ser bueno. La rentabilidad de nuestro sector mejora y el mes de enero de este año ha sido el mejor mes de enero de la historia del turismo de España en cuanto a rentabilidad, y ahí están los datos.

Pero, además, señorías, hay algo muy importante y que ha venido siendo nuestra prioridad durante toda la legislatura: los datos de empleo que ha generado el sector turístico, que es lo que más nos preocupa. El turismo ha generado en 2014 el 25 % de los nuevos puestos de trabajo creados en España. El empleo en actividades turísticas aumentó un 3,4 %, superando la cifra de 2 millones de trabajadores en el sector turístico, siendo el máximo de toda una serie histórica.

Debido a la importancia que tiene este sector, señorías, y a que el Gobierno actual lo tuvo clarísimo desde el primer momento, en 2012 se decidió posicionar al turismo donde le correspondía, y se le otorgó, como decía en la anterior intervención, rango de política de Estado. Gracias a ello se han ido abordando medidas que han resultado fundamentales para la positiva evolución del sector: la modificación de la Ley de costas, fundamental para nuestro litoral y para los negocios conocidos como chiringuitos, que habían visto cómo se esfumaba su seguridad jurídica con sus políticas; la modificación de la Ley de propiedad intelectual, históricamente reclamada por el sector hotelero; la agilización en la expedición de visados, que nos está permitiendo captar nuevos turistas procedentes de mercados lejanos; la modulación de las tasas aeroportuarias y portuarias; la reforma laboral, que introdujo la figura del fijo discontinuo para luchar contra la temporalidad en el sector, o la Ley de unidad de mercado, que está creando un marco idóneo para aproximar la normativa de las diecisiete comunidades autónomas y ganar en competitividad. También está la liberalización de horarios en zonas de gran afluencia turística, que favorece el comercio y el mayor gasto de los turistas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Hemos obtenido muy buenos resultados a lo largo de estos años. Son muchas las acciones que ha venido realizando el Gobierno, como les vengo diciendo. Todos los ministerios se han implicado porque consideramos que es un sector transversal importantísimo, y por eso hace falta la implicación de todos los ministerios. Decía algún portavoz antes, hablando de gastronomía, que el señor Mesquida, anterior secretario de Estado —por cierto, una secretaría de Estado que se cargó de un plumazo el Gobierno anterior—, ya se hacía fotos con los grandes cocineros españoles. Es que nosotros no nos hacemos fotos, trabajamos por este sector; esa es la diferencia. (Aplausos).

Como decía, hemos obtenido muy buenos resultados a lo largo de estos años, pero no nos conformamos, señorías, sabemos que queda muchísimo por hacer, y precisamente para incrementar la rentabilidad del sector se diseñan nuevas medidas, se ponen en marcha nuevos planes, de presentan iniciativas como la que hoy debatimos o como otras que hemos debatido a lo largo de la legislatura, como el año pasado la de seguridad ciudadana o el Plan de turismo rural, aprobado también por este Pleno.

Vamos paso a paso, escuchando las necesidades del sector. Esta iniciativa que presentamos no es fruto de una ocurrencia, es fruto de muchas reuniones que se han venido manteniendo con el sector, y lo que buscamos es potenciar esos productos, como el turismo de compras o el turismo de salud, porque son segmentos de alta rentabilidad que atraen a un turista con mayor capacidad de gasto y nos hace ser más competitivos en un mercado donde todos los países, donde todo el mundo quiere llevarse una porción importante del pastel turístico. La tendencia de estos segmentos es creciente y desde fuera ya nos empiezan a ver con otros ojos, como verdaderos competidores y no únicamente como clientes.

Señorías, en alguna ocasión lo he dicho y lo repito hoy: las administraciones no construyen hoteles, no ponen restaurantes, no abren agencias de viajes; eso lo hace la sociedad. Las administraciones crean las condiciones para que la sociedad pueda actuar, y de eso se trata, de confiar en la gente. En el Partido Popular siempre hemos confiado en la gente, siempre hemos confiado en los españoles; los españoles siempre han estado a la altura de las circunstancias; los españoles cuando tienen gobiernos buenos actúan, crean riqueza y crean puestos de trabajo, como ya está sucediendo, porque quien los crea es la sociedad española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.

Llamen a votación. (Pausa). Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 149; en contra, 91; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA PALIAR LA POBREZA ENERGÉTICA Y GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN EFECTIVA A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES, ACORDE A LOS DICTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 662/000183 GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden silencio.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó, que dará comienzo cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores). Señorías, silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, president.

Evidentment, com ja s’ha fet en aquesta cambra, voldria començar la meva intervenció mostrant el meu condol a les famílies de l’accident aeri que es va produir ahir, en especial la d’un conciutadà meu, l’empresari Enric Guiot,de la ciutat de Reus. Els que ahir volàvem i veníem des de París, la veritat és que no era fàcil agafar un vol i veure els ànims de tota la gent a l’aeropor d’Orly veient com havia quedat l’avió.

Avui el meu grup parlamentari ha presentat aquesta moció com a conseqüència d’una pregunta que vam realitzar a la sessió plenària del mes d’octubre al ministre Soria sobre la pobresa energètica i sobre el recurs que havia instat el Govern espanyol al Tribunal Constitucional respecte a les mesures per pal·liar la pobresa energètica que havia pres el Govern de la Generalitat de Catalunya. Però aquest no és un tema de competències, és un tema polític, és un tema que hem d’analitzar des de tot l’àmbit espanyol, i el primer que hauríem de fer és definir el terme pobresa energètica.

Hi ha força definicions, però essencialment el concepte es defineix com la incapacitat de poder pagar una quantitat mínima de serveis energètics per mantenir la llar en una temperatura entre 21 i 18 graus. Aquesta seria la línia que marca l’Organització Mundial de la Salut. Per tant, la pobresa energètica és la incapacitat de mantenir una temperatura de confort a la llar, i a més fent-ho pagant un preu just. Per exemple, al Regne Unit, que ha estat un país més avançat que altres països europeus, es defineix la pobresa energètica d’una llar quan les necessitats energètiques teòriques són superiors a la mitjana estadística del parc d’habitatges i quan la família té uns ingressos econòmics inferiors al 60 % de la mitjana estadística ajustada a la mida i composició del nucli de la llar, i un cop descomptats els costos derivats de l’habitatge, lloguer i costos energètics.

Per tant, nosaltres considerem que cal fer front a aquest problema perquè ens sembla urgent; és urgent que intentem eradicar-lo.

Quina és la situació en què ens trobem ara mateix a Europa i a Espanya? Doncs bé, d’acord amb l’oficina europea de l’Organització Mundial de la Salut, anualment es produeixen 38.200 morts prematures a 11 països europeus originades per la pobresa energètica. El 30 % de morts addicionals en l’hivern es deu a habitatges que es troben a temperatures inadequades. I a Espanya, l’Associació de Ciències Ambientals calcula que la pobresa energètica és responsable d’entre 2300 i 9300 morts anuals, una xifra superior a la dels accidents de trànsit, que va ser de 1480 l’any 2011. Per tant, estem davant un problema important que entre tots hauríem de procurar resoldre. Parlem del 9 % de la població espanyola, 4 milions de persones que no van poder mantenir una temperatura de confort a les seves llars. Per tant, és urgent prendre mesures. I què hem d’intentar resoldre? Quines mesures podem prendre? La primera i més important és definir el concepte de consumidor vulnerable. La Directiva 2009/72 del consell del Parlament Europeu, del mercat interior de l’electricitat, i la Directiva 2009/73, del mercat interior del gas, plantegen les exigències que obliguen els Estats membres a definir el concepte de consumidor vulnerable. La directiva obliga els estats, primer, a definir el concepte de consumidor vulnerable; segon, a protegir-lo, garantint l’aplicació de drets i deures i assegurant que poden beneficiar-se de la competència i de preus justos; tercer, a adoptar mesures, desenvolupant plans d’acció nacionals, com ara plans energètics, prestacions a la Seguretat Social per garantir el subministrament, plans d’eradicació de la pobresa; i, el quart punt seria que el subministrament elèctric es pugui garantir als consumidors vulnerables, e insta a la prohibició de tallar el subministrament en períodes crítics a aquests consumidors vulnerables.

Què fa Europa? Els diferents Estats adopten una sèrie de mesures que nosaltres també hauríem d’adoptar. A França es va crear un fons solidari que identifica i ajuda a les persones que tenen deutes amb el seu proveïdor d’energia. A Itàlia, l’autoritat d’electricitat, energia i gas decideix directament sobre la factura i les polítiques energètiques, amb el consens dels sectors implicats. A Anglaterra, l’ajuda financera està limitada per a les llars amb deute energètic en moments de crisi, i les empreses tenen l’obligació de tractar el client amb sensibilitat, tenint en compte la seva capacitat de pagament respecte al retorn del deute, cosa que nosaltres vam demanar al ministre que apliqués en aquella pregunta. A Bèlgica, per exemple, hi ha un fons d’energia a la regió valona. S’identifica i s’ajuda les persones amb dificultats per pagar la factura energètica i es va crear el fons Mebar per aportar comoditat i millorar els habitatges: aïllament tèrmic, millores en la calefacció, estufes per a persones en situació de pobresa energètica. Val la pena dir que el Govern espanyol hauria d’aplicar i traslladar completament la directiva d’eficiència energètica, que ens permetria resoldre bona part d’aquests problemes i que, a més, podria ajudar a resoldre també bona part dels problemes del sector de la construcció mitjançant la rehabilitació d’habitatges i la creació de llocs de treball. Serien mesures que ajudarien en tots dos casos i aprofito per dir-ho. I a Bèlgica també es va crear una tarifa social; es va fer ja fa més de deu anys. I altres Estats també treballen en aquest àmbit: Alemanya, Àustria i els Països Baixos.

I què fem a Espanya? Hi ha tres indicadors clau que determinen la incidència i l’evolució de les taxes de pobresa energètica. Són: els preus de l’energia domèstica, l’eficiència energètica dels edificis i la renda de les families. Un informe de la Comissió Europea respecte a preus i costos energètics diu que els preus del gas i l’electricitat per als consumidors domèstics d’energia han augmentat significativament a Europa entre els anys 2008 i 2012. Espanya és el cinquè país de la Unió Europea amb les tarifes elèctriques més cares i el segon —només superat per Xipre— en què més ha augmentat aquest barem entre el 2007 i el 2012. També és el quart país dels 28 Estats membres amb més problemes entre la ciutadania per mantenir la llar a una temperatura raonable durant l’hivern. Si el 2007 el 14 % de les cases es declarava amb problemes per mantenir la temperatura idònia, l’any 2012 aquesta xifra pujava ja al 18 %. Aquests són les últimes dades de què disposem i no hi ha indicis que aquest problema s’hagi modificat.

L’Associació de Ciències Ambientals compta amb un molt bon informe de pobresa energètica a Espanya, anàlisi de tendències —que recomano que llegeixin—, que defineix que el percentatge de llars a Espanya amb despesa energètica desproporcionada, és a dir, que suposi més del 10 % dels ingressos anuals, va passar del 12 % l’any 2007 al casi el 17 % el 2012, que és l’últim any del que tenim dades; o sigui, ha afectat molts milions de persones, pràcticament a 7 milions de persones. A Espanya, el Govern sempre ens ha dit que aquí s’actua a través del bo social, és a dir, de la tarifa social. El bo social està restringit als ciutadans que compleixin alguns requisits, com marca l’exposició de motius d’aquesta moció que he presentat: que tinguin una potència contractada inferior a 3 quilowatts, que el consumidor 60 o més anys acrediti ser pensionista del sistema de Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viudetat, que acreditin que són famílies nombroses, o que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

És molt fàcil veure que mentre la Unió Europea demana que tot es basi en els ingressos familiars, en aquesta definició de l’aplicació del bo social, de la tarifa social, no apareix enlloc el concepte d’ingressos familiars. Per tant, la conseqüència de tot això és que, paradoxalment, mentre augmenta la pobresa, i les persones i les llars vulnerables, la quantitat de famílies que s’acullen al bo social disminueix, la qual cosa comporta que s’hagi de revisar en profunditat l’adequació de les mesures que cal adoptar a Espanya respecte al consumidor vulnerable.

Per anar acabant, m’agradaria referir-me a un punt de la moció que és el del recurs que el Govern espanyol va presentar davant el Tribunal Constitucional al Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya. Deixem clar que Catalunya té, segons el seu estatut, competències plenes en consum. El Govern espanyol va voler presentar aquest recurs d’inconstitucionalitat que va obligar a fer que la Generalitat de Catalunya, quan aquest decret va quedar suspès, modifiqués el codi de consum de Catalunya. Perquè aquí del que es tracta no és de parlar d’un tema competencial o no. Recordo la resposta del ministre Soria que deia que això trencava la unitat de mercat i, a més, afegia que el que nosaltres volíem era que uns consumidors paguessin l’energia que altres consumeixen. Va dir allò de que «esto es como si usted va al supermercado con el carro lleno y pide que lo pague el de atrás». Això és simplificar molt un gran problema que pateixen moltes persones en aquest país, moltes persones que no tenen la capacitat de mantenir les seves llars a una temperatura adequada i que, com veiem, provoca moltes més morts que els accidents de trànsit, que com sempre diem són una xacra de la societat. Vam demanar que es retirés aquest recurs d’inconstitucionalitat perquè, com dic, aquest és un tema polític, d’analitzar l’adopció de mesures. La Generalitat va voler prendre, amb el sector i amb la taula de pobresa energètica, les mesures perquè no es tallés el subministrament. S’ha parlat i s’està parlant amb les companyies subministradores, perquè, al final, no ens enganyem, una companyia subministradora prefereix tenir un impagament, si pot garantir que el pot cobrar més endavant, a tallar el subministrament i perdre un client. Per tant, com succeeix en altres llocs d’Europa, hauríem de ser capaços de garantir que hi hagi un diàleg sense tallar el subministrament en períodes crítics, que van de novembre a març; que es pugui negociar i que es pugui establir entre l’Administració, les entitats subministradores i els afectats alguna fórmula perquè no es talli el subministrament.

El decret de la Generalitat, a més de definir la situació de persones en circumstàncies de vulnerabilitat econòmica, definia els principals aspectes que calia aplicar. Un d’ells era protegir els talls de subministrament. Aquest és el gran punt que hem d’intentar resoldre: no tallar el subministrament als consumidors vulnerables. Per tant, es necessita aquí un ampli diàleg entre els afectats. Cal buscar la col·laboració entre les empreses subministradores i l’Administració —abans que sigui massa tard, abans que tinguem consumidors vulnerables— per saber exactament quines són les persones que poden ser afectades per aquest tall.

Per tant, no només demanem que retirin el recurs d’inconstitucionalitat, malgrat que el decret pugui estar suspès, sinó que el Govern faci front a un problema real i fonamental que pateix Espanya, i és que tenim moltes llars en situació de pobresa energètica. Abans he citat les xifres de persones que poden morir cada any per aquest problema. Per tant, hem d’afrontar aquest tema, hem de prendre les mesures necessàries i hem de transposar les directives. El Govern espanyol ha de definir —tal com reclama la Unió Europea— què significa ser consumidor vulnerable i prendre les mesures necessàries no només en funció del bo social, sinó aquelles que permetin no tallar el subministrament i garanteixin a les famílies poder viure amb una certa dignitat energètica. La pobresa energètica existeix al nostre país i l’hem de combatre. Es tracta d’un problema de política social, és un problema de societat del benestar que hem d’intentar resoldre.

Moltes gràcies, senyories.

Gracias, presidente.

Evidentemente, como se ha hecho antes, quisiera empezar mi intervención presentando mis respetos a los familiares de las víctimas del vuelo de ayer. Para las personas que vinimos de París ayer no fue fácil al ver los ánimos de todas las personas en el aeropuerto de Orly al observar cómo había quedado el avión.

Hoy mi grupo parlamentario ha presentado esta moción como consecuencia de una pregunta que formulamos en la sesión plenaria del mes de octubre al ministro sobre la pobreza energética y sobre el recurso que había instado el Gobierno español al Tribunal Constitucional respecto a las medidas para paliar la pobreza energética que había tomado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pero este no es un tema de competencias, es un tema político, es un tema que se debe analizar desde todo el ámbito español, y lo primero que deberíamos hacer es definir el término pobreza energética.

Hay bastantes definiciones, pero esencialmente el concepto se define como la incapacidad de poder pagar una cantidad mínima de servicios energéticos para mantener el hogar en una temperatura entre 21 y 18 grados. Esta sería la línea que marca la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la pobreza energética es la incapacidad de mantener una temperatura de confort en el hogar, además de pagar un precio justo. Por ejemplo, en el Reino Unido, que ha sido un país más avanzado que otros países europeos, se define la pobreza energética de un hogar cuando las necesidades energéticas teóricas son superiores a la media estadística del parque de viviendas y se tienen unos ingresos económicos inferiores al 60 % de la media estadística ajustada al tamaño y composición del núcleo del hogar, descontados los costes de alquiler y costes energéticos.

Por lo tanto, consideramos que es necesario hacer frente a este problema porque nos parece urgente; es urgente que intentemos erradicarlo.

¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Europa y en España? Pues bien, de acuerdo con la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se producen 38 200 muertes prematuras en 11 países europeos originadas por la pobreza energética. El 30 % de muertes adicionales en el invierno se debe a viviendas que se encuentran a temperaturas inadecuadas. Y en España, la Asociación de Ciencias Ambientales calcula que la pobreza energética es responsable de entre 2300 y 9300 muertes anuales, una cifra superior a la de los accidentes de tráfico, que fue de 1480 en el año 2011. Por lo tanto, estamos ante un problema importante que entre todos deberíamos procurar resolver. Hablamos del 9 % de la población española, 4 millones de personas que no pudieron mantener una temperatura de confort en sus hogares. Es urgente tomar medidas. ¿Y qué debemos intentar resolver? ¿Qué medidas son las que podemos adoptar? La primera y más importante es definir el concepto de consumidor vulnerable. La Directiva 2009/72 del Parlamento Europeo, sobre el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 2009/73, sobre el mercado interior del gas, plantean las exigencias que obligan a los Estados miembros a definir el concepto de consumidor vulnerable. La directiva obliga a los Estados, primero, a definir el concepto de consumidor vulnerable; segundo, a protegerle, garantizando la aplicación de derechos y deberes y garantizando que pueden beneficiarse de la competencia y de precios justos; tercero, a adoptar medidas, desarrollando planes de acción nacionales, como planes energéticos, prestaciones a la Seguridad Social para garantizar el suministro, planes de erradicación de la pobreza; y, por último, a que el suministro eléctrico se pueda garantizar a los consumidores vulnerables, además de instar a la prohibición de cortar el suministro en periodos críticos a estos consumidores vulnerables.

¿Qué hace Europa? Los distintos Estados adoptan una serie de medidas que nosotros también deberíamos adoptar. En Francia se creó un fondo solidario que identifica y ayuda a las personas que tienen deudas con su proveedor de energía. En Italia, la autoridad de energía y gas decide directamente sobre la factura y las políticas energéticas, con el consenso de los sectores implicados. En Inglaterra, la ayuda financiera está limitada para los hogares con deuda energética en momentos de crisis y las empresas tienen la obligación de tratar al cliente con sensibilidad, teniendo en cuenta su capacidad de pago respecto al retorno de la deuda, cosa que nosotros solicitamos al ministro que aplicara en España. En Bélgica, existe un fondo de energía en la región valona. Se identifica y se ayuda a las personas con dificultades para pagar la factura energética y se creó el fondo Mebar para aportar comodidad y mejorar las viviendas: aislamiento térmico, mejoras en la calefacción, estufas para personas en situación de pobreza energética. Vale la pena mencionar que el Gobierno español debería aplicar y transponer completamente la directiva de eficiencia energética, que nos permitiría resolver buena parte de estos problemas y podría ayudar a resolver también buena parte de los problemas del sector de la construcción mediante la rehabilitación de viviendas y la creación de puestos de trabajo. Todas estas medidas ayudarían en ambas direcciones y aprovecho para decirlo. Y en Bélgica también se creó una tarifa social; se hizo ya hace más de diez años. Y otros Estados también trabajan en este ámbito: Alemania, Austria y Países Bajos.

¿Qué hacemos en España? Hay tres indicadores clave que determinan la incidencia y la evolución de las tasas de pobreza energética. Son: los precios de la energía doméstica, la eficiencia energética de los edificios y la renta familiar. Un informe de la Comisión Europea respecto a precios y costes energéticos dice que los precios del gas y la electricidad para los consumidores domésticos de energía han aumentado significativamente en Europa entre los años 2008 y 2012. España es el quinto país de la Unión Europea con las tarifas eléctricas más caras y el segundo —solo superado por Chipre— en el que más ha aumentado este baremo entre 2007 y 2012. También es el cuarto país de los 28 Estados miembros con más problemas entre la ciudadanía para mantener el hogar a una temperatura razonable durante el invierno. Si en 2007 el 14 % de las viviendas se declaraba con problemas para mantener esta temperatura idónea, en el año 2012 esta cifra ascendía ya al 18 %. Estos son los últimos datos de que disponemos y no hay indicios de que este problema haya mejorado.

La Asociación de Ciencias Ambientales cuenta con un muy buen informe de pobreza energética en España, análisis de tendencias —que recomiendo que lean—, que define que el porcentaje de hogares en España con gasto energético desproporcionado, es decir, que suponga más del 10 % de los ingresos anuales, pasó del 12 % en el año 2007 al 17 % en 2012, que es el último año del que tenemos datos; o sea, ha afectado a muchos millones de personas, prácticamente a 7 millones de personas. En España, el Gobierno siempre nos ha dicho que aquí se actúa a través del bono social, es decir, de la tarifa social. El bono social está restringido a los ciudadanos que cumplan algunos requisitos, como marca la exposición de motivos de esta moción que he presentado: que tengan una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, que el consumidor de más de 60 años acredite ser pensionista del sistema de Seguridad Social, que acredite la viudedad, que sean familias numerosas o que formen parte de una unidad familiar con todos sus miembros en situación de desempleo.

Es muy fácil ver que mientras la Unión Europea pide que todo se base en los ingresos familiares, en esta definición del bono social, de la tarifa social, no aparece en ningún lado el concepto de ingresos familiares. Por lo tanto, la consecuencia de todo ello es que, paradójicamente, aumenta la pobreza, y las personas y los hogares vulnerables y la cantidad de familias que se acogen al bono social disminuyen, lo que comporta que haya que revisar la adecuación de las medidas que hay que adoptar en España respecto al consumidor vulnerable.

Para ir terminando, me gustaría referirme a un punto de la moción que es el del recurso que el Gobierno español presentó ante el Tribunal Constitucional al Decreto Ley 6/2013, de 23 de diciembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hay que dejar claro que Cataluña, de acuerdo con su estatuto, tiene competencias plenas en consumo. El Gobierno español presentó este recurso de inconstitucionalidad que obligó a que la Generalitat de Cataluña, cuando este quedó suspendido, modificara el código de consumo de Cataluña. Porque aquí de lo que se trata no es de hablar de un tema competencial o no. Recuerdo la respuesta del ministro Soria que decía que esto rompía la unidad de mercado y, además, añadía que lo que nosotros queríamos era que unos consumidores pagaran la energía que otros consumen. Dijo: esto es como si usted va al supermercado y con el carro lleno pide que lo pague el de atrás. Esto es simplificar mucho un gran problema que sufren muchas personas en este país, muchas personas que no tienen la capacidad de mantener sus hogares a una temperatura adecuada. Además, es una cuestión que supera en muertes a los accidentes de tráfico, que es una lacra de la sociedad. Pedimos que se retirara esta actuación porque considerábamos que teníamos que analizar la adopción de medidas. La Generalitat quiso hablar con el sector y con la mesa de pobreza energética y abordar las medidas para que no se cortara el suministro. Se ha hablado y se está hablando con las compañías suministradoras, porque, no nos engañemos, una compañía suministradora prefiere tener un impago, si puede garantizar que lo puede cobrar más adelante, que cortar el suministro y perder un cliente. Por lo tanto, como sucede en otros lugares de Europa, deberíamos ser capaces de garantizar que se produzca un diálogo sin cortar el suministro en períodos críticos, que van de noviembre a marzo; que se pueda negociar y que se pueda establecer entre la Administración, las entidades suministradoras y los afectados alguna fórmula para que no se corte el suministro.

El decreto de la Generalitat, además de definir la situación de personas en circunstancias de vulnerabilidad económica, señalaba los principales aspectos que había que aplicar. Uno de ellos era proteger los cortes de suministro. Este es el gran punto que deberíamos intentar resolver: no cortar el suministro a los consumidores vulnerables. Por lo tanto, se necesita aquí un amplio diálogo entre los afectados. Hay que buscar la colaboración entre las empresas suministradoras y la Administración —antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengamos consumidores vulnerables— para saber exactamente cuáles son las personas que se podrán ver afectas por este corte.

Por consiguiente, no solo pedimos que se retire el recurso de inconstitucionalidad, sino que el Gobierno haga frente a un problema real y fundamental que padece España, y es que tenemos muchos hogares en situación de pobreza energética. Antes he citado las cifras de personas que pueden fallecer cada año por este problema. Por tanto, debemos hacerle frente, adoptar las medidas necesarias y transponer la directiva. El Gobierno español debe definir —tal y como reclama la Unión Europea— qué significa esto de ser consumidor vulnerable y tomar las medidas necesarias no solo en función del bono social, sino aquellas que permitan no cortar el suministro y garanticen a las familias poder vivir con una cierta dignidad energética. Señorías, la pobreza energética existe en nuestro país y hay que combatirla. Se trata de un problema de política social en la sociedad del bienestar que debemos intentar resolver.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

La enmienda comparte el contenido, el espíritu y la letra de la moción, pero aspira a concretar alguno de sus extremos haciendo más explícitas algunas de las medidas que parecen indicarse en ella, pero que, en opinión de los senadores enmendantes, debieran tener un reflejo expreso. Creemos, como dice la moción, que el bono social que en este momento existe no responde a las necesidades reales de la sociedad española, que todavía padece las consecuencias de la crisis. Por ello, a través de la enmienda aspiramos, en primer lugar, a que esa protección que se demanda para el consumidor vulnerable ha de extenderse no solo al consumidor de energía eléctrica, sino también al que recibe suministro de gas natural. En segundo lugar, la enmienda, yendo más allá de la literalidad de la moción, busca que se especifique qué concepto se ha de barajar a la hora de trasladar a la normativa española y a las decisiones políticas en nuestro país el concepto de consumidor vulnerable instaurado en la Unión Europea. Y teniendo en cuenta lo que en los países de nuestro entorno se suele utilizar como criterio para concretar esta definición, planteamos que tengan tal condición las personas o familias que deban dedicar al menos un 10 % de sus ingresos a gastos energéticos. Y, como consecuencia de estos dos planteamientos que pretendemos introducir en la moción, se deriva un tercero: la aspiración de la moción de que no se produzcan cortes de suministro como consecuencia de los impagos de los consumidores vulnerables en estas situaciones de pobreza energética; prohibición que debe extenderse no solo al suministro eléctrico, sino también al de gas natural.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, como ya se ha dicho, una de cada cinco personas de nuestro país vive bajo el umbral de la pobreza, y son 7 millones las personas que sufren la pobreza energética en nuestro país, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales. Y un dato preocupante: 4 millones, que representa el 9 % de los hogares españoles, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada para la salud durante los meses de invierno. Y otro dato terrorífico: según la ONU, la pobreza energética mata cada año en nuestro país a 10 000 personas, una cifra, como ya se ha dicho, muy superior a la de personas que fallecen como consecuencia de accidentes de tráfico en un año.

Como ven, señorías, cuando hablamos de pobreza energética hablamos de una realidad insoportable que puede ser calificada de emergencia nacional.



Por eso, la propia Unión Europea, consciente de que hay un problema concreto sobre un tipo determinado de consumidor, ha aprobado dos directivas en las que conmina a los Estados miembros a que aborden el problema de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables. La pobreza energética tiene solución. Así lo han entendido 14 países de la Unión Europea que han legislado. Lamentablemente, aquí en España, el Partido Popular, en vez de legislar para luchar contra la pobreza energética, legisla para favorecer al oligopolio eléctrico en contra de los consumidores, y, de manera muy especial, de los consumidores vulnerables. ¿Cómo lo hace? Favoreciendo que suba el recibo de la luz, como ha ocurrido en el último trimestre del año pasado y en lo que va del año 2015; expulsando del bono social a medio millón de hogares o aumentando el recibo de la luz antes incluso de empezar a consumirse, es decir, duplicando la parte fija del recibo de la luz, la que tiene que ver con el término de potencia. Es evidente que el bono social, después de las modificaciones que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, se rige por un sistema perverso que no cumple con su función, porque cada vez es más alto el número de consumidores vulnerables, pero al mismo tiempo disminuye el número de beneficiarios del bono social por esas modificaciones del Partido Popular.

En el Grupo Parlamentario Socialista hemos denunciado esta situación en muchas ocasiones. Hemos hecho propuestas de todo tipo para afrontar la pobreza energética y resolver esta dramática situación que viven 7 millones de españoles, y también, para suplir la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con medidas claras y concretas que forman parte de un conjunto integral de actuaciones para resolver de raíz este problema dramático que sufren 7 millones de españoles. Precisamente la enmienda de sustitución que presentamos va en esa dirección. En esta enmienda proponemos que la luz, el gas, el butano y el propano sean un derecho social, de tal forma que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado. También proponemos que no se corte el suministro eléctrico durante los meses más críticos, los de invierno, a las personas que sufran pobreza energética. Por último, proponemos que se apruebe una estrategia para la erradicación de la pobreza energética en nuestro país con medidas concretas en las ciudades y en el medio rural.

Señorías, como ven, se trata de una propuesta muy ambiciosa, económicamente viable, socialmente justa y suficientemente concreta para que surta efectos directos y de forma inmediata. Por eso, sin entrar a valorar la moción de CiU, con la que coincidimos en gran parte, por coherencia creemos que es necesario llevar a cabo las medidas de esa proposición de ley que se recogen en esta enmienda de sustitución. Nos parece que más allá de que sean los tribunales los que determinen la legalidad o no de las leyes —para eso está el Tribunal Constitucional—, en este momento la pelota está en el tejado del Gobierno de España, en el Gobierno del señor Rajoy, a quien le recuerdo que la Unión Europea le conmina a que aborde la situación de la pobreza energética y a quien le recuerdo que 14 países de la Unión Europea ya lo han hecho. No se trata de que cada comunidad autónoma o de que una comunidad sí legisle y otra no sobre la pobreza energética, aunque se haga de buena fe y en la buena dirección, como hace la Generalitat de Cataluña, pero tampoco se trata de que la única iniciativa que tenga el Gobierno de España sobre la pobreza energética sea recurrir las leyes de las comunidades autónomas al Tribunal Constitucional. Aquí no vale ser el perro del hortelano, es decir, ni legislar sobre la pobreza energética ni dejar que otros legislen. Aquí se trata, como digo, de que el Gobierno del Partido Popular asuma su responsabilidad, como han hecho otros 14 países de la Unión Europea, y aborde el problema de la pobreza energética. Nosotros creemos que hay que hacerlo en los términos de esa proposición de ley que se recoge en esta enmienda de sustitución —y termino ya, señor presidente— porque, como digo, no se trata de legislar para salir del paso, sino para resolver de raíz un problema que sufren millones de españoles como es el de la pobreza energética.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Señorías, se suspende la sesión hasta las doce y cinco aproximadamente. (Pausa).

Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la sesión.

Tiene la palabra el senador Sedó, para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, señor presidente.

Va a parecer que soy un senador del grupo mayoritario porque voy a decir que no acepto las enmiendas.

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de sustitución, prácticamente es una moción alternativa. Contiene algunos puntos que, si se hubieran segmentado, podríamos haberlos acordado, pero, como no ha sido así, no podemos aceptar la enmienda en su totalidad.

Tampoco aceptamos la enmienda del Grupo Mixto. No obstante, me gustaría indicar que en nuestra moción, cuando hablamos de pobreza energética, en ningún momento nos referimos únicamente a la electricidad y al gas, es decir, que los conceptos de pobreza energética y de consumidor vulnerable tienen que ver con el tema energético y, por tanto, incluye tanto a la electricidad como al gas. Estoy convencido de que su intención no es limitar el 10 % de los ingresos de la unidad familiar al gasto energético, porque una familia con muchos recursos e ingresos que destinara el 10 % de los mismos al gasto energético podría ser considerada como consumidor vulnerable. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Nosotros hacemos referencia al concepto de renta, que creo que puede ser mucho más equitativo ya que limita las personas que pueden entrar dentro del concepto de consumidor vulnerable y se les apliquen estas medidas de apoyo.

Por tanto, señora presidenta, no podemos aceptar las dos enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? El Grupo Parlamentario Mixto va a compartir turno.

En primer lugar tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia senadors i senadores,

Començo la meva intervenció amb un record sentit per a tots aquells que ahir van perdre la vida en l’accident d’avió als Alps i per als seus familiars, i un record i un sentiment molt especial per al Lluís i la petita Aitana.

A mi m’agrada parlar de drets perquè és d’això del que hauríem d’estar parlant en aquests moments, garantir el dret a una vida digna i, per tant, reformular tot el que avui s’hauria d’estar plantejant i el que s’hauria d’haver plantejat.

A ningú se li escapa ni se li hauria d’escapar que quan apel·lem o al·ludim a tenir una vida digna, els nostres textos legals en van plens, amb la Declaració de Drets Humans, la Constitució espanyola, etc., el Codi Civil, el Codi Civil català, etc., apel·lem al dret que ha de tenir tot ésser humà i tota una comunitat per a la seva supervivència a disposar d’aigua potable, sanejament, energia i una alimentació bàsica adequada, i a no patir cap situació de fam. Tota persona té dret a un subministrament elèctric continu i suficient i a l’accés a l’aigua potable per satisfer les seves necessitats bàsiques. Dit això, cal establir com s’articula el dret, tenint en compte el grau de protecció que mereixen determinats col·lectius de persones en funció de la seva situació. Cal el reconeixem d’aquest dret a totes les persones vulnerables i que ha de comportar la garantia del subministrament dins d’uns paràmetres de consum bàsic i a un preu especial, i així mateix cal garantir d’altres situacions. Això que sembla tan senzill i tan natural, no tothom ho ha entès així, i per això resulta tan sorprenent que, quan una administració intenta regular-ho, per tal de garantir aquest dret, com és el cas del govern i el Parlament de Catalunya, n’hi hagi una altra, com ara és el govern de l’Estat espanyol, que no li agradi i interposi recurs davant del Tribunal Constitucional provocant la suspensió dels efectes d’aquesta norma.

És cert que, històricament, les classes populars han patit privacions i manca de protecció tant pel que fa a l’ús de l’aigua com de les diferents fonts d’energia. La dificultat per accedir als serveis bàsics no és nova, però és veritat també que s’ha agreujat aquests darrers anys, i el govern de l’Estat n’és responsable pel que no fa i pel que fa.

Un factor que explica l’empitjorament és l’increment desorbitat en el rebut de la llum i del gas, i el que significa aquesta despesa necessària en l’economia familiar. En els darrers sis anys, el preu de la llum, de l’electricitat ha pujat significativament a Europa, entre un 20 % i un 30 %, però a l’Estat espanyol aquest increment s’ha situat entre el 50 % i el 60 %. Actualment, Espanya és el tercer país de la Unió Europea, en allò que fa referència al preu de l’electricitat per quilowatt que només superen Xipre i Irlanda. Aquest fet, afegit a les altes taxes d’atur i als percentatges de famílies que no tenen cap ingrés i que, si tenen ingressos, són molt minsos, fa evident que el drama està servit.

Les condicions de vida de la població han empitjorat, els preus dels serveis bàsics han pujat. Ara bé, el que no ha empitjorat són els beneficis de les empreses de subministraments, especialment de les elèctriques.

Esquerra Republicana, en aquest sentit, ha dut a terme iniciatives en el Parlament de Catalunya, mocions com la del 25 d’abril de 2013, en les que s’establien polítiques d’inclusió i eradicació de la pobresa. La 10/X de 25 d’abril de 2013, entre d’altres, per tal de garantir el subministrament d’energia i aigua potable i fer que no sigui interromput en cas d’impagament si no existeixen els oportuns informes de serveis socials. Així com la reclamació de la transferència de la competència oportuna per establir un sistema públic de preu social pel que fa als subministraments bàsics per a llar d’electricitat, gas natural i gas butà, amb la fixació d’uns consums mínims vitals en còmput mensual. Així mateix, s’establiren més mesures en el pla específic i monogràfic del 13 de març del 2014 que fou el debat monogràfic de pobresa. En el Ple del Parlament també de desembre de 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de consum que va haver d’afrontar la problemàtica del deute hipotecari i introduïa també mesures al voltant de la pobresa energètica. Així mateix, amb l’acord entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió a la Llei de Pressupostos es crea un fons de 10 milions d’euros per ajudes destinades a les llars que no poden fer front a la pobresa per la despesa energètica.

Per tant, nosaltres donarem suport a la moció, tot entenent que hi hauria alguna de les qüestions que hauria de ser reformulada. Entenem que en el moment i en la situació en què ens trobem, en aquest cas en el Senat, nosaltres li donarem suport.

Per a nosaltres és essencial garantir els drets i és evident que el govern de l’Estat espanyol ni escolta ni veu i no posa els mitjans oportuns perquè això quedi eradicat.

Gràcies.

Gracias, señora presidenta.

Buenos días, senadores y senadoras.

Quiero comenzar mi intervención con un recuerdo sentido para todos aquellos que ayer perdieron la vida en el accidente de aviación en los Alpes franceses y para todos sus familiares, y uno muy especial para Luis y la pequeña Aitana.

Me gusta hablar de derechos, lo que deberíamos estar haciendo en estos momentos, de garantizar el derecho a una vida digna y, por tanto, reformular lo que hoy deberíamos estar planteando y deberíamos haber planteado ya.

A nadie se le escapa, ni se le debería escapar, que cuando aludimos a tener una vida digna —nuestros textos legales están llenos de declaraciones de derechos humanos: la Constitución Española, el Código Civil, el Código Civil catalán, etcétera—, apelamos también al derecho que debe tener todo ser humano y toda comunidad a disponer de agua potable para su supervivencia, su saneamiento, de energía y de una alimentación básica adecuada y a no sufrir ninguna situación de hambre; toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente, al agua potable y a cubrir sus necesidades más básicas. Dicho esto, hay que ver cómo se articula el derecho, teniendo en cuenta el grado de protección que necesitan ciertas personas en función de su situación. Tenemos que reconocer este derecho a todas las personas vulnerables, que tiene que comportar la garantía de suministro dentro de unos parámetros de consumo básico y a un precio especial. Asimismo, hay que garantizar también otras situaciones. Esto que parece tan sencillo y tan natural no todo el mundo lo ha entendido así y por eso resulta tan sorprendente que, cuando una administración intenta regular para garantizar este derecho, como es el caso del Parlamento de Cataluña, haya otro —en este caso el Gobierno del Estado español— que no le guste e interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional, provocando la suspensión de los efectos de esta norma.

Es cierto que históricamente las clases populares han sufrido privación en cuanto al uso del agua y otras fuentes de energía —la dificultad para acceder a los servicios básicos no es nueva—, pero también es verdad que se ha agravado a lo largo de los últimos años. Y el Gobierno del Estado es responsable por lo que hace y por lo que no hace.

Un factor que explica el empeoramiento es el incremento del recibo de la luz y del gas, con lo que significa este gasto necesario en la economía familiar. En los últimos seis años, el precio de la luz, de la electricidad, ha aumentado en Europa entre un 20 % y un 30 %, pero en el Estado español este incremento se ha situado entre el 50 % y el 60 %. En la actualidad, España es el tercer país de la Unión Europea en lo que respecta al precio de la electricidad por kilovatio, que solo superan Chipre e Irlanda. Con este hecho, junto con las altas tasas de desempleo y el porcentaje de familias que no tienen ningún ingreso —y si tienen ingresos, realmente son muy reducidos—, el drama está servido.

Las condiciones de vida de la población han empeorado, los precios de los servicios básicos han aumentado, ahora bien, lo que no han empeorado son los beneficios de las empresas de suministro, especialmente las eléctricas.

Esquerra Republicana en este sentido ha llevado a cabo una serie de iniciativas en el Parlamento de Cataluña, como la moción presentada el 25 de abril de 2013, en la que se establecían políticas de inclusión y erradicación de la pobreza —la 10/X, de 25 de abril de 2013, entre otras— para garantizar el suministro de energía y agua potable y para que este derecho no fuera interrumpido por impago si no existían los oportunos informes de servicios sociales. También se ha hablado de la transferencia de la competencia oportuna para establecer un servicio de precios sociales en los suministros básicos de electricidad, gas natural, gas butano, con la fijación de unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual. Asimismo se han establecido más medidas en el plan específico y monográfico de 13 de marzo de 2014, que fue motivo del debate monográfico sobre la pobreza. En el Pleno del Parlamento de diciembre de 2014 se aprobó una modificación de la Ley de consumo que giraba en torno a la problemática de la deuda hipotecaria y también introducía medidas respecto a la pobreza energética. El acuerdo entre Esquerra Republicana y Convergència i Unió en la Ley de presupuestos consiste en crear un fondo de 10 000 millones de euros para los hogares que no puedan hacer frente precisamente a este problema de pobreza energética.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción, entendiendo, sin embargo, que algunas de las cuestiones deberían ser reformuladas y vamos a brindar nuestro apoyo en el Senado, dada la situación en que ahora mismo nos encontramos.

Para nosotros es básico garantizar los derechos y es evidente que el Gobierno del Estado español ni escucha ni ve ni pone los medios oportunos para que este problema quede erradicado.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Lamento que el Grupo de Convergència i Unió no acepte la enmienda que habíamos planteado.

El concepto de pobreza energética es consolidado, el más aceptado por las organizaciones y fundaciones que realizan estudios sobre pobreza energética y el que han introducido en sus normativas los estados de nuestro entorno, por ejemplo, Francia. Por lo tanto, no entiendo las reservas que al respecto se puedan formular.

En todo caso, el motivo de la moción escenifica una vez más con absoluta claridad las tremendas desigualdades que la crisis económica está generando. Tenemos, por un lado, unas empresas de suministro energético que han visto incrementados a lo largo de la crisis de forma exponencial no solamente sus beneficios, sino su valor y cotización en Bolsa —en consecuencia, han enriquecido de forma muy notable a sus accionistas— y, por contra, en el otro platillo de la balanza, tenemos cada vez más a ciudadanos que tienen dificultades para sostener una temperatura habitable en su domicilio.

Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a los datos que esos estudios suelen barajar en los últimos meses: 4 millones de españoles se encuentran en situación de pobreza energética en tanto en cuanto tienen que dedicar más del 10 % de sus ingresos a sufragar el coste de la misma. En esa situación de dedicar más del 10 % de sus ingresos se ubica el 16,6 % de las familias. Además, se trata de un fenómeno que no afecta solo a los excluidos sociales. La Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociológicos Aplicados, que pertenece al ámbito de Cáritas, señala que se encuentran en situación de pobreza energética un 16,8 % de hogares que además están en situación de integración —no están en situación de exclusión social, y, a pesar de ello, tampoco pueden pagar la calefacción—. A lo largo de 2014 se produjeron más de un millón de cortes de suministro de energía eléctrica. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en los ámbitos competenciales autonómicos o locales —hay ayuntamientos que desarrollan iniciativas de negociación con las compañías eléctricas para que no realicen estos cortes— debe de ser respaldada, aunque sea una responsabilidad del Estado. Como en cualquier materia que afecte al Estado del bienestar, se ha de garantizar a todos los ciudadanos españoles una igualdad de condiciones en el acceso —en este caso, a la energía—.

La situación de pobreza energética repercute —también se han barajado datos al respecto— en la salud y provoca muertes. Hay algo que es incontestable: que en 2014, en relación con 2013, se ha duplicado el número de personas que han fallecido como consecuencia de incendios domésticos. El origen de estos incendios domésticos está en haber acudido para cocinar y calentar a mecanismos que la tecnología había superado pero que han tenido que ser recuperados ante la imposibilidad de mantener los suministros energéticos.

Por otro lado, también como consecuencia de las dificultades de mantener al corriente el suministro de gas natural, muchas familias han tenido que retornar al gas butano como elemento de generación de calor y se han encontrado con una situación curiosa, que solamente ha sido corregida de forma muy parcial el pasado mes de febrero. El precio de referencia del gas butano lo fija el Gobierno de la nación y durante muchos meses, a pesar de la caída del precio de los hidrocarburos, el Gobierno de la nación no consideró necesario establecer ninguna corrección —insisto, hasta hace quince días— sobre el precio del butano, que antes de esa modificación, si la memoria no me falla, estaba en 18,50 euros la bombona.

Por lo tanto, coincido en que es necesario una respuesta global ante este fenómeno y que esa respuesta global pasa por la superación del bono social —que ha demostrado sus insuficiencias—, por la generación de una alternativa en la que se tenga en cuenta la definición de la situación de pobreza energética y en la que, como una de las respuestas ante situaciones de crisis, se establezcan mecanismos que impidan, al menos en el periodo invernal, que las compañías de suministro corten el mismo.

En todo caso, pensamos —como dijo el presidente de la patronal de las eléctricas, y hay que reconocer que acertadamente, aunque, pro domo sua, respondiendo a sus intereses— que la pobreza energética es solo expresión de la pobreza. En consecuencia, la solución, la alternativa y la respuesta a la misma debe de enmarcarse en la respuesta y la solución a las desigualdades sociales que esta crisis está generando, en las que se profundiza como consecuencia de las políticas aplicadas, y, por lo tanto, en la superación de esa situación de exclusión social, que, desgraciadamente, cada vez afecta a un mayor número de ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción que nos plantea el Grupo Parlamentario Catalán y, concretamente, el senador Sedó tiene mucho sentido común a la hora de plantear un tema de rabiosa actualidad como es la pobreza energética, que es real, y también la iniciativa de pedir la reducción del IVA de la factura del gas y de la factura de la electricidad, que no está nada mal.

Quizá sea bueno aclarar que pobreza energética y reducción del IVA son dos cosas diferentes. La primera es real, está ahí, pero hay que tratarla dentro de la realidad de incremento de la pobreza familiar e individual que la crisis y los recortes del Gobierno han generado. Hoy en día, para una familia modesta el consumo euros/día de electricidad se sitúa en los 2 euros. Esta cifra se incrementa con la calefacción, que la mayoría de las familias de bajos ingresos sustituye por la bombona de butano, cuyo precio ha decidido bajar el Gobierno.

Con el salario mínimo no hay forma de atender los gastos de electricidad y butano durante el invierno. Y la moción también plantea soluciones para salir de esta pobreza energética con las actuales tarifas, que no las hay. La estructura tarifaria hace pagar tanto por el peaje —derecho de conexión— como por la electricidad consumida, y esto es injusto pues con el tal peaje pagamos el 50 % de los costes insulares, el coste del transporte y la distribución y otros costes del sistema opacos, por cierto, salvo la retribución a las renovables. Y no nos parece mal lo de los costes insulares, pero es una realidad que está ahí y que también se debería de comentar. El Gobierno cada año espera cubrir todos estos costes con la recaudación de peajes de acceso, pero si no crece la demanda o si se reduce el consumo por acciones de eficiencia energética, a final de año, al hacer la liquidación y no encontrar los recursos suficientes, el Gobierno sube la tarifa de la electricidad para cuadrar y para que no haya déficit. Es decir, siempre paga el consumidor y, aunque el Gobierno lo niegue, siempre sube la tarifa descaradamente.

Y hay una verdadera preocupación con la pobreza energética, pero pocas soluciones. La compañías eléctricas tienen un verdadero problema encima de la mesa pues deben cortar la luz al que no paga y temen que se produzca un movimiento similar al de los desahucios, y el Gobierno mira a otro lado y sigue ahí subiendo la luz por efecto de los peajes, que no proporcionan los ingresos previstos, y del mercado, que es incontrolable para el consumidor pero sí por las grandes compañías que lo manipulan con impunidad. Por ejemplo, en un año lluvioso como el actual, paran las centrales hidráulicas y consumen gas que produce una energía más cara por kilovatios/hora.

Está bien esta moción, que nuestro grupo parlamentario va a apoyar. A nuestro juicio, quizá, hay que seguir pidiéndole y exigiéndole al Gobierno que tome las medidas para, primero, identificar a quienes se encuentren en riesgo de pobreza energética. Segundo, el derecho a disponer de la energía para nuestro bienestar y salud es un derecho ciudadano; la electricidad es un servicio público que debe de garantizar el Estado, aunque lo haga de manera subsidiaria por terceros. Tercero, deberán arbitrarse las medidas para paliar esta dificultad de acceso a un servicio general y público para aquellas familias e individuos en riesgo de ver en peligro sus condiciones de vida y salud como consecuencia de no poder atender los costes de la iluminación, de la calefacción, del agua caliente por razones de una renta limitada o insuficiente.

Como comentábamos al principio, la moción propone bajar el IVA de la factura energética en general a un tipo reducido, y nos parece muy adecuada esta iniciativa, pero quizás para eso, y dicho con todo respeto, no hacía falta plantear lo de la pobreza energética, por la que no se propone algo mucho más concreto. Las medidas propuestas por la Generalitat son quizás genéricas y poco efectivas, pero nosotros apoyaremos esta moción porque defiende una iniciativa autonómica que el Gobierno y el ministro Soria no han tomado y además persigue.

