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DS. Senado, Pleno, núm. 147, de 12/03/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 68

celebrada el jueves, 12 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 621/000102 derecho de manifestación; documento de identidad; expulsión; libertad de reunión; seguridad pública; transparencia administrativa Interior


Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 621/000107 administración pública; cargo público; incompatibilidad Constitucional


Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 621/000109 auditoría; financiación de los partidos; verificación de cuentas Constitucional

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 621/000102 Interior

El señor Rabanera Rivacoba, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 3.

El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y del señor Mariscal Cifuentes.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 2, de los señores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, de la señora Mendizabal Azurmendi y del señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 7, de este senador y del señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 8, de la señora Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sendra Vellvè defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes, el señor Martínez Oblanca, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla y el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto............................................................................... 14086

El señor presidente informa a la Cámara de que el senador Marín Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática, siendo el sentido de su voto contrario a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 82; en contra, 139 más 1 voto telemático, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 82; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 83; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 42 a 62.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 8 y 10 a 41 del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este senador y por el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 114 a 142, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 143 a 176 y 177 a 211, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sendra Vellvè defiende las enmiendas 98 a 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ángel Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 63 a 97 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 216 a 218, 220 y 225 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, e igualmente en lo modificado por la enmienda 224 del mismo Grupo Parlamentario en la redacción de la misma aprobada en la reunión de la Ponencia.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 621/000107 Constitucional

El señor Cuevas Cuerda, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y del señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 3, de la señora Almiñana Riqué , del señor Bruguera Batalla, del señor Martí Jufresa, del señor Montilla Aguilera, del señor Sabaté Borràs y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Piñeiro García-Lago, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Piñeiro García-Lago, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

Se procede a votar las propuestas de veto. ...................................................... 14122

El señor presidente informa a la Cámara de que el senador Marín Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática, siendo el sentido de su voto contrario a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 216 más 1 voto telemático, 217; a favor, 65; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 15.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 218 más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto telemático, 219; a favor, 67; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217, más 1 voto telemático, 218; a favor, 67; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217 más 1 voto telemático, 218; a favor, 66; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138; abstenciones, 14.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Votación) 621/000102 Interior

Se procede a votar los votos particulares. ...................................................... 14123

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 119 y 134.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 168 296 a 168 298.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se procede a votar los votos particulares. ...................................................... 14123

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 119 y 134.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 168 296 a 168 298.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Continuación) 621/000107 Constitucional

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas 20 a 26.

El señor Yanguas Fernández da por defendida la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada inicialmente por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 2 a 19, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este senador y por el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 33 a 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 54 a 71, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 72 a 92, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sala Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Guillot Miravet y el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sala Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. .................................................................................... 14139

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 621/000109 Constitucional

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y del señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet y el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. .................................................................................... 14157

El señor presidente informa a la Cámara de que el senador Marín Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática, siendo el sentido de su voto contrario a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta número 1, con el siguiente resultado: presentes, 211 más 1 voto telemático, 212; votos emitidos, 211 más 1 voto telemático, 212; a favor, 4; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 71.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 210 más 1 voto telemático, 211; votos emitidos, 210 más 1 voto telemático, 211; a favor, 4; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 70.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas 40 a 43

El señor Yanguas Fernández da por defendidas enmiendas 1 a 4 y 7, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por el señor Eza Goyeneche, por la señora Salanueva Murguialday y por el señor Yanguas Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 9 a 39, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por este senador y por el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 89 a 115, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Martí Jufresa da por defendidas las enmiendas 44 a 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 51 a 81, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 116 a 138, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 82 a 88, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ..................................................................................... 14172

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con números de registro 168 549 a 168 556.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 621/000102 Interior

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Buenos días a todos. Gracias, señor presidente.

Como bien saben ustedes, el pasado 18 de julio del año 2014 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Con diversas modificaciones, el Pleno de dicha Cámara aprobó el proyecto de ley en sesión celebrada el día 11 de diciembre del mismo año, 2014, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 22 de diciembre del mismo año. El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley espiró el pasado día 10 de febrero. Durante dicho plazo se presentaron 8 propuestas de veto y 225 enmiendas, retirándose posteriormente una de estas.

La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por la señora Capella i Farré, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el señor Bruguera Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; los señores Cascallana Gallastegui y Ángel Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y los señores Aznar Fernández y Peñarrubia Agius, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia, reunida el día 25 de febrero de 2015, emitió informe sobre este proyecto de ley proponiendo, por mayoría, incorporar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en los términos recogidos en dicho informe, así como introducir determinadas modificaciones de carácter gramatical o de orden técnico.

La comisión se reunió el pasado día 4 de marzo para dictaminar el proyecto de ley. En dicha sesión se defendieron y votaron las propuestas de veto, resultando todas ellas rechazadas. Se deliberó a continuación sobre las enmiendas presentadas. Sometido a votación el informe de la ponencia resultó aprobado y, en consecuencia, dictaminado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. El dictamen de la comisión y los votos particulares presentados han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, con fecha 6 y 9 de marzo pasados, respectivamente.

Este proyecto de ley, como saben ustedes, tienen como objetivo sustituir el texto de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Según expresa su preámbulo, el cambio legislativo estaría justificado por el cambio social producido desde aquella fecha, las nuevas formas de riesgo para la seguridad y la tranquilidad ciudadana y los nuevos contenidos que la demanda social incluye en estos conceptos; la necesidad de contemplar la jurisprudencia constitucional y, por último, la de actualizar el régimen sancionador en estas materias.

La regulación contenida en este proyecto se desarrolla en 55 artículos, ordenados en 5 capítulos sucesivos, relativos a disposiciones generales, documentación e identificación personal, actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, potestades especiales de policía administrativa de seguridad y régimen sancionador. Completan el articulado 7 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales.

Nada más, muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Pasamos al debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 3 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días, senadores y senadoras.

Esquerra Republicana ha presentado veto a la Ley de seguridad ciudadana —y no somos los únicos, pues existen 7 vetos en total—, un proyecto de ley que suscita un profundo rechazo por parte de asociaciones, de juristas, de organismos internacionales, relatores de Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Ya sabemos que hay quien no considera a Amnistía Internacional, pero seguro que al Gobierno del Estado español le iría mucho mejor si, de vez en cuando, se leyese alguno de sus informes. Como les decía, se han opuesto a esta ley también la mayoría de los partidos políticos que conforman la oposición en esta Cámara, así como el Consejo General de la Abogacía, Acnur, Cáritas, la Plataforma del Tercer Sector, Red Española contra la Trata de Personas y, en este caso, profesores de Derecho Internacional.

En primer lugar, me gustaría apuntar que hoy tampoco nos acompaña —como suele ser habitual— el ministro, señor Fernández Díaz, quien debería, a criterio de esta senadora, haber tenido al menos la valentía de venir a presentar la ley que él propugna desde su ministerio.

Esta ley, la denominada ley mordaza, junto con las dos leyes que fueron aprobadas ayer bien entrada la noche, el Código Penal y la Ley antiterrorista, conforman el último eslabón de una trilogía represiva en manos del Partido Popular —partido cuyo grupo conforma la mayoría de esta Cámara y que da apoyo al Gobierno del Estado español—. Ustedes culminarán hoy su gran obra recortando derechos fundamentales y libertades públicas. Ustedes sitúan el escenario legal español en una permanente involución. Es verdad. Ustedes sienten nostalgia de esos tiempos pasados en los que algunos de ustedes se sentían tan cómodos y a los que seguramente desearían volver; a esa España en blanco y negro, con aquella policía gris, y tan gris. Y, sí, tuvieron la desfachatez de presentar esta ley en el Consejo de Ministros el 18 de julio del año pasado. Evidentemente, aquí no les traiciona el subconsciente, pues eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Con esta ley pretenden dar cobertura legal a la práctica policial cotidiana de persecución y represión de la protesta y el derecho de manifestación. No les gustan todos aquellos que no pensamos igual que ustedes. (Rumores). Sé que no les gusta lo que estoy diciendo, pero yo continuaré. Este es un nuevo atentado más a la separación de poderes —una separación más que maltrecha cada vez que ustedes llegan al Gobierno del Estado—. Con esta ley será el Gobierno de turno —en este caso, la Administración— el responsable de juzgar y penalizar las situaciones que consideran que atentan contra la seguridad ciudadana por parte de aquellos que se atrevan a protestar. En tres años de legislatura ustedes han conseguido crear una confusión permanente en todos los poderes del Estado, que siempre terminan confluyendo en uno: el Gobierno del Partido Popular; la Santísima Trinidad, consagrada en este caso en el Gobierno del Partido Popular.

¿Era necesaria esta ley? Depende. Era necesaria para hacer coherente el texto vigente con la distinta jurisprudencia que se había ido llevando a cabo a la hora de interpretar esta ley, pero innecesaria desde el punto de vista de la forma en que ustedes han procedido a regular la seguridad ciudadana.

Discrepamos de la ley en la forma y en el fondo. Decíamos también ayer, cuando debatíamos el Código Penal, que se produce la traslación al ámbito administrativo de alguna de las faltas, lo cual —como decía entonces en mi intervención— comporta que la Administración se convierta en juez y parte. Decía también que la separación de poderes se convierte en una entelequia en el Estado español. Con esta reforma, y, por tanto, con esta ley, se incrementa la actividad punitiva de la Administración y, en consecuencia, la potestad sancionadora. El número de infracciones administrativas aumentan: pasamos de 27 a 47. Algunas de ellas, como decía, son por traslación del Código Penal al ámbito administrativo. A priori no sería malo por cuanto constituiría una despenalización de las faltas, que pasarían a ser sanciones administrativas. El problema radica en las 21 sanciones de nueva creación y también en los límites que significa el procedimiento sancionador administrativo respecto a los ciudadanos y en relación con el ámbito penal. Algunas de estas sanciones son perfectamente identificables con actividades llevadas a cabo por entidades y asociaciones que defienden derechos civiles, es decir, llevan nombres y apellidos de muchas de las entidades, asociaciones y organizaciones que han salido a la calle para defender derechos fundamentales y libertades públicas, significan seguridad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no para los ciudadanos.

La ley contiene una regulación de las diligencias de investigación insuficiente y no evitará ni erradicará la arbitrariedad y los controles de identificación con relación a perfiles raciales, etcétera, y también faltan en esta ley medidas de rendición de cuentas y mecanismos de control de lo que es la actuación policial.

Concluiré mi intervención indicando que la brutalidad policial es absolutamente inaceptable en una sociedad civilizada y especialmente cuando esta brutalidad policial responde a una determinada consigna ideológica. Se persigue, acosa y maltrata a los activistas sociales y políticos de izquierda, mientras que la derecha fascista sigue agrediendo impunemente. Tampoco fueron objeto de regulación en el Código Penal algunas de estas actuaciones. Ayer quedaron fuera del Código Penal. Esta derecha fascista exhibe sin pudor aguiluchos franquistas y esvásticas nazis, mientras que los portadores de esteladas son insultados, retenidos y multados por la misma policía que les acosa y retiene solo por usar la lengua catalana. Esta ley tampoco dará respuesta ni defenderá a estas personas.

Ahora, mediante la Ley de seguridad ciudadana, convierten a esta policía en juez y serán ellos los responsables de juzgar y castigar a la ciudadanía. Se cargan ustedes una vez más, como decía, la separación de poderes. No solo convierten en jueces a los policías, sino que están a las órdenes del Gobierno de turno. Patada en la puerta del Estado de derecho para instaurar el Estado policial. En definitiva, para ustedes volver al pasado es el estado normal y natural.

Por estos motivos y por muchísimos más que hemos desgranado en la Comisión de Interior y los que iremos desgranando esta mañana en el debate de esta ley, hemos presentado veto a la ley, solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios y ya anunciamos que Esquerra Republicana votará favorablemente al resto de vetos presentados por los grupos parlamentarios que conforman la oposición en este hemiciclo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías.

Efectivamente, estamos ante otro proyecto que forma parte de un paquete, con los dos que debatimos y fueron aprobados ayer, que afecta a las libertades fundamentales. De alguna manera, en la estrategia del Gobierno, tras los recortes en derechos sociales, tras los recortes en derechos laborales, se afronta ahora el recorte en libertades y derechos fundamentales, probablemente como parte de una estrategia de consolidación de los otros recortes. Se trata de dejar a la sociedad inerme, sin capacidad de reacción, limitando sus posibilidades de expresar la repulsa y el rechazo de esos recortes y plantear como alternativa otras políticas.

Prácticamente las mismas organizaciones en el ámbito internacional y los mismos colectivos profesionales y sociales que se manifestaron en contra de las reformas del Código Penal han venido, a lo largo de todos estos meses de debate político y tramitación parlamentaria de la Ley de seguridad ciudadana, manifestando su rechazo a la misma. Lo habían hecho ya previamente en sus informes preceptivos el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, cuyas aportaciones y valoraciones no han sido tenidas en cuenta de forma sustancial en la tramitación del proyecto y mucho menos en las enmiendas que han sido asumidas en el debate parlamentario.

En nuestro país no hay ningún problema de seguridad ciudadana ni de orden público. Según la última encuesta del CIS solo el 2,9 % de los españoles entienden que hay un problema de seguridad ciudadana. La única sensación de inseguridad la puede tener el poder político, el Gobierno, que ve cómo una parte sustancial de la sociedad sale a la calle a rechazar sus planteamientos, sus políticas. Pero frente a esa realidad, la respuesta no está en modificar el ordenamiento jurídico para limitar y reducir las posibilidades de expresión de esa disidencia. En todo caso, la respuesta está, o en que el Gobierno cambie las políticas, o en explicarlas de una manera que haga que los ciudadanos puedan asumirlas. Si no se creen capaces de ello, no están legitimados para recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como blindaje de sus políticas. Según Amnistía Internacional, se trata de un proyecto que, a pesar de haber sido atemperado en la tramitación parlamentaria —es cierto que el anteproyecto daba miedo—, mantiene una regulación que sostiene la actuación discrecional y arbitraria de las autoridades y no establece mecanismos de supervisión y control de la actividad policial.

A continuación permítanme un paréntesis. Nuestro país se sienta en este momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante dos años. Eso ha sido explicado como un éxito. Desde esa posición nuestro país tiene que tener un especial sentido de responsabilidad frente a esa organización, en cuya cúpula se sitúa durante dos años. Así es que, por tanto, las valoraciones y consideraciones que procedan de Naciones Unidas deberían tener un peso mayor que antes de vernos en esa situación por una simple asunción del derecho a estar en el Consejo de Seguridad, lo que conlleva también obligaciones mínimamente ejemplificadoras. ¿Y qué dice el relator especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, sobre derechos humanos? Dice que este proyecto restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas —lo ha dicho la semana pasada, no en la tramitación anteparlamentaria— como el derecho a la libertad de opinión y expresión, y en cuanto contempla las devoluciones en caliente vulnera el Derecho Internacional.

Human Rights de nuevo, en carta remitida el día 9 de marzo, dice que el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana limitará el momento y el lugar donde podrán desarrollarse protestas y contempla abultadas multas para quien celebre protestas espontáneas. Igual que en relación con Código Penal, sostiene que cuando los gobiernos adoptan medidas que sean restrictivas para los derechos humanos y en particular que tengan un impacto regresivo, tienen la obligación de justificar su necesidad. El Gobierno español no ha planteado argumentos convincentes de que las potestades que pretende establecer sean necesarias y puedan justificar la limitación de derechos políticos y civiles fundamentales. Refleja en este informe que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que el requisito de notificación previa no debería constituir un obstáculo al derecho de reunión pacífica, y ha destacado que las autoridades deberían mostrar tolerancia frente a encuentros pacíficos para evitar que la libertad de reunión no se convierta en un concepto meramente abstracto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también considera que las autoridades públicas, incluidos los funcionarios que aplican la ley, deben aceptar un cierto grado de críticas, incluso ofensas, esto con relación a las faltas de respeto a las autoridades policiales, que, por cierto, ayer, mediante alguna de las enmiendas transaccionales se coló también en el Código Penal. En el caso Thoirgerson versus Iceland, por ejemplo, el tribunal determinó que referirse a la policía como bestias uniformadas constituía una expresión protegida y que la imposición de una condena por difamación con este fundamento podría desalentar el debate abierto de asuntos de interés público, y no resulta proporcionada ni necesaria.

Con relación a las expulsiones en caliente señala que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, han instado a que el Parlamento español rechace esta medida.

De nuevo, en el preámbulo de este proyecto de ley se hace referencia a las demandas sociales. Reitero el dato del CIS: no hay tal demanda social. Y de nuevo se hace referencia al transcurso del tiempo. Parece que nuestro ordenamiento jurídico tiene unos plazos de caducidad más propia de los yogures que de un régimen jurídico que debe de aspirar a la estabilidad como elemento de garantía jurídica para la mayoría de la sociedad y de los ciudadanos. Y hay que recordar que frente a estos impulsos reformistas basados en el transcurso del tiempo, sin embargo, se mantienen normas de antigüedad muy superior, por ejemplo, la Ley de indultos que tiene 130 años de antigüedad y que no merece una reforma urgente.

En torno al contenido en concreto tengo que decir que va en el mismo paquete de la reforma del Código Penal, como antes decía, con la falsa coartada de que la aplicación del principio de derecho penal mínimo debe de tener como resultado la derogación del Libro III, el de las faltas, del Código Penal para que estas actuaciones y comportamientos sean contemplados en la norma de seguridad ciudadana. Lo que ocurre es que, de una parte, como ayer decíamos, estas faltas que desaparecen del Código Penal, en algunos casos, las más relevantes, pasan a ser delitos leves y el resto se reconducen a este proyecto de la ley de seguridad ciudadana, que pasa así de tener 19 faltas administrativas a tener 54 y, además, incrementando las multas correspondientes a las que ya estaban contempladas en el Código Penal, todo ello sin control jurisdiccional en origen, aunque lo haya después a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. El informe del Consejo de Estado entiende que la supresión de las faltas del Código Penal es una medida irreflexiva. Sustituir el enjuiciamiento penal de las faltas por sanción administrativa abunda en reforzar la posición preeminente del Ejecutivo frente a los ciudadanos. En el procedimiento penal en esta materia, Gobierno y ciudadanos están en el mismo plano. En el contencioso el ciudadano recurre ya frente a una resolución del poder y con el riesgo de tener que abonar las costas, principio del vencimiento, una vez que, afortunadamente, para las personas físicas han desaparecido las tasas judiciales.

Además de aumentar el número de acciones que se consideran faltas administrativas, se incrementan, como decía, el importe de las multas que, además, pueden llevar como accesorias otras sanciones incluso más graves que las multas, por ejemplo, la clausura de locales y establecimientos. La responsabilidad se extiende, además de a quien realice los hechos, a los organizadores o promotores de las reuniones. Se atribuye a la autoridad gubernativa facultades exorbitantes que limitan el ejercicio de derechos fundamentales y no se establece, a pesar de mandarlo las organizaciones internacionales, un sistema de recursos en vía administrativa eficaz y con garantías de imparcialidad.

Hay una injustificada restricción de los derechos de reunión y manifestación, del derecho de huelga y de la libertad de expresión. Por el contrario, se propicia la impunidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan excederse en el ejercicio de sus funciones al no exigir con rotundidad la visibilidad del número de identificación y establecer esa sanción por captarse sus imágenes.

El régimen especial de Ceuta y Melilla, recogido en la disposición final primera, supone de por sí una contradictio in terminis; pretende legalizar el rechazo en frontera que se está realizando ya, articulándolo como un concepto jurídico, pero a la vez dice:… respetando la normativa internacional, normativa internacional que lo proscribe. No es posible crear un concepto jurídico en el marco de una norma internacional que expresamente lo declara ilegal. Las devoluciones en caliente bajo la denominación: rechazo en frontera, vulneran los compromisos internacionales de nuestro país, vulneran la Ley de asilo y vulneran la Ley de extranjería. Pero, como se reflejaba en el informe que presentó en junio un grupo de catedráticos de Derecho Público, esa práctica, llámese devolución en caliente, o este nuevo concepto que se quiere articular, rechazo en frontera, supone una abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional. Lo mismo opina el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau.

A pesar de esta reforma, por más que se intente legalizar este concepto, tal práctica seguirá siendo ilegal, porque vulnera el Convenio de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo, de 31 de enero de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados; el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; los artículos 12 y 13 de la Directiva Europea 2008/115, y el artículo 13 del Código de fronteras Schengen. Normativa internacional que, habiendo sido suscrita por nuestro país, y en aplicación de los preceptos constitucionales, se constituye como normativa interna de rango superior a esta ley que vamos a aprobar hoy.

En consecuencia, lo que era ilegal antes de la aprobación de esta ley, seguirá siendo ilegal después de su aprobación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro y por la senadora Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.

Señorías, este Pleno va a pasar a la historia como aquel en el que se han aprobado con la mayoría del PP, y alguno también con la ayuda del PSOE, varios proyectos de ley que restringen, criminalizan y laminan más derechos civiles y humanos. Eso sí, hoy lo hacen envuelto en un pomposo título: Ley de seguridad ciudadana, pero, señorías del PP, ya sabemos que a esta ley se le llama en la calle ley mordaza. Por algo será.

Como dije ayer, Amaiur engloba estas medidas dentro de la gran contrarreforma que está llevando a cabo este Gobierno, donde se ha atacado el campo laboral, el campo educativo, el sanitario, los servicios sociales, el financiero, el municipal y, en los últimos meses, los derechos y libertades, todo ello sin rubor y de una forma profundamente reaccionaria. Decimos que reaccionaria porque a nadie se le escapa que en los últimos años ha habido un importante incremento de la protesta y de la movilización social, y la respuesta del Gobierno del PP ha sido aumentar la criminalización social y la represión. El pueblo vasco, los mineros, el campo andaluz, los estudiantes valencianos, la gente del 15-M, las mareas de todos los colores, los periodistas, pueden atestiguarlo en primera persona. Y por poner un ejemplo reciente, también pueden atestiguarlo las 19 personas que fueron detenidas en Moratalaz bajo la acusación de delito contra las instituciones del Estado por gritar en un Pleno una consigna tan radical como: Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Stop desahucios. Pero esto ¿qué es? Esto es una vergüenza; lo es para la sociedad, pero incluso también para los propios policías, que así lo han manifestado por medio de un comunicado.

Esta ley busca disuadir la protesta, sancionando y criminalizando a organizadores y también a participantes. Lo que realmente esconde esta forma de actuar del Gobierno es el miedo que tiene a una sociedad donde el ciudadano no tiene miedo a defender sus derechos; por eso el Gobierno persigue blindar el espacio público frente a la irrupción de la sociedad en él.

Una ley de seguridad debería estar pensada para garantizar las libertades de la ciudadanía, pero el Gobierno pervierte los términos y, lo que es peor, pervierte los objetivos mismos y busca únicamente blindar las desigualdades sociales, blindar la impunidad del más fuerte y blindar el estatus de lo que llaman autoridad. Y para ello se valen de la razón de la fuerza y no de la fuerza de la razón; porque vuestra sinrazón incluso os ha llevado a penetrar por la puerta de atrás en la Ley de extranjería las devoluciones en caliente para convertirlas en legales, a sabiendas de que son contrarias —como acaba de decir nuestro compañero Jesús Iglesias— a la jurisdicción internacional y a la propia jurisdicción del Estado. Lo que decía: la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón, imposición frente a democracia.

Amnistía Internacional, en un informe de abril de 2014, dice que las crisis económicas ponen siempre a prueba la solidez y la estabilidad de las sociedades y de sus instituciones. Pues aquí hemos podido comprobar que la sociedad sí se ha visto fortalecida, y ante este empoderamiento de la sociedad el Gobierno del Estado ha optado por la represión, la represión pura y dura. Y aunque lo hagan bajo la excusa de racionalizar el espacio público, lo barnicen como lo barnicen, esto es una clara muestra de debilidad, debilidad de un Gobierno superado e incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía de una forma democrática, un Gobierno trasnochado, cuya única respuesta es la represión, prohibir de facto cualquier tipo de disidencia social y política.

Se equivocan quienes piensen que nos encontramos ante una aplicación de unas cuantas reformas aisladas; más bien llevamos tres años asistiendo a una batería de medidas propias para la construcción de ese modelo de Estado añorado por la ultraderecha: una sociedad sumisa, bajo un poder único, un poder incuestionable de ordeno y mando. La vuelta a esa España una, grande y libre. Al menos Franco lo hacía sin disimulo.

Este proyecto de ley ha sido criticado y cuestionado no solo por aquellos que se sienten en la diana, sino también, incluso, por destacadas personalidades del ámbito de la judicatura. Las siguientes citas son solo una muestra de ello. Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de Barcelona, dice: Es un puro disparate, reaccionario y conservador para criminalizar la protesta y la crítica en la calle. Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, dice: Es más peligrosa de lo que la gente puede creer y un arma brutal de acción inmediata. Jueces para la Democracia y abogados progresistas dicen: Una ley innecesaria, represiva e inoportuna. Y más recientemente, cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han dicho que las nuevas medidas del Gobierno pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pasemos ahora a la justificación, de la que tenemos que decir que tampoco la encontramos creíble porque se apela a la creciente demanda de seguridad por parte de la ciudadanía, a pesar de que la Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2013, afirma que nuestro país está a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos: 46,1 delitos por cada 1000 habitantes, frente al 63,8 de la media europea. En contra de lo que se pudiera creer, con estas cifras España posee uno de los regímenes carcelarios más duros, con una población encarcelada muy superior a la media europea: 160 personas presas por cada 100 000 habitantes, frente a las 126 de media de la Unión Europea. Por tanto, mano dura, pero no para aquellos banqueros ladrones, empresarios corruptos o incluso para la familia real, porque en estos casos se mira para otro lado.

Como decía, el argumento de la necesidad en que se basa esta ley cae por su propio peso simplemente contrastando los datos. En 2013 la criminalidad ha tenido un descenso de un 5 % y, según la encuesta del CIS, la seguridad ciudadana ha desaparecido de la lista de las principales preocupaciones de la gente. Y por si esto no fuera suficiente para identificar el verdadero objetivo de esta ley, nos lo aclara definitivamente el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien, en una declaración pública, dice: Hay una mejora de la seguridad objetiva y subjetiva, y en absoluto la ley de seguridad ciudadana responde a una demanda ciudadana, todo lo contrario.

Pues es lo que nos temíamos, pero, bueno, se agradece un poquitín de franqueza por parte del señor Ignacio Cosidó, cosa que no es el caso del señor ministro Fernández Díaz, quien dijo recientemente en una entrevista en un programa de televisión: Dígame una libertad o un derecho que este proyecto de ley recorte, porque estoy dispuesto a retirarme inmediatamente. Pues le voy a contestar: el derecho de reunión, el derecho de expresión, el derecho de manifestación y el derecho de información. Son cuatro, pero con que se retire una vez, para esta senadora es suficiente.

En Euskal Herria esta situación no nos viene de nuevas. Hace décadas que vivimos en un régimen antidemocrático, donde se reprime la disidencia y la protesta (Rumores), y ahora quieren extender ese estado de excepción encubierto al Estado español, y todo a base de amordazar, de castigar y de criminalizar a la población.

Como decía, en Euskal Herria hemos degustado en primera persona durante años las exquisitas maneras de las que hacen gala los diferentes tentáculos del Gobierno, ya sea en forma de fuerza policial o en forma de fuerza jurídica. Por tanto, a nadie le resultará extraño el rechazo absoluto que provoca en la mayoría de la sociedad vasca las reformas propuestas, tanto la de la seguridad ciudadana como las referidas al Código Penal.

Llegados a este punto, quisiera hacer una mención especial a los periodistas, los otros grandes afectados que van a ser de esta ley, porque son unos testigos incómodos de las tropelías de la policía. Fíjense: mientras en esta ley se autoriza el uso de las videocámaras de vigilancia por parte de las autoridades —lo hace en el artículo 22—, la ley, y leo textualmente, sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación.

No me negarán que se trata de una frase con una imprecisión muy medida, una imprecisión que deja abiertas muchas vías para la sanción. Por eso, existe una profunda preocupación porque la amenaza de las multas genere autocensura en los propios profesionales y que esto frustre la posibilidad de que haya una rendición de cuentas por comportamientos abusivos de la policía.

Amaiur cree que la ley mordaza va a afectar directamente el trabajo de los periodistas. Lo creemos y lo hemos comprobado, porque, por ejemplo, recientemente fue detenido el incómodo periodista Jaime Alekos porque estaba cubriendo el desahucio de Ofelia Nieto desde dentro; son unas imágenes que incomodan a mucha gente. Quiero recordar que gracias a la labor que realizan periodistas como Jaime e incluso gracias al denominado periodismo ciudadano hemos podido comprobar la veracidad, entre comillas, de la versión oficial y se ha contribuido a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza. Y lo puedo afirmar, además, de primera mano.

Creemos que con esta ley se pretende eliminar a base de sanciones a los testigos incómodos, pero debemos recordar que el trabajo informativo de un periodista nunca nunca puede ser un delito.

Recientemente, en el País Vasco se ha publicado un manifiesto firmado por 300 profesionales vascos de la comunicación, un manifiesto por la libertad de información y contra la ley mordaza. En este manifiesto se dice, y nosotros lo compartimos, que en Euskal Herria ya se está aplicando la lógica represiva y sancionadora que emana de esta ley. El caso más reciente, por el que además se ha publicado este manifiesto, es el de Iraitz Salegi, que ha sido imputada por la Audiencia Nacional por haber cubierto en marzo de 2013 un acto político, un acto público, un acto abierto, al igual que lo hicieron el resto de los periodistas allí presentes. Recordemos que Iraitz será juzgada en mayo bajo la acusación de enaltecimiento, por lo que el fiscal pide una pena de dieciocho meses. Es decir, pena de cárcel por informar sobre un acto público.

Como recoge el manifiesto, el trabajo informativo nunca puede ser delito, no se debe juzgar ni castigar al mensajero, y el caso de Iraitz Salegi creemos que puede ser un intento de condicionar el trabajo periodístico en el futuro. Terminan diciendo los periodistas en el manifiesto que, como periodistas, ellos quieren ser una herramienta más para encontrar una solución a los problemas de nuestra sociedad. Y, al igual que ellos, Amaiur aspira a tener una sociedad cuya seguridad se sustente sobre el principio fundamental de sus gentes y de la libre reunión y manifestación.

Creemos que con leyes como esta, con leyes como las que se han aprobado recientemente, no podemos cumplir este objetivo. Son un bache en nuestro camino. Por eso reclamamos la soberanía plena como único modo de construir una sociedad de personas con plenos derechos políticos y civiles.

Por todo esto, anuncio que votaremos a favor de todos los vetos presentados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy vamos discutir la otra cara de la moneda de lo que discutimos ayer. Ayer discutíamos la cara del Código Penal y hoy, la cara de la seguridad ciudadana, pero quiero empezar, como ayer, cuestionando los objetivos de la ley. La pregunta ante una propuesta de ley de seguridad ciudadana debería ser: ¿mejoramos las libertades y los derechos de las personas? El ministro Fernández Díaz, en la presentación de la exposición de motivos, dijo: Señorías, el principal objetivo del proyecto que presento es el dirigido a dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito de sus competencias…, etcétera. No, ese no es el objetivo de la ley de seguridad ciudadana, el objetivo es que todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos y libertades. Ese el objetivo, no el que dice el ministro. Por tanto, una ley de seguridad ciudadana debería contemplar qué ley hacemos para, una vez aprobada, que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tengan más y mejores libertades y derechos. Y ocurre lo contrario: una vez que se apruebe esta ley los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tendrán menos derechos.

Digo esto, porque estas dos leyes, el Código Penal y la ley de seguridad ciudadana, han sido calificadas de muchas maneras, pero hay una que ha hecho fortuna y es la de criminalizadora de la protesta. Para el senador Guillot y para mí esto va mucho más allá. Ciertamente, se criminaliza la protesta, y Amnistía Internacional le ha dedicado un informe monográfico que se titula «España: el derecho a protestar amenazado», pero, como digo, esta ley va mucho más allá: va a enmarcar, a integrar una política autoritaria de concepción del Partido Popular en la sociedad y en el Estado. ¿Cómo lo hacen? No voy a entrar en cosas concretas, pero hay tres o cuatro grandes líneas generales que enmarcan y definen esa política general autoritaria. La primera es la restricción de derechos y libertades, a la que luego me referiré; la segunda es, como se ha dicho antes, el aumento importantísimo y la ampliación de las sanciones; la tercera, la aplicación arbitraria de la ley; y la cuarta, la amputación de derechos fundamentales.

El Gobierno trata de justificar esta ley con dos principios, que son los de siempre: el tiempo y las demandas sociales. Aquí añade dos más: los cambios sociales y la jurisprudencia constitucional. No voy a perder mucho tiempo rebatiendo estos cuatro elementos, porque son absolutamente ridículos, pero quiero pararme de forma muy breve y argumentar los muchos informes contra esta ley que han hecho el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el portavoz de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Como ustedes, yo he tenido que leer muchos informes, pero no recuerdo ningún informe o dictamen del Consejo General del Poder Judicial tan contundentemente crítico contra una ley por principios y derechos fundamentales; no hay absolutamente ninguno. Hay 44 conclusiones, y prácticamente en todas, o se declara inconstitucional el precepto sobre el que se está informando o se pide su supresión. Este fue el informe del primer anteproyecto. Fíjense ustedes —lo voy a resumir brevemente, porque merece la pena saberlo—: el Consejo General del Poder Judicial dice que el artículo 16 del anteproyecto del Gobierno, que hace referencia a la identificación de las personas, es incompatible con el artículo 17 de la Constitución. En relación con el artículo 4, que es la justificación de la intervención de las fuerzas de seguridad, dice que hay que adecuarlo a los límites constitucionales. En relación con el artículo 20, sobre las medidas extraordinarias en situaciones de emergencia, dice que cuestiona la constitucionalidad y pide su supresión. En relación con el artículo 15.2, de la entrada y registro en los domicilios, pide su supresión. En relación con el artículo 17.2, sobre controles en la vía pública, dice que es contrario a la Constitución. En relación con el artículo 23.2, de la colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, dice que esto es anticonstitucional y pide su supresión. En relación con el artículo 19, sobre el cacheo, pide una revisión total de toda la redacción. En relación con el artículo 11.2, de la denegación del pasaporte, pide su supresión. En relación con el artículo 17.1, sobre la restricción de tránsito, dice que hay que limitar las medidas de restricción. En relación con el artículo 16.2, de la retención y traslado a las dependencias policiales, habla de arbitrariedad y pide una nueva redacción. En relación con el artículo 18, sobre el registro de lugares públicos, dice que es más adecuada la regulación actual. En relación con el artículo 22, de reunión y manifestación, dice que hay una expansión en favor de la disolución de la Policía. En relación con el artículo 29.3, que dice que la responsabilidad conjunta de organizadores en una misma manifestación son infracciones, pide la supresión. En relación con el artículo 26, de faltas penales a infracciones, dice que hay que suprimirlo. Y en relación con el artículo 36, sobre el uso de imágenes de autoridades o de miembros de las fuerzas de seguridad, dice que es cuestionable su proporcionalidad.

La pregunta es ¿cuál es el derecho que no vulnera el anteproyecto del Gobierno? De todos los que he dicho, ¿cuál falta? Tenemos un dictamen del Consejo General del Poder Judicial en el que prácticamente hay veinte momentos en los que cuestiona la constitucionalidad o pide, en definitiva, la supresión. Y aquí la pregunta es qué mentalidad tiene el Gobierno, que emite un anteproyecto de ley que vulnera prácticamente todos los derechos y libertades o los restringe. A mí esto me causa inquietud, me causa inquietud un Gobierno que apruebe un anteproyecto de seguridad ciudadana en el que el Consejo General del Poder Judicial cuestiona prácticamente todo el contenido de derechos y libertades del anteproyecto que se aprueba.

En esta misma dirección va el dictamen del Consejo Fiscal que, para no alargarme, voy a resumir en tres grandes ideas. El Consejo Fiscal dice que hay una restricción de derechos, que hay un excesivo margen de discrecionalidad por parte de la Policía, y se opone a la retención. Y fíjense en lo que dice el portavoz de los derechos humanos del Consejo de Europa: duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática. Lo repito: duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática. Y continúa diciendo: hay otras maneras para proteger la seguridad de las personas y el orden público sin interferir en la libertad. Y concluye diciendo que estaba preocupado por la situación de la sociedad española. Es decir, el Gobierno español hace un anteproyecto de seguridad ciudadana donde no se plantea lo que debería ser el objetivo fundamental de este proyecto de ley, o de esta ley, que es incrementar la libertad y el ejercicio de los derechos constitucionales. Lo que hace es limitar o vulnerar prácticamente todos los derechos y libertades que la Constitución marca.

A continuación, el Gobierno, con la misma música del anteproyecto, hizo algunas modificaciones en la letra del proyecto que hoy estamos discutiendo. En definitiva, lo que hizo fue mantener —repito— la música. Y mantener la música ¿qué quiere decir? Les pondré cuatro o cinco ejemplos. Cuando se habla de las restricciones del tránsito que puedan hacer las fuerzas de seguridad se dice que se han de hacer siempre que haya alteración del tránsito, y la propuesta que nos hacen es: o indicios de que pueda pasar.



Indicios, ¿qué quiere decir? Que se puede hacer lo que se quiera. Yo ahora puedo tener la sensación de que hay indicios de que allí va a haber problemas y, por tanto, tomo medidas preventivas, o puedo pensar que hay indicios en la tribuna de que puede haber un problema.

Otro ejemplo: controles en la vía pública. Hasta ahora solo se pueden hacer si existe la convicción de un hecho delictivo, pero la redacción que se nos propone es: para prevenir los delitos. Es decir, puedo hacer cualquier cosa pensando que con lo que hago prevengo delitos. Indicios, prevención... Estos son los casos que el Consejo Fiscal define como excesivo margen de maniobra.

El texto que estamos hoy discutiendo plantea la infracción grave por el uso de imágenes de autoridades o de miembros de las fuerzas de seguridad; es decir, un periodista o cualquier persona que haga una fotografía en una manifestación puede cometer o comete una infracción grave —evidentemente, vulnerando la libertad de información y de expresión—.

Se suprimen algunos derechos pero se crea uno: el de tranquilidad. ¿Qué quiere decir jurídicamente tranquilidad? ¿Qué, si mis vecinos tienen un niño pequeño y este llora, rompen mi tranquilidad? ¿Quién define qué es tranquilidad? Es otro caso más de arbitrariedad y de ambigüedad.

Y en el Código Penal, en la ley vigente, las infracciones y sanciones están en función de la capacidad económica de la persona. En el proyecto de ley que hoy discutimos desaparece la cuestión de la gradación. Y ya se ha hecho referencia a las expulsiones de colectivos.

El tema de fondo es: ¿por qué entonces el Gobierno hace esta ley, que infringe, restringe libertades y derechos? Nuestra respuesta es clara. Ayer decía que la nueva política de seguridad del Gobierno, tanto en el Código Penal como en la ley de seguridad, es adecuar la política de orden público a un nuevo orden social; un nuevo orden social desde el punto de vista de la existencia de exclusión social, de pobreza, de gente que lucha para no quedarse sin casa. Esto es lo que el Gobierno hace, intentando resolver conflictos sociales mediante medidas de orden público o medidas de seguridad. Los escraches o el 15-M representan fórmulas de protesta ante un nuevo orden social que rechazan, y ante esto, la posición del Gobierno es: política de seguridad, sustituir política social ante problemas sociales, conflictos sociales, por política de seguridad.

Por tanto, decir —lo diga quien lo diga— que este no es un proyecto punitivo y represivo no aguanta la lectura del texto, tanto del primer anteproyecto como el del proyecto que hoy estamos discutiendo, un proyecto que ha sido calificado por los catedráticos de Derecho Penal que ayer mencioné como represivo y que pretende asfixiar derechos.

Acabo diciendo lo siguiente: esta ley es autoritaria, demuestra una visión autoritaria del Gobierno hacia la sociedad, demuestra que el Gobierno quiere intentar resolver problemas sociales mediante medidas de seguridad, pero es un gran retroceso democrático. Estamos ante un retroceso democrático importantísimo de disminución de derechos y libertades y no de ampliación de esos derechos.

El Gobierno del Partido Popular ha producido muchos retrocesos democráticos: retroceso en la aconfesionalidad del Estado; retroceso en el modelo territorial de Estado; retroceso en la desigualdad de las personas; retroceso en el papel que juegan los ayuntamientos. Muchos retrocesos. Pero estoy seguro de que en las próximas elecciones la sociedad española les va a devolver este retroceso con un gran retroceso electoral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Propuesta de veto número 8, presentada por la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Sabaté, y la senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El primer argumento que quiero utilizar para la defensa del veto de los senadores del PSC hace referencia al mismo título de la ley. Normalmente la denominamos —hoy mismo se ha hecho por parte de algún portavoz, y yo mismo lo hago— ley de seguridad ciudadana. Los medios de comunicación también la denominan así. Sin embargo, a decir verdad, a ese título le faltan dos palabras: en primer lugar, la palabra «orgánica». Efectivamente, se trata de una ley orgánica. Y en segundo lugar, y mucho más importante, le falta la palabra «protección». Se trata de una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el título no tiene nada que ver con el contenido de la ley, con el articulado de la propia ley. Por tanto, para nosotros no se trata de una ley de protección. Si fuese así, como ya se ha dicho, su objetivo principal debería ser garantizar el ejercicio efectivo y la protección de los derechos y libertades civiles, sociales, y políticas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana, señorías, como también el orden público, no son derechos fundamentales, no están reconocidos como tales en nuestra Constitución ni en los convenios internacionales suscritos por nuestro país. Solamente son medios para la protección real y material del libre ejercicio de los derechos, y así lo reconocen diversas sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la sentencia 385, de 1994, donde se dice que no se reconoce el derecho fundamental a la seguridad ciudadana sino que se considera que es una función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inseparablemente unida al derecho de libertad individual. Y la sentencia 195, de 2003, reconoce el derecho a manifestación, y dice que el cauce para todo principio democrático es la participación y que uno de los pocos medios de que disponen en la práctica muchos grupos sociales para explicar públicamente sus ideas y reivindicaciones es precisamente la manifestación y el ejercicio de este derecho.

Por tanto, señorías, repito que para nosotros esta no es una ley de protección, se trata más bien de una ley de orden público, de una ley de control de la población que nos retrotrae a la ley de orden público del año 1959. No es una ley de protección, es una ley de represión ciudadana; una reforma ideológica para reprimir, para limitar, para disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades. Su objetivo, insisto, es disuadir, es sacar de la calle las protestas y la pobreza bajo el siguiente criterio: un ciudadano activo, un ciudadano comprometido, un ciudadano que ejerce sus derechos es igual a un ciudadano peligroso y, por tanto, a un enemigo de la seguridad.

El segundo elemento que sustenta nuestro veto —ya lo han comentado otros portavoces— es si hay o no una demanda social, una demanda ciudadana. Desde nuestro punto de vista, no la hay. Esta no es una ley necesaria desde ningún punto de vista, y menos desde el de la demanda ciudadana. ¿Por qué? En primer lugar, porque de las más de 30 000 manifestaciones que se producen en nuestro país a lo largo de un año, la policía interviene en menos del 1 %. Y en segundo lugar —también se ha comentado—, porque el nuestro es un país seguro, con unos índices de criminalidad inferiores a la media europea, un país en el que, efectivamente, a pesar de la crisis económica, los delitos descienden; no aumentan. Por tanto, no entendemos que haya crispación social, y la macroencuesta del CIS, que también ha sido comentada, dice que únicamente el 2,5 % de la población española identifica como problema la seguridad ciudadana.

En el día de ayer la senadora Franco utilizaba el argumento del CIS para defender la prisión revisable. Y decía: dos de cada tres españoles están de acuerdo. Pues bien, si utilizo el mismo argumento, que únicamente dos de cada 98 consideran la seguridad ciudadana como un problema, quedaría bastante claro que el Grupo Parlamentario Popular no tiene necesidad de presentar esta ley.

Entro ya en el contenido de las cuestiones más de fondo, en las críticas al contenido de la ley. Rápidamente quisiera poner encima de la mesa de debate siete cuestiones. En primer lugar, es una ley —como ya hemos dicho— que atenta contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, que cercena libertades civiles y políticas: de reunión, de manifestación, el derecho de huelga, la libertad de expresión, etcétera. Basta citar los centenares de casos de sindicalistas de nuestro país que están hoy pendientes no únicamente de juicio por ejercer el derecho de huelga, sino en muchos casos de penas de privación de libertad.

En segundo lugar, elimina garantías básicas sobre el registro domiciliario. No me extiendo más porque ya ha sido comentado.

En tercer lugar, no contempla medidas de accesibilidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En cuarto lugar, utiliza conceptos jurídicos indeterminados que conllevan arbitrariedad, amplios márgenes interpretativos, inseguridad jurídica y también limitación de derechos. A lo largo de la ley podemos leer expresiones como: perturbando la tranquilidad ciudadana, indicios racionales de, medida extraordinaria en casos de emergencia, alteración del orden público y, el más fantástico de todos, el deslucimiento del mobiliario urbano. Este ya es el súmmum; poner una pegatina puede ser considerado deslucimiento de una farola y del mobiliario urbano.

En quinto lugar, regula, desde nuestro punto de vista, competencias municipales, especialmente en el caso de las ordenanzas municipales. La inmensa mayoría de los municipios tienen regulado a través de sus ordenanzas, por ejemplo, el tema del mobiliario urbano, las actividades de ocio en espacios públicos, la venta ambulante sin autorización, etcétera.

En sexto lugar, se toca el régimen sancionador. Se castiga con sanciones económicas que pueden llegar hasta los 30 000 euros especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de la prostitución, del consumo de drogas en la calle, de las personas en situación de sinhogarismo. Limita también, a su vez, la posibilidad de evitar la sanción de consumo y tenencia de drogas a cambio de tratamiento solo a los menores de edad; es decir, que los principios de reinserción, de rehabilitación, desaparecen de la letra y del espíritu de esta ley. En el régimen sancionador casi podríamos poner a alguno de sus apartados nombres y apellidos. Hay en el régimen sancionador un apartado dedicado, por ejemplo, a Greenpeace. Hay otro al que solo falta ponerle el título: jóvenes que colocan pegatinas reivindicativas o que acampan en la Plaza Cataluña, por ejemplo, para protestar. Otro dedicado a los activistas que recogen firmas para una iniciativa, por ejemplo, legislativa popular, ya no digo para otra cosa, sino para una cosa de este tipo sin autorización. Otro dedicado a los militantes de Femen que perturben actos públicos o solemnidades. Otro dedicado a los activistas, a las plataformas antidesahucio, etcétera. Es decir, se produce un aumento considerable del número de infracciones. No se regula cómo se va a tener en cuenta la situación económica del sancionado a efectos de la gradación de la multa. Y se produce también en bastantes casos una situación de doble penalización, recogiéndose, por ejemplo, en el Código Penal y en la Ley de seguridad ciudadana, como podría ser, por poner un ejemplo, la perturbación grave de la seguridad ciudadana, contemplada en la ley que estamos debatiendo o el concepto de desórdenes públicos que contempla el Código Penal.

Finalmente, señorías, dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, como séptimo elemento, mantiene la disposición final sobre las expulsiones masivas. Como ya se ha dicho, una disposición rechazada por las entidades sociales y las ONG, por los juristas, autoridades de la Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera. Estamos en contra. ¿Por qué? Pues porque lesiona derechos humanos, y, además, da cobertura legal a una práctica ilegal, como son las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla, vulnerando, como ya se ha dicho, disposiciones del Consejo de Europa, el Código de fronteras Schengen, el artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos, el Derecho Internacional de Asilo, etcétera. Y esto, señorías, no lo decimos únicamente nosotros, todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, sino que lo dice la Plataforma del Tercer Sector, Cáritas, Cruz Roja, Amnistía Internacional, Acnur, el Consejo General de la Abogacía Española, etcétera.

Además, señorías, se trata de una enmienda introducida en el Congreso de tapadillo, que no ha pasado —y no es un tema menor— por el informe del Consejo de Estado, por ejemplo, o del Consejo General del Poder Judicial. Por último, esta ley elimina del ámbito judicial las faltas para pasar a sanciones administrativas. Es decir, sustrae del control judicial las conductas críticas con el Gobierno, introduciendo, por lo tanto, discrecionalidad, falta de garantías jurídicas y convirtiendo a la Administración en juez y parte ante los ciudadanos.

Ya hemos dicho que al Gobierno no le gustan las protestas, no le gustan los protestones. Pues queda claro que tampoco le gustan, por ser demasiado blandos, los jueces. Se quiere pasar, por tanto, de un sistema garantista a otro sin ningún tipo de garantías, que pretende eliminar el control judicial previo y únicamente se podrá realizar este control judicial a posteriori ante la jurisdicción contenciosa, debiendo abonarse antes la sanción, lo que afectará negativamente a la tutela judicial y al derecho de defensa. Es decir, será un elemento disuasorio en el ejercicio de derechos y libertades. ¿Por qué? Porque una vez que las sanciones sean firmes, en caso de impago, se iniciará proceso de embargo de rentas y bienes.

Finalizo, señor presidente, señorías, diciendo que en un país democrático, en democracia, aunque no nos guste, aunque lo consideremos injusto, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a convivir con las críticas, especialmente los que nos dedicamos a la función pública.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, no corren buenos tiempos cuando, en un contexto en el que proliferan las manifestaciones, la contestación política contra los recortes del sistema de libertades públicas y de derechos fundamentales, de los derechos económicos y laborales, utilizando el espacio público, se trata de incrementar el poder punitivo del Estado. La Constitución española se refiere solo en dos preceptos y de forma colateral, tanto a la seguridad ciudadana como al orden público. No son conceptos propiamente constitucionales, puesto que la Constitución se refiere a ellos de forma colateral. El artículo 16 se refiere al orden público, pero vinculado solo a dos derechos fundamentales: el derecho de libertad religiosa y el derecho de reunión y manifestación. Primera mención constitucional relativa al orden público.

Aquí se amplifica esta dimensión vinculada solo a un derecho, el orden público, al concepto anacrónico de orden público que se incorpora a esta ley y a todos los derechos fundamentales y libertades públicas previstos en la Constitución. Una amplificación que no tiene legitimación ni siquiera constitucional ni está ubicada en la jurisprudencia constitucional, y tampoco se reinterpreta así en la Constitución. Y el concepto de seguridad ciudadana está previsto en el artículo 104 de la Constitución, pero como presupuesto para el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las demás policías integrales del Estado, también desde una perspectiva de noción o de concepto colateral al ordenamiento jurídico.

No son bienes jurídicos en sí mismos ni la seguridad ciudadana ni la noción de orden público y, sin embargo, aquí se elevan de categoría jurídica y se convierten en bienes jurídicos protegibles en sí mismos; no solo en bienes jurídicos protegibles, sino en bienes jurídicos de un rango jerárquico, idéntico o incluso superior al resto de libertades públicas y derechos fundamentales que prevé la Constitución, en tanto en cuanto ya no son solo el presupuesto para el ejercicio de los mismos o, como dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —a veces el Tribunal Constitucional dice cosas curiosísimas—, ese estado de tranquilidad que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino que se convierte en una suerte de nuevo derecho fundamental o libertad pública cuyo detentador, cuyo depositario es la Administración punitiva, la Administración sancionadora. Esto suena a perversión de la noción de orden público y, sin embargo, inspira este proyecto de ley al que presentamos un veto, lo deslegitima y lo convierte en un proyecto de ley regulador de la potestad sancionadora o punitiva de la Administración, en este caso ilegítima y ajena al sistema de libertades públicas y derechos fundamentales previstos en la Constitución.

Pero el proyecto de ley hace más, le da una dimensión desmesurada a este concepto de bienes públicos, no solo extendiendo a todos los derechos fundamentales y libertades públicas la noción de orden público que recuperan a partir de la Ley de 1992, que también recuperó la anacrónica concepción de orden público, no de seguridad ciudadana, como una especie, no ya de presupuesto para el ejercicio de otros derechos, sino como un derecho en sí mismo, como un bien protegible en sí mismo.

Además, lo extienden manteniendo a lo que se denominan apoderamientos especiales o apoderamientos genéricos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando actúan, otorgándoles una facultad de actuación discrecional cuando aprecian ellas, también, discrecionalmente algún estado de necesidad o la pertinencia misma de su actuación en todas las materias que se regulan en este proyecto de ley.

En el artículo 14 —si lo leen detenidamente, lo verán— se mantienen los apoderamientos especiales y los apoderamientos genéricos, luego esta ley no sirve para casi nada si existen esos apoderamientos especiales o genéricos en tanto en cuanto los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán actuar cuando consideren que concurre algún estado de necesidad o la pertinencia de una actuación que posibilite un cacheo, la exigencia del documento nacional de identidad o cualquiera de las otras potestades exorbitantes que dimanan del ejercicio de la función punitiva que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a sus funcionarios y que se mantienen en el artículo 14.

Además, es un concepto de orden público perverso el que sirve de fundamento a esta ley, porque es un concepto de orden público que está perfectamente descrito. Y no nos han tranquilizado al exponer su reflexión apologética en relación con esta ley, porque toda la facundia del mundo no sería suficiente para convencernos de que esta ley es pertinente y adecuada al sistema de libertades y derechos fundamentales previstos en la jurisprudencia constitucional. Pero ese concepto de orden público está identificado normativamente en los primeros artículos del proyecto de ley.

¿Qué se defiende a través de este proyecto de ley? Se defiende, en primer lugar, la preservación de lo que se denomina eufemísticamente estabilidad institucional. Se defiende, en segundo término, lo que se denomina el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y el artículo 4 defiende, mediante la imposición de sanciones eventuales, vulneraciones del ordenamiento jurídico, que ¿quién las aprecia? Discrecionalmente las fuerzas policiales actuantes o las administraciones competentes, y con ese concepto de orden público, a través de esa norma, se positiviza o normativiza en el ordenamiento jurídico punitivo ese concepto de orden público. Y se pretende la preservación del statu quo, la preservación de determinados valores morales, de determinados valores jurídicos y de determinados valores políticos, cuya contradicción es objeto de sanción administrativa. Y luego, acometen otra operación, que dimensiona todavía más esta noción de orden público. Se procede, por tanto, por parte del legislador penal, a la desaparición del Libro III del Código Penal, a la desaparición definitiva de las faltas y a la reubicación prácticamente del 60 % de las mismas en esta ley en el ámbito sancionador administrativo, pero se hace de forma peculiar y, a nuestro juicio, inadecuada.

No utilicen como elemento de autoridad para legitimar este proyecto de ley los dictámenes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, porque le han advertido de una cosa que no se ha tomado en consideración y es que las sanciones previstas en esta ley son de cuantía superior a las sanciones previstas por las faltas, que desaparecen. También las sanciones en relación con las faltas son de carácter pecuniario, son de carácter económico, con lo cual se produce un incremento del reproche punitivo en el ámbito de la competencia sancionadora administrativa, pero no solo eso, sino que, además, se produce una disminución de las garantías de los ciudadanos en tanto en cuanto la actuación de la jurisdicción penal se basa en la actuación de jueces independientes que utilizan las garantías propias del proceso penal. Pero la actuación administrativa se realiza desde una perspectiva de autotutela de los intereses de la propia Administración. Y no solo de autotutela, sino que el control jurisdiccional de los procedimientos administrativos basados en la autotutela de sus propios intereses o de sus propios posicionamientos políticos o morales, luego es objeto de control por otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, que también está sujeta a la exacción de tasas judiciales y tiene mucha más demora en la resolución de los casos que la jurisdicción penal. Y, desde esa perspectiva, se reduce también el ámbito de las garantías y el ámbito de la protección jurisdiccional que deriva de esta traslación de las faltas que desaparecen del Código Penal y se reubican en esta Ley de seguridad ciudadana.