La energía en general y la electricidad en particular tienen demasiados impuestos que las encarece. Hay un impuesto sobre la producción de un 7 %, otro sobre el consumo y se añade el del IVA —en términos reales, más de un tercio de la factura son impuestos—. Una medida de este tipo supondría abaratar la tarifa y reducir el gasto energético familiar, pero también introduciría una reducción de costes en la industria, hoy muy afectada en su competitividad por el alto coste de la energía. La medida es buena sobre todo porque ayuda a dinamizar la economía en un contexto de petróleo barato y de alta penetración de las energías renovables que producen costes más baratos que las energías convencionales —gas y carbón en particular—.

Por eso el proyecto Ni un hogar sin energía, un proyecto piloto innovador, pionero y muy interesante en el Estado español, que consiste en la monitorización, es decir, técnicos especializados analizan las instalaciones y los hábitos de consumo de las personas y monitorizan los consumos energéticos durante al menos una semana. Se produce también un análisis de los hábitos de consumo y se realiza una caracterización de la demanda energética con la información recabada en la monitorización y las facturas energéticas de meses anteriores de cada una de las viviendas. Hay un informe personalizado de cada vivienda, con las recomendaciones para cada uno de los hogares, en el que se incluirá la información que se haya extraído de la monitorización, haciendo especial hincapié en el coste económico que supone utilizar cada uno de los equipos, recomendaciones y hábitos a cambiar, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y la reducción de la factura. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Hay una formación en hábitos y soluciones de ahorro energético en el hogar, en los que se explicará cómo entender la factura de la luz, qué tipo de contrato puede interesar más en cada caso o cómo utilizar los aparatos eléctricos. Y después de la implementación de las medidas, se realizaría una segunda monitorización para igualar la incidencia del taller de formación y las medidas realizadas sobre el consumo energético, la temperatura y la humedad de cada vivienda, con el objetivo de poder evaluar la mejora del confort térmico interior y la reducción del consumo energético como consecuencia del cambio de hábitos energéticos. También se realizarán termografías en el caso de que se hayan implementado medidas de aislamiento para poder valorar el efecto que producen. Se contribuirá con la implementación de algunas medidas económicas que favorezcan la reducción inmediata de su consumo energético o mejoren el confort térmico en la vivienda, y algunas de estas medidas serán instalar burletes en ventanas, puertas, enchufes programables, reflectores en radiadores, bombillas de bajo consumo, regletas con interruptor, placas de poliestireno, aislamiento para cajas de persianas, aislamiento adhesivo para cristales paralizadores de agua, etcétera. Hasta el momento se han conseguido ahorros de hasta el 40 %.

Consideramos que el proyecto Ni un hogar sin energía es una buena iniciativa.

Por todo esto, por todo lo que hemos comentado, mi Grupo Parlamentario va a votar afirmativamente esta moción del Grupo Parlamentario Catalán.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, primero quiero expresar mi condolencia a los familiares de las víctimas fallecidas ayer en el terrible accidente de aviación que se produjo.

Quiero empezar la defensa de esta moción o de nuestra posición dirigiéndome al público asistente a la sala. Voy a expresarme en catalán.

Como saben ustedes, en el Senado se pueden utilizar las lenguas cooficiales del Estado. El Grupo Convergència i Unió en este caso ha presentado esta moción que habla de pobreza energética y de las medidas que creemos que se tendrían que tomar para mejorar la situación de muchísimos de nuestros ciudadanos, por lo tanto, es una moción que también se dirige a Cataluña. Por tanto, voy a hablar en catalán e intentaré hacerlo despacio porque sé que ustedes no tienen traductores. (El catalán se parece mucho al castellano y seguro que me entenderán.).Muchas gracias.

És digne una llar amb menys de 18 graus? Podem definir com a dignes les condicions dels habitatges que acaben provocant sinistres mortals? Segons l’Informe del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: Sostenibilidad en Espanya, de 2012, hi ha entre 2200 i 9300 morts anuals relacionades amb la pobresa energètica. Més del 15 % de la població espanyola pateix pobresa energètica. Només cal que mirem els talls de subministrament que s’han produït en els darrers anys. Any 2013: a l’Estat espanyol es van produir més de 75 000 talls de gas per impagament, un 86 % més que l’any 2012 i més d’un milió de talls de subministrament elèctric, un 24 % més que l’any anterior.

Les causes de la pobresa energètica ja s’han comentat, tenen a veure amb el risc d’exclusió i amb l’increment de la pobresa que pateix el nostre país. Tenen a veure amb les condicions dels habitatges i tenen a veure amb l’increment dels preus de l’energia. L’electricitat ha pujat un 83 % respecte a 2013. Tenim una de les tarifes més cares de la Unió Europea, només superada per Xipre i Irlanda. L’aigua s’ha encarit un 65 % respecte als inicis de la crisi. Més del 17 % de les llars dediquen el 10 % dels seus ingressos al consum d’energia, quan al principi de la crisi era només un 5 %. Fixin-se en aquest gràfic (La senyora Almiñana Riqué mostra un document a la Cambra). Veiem com augmenta la diferència entre l’índex de despesa de l’energia i l’índex d’ingressos a la llar. Com poden explicar o, millor dit, em poden explicar vostès quin Govern permet aquesta gap, aquesta diferència, aquest increment entre el cost i els ingressos d’un producte que ens consolida drets? Jo sí, les polítiques del Govern del Partit Popular.

D’altra banda, les grans empreses elèctriques han augmentat en més del 20 % el seu valor en borsa des dels inicis de 2014. Ho veuen vostès, senyories? Sempre acabem al mateix lloc. Vostès afavoreixen els poderosos i això és el mateix que no protegir els vulnerables. No podem dir, en aquest sentit, que el Govern de Convergència sigui gaire diferent. Perquè, tot i que puc compartir plenament el que s’ha dit en aquesta Tribuna per defensar aquesta moció plenament, fixin-se que al Parlament de Catalunya, en el Ple específic que es va celebrar específic sobre la pobresa fa justament un any, vostès van votar en contra d’una partida pressupostària específica per garantir que no hi haguessin talls de subministrament d’aigua i llum; d’una partida que garantís la renda mínima d’inserció i que fos ampliable; van votar en contra d’un pla de xoc per ajudar les persones aturades de llarga durada; en contra de recuperar la llei de barris; de dotar amb més recursos els serveis socials dels ajuntaments; de donar suport a les llars d’infants municipals, i van votar en contra de ser transparents i de publicar les dades d’impagaments de la Generalitat envers les entitats socials.

És veritat que en el pressupost per al 2015 hi ha una partida específica per a la pobresa energètica de 10 milions d’euros que els seus socis de Govern els van insistir a incorporar. Però, de la mateixa manera, el que sí sabem és que, bàsicament, els que avui en dia donen resposta a la pobresa energètica són els ajuntaments. És des del món local on s’està realitzant l’esforç real i no des de la Generalitat.

Nosaltres els vam dir que el seu decret, aquest decret que el Govern de l’Estat ha portat al Tribunal Constitucional perquè considera que envaeix competències, no era suficient.



I ens vam abstenir al Parlament de Catalunya en la votació d’aquest decret. I la prova que no és suficient ens l’ha donada el temps, perquè només 800 famílies s’han pogut acollir a les condicions que vostès van posar en el decret, quan la realitat és que unes 320 000 famílies no poden mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada a dia d’avui a Catalunya.

El dret a l’habitatge digne, com el dret a la salut, es reconegut a escala universal i va associat, indissolublement, a tenir subministrament energètic d’aigua, llum i gas. Parlem, per tant, d’un bé indispensable, d’un dret, tan indispensable com pugui ser la sanitat o l’educació, un dret que no podem permetre que minvi sota les polítiques d’austeritat.

Moltes gràcies.

¿Es digno un hogar con menos de 18 grados? ¿Podemos definir como dignas las condiciones de las viviendas que acaban provocando siniestros mortales? Según el Informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Sostenibilidad en España 2012, hay entre 2200 y 9300 muertes anuales relacionadas con la pobreza energética. Más del 15 % de la población española sufre pobreza energética. Basta con ver los cortes de suministro que se han producido en los últimos años. Año 2013: En el Estado español se produjeron más de 75 000 cortes de gas por impago, un 86 % más que en el año 2012 y más de un millón de cortes de suministro eléctrico, un 24 % más que en el año anterior.

Las causas de la pobreza energética ya se han comentado, tienen que ver con el riesgo de exclusión, con el aumento de la pobreza que sufre nuestro país. Tienen que ver con las condiciones de las viviendas y tienen que ver con el aumento de los precios de la energía. La electricidad ha aumentado en un 83 % respecto a 2013. Tenemos una de las tarifas más caras de la Unión Europea, solo superada por Chipre e Irlanda. El agua se ha encarecido un 65 % desde los inicios de la crisis. Más del 17 % de los hogares dedican el 10 % de sus ingresos al consumo de energía, cuando al principio de la crisis era solo un 5 %. Fíjense ustedes en este gráfico (La señora Almiñana Riqué muestra un documento a la Cámara). Vemos cómo aumenta la diferencia, la brecha, entre el índice de gasto de la energía y el índice de ingresos en el hogar. ¿Cómo pueden explicar o, mejor dicho, me pueden explicar ustedes qué Gobierno permite esta brecha, esta diferencia, este incremento entre el coste y los ingresos de un producto que nos consolida derechos? Yo sí, las políticas del Gobierno del Partido Popular.

Por otro lado, las grandes empresas eléctricas han aumentado en más del 20 % su valor en bolsa desde principios de 2014. ¿Lo ven ustedes, señorías? Siempre terminamos en el mismo lugar. Ustedes favorecen a los poderosos y eso es lo mismo que no proteger a los vulnerables. No podemos decir, en este sentido, que el Gobierno de Convergència sea muy distinto. Porque, si bien puedo compartir plenamente lo que se ha dicho en esta Tribuna para defender esta moción, fíjense que en el Parlamento de Cataluña, en el Pleno específico que se celebró sobre la pobreza hace justamente un año, ustedes votaron en contra de una partida presupuestaria específica para garantizar que no hubiera cortes de suministro de agua y luz; de una partida que garantizara la renta mínima de inserción y que fuera ampliable; de un plan de choque para ayudar a las personas paradas de larga duración; de dotar con más recursos a los servicios sociales de los ayuntamientos; de dar apoyo a las guarderías municipales, y de publicar los datos de impagos de la Generalitat para con las entidades sociales.

Es cierto que en el presupuesto para 2015 hay una partida específica para la pobreza energética de 10 millones de euros que sus socios de Gobierno insistieron en incorporar. Pero, del mismo modo, lo que sí sabemos es que, esencialmente, los que hoy dan respuesta a la pobreza energética son los ayuntamientos. Es en el mundo local donde se está realizando el esfuerzo real y no en la Generalitat.

Nosotros les dijimos que su decreto, este decreto que el Gobierno del Estado ha llevado al Constitucional porque considera que invade competencias, no es suficiente. Y nos abstuvimos en la votación de este decreto en el Parlamento. La prueba de que no es suficiente nos la ha dado el tiempo, porque solo 800 familias se han podido acoger a las condiciones que ustedes pusieron en el decreto, cuando, en realidad, unas 320 000 familias no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada ahora mismo en Cataluña.

El derecho a la vivienda digna, como derecho a la salud, se reconoce a escala universal y va vinculado a tener suministro energético de agua, luz y gas. Por tanto, estamos hablando de un bien indispensable, de un derecho, tan indispensable como pueda ser la sanidad o la educación, un derecho que no podemos permitir que merme bajo las políticas de austeridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, president.

Seré breu perquè ja he explicat bastant els motius en l’exposició general en defensa de la moció.

Voldria fer meu un decàleg d’actuacions polítiques per fer front a la pobresa energètica que algunes entitats catalanes han elaborat. Aquest decàleg probablement recull bona part dels punts tractats avui aquí, i crec que ens pot ajudar molt a definir aquesta problemàtica, sobretot a l’hora de prendre mesures.

Alguns punts ja els he anat definint a la meva anterior intervenció. El primer punt seria, evidentment, reconèixer el fet que existeix pobresa energètica i definir aquest concepte. Abans he comentat quines pensava que havien de ser aquestes definicions, seguint la normativa europea i seguint l’exemple d’altres països. El segon punt seria definir, com ja hem comentat, el concepte de consumidor vulnerable. Espanya ho va fer seguint les indicacions de la Comissió Europea, però de transitòriament i malament; ho va fer de forma incompleta, a través del Reial decret 13/2012, amb un text que diu: Transitòriament, fins que no es defineixin els consumidors vulnerables, es considerarà com a tals a aquells afectats que estiguin acollits al bo social. Per tant, el Govern fa tard i hem de definir clarament el concepte de consumidor vulnerable, perquè ja hem analitzat quines són les dificultats.

També cal valorar el fet que el bo social, amb la seva tarifa, acull menys gent, és a dir, que menys gent es pot acollir a aquest bo, tot i que la pobresa hagi augmentat. O sigui, hi ha menys persones que es poden acollir al bo social quan en realitat seria més important que s’hi acollissin. Per tant, és important que el Govern actuï.

I hauríem d’establir també, com marca la directiva de la Unió Europea, plans contra la pobresa energètica i hauríem d’aplicar, com ja he comentat també, mesures d’eficiència energètica a les llars; mesures que ajudin a millorar els aïllaments i a millorar l’eficiència energètica, reduint el consum. De fet, el 5 desembre 2013 va finalitzar el termini perquè el Govern fes la transposició de la Directiva 2012/91, de la Unió Europea, sobre eficiència energètica, i a dia d’avui encara no ha enviat els plans que s’han d’aplicar per a la millora dels edificis.

I tornant al que dèiem abans del consumidor vulnerable, hem de millorar l’aplicació del bo social a la factura i hem de disminuir l’IVA al gas i a l’electricitat d’ús domèstic. Això es pot fer; i d’altres països europeus ja ho fan. I també hem d’assegurar el subministrament en moments crítics. Actualment, en casos d’impagaments de llarga durada, està prohibit el tall del subministrament per exemple, en institucions com poden ser els hospitals. Però també hauríem d’entendre que hi ha persones amb malalties cròniques que necessiten estar connectades permanentment a aparells com ara màquines de diàlisi o de respiració, i el seu cas també s’hauria d’incloure com a persones a les quals no se’ls pot tallar el subministrament en cap cas. I, evidentment, en els períodes més crítics, de novembre fins a març, s’hauria d’impedir el tall del subministrament elèctric.

Totes aquestes mesures s’han de prendre a nivell interdepartamental i entre les diferents administracions, tant a nivell local com autonòmic i estatal. Així mateix, hem de ser capaços de garantir una major i millor informació al consumidor vulnerable, de manera que sàpiga quins són els seus drets i sàpiga a què es pot acollir. Una de les coses que s’inclouen en aquest decàleg i que em sembla important i que nosaltres hem defensat aquí perquè en la reforma de la Llei del sector elèctric el Govern Popular s’hi va oposar, té a veure amb millorar l’autoconsum. L’autoconsum pot ajudar les famílies, especialment que en zones rurals i aïllades, pot ajudar a moltes famílies a potenciar i a millorar la seva capacitat energètica, a reduir la pobresa energètica, a reduir el cost que els representa la despesa energètica. Això ajudaria a que poguessin sortir del llindar de la pobresa, però ja vam veure que, quan parlem d’autoconsum, el govern del Partit Popular vol penalitzar-ho i no s’hi apunta.

Voldria fer una referència també a la política de la Generalitat, perquè si algú ha començat a aplicar les mesures d’estalvi energètic i contra la pobresa energètica han estat precisament la Generalitat de Catalunya i el Govern de Convergència i Unió. A mi sempre em fa molta gràcia que els senadors d’Entesa aprofitin i critiquin, no ja al Parlament de Catalunya, que també, sinó aquí als governs de Convergència i Unió. Si s’han reduït despeses recordin vostès com ens van deixar la Generalitat: amb la caixa buida i plena de factures per pagar. Amb la qual cosa la reducció... sí, sí, calaixos buit de diners però plens de factures, amb la qual cosa la reducció que hem hagut de fer de despeses ha estat per poder fer front a tot el que vostès ens van deixar i incrementar. (La senyora Sequera García ho nega).

Som nosaltres els qui hem aplicat un decret que segurament es pot millorar, no ho dubto, però hem estat nosaltres els qui l’hem aplicat per tal d’ajudar a millorar el problema de la pobresa energètica. Així que està molt bé això de venir aquí a criticar i a dir que som nosaltres els qui hem reduït les despeses en molts aspectes, però, si hem reduït despeses socials, que s’han augmentat en el pressupost, perquè si analitzem el percentatge, la despesa social en els governs de l’últim mandat de Convergència i Unió és superior a la partida dels governs tripartits. I això és així i, si no, només cal mirar les estadístiques.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Voy a ser breve porque ya he explicado los motivos en la exposición general en defensa de la moción.

Me gustaría hacer mío un decálogo de actuaciones políticas para hacer frente a la pobreza energética que algunas entidades catalanas han elaborado. Este decálogo probablemente recoja algunos de los puntos tratados hoy aquí, que nos pueden ayudar mucho a definir esta problemática, sobre todo a la hora de adoptar medidas.

Algunos puntos ya los he definido en mi anterior intervención. El primer punto consiste en reconocer el hecho de que existe pobreza energética y en definir tal concepto. Antes he comentado cuáles pensaba que debían ser estas definiciones, a la luz de la normativa europea y siguiendo el ejemplo de otros países. El segundo punto propone definir, como ya hemos comentado, el concepto de consumidor vulnerable. España lo hizo siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, pero de forma transitoria y mal; lo hizo de forma incompleta, a través del Real Decreto 13/2012, con un texto que dice: Transitoriamente, hasta que no se definan los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos afectados que estén acogidos al bono social. Por lo tanto, el Gobierno llega tarde. Hay que definir con claridad el concepto de consumidor vulnerable, porque ya hemos analizado cuáles son las dificultades.

También hay que valorar el hecho de que el bono social, con su tarifa, acoge a menos gente, es decir, que menos gente se puede acoger a este bono, a pesar de que la pobreza haya aumentado. O sea, hay menos personas que se pueden acoger al bono social cuando en realidad sería más conveniente que sí lo hicieran. Por tanto, es importante que el Gobierno actúe.

Y deberíamos establecer, como marca la directiva europea, planes contra la pobreza energética y aplicar, como ya se ha dicho también, medidas de eficiencia energética en las viviendas; medidas que ayuden a mejorar el aislamiento de las viviendas y con ello la eficiencia energética, con lo que se reduciría el consumo. De hecho, el 5 de diciembre de 2013 finalizó el plazo para que el Gobierno realizara la trasposición de la Directiva 2012/91, de la Unión Europea, sobre eficiencia energética, y a día de hoy todavía no ha enviado los planes que deben aplicarse para la mejora de los edificios.

Y volviendo a lo que decíamos antes del consumidor vulnerable, tenemos que mejorar la aplicación del bono social en la factura y disminuir el IVA en el gas y en la electricidad de uso doméstico. Esto se puede hacer; de hecho otros países europeos ya lo han hecho. Y también debemos garantizar el suministro en momentos críticos. En la actualidad, en casos de impagos de larga duración, está prohibido el corte del suministro en ciertos casos, por ejemplo, en los hospitales. En este sentido, deberíamos comprender que algunas personas con enfermedades crónicas precisan estar conectadas a máquinas de diálisis o de respiración de forma permanente, por lo que en su caso también debería prohibirse el corte del suministro. Y, evidentemente, en los períodos más críticos, de noviembre a marzo, se tendría que impedir el corte del suministro eléctrico.

Todas estas medidas deberían adoptarse a nivel interdepartamental y entre las distintas administraciones, tanto a nivel local como autonómico y estatal. Asimismo, deberíamos ser capaces de garantizar una mayor y mejor información al consumidor vulnerable, de forma que conozca sus derechos y sepa a qué se puede acoger. Una de las cosas que se incluyen en este decálogo —termino así, y me parece importante; nosotros lo hemos defendido aquí porque en la reforma eléctrica el Gobierno Popular se opuso— tiene que ver con el autoconsumo, que en las zonas rurales y aisladas puede ayudar a muchas familias a potenciar y mejorar su capacidad energética y a reducir la pobreza energética, así como el coste que a estas familias les supone el gasto energético. Ello ayudaría a que pudieran salir del umbral de la pobreza, pero ya vemos que el Gobierno del Partido Popular no se apunta a eso y penaliza el autoconsumo.

Quisiera hacer una referencia también a la política de la Generalitat, porque si alguien ha empezado a aplicar las medidas de ahorro energético y contra la pobreza energética han sido precisamente la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Convergència i Unió. A mí siempre me hace mucha gracia que los senadores de Entesa aprovechen y critiquen, no ya en el Parlamento de Cataluña, que también, sino aquí a los gobiernos de Convergència i Unió. Si se han reducido gastos recuerden ustedes cómo nos dejaron la Generalitat: con la caja vacía y llena de facturas por pagar. Con lo cual la reducción que hemos tenido que hacer de gastos ha sido para poder hacer frente a todo lo que ustedes nos dejaron. (Denegaciones de la señora Sequera García).

Nosotros hemos aplicado un decreto que seguramente se puede mejorar, no lo dudo, pero hemos sido nosotros quienes lo hemos aplicado a fin de ayudar a mejorar el problema de la pobreza energética. Así que está muy bien esto de venir aquí a criticar y a decir que somos nosotros quienes hemos reducido los gastos en muchos aspectos, pero, si hemos reducido gastos sociales, se han aumentado en el presupuesto, porque si analizamos el porcentaje, el gasto social en los gobiernos del último mandato de Convergència i Unió es superior a la partida de los gobiernos tripartitos. Y si no, basta con mirar las estadísticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como indicaba en la presentación de la enmienda de sustitución, la posición de mi grupo parlamentario va a ser la abstención; no admiten esa enmienda y creemos que aquí no se trata de legislar para salir del paso, como he dicho anteriormente, sino de legislar para resolver de raíz el problema de la pobreza energética. La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va en esa dirección, y nuestra enmienda a su moción también.

Decía el otro día el ministro Soria, con la arrogancia que caracteriza a este Gobierno, que la pobreza energética no es distinta de la general y que lo que hay que hacer es crear empleo. Yo no voy a discutir si son galgos o son podencos, pero parece evidente que las políticas neoliberales y antisociales del Gobierno del Partido Popular han instalado la precariedad, la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Que el Partido Popular engañó a los ciudadanos para ganar las elecciones es algo evidente. Muchos de ellos les votaron porque creyeron en sus promesas. Les creyeron cuando prometieron crear 3,5 millones de puestos de trabajo, y sin embargo se han destruido 600 000 empleos. Les creyeron cuando dijeron que no iban a recortar en educación, en sanidad o en dependencia, y han recortado un día sí y otro también en el Estado de bienestar. Les creyeron cuando dijeron que no se emplearía dinero público para financiar el rescate bancario, y ustedes han rescatado los bancos con el dinero de los contribuyentes y no con el de los responsables del desaguisado, como el señor Blesa o el señor Rato.

Por tanto, el Partido Popular lo que de verdad ha hecho ha sido aprovechar el paraguas de la crisis para implantar su ideología; para cambiar el modelo económico y social como lo conocíamos hasta hace cuatro años; para cambiar servicios públicos por negocio privado, de tal manera que el denominador común de la acción del Gobierno no ha sido otro que destruir lo público para favorecer lo privado a costa de la salud, de la educación o del bienestar de la gente. Señorías del Partido Popular, ustedes han institucionalizado el precariado. Si levantamos las alfombras, encontramos la España real que ignoran un día sí y otro también el Partido Popular y el señor Rajoy. Uno de cada cuatro trabajadores está en paro; uno de cada dos trabajadores menores de 25 años se encuentra en paro; uno de cada tres parados no cobra prestación; 7,7 millones de trabajadores, es decir, el 46,4 %, gana mucho menos de 1000 euros al mes; uno de cada tres trabajadores —son datos de la Agencia Tributaria— gana menos de 645 euros mensuales. Son un total de 5,7 millones de trabajadores. Además, 700 000 hogares no tienen ingreso alguno, casi el doble que al inicio de la crisis, y uno de cada cinco españoles vive bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 2 300 000 son menores de edad.

No les voy a cansar con más datos de la España real que ignora el Partido Popular. Una realidad insoportable que puede ser calificada de emergencia nacional y que debería ser, y no lo es, el principal objetivo de este Gobierno. Señorías, las críticas no vienen de los grupos de la oposición, que también, ni siquiera de los sindicatos, vienen de la propia Comisión Europea, que en un informe reciente dice que hoy tener empleo en España no garantiza salir de la pobreza, y en un informe reciente Bruselas abronca al Gobierno español por el nivel de pobreza y el aumento de desigualdad: el segundo país que más ha aumentado de toda la Unión Europea.

Por tanto, cuando este Gobierno, cuando el señor Soria echa balones fuera para no afrontar el problema de la pobreza energética debería saber que por mucho que este Gobierno, el del Partido Popular, quiera esconder la trágica realidad en la que vive la sociedad española, los datos están ahí y son tozudos. Con este Gobierno ha aumentado el paro, el empleo que se crea es precario, han bajado los salarios y es el segundo país, como le decía, que más ha aumentado la desigualdad en el ámbito de la Unión Europea. También, señorías, la pobreza energética ha crecido con este Gobierno un 20 % según el estudio último del año 2014 de la Asociación de Ciencias Ambientales; son ya 7 millones de españoles los que sufren este drama, el 17 % de los hogares. Y como decía anteriormente, un dato preocupante: el 9 % de los hogares, 4 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener a una temperatura adecuada para la salud su vivienda.

Con estas cifras España se ha convertido en el cuarto país en pobreza energética de la Unión Europea y según la ONU la pobreza energética mata a 10 000 personas cada año y provoca entre el 10 y el 40 % de las muertes en invierno. Por cierto, mi tierra, Castilla-La Mancha, es la región líder en pobreza, es la región líder en pobreza infantil y líder en pobreza energética. El 35 % de los hogares castellano-manchegos sufren el drama de la pobreza energética, el porcentaje más alto de toda España según ese informe de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Y ante esta realidad la pregunta es clara: ¿Por qué el Gobierno no lucha contra la pobreza energética que sufren millones de españoles? ¿Por qué el Gobierno con sus cambios normativos favorece la subida del recibo de la luz, como ha ocurrido en el último trimestre de 2014 y lo que va de 2015? ¿Por qué el Gobierno con sus cambios normativos ha expulsado a medio millón de hogares del bono social? ¿O por qué el Gobierno sube la luz incluso antes de empezar a consumirse, por qué ha duplicado la parte fija del recibo de la luz, la que tiene que ver con el término de potencia contratada? La respuesta es clara, y es que este Gobierno legisla en favor del oligopolio eléctrico y en contra de los ciudadanos y las familias más vulnerables. Y nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, les decimos alto y claro que no es de recibo que mientras que las grandes eléctricas —escuche bien, señor portavoz del Grupo Popular— en este país tienen el doble de beneficios que sus homólogas europeas, aquí hay ya 7 millones de personas que no pueden mantener a una temperatura adecuada su vivienda, y no es de recibo que cada año esas grandes eléctricas corten el suministro a un millón de hogares españoles.

Ante esta situación no caben excusas, no cabe echar balones fuera porque el drama que viven 7 millones de españoles merece un respeto y una atención adecuada. La propia Unión Europea ha aprobado dos directivas con indicaciones claras para que los Estados miembros trabajen en favor de evitar la pobreza energética y para proteger a los consumidores vulnerables, para que haya un suministro energético a un precio asequible para ese consumidor vulnerable y que se prohíba el corte del suministro a esos consumidores en períodos críticos, como pueden ser los meses de invierno.

La pobreza energética tiene solución, no es un problema de números, es un problema de voluntad política. Así lo han entendido catorce países de la Unión Europea que han legislado, y este Gobierno ha perdido la oportunidad de hacerlo en la Ley del sector eléctrico, a pesar de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista pidiendo que se hiciese. Como también hemos pedido a través de interpelaciones, mociones, PNL o esa proposición de ley a la que hacía referencia para que se pudiese resolver este asunto, pero todo ha caído en saco roto porque no hay voluntad política del Partido Popular para afrontar y solucionar este problema.

Señorías del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista hace propuestas económicamente viables y socialmente justas para devolver la dignidad a millones de españoles, como la creación de una tarifa social de luz, gas butano y propano para esas familias vulnerables o que no se les corte el suministro eléctrico en los meses de invierno, el Partido Popular dice no y lo dice al mismo tiempo que anuncia una recuperación. Señorías, el milagro español no es la recuperación fofa y de baja intensidad que nos anuncia el Partido Popular, el milagro español, desgraciadamente, es el empobrecimiento, la desigualdad y la pobreza que traen las políticas neoliberales y las políticas antisociales de este Gobierno. Y por si faltaba poco, ahora el Gobierno, a través de una persona de confianza del señor Montoro y en nombre de la Agencia Tributaria, compara a Cáritas con la caja B del Partido Popular (Rumores) en un intento de utilizar el prestigio de Cáritas para tapar el desprestigio del Partido Popular. (Protestas). Es una indecencia, es sencillamente miserable y pone a las claras que en España hoy hay un Gobierno que no tiene alma, que está deshumanizado y que ha dejado en la cuneta a millones de españoles con sus políticas que aumentan la pobreza y la desigualdad; un Gobierno sin escrúpulos que para tapar sus vergüenzas equipara al Partido Popular con el buen nombre de Cáritas, una ONG como, por ejemplo, Cruz Roja, que a pesar de los recortes que ha tenido de este Gobierno durante la legislatura ha trabajado para ayudar a las personas y a las familias vulnerables. Sin ese trabajo y sin el de muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista o comunidades autónomas como Andalucía o Asturias, gobernada por el Partido Socialista, la situación de pobreza general, y de pobreza energética en particular, hubiese sido peor para esas personas y para esas familias.

Termino, señor presidente. Señorías, afortunadamente, el tiempo se acaba para este Gobierno. El domingo pasado, con la victoria del Partido Socialista en Andalucía, comenzó el cambio político en España; un cambio político que tendrá un nuevo impulso en mayo en las elecciones municipales y autonómicas y que servirá —y esto es lo importante— para devolver la dignidad a millones de españoles que les ha arrebato las políticas antisociales e inhumanas del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero tener un recuerdo para todas las víctimas del accidente aéreo de ayer, y muy en especial para mi compañero y amigo Rogelio Oficialdegui. Que descansen en paz y que Dios los tenga en su gloria.

También quiero solidarizarme con todos los que sufren la denominada pobreza energética; es decir, con todos aquellos que no pueden mantener sus casas en condiciones de habitabilidad. Como no puede ser de otra manera, este problema preocupa al Grupo Popular y preocupa al Gobierno, porque es esa epidemia invisible de la que, aunque todavía no hay cifras reales, el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta de condiciones de vida, nos dice que puede afectar a 3 millones de hogares, y Cruz Roja nos habla de que el 33 % de las personas mayores de sesenta años no pueden poner la calefacción en sus casas.

Sí, somos sensibles a esta epidemia que causa más muertes que las que se producen en los accidentes de tráfico en las carreteras. Y como somos sensibles, tengo que recordar que ha sido el actual Gobierno, y no otro, el que no se ha quedado de brazos cruzados en esta materia y es el que, por primera vez, ha incluido este concepto de pobreza energética en un texto normativo como es la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y ha sido este Gobierno —no fue el anterior— el que traspuso la directiva comunitaria de 2009, en la que se instaba a los Estados miembros a definir el concepto de cliente vulnerable y a implantar medidas que garanticen el suministro de electricidad, introduciendo este concepto de pobreza energética. Este Gobierno ha establecido el baremo social que se aplica a determinados consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso; ha reservado en la Ley del sector eléctrico del año 2013, que es la que garantiza el suministro eléctrico al menor precio posible, a todos estos colectivos, sobre todo a los vulnerables; ha establecido en el artículo 45 de esa ley que el bono social, que supone un 25 % de descuento, se aplique a los consumidores vulnerables y cubra la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y la tarifa de último recurso.

Por lo tanto, señorías, en materia de pobreza energética nadie nos puede dar lecciones, y nuestra sensibilidad la estamos demostrando con hechos y a través de todas las medidas que este Gobierno está tomando desde el minuto cero en cuestión económica, porque todas ellas van dirigidas a superar la crisis, a crecer económicamente y a crear empleo; y esta es la mejor manera de combatir todo lo que es pobreza y también la que se denomina pobreza energética.

Los expertos nos dicen que tres son las causas de la pobreza energética: el encarecimiento del precio de la energía, la reducción de las rentas familiares y la baja calidad del parque edificatorio.

Pues bien, con relación a la primera de ellas, el encarecimiento del precio de la energía, hay que recordar que en el periodo 2004-2011, con el Gobierno anterior, el precio de la luz subió un 67,2 %, es decir, una media anual del 6,9 %. Por eso, como recordaban algunos portavoces, a comienzos de esta legislatura teníamos en este país la energía más cara del continente. Además, con el déficit tarifario que nos encontramos, si no se hubiesen tomado medidas, habríamos tenido que subir el recibo de la luz un 42 %, y entonces sí que habría muchos más pobres, y muchos más pobres en materia energética. Es cierto, en el año 2012 subió un 6,9 % la luz como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a corregir desajustes anteriores en la afectación de costes regulados, pero también es cierto que en el año 2013 bajó un 3,1 %, por primera vez después de muchos años, y que en el año 2014 bajó un 5 %. Y lo mismo podríamos hablar del precio del gas, que también ha bajado y se prevé que va a seguir bajando, o de la bombona de butano, que acaba de tener una importante bajada del 10 %. Estos son hechos y son medidas con las que el actual Gobierno está paliando la pobreza energética.

La segunda de las causas les decía que es la reducción de las rentas familiares, y todos sabemos que esto se debe a que no tienen empleo. Pero no nos podemos olvidar de que en la pasada legislatura más de 3 millones de españoles perdieron su puesto de trabajo, con lo que se aumentó la pobreza. Y ya se sabe que la mejor política social para luchar contra la pobreza y la exclusión consiste en sentar las bases para que se pueda crear empleo estable y de calidad. Y en esa línea va la reforma laboral del actual Gobierno, la cual, junto con todas las reformas estructurales que se han puesto en marcha, ha permitido que en el año 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis, haya habido creación neta de empleo en este país. Se han creado más de 417 500 nuevos empleos y 253 600 personas han dejado las listas del paro. Eso fue en el año 2014. Y en este año 2015 se prevé que se va a seguir creando empleo. Ahí tenemos los datos del paro del mes de febrero: 13 538 personas abandonaron esas listas, siendo este el mayor descenso registrado desde el año 2011. Por tanto, el actual Gobierno está poniendo los medios para eliminar esta segunda causa.

Y con relación a la tercera, la eficiencia energética, tenemos que recordar que el anterior Gobierno lo que hizo fue repartir bombillas, mientras que ahora en el punto anterior el portavoz socialista nos hablaba de los seis planes PIVE puestos en marcha en materia de automóvil. Y en materia de edificación, está la certificación energética de edificios y los planes de incentivos para la rehabilitación de viviendas, con 125 millones de euros. Por tanto, este Gobierno está atacando las tres causas de la pobreza energética.

Y en relación con el punto primero de la moción, se dice que se da una paradoja porque hay hogares que están abandonando el bono social. Lo que hay que decir al respecto es que esa disminución se produce principalmente por un simple motivo técnico, y es que en el caso de aquellas personas que tienen el bono social por tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, que es el primero de los cuatro supuestos de los que se habla en la moción, en estos últimos años se han instalado muchos interruptores de control de potencia, así como contadores inteligentes, motivo por el que muchos usuarios están abandonando esas potencias.

Con relación al tema del recurso de inconstitucionalidad, que ha sido presentado por el presidente del Gobierno contra el Decreto Ley de Cataluña, se ha hecho porque este iba en contra de la normativa básica estatal. Hay que decir que es en la Ley del sector eléctrico en la que se establece un sistema de Tarifa de Último Recurso, que es fijada por el Gobierno y que es idéntica para todo el territorio nacional. Cataluña ha establecido unos requisitos diferentes para poder percibir el bono social, con lo que se ha generado una discriminación con el resto de consumidores de España. Y, por ese motivo, ha habido que retirarlo.

Por último, en el punto tercero, lo que pretenden ustedes es que se ponga un IVA minorado del 4 % para la electricidad y el gas. Esta medida —si se hiciera así— iría en contra de los compromisos que recientemente han adquirido los Estados miembros y la Comisión Europea de limitar la aplicación de los tipos reducidos. Lo que han dicho es que no se incluyan nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida. Por ese motivo, esto iría también en contra de los informes de la propia Comisión Europea que está diciendo a España que no reduzca. Por lo tanto, no se puede votar.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Termino, señor presidente.

Por esta razón, vamos a votar en contra de esta moción, lo cual no quiere decir que no estemos luchando contra la pobreza energética, porque se están poniendo los medios y, además, se están adoptando las medidas eficaces para reducir la pobreza y también la pobreza energética.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 23;



en contra, 141; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. 621/000103 Justicia

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente, vamos a presentar el dictamen del Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo entrada en esta Cámara el día 29 de diciembre de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 10 de febrero, fue ampliado hasta el día 16 de febrero de 2015. A este proyecto de ley se han presentado 115 enmiendas, una de las cuales, la número 52 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, fue posteriormente retirada.

El día 18 de febrero, la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Silvia Franco González, del Grupo Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Maria Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular. Dicha ponencia se reunió el día 23 de febrero y emitió informe, en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el día 3 de marzo, y emitió dictamen de conformidad con el texto definitivamente propuesto por la ponencia en el transcurso de dicha sesión. Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Para información de sus señorías les anuncio que vamos a realizar tanto el debate de totalidad como el debate de las enmiendas de este proyecto de ley. Si se terminara antes de las dieciséis horas, suspenderíamos el Pleno hasta esa hora, aunque la votación de este proyecto de ley en ningún caso se realizará antes de las dieciséis horas. ¿Entendido? (Asentimiento). Me alegro.

Comenzamos con el debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Pausa).

¿Turno en contra? (Pausa).

Señorías, al no haber habido turno a favor ni en contra, no procede un turno de portavoces. Si les parece, lo dejamos para el debate de las enmiendas.

Comenzamos, por tanto, el debate de las enmiendas.

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 1 a 23 presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Pensaba realizar la valoración general del proyecto en el turno de defensa de las enmiendas, puesto que el tiempo del que dispongo es más que suficiente.

Llegan a este Pleno de la Cámara dos proyectos —ambos guardan relación con materia de justicia— que tienen como objetivo inicial la transposición de dos directivas comunitarias. Pero así como el siguiente proyecto tiene un contenido eminentemente técnico, este proyecto, sin ninguna duda, guarda una inspiración mucho más política que aquel.

Reconozco que al día de hoy sigo manteniendo aún la duda de si este proyecto hubiera merecido la formulación de un veto por los senadores Mariscal y por mí mismo, porque entiendo que se trata de un proyecto incompleto, porque entiendo que se trata de un proyecto que, teniendo en su enunciado un objetivo encomiable, la elaboración de un estatuto propio de las víctimas del delito, sin embargo, al desarrollar la forma en que se va a dar esa protección, resulta un proyecto incompleto que solo va a amparar a una parte de las víctimas. Se trata de un proyecto que, una vez más, da la espalda a las víctimas del franquismo, sin que sea justificación suficiente para ello la existencia de una Ley de la memoria histórica —así llamada en términos coloquiales— en la que solo se da un tratamiento parcial y, en términos que podamos fácilmente comprender, un tratamiento honorífico más que jurídico. Se trata de una Ley de la memoria histórica en la que a las víctimas ni tan siquiera se les da el reconocimiento total de esa condición a partir de lo que, en primer lugar, debiera haber sido la respuesta inmediata en aquellos casos en los que hubo una sentencia judicial: declarar la nulidad de esa sentencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por lo tanto, este proyecto de nuevo da la espalda a las víctimas del franquismo. Incluso Amnistía Internacional, en un documento que habrá hecho llegar a sus señorías como hizo llegar a este portavoz, tras la aprobación del proyecto en el Congreso, valora que el texto olvidaba a las víctimas del franquismo y de la guerra civil, también olvidaba a las víctimas de torturas y malos tratos cometidos por agentes estatales, añadiendo asimismo que el proyecto no protegía suficientemente a las víctimas menores de edad ni a las víctimas de violencia sexual o trata de personas.

Para concluir con este capítulo de ausencias o de tratamiento insuficiente del proyecto, dentro del concepto de víctimas del franquismo, pero en la última secuela, ya víctimas de la democracia, tampoco incluye de una forma expresa, con un tratamiento claro, la situación de las víctimas vivas, las víctimas de las desapariciones forzosas de neonatos que durante el franquismo tuvieron un fundamento ideológico y luego, a finales del régimen, en la transición política y en los primeros años de la democracia, tuvieron un interés meramente mercantil. Esta ignorancia de un colectivo difícil de cuantificar, pero numeroso, se manifiesta de forma clamorosa en este proyecto cuando ni tan siquiera se da respuesta a una de las demandas más razonables de estas víctimas, la de las madres que fueron privadas de sus hijos o la de los hijos que, siendo conscientes de ello en algún momento de su vida, pretenden acceder al conocimiento de quién fue su progenitora real. En cuanto a las dificultades que siguen existiendo para el acceso a archivos y documentos, está, por una parte, la sustitución de los viejos hospitales por otros nuevos, que en la práctica significó una actuación irresponsable por parte de las administraciones, que no garantizaron la conservación de archivos y documentos de los antiguos hospitales en muchos casos y, por otra, está la dificultad que en este momento se deriva de una interpretación de la Ley de protección de datos —en mi opinión restrictiva— al impedir el acceso a documentos fundamentales para conseguir la verdad a quienes están investigando su origen o adónde fueron sus padres. Y esto por no hablar de quien tiene una documentación más amplia, la Iglesia católica, que tiene los archivos parroquiales de los bautismos y también porque fue titular de algunas instituciones sanitarias en las que se produjeron esos nacimientos que dieron lugar a las desapariciones, que se ha amparado en los contenidos del Concordato y ha negado a las personas interesadas el acceso a los archivos eclesiásticos.

Más allá de esta consideración general en esta parte del turno en defensa de nuestras enmiendas que he dedicado a lo que podía haber sido un turno de totalidad —aunque eso no habría tenido sentido—, paso a explicar a sus señorías las veintitrés enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo, enmiendas que, en general, son bastante coincidentes con las de los demás grupos parlamentarios.

La primera plantea que se excluya del concepto de víctima a quien es responsable de los hechos que han dado lugar a esa situación de víctima. No son muchos los casos, pero los hay. Piénsese, por ejemplo, en quien acepta participar voluntariamente en una pelea y sufre algún daño. Resulta difícil considerarle víctima.

Varias enmiendas guardan relación con el otro proyecto, el que transpone la Directiva de intérpretes. En consonancia con las enmiendas al otro proyecto, en este incluimos varias que pretenden incorporar el concepto de registro de intérpretes, enmiendas 3, 7 y 8.

También en relación con los servicios de interpretación y traducción, la enmienda 4 pretende que se incorpore la necesidad de informar a las víctimas sobre las condiciones que tienen para acceder al servicio de intérpretes.

La enmienda 9 introduce la posibilidad de que la traducción escrita de documentos pueda ser sustituida por un resumen oral. La enmienda 11 pretende que, dado que nuestros procedimientos penales suelen dilatarse más de lo conveniente, los mecanismos de traducción no terminen convirtiéndose en un elemento dilatorio más para prolongar en el tiempo.

La enmienda 10 plantea que cuando se trate de una víctima por violencia de género o esta sea menor y precise la intervención de un traductor, este tenga, además de la formación propia de su condición de intérprete, la formación específica prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de protección a las víctimas de violencia de género.

Enmendamos el artículo 5 para que se ofrezca información jurídica como fase previa a la interposición de la denuncia para que la persona que acuda a presentarla tenga la posibilidad de consultar previamente con un abogado para formular la denuncia en los términos más adecuados. Y mediante una enmienda al artículo 6 demandamos que la formulación de denuncia por un inmigrante en situación irregular en ningún caso pueda dar lugar a un expediente sancionador derivado de esa condición de irregular, y que si hubiera en marcha un procedimiento de una orden de expulsión se suspenda su ejecución.

En relación con el artículo 13 del proyecto de ley presentamos varias enmiendas. La primera, de supresión. No se deriva de la directiva cuya transposición se pretende realizar con este proyecto que las víctimas de determinados delitos tengan participación en el proceso de ejecución de la condena con la posibilidad incluso, como establece el proyecto, de impugnar las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria y también la posibilidad de solicitar que se impongan a la persona a la que se concede la libertad condicional determinadas medidas. En el caso de que no prosperara la enmienda de supresión, planteamos una enmienda alternativa que pretende que el artículo 13 refleje que las víctimas puedan interesar al ministerio fiscal para que presente alguno de estos recursos o solicite la imposición de medidas que garanticen la seguridad de la víctima.

Por lo que se refiere al artículo 15, relativo a la justicia restaurativa, formulamos dos enmiendas, eliminando las sombras que el texto proyecta sobre los riesgos que en algunos casos se pudieran dar reafirmando que debe acudirse a esta fórmula siempre que redunde en interés de la víctima y eliminando la referencia expresa a que se hará cuando no esté prohibido por la ley, porque entendemos que es una obviedad, si está prohibido por la ley no es necesario que se especifique en esta ley que no se va a acudir a estos mecanismos.

Presentamos cuatro enmiendas al artículo 25, y añadimos que las medidas para la protección de las víctimas durante la fase de investigación deben ser obviamente compatibles con el derecho de defensa del investigado. Rechazamos que cuando se acuerde la celebración de vista sin público haya alguna posibilidad de que el tribunal autorice la presencia de personas con especial interés. Planteamos lo mismo que enmendamos en relación con la fase de investigación para la fase de enjuiciamiento, tanto en las medidas de protección para que sean compatibles con el derecho de defensa como para que se reconozcan las salvedades previstas en la directiva a la hora de aplicar medidas de protección a las víctimas, salvedades que no refleja el proyecto.

Enmendamos igualmente el artículo 78 con el objetivo de que se atribuyan las funciones previstas en el proyecto para la oficina de asistencia a las víctimas a las dos oficinas que ya existen, a la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y a la Oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo.

Presentamos una enmienda a la disposición final primera tres para que los perjudicados puedan ejercer no solo las acciones civiles, como refleja el proyecto, sino también las acciones penales, o ambas. Mediante otra enmienda solicitamos la supresión de la disposición final primera diecisiete, que hace referencia también a la posibilidad de autorizar la presencia en las vistas sin público. Otra enmienda de supresión afecta a la disposición final primera veintitrés porque entendemos que no hay motivo alguno para establecer un plazo específico de 20 días, mucho más amplio que el previsto en la normativa, para recurrir el auto de sobreseimiento.

Estas son las enmiendas que los senadores de Izquierda Unida hemos formulado a este proyecto y para las que solicitamos el apoyo del Pleno de la Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 24 a 30.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero decir que a nosotros también nos ha sorprendido el procedimiento porque entendíamos que íbamos a disponer de un turno de portavoces, con lo cual, nos lleva a cambiar el esquema del debate. En estos momentos, tenemos siete enmiendas, con lo cual, tendremos siete minutos. Intentaremos reflejar de manera sintética nuestras preocupaciones, si bien el debate global del proyecto de ley lo haremos en el turno de portavoces.

Nuestra mayor preocupación viene dada por la enmienda que hemos presentado al artículo 13, y vemos que el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados fue de manera similar; de hecho, existe en el Reglamento del Congreso de los Diputados una posibilidad para votar de manera separada, y así lo hicieron; es decir, el artículo 13 se votó de manera separada al resto del articulado del proyecto de ley. En ese sentido, gran parte de los grupos en el Congreso mostramos una gran preocupación por el significado de este artículo; en estos momentos, considero que no hemos avanzado nada y, por ello, vamos a mostrar la misma preocupación, me refiero a la participación de la víctima en la ejecución.

Entendemos cuestionable la inclusión de este artículo por dos razones principalmente: primero, porque es una regulación que no viene obligada por el desarrollo de ninguna normativa europea y, segundo, porque puede suponer, tal como plantea el Consejo de Estado —esta reflexión también la presenta el Consejo de Estado—, una serie de interferencias con nuestro sistema penal y penitenciario. El precepto al que estamos aludiendo plantea dos niveles de participación de la víctima en la ejecución: por una parte, el apartado 1 legitima a las víctimas para impugnar determinadas resoluciones de la fase de ejecución, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa; y el apartado 2 señala que las víctimas estarán legitimadas para interesar al ministerio fiscal para que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, facilitar al juez o tribunal cualquier información para resolver sobre la ejecución de una pena impuesta y, antes de que el juez de vigilancia penitenciaria tenga que dictar una resolución, la posibilidad de alegar en un plazo de cinco días. Por tanto, consideramos que esto puede exceder, tal como estamos diciendo, el ánimo del legislador, tanto en el ámbito del derecho penal como en el penitenciario.

Entendemos que es un criterio diferente al utilizado en el derecho comparado de todo nuestro entorno; no conocemos ejemplo similar en ese sentido, y eso también nos llama la atención, porque nos parecería adecuado si lo que verdaderamente se pretende con la introducción de este artículo fuese que las víctimas tuviesen un real conocimiento y poder dar una opinión en el ámbito de la actuación de las instituciones que van a gestionar el cumplimiento de la sentencia. Está claro que a la víctima de un delito, en nuestra opinión, le resulta importantísimo conocer el cumplimiento de la pena del condenado, las condiciones de excarcelación, porque, evidentemente, eso va a tener una serie de consecuencias, sobre ella, en relación con la seguridad. Repito, hay una serie de consecuencias que es necesario que la víctima conozca. Pero en la medida en que el artículo 13 da instrumentos para condicionar lo que en el propio preámbulo se califica de monopolio estatal para la ejecución de las penas, pues las víctimas pueden condicionar lo que ya en el preámbulo se define como objeto del Estado, este artículo deja para nosotros de ser válido porque rompe peligrosamente con algo que continuamente ponemos encima de la mesa en continuos debates: la resocialización o, dicho de otra manera, un derecho fundamental recogido en el artículo 25 de la Constitución española. Porque no olvidemos que el objeto de las penas es resocializador.

Si la puesta en marcha de este proyecto de ley supusiese un mayor número de denegaciones de beneficios penitenciarios es evidente que repercutiría negativamente en las expectativas de reinserción del penado, es decir, iría en contra de lo que el constitucionalista en su momento o la Constitución en estos momentos dice que es uno de sus grandes objetivos. En nuestra opinión, la víctima debiera encontrar su resarcimiento en la sentencia, pero sin interferir en el objetivo que marca la Constitución española a la hora de la reinserción.

Quiero traer a colación también que el propio Consejo de Estado, al hablar de este artículo, menciona en su informe el auto del 3 de julio de 1989 del Tribunal Constitucional en el que —leo textualmente— dice: «La forma de cumplimiento de la pena escapa al interés de quien fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena en la medida en que el derecho a castigar, ius puniendi, lo ostenta en exclusiva el Estado».

Como no tengo mucho tiempo voy a hacer referencia al resto de las enmiendas. Una de ellas corresponde a la justicia restaurativa. Entendemos oportuno que se introduzca un concepto lo más amplio posible de la misma en el que el diálogo tenga un papel predominante. Queremos una noción de justicia restaurativa no solo pensada para restaurar a la víctima, sino para resolver los problemas creados o relacionados con el delito para todas las partes implicadas. Por ello, se propone una redacción lo más ceñida posible a lo establecido en la directiva que permite avanzar hacia una concepción del derecho humanitario en beneficio de la víctima y del infractor. En este sentido, hemos formulado dos enmiendas. Es verdad que tenemos que cuidar, mimar, ayudar en todo lo posible a la víctima, pero también, evidentemente, hemos de potenciar la justicia restaurativa y el diálogo para ayudar a la resocialización del penado.

Tenemos también algunas enmiendas que aluden a las asociaciones de víctimas. Creo que puede hacerse una reflexión similar a la que hemos hecho con el artículo 13. Para finalizar, hemos presentado alguna enmienda importante relativa al ámbito competencial porque tenemos que cuidar de las competencias que, en materia de justicia, van a tener las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

El Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya presenta dos grupos de enmiendas, uno, de la 31 a 37 y 39 a 44 y, dos, de la 45 a 51 y 58 a 64.

Para la defensa de las primeras enmiendas, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero manifestar la posición de los senadores del PSC, dentro de la Entesa, relativa a la necesidad de disponer de un estatuto jurídico, de una ley de protección y apoyo a la víctima del delito que contemple aspectos jurídicos y procesales y también materiales, de representación económica, pero también —y yo diría que especialmente— aspectos derivados de cuestiones sociales y morales.

Estamos de acuerdo en que globalmente esta ley es necesaria también por otras razones. En primer lugar, porque las víctimas de los delitos no pueden ser objeto de debate partidista o no deberían serlo y no pueden ser patrimonializadas por ningún partido político ni Gobierno.

En segundo lugar, también como se ha dicho, la necesidad de transposición de tres directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico: la que establece normas mínimas sobre derechos al apoyo y protección de las víctimas del delito; también la de la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y a la pornografía infantil y, finalmente, una tercera directiva, del año 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

En tercer lugar, desde un punto de vista global, también es importante recoger en un solo texto legislativo la necesidad de ampliar el catálogo de derechos de las víctimas del delito, previsto ya en nuestro país en unas cuantas leyes, como son, por ejemplo, la Ley de 1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, o la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, como también la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

A nuestro juicio, señorías, a este catálogo de leyes les faltan dos más que, entendemos, también deberían ser recogidas en el preámbulo. Nosotros proponemos, repito, incorporar estas dos leyes al preámbulo con la enmienda 31 —que es la primera de las catorce que hemos presentado—, es decir, incorporar tanto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento, ampliación de derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, como también las víctimas de delitos contra la seguridad vial.

La siguiente enmienda, la 32, también al preámbulo, lo que propone es incorporar la palabra «falta» en la definición del concepto amplio de víctima. El proyecto de ley solo contempla el delito y, de ser así, quedaría fuera una parte muy importante de las víctimas de accidentes de tráfico, puesto que la mayoría de las infracciones penales en esta materia son juzgadas como falta y no como delito.

La enmienda 33 es al artículo 5, apartado 1, letra m. El proyecto de ley prevé que la víctima debe realizar una solicitud para ejercer el derecho a la información y notificación de determinadas resoluciones judiciales. En esta enmienda, nosotros proponemos eliminar el derecho a efectuar esta solicitud por «el derecho a ser notificada», es decir, que la notificación se produzca de oficio y no a instancias de parte. No voy a comentar todas las enmiendas.

La 36, al artículo 8, apartado 1, pretende ampliar a los empleados o colaboradores de entidades aseguradoras la prohibición de ejercer sus servicios antes de un mes desde el hecho delictivo. Se trata, por lo tanto, de evitar, por ejemplo, que en accidentes de tráfico, se pueda aprovechar el periodo de un mes de que dispone la víctima, y así evitar un posible perjuicio a la misma.

La enmienda 37 hace referencia al controvertido artículo 13, que en el proyecto de ley pretende dar entrada a las víctimas en la ejecución de las penas. De hecho, es una cuestión que ya está prevista en el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, como es el de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. ¿Pero qué ocurre en la práctica, en la realidad? Pues que el ministerio fiscal no cumple regularmente, con asiduidad, con este requisito por diversos motivos, pero, especial y fundamentalmente, por la falta de recursos humanos con que cuenta, y a falta de esto, lo que propone este artículo es encontrar una solución barata y fácil, pero que entendemos que afecta de pleno a nuestro modelo de ejecución y que vulnera, además, el contenido de la Ley Orgánica penitenciaria, como también va en contra del artículo 25 de la Constitución, que establece que las funciones de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad van encaminadas a la reinserción social y a la reeducación de los presos. Por tanto, creemos que con esta enmienda mejoramos sustancialmente el texto y respetamos el espíritu y la letra de las disposiciones legislativas que les he comentado.

La enmienda número 39, al artículo 15.1, propone incorporar el concepto de mediación, que no aparece en ninguno de los artículos del proyecto de ley.

La enmienda 40, al artículo 23, propone sustituir el concepto de delitos de desaparición forzosa por delitos de homicidio, detenciones ilegales y secuestros, porque entendemos que está más ajustado a los términos previstos en nuestras leyes.

La enmienda 41 propone la supresión del artículo 35, que prevé la obligación de reembolso en caso de denuncia falsa o simulación de delito y lo hacemos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque esto ya está recogido en el Código Penal, concretamente en el artículo 456, y, en segundo lugar, porque podría llevar a la conclusión de que existe un número significativo de denuncias falsas, por ejemplo en violencia de género, cuando leyendo el propio informe del Consejo General del Poder Judicial nos damos cuenta de que este número es insignificante.

La enmienda 42, en la que proponemos la modificación de la disposición adicional primera, busca la mejora de la transparencia con la necesidad de realizar evaluaciones periódicas del sistema de atención a las víctimas de delito, prevista en esta disposición adicional. Resumiendo, lo que proponemos es sustituir la presentación al Congreso de los Diputados de un informe anual por parte del Gobierno por comparecer ante la Comisión de Justicia del mismo.

Finalmente, la enmienda número 44 propone incorporar el acceso a las ayudas a las víctimas extranjeras sin residencia legal, de acuerdo con lo que prevé nuestra legislación de extranjería.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

El Grupo de Entesa presenta también las enmiendas 45 a 51 y 53 a 64.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Antes de pasar a defender las veinte enmiendas que presentamos, quiero decir que este proyecto de ley no ha sido objeto de ningún veto porque compartimos profundamente la necesidad de que desde los poderes públicos, desde las administraciones se dé respuesta no solo a cuestiones jurídicas, sino también sociales y de acompañamiento a las víctimas y a las posibles consecuencias. Desde ese punto de vista, quiero decir que es positiva la presentación de este proyecto de ley, que podemos discutir las posibles insuficiencias pero a mí me gustaría que algunas de las enmiendas que presentamos los diversos grupos, que pretenden mejorar el texto al margen de debates ideológicos, se pudieran aceptar. En comisión se hizo un esfuerzo por parte de las ponentes del Grupo Popular para llegar a acuerdos, pero aún sería posible llegar a más.

Me interesa destacar que hay un primer debate, y es qué son las víctimas, hasta dónde llegan las víctimas. En nuestras enmiendas no hemos planteado ninguna referencia a las víctimas del franquismo, no porque creamos que este asunto esté resuelto, sino porque nos parece que se ha de resolver en otro espacio, independientemente de que votemos favorablemente las enmiendas que otros grupos han formulado en este sentido. Nos parece, por la misma naturaleza de las víctimas del franquismo, que la Ley de memoria histórica necesita una reconsideración de las víctimas. Entendemos que es importante que figure clarísimamente que las víctimas de los accidentes de tráfico estén recogidas en esta ley, independientemente de que en el preámbulo no lo estén. ¿Por qué? Porque en el Gobierno catalán he tenido la oportunidad de trabajar durante cierto tiempo con las víctimas de tráfico y es terrible. En este momento, los accidentes de tráfico son una de las grandes lacras que tenemos.

De todas las enmiendas, hay una que tiene carácter político y otras más administrativo o técnico. La de carácter político ya se ha planteado en las anteriores intervenciones. Me refiero al artículo 13, que permite que las víctimas intervengan en la fase de ejecución de la sentencia. Ya se han leído, pero quiero mencionar que hay cinco o seis páginas del dictamen del Consejo de Estado que dan razones para que esto no sea así. O sea, las víctimas participan intensamente hasta que se dicte sentencia, pero una vez que se dicta sentencia el Consejo de Estado da muchísimos argumentos, que voy a evitar leer, para que no se considere este artículo. Además, no sé si este artículo abre el camino a futuras posibles decisiones pero creo que hubiera sido conveniente reflexionar más. A mí, personal y políticamente, me parece grave que en la fase de ejecución de la sentencia las víctimas puedan intervenir. Porque, en definitiva, la responsabilidad de la ejecución de la sentencia es pública y a nadie se le escapa que, independientemente de las consecuencias negativas que pueda tener una víctima, la posición de esta es parcial. Necesariamente, lógicamente, naturalmente, es parcial. Y queda abierto en la actual legislación que el fiscal represente los intereses de las víctimas en el proceso de ejecución. Por lo tanto, yo creo que este es un tema importante, grave, el único tema en el que desde mi punto de vista, política y profundamente, estamos en desacuerdo.

Voy a leer muy rápidamente, toda vez que las enmiendas que el señor Iglesias y yo planteamos son prácticamente las mismas, algunas de ellas que mejorarían la voluntad que expresa el proyecto de defender los intereses de las víctimas o de mejorar sus garantías. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

En las enmiendas 45 y 46 se hace referencia al artículo 2. Lo que vienen a decir es que el artículo 2 da derechos a las víctimas y nosotros añadimos que en el caso de que una persona sea víctima pero sea la responsable del suceso, que no tenga estos derechos o que tenga menos derechos. Es decir, no es lo mismo la persona víctima de un atropello que la persona que produce el atropello y que, por tanto, a pesar de haber recibido impacto negativo es la responsable.

Después hay una serie de artículos en el proyecto de ley que hacen referencia a los derechos o a las garantías de las víctimas. Creemos que es importante poder añadir que además de que a la víctima se le digan cuáles son los derechos o garantías que tiene, se le pueda decir cómo conseguirlos, es decir, dónde ir para que sean realidad los derechos que se tienen.

En la enmienda 49, al artículo 6, planteamos un símil con lo que la normativa actual dice de la Ley de Extranjería o la trata de blancas. En definitiva, decimos que si cuando se produce la denuncia o la declaración de la víctima se ve que tiene una situación irregular, no se abra el expediente sancionador, sino que antes se mire.

Luego hay toda una serie de enmiendas que tienen relación con el tema de la traducción e interpretación. Es decir, que puede haber no solo traducción consecutiva, sino traducción susurrada.

Asimismo, el artículo 25, apartado 2 letra d), dice una cosa que no se entiende mucho. Dice así: La celebración oral, sin presencia del público, que decide el juez puede ser modificada si el juez aprecia que hay personas interesadas en la causa. A nosotros esto nos suena absolutamente raro. ¿Qué quiere decir que haya personas interesadas en la causa? Todo el mundo puede estar interesado en la causa. Y, luego, la disposición adicional segunda es una disposición que se repite en otros proyectos de ley que viene a decir: Hágase esta ley pero no se gaste más dinero. Lo que planteamos es que, como esta ley va a suponer un incremento del gasto público, se debería suprimir.

En síntesis, creemos que el objetivo de la ley es compartido por todos los grupos parlamentarios, lo cual motiva que no haya vetos. Pensamos que en algunos aspectos relativos a las garantías de las víctimas esta ley es insuficiente, y nos preocupa el artículo 13. Pero, a pesar de que votemos a favor de aquellas enmiendas que plantean incorporar en esta Ley la memoria histórica, nos parece que sería más justo y más solemne que ese tema, aún pendiente en el Estado español, fuera acompañado de una modificación de la Ley de la memoria histórica.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 81 a 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Aunque valoramos positivamente que se regule en un proyecto de ley un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas, cumpliendo con obligaciones de transposición de directivas y recogiendo también demandas sociales, mi grupo ha presentado un total de treinta y cuatro enmiendas: dos de supresión, cinco de adición y veintisiete de modificación, pues entendemos que el proyecto es mejorable.

Nuestra primera enmienda, la número 81, tiene como finalidad ampliar la definición del concepto de víctima directa e indirecta. Se propone ampliar el concepto de víctima directa a aquellos que hayan sido sujetos pasivos de infracciones penales, no solo delitos, y tanto en grado de consumación como de tentativa, de las que se hayan derivado cualquier daño o perjuicio. Asimismo, se pretende ampliar el concepto de víctima indirecta a aquellos supuestos en que la víctima directa del hecho delictivo sufra lesiones que le produzcan incapacidad o invalidez de tal gravedad que la haga dependiente de terceros, asimilándolas a las situaciones de fallecimiento o desaparición ya previstas en el proyecto. Asimismo, entendemos que resulta necesario extender el alcance de la víctima indirecta a cualquier pariente, tanto en línea directa como colateral, así como al tutor de la víctima directa.

La segunda enmienda, la número 82, pretende la extensión del alcance subjetivo del proyecto de ley a víctimas, niños o niñas, menores de edad. Las consecuencias de ser testigo de violencia durante la infancia son equiparables a las que sufre la víctima menor de edad. En este sentido Naciones Unidas recomienda hacer extensivas las disposiciones de asistencia disponible para las víctimas a los niños y niñas testigos de delitos. Este organismo incide en la necesidad de que, después de cometido el delito, se ofrezca a los niños y niñas testigos, lo más rápidamente posible, el mismo tipo de asistencia social o psicológica que a las víctimas, para intentar mitigar la experiencia traumática y reducir la posibilidad de revictimizarles durante el proceso judicial.

Con la enmienda 83 se pretende una mejora técnica en la transposición de la directiva sobre el catálogo de derechos de la víctima. En el citado catálogo se propone incluir la atención legal, psicológica y social dentro de los derechos de las víctimas y mejorar de este modo la transposición de la Directiva 2012/29.

Mediante la enmienda 84 pretendemos incluir el interés superior del menor dentro del derecho de las víctimas, incluyendo una especificación para todos los derechos de las víctimas menores de edad con el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.

La enmienda 85 tiene como objetivo garantizar el derecho de la víctima a entender y a ser entendida. Se prevé especialmente el derecho a obtener información en un lenguaje adaptado a la madurez e idioma del niño; que el personal que atienda a discapacitados, niños o personas con la capacidad judicialmente complementada, cuenten con formación en psicología; a diferenciar las actuaciones dirigidas a la infancia de las dirigidas a personas con discapacidad; y que la víctima pueda acompañarse en todo momento de una persona de su elección, no solo en el primer contacto con las autoridades, sino desde el primer contacto con la autoridad.

La enmienda 86 tiene como objetivo garantizar unos servicios de interpretación y traducción adecuados, en lugar de meramente disponibles. Se propone sustituir en el proyecto el término «disponibles» cuando se refiere a los servicios de interpretación y traducción por «adecuados», para garantizar el derecho a una traducción e interpretación fidedigna y de calidad y la comprensión de la víctima.

La enmienda 87 modifica el artículo 5.1.m) pues consideramos que la víctima debe poder decidir si quiere o no recibir la información. En caso de que la víctima solicitase ser notificada, es importante que se le garantice que el canal de comunicación o notificación sea el más adecuado para la víctima. Asimismo, es necesario garantizar no solo que le llega la información a la víctima sino que también la entienda y comprenda, por ello se recomienda que pueda dirigirse al servicio de atención a la víctima o a la propia autoridad para que le orienten, informen y garanticen, en última instancia, su protección y seguridad.

Mediante la enmienda número 88 se pretende incluir el derecho de la víctima a recibir asistencia del abogado en el momento de presentar la denuncia, y en coherencia con las enmiendas anteriores.

La enmienda 89 propone la modificación del artículo 7.1 para que no solo se garantice que la víctima reciba la comunicación, sino que en este tipo de resoluciones la comunicación deba hacerse a través de expertos en atención a las víctimas para evaluar la situación, las necesidades de la víctima, y revisar las pautas de autoprotección para garantizar la seguridad, así como minimizar el impacto que pueda tener en ella el recibir este tipo de comunicaciones.

La enmienda 90 modificaría el apartado 3 del artículo 7 para ampliar el derecho de las víctimas a recibir notificación de resoluciones que acuerden prisión o posterior puesta en libertad del infractor, y resoluciones de adopción o modificación de medidas cautelares personales también a las víctimas de delitos violentos tales como el delito contra la libertad sexual, la trata de personas, el terrorismo, y en los que se evalúe un riesgo para su integridad y protección.

Con la enmienda 91 pretendemos que la víctima sea asistida gratuitamente por un intérprete, no solo en las declaraciones judiciales, sino también en el momento de interponer denuncia al igual que el acompañamiento de abogado.

La enmienda 92 es de mejora técnica que propone sustituir el término «resumen oral», que es lo que figura en el proyecto de ley, por «traducción a vista», pues es más adecuado ya que supone una reformulación oral completa y fiel de un documento escrito y no un resumen a criterio del intérprete. La enmienda 93 tiene como objetivo ampliar la participación activa de la víctima en el proceso penal mediante la modificación del artículo 11.

Tenemos otra enmienda, la 94, que coincide con otros grupos y que es de supresión del artículo 13 que dispone la participación de la víctima en la ejecución de la condena del infractor, puesto que consideramos también que este precepto es contrario al sistema actual de ejecución penal, así como al principio de atención integral a las víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Dar este protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer, entendemos, la generación de alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión, así como sentimientos de venganza, a la vez que interfiere y perjudica los procesos y programas de reinserción y rehabilitación de las personas penadas.

La enmienda 95 tiene por objetivo que el derecho a que la víctima sea reembolsada por los gastos ocasionados en el proceso de forma preferente a los que se hubiera causado al Estado quede establecido siempre, y no solo en los supuestos establecidos en este precepto, imposición en sentencia o actividad más o menos eficaz de la víctima en el proceso penal. En ningún caso puede anteponerse el derecho económico del Estado al de la víctima del ilícito penal.

La enmienda 96, de modificación del artículo 16, propone especificar que las solicitudes de reconocimiento del derecho a asistencia gratuita deberán presentarse ante el colegio de abogados o remitirse al colegio de abogados que resulte territorialmente competente en el caso de que fuera presentada ante otra instancia. Se pretende modificar también el artículo 18, pues entendemos que debe indicarse expresamente que los bienes restituibles deberán ser de lícito comercio a fin de evitar que una ley reconozca la obligación de entregar a un denunciante, por ejemplo, una sustancia estupefaciente que tuviera en su casa y le hubiera sido robada.

La enmienda 98 pretende la modificación del artículo 19, pues resulta necesario especificar que las medidas que deban adoptarse por parte de autoridades y funcionarios para la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos deben ser motivadas para evitar que sean llevadas a cabo acciones deliberadas.

La enmienda 99 pretende evitar que el derecho de la víctima a ser acompañada por una persona de su elección, además de por su abogado, se traduzca en una merma de garantías procesales. Proponemos también la modificación del apartado 2 a) 1.º del artículo 23 mediante la enmienda 100, modificando la expresión «víctimas necesitadas de especial protección» por la de «víctimas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad», puesto que deberá ampliarse para incluir las características personales de la víctima de forma que queden recogidos cualesquiera vínculos personales en los que concurran factores de especial vulnerabilidad. Asimismo consideramos que resulta necesario tratar por separado y de manera especial el supuesto de las víctimas menores de edad para salvaguardar el interés superior del menor, lo cual requiere que las medidas que se adopten estén suficientemente motivadas.

Por lo que a la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de medidas de protección se refiere proponemos modificar el artículo 24.1 b) para que se explicite la necesidad de que la resolución emitida por el tribunal haya tenido en cuenta los informes de los expertos.

La enmienda 102 consiste en unas mejoras técnicas en las medidas de protección a la víctima del artículo 25. Proponemos eliminar la expresión «la credibilidad de la declaración de la víctima» para proteger el derecho de la víctima en su intimidad y a no responder cuestiones privadas que resulten improcedentes para la causa penal. Por otra parte, la enmienda también pretende que la resolución del juez o presidente del tribunal que autorice la presencia de personas interesadas en las vistas orales sin presencia de público deba ser motivada.

Mediante la enmienda 103 proponemos regular separadamente las medidas de protección de discapacitados y las de menores con la finalidad de salvaguardar mejor sus derechos y tener una atención prestada por expertos en psicología, que se indique expresamente cuando sea posible.

La enmienda 104 es de adición al artículo 26 bis. Como en la enmienda anterior, se propone regular separadamente las medidas de protección de discapacitados y de menores; por un lado, se pretende corregir la falta de contundencia a la hora de proponer que el testimonio de la víctima menor de edad y su valoración sea asumida por expertos y, por otro lado, la falta de medidas de protección en los casos donde se declara el sobreseimiento provisional por falta de pruebas.

También proponemos modificar el artículo 28.2, con una mejora técnica sobre las funciones de las oficinas de asistencia a las víctimas. Se propone instaurar un sistema específico de prestaciones y apoyos para los supuestos en que la persona con discapacidad ha sido víctimas de un delito, pues es imprescindible el reconocimiento de que tienen necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta en las medidas de apoyo contempladas en esta ley, y la verdad es que las echamos en falta.

La enmienda 106, al artículo 30, tiene la finalidad de reflejar en el proyecto con más precisión lo establecido en la Directiva 2012/29 y garantizar una mejor formación del personal que atiende a las víctimas; se propone incluir una mención explícita de los psicólogos en este tipo de formación. Consideramos necesario tener en cuenta en esta formación a las fundaciones y asociaciones de víctimas como colaboradores, ya que debido a su experiencia y conocimiento del trato con las víctimas pueden dar a conocer de primera mano sus necesidades reales. Respecto al artículo 32, se propone añadir también en los casos de personas con discapacidad en el ámbito de la cooperación con los poderes públicos a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

Mediante la enmienda 108, al artículo 35, se propone directamente su supresión en cuanto establece la obligación de reembolso por parte de la víctima. Damos mucha importancia a esta enmienda pues la situación es preocupante; se prevé que este precepto va a provocar una disminución importante en el número de denuncias porque la víctima se plantee no denunciar bajo la amenaza de tener que reembolsar los gastos ocasionados. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que una parte de los supuestos en los que se debería efectuar el reembolso no son adecuados, pues el supuesto de sobreseimiento de la causa, por ejemplo, ya está regulado en el artículo 636 de la Ley de enjuiciamiento criminal, por lo que parece que el legislador esté introduciendo una nueva causa de sobreseimiento, muy especialmente en los delitos de violencia de género y denuncia falsa, cuando ya existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en estas situaciones, como el establecido en el artículo 456 del Código Penal, que expresamente tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delitos con multas o pena de prisión.

Con la enmienda 109 pretendemos modificar la disposición transitoria única para puntualizar que las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables a las víctimas de delitos a partir de la fecha de su entrada en vigor, sea cual fuere el estado de los procedimientos en marcha o por iniciarse, especificándolo.

La 110 modifica la disposición final primera en su apartado 12, en relación con el artículo 448 de la Ley de enjuiciamiento criminal y la declaración de las víctimas como testigos en el proceso. Consideramos que conviene regular separadamente los supuestos de personas con capacidad judicialmente complementada de las víctimas menores de edad, puesto que las circunstancias a tener en cuenta son diferentes en ambos casos.

Finalmente, las enmiendas 111 a 114 consisten en mejoras técnicas en las medidas de protección del interés superior del menor en todo momento, en la conveniencia de regular separadamente los supuestos de personas con capacidad judicialmente complementada de las víctimas menores de edad en relación con la declaración de las víctimas como testigos y la adición de un nuevo apartado, 12 bis, a la disposición final primera para evitar el encuentro del niño testigo con el inculpado durante su declaración como condición esencial para la protección de la víctima menor de edad, evitando la revictimización, entre otros posibles perjuicios, y previendo la posibilidad de evitar su presencia en el juicio oral mediante la preconstitución probatoria.

Estas son las enmiendas que presentamos y por las que solicitamos el apoyo de esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista, 65 a 72 y 74 a 80. Tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Debatimos hoy un proyecto de ley, el del Estatuto de la víctima del delito, que es de gran importancia para el Grupo Socialista; y es de gran importancia porque va unido directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos: derechos procesales, derechos extraprocesales, y a la defensa también de sus bienes materiales y morales. Por tanto, es un proyecto de ley que quiere hacer justicia a una demanda que es básica y que es la del conjunto de la sociedad española. Es, por consiguiente, un proyecto que consideramos ineludible y que sigue muy de cerca las líneas que traza la Directiva 2012/29/UE, que establece normas mínimas —reitero, mínimas— sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de los delitos.

Es un primer paso en el reconocimiento de la dignidad de estas víctimas, de sus derechos, de garantizar un trato justo, de mejorar el acceso a la justicia, de mayor protección y de defensa de bienes materiales y morales. Reitero que es un primer paso, si bien porque un gran número de casos que se establecen, contienen criterios que resultan claramente restrictivos en relación a contenidos de la propia declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos, así como de la limitación en la exigibilidad de la adopción de medidas protectoras de sus derechos que permitan hacer efectivos dichos derechos con el establecimiento de las garantías necesarias. Y en esta línea presentamos hoy nuestras enmiendas, las enmiendas del Grupo Socialista, con un objetivo claro, el de contribuir a un mejor Estatuto de la víctima del delito. Y paso, a continuación, a su defensa.

En primer lugar, presentamos las enmiendas 65 y 66 al preámbulo de este proyecto de ley con el objetivo de ampliar el concepto de víctima por cualquier delito o falta, cualquiera que sea su naturaleza. Y esto es porque en este proyecto de ley se restringe notablemente el concepto de víctima, quedando fuera colectivos tan importantes como víctimas derivadas del delito de tráfico, delitos contra la seguridad vial y delitos de víctimas del franquismo.

Y quiero centrarme en este último caso, en la enmienda que establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la guerra civil y la dictadura; en definitiva, a las víctimas del franquismo, de las cuales se olvida este proyecto de ley.

En segundo lugar, las enmiendas números 67, 69 y 70 persiguen el objetivo de ampliar muchos de los derechos previamente recogidos en España; en este caso, los derechos de notificación e información que se condicionan a la previa solicitud de la víctima. Este proyecto de ley, de hecho, no debería en ningún caso afectar ni limitar derechos que ya están recogidos en otras normas. Y quiero hacer referencia a este derecho de notificación y de información, que ya está recogido en la propia Ley de enjuiciamiento criminal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de ayuda y de asistencia a las víctimas de violencia y contra la libertad sexual y que, reitero, en este proyecto de ley se limita más claramente. Por ejemplo, en materia de violencia de género, la necesidad de solicitud previa puede llevar a una falta total de notificación a las víctimas de las resoluciones judiciales que son transcendentales para su defensa y seguridad, si no lo han solicitado previamente y no están debidamente personadas en el procedimiento. Por lo tanto, el objetivo que se pretende con estas enmiendas es evitar situaciones de indefensión, situaciones de riesgo para la vida o integridad de muchas víctimas, cuya seguridad peligra incorporando la obligación legal de información y notificación previa a dicha víctima.

Respecto a los delitos contra la seguridad vial, con la enmienda número 71, al artículo 8.1, se amplía no solo a los abogados y procuradores, sino también a empleados y colaboradores de entidades aseguradoras, la posibilidad de ofrecer sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Es una demanda de las propias víctimas y con ello se trata de evitar que en los supuestos de accidentes de tráfico pueda aprovecharse ese periodo de reflexión para inducir a las víctimas a realizar trámites o gestiones que puedan suponerles perjuicio en el futuro.

En cuanto a la enmienda número 74, este proyecto de ley carece de la más mínima regulación legal del proceso de mediación. Es por ello que mediante esta enmienda pretendemos que este proceso de mediación se incorpore a este proyecto.

En cuanto a la enmienda número 75, se propone sustituir la mención de los delitos de desaparición forzada por la de delitos de homicidio, detenciones ilegales y de secuestro, tal y como indica el informe del Consejo Fiscal. Parece idóneo cambiar esta mención de delitos de desaparición forzada.

En la enmienda número 77, a la disposición adicional primera, se propone, en aras de mejorar la transparencia, que el Gobierno comparecerá en la Comisión de Justicia para informar sobre la evolución anual y las propuestas de mejora del sistema de protección a las víctimas y las medidas que en su caso proponga para garantizar su eficacia.

La enmienda número 78 es de supresión de la disposición adicional segunda, en la medida en que imposibilita un incremento de dotaciones, retribuciones y otros gastos de personal. Si se incorporan modificaciones y se contemplan derechos no previstos en la normativa vigente conllevará un incremento en las dotaciones pero, si no se lleva a cabo, lógicamente supondrá un detrimento en el derecho de estas víctimas a poder defenderse de una manera justa.

La enmienda número 79 hace referencia a la disposición final primera. El recurso contra la incautación se entenderá interpuesto cuando, además de haber mostrado su disconformidad con él, la persona afectada o un familiar suyo mayor de edad haya manifestado la voluntad de impugnar la incautación, puesto que quien recurre accede al proceso y asume también sus cargas.

Proponemos también una nueva disposición final mediante la enmienda número 80, para que puedan acceder a ayudas y a asistencia las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual quienes en el momento de perpetrarse el delito se encuentren en territorio nacional, con independencia de cuál sea su nacionalidad y residencia legal. Por tanto, incorporamos a mayores que se tenga en cuenta este requisito, es decir, con independencia de cuál sea la nacionalidad o la residencia legal de la víctima.

Finalmente, señorías, quiero hacer referencia a las dos últimas enmiendas, que son las que consideramos más importantes.

En primer lugar, la enmienda número 72, de modificación del artículo 13, relacionada con la intervención de la víctima en el proceso de ejecución, que nosotros podríamos considerar positiva, en la práctica, tal y como está redactado este proyecto de ley, va a suponer un retroceso, va a ser sumamente negativa. Y permítanme que plantee cuál es la modificación que proponemos desde nuestro grupo. Tal y como está redactado este artículo 13, a nuestro juicio vulnera materias y leyes tan importantes como las penitenciarias, en concreto la Ley Orgánica general penitenciaria, la cual introdujo un sistema de ejecución de la pena por el que se implantaba la individualización científica, de modo que las decisiones que se tomaban tenían como destinatario al recluso, primando así la reinserción del sujeto, lo cual nos lleva a su vez a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución, que establece que las funciones privativas de libertad y de las medidas de seguridad van encaminadas a la reinserción social y a la reeducación de presos. A su vez, debemos tener en cuenta que el ministerio fiscal, en su artículo 1, señala que este tiene como misión velar por la defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y por el interés público tutelado por la ley. En particular, en el artículo 3.10 del mismo texto legal se atribuye la función de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y la asistencia efectiva.

Y es en esa línea, señorías, en la que nosotros planteamos nuestra enmienda, en la necesidad de que sea el ministerio fiscal quien realice una audiencia con las víctimas para escuchar las alegaciones que estas quieran formularle y que, en última instancia, sea el ministerio fiscal quien decida si formulará los recursos o no ante la resolución judicial correspondiente. Esto es lo que consideramos que sería en la práctica efectivo para que realmente exista una defensa justa de los derechos de las víctimas.

A continuación, quiero hacer referencia a la segunda enmienda, la enmienda número 75, que consideramos también de gran importancia. Es una enmienda de supresión del artículo 35 del proyecto de ley. Suprime, en este caso, la obligación impuesta a aquellas víctimas de violencia de género que sean condenadas por denuncia falsa o simulación de delito de devolver las cantidades recibidas en concepto de ayuda con un interés del 50 %. La devolución legislada afecta también, incluso, a los gastos causados a la Administración por las actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo a la víctima. Las cantidades percibidas tendrán que reintegrarse con un incremento al interés legal del dinero aumentado en un 50 %.

En nuestro grupo lamentamos profundamente que se quiera castigar de esa manera a las víctimas. Por ello, solicitamos la supresión de este artículo, que tiene el efecto contrario, disuade a las víctimas a que puedan ejercer su derecho de denunciar y, por lo tanto, una mujer inmersa en una relación violenta con su pareja, a la hora de denunciar los hechos o rehacer su vida, se encuentra, en muchas ocasiones, con sumas dificultades económicas, lo que le puede llevar a continuar una convivencia en violencia o, incluso, a reanudarla después de haber intentado poner fin a la misma.

Señorías, consideramos que, en este sentido, no se puede legislar sin conocimiento de la realidad. Esta es la reivindicación, de hecho, que se viene realizando por las asociaciones de mujeres, que denuncian que al meterse en la esfera de lo privado existen muchas dificultades para probarlo en el proceso judicial. Además, recurriendo a los datos, la mayor parte de las mujeres asesinadas cada año por delitos de violencia de género nunca habían denunciado su situación. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el tercer trimestre del año 2014 se registraron 33 201 denuncias de violencia de género y en el 13,21 % de los casos las víctimas renunciaron a seguir adelante.

En consecuencia, señorías, no existe base objetiva, no existe base estadística que fundamente la existencia generalizada de denuncias falsas en las materias que regula esta ley. Al contrario, los informes del Consejo General del Poder Judicial recogen un número insignificante de procedimientos tramitados por denuncias falsas en violencia de género. Además, existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en situaciones de denuncia falsa, como los establecidos en el artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delito con multas o penas, incluso, de prisión. Por tanto, el Estado ya dispone de esos recursos en el ordenamiento jurídico vigente. De todos los gastos realizados por la vía de reclamación de responsabilidad civil en el proceso penal por denuncia falsa, de no suprimirse, por lo tanto, este artículo, el Estado se saltaría las reglas y condenaría sin proceso recurriendo a la vía administrativa y sin garantías.

Por ello, no se entiende que, primero, el Gobierno base su estrategia contra la violencia de género diciéndoles que si no denuncian no las puede ayudar, y, después, las advierta de que si el juzgado o un tribunal es incapaz de apreciar existencia de delito, se las va a condenar a reembolsar, y con intereses agravados, hasta el gasto en informarlas.

Finalizo ya, presidente, expresando la importancia que tiene este proyecto de ley. Un proyecto de ley que consideramos manifiestamente mejorable. Por eso, hemos planteado nuestras enmiendas a este proyecto de ley, para las que pedimos el apoyo en esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, creo que todos los ponentes que hemos intervenido coincidimos en que la norma que hoy debatimos en el Pleno, el Estatuto de la víctima del delito, tiene un gran significado y el objetivo fundamental de humanizar nuestro sistema penal para también dignificar a las personas que más han sufrido a consecuencia de delitos, como es el caso de las víctimas. Considero que todos coincidimos en que ha llegado la hora y es necesario repensar el concepto de víctima dentro del proceso penal y superar la visión preponderante hasta el momento de que eran meros sujetos pasivos del delito. Es necesario avanzar hacia un sistema que intente mejorar la respuesta a todas las necesidades que tienen las víctimas, antes, durante y después del proceso penal, para garantizarles el reconocimiento y un trato respetuoso, además de reforzar la protección y el apoyo a las mismas, así como también el acceso a la justicia y la reparación o compensación de los daños que han sufrido —a veces terribles e, incluso, irreparables— como consecuencia del delito.

En la exposición de motivos se recoge un párrafo que creo que define perfectamente cuál es el fundamento de esta norma: la necesidad de superar la postración advertida en cuanto a los derechos y necesidades de las víctimas en función del valor superior de justicia que inspira todo nuestro ordenamiento. Este no es solo un planteamiento de nuestro ordenamiento jurídico, sino también del ámbito internacional. Ahí está la declaración de Naciones Unidas —creo que es la más relevante—, que recoge los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder. También se ha dado en el ámbito del derecho europeo con un hito muy importante: la Directiva 2012/29 —ya citada—, que establece los criterios para un sistema común de protección de las víctimas de delito, reconociendo los mismos derechos en todos los países de la Unión Europea. Esto también se ha hecho en nuestro ordenamiento interno.

Como ustedes conocen, existe ya en nuestro ordenamiento normativa garante de los derechos de las víctimas, que se centra exclusivamente en derechos fundamentalmente procesales y en determinadas categorías de víctimas: la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos, la Ley de protección jurídica del menor, la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Por tanto, se hace necesario, y no solo por la obligatoriedad de trasponer esa directiva comunitaria —creo que somos el primer país de Europa que va a llevar a cabo la trasposición de la Directiva 2012/29—, articular un texto único que sistematice todos los derechos de las víctimas con independencia del origen de la victimización que sufren.

En cuanto al debate de las enmiendas propiamente, tanto en ponencia como en comisión abordamos muchas de ellas. A este proyecto de ley se han presentado ciento quince enmiendas por todos los grupos. Sin embargo, y aunque sí quería decir que hemos realizado una labor de negociación y de repensar sobre todo aquellas enmiendas que sus señorías destacaron en ponencia y comisión, vamos a rechazarlas por las razones que les voy a exponer. Me voy a referir fundamentalmente a aquellas que han destacado sus señorías en este debate, comenzando precisamente por las enmiendas al preámbulo. Son varias las señorías que han resaltado que les gustaría que se hubiera incluido una mención a las víctimas de los delitos contra la seguridad vial. Pues bien, esto no se incluyó porque las leyes que les citaba anteriormente son las que regulan actualmente en nuestro ordenamiento los derechos de las víctimas de delitos concretos, y no citaban a las víctimas de los delitos contra la seguridad vial, pues no tenían legislación específica. No obstante, creo que no podemos perder de vista algo que se reitera permanentemente en el estatuto, y es que este es un estatuto jurídico que recoge los derechos de todas, absolutamente todas las víctimas de delitos, sin perjuicio de ese origen de victimización al que me he referido anteriormente.

También han hablado sus señorías de aquellos que padecieron persecución y violencia durante la guerra y la dictadura. Quiero sumarme a los argumentos que ha expuesto el senador Saura, sabias palabras que denotan esa reflexión y esa comprensión sobre cuál es el objeto real de este Estatuto de la víctima, que obedece a unos criterios muy distintos a los de la Ley de memoria histórica.



Esto es algo que se puede decir no solo del estatuto sino también de la directiva comunitaria o de esa otra legislación específica que hay en nuestro ordenamiento.

Sus señorías también han hablado de las diferentes enmiendas que han presentado al concepto de víctima. Les quiero recalcar que consideramos que el concepto de víctima que contiene el estatuto es amplio y omnicomprensivo ya que recoge tanto a las víctimas directas como a las indirectas. Incluso es un concepto más amplio que el que establece la propia directiva comunitaria.

El senador Iglesias Fernández habló de la posibilidad de excluir a aquellas víctimas responsables de los hechos. No se incorpora, señoría, porque dejaría desprotegidas a aquellas víctimas en caso de agresiones mutuas, algo que no es inusual.

También se ha hecho especial incidencia al concepto del menor víctima del delito. Es cierto que en el Congreso de los Diputados se llegó a una transaccional con la que se modificó no solo el preámbulo, sino también diferentes preceptos del Estatuto de la víctima del delito y, en virtud de ese principio de superior protección del menor, reforzar la protección especial que merecen las víctimas menores. Me gustaría destacar, además, respecto a esa otra petición de que se incorporase a los menores testigos, que el plano de afectación que tiene un menor testigo de un delito y un menor víctima de un delito es diferente. Por eso no se incorpora, pero sí quiero destacar que los menores que son testigos de víctimas, sobre todo en el entorno familiar, que es la situación que más nos preocupa, se consideran víctimas a efectos de las medidas de protección. Las medidas que se han incorporado en el proyecto de ley de modificación de la Ley de protección del menor que se encuentra actualmente en el Congreso sí recoge específicamente la categoría de víctimas de violencia de género para estos menores.

Respecto a las enmiendas que han formulado al derecho a la información de las víctimas que prevé el estatuto, me voy a centrar específicamente en las relativas al artículo 6, el derecho a la víctima como denunciante, sobre el que se ha llamado la atención sobre todo desde el Grupo Parlamentario Mixto. Se solicita la suspensión del expediente sancionador en el supuesto de que la víctima se encuentre en una situación regular en España. Consideramos que en estos casos habría que valorar, por supuesto, la oportunidad, la necesidad y las consecuencias; sin embargo, esta es una medida que se debería incorporar en la propia normativa que regula los derechos. Además, es una ley orgánica, con un rango diferente al de ley ordinaria de este Estatuto de la víctima del delito, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En caso de que se valorase su incorporación, debería ser en este texto que, como digo, tiene rango de ley orgánica.

A continuación, en relación con la participación de las víctimas en el proceso penal, todas sus señorías han coincidido en destacar su oposición a la regulación que contiene el artículo 13, que prevé algo que es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero precisamente a la participación de las víctimas durante la ejecución de las penas. Se trata de una previsión que está delimitada para delitos especialmente graves y que se ha incluido con un objetivo fundamental, que es mejorar la protección y la seguridad de las víctimas, así como su confianza y su colaboración con la justicia. No comparto que esto sea contrario al sistema de ejecución penal que existe en nuestro ordenamiento jurídico, a ese monopolio estatal sobre la ejecución de las penas. Creo que este precepto, con una normativa como digo novedosa, pondera los intereses de la víctima, los intereses del penado y los intereses públicos sin afectar a ese monopolio estatal sobre la ejecución de las penas y sin afectar tampoco a ese fin resocializador o reeducador que tienen las penas en nuestro ordenamiento que, además, no es el único fin. Les recuerdo que también tiene otros fines, como el de retribución o prevención general. No creemos que se atente o vulnere ese fin resocializador, porque el hecho de dar a la víctima la posibilidad de formular alegaciones, incluso de recurrir cuando es un juez independiente el que va a resolver, en modo alguno ataca esos principios del sistema de ejecución penal que existe en nuestro ordenamiento ni el fin resocializador de las penas.

También se ha señalado que es una medida que la directiva no obliga a tomar, pero es que la directiva es una norma de mínimos y, por supuesto, no obliga a tomarla. Lo que la directiva establece es el derecho de la víctima, su participación en el proceso penal, y nosotros consideramos que se debe ampliar esa participación en la ejecución de las penas en función de los fines que he señalado de mejorar y reforzar la protección de la víctima y su confianza en el sistema penal. Hay enmiendas de supresión y otras que piden que esto se canalice a través del ministerio fiscal.

Señorías, el informe del Consejo Fiscal no solo no puso ninguna pega al artículo 13 de este anteproyecto, sino que señalaba expresamente que le merecía una valoración favorable. Incluso el Consejo Fiscal formuló alegaciones para ampliar el contenido del artículo 13 en el anteproyecto. Creo que eso pone de manifiesto cuál es la opinión de los fiscales en relación con esta posible intervención de las víctimas en la ejecución de las penas. Tampoco comparto, por supuesto, el argumento de que se puede generar alarma, porque al final es la víctima la que decide si quiere conocer estas resoluciones, si quiere formular alegaciones o si quiere recurrirlas, y, por supuesto, el fomento de la venganza creo que es una cuestión a la que han respondido las propias víctimas ya en muchas ocasiones.

La segunda gran novedad de este estatuto de la víctima es precisamente la justicia restaurativa que, por supuesto, incluye esa mediación penal. Creo que la justicia restaurativa tiene un papel fundamental para mejorar el reconocimiento a las víctimas y también para darles un mayor protagonismo y para que de ello se deriven beneficios no solo para la víctima sino también para todo el sistema penal, porque conseguimos ampliar las funciones del sistema penal incluyendo la reparación tanto patrimonial como moral de la víctima. Creo que, desde luego, es una de las principales novedades y debe ser valorada muy positivamente.

Son varios los grupos parlamentarios que han formulado alegaciones proponiendo una regulación más extensa y detallada de esta justicia restaurativa en el texto del estatuto. Sin embargo, nosotros consideramos que es más adecuado que se regulen los principios o criterios generales y que se derive posteriormente a la vía reglamentaria una concreción de esta justicia restaurativa de acuerdo con los criterios que indica la directiva comunitaria y con las conclusiones del II Congreso Internacional en materia de justicia restaurativa, que tuvo lugar en España y que recomendaba que el Estatuto de la víctima recogiese una regulación lo más amplia posible para no limitar las herramientas y no restringir de ninguna manera su ámbito de aplicación, porque eso sería restringir los posibles beneficios para los usuarios de la justicia restaurativa.

Me voy a referir a continuación a las enmiendas presentadas por varias de sus señorías al artículo 35, en relación con la obligación de reembolso de las ayudas o de aquellas cantidades que hubieran percibido en su condición de víctimas. Esta previsión se incluye con un objetivo y un propósito: evitar un uso fraudulento del sistema de protección y de apoyo que contiene este estatuto de la víctima, exclusivamente para eso, y con una finalidad: proteger a las verdaderas víctimas del delito. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Después de escuchar algunas argumentaciones, creo que se referían más quizá a la redacción inicial del precepto, redacción que se cambió en el Congreso de los Diputados por una enmienda transaccional. Como saben ustedes, en la redacción inicial del proyecto se recogían dos apartados en los que era obligatorio el reembolso de estas cantidades; en uno se hablaba de las sentencias de denuncias falsas o simulación del delito, que es el que ha permanecido en la redacción del proyecto, y en un segundo apartado también se preveía esa obligación de reembolso en los casos de sobreseimiento o en los que no hubiera terminado el procedimiento y se hubiera dado un sobreseimiento libre con una declaración de inexistencia de los hechos denunciados. Este segundo apartado, que respondía al mismo fin: evitar que personas que no tenían derecho a las ayudas disfrutasen de ellas, se eliminó a través de una enmienda transaccional porque se consideró que podría implicar un factor huida para las víctimas. Este es un debate que se debe asumir con mucha prudencia porque es una cuestión muy sensible; hay datos que indican que más de un 12 % de las víctimas de violencia de género se acogen a su derecho a no declarar y que el proceso se termina con un sobreseimiento. Por tanto, la eliminación de este artículo pretendía evitar que implicase un efecto huida de las víctimas y que no se acogiesen a las ayudas incluidas en este sistema de protección. Además, en la redacción actual se establece esa obligación de reembolso cuando hay una condena judicial de denuncia falsa o de simulación de delito, un tipo penal que ha ido delimitando la jurisprudencia y que implica que para que se pueda producir esa condena el juez tiene que acreditar una intención delictiva, es decir, conciencia de que el hecho que se denuncia es delictivo y falso y que se actúa de mala fe. Esta es una realidad muy distinta a la que se ha aludido. Además, es una reivindicación también de asociaciones, entidades y colectivos que trabajan con las víctimas desde el convencimiento y el conocimiento de que si hay algo negativo que ataca la persecución contra determinados delitos son precisamente las denuncias falsas o la simulación de delitos, hablando de denuncia falsa en términos absolutamente judiciales, de acuerdo con el tipo penal, porque a veces se utiliza el concepto de denuncia falsa de una manera muy amplia y que no es a la que me estoy refiriendo, es decir, cuando exista una condena penal por una denuncia falsa o una simulación de delito que implique un reproche penal a una conducta delictiva basada en la culpabilidad de quien lo comete. Este reproche penal al que da lugar esa condena por denuncia falsa o simulación de delito nada tiene que ver con la obligación de reembolso, estamos en dos ámbitos distintos: la obligación de reembolso pretende únicamente que se devuelvan unas cantidades que se han cobrado de manera indebida y por alguien que no tenía derecho, que se devuelva el principal más los intereses de demora incrementados en un 50 %. Esta es la única finalidad, que se devuelva una cantidad que posteriormente, mediante la condena por denuncia falsa o simulación de delito, se ha probado que no se tenía derecho a ella. Fue una de las enmiendas que valoramos con mayor detalle, porque los grupos insistieron mucho en este aspecto, tanto en ponencia como en comisión, y consideramos que se debe mantener esta cláusula de salvaguarda precisamente para proteger a las verdaderas víctimas y evitar un uso no acorde a la Ley del sistema de protección que contiene el Estatuto de la víctima.

Creo haber abordado las enmiendas que sus señorías han destacado, y quiero terminar esta intervención mencionando una categoría de víctimas que es la que ha removido más conciencias y sensibilidades y que ha hecho avanzar la victimología en nuestro país, que son las víctimas del terrorismo. Hace escasas semanas, en Castilla y León, mi comunidad autónoma, se concedió la Medalla de Oro de las Cortes a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, y su presidente, Juan José Aliste, en su discurso de agradecimiento dijo una frase que se me quedó grabada en la memoria: Las víctimas del terrorismo nunca han buscado venganza, pero sí justicia.