Por otra parte, ya para terminar de redondear esta especie de perversión del concepto de orden público, se produce un verdadero apoderamiento del espacio público por parte de la Administración. Apoderamiento del espacio público que se basa en las siguientes razones: el espacio público tiene que concebirse como una especie de espacio de tolerancia colectivamente configurado desde la perspectiva de una persona cuyo mecanismo de pensamiento se basa en principios democráticos y tiene la suficiente sensibilidad democrática a través de la interacción y a través del ejercicio de ciertos derechos como el de manifestación, el de reunión y el de participación en los asuntos públicos. Y, sin embargo, ¿qué se hace con este proyecto de ley? Sencillamente, vincular la utilización del espacio público solo a lo que está autorizado por la ley. No decimos que el espacio público no pueda ser objeto de control por parte de la ley en algunas ocasiones y que el espacio público se pueda utilizar para cualquier cosa por los ciudadanos, si para la creación de este espacio de tolerancia para la integración y el intercambio de opinión es a través de los derechos que esta ley limita peligrosamente y que, como decimos, son los de manifestación, reunión y participación en los asuntos públicos. Pero lo que no puede convertirse el espacio público es en un espacio cuya posibilidad de actuación en el mismo, por parte de los ciudadanos, esté limitada a lo que la ley autoriza y exclusivamente a lo que la ley autoriza. Esto es una regresión. Es una reducción grave de las posibilidades de utilización del espacio público por parte de los ciudadanos mediante el ejercicio de derechos fundamentales y, probablemente, con problemas de constitucionalidad. Y si no, al tiempo, porque lo veremos.

Luego se incrementa el número de conductas que son objeto de reproche sancionador administrativo y se incorporan la mayoría de las que estaban previstas en la Ley 1/1992. Se incorporan las faltas que se trasladan desde el Código Penal a este proyecto de ley y se incorporan otras nuevas, sin perjuicio de que se mantengan estos apoderamientos que permiten una actuación verdaderamente discrecional de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el artículo 14. Y luego se pretende preservar el statu quo. Por eso, decimos que son malos tiempos para quienes quieren practicar actividades de contestación contra las políticas gubernamentales, sea del Gobierno que sea; malos tiempos, en definitiva, para la disidencia política.

Desde una perspectiva competencial, se provoca también otra disfunción que quiero poner de manifiesto y sobre la cual nos gustaría negociar con el tiempo, porque este proyecto de ley ya está dictaminado, en trámites ulteriores, incluso, a la aprobación de la ley.

Señores del Partido Popular, ustedes no reconocen como se deben reconocer las competencias autonómicas de aquellas comunidades autónomas que tienen competencias plenas en materia de seguridad pública y tienen policías integrales.

Se produce un reconocimiento confuso y perturbador de la totalidad del contenido, de la indemnidad del contenido de estas competencias en tanto en cuanto se utiliza una expresión que provoca esta confusión que es la palabra mágica y terrible: asimismo. Con «asimismo» parece indicarse que, asimismo, tanto las policías como las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, como las autonómicas, allá donde tengan competencias en materia de seguridad autonómica, pueden actuar en este ámbito en virtud de las previsiones de la Junta de Seguridad. En virtud de las previsiones de la Junta de Seguridad es una redundancia y no tiene ningún sentido. Las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Cataluña, por ejemplo, están tasadas por sus estatutos de autonomía y no dimanan de los acuerdos de la Junta de Seguridad, ni en este ámbito ni en ninguno atinente a la seguridad ciudadana; están tasadas. Y las que también están tasadas son las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: documento nacional de identidad, pasaporte, armas y explosivos, extranjería, etcétera. No obstante, este proyecto de ley produce una especie de inversión de los términos y parece que las tasadas son las competencias autonómicas y, las generales, las competencias estatales mediante una especie de desnaturalización absoluta, en nuestro caso, del artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Esta utilización del concepto «asimismo» y esta especie de vinculación de las competencias autonómicas a los acuerdos de la Junta de Seguridad es profundamente incorrecta. Las competencias autonómicas están previstas en el bloque de constitucionalidad, están previstas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika y son totales. Y no se puede, mediante la utilización de conceptos como «asimismo», indiferenciar las potestades de actuación de policías estatales con policías autonómicas allá donde haya cuerpos o policías autonómicas integrales, que deben ejercer todas las competencias en materia de seguridad ciudadana menos las que están tasadas —estas sí que están tasadas— para el Estado, para la Administración que ustedes representan y paras las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado.

Finalizo, señor presidente. En este proyecto de ley se hace referencia a las manifestaciones ante las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y el Parlamento español, Cortes Generales, Congreso y Senado. Se prevé esta actuación para cuando se perturba el funcionamiento de estos órganos, pues, si no se perturba, no tiene sentido imponer ninguna sanción. Pero, señorías, perturbar el funcionamiento de estas instituciones ya está previsto como tipo delictivo —como un delito menos grave y grave en ocasiones— en el artículo 494 del Código Penal. Esto nos lleva a la última reflexión: que existe una duplicación de infracciones, que ya están previstas como administrativas y que son objetivo de sanción administrativa.

Por esta y otras razones, nuestro grupo parlamentario presenta este veto y votará a favor de los demás vetos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Hoy debatimos un proyecto de ley de la máxima importancia para los ciudadanos y los cuerpos policiales, una ley que trata de derechos fundamentales y libertades públicas.

Ayer tuve una grata sorpresa durante el debate del Código Penal, cuando vi al ministro de Justicia sentado en los escaños de esta Cámara. Pero como dice aquel: mi gozo en un pozo. Yo pensaba que hoy tendríamos aquí a nuestro ministro del Interior, nuestro apreciado y querido ministro del Interior; pero no está: no podía ser de otra manera. El hecho de que para debatir una ley tan fundamental no esté presente hoy el ministro del Interior no solo deja en evidencia al propio ministro —que ni está ni se le espera—, sino que pone en evidencia que el Senado es para él no solo una Cámara de segunda lectura, sino también de segunda categoría. Entiendo que debe estar muy ocupado con el comisario Villarejo. Y déjenme dar una pincelada al respecto. Curiosa seguridad ciudadana es la que permite que un comisario compatibilice su actividad en no sé cuántas empresas, con una facturación de no sé cuántos millones de euros, con su tarea policial; tarea policial en la que se involucra a un presidente de comunidad en presuntas grabaciones ilegales y en famosas comidas con florero y micro en Barcelona. Como dicen en mi tierra: m?hi jugaria un pèsol, apostaría un guisante a que también está involucrado en los famosos informes de la UDEF en relación con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al alcalde de Barcelona, Xavier Trías. Y van y le condecoran. Déjenme que les diga que los ciudadanos en este sentido no estamos nada seguros. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Entrando en la ley, nosotros expusimos en la reunión de la Comisión de Interior que dictaminó este proyecto de ley la necesidad de reformar la Ley 1/1992, porque en veintitrés años se han producido profundos cambios sociales, jurisprudenciales y también hemos vivido una auténtica revolución tecnológica, que mucho tiene que ver con la seguridad y la protección de los ciudadanos. Aquella ley de 1992 coincidía con el auge de internet tal y como lo conocemos hoy y los profundos cambios que ha provocado en las relaciones sociales y personales. Es evidente, por tanto, que aquella ley debía ser revisada y actualizada. Pero ustedes han convertido la reforma de esta ley en algo infumable en muchos aspectos, pues suponiendo un cambio en la relación entre seguridad ciudadana y derechos de los ciudadanos, debiendo afinar la protección de los ciudadanos pueden generar el efecto contrario, efectos negativos en los derechos fundamentales y libertades públicas. Por eso, en ningún caso es nuestra ley, de ahí nuestro veto.

Además, no es la ley de ninguno de los grupos de la oposición, pues ustedes han conseguido con esta reforma el consenso de todos los grupos de la oposición en su contra. Se han presentado ocho vetos, toda la oposición se manifiesta en contra. Ya sé que ustedes están acostumbrados a aplicar su poderoso rodillo y les da igual un veto que diez o una enmienda que mil, pero les debería hacer reflexionar el hecho indiscutible de que hoy este proyecto de ley tiene a los representantes de una parte muy importante de la sociedad española en contra. Algo están haciendo mal y su prepotencia les impide verlo. Y han conseguido crear mucha alarma y rechazo en numerosas entidades sociales: Cáritas, Amnistía Internacional, Plataforma del Tercer Sector, Justicia y Paz o incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur,y también ha causado la misma alarma y rechazo en el mismísimo Consejo General de la Abogacía Española, y más tarde hablaré de ello.

En primer lugar, debo manifestar mi profunda indignación al ver que todas y cada una de las veces que el Gobierno del Partido Popular lleva un proyecto de ley al Parlamento los gobiernos de las comunidades autónomas, especialmente Cataluña y Euskadi y los grupos parlamentarios que les damos apoyo, temblamos al tener la certeza de que alguna competencia autonómica quedará laminada en la tramitación y eso supone una ardua batalla para proteger y preservar las competencias autonómicas, algunas veces en el Congreso, algunas en el Senado, como ya sucedió en el Proyecto de Ley de la seguridad privada, cuando aquí en el Senado tuvimos que renegociar y salvaguardar las competencias de la policía integral de Cataluña en esa materia. Pues en esta ley tres cuartos de lo mismo.

Ustedes invierten la realidad de Cataluña, donde la competencia general de seguridad ciudadana corresponde, según el Estatut, a su policía integral, los Mossos d’Esquadra y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen limitadas sus competencias: DNI, pasaporte, extranjería, armas, etcétera y la convierten en una Cataluña irreal, donde parece ser que quien tiene la competencia en seguridad ciudadana es la Policía Nacional y la Guardia Civil y los Mossos son residuales y si cuela, cuela. El mundo al revés. Pero, además, nos parece insólito que algo tan básico en seguridad ciudadana como es la cooperación entre cuerpos se vea gravemente limitada por la reiterada negativa del Gobierno del Partido Popular de no permitir el acceso a las bases de datos de Interpol y Europol a las policías autonómicas, en un momento de máxima prioridad en la lucha contra el terrorismo internacional.

La cooperación internacional entre cuerpos de policía y el acceso de estos cuerpos a las bases de datos internacionales son la mejor herramienta para evitar que delincuentes internacionales puedan esconderse en otros países o territorios diferentes de donde han cometido los delitos. Sin poder acceder a estas bases de datos, el trabajo es mucho más arduo y no responde a una policía eficiente y preparada. Es impensable que el agente de tráfico de los Mossos d?Esquadra pare a una persona extranjera y no pueda comprobar en el ordenador de su coche o de su motocicleta los datos de este señor para comprobar que no se trata de ningún delincuente internacional. Y no les hablo de ciencia ficción, señorías, les hablo de hechos reales, les hablo, por ejemplo, de uno de los capos de la camorra napolitana, que ha vivido tranquilamente en Cataluña durante dos años y los Mossos no han tenido la más mínima constancia de este hecho. ¡Menuda colaboración, menuda protección a los ciudadanos! Ese es su concepto de seguridad ciudadana, al menos en Cataluña.

Hablemos del régimen sancionador. Al pasar muchas faltas a sanciones administrativas y así abandonar el ámbito judicial al producirse un trasvase entre derecho penal y derecho administrativo, dejan demasiado margen a la interpretación no objetiva y eso, en elementos sancionadores es altamente peligroso. Pueden así darse casos de arbitrariedad y de aplicación de sanciones que pueden ser desproporcionadas. Sancionar de manera desproporcionada una proclama en una manifestación puede suponer vulnerar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Se olvidan de castigar las cosas gordas, los ilícitos importantes —¿apología del holocausto no lo es?—, y se ceban en temas menores que afectan muy directamente a los derechos de los ciudadanos. A quienes se les debe garantizar la seguridad es a los ciudadanos, pero nunca a costa de sus derechos fundamentales.

En esta ley ustedes también utilizan conceptos jurídicos indeterminados dejando un peligrosísimo margen a la interpretación y creando inseguridad jurídica, por ejemplo, en los artículos 17 y 18, que guardan relación con el derecho de reunión y manifestación en vías o lugares públicos en que los cuerpos de seguridad pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración. ¿Quién decide los indicios y sobre qué base? ¿A juicio de los agentes? Actuar por indicios puede limitar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Y cuando ustedes hablan de inmediaciones, ¿qué se considera inmediación? ¿Una plaza al lado de la estación de tren es inmediación? ¿Los ciudadanos de Tarragona no van a poder manifestarse para pedirle al Ministerio de Fomento una estación digna y no la tercermundista que tenemos hoy? Y si unos ciudadanos pasean por la calle delante de la estación, ¿estarán incumpliendo la ley? La terraza de un bar al lado de una gasolinera, ¿es inmediación porque una gasolinera es un depósito de combustible? ¿Puedo estar tomando un café en ese bar mientras hay una manifestación de trabajadores de la gasolinera? ¿Están incumpliendo la ley? ¿Incumplen la ley aquellos que ejercen el derecho fundamental de manifestación de manera consciente? Y cuando hablan de perturbar la tranquilidad ciudadana, ¿cómo se evalúa cuándo se perturba la tranquilidad y cuándo no? Como dice el Consejo General de la Abogacía Española, basta la lectura de las infracciones apuntadas para advertir que algunas de ellas están descritas en términos excesivamente amplios, no lo suficientemente precisos, concretos y taxativos como para colmar las exigencias del principio de tipicidad. A este dato se suma que resulta cuestionable su proporcionalidad.

En cuanto a la identificación y mantenimiento de los documentos identificativos, parece ser que deberemos llevar de nuevo el DNI en la boca todo el día como en tiempos pretéritos.

Y en relación a la solicitud de servicios sexuales, les recuerdo que hace dos años presenté en esta Cámara un proyecto de ley para modificar la Ley de tráfico y prohibir la solicitud de la prestación de servicios sexuales en las carreteras de titularidad estatal no solo para garantizar la seguridad de las prestantes sino también para evitar riesgos en la seguridad vial. Y decía entonces que era más importante sancionar a los conductores solicitantes que no a las personas que prestan estos servicios, pues al sancionar a las personas que ejercen prostitución en las carreteras se corre el riesgo de penalizar a la parte más frágil, a la más débil. En este sentido, en las zonas de tránsito público, que dice la ley, entiendo que se incluyen las carreteras del Estado, pero insisto en que el objetivo debería ser sancionar a los solicitantes y en todo caso desalojar sin amenaza en caso de reiteración a las personas que prestan estos servicios. En eso se equivocan.

Acabo con el tema de las devoluciones en caliente. Soy muy consciente de que la frontera en Ceuta y en Melilla se ha convertido en una de las puertas a Europa para las personas que huyen de sus países, donde su vida, su seguridad y su libertad están en peligro. Les he manifestado más de una vez que la solución debe ser europea. No se puede dejar solo al Estado en la toma de decisiones a este respecto precisamente para que no pase lo que está pasando. Ustedes han convertido esa decisión en una auténtica patada en el trasero de aquellas personas que luchan por entrar en lo que consideran la única esperanza que les queda.

Como decía al inicio, ustedes han puesto en su contra a entidades sociales de altísimo prestigio que han visto con estupor, al igual que todos los representantes de los partidos de la oposición, cómo van a devolver en caliente a toda esa gente al otro lado de la frontera. Ya sé que han suavizado su propósito inicial con la introducción de salvaguardas internacionales, pero me suena a lo mismo. ¿Es que cuando sucedió el trágico suceso de la playa del Tarajal, no existían normativas internacionales de derechos humanos que cumplir? ¿Ahora sí que las van a cumplir? Seguimos pensando al igual que el Consejo General de la Abogacía, Cáritas, Acnur, Justicia y Paz, Amnistía Internacional, Plataforma del Tercer Sector, y tantas y tantas otras organizaciones, que a toda persona que entra en un territorio de un Estado soberano y democrático se le debe dar un trato humano, unas garantías mínimas, como son la asistencia letrada, el intérprete, incoación de un expediente, cumplir con la Ley de Extranjería. Ustedes, en cambio, pretenden legalizar una actuación ilegal de expulsión sumaria, y eso es intolerable.

Por todo esto, hemos presentado este veto al que vamos a apoyar, al igual que apoyaremos los vetos de los demás grupos de la oposición.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. Tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, me gustaría disculpar al ministro del Interior, debe estar muy ocupado en Estrasburgo (Aplausos), y además ocupado en lo que corresponde en este momento: en decir que el señor Villarejo ha hecho funciones muy relevantes para el Estado español. También ha hecho otra declaración muy sabrosa:



el que un policía se reúna con un político, en sí mismo no tiene nada de malo. Yo creo que todavía no ha escuchado las grabaciones que el otro día le comentamos. Pero más allá de este tema, vamos al fondo, porque esta ley es importante, aunque el ministro no le dé la importancia que tiene.

En primer lugar, ustedes dicen que los cambios necesarios que se han producido con este proyecto de ley vienen derivados de los nuevos cambios que se están produciendo en la sociedad española, y yo diría que internacional. Y les doy la razón. En la sociedad española se han producido cambios muy importantes, y ustedes se sienten muy cómodos con ellos porque son unos cambios que tienen que ver con lo que se llama la gobernación de la globalización en el mundo y con la ruptura de un pacto, un pacto entre demócrata-cristianos y socialistas y socialdemócratas, después de la segunda guerra mundial, que era el pacto por una economía mixta por un Estado de bienestar. Y ese pacto se ha roto y se ha roto tajantemente, y el pacto constitucional en España también se ha roto en ese sentido. Y estos pactos son lo que, de alguna manera, están cambiando el modelo social. También se ha roto el equilibrio que teníamos en la negociación colectiva. Ya se encargaron ustedes con la reforma laboral de generar un espacio de inseguridad, desde el punto de vista laboral, de pérdidas de derechos y libertades laborales en nuestro país. Eso también produjo un profundo cambio social. Y se ha roto también un pacto que yo añoro, que era el desarrollo equilibrado norte-sur en la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en un tiempo nuevo, en un momento nuevo donde la globalización, la falta de poder gobernar esa globalización, está generando un problema de déficit democrático.

Ese cambio tan profundo que se ha producido tanto en la sociedad europea como en la española es lo que ha producido el malestar que ustedes quieren atajar con esta ley. Y eso tiene que ver con una filosofía que, en mi opinión, se acerca —no quiero caricaturizar— a lo que es el modelo del Estado decimonónico. Ustedes están más por lo del Estado mínimo, ¿les suena eso de que hay que recortar el Estado, que lo que podamos darle a la sociedad privada, démoslo, que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos está mejor que en el del Estado? Es el Estado mínimo, el Estado gendarme, un Estado que se dedica a la protección de los bienes, especialmente de los que les quedan algunos bienes, pero no de los del resto de los ciudadanos. Por lo tanto, ustedes están cambiando este modelo con un ultraliberalismo, por cierto, muy hipócrita, porque en su momento, cuando no lo necesitan, como es en el rescate a la banca, no dudan ustedes en ser intervencionistas de una manera clara. Lo decimos en el veto: con la excusa de las crisis, ustedes han recortado el Estado social, y con la excusa de la seguridad, nos recortan las libertades. Estos son los cambios que se están produciendo en la sociedad española.

Y otro cambio al que debemos estar muy atentos —en este Pleno algo deberíamos haber avanzado en esa dirección y yo creo que ha sido muy poco lo que se ha hecho— es todo lo que tiene que ver con la sensación de corrupción, y esta ley ignora esa situación. El estado de la opinión pública sobre la corrupción en el 2011, cuando tomaron ustedes el Gobierno, era el siguiente: para un 6 % de los españoles ese era uno de los principales problemas; hoy lo es para el 55 %. Por tanto, este tema, el tema de las instituciones y el deterioro de lo público nos debería preocupar y debería estar en esta ley. Sin embargo nada de esto se recoge en el proyecto de ley que ustedes presentan. Una ley innecesaria, como se ha dicho aquí, entre otros motivos porque quiero recordarles que no hay problema de inseguridad ciudadana, ni en la percepción social, ni en los datos de reducción de índices de delitos. Y no me voy a detener porque ustedes lo conocen mejor que yo.

Mientras que la ley de 1992 puso fin a lo que entonces era la Ley de orden público, y planteó el tema de la seguridad ciudadana como un elemento para la protección de los derechos y de las libertades como sinónimo de protección, como un instrumento, ustedes plantean en esta ley una equiparación de la seguridad ciudadana con el orden público, y no es casual. Vuelven a un modelo anterior, a un modelo de orden público más que a uno de seguridad ciudadana en el sentido de protección de derechos y libertades, e introducen algo que a mí me parece que les delata. Hablan permanentemente de la tranquilidad ciudadana entre los objetivos fundamentales, y la tranquilidad ciudadana es un concepto muy inseguro. ¿Quién define qué es la tranquilidad ciudadana en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con ese pretexto de la seguridad ciudadana? ¿Cuántas medidas de recorte de las libertades vamos a establecer para proteger una supuesta tranquilidad ciudadana, no sabemos muy bien de quién ni quién la define? Ustedes introducen este tema, como otros muchos. Previamente habían lanzado ideas de recorte de las libertades del derecho de huelga; me acuerdo de los manifestódromos en Madrid, me acuerdo de los escraches, me acuerdo de generar esa sensación de que estábamos en un Estado donde el vandalismo imperaba de una u otra manera.

Pues bien, yo creo que ese no es el bien jurídico a proteger. La protección que tenemos que hacer es fundamentalmente la de los derechos de los ciudadanos. Y vuelven ustedes a querer controlar la calle, porque, perdonen que se lo diga, pero ustedes han tenido un fundador del partido que tuvo una frase histórica: La calle es mía. No vuelvan a decir ustedes por concepto que hay que controlar lo que se hace en los espacios públicos. La calle es un espacio para la protesta, para la convivencia, para lo lúdico, pero es un espacio público, un espacio de todos. No se puede ir a un concepto de patrimonializar el poder del espacio público.

Hablan ustedes también de restricciones importantes en las libertades, y me preocupa una de ellas. Hemos hablado de muchas en la exposición de motivos, pero hay una de ellas que me preocupa especialmente. Con el recorte de los derechos de los trabajadores hemos visto necesario introducir en una enmienda, que ustedes ni han considerado, potenciar el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga. No puede ser, porque no ha habido datos especiales, que en este momento existan sindicalistas que, por proteger un derecho fundamental, estén teniendo problemas en los juzgados; que exista una interpretación de la ley que hace que se les pueda llevar a prisión por ejercer un derecho fundamental básico en democracia, como es el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga. Pero ustedes no han considerado oportuno hablar de estos temas.

Y estos recortes de libertades los denuncian todos los organismos. No me voy a extender, pero, por ejemplo, Amnistía Internacional dice que, ante medidas de austeridad como las que han provocado la vulneración de los derechos humanos, el Gobierno ha adoptado la actitud de aumentar la potestad punitiva y sancionadora, y ha recortado la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta es la opinión que tienen organismos internacionales que también son capaces de valorar las reformas que se han introducido en el Congreso de los Diputados, y por tanto, nada sospechosas de querer generar ningún estado de opinión contrario a lo que es una sensación objetiva del conjunto de la sociedad. Son todos los recortes que están haciendo ustedes en todos los sentidos, como el uso no autorizado de imágenes limitando la libertad de expresión; el ir contra los actos de solidaridad, como en el tema de los desahucios, que es vergonzoso que el propio secretario de Estado dijera que se hacía por ello; el tema de los desalojos, cuando sabemos que es un drama social para miles y miles de familias; los actos de solidaridad ante los desahucios que se están convirtiendo en sanciones de hasta 30 000 euros... Me parece simple y llanamente escandaloso. Lo que hay que hacer es una política de vivienda y una política de dación en pago, y no ir por medidas de esta naturaleza.

Cuando hablan ustedes de falta de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo dejan en esos términos, es totalmente discrecional, vamos a tener sanciones multiplicadas como las que hizo la delegada del Gobierno —hoy candidata a la Comunidad de Madrid—, Cristina Cifuentes, que para que se hagan ustedes una idea, sin esta ley, en 2012, multiplicó por 9 el número de multas en la Comunidad de Madrid, y yo conozco perfectamente de lo que les estoy hablando.

La discrecionalidad, el tema de la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin ningún mecanismo —como le piden— de control como observatorios, o de mediación que tienen que existir, es un peligro importante para la democracia. Y esto lo han hecho ustedes, además, cuando se ha generado en este momento el traslado de las faltas, se ha quitado del Código Penal, pasando a la potestad gubernativa la capacidad de sancionar las infracciones. Han incrementado el poder de la sanción con muchas menos garantías, porque lo han quitado del Poder Judicial y lo han pasado a la decisión gubernativa, y creo sinceramente que ustedes deberían revisar estos temas.

En este momento, ante esos recortes de libertades y ataques a la seguridad, incluso —quiero dejar aquí también constancia— una loa a la seguridad privada, les pedimos, por favor, que incorporasen el tema de la policía portuaria, 2000 trabajadores públicos, y les pedimos que los equiparasen como agentes de autoridad, lo mismo que figura en la Ley de seguridad privada para los trabajadores de empresas de seguridad privada, que reconociesen ese trabajo. Sin embargo, en su línea de trasladar servicios públicos a lo privado, no han querido mencionar un tema de esta importancia, siguen dando un valor fundamental al traslado de servicios públicos a las empresas privadas, el negocio de lo público en las empresas privadas, y creo que ese es otro error que cometen ustedes en este proyecto que han presentado.

Y, por otra parte, me preocupa el tema, y me quiero detener brevemente en ello, de la modificación de la Ley de extranjería y el derecho de asilo. Yo sé que han tenido ustedes contactos con Acnur y sé que les han dicho que hagan un protocolo, que desarrollen un reglamento, y podíamos haber hecho una transaccional sobre este asunto, aunque legislar para Ceuta y Melilla no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, podíamos haber buscado un acuerdo. Pero ni siquiera han sido capaces de recoger el esfuerzo de Acnur para hacer una modificación que les comprometa a ustedes con un reglamento que proteja a los inmigrantes que tienen el derecho de pedir el derecho de asilo en nuestro país y que dé garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy estamos viendo cómo guardiaciviles que han pedido a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil protocolos de actuación están siendo juzgados. Hay una inseguridad absoluta y con esta modificación que hacen y con el desprecio a los trabajos de Acnur sin duda España se va a ver a nivel internacional con muchos problemas en los tribunales; mucho funcionario público va a tener condenas porque no existen garantías jurídicas a ese respecto.

Y les quiero decir que esto, el recorte de libertades, de derechos fundamentales, el informe del Consejo General del Poder Judicial, el tema de Acnur, todas estas cuestiones hacen que esta ley tenga vicios de inconstitucionalidad. Vamos a tener problemas serios con esta ley y entre todos necesitamos tenemos garantías jurídicas a ese respecto.

Se han saltado todos los convenios internacionales, todos absolutamente: Ginebra, Roma, Ley de extranjería, Ley de asilo, Acuerdo con Marruecos. Modifiquen ustedes esa postura, modifiquen la postura porque es necesario que todos nosotros pongamos como prioridad el derecho de las libertades y los derechos fundamentales, también de aquellos que se ven obligados a cruzar el Estrecho, de venir a España por las condiciones inhumanas que tienen en sus países.

Por lo tanto, les pido que rectifiquen: 8 vetos, todas las organizaciones sociales en contra, organismos internacionales muestran que esta ley no es la que necesita España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra, senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señorías, buenos días. Muchas gracias, presidenta.

Lamento que no esté el señor Anasagasti, pero el señor Cazalis seguro que le podrá trasladar esto que voy a decir: parece mentira que un hombre como el señor Anasagasti, con la experiencia que tiene, con los espolones que calza, haya dicho que son malos tiempos para la disidencia política; con lo que ha vivido el señor Anasagasti, con lo que viaja a Venezuela, con lo que conoce del mundo, me parece que no se sostiene que diga esto aquí.

Esperaba un debate sereno, señorías, como el de ayer por la noche, en el que se pudieron acercar posturas, en el que se pudieron poner ideas encima de la mesa, y no otras cuestiones; sin embargo, hemos comenzado oyendo descalificaciones. Se nos ha dicho que esta es la trilogía represiva, que producimos un recorte de los derechos fundamentales e incluso se ha acusado al Grupo Popular de tener nostalgia de otros tiempos. Se ha hablado de brutalidad policial y, señora Capella, esto no es admisible. Desde el respeto que personalmente le tengo ¿dónde tiene usted la patente exclusiva de la defensa de los derechos humanos? ¿Quién le otorga a usted la autoridad moral para repartir carnés de demócratas, para repartir carnés de defensores de derechos y libertades? No es admisible lo que usted ha dicho en esta sala, señora Capella. (Aplausos).

Señora Mendizabal, solo nos faltaba ya oír a los senadores que hoy ocupamos estos escaños que Amaiur nos viniera a dar lecciones de democracia. He visto mucho en política, pero me quedaba por ver esto, y esta mañana usted lo ha hecho. Pero ¿cómo tiene usted fuerza moral para hablar de represión a este grupo o a estos grupos? Represión, señoría, es tener contra su voluntad y en condiciones inhumanas secuestrada a una persona durante 532 días y no condenarlo. (Aplausos). Eso es represión. Represión son los tiros en la nuca.

Señoría ¿habla usted de mordaza? ¿Qué nos tendrían que decir los miles y miles de vascos que han tenido en las últimas décadas que abandonar Euskadi por la mordaza que amigos suyos les han puesto y con las dificultades que se han encontrado para vivir en el propio territorio de sus mayores a lo largo de estas últimas décadas? ¿Y tiene usted la fuerza de venir aquí a acusarnos a los demás de estas cuestiones? Perdóneme, pero eso no es tampoco admisible.

Por lo tanto, vamos a ver si podemos entrar en el debate serio y voy a dar por no oídas las cuestiones que ustedes nos han planteado.

Señorías, estamos hoy ante un debate interesante, con 8 vetos, y ese número de 8 vetos se ha utilizado como un argumento de autoridad para decir que toda la oposición está en contra de esta ley, así que algo habrán hecho ustedes mal. Sin duda, hacemos muchas cosas mal, y lo sabemos, pero le recuerdo al representante, a mi querido amigo el senador Sendra, de Convergència i Unió, que ustedes en el Congreso de los Diputados también pidieron la reforma de esta ley. Y estoy convencido, porque es un hombre sensato, que si no estuviéramos en los momentos preelectorales en que estamos, probablemente su grupo apoyaría esta ley, mejorándola, como hace usted siempre a través de sus enmiendas, pero apoyarían esta ley. Y no solo sería así con su grupo, sino también con algún otro, pero estamos en la época en que estamos.

Se ha dado aquí como un argumento que los españoles, según el CIS, no consideran necesaria esta ley. Bonito argumento, por otra parte.

Señorías, hay otros argumentos y después de veintidós años ―aunque al señor Saura no le haya gustado― se ha generado mucha jurisprudencia, y el incorporar la jurisprudencia que se ha producido durante los veintidós años de vigencia de la anterior ley sí es una razón.

Hay recomendaciones de los distintos defensores del pueblo que se incorporan en esta ley, pero nadie lo ha dicho; hay recomendaciones de alcaldes y de organismos internacionales que también se incorporan a esta ley, como a continuación veremos.

Por lo tanto, estamos intentando no solo acompasar, como alguien ha dicho con razón, esta reforma con la del Código Penal sino mejorar la ley y hacerla más garantista, como intentaré explicar a continuación.

Señorías, es verdad que cuando se habla de derechos y de libertades, de seguridad, todos estamos comprimidos por un corsé ideológico. No lo vamos a negar y eso nos hace ver las cosas de distinta manera a unos y a otros.

Señorías, señora Mendizabal ¿es un derecho fundamental para usted la kale borroka? Porque parece que sí. ¿Ve usted cómo el corsé ideológico nos hace ver las cosas de distinta manera? (Aplausos). La defensa que tenemos que hacer de los derechos humanos unos y otros es similar. Cada uno, desde nuestras creencias, desde nuestras convicciones, lo que tenemos que hacer los demócratas —y en esta sala estamos demócratas— es buscar puntos de convergencia, y eso es lo que a mí me gustaría que hiciéramos a lo largo de esta jornada.

Señorías, a la vista de lo que he leído en los textos que presentaron como moción y lo que han dicho aquí a lo largo de estos minutos en defensa de los mismos, se han quedado ustedes en el anteproyecto, y el señor Saura era muy gráfico, como siempre. Señor Saura —un hombre estudioso como es usted, podrá y tendrá oportunidad de leer el Diario de Sesiones— ha estado usted permanentemente refiriéndose al anteproyecto, lo leerá en el Diario de Sesiones y tendrá oportunidad de rectificar en el siguiente turno. Ustedes, cuando este Gobierno, probablemente con una mala praxis, sacó a la luz el anteproyecto hace casi dos años etiquetaron el proyecto: ley mordaza, y hubo un lanzamiento de marketing: nos han dado la oportunidad de dar caña al Gobierno; permítanme la expresión, para quitar a esto un poco de hierro.

Se acuña el término de ley mordaza y a partir de ahí ya no nos importa si la ley ha cambiado o no; ya no nos importa que haya sufrido un trámite larguísimo en el que se ha escuchado al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo General de la Abogacía, incorporando todas, o la mayoría de las cuestiones sustantivas que planteaban a este texto; por lo tanto, criticar este texto con los argumentos que el propio Consejo hacía cuando analizó el anteproyecto, me parece que es en este momento por lo menos inútil.

Señorías, ustedes están citando permanentemente al Relator de la ONU, que me merece todos los respetos, pero no me merece menos respeto el Consejo de Estado de nuestro país. Y les voy a leer textualmente lo que dice el Consejo de Estado: El texto guarda una prudente ponderación y contrapeso entre los valores de libertad y seguridad, pues entendiendo la libertad en su versión subjetiva, como el derecho de cada uno al libre desarrollo de su personalidad, encuentra el límite en el derecho de los demás y se integra en un orden político y de paz social jurídicamente organizado. Esto, señor Saura, es textual, es lo que dice el Consejo de Estado en relación con el proyecto que hoy traemos aquí. Por lo tanto, está muy bien citar a los relatores de la ONU, que nos merecen, como digo, todos los respetos pero, aquí los tenemos también, no son exclusivos en cuanto al juicio que pueden hacer de nuestras leyes.

Me gustaría hacer un mínimo recorrido agrupando por bloques la crítica que ustedes han hecho —yo creo que han coincidido básicamente unos y otros— y dar una pequeña pincelada en relación con el primero de ellos. Critican el tema de las faltas, y dicen —creo que sin razón— que esta es una mala praxis. Se olvidan también de que esto era recomendado no hace muchos meses por el Consejo Fiscal, entre otros, y por el propio Consejo General del Poder Judicial. Ustedes critican el tema de las faltas, pero yo, a pesar de que ayer hubo un brillante debate en el que mis compañeras defendieron esta cuestión, solamente quiero hacer un mínimo comentario. Al desaparecer las faltas del Código Penal como categoría de infracción penal, hay conductas del ámbito al que corresponde esta ley, señor Iglesias, que quedarían destipificadas. A nuestro entender, muchas de esas conductas son merecedoras de sanción, y nos parece que es una buena medida, al menos desde nuestro punto de vista, pasarlas del ámbito penal al ámbito administrativo. Repito, esto hace unos meses lo recomendaba el mundo de la fiscalía, el judicial, el académico y hoy ustedes se han referido a ellos constantemente, pero no han hecho ninguna alusión a que esta era una recomendación que hacían.

Tal vez, señorías, la acusación más grave o la crítica más fuerte que hacen a la ley es que es una restricción de los derechos de reunión, manifestación y huelga. Yo creo que con la mera lectura del artículo 23 de la ley sería suficiente para ver que esto no es así. El artículo 23 establece: Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger —señor Anasagasti— la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por tanto, la propia ley en positivo manifiesta a través de su artículo 23 cuál es la voluntad en orden a manifestaciones y reuniones. Saben, señorías, igual que yo, que en nuestro país las manifestaciones no requieren autorización previa, y esto no se modifica para nada. Simplemente una mera comunicación a las delegaciones de Gobierno es suficiente para que se pueda celebrar una manifestación en este país.

Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede sancionar, a pesar de lo que dicen ustedes? Pues se puede sancionar como una infracción leve, señorías, la no comunicación de la manifestación, el resto está protegido. Y la manifestación o cualquier reunión de ciudadanos con el fin de llamar la atención sobre cualquier cuestión se protege en dos órdenes: primero se protege a los ciudadanos que acuden a la manifestación y, segundo, se protege y se impide que, aprovechando la reunión de manifestantes pacíficos, haya elementos, grupos externos minoritarios, que provocan lo que todos estamos viendo a través de las noticias de los telediarios cada día o casi siempre que se produce una manifestación en España.

Señora Mendizabal, ¿qué debiera hacer la ley?, ¿proteger a esos angelitos encapuchados que cada vez que hay una manifestación en el casco viejo se dedican pacíficamente a quemar contenedores, pacíficamente a quemar autobuses, pacíficamente a romper cajeros? ¿Eso es lo que debería proteger esta ley, según usted, para que las manifestaciones estuvieran perfectamente respetadas en España? Evidentemente, no. Y si ustedes piensan así, será su problema; nosotros pensamos justamente de forma distinta. La ley, por tanto, establece esa doble protección: protege a los manifestantes pacíficos y protege a los ciudadanos que pudieran verse molestados en su pacífico circular por elementos extraños a las manifestaciones.

¿Cuál es la molestia que les causa esta norma, señorías?, ¿que solamente sea una infracción leve el no comunicar?, ¿debiera ser una infracción mayor?, ¿que se considere infracción grave las acciones violentas dentro de las manifestaciones? ¿Eso les perturba, señorías? Yo creo que si se hace una lectura desapasionada del texto, si intentamos ser objetivos con la ley, nadie desde la razón puede decir que esta ley perjudique mínimamente el derecho de manifestación, el derecho de huelga.

Voy a hacer algo que me parece importante. Nosotros hemos negociado con distintas asociaciones, agrupaciones, y con los sindicatos también. En el curso de estas negociaciones, y ya cuando la ley estaba en el Senado, el Grupo Popular introdujo enmiendas en relación con este tema. Nos preocupaba mucho cuál era la opinión de los sindicatos en lo que la ley afectaba al derecho de huelga o de manifestación. Señorías, con base en esas negociaciones presentamos varias enmiendas. Les leo brevísimamente lo que dicen Comisiones Obreras y UGT en relación con esas tres enmiendas. Respecto a la enmienda número 217, dicen: Se recogen en esencia las críticas sindicales a dicha norma. Enmienda número 218 del Grupo Parlamentario Popular: Con ella se acoge la propuesta sindical tanto en lo que se refiere a la definición de la conducta como a los criterios de imputación de la responsabilidad. Y por último, respecto a la enmienda número 219, dicen los sindicatos: Con ello se acoge también en esencia la propuesta sindical, corrigiendo la posibilidad de poner sanciones ante la mera presencia de personas ajenas al centro de trabajo. Es decir, señorías, los sindicatos avalan la presentación de las enmiendas que el Grupo Popular hizo para mejorar el texto de esta ley. Por tanto, créanme, a nosotros nos da mucha tranquilidad tener ese aval.

Pero voy más allá. Algunos de ustedes han citado a Amnistía Internacional como un elemento de autoridad, y, señorías, los informes de Amnistía Internacional los tenemos todos y nos los leemos al menos con el mismo interés que ustedes. Tengo aquí el texto de Amnistía Internacional y les voy a leer unos párrafos muy breves en relación con algunos de los artículos. Por ejemplo, artículo 23: Amnistía Internacional da la bienvenida a la inclusión en el proyecto de la obligación expresa de proteger la celebración de manifestaciones. Textual. Artículo 35: Amnistía Internacional da la bienvenida a que las medidas de intervención de la policía, llegado el caso, sean graduables y proporcionales. Aval también de Amnistía Internacional. Y podría seguir. Es verdad que Amnistía Internacional discrepa en muchas cosas. ¡Faltaría más! Amnistía Internacional no legisla en este país, pero reconoce muchos de los aspectos positivos de esta ley, y eso no lo dicen ustedes.

Señora Capella, una vez más plantea usted que la ley otorga a la policía un poder excesivo. Amaiur habla de impunidad; en fin, eso no merece comentario. Señorías, si leyésemos, repito, sin pasión el texto de la ley, veríamos que se crea un marco para el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hasta ahora no existía, las leyes anteriores no lo contemplaban. Artículo 16, otra de las cuestiones que ustedes critican a la que se ha referido el señor Saura o el señor Bruguera —perdónenme, no lo recuerdo bien—: Solo se permite la identificación en dos supuestos: cuando existan indicios racionales de delito cometido o cuando racionalmente se pudiera prevenir un delito. Amnistía Internacional también hace un comentario favorable a este respecto. Por tanto, repito, vamos a leer la ley sin pasión.

Identificación policial. Ahora más que nunca se establecen garantías a través de esta ley para hacer la identificación policial que antes no existían, y así lo reconoce Amnistía Internacional. En cuanto a las identificaciones en la calle, ahora la fuerza actuante necesita una serie de condicionantes para solicitar la identificación a una persona. Esas garantías antes no existían. Por tanto, estos son avances que la ley establece. Algunos de ustedes también se han referido a la práctica de los cacheos. Pues bien, por primera vez en nuestro país y en un texto legal se condiciona y se enmarca la forma en que se ha de realizar un cacheo. Son nuevas garantías para los ciudadanos.

Repito, si leemos la ley de forma desapasionada, de forma sesgada y sin hacer otras interpretaciones, podríamos llegar a un acercamiento mucho mayor que el que podría surgir del debate de esta mañana. Señor Saura —este sí ha sido usted—, ha hablado del uso no autorizado y ha dicho que la ley penaliza el uso de ciertas imágenes. Pues leamos el artículo, que dice exactamente: El uso no autorizado de imágenes —estamos hablando de infracciones graves— o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que puedan poner en peligro la seguridad familiar, personal, y siempre respetando el derecho fundamental a la información. ¿En qué se parece esto a lo que usted ha dicho, señor Saura? Es decir, se respeta por encima de todo el derecho a la información y solo en aquellos casos en que pueda haber peligro para las personas se prohíbe el uso de esas imágenes. Por tanto, hay una lectura sesgada de la ley, señorías, y eso no conduce a llegar a acuerdos.

Cómo puede ser que el Partido Socialista critique la cuantía de las sanciones —no sé si es el Partido Socialista o el Partido Socialista Catalán, perdóneme, señor Cascallana, pero como hay un bis, a veces uno se confunde— cuando son las mismas exactamente de hace veintidós años. Repito, las mismas de hace veintidós años, fíjese si ha corrido el agua debajo de los puentes. Pues bien, esas mismas sanciones económicas que hoy se gradúan, en las que hoy se establece una proporcionalidad, intentan ver cómo afecta a la capacidad económica del sancionado, buscando la proporcionalidad, y, sin embargo, esto es motivo de crítica. Pues bien, señor Iglesias —creo que ha sido usted el que lo ha criticado—, evidentemente, no puedo estar de acuerdo. El artículo 33.2 g) establece claramente que una de las condiciones que habrá de tenerse en cuenta a la hora de graduar la pena, la sanción, será la capacidad económica del infractor. Esto no tiene antecedentes en la legislación española. Estamos hablando de sanciones en un tema tan serio como la seguridad ciudadana y son equiparables perfectamente a las que se producen en un campo de fútbol por dar gritos o por cánticos violentos, o a las que se establecen en la normativa antitabaco. Señorías, les pongo estos ejemplos para que tengan una idea clara de lo que estamos hablando.

En mi opinión, analizando punto por punto como estamos haciendo, hemos dado cumplida respuesta sin poder entrar, obviamente, en el detalle de todos y cada uno de los temas, pero hay una cuestión que nos preocupa seriamente —como creo que a todos los grupos, señor Cascallana—, y es la referencia a la disposición adicional décima. Me alegra mucho lo que usted ha dicho, que podríamos haber llegado a un acuerdo en este asunto. Pues bien, yo creo que si no es ahora, podamos llegar en un futuro, porque lo que ha ocurrido en Ceuta y Melilla, lógicamente, preocupa a todo español de bien.

Señorías, introducir aquí esta enmienda, buscando el dificilísimo equilibrio entre la defensa de los derechos humanos, la protección a las personas maltratadas por las mafias que llegan a nuestras fronteras, la defensa de las propias fronteras, el derecho de asilo, la seguridad jurídica de nuestros guardiaciviles, que son los que están en primera línea de batalla, etcétera, es complicado, y por eso, como usted ha dicho, y yo lo reitero, hemos hablado con todas las organizaciones que más pueden aportar a esta cuestión, basado en su experiencia. Usted ha citado concretamente a Acnur. Pues bien, con Acnur hemos estado y estamos hoy hablando, y vamos a seguir haciéndolo porque Acnur nos reclama un protocolo que suponga una vía de funcionamiento para los guardiaciviles que están en frontera.

Señorías, técnicamente no cabe citar el protocolo en la ley y esa es la razón de que no se vaya a citar, pero creemos que además es muy de agradecer la postura que Acnur ha mantenido con el Gobierno y con este asunto con objeto de dialogar y aportar permanentemente sus conocimientos en la materia, que son muchos. Puedo garantizarles —y este es un compromiso del Gobierno— que se va a seguir hablando con Acnur hasta que haya definitivamente un protocolo, una forma de actuación, para que no solamente se plasme en el texto de la ley tal como queda hoy día, diciendo que cualquier rechazo se hará de acuerdo con las normas internacionales y la protección de los derechos humanos, pues eso ya se plasma en la ley, sino la forma práctica en que haya de hacerse.

Voy terminando, señorías. Pueden creerme cuando les digo que este Grupo Popular y este Gobierno al que sustenta saben de qué lado están. Lo vimos ayer en el debate del Código Penal y en el posterior debate que se produjo a altas horas de la noche. Señorías, este grupo está y estará al lado de las víctimas, estaremos al lado de los ciudadanos que respetan la ley y la convivencia, estaremos al lado de los ciudadanos que pacíficamente se quieran reunir y manifestar. Por tanto, y en función de que sabemos dónde estamos, les traemos hoy aquí una ley en la que se rebaja el listón del castigo —no lo olviden, porque me parece importante—; una ley que, a pesar de las críticas, aumenta las garantías de los ciudadanos, reduciendo amplísimamente el ámbito de discrecionalidad de las fuerzas del orden; una ley que enmarca los códigos de actuación de las policías, señor Sendra, de las del Estado y de las suyas. Estamos proponiendo, señorías, una ley perfectamente equiparable a cualquier ley de nuestro entorno europeo. Por consiguiente, estoy convencido —lo digo una vez más— de que si el momento preelectoral que estamos viviendo no fuera éste, algunos de los grupos que hoy han vetado la ley la apoyarían e intentarían mejorarla con sus enmiendas.

Este Gobierno y este grupo que lo sustenta se pueden equivocar. De hecho, nos equivocaremos muchas veces, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el convencimiento de que ésta es la mejor manera de defender un espacio en libertad para el disfrute pacífico de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, señorías, vamos a seguir con nuestra ley. Agradecemos las aportaciones que se han hecho en forma de enmiendas y que luego votaremos, y confiemos en que esta ley en los próximos años tenga por lo menos una vida tan larga, y espero que exitosa, como la tuvo en los veintidós años anteriores la ley que ahora va a quedar derogada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Aznar.

Pasamos al turno de portavoces. Grupo Mixto. Señora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, Coalición Canaria quiere que conste en acta su fijación de posición ante los vetos presentados. Con independencia de las matizaciones que pudiéramos hacer a su contenido, los vamos a apoyar, puesto que compartimos lo esencial. Compartimos lo más importante, que es el ruego, la petición, la exigencia de devolución de este proyecto de ley. Compartimos su rechazo porque es un proyecto regresivo, reaccionario; es un proyecto que representa la pérdida de derechos de nuestro Estado democrático; representa la pérdida de derechos individuales y la pérdida de derechos colectivos:



manifestación, reunión, libertad de expresión, derecho a la información. Como digo, representa un retroceso en nuestra democracia que nos ha costado tanto trabajo conseguir. Lamentamos asistir hoy a la pérdida de estos derechos. En unas pocas horas, en unos pocos minutos, se van a tirar por la borda —como digo— todos estos derechos que ha costado tanto tiempo conseguir para que los disfrutemos los que hoy estamos aquí. Porque además de tiempo, su conquista ha supuesto la dedicación de muchas vidas de muchos ciudadanos que nos han precedido; y todo ello para que hoy, en un abrir y cerrar de ojos, se tire por la borda lo que a tantos, a tantos, nos ha costado conquistar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Continúa el Grupo Mixto con la intervención del senador Martínez Oblanca. ¿No hay más intervinientes del Grupo Mixto? (Asentimiento). Les recuerdo que les quedan nueve minutos y pico.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno de Rajoy culmina, con este Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, una deriva que pone seriamente en entredicho sus compromisos con los derechos fundamentales y con las libertades públicas. Esta es una ley que se redacta apuntalada por el sí o sí de la mayoría absoluta del Partido Popular y que ha inspirado el ministro del Interior, cuya ausencia injustificable esta mañana en la Cámara Alta convierte a su titular en prófugo del Senado, en un ministro que ha despreciado a las Cortes Generales y que se ha escabullido para no dar la cara, justificar y explicar ante los senadores las bondades, si es que las hubiere, de esta ley impopular y feudalista que va derecha, derechita, hacia la inconstitucionalidad. Esta ley acabará por volverse en contra de sus impulsores: el señor Rajoy, otrora ministro del Interior, y el señor Fernández Díaz, otrora gobernador civil en Asturias. Se volverá en su descrédito democrático, como hace años otra ley nefasta se llevó por delante al ministro socialista José Luis Corcuera, con su patada en la puerta. De aquella ley de la patada en la puerta de 1992 hemos llegado a la ley de la patada en la boca de 2015. Y ante el inflexible rodillo parlamentario del PP, tendrá que ser el Constitucional el que acabe por poner en la papelera esta nueva ley. Con todo, estará en vigor demasiado tiempo y, mientras tanto, los ciudadanos sufrirán la quiebra de sus derechos y libertades que se deriva de este texto perverso, antidemocrático y de vocación totalitaria, construido bajo las falsas premisas de una falsa también inseguridad ciudadana sobrevenida.

Mi voto será favorable a los vetos y en contra de este proyecto de ley orgánica.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martínez Oblanca.

Senadora, señora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

Señor Aznar, yo no reparto carnés de nada ni lo pretendo. Pero coincidirá conmigo en que ustedes no son la avanzada de nada. Y en materia de derechos y libertades, menos que nada. En todo caso, a las pruebas me remito, de dónde venimos cada uno de nosotros, a dónde vamos y a quién representamos. Y lo único que hago es constatar una realidad objetiva que no la constata únicamente Esquerra Republicana, sino todas las organizaciones: Acnur, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía, catedráticos de Derecho Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a las pruebas me remito. Y, sí, es una ley mordaza. Es una ley que limita los derechos de reunión, de expresión, la libertad de deambular y, en consecuencia, vulnera tratados internacionales.

Usted decía que tenemos que leer bien los informes de Amnistía Internacional. Los leemos bien. ¿Quiere que le recuerde alguna de las frases que dice el propio texto al que usted se refería?: En relación con la tipificación de conductas relacionadas con la libertad de expresión y manifestación, el Gobierno no ha demostrado ni la proporcionalidad ni la necesidad de las mismas. Si bien el proyecto introduce la posibilidad de modular la cuantía de la sanción dependiendo de la capacidad económica, no cabe sino recordar que en el procedimiento penal, además de haber una ponderación de derechos y un proceso probatorio con mayores garantías, los jueces pueden sustituir la sanción económica por otro tipo de medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo defenderé en el trámite de defensa de las enmiendas. Usted sí que lee sesgadamente el informe de Amnistía Internacional.

Bien. Lo defiendo apasionadamente, como la vida y como se merece el proyecto de ley que hoy vamos a debatir y se va a aprobar. Igual que se merecían los dos proyectos de ley que ayer debatimos y terminaron aprobándose. Porque limitan sustancialmente derechos; derechos y libertades fundamentales. Y, sí, su razón, la vostra raò és va desfent, la nostra es força creixent.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

El senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Se trata de un proyecto, reitero —y además con apoyo en el mismo informe de Amnistía Internacional que barajaba el portavoz del Grupo Popular—, que limita derechos y libertades, y que por eso es contestado por todas las organizaciones que tienen como objeto la protección de los derechos fundamentales en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Es cierto que el informe de Amnistía Internacional habla de la necesidad de una reforma de la ley. Pero basa esa necesidad en su discrepancia con la ley anterior. Y dice literalmente: La ley del año 1992 dotaba a las fuerzas de seguridad de una gran discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones de prevención del delito, sin recoger mecanismos de transparencia o control de la actividad policial. Desde hace años, además, la organización ha documentado casos de abusos policiales. Pero eso le vale para decir que esta ley abunda en esos mismos defectos y en esos mismos vicios. Dice: El actual proyecto, sin embargo, introduce la tipificación de nuevas infracciones directamente relacionadas con la protesta social. Estas nuevas infracciones no solo son innecesarias, sino que pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. El proyecto incrementa la tipificación de conductas directamente relacionadas con la protesta social que se está produciendo en España, lo que supone una ampliación del elenco de infracciones, así como de sanciones. Sin embargo, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2013, de las 33 124 manifestaciones o concentraciones controladas por las fuerzas de seguridad, solo hubo disturbios en 323; no llega al 1 %, supone el 0,97 %. Por lo que se refiere a datos de 2014, a 31 de marzo, de las 10 837 manifestaciones o concentraciones celebradas, solo hubo disturbios en 62, lo que supone el 0,57 % de los casos. ¿Qué necesidad hay de modificar la normativa que regula el derecho de manifestación?

Es verdad que estamos en una época preelectoral y por eso ustedes ponen el pie sobre el acelerador para concluir sus reformas. Con los proyectos de ayer y con los de hoy, ustedes se consagran como el partido de la porra, y no me refiero al Partido de la Porra histórico. Aunque, a la vista de la actuación del Gobierno del Partido Popular a lo largo de estos años, supongo que piensan que no es la peor forma de pasar a la historia.

Después de los cambios introducidos, sigue siendo una ley mordaza. Es verdad que el anteproyecto era la ley mordaza de Hannibal Lecter, el de El silencio de los corderos, y que en este momento es la ley mordaza de 50 sombras de Grey (Risas), pero en ambos casos impide el ejercicio de la libertad de expresión, impide manifestarse, y, por lo tanto, es rechazable. Que la mordaza, en vez de ser de acero, sea de fina seda, no significa que no reduzca las posibilidades de ejercer derechos fundamentales.

¿Por qué alguna organización planteaba la despenalización de las faltas? Pues fundamentalmente, más que por la bondad de la medida, como respuesta a una saturación de los juzgados de lo Penal, que lo que querían era librarse de una carga de trabajo, puesto que no se les daban los medios humanos y materiales necesarios para afrontar esa realidad, pero no porque sea mejor remitir al ámbito civil, más costoso, algunas actuaciones, o remitir al ámbito administrativo, con menos garantías y con sanciones más graves, otras. Y cito algún ejemplo. Hablaba su señoría de la necesidad de comunicar las manifestaciones y de que eso solo iba a tener una sanción leve. Vuelvo a reiterar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que he hecho referencia en la defensa del veto, que señala claramente que la no comunicación no puede conllevar una sanción. El informe de Amnistía Internacional reitera esa realidad y, además, en relación con otra materia, dice que el Gobierno de España había asumido compromisos ante el responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa en el sentido de que no se sancionaría la obtención de imágenes de los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo dijo expresamente: Tengo un compromiso del Gobierno de España. Pero ustedes han incumplido ese compromiso, a pesar de la reiteración y de que el responsable dijese expresamente que tal sanción suponía una seria limitación del derecho de información y del derecho de libertad de expresión. Y así se refleja también en el informe de Amnistía Internacional.