Con la norma que hoy debatimos y que vamos a aprobar no solo abrimos las puertas a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas de la seguridad vial —la relación sería muy extensa si enumerase todas las categorías—, sino a todas las víctimas de delito; abrimos las puertas a una justicia más humana, que ponga fin al abandono que han sufrido y que intente paliar y reparar en la medida de lo posible los daños, como he dicho al comienzo de mi intervención, a veces terribles e irreparables sufridos como consecuencia de esos delitos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Es imposible desconectar el debate de este proyecto del que tuvo lugar en el anterior Pleno en relación con la reforma del Código Penal, porque diferentes perspectivas ideológicas de los grupos que entonces se expresaron en torno a las reformas más destacadas de los contenidos de ese Código Penal, también se proyectan sobre este Proyecto de Ley de las víctimas.

Una de esas diferencias es sobre el papel de la víctima en la Administración de Justicia. Estoy absolutamente de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y comparto que la víctima no puede ser objeto de la Administración de Justicia, pero tampoco puede ser protagonista, porque la justicia la tienen que impartir quienes tienen reconocida su imparcialidad. Hasta tal punto esto es así, que cuando nuestra Constitución abrió un mecanismo de participación de la sociedad en la Administración de Justicia con la figura del jurado, tanto el cuestionamiento de esa figura como cuando se estableció la regulación acotando al máximo los delitos en los que el jurado podía intervenir, uno de los argumentos fundamentales y una de las sospechas —entre comillas— que se proyectaba a la hora de establecer una normativa era precisamente que no se presumía en esos ciudadanos convocados a impartir justicia imparcialidad a la hora de tomar decisiones en relación con la condena o absolución de los condenados, no solamente por la ausencia de una formación jurídica, que obviamente no se da en el jurado, sino, sobremanera, por la incapacidad para sustraerse a la presión social; incapacidad, por supuesto, mucho mayor que la que hay que presumir en un juez profesional, y conste que yo soy un firme convencido y partidario de la necesidad de potenciar la figura del jurado frente a lo que tenemos. Digo esto simplemente por conectar argumentos que nos deben llevar a situar en la Administración de Justicia el papel de la víctima.

El resultado de la Administración de Justicia es la reparación: por un lado, la imposición de las condenas correspondientes al delincuente, pero en relación con la víctima, el papel fundamental es la reparación; y esa reparación no exige el papel que en este proyecto se le da a la víctima en el procedimiento de ejecución de la sentencia. No creo que hasta el día de hoy —desde el año 1978, casi treinta años de Constitución—, nuestra justicia no haya sido reparadora para las víctimas sin necesidad de acudir a estos mecanismos. Lo que hay que exigir a la Administración de Justicia es que la reparación sea suficiente y adecuada y sea la que corresponde a las necesidades de quien ha sido víctima del delito. Esa es la primera consideración que les quiero trasladar.

Segunda consideración. El proyecto tiene un título que lo define: el Estatuto de la víctima del delito. Ello supone —más allá de otras consideraciones que hemos hecho en relación con las víctimas del franquismo— en el debate sobre las víctimas de la siniestralidad en la carretera un problema que nos vuelve a llevar al Código Penal. El proyecto está bien denominado, no es de víctimas del delito y la falta, sino de víctimas del delito, porque la falta ya desapareció en la reforma del Código Penal que aprobamos en el Pleno anterior. Y como gran parte de las víctimas de la siniestralidad laboral lo eran como consecuencia de una falta, ya no tienen cabida en este Estatuto de la víctima del delito; han quedado fuera no solo por lo que dice este proyecto, sino por lo que dice el Código Penal. Quedan fuera del ámbito de reparación del Código Penal, y tendrán que buscar su reparación como víctimas en la jurisdicción civil. Y no voy a volver a decir todo lo que argumenté en el debate de la reforma del Código Penal.

Tercera cuestión: los inmigrantes. Sacar de este proyecto a los inmigrantes para remitirlos a la ley orgánica supone dos cosas: en primer lugar, poner en cuestión su condición de víctima, y no creo que esa sea la voluntad del Partido Popular ni tampoco de quien elaboró el proyecto. Pero esto tiene más problemas, si la decisión del inmigrante en situación irregular, que denuncia un delito, no va acompañada de la garantía de que no se va a abrir un expediente administrativo y de que no se van a suspender los procedimientos de expulsión que se puedan producir, se pueden generar dos cosas, que el inmigrante no denuncie por temor a acabar expulsado y que, en el caso de que denuncie pero no se paralice el procedimiento y se le expulse, que el delito no sea esclarecido. No se va a poder contar en la investigación y en la instrucción con la colaboración de la víctima porque ha sido expulsada. Eso, además de rechazar de por sí que no se reconozca la condición de víctima al inmigrante, hace necesario no favorecer la impunidad de los delitos, y, por lo tanto, se han de adoptar todas las medidas necesarias para que la investigación y el enjuiciamiento estén absolutamente garantizados.

Me felicito por las medidas de justicia restaurativa, pero vuelvo al argumento inicial, esa decisión de incorporar el concepto y el criterio de justicia restaurativa, que supone un avance, no debe significar que se niegue el carácter reparador que hasta ahora ya tenía la Administración de Justicia, porque la víctima no es que estuviera postrada —un término muy acertado para la argumentación que se estaba sosteniendo— frente al principio superior de la justicia objetiva e imparcial, sino que estaba en una posición en la que siempre pudo defender sus derechos, siempre pudo aspirar a tener reparación a través de la figura de la responsabilidad civil derivada del delito y siempre contó con el respaldo y el apoyo del ministerio fiscal cuando los indicios así lo justificaban. Por tanto, creo que no es necesario, por más que el ministerio fiscal pueda ver bien que se amplíe la capacidad de intervención de la víctima en los procedimientos de ejecución de la sentencia. El ministerio fiscal fue garantía suficiente y sigue siéndolo hoy.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, creo que hoy estamos perdiendo una buena oportunidad, porque si nos atenemos a las reflexiones de la senadora Franco, sobre todo en la primera parte de su intervención, al definir los principios generales del proyecto de ley, todos los presentes podríamos firmar y estar de acuerdo con ella. Cuestión diferente sería la valoración de su posicionamiento en cada una de las enmiendas; pero en los principios generales: humanizar el sistema penal, avanzar hacia las necesidades de las víctimas, acceso a la justicia, reparación, todos los derechos de las víctimas independientemente del origen de la victimización, yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso entiendo que hoy quizá hayamos perdido una buena oportunidad, sobre todo de cara a alguien que sufre tanto. Incluso a todos nos duele ver a las asociaciones de víctimas disociadas, separadas o en conflicto por matices y sensibilidades, cuando en lo importante, en lo básico, todos estamos de acuerdo. Por ello, no haber avanzado, e incluso no habernos sentado para superar estas diferencias ha sido una oportunidad perdida por nuestra parte, por parte de todos.

Es un proyecto de ley, tal y como se ha comentado aquí, muy importante, y es totalmente procedente traerlo a esta Cámara, porque nos relaciona con el dolor; es un proyecto de ley que protege a los más débiles, porque hablamos de víctimas de todo tipo, de víctimas de terrorismo, de víctimas de violencia de género... El debate que estamos teniendo hoy es importante para toda persona que sufre algún perjuicio como consecuencia de un delito: eso es una víctima. Y tal como estamos diciendo, hay víctimas de múltiples tipos y, en nuestra opinión, hoy faltan aquí una serie de víctimas —que ya se han comentado—, por ejemplo, las víctimas del franquismo, que no aparecen aquí. Se dice que es otro el debate, otro el ámbito; otro el debate que no se está teniendo, otro el ámbito que no se está tratando; pero víctimas son, y como víctimas que son, al menos merecen un tratamiento, al menos merecen una referencia, al menos merecen que de una manera u otra se les reconozca. No faltan únicamente las víctimas del franquismo, también hay víctimas del posfranquismo, o, por ejemplo, ¿dónde están las víctimas del 3 de marzo del 76? —las de Vitoria—, o ¿dónde están las víctimas consecuencia del estrechamiento de la aplicación de la justicia universal o, por decirlo de otra manera, de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Por ejemplo, estos días hemos vivido una situación que nos ha dado qué pensar: el atentado de Túnez, donde hay víctimas del terrorismo, con lo cual es evidente que sí están dentro de este proyecto de ley en tanto en cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial los reconoce, porque incluye delitos de terrorismo.

Pero si la misma consecuencia no hubiera sido por un delito de terrorismo, ¿no hubieran sido víctimas? O si esas personas hubieran sufrido algún tipo de violación, ¿no hubieran sido víctimas para nosotros? Y ya no estoy hablando de si hay que perseguir o no. ¿No son víctimas para nosotros en tanto en cuanto se da en un Estado que no tiene reconocidos unos convenios, etcétera, como tienen los Estados miembros de la Unión Europea? Nos genera esas dudas, y en ese sentido hay un vacío que no interesa a nadie.

Es un proyecto de ley unido a la dignidad de las víctimas y de sus derechos. Pero, como decía, cuando definimos a las víctimas, no pueden estar unas, y otras no, tienen que estar todas. Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos habría gustado que hubiera tenido mayor reconocimiento por parte de todos, y no me voy a reiterar, y más acuerdo y consenso para poder mostrar a las víctimas que son una prioridad para todos los que estamos aquí. Es un proyecto sensible, y creo que muchos de los grupos, entre los cuales podemos estar nosotros, si no hubiese sido un proyecto de ley tan sensible, tan humano y tan cercano es probable que hubiéramos presentado algún veto, pero entendemos que no procede, por quienes estamos hablando y por no dar esa imagen ante ellos de no saber actuar con tacto y con cuidado.

Hemos hablado mucho sobre el artículo 13. Es verdad que aquí tenemos dos derechos: por una parte, tenemos a las víctimas, pero en nuestra opinión a las víctimas se les da una potestad por encima de su derecho. En ese sentido, las víctimas tienen que tener ese derecho, pero debemos tener cuidado con ese derecho fundamental que nos propone la Constitución en su artículo 25, el de la resocialización y la reinserción. Entendemos que esos dos derechos tienen que estar en la mente del legislador y este segundo no está copando el suficiente espacio en toda esta reflexión.

El hecho de que la responsabilidad en materia penal penitenciaria corresponda al Estado no es una casualidad. Cuidemos el espíritu y la letra a la hora de establecer y definir toda la legislación que necesitemos. En este sentido, el Partido Socialista ha hecho una propuesta interesante de cara al artículo 13, y es cierto el papel que tiene que jugar o que puede jugar el ministerio público en la defensa de las víctimas. En este artículo, que está resultando el más complicado y debatido, podríamos haber llegado a algún acuerdo, que podría encontrar su base en el papel del ministerio fiscal. Con el papel del ministerio fiscal podíamos haber avanzado y haber corregido lo que entendemos es un error —dicho con todos los respetos— de planteamiento a la hora de trabajar.

En cuanto a la justicia restaurativa, ha dicho que hay una valoración favorable, por el artículo 13, del Consejo Fiscal. Es verdad, pero el Consejo de Estado no opina lo mismo. Con ello, el Consejo de Estado nos está lanzando una reflexión. Es cierto que en otros ámbitos se reafirman en las posiciones que planteó en su momento el Gobierno, pero también es cierto que el Consejo de Estado y el resto de agentes y operadores tenemos otra visión, con lo cual se puede corresponder a otro análisis y a otro diagnóstico para dar con la solución.

Finalizando con el ámbito de la justicia restaurativa, un papel fundamental es el reconocimiento a la víctima, a la reparación, pero es evidente también, tal como comentábamos antes, el papel que tienen que jugar la reinserción y resocialización. Y, en este sentido, podemos traer lo que el propio Consejo de Estado decía respecto al artículo 15, cuando afirma que esta remisión a una futura norma reglamentaria —porque es lo que hace el artículo 15 a juicio del Consejo de Estado— es insuficiente e, incluso, incorrecta.

Por tanto, nos llama la atención que el Consejo de Estado establezca como incorrecta la definición del artículo 15, posponiendo a un reglamento todo el desarrollo de la justicia restaurativa. Asimismo, la Fiscalía General del Estado también ha hecho alguna recomendación respecto a la justicia restaurativa que tampoco se ha tenido en cuenta. Es decir, que aquí tenemos para todos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Voy terminando, señor presidente.

Aquí tenemos para todos y tener para todos quiere decir que, partiendo del acuerdo en el que la senadora Franco sintetizaba este proyecto de ley, hay espacio para el acuerdo, escuchando a todos los implicados en este proyecto para que, en definitiva, diéramos con un texto común, un texto de unión, al objeto de que las víctimas se sintiesen mucho más cómodas con un texto como este.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Dos cuestiones muy breves y más a fondo el tema del artículo 13. En cuanto a las dos cuestiones breves, en primer lugar, simplemente quiero recordar que, como he dicho antes, este proyecto de ley contempla el no incremento de gasto público, y lo mismo la ley que viene después; es decir, son leyes que teóricamente han de suponer un incremento de gasto público y la ley misma lo prohíbe. Y, en segundo lugar, lo que ha dicho también el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en relación con los extranjeros que estén en una situación irregular. Lo que va a pasar es que no se va a denunciar, con lo cual, lo que estamos haciendo es tapar, poner una manta, una pared, sobre una realidad.

Pero vamos al artículo 13. Yo quiero darle dos argumentos. El primero, la lectura de algunos párrafos del Consejo de Estado. Y, el segundo, si me lo permite, mi sentido común, que no digo que sea el sentido común de todo el mundo. El Consejo de Estado transpone una sentencia del Tribunal Constitucional que dice lo siguiente: El Tribunal Constitucional afirma que la forma de cumplimiento de la pena, entre comillas, escapa al interés de quien fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena, en la medida en que el derecho a castigar lo ostenta en exclusiva el Estado y, por tanto, es a este, a través de los órganos competentes, a quien corresponde determinar cómo dicho castigo ha de cumplirse, siempre con respeto al principio de legalidad. Dice además otro párrafo: Sin embargo, la articulación de los derechos procesales tan amplios para la víctima en relación con las resoluciones que afectan a la ejecución de la pena presenta dificultades en la medida en que pueden incidir en el ejercicio del monopolio estatal para la ejecución de las penas y en la realización del objetivo resocializador de las mismas. Y el tercer párrafo y último que les quiero leer, dice lo siguiente: La participación de la víctima en esta fase de ejecución de la sentencia condenatoria podría articularse más adecuadamente mediante una profundización de la relación entre la víctima y el ministerio fiscal, de modo que se garantice un acceso más directo de aquella a este y una comunicación más fluida. Hay más, puedo leer más, pero es mediodía ya y no lo voy a hacer.

Tres cosas. Una, el Tribunal Constitucional viene a decir clarísimamente que esto no puede ser. Dos, el Consejo de Estado dice que esto afecta al principio de reinserción. Y, tres, ofrece la relación con la Fiscalía. Y ahora, mi sentido común. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con las víctimas cuando puedan actuar? Yo me atrevo a hacer una hipótesis: la mayoría va a pedir sanciones o procedimientos más duros, porque es normal. Es normal que ante un delito, a la víctima, siempre o casi siempre, le parezca poco. No a todo el mundo, pero a la mayoría. Con lo cual, lo que estamos haciendo es pasar de una justicia que teórica y prácticamente es independiente y no está afectada por los hechos, a una ejecución de la sentencia donde aparece un tercer actor que es parcial. Es evidente que esto va a ser así.

Por lo tanto, me parece que lo que estamos haciendo es introducir en un proceso judicial independiente una voz de parcialidad y, como dicen el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, esto se puede evitar si el fiscal asume estas competencias. Así pues, creo que es un error, que se abre la puerta a otras decisiones en relación con lo que el otro día discutíamos sobre el Código Penal. Pienso que, excepto al artículo 13 y la discusión sobre de qué víctimas hablamos, se han formulado suficientes enmiendas para mejorar el texto; más que suficientes, bastantes. Y siendo cierto que se han recogido algunas pocas en el trámite del Senado, esta es una de aquellas leyes que merecería un esfuerzo por parte de la mayoría a fin de incorporar todo lo que puede aportar la oposición. Por ello, independientemente de su trato, absolutamente educado y cortés, nos resulta insuficiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo valora positivamente que, dando cumplimiento a la obligación de trasponer las directivas de la Unión Europea en esta materia y recogiendo la demanda de la sociedad, se aglutine en un solo texto legislativo un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas, de toda persona que padece un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.

Este proyecto de ley va unido muy directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos. Es tan importante lo que significa este proyecto de ley que, tal y como han repetido otros portavoces, ningún grupo ha presentado enmienda a la totalidad en el Congreso ni veto en el Senado, porque estamos a favor de que se legisle, pues tenemos una deuda moral con las víctimas.

El Estatuto de la víctima del delito tiene vocación de incorporar un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos y, de manera muy especial, de aquellas que tienen singular vulnerabilidad y, también de manera muy especial, a los colectivos especialmente necesitados. De ahí que en el Congreso se incorporase una propuesta de CiU en la exposición de motivos, en la que pedíamos esa obligación cuando se tratase de menores: tener en cuenta el interés superior del menor y que ese interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tomen en relación con un menor víctima de un delito durante el proceso penal.

En este sentido, la adopción de medidas de protección del Título III, especialmente su no adopción, debería estar fundamentada siempre en este interés superior. Aun así, esto no se trasladó al articulado, de ahí que mi grupo haya presentado la enmienda número 84, para que, incluyendo una especificación para los derechos de las víctimas menores de edad, se consiga el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.

Convergència i Unió siempre ha estado a favor de la defensa de los derechos de las víctimas y por este motivo nos gustaría apoyar este proyecto de ley. Pero lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no haya podido aceptar las enmiendas presentadas; de hecho, en el trámite en el Senado no han admitido ni una. Entendemos que, tal como está redactado, este proyecto de ley no protege suficientemente a las víctimas menores de edad ni a las de violencia sexual o trata de personas. Además, introduce disposiciones que pueden generar revictimización, como es el caso del artículo 35, incluyendo la obligación de reembolso de las ayudas en el caso de denuncia fraudulenta.

Consideramos que este proyecto no traspone adecuadamente lo establecido en la Directiva 2012/29. Ese es el caso de la asistencia especializada a todas las víctimas, las obligaciones establecidas para las víctimas menores de edad o la inclusión explícita de factores de discriminación.

Por lo tanto, mi grupo insiste en la presentación y aprobación de 34 enmiendas, que consideramos aportan mejoras muy sustanciales al texto del proyecto de ley que es objeto de debate en este Pleno, y, en caso de no aprobarse, lamentablemente tendremos que abstenernos en la votación de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.

La verdad es que en mi primera intervención, cuando defendí las enmiendas, ya recogí la importancia que para mi grupo parlamentario tiene este proyecto de ley, y lo sigo reiterando. Es un proyecto de suma importancia, un proyecto ineludible, porque quiero señalar nuevamente que va unido directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos, y por tanto, es de suma importancia que se aborde. Pero es también un proyecto que mi grupo considera manifiestamente mejorable, porque a pesar de la voluntad que inicialmente hubo, cuando se debatió en la Comisión de Justicia, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos con los restantes grupos de esta Cámara, no se hizo así, y que yo sepa ni se habló con ningún otro grupo ni se llegó a ningún otro acuerdo para mejorar este proyecto de ley.

Por ello, a continuación voy a reiterar los argumentos que nos han llevado a presentar nuestras enmiendas y que también han llevado al Grupo Popular a no aceptar ninguna de ellas; enmiendas que, sin lugar a dudas, mejorarían este proyecto de ley. En primer lugar —e hice referencia a ello cuando planteé nuestra enmienda—, me referiré en concreto a la restricción que supone el concepto de víctima de delito. Pese a lo que se recoge en la redacción del proyecto de ley, en el que se dice que se amplía el concepto de delito, no es así. De hecho, hay colectivos tan importantes, como las víctimas de delitos de tráfico, las víctimas de seguridad vial y las víctimas del franquismo, que no quedan recogidos. Se consolida así su condición de olvidadas, en concreto las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, ello a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, como el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, de incluir a todas las categorías de víctimas, también a las del franquismo y también a las de seguridad vial. Desgraciadamente, incorporarlas parece que no ha sido voluntad ni intención de este Gobierno.

Asimismo este proyecto de ley en ningún caso debería afectar ni limitar derechos ya reconocidos en otras normas, y me estoy refiriendo a un derecho que es fundamental: el derecho a notificar y a informar a la víctima sin que tenga que solicitarlo previamente. Consideramos, por tanto, que es algo sumamente grave, sobre todo en el caso de la violencia de género, porque la necesidad de solicitud previa puede llevar a una falta de notificación a las víctimas, pudiendo ocasionar situaciones de indefensión o de riesgo para la vida o integridad de muchas de ellas cuya seguridad peligra, además de limitar, como ya he señalado, derechos ya reconocidos en otras normas en España.

En tercer lugar, la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena privativa. El tan manido, el tan argumentado artículo 13. Este artículo, en mi opinión, tal y como está planteado en este proyecto de ley, se debería suprimir. Pero es que yo quiero ir un poco más allá y suprimirlo porque lo que realmente provoca es la indefensión de la víctima. Es decir, este artículo va a ser completamente ineficaz para aquellas víctimas que no tengan recursos suficientes para poder contratar a un abogado que presente el recurso. Por ello, atendiendo a que se vulneran principios, leyes y normas que son básicas en nuestro Estado, también pedimos que sea el ministerio fiscal el que realice audiencia a las víctimas para escuchar las alegaciones que ellas quieran plantearle, y que sea él, el ministerio fiscal, quien formule estos recursos. Porque, señorías, consideramos que no sería coherente, no sería razonable no garantizar a las víctimas, en su pleno derecho y tal como recogen nuestras normas, que el propio ministerio fiscal realice esta audiencia y, por lo tanto, sean ellas las que interpongan el recurso para su defensa.

Por último, haré referencia al artículo 35, un artículo que, en opinión de mi grupo, no tiene paliativos: nosotros consideramos simple y claramente que debe suprimirse. Y debe suprimirse porque lo que se está haciendo es imponer una nueva obligación de reembolso que supone imputar sistemáticamente falsedad a las víctimas de violencia de género y de delitos sexuales. De hecho, sorprende que el Gobierno fundamente la estrategia de seguir manteniendo este artículo contra la violencia de género, en este caso, con el mensaje de que si las víctimas no denuncian no se les puede ayudar, pero ahora con este proyecto de ley se les advierta, y de hecho se les castigue, si el juzgado o el tribunal no es capaz de apreciar la existencia de delito, con condenarlas a ellas a reembolsar y con intereses agravados hasta el gasto de informarles. Por todo lo que supone para las víctimas de violencia de género, consideramos de central importancia la supresión de este artículo 35.

Y finalizo, señorías, manifestando la importancia de este proyecto de ley, por lo que, a pesar de las limitaciones que tiene, el Grupo Socialista va a votar favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Seguramente la senadora Franco no me perdonaría que no les informara a sus señorías de que en el trámite de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, se han aprobado —y me lo he apuntado muy bien— 14 enmiendas en sus propios términos, 10 transaccionales y otras 3 enmiendas que se han incorporado aquí. No está mal, señorías, en la legislatura anterior ya hubiéramos firmado esta cantidad de aceptación de enmiendas.

Señorías, la víctima del delito ha padecido un cierto abandono desde que el sistema penal sustituyó la venganza privada por una intervención pública, una intervención institucional, una intervención ecuánime y una intervención desapasionada para resolver los conflictos generados por la infracción de la ley penal.

En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención de la víctima en el proceso, las presiones —por qué no— a las que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral e incluso los riesgos que genera su participación en él, producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que se derivan del delito. En este sentido, la ciencia penal pone su atención en la persona de la víctima reclamando una intervención positiva del Estado que restaure, efectivamente, la situación en que se encontraba antes de padecer el delito, o al menos a paliar los efectos que ha producido el delito sobre ella.

Pues bien, señorías, estamos legislando ex novo, algo que no suele ocurrir en muchas legislaturas. Con la aprobación de este proyecto de ley España se va a convertir en el primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima, exigencia que además en este caso proviene del legislador europeo. Supone más derechos, más protección y más participación para la víctima de todos, insisto, todos los delitos, especialmente de los más graves. Parte del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de la defensa de los bienes materiales y morales y, con ellas, las del conjunto de la sociedad española. Se busca, en definitiva, dar una respuesta humana a la víctima en los procesos penales; si lo prefieren, se busca humanizar el trámite. Y se busca también al mismo tiempo completar el diseño del Estado de derecho, centrado casi siempre en las garantías procesales y los derechos del imputado, del acusado, del procesado o del condenado.

Señorías, este proyecto de ley trae novedades muy importantes, como incluir a los familiares en la categoría de víctimas, evitar en lo posible el contacto entre víctima e infractor, evitar la doble victimización, reduciendo trámites innecesarios en un proceso —en el que, además, incluso se puede añadir algún trauma más a la víctima— y la especial protección a menores —motivo de mucho interés siempre para Convergència i Unió—, y así se van a suprimir las declaraciones que no sean imprescindibles y que, además, podrán ser grabadas y reproducidas en juicio; los menores van a poder disponer de un representante legal cuando haya conflicto de intereses con sus progenitores o con los propios representantes legales; los hijos menores que se encuentren en un entorno de violencia de género o violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos, y los hijos de la pareja fallecida o desaparecida se van a considerar también víctimas y se van a tomar decisiones urgentes sobre su guarda y custodia.

Hay dos novedades muy importantes, una de ellas muy siniestra en el día de hoy, señorías. Se amplían los plazos para recurrir los archivos de las causas, excesivamente cortos hasta ahora —según nos dijeron—, y una fundamental y que cobra mucha importancia en el día de hoy: con esta ley los abogados y procuradores no van a poder acercarse a las víctimas —víctimas de grandes catástrofes, evidentemente— para ofrecer sus servicios hasta pasado un mes desde la tragedia, porque de lo que se trata es de evitar que los damnificados se conviertan en víctimas de profesionales sin escrúpulos. No saben ustedes la tristeza que tengo por no haber aprobado esta ley hace un mes y que hoy estuviera ya en vigor; pero hemos hecho lo que hemos podido.

En cuanto a que determinado artículo pueda ser disuasorio para las mujeres a la hora de presentar denuncia por violencia de género y la preocupación que han manifestado varias de sus señorías cuando han intervenido desde la tribuna, les diré que este artículo ha sido modificado —bien modificado, desde mi punto de vista— en el Congreso de los Diputados, y entiendo que esa posibilidad ha desaparecido. Y hago mías incluso las palabras de una víctima de la violencia de género que creó una fundación, la Fundación Ana Bella, que se ha felicitado de que se aplique la justicia gratuita —con lo cual, senadora Marra, una preocupación menos para las víctimas de esta violencia de género— y, además, la presidenta de esta fundación confía en que este texto va a permitir conseguir un mayor número de denuncias; hasta ahora solamente tenemos un 28,5 %.

Y he dejado deliberadamente para el final, señor presidente, el aspecto más novedoso y —como se ha podido escuchar a lo largo de las últimas horas— más controvertido del proyecto, y es la participación de la víctima en la ejecución penal, reservada para los delitos más graves. Señorías, este artículo, el artículo 13, es la esencia del texto. Para nosotros —como bien recordaba el senador Iglesias—, para el Grupo Popular es muy importante la opinión de las víctimas del delito a la hora de que el juez tenga que pronunciarse sobre beneficios penitenciarios, sobre libertad condicional, sobre clasificación en tercer grado, fundamentalmente para garantizar su seguridad; una variable largamente demandada, muchas veces olvidada, y que, por lo que se ve, se pretende infravalorar una vez más y, señorías, el Grupo Popular no quiere que esto siga ocurriendo.

La Fundación de víctimas del terrorismo ha solicitado que las víctimas —como bien saben, personas a las que el delito cambió, incluso en la mayoría de los casos destrozó la vida— tengan voz y sean oídas. Señorías, reconocemos que es una modificación de enorme calado, porque hasta ahora quienes únicamente estaban legitimados para intervenir en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad era el ministerio fiscal y el propio penado, en la idea de que el cumplimiento de las penas es una potestad exclusiva del Estado. Sin embargo, entendemos que no es en forma alguna incompatible facilitar a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas, tal y como afirma, en este caso no el Consejo fiscal, sino el informe del Consejo Judicial del Poder Judicial a este proyecto. Es más, el informe del Consejo General acaba proponiendo la intervención, participación y audiencia de la víctima en la fase de ejecución de las penas al considerar que la opinión no vinculante de la víctima en relación con la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad tiene una muy especial importancia.

Señorías, naturalmente, compartimos el criterio de que el ministerio fiscal vele por el interés general y por la legalidad. ¡Cómo no, señorías! Forma parte de nuestro Estado de derecho porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero entendemos que la defensa del interés general no puede cercenar el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa de su interés personal como víctima. Y al intervenir la víctima en esta fase, se garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la justicia penal y se observa el principio de legalidad, señorías, porque la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, por lo que tampoco se ve afectada la reinserción del penado. Sinceramente, desde mi punto de vista, hablar de venganza está totalmente fuera de lugar, señorías, es no tener en consideración a las víctimas, como tampoco a nuestros jueces a la hora de pronunciarse.

Solamente me resta, señor presidente, agradecer todas las intervenciones —aunque con algunas de ellas no puedo estar totalmente de acuerdo—



y recordarles que esta es una norma hecha desde la humanidad, desde el respeto, desde la solidaridad y en apoyo de quienes quedaron para siempre marcados por un delito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito.

Cierren las puertas.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos las enmiendas 3 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 68; en contra, 143; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5, 11, 13 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 82; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Comenzamos votando la enmienda 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 83; en contra, 140; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 87; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 26 a 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 81; en contra, 145; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 41, 42 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 82; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 31 a 35, 37, 39, 40 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 223; a favor, 70; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49, 51, 53 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 85; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45 a 48, 50, 54 a 59 y 61 a 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Votamos las enmiendas 99 y 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 223; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 84; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 85; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos la enmienda 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 68, 76, 77 y 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 86; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 227; a favor, 75; en contra, 141; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 144; en contra, 1; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 207; en contra, 2; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. 621/000105 Justicia

El señor presidente da lectura al punto 6.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para trasponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, es el dictamen que traemos hoy para su presentación y aprobación. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 9 de enero, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el pasado día 12 de febrero, fue ampliado hasta el día 18 de febrero del año en curso, 2015. A este proyecto de ley se presentaron ochenta y ocho enmiendas, seis de las cuales, las números 5, 7, 9 ,12 y 13, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, y la número 23, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, fueron posteriormente retiradas. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. Es imposible oír al orador.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: El día 18 de febrero la comisión designó ponencia, que quedo integrada de la siguiente manera: don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular, don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María Rosa de Haro Brito, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió,;don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Dicha ponencia se reunió el pasado 23 de febrero, y emitió informe en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió igualmente para dictaminar el pasado día 3 de marzo, y emitió dictamen de conformidad con el texto definitivamente propuesto por la ponencia en el transcurso de dicha sesión.

Han presentado votos particulares a este dictamen, la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría

¿Hay turno a favor? (Pausa).

¿Hay turno en contra? (Pausa).

Pasamos, por tanto, a las enmiendas.

Enmiendas números 16 a 18, presentadas por la senadora señora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Mixto presenta las enmiendas números 1 a 4, 6, 8, 10, 11, 14 y 15, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No está la portavoz del Grupo Popular de la última intervención del proyecto anterior, pero, para el Diario de Sesiones, quiero que quede claro que el que los letrados invadan la intimidad y el dolor de una víctima estaba ya proscrito por el Estatuto de la Abogacía; y los colegios de abogados, velando por su cumplimiento, sancionaban cuando se daban esas circunstancias, sin que con ello quiera decir que el precepto contenido en el proyecto anterior resulte innecesario o superfluo. Lo digo simplemente para que quede constancia de que la corporación profesional que ha de velar por la lex artis en el ejercicio de la abogacía ya tenía como preocupación previamente esa realidad y adoptaba medidas oportunas al respecto. Como vuelvo a la profesión, quiero encontrarla lo más dignificada posible. Discúlpenme ustedes el comentario.

Estamos ante un proyecto de ley que, como en el caso del anterior, transpone una directiva comunitaria; pero son un proyecto y una directiva de carácter más técnico que el que le ha precedido en el debate. Los senadores Mariscal y yo mantenemos diez enmiendas de las que habían sido presentadas. Las más importantes tienen como leitmotiv la creación de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales, superando el concepto que baraja el proyecto, que de alguna manera es también el que hasta este momento se venía aplicando, del listado, de los listados de intérpretes o de traductores. Por eso, en las dos enmiendas a la disposición final tercera se plantea que en el plazo de un año el Gobierno de la nación presente un proyecto de ley de creación de dicho registro y que se establezca un mecanismo de examen para incorporarse a este, en el que los profesionales demuestren su cualificación a la hora de desarrollar las funciones que el proyecto les atribuye.

Coherentemente, en la enmienda número 1, al preámbulo, en la número 2, al artículo primero, cuatro, y en la número 8, al artículo tercero, se plantea que las referencias que en estos preceptos del proyecto se realizan a los listados sean sustituidas por una referencia al registro de traductores e intérpretes judiciales.

En cuanto a la enmienda 4, que afecta al artículo primero, cuatro, frente a la redacción que nos viene remitida del Congreso de los Diputados, que establece la mera posibilidad de que se puedan grabar las interpretaciones orales, salvo aquellas relativas a la conversación entre acusado y defensa, se propone que esa grabación sea obligatoria porque pensamos que resultará un instrumento imprescindible si en el devenir del procedimiento se formula alguna impugnación o recurso que se base precisamente en lo atinado o no que haya sido la traducción. Si no se establece la obligación de la grabación y se deja como mera posibilidad, difícilmente habrá garantías de que quien ha de resolver el recurso esté en condiciones de valorar si la traducción, si la interpretación fue realmente fiel a lo manifestado por el acusado o no.

Con otra enmienda defendemos que haya también intérpretes del registro no solamente en las actuaciones judiciales, sino también en las actuaciones policiales, y que también se delimiten con más concreción que en la redacción, excesivamente abstracta, que contiene el proyecto aquellos supuestos en los que se dé realmente un circunstancia de urgencia que haga que resulte imposible acudir a un intérprete de los del registro y sea necesario acudir a un traductor, a un intérprete no registrado.

La enmienda número 10 plantea, a la disposición derogatoria, propone la derogación de los preceptos de la Ley de enjuiciamiento criminal que regulan el uso de intérpretes, con el fin de buscar la máxima claridad y coherencia, porque es innegable que este proyecto pretende sustituir la actual regulación y las previsiones contenidas en la Ley de enjuiciamiento criminal. En consecuencia, parece razonable que se establezca de forma expresa la derogación de dichos preceptos.

Finalmente, a través de la enmienda número 11 planteamos la supresión de la disposición final segunda, una disposición que prácticamente es una cláusula de estilo —la encontramos también en el proyecto anterior—, que establece que los contenidos del proyecto en ningún caso significarán incremento de gasto. Y lo hacemos, porque pensamos que va a resultar imposible mejorar los servicios de interpretación y traducción sin un mínimo esfuerzo presupuestario sobre la realidad actual.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, que presenta las enmiendas 79 a 83, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En relación con esta transposición de la Directiva 2010/64, por la cual modificamos la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, presentamos cinco enmiendas, tres de las cuales proponen la modificación del artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

La enmienda número 79 se refiere a la detención preventiva, y tiene por objeto que el periodo de incomunicación sea de un plazo máximo de 48 horas, sustituyendo al actual, que, como sus señorías conocen, es de 72 horas. Consideramos que con ello se da un mayor equilibrio, un equilibrio más ponderado entre los valores de seguridad y justicia, que tanto nos preocupan a todos.

Por otro lado, añadimos un apartado nuevo al artículo 520, un precepto que para nosotros resulta de mucha importancia, con el fin de mejorar la garantía de los derechos tanto del detenido como de los funcionarios que intervienen en dicha detención, de suerte y manera que mientras se dé la permanencia del detenido en dependencias policiales ese periodo sea registrado en soporte apto para su reproducción en sonido e imagen y, evidentemente, esté a disposición del ministerio fiscal y del tribunal de instancia. Este es un tema muy importante, que además evitaría muchos problemas.

En la enmienda número 81 proponemos suprimir el artículo 520 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal por entender que el régimen especial que se adopta en esos momentos es innecesario y que lo ya contenido en el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal es suficiente.

Presentamos dos enmiendas más: las números 82 y 83, que están relacionadas con los ámbitos competenciales. La enmienda 82 viene a decir que en aquellas comunidades autónomas que tengan competencias en la Administración de Justicia estas sean respetadas también a la hora de establecer los registros de intérpretes, discutiendo la propuesta de un único registro para todo el ámbito del Estado. Y también, que en la interpretación, la traducción, etcétera, se respeten todos los derechos lingüísticos y toda la legislación vigente en el Estado español y se entienda, se comparta y se desarrolle el plurilingüismo existente en estos momentos en el Estado, lo que se propone en la enmienda número 83.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos grupos de enmiendas: uno, de las enmiendas 34 a 46, y, otro, de las enmiendas 47 a 65.

Para la defensa del primer grupo de enmiendas, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera comenzar afirmando la necesidad perentoria de trasposición de estas dos directivas europeas, dada la importancia que tienen la información, la traducción y la interpretación en los procesos penales para las personas que se ven afectadas por ellos. Pero no estamos de acuerdo en las formas y en parte del contenido que el Gobierno ha utilizado y plasmado en este proyecto de ley, como no lo está la mayoría de la oposición; y así se vio también en el debate en el Congreso de los Diputados. Creemos que el texto de la norma no cumple con las previsiones establecidas en la normativa comunitaria, y para intentar modificarlo hemos registrado trece enmiendas, que voy a detallarles brevemente.

Hemos registrado las enmiendas 34 y 35 para modificar los apartados 1 y 6 del artículo 123 de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque, siguiendo con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, se debe garantizar que el derecho a la interpretación sea efectivo en todas las fases del procedimiento, incluida la ejecución, dado que se pueden tomar medidas tan relevantes para el condenado como la pena privativa de libertad o su sustitución, la expulsión del territorio o liquidaciones de condena. El texto propuesto puede generar arbitrariedad a la hora de interpretar cuáles resoluciones son esenciales y cuáles no. En cambio, nuestra enmienda mejora sustancialmente las garantías procesales en materia de traducción de los documentos esenciales porque explicita cuáles se deben traducir.

También suprimimos el inciso que permite la arbitrariedad a la hora de grabar o no en cualquier medio audiovisual la traducción oral, para que pueda ser cotejada, si fuera necesario, y comprobar su presunción de veracidad. En ese sentido, es inaceptable que, dada la obligación de grabación, se establezcan excepciones tales como la inexistencia de los medios audiovisuales adecuados para proceder a la documentación.

Creemos que es totalmente rechazable la actitud veladamente centralista del Gobierno del Partido Popular en aspectos tales como no reconocer la existencia o la posibilidad de creación de registros oficiales que corresponden a determinadas comunidades autónomas que tienen otorgada esa competencia en sus estatutos de autonomía, como Cataluña.

Las enmiendas 36 y 45 modifican el texto, y se obliga a la creación de un registro oficial y de una ley que lo regule para garantizar las máximas garantías —valga la redundancia— en la capacidad de los profesionales que lo integren. Dado el Estado descentralizado que establece la Constitución y las competencias sobre la Administración de Justicia que tienen algunas comunidades autónomas, adaptamos el texto a esta realidad.

La enmienda 37 mejora el artículo 115 de la Ley de enjuiciamiento criminal para ofrecer mayores garantías para el derecho de defensa.

La enmienda 38 mejora ostensiblemente el texto propuesto en cuanto a recoger de forma explícita en la norma la necesidad de contar con los recursos técnicos y humanos precisos para facilitar el entendimiento y la traducción de personas sordas y con discapacidad auditiva que son usuarias de prótesis y comunican en lengua oral.

Nuestra enmienda 39 supone una mejora técnica, para que la configuración de los derechos que asisten a las personas imputadas penalmente sea idéntica al texto recogido en el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Siguiendo con las recomendaciones del informe del Consejo General del Poder Judicial, si existe una nueva ampliación de la imputación esta tiene que ir acompañada de todas las garantías para el imputado, no únicamente el conocimiento de nuevos hechos que modifiquen todo el procedimiento que hasta entonces se ha seguido. En este caso, es importante que se mantengan las mismas garantías para que se ejerza el derecho a la defensa con una nueva declaración sobre la imputación. La enmienda 41 corrige el texto en este sentido.

Con las enmiendas 40 y 42 añadimos un nuevo artículo a la Ley de enjuiciamiento criminal con objeto de actualizar y completar la normativa en relación con la utilización de marcadores de ADN para la identificación en las diligencias de investigación de ciertos delitos, en la formación de la tesis acusatoria o para la defensa. En ocasiones la identificación mediante marcadores de ADN tiene una gran fuerza de convicción. Se trata de comparar el perfil genético que puede haberse obtenido de una muestra tomada en el lugar del delito con el del propio investigado. Por ello, nuestro texto da cobertura legal a esta técnica y especifica cómo y quién puede hacer tomas de muestras y cómo debe hacerlas para, posteriormente, recoger qué requisitos deben reunirse para tomar muestras.

Por otro lado, consideramos inaceptable que el Gobierno vuelva a incluir una disposición adicional en una ley para establecer que las medidas incluidas en ella no supondrán incremento de personal o de retribuciones. Es totalmente ridículo y materialmente imposible pensar que las previsiones de esta ley no comporten gastos. Eso demuestro la verdadera falta de voluntad de este Gobierno de aplicar esta ley. Nuestra enmienda 43 suprime la disposición adicional.

Finalmente, la enmienda 46 propone la entrada en vigor de la norma a solo un mes de su publicación en el BOE. No existe ninguna justificación en retrasarla seis meses, cuando afecta a derechos reconocidos en dos directivas comunitarias.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa del resto de las enmiendas de la Entesa tiene la palabra el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar diciendo que la directiva tenía un límite máximo temporal de trasposición hasta octubre de 2013, es decir, estamos discutiendo un texto que se tenía que haber aprobado antes de octubre de 2013.

Señalaré las enmiendas más significativas y después, en el turno de portavoces, explicaré políticamente cuáles son los elementos esenciales de nuestra posición.

He de destacar en relación con las enmiendas sectoriales que hay un conflicto en el tema del registro oficial de traductores e intérpretes porque la ley dice que la Administración elegirá de un listado a los traductores e intérpretes. Nosotros decimos que no, que tienen que elegirse del Registro oficial de traductores e intérpretes y que se ha de agilizar la aprobación de dicha ley. Al mismo tiempo, y como ya se ha dicho anteriormente, este registro contiene elementos que vulneran las competencias de justicia establecidas en los artículos 103 y 104 del Estatuto de Cataluña.

Por otro lado, proponemos una serie de enmiendas que mejoran las garantías y los derechos de las personas que están en un momento de procedimiento judicial. Como también se ha comentado antes, será obligatoria la grabación audiovisual de las declaraciones, evitará fundamentalmente muchos problemas.

Asimismo presentamos dos enmiendas, las enmiendas 52 y 53. La enmienda 52, para que se establezcan todos los medios necesarios para que las personas que tengan una discapacidad sensorial puedan hacer la declaración. En la enmienda 53, al artículo 367 de la Ley de enjuiciamiento, proponemos que el resultado de los decomisos se pueda aplicar a proyectos de acción social que desarrollen entidades sin afán de lucro.

Hay otras dos enmiendas, las enmiendas 56 y 57. Proponemos que se dé a conocer al detenido la duración de su detención y que la comunicación o información del juez —si hay resultados de la diligencia que produzcan hechos relevantes— sea mediante resolución judicial.

Como se ha dicho hace un momento, una vez más nos encontramos con una disposición adicional que dice que no puede haber un incremento de gasto público, que es tanto como decir que no se va a aplicar la ley. Eso le hemos visto antes en el estatuto de la víctima y en estos momentos, en esta ley.

Finalmente la ley prevé que se presente un proyecto de ley de registro civil en un año. Nosotros pensamos que es un plazo excesivamente largo, sobre todo cuando llevamos ya un año y medio de retraso. Por tanto proponemos avanzar la presentación de esta ley de registro general.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un total de catorce enmiendas: una de supresión, dos de adición y once de modificación. Se han presentado ex novo seis de estas enmiendas en esta Cámara, siendo, por tanto, otras a añadir a las presentadas y no transaccionadas en el Congreso de los Diputados pues, si bien se aprobaron en el Congreso varias enmiendas referidas a personas con discapacidad auditiva, quedaron otras que consideramos importantes y que hemos vuelto a presentar para que sean debatidas en el Senado.

La primera enmienda, la número 19, tiene como finalidad modificar el preámbulo VIII de la exposición de motivos, determinando que se creará un registro de traductores e intérpretes judiciales por parte de las administraciones competentes en justicia —como es el caso de la Generalitat de Catalunya— y no por parte del Gobierno, lo que supondría una invasión competencial. En este sentido, en Cataluña la competencia para regular un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales propio correspondería a la Generalitat de acuerdo con el artículo 104 de su estatuto de autonomía y el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y según lo que establece el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En la misma línea, la enmienda 32 tiene por objeto la modificación de la disposición final tercera. Consideramos que la misma presenta problemas de constitucionalidad. La Generalitat tiene traspasadas las funciones en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, a la vez que en el mismo sentido le atribuye competencias en esas materias el Estatuto de Autonomía de Catalunya en sus artículos 103 y 104. Por otra parte, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.»

De todo lo que antecede se colige que la disposición final tercera, antes disposición adicional única del proyecto, en la medida en que atribuye en exclusiva al Ministerio de Justicia la creación y regulación del registro de traductores e intérpretes judiciales, con total omisión de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, constituye una palmaria infracción de las competencias que el bloque de la constitucionalidad atribuye a la Generalitat de Catalunya en ese ámbito.

En la enmienda número 20, que modifica el artículo primero.cuatro, introduce un nuevo artículo 123.1 b) en la Ley de enjuiciamiento criminal. Se propone que se establezcan parlamentariamente las medidas y supuestos en los que se prestará servicio de interpretación al acusado o imputado por parte de la Administración de Justicia.

La enmienda 21, de modificación del artículo 123.2, tiene por objeto modificar esta disposición para que se establezca como prioritaria la modalidad de interpretación consecutiva sobre la simultánea, cuya prestación es más costosa y compleja.

Mediante la enmienda 22, de modificación al artículo primero.cuatro, introduce un nuevo artículo del 123.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Se propone sustituir el término «resumen oral» por «traducción vista», ya que esta última supone una reformulación oral completa y fiel de un documento escrito y no un mero resumen a criterio del intérprete.

Se propone a través de la enmienda 24, de adición, al artículo primero.cinco, que introduce un nuevo artículo 124, desarrollar reglamentariamente el procedimiento de comprobación y nueva designación de intérprete o traductor y posibilitar al tribunal, al juez o al Ministerio Fiscal repetir el procedimiento de comprobación y nueva designación de intérprete o traductor durante el proceso en todas aquellas ocasiones que sean necesarias.

La enmienda número 25, de modificación, al artículo primero.ocho, que introduce un nuevo artículo 127 de la Ley de enjuiciamiento criminal, tiene por objeto que quede expresamente reconocido en la nueva legislación que las personas con discapacidad sensorial reciban los medios de apoyo para la comunicación oral en igualdad de condiciones que las demás personas para garantizar el derecho a un juicio equitativo.

La enmienda 26 modifica el artículo 118.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Se presenta porque se considera conveniente suprimir el segundo párrafo del punto 2 del artículo 118 para garantizar que sea necesaria la asistencia letrada e inmediata la designación de abogado defensor (de oficio o de su confianza). Así está establecido ya para el llamado procedimiento abreviado en el artículo 767 de la Ley de enjuiciamiento criminal en su redacción dada por la Ley 38/2002.

Mediante la enmienda 27, de adición al artículo 118.1, se propone adicionar el derecho a interrogar a los testigos que declaren contra el imputado y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren a su favor y el derecho a comunicarse con su abogado defensor. Se encuentran reconocidos respectivamente en los artículos 6.3 del Convenio de Roma y en el artículo 14.3.b) del Pacto de Nueva York.

Presentamos la enmienda número 28 de modificación de los apartados 2 y 6 del artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal para mejorar los derechos de la persona detenida, añadiendo dos epígrafes en el apartado de Derechos al detenido. Uno sería el derecho del detenido a entrevistarse reservadamente con su abogado antes de prestar declaración de conformidad con el 14.3 b) del Pacto de Nueva York y el derecho a conocer el plazo máximo legal de duración de la detención de acuerdo con la Directiva 212/13 en su artículo 4.2. Asimismo se modificaría y completaría el contenido de la asistencia del letrado durante el proceso con asistencia, traducción e interpretación gratuitas. Se aconseja igualmente guardar silencio, en su caso, a la persona detenida antes de prestar la declaración policial. Por su parte, el letrado puede obtener con anterioridad a la entrega del atestado policial la declaración del detenido y puede acceder a los documentos y pruebas, y entrevistarse reservadamente con el detenido tanto antes como después de la práctica de la diligencia.

La enmienda 29, de modificación del 775 de la Ley de enjuiciamiento criminal, es una mejora técnica y pretende que el juez informe al imputado mediante la oportuna resolución judicial en los términos del artículo 132.2. 1.º del Código Penal con prontitud si se produce algún cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados.

La enmienda 30 propone suprimir la disposición adicional, antes disposición final segunda, que limita cualquier incremento de dotaciones o retribuciones a personas para aplicar las medidas que impone la norma, ya que es obvio que serán necesarias dotaciones específicas para poder desarrollar estas medidas, permitiendo un incremento de dotaciones de recursos y personal para aplicación de la norma. (Ya todos los portavoces hemos manifestado nuestra queja al respecto.)

La enmienda número 31, de modificación de la disposición derogatoria única, propone especificar expresamente los artículos de la Ley de enjuiciamiento criminal derogados por este proyecto de ley para evitar equivocaciones o dudas sobre la interpretación de la ley y facilitar el trabajo a los operadores jurídicos.

Mediante la enmienda número 33, de modificación de la adicional cuarta, se pretende adelantar la entrada en vigor de la ley de seis meses a veinte días, ya que el plazo de trasposición de las directivas europeas ya venció en octubre de 2013 y en junio de 2014. (La directiva 2010/64 tenía establecido un plazo para su trasposición, que venció el 27 de octubre de 2013, y la Directiva 2012/13 tenía establecido un plazo de trasposición, que ha vencido el 2 de junio de 2014.) En este sentido, consideramos inadmisible e injustificado que no se prevea la entrada en vigor en un plazo mínimamente razonable para las reformas que derivan del artículo 2 de este proyecto de ley, Derechos al detenido, y que se obligue a esperar seis meses para su efectiva aplicación. De este modo, se están incumpliendo desde la fecha los plazos normales de vacatio legis, lo que conlleva un flangrante y voluntario incumplimiento de las previsiones de las directivas europeas.

Estas son las enmiendas que presentamos y pedimos a los grupos de la Cámara la aprobación de las mismas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas 66 a 78.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Buenas tardes.

Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado trece enmiendas. Hacemos especial hincapié, como ya indicamos en la comisión, con la presentación de estas enmiendas en mejorar el texto.

Queremos mejorar el texto porque entendemos que el proyecto de ley cuenta con una serie de lagunas legales que pueden originar que en determinadas situaciones se cometan irregularidades o que no se atiendan como corresponde los derechos de los procesados para que estos gocen de las mayores garantías judiciales, para garantizar que el derecho a la interpretación sea efectivo en todas las fases del procedimiento, incluida la ejecución, en medidas tan relevantes para el condenado como la pena privativa de libertad o su sustitución con la expulsión del territorio, cumpliendo así con lo señalado por el Consejo General del Poder Judicial como indicamos en la enmienda 66.

El proyecto de ley orgánica hace una clara mención a la calidad de la interpretación y a la necesaria idoneidad entre lo manifestado originariamente y la traducción. Por este motivo, entendemos que no se puede dejar sin su ejecución efectiva —como se indica en la ley—, debiendo ser documentada mediante grabación audiovisual, lo que facultará para que se pueda recurrir a este medio al existir cuando así sea necesario, estando esta petición en nuestra enmienda 67, a la cual también hacen referencia otros grupos políticos.

Señorías, es inadmisible —entendemos— que en una norma de esta relevancia se hable de listados, únicamente cuando estos listados deben ser posteriores a la creación de un registro. Debe existir un registro oficial que corresponda a una o a varias administraciones en las que se desarrolle el procedimiento y se asegure el derecho de defensa, donde se establezcan unos requisitos formales para la inclusión de los intérpretes y traductores, mejora que incluimos en nuestra enmienda 68 y que hemos dado cumplido traslado a los senadores del Grupo Popular.

En la enmienda 69 proponemos una redacción más garantista para el derecho en la defensa —en relación con el apartado 2 del artículo 125, primer párrafo— para los casos de duda sobre la manifestación entre el original y la interpretación. En el artículo segundo.uno, del artículo 118.1, proponemos una modificación a la redacción dada a los apartados c) y f), como indica el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal, lo cual va en la enmienda número 71 —«c) Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y/o judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto.» Si el detenido o preso no designara abogado, se procederá a la designación de oficio—. Apartado «f) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o a algunas de las preguntas que se le formulen.», o a manifestar que solo declarará ante el juez. «En el caso de personas detenidas o presas, deberán ser informadas del resto de derechos que les asisten, de conformidad al artículo 520 de esta ley.»

Parece razonable que la configuración de los derechos que les asisten guarde una dicción idéntica a la recogida en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En nuestra enmienda al apartado 2 del artículo 775 proponemos la necesidad de incorporar una modificación clarificadora en el caso de si el resultado de las diligencias produce una nueva interpretación, se informará personalmente al imputado para que pueda declarar sobre los hechos y la imputación, situación que enmendamos con nuestra enmienda número 72. Como dice el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo que acompaña al proyecto de ley, en el que constantemente hace referencias a la mejora de la ley que aquí propone el Partido Popular, de existir una nueva o una ampliación de la imputación, esta tiene que ir acompañada de todas las garantías para el imputado, no únicamente de un conocimiento sucinto como dice el Partido Popular. Debemos mantener las mismas garantías que se han llevado durante el procedimiento inicial, sin hacer menoscabo alguno de las mismas en las nuevas circunstancias, fruto de las diligencias que suelen darse en un número importante de procedimientos.

Con la enmienda 73, de adición, al artículo segundo, queremos completar este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —aprovechando la transposición de esta norma europea— incluyendo el apartado de Toma de muestras y su regulación, garantizando un derecho fundamental mediante el establecimiento de un marco legal que evite la manipulación o las malas prácticas en el momento de la obtención de pruebas. Por lo tanto, más garantías, completando así el régimen jurídico. Y aprovecho para contestar al señor Arias que, en relación con esta enmienda, el otro día, en la comisión, argumentó que no la aceptaban sobre todo porque no tenía absolutamente nada que ver —y si me equivoco corríjame luego en su intervención— con el objeto de esta ley. Nosotros no estamos de acuerdo. Primero, porque no ha sido rechazada por la Mesa del Senado, que entiendo que es un órgano escrupuloso a la hora de tomar decisiones en relación con las enmiendas que se presentan, y, segundo, porque, hombre, ustedes son conscientes de que a lo largo de todos estos meses en innumerables leyes han metido todo tipo de articulados que entendemos que tienen muy poco o nada que ver con el argumentario y el propósito de dicha ley. Por lo tanto, no me parece un argumento válido para rechazar esta enmienda.

En nuestra enmienda 74 proponemos incluir la no necesidad de asistencia letrada, bastando solamente con el consentimiento informado del detenido o, en su caso, la autorización judicial.

En nuestra enmienda 75 planteamos la supresión de la disposición adicional, antes final segunda, por lógica, señorías, pues no se pueden llevar a cabo los cumplimientos y los objetivos de esta ley sin que estos vayan unidos forzosamente a una serie de gastos, de inversiones, a una partida presupuestaria. Porque deja latente la falta de voluntad real del Gobierno del Partido Popular para hacer efectiva y consolidar esta norma. A esta situación, que cualquier operador jurídico comprende, se unen otras que aumentan, si cabe, la desconfianza sobre la acción del Gobierno, como son el exceso de tiempo, que ya supera los seis meses para la entrada en vigor, sin motivo que lo justifique, debiendo haber estado traspuesta antes del 27 de octubre de 2013, y la segunda, en junio del próximo año. Por tanto, nosotros no podemos apoyar ni entender esto. Además, fue lo que motivó que no firmáramos la transaccional que se nos propuso en la comisión, porque entendemos que la entrada en vigor de esta ley tiene que hacerse prácticamente de manera inmediata.

La enmienda número 76 va en coherencia con las enmiendas presentadas por nuestro grupo con anterioridad.

Con la enmienda 77 pretendemos que se acelere cuanto antes, con un máximo de tres meses, un nuevo proyecto de ley de creación de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida formación y titulación, así como la habilitación y cualificación acreditada mediante prueba objetiva, válida y fiable por un procedimiento contrastado, con el fin de elaborar las listas de traductores e intérpretes —a las que aquí también se ha hecho referencia— a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de enjuiciamiento criminal. La adaptación de esta directiva, para su completa aplicación, exige una ley concreta que cumpla con los requisitos establecidos respecto a la cualificación que deben reunir los aspirantes a traductores e intérpretes, así como la eliminación en plazo razonable de la actual posibilidad de designar traductores e intérpretes que no reúnen los requisitos exigibles, siendo necesario una ley que ordene correctamente los requisitos, capacidades, titulaciones y procedimientos para regular a estos profesionales, eliminando así las malas prácticas que en la actualidad se están dando, relativo a personas que tan solo cumplen con uno de los muchos requisitos necesarios para estar legalmente establecidos. Recientemente un sargento de la Guardia Civil me comentó que en una detención tuvieron que ir a buscar a la cocinera de un restaurante para que les hiciera la traducción. Esto ha sucedido y está ocurriendo de forma habitual.

El Grupo Parlamentario Socialista entiende que, debido a que dichas normas afectan a los derechos fundamentales reconocidos por la Comisión Europea en dos directivas —la 2010/64, que debería haber sido traspuesta, como he indicado antes, en el año 2013 y otra, que debería trasponerse antes del 2 de junio— no debe demorarse ni un día más. Para nosotros esto es muy importante.

Aquí finalizo la intervención de este turno de defensa de las enmiendas y apelo al Grupo Parlamentario Popular a que empuje definitivamente esta ley con el apoyo del mayor número de grupos representados en la Cámara. Ello supondría un trabajo de consenso, que, aunque tarde en el ámbito de la justicia, para nosotros siempre es positivo. Por eso nuestro grupo, dado el fin y todos los esfuerzos realizados, entiende que el consenso debe ser el mejor y mayor aliado de estas trasposiciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a continuación voy a fijar la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasponer las directivas 2010/64 y 2012/13, de la Unión Europea, relativas al derecho a la interpretación y traducción y al derecho a la información en los procesos penales. La mayoría de ellas están relacionadas con el registro y con cuestiones competenciales, así como al incremento del gasto, a cuestiones de lengua o a su entrada en vigor.

Empezaré haciendo referencia a las enmiendas de CiU, que presentó quince, si bien es cierto que se retiró la número 23, sobre la designación de un nuevo intérprete en caso de personas sordas o con discapacidad auditiva porque ya fue incorporada en el Congreso. Siete de ellas son nuevas en el Senado. Haré un repaso de todas ellas, deteniéndome en aquellas que se incorporan en esta Cámara como nuevas.

Comienzo por la enmienda número 19, que se refiere al registro y aborda cuestiones competenciales. En este sentido, hay que tener en cuenta, como bien dije también en comisión, que los artículos 149.1.5.º y 149.1.6.º de la Constitución Española establecen la competencia exclusiva del Estado en materia de justicia y legislación procesal. También se fundamenta en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos. Con la creación de un registro único por parte del Ministerio de Justicia se garantiza que la prestación del servicio de traducción e interpretación, como servicio básico, se realice con unas mínimas exigencias de calidad en todo el territorio nacional, lógicamente, sin perjuicio de que el registro pueda organizarse territorialmente y que sea competencia de titularidad compartida su posterior gestión y la concreta prestación del servicio, dado que responde a una provisión de medios personales. Esta exigencia del requisito oficial tiene esta finalidad, y con ello no se vulneran, dicho sea de paso, las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia. Además, la creación de este registro por el Ministerio de Justicia no significa que deba ser centralizado y sin participación alguna de las comunidades autónomas; todo lo contrario. El registro debe organizarse territorialmente y en su gestión deben intervenir las comunidades autónomas con competencias sobre la materia. Por tanto, rechazamos esta enmienda.

Rechazamos igualmente la enmienda número 20 porque actualmente no está previsto el desarrollo reglamentario de la prestación de servicios de traducción e interpretación, la cual se remite a la práctica habitual propia de estas profesiones.

Tenemos que manifestar en cuanto a la enmienda número 21, en la que piden la interpretación consecutiva, que lo deseable en términos de agilidad dentro del juicio oral es la interpretación simultánea, de manera que la previsión del proyecto es adecuada al establecer que en el caso de que no se pueda disponer del servicio de interpretación simultánea, esta se realizará subsidiariamente de manera consecutiva. Se garantiza de esta manera la calidad de la interpretación exigida por la directiva.

La enmienda número 24 pide la posibilidad de designar nuevo intérprete. Esto ya está incluido en el apartado 2 del artículo 124 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Piden la modificación de la disposición derogatoria que desde nuestro grupo vemos suficiente tal y como está.

Respecto a la enmienda número 32, que aborda la modificación de la disposición final tercera en lo que se refiere al registro de traductores, me remito a lo dicho sobre la enmienda número 19.

En lo referente a las nuevas enmiendas, se introduce la número 25 en términos muy similares a la aprobada en la ponencia por nuestro grupo para garantizar medios de apoyo a la comunicación oral a personas sordas o con discapacidad auditiva.

No vemos procedente la supresión que propone la enmienda número 26.

La enmienda 27 creemos que no es objeto de este proyecto de ley ni guarda relación con el mismo, al igual que sucede con la 28.

Rechazamos la enmienda 29 porque se considera que el contenido del apartado 2 del artículo 775 garantiza de forma adecuada los derechos a la información del imputado, ya que se prevé que este será informado con prontitud, siendo este el aspecto de la directiva que se traspone.

En la enmienda 30 piden la supresión de la disposición adicional primera con el tema del incremento de la dotación presupuestaria. Como saben, la necesaria contención del gasto público exige una absoluta garantía de no incremento de los gastos de personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que limita el gasto en la Administración General del Estado y en la que se establece expresamente que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. Esta es una cuestión común al resto de los grupos parlamentarios y, por tanto, doy con ello por contestadas a las del resto de los grupos en este mismo sentido.

Le diré en cuanto a la enmienda 33, sobre la entrada en vigor de la disposición final cuarta, que ya en la comisión hemos propuesto una transaccional al respecto, que fue rechazada. Nuestro grupo considera que el diferente plazo de entrada en vigor contenido en la disposición se considera necesario y adecuado para la puesta en marcha de los servicios regulados.

El Grupo Vasco ha presentado cinco enmiendas, de las cuales hay cuatro que son repetidas de las del Congreso y la otra es nueva y que presenta en esta Cámara.

Consideramos que las enmiendas 79, 80 y 81 no son adecuadas para este proyecto de ley porque esta regulación es objeto de la Directiva 2013/48, sobre derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Esta directiva está siendo objeto de trasposición.

Las enmiendas números 82 y 83 hacen referencia al registro en lo relativo a cuestiones competenciales a las que ya he respondido anteriormente.

El Grupo Mixto presenta dieciocho enmiendas, de las cuales tres corresponden a Esquerra Republicana y me remito al artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en su apartado 1 que en todas las actuaciones judiciales jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de los juzgados y tribunales usarán el castellano como lengua oficial del Estado; evidentemente, también podrán utilizar aquellas otras lenguas oficiales si ninguna de las partes se opusiere. Por lo tanto, consideramos que la inclusión del adjetivo oficial es correcta y además respetuosa con los derechos de los imputados.

Izquierda Unida presenta quince enmiendas, me voy a detener en la número 4, que también es común al resto de los grupos. Desde luego, en algunos de los juzgados no existen medios y, por lo tanto, la consideración de obligatoria de la grabación nos parece excesiva; esta carencia de los medios en algunos juzgados se suple perfectamente con la garantía de fe pública del secretario judicial.

En cuanto a las números 6, 8 y 14 se considera que el contenido tendrá mejor cabida en la futura ley de creación del registro oficial de traductores e intérpretes. En ese sentido, la disposición final primera del proyecto de ley establece que el Gobierno presentará en el plazo de un año el Proyecto de Ley de creación del registro de traductores e intérpretes.

Respecto a las enmiendas 12, 13 y 14, creemos que serán más adecuadas en la tramitación del proyecto de ley de creación del registro. Incide igualmente Izquierda Unida en la petición de la supresión de la disposición adicional primera con la cuestión de los gastos, que ya respondí anteriormente.

En cuanto al contenido de la enmienda número 15, que aborda el tema de la formación, en el Grupo Popular hemos introducido una enmienda, la número 87, que está de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 2010/64 y, por tanto, aunque estamos de acuerdo en el contenido, al haber sido ya incluida por nuestro grupo en la ponencia, no creemos que sea procedente su incorporación, con lo cual la damos por cumplida. La primera parte de la enmienda creemos que no es objeto de este texto y sí de la futura ley del registro.

El Grupo Socialista presentó trece enmiendas, de las cuales once son repetidas del Congreso y dos son nuevas del Senado. Y tal y como me requería el portavoz del grupo en la comisión, voy a intentar explicar con más detalle nuestra negativa a varias de las enmiendas que presentan. Empezaré en este caso por las dos nuevas. La enmienda número 70 es similar a otra del Grupo CiU y a otra del Grupo Popular, que fue introducida en la ponencia por nuestro grupo con el número 86 y que consideramos suficiente para garantizar el derecho a la interpretación de las personas con discapacidad sensorial en relación con el artículo 23 de la directiva.

La número 76 es una enmienda a la disposición final primera, que rechazamos en coherencia con nuestro rechazo a la número 73, ya que creemos que no encaja con el objeto del proyecto ley, dado que este se limita a la transposición de dos directivas comunitarias relativas al derecho a la interpretación y traducción en el proceso penal y derecho de información, y no regulan el régimen relativo a la toma de muestras biológicas.

En relación con las enmiendas números 66 y 67, la Directiva 2010/64 se refiere a los derechos de traducción e interpretación para garantizar la equidad del proceso, así como el conocimiento de los hechos que se le imputan, y esta finalidad se cumple estrictamente con lo dispuesto en la normativa. Además, el reconocimiento del derecho a la traducción de los documentos esenciales para el ejercicio del derecho de defensa es mucho más amplio y garantista que el establecimiento de un decálogo de resoluciones.

En lo que se refiere a la enmienda número 68, la rechazamos porque consideramos que el artículo 124 de la Ley de enjuiciamiento criminal no es el lugar idóneo para regular la constitución del registro. En primer lugar deberíamos aclarar que la directiva no obliga a constituir un registro y, por otra parte, en la enmienda se confunde el registro y los listados de los profesionales que actualmente ya se elaboran y que, como es lógico, una vez que se haya constituido el registro, ineludiblemente se confeccionarán con los profesionales que consten en el registro oficial. Aquí también el término Administración competente incluye al Ministerio de Justicia, pero también, como no podía ser de otra forma, a las comunidades autónomas competentes en la materia. Es decir, que existirá un registro oficial de traductores e intérpretes cuya inscripción será obligatoria para prestar los servicios en la Administración de Justicia con los requisitos mínimos y uniformes de titulación, la experiencia y formación, pero después será la Administración competente la que deberá elaborar esos listados correspondientes para que puedan ser llamados por juzgados o tribunales. Y en la elaboración de estos listados, evidentemente, caben diversas formas de gestión en función de lo elegido por la Administración competente. La única exigencia para garantizar el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad es que los intérpretes o traductores designados figuren en el registro oficial. En todo caso, consideramos que el artículo 124 de la Ley de enjuiciamiento criminal no es el lugar idóneo para regular la constitución del registro oficial.

En cuanto al derecho de recurso frente a las resoluciones denegatorias del derecho a la interpretación o traducción o quejas en relación a su calidad, consideramos que ya se garantiza en el artículo primero. Seis.

Y, con respecto a la número 71, consideramos que su finalidad no encuentra encaje en los objetivos del proyecto de ley.

La enmienda número 72 hace referencia a los derechos del imputado, y estimamos que el apartado 2 del artículo 775 de la Ley de enjuiciamiento criminal garantiza de forma adecuada los derechos de este, ya que se prevé que el imputado será informado con prontitud.

Respondo también al senador Sen en lo que se refiere a las enmiendas números 73 y 74. Consideramos que no proceden, porque el contenido no guarda objeto con este proyecto de ley, como vengo reiterando a lo largo de mi intervención, y hace nuevamente referencia a la disposición adicional primera en lo relativo al incremento de gastos; y no voy a reiterar, una vez más, los motivos de nuestra negativa.

Consideramos que el contenido de la enmienda número 77 tiene mejor cabida en la Ley de creación del registro. En la enmienda número 78 incide el Grupo Socialista en el plazo de entrada en vigor, que nuestro grupo parlamentario considera necesario y adecuado para poner en marcha las medidas que se contemplan en el proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene algunas enmiendas que son coincidentes con las del Grupo Socialista y con otras de la Izquierda Plural y, por lo tanto, no me voy a detener en ellas, ya que la mayoría hacen referencia a derechos del detenido, imputado o preso, al incremento del gasto con la puesta en marcha de la ley, al registro y los requisitos y características y/o a los tipos de interpretación; enmiendas que contesté anteriormente.

Sí me quiero referir a la número 38, relativa a garantizar el acceso a la información en condiciones de igualdad de las personas sordas o con discapacidad auditiva, que queda perfectamente recogido en el texto y, por tanto, la consideramos innecesaria.

Rechazamos la enmienda número 44, en coherencia con el rechazo de la número 40, en lo que se refiere a la toma de muestras. La número 53 excede el ámbito de la ley, lo mismo que las números 54, 55, 58 y 59. Rechazamos también la enmienda 57 por considerar conveniente su mantenimiento. Igualmente la número 56, al estar recogido su contenido en el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal. La número 70 es coincidente con la número 7, de los senadores de Izquierda Unida, y a nuestro grupo no le parece conveniente hasta que se proceda a la creación del registro, como manifesté anteriormente.

Finalmente, la número 65 pide la modificación del plazo de entrada en vigor y, como ya he dicho, nosotros consideramos que el plazo de entrada en vigor es necesario y adecuado.

Concluyo haciendo referencia a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha introducido en el trámite del Senado, que son cuatro enmiendas que han mejorado el proyecto de ley en cuatro aspectos. En la enmienda número 85 garantizando la confidencialidad del traductor o el intérprete, de acuerdo con el artículo 5.3 de la directiva. La enmienda número 86, de acuerdo con lo establecido en el 2.3 de la directiva, garantizando el derecho de acceso a la interpretación y traducción a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral, en línea con otros grupos; la número 87 en la línea de la formación de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia, en consonancia también con el artículo 6 de la directiva; y, finalmente, la número 88, de modificación de la disposición final tercera, de acuerdo con la directiva y el artículo 123 de la Ley de enjuiciamiento criminal para establecer como requisito necesario para la actuación en las diligencias policiales la inscripción en el registro oficial del traductor o intérprete.

Por todos estos motivos, anuncio el voto en contra de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, no sin antes agradecer el trabajo de todos los ponentes y miembros de la comisión, así como la ayuda y la asistencia del letrado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Arias.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me permite, señor presidente, intervengo brevemente desde el escaño.

Al final, la clave está en la cláusula de estilo de que el proyecto no puede suponer incremento de gasto presupuestario, y es a partir de esa afirmación cómo se construye todo lo demás. Pero el que no se pueda introducir en el proyecto una garantía fundamental a efectos de recursos como es la grabación de la traducción o interpretación porque no todos los juzgados cuentan con los medios necesarios se resolvería haciendo desaparecer esa limitación presupuestaria.

No puede entenderse que, cuando no han pasado ni siquiera quince días desde que el Ministerio de Justicia anunciara una inversión rompedora, más de 74 millones de euros en este ejercicio para garantizar que a 1 de enero de 2016 los juzgados funcionarán sin papel, con comunicaciones telemáticas y firma electrónica de todos los profesionales, no se pueda lograr que haya equipos de grabación de unas traducciones, porque ni tan siquiera serían necesarios equipos de grabación visual; con un casete se puede grabar la interpretación que haga el traductor.

Y de nada nos vale en este caso la fe pública del secretario, porque si hace falta el traductor o intérprete seguramente será porque ni el secretario conoce la lengua que se está utilizando por parte del acusado. Por tanto, no podrá dar fe de algo que no comprende, de algo que no conoce; dará fe de lo que diga el intérprete, el traductor, pero en ningún caso podrá dar fe de lo que dijo el acusado o el imputado en la diligencia.

Finalmente, es imprescindible que estas garantías del recurso a intérpretes se amplíen a las diligencias policiales. Lo lógico y lo normal sería que los mismos medios humanos y materiales con los que se cuenta para responder a las necesidades de juzgados y tribunales se utilicen para la interpretación que sea necesario realizar en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muy buenas tardes, señor presidente.

Este proyecto de ley traspone la Directiva 2010/64, de 20 de octubre, en la que —como muy bien se ha dicho—, curiosamente, se limita el gasto presupuestario, es decir, la ejecución y el desarrollo de este proyecto de ley no puede suponer mayor gasto. Antes que nada convendría repasar la función y el papel a jugar por las diferentes administraciones públicas en su relación con la Unión Europea, y tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, la relación del Estado español con la Unión Europea, y la relación de la Unión Europea con el Estado español y las comunidades autónomas. Y un buen ejemplo sería el caso alemán, porque al Bundestag nunca y en ningún caso se le ocurriría, como sí se les ocurre a ustedes, llevar adelante directivas en contra de los propios länder, hacer transposiciones en contra de los propios länder, es decir, nunca se le ocurriría al Bundestag ir contra el Bundesrat, tal como vemos continuamente aquí; al igual que tampoco el Estado que transpone lo hace en contra del espíritu que la propia directiva tiene. En este sentido, sí podemos ver lo que ocurre aquí, y como ejemplo les citaré la decisión correspondiente al cumplimiento mutuo de penas, ya que en el Senado se introdujo una enmienda con una serie de consecuencias contrarias a la propia decisión y al espíritu de esta decisión marco que en su momento aprobó la Unión Europea. Tal y como decía, ocurre algo similar con las comunidades autónomas y, en el caso concreto de esta directiva, no se tiene ningún cuidado con las lenguas cooficiales del Estado español y, al no hacerlo así, entendemos que se vulnera tanto la Constitución española como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Podemos hacer una reflexión similar en relación con el lenguaje de signos y, tal como he comentado a la hora de desarrollar las enmiendas, lo mismo ocurre con el respeto a los registros autonómicos.

El senador del grupo mayoritario hace una referencia a las competencias exclusivas recogidas en la Constitución española, pero lo que no nos dice es que el artículo 149.1.6.ª dice textualmente: «... sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.» Además, le voy a leer el artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía, que viene a decir: Corresponderá a la comunidad autónoma, dentro de su territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia —como es el caso— y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento —que, no se nos olvide, no recoge esta trasposición—, valorándose preferentemente, en los sistemas de provisión del personal, el conocimiento del derecho foral vasco y del euskera, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hace una referencia a las enmiendas 79, 80 y 81 que, desde su punto de vista, no son adecuadas a la directiva que en este momento se está trasponiendo. Solo le voy a citar como ejemplo que ustedes han rescatado en esta Cámara tramos ferroviarios que estaban en manos y bajo la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco utilizando un Proyecto de Ley de empleo juvenil. Repito, se ha utilizado un Proyecto de Ley de empleo juvenil, a través de una disposición adicional, para recuperar tramos ferroviarios que estaban en manos de la comunidad autónoma. ¿Me quiere decir usted, señoría, que ahora que estamos modificando la Ley de enjuiciamiento criminal, cuando presentamos tres enmiendas para modificar el artículo 520.1.bis, no corresponde porque no es sustantivo del ámbito que estamos tratando? Evidentemente, permítame que al menos nosotros discrepemos.

Para finalizar, les he leído el artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y tengo que decir que será imposible de cumplir sobre la base de la disposición adicional, antes final segunda, del presente proyecto de ley que dice: «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.» Esto es imposible y, por tanto, la trasposición de este proyecto de ley va a ser imposible, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero recordar tres aspectos, aunque el primero lo he citado antes, y es que esta es una directiva que tenía como límite de trasposición octubre de 2013; es decir, que llevamos un año y medio de retraso y, además, se plantea un año más para el proyecto de registro general. Por lo tanto, es un gran retroceso.

En segundo lugar, les diré que esta ley, como prácticamente todas las iniciativas legislativas del Gobierno, se fundamenta en dos ejes: en la austeridad y en la recentralización. La austeridad lleva a que aprobemos leyes —ayer aprobamos dos, hoy aprobaremos otras dos o tres— con una disposición adicional en la que no se permite el incremento de gasto público, y algunas de estas leyes no son aplicables sin un incremento del gasto público. La pregunta es: ¿nos toman el pelo? Aprueban una ley que dice que va a ser fantástica, pero luego no se puede gastar un euro más, con lo cual no se va a desarrollar.

Además, hay otro aspecto, el de la recentralización, que en este caso tiene dos caras. Por un lado, los artículos 103 o 104 del estatuto dan competencias a la Generalitat en el tema de personal y, por otro lado, se propone un registro general centralizado. En síntesis, se hace una ley que recentraliza la Justicia. Y quiero recordar que la Justicia es el único aparato del Estado que desde la democracia no se ha adecuado al nuevo modelo territorial, el resto del Estado se ha acomodado, mejor o peor, al modelo territorial, no así el de la Justicia, que se recentraliza más; y la política de austeridad impide que el Gobierno o el Parlamento desarrollen aquellos objetivos que la ley marca. Por esa razón, no votaremos positivamente esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al senador Arias el esfuerzo realizado para argumentar y justificar el rechazo a las enmiendas presentadas, aunque en el caso de las de mi grupo no podamos compartir la mayor parte de los argumentos esgrimidos para su rechazo.

Dicho esto, celebro que finalmente se haya procedido a la trasposición a nuestro ordenamiento interno de las Directivas 2010/64 y 2012/13, relativas al derecho de interpretación y traducción y a la información en los procesos penales. Como he dicho antes, consideramos inadmisible y preocupante que reiteradamente se transpongan directivas incumpliendo los plazos para su transposición, y en el presente caso deberían haberse traspuesto antes de octubre de 2013 y junio de 2014. Por lo tanto, celebro que finalmente se haya hecho, aunque lamento el retraso, eso sí, más teniendo en cuenta que desarrollan dos aspectos esenciales de la defensa en el proceso penal, conllevando un importante refuerzo de las garantías del proceso penal y la eficacia del ejercicio del derecho de defensa. Por este motivo consideramos inadmisible, por ejemplo, que se pretenda establecer una vacatio legis de seis meses para la entrada en vigor de proyecto de ley, motivo por el cual rechazamos la transaccional que se nos ofreció.

Tampoco puede considerarse demasiado coherente ni realista aprobar un proyecto de ley que conlleva sustanciales reformas limitando de entrada cualquier incremento de dotaciones de personal o retributivas para aplicar las medidas que impone la norma —y en esto coincidimos el resto de portavoces—. Principalmente nos preocupa la afectación competencial por lo que a la creación y regulación del registro de traductores e intérpretes judiciales se refiere. Nosotros insistimos en que la Generalitat tiene traspasadas funciones en materia de provisión y medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y entendemos que esta ley pisa estas competencias.

A modo de conclusión y recapitulando, entendemos que se conculcan competencias, no se recogen los planteamientos de los profesionales en este ámbito, se traspone tarde, mal y disponiendo de una inaceptable vacatio legis de seis meses, y por último, se viene a afirmar que todo esto lo vamos a hacer sin incremento de medios, sin incremento de presupuesto. Vamos a hacer una adaptación de la directiva que, al final, al ciudadano no le va a suponer ningún incremento presupuestario, porque no le vamos a dar medios ni le vamos a dar la financiación adecuada. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué estamos legislando? No podemos poner en un proyecto de ley lo que parece ya una cláusula de salvaguarda del presupuesto futuro y decidir que quien vaya a aplicarla lo haga con pies de plomo, porque no va a poder destinar ni un euro más para mejorar nada.

Lamentamos que el Grupo Popular no haya aceptado las enmiendas presentadas. Y a pesar de estar de acuerdo en parte del contenido del proyecto, hay muchos puntos mejorables y otros en los que discrepamos y, por lo tanto, votaremos en contra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador, señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que es necesario reiterar la importancia para el Grupo Parlamentario Socialista de la transposición de estas dos directivas europeas, por afectar de forma importante a los derechos de los ciudadanos ante el procedimiento penal, en el cual entran de lleno las barreras lingüísticas cuando el ajusticiable no habla nuestro idioma. Además, es importante basarnos en lo indicado por el Convenio Europeo para la protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales, que establece el derecho a la traducción e interpretación de personas que no hablan o que no comprenden nuestras lengua y son objeto de un procedimiento penal del que son sujetos activos o pasivos. Por lo tanto, nosotros entendemos que debemos transponer estas directivas de forma efectiva, consolidando los derechos procesales del ciudadano, donde se garantice un procedimiento de profesionalidad en todos sus ámbitos.

Como ya indicamos en el debate en la comisión y también en la defensa de las enmiendas, nos hubiera gustado un mayor consenso y que el Partido Popular hubiera aceptado por lo menos un número más importante de enmiendas que las que ha aceptado. Como vemos que esto no es así, entendemos que el proyecto de ley que se nos presenta es descafeinado, tardío y, además, con más visos de cambio en un futuro inmediato que el de su implantación, porque entendemos que deja muchos cabos sueltos, de los que todos los grupos de la oposición hemos dado fe tanto en la comisión como en el Pleno, incidiendo en las barreras con las que con este proyecto de ley muchos ciudadanos se pueden encontrar en un futuro. La aprobación de una ley que contempla a día de hoy bastantes vacíos legales constituye un hecho que ya tiene precedentes, además siempre en detrimento de la persona que participa en este procedimiento penal.

En la actualidad el servicio de traducción e interpretación en las sedes judiciales y policiales se viene subcontratando en algunas administraciones públicas a empresas de trabajo temporal. Este es el modelo actual que se está llevando a cabo en nuestro país.



Esta situación está deparando casos que han sido lamentables y, aunque la mayor parte de ellos no trascienden a la luz, hay otros que sí, como fue el caso de la suspensión del juicio del 9N por la ineptitud de la intérprete contratada, o la contratación de traductores que en muchos casos han tenido antecedentes penales, o la detención el pasado mes de diciembre de un intérprete traductor y de otro imputado por vender supuestamente la información que obtenían de las escuchas policiales. Estos hechos, que son muy graves, son fruto de un vacío legal que hace necesario profesionalizar este ámbito, regularlo con seriedad, como nos indican las principales asociaciones profesionales del sector, a las que a través del Grupo Parlamentario Socialista, y me consta que también de algún otro grupo, hemos dado participación en las enmiendas que hemos presentado.

Señorías, esta nueva ley podía posicionar a nuestro país como un ejemplo de buen hacer. Un país como el nuestro, potencia mundial de turismo y visitado por decenas y decenas de personas de nacionalidades diferentes, se merece tener una legislación garantista, completa, que cohabite con esta realidad y con el nivel del país, salvaguardando los derechos de las personas que nos visitan o de aquellas que han llegado a nuestro país a buscarse un futuro mejor. Derechos garantistas que a los españoles también nos gustaría disfrutar cuando residimos en otros países, como todos sabemos, y más en la actual situación de crisis en que cientos de miles de españoles han tenido que salir desgraciadamente a otros países a buscarse un futuro mejor. Por lo tanto, igual que tenemos que establecer procesos garantistas para esas personas que vienen a España, también debemos garantizárselos a nuestros ciudadanos cuando viven o residen en otro país.

Por lo tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario sobre la base de la importancia de estas transposiciones se compromete a dos cosas: primero, a mejorar en la próxima legislatura esta ley, completándola con mayores garantías para los ajusticiados y operadores judiciales y, segundo, por acatamiento y lealtad a la transposición de una directiva europea, por lo menos nuestro grupo parlamentario así lo entiende, abstenernos en su votación, lo que no es obstáculo para su posterior modificación en la próxima y cercana legislatura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Haro Brito.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero unirme a las condolencias —igual que el resto de portavoces en otras intervenciones— por el terrible accidente de aviación ocurrido ayer y al dolor de las familias y del entorno de las víctimas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, a lo largo de las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos he oído palabras tales como retroceso, recentralización, conculcación de competencias, como motivos o como argumentos para no votar a favor de la transposición de 2 directivas que influyen sobre derechos fundamentales recogidos ya en nuestra actual normativa, en la Ley de enjuiciamiento criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando de la Directiva 2010/84/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho de interpretación y traducción de los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información. Directivas fundamentales, señorías, porque derivan de normativa que tiene carácter internacional, pero también de normativa interna. Recordemos que el artículo 17 de la Constitución, en su apartado 3, establece el derecho de toda persona detenida a ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. El artículo 24 de la Constitución igualmente consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Cabe mencionar otras normas de carácter internacional como el Convenio europeo para la protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales que, interpretando numerosas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece en su artículo 6 el derecho a un proceso equitativo; concretamente, el número 3 de ese artículo 6 establece que todo acusado tiene, como mínimo, entre los derechos, el derecho a ser informado en el plazo más breve posible, en una lengua que comprenda, y detalladamente de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. Igualmente, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece también el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Por último, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a un juicio equitativo.

Si nos leemos detenidamente estas dos directivas y también la Directiva 2013/48, a la que tenemos que remitirnos, veremos que precisamente en las intervenciones de los diferentes portavoces —también en la ponencia y en la comisión— se ha hablado en muchísimas ocasiones de la asistencia jurídica. Asimismo, muchas de las ochenta y ocho enmiendas presentadas en esta sede parlamentaria se refieren al derecho de asistencia jurídica y al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Estas enmiendas fueron rechazadas, como bien explicó mi compañero, el senador Arias Navia, porque, precisamente, están siendo objeto ahora mismo de transposición y también fueron objeto de una moción, que esta misma senadora defendió en la última sesión de la Comisión de Justicia, y es en el marco de la transposición de esas directivas, con la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde sí se integrarán esos derechos de defensa.

No es en esta transposición de estas dos directivas a la Ley de enjuiciamiento criminal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 donde se tiene que trabajar o se tienen que introducir los preceptos relativos al derecho de defensa. Si nos leemos las dos directivas, que ahora son objeto de transposición en esta ley orgánica de modificación, veremos que la finalidad fundamental es, en primer lugar, la aproximación de las legislaciones, la cooperación entre autoridades competentes, la protección judicial de derechos individuales y también se habla de la absoluta necesidad de la confianza que tiene que existir entre los sistema penales de los Estados miembros. Esto se plasmó en un plan de trabajo que se aprobó en diciembre de 2009 por el Consejo Europeo y que se incorporó al llamado Programa de Estocolmo. Sobre todo, partía de la necesidad y de la conciencia de que era necesaria una Europa abierta que protegiera al ciudadano. El objetivo: conseguir normas mínimas de protección y de confianza entre los sistemas de cada Estado y se menciona, reiteradamente, la necesidad del principio de equidad.

Señorías, tengo que hacer mención a lo señalado por algunos portavoces. Algunos hablaban del retraso en la transposición de directivas. Sin embargo, yo tengo que recordar que, precisamente durante la legislatura anterior, España —incluso durante la Presidencia española del señor Rodríguez Zapatero— fue condenada y sancionada en numerosas ocasiones por el retraso en la transposición de numerosas directivas europeas, entre otras, de la Directiva en materia del agua o directivas relacionadas sobre todo con materias relativas al control del blanqueo y a la financiación terrorista. Estas directivas se aprobaron en el año 2005, entre otros motivos, a consecuencia de los atentados de Londres y del desgraciado atentado del 11 de marzo en Madrid. Por todo ello, llama poderosamente la atención que ahora se hable de retraso en la aplicación o en la transposición de estas directivas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DE HARO BRITO: Al Partido Socialista yo le pediría, señor Sen, no solo que votara a favor de este proyecto de ley sino, sobre todo, que cumpliera y tuviera en cuenta la necesidad y la importancia de estas normas absolutamente fundamentales en cuanto a los derechos de interpretación, traducción y, sobre todo, el derecho a la información que todo imputado y todo detenido tiene cuando se encuentra en esa situación penal.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del presente proyecto de ley.

Comenzamos con las enmiendas 16 a 18 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 144; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos la enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 63; en contra, 156; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 142; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 67; en contra, 144; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado votamos las enmiendas 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 84; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 83; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya comenzamos votando las enmiendas 40 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 69; en contra, 143; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 69; en contra, 145; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 34, 37 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 70; en contra, 144; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 20; en contra, 143; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47, 48, 51, 60, 63 y 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 82; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió votamos las enmiendas 19 a 21, 24 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 82; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 224; a favor, 81; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas 73 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 69; en contra, 142; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 69; en contra, 143; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 66, 69 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 143; en contra, 1; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 141; en contra, 20; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 621/000104 Economía y Competitividad

El señor presidente da lectura al punto 6.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador López Rodríguez.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 9 de enero de 2015, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento ordinario. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 18 de febrero de 2015, presentándose un total de 2 vetos y 42 enmiendas, de las cuales ha sido inadmitida por Acuerdo de la Presidencia de la Cámara de 23 de febrero la número 19 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió por carecer de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto del proyecto de ley que se tramita.

Los vetos fueron presentados por los siguientes senadores: El veto número 1 por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, el veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Por lo que se refiere a las enmiendas, se distribuyen de la siguiente forma: Enmiendas 1 a 12 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 21 a 37 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, enmiendas 13 a 18 y 20 del Grupo Parlamentrario Catalán en el Senado Convergència i Unió y enmiendas 38 a 42 del Grupo Parlamentario Socialista.

El 2 de marzo se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y, tras manifestar su criterio contrario a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas, acordó por mayoría aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto del informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto y los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, además, los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya, catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista. Buen debate.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Rodríguez.

Pasamos al turno de debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Mariscal e Iglesias del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes de nuevo.

El preámbulo del proyecto de ley justifica el contenido del mismo al afirmar que la ley de desindexación de la economía española parte de un compromiso del Gobierno de España en el marco del Programa nacional de reformas 2013 y 2014. Además, responde a que el Consejo de la Unión Europea incluyó entre sus recomendaciones específicas para España la adopción de esta norma para reducir la inercia de la inflación y propiciar una mayor activación de los precios y de la situación económica.

El segundo argumento que se baraja en el preámbulo es que la inflación, con carácter general, erosiona la competitividad y que es imprescindible conseguir una contención de los precios y avanzar en la recuperación de la competitividad. Antes de nada hay que decir que cuando en este proyecto y en la argumentación política se ha cuestionado, desde hace ya tiempo, el papel del IPC, del Índice de Precios al Consumo, como un elemento negativo que alentaba precisamente el incremento de la inflación, lo cierto es que este índice, tras las modificaciones de criterio que a lo largo de los últimos años se han venido aplicando en relación a cómo se calculaba este Índice de Precios al Consumo, en ningún caso reflejaba la realidad que percibían los consumidores españoles. Aquellos elementos que tenían más peso en la bolsa de la compra, en el consumo cotidiano de los ciudadanos, no veían proporcionalmente reflejada esa trascendencia en la medición oficial del IPC. Por lo tanto, este Índice de Precios al Consumo reflejaba un incremento de los precios siempre por debajo de la forma en que ese incremento afectaba a la mayoría de la población.

Tras ese preámbulo, el proyecto plantea que para conseguir ese objetivo de contención de precios y para mejorar la competitividad, la fórmula mágica —y nunca mejor dicho si uno contempla el anexo del proyecto— está en la desindexación. Espero ser capaz a lo largo de las oportunidades en que me vea forzado a repetir el término en esta intervención de decirlo con corrección a pesar de sus evidentes dificultades de pronunciación.

Con esta fórmula se proscribe la introducción de cláusulas de actualización en función del IPC en los precios de los contratos con concesionarios, lo que tiene, aunque no se diga expresamente, un objetivo subyacente, el objetivo subyacente de frenar la retribución salarial de los trabajadores que desarrollan la actividad en esos concesionarios, así como también en la contención y reducción de los salarios de los trabajadores públicos. Igualmente, el no incremento de prestaciones sociales, de ayudas y de subvenciones.

Este objetivo, sin ninguna duda, es coherente con las recomendaciones, como se dice, de la Comisión Europea, es coherente con las medidas pactadas entre el Gobierno y la troika y es coherente con el conjunto de reformas estructurales que el Partido Popular ha venido desarrollando a lo largo de estos tres años y pico de acción de gobierno, pero genera diversos problemas a los que no se hace referencia en el preámbulo ni en el texto. De algunos de ellos nos ha alertado la Federación Española de Municipios y Provincias, como imagino ha alertado al conjunto de los grupos parlamentarios. Excluir los costes de personal y los costes financieros de las revisiones periódicas de tasas y precios o de las revisiones de precios de contratos del sector público provocará o un deterioro del servicio o la precarización social, que inevitablemente se convertirá en un foco o en una fuente de conflictos sociales; conflictos sociales que, además, van a afectar a servicios públicos esenciales, que son los que prestan las empresas concesionarias allá donde se ha producido una privatización para los municipios; conflictos sociales en la recogida de basura; conflictos sociales en el suministro de agua, es decir, conflictos sociales en actividades muy sensibles para la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo que se refiere a los arrendamientos o a cualquier otra figura contractual que conlleve una revisión periódica, con este proyecto de ley se sustituirá el mecanismo de referencia tradicional, el IPC, por el índice de garantía de la competitividad, salvo que se pacte otro referente, para lo cual, en aquella negociación de contratos en que las partes contratantes tengan asesores o una buena calificación, será posible encontrar una fórmula, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los arrendamientos de vivienda entre un propietario de 1 o 2 viviendas y el inquilino se aceptará el índice de garantía de la competitividad.

En conjunto, prescindir del IPC y referenciarse en este índice va a convertirse en una losa sobre el conjunto de la negociación colectiva y en un instrumento más de devaluación interna precisamente cuando se empiezan a percibir las consecuencias más negativas de esta devaluación interna incluso por quienes la alentaron, incluso por quienes la impusieron, incluso por quienes afirmaron que era la única solución y la única salida.

Desde 2010 a 2013 todos los tramos salariales han perdido poder adquisitivo, pero sus efectos, la pérdida ha sido mucho más dura, mucho mayor precisamente entre los que menos cobraban. El valor medio de la reducción salarial en términos reales fue en este periodo del 7,4 %, como consecuencia de que hubo un incremento nominal de los salarios del 1,6 %, pero el IPC acumulado se situó en el 9,1 %.

Sin embargo, este valor medio, esta pérdida del 7,4 %, se distribuye de forma muy distinta. Los que más cobran, quienes se sitúan en el decil 10, han perdido el 4 %, mientras que los que menos cobran, los que se sitúan en el decil 1, han visto reducido su salario real en un 23 %. Y se adopta además esta medida cuando, insisto, la OCDE, la OIT, quienes clamaron por la devaluación salarial en los últimos meses, empiezan a alertar sobre los daños colaterales que tales medidas de devaluación han generado.

El informe anual sobre el empleo elaborado por la OCDE que presentó en septiembre del pasado ejercicio, afirma que los mayores ajustes a la baja en los países más afectados corren el riesgo de ser contraproducentes porque incrementan a su vez el riesgo de pobreza y deprimen la demanda agregada. Además, como en alguna otra intervención apunté barajando datos más concretos, las empresas no han trasladado la totalidad de las ganancias que obtenían con el recorte de su masa salarial para bajar los precios de sus productos y promover la competitividad, sino que han preferido dedicar ese dinero a mejorar su rentabilidad. El director de la Organización Internacional del Trabajo en España, Joaquín Nieto, decía hace menos de dos meses que las empresas siguen sin invertir porque la demanda interna no tiene buena perspectiva y eso solo pasará —que mejore la demanda interna—, si mejoran los salarios. La llave que hay que abrir ahora es la de la mejora salarial. Es evidente que este proyecto de desindexación no solamente no es la llave que va a abrir la subida de los salarios, sino que se va a convertir en un candado más para respaldar y apoyar esa devaluación interna que hoy, lejos de ser un elemento de competitividad, empieza a convertirse en un lastre para el desarrollo y la recuperación de nuestra economía.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, quiero volver a insistir en que debemos cumplir nuestro compromiso de reformar esta Cámara en esta legislatura.

Entrando ya en la justificación del veto que el senador Saura y yo presentamos a este proyecto de ley en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera empezar por el mismo título de la ley: Ley de desindexación de la economía. Miren, la palabra desindexar no existe. Existe indexar. Desindexar no existe en la RAE, por lo que sorprende que titulemos un proyecto de ley con una palabra inexistente en nuestro amplísimo y rico vocabulario. El diputado, señor Caldera, del Partido Socialista Obrero Español, ya propuso en el Congreso de los Diputados que se llamara de no indexación, que sí está bien dicho. Pero bueno, la mayoría absoluta del PP ha creído conveniente crear este neologismo pepero que dudo que la Real Academia Española acepte.

Entrando ya en el contenido, el Gobierno somete hoy a debate y aprobación este proyecto de ley cuyo principal objetivo —así lo afirmaba el ministro de Economía, señor De Guindos— es acabar con la indexación automática de los precios en el ámbito público a índices generales como el IPC, y así evitar los efectos de segunda ronda. ¿Con qué argumentos justificaba el Gobierno esta ley en el Congreso de los Diputados? Es un compromiso electoral. Para nosotros este es un débil argumento visto el nivel de incumplimiento de este Gobierno con su programa electoral.

Considerar la indexación automática como factor inflacionista, con la consiguiente pérdida de competitividad e impacto negativo en la balanza por cuenta corriente. Desde el ingreso en el euro hasta 2012 la economía española acumuló un diferencial de inflación de hasta 14 puntos y este fue el dato que aportó el ministro De Guindos en el debate en el Congreso.

Garantiza la estabilidad de precios y, por tanto, la estabilidad económica. Permite una estructura de precios flexible. Impulsará la eficiencia económica, ya que el sistema de precios recogerá las señales de escasez. Posibilita una mayor competitividad del sector exterior; y, por último, propicia un impacto positivo en las administraciones públicas, ya que a la hora de hacer revisiones de precios solo se considerarán las variaciones de costes que respondan a una gestión buena y eficiente.