Y por más que se empeñen en el tema de las devoluciones en caliente, reitero que no hay ninguna posibilidad de legalización, ni con esta ley ni con un protocolo posterior.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Sí, senador Fraga, le estaba escuchando desde mi despacho y sé que ha empezado su disertación diciendo... (Risas). Ha dicho de todo. Y yo he tratado de ser bastante exquisito y no he utilizado adjetivos gruesos ni me he metido en lo personal, porque le tengo un gran respeto, lógicamente, no solo a lo que dice, sino a lo que escribe, que lo leo con mucho interés. Incluso ha hablado de Venezuela. Fíjese, últimamente yo no puedo ir a Venezuela porque, entre otras cosas, me llaman escuálido, y eso que estoy de buen año. Usted ha intervenido casi como Nicolás Maduro con Obama, diciendo no sé qué cosas de todo el mundo: ¡Todo el mundo es enemigo! ¡Todo el mundo no nos quiere! ¡Todo el mundo dice que esta ley es mala! Hombre, si todo el mundo lo dice, por algo será, no tenemos manía persecutoria. Y con este tipo de cosas no se suele jugar y no se debe jugar.

Me ha dicho que tengo espolones. Pues sí, soy un gallo de pelea, no en esta ley. En este momento estamos en clave de meter goles al Real Madrid como leones de San Mamés más que como gallos de pelea, que eso viene bien.

Me ha llamado la atención, incluso me ha desengañado, el hecho de que usted haya argumentado como ha argumentado después de la intervención de la senadora Amalur Mendizabal. ¿Es que no tiene usted otros argumentos que decir, siempre lo mismo? Es decir, yo no voy a defender al grupo parlamentario, se defienden ellos solitos, pero estoy seguro de que defiendan el cacahuete, defiendan la navegación fluvial en el Guadalquivir, defiendan Eurodisney, defiendan el pistacho, les van a sacar lo de siempre. Tengan ustedes otros argumentos. Eso es un poco demagogia, independientemente de que Herri Batasuna en el pasado haya apoyado a ETA. Pues sí, pero aquí hay otro tipo de argumentaciones. Por eso, usted ha llevado el agua a su molino y ha dicho que esta ley es maravillosa. Hombre, no estaría mal, si es tan maravillosa y es una ley tan importante, que hubiera estado el ministro del Interior. Usted, que tiene relación directa con el Ministerio del Interior, pregúntele cómo se dignifican las leyes. Pues con la presencia, con el simbolismo, con el aplauso. Además, el aplauso lo hacen muy bien, empezando por el señor Ibarrondo y terminando por el señor Rabanera, es decir, saben cómo hay que aplaudir. Y esta es una ley para ustedes para aplaudir, para nosotros no. No creo que nosotros tengamos que aplaudir nada, porque tenemos un cierto temor a la gente cuando se pone un uniforme. Usted sabe que la gente cuando se pone un uniforme cambia, por eso, no hay que dar a la gente que tiene un uniforme muchos argumentos para que colisione con derechos fundamentales. Por eso, hay que acotar muy bien temas.

Además, yo podría intervenir de otra manera, pero mire, me voy a tomar el poco tiempo que tengo para leer una carta firmada —por lo menos tiene un montón de sellos aquí— por una serie de organizaciones y asociaciones de derechos humanos europeos y que me imagino que todos los grupos parlamentarios han recibido. Y fíjese lo que dice: «Las organizaciones abajo firmantes escribimos para instarles tanto a ustedes como a sus grupos parlamentarios a que voten en contra del Proyecto de Ley Orgánica de seguridad ciudadana, una ley que, de ser aprobada, supondrá restricciones desproporcionadas de la libertad de reunión y de la libertad de expresión y perpetuará la práctica discriminatoria de utilización de perfiles étnicos por parte de la Policía.» Y esto no lo dice el PNV, ni lo dicen otros grupos parlamentarios: lo dicen una serie de asociaciones que no tienen por qué decir una cosa que no obedece a la realidad. Fíjese, empieza diciendo: restricciones excesivas a la libertad de reunión.

«Nos preocupa que los espacios públicos ya no serán espacios para la participación política. Esto infringe los estándares internacionales de derechos humanos. Si se llega a aprobar el proyecto de ley,...» —que se va a aprobar— «... se sancionarán distintos tipos de protesta pacífica como la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o incluso las manifestaciones frente a la sede del Congreso de los Diputados, el Senado...» —fíjese, incluso hablan del Senado; casi nadie habla del Senado; pues estos señores se han dado cuenta de que existe el Senado; no está mal— y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, lo que, según el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, constituye una restricción desproporcionada a la libertad de reunión.» (El señor presidente ocupa la Presidencia).

«Otro aspecto extremadamente preocupante del proyecto de ley es que da pie a la imposición de multas en caso de protestas pacíficas espontáneas, lo que va en contra de los estándares internacionales de los derechos humanos. Los artículos 37.1 y 35.1 del proyecto de ley sancionan determinadas formas de protestas si no se cumple el requisito de la comunicación previa.

El derecho a la libertad de reunión solo puede ser restringido en casos específicos como, por ejemplo, cuando exista peligro o violencia. Por ello, las sanciones mencionadas son injustificadas. Además, una infracción nueva incluida en el artículo 37 impone una multa por incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores. Si el peligro evidente y grave para las personas o los bienes no existe, la limitación de un derecho fundamental como el de la libertad de reunión no está justificada. El relator especial de la ONU —que no debe ser un peligroso extremista ni un populista bolivariano— dice que sobre el derecho de la libertad de reunión pacífica ha expresado su profunda preocupación acerca del proyecto de ley y las desproporcionadas y excesivas restricciones que impondría al derecho de reunión pacífica, y ha solicitado a las autoridades españolas...» —ya sabemos el resultado que ha tenido todo esto— «... que aseguren que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho de libertad en una reunión pacífica cumpla las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.» Ya sé que usted me va a decir que este tipo de cuestiones se han modificado con algunas enmiendas, pero sigue el espíritu que impregna este proyecto de ley, que es lo que a nosotros nos preocupa, y no tanto lo que diga el legislador, sino lo que dice quien ha redactado este proyecto de ley y lo que tiene en la cabeza. Fundamentalmente hace sospechar que todo el mundo va a conculcar los derechos humanos y que, por tanto, hay que atajar y restringir de alguna manera los derechos fundamentales.

«Aquí hay una limitación desproporcionada a la libertad de expresión. Si se aprueba esta ley...» —que se va a aprobar— «... introducirá restricciones excesivas y desproporcionadas al derecho de libertad de expresión, sancionará el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que, además de violar la libertad de expresión de los ciudadanos, puede conllevar la impunidad de la policía, y en muchos casos estas imágenes son la principal prueba utilizada en los procesos por malos tratos policiales. El proyecto de ley también sanciona las faltas de respeto y consideración, cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que podría llevar a la imposición de multas por expresar opiniones críticas de las actividades policiales.»

Y termina: «Aunque el proyecto de ley prohíbe expresamente la discriminación en las identificaciones y cacheos y registros policiales, para la prevención de estas prácticas ninguna de las medidas recomendadas por las instituciones internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos. Para empezar, el proyecto de ley no establece una definición concreta y una prohibición clara del uso de perfiles étnicos para la práctica de identificaciones y registros policiales, a pesar de que este sea un problema generalizado en España, pero, por otra parte, el proyecto de ley no estipula unas directivas claras y concretas como, por ejemplo, la existencia de una sospecha real y razonable a la hora de llevar a la práctica las identificaciones y registros, como tampoco implementa otras medidas para documentar las identificaciones y registros y prevenir así la discriminación policial. Carece también de un mecanismo independiente de supervisión y queja para controlar la actividad policial a pesar de que diversas instituciones de derechos humanos han recomendado la existencia de tal organismo.»

Y concluye: «Por todas estas razones, le instamos encarecidamente a usted y a su grupo parlamentario a que voten en contra del Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.» Es lo que vamos a hacer, y no solamente por esto —pues, efectivamente, algunas de estas cuestiones ustedes ya las han corregido—, sino porque consideramos que este proyecto de ley se ha hecho desde unos intereses determinados, en un momento determinado y, sobre todo, con una historia en el pasado determinada y porque, habida cuenta de que se trata de un asunto de seguridad ciudadana, deberían haber tenido ustedes un poco más de consideración.

Señor Fraga, insisto: nosotros no hemos querido hacer demasiado hincapié en otros aspectos porque lo que dice la Constitución española y lo que este proyecto de ley va a tratar de consagrar colisionan muy frontalmente.

Por todo ello, señor presidente, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de todos los vetos y, lógicamente, de nuestro propio veto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Compartiré turno con el senador Saura.

¿Se han producido algunos cambios entre el anteproyecto de hace más de un año hasta hoy? Sí. Ahora bien, en esencia, la filosofía, los objetivos del Gobierno son exactamente los mismos.

El señor Aznar nos ha venido a decir: Ustedes están instalados todavía en el anteproyecto, no han evolucionado. Como Comisiones Obreras, UGT y Amnistía Internacional bendicen —casi, casi, ha llegado a decir— esta ley, ustedes están en la estratosfera.

Señor Aznar, no. Cáritas, la semana pasada, el día 2: «Al igual que hemos hecho con la nueva redacción de la disposición final primera, etcétera, volvemos a transmitirles nuestra preocupación por la también nueva redacción dada al apartado 11, del artículo 36, Infracciones graves.» Acnur, día 2, semana pasada: Propuesta para la modificación de la enmienda sobre el rechazo de extranjeros en las vallas de Ceuta y Melilla. La Red española contra la trata de personas, día 3 —semana pasada de este año, no de hace un año—, expresa su preocupación por ciertos aspectos contenidos en el articulado del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, los cuales pueden afectar muy negativamente a las personas víctimas de la trata de seres humanos.

Nos mantenemos en lo que hemos expuesto en la defensa del veto.

Tres brevísimas reflexiones: primera, 8 enmiendas a la totalidad. Sí, a alguna reflexión debería llevarles a ustedes este hecho, aunque solo fuese para intentar que en vez de 8 fuesen 6. Pero no únicamente han conseguido 8 vetos, sino que el resto de portavoces dentro del Grupo Mixto que se han manifestado, todos, han dicho que votarán a favor de los vetos, como nosotros, y en contra de esta ley. Además, a alguna reflexión les debería llevar el hecho de que en lo fundamental los argumentos son los mismos en los 8 vetos. Algunos lo habremos expresado con más vehemencia, otros con un lenguaje políticamente más correcto, pero en esencia los argumentos son los mismos.

Segunda reflexión. Esta será una ley de corto recorrido por una de las dos razones siguientes o por las dos: en primer lugar, porque es inconstitucional; acabará en el Constitucional, y el Constitucional la tumbará; o/y, en segundo lugar, porque, por la manifestación expresada por todos los grupos parlamentarios, a un año vista esta ley obviamente será derogada.

Ayer el senador Saura nos decía que quieren resolver el conflicto social con el Código Penal. Hoy podríamos añadir a esta frase —la otra cara de la misma moneda— que también quieren resolver el conflicto social con la ley de seguridad ciudadana. Nosotros creemos y pensamos que para resolver estos conflictos no es necesaria esta ley, sino, por ejemplo, derogar la reforma laboral, actualizar las pensiones, derogar la ley Wert, incrementar las becas y su cuantía, recuperar la universalidad de la sanidad, aplicar la Ley de dependencia, etcétera. Con todo esto sí, señorías, creemos que se acabaría la inseguridad, la intranquilidad, la preocupación de los españoles y no tendrían ustedes que estar tan preocupados por nuestra libertad, por nuestra seguridad y por nuestro derecho a manifestarnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, estoy de acuerdo con usted en que las cuestiones ideológicas pesan, y en este asunto más que en ningún otro. Por lo tanto, no estamos ante un debate técnico o ante un debate sin importancia, sino ante un debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad y derechos fundamentales.

Quiero decirle varias cosas: en primer lugar, he mencionado lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial del primer anteproyecto y me he referido también al segundo anteproyecto. La reflexión sobre el primer anteproyecto es la siguiente. El Consejo General del Poder Judicial hace un dictamen sobre el primer anteproyecto del Gobierno que prácticamente no deja artículo entero. La reflexión que pongo encima de la mesa es: ¿Cómo es posible que en el siglo XXI un gobierno democrático presente un anteproyecto de seguridad que vulnera prácticamente todos los derechos? ¿No es inquietante? ¿Cómo es posible? Todos: información, reunión, manifestación. ¿Cómo es posible? ¿Que esto lo rectifican? Sí. La música no la rectifican porque es difícil de corregir, rectifican alguna letra pero no todas. Y fíjese que yo le agradezco también que, en contra de lo que el ministro del Interior hizo en la presentación de este proyecto de ley de no hablar ni de libertad ni de derechos, sino de dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted hoy haya puesto como un objetivo importante la necesidad de que este proyecto de ley signifique un incremento de libertades y derechos de los ciudadanos. Creo que no lo significa mucho.

Usted decía: no se recorta nada. Voy a leer lo que usted me ha leído antes. Dice: El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. El otro día un fotógrafo me preguntó: Cuando vaya a hacer una foto, ¿he de ir antes al ministerio a pedir permiso? ¿Quién me va a autorizar la foto? En definitiva, este texto, tal y como está redactado, hace posible sancionar a un fotógrafo que haya hecho una fotografía en una manifestación con actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Y dice usted: Es que no es represivo ni sancionador. Les voy a dar dos cifras. Esta ley, de los 55 artículos que tiene, 26 son artículos de infracciones y sanciones —la mitad—. La vigente ley tenía 27 artículos de infracciones y ahora hay 45. Es decir, hemos pasado de un texto actual con 27 sanciones e infracciones a uno con 45, y a un proyecto de ley donde la mitad de sus artículos hablan de infracciones y sanciones. ¿Les dice algo esto o no les dice nada? (Rumores). Otros ejemplos importantes: en la disolución de manifestaciones y reuniones, al hecho de que se vaya con armas, ustedes hayan añadido lo siguiente: otros medios de acción violenta. ¿Qué son otros medios de acción violenta: una botella de cristal? ¿Quién determina eso? En el tema de las restricciones de tránsito, dice clarísimamente el texto aprobado —no lo digo yo— lo siguiente: cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración. ¿Quién determina que pueda haber indicios racionales? Y sobre esto —y se mantiene lo que se decía antes— hay informes de catedráticos de Derecho Penal y de muchas asociaciones que dicen que eso no puede ser, que se ha de concretar. Es más —como comenté ayer en el debate del Código Penal—: se pasa de la culpabilidad a la peligrosidad. Antes las acciones que tenía atribuidas la Policía venían determinadas por ser hechos flagrantes, en estos momentos es por indicios o por peligrosidad, con lo cual se da un margen de maniobra abierto a la policía de que pueda hacer —dicho entre comillas— casi casi lo que quiera. O sea, hago una fotografía que me la pueden no autorizar, hago una reunión que me la pueden prohibir.

Hay otra cuestión muy importante: la manifestación. Usted dice: la manifestación no requiere autorización —lo sé perfectamente, requiere comunicación—, pero hay algunas enmiendas que dicen lo siguiente: la Ley Orgánica de reunión que tenemos aprobada en este país prevé que haya una comunicación diez días antes de que se celebre la manifestación. Y lo que nosotros decimos es que hay actos que requieren una respuesta inmediata y entonces no pueden ser diez días. Habría que poner una enmienda que contemplara este aspecto.

Por tanto, señor Aznar, este es un proyecto de ley fundamentalmente sancionador. Evidentemente, tiene cosas positivas, ¡solo faltaría que no las tuviera!, pero los indicios, la peligrosidad, el necesitar una autorización para hacer una fotografía indican recortes y restricciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Termino, señor presidente.

No reconocer esto es no reconocer que el Gobierno del Partido Popular definitivamente está dando una respuesta autoritaria tanto en el Código Penal como en la Ley de seguridad ciudadana.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Senador Aznar ─¿puedo llamarle senador Aznar?─, usted decía: «oiga, que su grupo pidió en el Congreso la reforma de la ley.» Sí, sí, lo pedimos en el Congreso, y esta mañana lo he dicho en la defensa del veto. Efectivamente, pedimos la reforma de la Ley de seguridad ciudadana del año 1992. Pero, señor Aznar, para reformar una ley y hacerla globalmente peor —porque, aunque es verdad que mejora muchos aspectos, globalmente es peor—, no hace falta reformarla.

Señor Aznar, usted es un gran orador, y yo le admiro por eso, pero me hace trampa: me acusa de votar en contra de esta ley porque estamos en periodo preelectoral o electoral, porque va a haber unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas, unas elecciones generales. Oiga, si este año 2015 no hubiera ni elecciones municipales, ni elecciones autonómicas, ni elecciones generales, la ley que ustedes han hecho seguiría siendo mala y, por tanto, no la podríamos votar a favor. Y le reitero un poco lo que he dicho esta mañana al inicio de mi intervención: Ustedes la van a aprobar porque tienen la mayoría de votos, pero sean conscientes de que una parte de la sociedad española no está de acuerdo con esta ley, y está representada aquí en parte de este hemiciclo.

Yo le formulo una pregunta: Ustedes no rechazan las enmiendas que consideramos más sustanciales. Entonces ¿nos darían más cariño, nos tratarían mejor si mi grupo parlamentario no estuviera inmerso en aquello que ustedes llaman la deriva soberanista? Igual sí. Se la devuelvo: me acusa de electoralismo y yo le acuso de tratarnos peor porque estamos en una deriva soberanista.

Dicho esto, reitero lo que he expresado en la defensa del veto: han perdido la oportunidad de reformar una ley y de hacerla más moderna y al servicio de la seguridad de los ciudadanos, y la han convertido en una agresión a sus derechos fundamentales. Es una ley anti-autonómica, invasiva, descentralizadora, con un régimen sancionador interpretativo y a criterio subjetivo de los agentes, con conceptos jurídicos indeterminados, errónea en la voluntad sancionadora a las personas que prestan servicios sexuales cuando se debe sancionar a los solicitantes, y supone institucionalizar las devoluciones en caliente de las personas que quieran entrar en Ceuta y Melilla por mucho que lo camuflen ustedes con el orden internacional.

Por ese motivo, hemos presentado el veto;



por ese motivo, lo votaremos a favor, como no puede ser de otra manera; y por ese motivo, votaremos a favor de los otros siete vetos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, me encanta su espíritu cuando presenta las cosas. Es usted un fabulador en el sentido de la invención. (Rumores.) Fabulador no es faltar el respeto a nadie, por favor. Presenta usted una ley diciendo poco menos que mejora la protección de las libertades, avalada por Amnistía Internacional, avalada por los sindicatos y casi se ha atrevido a decir que avalada por Acnur. ¡Hombre, está muy lejos de la realidad lo que usted dice y lo que nos presenta, salvo que la hagan tan bien que han disimulado la ley de tal manera que ninguno de los que estamos aquí que hemos presentado veto nos hemos dado cuenta de lo magnífica que es la ley! Y créame que no es un problema electoral lo que hemos planteado. Esto es otro problema. Es una ley que representa una filosofía, ya se lo he dicho antes y no quiero incidir en ello.

Llegan a poner como ejemplo la grabación de imágenes —me voy a detener en esto— y dice: autorizadas. ¿Desde cuándo la libertad de expresión hay que autorizarla en este país?

Permanentemente ustedes buscan ese equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales y las libertades —que se lo dice el Consejo General del Poder Judicial—, y ese equilibrio lo rompen a favor de la censura y de eliminar la libertad de expresión de los medios de comunicación, que es un derecho fundamental. ¿Sabe lo que genera esto? Impunidad, porque hemos asistido a casos en la Comunidad de Madrid —y usted los ha vivido y los conoce perfectamente—, en Atocha y en otros sitios, que si no fuese por grabaciones, aquí no hubiésemos sabido qué estaba pasando en cuanto a atropellos a las libertades.

Esta ley responde a intentar impedir que se conozcan abusos de algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, yo creo que no puede seguir insistiéndonos en lo magnífica que es la ley en este sentido.

Habla de las sanciones y dice: son iguales. No, iguales no. Ustedes han trasladado muchas faltas del Código Penal a infracción administrativa, y esto es lo básico, que rompen las garantías judiciales que la ley tenía en este caso.

Las devoluciones sumarias, las devoluciones en caliente, la abolición del derecho de asilo, como lo queramos llamar, es lo que está en el tapete. No hay otra cosa. Ustedes han metido una enmienda de esta naturaleza para legislar sobre el tema de Ceuta y Melilla —por cierto, sin informes de los órganos consultivos del Estado—. ¿Y esto qué supone en la práctica? Pues que el derecho de asistencia letrada y de intérprete en los procesos de expulsión ha desaparecido. Tal y como lo tienen ustedes, no hay ninguna garantía. Dicen: los devolvemos. Ya vemos cómo los devuelven. ¿Les dan ustedes la posibilidad de asistencia letrada o de intérprete a cualquiera de los que entran? (No hablo de la Ley de extranjería, que no está abolida, lo plantean ustedes.) ¿Está garantizado con esta iniciativa el derecho a la protección internacional que tiene cualquier ciudadano en España con el derecho de asilo? Y esto es así, esta es la situación a la que nos llevan, y por eso Acnur está muy preocupada con este tema. A mí me han llegado a manifestar que vamos a tener problemas internacionales de todo tipo. Es que la Comisión Europea les ha dicho lo que les ha dicho. No digan que están homologados con Europa, porque les están diciendo lo que les están diciendo. Y yo creo que aquí tenemos un problema muy serio también en cuanto al prestigio internacional de España: estamos siendo un problema desde la perspectiva del derecho de asilo a nivel internacional.

Este Pleno ha traído algunas leyes, fundamentalmente el Código Penal, que son la expresión del miedo a la libertad que manifiestan ustedes muchas veces recortando libertades, y este Pleno es un ejercicio de ese tipo. La reforma laboral fue un ejercicio de ese tipo, la Ley de seguridad privada fue otro y hasta si me apuran, el control de la televisión española es también un ejercicio de recorte de libertades. ¿Pero de qué estamos hablando? Se trata de impedir el ejercicio de las libertades a nivel general, y yo creo que eso es muy negativo. El único miedo que hay aquí es el miedo a la inseguridad del futuro —de los jóvenes básicamente, que tienen un miedo a su futuro—. Eso de que las nuevas generaciones iban a vivir mejor que sus padres ha desaparecido de la mente, y ya están en lo de «virgencita, virgencita, que me quede como estoy». Su futuro es muy incierto —el de los jóvenes, el de las personas que más están padeciendo la crisis, el de las personas que tienen un contrato de trabajo y se ha instalado en ellas la nueva pobreza—. Esa es la inseguridad que tenemos que resolver. Pero no hay un problema de orden público o de inseguridad en nuestro país.

Este Gobierno está haciendo cosas que tienen que ver con la filosofía de esta ley, se lo digo claramente. A los policías o funcionarios que protestan de alguna manera —y así se lo hice ver al ministro— se les releva de sus puestos. Esta es la medida que están ampliando ustedes. A los jueces se les reduce competencias y recursos en un momento como en el que estamos. Con esta ley se ahoga la voz a la prensa y se falta al principio más elemental de la transparencia, señores del Grupo Parlamentario Popular, y para rematar, a los ciudadanos se les intimida con usos desproporcionados de fuerzas y sanciones desmesuradas. Este es el planteamiento y no nos lleva a ningún sitio, porque la sociedad española, más allá de la crisis y de los intentos de recorte de libertades, va a dar una respuesta contundente a estos temas. Y esta ley no va a tener mucho recorrido, se lo garantizo, no lo va a tener. Por eso es una ley frustrada de final de un proceso, queriendo instalarse en la crisis en todos los conceptos, y desde luego, nada positiva a ese respecto.

Termino con algo que dijimos en la moción y que yo creo que refleja todo esto, con una frase de Benjamin Franklin. Dice así: Aquellos que sacrifican la libertad por la seguridad o la tranquilidad no merecen tener ninguna de ellas. Tomen buena nota.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a ir de forma rápida. Por cierto, no está el señor Atutxa, Senador Cazalis, si puede, avísele. (Risas).

Senadora Julios, discúlpeme, lo digo cordialmente, pero yo creo que ha llegado usted una hora tarde al debate, y me sorprende que hable usted en nombre de Canarias. Como mucho, podrá hablar usted en representación de un electorado muy respetable de Canarias, pero, que yo recuerde, mis compañeros del Grupo Popular que se sientan por aquí son los que ganaron las elecciones en Canarias mayoritariamente. Si ahora usted se erige en la representante del pueblo canario, creo que está usted mal en la onda. (Aplausos).

Senadora Capella, me dice usted que no reparte credenciales. No debiera repartir credenciales, no debiera; pero cuando usted se permite juzgar con la dureza con que lo ha hecho antes, sin ninguna base de ningún tipo —porque no creo que a ninguno de los senadores que se sientan en estas bancadas usted pueda acusarles con el dedo de tener ni un minuto antidemocrático—, todo lo que ha dicho usted en relación con otra época me parece que está absolutamente fuera de lugar. Y sabe que respeto mucho sus planteamientos, bien es cierto que no los puedo compartir, porque me parece que son los planteamientos de la izquierda decimonónica más rancia, señoría (Aplausos.— Rumores), y por eso no vamos a coincidir. Pero aun así respeto sus planteamientos. (Rumores).

Señor Iglesias, dice que hacen falta mayores garantías. Sinceramente, a mí su discurso me parece muy serio pero creo, repito, que está muy encorsetado, como lo estamos probablemente todos en nuestras creencias, en nuestra propia ideología, y a partir de ahí probablemente limitamos nuestro campo de visión. Esta ley —y ahora hablaré en el relación con otros portavoces también— lo que hace es ampliar las garantías que había hasta ahora, señoría. Por lo tanto, si usted las ve de esa manera yo le respeto, pero, desde luego, no puedo compartirlo.

Ha puesto usted el ejemplo de 50 sombras de Grey, y eso es que lo tiene muy asumido. A mí me gustaría que identificase a los personajes, porque yo creo que ni usted ni yo damos el tipo. (Risas). Probablemente tenga usted otros tipos en la cabeza. (Aplausos.— Risas).

Senador Atutxa, yo no sé si no le han transmitido bien lo que yo dije. Yo decía que un senador que a veces se sienta aquí, al que yo admiro por su trayectoria democrática, al que leo, porque además de interesante lo que escribe es divertido, a veces dice cosas que, desde mi punto de vista y dicho con todo el respeto, no se compadecen con la realidad. He citado una frase textual suya y he dicho que parece mentira que usted diga en este Senado, en el siglo XXI, que no son buenos tiempos para la discrepancia. Yo creo que con lo que usted conoce, con lo que usted ha vivido antes del 78, y antes del 77, con lo que usted conoce de otros países que se dicen democráticos —y he citado Venezuela porque sé que le duele a usted especialmente ese país—, que diga que en este Senado y en este Parlamento no son buenos tiempos para la discrepancia creo que es un exceso que estoy convencido de que ni usted mismo defiende. Por lo tanto, a eso me refería desde el máximo respeto, como siempre. (Aplausos).

El señor Bruguera y posteriormente con el eco del señor Cascallana nos anticipan la escasa vida que va a tener esta ley —iba a ponerles un calificativo cariñoso, pero por si acaso no lo voy a hacer—. Se han metido ahora ustedes a adivinos los dos y parece que si siguen con la lista de derogaciones que van a hacer cuando lleguen al Gobierno van a llegar ustedes a derogar hasta el Código de Hammurabi, señoría. Dejen de derogar porque las recetas que usted nos ha ofrecido hoy en esta tribuna nos han traído adonde estábamos hace tres años (Rumores), y no vamos a insistir en eso. Acusar ahora a este grupo de que con sus reformas —gracias a las cuales, señorías, hemos salido del pozo donde estábamos, al menos eso es lo que pensamos nosotros y parece que es lo que dicen los datos objetivos— causa inestabilidad social tampoco se compadece con la realidad.

Señor Saura, usted ha gobernado y ha gobernado en un área muy complicada. Usted en el año 2009, si no estoy mal informado, era consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya. Usted lo pasó muy mal y los que le conocemos desde el punto de vista personal, los que hemos tenido la oportunidad de conocerle aquí y sabemos de su trayectoria estamos convencidos de que sufrió en sus carnes cuando le criticaban a usted por los excesos de los Mossos d’Esquadra en la represión de las violentas manifestaciones de estudiantes que protestaban por el Plan Bolonia. A usted, como máximo responsable de los Mossos d’Esquadra le criticaban duramente, y estoy seguro de que eso le dolía profundamente porque, evidentemente, sus creencias democráticas no se compaginaban con lo que estaba ocurriendo, con aquellos supuestos excesos policiales de los que hablaba la prensa de la época.

Usted sabe lo difícil que es la materia de interior, usted sabe lo débil que es la línea entre seguridad y libertad e, igual que nosotros, quiere poner el énfasis en la libertad, y no dude de que eso es lo que quiere hacer el Partido Popular. Lo que queremos hacer con esta ley es ampliar las libertades y los derechos a través de unas garantías que trasladamos a esta ley. Podremos estar de acuerdo o no, pero esa es la voluntad del legislador, esa es la voluntad de mi grupo parlamentario y, sin duda alguna, esa era la voluntad de este Gobierno cuando envió al Parlamento el proyecto de ley; proyecto de ley que, como usted ha dicho, ha sufrido un camino muy largo y prácticamente no se parece en nada a aquel inicial anteproyecto. Por eso les he pedido, y lo hago con la máxima humildad, que juzguen el proyecto que tenemos en las manos y no aquel anteproyecto que etiquetaron y, a partir de ese momento, no ha habido forma de que se bajaran, por más que se haya modificado el texto.

Por ello, señoría, le pido esa reflexión y, sobre todo, que no ponga en duda cuál es la voluntad de este grupo porque eso es lo que, al menos desde nuestro punto de vista, no es discutible.

Señor Sendra, usted lo deja ver; a ustedes les encantaría apoyar hoy al Gobierno en este proyecto y que se les hubiesen aceptado enmiendas, que seguro que alguna habría mejorado el texto de forma suficiente. Pero entre las cosas que plantean ustedes en el texto del veto y en las enmiendas de las que luego hablará mi compañero en el turno correspondiente, plantean cuestiones que se contradicen. Niegan al Estado competencias que luego sí piden para los gobiernos autonómicos, en su caso, el de la Generalitat. Y algo similar ocurre en el caso del Grupo Vasco. Es decir, que negamos al Estado competencias —y lo articulamos y explicamos sobre la base de la defensa de los derechos y las libertades— pero luego esas competencias que negamos al Estado sí las pedimos para las policías de las distintas comunidades. Señorías, hay que tener un poco más de coherencia.

Señor Cascallana, usted sabe, porque hemos hablado personalmente, y mucho, de esta ley, que no es una ley perfecta; ninguna ley lo es, pero se irá perfeccionando con la práctica y el tiempo. En cualquier caso, no puede usted decir que las sanciones son desmesuradas, máxime porque su grupo es el responsable de la ley anterior. Como hemos dicho ya, las sanciones que impone esta ley son exactamente las mismas que las de la ley de 1992; han pasado veintidós años y no se sube un euro.

Dice que hay sanciones mayores; no es verdad. Había doce infracciones muy graves en la ley de 1992 y hemos pasado a cuatro. Por lo tanto, hemos reducido el número de sanciones muy graves. Y no me diga usted que es lo mismo la sanción penal que hace la sociedad a través del Código Penal que la infracción administrativa. Por tanto, hemos bajado el listón de la ley.

Señorías, creo que hemos argumentado suficientemente por qué esta ley debe salir adelante y, sobre todo, hemos dejado muy claro y espero que a nadie le quepa la más mínima duda, que la voluntad del Gobierno y del Grupo Popular es aumentar las libertades y las garantías a través del articulado de esta nueva ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.

Les informo de que el senador Marín Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática. El sentido de su voto ha sido en contra de las propuestas de veto, y lo sumaré al resultado de la votación que realicemos aquí, en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 3, de la senadora Capella.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 82; en contra, 139 más 1 voto telemático, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, la senadora Mendizábal Azurmendi y el senador Unamunzaga Osoro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 82; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 8, de todos los senadores de la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 83; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221 más 1 voto telemático, 222; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 83; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

En primer lugar las enmiendas de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, 42 a 62.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Una mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad, señor Aznar. Ustedes volen fer passar el clau per la cabota. Pues no, la ley ni es necesaria ni amplía ni protege derechos y libertades. En definitiva, la oposición no ha presentado la ley, la han presentado ustedes. Y la ley dice lo que dice, se mire como se mire, con más o menos pasión, pero al final lo que se traduce de la lectura de la ley, de lo que ustedes expresan cuando la defienden, no es otra cosa que la limitación de derechos y libertades públicas. Y lo dice esta senadora de Esquerra Republicana y lo han dicho los senadores de los distintos grupos parlamentarios que componen la oposición en este hemiciclo. Y no únicamente lo hemos dicho los senadores y los diputados en el Congreso, sino que, repito, organizaciones internacionales, el Consejo General de la Abogacía, catedráticos de Derecho Penal, Jueces para la Democracia, en fin, lo dice todo el mundo menos el Partido Popular.

¿Y por qué no nos fiamos de ustedes? A las pruebas me remito, datos objetivos: cuando ustedes tienen mayorías absolutas, ¿qué modificaciones legales se llevan a cabo? Y sí, esta ley es la culminación de la trilogía represiva. Lo diré tantas veces como sea necesario, porque esto sí que es una verdad incontestable. Es la culminación de un panorama que ustedes quieren dibujar: limitación de derechos fundamentales, limitación del derecho de expresión, de manifestación, etcétera, etcétera. Y lo repetiré así hasta el infinito y cuantas veces sea necesario.

Bien, voy a las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado. La mayoría de ellas son de adición y de supresión. Van en la línea de exigencia de mayores garantías en las identificaciones policiales. No son suficientes los libros de registro a disposición del Ministerio Fiscal para supervisar la actuación policial. El nuevo texto, a criterio de Esquerra Republicana, supone un aumento de los poderes preventivos, al permitir redadas en prevención de delitos, cuando la ley de 1992 únicamente permitía redadas cuando existía una alteración efectiva de la seguridad ciudadana. Esta ley significa una persecución a la ciudadanía —y por eso nosotros introducimos enmiendas de supresión—, incluso a los periodistas que han documentado abusos policiales, hasta el extremo de confiscarles o retirarles la cámara. Sí, es así, lo dice la ley, no me lo invento yo. La ley limita la posibilidad de registrar imágenes públicas.

Introducimos una disposición adicional y solicitamos que se prohíba requisar o limitar banderas u otros símbolos, salvo aquellos —insisto, salvo aquellos— cuya exhibición suponga la comisión de un delito de incitación al odio. Repito, salvo aquellos cuya exhibición suponga la comisión de un delito de incitación al odio.

Las mal llamadas devoluciones en caliente recogidas en este proyecto de ley suponen una nueva modificación de la vigente Ley Orgánica de extranjería 4/2000. Introducen una nueva figura que pretende legalizar una política de hechos consumados que se denomina vulgarmente devoluciones en caliente, práctica que llevan a cabo en la frontera con Marruecos y en Ceuta y Melilla. Su inclusión en la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tiene la pretensión de convertir aquella ilegal práctica administrativa y policial en una norma sancionadora, pues faculta a la autoridad civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin ningún tipo de comprobación individual, interrogatorio o expediente administrativo para proceder a su expulsión inmediata. Repito, sin garantías, infringiendo derechos fundamentales y libertades públicas. Esta práctica es contraria a la Constitución española y a los tratados internacionales en materia de asilo y refugio, y al derecho internacional en materia de derechos humanos actualmente vigente, y que, efectivamente, España debe cumplir.

Vulneración del principio de jerarquía normativa: artículos 13.1, 13.4, 53.1, 93, 96.1, 96.2 de la Constitución Española. Les voy a leer las conclusiones del profesor Eduard Sagarra Trias, crítico con la introducción de esta modificación de la Ley Orgánica en materia de extranjería, que dice lo siguiente: Las devoluciones en caliente van en contra de una norma de ius cogens, atentan y vulneran en su práctica en la frontera de Ceuta y Melilla o en el territorio peninsular el derecho de cualquier individuo a solicitar asilo, refugio o protección subsidiaria en España y en la Unión Europea. Las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán necesariamente atender, cursar y tramitar cualquier petición individual de asilo o refugio que se solicite en frontera; mientras no se resuelva el expediente administrativo legalmente previsto, no puede procederse a la devolución legal ni ser devueltos colectivamente sin más y sin identificación a Marruecos. Las llamadas devoluciones en caliente vulneran las normas internas reguladoras de la extranjería, asilo y refugio, en especial la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

El Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, en concreto la disposición adicional décima, no puede validar ni legalizar las devoluciones en caliente, en su aplicación práctica en Ceuta y en Melilla vulneran el artículo 9 de la Constitución española, el principio de jerarquía normativa de los artículos 13.1, 13.4, 53.1, ya que no respetan su contenido esencial que posibilita la solicitud de asilo o refugio en Europa, y también es contraria al artículo 96.1 por el valor supralegal de los tratados internacionales en vigor en España sobre otras leyes de rango inferior. Existen otras conclusiones pero, en todo caso, les invito a que lean este informe.

El resto de nuestras enmiendas pretenden la supresión de determinado aumento de infracciones. Se castigan formas de protesta específicas de movimientos sociales y organizaciones y, como decía en la defensa del veto, llevan nombres y apellidos. Concretamente, están señalando a determinadas organizaciones: Greenpeace, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca... Están identificando organizaciones concretas, disconformes con la legislación que durante estos tres años el Partido Popular ha ido desplegando.

La seguridad a la que ustedes aluden cuando defienden este Proyecto de Ley de seguridad es la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando ustedes plantean restricciones del tránsito y controles, comprobaciones y registros en la vía pública, registros corporales externos, nosotros pensamos que debe haber indicios no solo razonables sino también objetivos. Otorgan poderes discrecionales sin mecanismos de rendición de cuentas, abren la vía para la arbitrariedad, y la ley deja un gran margen a la discrecionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Falta de garantías y mecanismos de control y rendición de cuentas. Nuestras enmiendas van en esta línea: garantizar que existan medidas y mecanismos de control. Esta ley no exige a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que expliquen los motivos por los que se realiza un control de identidad, registro, cacheo, comprobación en la vía pública, ni tienen ninguna obligación en materia de trasparencia y recogida de datos sobre el número de identificaciones realizadas en la vía pública. La Ley de seguridad —y por eso también hemos planteado enmiendas de supresión— limita el derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión e información. Efectivamente, son derechos limitables; es cierto, pero con límites a esta limitación, que son: el principio de legalidad y la finalidad legítima que se persigue. La ley no lo dice, señor Aznar; no lo dice: Deja un amplio margen a la capacidad de decisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al principio de necesidad y proporcionalidad.

Señorías, las conclusiones de Amnistía Internacional recogen que existen mejoras en la ley; han introducido alguna pequeña mejora —pequeña mejora, no se apunten tantos que no existen—. Dice: A pesar de contener algunos elementos positivos respecto a la no discriminación en el uso de perfiles raciales, supone, principalmente, una ampliación de la potestad sancionadora de la Administración; no corrige, en términos generales, la discrecionalidad y ambigüedad de los poderes otorgados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es así, señorías, léanse la ley, su ley. Las facultades otorgadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suponen poderes amplios en materia de prevención e indagación que, en ausencia de mecanismos de control, pueden afectar de manera injustificada y desproporcionada al disfrute de derechos humanos, como el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y reunión pacífica o a la libertad deambulatoria. Sin garantías y sin mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados, se amplían las posibilidades de comportamientos arbitrarios y abusivos. La impunidad policial que durante años ha denunciado la organización, en este caso, Amnistía Internacional, también Esquerra Republicana y otros partidos políticos, puede salir reforzada ante la prevalencia de la posición de la Administración, que es juez y parte frente a los ciudadanos. Los principios formulados en la ley, como el de injerencia mínima o no discriminación, no cuentan con mecanismos de fiscalización.

En la práctica, sin garantías, sin transparencia, estos principios pueden quedar en papel mojado, y con ello se corre el riesgo de que la seguridad ciudadana, que debería ser una garantía del respeto de los derechos humanos, se convierta en su principal amenaza. Está en manos del legislador revertir este proceso; a ver qué pasa.

Y sí, efectivamente, no nos fiamos, porque España se lleva la palma en condenas en la Corte Internacional por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. Esquerra Republicana siempre defiende derechos y libertades, en esta tribuna, en el Congreso de los Diputados, en todos los ámbitos institucionales, también en la calle, y a las pruebas me remito. A Esquerra Republicana, a su larga tradición democrática, la avalan más de ochenta años de historia como partido político en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, en momentos en que algunos partidos políticos ni existían. Algunos provienen —no digo que los partidos políticos—, de períodos no democráticos. Y nosotros defendemos lo que defendemos, que aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, defendemos siempre el sagrado derecho de expresarlas. No lo digo yo, lo dice Voltaire.

Gracias.

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado enmiendas, que van de la 1 a la 8 y de la 10 a la 41. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La primera enmienda pretende la supresión del artículo 3, ya que en dicho artículo se reflejan los fines del proyecto y entendemos que se trata de una descripción puramente retórica, se centra en el objetivo de proteger los derechos fundamentales, objetivo que es desmentido con la regulación posterior. Igualmente, planteamos la supresión del artículo 15 para mantener la vigencia de la actual redacción de la Ley Orgánica 1/1992 que hace referencia a la entrada y registro en domicilios y edificios de organismos oficiales, de tal forma que la misma solo sea posible en caso de delito flagrante. Igualmente, pedimos la supresión del artículo 16.1 que se refiere a las prendas como motivo de identificación. Otras seis enmiendas, al mismo artículo 16, pretenden exigir datos objetivos que avalen la sospecha que propicia la identificación para evitar que la misma sea una práctica arbitraria y para que se practique exclusivamente para impedir un delito, no para su prevención. Mediante otra enmienda, pedimos que se le proporcione al identificado un boletín, un formulario, en la que conste la práctica de tal diligencia y, para que de forma expresa, se prohíban los controles basados en perfiles raciales o étnicos. Hay varios informes del secretariado general gitano, el último que conozco del año 2013, que reflejan datos de una encuesta realizada entre el colectivo gitano por esta organización, que el 60 % de los encuestados manifestaban haber sido objeto de una diligencia policial de identificación, lo cual, por supuesto, les sitúa en un porcentaje muy superior a la media de la sociedad española.

Formulamos una enmienda al artículo 17 para, con una nueva redacción, limitar las restricciones al tránsito en la vía pública. Planteamos la supresión del artículo 18 que pide la comprobación y el registro de lugares públicos, por ser este un tipo, en los términos en los que se redacta, abierto, que se basa en los riesgos potenciales, en opinión de la fuerza actuante. Enmendamos para modificar el artículo 19 con la finalidad de que las diligencias de identificación, registro y comprobación estén sujetas a las mismas formalidades que las detenciones —el proyecto dice expresamente que no estarán sujetas— y para que en las mismas se cuente con un intérprete cuando resulte necesaria su presencia para que la persona identificada o sometida al registro comprenda la circunstancia y la situación en la que está.

Igualmente presentamos una enmienda para modificar el artículo 20, de tal forma que se exija que los indicios que justifican un registro corporal, además de ser racionales, sean también objetivos. En otra enmienda planteamos la supresión del artículo 23 por restringir derechos de huelga y manifestación. Planteamos una enmienda alternativa para el caso de que no se acepte la supresión, con una redacción, a partir de tres enmiendas de adición, que busca que en la actuación de las fuerzas de seguridad estas reconozcan, en primer lugar, el derecho de reunión para que, si se producen actos violentos aislados, no se proceda a la disolución del conjunto de la concentración, de la manifestación, sino que se actúe sobre quienes desarrollaron esas acciones violentas y para que se dé tiempo suficiente para responder a sus instrucciones.

Como tengo bastante tiempo, y para relajar un poco el debate, les voy a contar una anécdota personal, si me lo permiten. Cuando me incorporé al Ayuntamiento de Gijón como concejal en el año 91 —no está el señor Areces, que era entonces el alcalde—, un conflicto social que se daba en la ciudad en aquel momento era el proyecto de construcción de un horno incinerador de residuos hospitalarios. Hubo movilizaciones en contra, del conjunto de la oposición, incluido el Partido Popular, que estaba en la oposición. Y, entre ellas, se produjo el corte de la carretera de acceso al vertedero donde se iba a construir. Hubo una intervención de la Guardia Civil en la zona rural que disolvió la concentración. Yo no estuve en dicha concentración, pero acudí al juicio de faltas que se derivó de esas actuaciones. Las declaraciones de los concejales del Partido Popular, poco avezados en tales eventos, fueron que estaban allí, cortando la carretera, que llegó un teniente de la Guardia Civil con una fuerza de intervención, que, de repente, el teniente hizo la señal de la victoria y que, sin más explicación, la Guardia Civil cargó y tuvieron que correr monte abajo. Un concejal del Partido Popular lo declaró así, un segundo concejal del Partido Popular también lo declaró así. Y llegó el tercer concejal, que pertenecía a una organización que era una escisión del Partido Socialista, con experiencia sindical. La explicación que dio fue: Llegó el teniente de la Guardia Civil, nos dijo que teníamos dos minutos, e, inmediatamente, la fuerza intervino.

Por eso, una de las enmiendas lo que plantea es que se dé tiempo de capacidad de reacción a quienes están concentrados o manifestándose, para comprender las instrucciones que se les está dando y para poder actuar en consonancia a esas instrucciones —y discúlpenme la anécdota personal—. También planteamos la supresión del artículo 30.3, que hace sujetos responsables de los acontecimientos o alternaciones que se hayan podido producir a quienes por publicaciones, declaraciones, o símbolos allí presentes, pueda deducirse que son convocantes. La responsabilidad no se puede deducir. La responsabilidad, en el ámbito sancionador, penal, claramente, y en el administrativo, del que el penal es norma subsidiaria, tiene que demostrarse, no deducirse.

Planteamos nueve enmiendas al artículo 36 sobre infracciones graves, de supresión, para que dejen de ser tales infracciones graves la perturbación en manifestaciones ante el Congreso, Senado y asambleas legislativas de comunidades autónomas aunque no estén reunidas. Si no están reunidas son un edificio como cualquier otro. La intrusión en infraestructuras, porque no exige que se produzca ningún daño o alteración en bienes o en las personas. No compartimos que sea falta grave no hacer caso a los agentes cuando requieran a quienes ofrezcan servicios sexuales. Tampoco que sea falta la no colaboración en la prevención de un hipotético delito. Vale que lo sea la no colaboración en la investigación de un delito, pero no de uno hipotético.

Mediante otra enmienda planteamos que se añada que las sanciones por consumo o tenencia de drogas en la vía pública puedan suspenderse si el sancionado sigue un tratamiento rehabilitador, con ingreso o no en una institución. Para que los actos de plantación y cultivo en lugares visibles al público no sean calificados como falta grave. La verdad es que es difícil saber a qué se están refiriendo, si es a que alguien en su casa tenga un tiesto de maría y lo coloque en la ventana. Para que haya una exigencia de finalidad de perturbación de la seguridad ciudadana en las acciones que obstaculicen la vía pública con mobiliario urbano. Y, por supuesto, queremos prescindir, por las razones que ya argumenté suficientemente, con apoyo, además, en el ámbito de la protección de derechos humanos, del uso no autorizado de imágenes. Que ha de prevalecer el derecho a la información.

Igualmente, el senador Mariscal y yo mismo hemos formulado cinco enmiendas al artículo 37, para excluir de estas previsiones y de la infracción el hecho de no contar con permiso en las manifestaciones espontáneas por acontecimientos imprevistos —y vuelvo a referirme a lo manifestado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, así como la contemplada por faltas de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —y también les he leído antes una sentencia al respecto—. En las manifestaciones hay una especie de reglas del juego tradicionales, no expresadas en ninguna parte, y esta norma altera esas reglas del juego abriendo unas posibilidades sancionatorias que hasta el momento no habían sido utilizadas y que, en mi opinión, van a contribuir a crispar más aún las movilizaciones sociales.

Vuelvo a referirme a los datos que he dado antes sobre los escasísimos conflictos que se producen; supone un porcentaje mínimo, un 0,89 %, el de los conflictos que se dan en las manifestaciones. Me temo que este precepto va a ayudar a que haya más conflictos.

Igualmente, no comparto que se considere falta la negligencia en la conservación del DNI. Ya se paga una tasa si uno lo pierde o lo estropea. A mí se me está rompiendo de manera accidental, por muy cuidadoso que sea, de tanto tener que enseñarlo en aeropuertos y demás; de tanto sacarlo y meterlo en la cartera el documento nacional de identidad padece. Que eso se considere una falta lo veo absolutamente desproporcionado.

Y también lo es que se considere infracción el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles de uso de servicio público, porque es otro término abierto. ¿Qué es el deslucimiento? En mi ciudad es frecuente que los registros eléctricos que se colocan en la vía pública, horrorosas cajas metálicas grises, sean decorados por los grafiteros con bastante buen gusto, pero hay quien puede pensar que pintar una flor sobre una caja metálica de color gris es un deslucimiento. No abramos la sanción administrativa de forma tan absoluta.

En el artículo 39, de sanciones, añadimos un nuevo apartado en consonancia con otra enmienda para que los supuestos de infracciones relacionadas con la adicción se puedan suspender si se inicia un tratamiento, con lo que se sustituiría la disposición adicional quinta del texto.

En el artículo 51 planteamos que el plazo de caducidad de los procedimientos se acorte, que en vez de ser un año, como prevé el proyecto, sean seis meses.

Igualmente, planteamos una nueva disposición adicional para que en el plazo de un año se garantice que el documento nacional de identidad sea accesible a personas con discapacidad.

Y, finalmente, en coherencia con lo manifestado en el veto, planteamos la supresión de la disposición final primera que introduce el régimen especial de Ceuta y Melilla, por las razones ya argumentadas.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 114 a 142. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on senatari jaun-andreok.

Me toca defender las enmiendas que ha presentado a esta norma el Grupo Parlamentario Vasco. Hemos formulado 28 enmiendas, de las que nos han admitido dos y media; dos han sido incorporadas por sí mismas y la media corresponde a la transaccional alcanzada con el Grupo Parlamentario Popular. Las dos enmiendas admitidas son las números 119 y 134, y la transaccional, a la enmienda 123.

La enmienda 119 es de modificación al artículo 15. La presentamos porque la redacción del apartado 2 se presta a confusión. Parece que no se precisa consentimiento en los supuestos de fuerza mayor y de entrada en edificios oficiales, pero la literalidad de la redacción habla exclusivamente de la no necesidad de consentimiento por los responsables oficiales.

La enmienda 134 también es de modificación y tiene que ver con la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. La colocación de vallas y perímetros de seguridad es la expresión de un acto de autoridad y, mediante su vulneración, se estaría obstruyendo la ejecución del acuerdo.

La enmienda 123, a la que se ha presentado una transaccional, tiene por objeto prevenir la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando se generen riesgos directos a terceros o sean especialmente vulnerables.

Tenemos que agradecer al senador Aznar —no al senador Fraga— que, por lo menos en este Pleno, de 28 enmiendas presentadas hayamos podido conseguir colocar dos y media.

En relación con el resto de las enmiendas sobre la devolución en caliente, me referiré a ellas en el turno de portavoces para no extenderme demasiado.

Sí tenemos que reconocer al Grupo Popular el interés demostrado en la resolución de algunos aspectos que son particularmente preocupantes para nuestro grupo parlamentario, como son la exacta o correcta delimitación de las competencias entre la Administración política del Estado español y sus fuerzas policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquellas competencias que pertenecen en concreto a Euskadi o a Cataluña, que poseen competencias en materia de seguridad ciudadana y poseen además policías integrales que ejecutan estas competencias. Al final, se ha llegado a regular de forma correcta lo que en el proyecto de ley originariamente estaba regulado de forma particularmente incorrecta, de forma y manera que se realizaba una especie de transmutación.

En el bloque de constitucionalidad, en estas comunidades autónomas, Euskadi y Cataluña, las competencias del Estado están tasadas en el estatuto de autonomía y están tasadas constitucionalmente. Y, sin embargo, las competencias de las fuerzas autonómicas o de las policías autonómicas, tanto de los Mossos como de la Ertzaintza, y de los departamentos de Interior de esas comunidades autónomas, no están tasadas. Todas las demás, que se determinan por exclusión, son las que no corresponden al Estado. Con el proyecto de ley, mediante el uso perturbador de un concepto como indistintamente, parecía que ambas fuerzas, tanto las estatales como las autonómicas, y en cualesquiera casos de los regulados en esta ley, podían intervenir. Ya no es así y ahora con esta determinación se hace correctamente. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervendrán en aquellos casos que, de forma tasada, están previstos como correspondientes a ellas en los estatutos de autonomía y en los demás casos actuarán o bien la Ertzaintza o bien los Mossos d’Esquadra y los departamentos del Interior de las correspondientes comunidades autónomas.

Parece que la invocación del respeto a los títulos competenciales no merecería ningún tipo de agradecimiento específico —no debería de ser—, porque constituiría una obligación del legislador respetar los títulos competenciales. Pero como esto no ocurre siempre —más bien no ocurre casi nunca últimamente—, queríamos reconocer que en este caso se haya respetado y se hayan configurado correctamente los puntos de conexión y los títulos competenciales de ciertas comunidades autónomas —en este caso la vasca— y de la Administración General del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En definitiva, señor presidente, esta ley es de difícil regeneración, a pesar de las muchas enmiendas nuestras y del resto de grupos parlamentarios que se han aceptado por parte del Grupo Popular y de la aceptación casi masiva por parte del mismo grupo de las recomendaciones de informes preceptivos como el del Consejo de Estado o el del Consejo General del Poder Judicial. Y es difícilmente regenerable por sus fundamentos o sus principios filosóficos e inspiradores, por la incorporación de un concepto de seguridad ciudadana muy amplificada que casi nos retrotrae al concepto anacrónico de orden público de otras épocas felizmente superadas ya, en tanto en cuanto se convierte la seguridad ciudadana o el orden público en un valor jurídico en sí mismo, en un valor jurídico propio y autónomo, no en el presupuesto para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas previsto también en la Constitución. Un valor en sí mismo, incluso, de superior ontología a los derechos como el de manifestación, el de expresión, el de participación, en los asuntos públicos, etcétera, y cuyo detentador, además, es la Administración, lo cual no deja de ser una aberración jurídica y una perversión que nosotros hemos intentado corregir, pero con poca suerte. Esa desmesura de la ampliación del concepto de seguridad ciudadana, de esa incorporación de los principios de orden público tradicional y anacrónico a este proyecto de ley, es, precisamente, lo que hace a la ley difícilmente regenerable.

Otro aspecto que hace difícilmente regenerable el proyecto es el apoderamiento del espacio público por parte de las autoridades administrativas que actúan a través de los distintos ilícitos administrativos o infracciones administrativas previstas, de forma y manera que ya el espacio público no es un lugar donde los ciudadanos interactúan creando espacios de tolerancia, sino que el espacio público es aquel espacio en el que los ciudadanos solo pueden hacer lo que la autoridad permite y esa es una reducción del concepto de espacio público que nos resulta muy preocupante y que también nos trae resonancias del viejo y anacrónico concepto de orden público. Es una contracción del espacio público que nos lleva a que quien disponga de este ámbito sea la autoridad gubernativa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que actúan de forma cuasi discrecional, a través de los llamados apoderamientos específicos o generales, o cuando discrecionalmente consideran que deben actuar. En esta ley tenemos numerosos ejemplos de esta perversión que nosotros hemos denunciado.