¿Son ciertas estas justificaciones? Al tenor del senador Saura y mío, no. Una vez más el Gobierno realiza un mal diagnóstico sobre las causas de un problema real, el diferencial inflacionista, para justificar así sus propuestas. ¿Existe este diferencial estructural entre España y la zona euro? Ya no. La prolongación de la crisis lo ha hecho desaparecer. ¿Estamos frente a una espiral inflacionista? Todo lo contrario. Estamos con una inflación negativa o, según algunos analistas, en deflación. Les doy dos datos. En el 2013 la inflación fue del 0,25 % y en el 2014 del -1,04 %.

Lo que no nos dice el ministro de Economía es que el diferencial se crea en los años del boom inmobiliario, ni tampoco se acuerda de decirnos que los principales factores de inflación en España, a nuestro entender, son tres. El primero es una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han obtenido una elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. Observen, señorías, que cuando estos sectores han reducido su peso en la economía la inflación ha disminuido, y lo ha hecho considerablemente. En el año 2000 la inflación era de casi el 4 % y en el 2005 del 3,7 %. Un segundo factor es la existencia de grandes corporaciones que actúan en régimen de oligopolios y que controlan sectores estratégicos de nuestra economía. Estoy hablando de eléctricas, carburantes y un largo etcétera. Y un tercer factor generador de inflación es el que genera el incremento de los beneficios empresariales por encima del crecimiento real de las empresas.

El mundo académico, los informes europeos o cualquier analista que no esté a sueldo de los beneficiarios de nuestra inflación diferencial estructural les dirá que estas fueron las principales causas. ¿Han leído algo de esto en el preámbulo, en la defensa del ministro del proyecto de ley o en las intervenciones de los portavoces del Partido Popular en el Congreso? No, para nada. Y, señorías, tanto el senador Saura como yo, tenemos claro, muy claro, los efectos nocivos de una inflación elevada sin control y estructuralmente siempre diferencial, ya que lamina nuestra competitividad y deteriora la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones.

Nuestro rechazo al proyecto es que este Gobierno ni aborda la reforma, siempre comprometida y nunca realizada, de acabar con las prácticas oligopolísticas y nos presenta una arbitraria propuesta de desindexación. Y lo hace cuando nuestra inflación ha sido casi cero en 2013 y negativa en 2014. Y les doy un último dato: en el mes de febrero de 2015 era de -1,07 %.

Estamos ante una propuesta de no indexación arbitraria y lesiva para los intereses de las clases populares, y permítanme algunos ejemplos. Sí se podrán indexar los precios de las tarifas públicas, es decir, lo que pagan los ciudadanos, al igual que los instrumentos financieros; este Gobierno nunca deja nada al albur para la banca. Se mantienen las normas específicas de revisión del régimen tarifario de AENA. Si hay que privatizar, hay que dar garantías. Para los arrendamientos de bienes inmuebles que el sector público acuerde con la Administración se crea un índice específico: el índice de alquiler de oficinas autonómico.

¿Con qué criterio el Gobierno ha decidido qué sectores incluir o excluir del ámbito de este proyecto de ley? Eso queda aún por explicar. Arbitrariedades que irán acompañadas de discrecionalidad, al remitir gran parte del desarrollo de la ley a futuros reglamentos y decretos ley. Este proyecto de ley genera incertidumbre e inseguridad jurídica, al quedar muy condicionado su desarrollo a un futuro real decreto.

Es cierto que esta ley no va a afectar a las pensiones —para ello ya hicieron su reforma, que impide la recuperación del poder adquisitivo—, pero sí va a afectar, y mucho, a los salarios, con su repercusión en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras afectados y sus efectos dominó en el resto del mercado laboral. Esta es una de las principales preocupaciones del senador Saura y mía respecto a este proyecto de ley. Con el actual redactado esta ley es un instrumento para la rebaja de los sueldos y salarios de los empleados públicos y de una parte de los trabajadores privados, aquellos que atienden concesiones o contratos públicos.

Es cierto que la ley excluye por imperativo constitucional la negociación colectiva; pero con esta ley esto es una afirmación formal, no real. Cuando la ley se refiere a un concepto tan indeterminado como el de «valores monetarios públicos» se pueden dar diferentes interpretaciones y afectar a los salarios de los empleados públicos. Otros colectivos laborales que se verán afectados por esta desindexación de los contratos entre la Administración y las empresas concesionarias serán los trabajadores. Y señorías, estamos hablando de contratos muy intensivos en mano de obra y de un volumen de contratación que afecta entre un 16 % a un 18 % del producto interior bruto. Ya advirtió la Federación de Municipios y Provincias que excluir los costes de personal y financieros de las revisiones periódicas de tasas o precios o de las revisiones de precios de contratos del sector público conducirá inevitablemente a un alejamiento progresivo de las tasas o precios respecto del coste del servicio y generará conflictos sociales en servicios donde la mano de obra es el factor determinante de un alto porcentaje de su coste.

El Partido Popular presentó en su tramitación en el Congreso cuarenta y una enmiendas a una ley que tiene siete artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo. No está mal para una ley que presenta el Gobierno y que el propio grupo que le apoya debe modificar tan sustancialmente. Esto explica las deficiencias legislativas en origen de este proyecto de ley; como resultado de esas enmiendas este proyecto es hoy arbitrario, discrecional y confuso.

Dos ejemplos que sustentan esta afirmaciones. Primero. Léanse la disposición final tercera del proyecto de ley que modifica el artículo 89 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Les haré un resumen: no se podrá revisar a no ser que se autorice. Es decir, se dice sí, no y todo lo contrario, quedando pendiente como antes decía a futuros decretos ley y reglamentos.

Segundo ejemplo. Hasta hoy teníamos el IPC como índice de referencia. Con esta ley tendremos el índice de garantía de competitividad o el índice de precios del alquiler de oficinas a nivel autonómico para los contratos de arrendamientos de inmuebles en los que sea parte el sector público. Y seguirá indexando el IPC para armamento, régimen tarifario de AENA, equipamientos de las administraciones públicas, instrumentos financieros y negociación salarial colectiva y pensiones. Es decir, donde antes teníamos uno ahora tendremos tres; y de estos tres, uno hay que construirlo y el otro es autonómico. Esto es un galimatías.

Señorías, un nuevo índice va a sustituir al IPC. Con esta ley el Gobierno nos propone un índice de garantía de competitividad calculado a partir del IPC armonizado a la zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de inflación entre España y la zona euro. Recuerden el 14 %, 2000-2013, que nos decía el señor De Guindos. Ese nuevo índice está diseñado para beneficiar estrictamente estrategias de devaluación interna. En la práctica supondrá que quienes van a pagar de forma injusta el ajuste de diferencial de inflación serán los salarios de los trabajadores y el sector público. Esta es la realidad de esta ley: El ajuste del diferencial de inflación se va a pagar a costa de los salarios y del sector público.

Y la pregunta sería la siguiente. ¿Piensa este Gobierno regular eficazmente y auditar los costes reales de los sectores de la electricidad, gas, carburantes, transportes, sector financiero y otros, y acomodar sus beneficios al comportamiento medio europeo, trasladando el resto del resultado a la rebaja de precios, que sí que sería un instrumento eficaz, no solo de justicia social y de una correcta ponderación de precios, sino de lucha contra la inflación? No. Otra razón para este veto para el que pido el apoyo de la Cámara.

Por último, señorías, una vez más una ley del Gobierno del Partido Popular conculca competencias autonómicas y locales. Este proyecto de ley también lo hace, con lo cual se reproduce una vez más esta lógica recentralizadora con la que legisla este Gobierno.

Insisto en que, de aprobarse este proyecto de ley —no lo duden—, el ajuste del diferencial de inflación lo pagarán una vez más los ciudadanos, y no a quién corresponde, que son los grandes grupos oligopolísticos.

Por todas estas razones el senador Saura y yo pedimos el voto a favor de este veto.

Gracias, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Con brevedad y desde el escaño voy a anunciar, en primer lugar, que votaremos en contra de estos vetos, que son el mismo en realidad: mismo texto y misma argumentación, aunque los portavoces que los han explicado en la tribuna han utilizado argumentos algo diferenciados en un caso y en otro.

No vamos a aceptar estos vetos, primero, porque están desenfocados. Es decir, lo mínimo que se puede decir de los vetos es que ustedes han enmendado la política económica general del Gobierno, han enmendado incluso la política de la Unión Europea, han enmendado la estructura económica de España basada, a su entender, en sistemas oligopolísticos, han enmendado muchas cosas pero no este proyecto de ley. Este proyecto de ley dice lo que dice y alcanza donde alcanza, justamente lo que decía el senador Iglesias: preservar a la economía española de los efectos inerciales de la inflación que se replica a sí misma y se repite año tras año si aplicamos un índice general como es el IPC, el índice de precios de consumo, para actualizar todo tipo de precios y de rentas. Eso no tiene sentido y como no tiene sentido, este proyecto de ley evita, prohíbe de hecho en las operaciones públicas hacerlo de esa manera. Ese es el objetivo de este proyecto de ley, objetivo importantísimo —en sí mismo es una gran reforma estructural—, pero ustedes, no sé si por elevación o sencillamente por tratar de obviar el debate en el que tenemos que incurrir, prefieren utilizar otros argumentos grandilocuentes para poner en evidencia no sé exactamente el qué, porque desde luego este proyecto de ley, no.

Básicamente y a ello me voy a remitir, luego tendremos ocasión de hablar de algún otro argumento, ustedes han utilizado tres, aparte de una reflexión ciertamente frívola respecto de lo que es el IPC, el índice de precios de consumo, que realiza el senador Iglesias. Y digo ciertamente frívola porque lo que me ha parecido entenderle es que el IPC mide mal la inflación y que queda por debajo de la verdadera inflación. Bien, vaya usted al Instituto Nacional de Estadística, que le expliquen qué es el IPC, que le expliquen que se basa en las encuestas de presupuestos familiares, que le expliquen que el método está armonizado con el método Eurostat de la Unión Europea y que le expliquen que de esa encuesta de presupuestos familiares deriva el presupuesto estándar de la familia estándar española, del cual deriva —de acuerdo con las ponderaciones de cada uno de los bienes de esa familia estándar/presupuesto estándar— el índice más adecuado para reflejar la evolución general de precios de bienes y servicios de la economía española, que mide bien los precios de consumo. Luego hay otros índices: está el índice de producción industrial, está el índice relativo al producto interior bruto, o sea, hay otros muchos índices, pero cada uno responde a lo que responde y el IPC responde exactamente a eso, y desde luego mide bien la inflación, porque está consensuado y armonizado dentro de la Unión Europea.

Como digo, aparte de esa reflexión ciertamente fuera de lugar en el debate de este proyecto de ley, ustedes lo que argumentan básicamente es, por un lado —argumento sorprendente que además se utilizó mucho en el Congreso y al que creo que no se dio respuesta suficiente y cabal—, que como ahora estamos con una inflación baja, negativa de hecho, no hace falta el proyecto de ley. Pues mire usted, hace más falta que nunca porque hay que prevenir males futuros, a diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior; el Gobierno anterior, negando la realidad que se nos venía encima, dejó que se nos viniera encima plenamente. Por el contrario, ahora estamos en una etapa de muy baja inflación y es el momento de establecer los mecanismos correctivos para evitar que la inflación se replique en el tiempo mediante la aplicación de índices generales.

En segundo lugar, ustedes dicen que siempre pagan los de siempre. Pues eso no tiene nada que ver con este proyecto de ley y, además, no es verdad; ni tiene nada que ver ni es verdad. Este proyecto de ley no lo pretende —y cuando sea ley no lo hará—, porque excluye expresamente cualquier atisbo de relación con la negociación salarial; las negociaciones salariales colectivas constitucionalmente corresponden a los agentes sociales, y son los agentes sociales los que determinan la evolución de precios. Gracias a la moderación salarial pactada por los agentes sociales en los años 2012/2014, ciertamente, la economía española ha podido tener un cierto respiro, el que estamos viviendo en estos momentos; gracias a la negociación que actualmente están realizando, tendremos una evolución de salarios, que yo espero que sea razonable y coherente con la situación de la economía española. Pero este proyecto de ley, en modo alguno influye ni sobre la negociación ni sobre la distribución de rentas que de ella resulte, ni sobre la negociación salarial ni sobre las pensiones.

El senador Guillot ha sacado a relucir —permítame que me refiera a usted porque es usted quien lo ha hecho— el ramalazo de las instituciones financieras. Señoría, no ha leído bien la ley. La ley habla de instrumentos financieros, no de instituciones financieras; porque en las instituciones financieras, en cuanto que sector privado de la economía, todos sus contratos están fuera de la aplicación estricta de esta ley, por cuanto que son contratos privados. Por ejemplo, ayer hubo una emisión de más de 3000 millones de euros de bonos del tesoro de España a quince años, a un tipo de interés muy bajo pero vinculado a la inflación, y se ha conseguido, nada más y nada menos que colocar deuda a quince años al 0,37 % o 0,38 % más inflación. Eso es la autorización, la exclusión de esos instrumentos financieros, aunque sean públicos, para que negocien en mercados internacionales a los mejores precios posibles, que nada tienen que ver ni con el sistema financiero ni con ninguna gabela ni beneficio particular que se le quiera dar a nadie; en este caso es un beneficio para el contribuyente español, para todos nosotros.

Por último, la precarización de servicios públicos. Han utilizado el argumento de que, además de pagar quien paga, se precarizarán servicios públicos. Ese argumento está prendido con alfileres, es prácticamente inexistente; no hay ninguna vinculación. La ley establece claramente que cuando sea necesario revisar —dependiendo de las condiciones, si son revisiones periódicas predeterminadas, si no lo son, si son no periódicas— se establecerán los mecanismos de revisión de precios regulados, de precios en contratos públicos, de tasas, de exacciones fiscales; es decir, de esos valores monetarios públicos a los que hacían referencia.

¿Y qué es lo que se consigue con eso? Pues lo que la ley pretende: que no se aplique un índice general que está basado en las encuestas de presupuestos familiares y que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de costes de suministro de agua o de limpieza de basuras o cualquier otro servicio de los que se han mencionado, ya sea a nivel municipal, autonómico o estatal. Es decir, que se actualicen los precios en el tiempo en cada uno de estos sectores y actividades, pero de acuerdo con los índices que les son aplicables; esta ley lo que prevé precisamente es que sean los índices sectoriales.

Y, senador Guillot, no hay ningún galimatías; hay decenas de índices aplicables, y se determinará en cada situación y en cada sector los mejores, pero no porque haya confusión; la confusión es pensar que el IPC es el mejor de ellos; esa es la gran confusión, porque es el peor. Si usted quiere, por ejemplo, actualizar un contrato de suministro de aguas, me imagino que tendrá que tomar en consideración un índice sectorial de costes energéticos, un índice sectorial de evolución salarial, y posiblemente también un índice salarial de productos químicos o sanitarios requeridos para el caso. Y con esos tres índices se actualizarán los precios con mucha mayor solvencia, es decir, tomando en consideración los costes de evolución de la prestación del servicio, que no con un índice basado en encuestas de presupuestos familiares, que nada tiene que ver con el coste de prestación del servicio de suministro de aguas.

Consecuentemente, por todas estas razones nos oponemos a ambos vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco al portavoz popular que sobrevalore mis energías. Le aseguro que no tengo fuerzas para ser frívolo a estas alturas de la jornada. ¡Qué más quisiera yo que poder ser frívolo!

Su argumentación, por una parte, defiende el rigor y la validez del IPC, pero, a continuación, inmediatamente da el salto y dice que es imprescindible cargarse el IPC a través de este proyecto de desindexación.

Señor portavoz del Grupo Popular, estoy seguro de que usted sabe perfectamente que, como consecuencia de esta crisis, la familia estándar española no tiene nada que ver con la familia estándar de hace cinco años, que, desgraciadamente, la familia estándar española hoy se mueve en torno a unos ingresos familiares de 800 o 900 euros y que, por lo tanto, sus hábitos de consumo se han modificado de forma muy notable. Por ejemplo, las marcas blancas representan ya la mayor parte de los productos que se venden en las grandes superficies, cosa que no ocurría antes de que empezara la crisis.

Yo no hago un cuestionamiento aritmético del IPC —aritméticamente está perfectamente calculado—, lo que digo es que las consecuencias de la inflación real sobre las familias —por lo menos, la familia estándar a la que usted hacía referencia— eran muy superiores a lo que el IPC medía con los criterios establecidos. Y lo ratifico desde mi frivolidad, probablemente fruto de la ignorancia, señor portavoz del Grupo Popular, pero yo estoy aquí para aprender, y cada día procuro marchar de aquí sabiendo algo más.

Decía que no tenía ninguna repercusión sobre la negociación salarial. Señoría, hasta la reforma laboral —realmente, hasta esta crisis—, el 100 % de los convenios colectivos tenían como referencia el IPC. En los buenos tiempos, la subida salarial era el IPC más no sé cuánto: más uno, más dos puntos porcentuales. Por tanto, el IPC era hasta hace muy poco tiempo el elemento referencial fundamental en la negociación colectiva. Ahora los convenios colectivos se pactan en algunos casos con rebajas salariales, en otros casos con congelación y en los que se plantean subidas que nada tienen que ver con la realidad de la variación de los precios.

Siempre estoy dispuesto a reconocer el mérito de quien trae cosas nuevas, de quien innova, pero le recuerdo, señor portavoz del Grupo Popular, que el IPC es algo bastante antiguo, que en este país hemos vivido varias crisis con el IPC y que nadie consideró imprescindible prescindir del IPC como elemento fundamental para contribuir a la salida de la crisis. Por tanto —insisto—, reconociéndoles el mérito de la innovación, mantengo reservas razonadas —no me atrevo ni siquiera a decir razonables, sino razonadas por mí— en el sentido de que resulte imprescindible y útil en este momento, en el que, como muy bien decía el senador Guillot, no tenemos una inflación elevada. ¿Recuerda su señoría los índices de inflación que teníamos en 1978, 1979, 1990, 1991, 1992 con el IPC en crisis sucesivas? Salimos de ellas y seguimos con el IPC.

En relación con la precarización de los servicios públicos nos han dicho, más o menos, que sobreactuamos, por utilizar un término muy frecuente últimamente en las intervenciones públicas. Sobreactuará la Federación Española de Municipios y Provincias donde, al menos hasta mayo, ustedes tienen la mayoría. Son sus alcaldes quienes nos alertan de estos riesgos y de estos problemas. No es que hayamos llamado a los alcaldes de Iniciativa per Catalunya o de Izquierda Unida sino que se trata de un comunicado oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias que plantea la necesidad de introducir enmiendas que palíen los riesgos a los que hemos hecho referencia y que usted, legítimamente, desprecia. Pero, repito, no es que esté despreciando el invento del señor Guillot, del señor Saura, del señor Mariscal o el mío, sino que, en todo caso, estará rechazando también la propuesta argumentada de los alcaldes del Partido Popular.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Este proyecto lleva mucho tiempo parado y, paradójicamente, arranca en un momento que, desde nuestro punto de vista, no es el más adecuado. Con ello no quiero decir que no sea importante, puesto que la desindexación o la no indexación ―como citaba anteriormente el senador Guillot― de los contratos, de los precios públicos y de las tasas tiene toda la lógica desde el punto de vista económico. Ahora bien, la tiene cuando la subida de precios es relevante, pero no cuando el nivel de inflación está en torno al 0 % y hay más riesgo de deflación que de pérdida de competitividad derivada de una subida de precios. Por tanto, como decía al principio, la idea nos parece adecuada pero, desde nuestro punto de vista, se va a aplicar en mal momento, y no lo compartimos.

El senador Utrera ha dicho que en este momento es cuando más falta hace, que es quizá cuando hay que prevenir, pero permítame que les diga a usted y al grupo al que representa que existen diferentes opiniones al respecto, como no puede ser de otra manera, porque si no, no tendría mucho sentido que hubiera diferentes grupos. Sin embargo, a veces nos quedamos con la sensación de que la única verdad, el único argumento válido o la única opinión es la suya, porque o bien nos dicen que algo no nos ha quedado claro, o que el problema es que no lo hemos leído bien. Ustedes consideran que tienen el don de la oportunidad, porque, como también veremos posteriormente, cuando se presentan algunas enmiendas ―como hemos visto en otros proyectos de ley que hemos debatido en este Pleno― ustedes opinan que no es el momento oportuno ni tan siquiera de admitirlas a trámite, argumentando que siguen una línea diferente a lo que se está debatiendo, pero posteriormente y en muchas ocasiones eso es lo que ustedes hacen. Por lo tanto, reiteradamente se observa una actitud en la que su verdad, su oportunidad y su consideración a la hora de admitir a trámite es la única válida, pero la diversidad de opinión y la discrepancia son legítimas, y mi grupo parlamentario y yo entendemos que lo que se debe hacer es contraargumentar.

Por lo tanto, repito, nos llama la atención el tiempo transcurrido en el trámite parlamentario, puesto que han pasado muchos meses desde la presentación del proyecto ―prácticamente cumple ahora un año― sin que se haya considerado oportuna su tramitación, y ahora, repito, se reactiva, a pesar de que no nos parece el momento económico más adecuado. Pero, como decía al principio, no queremos decir con ello que no sea un proyecto importante.

Como segunda valoración diría que es una ley muy técnica, y quizá por ello debería haber tenido un mayor consenso.

En el proyecto de ley hay aspectos con los que nuestro grupo no coincide. Me estoy refiriendo a los contratos públicos de larga duración, típicos de las prestaciones de servicios públicos en general, especialmente a aquellos en los que el coste de la mano de obra es relevante por ser intensivos en su utilización, no vaya a ser que cuando las empresas aún están sufriendo la dura crisis las avoquemos al cierre, con el consecuente impacto en los despidos y en el desempleo, o que empeoren drásticamente las condiciones de trabajo de sus empleados, aumentando la precariedad en los bajos salarios y la temporalidad, que son problemas importantes que, desgraciadamente, ya existen en la actualidad.

Por ello, señorías, de la aceptación o no en el transcurso del debate de este proyecto de ley de las enmiendas en las se plantean las correcciones que he mencionado anteriormente —y me refiero a los aspectos con los que mi grupo no está de acuerdo—, dependerá nuestro voto final al proyecto.

Me gustaría hacer una última valoración puesto que este grupo se caracteriza por hacer reiteradamente una defensa del marco competencial en todos y cada uno de los proyectos de ley que debatimos y que se aprueban en esta Cámara. En este caso quiero que quede constancia de que, en nuestra opinión, sí respeta el marco competencial.

Nuestro grupo va a abstenerse en los dos vetos presentados y, como he dicho, con posterioridad, en función de la aceptación o no de las enmiendas de modificación que mi grupo considera necesarias, fijaremos el voto final.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies senyor president.

Señorías, señor Utrera, seremos frívolos, pero usted cansino. (Risas). Es cansino por ese tono entre dejadez y soberbia que le caracteriza y, sobre todo, porque estoy convencido de que con el primer proyecto de ley que entró en el Congreso y que ustedes modificaron sustancialmente, aceptando cuarenta y cuatro enmiendas, de las cuales cuarenta y una eran suyas, hubiera hecho la misma intervención, tratando de salir al paso de los vetos, evidentemente con los argumentos que usted cree más oportunos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco decía que ahora que hay una inflación negativa o cercana a 0, ¿es el momento de hacerlo? Sí, pero hay que hacerlo bien. Nosotros decimos: ahora que la inflación no es el problema, es el momento de hacerlo; pero hay que hacerlo con el tiempo suficiente y con voluntad de consenso para conseguir los objetivos deseados: que no haya un diferencial de inflación estructural entre España y la zona euro.

¿Cómo se atreve a decir que no habrá repercusión en la negociación colectiva? ¿Cómo se atreve? La habrá, seguro, fijo, en la de los empleados públicos y en aquellos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de empresas privadas que contratan o concesionan con la Administración pública. ¡Eso fijo! ¿Y por qué? Porque su proyecto de ley tiene prohibidas las cláusulas de actualización de los contratos con el IPC, y se regirá por el índice de garantía de competitividad, con lo cual esas empresas —la mayoría muy intensivas en mano de obra— presionarán aún más a la baja los salarios de sus trabajadores. ¿Qué vamos a conseguir? Que conflictos como los de limpieza y jardinería del Ayuntamiento de Madrid se multipliquen, y si no, tiempo al tiempo.

Senador Utrera, el Gobierno pone encima de la mesa el índice de garantía de competitividad, que viene a ser el IPC armonizado de la zona euro. Hay que decir que un viejo deseo de reivindicación de la patronal, de la CEOE, es que los salarios se midan con la inflación de la zona euro, siempre más baja que la española, y no con la inflación española. A este IPC armonizado de la zona euro se plantean una serie de deducciones para poder sacar este índice, con lo cual todo lo que vaya referenciado a ese índice de garantía de competitividad, evidentemente estará por debajo del coste real de la vida. Esta es la realidad. Esto afectará y duramente a la negociación colectiva tanto de empleados públicos como de aquellos trabajadores de empresas privadas que mantengan contratos y concesiones con las administraciones públicas, y esto tendrá un efecto dominó con el resto de la negociación colectiva. Se aplicará mayoritariamente, según este proyecto de ley, un índice de garantía de competitividad por debajo del IPC, por debajo de la realidad de nuestro país.

Por último, para no alargar tanto este debate, señor Utrera, usted ha esquivado lo que para mí es la principal preocupación al hablar de inflación en España: la actuación de una serie de sectores regulados de carácter oligopolista, que son los que generan los índices de inflación más grandes. Y le pondré tres ejemplos, uno salió hoy en el debate de una moción sobre pobreza energética. El sector eléctrico dobla en beneficios a la media europea. Otro ejemplo, la banca española sube sus precios un 12,6 % más que la media de la zona euro. Y un tercer ejemplo que todas y todos vivimos al poner gasolina. ¿Cómo puede ser que habiendo bajado los precios del petróleo como han bajado, no baje el precio de la gasolina? Ya sé que usted me dirá que últimamente es por la paridad euro-dólar, pero durante todos estos meses ¿cómo ha podido ser que no haya bajado el precio de la gasolina? Pues aquí tiene un comportamiento inflacionista de nuestra economía, fruto de sectores oligopolistas que, a pesar de estar regulados, hacen lo que les da gana porque este Gobierno les permite hacer lo que les da la gana. Y esta es la justificación de este veto.

Gracias, senyor president.



(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar diciendo que no acabamos de entender el porqué de este proyecto de ley y lo que realmente se persigue con él. Evidentemente, hemos visto los objetivos que pretende, lo que dice el preámbulo, lo que dijo el ministro en su momento, pero la verdad es que nos cuesta ver el objetivo y lo que pretende esta ley. Cuando uno lee el preámbulo y el articulado y la intervención que hizo el ministro en su presentación en el Congreso —y abro un paréntesis: nos hemos de remitir a la lectura de lo que dijo porque no viene aquí a presentar ninguno de los proyectos, dicho sea de paso—, vemos que está enfocada a atenuar un determinado escenario inflacionista que en estos momentos no se corresponde con la realidad que estamos viviendo. La desindexación de los valores monetarios de una economía puede ser vista positivamente como un instrumento de política económica cuando hay determinados retos económicos, como sería una espiral inflacionista, y como podrían ser, evidentemente, los efectos negativos que ello conlleva respecto a la competitividad. Entonces estaríamos de acuerdo, pero la realidad es que lo que estamos viendo en estos momentos no se corresponde con la ideología o con lo que pretende este proyecto de ley. Entendemos que hay aquí argumentos teóricos que en determinados momentos pueden servir, como he dicho, para mejorar la competitividad y para evitar que la inflación suba, pero creemos que ahora no estamos para escenarios teóricos, estamos aquí para corregir un déficit público, para salir de la crisis y para mejorar la competitividad, y, en definitiva, todo esto nos genera un escepticismo en esta ley que no acabamos de ver clara.

Seguro que hace una década este proyecto de ley hubiese sido útil, puesto que entonces la laxitud del crédito y el ciclo de crecimiento económico y expansivo propiciaban subidas de precios y salarios por encima de los costes laborales. Ahora la situación es distinta. Tenemos una inflación que ronda el 0 %, unos niveles de déficit público que deben seguir reduciéndose y un endeudamiento —el 94 % del PIB de 2013— difícil de corregir sin que haya un crecimiento monetario y un crecimiento real.

Es cierto que el Gobierno ha manifestado que le preocupa poco la deflación —nosotros discrepamos de esto— y que la considera como una consecuencia lógica de la devaluación salarial como vía de mejora de la competitividad, pero se está quedando solo en esta valoración. Todas las opiniones de los expertos convergen en aceptar que la deflación es ahora la gran preocupación de Europa, y más para los países que, como España, acumulan un fuerte apalancamiento.

Por lo tanto, nuestra primera conclusión respecto a este proyecto de ley es que, si bien la desindexación puede parecer una medida oportuna en determinadas situaciones, no la acabamos de ver precisa en este momento y a corto plazo, como lo están planteando ustedes.

En segundo lugar, nos gustaría saber cuáles son los objetivos y ventajas que persigue la aprobación de esta ley, cuyo impacto a corto plazo no está claro. Lo digo porque el proyecto de ley es un marco, pero el contenido no saldrá hasta que el Gobierno regule el decreto que lo va a desarrollar. Es decir, en esta ley estamos hablando siempre del decreto —podremos desarrollar, desarrollará...—. Pues entonces la realidad es que estamos perdidos; no sabemos qué va a decir el decreto. En definitiva, vamos a apoyar una ley y parece que luego el decreto será más importante y tendrá más decisión que la propia ley.

Lo cierto es que esta no es una ley para fomentar el ahorro familiar, como el Gobierno ha venido predicando, sino que es una ley para el Estado, que puede enmarcarse en medidas de contención del déficit público e incluso de recuperación de competitividad. Sin embargo, creo que estas afirmaciones no están exentas de cautela, pues la afectación de una desindexación en los precios del sector público afecta tanto a los ingresos como a los gastos. Analicemos cómo puede afectar a los ingresos y cómo puede afectar a los gastos desde nuestro punto de vista.

En relación con los gastos, la actualización de contratos en base al índice de garantía de competitividad como referente de contratación entre partes privadas, que propone el Gobierno en vez del IPC o en vez de otro índice específico que no incluya la totalidad de los costes, podría representar un aumento en los precios de licitación de contratos, ya que las empresas repercutirían el diferencial en la oferta económica o contrataría un swap de inflación, incrementando la totalidad de los costes a repercutir. Por lo tanto, nos preocupa.

También hay que decir que la ley permitirá aplicar índices específicos que representen realmente la evolución del coste, y en muchos casos, por ejemplo en el de carburantes y precios energéticos, el nuevo índice podría incluso ser superior al IPC y, por lo tanto, representaría un incremento mayor de precio. Así pues, cuidado que lo que digamos o hagamos.

Desde el punto de vista de los ingresos, la no revisión genérica de precios y servicios públicos y la no inclusión, en caso de revisión, de los costes de mano de obra y de los costes financieros podría representar también una caída de los ingresos en tasas y tributos fijados por la prestación de servicios en el ámbito de la Administración.

Finalmente, nos preocupan tres cuestiones que están vinculadas a este proyecto de ley: primera, la burocracia; segunda, la inseguridad jurídica, de la cual hablaré luego, cuando defienda las enmiendas, y, tercera, la singularidad que supone la aplicación de esta norma en el contexto europeo. Es novedad, pero no es garantía de éxito; que sea novedosa en Europa la aplicación de esta ley no nos da seguridad a nosotros, sino más bien al contrario. Luego, al defender las enmiendas veremos cuál es su argumentación; nosotros defenderemos aquello que consideramos que mejora el proyecto de ley y nuestro voto será en función de la aceptación o no de las enmiendas, pues consideramos que son claves para la mejora de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.

Nos encontramos ante un proyecto de ley que en teoría parece menor, pero en realidad tiene mucha trascendencia, más aún si, en vez de referirnos al proyecto, que es muy corto, nos fijamos en lo que el proyecto significa en realidad. El proyecto trata de decir algo a lo que es muy aficionada la Comisión Europea, que el problema de España es la inflación, a lo que, sin duda, ha contribuido el ministro con la presentación del proyecto. Hay que recordar que el ministro presentó el proyecto hace ahora un año. Pero después de un año, la situación de la Unión Europea y de la economía mundial ha cambiado de forma impresionante, hasta el extremo de que hace un año teníamos un problema teóricamente incipiente, el riesgo de deflación se veía muy lejano, y ni la Comisión ni el Banco Central tomaban prácticamente ninguna decisión pues pensaban que era un problema que se iba a arreglar. Sin embargo, tanto los norteamericanos —conservadores, fundamentalmente—, como los halcones alemanes, insistían en que el riesgo grave era la inflación; había que intentar sujetar la economía y especialmente la liquidez. Esa era la situación cuando el ministro presentó este proyecto de ley en las Cortes, proyecto que ha quedado durmiendo el sueño de los justos hasta este momento. Da la impresión de que, de nuevo, como hace un año, nos vamos equivocar de receta, porque en este momento nos encontramos con una deflación continuada desde hace bastante tiempo en la Unión Europea. ¿Y quién ha visto lo que está pasando en realidad? Después de anunciar durante tanto tiempo que la política europea estaba equivocada, lo ha reconocido el propio Banco Central. Y en este momento nos encontramos con la aplicación de una política diferente a la que justificaba la presentación de este proyecto de ley. Yo ya sé que, desde luego, en un mundo globalizado la preocupación por la inflación es un asunto fundamental, pues cualquier atisbo de inflación se traduce inmediatamente en una pérdida de competitividad evidente. Pero ni si quiera el propio Gobierno ha visto con claridad que ese era el problema de España, porque no ha tenido ningún empacho en retrasar la tramitación de la ley un año, ¡nada menos! Por tanto, no vería el problema tan grave cuando estamos en esta situación.

En segundo lugar, insisto, nos encontramos en una circunstancia radicalmente diferente a la que teníamos hace un año. ¿Cuándo vamos a abordar entonces de verdad el problema de la economía española? El problema de la economía española no es en este momento la inflación, aunque sí lo ha sido durante algún tiempo el diferencial de inflación que nos separaba de Europa. Tradicionalmente, cuando España tenía su propia moneda, era un país inflacionario y, ciertamente, esa costumbre ha persistido durante mucho tiempo —estando ya en el euro—, lo cual ha perjudicado nuestras perspectivas de competitividad con toda claridad. Pero esa no es la situación actual y, sin embargo, las causas que provocaban la inflación estructural en España no se han abordado todavía. Este es el problema que tendremos que abordar, y esta ley no lo garantiza, ya que se limita a intentar evitar que la inflación alcance una cierta continuidad, pero nada más. Implica gestionar un poco la inflación, pero no evitarla, en ningún caso, y creo que eso es lo que tenemos que abordar.

Algunos senadores han dicho con toda claridad lo que está pasando. El problema que tenemos es que hace falta una actuación contra la inflación real, y eso requiere garantizar la competencia. ¿En España está más garantizada la competencia ahora que antes? Desde nuestra perspectiva, y lo hemos discutido en esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados, no. ¿Por qué? Porque los organismos reguladores se han gubernamentalizado, lo que va en sentido contrario a garantizar la competitividad. En ese sentido estamos peor de lo que estábamos anteriormente. Aparte de los organismos reguladores encargados de vigilar que se produzca la competencia, tenemos más competencia en otros sectores, específicamente porque tenemos un problema con la excesiva bancarización de la economía española. No hay forma de financiarse o de tener cualquier actuación económica si no es a través de la banca. ¿Tenemos en estos momentos más competencia que hace un año, dos o tres en España desde la perspectiva de la banca? No, al contrario. Tenemos una mayor concentración. Esa ha sido la secuela, no deseada espero yo, de la situación de la reforma del sistema financiero español. ¿Tenemos más posibilidades desde el punto de vista de la competencia? ¿Hemos mejorado la productividad en los últimos años en la economía española? Desde el momento en que empezó el desempleo de manera galopante sí la mejoramos, pero en estos momentos ya estamos otra vez de nuevo en peor situación. ¿Qué significa eso? Que no hemos abordado los graves problemas que provocan la inflación en España y que nos hacen perder competitividad, algo en lo que esta ley no incide.

Además, esta ley puede llegar a implicar un problema grave porque, por un lado —y así se ha dicho ya por otros intervinientes—, hay cuestiones… (Rumores). No les oigo bien, pero me impiden hablar.

El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría.

Guarden silencio, por favor, señorías.

El señor LERMA BLASCO: Creo que este nuevo índice de garantía de competitividad puede contribuir decisivamente a deteriorar la calidad de los servicios públicos, que llegarán a ser únicamente competitivos si se aprieta fundamentalmente sobre los costes salariales y, por lo tanto, razonablemente eso puede implicar un deterioro que acabe justificando en muchos casos la privatización, que también sería un elemento no deseado de este proyecto de ley pero que sin ninguna duda se producirá. Por tanto, creo que esta ley tendría que tener muchas garantías para intentar evitar que esas cosas se produzcan.

Por último, en una situación como la que tenemos, la ley puede tener unos efectos contractivos evidentes en un momento en que el Banco Central Europeo está haciendo una política diferente a la que estaba haciendo hace no un año, sino muy pocos meses. Está intentando claramente generar inflación con una inyección de liquidez en la economía, que había sido descartada una y otra vez por la Comisión Europea y por algunos países acreedores fundamentalmente, y al mismo tiempo ha reconocido que tenemos un problema de demanda efectiva y está intentando incrementar la inversión.

En definitiva, creo que este, hoy por hoy, es un proyecto de ley engañoso que no aborda los problemas reales de la economía española, algo que se está notando claramente en lo que está pasando.

Durante estos años de crisis hemos llegado a tener un superávit de la balanza por cuenta corriente, pero en vez de tener problemas de necesidades de financiación exterior, hemos llegado a tener un pequeño superávit. ¿Pero qué ha pasado en cuanto ha empezado a haber una pequeña recuperación incipiente? Que se ha demostrado que seguimos sin ser competitivos, que las importaciones, a pesar de que estamos en deflación, suben más que las exportaciones. Por tanto, si seguimos con esta situación, tendremos de nuevo graves problemas de competitividad, y seguirán insistiendo; habrán visto ustedes que ayer o anteayer uno de los más potentes think tanks alemanes seguía insistiendo en que España necesita seguir con su devaluación interna porque sigue siendo no competitiva. Y seguirá siéndolo mientras pensemos que el problema es la inflación y mientras no digamos de una vez por todas que el problema es garantizar la competencia y mejorar la productividad invirtiendo más en investigación y en capital humano.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno de portavoces voy a intentar dar respuesta a casi todas las cuestiones que han planteado los portavoces, aunque voy a eludir ese debate amplio, que creo que no viene al caso, ni sobre oligopolios, ni sobre exceso de bancalización de la economía española. Hace poco tuvimos ocasión de hablar de un proyecto de ley sobre servicios de inversión donde tratábamos esas cuestiones.

¿La competencia en España ha mejorado? Posiblemente sí, o al menos el Gobierno, en sus reformas estructurales, así lo ha perseguido con la Ley de integración del mercado único. Los oligopolios, desde luego, no son lo que eran, pero no voy a entrar en el debate sobre si el precio de la gasolina está bien calculado con relación a precios internacionales con o sin tipo de cambio. Ciertamente hay ahí muchas cuestiones sobre las que podríamos debatir, pero ese no es el objeto de este proyecto de ley. Lo que introduce este proyecto es, si se quiere, una metodología técnica para cambiar la cultura que en España tradicionalmente se ha venido actualizando para resolver lo que en unas ocasiones es conflictivo y en otras se convierte en automático y rutinario, y es que los precios se replican a sí mismos año tras año. Lo que estamos debatiendo en primer lugar es si conviene mantener ese sistema de réplica de precios basados en índices generales, que no específicos y adecuados para el caso concreto del sector de actividad sobre el que estamos debatiendo. Pues en principio, la solución —no mía, no es soberbia, señor Guillot—, la decisión que en el mundo académico, que en el mundo económico se ha manejado sobre este tema, es que una actualización o una indexación con índices genéricos lo que produce es atraso económico. En definitiva, lo aplican países subdesarrollados con tasas de inflación a la venezolana en este momento de un veintitantos por ciento; Rusia está este año camino de ello con el 12 o el 14 %. Ahí ciertamente se están viviendo situaciones dramáticas. Establecer mecanismos que permitan que los precios se muevan con cierta flexibilidad y que al mismo tiempo no reproduzcan año a año de forma inercial esa situación inflacionista, es ciertamente una cuestión importante. Por eso nosotros le damos importancia. Pensamos que esta es una gran reforma estructural, una de las importantes, en una breve ley de muy pocos artículos que pretende cambiar la cultura de lo que se ha venido haciendo mal en España en los últimos treinta y cuarenta años; mal por pereza posiblemente, y por eso no se ha revisado anteriormente; mal por intereses de algunos sectores que creen que están protegidos con el ajuste inflacionista, cuando si algo enseña la teoría y la economía en general es que no es verdad. Quien se protege mejor de la inflación es quien tiene la capacidad para diversificar sus patrimonios en muchos instrumentos financieros diferentes y no mantiene solamente posiciones monetarias o cuentas bancarias a la vista o algo parecido porque cobra un salario o tiene una posición económica desventajosa. A esos son a los que afecta plenamente, duramente y con toda intensidad la inflación. Y el mantener el espejismo año tras año, como se actualiza con el IPC, que habría que discutir si es el pasado o es el previsto, porque si es el pasado todavía mucho peor, pero si es el previsto tampoco se garantiza una solución factible, no es de recibo. De eso estamos hablando.

Entendemos que esta —repito— es una gran reforma estructural. La situación, senador Lerma, no ha cambiado sustancialmente, pero me alegro de que usted diga que ha cambiado en un año. Me alegro mucho de que lo diga porque entiendo que el Grupo Socialista y usted mismo empiezan a aceptar que estamos en una recuperación económica, cosa que negaban hasta hace cuatro días insistiendo en que hace un año no estábamos en recuperación económica. Nosotros ya decíamos que estábamos iniciando la recuperación económica, pero no es verdad que las cosas hayan cambiado desde la perspectiva estructural en un año. No es verdad.

Quien quiera pertenecer a un área de estabilidad monetaria como es el euro ha de someterse a las reglas del euro, y esas reglas del euro son iguales para todos. Un banco central independiente fija todos los elementos de la política monetaria. Ahora estamos creando una unión bancaria, un organismo único de supervisión y, en el futuro, de intervención y de liquidación de entidades financieras. Por tanto, esas normas, que son aplicables a todos, nos exigen a todos actuar de manera parecida en materia monetaria y de precios. En toda Europa, en la Europa avanzada, lo que se ha hecho siempre en materia de precios —no me atrevo a decir siempre siempre, porque eso podría ser una osadía, pero la mayoría de las veces— es ajustar los precios de acuerdo con criterios que se refieran al sector de actividad del que estamos hablando, con mejor o peor fortuna, con más o menos oligopolios, que por ahí fuera también los hay, y posiblemente con muchas menos trabas al mercado interior, como las que hay en España y que habrá que levantar. Cada país tiene sus peculiaridades, pero la regla del juego dentro de la eurozona es la estabilidad monetaria. Ciertamente, que desde el año 1999 hasta aquí la inflación acumulada en España difiera sustancialmente de la acumulada en el área euro supondrá una pérdida de competitividad que se va a pagar —y muy duramente lo hemos pagado— en términos de actividad económica y de empleo. Por tanto, eso hay que recuperarlo, hay que resolverlo. Este es el instrumento, la herramienta para hacerlo.

Decía el senador Alturo que él no entendía este proyecto de ley. Permítame que personalice en usted porque otros portavoces han insistido en el mismo argumento. ¿Para qué sacar ahora este proyecto de ley? Pues porque —lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda, para que lo entiendan los demás y yo mismo, para convencerme de ello— la reforma es estructural, no es una reforma de hoy ni para hoy ni para el mes que viene y ni siquiera para el año que viene; es una reforma que ha de cambiar la cultura con la que en España contemplamos la forma de actualizar precios. Esa es la explicación. ¿Por qué hoy y no cuando tengamos, como proponen ustedes en una enmienda, inflaciones del 2 %? Precisamente porque entonces será más difícil hacerlo, porque entonces sí habrá tensión a la hora de decidir que las actualizaciones sean inferiores y distintas a un índice de precios comúnmente aceptado como el IPC. Tampoco con eso quiero decir que vaya a suponer en el futuro que salarios u otras rentas crezcan siempre por debajo de un índice, cualquiera que sea. No, si de la negociación salarial y de las condiciones del mercado de trabajo se derivan salarios más elevados que el crecimiento del PIB nominal o el crecimiento de cualquier otro índice, la negociación salarial colectiva determinará esas condiciones de evolución de precios, salarios, rentas y otros parámetros económicos. Disponer de una metodología adecuada para ello es lo que nos garantiza en estos momentos tener respuesta cuando venga una situación en la que nos encontremos con tasas de inflación presumiblemente moderadas, porque dentro del área euro no nos van a dejar que nuestra inflación se distorsione excesivamente respecto del resto de países, en cualquier caso, tasas de inflación que serán positivas y que podrían incluso llegar a ser dolorosas, sustanciales.

Creo modestamente, sin soberbia, senador Guillot, que algunos de los portavoces que han intervenido no han entendido lo que es el índice de garantía de competitividad. El hecho de dedicarle un anexo le da una cierta apariencia de que forma parte esencial del contenido de la ley, y no es verdad. El índice solamente se aplicará en contratos entre privados que establezcan en ese mismo contrato una actualización, pero que no establezcan metodología de actualización del precio o del valor. Por tanto, fíjese cómo estamos acotando el número de casos a los que será aplicable ese índice. Ese índice dice lo que dice, viene en el anexo, y dice que en España, caso de que se den esas circunstancias, el índice de precios se ajustará a la evolución del índice europeo con otro ajuste adicional, pero que vamos a evolución de precios en el área euro. Y nada más que eso.

Por tanto, no le den excesiva importancia a este índice de competitividad...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: ... porque no será aplicable ni a contratos públicos ni a precios regulados, donde la evolución de precios, si son variaciones periódicas de precios ya predeterminadas por contrato o no lo son, se determinará de acuerdo con la evolución de índices específicos de evolución de costes y de otros factores que, efectivamente, se determinarán en un decreto ley, pero con las normas que aprobamos en este proyecto de ley; es decir, la metodología está explicada en él...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA: ... y el parámetro concreto lo será en el decreto ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto del proyecto de ley de desindexación. Les anuncio que el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular, ha hecho uso del voto telemático en las dos propuestas de veto en sentido negativo y, como siempre, lo añadiré al resultado de la votación que realicemos en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 telemático, 229; a favor, 14; en contra, 146 más 1 telemático, 147; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 telemático, 229; a favor, 14; en contra, 145 más 1 telemático, 146; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 12 de los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. Espere un momento, senador Iglesias. (Pausa).

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. Cuando quiera, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los senadores de Izquierda Unida, el senador Mariscal y yo mismo, hemos presentado doce enmiendas a este proyecto de ley, la mayoría en lógica coherencia con los argumentos barajados en la defensa del veto. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Con la primera enmienda, y aun siendo contrarios a la desindexación que introduce el proyecto, rechazamos que se excluya del ámbito de la ley a los instrumentos financieros. Por contra, mediante dos enmiendas aspiramos a que a su vez se excluyan del Proyecto de Ley de desindexación los subsidios, prestaciones, umbrales y ayudas sociales, por una parte, y los convenios reguladores de separación y divorcio, por otra.

Piensen sus señorías en las dificultades que supone dar cumplimiento a las previsiones de estos convenios reguladores de separación y de divorcio. La experiencia así lo acredita. La desindexación conllevaría inevitablemente un aumento de las dificultades a la hora de dar cumplimiento a estos convenios y provocará, seguramente, una sucesión de procedimientos de modificación de las condiciones establecidas en ellos.

Otras dos enmiendas pretenden que se incorporen los costes financieros y laborales al régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada, y también al régimen aplicable a la revisión periódica no predeterminada. En coherencia con estas dos enmiendas y en idéntica dirección presentamos una tercera enmienda a la disposición final tercera. Con estas enmiendas sometemos el contenido del proyecto a un cuestionamiento prácticamente equivalente al veto, y así lo reconocemos.

Con otra enmienda pretendemos que se establezca una nueva disposición adicional para que el Gobierno presente anualmente a las Cortes un informe en relación con la evolución de los precios en los diferentes sectores de la economía, donde seguramente podremos constatar algunas de las situaciones a las que ha hecho referencia el senador Guillot en su intervención sobre los sectores liberalizados, entre comillas.

Atendiendo a los planteamientos que nos ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias, planteamos la modificación de la disposición transitoria para que la revisión de los contratos en función de la evolución de costes abarque también la evolución de los precios o tarifas vinculadas a su equilibrio económico-financiero, porque, si no, va a ser imposible su consecución. Y también, a propuesta de la FEMP, proponemos una modificación de la disposición derogatoria para que no se derogue, para que se mantenga la vigencia del artículo 14 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que establece que no resultará necesario informe técnico administrativo para la adopción de acuerdos motivados de revalorización o de disminución del importe de las tasas, salvo que sea una reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.

Con otra enmienda pretendemos suprimir la disposición final quinta, que hace referencia al título competencial. De nuevo pensamos que en esta ley, en la disposición final quinta, se exceden los contenidos del invocado artículo 149 de la Constitución española.

Y con las dos últimas enmendamos la disposición final sexta, alargando el plazo de cuatro meses que prevé esta hasta el 31 de diciembre, para la aprobación del real decreto que debe regular el régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada. Planteamos, además, que sean aprobados por consenso los criterios de este decreto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como con el acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local.

En coherencia de nuevo con el veto, en la última enmienda se plantea la supresión del anexo de elaboración de la tasa de variación anual del índice de garantía de competitividad.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas: 21 a 25 y 26 a 37.

Para la defensa de las enmiendas 21 a 25, tiene la palabra el presidente Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender las enmiendas 21 a 25, en nombre de los senadores y senadoras socialistas catalanas del Grupo Parlamentario Entesa.

Nosotros estamos de acuerdo con los objetivos y con una parte sustancial de las medidas que se incluyen en este proyecto de ley. Estamos de acuerdo en la necesidad de disponer de instrumentos para reducir la inflación, en caso de que se produzca un proceso inflacionario severo, y asegurar así la mejora de la competitividad y, por supuesto, también aquellos instrumentos que ayuden a la moderación de los precios de bienes y servicios públicos. Y es cierto que hoy en día no es este el problema, y conviene recordar que el IPC del 2014 ha sido negativo, un -1,1 %, y la inflación subyacente cero. Lo que no podemos aceptar es que, como consecuencia de esta norma, la no actualización de las rentas y precios públicos conforme al IPC acabe afectando a la inversión y afectando negativamente a la actividad y al empleo.

Nosotros hemos registrado estas cinco enmiendas que paso a detallar brevemente. La número 21 modifica el apartado 2 del artículo 4 para que se tenga en cuenta la posibilidad de la larga duración de los contratos en la aprobación de un régimen de revisión periódica en casos como, por ejemplo, la gestión de servicios públicos.

También debemos contemplar una salvedad en el caso del régimen transitorio para los contratos públicos ya iniciados, y así incluimos en nuestra enmienda número 22 una modificación a la disposición transitoria para que no solo el régimen de revisión de los precios de los contratos públicos sea el establecido en los pliegos, sino también las tasas, precios o tarifas a percibir por los usuarios, y que estén directamente vinculados a los contratos.

En este sentido, nuestra enmienda 24, que modifica la disposición final tercera en la redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 89 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, también incluye las tasas, precios o tarifas a percibir por los usuarios que estén directamente vinculados a los contratos como objeto de revisión periódica en los términos previstos en la ley.

Asimismo consideramos muy necesaria la derogación de la disposición adicional 88 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con la entrada en vigor de esta ley. Esta disposición ha generado una situación de grave inseguridad jurídica y en la práctica divergentes formas de interpretación entre las diversas administraciones territoriales que tienen que aplicarla y que están adoptando con frecuencia en los pliegos de cláusulas administrativas soluciones contrapuestas en la regulación de la revisión periódica de precios. Nuestra enmienda 23 incluye esta derogación.

Y finalmente, con la enmienda 25 proponemos modificar el anexo que establece el método de elaboración de la tasa de variación anual del índice de garantía de competitividad. Creemos que la fórmula propuesta es excesivamente restrictiva, ya que pretende no solo mantener los niveles de competitividad con la zona euro desde el momento en que entre en vigor la ley, sino también recuperar parte de la competitividad perdida desde la creación de la Unión Económica y Monetaria. Por ello se añade ese segundo criterio que pretende corregir cada año el 25 % de la desviación acumulada de la inflación española respecto del área euro desde 1999.

Por tanto, de acuerdo con esta fórmula, los valores nominales de estos contratos del sector privado a los que hacía alusión el señor Utrera se congelarían con carácter indefinido y podría ser perjudicial en la coyuntura económica actual, y no lo olvidemos, con tasas de inflación negativas y con un elevado nivel de deuda pública. Por ello proponemos establecer una regla más sencilla a partir de dos índices de precios subyacentes para España y la zona euro que no incorporan los alimentos elaborados ni los productos energéticos, eliminando la recuperación de la competitividad perdida. En nuestra opinión, lo más correcto sería utilizar la inflación subyacente de la eurozona si es inferior a la española, y al revés, la española si es inferior a la europea. Y con esta regla mantendríamos los niveles de competitividad de la zona euro desde el momento en que entre en vigor la ley sin necesidad de hacer responsables a estos contratos de desviaciones pasadas.

Pensamos sin duda que estas cinco enmiendas mejorarían el texto y su aceptación acabaría determinado nuestra posición final sobre el proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Para la defensa del resto de las enmiendas, números 26 a 37, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

No me alargaré mucho porque los senadores Iglesias, Mariscal, Saura y yo mismo compartimos las enmiendas, que ya se han defendido. Con lo cual sería consumir un tiempo innecesariamente. Pero sí quería hacer referencia a alguna cosa.

Señor Utrera, decía usted que ahora es el momento, que hay que crear instrumentos que eviten espirales inflacionistas en un futuro. Y matizaba: Toda espiral inflacionista en la eurozona debe estar en unos marcos controlados.

E insisto. Si esta es la lógica del proyecto de ley, si es la lógica del Gobierno evitar espirales inflacionistas, eliminar factores que generen inflación, no entiendo —y esto justifica la enmienda 31 que hemos presentado— cómo ustedes no priorizan la intervención frente a aquellos sectores regulados que generan inflación, ya que proponen precios por encima de los costes reales. No lo entiendo.

Por eso, si realmente la preocupación del Gobierno es evitar, eliminar inflación, eliminar factores de riesgo inflacionista, tampoco acabo de entender cómo ustedes no pueden estar de acuerdo en acomodar la evolución de los beneficios de esos sectores —eléctricas, carburantes, etcétera— al comportamiento medio de la eurozona. Porque usted decía: la eurozona tiene sus reglas. Sí, y tiene su lógica. Lo que es incomprensible en un país como el nuestro es que el sector eléctrico doble beneficios respecto de la media europea. Eso no es razonable; es injusto e inflacionista. Por tanto, les invito a que se repiensen el voto a la enmienda 31.

Y con respecto a la enmienda 36, que hace referencia al índice de garantía de competitividad, yo no me obsesiono; me he leído la ley y creo que la he entendido. No me obsesiono. Pero lo que sí les digo es que el IPC no desaparece como índice de valoración. Lo sustituimos; sustituimos el IPC español por el IPC armonizado de la eurozona, pero es el IPC, es el índice de precios al consumo, es decir, aquella cesta donde se ven una serie de productos —antes usted ha explicado muy bien qué representa el IPC—. Repito que se sustituye el español por el de la eurozona, eso sí, con unas deducciones que permitan compensar lo que ha sido el diferencial inflacionista a lo largo de estos años. Sin ningún tipo de obsesión: el IPC se mantiene, pero más bajo, porque el de la eurozona es más bajo, más de estas deducciones, con lo cual es fácil concluir que el ajuste de ese diferencial inflacionista lo van a pagar todos aquellos que no puedan revalorizar sus salarios, sus pensiones y el sector público en concreto. Eso es así por sentido común y por una simple regla de tres, por lo que, repito, invito al grupo mayoritario a votar favorablemente la enmienda 36.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar dando por defendidas la totalidad de las enmiendas, y una vez más discrepo porque no se haya admitido a trámite la enmienda número 19 porque se diga que no está en la línea del proyecto de ley. Si no podemos debatirla y no podemos presentar nuestros argumentos, evidentemente será difícil ver si hay conexión o no. Por tanto, manifiesto nuestra discrepancia e indignación, porque entiendo que las enmiendas se presentan por algo y hay que poder defenderlas y hablar de ellas. Y luego votarlas, como tiene que ser.

Me gustaría hablar de algunas enmiendas por la importancia que tienen. Voy a empezar por la enmienda número 14, que hace referencia a una modificación en el artículo 4.2, que establece que la revisión periódica y predeterminada de los valores referidos a los temas monetarios se autorice en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente. Bien, nosotros entendemos que la autorización no tiene que ir en el desarrollo, sino que tendría que ser en el momento en que la ley se aplique, en que entre en vigor.

Por otro lado, este mismo artículo hace referencia a que las revisiones periódicas no incluirán la variación de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales de estructura ni el beneficio industrial. Entendemos que eso debe eliminarse, en concordancia con el artículo 5.2, del párrafo siguiente, que así lo contempla. Consideramos que hay una discrepancia respecto de esos costes financieros cuando en un artículo se dice que sí y en el otro, que no. Evidentemente, creo que es una incoherencia.

La enmienda número 16, a la disposición transitoria segunda, propone una nueva redacción en los términos siguientes: La disposición final tercera de esta ley, mediante la cual se modifica el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no entrará en vigor hasta el día en que inicie su vigencia el real decreto previsto en el artículo 4 de esta ley.

Resulta necesario que la entrada en vigor de las modificaciones que incorpora la ley en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, que hacen referencia concretamente al artículo 89 de dicho texto, se acompase plenamente con la entrada en vigor del real decreto que va a desarrollar la ley de desindexación de la economía española, dada la ineludible interconexión entre ambas normas y la imposibilidad de aplicar el artículo 89. Por tanto, entendemos que es una enmienda importante.

La enmienda número 17, a la disposición derogatoria, propone que la ley derogue la disposición adicional octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales. En el texto que proponen se dice que quedará derogada en el momento de la entrada en vigor del real decreto, y nosotros proponemos que se derogue en estos momentos, que es lo lógico, es decir, a la entrada en vigor de esta ley. Como he señalado antes, lo estamos refiriendo todo al real decreto, y nos parece importantísimo, por seguridad jurídica, que se produzca de esta forma.

La enmienda número 18, a la disposición final tercera, quizá sea una de las más importantes de las que hemos presentado. Se refiere a la revisión de precios de los contratos del sector público —artículo 89—, que está redactado en los términos siguientes: Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este capítulo. Y continúa: No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Pues bien, en nuestra enmienda suprimimos esta última frase. Por otro lado, se dice: Previa justificación en el expediente, y de conformidad…



—etcétera— …la revisión periódica y predeterminada de precios se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas… Y nosotros añadimos: en los contratos de concesión de obra pública, gestión de servicios públicos y colaboración entre el sector público y el sector privado de duración superior a cinco años. Evidentemente, proponemos en este misma enmienda suprimir todo lo que hace referencia a que no se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, etcétera. Este artículo es uno de los más importantes y estas propuestas deberían ser atendidas.

Finalmente, en la enmienda número 20, a la que se ha hecho referencia, proponemos que entre en vigor en cuanto haya una inflación de la economía española del 2 %. Si ya estamos en crecimiento, como ustedes nos están indicando, lo lógico sería que esta ley de desindexación lo hiciera en ese momento. Sería lo más adecuado.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas 38 a 42, tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Voy a defender muy brevemente las cinco enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, porque muchos de los argumentos ya se han dado y no hacerlo así sería repetirlos.

En la enmienda número 38, al artículo 4 de la ley, relativo al régimen que se aplica a la revisión periódica y predeterminada de los contratos y de los valores, proponemos modificar el párrafo 2, en el sentido de incluir en dicho artículo aquellos contratos de larga duración que puedan tener las administraciones públicas, porque normalmente algunos de los contratos de los servicios públicos son de larga duración.

Mediante la enmienda 39, a la disposición transitoria, apartado 1, proponemos incluir en el régimen de revisión de los contratos del sector público las tasas, los precios y las tarifas a percibir de los usuarios que estén directamente vinculados a los contratos. La idea es prever que esas tasas, esos precios y tarifas puedan revisarse en ese régimen transitorio.

En la enmienda número 40 planteamos, como ya han dicho algunos de los senadores que han intervenido, que la disposición adicional octogésimo octava, en vez de derogarse en el momento de entrada en vigor del real decreto que desarrolle esta ley, se derogue en el momento de entrada en vigor de la ley, porque esta disposición está generando dudas en las administraciones públicas, está generando parálisis, interpretaciones en distintas administraciones sobre los pliegos de algunos contratos. Y para evitar esa situación de inseguridad jurídica, o por lo menos de interpretaciones extrañas y diversas, proponemos que desaparezca cuanto antes; y cuanto antes es el momento de entrada en vigor de la ley, porque tampoco se sabe el tiempo que vamos a tardar en publicar el real decreto. Esta es la tercera enmienda.

La cuarta enmienda tiene que ver con la modificación del artículo 89 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, nuevamente para incluir en esta ley una mención a las revisiones de tasas, precios y tarifas directamente vinculados a contratos del sector público.

Y la última enmienda se refiere al famoso índice de garantía de competitividad, cuya fórmula en el proyecto de ley incluye un segundo sumando con el objetivo de corregir cada año el 25 % de la desviación acumulada de la inflación española con respecto al área del euro. Nosotros entendemos que esa es una fórmula restrictiva, y les proponemos adoptar como índice de garantía de competitividad, bien la tasa de variación anual del IPC subyacente en Europa, bien la tasa de variación anual del IPC subyacente en España, eligiendo la menor de las dos. Y no voy a entrar en justificar más la razón, por una economía de tiempo y porque además ya ha habido otros portavoces que se han referido a ello.

En definitiva, estas son las cinco enmiendas del Grupo Socialista, enmiendas que entiendo que en algún caso podrían mejorar y clarificar este proyecto de ley, que, si tiene alguna característica, esta es, como hemos visto y hemos podido compartir esta tarde durante el rato que llevamos debatiéndolo, la poca claridad y la cierta inseguridad que manifiesta. Incluso el portavoz del Grupo Popular ha tenido que convencerse a sí mismo de que la ley era necesaria y demás. Por tanto, no es una cosa sencilla, y para evitar esas interpretaciones, porque se trata de administraciones públicas y de contratos del sector público, en algún caso convendría aceptarlas. No obstante, eso queda a la voluntad del grupo mayoritario.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Manchado.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Son cuarenta y dos —pocas, en realidad— las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, del que estoy convencido de su eficacia y objetivo, señor Manchado. Estoy absolutamente convencido de que es necesario, de que es una reforma estructural importante. Todos tenemos que convencernos culturalmente —y quizá usted haya malinterpretado la frase que he utilizado— de que cuando veamos o nos enfrentemos a decisiones sobre revisión de salarios, precios o rentas la práctica de índices genéricos como el IPC no es una buena práctica, que al final se mueve en contra de todos y perjudica a todos, especialmente a los más débiles. Y eso, que es una conclusión que nos han enseñado muchos años de historia, es bueno que lo repitamos aquí; y, desde luego, es bueno que aprobemos un proyecto de ley que pretende erradicar esa práctica. En su grupo parlamentario, señor Manchado, me pareció entender, y concretamente, al senador Lerma —aunque tampoco quiero hacer causa de ello—, que se considera que esta ley además tenía que cumplir el objetivo de limitar la inflación, de frenar la inflación, de evitar la inflación. Pero no es así. Ninguna ley puede evitar un impacto inflacionista, ya sea por condiciones meteorológicas adversas que afecten a los precios de los alimentos, ya sea por el descubrimiento de nuevos avances científicos que permitan un abaratamiento radical de la energía, ya sea por una política o una estrategia de algún productor del petróleo de reducir su precio precisamente para sacar a competidores del mercado. Todas esas cosas, en una economía como la española, de tamaño medio, son exógenas, vienen de fuera y, por tanto, se sufren y tendrán un impacto sobre la inflación, positivo o negativo. Con esa ley esos impactos no se resuelven, desde luego; por tanto, no pidamos a esta ley lo que esta ley no puede dar. Esta ley no puede garantizar que no haya inflación en España en el futuro, pero sí nos garantiza que tendremos el mecanismo adecuado, la metodología adecuada para resolver la actualización y la revisión de precios en circunstancias de inflación, y es bueno dejar establecido ese mecanismo precisamente en épocas en las que no hay inflación o esta es muy baja, porque entonces habrá mucho menos conflicto a la hora de determinar esa metodología o esos procedimientos.

A eso me refería, y en modo alguno a que yo tuviera alguna duda sobre que este proyecto de ley es una reforma muy importante y que tendrá importantes efectos a medio y largo plazo en la economía española.

Por lo que se refiere a las enmiendas, he de decir, en primer lugar, que no vamos a aprobar ninguna de ellas, y le repito al senador Guillot que lo digo sin soberbia ninguna. Hemos estado hablando con los responsables del Gobierno en relación con las enmiendas. Ellos participan de cierta preocupación sobre el régimen transitorio, y algunas de las enmiendas de los grupos se refieren a él. Por ejemplo, en una de las últimas que ha mencionado el senador Manchado, la relativa a la disposición adicional octogésimo octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, ustedes parten de la premisa de que ha alterado condiciones de contratación y que ha supuesto un freno a las contrataciones administrativas en España, pero no compartimos esa premisa o hipótesis. Pensamos que no ha sido así y, por tanto, el que se mantenga en vigor hasta dentro de cuatro meses, que es el tiempo comprometido en el proyecto de ley para tener aprobado el reglamento, en tanto en cuanto entren en vigor todos los preceptos de la propia ley, es razonable. Es mejor mantener ese precepto hasta la aprobación del reglamento que no suprimirlo ahora, porque eso sí causaría inconvenientes —permítame que no entre en la descripción de todos ellos— de régimen transitorio.

De la misma forma, podríamos agrupar las enmiendas en varios apartados. Los cuatro grupos que presentan enmiendas han coincidido en el equilibrio económico-financiero, a sugerencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, y en que servicios públicos que se están financiando con tasas, precios y exacciones públicas tengan un ajuste, una revalorización, ya que no se va a hacer por IPC, que es lo que impide esta ley; una revalorización similar por el lado de gastos y por el lado de los ingresos para que puedan financiarse y mantener el equilibrio financiero de estas obras. Pues bien, entendemos que en el proyecto de ley está suficientemente contemplado que la fórmula aprobada de actualización se aplica a los dos lados de la ecuación, tanto al ingreso necesario para la financiación de la obra o servicio como al gasto en la contratación de ese servicio.

Y lo mismo ocurre con las reglas de actualización. Creo que en el proyecto de ley se ha tenido un esmero especial cuando se trata de las actualizaciones periódicas predeterminadas. Hay enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Entesa. La preocupación principal está en los contratos de larga duración, que suponen una importante inversión, que tienen una maduración larga y un pay back —es decir, un retorno lento—. A esos se les aplicará en todo caso la actualización, pero no con el índice general de precios, sino, repito, de acuerdo con los elementos relevantes al sector, a la actividad o al contrato del que estemos hablando, es decir, índices específicos para la actualización de precios basados en los costes de producción de esos servicios.

Con respecto a las instituciones financieras, lo vuelvo a repetir: excluir del ámbito de la ley instituciones financieras no se hace caprichosamente; lo que se hace es excluir instrumentos financieros en la medida en que sean públicos, utilizados por algún organismo público, porque si no se excluyeran expresamente quedarían sometidos a la ley y, por tanto, prohibidos. No se podrían emitir bonos vinculados a inflación en España o en el área euro. Los mercados financieros compran mejor en algunas circunstancias, de forma más barata, y, por tanto, nos supone un alivio en costes emitir ese tipo de bonos. Pero en modo alguno eso tiene nada que ver con las entidades financieras o que reciban un trato especial. En la medida en que sean entidades privadas, y lo son y actúan como privadas, lógicamente sus contratos no quedan regulados por este proyecto de ley.

En cuanto a los divorcios, yo no soy especialista en cláusulas de separación matrimonial, pero me cuesta trabajo creer que en un acuerdo de disolución no se establezcan condiciones de actualización. Me cuesta mucho creerlo. Y vuelvo a repetirle, senador Iglesias, lo que ya dicho varias veces: cuando se establezcan, no solamente habrá actualización —eso se hace siempre—, sino que además en el procedimiento de actualización entre partes privadas prevalecerá la decisión de las partes privadas. Solo en el caso de que se decidiera que hay actualización pero no se explicara el procedimiento o la metodología utilizada se aplicaría el índice de garantía de competitividad, que, ciertamente, en las prestaciones vinculadas a separaciones matrimoniales, etcétera, no tiene demasiado sentido e incluso parece disonante con el objeto que se pretende. Creo que el error es de fondo de la propia enmienda: las operaciones privadas quedan fuera del proyecto de ley que estamos debatiendo.

Lo mismo sucede con el informe sobre la evolución de precios de los sectores de la economía, al que se refiere otra enmienda. Si vamos a las publicaciones del Banco de España o a otras, como las del Ministerio de Industria, y tenemos las evoluciones de precios de los sectores, pero no alcanzo a ver qué relevancia o interés puede tener eso a la hora de actualizar una tasa. Ya no veremos más en las leyes de presupuestos que las tasas aumentan un 3 % porque sí, porque hay una previsión de que los precios pueden ir al 3 %. No, hará falta una memoria económico-financiera que justifique que los costes y el índice aplicable en ese caso reflejen adecuadamente que se requiere un aumento del 1, del 1,5, del 3 o del 8, dependiendo de las circunstancias de la tasa; pero en modo alguno, insisto, un índice genérico de precios como el IPC o cualquier otro. Por tanto, ese informe de precios quizá pueda tener interés, pero para el objetivo de esta ley no lo tiene de ninguna manera.

En relación con el anexo, he de decir que la enmienda del Grupo Socialista al índice de garantía de competitividad no me disgusta, e incluso me parece adecuada y mucho más sencilla que la que establece el proyecto de ley; es decir, que se actualice de acuerdo con el índice más bajo, el de Europa o el de España. Bien, es razonable, porque si es el más bajo significará que habrá cierta convergencia en precios, que se corregirán las disparidades, y en ese sentido podría ser adecuado. Pero el que tenemos en el anexo del proyecto de ley también lo es, y no digo que el efecto sea el mismo cuantitativamente, pero sí cualitativamente. O sea, el efecto es que nos anclamos en la idea de evolución de precios europeos ajustado por el margen diferencial que arrastramos desde hace quince años con la Unión Europea. Eso se va corrigiendo lentamente, y cuando llegue el momento de que no tengamos diferencial ninguno con Europa, entonces el índice de garantía de competitividad, que vuelvo a repetir que es muy restrictivo con respecto a los sucesos, a los contratos a los que es aplicable, será la propia evolución de precios prevista en la Unión Europea según Eurostat.

Por tanto, hay razones por las cuales, como he dicho, no vamos a aprobar las enmiendas, aunque agradecemos el trabajo realizado por todos los grupos y lo valoramos positivamente. Pero entendemos que el proyecto de ley está bien en la forma en que está. Se hizo un gran trabajo en el Congreso de los Diputados —alguno de los portavoces de los grupos que han intervenido lo ha señalado, e incluso se ha permitido hacer un juicio de intenciones de lo que yo habría dicho si la situación hubiese sido distinta de lo que es; pero, en fin, eso dejémoslo aparte— donde, efectivamente, se incorporaron muchísimas enmiendas, no solo del Grupo Parlamentario Popular, sino de los demás grupos parlamentarios. (El señor Guillot Miravet hace signos negativos). Sí, se incorporaron y se hicieron transaccionales, y la ley cambió sustancialmente en el sentido de dar, no solo seguridad jurídica, sino seguridad en lo que se pretende con esta ley. Y no se pretende que no haya inflación —no es posible hacer eso de forma legal—, pero sí darnos la herramienta, el instrumento para poder enfrentarnos a algo que en las economías modernas, como los Estados Unidos o Alemania, tienen relativamente bien resuelto, como es la forma de actualizar rentas, precios y, sobre todo, precios intervenidos, precios regulados por las administraciones públicas.

Por tanto, concluyo como empecé: no votaremos favorablemente ninguna enmienda.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Únicamente quiero hacer un matiz. Señor Utrera, remitiéndome a sus palabras, es usted el que no ha entendido, pero no seré yo la que haga un juicio sobre si ha entendido o no el contenido del texto. Lo que no ha entendido es que existe la pluralidad —se lo he dicho en mi primera intervención— y que opinar de forma diferente no es un indicador de no haber leído o de no entender lo que leímos. Ni semántica ni políticamente se corresponden, y gracias a Dios, porque, por suerte, como en la vida, existen diferentes maneras de opinar, diferentes maneras de ser, y la diversidad existe. Por todo ello, reitero lo que he dicho en mi primera intervención: considero que las diferentes opiniones existen, pero usted en su segunda intervención ha vuelto hacer mención a lo que no entendemos o a lo que no leemos. Pediría un mayor rigor para que las diferentes opiniones, tras haber leído y haber entendido, sean igual de legítimamente aceptables. Únicamente quería hacer ese matiz. Y considero que políticamente todos deberíamos tener eso en mente por el año electoral que nos viene a todos y por la aceptación de que la diversidad existe. Y cualquier argumento, como usted ahora ha argumentado, para justificar la negativa a las enmiendas es precisamente el camino, pero no la continua y reiterada insistencia en que no leemos o no entendemos. Lo hacemos, y cada uno desde nuestra opinión y desde nuestra legítima postura, la manifestamos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el objetivo de este proyecto de ley es acabar con la indexación automática de los precios en el ámbito público a índices generales como el IPC. Porque es cierto que somos uno de los países que más ha utilizado las cláusulas de revisión automática de precios, y también es cierto que esta práctica generalizada ha contribuido a que el impacto de la inflación se transmita de forma indiscriminada a la economía española. Diferencial de inflación con nuestros socios comunitarios quiere decir pérdida de competitividad. Por ello, a pesar de las objeciones y dudas que posteriormente plantearé, nosotros, de entrada, no nos posicionamos negativamente frente a esta ley. La no presentación del veto a la misma y nuestra posición de abstención respecto a las dos presentados lo demuestran.

Esta ley era necesaria cuando nuestra inflación era alta y el diferencial con nuestros socios también. Ahora bien, no es esta la situación actual. Además, si la economía española está en estos momentos ganando competitividad, aparte de por factores externos, es por la caída de las rentas salariales. Por eso, los objetivos expresados en la exposición de motivos no son difíciles de compartir. Pero la realidad es un poco diferente, porque lo importante es que se produzca una moderación de los precios en general y de manera especial los bienes y servicios públicos que pagamos todos los españoles. Los precios sometidos a algún tipo de regulación en servicios como el transporte, la electricidad, el agua, el gas, las tasas universitarias —que, por cierto, representan el 10 % de los presupuestos de las familias— han subido durante estos años mucho más que la inflación. La propia Memoria de este proyecto de ley recoge que en estos últimos años el coste de estos bienes se ha incrementado el doble que la media de la eurozona. Señorías, entre 2012 y 2013, los precios regulados se han incrementado un 6,4 % de media anual. Si sumamos este incremento de los precios de los servicios regulados a la caída de las rentas salariales y al incremento de la presión fiscal, con la subida de una parte considerable de impuestos, tenemos como resultado un deterioro considerable del poder adquisitivo de las rentas más bajas y una nula capacidad de ahorro de amplios sectores de la población. El coste, las cargas de la crisis, no se ha repartido de forma equitativa, prueba de ello es que los beneficios empresariales en los últimos años han crecido por encima de la media de la eurozona mientras caían los salarios.

Y todo ello tiene relación con lo que estamos discutiendo, con el contenido de este proyecto de ley. Porque si bien es cierto que la indexación —la subida de precios y rentas automáticamente ligadas al incremento del IPC— acaba generando efectos perversos en segunda ronda y acaba generando una inflación general y pérdida de competitividad, tampoco se puede generalizar. Por ello, compartimos, por supuesto, las excepciones que establece el proyecto de ley, excluyendo la negociación colectiva y las pensiones. Mucho más discutible es la exclusión de los instrumentos financieros, a pesar de las explicaciones que nos daba el señor Utrera, y todavía más algunas exclusiones efectuadas en el trámite parlamentario, que dan la impresión de deberse más a la tarea de lobbies determinados que al interés general. Ahora bien, ello no soluciona, ni mucho menos, algunos problemas importantes a los que tendremos que hacer frente —algunos de ellos los ha puesto de relieve la Federación de Municipios, tal y como se ha citado en este debate—.

Pero, señorías, en determinados servicios que se prestan generalmente mediante concesión, donde el coste de la mano de obra tiene un componente fundamental en el coste final del servicio, se producirán problemas. Si no se tiene en cuenta el incremento de los costes laborales en las revisiones anuales de precios, ello comportará enrarecimiento del clima laboral y tensiones en las concesionarias, pero también deterioro del servicio y depreciación de los salarios. El proyecto de ley tendría que contemplar estos supuestos, así como el derivado de aquellos contratos de larga duración, que deberían tener una revisión periódica. De ahí, algunas de nuestras enmiendas.

Señorías, nosotros tenemos dudas en esta coyuntura económica actual de que esta ley garantice —como dicen ustedes, con palabras del ministro de Economía en la presentación del proyecto— estabilidad de precios y estabilidad económica.

Además, como decía, el reparto de cargas no ha sido equitativo, porque esta ley, por ejemplo, excluye su aplicación a las pensiones pero no a otro tipo de prestaciones públicas que deberían mantener su valor efectivo y, por tanto, ayudar a mantener el poder adquisitivo de sus perceptores.

En resumen, señorías, luces y sombras en esta ley. Compartimos numerosos aspectos de la misma. Creemos, no obstante, que aborda un problema ancestral pero que hoy es central para la economía española, pero aborda, o aborda mal, al no regularlos, o al regularlos deficitariamente, sin prever los problemas que se generarán, y deja demasiadas incógnitas en el aire a la espera del desarrollo reglamentario, elementos todos ellos que hacen, junto con la no consideración por parte de la mayoría de nuestras enmiendas, que nuestra posición, la de los senadores y senadoras socialistas, sea la de abstención en este caso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, president Montilla.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señor Utrera, estoy convencido de que está de acuerdo con alguna de las enmiendas que hemos presentado y que deberían haberse aceptado. No sé por qué razón no las han considerado, por qué continúan aplicando el rodillo y no aceptan las enmiendas de nadie. Creo que esta ley se hubiera podido mejorar mucho a favor de determinados sectores y elementos que ya se han puesto de manifiesto.

Haré un breve resumen de aquellos aspectos por los cuales nosotros no podemos apoyar esta ley. En primer lugar, porque no hay inflación sino que el riesgo es de deflación. Esto ya se lo he comentado. (Creo que este no es el contexto en el cual se tiene que desarrollar esta ley, habría otros mejores, o, quizá, en un futuro más adecuado.) En segundo lugar, porque existe una inseguridad jurídica en el régimen transitorio. Nos encontramos en un escenario de inseguridad jurídica, y eso lo saben, desde la aprobación de la disposición adicional octogésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado —lo decíamos en una de las enmiendas— hasta la aplicación del real decreto. El proyecto de ley, en el punto 2.c) de la disposición derogatoria, mantiene la vigencia de la disposición adicional octogésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 —a la que estamos haciendo referencia—, mediante la cual se anticipó legalmente la prohibición de indexar con el IPC las revisiones de precios de los contratos públicos desde enero de 2014. Hasta tanto no entre en vigor el real decreto de desarrollo de esta Ley de desindexación, esta situación de inseguridad jurídica está ralentizando numerosos proyectos de licitaciones públicas de larga duración y, en definitiva, muchas entidades no saben a qué atenerse. Nosotros proponíamos en una de las enmiendas la derogación de esta disposición adicional, ustedes no lo han considerado, por tanto, creemos que continúa esta inseguridad jurídica.

Otra cuestión que ustedes señalaban es que somos novedad en Europa. Que seamos novedad en Europa no es garantía de éxito, ni mucho menos. Quizá pueda ser lo contrario.

Otro elemento: contradicciones —como señalábamos también en otra enmienda— en los artículos 4.2 y 5.2 en relación con los gastos financieros. Por ejemplo, a la incorporación en las revisiones, en uno de los puntos nos dicen que sí, y en otro, en relación con las revisiones no periódicas y no predeterminadas, nos dicen que no. Bueno, en fin.

Por último, nuestra principal preocupación es la disposición final tercera que dice que no cabrá revisión periódica no predeterminada de los precios de los contratos, lo cual va a provocar un desincentivo en la promoción de nuevos proyectos, en la atracción de capital nacional y extranjero, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de la actividad y la ocupación de la economía española. Nosotros lo vemos así y no podemos apoyar este proyecto de ley, pues no han considerado ninguno de los puntos que estimábamos que eran y son prioritarios, como ustedes muy bien saben.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Senador Utrera, cuanto más avanza la sesión, más me parece que en lo que podemos coincidir es en que la cosa está poco clara.

Le voy a leer dos frases: una la dijo el ministro y otra la portavoz de su grupo en el Congreso. El ministro dijo: «Creo que estamos ante una reforma fundamental que tendrá importantes efectos positivos en la economía española. En primer lugar, desde el punto de vista macro, porque garantiza la estabilidad de precios.» Eso quiere decir que garantiza que no haya inflación. La señora Serrano, por su parte, dijo: «El proyecto de ley tiene tres objetivos fundamentales: primero, moderar las tensiones inflacionistas.» Y usted nos acaba de decir que esta ley no va a frenar la inflación. Aquí tenemos una contradicción.

En cualquier caso, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya ha argumentado el senador Lerma anteriormente. En primer lugar, la ley no parece necesaria en este momento. Podemos discutir y compartir o no que lo pueda ser en el futuro, o que en el pasado hubiera tenido efectos más positivos que ahora, pero en este momento no parece una ley absolutamente necesaria.

En segundo lugar, no tenemos ninguna seguridad de que el efecto que esta ley produzca en la economía española vaya a ser expansivo. En este momento no existe, no podemos tener ninguna garantía, son juicios de valor u opiniones, pero nada de la situación económica española, de la situación económica europea y de la situación de deflación o casi deflación nos asegura que esto sea una garantía de crecimiento. Pudiera ser que de alguna forma fuera algo restrictiva. Veremos.

La tercera inseguridad o duda es que no está claro que esta ley afecte al proceso de formación de precios, entre otras cosas porque en el proceso de formación de precios tienen mucho que ver las decisiones empresariales, y estas no siempre trasladan los cambios de costes a los precios.

La cuarta reflexión es que después de esta ley viene un real decreto y, por lo tanto, esta ley está un poco deslegislada porque es poco clara, precisamente porque lo fía todo a un real decreto. Habrá que estar muy finos en ese real decreto porque en el fondo esta ley afecta realmente a administraciones públicas, a contratos de administraciones públicas con empresas privadas, y eso significa prestación de servicios públicos, precios públicos, tasas, tarifas, etcétera, con lo cual no debería suceder que esta ley, o el real decreto, aportara parálisis al sistema de contratación de los servicios públicos.

En último caso, en lo que sí tenemos una seguridad cierta —y con esta reflexión acabo— es en que si queremos ganar competitividad, lo que hay que hacer es apostar por medidas económicas claras, es decir, apostar por la I+D+i, apostar por crear un empleo de calidad, apostar por mecanismos que impidan que en este país se produzca —y sigue sucediendo desde las reformas que ustedes llaman estructurales— una apropiación indebida de rentas que deberían ir al trabajo y van al capital. Eso es lo que hace que no se pueda garantizar que esta ley no afecte a la formación de precios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para concluir el debate. En este turno voy a hacer mención a alguna de las cuestiones que se han planteado en el turno de portavoces.

En primer lugar, riesgo de deflación. Ciertamente es muy difícil aventurar qué va a ocurrir en los próximos meses, en los próximos años en España, pero no parece, de acuerdo con los últimos informes de coyuntura, que sea el riesgo de deflación muy importante en el área euro. Bien es verdad que hay medidas de impulso monetario de alta magnitud —60 000 millones de euros al mes, más de un billón en el transcurso de un año y unos meses que se van a inyectar por el Banco Central Europeo—. Eso por sí solo tiene una gran potencia para evitar una deflación.

Además, sin soberbia y con mucha humildad —no quiero que se considere como una interpretación soberbia de la realidad porque la realidad siempre nos sorprende—, a mí me da la impresión de que las fuentes o el origen de la deflación en España, de la inflación negativa, están muy predeterminadas y fijadas, y no se refieren ni a estructuras de costes ni a problemas de oferta en la economía española, sino que son impactos externos sobre los cuales no podemos hacer nada y que en este caso nos benefician, como es la bajada de precios del petróleo o el tipo de cambio del euro. Claro está que cuando suba el petróleo y el tipo de cambio altere el signo y haya una apreciación respecto al dólar, estaremos en la situación contraria, y tendremos tensiones inflacionistas exógenas que vendrán sobre la economía española. Entonces es cuando necesitaríamos y echaríamos en falta una herramienta, un instrumento como el que se diseña y se establece en este proyecto de ley. Por tanto, desde mi punto de vista personal, aunque puedo equivocarme, la deflación entendida como la amenaza de un permanente estancamiento de la economía con precios muy bajos no parece que sea la situación que estamos viviendo, y si eso es así, sigue siendo necesario un instrumento como el de este proyecto de ley para actualizar rentas.

El señor Manchado apuntaba las tensiones inflacionistas. No voy a entrar en cuestiones terminológicas sobre si el ministro dice una cosa u otro portavoz de un grupo parlamentario dice otra, ni en si nos contradecimos entre unos y otros. Yo entiendo que es fácil comprender lo que todos queremos decir, quizá con mayor fortuna en unos casos y con menor en otros —seguro que en el mío con menor fortuna—, pero es obvio que por ley, y, desde luego, no por una ley de este tipo, se puede evitar que haya inflación en una economía. Lo acabo de mencionar. Movimientos en precios internacionales en tipos de cambio, movimientos incluso tecnológicos, variaciones tecnológicas producen unos impactos en precios —positivos o negativos—. Por tanto, si son positivos, habrá inflación. Pero un procedimiento de moderación en el tiempo, es decir, el que la inflación no se convierta en crónica sino que estos impactos sean asumidos de una sola vez o en un período corto de tiempo y que no se empiecen a enroscar año tras año debido a un procedimiento erróneo, como es la actualización vía índices generales, IPC o algunos otros, eso contribuye a la estabilidad de precios. Ahora, depende de cómo lo interpretemos. Si usted dice que el ministro quiso decir que estabilidad de precios significa que no va a haber movimientos de precios, ya le digo que el ministro se equivocó porque eso no puede ser, esta ley no puede evitar que haya movimientos en los precios. Pero está claro que el ministro no quiso decir eso. Y si lo que usted quiere decir es que yo digo que esto no va a tener efecto alguno sobre la inflación, tampoco es verdad porque sí que lo va a tener. Será esa inflación recurrente inercial o el llamado efecto segunda vuelta que se genera precisamente por mecanismos inadecuados de revisión de precios.

Por tanto, decimos lo mismo. Creo que buscar contradicciones o distintas interpretaciones del mismo fenómeno no es necesario.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, termine, por favor.

El señor UTRERA MORA: Concluyo, refiriéndome al real decreto, con el reglamento que va a desarrollar esta ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Ciertamente es importante, hay una tarea muy importante a desarrollar. Todos los gobiernos autonómicos y municipales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, han de contribuir a un decreto, a un reglamento que es importante en su aplicación: que de acuerdo con lo que se dice en la ley, se tienen que establecer parámetros tan importantes...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Decía que se tienen que establecer parámetros tan importantes como a qué tipo de sectores, en qué tipo de contratos se va a aplicar la actualización o no, si va a ser la periódica predeterminada o no. Todas esas cuestiones tendrán que determinarse vía reglamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas del proyecto de desindexación de la economía.

En primer lugar, las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos la enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 61; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2, 4, 5 y 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 14; en contra, 146; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 4; en contra, 202; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222;



votos emitidos, 222; a favor, 5; en contra, 146; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3, 6, 7 y 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra, 144; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa. En primer lugar votamos la enmienda 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 22 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 62; en contra, 145; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 3; en contra, 203; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 26 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 3; en contra, 145; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 13; en contra, 145; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 3; en contra, 145; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 27, 29, 30 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 62; en contra, 145; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmienda de Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos las enmiendas 13 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 76; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 16 a 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 145; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 16; en contra, 145; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 77; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 147; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 39 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 148; en contra, 12; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de desindexación de la economía española.



PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 621/000106 Economía y Competitividad

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley de la Comisión de Economía y competitividad: Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador López Rodríguez.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Octavio Adolfo): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 23 de enero de 2015, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento ordinario. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 18 de febrero de este año, presentándose un total de 131 enmiendas, de las cuales ha sido inadmitida por acuerdo de la Presidencia de la Cámara de 23 de febrero de 2015 la número 109 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: Enmiendas 1 a 8 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 49 a 68 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 9 a 32 del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 69 a 108 y 110 a 113 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas 33 a 48 del Grupo Parlamentario Socialista, y enmiendas 114 a 131 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El día 2 de marzo se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y emitió el siguiente informe: La ponencia, por mayoría, con el voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, acuerda incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las propuestas que se contienen en las enmiendas 114 a 117, 120 a 128, 130 y 131 de dicho grupo parlamentario. Asimismo, se aprueban por mayoría la enmienda 118 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con una corrección de errores y dos enmiendas transaccionales formuladas, la primera, sobre las enmiendas 119 del mismo grupo parlamentario y 87 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y la segunda sobre la enmienda 129 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia, por la misma mayoría acuerda rechazar en este trámite las demás enmiendas presentadas a este proyecto de ley, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran adoptarse en fases ulteriores de la tramitación de esta iniciativa legislativa. De igual forma, la ponencia introduce algunas correcciones de técnica legislativa. Y, finalmente, en todo lo no modificado por las enmiendas aprobadas por las correcciones de técnica legislativa introducidas, se aprueba por mayoría el texto, tal y como fue remitido por el Congreso de los Diputados. A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen, los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto y los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.

Buen debate.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Comenzamos el debate de las enmiendas.

Enmiendas números 1 a 8 de los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas noches ya, señorías.

El senador Mariscal Cifuentes y yo mismo hemos presentado ocho enmiendas. Realmente, de contenido político solamente hay una, aquella que pretende introducir una disposición adicional nueva con la finalidad de recuperar la banca pública en nuestro país. En diferentes intervenciones y debates nos habrán escuchado sus señorías defender la utilidad de la banca pública como un instrumento necesario en una situación de crisis económica como la que hemos vivido, con una crisis del sector financiero que exigió un esfuerzo al conjunto de la sociedad para su rescate y, a lo largo de los últimos años, con una restricción del crédito muy importante, que sin duda hubiera podido ser compensada con la actuación de una banca pública como la que nuestro país tuvo hasta no hace tantos años.

En esta disposición adicional planteamos que se paralice cualquier proceso privatizador de las instituciones financieras intervenidas a través del FROB, que se nacionalicen de forma permanente las instituciones intervenidas y que se transformen en derechos políticos las ayudas públicas a estas entidades financieras.

Todas las demás enmiendas, las otras siete, afectan a la disposición final quinta. Fundamentalmente son cuestiones de carácter técnico y plantean lo siguiente.

Las enmiendas 2, 3 y 4 afectan al régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas para el inicio y el ejercicio de la actividad comercial y determinados servicios. Dado que se atribuye la actuación inspectora en esta materia a las entidades locales, también se les atribuye la potestad sancionadora y además se propone un orden de prelación jurídica en la Ley 12/2012, la Ley 30/1992 y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, para ordenar precisamente estos procedimientos sancionadores.

Mediante otra enmienda modificamos el artículo 28. e) de la Ley 12/2012. Entendemos que la literalidad del proyecto en este precepto 28. e) resulta una reiteración de la figura de la reincidencia que ya está contemplada en el precepto y por ello damos una nueva redacción estableciendo un nuevo supuesto en la gradación de las sentencias en los casos en los que esa reiteración de la infracción se produce después de un año. Entendemos, como les decía, señorías, que el texto ya contempla la situación de reincidencia dentro del año.

A través de dos enmiendas sacamos el resarcimiento de los gastos que haya generado la intervención y que tendrá que afrontar el infractor, y la obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la infracción, que en el proyecto están encajados en el régimen sancionador, artículo 27 de la Ley 12/2012. Por contra, trasladamos ambos contenidos al artículo 18, que establece la regulación de los responsables. Creemos que tiene mejor encaje aquí, que el proyecto gana en coherencia con estas modificaciones.

Finalmente, con la enmienda número 7 añadimos un nuevo párrafo que clarifique que las sanciones por el incumplimiento de la obligación de presentación de declaración responsable o comunicación previa, así como cualquier inexactitud o falsedad que se haya podido producir en estas declaraciones sean independientes y compatibles con las sanciones que se puedan derivar de una vulneración de la legislación urbanística cuando esta acompañe a las irregularidades en la presentación de la declaración responsable o comunicación previa.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas 49 a 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, intervengo desde el escaño para defender las enmiendas que presenta mi grupo.

Formulamos veinte enmiendas, que voy a dar por defendidas. Señorías, agrupamos las enmiendas en dos bloques, si bien ambos responden a las preocupaciones que nos han transmitido determinados grupos afectados por lo que salga del debate y votación de este proyecto de ley.

Todas las del primer grupo se refieren al artículo 43, y las consideramos oportunas porque son medidas orientadas al objeto perseguido por el propio proyecto de ley. En un segundo grupo concentramos las otras enmiendas, que recogen las preocupaciones a fin de que se reconozca legalmente, de forma expresa, que las entidades de capital riesgo pueden ser titulares de una plataforma de financiación participada.

Señorías, en el trámite parlamentario del Congreso se nos aceptó alguna enmienda y alguna más se transaccionó. No obstante, teniendo en cuenta la importancia del proyecto de ley que hoy debatimos, mi grupo considera que podría haberse aprobado alguna más, aunque esperamos que en este trámite parlamentario sí puedan ser aceptadas. Con dichas enmiendas aún sería mayor el consenso obtenido y el texto finalmente aprobado quedaría mejorado y enriquecido.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 9 a 24, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quisiera comenzar afirmando la necesidad actual de nuestro sector empresarial de un proyecto de ley mucho más completo, que posibilite de forma real la reactivación del crédito para impulsar fundamentalmente la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Desde nuestro punto de vista este proyecto de ley se queda corto, es insuficiente y presenta un claro desequilibrio a favor de las entidades financieras.

Por estos motivos los senadores y senadoras socialistas hemos presentado un conjunto de dieciséis enmiendas para intentar mejorar las medidas propuestas en el texto presentado por el Gobierno. En primer lugar me referiré a un conjunto de enmiendas con las que pretendemos mejorar el capítulo 1 sobre los derechos de las pymes ante la reducción o cancelación de los flujos de financiación por parte de las entidades financieras. Con las enmiendas 9, 10, 11, 12 y 13 pretendemos aumentar a cuatro meses el plazo mínimo para que las entidades de crédito notifiquen su intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación que vengan concediendo a una pequeña y mediana empresa. Además, la entidad estaría obligada a esta notificación cuando la cuantía a reducir sea igual o superior al 25 % del importe global de financiación. Consideramos muy importante aumentar el tiempo de preaviso de una entidad de crédito a una empresa antes de reducir o cortar el crédito para aumentar y reforzar las garantías de las pequeñas y medianas empresas.

En este caso es importante la enmienda número 13, que propone eliminar la posibilidad de que la entidad financiera decida suspender la financiación y no preavise a la empresa si lo justifica con razones objetivas que no detallan, y que claramente pueden ser objeto de arbitrariedad.

Con la enmienda 14 mejora técnicamente el texto al ampliar los años de información financiera o historial crediticio que la entidad financiera haya recopilado de la pyme. Además, con la enmienda 15 proponemos eliminar las salvedades que prevé el proyecto, y así las pequeñas y medianas empresas tendrían el derecho a solicitar esta información financiera en cualquier momento, de forma incondicionada y gratuita para los supuestos de terminación o disminución del flujo de crédito.

Con las mismas intenciones que las enmiendas que he detallado en este bloque, que no son otras que reforzar las garantías de las pequeñas y medianas empresas, la enmienda 16 adiciona un apartado al artículo 2 para obligar a las entidades de crédito a no extinguir o disminuir el flujo de financiación que venía concediendo a una pequeña y mediana empresa, si esta demuestra su solvencia durante un plazo mínimo de un año.

Por último con la enmienda 17 proponemos calificar como infracción grave el cumplimiento de las obligaciones previstas en este capítulo. No podemos permitir que un incumplimiento aislado de una entidad financiera se castigue como leve porque con ello se debilitaría el cumplimiento de la norma.

También hemos incluido las enmiendas 23 y 24 con modificaciones en las disposiciones finales para reducir sustancialmente los plazos para la entrada en vigor del derecho a la notificación del preaviso por terminación o disminución del flujo de financiación a una pequeña y mediana empresa. Con el texto del proyecto de ley tendría efecto a los ocho meses de su entrada en vigor, y no parece mucha celeridad teniendo en cuenta la necesidad urgente de mejorar la financiación bancaria, y también la no bancaria, a las pequeñas y medianas empresas.

El siguiente paquete de enmiendas que les voy a detallar cubre las carencias del texto del proyecto en el sentido de favorecer e impulsar la reactivación real del crédito a las pymes. Para ello incluimos una serie de disposiciones adicionales.

La enmienda 18 propone que la Administración pública promueva acuerdos con entidades de crédito para impulsar la financiación de pymes en crecimiento o en procesos de internacionalización. La Administración actuaría de garantía y asumiría parte del posible coste por mora que pudiera producirse en relación con esta financiación sujeta a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se establecerá reglamentariamente. La financiación que se contempla como susceptible de esa garantía frente al impago sería de 2 millones de euros como máximo. Se otorgaría por un plazo máximo de cinco años a interés de mercado y sería para pymes con cierta madurez empresarial, con facturaciones hasta un límite máximo de 5 millones de euros. Con esta medida la Administración pública evita que este tipo de préstamos tenga un coste de capital excesivo para las entidades financieras por los ratios legales de cobertura bancaria, que es uno de los principales motivos por los que actualmente no fluye el crédito o fluye muy poco.

Con la enmienda número 20 proponemos nuevamente la necesidad de crear un instrumento público de inversión que integraría a las diversas entidades financieras e instrumentos de financiación que existen en la actualidad —el ICO, Cofides, Cesce, CDTI— para garantizar que la financiación pública a las empresas se agilice y se mejore en su gestión. Esta agencia financiera pública se regiría por un modelo de negocio basado en una gestión eficiente de los recursos públicos y se sometería, obviamente, a los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas.

También creemos imprescindible la creación de una agencia de protección del consumidor de servicios financieros. Nuestra enmienda 21 contempla esta medida con el objetivo de velar por la seguridad del consumidor frente a posibles abusos en la comercialización de productos bancarios, como lamentablemente se han producido en nuestro país. En esta agencia se integrarían las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros.