Observamos también severos problemas en cuanto a una doble tipificación en el Código Penal respecto a determinadas conductas —que podría especificar con amplitud, pero tampoco se trata de agotar el tiempo con ello— como, por ejemplo: materias vinculadas con la venta de productos ambulantes en las calles, el llamado top manta, materias relativas al ejercicio del derecho a la manifestación cuando los manifestantes actúan con la cara cubierta, en materia relativa al consumo de drogas —donde no se termina de depurar claramente la diferenciación entre los aspectos vinculados a los ilícitos penales y las infracciones administrativas—, en relación con el derecho de manifestación cuando se producen daños en el ejercicio de tal derecho y en la determinación de otras responsabilidades. En este proyecto de ley se establece una suerte de responsabilidad de naturaleza objetiva, en tanto en cuanto pueda ser objeto de incriminación o sanción: primero, para los que provocan los daños y son objeto de identificación, pero también para los convocantes de la manifestación, que pueden ser ajenos a los daños producidos en el seno de la propia manifestación. Y lo mismo ocurre con las intervenciones en las infraestructuras críticas, donde haría falta una buena definición de qué tipo de intervenciones tienen la dimensión suficiente como para constituir una infracción administrativa objeto de la correspondiente sanción pecuniaria.

Señorías, sería muy largo citar el número de preceptos donde se produce la triple perversión que hemos denunciado: la amplificación excesiva y desmesurada del concepto de seguridad ciudadana, el apoderamiento del espacio público por parte de la autoridad gubernamental o gubernativa —no sé cuál palabra es la mejor— y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o de los demás actuantes, en materia de identificación, por ejemplo, o en cuanto a la exigencia de determinados documentos y —probablemente la más preocupante— respecto a la limitación del derecho de reunión pacífica.

Determinados colectivos y asociaciones prestigiosas han denunciado también que esta ley vulnera las directrices de la OSCE sobre el derecho de reunión pacífica: Amnistía Internacional, otras organizaciones, e incluso existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —particularmente, una sentencia importante y conocida, la Sentencia de 14 de octubre de 2014—. Tanto estas asociaciones como mi grupo parlamentario consideramos que los elementos que se vulnerarían serían los siguientes: en primer lugar, la imposición de una sanción por participar en una manifestación, que ha de ser compatible en todo caso con las garantías previstas en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta garantía no es clara en absoluto, sino más bien oscura, en el proyecto de ley que estamos analizando. En segundo lugar, como principio general, toda concentración o manifestación en un lugar público provoca ciertas alteraciones y es importante que las autoridades muestren cierto nivel de tolerancia respecto a las manifestaciones pacíficas para no privar de contenido precisamente al artículo 11 de ese convenio. En nuestra opinión, este proyecto de ley priva de contenido al artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En tercer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que la imposición de sanciones administraciones por participar en una manifestación pacífica no solo es desproporcionada sino que, a su vez, resulta ser innecesaria para mantener el orden público. Aquí hablamos de un mantenimiento del orden público de forma desmesurada, algo que ha sido refutado además por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sobre el asunto de las devoluciones en caliente intervendré en el turno de portavoces, para no agotar todo mi tiempo.

Esta es la justificación a las 28 enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas, que defenderá el senador Bruguera: las enmiendas 143 a 176 y 177 a 211.

Tiene la palabra, señoría.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, la Entesa ha presentado dos grupos de enmiendas: de la 143 a la 176 —34 enmiendas de los senadores del PSC— y de la 177 a la 211 —un total de 35 enmiendas de los senadores Guillot y Saura—. Las doy todas por defendidas y, en todo caso, lo que haré será resumir los 8 ejes principales, las 8 prioridades que inspiran el conjunto de enmiendas que hemos presentado y que tienen concordancia y coherencia con la defensa del veto que ya hemos realizado. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

En primer lugar, un grupo de enmiendas pretenden preservar que la ley sea una verdadera ley de protección y defensa del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades políticas, sociales y civiles, de la libertad sindical, de la libertad de expresión, del derecho de huelga, del derecho de manifestación y el derecho de reunión.

En segundo lugar, otras enmiendas tienen el objetivo de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad ciudadana y la protección real y material del libre ejercicio de los derechos y libertades, sobre la base de que estas últimas, evidentemente, están recogidas en la Constitución y, por lo tanto, deben prevalecer por encima de las primeras.

En tercer lugar, otras enmiendas van encaminadas a limitar los supuestos que habilitan llevar a cabo actuaciones que afectan a la libertad y la intimidad de las personas, intentando adecuar —creemos que lo conseguimos— dichos límites al principio de proporcionalidad.

En cuarto lugar, pretendemos regular con nuestras enmiendas de una manera más adecuada el uso de grabaciones de imágenes, sonidos, introduciendo las garantías suficientes para proteger estos derechos de grabación de imágenes.

En quinto lugar, referente al régimen sancionador, no me voy a extender, pero tenemos bastantes enmiendas encaminadas a la modificación de dicho régimen sancionador por entenderlo injusto, incorpora una enorme desproporcionalidad punitiva, introduce doble penalidad, introduce discrecionalidad y falta de garantías jurídicas. En este sentido y en primer lugar, algunas de nuestras enmiendas van dirigidas a suprimir todas las infracciones que ya están tipificadas en el Código Penal; en segundo lugar, proponemos la supresión de conductas que, a nuestro juicio, no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana; en tercer lugar, la modificación de los plazos de prescripción de las infracciones y sustituir o paralizar las sanciones económicas si el infractor se somete voluntariamente a tratamiento de deshabituación y de rehabilitación en un centro acreditado al efecto y también proponemos, por innecesario, la supresión del registro central de infractores.

En sexto lugar, otras enmiendas van encaminadas a dotar de mayores garantías y seguridad jurídica fundamental o especialmente en la exhibición del DNI y del pasaporte, sobre los requisitos para la retirada del pasaporte y también sobre la posibilidad de identificaciones masivas que contempla la Ley de ciudadanos extranjeros.

En séptimo lugar, pretendemos mejorar la redacción y concretar de una manera más clara y más precisa y dotando de mayor seguridad jurídica los conceptos jurídicos indeterminados que figuran en la ley y que no repito puesto que ya los hemos anunciado, los hemos comentado en el debate del veto.

Finalmente y en octavo lugar, la enmienda 175 propone la supresión de la disposición final primera nueva, incorporada en el Congreso, sobre las llamadas expulsiones masivas, expulsiones en caliente, etcétera, en Ceuta y Melilla. Repito, es una enmienda introducida a su vez a través de una enmienda en el Congreso de los Diputados, como ya hemos comentado, sin informe preceptivo por parte del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía, etcétera. Y es que se vulnera, por ejemplo, la Convención sobre el estatuto de los refugiados, de 1951; el Convenio para la protección de los derechos y las libertades fundamentales, del año 1950 —todas ellas suscritas por nuestro Estado—; el Convenio firmado el año 1992 entre España y Marruecos sobre circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente; el Código de fronteras Schengen; la Carta europea de derechos fundamentales; también contraviene la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de extranjeros en España, la Ley de extranjería; y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

En resumen, estos son los ocho principios que han inspirado el conjunto de nuestras enmiendas, que doy por defendidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para defender las enmiendas del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidenta.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado quince enmiendas. Me referiré a algunas con más detalle que a otras.

En cuanto a la número 98, como comentaba en la defensa de mi veto, ustedes invierten la realidad policial en Cataluña y no se enteran o no saben que Cataluña tiene la competencia de seguridad ciudadana, por lo que es el Gobierno catalán, y no la Delegación del Gobierno, el que prepara, dirige y ejecuta la política en relación con la seguridad ciudadana.

Por lo que respecta a la número 99, con el nuevo redactado de la ley el cuerpo de las policías portuarias no queda contemplado como fuerza del orden. Ustedes presentan una transacción, pero se olvidan de que las policías portuarias no solo realizan funciones de policía administrativa sino también de policía judicial —por ejemplo, en casos de alcoholemia— y sin duda también de seguridad ciudadana. Los puertos de interés general implican una entrada de entrada y salida de mercancías y una actividad económica vital para el Estado, y no se pueden ningunear los servicios que este cuerpo presta en seguridad ciudadana en el interior de los puertos de interés general del Estado. Votaremos a favor de la transacción que ustedes nos proponen porque, desde luego, es mejor eso que nada, pero sepan que es un desprecio para ese cuerpo olvidarlo y no mencionarlo explícitamente en esta ley y referirse genéricamente al personal que realice funciones de policía administrativa. Reitero que las policías portuarias realizan más funciones que las de policía administrativa y deberían estar incluidas en esta ley.

En relación con la enmienda 100, queremos modificar: en relación con la Administración competente para la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, pero queremos evitar duplicidades. La competencia para dictar las normas que se consideren necesarias en materia de seguridad en espectáculos y actividades recreativas corresponde únicamente a la Administración que tenga las competencias en materia de seguridad ciudadana y en materia de espectáculos y actividades recreativas.

La enmienda 101 es de supresión. Entendemos que a las comunidades autónomas que tienen o puedan tener en el futuro competencias exclusivas en materia de espectáculos y actividades recreativas les corresponde dictar las normas que consideren necesarias dentro de su ámbito competencial. Y otorgar la posibilidad al Estado de dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones donde se celebren espectáculos equivale a duplicar las funciones de la Administración del Estado y las de las comunidades autónomas.

La enmienda 102, al igual que la 104, está en relación con lo que he explicado en la defensa de mi veto sobre los conceptos indeterminados. No se cumple el principio de tipicidad, y los conceptos de mediaciones, riesgo para las personas y perjuicio para su funcionamiento son indeterminados y también generan inseguridad jurídica.

En la número 103 hemos propuesto una adición, porque se ha denunciado con cierta asiduidad que asociaciones o personas físicas que en muchos casos explotan laboralmente a personas desfavorecidas o con menos recursos, a personas con discapacidad o pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como menores o extranjeros sin permiso de residencia, ofertan o venden en la calle, en establecimientos comerciales o en domicilios de los adquirentes todo tipo de productos y servicios, e incluso participaciones en juegos de apuestas, sin que la entidad sea legal, sin que haya obtenido la debida autorización administrativa. Entendemos que eso debería regularse.

La enmienda 104 se refiere a parámetros parecidos a la 102 en relación con los conceptos indeterminados. Así, la perturbación de la seguridad ciudadana es un concepto jurídico indeterminado que genera inseguridad jurídica y que proviene de la despenalización de las faltas en el Código Penal.

Presentamos la enmienda 105 porque entendemos que debe suprimirse el artículo 36.2, ya que el redactado de dicho artículo da a entender que lo que se pretende es impedir que las personas se puedan manifestar de manera pacífica y con comunicación previa ante las instituciones democráticas.

No voy a comentar las enmiendas números 106 y 107.

Consideramos que la número 109 es una enmienda de sensibilidad, y en ella pedimos que los espacios físicos y recintos donde se efectúen los trámites para la obtención del DNI sean accesibles a personas con movilidad reducida. Si el solicitante es una persona sorda o ciega, que reciba el apoyo preciso para poder realizar con la mayor autonomía posible todos los trámites; y que las páginas de Internet para la obtención de cita previa, información o cualquier otra tramitación electrónica sean accesibles a las personas con discapacidad. Se trata de hacer un DNI accesible a las personas con discapacidad. Comprende medidas de accesibilidad en la obtención del documento, y que el mismo DNI sea también rotulado en braille para facilitar la adaptabilidad. Y también es un acto de estricta sensibilidad para con este colectivo.

En cuanto a la enmienda 111, como comenté en la defensa del veto, nos parece impensable en el siglo XXI la falta de colaboración en relación con la conexión de los cuerpos que tienen competencia en seguridad ciudadana en las comunidades autónomas —especialmente en Cataluña y en Euskadi— a las bases de datos de Interpol. Ya lo he argumentado de manera suficiente en mi intervención de defensa del veto. Y es que si tenemos que luchar juntos contra el terrorismo internacional es bueno hacerlo de verdad y hacerlo con colaboración, y la mejor muestra de ello sería que estos cuerpos pudieran acceder, como digo, a las bases de Interpol y Europol.

La enmienda 112 se refiere a la videovigilancia, que es uno de los mecanismos más utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad para la identificación de ilícitos y de los sujetos que los cometen. Algunas veces, entre la producción de ese ilícito y la recepción de las grabaciones se impide que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan hacer todo el uso necesario de estas para su identificación.

Finalmente, la enmienda 113 hace relación a las devoluciones en caliente, tema del que ya he hablado suficientemente durante la defensa de mi veto. Consideramos que es una auténtica patada en el culo a las personas que intentan entrar en el país para encontrar una vida mejor. Es la única esperanza que tienen, y a través de esta ley se legalizan estas devoluciones.

En cuanto a las transacciones, votaremos a favor de la relacionada con la policía portuaria, de la transaccional relativa a una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y nos abstendremos en una relacionada con el Grupo Socialista.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Tiene la palabra el senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Moltes gràcies, presidenta; muchas gracias, presidenta.

Como ustedes saben, el Grupo Socialista ha presentado un conjunto de enmiendas con el fin de mejorar el texto que ustedes nos presentan: una dirigida al preámbulo; seis, al capítulo I; tres, al capítulo II; diez, al capítulo III; ocho, al capítulo V; una, a la disposición adicional quinta; otra, a la disposición adicional séptima; tres, a la disposición adicional novena; una a la disposición final primera; y otra, a la disposición final quinta.

Como decía el señor Cascallana, nuestro portavoz socialista, el debate de esta mañana alrededor de este texto legislativo lo es sobre las libertades públicas. Este es el debate que hoy debemos tener: el concepto y modelo que tenemos sobre las libertades públicas.

El Estado social y democrático de derecho configurado en nuestra Constitución tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos para facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos. La finalidad de la seguridad ciudadana es precisamente esa: que los ciudadanos puedan ejercitar libremente los derechos constitucionales. Se trata de que los ciudadanos estén seguros en ese ejercicio, de que sepan en cada momento cuáles son sus límites, unos límites que en todo caso habrán de configurarse claramente, de modo que las reglas para su ejercicio no acaben siendo más fuertes que los propios derechos. Y eso, señor Aznar, no lo hace para nada la ley que ustedes nos presentan. No cumple este mandamiento constitucional para nada.

¿El orden público es necesario para ese ejercicio? Sin duda. ¿Debe estar dirigido a la misma finalidad? Claro, porque mientras que la seguridad ciudadana tiene por destinatario al ciudadano, hablar de orden público, como ustedes quieren hacer en estos términos y en este texto, nos sitúa en un ámbito indeterminado de lo que entiende cada uno por orden, y es obvio que la ley elaborada por este Gobierno persigue un orden que se consume en sí mismo, un orden que va más allá del ciudadano, pero un orden, además, que, tal como se configura en el texto que hoy examinamos, parece más dirigido a la paz en el desierto que a los ciudadanos conviviendo y expresando en el espacio público sus alegrías, sus fiestas, sus inquietudes, sus protestas, y también sus disconformidades. Claro que sí.

El orden público configurado con la ley que traen aquí es limitativo, mientas que el orden público de la Constitución, de nuestra Constitución, nuestro orden público, además de quedar configurado claramente, solo admite como límites aquellas conductas que impidan el ejercicio de nuestros derechos constitucionales; es decir, que impidan a otros ciudadanos ejercer sus derechos en libertad. Las limitaciones previstas constitucionalmente hacen referencia siempre —escuchen bien— a las existencias de razones fundadas de alteración de orden público con peligro para las personas o bienes y a aquello necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

La Constitución española encomienda, insta al Gobierno a la protección de estos valores esenciales para la convivencia, y cuando se lo encomienda a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establece como finalidad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana. Y esta es la obligación que debe cumplir, garantizando su ejercicio en espacios públicos, en nuestras plazas y en nuestras calles. Claro que para eso también es preciso que se pueda regular, ordenar, condicionar, siempre puntualmente y excepcionalmente, el ejercicio de los ciudadanos. Pero eso, señor Aznar, debe hacerse con todas las garantías, cosa que ustedes no traen en este texto. Ello sitúa a las fuerzas y cuerpos de seguridad en una indefensión, porque habrán de ser ellos quienes en cada momento interpreten, con el riesgo que ello supone, cuál es la actuación en cada supuesto. Y eso ya se lo advertimos cuando debatimos aquí la Ley de seguridad privada; entonces dijimos que esta iba a traer muchísimos problemas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como así se está demostrando con todas las diligencias que se están produciendo en los órganos jurisdiccionales en España desde la implantación de esa ley.

Los derechos fundamentales son, señor Aznar, demasiado valiosos y constituyen un patrimonio configurado a lo largo de luchas de generaciones; y por lo que he hablado con usted, también estuvo en esa lucha por las libertades en la calle. Pero con el texto que ustedes nos traen hacemos una clarísima regresión a tiempos pasados.

Todas las acciones del Gobierno dirigidas a garantizar la seguridad tienen que tener siempre un respaldo constitucional, y nosotros dudamos de que este texto tenga ese amparo constitucional. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por una parte, nunca podrán vulnerar el contenido esencial de nuestros derechos. Por eso, desde estas premisas fundamentales que les he querido exponer, propias de cualquier sistema democrático, la propuesta que nos trae el Gobierno del Partido Popular con la actual ley de seguridad ciudadana para nosotros es una clarísima agresión y una involución en derechos fundamentales propia de un Estado autoritario.

Este proyecto de ley parte de un error conceptual —se lo dijimos en la comisión— fundamental y de base, y es volver a recoger la doctrina del orden público predemocrático, preconstitucional y propio de esos tiempos. Eso sí, lo han adornado ustedes con un eufemismo que se llama ley de seguridad ciudadana, lo han adornado ustedes en un paquete, como han hecho con todos sus textos legislativos en este período legislativo —y no se preocupe por mi tiempo, señor Aznar, no se preocupe por mi tiempo, conozco la generosidad del presidente; si la tiene con usted, ¿cómo no la va a tener conmigo?—. La seguridad ciudadana es un concepto del año 1959, el concepto que ustedes nos traen aquí es de la Ley de orden público del año 1959. Y no nos referimos solamente a los comentarios que ya se han dicho esta mañana en la explicación de los vetos por parte de nuestro portavoz; no solamente a que a ojos de toda la comunidad internacional, de toda la comunidad científica, de todos los profesores universitarios, es una ley que hace agua, que adolece en sus términos principales de la vocación constitucional de defender los derechos; no solamente por eso, sino porque ya no hablamos ni siquiera del texto que ustedes introdujeron hace veinticuatro meses, no. Estamos hablando de las declaraciones últimas del comisario europeo de derechos humanos de Europa —sí, del 15 de enero de este año 2015—, que puso en tela de juicio este texto legislativo. El día 15 de enero. Solamente tiene que ir a la hemeroteca y si no, se lo haré llegar a su escaño, no se preocupe. Y además, de los relatores de la ONU, que en sus últimas declaraciones del mes de enero pusieron en solfa este texto legislativo, un texto legislativo que además ataca y vulnera los derechos constitucionales de los que nos hemos ido dotando en los últimos años.

Voy terminando, porque con este texto ustedes cercenan, mutilan y mancillan una de las grandes conquistas, que era el uso del espacio público en los últimos años. Ustedes nos traen un régimen sancionador impropio —sí, un régimen sancionador impropio—. No confunda usted, señor Aznar; son más las tipificaciones y las sanciones que vamos a poner, aunque la cuantía sea la misma; no se quede usted con la cuantía, mire el abanico que ustedes introducen en este texto. Se saltan ustedes la doctrina del Tribunal Constitucional; se saltan ustedes la doctrina del Tribunal Constitucional, que dice claramente cuándo vulneramos y atacamos derechos fundamentales cuando nos manifestamos libremente en los espacios públicos. Vaya usted a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Al final este texto constitucional forma parte de esa batería, de esa arquitectura legislativa en la que ustedes nos han ido introduciendo: Ley de tasas, Ley de seguridad privada, Ley del aborto (Rumores). Sí, todo un conjunto de medidas legislativas que en cada texto legislativo que ustedes han introducido han conculcado derechos y libertades de los ciudadanos españoles.

Los socialistas manifestamos en el Congreso y hemos manifestado en este debate con nuestras enmiendas nuestro rechazo a este texto que ustedes nos presentan. Porque, es verdad que el señor Peñarrubia nos ha aceptado alguna enmienda, ha aceptado una transaccional, en ese esfuerzo que ustedes han hecho. Pero tendrán ustedes que preguntarse cómo es posible que ustedes tengan a toda la oposición en contra de este texto, tendrán que preguntarse cómo tienen ustedes a todos los observadores internacionales en contra de este texto, tendrán que preguntarse ustedes por qué de este texto legislativo no habla bien nadie, no habla bien nadie. Tendrán ustedes que preguntárselo, porque sin duda hoy hemos asistido a un paso más en la indefensión de los ciudadanos españoles y en la pérdida de libertades por parte de los ciudadanos españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde que este proyecto de ley se encontraba en fase de borrador han sido muchos los disparates que se han dicho sobre él; disparates que alcanzaron su punto álgido el pasado mes de octubre con ocasión del debate de totalidad celebrado en el Congreso de los Diputados. Lo de menos, señorías, es lo que hasta ese momento se había dicho; lo de más fue lo que se dijo en ese momento, ya en sede parlamentaria.

La valoración de la puesta en escena de esa sesión la dejo a criterio de cada cual; consta en el Diario de Sesiones, y allá cada cual con su sentido del ridículo. Sin embargo, es imposible sustraerse a los disparates que allí se dijeron y, sobre todo, a los que se hicieron: desde tararear una cancioncilla con soniquete, hasta amordazarse, y además ser jaleados por ello. En fin, cada quien es cada quien, y yo respeto, como he dicho antes, el sentido del ridículo de todo el mundo y sobre todo la habilidad histriónica de alguno.

Quizá por estas razones, yo esperaba ―ingenuo de mí― un debate más tranquilo, más sosegado que aquel que se produjo en el Congreso de los Diputados, y ello porque era y es, desde mi punto de vista, imposible de superar. Es cierto que hoy han estado menos afectados, que han bajado un poco el diapasón, pero, no obstante, han dicho aquí, en el debate a favor de los vetos y también en este a favor de las enmiendas, cosas tremendas desde un punto de vista democrático. Se han vertido apelaciones tales como ley franquista de orden público; de vagos y maleantes, como se llegó a decir en la comisión; o que pretendemos sacar de la calle la pobreza y la protesta, que son disparates que no tienen encaje en pleno siglo XXI. También lo han calificado de retroceso histórico y le han dedicado unos cuantos epítetos más.

Dicho esto, señorías, voy a entrar en el debate de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, eso sí, intentando sintetizar al máximo las 225 enmiendas, que, por otra parte —tengo que decirlo—, no se compadecen en nada con el contenido de los vetos, y ahora me referiré a ello, fundamentalmente en el caso de los grupos nacionalistas, tanto del Grupo Parlamentario Vasco como de Convergència i Unió.

Quiero comentar como cuestión previa que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo, lo crean o no, para llegar a algunos acuerdos con el resto de grupos; esfuerzo que, como ahora veremos, no ha sido correspondido. Se ha hecho en esta Cámara, como ya se hizo en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, hemos aceptado en sus propios términos las enmiendas números 119 y 134, del Grupo Parlamentario Vasco, y queremos transar con el resto de grupos las enmiendas números 42, de la senadora Capella, la 69, del Grupo Socialista, la 99, de CiU, y la 149, de Entesa, referidas al especial deber de colaboración que incumbe en la consecución de los fines de la ley a las policías administrativas, como es el caso de la portuaria, teniendo en cuenta sus atribuciones, evidentemente, en ámbitos muy concretos, como es el dominio público portuario. Asimismo, proponemos transar la número 88, del Grupo Socialista, sobre prescripción de los plazos de las infracciones administrativas tipificadas en esta ley, y la número 123, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre infraestructuras críticas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y ahora, señor presidente, señorías, me van a permitir que conteste a los diferentes grupos parlamentarios.

Senadora Capella, una de las tres enmiendas que habíamos propuesto para transar incluye su enmienda número 42, al artículo 7, porque entendemos razonable esa propuesta. Pero usted no la acepta. A usted le parece insuficiente. A mí me parece, senadora, que cuando desde la oposición se pretende algo que hay que pensar que es lícito, y nosotros lo creemos, hay que estar en una disposición de mayor receptividad. Y está claro que aquí no sirve de nada hacer aproximaciones, porque ustedes —



quizá porque estamos en campaña electoral— desprecian todo lo que viene del grupo mayoritario.

Señora Capella, como no cree, porque es verdad, en este proyecto, al que ha descalificado con trazos gruesos en el turno de los vetos, le voy a hacer una pregunta: ¿a qué bandera se refiere? ¿Quién determinará cuál de ellas incita al odio? (La señora Capella i Farré: Está cantado). No, yo no lo veo tan cantado, sobre todo cuando a lo mejor tienen que ser ustedes los que establezcan los criterios de objetividad para ver qué banderas son las que pueden incitar al odio. A mí no me parece que eso esté tan cantado. Y otra cosa: a la hora de legislar nadie identifica a ningún grupo ni a ningún colectivo.

Señor Iglesias, es usted —permítame que se lo diga— el más coherente, y nosotros estamos muy alejados de los planteamientos en materia de seguridad ciudadana, como de la noche al día, que mantiene Izquierda Unida. Usted ha presentado un veto y ha sido consecuente con sus enmiendas, intentando mejorar esta ley una vez rechazado el veto. A ustedes nos les gusta —hay que decirlo— ni la Ley de 1992, porque enmienda determinados artículos de esa ley, que siguen vivos, ni el proyecto de ley que ahora proponemos a debate.

Después de decirle que usted ha sido coherente le diré que cuando los planteamientos son exagerados se corre el riesgo de perder la credibilidad. Por citar un ejemplo, pretender evitar, como ustedes y algún grupo más solicitan, que sean identificados quienes utilizan prendas para impedir o dificultar la visión del rostro, no es muy razonable, señoría. Algo quieren ocultar esos manifestantes que acuden posiblemente a reventar el derecho constitucional que tienen los demás de manifestarse, de reunirse y de concentrarse con arreglo a nuestras libertades. Esos lo que no quieren es que esa libertad la utilicen la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, a mí me parece un disparate.

En cuanto a la prostitución, intentamos que se aleje de colegios y parques públicos donde puede haber niños. Y para las manifestaciones ante instituciones cuando no están reunidas, el único requisito es que cumplan con la legislación, que hagan la comunicación previa, que no es ninguna locura, que no es ningún disparate.

Al señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco, yo le diría —esperaba ver aquí al señor Atutxa, perdón al señor Anasagasti— que no se compadece su discurso en el veto con lo que plantea en sus enmiendas. Y le voy a hacer unas cuantas preguntas: ¿está usted de acuerdo con que es necesario garantizar la convivencia ciudadana, la normalidad en las condiciones de funcionamiento de las instituciones, la prestación de servicios esenciales o la pacífica utilización de los espacios públicos? ¿Y la protección y salvaguarda de personas y bienes o el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, esa palabra tan denostada por el Grupo Parlamentario Socialista y por la izquierda más radical? O dicho de otra manera, el respeto a los derechos de los otros, que es lo que ustedes olvidan con muchísima facilidad. ¿Sí o no, señor Cazalis? En este caso tengo que decirle que esta ley no limita derechos fundamentales. ¿Comparte usted con nosotros que cuando no fuera posible la identificación de una persona, los agentes puedan requerir que les acompañe a las dependencias policiales más próximas, a los solos efectos de identificación? ¿Sí o no? Este último interrogante, después me referiré a los otros, confirma su impostura. Porque si están de acuerdo no cabe el veto, y si no están de acuerdo, ustedes tenían que haber enmendado estos artículos que no tocan, porque como ocurre con el Grupo Catalán Convergència i Unió, ustedes se suben al carro de la demagogia, del populismo, de rechazar en bloque con ocho vetos una ley de protección de la seguridad ciudadana, pero no entran en la molla, en el articulado, porque en sus comunidades autónomas, en las que tienen competencias, les interesa aplicar esta ley del Gobierno del Partido Popular. Yo creo que es una impostura.

Podría poner más ejemplos de artículos que hablan en sentido estricto de seguridad ciudadana y que ustedes no han querido enmendar.

No quiero cansarles más pero me van a permitir que después de contestar al señor Sendra —perdone, se me olvidaba usted— hable del régimen sancionador del que tanto están protestando. Y tengo que decirle que a usted le pasa lo mismo que al Grupo Vasco, que no enmiendan ninguno de los artículos que se refieren exclusivamente a seguridad ciudadana.

Con respecto a las 16 enmiendas presentadas por el Grupo Catalán Convergència i Unió, 98 a 113, ambas inclusive, pese a compartir— lo ha dicho usted hoy, lo dijo en comisión y también en el Congreso— la necesidad de abordar la reforma de la Ley de 1992, ha dicho que no la pueden apoyar porque ha generado mucho rechazo en colectivos y en entidades, pero se le olvida decir que tiene el respaldo —lo saben ustedes— en Cataluña de asociaciones de vecinos, de comerciantes, de la hostelería, de los taxistas, del Consejo General del Poder Judicial, de la defensora del pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, etcétera; es verdad que algún tipo de asociación le pone peros pero esta ley cuenta con el apoyo de otros muchos colectivos.

Sobre el régimen especial de Ceuta y Melilla, mi compañero el señor Aznar ya les ha contestado. Y en cuanto a la policía administrativa portuaria, ya le he respondido a la senadora Capella.

Voy a responder de manera conjunta, me quedan unos minutos, a los senadores Ángel, del Grupo Socialista, y al señor Bruguera, de su filial catalana, integrada en el Grupo Entesa, que han intervenido al alimón. Y les voy a criticar pero en un tono menor porque el Grupo Socialista está instalado, señor López, se lo digo a usted, desde hace mucho tiempo en una deriva radical y a nosotros nos preocupa, y mucho, pero tengo la impresión de que a ustedes no les preocupa tanto. Es posible que piensen que de perdidos al río, de lo contrario es muy difícil entender que descalifiquen este proyecto de ley con unos argumentos tan gruesos y toscos, porque sostener en pleno siglo XXI disparates tales como que esta ley se asimila a la mal llamada Ley de vagos y maleantes o que es una ley franquista es un despropósito pero, en fin, ya sabemos que ustedes representan a un partido que desgraciadamente hoy está perdido, por eso en su descargo hay que decir que enmiendan lo divino y lo humano, todo lo enmendable, posiblemente porque no han olvidado que nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad a la ley de 1992, la de la patada en la puerta, que en parte —esa sí— fue declarada inconstitucional.

Esta ley de 1992, la suya, todavía en vigor, contempla medidas tales como la identificación de personas, la restricción del tránsito y controles en la vía pública, comprobaciones y registros de vehículos y el control superficial de personas, y ahora ponen el grito en el cielo porque nosotros fijamos esos criterios con garantías jurídicas, con garantías objetivas, artículo 19, apartados 1 y 2 y artículo 20, apartados 1, 2, 3, y 4. Era peor ley pero englobaba en seis apartados y dos artículos todas las medidas que nosotros contemplamos en esta ley.

Senador Ángel, es verdad que la calle está para disfrutarla, para pasear, para transitar, para que el ciudadano pueda hacer sus compras, sus quehaceres, etcétera, pero nunca para la barbarie y el vandalismo, y precisamente con esta ley lo que queremos es evitar que se apropien de ella los vándalos que —no sé cómo han llamado a lo que hacen con el mobiliario urbano—, lo que realmente hacen es destrozarlo. Lo que tratamos de evitar es que se prenda fuego a contenedores, que se apedreen escaparates de entidades bancarias, que se quemen neumáticos, que se vuelquen furgonetas, incluso, a veces furgonetas policiales.

Voy a acabar mi intervención hablando de las sanciones. Una de las mayores mentiras del argumento y de la crítica que ustedes hacen a esta ley, es que las sanciones son desproporcionadas; no lo son. La Ley de 1992, para las 12 infracciones muy graves, que nosotros hemos reducido a 4, fijaba multas de 5 millones y una peseta a 100 millones de pesetas; para las infracciones graves de 50 000 y una peseta hasta 5 millones de pesetas y para las infracciones leves, hasta 50 000 pesetas. ¿Saben lo que son 100 millones de pesetas del año 1992, veintitrés años después? Aplíquense el cuento porque ustedes, la oposición, efectivamente, ha comparecido unida porque estamos en campaña electoral pero para hacer exclusivamente daño al Partido Popular, y los senadores del Partido Popular no lo vamos a consentir.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.

Antes de entrar en turno de portavoces, les anuncio que ha habido acuerdo con los portavoces de los grupos para que, una vez terminado el debate de las enmiendas, entremos en el debate de las propuestas de veto de la siguiente ley, y, posteriormente, votaremos conjuntamente primero los vetos y luego las enmiendas que estamos debatiendo, pero nunca antes de las cuatro de la tarde.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aznar, soy consciente de que ustedes han demostrado que tienen una cierta dificultad para entender eso del meridiano de Greenwich, pero da igual que en Canarias tengamos una hora menos, eso no resta un ápice la representatividad por la cual estoy hoy, aquí, hablando en nombre de los ciudadanos. Sí, señoría, y, además, por esos ciudadanos a los que represento y por los cuales fijo mi posición en este Pleno, tengo claro que su opinión no los representa, y tengo el derecho a hablar aquí porque me lo han dado esos ciudadanos, no usted, desde luego. Y sobre la base de ese derecho y esa representatividad, le digo que esta ley está generando un gran rechazo en la sociedad organizada, un gran rechazo en todos los partidos político, salvo el de ustedes, un gran rechazo en amplios sectores judiciales y policiales; de hecho, se le ha bautizado a esta ley desde el principio como ley mordaza. No se justifica, señoría, que digan que lo está pidiendo la sociedad. No se justifica, no es cierto. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

No es de recibo que ustedes digan que las manifestaciones que se están produciendo en la calle exigiendo que se recuperen los derechos sociales que se han perdido en sanidad, en educación, en desempleo, y que suponen un retroceso importante en este país, justifican esta ley porque no es cierto que los ciudadanos se estén manifestando pidiendo la pérdida de derechos políticos y democráticos; no es cierto, señorías; no es cierto. También es una hipocresía equiparar la demanda de seguridad, que puede que demanden algunos sectores, con la pérdida de derechos que no es en estos momentos una petición que esté en la calle.

En esta legislatura, señoría, con la falsa justificación de la crisis económica, se han perdido muchísimos derechos, consecuencia de ello —lo dice Eurostat 2014— resulta que España ya es el segundo país con más desigualdades, después de Letonia, en toda la Unión Europea. Somos el primer país de Europa en donde se ha generado una mayor diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen: consecuencia de ello: desigualdad y pobreza. Ustedes, cuando los ciudadanos se manifiestan en la calle pidiendo la reconquista de esos derechos, quieren resolver ese problema aumentando la represión en este país. Señorías, más represión genera mayor crispación social. Eso no resuelve los problemas. Señorías, amordazar preventivamente es lo que pretende esta ley. Esta ley pretende criminalizar la protesta. Ahora le llaman a eso seguridad. El dilema que quiere plantear el PP al tener que elegir entre seguridad y libertad es inaceptable, falso, interesado y oportunista. La libertad está por encima. Eso sí que es un derecho fundamental. Consecuencia de esa libertad hay una seguridad pero no al revés.

Señorías, en estos momentos —y concluyo señor presidente— ustedes pretenden hacer irreversible la pérdida de los derechos sociales que se han consumado en esta legislatura reprimiendo las movilizaciones y la protesta ciudadana. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra preventiva, de ese eslogan que ocasionó que se invadiera un país? Ahora parece que se habla de la mordaza preventiva para impedir que los ciudadanos se puedan manifestar en la calle.

Finalizo, señorías, yo nunca me expreso de forma totalitaria ni hablo en nombre de todos los canarios ni, desde luego, ustedes pueden hablar en nombre de todos los españoles. No se confundan porque los autoaplausos que hoy se van a dar ustedes a sí mismos aquí no se los van a dar en la calle la mayoría de los ciudadanos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.

Senadora Capella, tiene la palabra. Después se la daré al señor Iglesias.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Me dicen que no he aceptado transaccionar la enmienda 42. Cierto, pero es que su propuesta vacía de contenido mi enmienda. Ustedes recriminan mi posición, me dicen que debería ser complaciente con sus propuestas, pero va a ser que no. No voy a ser complaciente ni me voy a someter a admitir una enmienda o una transacción de mi enmienda que la vacíe de contenido. Y puestos a ser complacientes, ¿por qué no son complacientes ustedes con la inmensa mayoría de asociaciones, entidades, organizaciones, que les piden que retiren esta ley? Porque la ley limita sustancialmente derechos fundamentales y no defiende la seguridad ciudadana, no, no la defiende: limita derechos y libertades fundamentales.

Dicen también que Esquerra Republicana por boca de esta senadora hace una crítica de trazo grueso de la ley. Me remito a lo que he dicho en la defensa de mi veto, el cual, además, desgrano en cada una de las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado a este proyecto de ley. No es de trazo grueso. Me he pasado un buen rato argumentando por qué no estamos de acuerdo, por ejemplo, con las devoluciones en caliente. Ustedes, ni han hecho mención a ello. Me gustaría oírles cómo rebaten cada una de las conclusiones que les he leído, que no son mías, sino de profesores universitarios, que critican esa infracción de derechos fundamentales, de vulneración y violación de tratados internacionales, y de esa Constitución, de la que todo el día alardean ustedes y nos ponen encima de la mesa.

Y, para finalizar...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Sí, finalice, porque queda un minuto y medio.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Rápido. Me preguntan a qué bandera me refería. Pues a aquellas que utiliza la extrema derecha, que banalizan el nacismo y el fascismo. ¿Es que ustedes aún no se han dado cuenta de lo que dicen esas banderas? Pues entonces sí que tenemos un problema. Por eso, no nos fiamos de ustedes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Señor Iglesias, seremos flexibles, no se preocupe.

Tiene su señoría la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muy brevemente. Yo también reconozco la coherencia del Partido Popular. Lo he dicho muchas veces desde esta tribuna. Ustedes tienen una mayoría absoluta y un proyecto de cambio político, social y económico del que forma parte este recorte de los derechos y libertades.

Sintéticamente. Prendas en el rostro. Hay personas que por creencias religiosas llevan prendas que ocultan el rostro, sin que suponga ningún riesgo para la seguridad ciudadana o la seguridad pública.

Prostitución-colegios. Habitualmente, la hora en la que tales prácticas se suelen dar, no suele ser la hora escolar. Y la presión sobre la prostitución de esta manera, generalmente, lo único que provoca es un desplazamiento hacia otras zonas.

Régimen especial de Ceuta y Melilla. No arreglan ustedes el problema con las dos oficinas de asilo que han planteado. Muchos tienen que saltar la valla porque la policía marroquí no les deja acceder a esas oficinas. Y son refugiados con derecho a solicitarlo.

Finalmente, la preocupación por el orden público. España es una sociedad muy segura. Los incidentes de alteración son mínimos. Y lo que crea inseguridad en esta sociedad no son estos incidentes. Lo que genera inseguridad en esta sociedad es el retraso en proporcionar el tratamiento a los enfermos de la hepatitis C; los desahucios; que Coca-Cola se niegue a cumplir una sentencia que declara la nulidad de los despidos; que las personas que se ven en situación de necesidad no cuenten con las prestaciones adecuadas y suficientes; que haya un deterioro de la sanidad pública, o que las becas no sean suficientes para satisfacer y compensar las necesidades de los estudiantes, y compensar el incremento de las tasas universitarias. Eso es lo que crea inseguridad ciudadana y social.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Este portavoz suele considerar casi siempre una inversión de su tiempo cuando interviene en este Pleno, porque intenta mejorar las cosas siempre. En este caso, no quiero perder mi tiempo ni hacerles perder a ustedes el suyo, y voy a intentar ser lo más rápido posible.

El senador Peñarrubia me ha hecho una serie de preguntas. La respuesta a todas es sí. Y ahora yo le hago unas preguntas a usted. ¿Está usted seguro de que esta es la mejor norma para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en todos los casos y en todas las manifestaciones, incluidas las convocadas por la Conferencia Episcopal? ¿Está usted seguro de que esta nueva norma es la mejor manera de equilibrar el derecho, la necesidad de seguridad, con el resto de derechos fundamentales? Pues veo que sí. Pero veo que sí desde su infalibilidad, desde la infalibilidad del ungido, del que tiene la verdad verdadera y la razón totalmente infalible. Y casi prefiero que sea eso y que no sea desde la prepotencia o desde la soberbia y el desdén de quien no tiene ninguna intención de tener en cuenta nada de lo que opinan los demás. Porque eso sería, a mi juicio, bastante peor.

Desde luego, esa verdad no es tan verdadera, porque aquí se han presentado ocho vetos de personas que, a lo mejor equivocadamente, creemos que tenemos tanto empeño en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como la que puede tener usted. Pero no solo lo pensamos nosotros, también un montón de asociaciones, tanto de juristas como de otros ámbitos, tal y como se ha dicho aquí. Por lo tanto, parece que estamos equivocados pero, lógicamente, esa resistencia numantina a aceptar cualquier otra cosa que no sea lo que viene del Gobierno y la versión que ustedes ofrecen no es la mejor actitud política, ni la más razonable ni la más edificante.

La verdad verdadera, senador Peñarrubia, está en los ciudadanos, y la suelen meter en unos sobrecitos blancos y sepias. Y cuando los ciudadanos se dan cuenta de que la verdad verdadera que utilizaron la vez anterior no se corresponde con lo que se les dijo ni con lo que ellos pensaban que estaban votando, vuelven a cambiar lo que va dentro de los dos sobrecitos, y estoy seguro de que en este caso va a ser así.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

Senador Peñarrubia, portavoz del grupo parlamentario nacionalista del Partido Popular, en primer lugar, nosotros, el PSC no es filial de nadie. Le pido un poco más de respeto. Si quiere, por la tarde, después de comer, nos tomamos un café y se lo explico con más detenimiento para que se entere y no lo vuelva a decir. El PSC es un partido político, no es filial de nadie. Punto.

En segundo lugar, usted ha hablado de radicalización —dice que nos hemos radicalizado— y también de la Ley del año 1992. Uniendo los dos temas, la radicalización y la Ley del año 1992, si quiere le leo —la tengo aquí— la intervención del señor Trillo, portavoz del Partido Popular en aquel momento, en relación con la Ley del año 1992. Si quiere la discutimos, y se dará cuenta de los adjetivos con los que ustedes calificaban la Ley de 1992. Por cierto, es usted el que ha utilizado la expresión patada en la puerta; yo en ningún momento me he referido a esta ley como la ley mordaza; que quede claro.

Por lo tanto, ustedes son los que se han radicalizado, y se han radicalizado por la derecha, pero sobradamente por la derecha. Porque lo que ustedes decían de la Ley de 1992, aplíquenselo a esta ley. Y le repito que, si quiere, se lo leo, que lo he traído.

Resumiendo —y finalizo, señorías—, no es una ley de protección de derechos y libertades, es una ley de desprotección de derechos y libertades. No es una ley que dote de mayores garantías jurídicas, es una ley arbitraria que conlleva inseguridad jurídica y amplios márgenes interpretativos. Es una ley que tiene un régimen sancionador a la carta, solo le falta poner —y ya lo he comentado— a quién va dirigido, a qué colectivo van dirigidas algunas de sus sanciones. Y es una ley que convierte las faltas en sanciones administrativas, a pesar de lo que ello conlleva, como ya hemos dicho.

Esta ley ha sido rechazada, no únicamente por los grupos parlamentarios; esta ley ha sido rechazada por todas las asociaciones y ONG que se dedican a estos temas. Por lo tanto, y repito, estoy absolutamente convencido de que será una ley de corto recorrido, senador Peñarrubia, portavoz del grupo parlamentario nacionalista del Partido Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Voy a reiterar un poco lo expresado durante toda esta mañana. Ciertamente, nosotros pedimos la reforma de la Ley de 1992 para hacer una ley mejor, pero ustedes han perdido la oportunidad de hacerla más al servicio de la seguridad de los ciudadanos y la han convertido en una agresión a sus derechos fundamentales. Es antiautonómica; invasiva; recentralizadora; poco colaboradora con las comunidades autónomas, sobre todo, en temas de bases de datos —reitero, Interpol y Europol—; tiene un régimen sancionador interpretativo y a criterio subjetivo de los agentes del cuerpo y tiene conceptos jurídicos indeterminados; es errónea en la voluntad sancionadora a las personas que prestan servicios sexuales cuando se debe sancionar a los solicitantes; supone una falta de respeto a los derechos humanos, institucionalizando las devoluciones en caliente de las personas que quieren entrar en Ceuta y Melilla, por mucho que lo camuflen con el orden internacional, orden internacional que ya existía antes de este proyecto de ley y que ustedes no cumplieron.

Además, señorías, nosotros queremos una seguridad ciudadana para Cataluña que garantice que no habrá más informes de la UDEF. Me parece una prepotencia improcedente que cuando al ministro del Interior se le dice que estaba detrás de las filtraciones de los informes de la UDEF sobre Mas y Trias, responda: ¿Y...?, como queriendo decir: ¿Y qué pasa si lo estoy? Queremos una seguridad ciudadana que garantice que los DNI de los ciudadanos, aunque sean jueces a favor del derecho a decidir en Cataluña, no se filtren a los medios de comunicación; una seguridad ciudadana que garantice la justa y necesaria distribución de los agentes del CNP en el territorio en función de la necesidad real y no de la voluntad de amedrentar a la ciudadanía catalana mandando agentes de la Policía que podrían cubrir zonas peninsulares más necesitadas de seguridad.

Y déjenme decir, en relación con esto, que lo que sí que no es seguridad ciudadana es que los agentes del CNP anden ebrios por Calella y se pasen por el trasero la bandera catalana y orinen sobre ella, como sucedió hace dos noches en Calella. Eso no es seguridad ciudadana. Y como dijo la alcaldesa de esa ciudad y compañera mía en el Senado, Montserrat Candini, es vergonzoso, incívico e intolerable, especialmente cuando viene de un servidor público. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sucedido si es al revés? Igual hubieran aplicado la ley que aprobamos ayer sobre el yihadismo o igual nos hubieran aplicado la antiterrorista; quizás.

Ustedes van a aprobar esta ley con la mayoría de sus votos. Senador Peñarrubia, usted dice que esta ley tiene al aval de un montón de gente. Igual tiene el aval legal, no lo sé, supongo que lo sabremos pronto, pero le aseguro yo que social no lo tiene, que el aval social no lo tiene. Y estoy convencido que la sociedad española no le da el aval a esta ley.

Déjeme que le diga que he alucinado, y le aseguro que no tomo ningún tipo de psicotrópicos ni nada parecido, con su sentencia demoledora: Nos hemos unido para hacer daño al Partido Popular. No, senador Peñarrubia, no. Nos hemos unido para proteger los derechos de los ciudadanos que ustedes quieren limitar con esta ley.

En resumen, ustedes han transformado la Ley Corcuera, la de la patada en la puerta, en la Ley Fernández Díaz, la de la patada en la boca a los derechos de los ciudadanos y la patada en el trasero de los inmigrantes que intentan llegar a un mundo mejor.

Por todo esto, nosotros no vamos a votar a favor de esta ley, vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Gracias.

Pues sí, nos hemos unido en defensa de las libertades y de los derechos de los españoles. No le quepa la menor duda, señor Peñarrubia. Por eso, nos hemos unido.

Ha hablado usted de disparates. Para disparates, dos: la ausencia del ministro en la Cámara —eso sí que es un disparate— y la actitud del ministro Morenés ayer en el Congreso —eso sí que es un disparate—. Y para disparate la última perla cultivada del ministro del que hoy estamos hablando en el debate de la Ley de seguridad ciudadana. Esta mañana, el ministro nos ha vuelto dar otra perlita cultivada digna de Luis Carandell, Celtiberia Show, ¡esa sí que es digna! Miren ustedes su última manifestación: Interior rechaza mejorar el salvamento europeo de inmigrantes por un posible efecto llamada. Y añade: no participaremos en los nuevos criterios de la Agencia Europea de Control de Fronteras. Para disparates, el del señor ministro Fernández. Váyase usted a la noticia que la Agencia Europa Press ha publicado hace un rato. Estas son las razones que a nosotros nos han decidido a votar en contra de este texto legislativo. Estos son todos los criterios que hemos mantenido durante los últimos meses en defensa de lo que nosotros hemos entendido que es una vulneración de los derechos fundamentales de los españoles.

Me gustaría hacer tres o cuatro últimos comentarios. Hablaba usted de la radicalidad de algunos. Bienvenida la radicalidad de la defensora del pueblo, doña Soledad Becerril. Voy a leerle sus manifestaciones: de seguir adelante el actual redactado de la ley, y si se aprueba en el Senado, será el principio del fin del sistema de asilo. Esto no lo ha dicho una peligrosa diablesa, esto lo ha dicho una señora que suele pasar por esta Cámara una vez al año para leernos su informe, lo ha dicho la defensora del pueblo, señor Peñarrubia. Y algún senador ha hablado antes de las intervenciones del comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, quien advirtió la semana pasada que si este texto es aprobado, se personará como parte en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dos razones más para votar en contra. Asimismo, consideramos que se vulneran y quiebran algunos postulados y el principio de la presunción de inocencia, algo impropio de un texto legislativo del Estado español. Por otra parte, la acción interpretativa en cuanto a la definición de lo que es infracción o no, según establece el proyecto de ley, recae solo sobre la Administración, lo cual supone una indefensión tremenda para los ciudadanos españoles. Por otra parte, ustedes añaden restricciones al uso de fotografías o imágenes en caso de falta de respeto o consideración. En este sentido, los observadores internacionales ya han señalado que les preocupa la censura que sobre el uso de las nuevas tecnologías se quiere aplicar en este texto. Mire usted si son razones parar votar en contra.

¡Cómo es posible que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular piensen que todos los grupos estamos equivocados! ¡Cómo pueden llegar a la conclusión de que todos estamos equivocados! ¿Todos? ¡Cómo es posible que pueda pensarse que en un asunto de tanta trascendencia y tanto calado no es necesario un consenso constitucional con todos los grupos! ¡Cómo es posible!

Hay algunas materias, señor Peñarrubia, esenciales para el funcionamiento de un Estado democrático, y esta es una de ellas. Por ello, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular demuestran no solo su arrogancia sino su irresponsabilidad al mantener este texto. Desde luego, mi grupo, en el caso de que los ciudadanos nos otorguen la representatividad suficiente, no sólo derogará la ley sino que promoverá un amplio consenso con todos los grupos parlamentarios. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Ángel.

Senador Peñarrubia, tiene la palabra.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar contestar a todos y cada uno de los portavoces que han intervenido en este turno.

A la senadora Capella quiero decirle que nosotros hemos sido respetuosos con sus criterios. De hecho, usted no quiso firmar una enmienda transaccional, pero yo tengo que destacar que con ello abríamos una vía, una posibilidad para mejorar al colectivo de policía administrativa, que actúa en el ámbito de las zonas públicas portuarias. Nosotros pretendemos facilitar con este proyecto de ley todas las aspiraciones —legítimas, por supuesto— de colectivos, de ciudadanos y también de los grupos parlamentarios. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). De trazo grueso no me va a dar lecciones, porque cuando a usted le puede la incontinencia verbal, ¡tela! Usted y yo sabemos lo que es eso.

Sobre las devoluciones en caliente le contestaré después porque ha habido más referencias a ellas.

Senador Iglesias, no nos referimos, cuando tratan de taparse el rostro, a cuestiones de creencias religiosas, sino a los que van embozados en una manifestación que está amparada en el derecho constitucional de reunión y manifestación y hay unos grupos, lo sabe todo el mundo, cuya intencionalidad clara es reventar esa manifestación, es impedir que los ciudadanos que se acogen a ese derecho puedan hacerlo, es eliminar el derecho de los más. Creo que eso es algo de sentido común. Nos referimos a los que van embozados, con pasamontañas, y todos sabemos lo que eso significa.

Señor Cazalis, sí a las preguntas que usted me hacía, sí, y no hay prepotencia en nuestras intervenciones, ni mucho menos. El problema es que a ustedes no les gusta que se destaquen sus incoherencias, es decir, vetar una ley de protección de la seguridad ciudadana y, a su vez, no enmendar los artículos que se refieren en concreto a esa protección de la seguridad ciudadana, a mí me parece, cuando menos, una impostura y, por supuesto, una ficción. Por cierto, la Conferencia Episcopal no convoca manifestaciones. Eso lo sabe usted como lo sé yo. Lo que pasa es que, a lo mejor, desde que dejaron de ser democratacristianos tienen alguna fijación.

Señor Bruguera, le pido disculpas por mi referencia al Partido Socialista Catalán, un partido antiguo, con tradición en Cataluña. Dé por no escuchada mi referencia a que es una filial del Partido Socialista en aquella comunidad autónoma. Quiero decirle que esta ley lo que introduce son garantías y seguridad jurídica.

El señor Sendra se ha ido, no le interesa lo que le voy a decir. (Varios señores senadores: ¡Está aquí!). Perdón, senador Sendra, lo tapaba la senadora y no lo veía. Su problema es que son prisioneros, igual que el Grupo Parlamentario Vasco, de esas incoherencias. A ustedes les gusta recoger todo:



lo que es bueno para ustedes desde el ámbito autonómico y lo que es bueno a nivel del Gobierno de la nación, pero siempre y cuando lo puedan aplicar, como es el caso de esta Ley de protección de la seguridad ciudadana, en la que ustedes son competentes en Cataluña, al igual que ocurre en el País Vasco, en su aplicación. De ahí que no enmienden esos artículos importantes que afectan a esos derechos. Evidentemente, los ciudadanos están por encima de todo. Es decir, cuando he dicho lo del daño al Partido Popular, es una evidencia que a quien ustedes trataban de perjudicar políticamente era al grupo que sustenta a un Gobierno, al Partido Popular, pero esta ley está pensada para garantizar esos derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Creo que no me dejo a nadie, senadora Capella, estoy intentando no olvidar a nadie. La senadora canaria no estuvo en comisión, no presentó veto ni ha presentado enmiendas; ha hecho un turno de portavoces y se ha sumado a esa inercia del resto de la oposición.

En cuanto al senador Ángel, y también respondo a la senadora Capella y a quienes han hecho referencia al disgusto de la defensora del pueblo, quiero decir que nosotros hemos introducido en este proyecto de ley y en esta Cámara una enmienda que garantiza esas cuestiones en el régimen especial de Ceuta y Melilla que ustedes tanto critican. ¿Que se podía haber hecho algo más? Es posible, pero ya les dije en comisión que casar los intereses legítimos de todo el mundo en un proyecto de ley de ámbito nacional que afecta a colectivos diversos con distintas aspiraciones, todas legítimas, y distintos planteamientos es complicado.

Voy a leerles, y con esto acabo, señora presidenta, esa nueva disposición final primera. Dice así: Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán —estamos hablando de asilo— en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.

Tenemos que ser cuidadosos con nuestras fronteras. Si no queremos que determinadas personas sufran, llegamos a un acuerdo con la Unión Europea, quitamos las vallas —por cierto, las recreció el señor Rodríguez Zapatero— y asumimos esa realidad. Pero están habilitados sitios para el asilo. España se compromete a respetar todos los acuerdos que en derecho internacional afecten a estas situaciones, y por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara una enmienda que está recogida como disposición final primera.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.



PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 621/000107 Constitucional

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 8.1.4.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen tiene la palabra el vicepresidente primero de la Comisión Constitucional, señor Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Me cabe el honor de haber sido designado para presentar ante esta Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 27 de enero de 2015. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 12 de febrero de 2015, ampliándose hasta el 18 de febrero. Al mismo se han presentado 4 vetos y 92 enmiendas. Los vetos han sido presentados por los siguientes senadores: veto número 1, señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2, señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 3, señora Almiñana Riqué, señor Boya Alós, señor Bruguera Batalla, señor Martí Jufresa, señor Montilla Aguilera, señor Sabaté Borràs y señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 4, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas se distribuyen de la siguiente manera: enmienda 1, del señor Eza Goyeneche, señora Salanueva Murguialday y señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 2 a 19 de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 20 a 26 de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Enmiendas 28 a 32, del Grupo Parlamentario Popular. Enmiendas 33 a 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 54 a 71, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 72 a 92, del Grupo Parlamentario Socialista.

La comisión designó en su día la ponencia, concretamente el 18 de febrero de 2015, que estuvo integrada por los siguientes senadores: señor Antich Oliver, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; señor Martí Jufresa, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; señor Piñeiro García-Lago, del Grupo Parlamentario Popular; señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; señor Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Sala Torres, del Grupo Parlamentario Popular, y señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El día 4 de marzo del 2015 se reunió la ponencia que, tras manifestar su criterio contrario a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley, acordó por mayoría aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas 28 a 32 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como efectuar una serie de correcciones de carácter técnico.

La comisión se reunió en esa misma fecha y procedió a dictaminar el proyecto de ley, aceptándose como dictamen el informe de la ponencia.

Por último, para su debate en el Pleno, se han formulado hasta 7 votos particulares. Veto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo las enmiendas 72 a 92 así como su propuesta de veto. Veto número 2, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las enmienda números 33 a 53. Veto número 3, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las enmiendas 54 a 71. Veto número 4, también del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo su propuesta de veto. Veto número 5, de los senadores del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, señora Almiñana Riqué, señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y señora Sequera García, manteniendo su propuesta de veto número 3. Veto número 6, del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo la propuesta de veto y las enmiendas 1 a 19 originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Mixto. Veto número 7, de la señora Capella i Farré del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo las enmiendas 20 a 26.

Con estas palabras, señores, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Comenzamos con la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Las razones que motivan el veto que hemos formulado los senadores Mariscal Cifuentes y yo mismo, que intentaré sintetizar de la forma más ágil posible, parten del análisis de que el proyecto se queda corto para alcanzar más rigor en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, y de la constatación de que, incluso, en algunas de estas materias se produce un retroceso en relación a la situación preexistente. Entendemos que no hay una respuesta adecuada a la exigencia social de una clara separación de lo público y de lo privado, y que de esta forma se propicia el mantenimiento de esa práctica, tantas veces denunciada y que tanta indignación social genera, de las puertas giratorias entre las responsabilidades políticas de mayor nivel y los consejos de administración de las grandes empresas. La constatación de la presencia de exministros, expresidentes en los consejos de administración de las grandes empresas del Ibex, fundamentalmente de las eléctricas, además de forma aún más llamativa, en sectores que han sido liberalizados, en empresas que han sido privatizadas, desde luego no llama a la confianza de la sociedad en que nuestro ordenamiento jurídico establece una clara distinción entre lo que es la actividad pública que ha de responder a los intereses generales de la comunidad y de la sociedad, y la vinculación o la presencia en empresas que, evidentemente, de forma lógica, por lo que velan es por sus propios intereses. Tampoco compartimos que se excluya del ámbito de aplicación de este proyecto el Banco de España y la Casa Real. Pensamos que no se produce un cambio significativo en el régimen retributivo, incluso se da un retroceso en materia de incompatibilidad de retribuciones, y que se flexibiliza el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses.

Con el proyecto se renuncia a configurar como órgano independiente a la oficina que ha de velar por el cumplimiento de esta separación entre lo público y lo privado, manteniendo su dependencia del Ministerio de Hacienda. En las enmiendas concretaremos nuestra visión y nuestro planteamiento en cuanto a que esta oficina tenga auténtica independencia.

Pensamos que no se impulsa una reforma, simultáneamente al proyecto de ley, de la Ley de régimen electoral general para hacer más exigente el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores. Si quedan fuera de la ley el Banco de España y la Casa Real, también quedan estos fuera, porque está previsto en la Ley de régimen electoral general el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores.

El límite de dos años a la posibilidad de que los altos cargos pasen a empresas privadas es, a nuestro entender, una barrera insuficiente para acabar con ese fenómeno de las puertas giratorias, y por eso nuestras enmiendas plantearán períodos más largos. De hecho, además, las exigencias se flexibilizan en relación a la normativa vigente, puesto que se establece que esta incompatibilidad o la necesidad de este periodo de espera solo se demandará en relación a la presencia en entidades privadas afectadas por decisiones en las que haya tomado parte el ex alto cargo, mientras que hasta ahora —y en otra enmienda así lo plantearemos— bastaba con que hubiera una relación directa de la actividad de la empresa, o en el ámbito competencial hubiera tomado o no decisiones que afectaran a esa empresa del alto cargo.

Igualmente cuestionamos el régimen sancionador, que consideramos insuficiente, y que los plazos de prescripción que se establecen deben ser modificados, como nuestras enmiendas plantearán.

Finalmente entendemos que se da un protagonismo excesivo a la Abogacía del Estado, que se acaba convirtiendo en una especie de filtro para llegar a la Fiscalía cuando ello resulte necesario, y entendemos insuficientes las previsiones en torno a las audiencias y comparecencias ante el Congreso para la designación de altos cargos. También nuestras enmiendas irán en ese sentido.

Muchísimas gracias, señoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, creo que del paquete propagandístico llamado «para la generación democrática y lucha contra la corrupción», este proyecto de ley es el más decepcionante. Posteriormente vamos a discutir el proyecto de ley de financiación de partidos políticos que nosotros criticamos y vetamos, pero en el que como mínimo encontramos algún avance, aunque sea parcial. Pero en este proyecto que ahora debatimos vemos, no solo retrocesos, sino que no se aborda ninguna reforma ambiciosa respecto de algo tan fundamental como es dar respuesta ciudadana a tres grandes cuestiones: la separación entre lo público y lo privado, la transparencia y la rendición de cuentas; y esos son tres de los grandes problemas que tiene este país, especialmente el primero. En España, y no ya desde la democracia, sino que viene de muy antiguo, hay una colisión de intereses entre lo público y lo privado, y mientras no rompamos con este nudo gordiano, que no será fácil ni se va a realizar en un día, difícilmente podremos regenerar, difícilmente podremos luchar contra la corrupción.

Tenemos un problema real de transparencia, y también tenemos un problema real de rendición de cuentas. E insisto, en este proyecto de ley no se da ni un ligero avance. Así como en otros podemos discutir si más o si menos, aquí en todo va hacia atrás. ¿Y qué va hacia atrás? Va hacia atrás en el régimen de retribuciones, va hacia atrás en el tema de incompatibilidades, y va hacia atrás en cuanto a la separación nítida entre la actividad pública y la privada. El régimen de incompatibilidades, el tiempo para las incompatibilidades es cortísimo. No hay ningún gesto concreto que permita esa separación entre lo público y lo privado.

Incomprensiblemente se excluyen de esta ley el Banco de España y la Casa Real; no nos afecta a los parlamentarios de las Cortes, ni a senadores ni a diputados, y por otra parte se abren en demasía, a mi entender, aspectos como que puedan optar a ser un alto cargo de la Administración personas que están a las puertas de un juicio. Luego ustedes plantean que solo se impedirá el acceso a un alto cargo de la Administración General del Estado a aquella persona que tenga condena en firme. Es decir, que hay toda una serie de cuestiones que, a nuestro entender, hacen imposible apoyar este proyecto de ley y hacen del todo imprescindible y necesario presentar este veto.

Insisto en que seguramente una de las cuestiones más escandalosas —y hacía referencia a ello el senador Iglesias antes en su intervención— de la realidad política, de la degradación política que sufre el país, es el de las llamadas puertas giratorias. Pero es que ustedes no terminan con este problema de las puertas giratorias; con este proyecto de ley esta es una realidad que se podrá seguir dando y creo que es algo que escandaliza, que alarma y que además es fruto, como decía antes, de esta colusión de intereses entre lo público y lo privado. O si no, ¿qué pintan determinados exministros o ex lo que sea en determinados consejos de administración de empresas? ¿De qué? ¿Por qué están allí? Yo creo que la única explicación es por este sistema de colusión.

El régimen sancionador es muy insuficiente, al igual que los plazos de prescripción y, por último, quedan cuestiones muy importantes que habría que regular, como los aforamientos, los indultos o la actividad de los grupos de presión o lobbies en su relación con el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Desgraciadamente, en este proyecto de ley no hemos avanzado ni un poco, al revés, hemos retrocedido, y es por ello por lo que el senador Saura y yo presentamos este veto.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, de la senadora Almiñana Riqué, de los senadores Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Señorías, ciertamente la corrupción ciudadana, el fraude, la evasión, etcétera, es algo realmente execrable, denota además ineficacia en los Gobiernos, en el funcionamiento de las instituciones y representa una injusticia para el resto de ciudadanos en el reparto de la riqueza, en la igualdad de oportunidades, etcétera. Pero seguro que comparten conmigo que la corrupción política todavía es mucho peor. La corrupción política significa una traición a la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, es una auténtica estafa democrática y mucho más grave porque deslegitima la vida pública, trae un descrédito nocivo para la convivencia y justifica, da alas a las alternativas antidemocráticas.

Por ello, es lógico que haya tantas expectativas entre la ciudadanía por la reacción que los actores políticos, partidos y Parlamento, podamos tener frente a esta cuestión de la corrupción política, y por ello es tanta la importancia de debates como este en torno a esta cuestión. Porque, señorías, en este debate y en el que vamos a tener también después, vamos a explicitar el compromiso de nuestras instituciones, de la máxima institución democrática del país, en subsanar errores —que los ha habido, sin ninguna duda— y en dificultar a partir de ahora al máximo la posibilidad de que haya corrupción, y ello a través de leyes —como es nuestra función y se recordó ayer acertadamente—, a través de un ordenamiento jurídico que sea capaz de concretar este compromiso, como las dos leyes que estamos debatiendo en esta sesión del Senado.

Y, desgraciadamente —se ha dicho ya y yo también lo comparto, mi grupo lo comparte—, el balance de estas dos leyes es ampliamente decepcionante. Lo que nos propone el Gobierno, lo que nos propone el Partido Popular es altamente decepcionante para hacer frente a estas lógicas expectativas, grandes expectativas de la ciudadanía en una cuestión tan crucial para nuestra democracia como las cortapisas para la corrupción política.

El Proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que estamos debatiendo ahora mismo, no aporta nada sustantivo, no cambiará nada y no trae ninguna propuesta distinta. En este sentido, reto a los portavoces del Grupo Popular a que subrayen cuáles son esos cambios, cuál es la naturaleza de estos cambios que van a significar mayores trabas para la corrupción y la capacidad de anteponernos a este grave problema como sistema político.

El Proyecto de Ley que discutiremos después, sobre el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, trae algunos cambios más sustantivos, sin duda alguna —se ha dicho antes y lo comparto—, pero queda también muy corta de ambición y es incapaz de proponer soluciones en profundidad y de dar una respuesta integral al desafío que nos plantea la corrupción.

Podemos apreciar que el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado no solo no supone grandes cambios, sino que incluso en algunos casos parece que rebaja las exigencias actualmente vigentes. A nuestro parecer, se queda corta en cuatro cuestiones y, sobre todo, y más grave, deja de abordar otras tres que nos parecen también nucleares en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Se queda corta en cuanto a las medidas contra la colusión entre intereses públicos y privados, lo que se llama las puertas giratorias; se queda corta en cuanto a los mecanismos para el control de bienes y derechos de los altos cargos; se queda corta en cuanto a las capacidades que ofrece a la oficina de conflicto de intereses para ser proactiva, para anteponerse a las dificultades y a las situaciones; y se queda corta en cuanto a medidas de transparencia.

Además, no aborda tres aspectos que insisto en que nos parecen nucleares: auténticas medidas anticorrupción en el seno de la propia Administración General del Estado; la regulación de los grupos de interés que, como cualquier persona que haya reflexionado mínimamente sobre la cuestión puede llegar a comprender, están muchas veces detrás de algunos casos clave que tienen que ver con la corrupción; y el proceso de elección de las personas que representan al Parlamento en órganos constitucionales y otros asimilados que deben ser el máximo ejemplo, la máxima representación de esta separación entre los intereses públicos y privados.

En definitiva, señorías, de las muchas lecciones que nos deja la crisis, una de ellas es que la política no ha estado a la altura ni durante ni en sus respuestas, pero sobre todo, antes. La gran lección de esta crisis económica, social y política que estamos padeciendo es que las auténticas medidas anticrisis hay que ponerlas en marcha antes; cuando todo parece que va bien, cuando todo parece que fluye de manera natural es cuando cuajan, cuando empiezan a germinar y a latir los auténticos problemas que luego se expresan con toda su fuerza y su inmoralidad en el período de crisis.

Digámoslo claramente, en este país ha habido una relajación de exigencias y controles colectivos, y también personales y éticos, en general, en la política. Pero la consecuencia de todo esto, señorías, no puede ser la solución que nos plantea a menudo la derecha: reducir el papel de los políticos, de la política, de los cargos públicos y de los partidos en la democracia, en el ejercicio del Gobierno y de la gestión. No se trata de cambiar la política por la tecnocracia, por un ejercicio no profesional de los cargos públicos o electos, sino de cambiar en profundidad algunos de los mecanismos y procedimientos en la vigilancia, en la transparencia y rendición de cuentas, en la garantía de la integridad y la competencia personal y profesional para que dificulten al máximo la corrupción política, con el objetivo, precisamente, de conseguir que la política democrática no sea sustituida por nadie y cumpla su función de representar a la ciudadanía en toda su pluralidad. Se trata de que las decisiones que nos afectan a todos se tomen fruto de la deliberación y de la mayoría, es decir, fruto de la política democrática. Si no abordamos con la contundencia necesaria los males que aquejan a nuestra democracia, estaremos abriendo la puerta a sistemas antidemocráticos o a una tecnocracia, que equivale a lo mismo.

Mi grupo piensa que estas leyes no están a la altura de este reto. Por tanto, presentamos este veto, porque creemos que se puede ir mucho más allá, como explicaré más detalladamente en las enmiendas, y que esta situación realmente merecía mayor esfuerzo y mayor empeño.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Querido presidente, estamos casi menos senadores que en la comisión. El Grupo Parlamentario Socialista presenta un veto devolutivo a este proyecto de ley que se suma a las otras tres enmiendas a la totalidad.

Señorías, para la mejora de la convivencia democrática de nuestro país, para el progreso de nuestra sociedad y, sobre todo, para la fortaleza de nuestras instituciones, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción debieran ser la prioridad de un Gobierno.

El señor Rajoy anunció a bombo y platillo 70 medidas incluidas en un plan integral para hacer frente a la corrupción. Y nos plantean una serie de normas —esta es una de ellas— que falsamente pretenden regenerar la vida democrática de España. Señorías, desde hace más de treinta y cinco años España ha ganado en libertad y en derechos fundamentales. Hemos sido capaces entre todos de construir un sistema de bienestar, pero en los últimos años, en el trienio negro del Partido Popular, están provocando ustedes un evidente debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero ustedes no pueden dar lecciones al resto con una ley como esta.

Señorías, yo no sé si se han enterado —porque están un poco autistas últimamente— que ahí fuera, en las calles de nuestras ciudades, la corrupción es el segundo principal problema de los españoles. Ya sé que ahora se autosatisfacen porque en la última encuesta del CIS ha bajado siete puntos, pero sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Simplemente esto ya sería suficiente para rechazar de forma tajante el contenido de esta ley, porque no han querido afrontar con profundidad los déficits existentes, tan solo han querido poner una dosis de maquillaje. Y es que, de verdad, nos surgen dudas de su verdadera voluntad de si quieren o no regenerar nuestra democracia.

Señorías, estamos aquí para afrontar una actuación directa y decidida que recupere la credibilidad de la política. Probablemente para ustedes no, pero es seguro que nos encontramos en un momento histórico y que nosotros debiéramos ser los primeros en devolver esa confianza a los ciudadanos. Pero ustedes no entienden nada; su mayoría no les deja ver el bosque, y con su texto desde luego no consiguen nada de lo que pretenden. Y tengo una cosa clara: o hacemos algo o algo será hecho por otros.

Es verdad que lo tienen difícil y que les entendemos. Ustedes no están en condiciones de abordar estas tareas de regeneración. Ustedes no pueden pretender dar lecciones a nadie cuando el propio ministro de Justicia avala que procesados vayan en sus listas municipales. Ustedes —y les entendemos— no pueden dar lecciones a nadie cuando están liderando la legislatura más opaca y corrupta de nuestra democracia. ¿Y qué proponen? Proponen leyes como esta, proponen magia, trucos, engaños, mentiras, pero es que aunque lo pretendan, con esta ley no consiguen mejorar nada. Señorías, no se regenera la democracia, no se regeneran las instituciones, no consiguen que estas sean más abiertas y transparentes, no alcanzan la eficacia ni la cercanía, porque su proyecto no es otra cosa que una acción de propaganda de letras mayúsculas para titulares en los periódicos, nada más. Su texto, lejos de luchar decididamente contra la corrupción, la atenúa, igual que hicieron ayer con el Código Penal. Lo presentan con una vocación totalizadora, y en muchos de sus aspectos constituye un claro debilitamiento del régimen vigente. Y si no, ahí están las pretensiones, por ejemplo, sobre los ámbitos de aforamiento, que a pesar del creciente rechazo social, ustedes lo formulan con un alto grado de inconcreción. O los indultos, otro aspecto que tiene un gran rechazo social evidente, que ustedes lo presentan más como una intromisión clara del Ejecutivo en el Poder Judicial, en vez de considerarlo como algo tasado donde primen los criterios de proporcionalidad y equidad. O la limitación de mandatos, donde no tienen ningún interés en entrar. O los lobbies, o las llamadas puertas giratorias, donde es el propio Consejo de Estado el que les advierte que no ponen coto a las puertas giratorias, sino que establecen una doble puerta al suavizar el régimen de incompatibilidades en el ejercicio de actividades privadas, una vez que el alto cargo abandona la Administración.

Señorías, para ustedes ¿qué significa ser alto cargo? Parten de una notable ampliación del ámbito subjetivo de la figura, generalizan el concepto de idoneidad de la persona candidata, generan intencionadamente una nebulosa con eso de las personas interpuestas o terceros independientes —es verdad, hoy les podemos entender porque el juez Ruz ha enviado al banquillo al Partido Popular o a sus titulares y, por lo tanto, entiendo que utilicen las herramientas necesarias, como es esta misma ley, para evitarlo—. Reformulan las declaraciones de bienes, deslegalizan el contenido mínimo de las declaraciones. De verdad, ¿qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llevar a los españoles? ¿A quién quieren engañar con esto? Señorías, nos están presentando un proyecto que no es creíble y que no va a ser entendido por la sociedad española. Y están demostrando que ni quieren ni tienen ningún interés en regenerar de verdad la vida política, ni las instituciones, ni la propia democracia. Se lo dije ayer con el texto del Código Penal, el «sé fuerte, Luis», el «aguanta, Luis», es el núcleo de sus proyectos de regeneración democrática en España.

Señorías, ustedes aprobarán esta ley, la unirán a una ley de transparencia que aprobaron hace tiempo y que ahora, dicho sea de paso, ningunean porque no han querido ni hablar, como le decía, del aforamiento, de los códigos de conducta ni de la igualdad de trato. No han querido valorar la modificación de la legislación procesal para agilizar el enjuiciamiento en las causas de corrupción, mucho menos la creación de una oficina anticorrupción con facultades de investigación y con capacidad ejecutiva. De todo esto no han querido ni hablar, y mucho menos provocar una modificación coherente de la regulación de los contratos públicos. Señorías, esto que hoy nos traen es una gran mentira.

El núcleo de nuestro veto y de las 21 enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley se fundamenta en el documento de Valencia, que el secretario general de los socialistas presentó con 50 medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. Cincuenta medidas reales, 50 medidas ciertas y no un gran timo, como el que ustedes presentan a la sociedad española con esta ley de altos cargos. Ustedes solamente pretenden lavarse la cara con eso, porque no avanzan en nada en la regeneración de nuestro sistema, no avanzan en nada en la lucha contra la corrupción y, si no, ahí están los 4 vetos y las casi 100 enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios de la oposición. Pero ¿qué ocurre? Que es una oportunidad perdida más, una muestra más de su falta de voluntad para erradicar esta lacra, una ocasión más que ustedes han dejado pasar para regular el régimen jurídico del alto cargo, una ocasión perdida más para haber hecho creíble a su presidente en esas medidas que anunció a bombo y platillo y que han vertebrado los últimos debates sobre la corrupción; lo que él mismo denominó medidas estrella son aquí papel mojado, y este proyecto es uno de ellos.

Señorías, son unas medidas que no llegan al meollo de la cuestión porque ustedes no quieren y porque, además, no tienen credibilidad, porque han perdido la confianza de la ciudadanía, y ya que están vendiendo desde hace casi más de dos años este y otros proyectos de ley, todo para sacarlo adelante antes de que finalice la legislatura, lo harán nuevamente solos o en compañía de muy pocos, y lo peor de todo es que ya nadie espera nada positivo ni nada realista de ustedes, nadie les cree. Por eso y por más circunstancias que iremos viendo a lo largo de la tarde, presentamos este veto devolutivo que votaremos a favor, al igual que el resto de vetos presentados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tiene razón el señor Rodríguez Esquerdo: somos pocos, pero buenos, y la prueba definitiva es que tenemos la representación de nuestros partidos para defender ni más ni menos los vetos que ustedes presentan a este proyecto de ley.

Utilizo este turno en contra de los vetos porque desde nuestro punto de vista no tienen ninguna razón pragmática para ser aprobados. Es muy respetable, cada uno puede utilizar su estrategia política para pretender hacer ver precisamente lo contrario de lo que estamos seguros va a conseguir esta ley; una ley cuya tramitación está llegando a su fin después de un largo proceso, con la creación de un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta del Gobierno y del que han formado parte distintos grupos políticos hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, habiéndose mejorado con la incorporación de distintas enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, y nos toca a nosotros, señorías, dar el penúltimo paso para su aprobación definitiva.

Este proyecto de ley está encaminado esencialmente a incrementar la calidad democrática de nuestras instituciones. Es cierto que en los últimos tiempos ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos no solo hacia los políticos, sino también hacia las instituciones que, como muy bien ha definido el señor Martí Jufresa, son esenciales para la convivencia democrática.

En comisión pedí a sus señorías que contemplasen este proyecto dentro del paquete de reformas que este Gobierno ha puesto en marcha para esa denominada regeneración democrática, que no lo mirasen como un proyecto individual sino unido a otras leyes; va unido en su esencia a distintas medidas, como las contenidas en otros proyectos, por ejemplo, la Ley de transparencia, la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal o la del Código Penal, que aprobamos en la tarde de ayer, o la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que vamos a debatir a continuación en esta Cámara. En su conjunto, y cada una dentro de su propio ámbito, estas nuevas leyes suponen una serie de medidas amplias, eficaces y duraderas, con una gran influencia, buscando un solo objetivo, que es luchar contra la posibilidad de corrupción o fraude.

Lo que nos piden los ciudadanos es que como primera medida cerremos esos resquicios por los que pueda colarse la corrupción dentro del sistema, pero también que el que se corrompe o el que corrompe sea castigado con mayor eficacia. Algunos portavoces han tratado de minimizar las medidas que este proyecto de ley pone en marcha. Hoy vamos a votar un verdadero estatuto del alto cargo porque este proyecto recoge los requisitos y las normas que tendrán que cumplir quienes vayan a desempeñar esos puestos de alta responsabilidad en la Administración. A partir de esta ley, quedarán claros los controles y las obligaciones a los que estarán sometidos esos altos cargos.

Esta ley, junto con las otras, va encaminada a ponérselo difícil a quienes pudieran tener la tentación de hacer algo que no deben, a tratar de eliminar aquellos resquicios que pudieran ser utilizados en beneficio personal, poco ético o, incluso, delictivo. Pero, al mismo tiempo, estas normas dan credibilidad al sistema y a las propias personas que tendrán la responsabilidad de ser altos cargos; insisto, también dan credibilidad a esas personas que van a ocupar esos altos cargos, porque nunca debemos aceptar esa generalidad —que alguien quiere imponer y algunos pretenden hacer ver— de que la acción política es sinónimo de corrupción. No, señorías, no podemos aceptar que hoy en día dedicarse a la actividad pública tenga un castigo social porque, como en cualquier otra actividad en la vida, ya sea pública o privada, debemos dejar claro que aquellos que cometen irregularidades serán sus irregularidades y no las de la totalidad del sistema, y por ello el Gobierno inició esta ley y el Grupo Popular ha intentado buscar un amplio acuerdo, porque, señor Guillot, para atrás, no. Puedo entender que no estén satisfechos con el cien por cien o que, incluso, quisieran incrementar algunas medidas, pero nunca para atrás, porque ¿alguien puede estar en contra de regular el concepto, por ejemplo, de idoneidad para los altos cargos que contempla ni más ni menos que la honorabilidad, la formación y la experiencia, o, incluso, las causas que harían perder esa honorabilidad o su no concurrencia?

Esta ley que algunos pretenden con sus vetos que sea rechazada, no enmendada sino rechazada, restringe también los supuestos de indemnización y, al mismo tiempo, incompatibiliza esas indemnizaciones con todo tipo de retribuciones, ya sean públicas, privadas o, incluso, de jubilación, y además se regula el conflicto de intereses. Claro que se regula, no solamente se considera interés personal el del alto cargo, sino también el de sus familiares y el de las posibles empresas que sean susceptibles de contratar o recibir subvenciones de la Administración, empresas en las que el alto cargo haya estado o esté vinculado en los dos años anteriores a su nombramiento, o incluso, el de sus familiares, siempre que tenga un cargo de administración, asesoramiento o dirección para contratar con la Administración pública. Se regula también, señorías, limitando mucho la participación del alto cargo en sociedades que pudieran tener relaciones contractuales o recibir subvenciones de cualquier Administración pública.

Yo me pregunto: ¿alguien puede estar en contra de regular cosas que pueden parecer insignificantes, pero que dan a entender esa sensación que pueden tener algunos ciudadanos, como por ejemplo, el uso de los vehículos oficiales o el control y la limitación de los gastos de representación en desplazamientos ocasionados por los altos cargos en el desarrollo de su función? Incluso se impide a través de esta ley sobrepasar el crédito presupuestario que se ha aprobado inicialmente. O la eliminación, por ejemplo, de esos pagos de representación que tengan los altos cargos a través de tarjetas de crédito oficiales, con una única excepcionalidad que es, como bien conocen, para viajes al extranjero por razones obvias y que siempre ha de ser razonada.

Esta ley, señorías, regula las puertas giratorias. Durante los dos años posteriores al cese del alto cargo, no podrá tener ningún tipo de relación contractual con empresas que se hayan visto afectadas por decisiones de ese alto cargo; otra cosa son algunas enmiendas que después mi compañero, el senador Sala, defenderá sobre una serie de peticiones, y es que, precisamente, habrá altos cargos que no puedan trabajar en ninguna empresa durante diez años; es decir, una carencia de diez años. Entiendo que cuando a un alto cargo se le impedía trabajar durante diez años, la Administración era la que tenía que pagar los salarios durante ese tiempo. Imagínese, por llevarlo al absurdo, qué ridículo sería que se nombrara a un alto cargo y que después de un mes se le cesara por las razones que fueran, y como no puede trabajar en empresas que tengan relación con la Administración pública, después de haber estado durante solo dos meses, la Administración tuviera que pagarle ese salario durante diez años, que es lo que algunos piden. También se regula la dedicación exclusiva o la declaración de bienes y actividades complementarias con sus declaraciones de IRPF o de patrimonio.

En definitiva, señoras y señores senadores, con esta ley, unida a la de transparencia, a la del control económico de los partidos, a la del Código Penal, y a más iniciativas que están tramitándose en estos momentos por el Gobierno —como la de la oficina de la recuperación de activos de personas condenadas o la de la regulación de los lobbies, que saben que se está negociando en el Congreso—, no solamente cumplimos con ese compromiso del presidente Rajoy y del Partido Popular de luchar contra esa lacra que es la corrupción y el fraude —que siempre ha existido en todas las actividades—, sino que eliminamos —porque es nuestra obligación como legisladores— en lo posible la posibilidad de que existan esas rendijas que puedan ser utilizadas. Porque, contrariamente a lo que aquí se ha dicho, estamos convencidos de que esto es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Claro que nos lo están pidiendo los ciudadanos. Quieren que luchemos desde las instituciones para devolver la confianza en las mismas. Por eso, quiero dar las gracias a aquellos grupos, que, con su voto, unido al del Grupo Popular, no van a permitir que prosperen estos vetos, y también felicitarles de una manera muy especial por haber entendido esa demanda ciudadana. Utilizar argumentos como el de que esta ley no contempla aspectos como los aforamientos —que sí lo hace la Ley de los partidos políticos que debatiremos luego—, o el de que no contempla los indultos, o las limitaciones de mandatos, o los lobbies, o la Casa Real —que no han de contemplarse en ningún caso en esta ley de los altos cargos—, o pretender, con esas modificaciones que se han comentado y que se han presentado a través de enmiendas, cambiar leyes orgánicas con una ley ordinaria, para nosotros —se lo digo con todo respeto— son excusas de mal pactador. Tienen todo su derecho, por supuesto, lo tienen. Por cierto, las enmiendas no llegan a 100, pero sería bueno recordar que el 50 % de ellas —después el señor Sala dará cuenta de las mismas— están repetidas. Por tanto, el número no es elevado.

En fin, la esencia y el espíritu de esta ley creemos que es muy positivo, como positivo es que vaya unida al resto de las leyes, y hay una gran diferencia. Cuando se presenta un veto lo que se quiere es que se devuelva la ley completa —no se pretende mejorar, quieren que no se apruebe—, se está contra ella en la totalidad. Porque de otra manera podrían, puesto que hay distintos puntos de vista ideológicos representados aquí en esta Cámara, haberla mejorado, pero no, han optado por no sumarse a la mayoría, que presumo va a tener esta Cámara, para aprobar esta ley y, por tanto, para que continúe su tramitación, mayoría que no es solo del Partido Popular. Aquellos que han querido mediante sus vetos echar abajo esta ley tendrán que explicar por qué no se han querido unir a esa gran mayoría.

Señorías, el Grupo Popular está convencido de que todos en esta Cámara queremos fortalecer el sistema democrático del que gozamos con un sistema de derechos y libertades de los más avanzados del mundo. Para eso estamos aquí, para reformar y mejorar aquello que tenga defectos —que claro que se puede mejorar—, para mejorar aquello que tenga desviaciones y que sea susceptible de ser mejorado. Por eso, el Partido Popular va a defender muy orgulloso este proyecto de ley rechazando estos vetos, pero además convencido de que este proyecto, junto con el resto que les he comentado anteriormente, ofrece garantías y mecanismos suficientes de prevención, de control, de obligaciones y de sanción de los altos cargos, clarificándolos como nunca antes se había hecho en la democracia española. Es el primer Gobierno de los últimos casi cuarenta años que pone en marcha esta serie de medidas y, por eso, votaremos en contra de los vetos.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. No agotaré el tiempo del que dispongo.

Señores del Partido Popular, si el objetivo de este proyecto de ley es dar respuesta a la demanda ciudadana de un ejercicio de limpieza para luchar contra la corrupción, ustedes se quedan cortos, y de ahí que formulemos el veto. Y el problema de que se queden cortos es que esa sociedad que está esperando una respuesta a su demanda se va a sentir frustrada y va a abundar en esa sensación de corrupción generalizada, que, sin ninguna duda, es injusta pero que hace que, desgraciadamente, en este momento, todos los que nos dedicamos a la actividad política, a la actividad pública, tengamos frente a la sociedad una presunción de culpabilidad, y no de inocencia en materia de corrupción.

En consecuencia, es urgente, es imperioso mandar mensajes adecuados a esa sociedad, y esta ley no es un mensaje adecuado. No estamos en contra de la regulación, pero, como somos conscientes de que la regulación de cada uno de esos extremos a los que ha hecho referencia su señoría se ha formulado en términos insuficientes, seguimos pensando que es preferible el mensaje en términos taurinos de toro al corral y la necesidad de elaboración de un proyecto que de verdad dé respuesta a esas demandas ciudadanas. Por citar uno de los ejemplos a los que usted ha hecho referencia: la cuestión acertada de que se regule la honorabilidad necesaria para acceder a un cargo público. Que no incluya la imputación como una de las situaciones o de las causas que excluye la honorabilidad, en este momento en el que, desgraciadamente, el término imputación es la palabra que más frecuentemente aparece en los medios de comunicación hoy en día, no va a ser entendido por la sociedad, en ningún caso, y la mayoría de esa sociedad va a pensar que el que no se haya incluido ha sido, no por respetar principios jurídicos como la presunción de inocencia, sino como un mecanismo de defensa de los políticos frente a las consecuencias que tendría la inclusión como causa de exclusión de la honorabilidad de la imputación. Insisto: mensaje erróneo hacia la sociedad.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Dos consideraciones: una de carácter más general y la otra referida más al texto propiamente dicho.

Usted, senador Piñeiro, ha dicho: para conseguir que sean sus irregularidades y no las del sistema. Lo siento, pero esto no es posible; no es posible, ni lógico. Es un enfoque, a nuestro parecer, equivocado. El sistema siempre tiene la obligación de intentar evitar cualquier irregularidad de cualquier persona —en este caso, alto cargo, cargo electo, cargo público—.

Que el señor Bárcenas y el señor Granados se hayan sentado en este hemiciclo, o que el señor Pujol haya sido veintitrés años presidente de la Generalitat, no es solo su problema —que, evidentemente, lo es, y tendrán que responder en el grado en el que la Justicia estime oportuno respecto de sus actuaciones— sino que es un problema de todos. Si ello ha ocurrido es que tenemos un problema, nunca será un problema solo de las personas. Y si mejoramos nuestras leyes y aun así sigue habiendo casos, seguiremos teniendo un problema colectivo como sociedad.

Creo sinceramente que hay que abordarlo desde este enfoque. Nunca hay suficientes medidas, propuestas, planteamientos, mecanismos para intentar evitar de una vez por todas que personas que ya son corruptas accedan a puestos de responsabilidad, o personas que se corrompan en el ejercicio de estas responsabilidades.

Segunda consideración. Usted dice que vamos a rechazar el conjunto de la ley. Pues sí, porque entendemos que no se pierde nada con este rechazo.

Senador Piñeiro, no atravesamos una situación normal en este tema como para que pueda hacerse una ley consistente en reordenar y recatalogar medidas ya existentes con algunas mejoras y algunas clarificaciones. Hacer el estatuto del alto cargo de la Administración no es suficiente. Insisto en que en una situación normal podría ser relativamente positivo, pero en la situación excepcional en la que vivimos en relación con esta cuestión y con lo que representa la corrupción para la sociedad y para el sistema democrático simplemente no puede ser, no es de recibo. El esfuerzo tiene que ir mucho más allá.

Dice usted que hay pocas enmiendas. Claro que hay pocas, no vamos a enmendar disposiciones que están vigentes si ya funcionan. Se trata de añadir, de poner más, y los aspectos que ustedes tocan muchas veces no nos gustan, y por eso sí presentamos algunas enmiendas. Pero nuestras enmiendas van dirigidas a ir más allá.

Resumo. Insisto en lo que le he dicho antes: dígame, por favor, cuáles son los avances reales, qué cosas no están en el ordenamiento jurídico actual. Cuando el señor ministro presentó ayer la reforma del Código Penal, leyó literalmente —y dijo que estaba en el Código Penal— las causas de incompatibilidad que están en esta misma ley del alto cargo;



las leyó. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna novedad, que simplemente algo que ya estaba se reordena, se traspone. Insisto en que hasta podría ser positivo en una situación normal, pero es que en esta cuestión no vivimos una situación normal. Con esto no hay suficiente.

Rechazamos de fondo la estrategia que ustedes han seguido para plantear y abordar esta cuestión. Por tanto, mantenemos nuestro veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, ustedes saben que nosotros somos críticos con este plan de regeneración democrática en su totalidad, e intentamos poner negro sobre blanco cada una de las propuestas que el plan conlleva. Hemos tenido oportunidad de hacerlo durante el debate del Código Penal y lo haremos después con la Ley de partidos políticos.

Me voy a referir ahora al proyecto que estamos debatiendo. Para nosotros ha supuesto —así lo debo expresar— una grata sorpresa porque no nos tenían acostumbrados a ello. Les explico. La gran mayoría de leyes que hemos debatido en esta Cámara o tenían carácter básico, o regulaban aspectos que afectaban a las comunidades autónomas y entidades locales y pretendían una incursión en las competencias que tienen atribuidas de una forma casi obsesiva —tan obsesivas, debo reconocer, como las intervenciones de nuestro grupo denunciándolo y enmendándolo para que fueran respetadas nuestras competencias—, pero, de repente, este proyecto de ley regula solo aquello que dice querer regular. En este sentido, estamos perfectamente satisfechos.

Hicimos una transaccional en el Congreso para que el carácter supletorio de esta ley quedara perfectamente recogido. Fue la primera noticia; a primera vista, efectivamente. Por tanto, nos encontramos ante una ley de carácter básico que no afecta a las comunidades, no afecta a Cataluña, ya que tienen competencia en la autoorganización de su propia Administración. Las comunidades autónomas han practicado un verdadero ejercicio de revisión y austeridad, continúan haciéndolo, y yo creo que lo harán hasta que consigan —como todos pretendemos— ser capaces de dar confianza de nuevo. Y pensamos que la Administración General del Estado no queda exenta de ello, que está bien que se aborde y que hay camino para hacerlo.

El senador Piñeiro, en comisión, decía intuir que las comunidades iríamos en la línea de lo que se está haciendo. Le digo que así es, pero también que no hay mucha cabida a la intuición porque tenemos que remitirnos al trabajo hecho. En este sentido es cierto que —yo le puedo hablar de Cataluña— hemos hecho un ejercicio en pro de la transparencia, que iniciamos ya con la puesta en marcha de la campaña de participación ciudadana en el Portal de transparencia en 2013, con un seguimiento y evaluación de la actuación política. Se publicaron en esta web las variaciones patrimoniales de los altos cargos, las diferencias entre la posesión y el cese; se publicó el código de las buenas prácticas para los altos cargos; se publicaron tablas retributivas de miembros del Gobierno, altos cargos, personal laboral; se modificó el Reglamento del Parlament para poder llevar a cabo comisiones de investigación —que, por cierto, ustedes allí apoyan y aquí bloquean—; se ha llevado a cabo la Ley de transparencia; se está abordando una nueva ley electoral y tantas otras que hay sobre la mesa. Siempre buscamos este clima de transparencia y el mayor consenso, aunque a veces es difícil. Se han hecho, se hacen y se harán tantas reformas como se crean oportunas para adaptarnos a este nuevo paradigma y crecer en democracia y participación.

Nos pusimos, señorías, y hemos empezado a obtener algunos resultados. El informe de Transparencia Internacional sobre el grado de transparencia de las comunidades autónomas en su revisión de 2014 nos situó en la máxima puntuación en transparencia, junto con el País Vasco y Castilla y León. Hay que destacar el esfuerzo hecho, porque este mismo marcador de transparencia en 2010 nos situaba solo en un 82,5 %. Pero el esfuerzo de las comunidades autónomas ha crecido, en general, en pro de la transparencia, como no podría ser de otra manera.

Les diré que, aunque no hemos presentado veto ni enmiendas a este proyecto, usted sabe que no solo nos oponemos, sino que también proponemos. No hace mucho el Grupo Parlamentario Convergència i Unió en el Congreso planteó una serie de propuestas que fueron aceptadas —y confiamos que en breve puedan ser una realidad— que iban en el sentido de impulsar reformas en la normativa electoral que favorecieran una mejor conexión entre los cargos electos y la gente que los elige, avanzar en la regulación de los lobbies, garantizando la necesaria transparencia entre este ejercicio legítimo de los representantes de la sociedad civil a acceder a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o, incluso, solicitar cambios en la normativa que les afecta, eso sí, especificando en esta normativa claramente cuáles deben ser los límites de estas actividades. También hay que dotar a la Administración de Justicia de recursos económicos y personales, necesarios para seguir persiguiendo las causas relativas a corrupción; reforzar la iniciativa legislativa popular para mejorar la participación de aquellos que utilizan estos instrumentos legislativos; plantear posibles modificaciones en la normativa de contratos del sector público para evitar posibles ineficiencias e irregularidades; mejorar la regulación del decomiso de bienes derivado del delito y poner en marcha la oficina de gestión y recuperación de activos; avanzar en la lucha contra el fraude, promoviendo las modificaciones legislativas necesarias para reforzar la prevención y sanción del fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social; propuesta de un código de conducta aplicable a los cargos electos y algunas otras. No me extenderé más.

El mensaje, señorías, es que todos estamos trabajando, porque la regeneración democrática es un problema de todos y no seré yo quien entre en concursos para ver aquí quién es el alumno aventajado. Creo que no cabe este discurso. Está claro que ni unos ni otros damos suficiente confianza a la gente, que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Tampoco me van a encontrar en discusiones estériles para graduar el nivel de suficiencia moral de cada uno. Digo que es un problema de todos porque hablamos de recuperar la confianza de la gente en las instituciones que les representan y gestionan sus recursos públicos. Pero también, señorías, hablamos de dignificar la función pública y la política. En este sentido, siempre hemos intentando aportar, en el ejercicio de la responsabilidad compartida. Nosotros lo hacemos en Cataluña porque nos compete, y ustedes en la Administración general del Estado. Nosotros intentamos ayudar, pues pensamos que si todos hacemos esa revisión desde el respeto competencial y la búsqueda de consensos, todo lo que vayamos consiguiendo en pro de la transparencia, la participación y el control, sea quien sea quien lo proponga, desde donde sea y del color que sea, será sin duda agradecido por los ciudadanos a los que representamos.

Por ello, señorías, aun no habiendo presentado veto ni enmiendas, votaremos a favor de este proyecto de ley.

No quería acabar, señor Martí Jufresa, sin decirle que estamos aquí para elaborar proyectos de ley y legislar en pro de la transparencia, pero no para subir a esta tribuna y practicar el «y tú más» —y, encima, sesgado—. Si lo quiere practicar, ningún problema; si quiere dar nombres y apellidos de algunos casos de corrupción, está en su perfecto derecho, pero sea equitativo, hable de todo. Además, hay partidos que tienen gente en las cárceles y otros que no. Entrar en esto no nos favorece a ninguno. Yo creo que, aparte de hacer proyectos de ley y legislar, lo que necesita también nuestro sistema y la política para ser dignificada es un cambio de actitud.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo, presidenta.

Ya que lo ha citado usted, senador Piñeiro, sí me hubiera gustado ver hoy aquí a la vicepresidenta del Gobierno presentando esta ley y la siguiente, pero seguramente estará preparando una campaña bonita —entre comillas— para Andalucía.

87 enmiendas presentadas por la oposición, 4 vetos y críticas —muchas críticas— por dejar pasar una oportunidad para regular definitivamente el régimen de alto cargo y además provocar —creo que de manera definitiva— una regeneración de nuestro sistema democrático. Pero todo es papel mojado, solo han traído papel mojado.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recoge con reiteración la creciente preocupación de los ciudadanos en relación con la corrupción y los partidos políticos. El fraude y la corrupción se han situado como la segunda preocupación de los españoles, como decía antes, y los políticos y los partidos políticos son ahora la cuarta preocupación de los españoles. Ante esta situación, ustedes presentan parte de las recetas del señor Rajoy contra la corrupción, que aseguró —y abro comillas— que las reformas ni son de hoy ni son para hoy, lo único que pretenden es que la corrupción desaparezca de las prioridades de cualquier Gobierno. Fin de la cita. Esto lo dijo el presidente del Gobierno el 24 de noviembre de 2014, pueden comprobarlo. Y esas recetas para acabar con la corrupción se fundamentaban, según él, en el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos, en el control de los altos cargos, en más jueces y más legislación. Y en ese apartado de más legislación se abrió un paquete de medidas que ustedes van a ir poco a poco aprobando casi en solitario y que hoy ya no se las cree nadie porque todo son mentiras, mentiras y mentiras. Ustedes hoy carecen de toda credibilidad y no han hecho ni van a hacer nada de lo que les tocaba.

Su señoría dice que este es el primer Gobierno de España que presenta esta ley, y que lo que quiere la oposición es poner esta ley fuera de contexto. Sí, es verdad que ustedes son el primer gobierno que trae una ley como esta a España, pero está ante la legislatura más opaca y más corrupta de la democracia española con ustedes en el Gobierno de España.

Ustedes no traen un plan integral, no traen un plan cierto. Los ciudadanos nos están pidiendo que haya ese plan integral que vendió el señor Rajoy, que sea profundo y realista contra la corrupción, y ustedes lo único que traen es una campaña de propaganda más del Gobierno que se desmonta en cuanto se lee el articulado de este texto.

Señorías, el núcleo de este veto —lo decía antes— son las 50 medidas contra la corrupción que los socialistas presentamos bajo el título «Por una democracia limpia», y eso sí es un plan integral que afecta directamente a 12 leyes y que pretende regenerar a los partidos y a las instituciones, que es lo que necesita la sociedad española que se encuentra profundamente desencantada de la calidad de la democracia. Se están viendo escandalosos casos de corrupción que asola la vida política. Por eso, la sociedad nos exige cada día más cambios para que la democracia se adapte a las actuales necesidades de trasparencia, de cercanía, de integridad y de rendición de cuentas. Y ustedes, como casi siempre, han dejado pasar esa oportunidad para evitar el desprestigio de las instituciones. Por ello, este veto, señorías.

Pensamos que era necesario que el Código Penal fuera más fuerte en este ámbito, pero ustedes aquí no han querido ni entrar. Creemos que se debe modificar la Ley orgánica del Poder Judicial para que sea la Audiencia Nacional quien instruya los delitos de corrupción política y se establezca un procedimiento sumario y preferente sobre estos delitos; esto, ustedes no han querido ni tocarlo. Creemos que es necesario modificar la ley tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal; a esto, ni acercarse. Más que nunca, señorías, consideramos que hoy se deben incluir las nuevas conductas delictivas modificando la Ley de contrato del sector público; esto, ni verlo. Modificar la Ley de subvenciones y la Ley del Tribunal de Cuentas, al igual que la Ley reguladora de la gracia e indulto; esto, ni oír hablar de ello.

Señorías, es necesaria una oficina anticorrupción, con capacidad y con competencias, dotar a los órganos judiciales, y especialmente a la Fiscalía Anticorrupción, de más medios humanos y materiales. A esto ustedes dicen que para qué.

Señorías, el cese obligatorio de los altos cargos cuando se hallen incursos en juicio oral como procesados por delitos de corrupción. Esto tampoco, porque el señor ministro de Justicia los avala y el propio presidente de su partido les bendice poniéndoles en las listas electorales. Suspensión de los cargos públicos si son llamados a juicio oral a título de procesado, las certificaciones tributarias de los altos cargos y su publicación, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias; de esto, ni hablar.

Señorías, queremos limitar los mandatos y pretendemos la modificación del procedimiento para la designación de órganos, designación que corresponde a esta Cámara y al Congreso de los Diputados para despolitizarlos; eso ya, ni de cerca. Limitar y reducir los aforamientos, regular los lobbies. Nada de nada.

Señorías, esto no es un plan integral. Nuestras enmiendas, que luego presentará el senador Antich magníficamente, y nuestro veto sí son algo que los ciudadanos entienden, sí son medidas creíbles y reales para llevarlas a efecto y no sus calculadas indefiniciones.

Señorías, los socialistas presentamos este veto y estas enmiendas porque creemos que debemos, de verdad, reformar, regenerar la democracia desde la política, para hacerla, como les decía, más trasparente, más cercana, más fuerte y más perdurable. Señorías, medidas como estas sí que harían que la ciudadanía volviera a confiar en los asuntos públicos, porque la democracia no se puede permitir el desprestigio y el descrédito de las instituciones. La recuperación de la credibilidad es básica para el funcionamiento del sistema, pero para ustedes solo estamos en la hora de las promesas y no de la acción, han olvidado la conveniencia de luchar por la dignidad y por la limpieza en la acción política.

Nos surge la pregunta de si para ustedes es bueno ahondar en el desprestigio, de si han hecho un cálculo electoral, de si creen que a los ciudadanos se les puede engañar dos veces.

Señorías, la corrupción es un problema que nos afecta a todos y todos debemos trabajar para cambiar. Perdón: todos, no; porque a ustedes parece que esto les trae al pairo. ¡Si el propio presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación habló dos minutos sobre la corrupción, que es el segundo problema de este país! Habló más de Grecia que de la corrupción. Pero por otra parte estaba claro que tenía que hacer eso, tenía a su extesorero, que le estaba viendo por la televisión desde una estación de esquí. Por tanto, de esto, ni hablar del peluquín, como cantaba Juanita Reina, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad del que les está viendo por la tele. Solo presentan papel mojado, más mentiras, y yo creo que es porque tienen miedo a nuevas iniciativas.

Los ciudadanos y los que nos dedicamos a la política honestamente no nos merecemos ni sus mentiras, ni sus ventas de humo ni su Gobierno. Por eso votaremos favorablemente a los vetos presentados en contra de este triste y propagandista proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Por lo visto, por lo escuchado en el debate de esta tarde y por algo de intuición —puesto que han faltado algunos portavoces de otros grupos—, creo que esta ley va a ser aprobada, señor Rodríguez Esquerdo, no solo por la mayoría de los senadores, sino también por la mayoría de los grupos parlamentarios. Por eso quiero agradecer a distintas formaciones del Grupo Parlamentario Mixto —a Foro Asturias, a Unión del Pueblo Navarro y a Coalición Canaria—, a Convergència i Unió y a los nacionalistas vascos que no vayan a apoyar con sus votos la petición de la Izquierda Plural, de Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista para que se devuelva esta ley. Además quiero también felicitarles por tener claro lo que los ciudadanos nos están pidiendo en estos momentos a sus representantes: que frente a unos pocos que desearían romper con todo el sistema, nuestra obligación, como decía en mi primera intervención, es habilitar aquellas fórmulas, aquellas normas para que aquello que sea mejorable pueda modificarse a través de leyes como esta y como las anteriores y como la que se debatirá esta tarde precisamente para devolver la confianza en las instituciones.

Los españoles quieren estas reformas, es nuestra manera de entenderlo, señor Rodríguez y señor Martí Jufresa —luego me referiré al señor Iglesias—. Nosotros estamos convencidos de que estas leyes son necesarias porque están en sintonía con lo que está pidiendo la calle, y una de nuestras obligaciones —así lo he entendido en los muchos años que me dedico a esta noble actividad de la política— es interpretar a la opinión pública. Podemos estar equivocados, cómo no, pero interpretamos a la opinión pública que nos pide que en la medida de lo posible haya unidad para llevar adelante medidas como la que hoy estamos trayendo a esta Cámara. Porque esta Cámara, señorías, está compuesta por senadoras y senadores, que, en un momento determinado, decidieron dedicarse a esta noble actividad que es la política —por convicción o por ideales, o simplemente porque trataban de mejorar la vida de sus conciudadanos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas o en las Cortes Generales—. Por eso hoy tenemos esa oportunidad de interpretar a la opinión pública con esta ley, con otras ya aprobadas y con la que aprobaremos a continuación.

Decía el señor Iglesias, utilizando un símil taurino, que presentaban el veto porque querían devolver el toro al corral. Señor Iglesias, cuando se devuelve un toro al corral pensando que no es el toro perfecto —el toro que se puede indultar—, siempre puede haber un riesgo: que, pensando que no es toro perfecto, se le devuelva al corral sin haber visto antes si hay un sobrero. Por tanto, ante la duda de que no sea perfecto, igual es mejor que se le toree, que es la medida que podrían haber utilizado ustedes a través de las enmiendas.

Señor Martí, no sé si me ha entendido usted mal o he sido yo el que le he entendido mal a usted. Esta ley no trata de quitar protagonismo a los políticos y a los altos cargos; todo lo contrario, trata de dar unas normas para que esos altos cargos obtengan una confianza de los ciudadanos precisamente por esas normas que tienen que cumplir.

Decía usted que una ley como esta o como otras lo que tenían que hacer era evitar la posibilidad de fraude o la posibilidad de corrupción. Yo estoy seguro de que usted está buscando la perfección, pero la perfección no la puede conseguir. Lo que hace esta ley es poner remedio, evitar esas transgresiones con medidas rigurosas y sancionar a aquellos que se las salten. Por eso, se debe ir mejorando con el tiempo. Sí es verdad que la opinión pública piensa —lo he dicho en varias ocasiones— que hay que tomar esas medidas, pero estas leyes tratan de evitar esos casos y de poner a disposición de la justicia a aquellas personas que lo hayan hecho, porque sí son sus responsabilidades. El corrupto que, utilizando esas rendijas del sistema, pueda cometer una infracción o un acto de corrupción, incluso un delito, es responsabilidad de él, porque siempre los ha habido y siempre, por desgracia, los habrá, esperemos que cada vez menos, pero la responsabilidad es de él. Nuestra responsabilidad, cuando estamos legislando, es que esos corruptos paguen esa corrupción, esa es nuestra responsabilidad, porque corruptos hay en todos los órdenes de la vida, señor Martí Jufresa, en todas las actividades, en todas las profesiones, también en la política; claro, que en la política es la mayor preocupación.

Por cierto, señor Esquerdo, el CIS ha sacado, creo que hace cuatro o cinco días, el índice de preocupación que los ciudadanos tienen sobre la corrupción y el fraude, y no es para estar orgullosos, por supuesto; no es para estar orgullosos nunca, aunque sea un porcentaje ínfimo, pero sí es cierto que en los últimos tres meses la valoración que tienen los ciudadanos sobre la corrupción y el fraude ha bajado 15 puntos. Yo no digo que sea exclusivamente por estas medidas que el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular ha puesto en marcha —lo dije en comisión—; no tiene por qué ser una medalla exclusivamente del Partido Popular, debe ser una medalla de todos los que tenemos estas responsabilidades. Por eso cada vez entiendo menos que partidos como el Socialista se retiren de algo tan importante, que no es, ni más ni menos, que la unión que nos están pidiendo los ciudadanos. Allá ustedes. No me voy a meter en sus responsabilidades.

A la señora Rivero, de Convergència i Unió, le quiero dar las gracias por colaborar con el Gobierno, con el Grupo Popular para sacar adelante este proyecto de ley.

Señor Rodríguez Esquerdo, ha hecho usted una insinuación, que no sé si ha querido ser una gracia o qué, cuando ha dicho que la vicepresidenta no está aquí y que podría estar haciendo alguna cosa en Andalucía. ¡Hombre, no me lo ponga fácil! Yo he venido a hablar de las medidas positivas que debemos poner en marcha contra la corrupción. Si quiere usted que hablemos de corrupción en un debate, lo hacemos; perfectamente. Pero no hace falta pasar Despeñaperros. Por eso no voy a entrar en ello, entre otras cosas porque tengo la ligera sospecha de que alguien me quiere utilizar aquí para líos internos que pudieran tener. Porque si hoy no está aquí la vicepresidenta —que tendrá muchas ocupaciones—, yo podría preguntar por qué no está aquí algún senador también de Andalucía. Pero no lo voy a hacer. No me lo ponga usted fácil, señor Esquerdo. (Rumores). Si quieren les digo a qué senador me estoy refiriendo. (Rumores). Si me dejan, acabo. (El señor López Águeda: No diga tonterías). ¿Cómo ha dicho? Repítalo. (El señor López Águeda: Que no diga tonterías.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, aténganse al debate.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Por favor, que conste en acta lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que demuestra una vez más cómo cuando ellos tratan de acusar a los demás y alguien con toda educación les dice algo que a ellos les está pasando, la contestación es el insulto, y más viniendo de esa persona. (El señor López Águeda: No le he insultado.)

En fin, señorías, ustedes expliquen lo que tengan que explicar. Yo podría volver a decir aquí que el Partido Popular ha sido el único que ha puesto en marcha esta serie de medidas; podría decir que los socialistas han gobernado España durante veintiún años y que nunca adoptaron estas medidas ni otras similares; podría hablar de altos cargos del pasado y del presente del Grupo Parlamentario Socialista, como ha querido insinuar su portavoz. Pero no lo voy a hacer, porque lo que nosotros pretendemos con esta ley no es ni más ni menos que poner en marcha medidas para tratar de evitar algo que debe ser una vergüenza para todos los que nos dedicamos a la actividad política.

Ha dicho usted aquí que en lo único que ahonda esta ley es en el desprestigio de los políticos, señor Rodríguez; lo mejor sería releer su intervención y ver quién es el que de verdad ha hecho comentarios aquí para tratar de hacer ver que el desprestigio de los políticos, especialmente el de algunos, es cada vez mayor.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señorías.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. (Pausa).

Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando las propuestas de veto al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Ha utilizado la votación telemática el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El sentido de su voto ha sido en contra de todas las propuestas de veto.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 216 más 1 voto telemático, 217; a favor, 65; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218 más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto telemático, 219; a favor, 67; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217, más 1 voto telemático, 218; a favor, 67; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217 más 1 voto telemático, 218; votos emitidos, 217 más 1 voto telemático, 218; a favor, 66; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Votación) 621/000102 Interior

El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto, pasamos, a continuación, a votar las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Comenzamos votando las enmiendas de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43, 44, 48 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 2; en contra, 134; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 45, 46, 51, 52, 54, 55 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 197; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 61 y 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47, 49, 56 a 58 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 65; en contra, 134; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, comenzamos votando las enmiendas 1, 4, 10, 11, 18 a 20, 25, 27, 28, 31, 32, 34 a 36, 38 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 66; en contra, 135; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 23, 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 5, 12 a 14, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 4; en contra, 196; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 6 a 8, 15 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos la enmienda 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 201; en contra, 1; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 143; en contra, 63; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 80; en contra, 134; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 81; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 197; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 128 y 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 135; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 136; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 135, 140 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 6; en contra, 198; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 114, 115, 118, 130, 132, 136, 137 y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 133; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 126 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 197; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 116, 117, 121, 122 y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 7; en contra, 132; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos la enmienda 162.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 155, 157, 160, 163, 164 y 171.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 65; en contra, 129; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143 a 147, 149 a 154, 156, 158, 159, 161, 165 a 168, 174 y 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 65; en contra, 134; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 148, 169, 170, 172, 173 y 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 81; en contra, 131; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 177, 178, 181, 187, 188, 195 a 197, 201, 203, 206 y 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 135; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 179, 180, 182, 186, 189 a 191, 193, 194, 198 a 200, 202, 204, 205, 207 y 211.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 3; en contra, 195; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 183 a 185, 192, 208 y 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 3; en contra, 136; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas 98, 100, 101 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 26; en contra, 135; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 80; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 103 y 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 198; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 200; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 105, 108 a 110 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 80; en contra, 135; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 104.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 17; en contra, 136; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 69; en contra, 133; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76, 78, 81, 84, 85 y 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216;



a favor, 67; en contra, 134; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68, 90, 91 y 93 a 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 214; a favor, 79; en contra, 132; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 63 a 67, 69 a 75, 77, 79, 80, 82, 86 a 89, 96 y 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 68; en contra, 133; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 224, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en la redacción dada a la misma aprobada en la reunión de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 199; a favor, 71; en contra, 126; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 216 a 218, 220 y 225, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 132; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de Registro 168 296, sobre la enmienda 99 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 149; en contra, 66; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de Registro 168 297, sobre la enmienda 123 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 149; en contra, 63; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de Registro 168 298, sobre la enmienda 88 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 200; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 133; en contra, 21; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 134; en contra, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Continuación) 621/000107 Constitucional

El señor PRESIDENTE: Señorías, volvemos al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Entramos en el debate de las enmiendas.

En primer lugar, la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado las enmiendas 20 a 96. Para su defensa, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Eza Goyeneche, Yanguas Fernández y la senadora Salanueva Murguialday.

Para su defensa tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La única enmienda que presenta Unión del Pueblo Navarro la damos por defendida. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes han presentado las enmiendas 2 a 19.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir con la mayor brevedad, dándolas por defendidas. Son 17 enmiendas. Dos de ellas afectan al artículo 1, incluyendo en el ámbito de la ley a los miembros del Consejo de Gobierno del Banco de España y a los miembros de la Casa Real.

Otras dos enmiendas afectan al artículo 2, para que se considere que no concurren las circunstancias de honorabilidad a los imputados por los delitos que se reflejan en el precepto y para que también esos supuestos de no concurrencia de honorabilidad se amplíen a las administraciones autonómica y local.

En el artículo 6 planteamos una nueva regulación de la compensación tras el cese del alto cargo para que la perciba por el mismo tiempo que lo desempeñó, con un máximo de veintidós mensualidades y por un importe de una doceava parte del 60 % de sus retribuciones, previendo la posibilidad de su percepción por la viuda o el viudo y los huérfanos, en caso de fallecimiento.

Se proponen dos enmiendas al artículo 13, proscribiendo cualquier otra remuneración que no sea la compensación por gastos de viaje y estancia, y para que las publicaciones y participaciones en cursos y conferencias de los altos cargos nunca sean retribuidas.

En el artículo 14 introducimos una incompatibilidad absoluta de los altos cargos con cualquier participación societaria.

En el artículo 15 se aumenta a cinco años la espera para incorporarse a empresas privadas relacionadas con las competencias del cargo, como manifestaba en la defensa del veto, no con aquellos ámbitos que hayan sido motivo de decisión por parte del alto cargo.

En el artículo 17 planteamos una enmienda para establecer un régimen más riguroso en la presentación a la oficina de conflictos de intereses de los datos fiscales al tomar posesión y al cesar.

En el artículo 19 concebimos esta oficina de conflictos de intereses como una oficina independiente, cuyos miembros serían nombrados por el Congreso de los Diputados, con un respaldo de tres quintos.

En el artículo 26 limitamos la competencia de la Abogacía del Estado para ser un filtro a la hora de acudir a la Fiscalía, cuando ello sea oportuno.

En el artículo 27 se atribuye a la oficina de conflictos de intereses la función de instruir los expedientes.

Y en el artículo 28 se amplían los plazos de prescripción. Por otro lado, establecemos nuevas disposiciones: una nueva disposición adicional para reformar la Ley Orgánica del régimen electoral general, declarando la incompatibilidad con la actividad privada de diputados y senadores. Una nueva disposición adicional para que en seis meses el Gobierno presente un proyecto de regulación de los lobbies. Otra nueva disposición adicional para que presente un proyecto limitando el aforamiento. Y, finalmente, una disposición transitoria nueva para que reglamentariamente se establezca la aplicación de esta ley a organismos, entes y empresas públicas.

Muchísimas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas: las números 33 a 53 y 54 a 71.

Para la defensa del primer bloque de enmiendas, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado un total de veinte enmiendas, que resumiré en seis bloques. El primero tiene que ver directamente con las medidas para prevenir la corrupción. Así, la enmienda 49 propone una nueva disposición adicional para que se cree la oficina anticorrupción, que podríamos llamar coloquialmente la oficina de asuntos internos dentro del régimen y la gestión de los altos cargos de la Administración General del Estado. Asimismo, las enmiendas 33 y 34 especifican claramente que todas aquellas personas con vinculación con procesos de corrupción no puedan ser nombradas si están en fase de juicio oral y que ello comporte inmediatamente su cese si se produce después o durante el ejercicio de sus funciones.

El segundo bloque de enmiendas está relacionado con lo que llamamos coloquialmente puertas giratorias, es decir, la colusión de intereses público-privados. Las enmiendas 38, 39 y 40 tienen que ver con la ampliación del marco de la incompatibilidad para ocupar puestos en empresas relacionadas con el sector y el ámbito en el que se hubiera trabajado en la Administración. Las enmiendas indican que no se podrá trabajar ni proveer de asistencias técnicas a todas aquellas empresas, no solo que tengan que ver con la toma de decisiones de un determinado puesto, sino con las competencias del conjunto del departamento en el que se encuentre ese puesto. Asimismo, la enmienda 41 alarga el período de imposibilidad de trabajar en el sector de referencia del puesto del alto cargo de dos a cinco años en el caso de que la persona no hubiera tenido anteriormente a su nombramiento ninguna relación ni ninguna vinculación con ese sector. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El tercer bloque tiene relación con la declaración de bienes y derechos a presentar antes del nombramiento y después del cese. En este sentido, la enmienda 42 amplía los términos de esta declaración y establece mucho más claramente la extensión al cónyuge en general, así como su obligación en el caso de intereses en sociedades referente a hijos dependientes y personas tuteladas.

El cuarto bloque lo constituyen las enmiendas 43, 44 y 45, referidas a la oficina de conflictos de intereses, para que esta dependa de la Presidencia del Gobierno y no del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y para que tenga más funciones en la supervisión de la actuación de los altos cargos. En definitiva, para que sea mucho más proactiva y no solo una oficina que dé trámite, que dé cumplimiento a las obligaciones que fija la ley, sino que tenga actividad propia en la prevención de los posibles conflictos de intereses.

En el quinto bloque están las enmiendas relacionadas con la transparencia. La enmienda 46 detalla con mayor abundamiento el registro público de declaraciones patrimoniales, mientras que la enmienda 48, que también se refiere a una propuesta de nueva disposición adicional, propone que el Congreso sea informado de los gastos de representación de los altos cargos de una manera periódica y regular.

Finalmente, el último bloque lo componen propuestas de nuevas disposiciones finales. La enmienda 50 tiene que ver con la regulación de los grupos de intereses o lobbies. La número 51, con la regulación y la obligación de publicidad activa, proponiendo un cambio en la Ley de transparencia en lo relacionado con los gastos de publicidad y comunicación institucional. La enmienda 52 propone la limitación de mandatos en la Presidencia del Gobierno. Y la enmienda 53, un procedimiento de elección de cargos derivados de la designación constitucional por parte de las Cortes y otros organismos asimilables, que proponga una convocatoria pública con requisitos, un comité asesor y comparecencias parlamentarias mucho más estrictas en relación con ese procedimiento previo para el nombramiento de esos cargos.

En definitiva, señorías, hemos formulado un conjunto de enmiendas destinadas, como he dicho antes, a evitar retrocesos en la legislación actual y que esta ley lamina en buena parte en términos de exigencias y controles para los altos cargos y, sobre todo, nuevas propuestas para que en ámbitos que la ley no aborda la Administración disponga de medidas anticorrupción en un sentido mucho más amplio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Para la defensa de las enmiendas 54 a 71, tiene la palabra el senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Al portavoz del Grupo Popular: mire, de las diecisiete enmiendas que hemos presentado el senador Saura y yo, idénticas a las de los senadores Mariscal e Iglesias, quiero hacer referencia a tres.

Usted antes nos emplazaba a apoyar este proyecto de ley, que da un salto adelante en transparencia, en evitar las puertas giratorias, etcétera. Pues bien, voy a plantear esas tres enmiendas, y si me las acepta, voto a favor del texto. Primera: volver al redactado inicial. ¿Qué quiere decir? Que ningún alto cargo podrá participar en un lapso de tiempo en empresas cuyas actividades hayan estado bajo su dirección; no que haya tomado decisiones que la afectan, como recoge el actual redactado del artículo 15; no. Segunda: incompatibilidad absoluta en la participación en empresas que afecten a lo que ha sido su actividad. Y tercera: el conocimiento —la enmienda 63— de la situación patrimonial cuando uno accede al alto cargo y cuando sale.

Si me acepta estas tres o —se lo pongo más fácil— si me acepta una de las tres, voto a favor su proyecto de ley. Lo repito. Transparencia: que la persona diga qué tiene cuando entra y qué tiene cuando sale. Evitar puertas giratorias. Fijar con claridad que no se puede estar en misa y en la procesión, es decir, tomando decisiones o interviniendo en un sector en el que luego se participa. Insisto: si usted lo acepta, ya lo sabe.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 72 a 92.

Para su defensa, tiene la palabra el presidente Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado veintiuna enmiendas a este proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley no está a la altura de lo que demanda la ciudadanía en estos momentos, por tanto, no le vamos a dar apoyo.

En el proyecto de ley, en el Congreso ya hubo muy poca voluntad de acuerdo; basta ver el resultado de nuestras enmiendas allí. Y en el Senado se nos ha hecho una propuesta que no hemos podido aceptar, porque de alguna forma se acaba con la motivación política que tenía esta propuesta, que era dar más facultades de investigación y de comprobación a la oficina de conflictos de intereses. Sin perjuicio de todo ello, quiero valorar la actitud del senador Sala, que me consta que ha intentado que se pudieran negociar otras enmiendas.

Este proyecto de ley, junto con el Código Penal y con el que veremos después, de reforma de la financiación de los partidos políticos y del Tribunal de Cuentas y algunas otras legislaciones, de alguna forma persiguen el gran reto de luchar contra la corrupción y la desafección y, por tanto, mejorar la calidad democrática e impulsar la regeneración democrática.

Pues bien, y lo digo en general, si realmente se quería que nos sumáramos muchos a este acuerdo, creemos que para intentar llegar a él se habría tenido que formular de otra forma y no de una manera fraccionada, como se ha hecho, viendo distintos proyectos de ley, sabiendo que estamos tratando de una materia muy transversal y que, por tanto, necesita de una visión de conjunto. Y lo digo, porque eso ha obligado a que a los distintos proyectos, y a este también, hayamos tenido que presentar enmiendas específicas del proyecto, pero también otras enmiendas que van más allá y que, por tanto, tienen un contenido más amplio. La verdad es que en distintas ocasiones se nos ha contestado que no era posible introducir estas enmiendas porque no eran parte del contenido, pero yo quería explicar que se ha hecho este trabajo en el sentido de intentar ver una panorámica mucho más amplia.

Coincido con el señor Piñeiro en que la credibilidad de estas acciones significaba un gran consenso, y creo que la imposibilidad de ese consenso viene determinada porque no ha habido la misma capacidad de negociación en las distintas normas, e incluso en muchas de ellas ha habido una confrontación muy importante. Por tanto, creo que no ha habido ese espacio de consenso, en el que sin duda todos estábamos obligados a trabajar, dada la desafección que hay en estos momentos respecto de las instituciones. Y siendo, como es, la corrupción y la desafección de las instituciones un problema —no sé si el primero, el segundo, o si habremos bajado quince puntos—, creo que todos coincidimos en que se trata de un problema real que nos implica a todos, y creemos que la forma en que se ha actuado para buscar este consenso y tratar una materia tan transversal no es la que se necesitaba.

A pesar de que discrepemos en otros proyectos y de que hayamos tenido choques muy importantes, hemos seguido presentando enmiendas que creemos que podrían mejorar de manera muy relevante este proyecto de ley, que desde nuestro punto de vista sigue siendo un proyecto sin instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción. Estamos tratando con más de lo mismo, sin entrar en los conflictos que realmente tenemos en estas materias. Si queremos luchar contra la corrupción no basta una posición pasiva respecto de estos temas; necesitamos instrumentos eficaces e instrumentos que puedan investigar esas situaciones y comprobar los hechos. No bastan simples declaraciones, que, además, como se ha dicho, se suavizan con esta normativa respecto de la Ley 5/2006. O sea, el detalle de las declaraciones se deslegaliza en estos momentos por este proyecto de ley y pasa a ser mucho menos concreto de lo que es con la normativa vigente.

Hay algo que es importante y que nos está pasando en muchos otros temas. Me refiero a que necesitamos organismos que actúen y organismos que sean independientes, porque muchas veces hacemos depender a aquellos que tienen que controlar de los que tienen que ser controlados. Y eso no funciona. En este sentido, creemos que no acabamos de actuar en todo aquello que de alguna forma debiera diferenciarnos respecto de lo que hemos hecho hasta este momento. Si realmente todos reconocemos que se necesitan cambios, vayamos a hacer cambios y no a actuar en toda una serie de normativas, lo que desde nuestro punto de vista, significa, como he dicho, más de lo mismo.

Y lo mismo pasa con el tema de las puertas giratorias; tampoco hay una actuación respecto de estas.

Nosotros creemos que ese organismo tiene que actuar para intentar paliar o poner barreras a la posibilidad de casos de corrupción y para crear nuevas normativas que ayuden a que esto no pase. Eso se tendría que hacer mediante una oficina anticorrupción, como la que proponemos en una de nuestras enmiendas, con autonomía, con capacidad y, repito, con independencia, porque estamos muy acostumbrados a que si no existe esta independencia, muchas de las normativas que estamos aprobando se diluyan y no sirvan para nada. Por tanto, si queremos cambiar respecto de lo que tenemos hasta ahora, tiene que haber políticas activas y no, pura y simplemente, una posición pasiva.

Decía que también hay que actuar con las puertas giratorias. Por eso se propone extender a cinco años el período de incompatibilidad tras el cese en aquellos supuestos en que el alto cargo preste servicio a empresas del sector cuyo ámbito de actividad sea el propio de sus funciones como alto cargo y en el que no tuviese experiencia previa con anterioridad al nombramiento como tal. Se trata de intentar dar un paso más respecto de esta cuestión, que preocupa muchísimo a la gente.

Por otra parte, no se entiende que estemos hablando de altos cargos y del trabajo que tiene que hacer la Administración pública y no regulemos los lobbies y los grupos de interés, pero no solo para su relación con las Cámaras, sino también para su relación con las administraciones públicas para que, efectivamente, haya una relación clara de lo privado con lo público y que, por tanto, se pueda conocer al detalle qué es lo que está pasando en este tipo de relaciones.

También hemos propuesto nuevas medidas que pretenden impedir que puedan acceder o permanecer como altos cargos de la Administración pública personas que aparecen vinculadas a delitos de corrupción. Para ello se establece como requisito para ser nombrado alto cargo no haber sido condenado o no hallarse incurso en juicio oral a título de imputados o procesados por delito, fijando de esta manera las circunstancias que impidan que un cargo relacionado con la corrupción legalmente no pueda ser elegido para ocupar un puesto o no pueda permanecer en él.

Por otra parte, en el sentido de dar mayor fortaleza a la prevención de conflictos de intereses tras el cese de un alto cargo, se ha presentado una enmienda con respecto a la contratación, con el fin de no poder celebrar por sí mismo o indirectamente en más del 10 % contratos de asistencia técnica de servicios similares con las administraciones públicas.

En relación con la declaración de bienes y servicios, presentamos una enmienda para que haya un detalle concreto estas declaraciones y que no se rebaje lo que en estos momentos ya es ley y, por tanto, no demos marcha atrás en este tema. Además, en relación con la publicación de los bienes de los altos cargos pedimos que haya un mayor detalle sobre los datos de estos que reflejen como mínimo los de todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles, actividades económicas, etcétera.

A la oficina de registro de intereses presentamos una enmienda, que es la que se ha intentado transaccionar, con la que queremos que no sea una cosa pasiva, sino que tenga facultades de inspección y comprobación. Proponemos la modificación de la Ley de transparencia —como ya propusimos en su día—, en el sentido de que sean de obligatoria publicidad activa los temas relativos al urbanismo y las campañas publicitarias, cuestiones que históricamente han tenido mucha relación con casos de corrupción, por lo que no se entiende de ninguna manera que no se incluyan como publicidad activa y se dé mucha más transparencia a este tipo de actividades.

Hay otras enmiendas que van dirigidas a reforzar la oficina del conflicto de intereses y los informes que debe hacer. Se propone que también se envíen al Congreso; y no figura el Senado, pero creo que también debería figurar. También se pide que se hagan informes de los gastos de representación de los distintos ministerios y se remitan a las Cortes Generales. Asimismo, presentamos alguna enmienda de adscripción de la oficina de conflictos de intereses, en vez de al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Ministerio de la Presidencia.

Y, finalmente, presentamos dos enmiendas dirigidas a mejorar la calidad democrática. Se trata de mejorar los mecanismos para designar los órganos constitucionales y organismos reguladores, así como para fijar limitaciones a los mandatos del presidente del Gobierno.

Ya sé que algunas de estas cuestiones pueden ir más allá de lo que es una ley ordinaria, pero también sé que estamos en unas Cámaras donde se puede llegar a acuerdos. Y con esto quiero decir que, en los distintos proyectos, para una cuestión fundamental como es la corrupción y la desafección que existe respecto de las instituciones y la búsqueda de la regeneración democrática, es una pena que no haya existido un espacio, un lugar donde se pudiera tener una visión de conjunto y no una visión tan cerrada y parcial como la que se ha tenido, como he dicho antes, a trozos. Creemos que la normativa no aporta lo que realmente se espera de ella. Puede que se coordinen cosas que ya existen, sin perjuicio de que, en algunos casos, se rebaje lo actualmente vigente. Por tanto, de ninguna manera podemos dar nuestro apoyo al proyecto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, presidente Antich.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador señor Sala.

El señor SALA TORRES: Gracias, presidente.

Señorías, me corresponde en este turno fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con respecto a las enmiendas presentadas a este proyecto de ley. Son, en total, noventa y dos enmiendas; de ellas, las cinco presentadas por el Grupo Parlamentario Popular ya se incorporaron a la ponencia y al dictamen de la comisión. Y la enmienda número 27, de Convergència i Unió, fue retirada por el grupo proponente porque la redacción de la disposición adicional primera, afectada por ella, ya había sido transaccionada en el Congreso y el texto remitido respondía a las expectativas pretendidas por la enmienda. En cuanto a las treinta y nueve enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya son idénticas a las presentadas por otros grupos. Las enmiendas 33 a 53 son exactamente iguales a las enmiendas 72 y 92, presentadas por el Grupo Socialista, y las enmiendas 54 a 71, exactamente iguales a las números 2 a 19, presentadas por los senadores de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, quedan vivas para ser debatidas en este Pleno ochenta y seis enmiendas, que en realidad son cuarenta y siete, como consecuencia de la identidad de las treinta y nueve a las que he aludido antes.

Con respecto a la enmienda 45, de Entesa pel Progrés de Catalunya, y la 84, del Grupo Parlamentario Socialista, ya se ha dicho aquí que propusimos una transacción que fue rechazada en comisión y también ante este plenario por parte del señor Antich. Nosotros mantendríamos esta transacción, que lo que hace es denegar las facultades de comprobación e inspección que pretenden atribuir a la oficina de conflicto de intereses. Creemos que son competencias que no le corresponden, que no tiene atribuidas porque las tienen otros organismos, como establecen la propia ley y el conjunto del ordenamiento jurídico. Por tanto, creemos que hay que respetar la estructura y la sistemática de nuestro ordenamiento. De todas formas, según la propuesta transaccional, la redacción del nuevo apartado número 5 del artículo 19 —que no me resisto a leer— sería la siguiente: La Oficina de Conflicto de Intereses será el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y las declaraciones presentadas por los altos cargos. Para ello podrá formular requerimientos a quienes sean nombrados o cesen en un alto cargo e instar actuaciones conducentes al cumplimiento de las obligaciones y a la exigencia de responsabilidades.

No sé si estamos a tiempo de que lo reconsideren, pero me gustaría que la transacción pudiera aceptarse.

Antes de seguir, me gustaría contestar al señor Guillot, que ha sido muy contundente en sus afirmaciones, para decirle que no sé si leemos lo mismo o interpretamos de igual modo lo que está escrito, porque creo que las tres cosas que demanda están perfectamente reguladas en la ley. Por tanto, podría pensar en cambiar el sentido de su voto y hacerlo a favor del proyecto.

Con las salvedades anteriores, las restantes enmiendas no pueden ser aceptadas por el Partido Popular por las razones que trataré de expresar a continuación, algunas de ellas, por plantear cuestiones que no forman parte del ámbito del proyecto de ley o están reguladas en otras normas, lo que alguno de los intervinientes, como el señor Martí, ha reconocido expresamente.

Así, la número 1 pretende que se regule en el ordenamiento jurídico español la figura del whistleblowing, figura reconocida en el derecho anglosajón, pero ajena a nuestro sistema y de dudosa eficacia en el mismo. Basta acudir a la connotación peyorativa que tiene su traducción, soplón, en nuestro idioma para ser pesimista al respecto, aunque a efectos políticos se haya querido sustituir esta traducción por otras más eufemísticas, como alertador o regulador de secretos. En cualquier caso, no resulta adecuado introducir esta obligación para el Gobierno en una norma referida a altos cargos de la Administración del Estado cuando es de suponer que lo que se pretende es que afecte a todas las instituciones.

Las enmiendas 16 y 68 pretenden una modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general, sin tener en cuenta que los diputados y senadores no están asimilados a los altos cargos de la Administración General del Estado e incluso que el proyecto tiene el carácter de ley ordinaria y como tal carece de rango normativo suficiente para modificar una ley orgánica.

Las enmiendas 5 y 57 intentan que la ley afecte en algunos aspectos a los altos cargos de las comunidades autónomas y de las entidades locales cuando están expresamente excluidos de su ámbito.

Las enmiendas 17, 26, 50, 69 y 89 pretenden introducir la obligación del Gobierno de regular los lobbies, cuando en el Congreso de los Diputados ya han comenzado los trabajos para hacerlo.

Las enmiendas 18 y 70, sobre aforamiento de diputados y senadores, ya han sido atendidas en la disposición final séptima del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos, que debatiremos a continuación.

La número 20 niega cualquier tratamiento de cortesía a los altos cargos de la Administración General del Estado, cuando tales tratamientos ya quedaron en desuso desde la aprobación del Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado de febrero de 2005.

Las enmiendas 2, 3, 54 y 55 pretenden que se consideren altos cargos los miembros de la Casa Real y los consejeros del Banco de España, que tienen su propia norma regulatoria.

Tampoco parece oportuno ni adecuado pretender mediante esta ley limitar el mandato del presidente del Gobierno, como intentan las enmiendas 52 y 91, o crear una oficina anticorrupción, como pretenden la 49 y la 88, que además no tienen en cuenta que ya existen en los distintos niveles territoriales organismos que desempeñan funciones similares.

Por fin, la 53 y la 92, que inciden sobre el procedimiento de designación o intervención en el nombramiento de autoridades por las Cortes Generales, contienen un mandato de reforma de los reglamentos de las cámaras que no respeta la autonomía parlamentaria.

Resulta a todas luces improcedente incluir en este proyecto de ley las cuestiones que se proponen en las enmiendas comentadas, aún en el supuesto de que estuviéramos de acuerdo con ellas, que lo estamos en buena parte, como ha quedado patente en mi exposición, ya que han sido reguladas en otros textos legales ya aprobados o en trámite o se hallen en estudio para incorporarlos a otros futuros.

El Grupo Popular rechazará también las restantes enmiendas por las razones que señalaré, aún sin indicar en todos los casos la enmienda concreta a que voy a referirme. Así, es desproporcionado extender la incompatibilidad tras el cese de un alto cargo a cinco años. En la generalidad de los países de nuestro entorno se mantiene en dos y además ello tendría que llevar aparejado un mayor período de percepción de la retribución compensatoria.

La oficina de conflictos de intereses, en cuanto a sus funciones y competencias, ya viene reforzada por el proyecto de ley. No procede atribuirle competencias sancionadoras porque estas ya vienen establecidas en la Ley 19/2013 de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La redacción de la enmienda 24 es cuando menos confusa, pero cualquiera de sus interpretaciones supondría un incremento de gasto público, ya que su puesta en práctica exigiría subir las retribuciones a numerosos altos cargos. Entendemos que el régimen sancionador y los plazos de prescripción son coherentes con el resto del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, las leyes no necesitan de un reglamento que garantice su cumplimiento, como parecen demandar las enmiendas 19 y 71. Parece una propuesta contradictoria cuando no absurda. El proyecto ya proclama el principio de austeridad en el ejercicio del cargo. No se puede entrar en la casuística que pretenden algunas enmiendas sobre uso de coches oficiales o uso de espacios públicos. Por cierto, a ello se refiere la enmienda 22, que no entiendo, cuando exige que sean enumerados por ley los espacios públicos que sean de uso exclusivo de los altos cargos. No sé a qué espacios públicos se refiere. Es una enmienda de la señora Capella.

La prohibición de acceso a penados sin límite temporal supone una inhabilitación que solo puede imponerse por ley orgánica, y este proyecto tiene el carácter de ley ordinaria. Y la inclusión de imputados en la prohibición de acceso a un alto cargo atentaría contra el principio constitucional de presunción de inocencia. La verdad es que me gustaría extenderme en este tema porque algunos senadores son muy garantistas cuando les conviene y todo lo contrario en ocasiones como esta. Me pregunto si no sería mejor tratar de explicar a la sociedad el verdadero significado del término imputado y no insistir en atribuirle connotaciones negativas que en realidad no tiene.

El concepto riesgo de conflicto a que se refiere el artículo 3.1.b) es más amplio que el de conflicto, por lo que no vemos por qué se pretende suprimir la palabra riesgo, que es una situación previa a la de conflicto propiamente dicho.

La Ley de transparencia ya establece el marco general de publicidad de las retribuciones así como la comunicación a las Cortes Generales de los gastos de representación. La limitación de contratos tras el cese con todas las administraciones es desproporcionada. La pérdida de imparcialidad e independencia solo puede producirse cuando intervenga la Administración de la que el alto cargo proceda. La Agencia Estatal de Administración Tributaria no puede certificar la situación patrimonial del alto cargo porque no es de su competencia ni cuenta con esta información. Piénsese en el caso de que el alto cargo no esté obligado a efectuar la declaración de patrimonio o que este impuesto haya desaparecido o no exista. Y en cuanto a la certificación de cumplimiento de las obligaciones tributarias desde el comienzo hasta el final del mandato, que sí han de ser declaradas —estamos hablando de la certificación de la Agencia Tributaria—, solo podrían emitirse con inasumibles retrasos porque, por ejemplo, el plazo para declarar finaliza a los seis meses del final del ejercicio, con lo cual la certificación correspondiente a un alto cargo que hubiera cesado a primeros de un año, no podría emitirse hasta el segundo semestre del año siguiente. La publicidad de las declaraciones de todos es sabido que supone un importante riesgo a la seguridad que no debemos asumir porque contiene datos personales que no han de publicarse.

El régimen de indemnizaciones, por razón de servicio en lo que afecta a transporte, manutención y alojamiento, está sujeto a baremos y a justificación de gastos, por lo que no puede darse enriquecimiento ni duplicidad de percepciones por estos conceptos. Del mismo modo, no vemos motivo por el que se deba prohibir la remuneración de actividades a que se refiere el artículo 13.2 relacionadas con la ciencia, la cultura y la educación que, en general, son ocasionales y excepcionales además de que solo pueden desarrollarse si no comprometen la imparcialidad e independencia del cargo.

Hay enmiendas, como la 13 y la 65, que contienen un juicio de valor sobre la actuación de la Abogacía del Estado mientras que consideramos que su papel en estos procedimientos sancionadores supone una garantía de la aplicación del ordenamiento jurídico.

Las enmiendas 6 y 58, en su pretensión de mejorar y precisar el régimen de compensaciones económicas tras el cese de un alto cargo, lo que hacen en realidad es dejarlo menos claro, menos estricto y más incompleto que lo establecido en el artículo 7 del proyecto. Además, contienen errores terminológicos al reclamar ambas enmiendas por igual un haber vitalicio por el resto de meses que aún queden por percibir la indemnización, conceptos evidentemente contradictorios entre sí. Y contienen, además referencias a órganos hace tiempo suprimidos, como el Ministerio de Relaciones con las Cortes o el Secretariado del Gobierno.

Entendemos que los motivos expuestos justifican sobradamente el rechazo por el Grupo Parlamentario Popular de todas las enmiendas objeto de este debate salvo las números 45 y 84 en el caso de que los grupos proponentes acepten la transacción.

Muchas gracias.(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Vamos a leer juntos para ver si así nos aclaramos.

Artículo 14.1, el redactado del proyecto de ley dice: «Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento…». La enmienda 61 dice: Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, etcétera, ningún porcentaje, ningún porcentaje. Leo conjuntamente el proyecto y la enmienda para ver si decimos lo mismo.

Artículo 15. El proyecto de ley dice: «Los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado». La enmienda 62 dice: «Los altos cargos, durante los cinco años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas pertenecientes al sector económico relacionado con las competencias del cargo...»

Artículo 17. El proyecto de ley, sobre declaración de bienes y derechos, no hace una referencia exhaustiva como lo plantea la enmienda 63 del senador Saura y mía, y es que además en la enmienda 63, proponemos que al cese, cuando finaliza el mandato de ese alto cargo, tiene que hacer también una declaración patrimonial. No es lo mismo.

Le reitero el envite, elija una de las tres, y yo le voto la ley.

Gràcies senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Voy a hablar de dos cuestiones muy concretas, senador Sala. ¿Usted realmente piensa que si un alto cargo es imputado y va a juicio oral por causas y tipificaciones de delito que tienen que ver con la corrupción, tiene lógica que se mantenga en su puesto? ¿Realmente piensa esto? No estamos hablando ni siquiera de imputaciones por la Fiscalía o la instrucción. No estamos hablando de juicios que tengan que ver con cuestiones privadas, con cuestiones ajenas a la función pública que pueda desempeñar. No, no. Estamos hablando de juicio oral, por tanto, de la última fase del procedimiento, juicio oral en delitos vinculados a corrupción, es decir, directamente relacionados con el ejercicio del alto cargo. ¿Sinceramente usted cree que tiene lógica que esta persona no cese automáticamente?

Segunda cuestión. ¿No cree que una persona que ha ejercido una responsabilidad como alto cargo, por cuestiones de confianza política, por mil cuestiones perfectamente lícitas, en un ámbito que no tiene nada que ver con su carrera profesional previa, no es un poco raro que luego pase a trabajar o a hacer asesoramientos técnicos a alguna empresa vinculada al sector donde ha ejercido como alto cargo?, ¿no le parece también realmente raro?, ¿no cree que esto es algo que realmente habría que evitar y prevenir y, por tanto, como mínimo poner una moratoria de cinco años no para que esta persona no pueda trabajar en ningún sitio del mundo, sino simplemente en aquellas empresas relacionadas con el sector en el que ha ejercido como alto cargo? ¿No le parecen estas dos enmiendas completamente lógicas para prevenir algo que ha pasado desgraciadamente de manera notoria y sustantiva en nuestra vida pública? Por favor, me gustaría que me contestara directamente a estas preguntas.

Y, finalmente, llevo durante todas mis intervenciones haciendo un ruego, y es que expliciten, por favor, cuáles son los cambios sustantivos en relación a la legislación vigente que introduce esta ley. Nosotros sinceramente pensamos que ninguno, y algo que podría resultar, y lo he dicho antes, positivo, en estos momentos resulta llamativamente un error.

Por tanto, no vamos a apoyar esta ley porque carece completamente de ambición, de fuerza y de voluntad para ir al meollo de los problemas de la corrupción en el ejercicio del alto cargo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Señor Piñeiro, lo primero es decirle con cariño que creo que se ha excedido en su agradecimiento a mi posicionamiento en los vetos, porque usted me agradecía el hecho de dar apoyo al Gobierno, y si de algo no es sospechosa esta senadora es de estar aquí para trabajar para su Gobierno.

En cualquier caso y a pesar de eso, desde la distancia de los proyectos políticos es cierto que le hemos dicho que damos apoyo a este proyecto, en primer lugar, por su carácter supletorio, porque de una forma, no diré que excepcional, pero sí poco frecuente en esta Cámara, se respetan las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Y me reitero en el discurso que he hecho anteriormente en cuanto al trabajo que se está haciendo allí y el que hemos hecho desde el Grupo Catalán Convergència i Unió. Aun teniendo proyectos tan distintos, somos un grupo que tiene mucha trayectoria política —creo que está sobradamente demostrada nuestra solvencia— y cuando hace falta apoyar iniciativas que creemos que pueden ser de interés general, lo hacemos.

Quería decir únicamente esto y manifestar el sentido de nuestro voto favorable al proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador y presidente Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el objetivo del presente proyecto de ley era endurecer los controles, crear barreras para que no se pudieran dar casos de corrupción, y si reformamos las leyes que hay en estos momentos —porque ya hay distintas leyes que tratan sobre altos cargos y sobre estos temas— era para dar un paso más. Y esto es lo que creemos nosotros que no sucede. No estamos dando un paso más, y por tanto, consideramos que no se está a la altura de lo que la sociedad está demandando en estos momentos.

El señor Sala me preguntaba si vamos a aceptar la enmienda, y no podemos hacerlo porque precisamente va dirigida a un elemento que para nosotros es capital respecto de lo que hay ahora y lo que tendría que haber. Tiene que haber organismos activos con capacidad y facultad de comprobación e investigación. Cosa distinta sería que se nos hubiera aceptado la enmienda sobre la oficina anticorrupción. Entonces, si se centralizaba la investigación y comprobación en la oficina anticorrupción, sí que la oficina de conflictos de intereses podría recibir y supervisar documentos. Pero si no hay una actuación activa todo se acaba diluyendo. Las mejores normativas acaban por no aplicarse y no hay nadie que esté vigilando para que estas cosas funcionen. Ya lo hemos visto en otros muchos organismos, no de ahora ni de antes, sino en muchos otros organismos que normalmente dependen de aquellos que deben ser controlados, y por tanto, no funcionan. Por tanto, en este sentido, no podemos aceptar la enmienda.

El debate que se ha mantenido me confirma el hecho de que era necesario un espacio mucho más amplio donde hablar de todas estas cuestiones. Se trata de un tema muy transversal. Se nos dice que estas enmiendas no corresponden a este proyecto, y es que estamos viendo las cuestiones de una forma muy fraccionada y no desde una visión de conjunto. Cosa distinta es que se trate solo de un tema de voluntad de meter preceptos en otras normas que no son exactamente de donde proceden. Y es que me acuerdo, no solo del Real Decreto 8/2014, que modificaba no sé cuántas leyes, sino de tantos y tantos reales decretos, porque incluso se ha llegado a abusar de este tema. Por lo tanto, se trata de un tema de voluntad. No queremos que se produzca ningún abuso, pero considero que si se hubiera analizado esta cuestión desde un punto de vista más global, estas enmiendas se hubieran podido aceptar.

No entendemos, de ninguna de las maneras, que no se actúe contra las puertas giratorias; no entendemos lo de los lobbies. El Reglamento debe regular la relación de los grupos de interés y de los lobbies con el Parlamento, y nosotros estamos hablando también de la Administración. Tanto en materia de lobbies como de la oficina anticorrupción la enmienda no pretendía que se aprobase punto por punto; se podría haber negociado si hubiera habido un posicionamiento favorable a ello, pero estamos convencidos de que este posicionamiento no es favorable.

En cuanto a si la Administración Tributaria es o no competente para unas determinadas materias, si una ley dice que es competente será competente. En este sentido, algún organismo tendrá que garantizar cuáles han sido las variaciones entre el patrimonio de un señor en un momento dado y el patrimonio de este señor después del cese de este cargo; y tiene que ser un organismo con una cierta responsabilidad en estas cuestiones.

Por lo tanto, consideramos que aquello de querer endurecer la normativa vigente no existe y, por lo tanto, no podemos dar apoyo a un proyecto que, como decía, no está a la altura de las circunstancias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias presidente Antich.

Cierra el debate el senador señor Sala, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor SALA TORRES: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Quiero, en primer lugar, agradecer a los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Vasco en el Senado y a otros senadores del Grupo Mixto el apoyo que han prestado a este proyecto de ley demostrando así su sensibilidad y su compromiso con la transparencia y la regeneración democrática que constituye el propósito del Gobierno al impulsar esta ley y algunas otras en la misma línea, respondiendo a una intensa demanda de la sociedad.

Señor Guillot, me confirma usted que estas tres cuestiones que ha planteado están reguladas en el proyecto; otra cosa es que a usted le hubiese gustado otra regulación o cambiar algunas cosas, pero en mi contestación anterior le he explicado los motivos por los que no era posible efectuar el cambio que usted pretende. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Y, señor Martí, respecto a los imputados, el excluirlos de la posibilidad de acceder al alto cargo atenta contra el principio de presunción de inocencia, y esto es algo evidente. Y no me he pronunciado más; he dicho que creía que era necesario un debate más importante para saber qué connotación tiene o no tiene el estar imputado, y a lo mejor la solución sería cambiar la palabra, como han planteado algunos.

Respecto a las dos cuestiones restantes, le digo lo mismo que al señor Guillot, y creo que han quedado contestados los motivos por los que no es posible ese cambio que usted pretende, pero todas las cuestiones a las que alude están reguladas en el proyecto.

El agradecimiento que he hecho a algunos grupos que apoyan el proyecto no lo puedo hacer extensivo a los demás, como es evidente, porque entiendo que siguen contemplando este proyecto como si se tratara de una ley individual, sola, aislada e independiente, y por ello tratan de incorporar a este toda una serie de medidas que nada tienen que ver con él, y exigir la creación de organismos ajenos a sus objetivos y modificar el régimen de instituciones reguladas por otras normas; todo ello de una forma superpuesta, yuxtapuesta, duplicada, innecesaria e incluso inútil, sin tener en cuenta que gran parte de lo que pretenden está correctamente regulado o incluido en otras normas aprobadas o en curso o no precisan de modificación.

Puedo entender que consideren que el proyecto de ley es mejorable y que propongan medidas encaminadas a este fin; y puedo entender que manifiesten que las implantarán en el futuro si son rechazadas. Pero no comprendo que este rechazo del Partido Popular dé lugar a que voten ustedes en contra del proyecto de ley. Por una parte, porque han presentado también cuatro vetos, y sospecho que, aunque les hubiéramos aceptamos todas o una buena parte de las enmiendas, no habrían cambiado el sentido de su voto.

Por otra, porque al parecer van a votar en sentido distinto en proyectos que persiguen idéntica finalidad, lo que da cuenta de que lo que les mueve no es la objetividad y el interés general, sino el mero electoralismo; porque —utilizando un castizo refrán español— lo mejor es enemigo de lo bueno y, aunque crean que la ley que debatimos es mejorable, ello no debería ser obstáculo para que la votaran a favor, sin perjuicio de su compromiso de modificarla si llegaran a gobernar; y también porque la confianza de los ciudadanos en la clase política se recupera aprobando leyes como esta, desde luego, pero también implantando una actitud de los partidos —en este caso, de los grupos— rigurosa, coherente, sincera, alejada del no por el no o simplemente del no porque lo proponen otros, que es lo que sus señorías proponen en muchas ocasiones y esta es una de ellas.

Por último, porque puede que no les guste esta ley, que crean que debería regular otras cuestiones o ser más estricta. Puede incluso que sean sinceros en sus apreciaciones —les concederé el beneficio de la duda—, pero lo cierto es que durante los ocho años de Gobierno socialista ya existían los problemas a los que ahora nos enfrentamos y no movieron un dedo para atajarlos. No quieran ahora hacernos creer que ustedes lo harían todo mejor. Y precisamente en este caso no se nos acuse —no lo han hecho los que han intervenido en ese turno pero sí el señor Rodríguez Esquerdo anteriormente— de que vamos a aprobar la ley solos o con pocos apoyos. Quienes son pocos en este caso son los que se oponen a ella, y, si no, observen el panel cuando se produzca la votación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sala.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, 20 a 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 3; en contra, 197; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 135; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, votamos la enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219;



votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 136; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos las enmiendas 3, 13, 15 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 15; en contra, 137; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 4; en contra, 142; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2, 4, 6 a 12, 14, 16, 18 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 4; en contra, 137; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos las enmiendas 35, 39, 40 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 62; en contra, 134; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 61; en contra, 138; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 139; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 33, 34, 38, 41, 48, 49, 51 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 65; en contra, 136; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 37, 42, 45 a 47 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 81; en contra, 133; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 54, 56 a 62, 64, 66, 68, 70 y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 4; en contra, 133; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 55, 63, 67 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 135; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 12; en contra, 135; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 81, 87 y 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 80; en contra, 133; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74, 78, 79 y 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 133; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 75, 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 139; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 73, 76, 77, 80, 84 a 86, 88, 90 y 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 150; en contra, 5; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 149; en contra, 65; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 621/000109 Constitucional

El señor presidente da lectura al punto 8.1.5.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Con la venia, señor presidente.

Señorías, en mi calidad de presidente de la Comisión Constitucional, presento el dictamen de la comisión al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 29 de enero de 2015. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 12 de febrero del presente año, ampliándose hasta el 18 de febrero.

A este proyecto de ley se han presentado 2 vetos y 141 enmiendas. El veto número 1, por los señores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto y el veto número 2, por los señores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Las enmiendas se distribuyen de la siguiente manera: Enmiendas 1 a 4 y 7, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva y el señor Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto. La enmienda 5 ha sido retirada. Las enmiendas 6 y 8 han sido readmitidas por acuerdo de la Presidencia de esta Cámara con fecha 26 de febrero de 2015. Enmiendas 9 a 39, de los señores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 40 a 43, de la señora Capella, también del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 44 a 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 51 a 81, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 82 a 88, del Grupo Parlamentario Socialista. Enmiendas 89 a 115, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas 116 a 138, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Y enmiendas 139 a 141, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Asimismo, la comisión designó la ponencia el 18 de febrero del presente año, que estuvo integrada por don Manuel Guillermo Altava, don Francesc Antich, don Jokin Bildarratz, don Carlos Martí Jufresa, doña María Teresa Rivero, don Antonio Froilán Rodríguez Esquerdo, don Alberto Unamunzaga y doña María Rosa Vindel.

El día 4 de marzo se reunió la ponencia que, tras manifestar su criterio contrario a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley, acuerda por mayoría aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la incorporación de las enmiendas 139 a 141, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 1 enmienda transaccional, que modifica el punto 2 del artículo 1 en los apartados 7 y 8 del artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, así como efectuar una serie de correcciones de carácter técnico. La comisión se reunió ese mismo día y procedió a dictaminar el proyecto de ley aceptándose como dictamen el informe de la ponencia.

Por último, para su debate en el Pleno se han formulado 8 votos particulares, de los siguientes grupos: del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, manteniendo las enmiendas 89 a 115; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, manteniendo las enmiendas 116 a 138; del Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo las enmiendas 82 a 88; del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las enmiendas 44 a 50; del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las enmiendas 51 a 81 y la propuesta de veto número 2; de la señora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo las enmiendas 40 a 43, y por último, igualmente del Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo las enmiendas 1 a 4 y 7, originariamente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva y el señor Yanguas, así como la propuesta de veto número 1.

Con estas palabras he resumido la tramitación de este proyecto de ley en comisión. Comienza el debate en el Pleno y, antes de finalizar, quiero agradecer en mi nombre y en el de la comisión el trabajo realizado por el letrado, don José María Codes, y su asesoría para la tramitación de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Piñeiro.

Entramos en el debate de las propuestas de veto. La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo de forma muy sintética y resumida. Como se ha dicho en la presentación del anterior proyecto, los dos forman parte del paquete de regeneración democrática que el Gobierno presentó el pasado mes de septiembre. En nuestra opinión, ambos son una respuesta insuficiente a una realidad que cotidianamente golpea a la sociedad y genera desafección política.

Este proyecto afecta a tres leyes que se ven reformadas: la primera, la Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos. A la hora de afrontar la reforma de este texto, se mantiene una óptica de la que discrepamos, que es la de que el control de las finanzas de los partidos lo realice el partido ganador de las elecciones. Creemos que esto es un riesgo obvio para garantizar la igualdad de oportunidades. No compartimos que en el texto se mantenga la opción de donación de inmuebles a los partidos ni que se mantenga también la posibilidad de que las personas jurídicas puedan realizar donaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos. Creemos que ello significa mantener resquicios peligrosos. Tampoco asumimos que se mantenga el sistema de distribución de las subvenciones, tanto para el funcionamiento ordinario como para los gastos electorales, a partir de los escaños obtenidos. Igualmente, que no se contemple la exigencia de consolidación de cuentas de partidos y fundaciones vinculados; que no se establezcan las mismas limitaciones para las fundaciones que para los partidos; que no se establezca un límite al endeudamiento, en función del presupuesto consolidado; que no se cree un registro público o de donaciones; que se alarguen los periodos de prescripción de las infracciones cometidas en materia de financiación de partidos; que no se propicie el acceso a los registros y archivos del Tribunal de Cuentas que reflejan las finanzas de los partidos.

En relación con la Ley Orgánica de partidos políticos, discrepamos con que se haya tomado la decisión de no introducir la demanda de la sociedad de cambios en el funcionamiento interno de los partidos, que supondría una mayor participación en la vida pública. Para hacerlo, obviamente habría que respetar la libertad de organización, pero ello no sería incompatible con establecer reglas de funcionamiento interno, inspiradas en lograr una mayor posibilidad de asumir los principios de inclusión, igualdad, libertad de expresión, rendición de cuentas, separación de poderes internos, participación, integridad, transparencia y buen gobierno, que, sin ninguna duda, harían más accesible a la sociedad los partidos políticos y serían un incentivo para involucrar a esa misma sociedad en la participación en los mismos. Discrepamos también de que no se incluyan mecanismos de mayor democracia interna, que no se promueva adecuadamente la participación y la rendición de cuentas periódicas, incluyendo la revocación de cargos. Pensamos, sinceramente, que no es posible avanzar en la regeneración democrática sin que haya una reforma del sistema electoral.

Finalmente, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, pensamos que se obvia la reforma a fondo que este tribunal necesita. Es llamativo que los grandes escándalos de corrupción hayan sido investigados por la policía, por la fiscalía, pero que no haya sido el Tribunal de Cuentas el que haya levantado la liebre, en términos coloquiales; que no sea materia de fiscalización por el tribunal el despilfarro, porque en principio debería ser, en nuestra opinión, una prioridad; y que no se sea capaz con esta reforma de garantizar un adecuado funcionamiento, respondiendo a las necesidades actuales que en los últimos años se han manifestado.

Por otro lado, a pesar de ser un órgano dependiente de las Cortes, mantiene una capacidad de organización absoluta y, como saben sus señorías, el uso que en algunos casos se ha hecho de ella ha sido a su vez piedra de escándalo en las últimas semanas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario de la Entesa. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

No les sorprenderá que reitere una vez más el compromiso que tiene esta Cámara de reformar el Senado en esta legislatura. Que hoy discutamos esta segunda Ley de reforma de la financiación de los partidos políticos en gran parte nos da la razón a todos aquellos, el senador Saura y yo entre ellos, que decíamos que la propuesta de reforma de la Ley de financiación de partidos políticos de 2012 era insuficiente. Señorías del Partido Popular, vean que no todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. Hoy tenemos que abordar esa segunda reforma.

La X Legislatura está y estará marcada por muchas cuestiones y también y de forma sobresaliente por la corrupción, que es una de las razones más poderosas que aleja a la ciudadanía de la política y de los políticos. Esta X Legislatura será la del paro, la pobreza y la corrupción. La corrupción —todos compartiremos esta opinión— es un cáncer para la democracia, ya que socava un pilar básico de la misma, la confianza. El enmascaramiento de los casos de corrupción, el despliegue de todo tipo de recursos políticos y judiciales para minimizar estos casos y así enquistarlos en vez de clarificarlos, contribuye a consolidar la idea en la sociedad de que la corrupción es una enfermedad crónica de nuestra democracia.

Antes de escribir mi intervención de defensa del veto que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, me leí atentamente la intervención del presidente del Gobierno, señor Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, el pasado 27 de noviembre de 2014, en defensa de este proyecto de ley. La conclusión, tras la lectura, es que el presidente del Gobierno y del Partido Popular se equivoca en el diagnóstico sobre el gravísimo problema de la corrupción política que asola este país. Afirma el señor Rajoy: España tiene algunos corruptos, y sigue con otra afirmación: La parte enferma es porque se trata de una parte y de una parte pequeña en un todo que está sano. No, señorías, no es verdad. Esto es una falacia. Es una falsedad que no entiendo cómo puede ser aceptada tan acríticamente. No estamos hablando de cuatro desaprensivos, ya lo quisiéramos, ni filosofamos como el señor Rajoy cuando dice que cualquier corrupción es siempre demasiado insoportable. No, estamos frente a un fenómeno preocupantemente extendido.

Les invito a utilizar los mismos criterios que se siguen para medir los índices de criminalidad u otros, y si somos capaces de trasladar los datos de los políticos imputados o encausados al real universo de lo que somos y representamos, constataremos que las estadísticas son demoledoras. Les pondré dos ejemplos, pero antes les invito a que ustedes hagan lo mismo que he hecho yo ya sea por comunidades autónomas o por niveles administrativos. Primer ejemplo, Ciudad Autónoma de Melilla, 8 de los 11 miembros del gobierno imputados, casi un 73 % y entre ellos el presidente y los dos vicepresidentes. Si trasladamos estos porcentajes a la población de Melilla, 61 000 melillenses estarían imputados. Comunidad Valenciana, el 15 % de sus parlamentarios autonómicos imputados. Por la misma regla de 3, 750 000 valencianos imputados. Y podría seguir. España no tiene algunos corruptos, estadísticamente España tiene unas tasas de corrupción insoportables, en algunos territorios insostenibles, y en algunos lugares es una verdadera cleptocracia. No son pocos, son muchos los corruptos, demasiados. Frente a esta demasía de casos que afectan especialmente al PP, aunque no solo a él porque PSOE y CiU arrastran también su particular mochila, las actitudes con las que los partidos implicados responden a sus casos de corrupción son del todo censurables y son otro factor de desafección ciudadana.

Se cree el señor Rajoy que sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel quedan dirimidas pidiendo perdón. No, señorías, no es suficiente. Lo necesario es asumir responsabilidades. Porque, senadores y senadoras, ese es otro problema y de los más graves que afectan a la corrupción política; y es que aquí nadie se hace responsable de nada y de nadie. Estoy hablando de responsabilidades políticas, las jurídicas se dirimen en los tribunales de justicia. ¿Quién se hace responsable político del caso Gürtel, Bárcenas o quien lo nombró? ¿De los ERE en Andalucía? ¿Del caso Millet? Y podría seguir. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién da la cara? ¿Quién dimite? Nunca, nadie. ¿Qué credibilidad quieren recuperar? ¿Qué confianza pueden inspirar? Y dejémonos de zarandajas. Cuando mandas, controlas. Porque si no controlas, no mandas. Ya sea en el partido o en el Gobierno. Y, miren, yo les puedo aceptar que se pueda colar un gol, pero no hay funcionamiento irregular que se alargue en el tiempo o que represente las cantidades de dinero, como las de los casos a los que antes hacía referencia, del que uno no acabe enterándose. Esto es así. Nunca podemos olvidar que como políticos respondemos individualmente por nuestra honradez, pero que también nos responsabilizamos de la honradez y limpieza de nuestros colaboradores, de los equipos de confianza que elegimos.