Y finalmente, la enmienda número 19 pretende establecer con rango de ley la obligación de que ante cualquier apoyo público en los procesos de reestructuración de entidades de crédito sea el propio sector financiero el que asuma los costes y no los contribuyentes. Así, se exigiría como condición en los procesos de fusión, absorción o venta de la participación del FROB que el apoyo financiero público para garantizar la viabilidad de una entidad de crédito se reembolse o se recupere en su totalidad al final del proceso.

Para finalizar, señorías, también doy por defendidas las enmiendas 26 a 32, de nuestro grupo parlamentario, correspondientes a los senadores Guillot y Saura.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas de Convergència i Unió, 69 a 86, 88 a 108 y 110 a 113. Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Voy a dar por defendidas todas las enmiendas y concretaré solo algunas, las más importantes y significativas desde nuestro punto de vista.

Empiezo con la enmienda número 69. El proyecto dice que las entidades de crédito notificarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción con una antelación mínima de tres meses; nosotros proponemos que, en cualquier caso, antes de realizar la notificación en el plazo establecido las entidades de crédito deberán notificarlo a un organismo arbitral. Es decir, con esta enmienda se pretende que mediante el establecimiento de un arbitraje en forma de negociaciones, la pyme pueda entender los criterios que causaron el corte de esta financiación. En definitiva, esto es favorecer justamente la relación entre la entidad crediticia y la pyme correspondiente.

La enmienda número 70 hace referencia a un concepto también importante, porque en el proyecto se habla de la pyme, una pequeña o mediana empresa de acuerdo con la recomendación…; lo que nosotros proponemos es que se considere también a las personas físicas que ejercen actividades económicas de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 20/2007, del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, si bien el concepto de pyme se vincula a la dimensión empresarial, el concepto empresa se relaciona directamente con personas jurídicas o sociedades y existen precedentes interpretativos que han limitado el acceso de autónomos a los ordenamientos jurídicos cuando estos se refieren a las empresas. Por ello nosotros presentamos esta enmienda.

La enmienda 84 propone que en el asesoramiento a los promotores en relación con la publicación del proyecto en la plataforma se incluya la prestación de servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño.

Enmienda 89. El proyecto se refiere a una participación que no podrá superar el 10 % del objetivo de la financiación en cada proyecto ni permitir controlar las empresas, entendemos que dicha limitación no será de aplicación en el supuesto de que el proyecto de financiación no sea cubierto en el plazo establecido y se haya dado la oportunidad al resto de inversores de invertir de manera preferente frente a la propia plataforma. En definitiva, siempre que se dé la oportunidad a todos los inversores de participar en los proyectos de manera preferente frente a la plataforma, es injusto para los promotores no permitir que las plataformas participen en los proyectos que de alguna forma tienen como finalidad que dichos proyectos puedan quedar desiertos.

La enmienda número 90 pretende elevar el mínimo porcentual del 10 %. Nosotros entendemos que establecer un porcentaje tan reducido impediría injustificadamente la publicación de proyectos de los que las plataformas de financiación participativa fueran promotoras. Por ello, proponemos elevar el mínimo porcentual de un 10 a un 30 %. Esto, sobre todo en el inicio, tiene que favorecer justamente el objetivo de estas plataformas.

La enmienda 92 señala que los promotores, los socios de una entidad promotora, el administrador del promotor o los miembros de su consejo de administración no podrán hallarse inhabilitados conforme a lo previsto en la ley... Nosotros proponemos añadir: «Debiendo informar expresamente a la plataforma de financiación participativa si concurre cualquiera de estas circunstancias». En definitiva, se trata de evitar dudas interpretativas y eventuales responsabilidades, y se propone matizar que cualquier inhabilitación deberá ser notificada a la plataforma de financiación.

La enmienda número 94, hace referencia al artículo 69 que en su punto 5 señala: No obstante lo dispuesto en el apartado 4, las plataformas de financiación participativa podrán establecer en sus reglas de funcionamiento que el proyecto reciba financiación cuando se hubiese alcanzado al menos el 90 %. Nosotros proponemos el 80 %, no el 90 como propone la actual redacción. En definitiva, va en la línea de dar facilidades a la interacción.

La número 95, relativa al artículo 71.2, es una enmienda de supresión. El artículo 71.2 dice: Las plataformas de financiación participativa publicarán toda otra información relevante que obre en su poder sobre el proyecto o los promotores. Proponemos suprimir este artículo. Entendemos que la obligación de incorporar otra información relevante es una expresión vaga que puede dar lugar a confusiones y a diversas interpretaciones en cuanto a qué es o no una información relevante.

La enmienda 101 hace referencia al artículo 75.3. Proponemos la siguiente redacción: Las plataformas de financiación participativa podrán ocultar la identidad de los promotores si así lo desean estos, y publicar la información mediante perfiles ciegos. En definitiva, esta enmienda propone medidas de garantías de protección de datos y evitar así que sean malinterpretados. Esto es lo que se hace en otros países que hace tiempo están trabajando a través de las plataformas de financiación participativa. Consideramos que es una cuestión importante, sobre todo en lo que atañe a la protección de datos.

En la enmienda número 102, en relación con el apartado 75, proponemos un apartado nuevo señalando que las plataformas no podrán ser obligadas a publicar la información prevista en los apartados 1 y 2 anteriores en el supuesto de que la financiación se instrumente a través de préstamos. Es decir, va complementando la enmienda anterior.

La enmienda 107 hace referencia al artículo 82.1 y propone que las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún inversor no acreditado con respecto a los proyectos referidos en el artículo 50.1.a) y 50.1.b) se comprometa: … Y en el punto 2 se propone: Asimismo, cuando sea de aplicación, las plataformas de financiación participativa deberán requerir de los inversores no acreditados la manifestación a la que se refiere el artículo 84.2.b) para evitar que los inversores no acreditados inviertan en un periodo de 12 meses más 10 000 euros en proyectos publicados en el conjunto de plataformas.

La enmienda 112 hace referencia a la disposición transitoria nueva. En los momentos iniciales de funcionamiento de las plataformas seguramente no van a contar con los inversores necesarios para que los proyectos puedan ser financiados y, en consecuencia, los promotores no tendrán en consideración esta forma de financiación, dejándola de lado. Para suplir esta falta de inversores se permitiría a las plataformas participar durante un plazo de tres años en los proyectos, asumiendo el riesgo la propia plataforma. Entendemos que ello supone, en definitiva, favorecer esta cuestión.

Finalmente, la enmienda 111 hace referencia a la disposición transitoria undécima. La adaptación de ciertos requisitos supone un esfuerzo significativo por parte de las actuales plataformas de financiación participativa, por lo que entendemos que resulta necesario extender los plazos mencionados en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria.

En definitiva, estas enmiendas van en la línea de la protección de datos y facilitar las relaciones entre las plataformas financieras de participación y los promotores en busca de la financiación correspondiente, sobre todo en la fase inicial. Nos gustaría —y creo que estas enmiendas son importantes— que se pudieran tomar en cuenta a la hora de valorarlas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, 33 a 48 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el informe de la ponencia, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta es una ley necesaria pero insuficiente para los objetivos que pretende, básicamente reactivar el crédito a las empresas, en particular a las pymes, y además presenta un claro desequilibrio en favor de las entidades financieras, que son las que básicamente van a prestar esa financiación a las entidades empresariales. Creemos que en estos momentos de fundadas dudas sobre la solidez de la recuperación económica y dada la vulnerabilidad de los incipientes signos positivos de naturaleza macroeconómica, hace falta una ley que contemple medidas más contundes que permitan impulsar de manera decidida la financiación de las empresas y, especialmente, las pymes.

Es cierto que esta ley, cuya orientación compartimos, presenta novedades interesantes. Como ejemplo sirva el Título V, que establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas como crowdfunding. Estas plataformas, que constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera, desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. Pero esta es una opción emergente y no suficientemente implantada ni suficientemente conocida. Estimamos que la financiación empresarial merece respuestas más inmediatas y creemos que la financiación empresarial merece un calendario mucho más acelerado, además de unas condiciones de mayor equilibrio entre la banca y la empresa. Por ello, hemos presentado enmiendas que buscan básicamente reequilibrar la relación entre pymes, en especial, y empresas, en general, y banca, al tiempo que enmiendas que impulsan la consecución de los propios objetivos que la ley plantea y que refuerzan los recursos financieros para las empresas más allá de las estrictas oportunidades que ofrecen los mercados. Así, un paquete de enmiendas va orientado básicamente a ampliar los plazos de los preavisos a las empresas cuando existe la intención de no prorrogar o de extinguir el flujo de financiación. Además, establecemos un mínimo del 25 % en relación con la afectación de la reducción de la financiación que vienen utilizando esas empresas de determinadas entidades financieras.

En la línea de acelerar la virtualidad real de esta ley, proponemos reducir los plazos. En este sentido, pretendemos que el Banco de España, en el plazo de un mes desde la publicación de la ley, haga su trabajo para que sean posibles las previsiones de la misma; y que también un mes inmediatamente después de que a su vez el Banco de España haya hecho su trabajo, la ley sea efectiva. Si tenemos en cuenta las previsiones de la ley y no se aceptan estas enmiendas, prácticamente estaríamos hablando de un plazo mínimo de ocho meses entre que el Banco de España haga su trabajo y el tiempo para que ese trabajo sea efectivo. Por tanto, teniendo en cuenta que estamos en marzo, nos estaríamos situando en el final de 2015 o el principio de 2016; es decir, que estaríamos perdiendo un año y, además, un año crucial.

Permítanme que llame la atención especialmente sobre una enmienda que presentamos y que trata de suprimir la letra f) del apartado 4 del artículo 1. En este apartado se regula, a los efectos de que no sea obligatorio el preaviso, que cuando la entidad de crédito justifique en razones objetivas que las condiciones financieras... Pues bien, nosotros proponemos suprimir este apartado porque ¿cuáles son las razones objetivas por las que las entidades financieras pueden saltarse todas las previsiones de la ley? No vayamos nosotros a hacer bueno aquello de que quien hace la ley, hace la trampa porque, si no suprimimos este apartado, todas las previsiones de la ley orientadas a reforzar esa financiación empresarial prácticamente las estaríamos dejando al libre albedrío de las entidades financieras al no definir en la ley cuáles son esas razones objetivas. Es decir, que lo dejamos abierto de tal manera que la ley se puede convertir perfectamente en papel mojado si no suprimimos ese apartado.

Aunque ya lo ha hecho algún portavoz anterior, quiero insistir en la necesidad de que en los supuestos de terminación o disminución del flujo de financiación, las pymes tengan derecho a solicitar la Información Financiera-PYME, que ese derecho sea incondicionado y, además, que sea gratuito.

Asimismo, a través de nuestras enmiendas pretendemos que aunque una entidad financiera decida suprimir la financiación de una empresa, aun respetando las previsiones de la ley de preaviso, etcétera, cuando se den condiciones de solvencia objetiva de la empresa, que esa reducción no se pueda producir antes de un año. Creemos que esto sería muy práctico y muy efectivo e, insisto, no es algo caprichoso ni insostenible desde el punto de vista económico. Estamos hablando de cuando objetivamente esté demostrada la solvencia de la empresa, y si la entidad financiera, de manera caprichosa, quiere quitarle la financiación lo podrá hacer, pero preavisando y manteniéndola al menos durante un año.

Presentamos una enmienda de adición de una disposición adicional nueva orientada a completar el marco de financiación de la empresa que en nuestro país es fundamentalmente de naturaleza bancaria. Queremos abrir la vía para que se puedan suscribir convenios entre administraciones y entidades financieras a los efectos de impulsar otras medidas. Para ello, proponemos que se contemple la creación de instrumentos o mecanismos que incentiven a las entidades financieras a conceder mejores condiciones de financiación a pymes en fase de crecimiento, y con planes y presupuestos de negocio adecuados, además de gestionar el proceso de concesión de esa financiación, siendo la Administración quien actúe de garantía y quien asuma parte del posible coste por mora que pueda producirse en relación con esta financiación, sujeta siempre a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se establezca reglamentariamente. Las entidades que podrían ser beneficiarias de este tipo de financiación serían pymes con cierta madurez empresarial, con una facturación hasta un límite máximo que marcamos nosotros de 5 millones de euros y que estén teniendo destacadas dificultades de financiación para emprender nuevas líneas de negocio o una expansión internacional. También fijamos un límite ya que el importe máximo del préstamo sería de 2 millones de euros por empresa.

Dada la diversidad de instituciones públicas especializadas en facilitar recursos financieros, proponemos a través de una nueva disposición adicional que se cree el banco público de inversión para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa. En definitiva, se trata de racionalizar y buscar una mayor eficacia de instrumentos que ya tenemos.

Asimismo, a través de otra disposición adicional, proponemos que ante cualquier intervención pública en materia de crisis financiera se contemple que sea el propio sector financiero el que asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente, tal y como, por desgracia, ha venido ocurriendo hasta ahora y, si esto lo hiciéramos, tal y como está sucediendo en otros países de nuestro entorno.

Finalmente, proponemos una nueva disposición adicional que está orientada a una mayor protección del usuario de los servicios financieros. Es verdad que a lo largo del tiempo se han ido incorporando a nuestro ordenamiento medidas de protección a los inversores, pero todavía existen numerosos casos de falta de información y transparencia y de uso de malas prácticas bancarias en materia de productos financieros. En ese sentido, se propone la creación de una agencia de protección financiera como órgano en el que se integren las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros en aras de una protección más eficaz de los derechos de usuarios de servicios financieros, como decía.

Creemos, señorías, que, sin perjuicio —como hemos reconocido— de la oportunidad y la buena orientación de la ley, estas enmiendas vendría a suplir deficiencias considerables de la propia ley, y creemos sinceramente que mejoraría bastante si la mayoría parlamentaria acordara enmendarla en el sentido que proponemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señora presidenta, señorías, buenas noches.

Me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular posicionar a mi grupo en relación con las enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial.

Como sus señorías saben, inicialmente el texto propuesto por el Gobierno y apoyado por el grupo parlamentario que me honro en representar en defensa de este proyecto de ley presentaba un total de 131 enmiendas, de las cuales, 18 corresponden a mi grupo parlamentario, incorporadas en el debate tanto de la ponencia como de la comisión, quedando por lo tanto vivas un total de 113 enmiendas, de las que 16 corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, 45 al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 24 al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 20 al Grupo Parlamentario Vasco y 8, en concreto, al Grupo Parlamentario Mixto.

A lo largo de mi exposición voy a tratar de dar respuesta a los planteamientos expuestos por los grupos parlamentarios, a quienes agradezco, como no podía ser de otra manera, el trabajo desarrollado en aras de enriquecer el texto formulado por el Gobierno y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular. Sí les anuncio que teniendo en cuenta el análisis pormenorizado de las distintas enmiendas, mi grupo parlamentario aceptará dos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las enmiendas 84 y 111.

Empezando a contestar por el orden de intervenciones, en la medida en que ha hecho uso de la palabra el señor Iglesias en representación del Grupo Parlamentario Mixto, y haciendo un resumen del texto respecto a las enmiendas planteadas, he de indicarles que las enmiendas que ustedes formulan las rechazamos en base a los siguientes argumentos: La primera de ellas toma como punto de referencia la existencia o el concepto de naturaleza de banca pública. En opinión del Grupo Parlamentario Popular, no se considera necesario ni conveniente agrupar todas las entidades nacionalizadas en una única entidad de crédito público porque el Estado ya dispone de un organismo, que es precisamente el Instituto de Crédito Oficial. Además, el hecho de asumir el control del conjunto de todas las entidades nacionalizadas en base a la enmienda que ustedes plantean supone en sí mismo una circunstancia excepcional que estaría llamada a ser temporal. Por eso rechazamos en ese sentido la enmienda 1 que usted plantea.

En lo que concierne a la enmienda 2, he de decirle que en nuestra opinión la enmienda es superflua, porque la modificación propuesta no aclara ni mejora la redacción del apartado 2.º del artículo 17, que ya recoge suficientemente las normas de aplicación. Por su parte, la inclusión del orden de prelación propuesto, no se entiende necesario porque ya se deduce del propio texto original formulado por el Gobierno a través del contenido del proyecto de ley. Y, además, la adición del reglamento al ejercicio del procedimiento y también de la potestad sancionadora no añade nada nuevo, puesto que ya lo contempla el proyecto de ley.

En lo que concierne a la enmienda 3, también la rechazamos porque la redacción dada al apartado 5 del artículo 17 del nuevo título III de la Ley 12/2012, como su señoría bien conoce y sabe, incluye la siguiente leyenda que además le entrecomillo y le cito textualmente: La competencia sancionadora corresponderá a las entidades locales en el ámbito de sus competencias sin perjuicio de que las comunidades autónomas en su normativa específica establezcan otra cosa. Esto es fruto del consenso alcanzado precisamente en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. Dicho texto, señoría, fue llevado a la conferencia sectorial, fue ampliamente debatido y, finalmente, acordado en los términos de su actual redacción. Por otra parte, se entiende adecuada la precisión efectuada en la medida en que las administraciones autonómicas son las que cuentan con los medios adecuados para la comprobación, inspección y sanción de cuantos incumplimientos pudieran deducirse de la aplicación de la normativa de la Ley 12/2012.

Tampoco vamos a aceptar la enmienda 4 en la medida en que la redacción actual desde nuestro punto de vista es más completa que la que ustedes proponen, que consiste en quitar la referencia al artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En lo que se refiere a la enmienda 5, en nuestra opinión, hay una reiteración y una reincidencia que se definen en el artículo 24. Y el propio artículo 28 ya contiene una serie de criterios para la graduación de la sanción objeto precisamente de imposición. De manera que, en nuestra opinión, se debe guardar una debida adecuación y, por lo tanto, adaptación entre la gravedad del hecho constitutivo y, al mismo tiempo, la infracción y sanción, objeto de aplicación de ese hecho constitutivo de un, posible o no, delito. La letra e), por tanto, se configura como un criterio de graduación de sanciones y su apreciación exige la existencia de reiteración o reincidencia en el ámbito concretamente de un plazo superior al año, no hablo de delito sino de infracción con carácter o naturaleza administrativa.

En cuanto a la enmienda 6 por la que ustedes proponen, fundamentalmente, la supresión de las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 27, he de indicarle que en las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 27 se incluyen medidas que el órgano sancionador puede imponer y su inclusión en este artículo tiene, fundamentalmente, por finalidad ofrecer de manera clara un catálogo de posibles sanciones no pecuniarias que puedan ser impuestas en caso de la comisión de infracciones de naturaleza grave o muy grave. Introducir esta medida en el artículo 18, responsables, induciría a error. Y esta misma técnica de introducir dichas medidas en el catálogo de sanciones no pecuniarias se ha seguido en la configuración de otros regímenes sancionadores de carácter sectorial.

En lo que concierne a la enmienda 7, que es una enmienda de adición que ustedes formulan, en nuestra opinión tampoco procede aceptarla en la medida en que pretenden configurar un nuevo apartado 6 en el artículo 17 puesto que, una vez más, se ponen de manifiesto 2 regímenes sancionadores distintos que tipifican conductas e infracciones desde el punto de vista de la naturaleza administrativa diferentes, dirigidas en nuestra opinión a proteger también bienes jurídicos, concretamente, distintos y creemos que no es conveniente, no es razonable mezclarlo en el texto porque puede inducir y generar también confusión en torno al ámbito de distintos regímenes sancionadores.

En lo que respecta al bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa, quiero, fundamentalmente, ponerles de manifiesto la referencia a algunas de ellas, porque vienen a ser reiterativas por parte de algunos grupos parlamentarios. Por ejemplo, con la enmienda 9 se pretende establecer un preaviso o una ampliación de plazo de preaviso que ustedes citan a cuatro meses y que la propia notificación se realice respecto al crédito cuando se vea reducido en un 25 en lugar de un treinta y cinco. Nosotros consideramos que la redacción que el texto ha sufrido y que entra en el Senado está lo suficientemente calibrada para conseguir el objetivo de dar suficiente tiempo a las pequeñas y medianas empresas precisamente para encontrar fuentes alternativas de financiación, con usos de costes aplicados a las entidades de crédito.

En lo que concierne a la enmienda 10, también relativa a esa modificación y preaviso, consideramos, como he dicho con anterioridad, porque vendría a reproducir el argumento precedente, el hecho de dar ese suficiente tiempo en la búsqueda de fuentes de financiación alternativas a las pequeñas y medianas empresas.

En la misma línea me expresaría en torno a las enmiendas 11 y 12.

Respecto a la enmienda 15, por la que se pretende que las pymes tengan derecho a solicitar la Información Financiera-PYME y que se elimine la posibilidad de que las entidades cobren un precio por la elaboración de la información financiera, vinculada a la pequeña y mediana empresa, cuando no exista esa obligación de preaviso —según se deduce del contenido literal de su enmienda—, he de ponerles de manifiesto que una adecuada calibración de los costes de las entidades en las obligaciones contraídas con las pequeñas y medianas empresas lleva a la posibilidad de que exijan un contraprestación por la Información Financiera-PYME en caso de que no exista precisamente esa obligación de preaviso. En todo caso, en nuestra opinión, con el texto normativo que proponemos se garantiza que el precio no será superior al de elaboración, de manera que no tenga efectos disuasorios a su solicitud por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Igualmente, ustedes formulan una enmienda, la 16, relativa al artículo 2, apartado 4, que nosotros rechazamos porque entendemos que, más que la situación de la pyme, la información que puede revelar es la situación de la entidad o la estrategia a futuro por parte de la misma. En consecuencia, se considera —y así lo ve mi grupo parlamentario, el Popular— que de cara a la protección de los intereses de la pequeña y mediana empresa, sin perjudicar a la entidad, no es conveniente recoger esta información adicional que ustedes proponen vía enmienda.

Proponen también otra enmienda, concretamente la 19, relativa a la recuperación de apoyo público a entidades de crédito. He de indicarle que no corresponde regular, precisamente, esa naturaleza en el ámbito de la función a la que ustedes se refieren en este texto normativo. Y, además, su señoría sabe y conoce que en estos momentos está procediéndose a la transposición de la Directiva 2014/59, de recuperación y resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inserción que regulan, precisamente, estos asuntos. Ese es el motivo de por qué rechazamos esa enmienda.

En lo que concierne a la enmienda 26, quiero indicarles que la rechazamos porque, en nuestra opinión —como he dicho con anterioridad respecto a una enmienda similar presentada por el Grupo Parlamentario Mixto—, la modificación propuesta no aclara ni mejora la redacción del apartado 2 del artículo 17, que, desde nuestro punto de vista, ya recoge suficientemente las normas de aplicación. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que significa el reglamento del procedimiento del ejercicio de la potestad sancionadora, no añade nada nuevo que no estuviera contemplado.

En lo que concierne a la enmienda 28, que propone la creación de un nuevo apartado 6 en el artículo 17, no la aceptamos en la medida en que —como le he indicado anteriormente al Grupo Parlamentario Mixto, pues tiene una enmienda coincidente con esta— se trata de 2 regímenes sancionadores distintos, que tipifican conductas e infracciones administrativas también distintas y, en nuestra opinión, conviene no mezclar ni generar confusión en torno a regímenes sancionadores diferentes.

La enmienda 30 —por ir resumiendo— tampoco la aceptamos, sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestra opinión, la redacción que se propone por el Gobierno y que apoya este grupo parlamentario es más completa que la que se presenta vía enmienda por parte de su grupo parlamentario, que al fin y al cabo lo que propone es quitar la referencia que se hace al artículo 72 de la Ley 30/1992.

En lo que concierne al bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, me referiré a la enmienda 37, relativa al preaviso y a la supresión, en este caso, de lo que significa el precepto que prevé los supuestos en los que no es exigible la obligación de preaviso. En este punto, señoría, en la medida en que coincide con la enmienda 12 formulada al texto del proyecto de ley, nosotros consideramos que no es necesario ni adecuado suprimir este precepto; en algunos casos, porque no tendría sentido aplicar concretamente el preaviso y, en otros, porque iría en contra de una adecuada gestión de la política de riesgos realizada precisamente por las entidades que formaran parte del sistema.

En lo que concierne a la enmienda 38 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, y relativa al artículo 2.1.c), incluir la expresión «al menos» —adición literal de la enmienda que ustedes formulan— supone la ampliación del plazo que se requiere en relación con la información a la pequeña y mediana empresa. En nuestra opinión, esto no es adecuado en tanto amplía la obligación para las correspondientes entidades de crédito, aumenta los costes y, algo que consideramos más grave, señoría: genera inseguridad jurídica al no determinar cuántos años. Por eso le he entrecomillado la expresión literal de «al menos» que ustedes proponen en el contenido de su enmienda.

En su enmienda 40 proponen la adición de un nuevo apartado 4 al artículo 2, respecto a la información financiera de la pequeña y mediana empresa. Créame que esta información puede revelar, más que la situación real de la pequeña y mediana empresa, la situación de la entidad o la estrategia a futuro. En consecuencia, se considera que de cara a la protección de los propios intereses de la pequeña y mediana empresa, sin perjudicar a la entidad, no es conveniente, en nuestra opinión, recoger esta información adicional que usted propone en su enmienda. La obligación de prorrogar el crédito puede ir en contra de criterios prudenciales o de la propia estrategia de la entidad a la que hemos aludido.

En lo que concierne a la enmienda 45 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que hace referencia a la agencia de protección financiera del consumidor, he de indicarle, señoría, que en este momento se están evaluando las posibles mejoras en el sistema de protección del cliente financiero, aprovechando la transposición de la directiva, cuyo contenido versa de manera expresa sobre el propio crédito hipotecario. En nuestra opinión, además, se produciría un solapamiento con el contenido de la propia disposición adicional séptima que también proponemos en el ámbito de este texto normativo.

Señorías, en cuanto a su enmienda 47, que habla de la reducción del plazo que tiene el Banco de España para la elaboración del modelo-plantilla de cinco a un mes, creemos que se necesita tiempo para desarrollar ese modelo-plantilla a los efectos de determinar qué información concreta debe contener y, al mismo tiempo, en qué formato para que sea fácilmente comprensible y comparable. En ese sentido, rechazamos la enmienda teniendo en cuenta los argumentos que hemos dado.

Igualmente se pone de manifiesto por parte de otros grupos parlamentarios, como el Vasco, otra serie de enmiendas relativas a la emisión de obligaciones, como la 49. Señorías, el presente proyecto de ley modifica, como ustedes saben, el artículo 407 de la propia Ley de sociedades cooperativas, que elimina la necesidad de inscripción en el ámbito del Registro Mercantil para poner en circulación las obligaciones. Además, en virtud de la disposición derogatoria del apartado g) del artículo 408 del mismo texto normativo que acabo de citar, deroga la imposición de la publicidad en el Borme, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de dichas emisiones. Por lo tanto, en nuestra opinión, no se consideran necesarias esas aclaraciones.

La enmienda 51 pone de manifiesto el no determinar en rango legal la cuantía a partir de la cual las sociedades deben pasar al ámbito del mercado secundario oficial. En nuestra opinión, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, no se considera adecuado dejar esta decisión al arbitrio de la sociedad rectora, sino que se prefiere establecer un criterio con rango normativo y legal, siendo ese el motivo del rechazo de su enmienda.

Otra enmienda es la que alude al 43.Ocho, la de introducir como contenido obligatorio del reglamento los informes periódicos de la actividad supervisora, concretamente de la entidad en este caso rectora. Señoría, esta información se ha incluido ya en el artículo 120.4 de la Ley del mercado de valores según el actual apartado Doce del artículo 43 de este mismo texto normativo, es decir, del mismo proyecto de ley.

Otra enmienda versa sobre la modificación o supresión del precepto por el que la sociedad rectora debe remitir información trimestral sobre la actividad supervisora. En ese sentido, nosotros consideramos necesario mantener este precepto en rango legal y no como contenido obligatorio del reglamento del sistema multilateral de negociación.

Otra enmienda que ustedes plantean es, por ejemplo, la 61, la de otorgar competencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para recabar información de auditores y otros profesionales. En nuestra opinión no procede reconocer concretamente estas potestades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin desvirtuar la naturaleza que tienen los propios SM.

Otra enmienda que ustedes plantean es la que se refiere a infracción grave por incumplimiento de transparencia. Nosotros preferimos la redacción dada al artículo 99 de la Ley del mercado de valores en el apartado Seis del artículo 43.

En lo que se refiere al crowdfunding, voy a hacer referencia a distintas enmiendas que se solapan unas con otras en esta modalidad que se incorpora en el ámbito de la ley y que vienen a ser enmiendas recurrentes en las que ha incidido de manera muy especial el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Por ejemplo, al margen de lo que significa la valoración de algunas de ellas relativas a preaviso o como titulizaciones, permítanme que las referencias que quiera hacer fundamentalmente al crowdfunding hagan referencia, por ejemplo, a la enmienda 83. Esta enmienda, formulada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, no la aceptamos porque creemos que los contratos de cuentas en participación son regulados de forma muy parca en el propio Código de Comercio y apenas son utilizadas hoy día en el ámbito de los usos comerciales. Su inclusión en el proyecto de ley, en nuestra opinión, sería de escasa utilidad y, además, podría generar confusión.

Sí le aceptamos la enmienda 84 porque creemos que resulta conveniente clarificar que dentro de la labor de asesoramiento por parte de los promotores se incluye la prestación de servicios conexos como aquellos que usted ha citado relativos a áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño.

No le aceptamos la enmienda 85, también relativa al crowdfunding, que hace referencia al artículo 52, apartado 1 letra b), relativo a eliminar ese apartado ya que establece la prohibición de actuar como entidad de pago sin licencia. Sin embargo, se rechaza ya la prohibición de dicho apartado, que es más amplia, ya que se limita a la recepción de todos los fondos de clientes para luego exceptuar que tengan como finalidad los servicios de pago en caso de que cuenten con autorización de entidades de pago.

También el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió formula la enmienda 89, relativa a lo que significan las plataformas de financiación participativa. La enmienda propone que no se aplique el límite del 10 % de inversión máxima por las plataformas de financiación participativa cuando no se haya alcanzado el objetivo de financiación, como usted ha explicado en esta tribuna. Nosotros la rechazamos por considerar que un límite del 10 % es adecuado para asegurar la neutralidad de la plataforma frente a los proyectos, a la vez que se evita que algunos de ellos no reciban en este sentido financiación suficiente.

Formulan ustedes también la enmienda 92 —voy terminando— en virtud de la cual pretenden una modificación del artículo 67.2. Esta enmienda pretende obligar a los promotores a informar a las plataformas. Así se deduce del contenido literal de su enmienda. Sin embargo, en nuestra opinión es la plataforma la que tiene que verificar el cumplimiento de estas obligaciones sin que la norma determine cómo. Se podrá hacer a través de una declaración firmada o como estime conveniente la plataforma. La redacción propuesta cambia el enfoque, pasando precisamente a estar obligado por la norma el promotor y no la plataforma. Ese es el motivo de nuestro rechazo a esta enmienda.

Plantean también la enmienda 95, relativa al crowdfunding, que afecta al artículo 71.2 del proyecto de ley, porque la obligación de incorporar información relevante es una expresión vaga. Se rechaza porque las plataformas no deben tener discrecionalidad a la hora de publicar la información que consideren relevante, sino que, en nuestra opinión, deben estar obligadas.

Otra enmienda es la 102, relativa al artículo 75, en virtud de la cual el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió pretende fundamentalmente eliminar los perfiles ciegos del promotor cuando goce de una garantía solidaria de una entidad aseguradora. Se rechaza porque nos parece que un perfil ciego completo es desaconsejable precisamente dado el carácter individual y personalista que tienen en su naturaleza los préstamos. Además, en negocio, esto se parecería a un proceso de captación de depósitos.

Como he dicho con anterioridad, sí aceptamos la enmienda 111. Esta enmienda que formula el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió pretende ampliar de doce a quince meses el plazo a partir del cual solo podrán actuar concretamente las plataformas de financiación participativa que hayan sido autorizadas e inscritas en los registros, para que la propia CNMV disponga del tiempo suficiente para autorizarlas teniendo en cuenta que el plazo para la autorización es de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Termino haciendo alusión a una última enmienda, también del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que afecta a la naturaleza del preaviso en el marco de la disposición final novena. También la rechazamos porque lo dispuesto en el Título I en el marco normativo de este proyecto de ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación por el Banco de España del modelo plantilla de la Información Financiera-PYME, quien a su vez deberá publicarlo en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Tampoco se justifica por qué debe aplicarse solo a los contratos nacidos a partir de la entrada en vigor. Créame, senador Alturo, que la retroactividad es, salvo disposición legal expresa, de grado medio. Es decir, el Título I se aplicaría a los contratos nuevos y retroactivamente a los nacidos antes de la entrada en vigor, cuyos efectos persisten una vez esté en vigor la nueva ley. Creemos que esto es lo que parece razonable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

No voy a mencionar, porque ya se ha hecho extensamente, los diferentes aspectos que este proyecto de ley trata, pero sí voy a agradecer la exhaustiva explicación del senador Fernández de Moya. Se lo digo con toda la sinceridad, por el respeto que me merece el contraargumento y la diferente opinión, porque para nuestro grupo este proyecto de ley es importante. Constatamos que la financiación a las pymes es una cuestión absolutamente prioritaria y urgente. El proyecto de ley es, como digo, razonable y prueba de ello es la evidencia de la ausencia de vetos planteados al mismo. Nos parece razonable que las entidades financieras traten a las pymes como instituciones mayores porque no siempre se les ha dado un trato exquisito y en algunas ocasiones han tenido un tratamiento despectivo. El proyecto es clave para ellas, para las pymes, que tanta importancia tienen en el entramado económico de este país y es también clave para salir de la situación actual de crisis, pero a su vez es un proyecto que llega tarde. No alcanzamos a entender por qué, si existía un consenso político amplio en torno al mismo, ha tardado tanto tiempo en ver la luz. No obstante, dada su importancia, bienvenido sea. Añado que, aunque admitimos su importancia, no nos parece que quizás sea suficiente. Mi grupo considera que habrá que adoptar otras medidas, al tiempo que ve la luz el propio proyecto de ley, de impulso a la actividad económica de las pymes para que generen una dinámica que nos permita salir de la actual situación de crisis, como decía anteriormente.

Como se trata, como digo, de un conjunto de medidas que consideramos necesarias, pero no suficientes, aunque sí orientadas en la buena dirección, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, apoyará el proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador, president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley aborda, sin duda, uno de los problemas más importantes que tiene nuestra economía, y de manera particular nuestras empresas, que es el de la financiación y, especialmente, la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, de los autónomos, ya que de manera generalizada en los últimos años el acceso al crédito bancario ha padecido y padece enormes restricciones. Por tanto, en nuestro país especialmente la movilización de la financiación, la búsqueda de nuevos instrumentos para canalizar la misma, es una condición imprescindible para asegurar que la recuperación económica sea una realidad y pueda hablarse de la misma en términos de verdadero crecimiento y empleo, especialmente en el medio y largo plazo porque, si bien es cierto que en los últimos meses ha mejorado algo el acceso a la financiación de las empresas, esta pequeña mejora, fruto de las políticas monetarias del Banco Central Europeo fundamentalmente, es difícil que pueda ser aprovechada de manera suficiente por el colectivo más importante de empresas de nuestro país cuya financiación, no obstante, sigue dependiendo básicamente del crédito bancario.

Las empresas españolas, y de manera muy particular las pymes, soportan, por tanto, condiciones en el acceso al crédito mucho más adversas que el resto de empresas europeas, lo cual, además, dificulta su competitividad en el marco del mercado único. En el caso de las pymes es especialmente preocupante, ya que, como saben ustedes, significan el 64 % de nuestro PIB y el 73 % del empleo. Por eso, cualquier estrategia de recuperación de la economía conlleva y exige mejorar el acceso a la financiación de las mismas. Así, el avance de España hacia un sistema financiero más resistente, equilibrado y flexible pasa por facilitar a las empresas el acceso a la financiación de diferentes modos y en diferentes circunstancias.

Antes comentaba que a las dificultades del acceso a la financiación, como consecuencia de la crisis, se une un peso muy elevado del crédito bancario como fuente casi única de financiación. El reto de este proyecto de ley es propiciar los mecanismos y los instrumentos de control adecuados para una financiación externa, especialmente no bancaria, y corregir disfunciones existentes en la bancaria.

Señorías, como pueden ver, mi grupo comparte los objetivos de este proyecto de ley, gran parte del diagnóstico sobre el que se efectúan las propuestas y algunas de estas propuestas. Así, nos parece positiva la regulación de los establecimientos financieros de crédito a pesar de las dificultades que pueda comportar su efectiva puesta en marcha. Igualmente, compartimos la idea de que en los mercados de capital cuando una empresa sobrepasa un determinado umbral, se pasa automáticamente de un sistema de contratación multilateral a un mercado regulado, más supervisado, con más garantía para los inversores, por citar algunas cuestiones. Ahora bien, ¿solventará esta ley los graves problemas de financiación de nuestro tejido empresarial? Esa es la pregunta. Nosotros pensamos que no y ello es porque se queda corta a la hora de proponer instrumentos y también de regularlos. Las alternativas financieras de las empresas, además de la bancaria, pueden ser diversas. El proyecto de ley reforma y rediseña algunos de estos instrumentos y regula por primera vez algún otro. Pero aunque contiene numerosas disposiciones que compartimos, como decía hace un momento, se queda corto.

Es necesario regular los derechos de las pymes en supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación, pero pensamos que no de una manera tan restrictiva. Es necesario reformar el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, pero aquí no residen tampoco los problemas medulares de la dificultad del acceso al crédito por las empresas. Es necesaria la reforma del régimen de titulizaciones, incrementando la trasparencia, calidad y simplicidad de las titulizaciones en nuestro país y refundiendo lo disperso de su regulación, pero a pesar de que es un avance, todos somos conscientes de las limitaciones de ese instrumento. En España los niveles de uso y desarrollo de la titulización del crédito a las pymes distan mucho del de otros países de nuestro entorno.

Asimismo, era necesario mejorar el acceso de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes, a los mercados de capital. El mercado alternativo bursátil o el mercado alternativo de renta fija son hoy en nuestro país instrumentos poco significativos y con un peso poco determinante en la financiación empresarial. Es necesario regular también un fenómeno creciente como son las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas crowdfunding, podríamos decir los micro business angels. Facilitar y regular la puesta en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos a inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Nosotros estamos convencidos de que lejos de ser un sistema de financiación marginal, tal y como apuntan algunas experiencias internacionales, será utilizado de manera creciente por inversores profesionales, inversores acreditados.

Fomentar el flujo de financiación de las pymes en la economía española ha de pasar también por reducir la fragmentación y la descoordinación del actual conjunto de instrumentos a disposición de las mismas. Pensamos que el paso que supone esta ley en este campo es incompleto. Así, el proyecto de ley no resuelve ni la propia dispersión de los instrumentos públicos que tienen relación con la actividad empresarial.

Para cubrir los vacíos de insuficiencias de este proyecto de ley, hemos presentado un conjunto de enmiendas, ya comentadas en mi anterior intervención, que sin ningún género de dudas mejorarían sustancialmente el mismo. Lamentablemente, en este caso la nula receptividad del grupo mayoritario descartándolas, poniendo de relieve el avance que supone este proyecto de ley, hace que no podamos darle nuestro apoyo y nos abstengamos en la votación del mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president, gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera empezar agradeciendo al senador Fernández de Moya la aceptación de las enmiendas 84 y 111, junto con la transaccional que ya se incluyó en la ponencia. Entendemos que mejora muchísimo el proyecto de ley en su conjunto con estas enmiendas, más las que se introdujeron en el Congreso y que, en definitiva, mejora la financiación de las pymes de manera especial.

Quiero remarcar que el problema principal que han tenido las empresas en este país, sobre todo las pymes, ha sido la falta de acceso a la liquidez, la falta de acceso al crédito, que en muchísimas ocasiones han visto que para las pólizas de crédito que habitualmente tenían les han exigido garantías, ha aumentado el interés, les han recortado y, en definitiva, ha conducido a muchas de ellas a tener que dejar la actividad que venían realizando. Por lo tanto, son muchas las iniciativas que desde mi grupo parlamentario hemos venido realizando, tanto en el Congreso como en el Senado, para que el crédito fluyera a las pymes. Usted lo sabe muy bien.



Hemos presentado muchísimas iniciativas y creo que es la base prioritaria para crear ocupación. Si no hay pymes, si las pymes no pueden funcionar, las empresas no pueden funcionar, no tienen liquidez y no hay creación de ocupación. Creo que con esta ley hacemos, por un lado, un sistema más flexible y más ágil para acceder a la financiación bancaria y, por otro lado, precisamente la novedad de esta ley es que estamos hablando de las plataformas de financiación participativa. Esta es la novedad de esta ley, el aspecto más importante.

Nos hubiera gustado que hubieran aceptado más enmiendas porque entendemos que hubiera facilitado la relación entre promotores y plataformas, pero, en definitiva, entendemos que todo aquello que vaya en favor de las pymes, en favor de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de la creación de empresas, es positivo, estamos satisfechos con ello y, por tanto, vamos a dar apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré de forma breve. Vamos a mantener el criterio de voto del Congreso y vamos a abstenernos en este proyecto de ley. No ha habido voluntad de diálogo por parte del Grupo Popular para aceptar enmiendas, y, además, creemos que hay que ir más allá en este proyecto de ley, como ahora explicaré. Por eso digo que si bien damos la bienvenida a un conjunto de medidas que pueden ayudar a resolver uno de los grandes problemas que tiene la economía española como es la falta de financiación, sin embargo, en el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer una serie de consideraciones de tipo general. La primera es que les recuerdo que hoy el crédito a las pymes y a los autónomos todavía es dificultoso y aquellas se mueren por falta de crédito en número de 400 000. Así lo reconocía recientemente el propio presidente del Instituto de la Empresa Familiar en presencia de la vicepresidenta del Gobierno. Además, la financiación, cuando se consigue, es menos ventajosa para las empresas españolas que para el conjunto de la media de la Unión Europea, hasta el punto de que una pyme española se financia al doble que una pyme alemana. Pues bien, ante esto hay una clara pregunta: ¿este proyecto de ley resuelve el problema de la financiación? Evidentemente, no. En primer lugar, porque este proyecto de ley es insuficiente para reactivar el crédito bancario a las empresas, en general, y a las pymes, en particular. Y, en segundo lugar, porque presenta un claro desequilibrio a favor de las entidades bancarias y financieras que son las que van a prestar esa financiación a las empresas.

Esta es una ley que llega tarde, que no es de aplicación inmediata en muchos de sus aspectos y que, como he dicho, es insuficiente. En definitiva, es un parche que no va a solucionar el problema de la financiación de nuestras pymes. Desde nuestro punto de vista debería ser una ley mucho más clara y que tuviese un compromiso mayor de apoyo con nuestras pymes, que son las que verdaderamente crean empleo. En esa línea van las enmiendas que ha defendido anteriormente mi compañero Ramón Ortiz, que tratan de reforzar las garantías de las empresas, especialmente, de nuestras pymes, al mismo tiempo que pretenden reducir la discrecionalidad que beneficia a las entidades bancarias y financieras en este proyecto de ley. Lo que pretendemos, en definitiva, es mejorar las condiciones de financiación, pero también potenciar mucho más fuentes alternativas a las bancarias y apostar por fuentes públicas de financiación y de inversión que permitan un flujo real del crédito a las pymes que son la base de nuestro tejido productivo. Por eso, proponemos la creación de un banco público de inversión, similar al que ya existe en otro país como es Francia, que agrupe a todas las entidades e instrumentos de financiación pública que existen en este momento en nuestro país, como son el ICO, Cofides, Cesce o CDTI, para garantizar la financiación pública a las empresas y, de manera especial, a las pymes, bajo criterios de eficiencia, de transparencia, de objetividad y de rendición de cuentas.

Señorías, el Gobierno afirma que nuestra economía no ha necesitado ningún rescate y afirma mal, aparte de obviar el rescate bancario que tendremos que pagar todos los ciudadanos por decisión de este Gobierno —por cierto, una de nuestras enmiendas va en la línea de evitar que futuros rescates bancarios los paguemos los contribuyentes, los paguemos el conjunto de los ciudadanos, los paguen las entidades financieras, el conjunto del sector financiero, como ya ocurre en otros países de nuestro entorno—. Digo que además de ese rescate bancario, al rescate de este país, al rescate de este Gobierno ha venido en más de una ocasión el señor Draghi tranquilizando a los mercados, comprando masivamente deuda pública o bajando los tipos de interés, por no hablar de otras decisiones que no tienen que ver nada con el Gobierno del Partido Popular, como es la depreciación del euro o la bajada del precio del petróleo.

Sin embargo, al margen de estas circunstancias, que son coyunturales y que dependen de decisiones de las instituciones europeas, que nos pueden ayudar a salvar a corto plazo los muebles, lo que necesita la economía española son reformas estructurales que traigan competitividad y productividad. Desde luego, si por reformas estructurales este Gobierno entiende precarizar el mercado laboral o competir con bajos salarios o empobrecer a los trabajadores y a las clases medias, ningunear a los autónomos o destruir el capital social de nuestro país, por no hablar de la falta de iniciativa, de alternativa económica a la construcción o al turismo, así, no vamos a ningún lado; al contrario, no se conseguirán resolver las altísimas tasas estructurales de paro, que es uno de los grandes problemas que tiene la economía española.

Termino ya. Este país necesita, como ha propuesto el Partido Socialista, una agenda para la transición y para la modernización de nuestra economía que permita una reindustrialización, que apueste claramente por facilitar el crédito a las pymes y a los autónomos y que resuelva la baja competitividad, el elevado paro, la precariedad laboral y el endeudamiento público y privado. Así sí se recuperará la economía y se creará empleo de calidad y, además, podremos devolver, como he dicho en la intervención relativa a la pobreza energética, la dignidad a millones de españoles que la han perdido con las políticas antisociales y neoliberales de este Gobierno, que han traído más paro, más desigualdad, más precariedad, menos servicios públicos, menos consumo, menos crédito. Y eso ha provocado el cierre de muchas empresas, fundamentalmente pymes, que son la base de nuestro tejido productivo y de un mayor empleo en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió el apoyo, con su voto favorable, a este proyecto de ley, así como al resto de grupos parlamentarios el tono de sus intervenciones. Eso sí, he de manifestar cierta sorpresa por la intervención del senador del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando hable de desempleo busque usted bien en la geografía española quién lidera el paro precisamente en el conjunto de España y verá que es Andalucía, gobernada por el Partido Socialista. (Aplausos.— Rumores). Yo solo he dado un dato objetivo. La comunidad autónoma de España que tiene mayor desempleo es la Comunidad Autónoma de Andalucía; es un dato objetivo, solo le pido que se repasen los datos.

Senador Alique, del Grupo Parlamentario Socialista, por favor, demuestre un poco de coherencia política. Repásese usted la reducción del crédito vinculada a las pequeñas y medianas empresas desde el año 2009. ¿Quién gobernaba en España en el año 2009? Gobernaba entonces el Partido Socialista. ¿Qué medidas pusieron ustedes en marcha vinculadas a que se inyectara liquidez a la pequeña y mediana empresa? Ni una sola, ni una. Y ahora, que nosotros ponemos en marcha este proyecto de ley de financiación empresarial, ustedes se ponen de canto: ni que sí ni que no, sino me abstengo.

Quiero poner de manifiesto que la doble finalidad que persigue este proyecto de ley es amparada, apoyada y avalada por el Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente porque este proyecto de ley pretende hacer más accesible y más flexible la financiación bancaria a las pequeñas y medianas empresas. Es más, parte de la necesidad de que hay que potenciar la recuperación del crédito bancario dada su vital importancia en el conjunto del sistema financiero.

¿Y sabe usted cuál es la segunda medida? Pretende avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación sentando las bases regulatorias necesarias para consolidar y fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España. Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, la función última del sistema financiero y su aportación más definitiva a la actividad económica consiste precisamente en la canalización eficiente de recursos, desde los agentes con capacidad de ahorro a aquellos que necesitan financiación. Eso es lo que hace el Gobierno de España y lo que respalda el Grupo Parlamentario Popular, que el correcto funcionamiento y la adecuada regulación que debe producirse de la inversión a través de entidades bancarias o del acceso directo a mercados de capitales relacionen a inversores y a demandantes de financiación.

Probablemente, señor presidente —y con esto termino—, lo que le moleste al Partido Socialista es que ellos fueron incapaces de poner en marcha este proyecto de ley de apoyo al tejido económico español, a la pequeña y mediana empresa, y el hecho de que una vez más lo tenga que hacer el Gobierno del Partido Popular, le pese a quien le pese. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos el proyecto de ley de financiación empresarial.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 2; en contra, 205; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 12; en contra, 137; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 210; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la enmienda 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 14; en contra, 197.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 14; en contra, 139; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 50, 51, 53, 54, 59 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 14; en contra, 138; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 15; en contra, 135; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa comenzamos votando la enmienda número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 60; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 21, 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 57; en contra, 138; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 9 a 19 y 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 3; en contra, 205; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 26 y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 12; en contra, 138; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos la enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 200; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 69, 70, 77, 78, 81, 83, 91, 92, 105, 109 y 110

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 14; en contra, 197.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 71, 88 a 91, 95 a 104, 106 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 14; en contra, 198.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 60; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 147; en contra, 62; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 15; en contra, 194; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 60; en contra, 148; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 62; en contra, 133; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por el informe de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 60; en contra, 150; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 153; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado. (Aplausos).

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas noches.

Eran las veintidós horas y diez minutos.


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