Todos sabemos que siempre habrá corruptos. Lo que no podemos aceptar es que sean tantos y, menos, que la sociedad perciba que quedan impunes. La gente no se explica que casos manifiestos de corrupción, hasta con su reconocimiento, como es el caso Millet, se eternicen en los juzgados. ¿Realmente le hemos dado al sistema judicial español los medios y recursos necesarios para que puedan actuar con profundidad y celeridad frente a estos casos? Creo que no. Señorías, si, de verdad, el objetivo es acabar con la corrupción e ir recuperando la confianza de la ciudadanía, de nada sirve el: y tú más. La intransigencia frente a los corruptos debería ser directamente proporcional a la cercanía personal o partidaria con el mismo. No al revés, como sucede en nuestros debates. Y de esta intransigencia, en primer lugar con los tuyos, nace la credibilidad imprescindible para la política.

La gravedad de la enfermedad ha llegado a tal extremo, que hoy es todo el sistema político el que está hipotecado a los ojos de la ciudadanía. La crisis de confianza llega a tal extremo que en pocas semanas nuevos actores políticos que lo tienen todo aún por demostrar, irrumpen con muchísima fuerza en todas las encuestas. ¿Qué le pasa a España? ¿Por qué esta situación? A mi entender, el gravísimo problema de la corrupción se explica por diversas razones. Desde las más primarias, la presencia de gentes avariciosas y carentes, tanto de principios como de escrúpulos, a razones históricas y de permisividad cultural, a la degradación padecida en la alternancia, más propia de la primera restauración, la ocupación de las instituciones, los déficits democráticos y de rendición de cuentas en el funcionamiento de los partidos políticos, la falta de controles, y un larguísimo etcétera de otras cuestiones. Pero creo que el principal problema que explica nuestra situación, es, como escribía Javier Benegas, la medievalización del Estado y la concentración económica.

Señorías, la España que surge de la transición se asemeja más a un Estado natural o sistema cerrado que a un Estado moderno o sistema de libre acceso. Durante los cuasi cuarenta años de democracia en España, ha ido consolidándose una coalición gobernante compuesta en lo formal por la Corona, los dos grandes partidos de ámbito estatal, los principales partidos nacionalistas, y los agentes sociales. Y en lo informal, por la reducida élite que controla las finanzas y las grandes corporaciones y, entre ellas, los grandes grupos de comunicación. Un sistema cerrado en el que no existe separación entre lo público y lo privado, y en el que todo es susceptible de convertirse en recurso, renta o privilegio. Si no acabamos con esto y abrimos el sistema, difícilmente acabaremos con la ocupación del Estado y de sus administraciones.

Y les pondría un buen ejemplo de esta colusión de intereses: las cajas de ahorro. Y si tuviera que resumir aún más, pondría el ejemplo de Caja Madrid-Bankia, como expresión de esta colusión de intereses a la que antes hacía referencia. Vuelvo a insistir: mientras no superemos esta realidad, seguiremos tropezando con el mismo problema y nunca serán suficientes los cambios legislativos.

Entrando ya en el contenido concreto del proyecto de ley, en primer lugar, reconocer que se han producido avances y mejoras, pero, a nuestro entender, hay graves insuficiencias. Como muy bien afirman los 60 395 firmantes del manifiesto Más Democracia en el registro entregado a los grupos de la Cámara, en el que se valora esta reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos —a los que expreso mi reconocimiento a su trabajo y mi sintonía con sus propuestas—, se ha optado por el umbral bajo de exigencia.

Voy a hacer un breve resumen de aquellas carencias, a mi entender, más relevantes. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica de financiación de partidos políticos, es necesaria una mayor exigencia en la consolidación de las cuentas de los partidos y fundaciones, así como establecer las mismas limitaciones a las fundaciones que a los partidos. Nos preocupa al senador Saura y a mí, muchísimo, que el proyecto de ley permita las donaciones de personas jurídicas, es decir, de empresas, a las fundaciones de los partidos. Esta posibilidad es una rendija clara para la financiación ilegal de los partidos. Es un instrumento para que las empresas puedan influir en las decisiones de los partidos en pro de sus intereses, y recuerden aquello de quien paga, manda. Señorías, el dinero de las empresas no tiene cabida en la financiación de las fundaciones partidarias. No forma parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas financiar las fundaciones de los partidos. Habría que limitar el endeudamiento en función del presupuesto total consolidado; calcular las subvenciones a partir del voto y no en los escaños; prohibir la donación de bienes inmuebles; garantizar la máxima transparencia estableciendo un registro público de donaciones a los partidos; y alargar los periodos de prescripción de las infracciones cometidas en la financiación de los partidos, así como facilitar el acceso público a registros y archivos.

Sobre la reforma de la Ley orgánica de los partidos políticos, nuestra principal crítica es que las reformas propuestas no abordan los principales déficits que tienen los partidos en su funcionamiento. Respetando la libertad organizativa de cada partido, deberíamos ser capaces de definir un funcionamiento de los partidos inspirado en los principios de inclusión, igualdad, formación, libertad de expresión, rendición de cuentas, separación de poderes internos, participación, integridad, transparencia y buen gobierno. Este proyecto de ley sigue sin abordar los aspectos antes mencionados, imprescindibles si queremos partidos verdaderamente democráticos y transparentes. Hablar hoy de nuestro sistema de partidos es hacerlo de la Ley electoral, una ley obsoleta que facilita la partidocracia.

Sobre la reforma del Tribunal de Cuentas, cabe decir que a estas alturas es más que evidente que la concepción actual del Tribunal de Cuentas no le permite ser un órgano eficaz de prevención de la corrupción política. El senador Saura y yo creemos que debería abordarse una reforma en profundidad de dicho tribunal y no las reformas parciales e insuficientes que propone este proyecto de ley.

Quiero terminar mi intervención en defensa del veto reiterando las principales cuestiones que lo justifican. Discrepamos con el diagnóstico. Estamos ante un problema muy grave y muy extenso. Parafraseando al cantante Loquillo: no son pocos y cobardes, son muchos y atrevidos. Criticamos la desresponsabilización de los partidos en los casos graves de corrupción que les afectan. Señalamos las razones estructurales que son fuente de corrupción, como es la ocupación del Estado por una coalición político-económica parasitaria, verdadero nudo gordiano de nuestra democracia. Y por todas las insuficiencias del proyecto de ley a las que antes he hecho referencia.

Señorías, la corrupción es un carcinoma para nuestra democracia. Creo —y con esto voy terminando, senyor president— que se ha llegado a esta situación porque todos hemos bajado la guardia: unos por activa y otros por pasiva. Los de por activa, afortunadamente, muchos de ellos ya están encausados, algunos hasta en prisión. Pero los hay que han actuado por pasiva. Creo que esto hay que corregirlo y que esta corrección solo puede venir de un proceso profundo de renovación: de los contenidos, de las legislaciones, del funcionamiento y también de los protagonistas. A todos los que hemos sido protagonistas en la vida de los partidos desde la transición hasta ahora se nos está agotando el tiempo. En definitiva, deberíamos ser capaces de acertar en el diagnóstico y en el tratamiento, porque la enfermedad es letal para nuestra democracia. No pongo en duda su voluntad, la de toda la Cámara, de querer combatir este cáncer, pero mucho me temo que yerran, y por ello presentamos este veto para el que pedimos su apoyo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

¿Turno en contra?

Senadora Vindel, tiene la palabra.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

En este último punto del orden del día, en primer lugar, quiero agradecerle al senador Guillot que haya reconocido que se ha avanzado y se ha mejorado en la lucha contra la corrupción desde que el Gobierno del Partido Popular llegó al poder en el año 2011.

Entrando en materia, me gustaría decir que no es que modifique tres leyes, que las modifica: la de financiación de los partidos políticos, la propia de los partidos políticos y la del Tribunal Cuentas, pero además modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley orgánica reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Ley de iniciativa legislativa popular y la Ley electoral. En suma, señorías, este proyecto de ley supone una reforma muy relevante que importa y afecta a la sociedad, pero también a todos cuantos nos sentamos aquí, porque, señorías, hemos sido elegidos en listas de partidos políticos con representación parlamentaria.

Señorías, esta ley forma parte del plan de regeneración y lucha contra la corrupción que el Gobierno ha remitido a las Cortes y que se ha dividido en varias propuestas. Son 70 medidas que conforman —yo creo— el plan más ambicioso, más completo y más eficaz de la regeneración democrática en respuesta a la desafección ciudadana y, sobre todo, a la lucha contra la corrupción política. Por cierto, señorías, hablando de desafección hay quienes más que corregirla lo que pretenden es aprovecharse de ella, con unos mensajes tan destructivos como populistas, que lo que persiguen es, por un lado, la descalificación de la política y, por otro lado, la deslegitimación del sistema para, consiguiendo las simpatías de la gente, llegar al fin último, que es conseguir el poder. Y el Grupo Popular considera que regenerar la democracia, que es el objetivo final de este proyecto, no puede pasar ni por sustituir el sistema, ni por deslegitimar a los partidos, ni la democracia representativa, ni, desde luego, la ruptura o la destrucción de un modelo que nos está permitiendo gozar de un sistema de derechos y libertades de los más avanzados del mundo.

El último barómetro del CIS acaba de reflejar que la preocupación por la corrupción y el fraude de los españoles ha retrocedido 15 puntos en tres meses. Y de esos 15 puntos, 7 de ellos solo en un mes, en el mes de enero. Yo creo que esto significa que se está haciendo limpieza general; es decir, la Policía, la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los jueces están actuando, lo están haciendo con diligencia y, sobre todo, y muy importante, señorías, lo están haciendo sin interferencias. Bien saben que la peor corrupción es la que no se conoce, es la que no se descubre y es la que queda impune. Y esta es una ley de autoexigencia, señorías, para que todos nos veamos reconocidos en ella, especialmente los ciudadanos.

Déjenme que hable un poco del proyecto de ley antes de entrar en el contenido de los vetos. Incrementa los controles y los deberes de rendición de cuentas a los partidos y a las fundaciones a ellos vinculadas con nuevos límites y nuevas prohibiciones, porque a partir de ahora se prohíben las condonaciones de deuda a los partidos políticos, algo que dejaba atónitos a los ciudadanos, porque veían que los partidos conseguían unas condiciones por debajo del mercado. A partir de ahora estarán prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos para separar definitivamente, y de una vez por todas, el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, de los partidos políticos. Las donaciones superiores a 25 000 euros y las donaciones de bienes inmuebles se van a notificar al Tribunal de Cuentas. Todos los partidos políticos, reciban o no subvenciones, deberán presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas. Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos deberán inscribirse en el Registro de Partidos Políticos para poder acceder a la obtención de subvenciones. Hasta ahora, el Tribunal de Cuentas solamente fiscalizaba las donaciones, ahora va a fiscalizar el conjunto de sus ingresos, incluidos, por ejemplo, los convenios de colaboración o patrocinio que suscriban otras entidades. Las donaciones de las fundaciones a partidos políticos ya estaban prohibidas y también que realizaran actividades propias de partidos políticos, como captar votos. Pero sí es cierto que se ha reforzado su fiscalización, por lo que yo, de verdad, no entiendo la insistencia en poner límites a las posibilidades de financiación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, porque, insisto, van a quedar fiscalizadas perfectamente por el Tribunal de Cuentas.

Y muy importante, señorías, en la financiación de los partidos políticos: se sigue apostando por un modelo mixto, una financiación privada, que ahora se limita a los afiliados y a donaciones de ciudadanos, y una financiación pública que, lógicamente, se justifica por la importantísima función constitucional que se otorga a los partidos políticos; una financiación, señor presidente, señorías, que es un instrumento para desarrollar esas funciones con independencia y con autonomía; una financiación que debe responder coherentemente a nuestro sistema electoral, teniendo en cuenta no solamente los votos, sino también la realidad de las Cámaras, el número de escaños; y muy especialmente, señorías, una financiación austera y rigurosa. Sabemos que la financiación a partidos políticos se ha reducido en un 40 % en esta legislatura, que ha sido un gran ajuste y que el ajuste, desde luego, ha sido duro, pero, señorías, si hemos pedido esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos, lo lógico es que nosotros también seamos los primeros a la primera oportunidad y demos ejemplo. Y consolidamos el ajuste del 40 % en la ley para que nadie tenga en un futuro la ocurrencia de aumentarlo. Además, la financiación de nuestros partidos se va a unir a un parámetro mucho más justo que el del IPC o el PIB: a la variación anual del gasto total consolidado, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado; es decir, la variación de la financiación pública de los partidos se va a unir a la evolución del gasto social. ¿Por qué? Porque si queremos recuperar credibilidad tenemos que ajustar nuestra financiación a la realidad de la calle; es la única manera, señorías, de que los españoles se sientan identificados con nosotros: más ajustes. Por otra parte, disminuyen los gastos electorales, se reducen un 20 % los gastos y subvenciones del envío de propaganda electoral —el conocido mailing— de los partidos políticos por austeridad y ejemplaridad. Mejoramos la rendición de cuentas. En cada partido habrá un responsable de la gestión económico-financiera que comparecerá ante las Cortes Generales para dar explicaciones de cualquier infracción o irregularidad que en su función hubiera detectado el Tribunal de Cuentas. Se definen de forma muy estricta las infracciones y sanciones y —muy importante, señorías— se elevan los plazos de prescripción para que de cualquier incumplimiento por parte de un partido político se derive siempre alguna sanción o responsabilidad. Y —importante también— los procedimientos de contratación por parte de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.

Señorías, también se regula en esta ley el funcionamiento interno de los partidos. Así, deberán renovar sus cargos cada cuatro años como máximo. Sus estatutos recogerán el procedimiento de reclamación y defensa de los derechos de los afiliados, el régimen de infracciones, siempre con audiencia previa al interesado, con dos excepciones muy importantes: la suspensión temporal de afiliación de quienes estén incursos en un procedimiento penal por corrupción si se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral, que se convertirá en expulsión definitiva si recayese sentencia condenatoria. La corrupción, señorías, va a ser, de una vez por todas, incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político.

En cuanto a la vida y funcionamiento diario de los partidos, señorías, se crea un procedimiento judicial muy garantista de cancelación de la inscripción y extinción judicial de aquellos partidos que no quieran presentar sus cuentas o que no tengan ninguna actividad. No se lo van a creer, señorías, pero en el Registro de Partidos Políticos español hay más de 4000 partidos políticos inscritos. Me gustará ver cómo queda esa cifra una vez que esta ley entre en vigor y se empiece a aplicar. Finalmente, se mejoran sustancialmente los mecanismos de democracia directa y participación de los ciudadanos en el procedimiento legislativo a través de la modificación de la Ley de iniciativa legislativa popular, dando derecho, y por lo tanto voz, a los promotores de las iniciativas legislativas a que comparezcan en la comisión correspondiente del Congreso previo al debate de totalidad.

Señorías, el texto ha sido ampliamente enmendado en el Congreso y también lo será aquí. Esta ley significa y supone el compromiso del Gobierno y del Grupo Popular en firme con la transparencia, con la ejemplaridad, así como con la intransigencia ante cualquier muestra de indignad en la gestión pública o en la vida política.

Ahora me detendré un momento en los vetos presentados. Sinceramente, señorías, no entiendo —con todo el respeto— ni a Izquierda Unida ni a Iniciativa per Catalunya. Con la presentación del veto —al menos, así lo entiendo yo— ustedes se están oponiendo a que luchemos con determinación política contra la corrupción. Es decir, señorías, ¿la elevación de los plazos de prescripción para perseguir el delito de corrupción a ustedes les obliga a rechazar el proyecto? ¿La obligación para los partidos políticos de ser cada día más transparentes, sobre todo en materia de contratación, les obliga a ustedes a rechazar el proyecto? ¿Que se fiscalice debidamente a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, a ustedes les obliga a rechazar el proyecto? ¿Tienen algún problema en que se suspenda de militancia a un afiliado cuando está sometido a un juicio por corrupción? A mí me habría gustado mucho que hubieran participado en las reuniones de la ponencia y comisión de la semana pasada, porque estoy convencida de que con el intercambio de pareceres les habría podido llegar a entender. Asunto francamente difícil es este de entenderles, señorías, porque, además, del 60 % de las enmiendas que se aceptaron en el Congreso de los Diputados, alguna de las suyas fueron incorporadas a este texto y, por lo tanto, las estarían vetando ustedes ahora mismo; y, a pesar de todo, ustedes se oponen. Votando a favor del veto ustedes están dando por buena la situación de lucha contra la corrupción que había hasta ahora. Y yo se lo agradezco, porque esto significa respaldar las primeras medidas contra la corrupción que el Partido Popular adoptó nada más llegar al Gobierno en 2011. Nunca hubiera imaginado nada así de sus señorías. Pero déjenme que les diga una cosa: parece que ustedes se conforman con lo que hay. Nosotros no, señorías, nosotros no nos conformamos con lo que hay. Nosotros fuimos los impulsores de aquella medida y creemos que debemos reformar lo que ya funciona para que funcione todavía mejor. Y creo que nadie, nadie de quienes nos contemplan desde la calle entendería que las Cortes Generales dejaran de tomar medidas eficaces para luchar contra la corrupción por la falta de acuerdo en esta Cámara. Por eso, el Grupo Popular va a votar en contra de sus incomprensibles vetos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve.

Quiero dejar constancia de la posición de Unión del Pueblo Navarro respecto del proyecto de ley y de los vetos, que va a ser, por supuesto, de rechazo a los vetos y de apoyo al proyecto de ley. Sin embargo, esta tarde quisiera poner de manifiesto algunas consideraciones, y alguna de ellas con cierta crítica.

Nos parecen correctos tanto la intención como el contenido en su conjunto del proyecto de ley, pero, a nuestro juicio, llega tarde. A lo largo de esta legislatura, Unión del Pueblo Navarro ha intentado reformar o aportar o introducir el debate de varias cuestiones —no todas porque el proyecto es mucho más amplio que lo que UPN ha propuesto en varias ocasiones— relacionadas con las donaciones, con la financiación y con las condonaciones de deuda. Nos alegramos de que por fin se recojan la mayoría de las peticiones que Unión del Pueblo Navarro ha venido realizando. A nuestro juicio, ha venido tarde y ha sido un conjunto de parches que se han ido superponiendo a lo largo de esta legislatura. El señor Boya, en un debate similar que tuvimos en el 2012, decía que era un ejercicio de bricolaje porque en el 2007 se prohibió —creo que con gran acierto— el donante anónimo, y en el 2012, con la excusa de la reducción del 20 % de la cuantía de la financiación de los partidos, se acordó, debido a la presión social, limitar las donaciones de personas físicas y personas jurídicas, a nuestro juicio, de manera insuficiente. Siempre hemos defendido que las donaciones a los partidos políticos, tanto de personas físicas como jurídicas, eran unas puertas abiertas a la corrupción. Así se ha demostrado y nos parece que debiera suprimirse totalmente. Entiendo la defensa que se ha hecho esta tarde, diciendo que 50 000 euros de personas físicas es una aportación razonable, pero creemos que debiera desaparecer.

En otras ocasiones hemos tenido oportunidad de presentar enmiendas que no han tenido el apoyo, lamentablemente, de la mayoría de esta Cámara, como en el año 2012; una proposición de ley en el año 2013, solo con la intención de abrir el debate, pues era una ocasión de trabajar y buscar un consenso que tampoco tuvo mucho éxito;



y en el Congreso de los Diputados igualmente en el año 2013. Ahora vamos a intentar reproducir las peticiones con alguna enmienda, pero varias de ellas, como digo, ya se han visto recogidas en el proyecto de ley durante el trámite de enmiendas en el Congreso.

Nos parece fundamental que las condonaciones de deuda se hayan prohibido. Según tengo entendido, no figuraba así en el proyecto inicial, pero en el trámite del Congreso, vía enmiendas, se ha decidido prohibir. La mayoría de los partidos, sobre todo los grandes, han sido reticentes a la condonación de deuda y la condonación de deuda sería legal. Es absolutamente poco ético. Desde la transición se han condonado 340 millones de euros. Luego nos quejamos como ciudadanos y estamos preocupados por el resurgir de políticos, de grupos y partidos populistas, pero es que hay cosas que no se han hecho bien. Nunca es tarde si la dicha es buena, yo he criticado la tardanza, pero bienvenida sea. 340 millones de euros condonados por los bancos a los partidos políticos, a casi todos, a Unión del Pueblo Navarro desde luego que no. Pero por no herir sensibilidades no los voy a nombrar; cada uno de ustedes sabe a quién me refiero.

En las negociaciones de los préstamos por fin se establece una limitación concreta. Un partido político no puede obtener una ventaja para renegociar su deuda que esté por encima de la que tiene cualquier ciudadano. A nuestro juicio ese es otro escándalo que ya sobraba en nuestra consolidada democracia. Por fin se va a suprimir, y por eso Unión del Pueblo Navarro también está satisfecha y apoyará el proyecto de ley. ¿Saben cuánto podría suponer al año para un partido político negociar en condiciones ventajosas su deuda? Pues a algunos a lo mejor más de 18 millones de euros, que se dice pronto. Hay cierta hipocresía en la clase política. Luego criticamos a la banca y hablamos de los desahucios, pero yo creo que tenemos que mirar hacia dentro, es bueno que hagamos ese ejercicio. Ojalá lo hubiésemos hecho al inicio de la legislatura, ojalá. Se han tomado medidas y hay que seguirlas tomando para demostrar que lo que decimos y lo que hacemos van de la mano. Esa coherencia es lo que el ciudadano nos va a premiar porque, señorías, a estas alturas ya no sirven solo buenas palabras.

Nos parece que no se ha limitado suficientemente —y así se decía en la defensa de algún veto— el endeudamiento de los partidos políticos; ahí estamos de acuerdo. Algo más se podía haber hecho y se puede hacer. No limitar la cuantía de las donaciones en especie no es bueno. Por eso hemos presentado una enmienda que posteriormente habrá oportunidad de debatir y votar.

La forma en que se aborda una cuestión sobre el aforamiento podría haber tenido cabida en este debate de hoy. A nuestro juicio, el aforamiento debiera suprimirse porque es una excepción a la regla general y, repito, podía haber tenido cabida en este proyecto de ley. Los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo no son tribunales a los que corresponde investigar ni instruir delitos, sino solo resolver recursos y unificar doctrina. El aforamiento no es norma común en ningún país de nuestro entorno, ni en Portugal ni en Francia ni en Italia. Podría haber sido una oportunidad.

Respecto a las fundaciones, también hemos presentado una enmienda. Parece excesiva la prohibición de donaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos. Nos parece muy interesante una mayor regulación y unos mayores controles relacionados con el Tribunal de Cuentas, pero también habrá que darle una vuelta a la función de este tribunal, a su modo de funcionar y trabajar. No puede continuar la demora y el decalage de los informes que nos presenta, que pierden actualidad porque se remiten a años muy anteriores.

En definitiva, señorías, cualquier ocasión para luchar contra la corrupción es necesaria y oportuna. Por tanto, reitero nuestra posición favorable al proyecto de ley, que nos parece interesante en conjunto. Podía haberse mejorado, pero es evidente que todos tenemos nuestras propias percepciones. No apoyaremos ninguno de los vetos, pero, como digo, sí apoyaremos el proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Me veo obligado a bajar a este estrado, aunque no tenía pensado hacerlo, ante la interpelación tan directa que se ha realizado a quienes hemos formulado los vetos.

Ustedes se conforman con este proyecto de ley. Quienes hemos formulado los vetos no nos conformamos con este proyecto de ley. Por lo tanto, no nos pidan que apoyemos algo con lo que no nos conformamos. Siéntanse ustedes satisfechos con apoyar aquello que consideran suficiente.

La preocupación ciudadana ha caído en torno a la corrupción, pero sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, junto con los partidos políticos, porque, desgraciadamente, además, establecen una vinculación directa entre ambos fenómenos, y la preocupación ciudadana —el CIS la mide mes a mes— también depende del momento punta en el que nos encontremos; si coincide en marcha la operación Pokemon, la operación Púnica, el enjuiciamiento de la infanta, es normal que haya una mayor preocupación ciudadana que si estamos en un momento valle esperando que venga la siguiente tanda de operaciones policiales en torno a la corrupción.

De los elementos positivos que ha barajado la señora portavoz del Grupo Popular, todos ellos son motivo de enmienda por parte de nuestro grupo, de los senadores Mariscal y yo mismo. Uno muy claro es el de las aportaciones de las personas jurídicas a las fundaciones; es fruto de la experiencia: cuando hablamos de corrupción, tenemos que recordar que alguno de esos escándalos que andan por ahí rodando lo que expresan es que alguna fundación pagaba alguna campaña electoral, y la pagaba porque había empresas donantes a esa fundación que la proveían de los fondos para pagar esa campaña electoral. En consecuencia, ese es un resquicio muy amplio para seguir manteniendo prácticas corruptas.

La portavoz del Grupo Popular se felicitaba de que en el proyecto se prevea la posibilidad de suspensión de militancia al imputado, con una coletilla: cuando se produzca la apertura del juicio oral. Quizá recuerden que una de las enmiendas que formulábamos nosotros en el debate del proyecto anterior precisamente era que el hecho de ser imputado privara de la condición de honorabilidad imprescindible para ser alto cargo público, y se nos rechazó esa enmienda. En este momento en el que todas las fuerzas políticas estamos elaborando las listas electorales, es noticia que en algunas listas electorales va a haber imputados porque así se ha decidido. En consecuencia, nosotros creemos que esa coletilla que se coloca de posibilidad de suspensión de militancia del imputado cuando se produzca el auto de apertura del juicio oral es innecesaria, y que la mera imputación en algunos casos puede ser injusta, pero por la realidad social que vivimos, por la preocupación social, por la necesidad de dar respuestas urgentes y contundentes a esta sociedad cada vez más desafecta y alejada de la política, creo que cuando planteamos esto hasta se puede correr el riesgo de ser injusto con los propios compañeros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para fijar el voto. Nos abstendremos en los vetos y más tarde votaremos favorablemente el proyecto de ley. Fijaremos nuestra posición tanto en el turno de defensa de las enmiendas como en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señora Vindel, yo tenía un problema al presentar este veto: no caer en la moralina y no buscar la bronca. Usted tenía un reto: ser prudente, porque usted es del PP de Madrid. No quiero decir que abandone su criterio, digamos, sus valoraciones, pero sea prudente y no nos emplace.

Porque ¿cuál es esfuerzo que ha hecho mi partido? Pues no pisar un juzgado durante treinta y ocho años y en el caso concreto de este proyecto de ley, presentar toda una serie de enmiendas que consideramos que lo mejoran sustancialmente. Valoramos que los contenidos de este proyecto —y se lo he reconocido en la presentación del veto— pueden mejorar en algunos aspectos, pero creemos que son del todo insuficientes para abordar el gran problema de la corrupción. Ya se lo he dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el diagnóstico. Para nosotros no son pocos casos, son muchos. Es una pandemia; estamos frente a una pandemia; hagan estadísticas y verán que se trata de una pandemia. En segundo lugar no estamos de acuerdo con las actitudes, y en tercer lugar consideramos del todo insuficiente este proyecto de ley.

Señora Vindel, no confíe todo a las leyes. Hace más de 2500 años tuvimos una ley superior cuyo artículo séptimo dice no robarás y el décimo, no codiciarás los bienes del prójimo. Parecía que fuera suficiente con estos dos artículos, pero no. Así pues, no confíe todo a las leyes, confíe sobre todo en la necesidad de actitudes más firmes, más contundentes, de mayor responsabilidad frente a lo que ha pasado para evitar que pueda seguir ocurriendo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para fijar nuestra posición, pero antes tengo una curiosidad, senadora Vindel: ¿Cómo es que este criterio de la apertura de imputación y apertura de juicio oral por corrupción les sirve a ustedes para excluir a los militantes de los partidos políticos y no, como hemos visto antes, para que se produzca el cese o el no nombramiento de un alto cargo en la Administración? ¿Me puede explicar por qué esta doble vara de medir? Me sirve de ejemplo para explicar el diferente posicionamiento de los senadores socialistas de Entesa respecto de los dos proyectos de ley. Con este ejemplo se evidencia claramente que el proyecto de ley anterior era claramente insuficiente, mientras que en este afortunadamente ha subido el nivel de autoexigencia, el nivel de acuerdos con el resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Por tanto, mi grupo parlamentario se abstendrá respecto de los vetos y al final también respecto del proyecto de ley. Aun así continúa siendo claramente insuficiente, como hemos explicado y también sobradamente los portavoces socialistas en la tramitación del anterior proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

En la diagnosis nos ponemos todos de acuerdo: los ciudadanos están cada vez más cansados de la corrupción, cada vez hay más hastío, cada vez hay más desafección. Esto sirve para todos en todas partes, más allá de cuáles sean los proyectos políticos.

Se ha puesto de manifiesto que el sistema no es lo suficientemente ágil para prevenir, detectar y sancionar casos de corrupción, malversaciones de fondos públicos y tantas otras irregularidades que a diario y por desgracia encabezan los noticiarios y otros medios de comunicación.

Ante esto pensamos que ciertamente es necesaria una revisión a fondo, una revisión desde la humildad, desde el juego limpio, señorías, y desde el interés general por encima de la conveniencia partidista y sobre todo sin demagogia ni pretendidas superioridades morales.

Esto, señorías, que es de sentido común y que sin duda todos compartimos, no se consigue con este plan del Gobierno y, aunque en este caso es mejor hacer algo que no hacer nada, nos tememos que la contaminación mediática y el clima preelectoral pueden tentar, o como mínimo puede parecerlo, a dar respuesta de una forma paliativa planteada desde la defensa más que de forma preventiva, revisando el sistema a fondo y analizando bien las amenazas y las oportunidades que tenemos.

A nuestro entender hace falta más debate, señorías, y hace falta ser valientes. La mayoría de los partidos hemos tenido y tenemos casos encima de la mesa. Hemos de ser capaces, señorías, de convivir y de revisar nuestras miserias, pero también hemos de ser capaces de ser valientes; ser valientes, en primer lugar, por los ciudadanos, pero también —y no quiero dejar de hacerlo desde esta tribuna— por la gran mayoría de algo que les gusta a ustedes utilizar mucho en Cataluña, por esas mayorías silenciosas, por la gran mayoría silenciosa de políticos, de mujeres y hombres honrados con vocación de servicio público.

En su propuesta —y me centraré en el proyecto— lo primero que contrasta es que, por un lado, nos esforcemos en defender el papel de los partidos políticos como plataforma de la defensa de las ideas, como garantía de la democracia y, por otro, paralelamente parece que les cuestionamos per se, o pongamos en tela de juicio permanente a los partidos y a los políticos, contribuyendo a crear más desconfianza sobre el funcionamiento de forma generalizada. Si bien se pretende dar respuesta en la medida de lo posible a la corrupción —porque a nadie se le escapa, es cierto, que la honradez, la honestidad, la humildad y la vocación de servicio público son valores que podemos convenir colectivamente—, al final cada uno decide de forma personal si va a incorporar esos valores a su proyecto vital, político y personal. En este sentido, todos debemos hacer un esfuerzo para darnos un marco, donde aquellos que no apuesten por ello sean privados por la colectividad. La pregunta es si estamos dispuestos a una revisión, sin desconfianza, sin partidismo, si sabremos mirarnos al espejo, señorías.

Les he avanzado que el debate sobre financiación, organización y fiscalización de partidos políticos es necesario —sí lo es—, pero también he puesto sobre la mesa la dificultad de hacerlo a fondo en estos momentos de clima preelectoral.

En cuanto a la financiación de los partidos, es innegable, lo queramos o no, reaccionemos o no que estamos ante un escenario de cambio de paradigma. Insistimos en que hace falta un debate más profundo sobre cómo deben financiarse los partidos políticos. Tenemos una sociedad del siglo XXI más informada y distintamente informada, que además dispone y quiere disponer de nuevos medios de participación. Debemos hablar de suficiencia, estabilidad y transparencia en la financiación de los partidos políticos; debemos asegurar esa suficiencia presupuestaria para que puedan funcionar como lo que son: instrumentos básicos de nuestro sistema democrático.

Como saben ustedes —y así lo ha manifestado CiU—, siempre hemos defendido ese modelo mixto que combina recursos públicos y privados. Por supuesto ya funciona en otras democracias europeas como Reino Unido, Alemania, Holanda y Austria, no lo hemos inventado nosotros. Los partidos políticos, como esa parte sustancial del sistema democrático, deben tener una financiación pública que garantice su funcionamiento. Como ya se ha remarcado, durante estos últimos tiempos hemos asistido a un adelgazamiento del 40 % en esta financiación, pero el gasto consolidado del Estado en este mismo período ha crecido. Nosotros pedimos una financiación suficiente, y eso no va reñido con una exigencia y un esfuerzo en la revisión de las estructuras tradicionales de los partidos para modernizarlas y optimizarlas.

Pensamos que no hay proporcionalidad en la aplicación de austeridad. Señorías, la democracia tiene un precio, y consideramos que estas medidas de adelgazamiento pueden responder más a una pretendida que no a una efectiva ejemplaridad de cara al escaparate. Ya les digo que ponemos en cuestión que sea efectiva tanto para el funcionamiento de los partidos como para transmitir esa ejemplaridad, que para nosotros tiene que pasar más por reforzar el proceso democrático, la transparencia y la participación. La participación privada se limita prohibiendo donaciones de personas jurídicas; a través de la reforma fiscal se reducen los incentivos fiscales a las aportaciones de las personas físicas. Ante esto y ante la reclamación de más participación de los ciudadanos, deberíamos implementar la manera de que estos puedan decidir e incidir también con recursos y aportaciones en las decisiones políticas.

Proponemos —y algunas de nuestras enmiendas así lo recogen— una participación activa de los ciudadanos mediante aportaciones a proyectos e ideas concretos; un sistema de micro-mecenazgo o algún tipo de sistema parecido que haga que no nos quedemos en estructuras estancas, que se nos tenga que coger o rechazar de forma absoluta, y que seamos abiertos a las inquietudes de la gente. En este sentido, señorías, ya les he dicho que hemos presentado algunas enmiendas.

En cuanto a la transparencia y control, valoramos la mayor información que aporta el proyecto en cuanto a ingresos y gastos de los partidos políticos. Cierto es que se refuerza el Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de control, pero también es verdad, señorías, que queda pendiente nada menos que la reforma que debe definir su composición, el mecanismo de designación de sus miembros y, al final, qué queremos que sea el Tribunal de Cuentas y cómo queremos que responda para que realmente sea efectivo. Sin ello, las medidas que se proponen van a estar vacías de efectividad real. La incorporación de la figura del responsable económico-financiero también es una buena medida de control. Se apuesta por un conocimiento claro de las relaciones de los partidos políticos con las entidades financieras, por la obligación de facilitar información relativa a las operaciones realizadas y la prohibición de condonaciones de deudas y créditos. Asimismo existe un intento en la racionalización de las obligaciones de los partidos mediante el establecimiento del régimen de infracciones y sanciones. Saben que nosotros pedimos ya en el Congreso una modulación —y aquí insistimos a través de las enmiendas— que entendemos más justa. Hemos mejorado el conjunto de medidas mínimas a recoger en los estatutos y creemos muy relevante el hecho de que, frente a la corrupción, exista un contenido mínimo en los estatutos por lo que se refiere a los procesos de suspensión de militancia —como la senadora Vindel ha señalado— de los afiliados incursos en una causa penal o, en su caso, la expulsión si hay sentencia condenatoria. Las garantías sobre protección de datos y privacidad de personas físicas que fueron atendidas en el trámite del Congreso también creemos que son importantes.

En fin, hemos intentado señalar blancos y negros de este proyecto. Faltaría a la verdad si dijera que no hemos encontrado una buena predisposición a la negociación durante su tramitación.

Pensamos que hablar al tiempo de regeneración democrática y no tener en cuenta la participación de todos se contradice en sí mismo. Aunque ya le digo que somos críticos con el plan de regeneración del Gobierno en su totalidad y hemos hecho algunas críticas puntuales en los otros proyectos, como he comentado anteriormente, es mejor hacer algo que nada, por lo que votaremos a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar diciendo que nuestro voto a los vetos propuestos será de abstención, la misma posición que mantendremos respecto del proyecto de ley que estamos tratando.

Mi grupo cree que, de los distintos proyectos de ley que responden a la apuesta por la regeneración democrática y lucha contra la corrupción, en este Proyecto de Ley sobre organización, funcionamiento y financiación de los partidos políticos y de control del Tribunal de Cuentas es donde ha habido más negociación y, desde nuestro punto de vista, donde se ha avanzado más, incorporando o transando un conjunto de enmiendas en el Congreso, que significan una mejora respecto de la situación actual y respecto del proyecto inicialmente presentado, todo ello sin perjuicio de que nos vayamos a abstener y creamos que el proyecto es insuficiente respecto de lo que en estos momentos demanda la ciudadanía.

Como he dicho en el debate del proyecto anterior, unos temas tan transversales como son la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática desde nuestro punto de vista necesitan un foro específico desde donde poder encarar su transversalidad y amplitud y buscar el consenso, sin tratarse de forma cerrada y fraccionada, sino con una visión de conjunto. Esto es lo que ha hecho que tanto a este proyecto de ley como al anterior hayamos presentado toda una serie de enmiendas que no son específicas del contenido de estos proyectos, pero que sí están relacionadas con el tema de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción.

Señalaré en relación con el proyecto de ley que nos ocupa, como he dicho, que se han producido avances que valoramos, pero estamos convencidos de que era una ocasión para haber ido más allá en materia de corrupción, como, por ejemplo, para que se pongan más límites al fraccionamiento de contratos del sector público y restringir los adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, para que los casos de corrupción, cuando participan altos cargos y representantes políticos, se atribuyan al conocimiento de la Audiencia Nacional, o para que se realicen reformas procesales que permitan que sean más rápidamente enjuiciados para determinar cuanto antes las responsabilidades y no se eternicen, dificultando a menudo la recuperación del dinero sustraído, entre otros temas.

También diré en cuanto a la organización y funcionamiento de los partidos que se han transado enmiendas que permitirán más calidad democrática, pero sin duda en materia de participación, de apertura o de democracia interna será necesario efectuar mayores profundizaciones si queremos dar respuestas efectivas a las demandas de la gente en estos momentos. Al igual que es imprescindible auditar más las cuentas de los partidos y controlar su financiación, también lo será auditar su calidad democrática, hecho que sin duda redundará a su vez en dificultar las actuaciones irregulares, pero sobre todo porque la mejora democrática de su funcionamiento significa que estos, en su función de ocupar el lugar del ciudadano, llenen más favorablemente de sentido y de contenido a la participación.

Asumiendo que, dada la complejidad de los grupos sociales, la democracia debe ser representativa, es imprescindible reforzar la participación en los partidos yendo a fórmulas obligatorias de mayor participación interna, de abrir puertas a la participación externa subrayando la importancia de desbloquear las listas y de un exquisito respeto desde los partidos a la función de cada una de las instituciones democráticas, sin que se pueda pensar ni por un momento que estas están secuestradas y, por tanto, con un esfuerzo para que el legislativo y el ejecutivo funcionen separados, o para que el judicial sea elegido de forma que se favorezca claramente su independencia, o para profundizar en una mayor calidad de la representación de los ciudadanos, de los representantes políticos, entre otros muchos temas.

Sin duda, el que la Constitución señale que los partidos son fundamentales para la participación política, para la formación y la manifestación de la voluntad popular y que su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos nos obligará a seguir profundizando en muchos temas, con el fin de que los partidos —célula base de nuestro sistema democrático— gocen de la mejor democracia, puesto que si es así, estaremos mejorando todo el sistema.

Por todo ello, aún nos falta mucho por caminar y, a pesar de que con esta norma avanzamos, creemos que no lo hacemos lo suficiente por lo esgrimido, con las enmiendas planteadas, y por otras cuestiones citadas que seguramente para plantearse necesitaban de un marco más amplio de debate y de consenso que no ha podido ser. Pero tampoco podemos votar a favor de los presentes vetos porque, a pesar de todo, durante su paso por el Congreso, con la ayuda de los grupos parlamentarios, este proyecto ha mejorado, como he dicho, respecto del proyecto inicial. Así, ahora, con el presente proyecto se prohíbe la financiación de los partidos por personas jurídicas y se limitan las cuantías de las donaciones hechas por personas físicas, haciendo obligatoria la identidad del donante y la comunicación al Tribunal de Cuentas cuando la donación supere 25 000 euros. Se aumentan las capacidades de control del propio Tribunal de Cuentas sobre la actividad económica y financiera de los partidos, y estos son sometidos a nuevos criterios de contabilidad y auditoría. Se establece la responsabilidad directa de los gerentes o administradores, se impone un más severo régimen de sanciones en general y en cuanto a gastos electorales y se incorpora una cláusula de estabilidad para la financiación pública de los partidos con cargo a los presupuestos generales del Estado.

También hay mejoras respecto de la organización y funcionamiento de los partidos pues se imponen períodos máximos para la reunión de su congreso y para la elección de sus dirigentes. Se reconocen derechos concretos a los afiliados, como son el de participar mediante voto universal y secreto en las elecciones internas, o el de recurrir mediante procedimiento contradictorio contra las decisiones de los órganos de dirección y contra las sanciones disciplinarias. Y se imponen respuestas automáticas, esto es, la suspensión de la afiliación de los afiliados implicados a título de acusados en procesos penales por corrupción y la expulsión del partido de quienes sean condenados por delitos de corrupción. Además de lo anterior, se ha modificado también, y creemos que positivamente, el régimen de la iniciativa legislativa popular.

Por todo lo anterior, nuestro voto será de abstención a los vetos y de abstención también al presente proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ya en el turno final de los vetos presentados creo que se impone en primer lugar felicitar al senador Guillot porque nos ha dicho que su partido en treinta y ocho años no ha tenido que pisar un juzgado. Enhorabuena, señoría. Pisar un juzgado y por motivos de corrupción es cualquier cosa, menos agradable. Por lo tanto, yo le felicito y espero y deseo que no tenga que pisarlo en mucho tiempo.

Senadora Salanueva, lástima que no esté presente. Primero quiero agradecerle que dé su respaldo al proyecto. Ha comentado que el proyecto llega tarde. Sí, es probable que llegue tarde. Es más, hay gente que opina, señorías, que esta es una asignatura pendiente de la democracia y quizá no les falte razón.

Senador Iglesias, ha sido una pena que su señoría no estuviera en ponencia ni en comisión, porque me hubiera dado oportunidad de decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con su señoría en cuanto al razonamiento de que introduzcamos un concepto clara y manifiestamente injusto en una ley, aunque fastidiemos a un compañero de partido. Por eso somos partidarios de que se le suspenda de militancia cuando haya un auto de apertura de juicio oral, porque es cuando, efectivamente, hay ya una acusación en firme, como sabe muy bien su señoría.

El senador Guillot me decía que fuera prudente porque yo soy de Madrid. Senador Guillot, no tengo nada que esconder, ni miedo ni nada que esconder. Y le digo una cosa, como les dije ayer: estoy muy orgullosa de ser del Partido Popular de Madrid, representar al Partido Popular en esta Cámara es todo un honor, con lo cual yo no tengo ningún problema. (Aplausos).

Dice usted, como otros cuantos intervinientes, que el proyecto es insuficiente y por eso presentan un veto. Es una forma original de oponerse a un proyecto de ley, porque, señorías, cuando uno es manifiestamente contrario al proyecto, efectivamente se presenta y se registra un veto. Pero, señorías, si el proyecto es insuficiente pero en el fondo hay cosas que les parecen bien, yo les hubiera animado a que hubieran presentado muchas más enmiendas, que es como yo creo que se mejoran los textos.

Y nos dicen que no confiemos en las leyes. Pero, señorías, si es nuestro trabajo. Podemos confiar en muchas otras cosas también, pero lo que a nosotros nos atañe es debatir y aprobar leyes. Y luego seguramente habrá muchas cosas más.

El senador Martí me preguntaba por qué había esa doble vara de medir en cuanto a la suspensión de militancia entre afiliados y cargos políticos. No es incoherencia, senador Martí, es que esta ley lo que modifica es la Ley Orgánica de partidos políticos y, por lo tanto, trata de los afiliados, no puede ir más allá. Los altos cargos pertenecen a la Administración y se rigen por otros criterios totalmente aparte.

Señorías, la corrupción ha creado un clima irrespirable en nuestro país, porque ha sembrado una desconfianza generalizada. Cómo no van a irritar, inquietar y escandalizar los casos de corrupción que involucran fundamentalmente a cargos públicos, si cualquiera de estos hechos se percibe por la opinión pública como un insulto hacia quienes hacen números para llegar a final de mes. Cualquier corrupción yo creo que es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y, desde luego, desacredita a España.

Los ciudadanos saben que no existe una ley que por sí misma pueda impedir casos de corrupción y comportamientos inaceptables, pero nos exigen —y creo que con razón— que establezcamos medios más eficaces para la prevención y, sobre todo, la detección de estos hechos.

Ayer, tramitando el Código Penal, les decía que los ciudadanos lo que quieren es que se identifique a los corruptos, que se les ponga ante los tribunales, que se les aparte de la administración y, por supuesto, que devuelvan lo robado. Los ciudadanos esperan eso de nosotros y nosotros lo vamos a plasmar a través de distintas leyes. No necesitamos partir de cero en este asunto porque sinceramente hoy es más difícil corromperse que antes de que nos confiaran el Gobierno, porque, como dije en mi intervención anterior, desde hace más de dos años se han tomado muchas medidas. Pero también les digo que la corrupción ya nos estaba esperando cuando llegamos al Gobierno, como le ocurrió al Gobierno anterior y a cuantos le precedieron.

Lo que ahora se pretende son dos cosas muy claras, señorías: una, que la lucha contra la corrupción desaparezca de la lista de prioridades de cualquier Gobierno futuro, y dos, que la corrupción desaparezca consecuentemente de la lista de preocupaciones de los españoles. De lo que se trata es de que la corrupción no se produzca porque hayamos sido capaces de suprimir sus oportunidades.

En cuanto a la postura del resto de los grupos, quiero dar las gracias a UPN, también al Grupo Parlamentario Vasco y al Grupo de Convergència i Unió porque entendieron desde el primer momento cuál era la situación, cuál era el objetivo y cuál era el fin de este conjunto de medidas que se están traduciendo en la aprobación de sucesivas leyes.

A los senadores Iglesias y Guillot, francamente no sé qué decirles, no sé si es que se han leído otra ley, o que no se han dado cuenta del clamor que hay en la calle contra los corruptos y de la necesidad de una pronta actuación. Y no logro comprender por qué no quieren que haya más controles, más trasparencia, y por qué no quieren evitar que abusos que hemos conocido tengan ni siquiera la remota posibilidad de volver a repetirse.

Y he dejado para el final a los grupos que se abstienen, señorías. Estos ya no es que no quieran que se vaya más allá en la persecución e intento de finalización de la corrupción, no, es que se permiten el lujo de tachar las medidas como de mero compromiso, como dijeron en comisión, cuando saben y les consta, señorías, que son todo menos eso. Ustedes sabrán, senador Antich, señorías, por qué prefieren buscar excusas de mal pagador que no se sostienen a la hora de intentar explicar su abstención y por qué presentan, desde mi punto de vista, un discurso tan vacío.

Íbamos en serio cuando presentamos la importantísima Ley de trasparencia que ustedes, para variar, se quedaron sin criterio y consiguientemente se abstuvieron de forma vergonzante a mi modo de ver. Y seguimos yendo en serio ahora. Señor presidente, señorías, nos llevaban pidiendo este debate de regeneración tanto tiempo que, por un momento, pensamos que de verdad a ustedes les interesaba, y resulta que de nuevo han vuelto a perder la oportunidad, causando una nueva decepción. Allá ustedes.

Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado pide perdón por la corrupción, por no haberla visto pasar, y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado pide perdón también por los corruptos, por no haberlos descubierto a tiempo. Jefferson decía que le gustaban más los sueños del futuro que la historia del pasado. A nosotros nos pasa igual, y por eso presentamos y defendemos este proyecto porque tenemos, señorías, el deber de ser ejemplares, que es exactamente lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto. Ha habido votación telemática del senador Marín Torrecillas, y el sentido de su voto es en contra de las propuestas de veto, que se sumará al resultado de la votación que hagamos en el hemiciclo.

Votamos la propuesta número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 211 más 1 voto telemático, 212; votos emitidos, 211 más 1 voto telemático, 212; a favor, 4; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2 de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 210 más 1 voto telemático, 211; votos emitidos, 210 más 1 voto telemático, 211; a favor, 4; en contra, 136 más 1 voto telemático, 137; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por tanto, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas 40 a 43 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Eza, Yangüas y Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, también han presentado las enmiendas 1 a 4 y 7.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yangüas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas también.

El señor PRESIDENTE: Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 9 a 39.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lo siento. Me comprometo a defender las enmiendas en cinco minutos.

Primer bloque a la Ley de financiación de partidos. Enmendamos para que las subvenciones sean en función de los votos y no de los escaños. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Presentamos otra enmienda para que a la hora de percibir las subvenciones se cumpla el requisito de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, cuando se tenga concedido un aplazamiento de la deuda pendiente.

Enmendamos para excluir las donaciones de personas físicas a las fundaciones y enmendamos para introducir la prohibición de donaciones de bienes inmuebles. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría. Señorías, guarden silencio.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Enmendamos el artículo 5 poniendo un límite a las donaciones de las personas de 100 000 euros en tres años, y para que la comunicación al Tribunal de Cuentas de las donaciones sea en vez de a partir de los 25 000 euros previstos en el proyecto a partir de 5000.

Reducimos los plazos de prescripción de las infracciones graves o muy graves. Suprimimos los párrafos 4, 5 y 7 de la disposición adicional séptima, en coherencia con las enmiendas que plantean que tengan el mismo tratamiento partidos y fundaciones. Y, finalmente, mediante un nuevo apartado, introducimos en este bloque mecanismos de control interno de las finanzas de los partidos a través de la creación de una comisión de auditoría de cuentas y de una comisión de control de gastos electorales.

Segundo bloque, a la Ley de partidos. Enmendamos para precisar de forma más amplia lo que debe ser el contenido de los estatutos, respetando la capacidad autoorganizativa en todo caso. Enmendamos para que los estatutos y las modificaciones que se puedan producir se publiquen en el Boletín Oficial del Estado para garantizar la máxima transparencia. Igualmente, enmendamos para que la inscripción de un partido se publique en los diarios oficiales y en la web de la Junta Electoral Central. También enmendamos para introducir una comisión de ética y garantía que tenga como finalidad velar por la legalidad interna y los derechos de los afiliados y que se reconozca expresamente la posibilidad de recurso ante la jurisdicción ordinaria cuando haya vulneración, aunque implícitamente ya está reconocida en los textos legales. Enmendamos para que haya la máxima transparencia a través de sitios web donde las fuerzas políticas publiciten ingresos, gastos, auditorías externas, inventario de bienes y relación de bienes de sus dirigentes y cargos públicos. Y, en la última enmienda en este bloque, enmendamos para establecer derechos y deberes de los partidos, entre ellos el de que se configuren los programas como contrato con los ciudadanos y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas cuyo incumplimiento pueda llevar responsabilidades políticas.

Tercer y último bloque: modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas. Creemos que los reglamentos que elabore el pleno del Tribunal de Cuentas deben ser también autorizados por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Creemos que el fiscal debe de ser miembro del pleno. Como competencia del pleno, introducimos la de velar por la transparencia en la actividad económica financiera del sector público. Mediante cuatro enmiendas a la organización del Tribunal de Cuentas planteamos que el presidente sea elegido por un único mandato de tres años y que el de los consejeros sea también un mandato único por seis años, no por nueve, como está previsto, cesando automáticamente cuando transcurran esos seis años. Los presidentes de las secciones de fiscalización y enjuiciamiento también serán elegidos por un período único de tres años.

Presentamos una enmienda para que diputados, senadores y parlamentarios europeos y autonómicos no puedan ser, en cinco años, miembros del Tribunal de Cuentas. Lo mismo para que ministros y consejeros autonómicos tengan un período de espera de cinco años. Endurecemos las incompatibilidades de los funcionarios del Tribunal de Cuentas mediante otra enmienda, estableciendo el acceso por oposición, sin perjuicio de que los consejeros puedan nombrar libremente personal eventual para funciones de asesoramiento.

Creamos también varias nuevas disposiciones, una transitoria para que progresivamente se proceda a la funcionarización del personal laboral del Tribunal de Cuentas y una nueva disposición adicional para que se constituya una Comisión Mixta Estado-comunidades autónomas-fuerzas políticas para elaborar un informe del que se deriven recomendaciones para la racionalización de los gastos de campañas electorales y que se establezcan sus límites máximos. Asimismo, mediante una nueva disposición adicional, planteamos que el Gobierno cree, en el plazo de seis meses, un registro público dependiente del Tribunal de Cuentas que recoja información relativa a los créditos concedidos por los bancos a los partidos; la entidad, la cuantía y las operaciones de condenación de deuda y de intereses que se hayan podido producir con anterioridad.

Finalmente, formulamos una nueva disposición final para que el Gobierno presente en el plazo de seis meses un proyecto de ley que reforme la Ley Orgánica de régimen electoral para buscar una mayor proporcionalidad en la atribución de la representación.

Muchísimas gracias. Cumplí con mi compromiso.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Vasco en el Senado. Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías. En primer lugar, quisiera plantear en la Cámara que con este proyecto, tanto en el Congreso como aquí en el Senado, hemos sentido que ha habido un debate, una holgura y una actitud, al menos, con nosotros, como miembros de la oposición, para intentar llegar a un acuerdo que nosotros entendemos que hemos conseguido en prácticamente un 80 % de las demandas que teníamos. Y eso tengo que agradecerlo, pero a su vez también tengo que utilizarlo como ejemplo de cara a otras situaciones. En esta legislatura hemos vivido muchos proyectos de ley en los que no se ha posibilitado un debate mínimamente sereno. Entendemos que aquí lo hemos conseguido. Probablemente, no hayamos conseguido un texto perfecto, el que todos hubiéramos deseado, pero es evidente que sí se ha conseguido avanzar respecto de lo que teníamos.

Empiezo ya con las enmiendas. Hemos presentado 26 enmiendas, de las cuales 19 son nuevas, en el Senado, además de las que se nos aceptaron en el Congreso. Y el primer tema que quisiera plantear, tal como decía, es el de la financiación. Estamos planteando si pretendemos un modelo mixto o un modelo público; en qué tipo de modelo queremos movernos. Es evidente que lo primero que tenemos que hacer es debatir. Porque aquí se ha subrayado muchas veces y creo que hasta se ha aplaudido —cosa que a mí me preocupa—



que haya habido un recorte para los partidos políticos de un 40 % de la financiación pública. Además de recortar un 40 % la financiación pública, en este proyecto de ley se eliminan las donaciones por personas de ámbito jurídico, con lo cual, verdaderamente tenemos un problema. La cuestión es cuánto cuesta el sistema de partidos. Esa es la verdadera reflexión que deberíamos hacer. Cuánto cuesta el sistema del que nos hemos dotado. Cuánto cuesta esta democracia y a qué estamos dispuestos. Porque la siguiente pregunta que me hago es: ¿Si nosotros dijéramos que en dos años vamos a recortar el 40 % de la financiación pública, sería posible gestionar esta institución, o el Congreso de los Diputados, o cualquier institución con un decremento así? Evidentemente, sería muy complicado y, evidentemente, la democracia sufriría. Por eso, nosotros introducimos la enmienda 93, entendiendo que en tanto en cuanto no debatamos o no promovamos un debate en profundidad sobre la financiación, tenemos que posibilitar las donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.

Otra cuestión —y en ese sentido hay muchísimas experiencias— es aquel que utilice unas donaciones públicas para beneficiarse de un tipo de decisiones, contratos, etcétera; a ese, mano dura, evidentemente. Pero que haya voluntades para realizar una serie de donaciones, no es malo. Es bueno. La cuestión es que se comunique como algo bueno y sea algo transparente, pero que se vea como algo positivo que alguien quiera donar una cantidad de dinero a lo que es básico, a lo que es primordial en una democracia. Porque continuamente estamos estableciendo aquí que cualquier donación de cualquier persona jurídica es algo oscuro, algo sucio. Y no. La donación no es la oscura; la donación no es la sucia; lo sucio es un contrato amañado. Lo sucio es lo que puede ser un delito de cohecho. Lo sucio es ese tipo de comportamientos contrarios a ley. Eso es lo sucio. Tenemos dos o tres enmiendas en este mismo sentido.

La enmienda 89 trataría de posibilitar, además de las de los afiliados, las cuotas y aportaciones de personas que creo que tenemos todos los partidos políticos, lo que podríamos calificar como simpatizantes, cargos públicos o cargos electos, que sin ser miembros de nuestros partidos, tienen la voluntad o, al menos, el compromiso de realizar una serie de aportaciones.

En ese sentido, tengo que anunciar que hemos llegado a una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular; acuerdo con el que hemos posibilitado que aquellos cargos públicos que de manera fehaciente suscriban un acuerdo con el partido puedan —no deban, sino puedan— realizar una serie de aportaciones.

La enmienda 92 es de modificación. En la letra i) del apartado dos del artículo 4 se establece que no tendrán la consideración de donaciones las entregas de efectivo, bienes muebles o inmuebles realizadas por partidos políticos pertenecientes a una misma unión, federación o confederación —y aquí nosotros añadimos coalición—, ya sean entre sí o a aquellas. Nosotros y otros grupos políticos tenemos realidades diferentes. En ese sentido, anuncio que también se ha alcanzado una transaccional, de forma que nuestra propuesta de que sea una coalición se traduce en que será una coalición permanente, y así constará definitivamente en el Diario de Sesiones y en el proyecto de ley que estamos debatiendo.

Ya les he comentado que la enmienda 93 es igual a la número 94 y establece la posibilidad de que sean personas jurídicas.

Hemos presentado varias enmiendas en relación con el Tribunal de Cuentas. Me gustaría lanzar un mensaje positivo con respecto al Tribunal de Cuentas, que tan mala fama tiene. En ese sentido, igual que otros senadores, formo parte de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y puedo decir que en este momento ya no son tantos los años de retraso o de decalage con los que realiza su gestión; es más, incluso la citada comisión mixta muchas veces va por detrás de los informes aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Por eso, creo que va mejorando, independientemente de que haya que tomar una serie de decisiones de índole legislativa y normativa para que el Tribunal de Cuentas pueda ir controlando los años más recientes. Cuanto mayor sea la actualidad, mejor serán su gestión y sus decisiones y todas las regulaciones que realicemos serán mucho más acordes a los tiempos que vivimos. Hemos formulado una enmienda porque entendemos que la función que se le da en el artículo 16.3 no se corresponde con la función del Tribunal de Cuentas. En nuestra opinión, el Tribunal de Cuentas no puede evaluar la eficiencia en la gestión, sino que está para otro tipo de menesteres. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señora presidenta.

Otro tema que nos preocupa mucho tiene que ver con las enmiendas 103, 104 y 105. Estas enmiendas recogen las calificaciones de las infracciones muy graves, graves y leves, para determinadas situaciones. Cuando sobre la base de este precepto algún partido pase de un porcentaje determinado en sus gastos electorales se considerará infracción muy grave, y ello tiene sus consecuencias. Nosotros decimos que es muy diferente el 10 % en un gasto de 30 millones de euros que el 10 % en un gasto de 600 000 euros. Los partidos de un ámbito muy determinado, evidentemente, somos mucho más pequeños y tenemos unos gastos mucho más limitados, si bien tenemos unos gastos base, para comunicación, etcétera, iguales a los de un partido político de ámbito estatal; es decir, es evidente que determinados gastos son comunes para un partido de ámbito estatal y para otro de ámbito mucho más reducido. Por esto y porque el porcentaje no es igual si se aplica a una cantidad muy grande que a otra más pequeña, entendemos que se necesita un elemento corrector. En ese sentido, las enmiendas 103, 104 y 105 introducen un elemento corrector para salvar esta diferencia que puede haber entre los partidos políticos de diferente tamaño.

La 108 es una enmienda que hemos conseguido transar con el grupo mayoritario, con el Grupo Parlamentario Popular, de tal manera —y esto es importante— que antes de que concurran los grupos políticos a cualquier elección puedan saber el límite de gasto que van a tener en esas elecciones, bien sean europeas, bien sean municipales, bien sean legislativas, o del ámbito que sean. Yo creo que este es un avance importante para que no haya ningún problema de interpretación, problema que se está dando también en estos momentos. Con posterioridad a las elecciones, la interpretación que pueda realizar el Tribunal de Cuentas puede ser diferente a la que hace el que ha realizado el gasto. Tenemos que avanzar y el hecho de que antes de cualquier proceso electoral los partidos políticos sepan la cantidad de dinero de la que pueden disponer en las elecciones creo que es un avance importante. Y, en ese sentido, tenemos que felicitarnos todos por la transaccional conseguida.

Muchas veces hablamos de jóvenes; de jóvenes que no se implican en la política o que entendemos que podrían implicarse mucho más. En ese sentido, nosotros presentamos una serie de enmiendas que pretenden que con 16 años puedan afiliarse a los partidos políticos, porque tienen intereses, tienen razones, porque pueden trabajar y porque desde un colectivo pueden trabajar también por la comunidad. Y que siendo jóvenes se vayan introduciendo en la política, entendemos que es un elemento importante de regeneración para los partidos políticos, para la democracia y para todos, y en ese sentido, hemos introducido una serie de enmiendas. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, yo entiendo que puedan estar cansados, pero hay un murmullo y no se puede oír bien al orador. Por favor, bajen el tono.

El señor BILDARRATZ SORRON: Enseguida termino.

La enmienda número 133 plantea un problema que muchas veces hemos cuestionado en este hemiciclo, y es que en aquellos nombramientos a órganos como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de la Transparencia —de los que hemos hablado muchas veces— que se realizan en este hemiciclo, todos los grupos políticos podamos tener un espacio. En ese sentido, ya que estamos hablando del Tribunal de Cuentas, o al menos, estamos modificando la ley que lo regula, entendemos que todos los grupos con representación parlamentaria debieran tener un espacio en él.

La última enmienda es una disposición final nueva, que también hemos conseguido transar y que para nosotros es muy importante, y es la que posibilita la devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos. Ustedes saben que esto ya se reguló en 2007 y lo que no se pudo conseguir fue que la normativa que esta ley desarrollaba se llevase adelante, con lo cual, en estos momentos, lo que se ha conseguido transar es que en el plazo de dos años se desarrolle este reglamento para que se puedan realizar todas las reclamaciones necesarias.

Estas son las enmiendas que el Grupo Vasco presenta, defiende y entiende que pueden salir adelante —muchas de ellas ya han sido transadas—. En ese sentido, tal como les he dicho, votaremos a favor de todas ellas y votaremos también a favor del proyecto, independientemente de que después, en turno de portavoces, podamos reflexionar y debatir sobre el proyecto que estamos tratando en su totalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas 44 a 50 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Las voy a dar por defendidas, entendiendo que los portavoces socialistas representan también estas enmiendas al ser las suyas iguales que las nuestras.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 51 a 81 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde la libertad de veto y la libertad de poder presentar enmiendas, quiero justificar que nosotros queremos un proyecto de ley sobre la financiación de los partidos políticos mucho más ambicioso que el que se presenta. Antes en el veto les recordaba cuál es la opinión del colectivo +Democracia, que ha recogido unas 60 000 firmas valorando este proyecto de ley. Dice que este proyecto de ley se ha colocado en un umbral de exigencia bajo. Y el senador Saura y yo queremos superar con nuestras enmiendas este bajo umbral de exigencia.

Antes de explicar las dos enmiendas que he seleccionado, porque creo que son las más representativas, permítanme hacer una referencia a la Ley de transparencia. Nosotros tampoco votamos esta ley y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces dijimos: no puede ser una ley de la transparencia que realmente aborde su objetivo si no hay infracciones y no hay sanciones. La respuesta de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular en aquel debate fue: tranquilos, haremos un reglamento. Estamos a marzo de 2015 y el reglamento, como mínimo, duerme el sueño de los justos. Conclusión: según el Índice de Transparencia Internacional de 2014, España está por debajo de Botsuana, de Bután, de Chile o Uruguay en cuanto a la transparencia. Espero que con esta ley no pase lo mismo, porque en los debates nos llenamos la boca, pero en la aplicación práctica las cosas no son así.

Yo haré referencia a dos cuestiones que nos preocupan muchísimo al senador Saura y a mí. En primer lugar, por qué los partidos pueden recibir la donación de bienes inmuebles. ¿Es que nos van a regalar sedes? ¿Qué sentido tiene que un partido político pueda recibir un bien inmueble? Ninguno. Lo máximo que dice el proyecto de ley es que todo bien inmueble que supere el valor de 120 000 euros habrá que escriturarlo en documento público; pero no pone límites. Señorías, como ya sé —y no lo digo por envidia— que a mi partido no le van a regalar ningún bien inmueble, interpelo a los posibles partidos que puedan recibir alguno para que digan cómo se justifica esto.

En segundo lugar, algo a lo que la señora Vindel hacía referencia a lo largo de los debates que hemos tenido antes: las donaciones de las empresas o personas jurídicas a las fundaciones partidarias. ¿Por qué? ¿Qué pinta una empresa donando dinero a la fundación de un partido? ¿Para hacer qué? ¿Para financiar qué? ¿A qué partidos? Es más, tenemos un doble peligro: habiendo reducido un 40 % las subvenciones a los partidos políticos, es muy apetitoso caer en la tentación de que las fundaciones sustituyan en parte el gasto ordinario de los partidos. Esto es fácil de enmascarar. Por ello, la pregunta que les planteo es qué lógica tiene que una empresa, cuando no forma parte de sus objetivos y finalidades, financie una fundación partidaria. Yo, de verdad, no la encuentro. Ustedes pueden pensar: otro envidioso, porque sabe que ninguna empresa le va a financiar su fundación. Sí, pero lo que yo les digo a quienes posiblemente les van a financiar la fundación es: justifíquemelo, explíquense; cuál es la razón.

El señor Bildarratz decía: una donación no es un problema de suciedad o limpieza. No, no, el problema es justificar la razonabilidad de este hecho. Nosotros vemos aquí una rendija para la financiación irregular de los partidos políticos, una rendija sencilla y sobre todo, insisto, no encuentro ninguna lógica que lo justifique. Porque, en definitiva, señorías, ¿qué puede impulsar a una empresa a financiar a una fundación de un partido? Pues los intereses, porque las empresas se mueven por intereses, no se mueven por otra cuestión. Su filantropía tiene un límite y por muy filántropa que sea una empresa o un empresario, no son los partidos el referente de esta sensibilidad. Hay ONG, hay otros muchos. Y si es por intereses y por la situación tan complicada de financiación que tenemos los partidos políticos, esto nos subordina, nos supedita a las empresas, nos condiciona, nos hace prisioneros de estos ingresos y al final, como les decía al principio, quien paga, manda.

No me voy a alargar en la justificación del resto de enmiendas, el senador Iglesias ya lo ha hecho y me acojo a sus explicaciones, pero les invito a que reflexionen sobre qué sentido tienen los bienes inmuebles, qué sentido tienen las donaciones de las empresas a la fundaciones de los partidos, independientemente de que sean o no sean agraciados con estas posibilidades.

Gràcies, señyor president.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Señorías, intentaré ser muy sintética. Hemos presentado 23 enmiendas a este proyecto de ley. Es cierto que algunas ya fueron transaccionadas en el trámite del Congreso. En este sentido, me debo sumar a aquellos portavoces que han reconocido un inusual pero bienvenido y reconocido esfuerzo de diálogo en la tramitación de este proyecto.

De las 23 enmiendas que hemos presentado, unas cuantas hacen referencia a la financiación. Tres de ellas, las enmiendas 16, 130 y 135, tal como he avanzado en el turno de portavoces, abundan en la participación activa, en reforzar ese sistema que pensamos que no está incorporado en el proyecto de ley de una manera exacta, que es el micromecenazgo. En este sentido, una de ellas propone que el Gobierno regule este tipo de financiación poniendo los topes, incluyendo incentivos fiscales para las personas que participen de esta manera, asegurando, por supuesto, la fiscalización que sea necesaria y la transparencia.

También hemos presentado algunas enmiendas en relación con la financiación. Algunas de ellas estaban orientadas a garantizar las aportaciones de los grupos municipales y parlamentarios porque entendíamos que, con el celo de regular las donaciones, podía haber duda en este tipo de aportaciones. También proponíamos la exención tributaria para dichas aportaciones. Y presentamos una enmienda con el objetivo de que en las cuentas anuales que se debían presentar al Tribunal de Cuentas, balance, cuenta de resultados y memoria explicativa, se incluyeran, dentro de esta memoria explicativa, todos los datos de donaciones y pedíamos que se presentaran estos datos pero en un capítulo aparte, para ser consecuentes con la Ley de protección de datos.

Algunas de ellas hacían referencia a la financiación pública, en el sentido de que pudiera mejorarse. Una enmienda pedía exactamente una modificación del IRPF, solicitando una deducción fiscal del 30 % en las aportaciones de los afiliados. Entendíamos que con la nueva reforma fiscal quedaban premiadas las donaciones respecto de estas aportaciones en el trato tributario. Es cierto que las aportaciones tienen una deducción de un 20 % y las donaciones, de un 25 %, con mucho más margen. Pensábamos que sería premiar a los afiliados que pagan su cuota respecto de las donaciones. No ha podido ser, pero todavía confiamos en que nos puedan votar favorablemente alguna de ellas.

Tenemos una enmienda que se refiere a un período para reestructurar la deuda en los partidos. Hay otra que hace referencia a la financiación de las elecciones municipales de forma más progresiva y teniendo en cuenta el esfuerzo económico que hay que hacer en función del número de municipios al que se representa. En esta misma enmienda proponemos bajar las subvenciones en costes de propaganda electoral.

Hemos presentado también unas enmiendas relacionadas con el contenido mínimo de los estatutos de los partidos. Concretamente lo que pretendemos es que las cuestiones más técnicas, como el plazo mínimo de convocatoria, la forma de elaboración del orden del día o el número de miembros a exigir, etcétera, no consten en los estatutos propiamente sino en los reglamentos a desarrollar después por cada partido político. (Rumores). Otras enmiendas hacen referencia a ámbitos competenciales, cómo no. En una reforzábamos las competencias del Tribunal de Comptes en Cataluña y en este sentido pedíamos un retorno al articulado anterior porque pensamos que eso es más respetuoso, y es que este Tribunal no solo tiene competencias en la fiscalización de los procesos electorales sino también en materia de control de actividad económico-financiera de los partidos. (Rumores).

Se pretende también una enmienda para que se sea respetuoso con la normativa autonómica en materia de fundaciones y asociaciones. Hay también toda una serie de enmiendas que hacen referencia al bloque que abordaba la agravación más proporcional del régimen de faltas y sanciones, a lo que ya me he referido y por eso no las detallo. (Rumores).

Quiero centrarme en tres enmiendas que son importantes para nosotros. La 131, como ha comentado el compañero del Grupo Parlamentario Vasco, hace referencia al reconocimiento de los bienes incautados a los partidos políticos. Creo que esto está reconocido por ley y ya lleva mucho recorrido.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora RIVERO SEGALÀS: Lo que hacemos aquí otra vez es marcar el reconocimiento de esta deuda que todavía se tiene con estos partidos. Esperamos que pronto podamos zanjar este tema y no tengamos que irlo arrastrando una y otra vez.

La enmienda 120 hace referencia básicamente a la adaptación al nuevo plan de contabilidad que propone el Tribunal de Cuentas. Solicitamos que en esa adaptación se tenga en cuenta la peculiaridad y las singularidades tanto de las uniones, las federaciones y coaliciones como de las confederaciones.

La enmienda 137 es una enmienda técnica, pero creo que nos va a ayudar a muchos a ordenar todo lo que se refiere a la contabilidad de los partidos políticos, artículo 10. Todo lo que tiene que ponerse en marcha debería coincidir con la fecha en que se inicia el año natural contable. Por tanto, lo aplazamos al día 1 del 1 de 2016. Es una pura enmienda técnica que creo aportará tranquilidad a la hora de adaptarnos a estas nuevas exigencias.

Finalmente, quiero reiterar que para nosotros este proyecto de ley no es el ideal. Hemos dicho que algunas cosas tiene aún mucho que recorrer, tienen mucho camino y mucho debate por delante. He dicho una y otra vez que en este caso es mejor hacer algo que no hacer nada. Estamos sorprendidos por el alto nivel de diálogo que se ha creado tanto en el Congreso como en el Senado, se lo adelanto.

Nosotros, como he dicho antes, votaremos a favor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señora presidenta.

A este proyecto de ley hemos presentado siete enmiendas, de entre ellas cabe citar la que contiene la propuesta de corregir la legislación de contratos del sector público para acabar con las corruptelas de los contratos fraccionados y de los contratos celebrados sin licitación pública y endurecer la lucha contra los corruptores. Asimismo, planteamos, como ya he ya dicho en mi primera intervención, atribuir a la Audiencia Nacional los delitos relacionados con la corrupción y que se ponga en marcha un proceso sumario para dar mucha más rapidez a todo este tipo de casos de corrupción.

Pretendemos también que se levante el secreto en el caso de infracciones tributarias superiores a 30 000 euros.

Hacemos la propuesta de modificar el sistema de designación por las Cámaras de miembros de los órganos constitucionales y de organismos reguladores, con el fin de darle mayor independencia.

Otras propuestas van dirigidas a eliminar privilegios de diputados y senadores y regular la dedicación exclusiva más estrictamente. Planteamos, a su vez, el incremento de facultades de investigación y comprobación de las comisiones que conocen de incompatibilidades y de declaraciones de bienes, porque ya hemos dicho que sin que existan estas políticas activas en contra de la corrupción es imposible acabar con ella. También está la propuesta para incorporar normas para suspender la condición de diputado, senador o concejal de quienes son llamados a juicio oral.

Como he dicho, nos vamos a abstener en el proyecto, aunque parezca que a la señora Vindel le sepa mal. (La señora Vindel López: Me sabe mal.) Estamos absolutamente decepcionados con esta apuesta del Gobierno por la regeneración democrática y por la lucha contra la corrupción porque, al mismo tiempo que se han hecho esfuerzos por parte de la oposición para intentar llegar a acuerdos e intentar paliar graves defectos de muchos de estos proyectos, hemos visto el choque que se dio ayer en formulaciones absolutamente regresivas como el Proyecto de seguridad ciudadana o el Proyecto del Código Penal. El mismo Gobierno que dice que está impulsando la regeneración democrática es el que se está superponiendo al Parlamento y está haciendo que la urgencia sea la regla general de actuación en este Parlamento; está consiguiendo que en las comisiones no participen los que deben de participar y dar explicaciones y está abusando de los decretos leyes. El mismo Gobierno que nos dice que quiere regenerar nuestra democracia está aplicando unas políticas neoliberales como la reforma laboral, que significa que crezca la desigualdad en nuestra sociedad, y cuando hay mucha desigualdad, las personas no tienen la misma libertad; y cuando no tienen la misma libertad, no tienen la misma participación política.

Por lo tanto, estamos hablando de una actuación absolutamente decepcionante. Son unas formulaciones que, desde nuestro punto de vista, no cumplen ni siquiera con el objetivo que se habían marcado y que, además, están acompañadas de toda una serie de actuaciones que van absolutamente en la línea contraria.

En cuanto a la Ley de transparencia, señora Vindel, nosotros nos abstuvimos precisamente porque los órganos de control no eran independientes, nos abstuvimos porque no había rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas, y nos abstuvimos porque no es comprensible que, ahora que estamos hablando de corrupción, no se incluyera un tema como el urbanismo o como las campañas de publicidad en lo que es la publicidad activa obligatoria. Estas son las formas que tienen ustedes de actuar; hacemos cuatro cambios que no sirven para nada, pero al final seguimos igual.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señora presidenta.

Antes de contestar lo que quería contestar, tengo que responder al senador Antich, y con muchas ganas.

Señoría, está hablando de desigualdad cuando la máxima desigualdad que hay en este país está en Andalucía, donde está el índice más alto de pobreza de España y donde hay más paro que en toda España. (Protestas.— Aplausos). Diga usted la verdad; cuente toda la verdad.

Decía que se encuentra decepcionado. Senador Antich, solo usted se encuentra decepcionado; el resto de portavoces que han pasado por esta tribuna han manifestado que este proyecto de ley orgánica les parece muy bien, aunque se podría mejorar con las propuestas que realizan, y de hecho hemos llegado a ocho transaccionales. Y en este sentido agradezco al senador Bildarratz y a la senadora Rivero la voluntad que han tenido para que efectivamente pudiéramos llegar a acuerdos como los que hemos alcanzado.

Como saben, señorías, este proyecto de ley orgánica tenía dos vetos y 141 enmiendas cuando comenzó su tramitación en el Senado. Con respecto a las enmiendas 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto, entendemos que no se deben aceptar habida cuenta de que proponen suprimir totalmente las aportaciones privadas, donaciones e incluso operaciones asignadas, lo que supondría una ruptura con nuestro sistema mixto de financiación de partidos, que admite tanto la financiación pública como la privada.

En cuanto a la enmienda 4, entendemos que no es posible alterar los plazos parciales de todos los trámites y actividades de que consta el proceso electoral, ya que unos plazos condicionan a otros.

Las enmiendas 5 y 6 tampoco podemos aceptarlas, porque el convenio respecto a la oficina presupuestaria de las Cortes Generales ya está recogido. Asimismo pretende la reforma de los artículos 566 y 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, algo que consideramos no debe tratarse en este proyecto de ley orgánica, sino, en su caso, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La enmienda 7 se refiere a los comités de garantías de los partidos políticos. La reforma ya contiene a su vez una reforma en cuanto a la organización interna de esos partidos, garantizando los derechos de los afiliados.

Con la enmienda 8 se pretende que conste la derogación expresa de normas legales o reglamentarias de igual o inferior rango, y creemos que eso no aporta nada, y menos con la justificación que indican.

En la enmienda 10 se incluye asimilar el aplazamiento del pago a estar al corriente del pago. Entendemos que se trata de una precisión que implica desconocer qué se hace para el resto de subvenciones públicas cuyos beneficiarios no son partidos políticos, entendiendo que hay una diferencia entre los partidos políticos y cualquier otra entidad o asociación que, no siendo partido político, pueda recibir esas subvenciones. Entendemos que esa distinción no debe mantenerse.

La enmienda 11 se refiere a la recepción de donaciones a favor de los partidos políticos. En el proyecto ya se prohíben expresamente esas donaciones de personas jurídicas a los partidos, y las fundaciones y partidos son entidades distintas, aunque persigan los mismos fines porque derivan y dependen de los propios partidos políticos.

Con la enmienda 12 se pretende incluir la imposibilidad de aceptar donaciones de bienes inmuebles, y creemos que no es procedente admitirla toda vez que consideramos que no hay que imponer más límites a los partidos para la obtención de ingresos porque, además de las limitaciones que existen en cuanto a las donaciones de bienes inmuebles, existen mecanismos de control con lo cual eso ya está previsto en la propia norma y no debemos limitar más las donaciones o subvenciones que puedan recibir los partidos políticos.

La enmienda 14 pretende ampliar los plazos de prescripción que ya fueron objeto de ampliación con acuerdo de gran parte de los grupos de esta Cámara y de los del Congreso de los Diputados y, además, los plazos de prescripción excesivamente amplios generan inseguridad jurídica.

La enmienda 15 se refiere a las fundaciones y partidos. Son entidades diferentes que persiguen distintos fines y desarrollan labores diferenciadas. Por ello entendemos que no hay razones para que la financiación esté sujeta al mismo régimen. Y desde luego no aceptaríamos la supresión del apartado cuatro de la disposición adicional séptima que proponen a tal efecto.

La enmienda 16 extiende a las fundaciones los límites aplicables a los partidos, lo cual no es admisible ya que se trata de entidades diferentes y también con fines distintos.

Tampoco podemos aceptar la enmienda 17 toda vez que pretende que se incluyan las donaciones en las notificaciones al Tribunal de Cuentas con una modificación de dicho tribunal. El Tribunal de Cuentas es un tribunal especial constitucional, de entre los cinco que reconoce la propia Constitución, y que tiene sus leyes orgánicas, además de que, como saben sus señorías, no depende del Consejo General del Poder Judicial porque no pertenece al Poder Judicial. Por lo tanto, modificar ahora la organización interna del Tribunal de Cuentas, con el trabajo tan bueno que presta, no es procedente en esta ley orgánica.

Respecto a las enmiendas 19 y 20 sobre estatutos de partidos políticos y principios organizativos de cada partido político, el contenido del artículo 3 relacionado con estos aspectos de los partidos políticos ya fue objeto de transacción en el Congreso —como saben sus señorías—, donde se incorporaron gran parte de las propuestas del resto de los grupos y, en concreto, lo relativo al sitio web y la dirección electrónica.

En cuanto a los principios, las leyes van a poder imponer, aparentemente, muchas obligaciones a los partidos políticos, pero mientras esas obligaciones no conlleven el correspondiente mecanismo de sanción —que es lo que se pretende—, en el caso de incumplimiento, tales previsiones no serían más que ineficaces.

Las enmiendas 21 y 22 pretenden la publicación de los estatutos de los partidos políticos en el Boletín Oficial del Estado, así como en la página web de la Junta Electoral Central. Entendemos que ya existe un mecanismo de publicidad como es el Registro de Partidos, cuya naturaleza es pública —aunque exista un reglamento al respecto— y, por otra parte, en este punto nada tiene que ver con la Junta Electoral Central.

La enmienda 23 tiene como objetivo la creación de la comisión de ética y garantías, con labores de prevención y supervisión. Entendemos que estas funciones exceden de lo que se debe pretender con esta reforma debido a que cada partido político ya tiene su regulación en su propia organización interna y, además, el Partido Popular —como saben sus señorías— lo tiene tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local.

Tampoco vamos a aceptar las enmiendas 25 y 26, del Grupo Parlamentario Mixto, porque proponen una serie de principios, que tildan ustedes de derechos y obligaciones, pero que no aportan nada, porque concebir el programa de cada partido como un contrato con el electorado y prever, en todo caso, o en el caso de adoptar medidas de incumplimiento de ese contrato, alguna consecuencia, lo que supone es desconocer que ese contrato, se cumpla o no, y la valoración de este solamente puede ser hecha cada cuatro años por los ciudadanos en cada proceso electoral.

Entendemos que la enmienda 37 tampoco puede ser aceptada toda vez que propone la creación de una comisión mixta Estado-comunidades autónomas, y no es objeto de este proyecto de ley, además de que no existen precedentes de este tipo de comisiones en nuestro ordenamiento jurídico.

Proponen en la enmienda 39 una reforma de la Ley Orgánica de régimen electoral general a realizar en el plazo de seis meses. La reforma de la LOREG debe ser fruto de un debate parlamentario amplio y, en su caso, unívoco respecto a dicha reforma.

Proponen en la enmienda 40 la prohibición de donaciones a personas jurídicas cuando estas ya se prohíben en el proyecto.

Respecto a las enmiendas planteadas por Entesa pel Progrés de Catalunya, números 44 y 45, entienden que debe recogerse la competencia objetiva de los juzgados centrales de instrucción. Y tengo que decir lo mismo, no es objeto de este proyecto la modificación de la competencia objetiva de los juzgados centrales de instrucción, sino que, en todo caso, sería una función que tendría que venir recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la enmienda 46, también del mismo grupo, prevén la adición de una nueva disposición final por la que se pretende crear un procedimiento de instrucción y enjuiciamiento de delitos de corrupción. El contenido de esa enmienda entra dentro del ámbito de la Ley de enjuiciamiento criminal, que el ministro y el presidente del Gobierno han anunciado que tendrá su tramitación parlamentaria, y si entendemos que tiene que haber un procedimiento específico para estos delitos, tiempo tendremos de, en su caso, incluir estos procedimientos especiales en los procedimientos ordinarios recogidos en la Ley de enjuiciamiento criminal.

Pretenden, en la enmienda 47, la adición de una nueva disposición final para incluir medidas contra la corrupción en materia de contratación pública. En este sentido, tengo que decir que actualmente se están ultimando, como conocen sus señorías, los trabajos de transposición de las nuevas directivas sobre contratación pública que abordan los aspectos incluidos en la enmienda que proponen ustedes.

Con la presentación de las enmiendas 48, 49 y 50, también de Entesa, se pretende reformar tanto la Ley Orgánica del régimen electoral general 5/1985 como los reglamentos de las Cámaras en relación con una serie de supuestos de incompatibilidades para ser elegibles, remuneraciones y otros puntos cuando entendemos que esta serie de supuestos deberían tener ese estudio reposado y de modificación centrado en la reforma de la LOREG.

En la enmienda 51 plantean una alteración de los criterios de distribución de las subvenciones de los partidos, de modo que solo se tenga en cuenta el número de votos, lo que contradice nuestro sistema electoral actual, que es proporcional, no mayoritario, y en el que es requisito indispensable haber conseguido al menos un representante para tener derecho a la obtención de subvenciones públicas.

Con la enmienda 52 se pretende hacer una precisión, que se desconoce que se hace para el resto de subvenciones públicas cuyos beneficiarios no son los partidos políticos.

La enmienda 54 es parecida a la 13, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aceptación de donaciones para los partidos políticos y las fundaciones.

Consideramos que la enmienda 55 no puede ser admitida, como la 57, porque no se considera procedente imponer más límites a la obtención de ingresos a los partidos, además de las donaciones de inmuebles que están sujetas a esos mecanismos de control que hemos comentado.

La enmienda 57 suprime la base imponible de los 600 euros regulada en el artículo 61 bis de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas física, transformándola en una deducción en cuota del 20 % de tales aportaciones. En una situación como la actual, consideramos adecuado el tratamiento fiscal recogido en esa Ley 26/2014, sin que, por tanto, resulte ni oportuno ni conveniente volver a reconvertir ese beneficio fiscal nuevamente en una reducción de la base imponible ni incrementar su importe.

La número 59 propone una enmienda que ya se incorporó en el Congreso de los Diputados, relativa al último inciso de la disposición adicional séptima, que afecta a la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos.

La enmienda 60 entendemos que es desfavorable tanto por el fondo como por la forma, porque esta propuesta de creación de la comisión de auditoría de cuentas y gastos electorales pormenoriza una cuestión que debe ser decidida por cada partido y que en nuestro caso, el Partido Popular, ya lo tenemos resuelto, como también —es conocido— lo tienen resuelto muchos de los partidos que se sientan en esta Cámara.

Comentan en la enmienda 61 el principio de libertad organizativa de cada partido político, pero, por lo mismo que he dicho respecto a esa organización interna de cada partido político, entendemos que no puede ser aceptada.

Las enmiendas 62, 63, 64 y 65, del Grupo de la Entesa, recogen cuestiones parecidas respecto al contenido de los estatutos de los partidos políticos y a la publicidad de los partidos políticos y la creación de esa comisión de derechos y garantías, ya resuelta, por lo que tampoco podemos aceptarlas.

La enmienda 68 aporta una serie de principios que hacen concebir el programa electoral exactamente igual que un contrato, lo mismo que se aportaba por el Grupo Parlamentario Mixto. Me remito a lo que les acabo de comentar, porque creo que son los ciudadanos cada cuatro años quienes tienen que evaluar si se cumple o no el contrato programático de cada partido.

En relación con la enmienda 79, también de la Entesa, respecto a la creación de la comisión mixta Estado-Comunidades Autónomas-partidos políticos, creemos que no es objeto de esta ley y en nuestro ordenamiento político no se contempla la existencia de ese tipo de organismos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las números 82 a 85 proponen la modificación de la competencia objetiva de los juzgados centrales de lo penal. Ya hemos dicho que en todo caso esa sería una modificación a realizar en la propia Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Respecto a las enmiendas 86 a 88, también del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir lo mismo que he señalado en relación con las enmiendas de Entesa —las números 48, 49 y 50—, que también pretenden una modificación de la Ley Orgánica del régimen electoral general y de los reglamentos de las Cámaras, que no debe ser objeto de esta ley orgánica.

En cuanto a las enmiendas 90, 93, 94, 96 y 99, suponen obviar la prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas. Nos parece que así debe ser siempre y cuando esté todo claro y transparente en cuanto a la entrega de esas donaciones.

Las números 100, 101 y 106 entendemos que tampoco se pueden aceptar, toda vez que resultan contrarias a las obligaciones de transparencia introducidas en esta tramitación parlamentaria en el propio Congreso de los Diputados, y lo mismo cabría decir respecto al Tribunal de Cuentas.

En relación con las enmiendas 103 a 105, que preocupaban al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, no se considera procedente admitirlas puesto que ello supondría una relajación excesiva del régimen sancionador. Y entendemos que cabe recordar que la infracción por exceso de gasto electoral ya fue objeto de modulación en el Congreso de los Diputados y hasta el 1 % de exceso no hay sanción. Con ello entendemos que queda suficientemente claro lo que se pretende.

La enmienda 109 hace referencia a establecer una exención de rentas procedentes de actividades que no son propias de los partidos políticos. Entendemos que no se trata de una enmienda técnica, ya que pretende extender el régimen de exención de rentas establecido en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica. Además, esta norma podría colocar a los partidos políticos incluso en mejor situación que a aquellas entidades sin fines lucrativos a las que resulta de aplicación la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

En cuanto a la enmienda 110, ya tuve la oportunidad de decir en comisión, en referencia a bajar la edad a los 16 años para pertenecer a un partido político, que esa es una cuestión que ya tenemos solucionada todos los partidos, bien con la creación de las Juventudes Socialistas, bien con las Nuevas Generaciones en el Partido Popular o incluso en el Partido Nacionalista Vasco, con los Euzko Gaztedi Indarra.

Respecto a la enmienda 111, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre financiación de los partidos políticos, conforme a la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de partidos políticos, creemos que por razones de sistemática ya está regulado lo que se pretende.

La enmienda 112, respecto de la supresión de la fiscalización de la actividad económico-financiera del Tribunal de Cuentas, resulta contraria a lo introducido en el Congreso de los Diputados y al Tribunal de Cuentas, por eso no podemos admitirla en este trámite, pues requeriría la misma tramitación parlamentaria de la propia ley.

La enmienda 118, de Convergència i Unió, que afecta al artículo 10 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, pretende introducir una nueva letra d) en dicho apartado para sustituir la actual redacción de dicha letra d). Entendemos que en el caso de que las aportaciones a que se refiere tuvieran cabida, no sería necesario mencionarlas expresamente en una letra aparte en el artículo 10, puesto que ya se encuentran reguladas.

La enmienda 121, de Convergència i Unió, pretende que se dé cuenta de la actividad económico-financiera de los partidos políticos ante los órganos de fiscalización de las comunidades autónomas. Creemos que el precepto ya es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y también con las competencias de la Administración General del Estado, con lo cual habría que dejarla como se encuentra.

Las enmiendas 122, 123 y 124 solicitan sustituir el 10 % por el 40 % de los límites de gastos electorales y la sanción a los partidos políticos que superen del 1 % hasta el 10 % los gastos electorales o incluso que superen del 10 % hasta el 40 % de los gastos electorales. Creemos que eso supone una relajación excesiva del régimen sancionador mucho mayor que el planteado en otras enmiendas y que, por tanto, no se pueden admitir.

Por eso entendemos que tampoco se pueden acoger las enmiendas 125 y 126, porque supone restar rigor el rebajar de los 50 000 a los 30 000 euros el régimen sancionador, que así fue recogido en el propio Congreso de los Diputados.

La enmienda 127, de Convergència i Unió, respecto de las reglas de deliberación y mayorías para la adopción de los acuerdos, ya fue objeto de transacción en el Congreso —al que creo que debemos respetar— y se recogieron gran parte de las pretensiones de los grupos parlamentarios allí planteadas.

También entendemos que nuestro voto debe ser desfavorable a la 128, porque suprimir las fundaciones y las entidades vinculadas a los partidos políticos supone relajar el control de dichas asociaciones y fundaciones vinculadas, que está plenamente justificado en tanto que son perceptoras de fondos públicos provenientes de la Administración General del Estado.

Asimismo, con respecto a las enmiendas 132 y 133, que pretenden asignar la idéntica cantidad de la subvención asignada a los partidos políticos que constaba en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, entendemos que la cifra debe consignarse en cada ley de Presupuestos Generales del Estado; y la de 2015 para 2016 dirá la cantidad que se tenga que establecer, con independencia de las competencias que estamos recogiendo que tenga el Tribunal de Cuentas.

Por último, la enmienda 133 propone una modificación de los porcentajes de los límites de gastos electorales respecto de las elecciones municipales. Consideramos que la reflexión sobre las subvenciones por gastos electorales, además de suponer la modificación de la Ley Orgánica de régimen electoral general, debería hacerse con carácter global.

En fin, señorías, mi grupo parlamentario cree que el proyecto de ley es bueno, bueno para lo que se pretende, que es combatir la corrupción, recuperar el prestigio de los partidos políticos y también de sus fundaciones y asociaciones dependientes, y demostrar la voluntad política de la lucha denodada contra la corrupción. Y así evitamos esos mensajes populistas que últimamente se han lanzado (Rumores), introduciendo mecanismos de prevención, de control, de vigilancia, de fiscalización y de rendición de cuentas para que los partidos políticos seamos cada vez más austeros, más transparentes, más ejemplares y ganemos en credibilidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta. Como veo también que la gente empieza a estar inquieta, intentaremos hacerlo de una manera breve. (Rumores). ¿No? ¿Tengo todo el tiempo que quiera? (Rumores). Pues voy a empezar a lo Castro.

Primera reflexión. Creo que tenemos que poner en valor el papel que juegan los partidos políticos. Hoy hemos estado debatiendo mucho y constriñendo mucho el mensaje hablando de corrupción, hablando de financiación —que hay que hacerlo—, pero también, y sobre todo, poniendo en valor el papel de los partidos políticos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Segundo mensaje. Tenemos que ser conscientes de que en estos momentos, en nuestra modesta opinión, la ciudadanía nos pide dos cosas: la primera, que los partidos políticos cambien sus maneras de hacer. Y si no somos capaces de entender el mensaje que la ciudadanía nos está elevando: que nuestras actitudes y nuestras maneras tienen que ser diferentes, no estaremos actuando de la forma que la ciudadanía nos pide, no estaremos conectando con ella. Y el siguiente mensaje que nos están lanzando es principalmente que resolvamos el gran problema de la corrupción.

La senadora Vindel nos planteaba que la modificación de la ley que hoy estamos debatiendo entra en el plan de lucha contra la corrupción, y es evidente que este proyecto de ley no va a resolver los problemas de corrupción que estamos teniendo, o que están teniendo. Evidentemente, ayudará, pero solo con este proyecto de ley o con este plan que se dice de lucha contra la corrupción es evidente que no se va a superar este problema.

La senadora Vindel también nos daba unos datos del CIS importantes, pero que entiendo que tenemos que tomar al menos con cautela. Es cierto que ha bajado 15 puntos la valoración de la ciudadanía respecto de la preocupación, pero sigue siendo el segundo problema, y ese es un indicador muy importante. Ha bajado 15 puntos, pero no nos engañemos, porque los análisis sociológicos son muy interesantes, pero creo que la valoración hay que hacerla con varios análisis consecutivos en un período determinado. Y si la percepción del problema de la corrupción va descendiendo en la ciudadanía, evidentemente se estará mejorando, pero no creo que la ciudadanía esté percibiendo todavía suficientes mensajes positivos como para que la corrupción deje de ser un problema o deje de estar en segundo lugar.

Les estaba trasladando que no solo con este proyecto de ley y todas estas medidas se va a conseguir superar el problema de la corrupción. ¿Cómo se resuelve? Aquí cada una de las fuerzas políticas y cada uno de los grupos que hemos estado debatiendo y lanzando nuestras opiniones tenemos mucho que decir. Primero: cada uno de nosotros tendremos que dar ejemplo. Segundo:



teniendo bolsillos de cristal. Y tercero: teniendo partidos modernos; que los partidos se modernicen y se apeguen a la sociedad y, sobre todo, que los edificios que tengan los partidos políticos estén sustentados también sobre bases de cristal. Así lo conseguiremos cada uno de nosotros, cada uno con nuestras responsabilidades, porque esto no deja de ser un texto. Como antes decía el senador Guillot, el no robarás está desde hace mucho tiempo, pero, evidentemente, se sigue robando. Y este proyecto de ley será ley, y se seguirá robando. Pero nosotros tenemos que ir poniendo esa estructura normativa para que cada vez sea más complicado robar. Depende de cada uno de nosotros, de nuestro discurso y de cada una de nuestras actuaciones, que esto mejore.

En nuestra opinión, todavía tenemos un debate pendiente: el de la financiación. Se han adoptado medidas en mi modesta opinión muy condicionadas por el clima —lógico— político y social que existe, pero eso no resuelve el problema. Y, como he dicho, que haya un 40 % de financiación pública menos que hace tres años algo quiere decir. Y si no somos capaces con un poquito de madurez de establecer cuál es la necesidad de financiación del sistema del que nos hemos dotado, estaremos haciendo trampas al solitario porque no abordaremos el problema de verdad.

Si todos entendemos que este sistema democrático tiene como eje los partidos políticos y si todos entendemos que estos partidos políticos necesitan desarrollar su estrategia y, evidentemente, eso tiene una serie de costos, tendremos que ponerlo negro sobre blanco para establecer y definir cuáles son esos costos. El día que seamos capaces de llevarlo adelante seremos capaces de definir si tiene que ser una financiación mixta, si no lo tiene que ser, si tiene que ser única y exclusivamente pública, con los compromisos que ello conlleva de publicidad, transparencia, etcétera. Pero, evidentemente, este es —repito— un debate que tenemos pendiente.

Tal como he dicho, nosotros apoyaremos este proyecto porque entendemos que mejoramos mucho, pero insisto en que todavía queda mucho por hacer. Eso nos pide que seamos flexibles, capaces de interpretar lo que nos dice la ciudadanía y de legislar sobre lo que pide de nosotros, que es cercanía para con ellos y trabajo, mucho trabajo contra la corrupción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente. Intentaré ser muy breve.

El objeto es dar respuesta a los ciudadanos y dignificar la política. El clima es duro, de presión ciudadana y de presión mediática. El momento es inadecuado, preelectoral. Lo tenemos que abordar desde la revisión, la humildad, el juego limpio, la participación y el respeto, sin conveniencia partidista, sin demagogia, sin superioridades morales, con valentía para mirarnos al espejo, asumir las miserias y las oportunidades.

En definitiva, el plan es insuficiente, el plan no es perfecto, pero es un plan, y mi grupo no pondrá palos en las ruedas en cualquier iniciativa que sirva para luchar contra la corrupción y en pro de la transparencia y el control.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Querida senadora Vindel, el arrepentimiento es una virtud cristina, pero para no arrepentirse es mejor no pecar. (Aplausos). La elaboración de las leyes en materia de lucha contra la corrupción y en general las medidas tendentes a la regeneración democrática debieran haber sido el bloque fundamental de la actividad parlamentaria y de la propia gobernanza, sobre todo en el momento que nos está tocando vivir, donde existe una notable desafección de los ciudadanos hacia el sistema político.

Creo que todos los que estamos aquí, y los que están fuera, esperábamos un proyecto ambicioso de ley orgánica. Y, lejos de eso, su flojera con esta batería de leyes que afectan a la corrupción y que estamos viendo estos días y nuestra sensación de decepción hacen que nos hagamos algunas preguntas. ¿Va a servir esta ley para acabar o dificultar los casos de corrupción que se están dando y que alarman tanto a los ciudadanos? ¿Evitará esta ley que sigan llenando titulares de prensa o que sea llevado a la cárcel el extesorero del Partido Popular? ¿Se conseguirá con esta ley que no haya partidos políticos sentados en el banquillo como beneficiarios a título lucrativo de una trama corrupta? ¿Servirá esta ley para que un juez no tenga que dar ultimátums a un partido por no colaborar con la justicia?

En nuestra opinión, y a pesar de que esta ley tiene un objetivo, que es la financiación de los partidos políticos, la respuesta a todas estas preguntas es no. Y aquí no cabe hablar de herencia o de otros tipos penales, aquí se está hablando de financiación de partidos políticos. Es verdad que hoy hay más transparencia en la actividad económica de los partidos; solo tienen que ir, y se lo recomiendo, a la página del PSOE: psoe.es, y encontrarán el partido más transparente en la actualidad del arco parlamentario y extraparlamentario. (Rumores.— Aplausos). Háganlo, háganlo.

Pero con su ley y las modificaciones que promueven las generalidades se mantienen, y esto lo dice el propio Consejo de Estado, señorías. En las sociedades democráticas, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la financiación ilegal de los partidos, la lucha contra la financiación ilegal de la democracia, se debe inscribir con un objetivo mucho más amplio, que es la regeneración democrática. Y en nuestro país esto va unido a un rechazo social que está provocando la corrupción, por eso, esta ley debiera haber subsanado algunas deficiencias de la Ley de 2007, por ejemplo. Pero creemos que su planteamiento ha sido calculadamente ambiguo: recortan el 40 % de la financiación de los partidos políticos porque ustedes tenían un plan B; un plan B de Bárcenas, por ejemplo. (Aplausos). Por eso no han provocado y no han querido asumir avances sustanciales, y otra vez se quedan lejos de las aspiraciones de los ciudadanos.

Señorías, las expectativas que habíamos puesto todos en el señor Rajoy, que quiso presentar hace dos años una batería de actuaciones, se han quedado en el camino. Se han quedado cortos, posiblemente porque con todo lo que tienen encima no puedan hacer otra cosa. A lo largo de estos dos días estamos viendo que en todos los proyectos de ley que están trayendo, el «sé fuerte Luis», «aguanta, Luis», está siendo el núcleo fundamental de sus normas, y en este trienio negro de Gobierno del Partido Popular se han olvidado de trabajar, de luchar por la dignidad, por la limpieza en la acción política. No sé si habrán hecho cálculos electorales, pero los ciudadanos no se van a dejar engañar dos veces.

Señorías, la corrupción es un problema que nos afecta a todos, a todos los partidos, y todos tenemos que trabajar para cambiarlo. Y pongo un ejemplo rápidamente. En el debate sobre el estado de la nación el presidente del Gobierno habló dos minutos de la corrupción. Ayer mismo, no permitió que se hablara en el Congreso de los Diputados del caso Gürtel. ¿Qué credibilidad van a tener ustedes? Por tanto, primera reflexión. En este proyecto de ley solo hay humo. ¿Que ha habido avances? Lógicamente, solo faltaría, pero creemos que desgraciadamente no acabarán con lo que antes les comentaba. ¿Que en la tramitación parlamentaria ha mejorado la ley? Lógicamente. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿La ley llega al Senado muy cambiada? Sí, llega al Senado cambiada. Han aceptado propuestas de la oposición que han mejorado este texto, pero desde luego no es suficiente. No queremos ser expresamente negativos; mejor le habría ido a la ley y a la propia percepción que los españoles van a tener si se hubiera reconocido mucho más el valor de las enmiendas.

Como ha explicado mi compañero Antich, creemos que a la Audiencia Nacional se le deben atribuir los delitos relacionados con la corrupción. Creemos que esta ley debiera haber acabado con la desigualdad de los diputados y senadores; como cualquier otro ciudadano, que puedan declarar en sede judicial y no en despachos, o en diferido, como ha ocurrido en esta misma Cámara. Se debiera dar un procedimiento preferente y sumario a las instrucciones en las causas de corrupción. Considerábamos necesario mejorar las regulaciones de la contratación pública para garantizar la transparencia.

Señorías, nosotros mantenemos que se debe suspender la condición de cargo público a todo aquel que sea llamado a juicio oral para ser procesado por corrupción, y consideramos que durante ese periodo, como ha explicado mi compañero Antich, puedan ser sustituidos. Por ello provocábamos una modificación de los reglamentos del Congreso y del Senado y de la propia Ley Orgánica de régimen electoral general.

Voy acabando. Esta ley era una oportunidad para llegar al fondo de la cuestión, y ustedes no han querido. No basta con decir: les hemos presentado un paquete de medidas y así cumplimos con lo que dijo el presidente del Gobierno. Solo se han quedado en palabras. Los socialistas fuimos los primeros en saber y creer, por experiencia, que del pasado se tiene que aprender. Pero para dar fuerza a ese aprendizaje no basta con reformas legales o con nuevas leyes. Son necesarias más medidas, más interés, más exigencia y más ejemplaridad para que el que lo haga lo pague y además la pague. Y ustedes a esto no le han querido dar respuesta. Hoy se va aprobar esta ley, pero, señorías, la financiación de la democracia va a seguir estando bajo sospecha. El ciudadano hoy quiere saber —lo decía antes un senador—, y nos encontramos en un momento posiblemente histórico, con un alto grado de corrupción, que se ha convertido en ese principal problema de la sociedad. Y debiéramos haber reaccionado con firmeza, pero, como les decía hoy, ustedes no van a conseguir que el desprestigio y el apartamiento, si me permiten la expresión, de los ciudadanos de la política siga tan vigente como antes de esta ley. Los ciudadanos se van a seguir preguntando y nos van a seguir preguntando por la financiación de los partidos políticos. Por cierto, el PSOE, con menos afiliados que el Partido Popular, se financia, creo recordar, con sus cuotas en el 25 %. El Partido Popular, con más afiliados, solo se financia el 12 %. (Rumores). Se seguirán preguntando por las donaciones, por las deudas, por las condonaciones, por las fundaciones. La democracia y los ciudadanos en España todavía tenemos una asignatura pendiente, que es la limpieza de la política. No habrá regeneración democrática si no hay regeneración en los partidos, y esta regeneración dependerá de que se recupere la confianza en las instituciones, en la gobernabilidad del país y en el mantenimiento de la propia democracia. Por eso, yo no sé si esto es fácil, es imposible o es difícil, pero tengan en cuenta que es lo que los ciudadanos nos están demandando. Y hoy se va a perder una magnífica oportunidad, pero no queda más remedio que reconocer que ustedes cada día lo tienen más complicado. Nos abstendremos en esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, usted es muy reiterativo, «ere que ere», «ere que ere», no hace más que repetirme los argumentos de siempre, que son muy conocidos. (Aplausos). Mírese usted la viga en el ojo, ya que estamos tan bíblicos esta tarde. (Rumores).

La corrupción —lo hemos puesto de manifiesto todos— afecta a todas las personas; no afecta a siglas, no afecta a regiones, afecta a personas, y las personas en nuestro caso pertenecemos a partidos políticos. Nosotros deberíamos ser los primeros interesados en que este proyecto de ley se aprobara. Y mucho hacen llegando a la abstención; y me sorprende, senador Rodríguez Esquerdo. Y permítame que le cuente a toda la Cámara una intimidad suya y mía. (Rumores). He ido con las transaccionales de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Vasco a que me las firmaran todos los grupos precisamente para que se pudieran admitir, para que se pudieran tramitar, para que hubiera cuatro grupos que las admitieran y se pudieran tramitar. Y el senador Rodríguez Esquerdo me ha manifestado: no les firmo nada a ustedes. (Rumores.— Aplausos). Eso es lo que me ha dicho; y no nos hacía un favor al Grupo Popular, no nos lo hacía, se lo hacía a Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario Vasco. (Aplausos.— Rumores). Ese es su talante, esa es su bondad, esa es su bonhomía. Simplemente —señores de CiU y del PNV, lo digo para que lo sepan—, no quería que fueran a trámite las enmiendas transaccionales a las que nosotros habíamos llegado. El resto de grupos parlamentarios, todos, han querido firmar sin pestañear. (Rumores).

Esta ley, senadores, mejora el control, mejora la fiscalización, mejora la dación de cuentas que los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vamos a tener que hacer respecto de la ciudadanía. Queríamos que contara con la más amplia mayoría. Ahora van a tener la oportunidad de pronunciarse. Esperemos que se sumen a este voto, porque —lo han dicho— a lo mejor esta reforma requiere que con el tiempo se pueda volver a reformar. Quizás los acontecimientos lleven a que se pueda mejorar, pero hoy por hoy creemos —así lo entendemos— que es la mejor reforma que se le puede dar a la ciudadanía, porque no les quepa ninguna duda de que esto es lo que esperan de nosotros los ciudadanos y esta es la respuesta que el Partido Popular, oyendo a la ciudadanía, les da para combatir, para luchar contra la corrupción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas, empezando por las enmiendas de la senadora Capella.

Votamos, en primer lugar, la enmienda 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; en contra, 188.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 185; votos emitidos, 185; en contra, 185.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 6; en contra, 174; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Votamos las enmiendas 1 a 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 186; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 132; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 49; en contra, 125; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos las enmiendas 9 y 11 a 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 3; en contra, 139; abstenciones, 47.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 14, 20 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 14; en contra, 127; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 10; en contra, 127; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 10, 18, 19, 22, 23, 25 a 28 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 6; en contra, 128; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 a 17, 30, 32, 33 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 2; en contra, 131; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 21, 24, 31, 34 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 4; en contra, 126; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 109, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 12; en contra, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 61; en contra, 126; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 90, 93, 94 y 96 a 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 4; en contra, 175; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 101 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 4; en contra, 172;



abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 102 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 187; votos emitidos, 186; a favor, 4; en contra, 172; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 103 a 105 y 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 12; en contra, 173; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 12; en contra, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa votamos la enmienda 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 48; en contra, 127; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 46 y 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 60; en contra, 127; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 60; en contra, 129.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 50; en contra, 130; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 188; a favor, 49; en contra, 127; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 51 y 53 a 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 140; abstenciones, 47.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 56 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 14; en contra, 127; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 10; en contra, 128; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 135; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 52, 60, 63 a 65, 67, 69 a 71 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 6; en contra, 126; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 57 a 59, 72 a 75 y 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 186; votos emitidos, 186; a favor, 2; en contra, 129; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 62, 66, 68, 76 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 128; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, votamos la enmienda 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 17; en contra, 168; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 119 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 187; a favor, 13; en contra, 172; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 122 a 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 12; en contra, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 12; en contra, 129; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 127 y 128.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 12; en contra, 177.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 116 a 118, 129, 130, 134 y 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 15; en contra, 174.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 132 y 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 14; en contra, 126; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas 82, 83 y 86 a 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 48; en contra, 127; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 57; en contra, 127; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168549, sobre las enmiendas 92 del Grupo Parlamentario Vasco y 120 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 142; abstenciones, 47.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168550, sobre las enmiendas 92 del Grupo Parlamentario Vasco y 120 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 133; en contra, 6; abstenciones, 50.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168551, sobre las enmiendas 92 del Grupo Parlamentario Vasco y 120 del Grupo Catalán Convergència y Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 135; en contra, 53; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168552, sobre las enmiendas 114 del Grupo Parlamentario Vasco y 137 del Grupo Catalán Convergència i Unión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 140; en contra, 1; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168553, sobre las enmiendas 114 del Grupo Parlamentario Vasco y 137 del Grupo Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 138; en contra, 2; abstenciones, 49.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168554, sobre las enmiendas 89, 91 y 95, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 187; a favor, 140; abstenciones, 47.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168555, sobre la enmienda 108, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 138; en contra, 2; abstenciones, 49.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168556, sobre las enmiendas 115, del Grupo Parlamentario Vasco y 131, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 188; a favor, 186; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 189; votos emitidos, 189; a favor, 187; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 188; votos emitidos, 187; a favor, 137; en contra, 2; abstenciones, 48.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y cincuenta minutos.


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